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N° 3332 - 18 DE ABRIL DE 2006

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

10ª SESIÓN

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES DOCTOR JULIO CARDOZO FERREIRA Presidente
Y RUBÉN MARTÍNEZ HUELMO 1er. Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR MARTI DALGALARRONDO AÑÓN Y DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO Y
LOS PROSECRETARIOS DOCTORA MARGARITA REYES GALVÁN Y DOCTOR GUSTAVO SILVEIRA

 

 

 

Texto de la citación

 

Montevideo, 6 de abril de 2006.

 

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, el próximo martes 18, a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

 

1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Segundo Período de la XLVI Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

 

2º.- Comisión Administrativa del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Segundo Período de la XLVI Legislatura). (Ley Nº 16.821, de 23 de abril de 1997).

 

3º.- La lucha contra el tabaquismo como una cuestión de Estado. (Exposición del señor Representante Iván Posada por el término de treinta minutos).

4º.- Promoción y defensa de la competencia. (Normas). (Carp. 298/005). (Informado). Rep. 322 y Anexo I

5º.- Ciudadanos mayores de setenta y cinco años que no voten en actos eleccionarios. (Se los exceptúa de las sanciones y multas previstas por la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989). (Carp. 244/005). (Informado). Rep. 290 y Anexo

6º.- Padrones rurales en la zona del Castillo Mauá, departamento de Soriano. (Transferencia a título gratuito del patrimonio del Estado a la Intendencia Municipal de Soriano). (Carp. 281/005). (Informado). Rep. 320 y Anexo I

7º.- Inmueble padrón Nº 6686 ubicado en la 16ª Sección Judicial del departamento de Canelones. (Se desafecta del patrimonio del Estado -Ministerio de Transporte y Obras Públicas- y se afecta al patrimonio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado). (Carp. 321/005). (Informado). Rep. 339 y Anexo I

8º.- General Aparicio Saravia. (Designación al Liceo Rural de Masoller, departamento de Rivera). (Carp. 41/005). (Informado). Rep. 12 y Anexo I

9º.- Pedro Jacobo Etchemendy. (Designación a la Escuela Rural Nº 43 del departamento de Paysandú). (Carp. 3912/004). (Informado). Rep. 374 y Anexo I

10.- Trabajadores de una empresa privada de aeronavegación. (La Cámara de Representantes expresa su preocupación por su situación laboral). (Carp. 447/005). (Informado). Rep. 402 y Anexo I

MARTI DALGALARRONDO AÑÓN    JOSÉ PEDRO MONTERO

S e c r e t a r i o s

 

 

S U M A R I O

 

1.- Asistencias y ausencias

2.- Asuntos entrados

3.- Proyectos presentados

4 y 6.- Exposiciones escritas

5.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

7.- No invitación al Parlamento uruguayo, por parte de la CEPAL, a las sesiones ordinarias del organismo realizadas entre el 20 y el 24 de marzo.

— Exposición del señor Representante Pablo Abdala

8.- Centenario de la Unión General Armenia de Beneficencia.

— Exposición de la señora Representante Kechichián

9.- Puesta en funcionamiento de un convenio entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la ANEP, como alternativa al cierre de escuelas rurales.

— Exposición del señor Representante Pereyra

10.- Dificultades para destinar un local del Banco de Previsión Social a sede del Juzgado Letrado de San Carlos, departamento de Maldonado.

Cancelación de una entrevista de Representantes por el departamento de Maldonado con la Sala de Directores de Educación Secundaria de ese departamento.

— Exposición del señor Representante Casaretto

11.- Iniciativas para facilitar el transporte de forraje.

— Exposición del señor Representante Viera

12.- Importancia de la función que desarrollan las sociedades de fomento rural.

— Exposición del señor Representante Longo Fonsalías

CUESTIONES DE ORDEN

14.- Aplazamientos

13 y 17.- Integración de la Cámara

21.- Levantamiento de la sesión

13 y 17.- Licencias

19.- Urgencias

VARIAS

15.- Llamado a Sala a la señora Ministra de Defensa Nacional.

— Concertación de fecha

ORDEN DEL DÍA

16 y 18.- La lucha contra el tabaquismo como una cuestión de Estado. (Exposición del señor Representante Iván Posada por el término de treinta minutos).

— El señor Representante Posada realiza su exposición.

— Debate

20.- Cooperativas sociales. (Funcionamiento).

Antecedentes: Rep. Nº 556, de febrero de 2006, y Anexo I, de abril de 2006. Carp. Nº 777de 2006. Comisión Especial sobre Marco Cooperativo.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

 

1.-      Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Pablo Abdala, Washington Abdala, Álvaro Alonso, José Amorín Batlle, Beatriz Argimón, Roque Arregui, Miguel Asqueta Sóñora, Alfredo Asti, Manuel María Barreiro, Gloria Benítez, Juan José Bentancor, Bertil R. Bentos, Gustavo Bernini, Daniel Bianchi, José Luis Blasina, Julio Bonilla, Gustavo Borsari Brenna, Sergio Botana, Eduardo Brenta, Juan José Bruno, Alfredo Cabrera, Diego Cánepa, Germán Cardoso, José Carlos Cardoso, Julio Cardozo Ferreira, Federico Casaretto, Alberto Casas, Nora Castro, Hebert Clavijo, Alba M. Cocco Soto, Beatriz Costa, Mauricio Cusano, Richard Charamelo, Silvana Charlone, Álvaro Delgado, Juan José Domínguez, Carlos Enciso Christiansen, Gustavo A. Espinosa, Sandra Etcheverry, Julio César Fernández, Luis A. Ferrizo, Luis José Gallo Imperiale, Beethoven Gambetta, Carlos Gamou, Javier García, Daniel García Pintos, Nora Gauthier, Carlos González Álvarez, Rodrigo Goñi Romero, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, Uberfil Hernández, Liliam Kechichián, Luis Alberto Lacalle Pou, Fernando Longo Fonsalías, Álvaro F. Lorenzo, Guido Machado, José Carlos Mahía, Daniel Mañana, Rubén Martínez Huelmo, Pablo Martins, Jorge Menéndez, Gonzalo Mujica, Gonzalo Novales, Jorge Orrico, Edgardo Ortuño, Ivonne Passada, Jorge Patrone, Daniela Payssé, Daniel Peña Fernández, Adriana Peña Hernández, Aníbal Pereyra, Esteban Pérez, Pablo Pérez González, Enrique Pintado, Alicia Pintos, Iván Posada, Jorge Pozzi, Rosa Quintana, Edgardo Rodríguez, Jorge Romero Cabrera, Luis Rosadilla, Javier Salsamendi, Jorge Schiappapietra, Víctor Semproni, Carlos Signorelli, Juan C. Souza, Héctor Tajam, Hermes Toledo Antúnez, Mónica Travieso, Jaime Mario Trobo, Carlos Varela Nestier, Álvaro Vega Llanes, Homero Viera y Horacio Yanes.

Con licencia: Pablo Álvarez López, Rodolfo Caram, Roberto Conde, David Doti Genta, Jorge Gandini, Doreen Javier Ibarra, Carlos Maseda, Carlos Mazzulo, José Quintín Olano Llano, Alberto Perdomo Gamarra, Darío Pérez Brito, Nelson Rodríguez Servetto y Daisy Tourné.

Faltan con aviso: Irene Caballero y Luis García Da Rosa.

Sin aviso: Rubén Amaro Machado y Fernando García.

Actúa en el Senado: Pablo Iturralde Viñas.

2.-     Asuntos entrados.

"Pliego Nº 94

PROMULGACIÓN DE LEYES

El Poder Ejecutivo comunica que, con fecha 4 de abril de 2006, promulgó la Ley Nº 17.957, por la que se crea el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. C/573/000

-    Archívese

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes, el proyecto de ley, remitido con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo, por el que se promueve la regulación del trabajo doméstico. C/887/006

-    A la Comisión de Legislación del Trabajo

DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores remite los siguientes proyectos de ley aprobados por dicho Cuerpo:

-    A la Comisión de Asuntos Internacionales

-     A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social

La mencionada Cámara comunica que, en sesión de fecha 5 de abril de 2006, sancionó el proyecto de ley por el que se declaran las destrezas criollas como deporte nacional. C/3817/004

La citada Cámara comunica que, en sesión de fecha 5 de abril de 2006, designó para integrar la Comisión Permanente para el Segundo Período de la XLVIa. Legislatura, en carácter de titulares, a los señores Senadores Eduardo Ríos, Carlos Baráibar, Carlos Moreira y Francisco Gallinal; y como suplentes respectivos, a los señores Senadores José Korzeniak, Leonardo Nicolini, Julio Lara y Luis A. Heber. C/56/005

-     Téngase presente

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Seguridad Social se expide sobre el proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo el envío de la iniciativa correspondiente para otorgar una pensión graciable a la señora Aureliana Fernández. C/715/005

-    Se repartió con fecha 6 de abril

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Departamental de Maldonado remite copia de la exposición realizada por un señor Edil, relacionada con una resolución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que deja sin efecto el programa "Expresiones de Interés" y las adjudicaciones de certificados de subsidio habitacional directo. C/9/005

-    A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

La Secretaría de la Presidencia de la República acusa recibo de la exposición escrita presentada por el señor Representante Aníbal Pereyra, relacionada con la situación de emergencia que vive el departamento de Rocha como consecuencia del fenómeno climatológico acontecido el día 23 de marzo de 2006. C/22/005

La Prosecretaría del Directorio del Partido Nacional acusa recibo de la exposición realizada por el señor Representante Iván Posada, en sesión de 15 de marzo del corriente año, referidas a la conveniencia de que el señor Presidente de la República vuelva a convocar a los partidos políticos en relación con el conflicto existente con la República Argentina. S/C

La Suprema Corte de Justicia contesta la exposición realizada por el señor Representante Darío Pérez Brito, en sesión de 7 de marzo de 2006, sobre diversas dificultades que se plantean en el local para la internación de pacientes con trastornos mentales, ubicado en el predio del Hospital de San Carlos, departamento de Maldonado. S/C

-    A sus antecedentes

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio del Interior contesta los siguientes asuntos:

  • relacionado con la flota de automóviles destinados a las Jefaturas de Policía de Montevideo y de Canelones. C/607/005

  • acerca de los movimientos migratorios registrados a partir del 1º de enero de 2005. C/818/006

  • del señor Representante Gustavo A. Espinosa:

  • referente a la liberación de reclusos de acuerdo a la Ley Nº 17.897, de 14 de setiembre de 2005, y al índice de reincidencia registrado entre los mismos. C/670/005

  • sobre diversos aspectos de la aplicación de la Ley Nº 17.897, de 14 de setiembre de 2005, por la que se establecieron normas para la humanización del sistema carcelario. C/804/006

  • del señor Representante Nelson Rodríguez Servetto, sobre la actividad de ese Ministerio en el departamento de Maldonado. C/767/006

  • presentada por el señor Representante Darío Pérez Brito, relacionada con diversos aspectos de la seguridad ciudadana en el departamento de Maldonado. C/22/005

  • presentada por el señor Representante Alberto Casas y la señora Representante Mónica Travieso, sobre la potabilidad del agua del establecimiento de reclusión de Libertad, departamento de San José. C/22/005

  • presentada por el señor Representante Manuel María Barreiro, acerca de la necesidad de realizar reformas en el Aeropuerto Internacional "Nueva Hespérides", en la ciudad de Salto. C/22/005

  • presentada por el señor Representante Gustavo Guarino, referente a medidas de prevención de accidentes a instrumentar en un tramo de la Ruta Nacional Nº 8, en el departamento de Cerro Largo. C/22/005

El Ministerio de Defensa Nacional contesta el pedido de informes presentado por el señor Representante Gustavo Bernini, sobre los topes máximos y mínimos de las prestaciones por jubilaciones que brinda el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. C/861/006

El Ministerio de Educación y Cultura contesta los siguientes asuntos:

  • del señor Representante Roque Arregui, relacionada con una denuncia presentada por una docente del Liceo Nº 3 "Profesor Gregorio Cardozo" de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano. C/22/005

  • del señor Representante Jorge Menéndez, acerca de la situación de varias escuelas del departamento de Durazno. C/22/005

  • del señor Representante Jaime Mario Trobo, referente a los contribuyentes del Impuesto de Educación Primaria que se han acogido al régimen de facilidades de pago establecido por la Ley Nº 17.845, de 21 de octubre de 2005. C/157/005

  • del señor Representante Federico Casaretto, sobre el número de contribuyentes, sumas recaudadas y desglose de inversiones relativos al Impuesto de Educación Primaria, a nivel nacional y del departamento de Maldonado. C/191/005

  • de la señora Representante Adriana Peña Hernández, relacionado con la obra de refacción de la Escuela Agraria de Lavalleja. C/583/005

  • de la señora ex Representante Ana Laura Gadea, acerca de demoras constatadas en la ejecución de obras en el local de la Escuela Agraria de Durazno. C/632/005

-     A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Remo Monzeglio solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

-    Se cursaron con fecha 5 de abril

El señor Representante Homero Viera solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional y por su intermedio a la Armada Nacional, para su remisión a la Prefectura Nacional Naval, relacionado con la cantidad de pasajes vendidos en las terminales de pasajeros de los puertos de Colonia y Montevideo con destino a la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, durante el año 2005. C/894/006

-    Se cursó con fecha 6 de abril

El señor Representante Gustavo Bernini solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Meteorología, acerca de las estadísticas pluviométricas del país en los últimos treinta años. C/895/006

-    Se cursó con fecha 7 de abril

PROYECTOS PRESENTADOS

El señor Representante David Doti Genta presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara de interés nacional la exposición de la organización "Avicultores y Cunicultores Unidos de Paysandú", que se realiza durante el mes de julio de cada año en la ciudad capital de dicho departamento. C/896/006

-     A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se deja sin efecto, por única vez, la sanción dispuesta por el literal A) del artículo 21 de la Ley Nº 16.241, de 9 de enero de 1992, a los afiliados activos, pasivos y empresas contribuyentes del Banco de Previsión Social que no hubieran votado en las elecciones de miembros del Directorio de dicho Instituto realizadas el 26 de marzo de 2006 o que no hubieran justificado en forma su omisión. C/897/006

-     A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

El señor Representante Pablo Abdala presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de resolución, por el que se crea una Comisión Especial de Ciencia y Tecnología. C/898/006

-     A la Comisión de Asuntos Internos".

3.-     Proyectos presentados.

A) "EXPOSICIÓN ANUAL DE LA ORGANIZACIÓN AVICULTORES Y CUNICULTORES UNIDOS DE PAYSANDÚ. (Se declara de interés nacional).

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Declárase de interés nacional la exposición nacional de Avicultores y Cunicultores Unidos de Paysandú (ACUP), que se realiza durante la segunda y la tercera semana del mes de julio en la ciudad de Paysandú, departamento de Paysandú.

Montevideo, 5 de abril de 2006.

DAVID DOTI GENTA, Representante por Paysandú.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el año 1959 se desarrolla en nuestro departamento, más precisamente en la ciudad de Paysandú, una exposición nacional de Avicultores y Cunicultores Unidos de Paysandú (ACUP). Pero la actividad data de mucho tiempo antes, lo que surge de los libros de dicha institución, donde, desde el año 1925, se mencionan exposiciones nacionales e internacionales a las que ACUP aspira poder lograr en el futuro con el apoyo de todos.

Esta sociedad tiene el deseo de conservar el pedigrí de lo que fue y sigue siendo una de las actividades oficiales más añeja en nuestro país, con respecto a las líneas definidas de los animales que se exponen en las diferentes exposiciones que se desarrollan anualmente.

Tiene que ver con la producción, ya que al mantener continuamente y año a año este tipo de actividades, los productores de aves comerciales tienen un referente para volcarlos a sus actividades, como también cada uno de los integrantes de esta sociedad, ya que siempre están renovando los planteles para poder estar compitiendo con los mejores.

También pretende mantener las razas puras, de las cuales algunas datan desde 1800, son originarias de Europa y Asia y que ya no existen en países de esos continentes pero que aquí se mantuvieron y mejoraron.

Colabora y promueve el turismo. Por citar un ejemplo, en la 46ª exposición nacional -año 2005- concursaron cincuenta y ocho expositores de los departamentos de Tacuarembó, Rivera, Salto, Cerro Largo, Montevideo, Canelones, San José, Flores, como así también la presencia de veinte criadores de la República Argentina y cuatro de la República Federativa de Brasil que, regularmente, acompañan, y movilizan parte de la hotelería y restaurantes de nuestra ciudad.

La muestra comienza con la llegada de los expositores, actuación de los jurados, remates y posterior apertura de la exposición al público.

El evento ha sido filmado para un programa televisivo argentino de cable y fue elogiado por un productor brasileño que, habiendo visitado exposiciones en varias partes del mundo, consideró que la de ACUP bien podía considerarse como del primer mundo.

El año próximo pasado la exposición contó con diecinueve razas inscriptas en la Asociación Rural del Uruguay, como así también de cinco razas de animales de adorno. Agregamos también que la muestra tiene una duración de doce días, no se cobra entrada y, en el año 2005, fue visitada por aproximadamente 4.000 personas.

Por otra parte, las muestras son visitadas por alumnos de guarderías y escuelas para ver en la práctica lo que, concerniente a esa actividad, el docente les ha transmitido en teoría.

En las actuales exposiciones, aquellos criadores que provienen de los países limítrofes encuentran trabas legales para presentar sus razas, las que teniendo en cuenta que son a los efectos de una exposición, podrían ser subsanadas si la misma es declarada de interés nacional, cumpliendo con todos los requisitos necesarios y pertinentes.

Por lo expuesto, que consideramos argumentos importantes, solicitamos al Poder Ejecutivo la declaración de interés nacional para este evento.

Montevideo, 5 de abril de 2006.

DAVID DOTI GENTA, Representante por Paysandú".

B) "ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS AFILIADOS ACTIVOS, PASIVOS Y DE LAS EMPRESAS CONTRIBUYENTES ANTE EL DIRECTORIO DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL, REALIZADAS EL 26 DE MARZO DE 2006. (Se exonera de sanciones a quienes no hubieran votado ni justificado su omisión en forma).

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Déjase sin efecto, por esta vez, la sanción dispuesta por el literal A) del artículo 21 de la Ley Nº 16.241, de 9 de enero de 1992, a los activos, pasivos y empresarios que no hubieran votado ni justificado en forma en las pasadas elecciones, a fin de elegir el representante ante el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), convocadas para el 26 de marzo de 2006.

Montevideo, 5 de abril de 2006.

BERTIL R. BENTOS, Representante por Paysandú, DAVID DOTI GENTA, Representante por Paysandú, JORGE ROMERO CABRERA, Representante por Rivera, JUAN JOSÉ BRUNO, Representante por Durazno, ÁLVARO ALONSO, Representante por Montevideo, RODRIGO GOÑI ROMERO, Representante por Salto, ÁLVARO F. LORENZO, Representante por Montevideo, MAURICIO CUSANO, Representante por Canelones, JAVIER GARCÍA, Representante por Montevideo, MIGUEL ASQUETA SÓÑORA, Representante por Colonia, IRENE CABALLERO, Representante por Montevideo, GONZALO NOVALES, Representante por Soriano, DANIEL PEÑA FERNÁNDEZ, Representante por Canelones, SANDRA ETCHEVERRY, Representante por Montevideo, ADRIANA PEÑA HERNÁNDEZ, Representante por Lavalleja, BEETHOVEN GAMBETTA, Representante por Canelones, REMO MONZEGLIO, Representante por Canelones, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Representante por Colonia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 26 de marzo los uruguayos concurrieron a las urnas para elegir a los representantes sociales en el Directorio del Banco de Previsión Social.

Lo que parecía desde un principio que se iba a desarrollar con total normalidad estuvo empañado por la desinformación, la falta de listas y el desconcierto.

A ello debe sumársele el descontento en el sector activo, en donde la única opción presentada tuvo una adhesión de 270.000 trabajadores.

Otros 180.000 votos entre blancos y anulados, pusieron de manifiesto que este tipo de prácticas no son de recibo por parte de los ciudadanos.

La práctica de imposición y de querer ser una especie de trituradora de la central obrera de trabajadores uruguayos, donde dos opiniones no son compartidas, se impuso al espíritu de la masa trabajadora.

Las urnas le dieron la espalda a los iluminados de siempre, diciéndoles que no se trataba de una formalidad, sino que era algo mucho más serio.

En varias Oficinas Electorales fueron numerosos los llamados y reclamos, desde las mesas de votación, en donde se advertía la falta de listas, así como de los propios electores.

El temor de los ciudadanos a no votar y tener que pagar la multa fue motivo de consultas directas en la Oficinas Electorales, dado que no figuraban en el padrón electoral, pero sí cumplían con los requisitos electorales para poder sufragar.

Se trató de una elección mal instrumentada, llena de errores, donde primó por encima de los electores quienes se postulaban a los diferentes sectores que conforman el Directorio del Banco de Previsión Social.

El afán por querer ganar una elección determinó que quienes ese día, obligados pensaran por un instante si se introducía dentro del sobre de votación una lista, o simplemente se depositaba éste sin nada adentro.

Ciudadanos que residen en otros departamentos y que por su condición de querer votar en el lugar que nacieron y se inscribieron en el Registro Cívico Nacional, no pudieron por diferentes razones acudir a sufragar, tal cual se le ordenaba.

Otro de los problemas es que personas con capacidad diferente, pero no con impedimento intelectual, pero si de motricidad (en sillas de ruedas, la falta de algún miembro), se vieron imposibilitadas de sufragar, ya que no figuraban en el padrón electoral.

Cabría hacerse las siguientes preguntas:

¿Qué criterios se manejaron para ello?

¿Qué técnico fue el encargado de determinar, éste sí, aquél no?

¿Acaso el BPS no lleva un registro de las discapacidades?

Estas personas que fueron borradas del padrón electoral no pudieron ejercer un derecho constitucional; en una palabra, fueron discriminados.

Con esta elección, el activo, el pasivo, el empresario, le dieron a las autoridades un claro mensaje de no al autoritarismo, no a los decretos, no al dedazo.

No hay argumentos que valgan, el mensaje es claro, y como tal debemos afrontarlo.

Sería de recibo que quienes por algún motivo no pudieron acudir a las urnas, el último domingo de marzo de 2006, quedaran exonerados de la multa que por no votar fue dispuesta por la Corte Electoral.

Montevideo, 5 de abril de 2006.

BERTIL R. BENTOS, Representante por Paysandú, DAVID DOTI GENTA, Representante por Paysandú, JORGE ROMERO CABRERA, Representante por Rivera, JUAN JOSÉ BRUNO, Representante por Durazno, ÁLVARO ALONSO, Representante por Montevideo, RODRIGO GOÑI ROMERO, Representante por Salto, ÁLVARO F. LORENZO, Representante por Montevideo, MAURICIO CUSANO, Representante por Canelones, JAVIER GARCÍA, Representante por Montevideo, MIGUEL ASQUETA SÓÑORA, Representante por Colonia, IRENE CABALLERO, Representante por Montevideo, GONZALO NOVALES, Representante por Soriano, DANIEL PEÑA FERNÁNDEZ, Representante por Canelones, SANDRA ETCHEVERRY, Representante por Montevideo, ADRIANA PEÑA HERNÁNDEZ, Representante por Lavalleja, BEETHOVEN GAMBETTA, Representante por Canelones, REMO MONZEGLIO, Representante por Canelones, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Representante por Colonia".

C) "COMISIÓN ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. (Creación).

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Créase con fines legislativos la Comisión Especial de "Ciencia y Tecnología", la que estará integrada por nueve miembros, y cuyo plazo de vigencia se extenderá hasta el 14 de febrero de 2010.

Montevideo, 7 de abril de 2006.

PABLO ABDALA, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Cámara de Representantes carece, a diferencia del Senado, de un grupo de trabajo parlamentario con relación a los temas de la ciencia, la tecnología y la innovación. El presente proyecto procura reparar esa omisión, a nuestro juicio, de impostergable resolución.

La ciencia y la tecnología inciden en todos los aspectos relacionados con una propuesta de desarrollo nacional integral, con la producción nacional en su sentido más amplio, la competitividad del país, la promoción de las exportaciones, y con la agregación de valor y el esfuerzo creativo de los uruguayos. En esa perspectiva, no resulta difícil advertir el impacto que este tema puede llegar a provocar en el bienestar social, el progreso, la calidad de vida de la gente y el trabajo.

No estamos, por otra parte, frente a cuestiones que involucren exclusivamente a académicos, empresarios o gobernantes. La sociedad en su conjunto y todos los ciudadanos que la integran, individualmente considerados, deben asumir la importancia que la ciencia, la tecnología y la innovación tienen desde el punto de vista de la definición de un proyecto que nos conduzca al mejoramiento colectivo.

Es indispensable encarar diferentes acciones que posibiliten avanzar en el sentido descripto. Algunas pasan por integrar y coordinar las múltiples actividades que, a pesar de no haber una completa conciencia, se desarrollan en la comunidad, las que, con frecuencia, por estar dispersas se vuelven débiles, o bien, imperceptibles o prácticamente inexistentes. En esa situación se encuentran distintos grupos sociales que trabajan por y para el conocimiento, pero que, por falta de articulación y de apoyo, terminan por denunciar una insuficiencia.

La situación del país en lo que se refiere a la inversión –pública o privada- en procesos, planes o proyectos de investigación está, sin duda, muy por debajo de lo óptimo. En lo relativo a la organización estatal, el Uruguay tampoco exhibe en esta materia una ubicación institucional correcta, porque no existe, como en otros países, un ministerio o una subsecretaría. Por lo demás, son muy pocos los investigadores y muchos los que emigran.

El Gobierno nacional, desde su misma asunción, ha venido dando señales de interés y preocupación. Oportunamente anunció su intención de elevar el porcentaje de inversión del Estado del escaso 0,3 % del producto bruto interno al 1%, lo que, sin embargo -y lamentablemente- no se concretó en la instancia presupuestal, sin implicar ello que ese guarismo no se pueda alcanzar -es lo que anhelamos- en el futuro cercano.

En su momento, también, el Poder Ejecutivo constituyó el llamado "gabinete de innovación", integrado por los distintos ministerios vinculados al área, decisión que aplaudimos. En el Consejo de Ministros realizado hace pocos días en la ciudad de Salto, el Presidente de la República anunció la elaboración, por parte de dicho grupo de ministros, de un plan estratégico nacional, y la remisión al Poder Legislativo de distintos proyectos de ley para "el desarrollo y la promoción de tecnología de información, biotecnología y bioinformática, con estímulos fiscales para promover las patentes nacionales registrables y el trabajo intelectual de los uruguayos".

La Cámara de Representantes mucho tiene y tendrá para hacer en la tarea de definir una política de estado que trascienda períodos de gobierno, en cuyo marco, además, respalde y fortalezca el esfuerzo nacional y, en cuanto corresponda, excite el celo de las autoridades. Por todas estas razones, se propone a la Cámara la creación de la Comisión Especial de Ciencia y Tecnología.

Montevideo, 7 de abril de 2006.

PABLO ABDALA, Representante por Montevideo",

4.-     Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 13)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante David Doti Genta solicita se curse una exposición escrita al Ministerio del Interior; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Paysandú, relacionada con la necesidad de trasladar un quiosco policial ubicado actualmente en el kilómetro 364,400 de la Ruta Nacional Nº 3 "General José Artigas". C/22/005

El señor Representante Juan José Bruno solicita se curse una exposición escrita al Ministerio del Interior, sobre la necesidad de reforzar la seguridad en las zonas aledañas al Palacio Legislativo y a varios centros de estudios. C/22/005"

——Se votarán oportunamente.

5.-      Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión ordinaria realizada el 5 de abril de 2006:

Con aviso: Beatriz Argimón y Carlos Signorelli.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Miércoles 5 de abril

ASUNTOS INTERNACIONALES

Con aviso: Alberto Scavarelli.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Con aviso: Heber Duque y Sandra Etcheverry.

HACIENDA

Con aviso: Hugo Arambillete y José Carlos Cardoso.

SEGURIDAD SOCIAL

Con aviso: Daniel Bianchi.

VIVIENDA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Con aviso: Carlos Mazzulo, Carlos Signorelli y Mónica Travieso.

DERECHOS HUMANOS integrada con la ESPECIAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

Con aviso: Alberto Scavarelli, Álvaro Alonso, Gonzalo Novales, Gustavo A. Espinosa, Miguel Asqueta Sóñora, Pablo Abdala y Sandra Etcheverry.

ESPECIAL PARA EL DEPORTE

Con aviso: José Carlos Cardoso.

Jueves 6 de abril

ESPECIAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

Con aviso: Beatriz Argimón.

Sin aviso: Miguel Asqueta Sóñora".

6.-      Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Veintiséis en veintisiete: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante David Doti Genta al Ministerio del Interior, a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Paysandú, relacionada con la necesidad de trasladar un quiosco policial ubicado actualmente en el kilómetro 364,400 de la Ruta Nacional Nº 3 "General José Artigas".

"Montevideo, 5 de abril de 2006. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Julio Cardozo Ferreira. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio del Interior y a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Paysandú. A la altura del kilómetro 364,400 de la Ruta Nacional Nº 3 General José Artigas, existe, desde hace aproximadamente 20 años, un quiosco policial. Hace pocos días, vecinos de la zona nos plantearon su inquietud referente a que dicho quiosco, -ubicado en la intersección de la ruta con el camino departamental que une ese lugar denominado La Lata, hacia el este, con la localidad de Porvenir y otros centros poblados del departamento de Paysandú- obstaculiza la visibilidad del tránsito vehicular. Es decir, todos aquellos conductores de vehículos que provienen del sur del país, al acercarse a esa intersección, encuentran un obstáculo importante para visualizar a aquellos vehículos que vienen de la zona este y, más aún, quienes vienen desde Porvenir hacia dicha ruta, se enfrentan con grandes dificultades para visualizar el tránsito proveniente del sur. Podemos agregar, asimismo, que el tráfico de hace 20 años no es el mismo que hoy transita por esa ruta nacional, con el agregado de que, en poco tiempo, aumentará considerablemente por la gran explosión forestal que se va a producir y, por ende, por la salida de la madera de la zona noreste de nuestro departamento. Por los argumentos expuestos, solicitamos al Ministerio del Interior que estudie la viabilidad de trasladar el quiosco policial de ubicación, hoy sito en el lado este de la Ruta Nacional Nº 3 General José Artigas hacia la franja oeste, lo que sería, consideramos humildemente, la solución más adecuada al planteamiento realizado por dichos ciudadanos. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DAVID DOTI GENTA, Representante por Paysandú".

2) Exposición del señor Representante Juan José Bruno al Ministerio del Interior, sobre la necesidad de reforzar la seguridad en las zonas aledañas al Palacio Legislativo y a varios centros de estudios.

"Montevideo, 6 de abril de 2006. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Julio Cardozo Ferreira. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio del Interior. Queremos transmitir a las autoridades de esa Secretaría de Estado la preocupación que sentimos por la falta de seguridad que se padece, en los espacios abiertos ubicados entre el Palacio Legislativo, la Facultad de Medicina, la Facultad de Química, y zonas aledañas. Se nos ha hecho llegar la información de que estudiantes procedentes del interior, han sufrido frecuentes ataques y rapiñas en dichas zonas, así como también en los entornos de otras facultades. Estos incidentes no sólo afectan a esos jóvenes sino a la ciudadanía en su conjunto, que sufre por estos actos de violencia perjuicios económicos y sicológicos. En particular, queremos resaltar la gravedad de la situación sobre todo para los estudiantes, quienes, en general, disponen de menguados recursos, y los que son del interior, se encuentran más expuestos a esa situación de violencia, al no contar con el apoyo de sus familias en Montevideo. Por lo expuesto, solicitamos que se refuerce la seguridad en las zonas circundantes a las facultades y a los distintos centros de estudios, ya que tal acción iría orientada a la defensa del derecho a la educación de esos ciudadanos, además de trasmitirles tranquilidad a los vecinos. Esperemos un rápido accionar del Ministerio del Interior. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JUAN JOSÉ BRUNO, Representante por Durazno".

MEDIA HORA PREVIA

7.-     No invitación al Parlamento uruguayo, por parte de la CEPAL, a las sesiones ordinarias del organismo realizadas entre el 20 y el 24 de marzo.

——Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señor Presidente: queremos referirnos a un acontecimiento que tuvo lugar hace aproximadamente un mes y que muestra, a nuestro juicio, lo que con frecuencia hemos oído mencionar como burocracia internacional, que muchas veces campea a nivel de los organismos internacionales y que, en este caso, podría denominarse negligencia internacional.

Entre el 20 y el 24 de marzo tuvo lugar en nuestro país el período de sesiones ordinarias de la CEPAL, que, como todos sabemos, es la Comisión Económica para América Latina. Este organismo internacional desarrolló en nuestra capital un ambicioso temario y analizó cuestiones que están en debate en América Latina, por lo que su tratamiento en el Uruguay ha tenido gran intensidad. En el ámbito del Parlamento, los legisladores venimos sustanciando estas cuestiones, integrando distintas Comisiones Permanentes y Especiales. En ese sentido, debo decir que nos sorprendió, y, con franqueza, hasta en alguna medida nos fastidió que el Parlamento fuera ignorado en esa instancia por este organismo internacional.

De acuerdo con los trascendidos de prensa y con la información que pudimos recoger, entre los concurrentes e invitados participaron representantes del Poder Ejecutivo y de distintos entes autónomos vinculados con la cuestión social. El tema central era la redefinición de los mecanismos de protección social y, dada la materia, la reforma de la salud y la de la previsión social ocupaban un espacio muy importante. Fueron invitados quienes están a cargo de esos temas en el ámbito de la Administración -lo cual es correcto-, pero no fuimos invitados los legisladores en general -hasta donde tengo entendido- y tampoco quienes integramos las Comisiones respectivas en el Parlamento. Y yo creo que eso está muy mal, si es que la CEPAL, como dice proponérselo, contribuye con los países en el análisis, la investigación y la promoción del desarrollo desde el punto de vista económico y social.

Tan ambicioso era el temario que, por lo que pudimos advertir en el documento que se aprobó, se está postulando por parte de este organismo internacional una suerte de inflexión histórica desde el punto de vista de la concepción de la protección social y se aboga por un nuevo pacto social en esta materia. Me pregunto qué clase de inflexión histórica o acuerdo de carácter social entre todos los que integramos la comunidad puede llevarse a cabo con la prescindencia del Parlamento de los respectivos países. Desde ese punto de vista, me pregunto si la CEPAL considera que los Parlamentos están tan desmonetizados o, en todo caso, si piensa que han quedado relegados a un papel tan irrelevante como para que no se los tenga en cuenta cuando se promueven instancias de articulación y de intercambio entre todos los actores sociales. Sin ninguna duda, los Parlamentos tienen cosas para aportar. En el contexto de dichas instancias podrá prescindirse de alguno de esos actores sociales, pero, por lo menos en términos históricos, entiendo que no puede ni podrá prescindirse jamás del Parlamento.

¿Acaso la CEPAL considera que quien está desmonetizado o cumple un papel irrelevante en este momento es el Parlamento uruguayo, a diferencia de otros Parlamentos de la región, de América Latina o del Caribe? Son interrogantes que me surgieron a partir de esta circunstancia que estoy describiendo y que quiero volcar en el ámbito de la Cámara, porque me parece importante no dejarlas pasar por alto, no en nombre de un exceso de sensibilidad ni de un prurito difícil de explicar, sino de situaciones objetivas que no deberían ameritar dos interpretaciones. Por lo menos desde el punto de vista de los fueros parlamentarios en los cuales estamos amparados todos los que integramos esta Cámara, esta situación me lleva a realizar este planteamiento.

En esa oportunidad, el Presidente del Banco de Previsión Social -todos sabemos que no es afecto a definiciones intrascendentes, sino que, por el contrario, cuando expone sus puntos de vista muchas veces es duro y firme en sus convicciones, que pueden compartirse más o menos; de hecho, nosotros compartimos muchas de ellas y otras no- realizó una serie de afirmaciones relativas a eventuales reformas a introducirse en el sistema de seguridad social -reitero: con muchas de ellas estamos de acuerdo, pero con otras no-, lo que en todo caso muestra que los temas que se abordaron en ese ámbito, más tarde o más temprano, tendrán que pasar por el Parlamento a fin de consagrarse en ley en el plano de los hechos. Sin embargo, el Parlamento en absoluto fue convocado. De acuerdo con lo que nosotros pudimos colegir y mediante las consultas que oportunamente formulamos, se nos expresó que solo el señor Presidente de la Cámara había sido invitado protocolarmente a participar de la instancia de apertura. Esto me parece bastante poco, porque, en todo caso, acordarse del Parlamento solo por lo que atañe al protocolo creo que es peor que ignorarlo total y absolutamente.

Pienso que es razonable que realicemos este planteamiento porque, de acuerdo con su competencia jurídica, una de las funciones fundamentales que cumplen los Parlamentos en las sociedades es la de sancionar leyes, pero otra no menos importante es servir de caja de resonancia o, en todo caso, de ámbito en el cual se debatan, se articulen y se interactúe con la sociedad civil para procesar y definir los cambios de rumbo necesarios en todos los temas de interés público, entre los que son de destacar las cuestiones vinculadas a la protección social, a la reforma de la salud o a la reforma de la seguridad social.

Esto no desmiente el papel que históricamente ha cumplido la CEPAL como organismo internacional en su labor de análisis, de investigación y de contribución a la formación del pensamiento social y económico. Eso no lo desconocemos, pero entendemos que en este caso particular cometió un error. Por lo pronto, vedó a los uruguayos de una oportunidad que hubiera sido histórica en cuanto a generarnos una instancia donde todos -autoridades públicas, representantes del sector privado, representantes de los partidos políticos y delegados de las organizaciones sociales- podríamos haber abordado los temas sociales. Lamentablemente, esto no pudo ser.

Estas eran las reflexiones y las expresiones que queríamos volcar al Cuerpo en la tarde de hoy con relación a este tema que mucho nos preocupa.

Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social y de Trabajo y Seguridad Social, al Banco de Previsión Social y a la Misión para Uruguay de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

8.-     Centenario de la Unión General Armenia de Beneficencia.

Tiene la palabra la señora Diputada Kechichián.

SEÑORA KECHICHIÁN.- Señor Presidente: hoy queremos plantear un tema vinculado a la colectividad armenia, una colectividad que, como todos saben, posee un sinnúmero de organizaciones sociales y culturales en nuestro país. Una de ellas -que es a la que hoy nos vamos a referir- es la Unión General Armenia de Beneficencia, que en este 2006 está cumpliendo, a nivel mundial, cien años.

Esta organización ha recorrido un largo camino desde su fundación en 1906, y en estos cien años de vida ha debido adaptarse a los diferentes momentos vividos por los armenios y a las necesidades cambiantes de los armenios en el mundo. Sin duda, primero debió asistir a los sobrevivientes del genocidio, y luego dedicarse, como lo ha hecho, a establecer comunidades de la diáspora armenia alrededor de todo el mundo. Hoy tiene 160 filiales dispersas por el mundo, con unos 28.000 asociados. En América del Sur tiene cuatro filiales, una de ellas en el Uruguay.

Si bien no se define como una institución de caridad, en algunos momentos se ha visto obligada a funcionar como tal. Cuando se dieron las persecuciones a los armenios en 1909, las deportaciones y masacres de 1914 y de 1918, así como el éxodo de 1922, la UGAB tuvo que instalar a lo largo del mundo dispensarios, fundar orfelinatos y refugios para las viudas y los niños. Así lo hizo en Jerusalén, en El Cairo, en Bagdad, en Damasco, en Atenas y en muchas otras partes del mundo.

En los últimos tiempos, los mayores esfuerzos de esta organización han estado en la educación, único camino para que el hombre sea verdaderamente libre. Hoy posee veinte escuelas a lo largo y ancho del planeta, entre primaria y secundaria, con más de 6.000 alumnos. Beca a muchos jóvenes para que puedan hacer sus carreras universitarias y realiza un interesantísimo intercambio entre jóvenes de diferentes centros educacionales del mundo. También se ha preocupado por las manifestaciones artísticas y culturales de la armenidad -creo que obteniendo resultados fantásticos-, como el canto, la música, la danza, así como de fomentar las costumbres.

Entre las grandes personalidades que ha tenido la UGAB se destaca, sin duda, alguien que nació a principios del siglo pasado en la provincia de Esmirna. Se trata de un hombre de una férrea voluntad, con una gran inclinación hacia la beneficencia. Me estoy refiriendo a Alex Manoogián, quien visitó hogares armenios donde enseñó el idioma a los jóvenes. Tenía lo que los poetas llaman el alma nativa, que para los armenios sería la mente y el corazón.

No se conoce con exactitud la fecha de fundación de la Unión General Armenia de Beneficencia en el Uruguay, pero ya en 1915, durante el genocidio armenio, la pequeña comunidad armenia local, que había llegado a este país a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, con la ayuda y el incentivo de la UGAB de Buenos Aires, fundada en 1911, intentó organizar esta institución en Montevideo, logrando en la década del veinte reunir a un grupo de armenios para dar esos primeros pasos como institución organizada. Pero no será hasta el año 1938 que se reorganice definitivamente. La primera Comisión se reunió en la Escuela Mamigonián, de La Teja, y actuó como primer Presidente Hagop Akirmaián.

Recién en 1953 la institución tramitó la personería jurídica, y en 1968, tras la venta de la sede social, que estaba en la calle Asencio, adquirió la que hoy todos conocemos, sobre la avenida Agraciada. Me refiero al predio de 21.000 metros cuadrados, al lado de la Iglesia Armenia, que realmente ha sido un centro de trabajo cultural y educacional muy grande.

Durante muchas décadas, la colectividad armenia tuvo varias escuelas diseminadas por Montevideo. Queremos resaltar la creación del Colegio Nubarián y, posteriormente, del Liceo Alex Manoogián, en la Avenida Agraciada, que hoy cuenta con casi cuatrocientos alumnos y cumple una tarea muy importante no solo para los armenios, sino para los uruguayos en general. En nuestra ciudad existen pocas instituciones con esa infraestructura educativa y social.

Por otra parte, el próximo lunes recordaremos el 91º aniversario del genocidio armenio. Como se sabe, intelectuales, religiosos, profesionales y dirigentes políticos armenios de Constantinopla y de la Anatolia fueron ejecutados, o arrestados y deportados por orden del Gobierno turco. Luego, como la humanidad entera lo conoce, un millón y medio de armenios fueron borrados del mapa. El recuerdo de esta barbarie perpetrada hace noventa y un años es una lucha que en lo personal no abandonaré; pensamos que el no reconocimiento de este hecho por parte del Gobierno turco es una vergüenza para toda la humanidad.

Por último, nos sentimos muy felices de recordar hoy los cien años de la UGAB, que también es recordar la lucha del pueblo armenio, su cultura, su sensibilidad y todo el aporte que, con trabajo y cariño, esta colectividad ha dado al Uruguay.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la UGAB del Uruguay y a la Embajada de Armenia en Argentina.

Muchas gracias.

(Manifestaciones de la barra)

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y tres en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA.

9.-     Puesta en funcionamiento de un convenio entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la ANEP, como alternativa al cierre de escuelas rurales.

Tiene la palabra el señor Diputado Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: en la media hora previa de la sesión del 13 de abril del año pasado hicimos referencia a un hecho que se repetía a lo largo y ancho de nuestra campaña: el cierre de las escuelas rurales, con lo que ello significaba y significa.

En esa intervención mencionábamos las situaciones que se venían dando en las últimas décadas y las alternativas que se plantearon, concretamente desde fines de 1998, en conjunto con las organizaciones de los productores y de los vecinos, para buscar salidas a una realidad imparable, que hoy se refleja en una campaña desolada. Sin duda, en base a la visión de un país diferente, tenemos que cambiar esa realidad.

En esa oportunidad decíamos que desde 1998 existía un convenio marco entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la ANEP, en el que se establecían mecanismos para que el Ministerio se hiciera cargo de algunos predios abandonados, y en ellos, por convenios con vecinos y asociaciones de productores, se pusieran en práctica formas que siguieran agrupando a los productores de nuestra campaña, como propuesta alternativa al remate del local de la escuela. Este planteamiento, que se realizó desde 1998, nunca tuvo eco ni una respuesta oficial para, por lo menos, buscar una luz y tratar de viabilizar estas propuestas, que se coordinarían entre la Facultad de Agronomía y asociaciones de productores. Es más: había proyectos concretos. En esa exposición señalábamos el proyecto de la Escuela Nº 27, de la 6ª Sección, Coronilla-Cebollatí, de Rocha, que comprendía a doce familias de productores de cerdos, pero hasta esa fecha no se había obtenido respuesta y tampoco había posibilidad de encarar o frenar los remates de esos locales y predios cerrados.

El 7 de diciembre de 2005 recibimos respuesta, con la firma del señor Ministro de Educación y Cultura, ingeniero Jorge Brovetto; se nos decía que ese planteamiento, que durmió durante muchos años, en esos pocos meses había encontrado una pequeña luz, pues la Administración Nacional de Educación Pública lo veía con buenos ojos y, por lo tanto, viabilizaría la instrumentación de este tipo de convenios y proyectos en escuelas rurales que hasta hoy tenían como única alternativa el remate.

Ante una situación que lleva ocho años de planteamientos concretos de instituciones públicas y organizaciones de productores, queremos destacar en esta media hora previa que, hoy, este proyecto de la Escuela Nº 27 del paraje de la 6º Sección Coronilla-Cebollatí, de Rocha, tiene respuesta y también financiación, y los productores solo están esperando la autorización del CODICEN, ya que por ser un predio que estuvo más de tres años cerrado, este organismo es el que tiene que tomar la decisión final. En ese sentido, adelantamos que esta Administración ha recorrido más del 70% de un camino, mientras que antes, durante muchos años, solo esperábamos una respuesta.

Queremos reafirmar y dar a conocer esta situación, que nos parece importante difundir para que llegue a conocimiento de los productores que tengan la posibilidad de organizarse y buscar las herramientas necesarias para concretar proyectos de esta naturaleza, teniendo en cuenta que hoy existe una visión desde el Estado que, por lo menos, da otra alternativa al remate de las decenas de escuelas rurales que hay a lo largo y ancho de nuestro país y que se encuentran en una situación similar.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Asociación de Colonos, a la Asociación de Cultivadores de Arroz, a la Asociación Nacional de Productores de Leche, a la Asociación Rural del Uruguay, a la Comisión Nacional de Fomento Rural, a la Confederación Granjera del Uruguay, a las Cooperativas Agrarias Federadas, a la Federación Nacional de Productores de Cerdo, a la Federación Rural, a la Intergremial de Productores, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la ANEP y a todas las Juntas Departamentales.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

10.-     Dificultades para destinar un local del Banco de Previsión Social a sede del Juzgado Letrado de San Carlos, departamento de Maldonado.

Cancelación de una entrevista de Representantes por el departamento de Maldonado con la Sala de Directores de Educación Secundaria de ese departamento.

Tiene la palabra el señor Diputado Casaretto.

SEÑOR CASARETTO.- Señor Presidente: quiero distraer al Cuerpo haciendo memoria de que en el tratamiento del pasado Presupuesto Nacional, y como fruto de una modificación lograda en la Cámara de Senadores, en un artículo se dispuso la creación del Juzgado Letrado para la ciudad de San Carlos. Esto surge como consecuencia de una base de acuerdo entre dos Poderes del Estado: el Legislativo, dando el instrumento, y el Judicial, generando, junto con la sociedad civil organizada -en este caso la Red Social San Carlos-, las condiciones necesarias para constituir este Juzgado.

En base a este acuerdo, la sociedad civil se compromete -y lo está logrando- a constituir todo el mobiliario del futuro Juzgado Letrado -computadoras, mesas, sillas, escritorios, etcétera- y, obviamente, el Poder Judicial a poner la restante infraestructura necesaria.

¿Por qué nos referimos a este tema? Porque surgieron escollos. En la ciudad de San Carlos, en la que no existen muchos locales como para instalar un Juzgado, se encontró uno que es inmejorable. Pertenece al Banco de Previsión Social; durante muchos años no tuvo destino, y la sociedad civil -incluida la Junta Local Autónoma- lo ha identificado como el mejor recinto para que este Juzgado pueda desarrollar su actividad en la ciudad carolina.

¿Cuál es la dificultad? Ni bien este local es identificado, se hacen las gestiones correspondientes ante el Banco de Previsión Social, que pretende cobrar un alquiler. Esto ha motivado que Diputados de los tres partidos políticos por el departamento de Maldonado hayamos hecho gestiones, tanto a nivel del Poder Judicial como del Banco de Previsión Social, hasta el momento sin éxito.

El motivo de este planteamiento es que hoy de mañana me comuniqué telefónicamente con el Presidente del Banco de Previsión Social, señor Murro, a quien -debo decirlo- no le gustó que le trasmitiese lo que la gente hoy siente respecto a que se pretenda obtener un beneficio económico cuando se le va a dar utilidad a un local cerrado. Y nos ha trasmitido -incluso se lo ha dicho a gente de la sociedad carolina- que si este tema se politizara, perderían todos.

Yo estoy de acuerdo con el señor Murro; lo peor que podemos hacer es politizar un asunto de esta naturaleza. Pero la garantía de que no se politizará es que está incluido en el Presupuesto Nacional y está siendo llevado adelante por toda la sociedad civil: Junta Local, abogados, escribanos, Directores de liceos, cura párroco, en fin, absolutamente toda la comunidad carolina, obviamente apoyada por los Diputados por el departamento de Maldonado.

Ahora bien; en esta instancia de cambio, de nuevo Gobierno, en la cual se nos habla de que el Estado es uno solo y de la cooperación institucional e interinstitucional que debe existir, creemos que la burocracia nuevamente está dando un pésimo ejemplo. Porque una lucha, que lleva más de treinta años, para que más de treinta mil habitantes que habitan en San Carlos tengan un Juzgado Letrado, hoy se está viendo entorpecida por la falta de entendimiento entre dos organismos del Estado: el Poder Judicial y el Banco de Previsión Social.

Por eso, señor Presidente, queremos hacer un llamado desde el Parlamento, a través del envío de la versión taquigráfica de nuestras palabras a ambos organismos -BPS y Poder Judicial- a fin de que se busque y se encuentre el camino que permita cumplir con lo que se establece en el Presupuesto Nacional: que la ciudad de San Carlos tenga su Juzgado Letrado.

Por otra parte, muy brevemente quiero trasmitir algo que nos ha sucedido a los Diputados por el departamento de Maldonado. Nosotros tenemos una instancia en la que trabajamos en conjunto: la bancada de Maldonado. Días pasados, a iniciativa de uno de nosotros, solicitamos una audiencia a la Sala de Directores de Educación Secundaria del departamento, a fin de interiorizarnos sobre dificultades respecto a la instrumentación del boleto, problemas locativos ante la creación de nuevos grupos sin contar con mayor cantidad de salones, inconvenientes en lo que refiere a los horarios de apertura de los liceos, sobre todo en los días sábados, etcétera; en fin: queremos saber sobre una serie de dificultades que, según se nos trasmitió, han surgido en el corto desarrollo de este año lectivo. La audiencia había sido concertada para el día viernes antes de Semana Santa, pero uno de los Directores nos comunicó que la señora Directora General del Consejo de Educación Secundaria, profesora Alex Mazzei, había prohibido a la Sala de Directores del departamento de Maldonado que mantuviera una reunión con los legisladores. Esto nos llama poderosamente la atención, porque conocemos a la profesora Mazzei, a quien creemos una mujer de servicio, una mujer abnegada en el trabajo, que nos ha prestado siempre la mayor atención ante los problemas que le hemos planteado; pero en esto está absolutamente equivocada. Si existe un Reglamento que impide que los Directores se reúnan con los legisladores, hay que derogarlo, porque es de otras épocas, es de épocas dictatoriales; y si no existe, va a tener que explicar por qué ahora los legisladores del departamento tendremos que llamar a las autoridades de Educación Secundaria al Parlamento para enterarnos de qué es lo que pasa en los liceos de Maldonado.

Solicito que la versión taquigráfica de la última parte de mis palabras se curse al Consejo de Educación Secundaria.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se van a votar los trámites solicitados.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta y uno: AFIRMATIVA.

11.-     Iniciativas para facilitar el transporte de forraje.

Tiene la palabra el señor Diputado Viera.

SEÑOR VIERA.- Señor Presidente: en el día de hoy me voy a referir a la reserva forrajera, pero previamente quiero expresar en forma pública mi solidaridad con las familias que han sido severamente golpeadas por la tragedia náutica vivida en las costas de San José al inicio de la Semana de Turismo, que ha afectado a las localidades de La Paz, Colonia Valdense, Nueva Helvecia y Rosario.

En cuanto a la reserva forrajera, quiero decir que esta actividad agropecuaria comúnmente es llevada adelante por empresas de contratistas rurales específicamente afiliadas al BPS y a la DGI en el rubro particular que desarrollan. Esta especialización del trabajo agropecuario viene creciendo; se incrementa más donde la explotación es más intensiva y fundamentalmente se desarrolla con la lechería y la invernada. Las empresas que la practican cuentan, por lo general, con una serie de tractores, maquinaria de cosecha y de picado y camiones que invariablemente andan en el entorno de los 10.000 kilos de capacidad, con baranda alta y volcadora en casi todos los casos, porque es lo que requiere esa actividad. Como vehículos de chacra, su estado no es el de una unidad cero kilómetro, pero se procura que tengan un funcionamiento adecuado.

Las tareas normales de estas empresas pasan por hacer las reservas más comunes en estas explotaciones, como los fardos redondos, los silos de túnel o los de torta, propios de los tambos. Cuando realizan estas actividades es muy común que todas ellas no transcurran totalmente dentro de la chacra. Muchas veces se cosecha el forraje en un predio y luego se hace la reserva en otro, donde está el ganado, que a veces puede distar varios kilómetros; inclusive, a menudo esto se hace entre un departamento y otro. En estas últimas circunstancias aparecen las dificultades que quiero plantear, ya que las autoridades competentes pueden exigir en cualquier ruta el "sticker" a estos camiones -que en definitiva están trasladando pasto-, pero no cuentan con él porque no se trata de empresas transportistas, sino de reserva forrajera. Dicho de otro modo, de acuerdo con la normativa vigente estas pujantes empresas, estas actividades llamadas a seguir desarrollándose, deberían, para estar totalmente en regla, hacer un doble aporte: como contratistas rurales que realizan reserva forrajera y como empresas de transporte, porque a veces trasladan pasto al silar desde un predio a otro.

Quiero destacar que en este planteo está fuera de discusión la obligatoriedad del chequeo electrónico que determina el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para los camiones que circulan por rutas y caminos. Ese asunto no está en discusión; todo el mundo está de acuerdo con ello. Pero es evidente que este desarrollo hoy no contemplado -que está llamado a seguir creciendo fuertemente- debe ser analizado desde un punto de vista muy particular.

En el intercambio de ideas con los involucrados, se ha pensado que registrando en un listado a todas las empresas de esta actividad de reserva forrajera y enumerando los productos que puedan trasladar -vinculados a esa tarea- se encontraría una solución para esta problemática; así se permitiría que la tarea se desarrollara en forma legal y que, a la vez, se efectuara el control por parte del Estado, haciendo una diferenciación con lo que es transporte. Seguramente este es un asunto que merece discusión; por eso lo expongo en este ámbito.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a las Juntas Departamentales de Canelones, San José, Colonia, Soriano y Florida; a la Dirección General Impositiva; al Banco de Previsión Social; a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Transporte y Obras Públicas, y a la prensa escrita del departamento de Colonia.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

12.-     Importancia de la función que desarrollan las sociedades de fomento rural.

Tiene la palabra el señor Diputado Longo Fonsalías.

SEÑOR LONGO FONSALÍAS.- Señor Presidente: a comienzos del siglo pasado, antes de que se iniciara la Primera Guerra Mundial, cuando todavía no se había terminado de construir este hermoso edificio y el Uruguay moderno comenzaba a dar sus primeros pasos, antes de 1915 ya estaban funcionando unas asociaciones civiles sin fines de lucro denominadas sociedades de fomento rural. Llegaron a existir cerca de cien asociaciones de este tipo, en tanto hoy, como consecuencia de los cambios sociales y económicos ocurridos, hay alrededor de cuarenta y tres. Las que se mantienen, afiliadas a la Comisión Nacional de Fomento Rural, tal como lo establece la Ley Nº 14.330, están integradas aproximadamente por unas diez mil familias de pequeños y medianos productores rurales, que ocupan unas 800.000 hectáreas de campo en toda la República.

Sin duda, realizan en el medio rural una tarea insustituible e imprescindible para el desarrollo social de las comunidades rurales y el mejoramiento de la producción agropecuaria en general. Tal es su espíritu colonizador y generador de fuentes de trabajo que ha permitido en muchas zonas el surgimiento de núcleos poblados, fundamentales para la repoblación rural. Es el caso, por ejemplo, de la Sociedad de Fomento Rural de La Casilla, en el departamento de Flores.

La denominación de estas asociaciones como sociedades de fomento rural es toda una definición, no solamente por su naturaleza asociativa y de servicio a la comunidad, sino, además, porque establece claramente su naturaleza jurídica.

Pero hoy quiero referirme expresamente a cómo han influenciado en el progreso social y económico del medio rural y, como consecuencia, en toda la economía nacional.

Desde aquellos años hasta el presente, han venido desarrollando una actividad proficua y profunda en el interior del país, favoreciendo la producción nacional y fomentando el desenvolvimiento social y asentamiento de la familia rural en el campo. Han venido generando producción genuina, trabajo y mejoramiento sustancial de la producción y los niveles de vida de los pobladores de la campaña.

No tenemos dudas de que estas asociaciones civiles sin fines de lucro han sido un motor para el mejoramiento de las pasturas y de la producción en general, así como para su modernización por medio de tecnología adecuada y búsqueda continua de nuevas metodologías al servicio de la producción nacional, de sus asociados y de la comunidad.

Esas asociaciones han cumplido una tarea fundamental en aquellos nichos de la vida rural donde el Estado no ha llegado a incidir, ya sea por imposibilidad material o por mera desidia, y es ahí donde vemos ese rol social importantísimo de estas asociaciones, realizando tareas propias de los servicios del Estado, actividades -como dice la Ley Nº 14.330- de interés público, con espíritu solidario y en beneficio de los vecinos de la zona.

De acuerdo con información que nos ha llegado, podemos mencionar, a modo de ejemplo, las actividades que ha desarrollado la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Cosmopolita en el departamento de Colonia, con cursos de equinoterapia. Eso demuestra que una tarea social que dejó el Estado es realizada por las sociedades de fomento rural.

Podemos seguir enumerando un sinfín de actividades que a través de los años estas asociaciones han efectuado en beneficio de la sociedad toda y, principalmente, de los pequeños y medianos productores. Son muchas de ellas ejemplos vivientes de lo que debe ser el trabajo integrado para lograr una mejor producción y un fomento real de tecnologías modernas al servicio del país.

Cuando estamos en los albores de un país que mira hacia la producción nacional -lejos ya de aquel considerado como plaza financiera-, no tenemos que aplicar mucho la imaginación para darnos cuenta de que el desarrollo del país productivo está ahí, frente a todos nosotros, con herramientas reales que nos hemos dado los uruguayos todos, a través de la historia, como pueden ser el Instituto Nacional de Colonización y, por supuesto, las sociedades de fomento rural.

Ante la futura reforma tributaria que esta Cámara está estudiando, queremos dejar en claro nuestro punto de vista sobre cuál es la entraña, el cerno de estas asociaciones y cuál es, en definitiva, su naturaleza jurídica. Lo establecido por la Ley Nº 14.330 y todo el ordenamiento jurídico nacional, anterior y actual, y por la doctrina más recibida, no deja ningún lugar a dudas en cuanto a que, en primer lugar, son asociaciones civiles sin fines de lucro y, por ende, no son sociedades comerciales. Esto hay que remarcarlo: no son sociedades comerciales. En segundo término, sus directivos son totalmente honorarios y sus socios no reparten utilidades, por lo que no tienen actividad lucrativa y no generan un resultado económico para sus integrantes. Y en tercer lugar, desarrollan una intensa actividad en beneficio de la comunidad, por lo que históricamente han estado exoneradas de aportes patronales al Banco de Previsión Social, en reconocimiento a su loable labor comunitaria, como complemento de la actividad pública.

Para terminar, y desde nuestro punto de vista, en la reforma tributaria deberá quedar claramente establecida, en primer lugar, la no incidencia del impuesto a la renta de las actividades económicas para este tipo de asociaciones, a los efectos de que no se generen en el futuro interpretaciones erróneas por parte de la Dirección General Impositiva y, en segundo término, el mantenimiento de la exoneración de aportes patronales al Banco de Previsión Social por la amplia labor social que desarrollan en sus medios.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se curse a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes y a la Comisión Nacional de Fomento Rural.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

13.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Roberto Conde, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para participar de la Reunión de Presidentes de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, por el día 18 de abril de 2006, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Rosa Quintana.

Del señor Representante Pablo Álvarez, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para participar en un Coloquio Internacional de las Ideas Políticas, organizado por la Universidad ARCIS, a realizarse en la República de Chile, por el período comprendido entre los días 18 y 24 de abril de 2006, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Beatriz Costa.

Del señor Representante Doreen Javier Ibarra, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para participar del Encuentro entre Parlamentarios de América Latina y el Caribe con el Parlamento Europeo, en el marco de la IV Cumbre UE/ALC, a realizarse en la ciudad de Bregenz - Austria, por el período comprendido entre los días 24 y 26 de abril de 2006, y por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 27 de abril y 3 de mayo de 2006. Habiéndose agotado la lista de suplentes, solicítase a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

Del señor Representante Nelson Rodríguez, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 18 de abril de 2006, convocándose al suplente siguiente, señor Fernando García.

Del señor Representante Richard Charamelo, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 9 y 11 de mayo de 2006. Habiéndose agotado la lista de suplentes, solicítase a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

Del señor Representante Rodolfo Caram, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 18 de abril de 2006, convocándose al suplente siguiente, señor Luis García Da Rosa.

Del señor Representante Mauricio Cusano, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para participar de la I Conferencia Interparlamentaria Latinoamericana sobre Derecho a la Comunicación, Erradicación de la Pobreza y Desarrollo, a realizarse en la ciudad de Panamá, por el período comprendido entre los días 2 y 5 de mayo de 2006, convocándose a la suplente siguiente, señora María del Carmen Suárez.

Del señor Representante José Quintín Olano Llano, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 18 de abril de 2006, convocándose al suplente siguiente, señor Rubén José Amaro Machado.

Del señor Representante Aníbal Pereyra Huelmo, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 19 y 24 de abril de 2006, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Daniel Morales.

Del señor Representante Juan José Domínguez, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para participar del Encuentro entre Parlamentarios de América Latina y el Caribe con el Parlamento Europeo, a realizarse en la ciudad de Bregenz, Austria, por el período comprendido entre los días 24 y 27 de abril de 2006, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Gustavo Rombys.

Del señor Representante Darío Pérez, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 18 y 19 de abril de 2006, convocándose al suplente siguiente, señor Julio Bonilla".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas mencionadas y se oficiará a la Corte Electoral en los casos pertinentes.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 6 de abril de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside, licencia por el día 18 del corriente; por razón de misión oficial, literal C) del artículo 1º de la Ley Nº 17.827, para participar de la Reunión de Presidentes de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, a realizarse entre los días 17 y 18 de los corrientes, en la ciudad de Buenos Aires (República Argentina).

Solicito se convoque al suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda atentamente.

ROBERTO CONDE
Representante por Canelones".

 

"Canelones, 6 de abril de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

La suscrita, Ana María Cardozo Sagasti, C.I. 1.487.053-2, domiciliada en Sersale Nº 18, Paso Carrasco, en mi calidad de primera suplente del Representante Nacional por Canelones, Carlos Roberto Conde Carreras, el que ha solicitado licencia, comunica a Ud. que se encuentra imposibilitada por esta única vez, para asumir el cargo de Representante para el cual se le convocó por ese Cuerpo, manteniendo el derecho de reasumir personería al plantearse otra situación de las mismas características.

Sin otro particular, le saluda con toda consideración,

Ana M. Cardozo".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Canelones, Roberto Conde, para participar de la Reunión de Presidentes de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 18 de abril de 2006.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto la suplente siguiente, señora Ana María Cardozo.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, por el día 18 de abril de 2006, al señor Representante por el departamento de Canelones, Roberto Conde, para participar de la Reunión de Presidentes de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta la suplente siguiente señora Ana María Cardozo.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el día 18 de abril de 2006, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90, del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señora Rosa Quintana.

Sala de la Comisión, 18 de abril de 2006.

VÍCTOR SEMPRONI, NORA GAUTHIER, BEETHOVEN GAMBETTA".

 

"Montevideo, 7 de abril de 2006

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle licencia por obligaciones notorias por el período comprendido entre los días 18 y 24 de abril del presente año, amparándome en el literal D) del artículo 1º de la Ley Nº 17.827.

Sin más, saluda atentamente.

PABLO ÁLVAREZ
Representante por Montevideo".

 

"Montevideo, 18 de abril de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración.

De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el Sr. Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca.

Sin más, saluda atentamente,

Julio Battistoni
Representante por Montevideo".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia del señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Álvarez, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para participar en un Coloquio Internacional de las Ideas Políticas, organizado por la Universidad ARCIS, a realizarse en la República de Chile.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 18 y 24 de abril de 2006.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente, señor Julio Battistoni.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal D) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia al señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Álvarez, por el período comprendido entre los días 18 y 24 de abril de 2006, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para participar en un Coloquio Internacional de las Ideas Políticas, organizado por la Universidad de ARCIS, a realizarse en la República de Chile.

2) Acéptase la negativa presentada por esta única vez, por el suplente siguiente, señor Julio Battistoni.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señora Beatriz Costa.

Sala de la Comisión, 18 de abril de 2006.

VÍCTOR SEMPRONI, NORA GAUTHIER, BEETHOVEN GAMBETTA".

"Montevideo, 7 de abril de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

Por intermedio de la presente comunico a Ud. que fui designado por la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur para concurrir al encuentro entre Parlamentarios de América Latina y el Caribe con el Parlamento Europeo en el marco de la IV Cumbre UE/ALC, a realizarse en la ciudad de Bregenz - Austria.

Por consiguiente solicito licencia con carácter de misión oficial desde el 24 de abril al 26 de abril de 2006 y por asuntos personales desde el 27 de abril hasta el 3 de mayo de 2006, convocándose a mi suplente la Sra. Alicia Pintos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

DOREEN JAVIER IBARRA
Representante por Montevideo".

 

"Montevideo, 7 de abril de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

Quien suscribe, Sr. Carlos Tutzó, comunica a usted que por esta única vez no acepta la convocatoria de la cual ha sido objeto.

Sin otro particular saluda a usted atentamente,

Carlos Tutzó".

 

"Montevideo, 7 de abril de 2006.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Quien suscribe, Sr. Jorge Bermúdez, comunica a usted que por esta única vez no acepta la convocatoria de la cual ha sido objeto.

Sin otro particular saluda a usted atentamente,

Jorge Bermúdez".

 

"Montevideo, 7 de abril de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

Quien suscribe, Sr. Julio Vieytes, comunica a usted que por esta única vez no acepta la convocatoria de la cual ha sido objeto.

Sin otro particular saluda a usted atentamente,

Julio Vieytes".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: Las solicitudes de licencia en misión oficial y por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Doreen Javier Ibarra.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 24 y 26 de abril de 2006, en misión oficial para asistir al encuentro entre Parlamentarios de América Latina y el Caribe con el Parlamento Europeo en el marco de la IV Cumbre UE/ALC, a realizarse en la ciudad de Bregenz, Austria, y por motivos personales por el período comprendido entre los días 27 de abril y 3 de mayo de 2006.

II) Que por esta vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señores Carlos Tutzó, Jorge Bermúdez y Julio Vieytes.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004, en el inciso tercero y en el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia en misión oficial, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Doreen Javier Ibarra, por el período comprendido entre los días 24 y 26 de abril de 2006, para asistir al encuentro entre Parlamentarios de América Latina y el Caribe con el Parlamento Europeo en el marco de la IV Cumbre UE/ALC, a realizarse en la ciudad de Bregenz, Austria, y por motivos personales, por el período comprendido entre los días 27 de abril y 3 de mayo de 2006.

2) Acéptanse las negativas que por esta vez han presentado los suplentes siguientes, señores Carlos Tutzó, Jorge Bermúdez y Julio Vieytes, de la Hoja de Votación 1001, del lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría.

3) Ofíciese a la Corte Electoral.

Sala de la Comisión, 18 de abril de 2006.

VÍCTOR SEMPRONI, NORA GAUTHIER, BEETHOVEN GAMBETTA".

 

"Montevideo, 18 de abril de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia por motivos personales por el día 18 de abril del corriente año y se convoque a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saludo atentamente.

NELSON RODRÍGUEZ
Representante por Maldonado".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Maldonado, Nelson Rodríguez.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 18 de abril de 2006.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 18 de abril de 2006, al señor Representante por el departamento de Maldonado, Nelson Rodríguez.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 18 de abril de 2006, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 22 del Lema Partido Nacional, señor Fernando García.

Sala de la Comisión, 18 de abril de 2006.

VÍCTOR SEMPRONI, NORA GAUTHIER, BEETHOVEN GAMBETTA".

 

"Montevideo, 3 de abril de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitar licencia ante la Cámara de Representantes, para los días 9, 10 y 11 de mayo del corriente, por motivos personales

Desde ya muchas gracias.

Sin otro particular le saluda muy atentamente.

RICHARD CHARAMELO
Representante por Canelones".

 

"Montevideo, 3 de abril de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente
De mi mayor consideración:

Quien suscribe, Remo Monzeglio, manifiesta su no aceptación por única vez a la convocatoria realizada por la Cámara de Representantes a ingresar como Diputado titular.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Remo Monzeglio".

 

"Montevideo, 3 de abril de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente
De mi mayor consideración:

Quien suscribe, Heber Cabrera, manifiesta su no aceptación por única vez a la convocatoria realizada por la Cámara de Representantes a ingresar como Diputado titular.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Heber Cabrera".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Richard Charamelo.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el preíodo comprendido entre los días 9 y 11 de mayo de 2006.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señores Remo Monzeglio y Hebert Cabrera.

III) Que habiéndose agotado la nómina es pertinente solicitar a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 9 y 11 de mayo de 2006, al señor Representante por el departamento de Canelones, Richard Charamelo.

2) Acéptanse por esta única vez, las negativas presentadas por los suplentes siguientes, señores Remo Monzeglio y Hebert Cabrera, de la Hoja de Votación Nº 20041 del Lema Partido Nacional.

3) Ofíciese a la Corte Electoral.

Sala de la Comisión, 18 de abril de 2006.

VÍCTOR SEMPRONI, NORA GAUTHIER, BEETHOVEN GAMBETTA".

 

"Artigas, 18 de abril de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente, acorde al Reglamento del Cuerpo que usted preside, solicito se me conceda uso de licencia por el día 18 del mes en curso, por motivos personales.

Sin otro particular, lo saluda con la más alta consideración.

RODOLFO CARAM
Representante por Artigas".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Artigas, Rodolfo Caram.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 18 de abril de 2006.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 18 de abril de 2006, al señor Representante por el departamento de Artigas, Rodolfo Caram.

2) Convóquese por Secretaría por el día 18 de abril de 2006, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 816 del Lema Partido Nacional, señor Luis García Da Rosa.

Sala de la Comisión, 18 de abril de 2006.

VÍCTOR SEMPRONI, NORA GAUTHIER, BEETHOVEN GAMBETTA".

 

"Montevideo, 18 de abril de 2006.

Señor Presidente
de la Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración:

En virtud de ser miembro del Comité Organizador de la I Conferencia Interparlamentaria Latinoamericana sobre el Derecho a la Comunicación, Erradicación de la Pobreza y Desarrollo e integrante de la Comisión de Educación y Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación, el cual se reunirá entre los días 2 y 4 de mayo en ciudad de Panamá, Panamá.

Por lo que solicito se me conceda licencia por ausencia en virtud de obligaciones notorias entre los días 2 y 5 de mayo, convocando a mi suplente respectivo, como se establece en el literal D) del artículo 1º de la Ley Nº 17.827.

Sin otro particular saluda a usted muy atentamente.

MAURICIO CUSANO
Representante por Canelones".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia del señor Representante por el departamento de Canelones, Mauricio Cusano, en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, para participar de la I Conferencia Interparlamentaria Latinoamericana sobre Derecho a la Comunicación, Erradicación de la Pobreza y Desarrollo, a desarrollarse en la ciudad de Panamá.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 2 y 5 de mayo de 2006.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal D) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por el período comprendido entre los días 2 y 5 de mayo de 2006, al señor Representante por el departamento de Canelones, Mauricio Cusano en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, para participar de la I Conferencia Interparlamentaria Latinoamericana sobre Derecho a la Comunicación, Erradicación de la Pobreza y Desarrollo, a desarrollarse en la ciudad de Panamá.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 20004 del Lema Partido Nacional, señora María del Carmen Suárez.

Sala de la Comisión, 18 de abril de 2006.

VÍCTOR SEMPRONI, NORA GAUTHIER, BEETHOVEN GAMBETTA".

 

"Montevideo, 18 de abril de 2006

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia por motivos personales por el día 18 de abril.

Sin otro particular, atentamente,

JOSÉ QUINTÍN OLANO LLANO
Representante por Treinta y Tres".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Treinta y Tres, José Quintín Olano Llano.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 18 de abril de 2006.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 18 de abril de 2006, al señor Representante por el departamento de Treinta y Tres, José Quintín Olano Llano.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 18 de abril de 2006, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 504 del Lema Partido Nacional, señor Rubén José Amaro Machado.

Sala de la Comisión, 18 de abril de 2006.

VÍCTOR SEMPRONI, NORA GAUTHIER, BEETHOVEN GAMBETTA".

 

"Montevideo, 18 de abril de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted solicitando se me conceda licencia por los días 19 a 24 de abril del presente año; según lo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 17.827.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente,

ANÍBAL PEREYRA
Representante por Rocha".

 

"Montevideo, 18 de abril de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración:

En mi calidad de suplente del Diputado Aníbal Pereyra Huelmo, fui convocado a dicho Cuerpo los días 19 a 24 de abril del presente año.

Comunico a usted que por esta única vez no acepto la convocatoria.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Pablo Silvera".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Rocha, Aníbal Pereyra.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 19 y 24 de abril de 2006.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente, señor Pablo Silvera.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 19 y 24 de abril de 2006, al señor Representante por el departamento de Rocha, Aníbal Pereyra.

2) Acéptase por esta única vez la renuncia presentada por el suplente siguiente, señor Pablo Silvera.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Daniel Morales.

Sala de la Comisión, 18 de abril de 2006.

VÍCTOR SEMPRONI, NORA GAUTHIER, BEETHOVEN GAMBETTA".

 

"Montevideo, 18 de abril de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

Por la presente solicito se me concedan cuatro (4) días de licencia para cumplir con una misión oficial, desde el día 24 de abril del presente año hasta el jueves 27 inclusive, con motivo de participar del Encuentro entre Parlamentarios de América Latina y el Caribe con el Parlamento Europeo, a realizarse en Bregenz - Austria.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ
Representante por Paysandú".

 

"Montevideo, 18 de abril de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

Me dirijo a usted a efectos de informarle, que por esta única vez, no acepto la convocatoria a la integración de ese Cuerpo en mi calidad de suplente del Diputado Sr. Juan José Domínguez.

Saluda atentamente,

Mario Córdoba".

 

"Montevideo, 18 de abril de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

Me dirijo a usted a efectos de informarle, que por esta única vez, no acepto la convocatoria a la integración de ese Cuerpo en mi calidad de suplente del Diputado Sr. Juan José Domínguez.

Saluda atentamente,

Ricardo Mello".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Paysandú, Juan José Domínguez, para participar del "Encuentro entre Parlamentarios de América Latina y el Caribe con el Parlamento Europeo", a realizarse en la ciudad de Bregenz, Austria.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 24 y 17 de abril de 2006.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señores Mario Córdoba y Ricardo Mello.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, por el período comprendido entre los días 24 y 27 de abril de 2006, al señor Representante por el departamento de Paysandú, Juan José Domínguez, para participar del " Encuentro entre Parlamentarios de América Latina y el Caribe con el Parlamento Europeo", a realizarse en la ciudad de Bregenz, Austria.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, presentan los suplentes siguientes señores Mario Córdoba y Ricardo Mello.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Gustavo Rombys.

Sala de la Comisión, 18 de abril de 2006.

VÍCTOR SEMPRONI, NORA GAUTHIER, BEETHOVEN GAMBETTA".

 

"Montevideo, 18 de abril de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración.

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia en el período comprendido entre el día 18 y el día 19 de abril de 2006, por motivos personales.

Sin más, lo saluda atentamente,

DARÍO PÉREZ
Representante por Maldonado".

 

"Maldonado, 18 de abril de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración.

Habiendo tomado conocimiento que fui convocada por ese Cuerpo legislativo para los días 18 y 19 de abril del 2006, me dirijo a usted a fin de comunicarle que por esta vez no voy a aceptar la convocatoria al cargo.

Le saluda muy atentamente.

María del Carmen Salazar".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Maldonado, Darío Pérez.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 18 y 19 de abril de 2006.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto la suplente siguiente, señora María del Carmen Salazar.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 18 y 19 de abril de 2006, al señor Representante por el departamento de Maldonado, Darío Pérez.

2) Acéptase, por esta vez, la renuncia presentada por la suplente siguiente, señora María del Carmen Salazar.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 181370890 del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Julio Bonilla.

Sala de la Comisión, 18 de abril de 2006.

VÍCTOR SEMPRONI, NORA GAUTHIER, BEETHOVEN GAMBETTA".

14.-     Aplazamientos.

——Se entra al orden del día.

En mérito a que no han llegado a la Mesa las respectivas listas de candidatos, si no hay objeciones, corresponde aplazar la consideración de los asuntos que figuran en primero y segundo término del orden del día y que refieren a la elección de miembros de la Comisión Permanente y de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo para el Segundo Período de la XLVI Legislatura.

15.-      Llamado a Sala a la señora Ministra de Defensa Nacional.

La Mesa da cuenta de que el próximo 26 de abril, a la hora 10, se realizará la sesión correspondiente al llamado a Sala a la señora Ministra de Defensa Nacional, ante los hechos de pública notoriedad en relación a decisiones del Poder Ejecutivo vinculadas a expedientes judiciales.

16.-      La lucha contra el tabaquismo como una cuestión de Estado. (Exposición del señor Representante Iván Posada por el término de treinta minutos).

Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "La lucha contra el tabaquismo como una cuestión de Estado. (Exposición del señor Representante Iván Posada por el término de treinta minutos)".

Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: en la medida en que este tema ha tenido hasta ahora un tratamiento ajeno al Poder Legislativo, nos parece que corresponde que el Parlamento de la República ingrese a su análisis para abrir un debate sobre distintas disposiciones que se ha resuelto aplicar por parte del Poder Ejecutivo.

El Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, que fue ratificado por la Ley Nº 17.793, de 16 de julio de 2004, ha hecho de la lucha contra el tabaquismo y sus devastadoras consecuencias una cuestión de Estado. Sin embargo, bastó que el decreto aprobado por el Poder Ejecutivo se pusiera en práctica a partir del 1º de marzo próximo pasado, disponiendo que "todo local cerrado de uso público y toda área laboral, ya sea en la órbita pública o privada destinada a la permanencia en común de personas, deberán ser ambientes l00% libres de humo de tabaco", para que se desatara una polémica en cuanto a la constitucionalidad de ese decreto y de otros, o a si, en definitiva, el marco legal existente habilitaba al Poder Ejecutivo a establecer esas disposiciones.

Al margen de cuáles sean las posiciones al respecto, a nuestro juicio es un acto de responsabilidad promover la discusión en el ámbito parlamentario de un marco legal que despeje las dudas existentes en relación con la constitucionalidad o legalidad de los decretos aprobados por el Poder Ejecutivo, pero que además consagre legalmente la voluntad política expresada a través de amplísimas mayorías en ambas Cámaras al ratificar el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud.

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Disculpe, señor Diputado. Ruego al Cuerpo que se haga silencio.

Puede continuar el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Es recogiendo tales compromisos, asumidos por nuestro país al ratificar el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud, de proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo del tabaco y de la exposición al humo del tabaco, que venimos a realizar esta intervención, para iniciar en este ámbito parlamentario un debate que tenga como resultado final consagrar una norma legal a este respecto.

No obstante eso, corresponde, en cualquier caso, examinar los distintos aspectos del ordenamiento jurídico que debemos tener en cuenta para legislar en esta materia. En tal sentido, debemos tener presente lo establecido en los siguientes artículos de la Constitución de la República.

El artículo 8º establece que "Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes".

El artículo 10, que es particularmente importante, expresa que "Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados.- Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe".

El artículo 44 dispone que "El Estado legislará" -pongo el acento en la palabra "legislará"- "en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país.- Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad".

Los otros antecedentes legales que debemos tener presentes son el Decreto-Ley Nº 15.361, de 14 de diciembre de 1982; el Decreto-Ley Nº 15.656, que fue una modificación del artículo 3º del anterior, y, por último, la Ley Nº 17.714, de 18 de noviembre de 2003.

El Decreto-Ley Nº 15.361 estableció diversas disposiciones respecto a la publicidad y comercialización de cigarrillos, y la Ley Nº 17.714 modificó el artículo 2º de este decreto-ley, disponiendo que las cajillas de cigarrillos, paquetes de tabaco y en general toda clase de envase de cigarrillos, cigarros, tabaco y productos de uso similar que se expendan en el país deben lucir el rótulo "Fumar puede generar cáncer, enfermedades pulmonares y cardíacas", "Fumar durante el embarazo perjudica a su hijo".

Lo que es verdaderamente importante tener presente a la hora de analizar el marco legal vigente es el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, al cual ya hemos hecho referencia. Dicho Convenio Marco establece las bases sobre las cuales los países que lo ratificaron, de acuerdo con la Constitución y la ley, deberán tomar acciones a fin de cumplir el objetivo establecido en el artículo 3º del que dimos cuenta anteriormente.

Algunos de los principios básicos establecidos en el artículo 4º de este Convenio son los siguientes: "1. Todos deben estar informados de las consecuencias sanitarias, la naturaleza adictiva y la amenaza mortal del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco, y se deben contemplar en el nivel gubernamental apropiado medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas para proteger a todas las personas del humo de tabaco.- 2. Se requiere un compromiso político firme para establecer y respaldar, a nivel nacional, regional e internacional, medidas multisectoriales, integrales y respuestas coordinadas, tomando en consideración lo siguiente: a) la necesidad de adoptar medidas para proteger a todas las personas de la exposición al humo de tabaco; b) la necesidad de adoptar medidas para prevenir el inicio, promover y apoyar el abandono y lograr una reducción del consumo de productos de tabaco en cualquiera de sus formas [...]".

La especial referencia a estos principios básicos nos muestra que la lucha contra el tabaquismo debe comprender aspectos sustanciales como los reseñados, lo que hace imprescindible la existencia de un marco legal específico que permita al Poder Ejecutivo adoptar e instrumentar las políticas públicas, asegurando su permanencia en el tiempo.

Por otra parte, si analizamos exhaustivamente el Convenio Marco, concluiremos que hay una amplia base de acuerdos que no ha sido considerada en los decretos dictados por el Poder Ejecutivo, lo que también hace imperiosa la necesidad de legislar en esta materia.

En especial, de acuerdo con lo establecido en el Convenio Marco, importa legislar respecto a la adopción de medidas relacionadas con la reducción de la demanda de tabaco. A vía de ejemplo, importa discutir: a) la incorporación de medidas tributarias y de políticas de precio, tales como la prohibición de productos de tabaco libres de impuestos y libres de derechos de aduana por los viajeros internacionales; b) la aprobación de medidas relativas al análisis y la medición de los productos del tabaco con su correspondiente reglamentación; c) la exigencia a fabricantes e importadores de los productos de tabaco de informar a las autoridades del Ministerio de Salud Pública sobre el contenido y las emisiones de estos productos, así como la divulgación pública de la información respecto a los componentes tóxicos de los productos de tabaco y las emisiones que estos pueden producir; d) la ampliación de la normativa existente respecto al empaquetado y etiquetado de los productos del tabaco; e) la realización de campañas de educación, comunicación, formación y concientización del público; f) la implementación de medidas tendientes a la reducción de la demanda relativa a la dependencia y al abandono del tabaco; g) la promoción de acuerdos regionales para combatir todas las formas de comercio ilícito de productos de tabaco.

La necesidad de legislar en los distintos aspectos a los que hacíamos referencia no invalida en absoluto lo actuado por el Poder Ejecutivo, sino que consolida una política de Estado. En todo caso, corresponde reconocer especialmente que el Poder Ejecutivo dio un paso trascendente e inédito en la lucha contra el tabaquismo, que, además, tuvo la virtud de poner en la agenda pública la consideración de este tema. Sin esa decisión, difícilmente estaríamos asignando a este tema la importancia medular que tiene.

En consecuencia, las consideraciones que haremos a continuación sobre los decretos dictados por el Poder Ejecutivo parten del reconocimiento al mérito que supone poner esta discusión en el centro del debate público.

Los decretos del Poder Ejecutivo han hecho un abordaje parcial -como ya adelantábamos- del contenido del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud, generando dudas fundamentalmente respecto de la constitucionalidad o legalidad de determinadas disposiciones e incurriendo en algunas contradicciones notorias.

La primera duda surge respecto de la constitucionalidad del Decreto Nº 268/005 -en vigencia desde su aprobación, más precisamente el día 5 de setiembre del año pasado-, que estableció diversas prohibiciones, disponiendo que "todo local cerrado de uso público y toda área laboral, ya sea en la órbita pública o privada destinada a la permanencia en común de personas, deberán ser ambientes 100% libres de humo de tabaco".

Para contribuir al análisis jurídico nos parecen de fundamental importancia algunos conceptos expresados por ese gran maestro que fue, y sigue siendo, el doctor Justino Jiménez de Aréchaga. Analizando el derecho a la libertad, expresó: "concebimos la libertad como un límite cierto, en cada tiempo y para cada comunidad, puesto a la eventual invasión del Derecho objetivo. Cada comunidad, en cada tiempo, sabe, por eso está en la conciencia común de los hombres, que hay ciertas maneras de la conducta, ciertos modos de relaciones interindividuales que no pueden ser alcanzados por el sistema normativo. Y, por consiguiente, que no es Derecho todo lo que se dirige a ordenar la conducta, sino el conjunto de las normas que, dirigidas a ordenar la conducta, no vulneren esos géneros de actividad que el hombre reclama como libres, como no disciplinables. [...] El derecho a la libertad supone la imposibilidad de que el hombre, en cuanto la ejerce, pueda cumplir actos susceptibles de ser estimados lesivos del derecho ajeno o del derecho del grupo, y supone también la imposibilidad de que los actos mediante los cuales se pone en ejercicio el derecho a la libertad sean susceptibles de sanción. Cuando el hombre se mueve en el ámbito de su libertad no teme al derecho. El lema artiguista 'con libertad no ofendo ni temo' tiene esa significación".

Quienes han sostenido la inconstitucionalidad del referido decreto han mencionado el primer inciso del artículo 10 de la Constitución de la República, que citamos anteriormente. A nuestro juicio, la prohibición de fumar está protegiendo el derecho de los terceros perjudicados por esa acción, y la norma constitucional habilita, en tanto haya un perjuicio a terceros, a establecer una normativa que proteja ese derecho. La cuestión es que esa norma de carácter prohibitivo, de acuerdo con lo que establece el inciso segundo del artículo 10, debe ser una norma legal. Para expresarlo con palabras del doctor Justino Jiménez de Aréchaga: "La segunda parte del Art. 10 permite sostener que, en el sistema nacional, la ley es la única fuente de Derecho, desde que solo la ley puede prohibir o imponer conductas".

Entonces, ¿tiene esta prohibición establecida en el Decreto Nº 268/005 sustento legal? En sus fundamentos, el decreto refiere al artículo 44 de la Constitución, ya citado, que, como vimos, establece que "las cuestiones relacionadas con la salud y la higiene públicas" deben ser regladas por ley. En tal sentido, el decreto se remite al ordinal 4º del artículo 2º de la Ley Nº 9.202 -Ley Orgánica de Salud Pública, de 9 de enero de 1934-, que establece: "En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes cometidos: [...]" y en el ordinal 4º figura "La determinación de las condiciones higiénicas que deben observarse en los establecimientos públicos o privados o habitaciones colectivas, tales como cárceles, asilos, salas de espectáculos públicos, escuelas públicas o privadas, talleres, fábricas, hoteles y todo local de permanencia en común, etc.; disponer su inspección y la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto. El Ministerio de Salud Publica ejercer sobre los Municipios superintendencia en materia sanitaria".

A nuestro juicio, considerar esta disposición que transcribimos como un marco legal suficiente para amparar una prohibición es una interpretación que no tiene sustento constitucional ni legal. Porque si observamos el acápite del artículo 2º referido, advertimos que la disposición del ordinal 4º es competencia del Ministerio de Salud Pública, por lo cual llegaríamos al absurdo de que una simple resolución del Ministerio hubiera bastado para establecer tal prohibición.

La otra norma referida -de igual rango- es el Decreto Nº 98/004, de 16 de marzo de 2004, que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 9.202, dispone que todas las dependencias sanitarias del país, tanto públicas como privadas, sean consideradas "ambientes 100% libres de humo de tabaco". Este mismo decreto prevé, con destino únicamente al personal, la existencia de áreas para fumadores.

El resultando IV del Decreto Nº 268/005 refiere al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, ratificado -como ya expresamos- por la Ley Nº 17.793. Esta sí es una norma legal que establece una serie de obligaciones para los Estados Parte. Una de esas obligaciones es que cada Parte, con arreglo a su capacidad, "adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras medidas eficaces y cooperará, según proceda, con otras Partes en la elaboración de políticas apropiadas para prevenir y reducir el consumo de tabaco, la adicción de nicotina y la exposición al humo de tabaco". Y, más específicamente, en el artículo 8º del Convenio se refiere expresamente a la protección contra la exposición al humo de tabaco. Allí se establece: "Cada Parte adoptará y aplicará, en áreas de la jurisdicción nacional existente y conforme determine la legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas, y/u otras medidas eficaces de protección contra la exposición al humo de tabaco en lugares de trabajo interiores, medios de transporte público, lugares públicos cerrados y, según proceda, otros lugares públicos, y promoverá activamente la adopción y aplicación de esas medidas en otros niveles jurisdiccionales".

La pregunta que deberíamos hacernos es si las disposiciones legales del Convenio Marco citadas constituyen suficiente amparo legal para que el Poder Ejecutivo dictara el Decreto Nº 268/005. Aun cuando al principio tuvimos alguna duda a este respecto, después de analizar el tema y recabar el asesoramiento jurídico correspondiente concluimos que no, que no es marco legal suficiente. Concluimos que aun cuando el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud es ley, no deja de ser un marco para que, de acuerdo con la legislación nacional, se establezcan también por ley las prohibiciones que correspondan para la protección contra la exposición al humo de tabaco.

Los comentarios y objeciones respecto a este Decreto Nº 268/005 son aplicables al Decreto Nº 203/996, de 28 de mayo de 1996, que en los hechos no tuvo aplicación práctica, y al Decreto Nº 168/005, de 31 de mayo de 2005. Ambos decretos fueron derogados por el Decreto Nº 268/005, que mereció este análisis que señalábamos.

Por otra parte, resulta contradictorio que el Decreto Nº 168/005 dispusiera la creación de "áreas de fumadores" en restaurantes, bares y lugares de esparcimiento y que algunos meses después el Decreto Nº 268/005, de acuerdo con lo que establece su considerando I -esto es: los planteos presentados por comerciantes nucleados en asociaciones comerciales en relación con la imposibilidad de implementar las áreas para fumadores establecidas en el decreto, debido a limitaciones de espacio o disposiciones urbanísticas-, dejara sin efecto el decreto citado anteriormente.

El Decreto Nº 171/005 es otro de los que merecen la pena ser analizados. Fue dictado el 31 de mayo de 2005 y pretendía una ampliación del Decreto Nº 36/005, de 25 de enero de 2005. Ese decreto establece que "las advertencias sanitarias que deberán ocupar el 50% de las superficies totales expuestas en los paquetes y envases de productos de tabaco, deberán ser rotativas e incluirán imágenes y/o pictogramas". Asimismo, se establece que en dichos productos "no se podrá emplear expresiones, términos, elementos, marcas o signos que tengan el efecto directo de crear una falsa impresión, como ser 'bajo contenido de alquitrán', 'ligeros (lights)', 'ultraligeros (ultralights)', o 'suaves (mild)'". Y en su artículo 2º encomienda "al Ministerio de Salud Pública la definición de la tipología, la leyenda, las imágenes y/o los pictogramas incluidos en los mismos".

Aun cuando compartimos plenamente lo dispuesto, debemos expresar que el decreto referido carece de sustento legal. ¿Por qué? Simplemente porque el Decreto Nº 36/005, que este nuevo decreto dice ampliar, es reglamentario de la Ley Nº 17.714, de 28 de noviembre de 2003. Esta ley modificó el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 15.361, como ya lo referimos, el cual quedó redactado como sigue: "A partir de los ciento ochenta días de la fecha de promulgación de la presente ley, las cajillas de cigarrillos, paquetes de tabaco y, en general, toda clase de envase de cigarrillos, cigarros, tabacos y productos de uso similar que se expendan en el país, deberán lucir, en caracteres claramente visibles, el siguiente rótulo: 'Fumar puede generar cáncer, enfermedades pulmonares y cardíacas'. 'Fumar durante el embarazo perjudica a su hijo. MSP'".

Mal puede, entonces, el Poder Ejecutivo, al amparo de este texto legal que establece a título expreso las leyendas que deben contener en general los envases de productos que contengan tabaco, dar a las mismas el carácter de rotativas, incorporar otras prohibiciones y agregar imágenes o pictogramas que nada tienen que ver con lo dispuesto en el texto legal. Estamos nuevamente frente a un decreto que modifica la ley y establece prohibiciones sin amparo legal: una razón adicional para justificar la necesidad de legislar al respecto.

Por último, el Decreto Nº 40/006, de 13 de febrero de 2006, estableció sanciones para quienes violen lo dispuesto en el Decreto Nº 268/005, de setiembre de 2005. Las sanciones a las infracciones requieren, a nuestro juicio, un marco legal que las ampare. Pretender que la Ley Nº 9.202 es marco legal suficiente para establecer las sanciones dispuestas en este decreto es, a nuestro entender, una equivocación en la que incurre el Poder Ejecutivo.

La principal conclusión a la que arribamos después de analizar los puntos anteriores es la necesidad de legislar para hacer de la lucha contra el tabaquismo una política de Estado. A tal efecto, el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco constituye, sin duda, un marco de referencia para transformar en normas legislativas los compromisos que nuestro país asumió al ratificar el Convenio. En consecuencia, proponemos darle rango legal a muchas de las sugerencias que están contenidas en el Convenio Marco. Consecuentemente con eso, vamos a presentar un proyecto de ley que recoja esas recomendaciones establecidas en el Convenio Marco para que, en definitiva, se abra el debate parlamentario acerca del rango legal de estas normas, pero, por sobre todas las cosas, para transformar verdaderamente en una política de Estado la lucha contra el tabaquismo.

En el artículo 1º del proyecto planteamos que esta ley sea de orden público, en tanto se considera que esta política de Estado en materia de lucha contra el tabaquismo debe ser considerada como la garantía a un derecho de la población de nuestro país, derecho que aparece expresado en el objeto de esta iniciativa, recogiendo lo expresado en el artículo 3º del Convenio Marco.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: el 1º de marzo de este año era la fecha fijada por el Poder Ejecutivo en el acto administrativo para determinar algunas prohibiciones establecidas. El 6 de marzo -cinco días después-, quien habla elevó una exposición escrita al señor Presidente de la República, haciendo un análisis en varios sentidos de este acto administrativo.

Este tema tiene dos aristas, señor Presidente. La primera de ellas es la legal. Introducido el tema por el señor Diputado Posada en el seno de la Cámara de Diputados, creo que no podemos estar ausentes con relación a las formas que se dan a las normativas que pretenden guiar los destinos de nuestros conciudadanos. No puede el Poder Legislativo únicamente referirse al tema, porque es nuestra materia las formas en que regulamos las conductas.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar conceptos que esgrimíamos o explicitábamos en aquella exposición escrita y que hoy el señor Diputado Posada reitera. El Poder Ejecutivo, basado en un Convenio Marco ratificado por la Ley Nº 17.793 -en el numeral 2) de su artículo 8º, donde figura la protección contra la exposición al humo de tabaco-, establece la necesidad de tomar medidas legislativas y administrativas, de distinto orden, para tratar este tema. Lo que en ningún momento dice es que nos debemos apartar de las normas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Y es allí que el señor Presidente de la República -el primero de todos nosotros, que debe hacer respetar las leyes y la Constitución, pero también debe predicar con el ejemplo- incurre en una flagrante inconstitucionalidad. A la luz de los artículos 7º, 10 y 44, a los cuales refería el señor Diputado Posada, el decreto no resiste el más mínimo análisis. Y si lo resiste, me gustaría saber, aquí y en este momento, qué legislador es capaz, desde el punto de vista jurídico, de sostener este decreto inconstitucional, ilegal e inconveniente. Y a veces parece que la ciudadanía no presta mucha atención a estas pequeñas goteras que el Gobierno ha ido generando, pequeñas goteras que debemos detener.

Voy a hacer un breve repaso, y seguramente me olvidaré de más de un ejemplo donde la Constitución y la ley han sido flagrantemente violadas. La primera -lo saben los legisladores del oficialismo mejor que yo- es la reforma constitucional por la defensa del agua. No hay que abundar mucho más en ese sentido. Es la primera vez que nosotros vemos que una Constitución se cumple a medias y de a poquito. También aquella ley interpretativa que se votó en el seno de la Cámara de Diputados, la cual corrió por la puerta de atrás a los Directores de entes autónomos inventándoles una supuesta renuncia implícita; ahí hay otra inconstitucionalidad. Y después hay un largo rosario de estas, siendo la última la que expresábamos en la media hora...

(Interrupción del señor Representante Orrico.- Respuesta del orador)

——Le cuento, señor Presidente, que días pasados, el señor Presidente de la República, a través de una orden verbal, también trasponía las leyes -el Código de Aguas y el Código Civil- cuando clausuró la navegación por el río San Juan. Entonces, no creo estar lejos o fuera del tema cuando digo que este decreto, al igual que otras medidas del Poder Ejecutivo, es inconstitucional e ilegal. Claro, a nadie escapa la picardía gubernamental, porque el decreto que se publicó el 13 de febrero de este año entró en vigencia el 1º de marzo. ¿Sabe qué, señor Presidente? Ya habían pasado los diez días de que dispone un ciudadano que tenga interés en recurrir este decreto. Entonces, hoy en día lo único recurrible es la multa, inconstitucional e ilegal, que se puede llegar a aplicar. Como ha habido una buena movida de prensa, resulta que una persona que se dice a sí misma fumador rebelde fue procesada, pero no se aclara que lo fue por instigar a no pagar tributos y no por dejar fumar en su establecimiento comercial. Si en cualquier almacén, bar o lugar público de Montevideo o del interior se prende un cigarro -pero los inspectores no aparecen por ningún lado, porque quiero saber si ahora, en algún departamento alejado o acá mismo, en Canelones, a pocos kilómetros, hay alguien revisando si se fuma o no- y esa multa es recurrida, yo puedo asegurar qué van a fallar los tribunales.

¿Sabe qué, señor Presidente? Yo no me jacto de ello, porque ahí entramos a la otra arista de este tema, que es la de la salud pública, la salubridad de nuestros compatriotas, que sí es importante. Es una lástima que un tema tan trascendente se torne un instrumento que puede ser fácilmente desechado por no cumplir con los pasos legales que habría que llevar a cabo. Ya lo decía el señor Diputado Posada: el artículo 44 de la Constitución, en sus primeras cuatro palabras, dice que se debe legislar en este sentido.

En el camino del cuidado de la salud pública nos vamos a encontrar -quien habla es un ex fumador desde hace más de dos años-, y estoy seguro de que mediante la educación y algunas prohibiciones se puede llegar a buen puerto. Pero también a uno lo llena de sorpresa el ímpetu que se pone por parte del Gobierno Central para que la ciudadanía deje de fumar y el poco ímpetu o la tolerancia -no diría incentivo, porque ya no sería del todo correcto- que se pone por parte del Gobierno Central -bien cerquita del Presidente de la República, pegadito- a otro tipo de sustancias, las cuales, según nos dicen los técnicos, son bastantes dañinas para el que las consume y para el entorno social. Estoy hablando, por ejemplo, de la marihuana.

(Interrupción de la señora Representante Kechichián)

——Tengo por aquí un volante que encabeza: "Si decidiste fumar marihuana aquí te ofrecemos algunas puntas: no fumes las tucas, incorporalas al próximo porro".

Las drogas existieron, existen y existirán siempre. Somos nosotros quienes debemos aprender a relacionarnos con ellas de manera saludable. Este volante que anda circulando por ahí -en cualquier página de Internet uno lo puede conseguir- tiene el apoyo de la Junta Nacional de Drogas.

Entonces, lo que nosotros estamos tratando de mostrar es el ímpetu que se pone en un tema, el camino inconstitucional e ilegal elegido, y la tolerancia -reitero: no quiero decir incentivo- a otro tipo de sustancias, igual o más dañinas. Porque acá no se prohibió fumar; acá no se ha dicho: "El tabaco es dañino; es política del Gobierno que no se fume más", y, entonces, se frena el contrabando, se dice a las empresas que cierren y se detiene la importación. Acá se limitó la libertad individual de cada uno de seguir teniendo una conducta que en Uruguay, por lo menos hasta el día de hoy, es lícita. Por otro lado, el mismo Estado -pegadito a la oficina del Presidente de la República- en cuanto a una actividad cuya consecución u obtención es ilícita, a través de la Junta Nacional de Drogas dice qué debe hacer si decidió estar en ese mundo. Y ¡cuidado!, que aquí no se trata de la marihuana sí o la marihuana no, de la legalización sí o no, que es otra discusión que sé que en algún momento tendremos que dar; pero hoy la marihuana es ilícita, a diferencia del tabaco.

Comparto la inquietud del señor Diputado Posada. Creo que, por lo menos, tenemos que ir a las formas. No conozco el contenido; seguramente algunas de sus manifestaciones, o su gran mayoría, son las correctas y en ese camino deberemos andar. Pero las formas son importantes, porque, reitero, si mañana en algún lugar de nuestro territorio alguien prende un cigarro donde teóricamente este decreto lo prohíbe y esa persona recurre la multa, les puedo asegurar que solo se va a fallar de una manera.

Por lo tanto, celebro la oportunidad de que se trate este tema en la Cámara de Diputados, y vuelvo a lo del comienzo: me gustaría escuchar un análisis en el cual se estime que estos dos decretos mencionados por el señor Diputado preopinante tienen algún viso de legalidad.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: supongamos que en este momento se está exhibiendo en el país una película altamente pornográfica, o una película que trata un tema tal que las autoridades consideran que se necesita determinado desarrollo mental para poder verla. Entonces, vendrá el ente calificador y dirá: "Esta película está prohibida para menores de dieciocho años". Si aparece un menor de dieciocho años dentro del cine cuando se exhibe la película, el dueño del local será sancionado. Es así de simple. ¿Por qué? Porque de la misma manera, no se puede tirar excrecencias en cualquier lado, aunque ninguna ley lo determine. No existe ninguna ley que establezca: "Quien con intenciones de tirar, tirare excrecencias...". Hay un sistema jurídico que se compone de un conjunto de normas en aquella pirámide que va desde la norma hipotética fundamental a la cual se refería Kelsen, pasando por la Constitución, las leyes, los decretos, las resoluciones administrativas y un largo etcétera, por el cual el Estado -que no es más que la sociedad organizada jurídicamente- va determinando cuáles son las normas obligatorias que hay que ir dictando a los efectos de regular la vida entre sus ciudadanos.

Supongamos que en el día de mañana viniera una epidemia cualquiera -ojalá que no-; supongamos que diera fiebre. El Ministerio de Salud Pública perfectamente podría establecer, de acuerdo con las facultades que le da la ley y con las posibilidades que se le delega, que es obligatorio vacunarse para aquellas personas que estuvieran comprendidas entre tales y cuales edades o, de lo contrario, no podrían hacer determinadas cosas. Asimismo, podría establecer que es obligatorio que los niños se vacunen antes de que empiece el período escolar ya que es imprescindible porque está la salud pública comprometida, porque es altamente infeccioso o por lo que fuere. El Ministerio de Salud Pública podría establecer: "Los desechos hogareños deberán ser tirados de tal o cual manera, y al que no lo haga le vamos a poner una multa de determinada cantidad de dinero". Eso lo puede hacer el Ministerio de Salud Pública; a nadie se le ocurre que no puede hacerlo.

Entonces, no veo por qué cuando el Ministerio de Salud Pública cumple con la función que le da la ley, que es atender la salud pública, no puede hacerlo. Además, tal como hablamos hoy de la pirámide de las normas, es importante tener en cuenta que hay un convenio, que es ley en Uruguay, que establece determinadas cosas a las que el decreto hace referencia.

Hay un aspecto que desde el punto de vista del método resulta complicado en las exposiciones que se han hecho, y consiste en que, como señalaba Kelsen magistralmente, cuando se examina algo desde el punto de vista normativo no se puede caer, a su vez, en analizar el ser, porque la norma jurídica es un deber ser y hay que analizarla exclusivamente desde el punto de vista del deber ser. Si entreveramos "ser" con "deber ser" y vamos cambiando hacia un lado u otro, según nuestra conveniencia desde el punto de vista dialéctico, eso concluye en cosas que realmente están muy mal desde el punto de vista científico; y digo científico porque el derecho también es una ciencia.

Tenemos una Constitución que establece cómo se determina una estructura estatal; tenemos un convenio marco que dice cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta; tenemos un decreto que reglamenta esto, y acá se ha dicho -osadamente, diría yo- que si alguien recurre la multa esto tendrá un efecto único. No sé a qué se refieren con "efecto único", pero no será que devuelvan la multa a nadie, porque cuando se dictó este decreto fue noticia por dos autoridades que lo discutieron. Una de ellas fue la Universidad, donde a algún fumador se le ocurrió discutir que debido a que era un ente autónomo, este decreto no regía allí, hasta que alguien sabiamente dijo: "Un momentito: esta es una disposición de carácter general y, por lo tanto, la autonomía es la que da la ley y no se aplica para esto". Y la Universidad lo aplicó de entrada. La otra autoridad fue la Suprema Corte de Justicia, en la que se discutió si, dado que esta constituye el máximo órgano de un Poder independiente, era necesario que ratificara ese decreto. La Suprema Corte de Justicia entendió que no había que ratificar el decreto, sino que solo había que aplicarlo. Esto es tan así que en ningún Juzgado del país se puede prender un cigarrillo. Entonces, el máximo órgano jurisdiccional del país, por unanimidad -aunque parece que últimamente las unanimidades de la Suprema Corte de Justicia causan algunos escozores-, ha establecido de hecho que este es un decreto perfectamente constitucional; de lo contrario, no lo habría aplicado. Así fue la discusión y así se hizo.

Ahora, acá se han mencionado otros puntos en los que no voy a entrar, porque se ha hecho una "mélange" en la que se metió a la marihuana y no sé cuántas cosas más, y no son los temas de hoy. No obstante, sí voy a decir una cosa. En la lucha contra las drogas uno puede tomar muchas actitudes, pero hay dos actitudes básicas. Una primera es decir que se va a prohibir algo; esa es una actitud. Una segunda actitud es decir que se van a minimizar los efectos de algo. Hemos visto que, en algunos países europeos, en la madrugada salen vehículos de lo que acá sería Salud Pública, distribuyendo jeringas para que, por lo menos, cada cual use una jeringa y no haya contagio de otras enfermedades a partir de la droga. Esa es una actitud. La Junta Nacional de Drogas también emplea estos criterios a los efectos de que si alguien se está drogando, por lo menos no se agarre el sida. Lo que estoy diciendo es muy chabacano y esquemático, pero lo digo para entender de qué estamos hablando.

Hay otros temas de fondo que hay que tomarlos. Con el señor Diputado Asqueta Sóñora, con quien hemos tenido un trabajo bastante intenso, tuvimos el honor de ser invitados a cursos realizados por la Organización Mundial de la Salud con relación a este tema. Estuvimos acá, en Montevideo, en Buenos Aires; estuvimos con mucha gente. Se iba a hablar durante media hora sobre el tabaco, pero resulta que terminamos hablando de un proyecto de ley; quiere decir que se abre la instancia para que se tenga media hora por cada proyecto de ley que uno presente en la Cámara. Está bien, pero si se habla de eso, entonces, voy a decir que tener lugares exclusivos para fumadores no es lo que se persigue con estas cosas. Toda norma jurídica tiene algo que se llama "ratio legis". ¿Cuál es la razón legal para estas cosas? Obviamente, lo más difundido es decir: "Vamos a prohibir fumar en determinados lugares" -no "prohibir fumar"- "a los efectos de evitar el problema del fumador pasivo". Eso es cierto, pero no es el único elemento; también vamos a crear condiciones para que la gente fume menos.

Señor Presidente: cuando yo era estudiante de economía -hace muchos más años de los que quisiera- se decía que en este tema había una discusión entre el Ministro de Economía y Finanzas y el de Salud Pública. El señor Ministro de Salud Pública quería prohibir el cigarrillo por los problemas que traía, y el Ministro de Economía y Finanzas quería que se incentivara el uso del cigarrillo porque debido a que era un vicio muy adictivo, la gente pagaba muchos impuestos y no había problemas. Hoy está plenamente demostrado que los Estados pierden mucho más dinero tratando todos los problemas que trae como consecuencia el uso del cigarrillo, que lo que recaudan por él. De manera que el hecho de que un Estado se plantee cómo hacer para bajar el consumo es absolutamente racional en un Estado moderno, como pretende ser el nuestro.

SEÑOR CASARETTO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORRICO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CASARETTO.- Señor Presidente: no iba a hacer uso de la palabra en este tema, por más que es muy interesante y está referido a la labor que uno desempeña, pero teniendo en cuenta lo que estaba manifestando el señor Diputado Orrico en este momento, me pareció oportuno hacer un comentario y adelantar algo de lo que voy a plantear el próximo jueves, cuando el señor Ministro de Economía y Finanzas concurra a la Comisión de Hacienda por el tema de la reforma tributaria. Tuve la intención de interrumpir al señor Diputado Posada cuando estaba haciendo su brillante exposición, pero creo que este es el momento justo.

El señor Diputado Orrico recién mencionó que una de las intenciones es crear las condiciones para que la gente fume menos. Uniendo esa frase, ese sentimiento, esa política de Estado a lo que inspira al señor Diputado Posada, el próximo jueves vamos a proponer un tema que ha sido tabú en los últimos veinte años en este Parlamento -se tiene miedo a las presiones de las empresas, etcétera-, y consiste en fijar el IVA a la venta de cigarrillos. Si la política de Estado que persigue el Gobierno es crear las condiciones para que la gente fume menos, ese también es un elemento a tener en cuenta.

Se va a argumentar que las multinacionales se van a poner nerviosas, que puede promover el desempleo y el contrabando, como me ha dicho el señor Subsecretario de Economía y Finanzas, economista Bergara. Por supuesto, son cosas válidas y se deben estudiar, pero creemos que también será un impulso para desestimular al consumo.

Además -viene ahora lo que tiene que ver con lo que el señor Diputado Orrico estaba mencionando-, está el tema de la recaudación; sí, señor. Hoy se recaudarían US$ 44:000.000 si se cobrara el IVA a los cigarros. ¡US$ 44:000.000! ¿Por qué voy a hablarlo el próximo jueves? Porque yo ya he expuesto en esta Cámara que quiero que se elimine el Impuesto de Primaria, por el que se recaudan US$ 32:000.000. Pero quiero que los estudiantes sigan recibiendo útiles y túnicas, y por este concepto habría US$ 44:000.000; sobrarían US$ 12:000.000. Quiero saber por qué el Gobierno tiene razones -ojalá que no sea así- para no impulsar este impuesto. Eso no lo podemos hacer los parlamentarios, pero sí el Poder Ejecutivo.

Le agradezco al señor Diputado Orrico la interrupción y le pido disculpas por habérsela solicitado, pero creo que lo que dije venía a cuento, justamente, de lo que estaba mencionando.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede continuar el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: en realidad, no me voy a expedir demasiado sobre lo que acaba de decir el señor Diputado preopinante, pero el cigarrillo tiene impuestos muy altos. Naturalmente, no voy a oponerme a que se le pongan más, pero, en todo caso, eso forma parte de otra discusión.

Aquí se menciona siempre como al pasar, casi como un latiguillo, el hecho de que en esta materia hay que educar al respecto. Yo lamento mucho lo que voy a decir. Cuando nos reunimos con gente de Naciones Unidas, hablamos con expertos de todo tipo; estuvimos con los abogados que le ganaron el juicio a la Philip Morris, con economistas, sociólogos, politólogos, educadores y toda clase de gente. La Organización Mundial de la Salud organizó un seguimiento en escuelas de Estados Unidos a cuyos alumnos, desde etapas preescolares, se los instruía en cuanto a lo que traía aparejado el consumo de cigarrillos. Sin embargo, cuando veinte años después se hicieron las evaluaciones correspondientes, no había ninguna diferencia entre ese grupo de niños a los que se había "adoctrinado" -entre comillas, y si se me permite el término- y los que no habían recibido educación alguna en esa materia. La conclusión de por qué pasa esto es que el efecto de la propaganda por medios masivos de comunicación es mucho más impactante que el de la propia educación. Entonces, usar una camiseta que diga "Marlboro" o la identificación del cigarrillo con hazañas deportivas, con la conquista de chiquilinas y todo lo demás, trae como consecuencia que la educación caiga en saco roto. Dicho sea de paso, es bueno saber que los dos últimos vaqueros de Marlboro -que tienen esa figura tan varonil que despierta tanto aquello del macho universal- hoy no están entre nosotros porque murieron de cáncer de pulmón hace unos cuantos años. De manera que si cuando alguno se va a montar a su Fiat 600 se siente un vaquero y prende un cigarro, debería recordar lo que le pasó a los pobres vaqueritos de Marlboro.

No quiero extenderme demasiado porque están aquí los compañeros de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, que de esto saben bastante más que yo, pero las conclusiones a las que se arribó en aquella reunión organizada por la OMS fueron que la única manera de combatir el consumo del cigarrillo pasaba por aumentar el precio, actuar sobre la publicidad y establecer limitaciones en cuanto a los lugares de consumo. Esto es una parte de lo mucho que hay que hacer. Aquí tendremos que trabajar mucho; naturalmente, también deberemos dictar leyes.

Volviendo al principio, diré que en este caso no hay ninguna ilegalidad: un Estado de derecho se regula con una competencia que va en una escala que arranca en la Constitución y termina en normas jurídicas de distinta jerarquía, que en este caso se han aplicado con rigurosa legalidad. En consecuencia, desde ese punto de vista no hay nada que objetar. Naturalmente, bienvenido sea que el tema se haya puesto en la consideración de la Cámara.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: voy a hacer dos consideraciones.

La primera tiene que ver con las formas que hemos elegido. Con respecto a este tema, que había estado ausente del debate parlamentario, nos pareció que realizar una intervención en Sala durante treinta minutos era la mejor manera de introducirlo. Después de que comenzamos a prepararlo, de que hicimos un análisis exhaustivo de todo el tema, llegamos a la conclusión de que Uruguay estaba en falta no solo en materia de legislación, sino también con respecto a los compromisos que había asumido al aprobar el Convenio Marco. Entonces, nos pareció que el planteamiento sería muy malo si no acompañáramos la intervención sobre la lucha contra el tabaquismo con una propuesta concreta. ¿Y qué plantea esta propuesta concreta? Básicamente, propone como norma, como disposición legal, el contenido del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud. Y si leemos el contenido del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud, advertimos que las estrategias son variadas y que no son solo aquellas referidas al precio o a la prohibición de fumar en determinados locales. Dicho sea de paso, algunos comercios, algunos boliches ya han encontrado la forma de eludir estos decretos que hoy están siendo aplicados, instalando locales semiabiertos. En consecuencia, la disposición terminará siendo ignorada. Entonces, si realmente queremos hacer de esto una política de Estado, pongámonos a trabajar.

Nosotros, humildemente, quisimos hacer una propuesta para que en definitiva la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes tenga un insumo para trabajar. Seguramente, habrá otros; sé, por ejemplo, de la decisión del señor Diputado Asqueta Sóñora de trabajar sobre este tema y de plantear un proyecto en esta materia.

Pero lo que a esta altura no cabe es rasgarse las vestiduras acerca de la constitucionalidad de estos decretos, porque eso rompe los ojos y, además, porque pretender inferir que el cumplimiento de los decretos por parte de la Suprema Corte de Justicia -como debe ser, sin lugar a discusión- supone una aprobación o una declaración de constitucionalidad es un verdadero disparate. Si la Suprema Corte de Justicia hubiera cuestionado la aplicación de los decretos habría estado prejuzgando, porque indudablemente se le podría llegar a plantear la declaración de inconstitucionalidad de estos decretos.

Creo que, cuando se habla, por lo menos hay que tratar de respetar el trabajo de los demás, sobre todo cuando no se ha tenido intención de trabajar en estos temas.

SEÑOR ORRICO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: de pronto, lo que habría que respetar son las profesiones.

De ninguna manera dije que en este caso había recursos presentados ni nada por el estilo; tampoco hay prejuzgamiento. Narré con absoluta objetividad lo que ha pasado: la Suprema Corte de Justicia recibe el decreto sobre el tabaco, sus miembros discuten si tienen que ratificarlo o no porque, dado que son un Poder independiente, algún Ministro dijo: "¿Esto no habría que ratificarlo, dado que somos un Poder independiente y sería necesario ese acto?". La Suprema Corte de Justicia decidió no ratificarlo, por entender que era de carácter general, y aplicarlo de inmediato en sus propias instituciones. Eso fue lo que yo dije. Además, si en una pregunta de examen alguien contestara que esto es un prejuzgamiento, lamentaría decirle que lo perdería por muerte. Hay que tener cuidado con las expresiones que se emplean. Esto no es prejuzgamiento, porque no hay juicio en trámite; no se puede prejuzgar lo que no está en vías de juzgamiento.

Creo que no acostumbro decir disparates, menos en esta materia; soy muy respetuoso de las opiniones ajenas y no aludí a nadie. En consecuencia, pido que se respete la integridad intelectual que me precio de tener.

Muchas gracias.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: la explicación sobre la constitucionalidad dada por el señor Diputado preopinante no aparece en ningún texto legal. El mecanismo que teóricamente utilizó la Suprema Corte de Justicia para decir que este instrumento, este decreto, es constitucional, por lo menos en la Constitución que yo tengo -si es que no le falta una hoja-, no está. Que quede claro que la constitucionalidad de este decreto no está probada, ni muy de cerca.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado Asqueta Sóñora.

SEÑOR ASQUETA SÓÑORA.- Señor Presidente: el silencio que reinó en la Sala en la segunda mitad de la exposición del señor Diputado Posada, y durante las siguientes, habla de la importancia que este Cuerpo está dando al tema, contra lo que muchas veces la gente dice, y con razón, en cuanto a que el Parlamento toca temas poco trascendentes.

Nos consta a quienes hemos concurrido a los diversos foros, seminarios y talleres -algunos organizados aquí mismo- que estos concitan la atención de pocos compañeros; a veces cada uno, absorbido por su temática, puede no preocuparse, pero la verdad -todos lo comprenderán- es que estoy muy contento con la importancia que se está dando a este tema y por cómo se está encarando.

Creo que el hecho de que el control del tabaco sea una política de Estado ha prendido muy fuerte. Esto estuvo presente en la delegación que concurrió a la Conferencia de las Partes en el mes de febrero en Ginebra, donde tuvimos el honor de representar al Estado uruguayo junto con el eminente médico y especialista de la Fundación Internacional del Corazón, el doctor Eduardo Bianco. Ninguno de los dos, por lo menos oficialmente, pertenecíamos al Gobierno, sino que fue reconocida la trayectoria para la concurrencia a ese evento.

Por eso hoy no voy a hablar de un decreto ni de ninguna constitucionalidad de ningún decreto. Yo voy a hablar del tema que nos trajo el señor Diputado Posada, a quien felicité hoy en la mañana, en un programa periodístico, por su inquietud respecto a la adicción a esa sustancia que hemos catalogado como la principal arma de destrucción masiva que tiene la humanidad, a ese cilindrito de papel tan inocente, con un vegetal picado adentro, pero hábilmente fabricado, que genera la causa de enfermedad y muerte evitable más importante en nuestro país y en gran parte del mundo. Me refiero al tabaco y, particularmente, a una sustancia que se llama nicotina. Como este es un problema de salud, además de otros, vamos a encuadrarlo.

Me importa poco hablar de constitucionalidad o inconstitucionalidad de decretos cuando estamos hablando de una enfermedad crónica con tendencia a la recaída, como dice la Clasificación Internacional de Enfermedades. La Clasificación de Trastornos Psiquiátricos la define como la dependencia o adicción al consumo de sustancias psicoactivas. Me estoy refiriendo a la adicción a la nicotina. Ya se van a dar cuenta de por qué lo tenemos que encarar por este lado.

Señor Presidente: tengo en mis manos la página 638 del más prestigioso libro de farmacología mundial, "Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica", de Goodman y Gilman, y quienes son médicos lo recordarán porque habrán tenido que sufrir con él para esa materia. Allí dice claramente que a la nicotina se la considera el fármaco más peligroso productor de dependencia. Se está refiriendo a todos los fármacos o sustancias que producen dependencia. De eso estamos hablando, señor Presidente. Estamos hablando de una sustancia en la cual el 80% de los consumidores se inicia antes de los dieciocho años, cuando, legalmente, es menor de edad. Y termina en una dependencia a una droga legal, socialmente inducida y promocionada, que engancha a la gran mayoría de los consumidores cuando no tienen la capacidad legal para decidir por su cuenta, que es en el momento en que se los considera psicoemocionalmente inmaduros para tomar decisiones importantes, es decir, antes de los dieciocho años, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico.

Lo peor de esto, señor Presidente -y voy a hablar de nuestro país- es que de los treinta mil a treinta y cinco mil jóvenes que se inician cada año, la enorme mayoría van a quedar enganchados durante décadas, y tal vez aquí está lo terriblemente interesante de este dato: la mitad de ellos morirá a causa de esta adicción, por enfermedades vinculadas directa o indirectamente. La mitad morirá, señor Presidente, y todos de alguna forma se enfermarán a causa de esta adicción. Repito: todos; no hay una sola persona adicta a la nicotina que haya fumado en forma crónica durante equis cantidad de años que no tenga alguna enfermedad vinculada a la adicción a la nicotina y a los productos del tabaco.

De esto estamos hablando, no de constitucionalidades o inconstitucionalidades. De esto tendríamos que hablar cuando nos referimos a esta política de Estado sobre el control del tabaco.

Sí voy a hablar de la Constitución de la República. Su artículo 7º establece: "Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad". Y sigue. No creo que haya sido casual el orden. No creo que cuando se redactó este artículo, el motivo por el cual se puso la vida en primer lugar haya sido casual. No lo sé, pero no lo creo. El derecho a la vida es el primer derecho a tutelar. Si la mitad de los que consumen esta droga en forma crónica mueren, la conclusión la sacan los compañeros legisladores.

El artículo 8º establece: "Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes". Qué rara distinción que hace esta droga, que afecta a los más débiles, a los niños expuestos involuntariamente al humo de tabaco. A los niños que ya tienen la adicción, y que son muchos, los discrimina, los enferma y los mata; a los hijos o a los que comparten ambientes laborales donde se está expuesto involuntariamente al humo de tabaco, los enferma y a veces los mata.

Lo mismo sucede con los más pobres, con quienes habitamos el Tercer Mundo, ya que, de acuerdo con estadísticas del Banco Mundial y de prestigiosos organismos como la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020 el 70% de las enfermedades y muertes producidas por el tabaco -dentro de muy poquitos años; tal vez alguno siga en esta Cámara y lo pueda ver- van a ser en los países subdesarrollados, por las tácticas y las estrategias de la industria tabacalera, porque en el Primer Mundo la tendencia es a bajar levemente el consumo, pero en los países subdesarrollados es a aumentarlo exponencialmente.

El artículo 10 establece: "Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados". No voy a gastar minutos hablando de los perjuicios a terceros que provoca esta droga. Está demostrado con evidencia científica un incremento del 30% en el cáncer y del 25% en enfermedades cardiovasculares en los que nunca pusieron en su boca un cigarrillo ni un producto de tabaco pero que están expuestos involuntariamente. ¡Si perjudicará a un tercero!

El artículo 44 de nuestra Constitución -y sigo con la Constitución, con la norma madre- establece: "El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas [...]. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad". ¡Qué buen ejemplo darían los habitantes de este país si respetaran esta expresión: "el deber de cuidar su salud"! ¡Qué inteligente fue el constituyente cuando estableció que los habitantes tenemos el deber de cuidar nuestra salud! Imagínense que si tenemos el deber de cuidar nuestra salud, ¡vaya si tendremos el deber de cuidar la salud de los demás, no perjudicando a terceros y no consumiendo esta nefasta droga que puede enfermarlos y matarlos!

El artículo 47 establece: "La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente". Cuando hablamos de medio ambiente se nos viene a la mente el grave problema que tenemos con Argentina, el río y todas esas cosas, pero el principal contaminante del medio ambiente interior en el mundo es el humo de tabaco. Y en el medio interior, en este mundo y en este país, pasamos el 90% de nuestras vidas, estadística y científicamente comprobado. Si pasamos el 90% de nuestras vidas en un medio ambiente interior y si el principal contaminante es el humo de tabaco, que saquen las conclusiones los señores legisladores.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Martínez Huelmo)

——La única referencia que voy a hacer -y pido disculpas a quienes estudiaron Derecho; quizás algunos tuvieron oportunidad de conocer al doctor Justino Jiménez de Aréchaga- es a una idea que se expresa en un texto que refiere a la libertad de comercio e industria. Allí, el doctor Justino Jiménez de Aréchaga dice: "[...] el artículo 36 permite toda actividad lícita. Es un corolario del artículo 10. Es actividad lícita aquella que no se opone al orden público, a la moral o que no cause perjuicios injustos a terceros [...]". Actividades lícitas; se imaginarán mi idea sobre el tema que nos atañe.

Los últimos minutos -no sé cuántos me quedan- son para referirme a esta "joyita" de la salud pública, al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco. La primera ley internacional de salud pública en este carácter, que tiene algunas joyas como su preámbulo, su objetivo y sus principios básicos, más allá de cada uno de los artículos, fue discutida por 192 países y aprobada por unanimidad en la Asamblea Mundial de la Salud el 21 de mayo de 2003. Unanimidad; cuando digo unanimidad me refiero a los grandes países productores de tabaco, a los grandes países industrializadores y vendedores de tabaco. Me refiero no solo a nuestro país, que tiene una ética importante en esto, sino a Estados Unidos, Japón, China, Brasil, India, Argentina; es decir, a los grandes productores, comercializadores y vendedores de tabaco. Esto se discutió, y se concluyó en lo que aquí está escrito y que en gran parte ya fue dicho por el señor Diputado Posada. Se discutió mucho durante tres años.

¿Sabe a qué conclusión se llegó, señor Presidente? En este texto, basado en pruebas científicas, se reafirma el derecho de todas las personas a gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr. Este convenio y las acciones emanadas de él adoptadas por los países, deben proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco, proporcionando un marco para medidas de control que habrán de aplicar las partes a nivel nacional, regional e internacional a fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco.

Por supuesto que no nos va a dar el tiempo, pero quisiéramos hacer algunas reflexiones sobre algunos ítems. Ya dijimos que es el único producto de venta legal en el mundo que enferma a todos sus consumidores y mata a la mitad. Que alguien me dé un ejemplo de otro producto con estas características, que se vende y publicita libremente y que, además, en cualquier esquina uno lo puede comprar y consumir. Lo que es peor es que acceden los menores de edad, personas ancianas, enfermas, embarazadas; no libremente los menores, porque la venta está reglamentada, pero sabemos lo fácil que es obtenerlo. Y lo peor de todo es a lo que están expuestos esos mismos menores de edad, esas mismas mujeres embarazadas y gran parte de la población -el 70% o 75%- que por suerte no ha caído en esta adicción.

El consumo de esta sustancia no es nuevo. Como tantas sustancias que en nuestro país pueden ser ilegales y en otros no -en el nuestro es legal-, se consume desde hace milenios. ¿Sabe cuándo cambió el consumo, señor Presidente? En el siglo XX, en la década del cincuenta, cuando la industria tabacalera comenzó a fabricar lo que conocemos como cigarrillo. Lo peor fue cuando se conocieron los efectos de la nicotina, su poder adictivo, y se les comenzaron a agregar sustancias que hacían que esta adicción fuera de más rápida adquisición y más permanente en el tiempo. Esto no solo es antiético, sino que está encubierto, ya que habitualmente la población lo desconoce y estoy convencido de que la mayoría de los compañeros legisladores también, porque no se puede obtener toda la información y, lo que es peor, señor Presidente, porque la información habitual, la que sale en revistas, diarios, en Internet, en medios de rápido acceso, está obviamente permeada, financiada y promovida por la propia industria tabacalera.

Si me permite, señor Presidente, voy a leer el informe de los expertos mundiales del año 2000, que dicen lo siguiente: "En lo fundamental, la investigación viene a confirmar que el consumo de productos del tabaco es distinto a otras enfermedades que amenazan la salud mundial. Las enfermedades infecciosas no emplean empresas multinacionales dedicadas a las relaciones públicas. No hay empresas que actúan como testaferro que promuevan la diseminación del cólera. Los mosquitos no tienen cabilderos. La evidencia que aquí se presenta sugiere que el tabaquismo es un caso sui géneris, y que revertir la carga que significa para la salud mundial implicará no solo comprender la adicción o curar la enfermedad, sino que, e igual de importante, implicará vencer a una industria porfiada y poderosa".

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Disculpe, señor Presidente; yo sé que me estoy excediendo en el tiempo, y voy a redondear nada más que con una mención. Por supuesto, han quedado ríos de tinta en el tintero. Me refiero al concepto que el señor Diputado Posada -yo ya he hablado con él- va a exponer en su proyecto de ley, es decir, a los clubes y bares de fumadores.

Esto es algo a lo que nos vamos a oponer tajantemente -no solo en la discusión, sino que tenemos nuestro propio anteproyecto, que vamos a hacer llegar a los legisladores-, no porque lo escriba el señor Diputado Posada o porque él sea testaferro o vector de algo -que no se vayan a malinterpretar mis palabras, porque lo creo con la mejor intención-, sino porque estos lugares no protegen a toda la población, que es el objetivo fundamental, ni resuelven el problema de los empleados. En estos lugares el fumador vería empeorada su adicción, tendría poco estímulo para dejarla y el no fumador, sobre todo el menor, tendría más facilidad para iniciarse en esto. Además, no se tiene en cuenta la respuesta de la industria tabacalera. Esta industria sabe que no puede oponerse a la prohibición de fumar en lugares cerrados. Por eso, no dice absolutamente nada. Está preocupada por el impacto económico. Estos bares para tabaco surgirán en cada esquina. Habrá muchísimo dinero para diseñarlos y ambientarlos de tal manera que sean especialmente seductores para los jóvenes y se convertirán probablemente en el centro de la movida, sobre todo la juvenil, porque en esto la industria es experta, por las cifras que dije anteriormente.

Tendríamos muchísimas más consideraciones para hacer. Le agradezco, señor Presidente, ya que debo estar pasado dos o tres minutos y no me ha interrumpido. Como esto no termina, sino que empieza, me congratulo de que esta Cámara de Representantes y el Parlamento den inicio a la discusión más amplia posible sobre este tema, que es la principal causa de muerte evitable y que hoy le cuesta US$ 200:000.000 al erario por el tratamiento de las enfermedades.

Gracias, señor Presidente.

(¡Muy bien!)

17.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia:

Del señor Representante Álvaro Lorenzo, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para participar del Encuentro entre Parlamentarios de América Latina y el Caribe con el Parlamento Europeo, a realizarse en la ciudad de Bregenz, Austria, por el período comprendido entre los días 24 y 27 de abril de 2006, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Machiñena".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y nueve en sesenta y uno: AFIRMATIVA.

Queda convocado el suplente correspondiente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 18 de abril de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia de acuerdo a la Ley Nº 17.827, artículo 1º, literal C) por el período comprendido entre los días 24 y 27 de abril del corriente. (Adjunto comprobante).

Sin otro particular, me despido de usted muy atentamente.

ÁLVARO LORENZO
Representante por Montevideo".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Álvaro Lorenzo, para participar del "Encuentro entre Parlamentarios de América Latina y el Caribe con el Parlamento Europeo", a realizarse en la ciudad de Bregenz, Austria.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 24 y 27 de abril de 2006.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, por el período comprendido entre los días 24 y 27 de abril de 2006, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Álvaro Lorenzo, para participar del "Encuentro entre Parlamentarios de América Latina y el Caribe con el Parlamento Europeo", a realizarse en la ciudad de Bregenz, Austria.

2) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2004, del Lema Partido Nacional, señor Jorge Machiñena.

Sala de la Comisión, 18 de abril de 2006.

VÍCTOR SEMPRONI, NORA GAUTHIER, BEETHOVEN GAMBETTA".

18.-     La lucha contra el tabaquismo como una cuestión de Estado. (Exposición del señor Representante Iván Posada por el término de treinta minutos).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Vega Llanes.

SEÑOR VEGA LLANES.- Señor Presidente: francamente, la sensación que tengo hoy en este debate es la misma que sentí en ciertas oportunidades en que he participado de algunas exposiciones hechas en la Cámara de Diputados. Creo que con el título de lo que teníamos para tratar hoy, de alguna manera ha pasado lo mismo que cuando uno va al cine a ver una película que tiene determinado título y se encuentra con que el contenido de la misma no tiene nada que ver con lo que este decía. En ninguna parte de la exposición vi que se intente tender un puente para decir: "Vamos a hacer una política de Estado con respecto a esto".

Escuché una exposición en la que se manejaron un montón de elementos y se citaron muchos números de decretos -prácticamente imposible seguir el hilo de eso-, y en la que se criticó la legalidad de algunas normas.

Como me enseñaron en la Facultad a no hablar sobre lo que no sé, no voy a hablar de la constitucionalidad o no de los decretos. Si alguien tenía alguna duda de que habitualmente quienes ejercen la abogacía tienen opiniones distintas, están las exposiciones anteriores de los abogados, que se contradijeron. Sin embargo, confieso que el señor Diputado Orrico me confundió, porque dijo que estudiaba economía. Que yo sepa, es abogado; quizás cambió de carrera o ¡vaya uno a saber lo que hizo!

He meditado en cuanto a si hablar o no en esta sesión. Hace días que vengo leyendo sobre este tema, pero me parece que, como en muchas cosas de este Parlamento, no hay intenciones reales de llegar a un fin concreto. Pienso que el lugar para discutir este tema es la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, en la que hay Diputados que son integrantes y, en otros casos, delegados de sector.

Aclaro que voy a evitarles las referencias en latín y a autores prestigiosos para no seguir las costumbres de algunos. Sin embargo, aunque podría dar una clase magistral y académica sobre los efectos del tabaco, no vale la pena. Ese no es el efecto que se busca. No sería positivo para la Cámara escuchar una exposición médica sobre los efectos del tabaco.

Pero en el camino uno va escuchando algunas cosas y termina obligado a responder. Lo que voy a decir es opinable, pero hay otros puntos que no lo son.

Considero que el que más ha estudiado el tema en la Cámara de Representantes es el señor Diputado Asqueta Sóñora, quien no tengo dudas de que está absolutamente comprometido con este tema. A su vez, considero que lo que plantea es razonable y está fundado en cuestiones científicas.

Desde hace años sabemos que el humo del tabaco es perjudicial para el que lo consume y para los que están en el ambiente donde se fuma.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Cardozo Ferreira)

——Las empresas tabacaleras han hecho todo lo posible para tratar de inducirnos a fumar, cuando todos sabemos que es una droga, que es la más adictiva y que, además, mata a más de tres uruguayos por día. Es la primera causa de muerte por cáncer en los hombres, y en las mujeres está superada solamente por los tumores de origen genital, en la mama y en el útero.

Pero además -y es lo que a veces no sabemos o no vemos-, genera una alta incapacidad, porque trae enfermedades respiratorias que disminuyen la capacidad de trabajo y, eventualmente, influyen hasta en la vida de relación. O sea: que el tabaco hace mal parece una discusión absolutamente superada.

Los que fuman, o los que fumamos, no somos delincuentes; tenemos una adicción. La ventaja que tenemos quienes fumamos tabaco con respecto a los que fuman marihuana es que es una droga legal y la otra no. Pero las drogas existen en el mundo; después, son legales o no. Las drogas existen en el mundo y las consumimos. Diría que las consumimos todo el tiempo.

Entonces, no se intenta hacer una política de discriminación del fumador, de atacarlo o de llevarlo preso. Al igual que con ese volante que se leía sobre la marihuana, lo que se trata de hacer es que, si se tiene el hábito de fumar, no se genere problemas a aquellos que no tienen ganas de hacerlo. Además, el Estado uruguayo -y como tal entiendo al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos- ha ido implementando policlínicas de cesación de la adicción al tabaco que son gratuitas; esto es bueno decirlo porque no se ha mencionado hasta ahora. Al mismo tiempo, a los fumadores se les da la medicación correspondiente en forma gratuita, porque el Fondo Nacional de Recursos, en una inédita decisión, entendió que es mejor tratarlos en la etapa en que desean dejar de fumar que después tener que operarlos del corazón, porque también el tabaco genera enfermedades cardíacas. Además, no solo genera tumores de pulmón, sino también de otro tipo, como de vejiga, de intestinos, etcétera.

Creo que la comunidad médica en particular, pero también los habitantes del mundo, han ido tomando conciencia de estos efectos perniciosos en el correr del tiempo.

En definitiva, creo que si uno quiere hacer de este tema una política de Estado, mal puede empezar por donde se intentó comenzar esta exposición en la Cámara de Diputados.

Sí vamos a hacer un acuerdo: esto tiene que terminar estando presente en una ley. ¿Por qué? Porque los decretos son derogables por otros decretos, pero una ley necesita otra que la derogue, lo que es mucho más complicado. De hecho, el Poder Ejecutivo va a enviar al Parlamento para su consideración un proyecto de ley que recogerá lo grueso de estos decretos.

Sin entrar en las cuestiones legislativas, también hay que reconocer que los tiempos parlamentarios son un tanto prolongados en algunas cuestiones. Si estamos diciendo que una de las enfermedades que produce el tabaco mata a tres uruguayos por día; quizás cuando nos dispongamos a sancionar una ley no haya a quién salvar.

Me parece que la medida ha sido adecuada. Requiere tener una voluntad política muy firme, porque las tabacaleras ejercen una enorme presión, sobre todo económica, no solo sobre el Gobierno, sino sobre quienes venden publicidad. Pregúntenle a cualquier empresa que venda publicidad. De hecho, cuando se planteó este tema, las empresas de publicidad fueron de las que expresaron sus dificultades, entre otras cosas porque vivían de eso.

Lamento decir que creo que hemos perdido el tiempo en la tarde de hoy. Creo que este es un tema para la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, en la que podemos sentarnos y discutir. Además, puede concurrir cualquier legislador. Considero que es un tema para trabajar en grupos chicos a fin de llegar a conclusiones concretas. No es cierto que después de este planteo se desatará algún debate; no es verdad. Después de este planteo, nos olvidamos. Dentro de un tiempo no sabremos ni de qué hablamos en el día de hoy.

Pero, de todas maneras, esta discusión se va a reeditar -o no- el día que venga el proyecto de ley; la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social tiene la mayor disposición para trabajar con la celeridad que requiere la situación.

Si tuviera alguna expectativa de que esto pudiera llegar a generar algo distinto del simple olvido -me parece que no-, me habría ido frustrado, porque más allá de las situaciones económicas que plantea el tema del tabaco, hay que considerar la salud de la población, que es lo primero.

Quiero aclarar que en mi pueblo -hablo de Florida, que es donde vivo y lo que conozco- he conversado con algunos dueños de restoranes y locales bailables, quienes me han dicho que no ha habido ningún inconveniente en la aplicación del decreto. La gente lo ha aceptado, al igual que cuando yo era muchacho y un buen día se suspendió la posibilidad de fumar en los ómnibus, y todo el mundo en paz. Aquí no hay ómnibus para fumadores ni terminales de ómnibus para fumadores; tampoco hay Cámara de Representantes para fumadores porque, dicho sea de paso, desde que ocupo esta banca no se puede fumar en este recinto. Si así fuera, habría dos bancadas: una para los fumadores y otra para los no fumadores.

Aquí no hay discriminación, sino que se protege la salud de quienes han elegido no fumar. Creo que este tema está terminado; esto no construye y no va a construir mientras sigamos tratando de hacerle punta a un ladrillo, que en definitiva es lo que habitualmente hacemos. De esta manera no vamos a construir y no vamos a lograr una política de Estado.

También quiero aclarar que estoy haciendo uso de la palabra debido a que integro la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social y conozco los efectos del tabaco. Este tema debe manejarlo y conocerlo la población, pero si los mensajes que le damos son estos que hemos dado hoy aquí, puedo garantizar que la vamos a dejar más confundida que antes.

Quiero terminar esta intervención diciendo que muchas veces armamos tormentas en un vaso de agua, y que en esta situación creo que nos ha pasado algo parecido. No percibo en la sociedad en que me manejo y vivo que haya una gran polémica sobre este tema. Creo que alguno puede estar interesado -sin duda hay intereses creados en todo esto-, pero no percibo que la sociedad, excepto algún caso que ha tenido un enorme despliegue de prensa, tenga un espíritu que nos haga pensar que se han cometido errores en los decretos dictados y que pronto van a ser leyes. Al contrario, quienes fuman entienden que no deben perjudicar a quienes no lo hacen, y quienes no fuman están agradecidos porque muchos de ellos -que son la mayoría de la población- por primera vez pudieron concurrir a locales bailables y a restoranes sin salir enfermos.

Creo que plantear el tema como una política de Estado es allanar y marcar las diferencias que uno tiene. Se puede decir que los decretos no están apegados a lo que el orden constitucional permite, pero estamos dispuestos a que esta sea una lucha de todos los partidos políticos representados en esta Cámara, que vamos a contribuir a que haya una ley que lo regule. Así se podría llegar a construir, pero en los términos en que se ha planteado la discusión, creo que no.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra la señora Diputada Castro.

SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente: en realidad, hay algunos aspectos sobre esta temática que no voy a retomar para no reiterar conceptos, porque comparto en su totalidad las intervenciones de los compañeros, señores Diputados Orrico y Vega Llanes. Pero sí me quiero referir a otros aspectos. Cuando me anoté para hacer uso de la palabra lo hice porque tuve la sensación de que con la exposición inicial y las consideraciones posteriores se estaba entreverando la baraja de una manera que no aportaba a la discusión.

Quizás esta sea la única diferencia que tenga con la exposición del señor Diputado Vega Llanes: no creo que hayamos perdido el tiempo. ¿Saben por qué? Porque creo que si hay una cosa que está debiéndose este Parlamento es el tratamiento en forma seria y profunda de las adicciones y el tratamiento que nos debemos los adictos, quienes rodean a los adictos y las instituciones donde trabajan adictos, sean públicas o privadas. También debemos tener en cuenta cómo repercuten en la población -me refiero a los niños, a las niñas, a las adolescentes, a las madres y a la gente de mayor edad- los adictos que hacen uso de la palabra y de la imagen en los medios de comunicación, y cómo se toman decisiones bajo los efectos de una adicción, como por ejemplo el alcohol, el cigarro u otras drogas. Aquí las llamamos drogas a algunas, como si el alcohol o el tabaco no lo fueran, pero nos olvidamos de su fortísima presencia en nuestra sociedad. No soy médica, pero felizmente tenemos muchos colegas del área médica y una Comisión que trabaja en los temas de salud, y como simple ciudadana, como mujer de este pueblo, veo que la adicción al alcohol y el alcoholismo como enfermedad es de creciente difusión, sobre todo en los sectores más jóvenes de nuestra población. Desde el punto de vista de la censura a nivel familiar, social e institucional, incluido el funcionamiento no oficial sino extraoficial de esta Cámara, el alcoholismo es altamente tolerado; y me hago cargo de lo que estoy diciendo.

Entonces, lo que digo es que en la historia de esta parte de la humanidad, que algunos llaman Occidente y otros sociedad judeocristiana -a la población de Oriente no me voy a referir porque no me atrevo a hacer esta afirmación-, el consumo de los alcoholes y de otro tipo de drogas -que hoy son la heroína, la cocaína, la famosa pasta base, el paco, las drogas sintéticas, el floripón y otras-, en realidad, se inauguró muchísimo antes que el del tabaco, el que se asoció al consumo de estas otras drogas. Esto fue así en los pueblos originarios y en quienes venían del continente europeo. Ahí hubo un trasvase de estos consumos.

Además, al igual que lo que nos planteaba el compañero Diputado Orrico, considero que es necesario buscar los impactos y los efectos de las políticas educativas, pero no podemos creer que solo a través de ellas podemos revertir los problemas de la adicción. Me parece que deberíamos hacer una reflexión más profunda en lo cotidiano y con los insumos científicos que esto requiere, para saber que las políticas sociales para liberarnos de las adicciones tampoco pueden pasar el rasero. ¿A qué me estoy refiriendo? A que no toda la población necesita del mismo tipo de políticas públicas para liberarse de una adicción. Creo que debe haber políticas específicas, especializadas o como queramos llamarles, porque si pienso en la población adolescente y en sus características, fundamentalmente en la reconstrucción axiológica que implica esa etapa y el cuestionamiento a todo el mundo adulto, y en una prohibición sin estar acompañada de medidas específicas, evidentemente los riesgos podrían ser muchos.

Mi intervención solamente tiene por objeto ratificar los criterios planteados por nuestra bancada ante esta medida, que como fumadora acompaño -reconozco que he disminuido mi consumo de tabaco y espero seguir lográndolo-, pero quiero plantear lo que significan las adicciones y su relación con las situaciones sociales, y cómo inciden muchas de ellas en algunas cosas y no solo en la seguridad ciudadana. Frecuentemente se dice que "estaba alcoholizado Fulano de Tal", que cometió un delito, o "drogado", que "había fumado", cuando se fuma un porro, pero pocas veces se habla de que tal o cual autoridad estaba en estado alcohólico, que la prueba de alcoholemia le dio niveles que no le permiten conducir, lo que, evidentemente, también perturba la capacidad del hombre o de la mujer para tomar resoluciones.

SEÑORA KECHICHIÁN.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA CASTRO.- Sí, señora Diputada.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede interrumpir la señora Diputada.

SEÑORA KECHICHIÁN.- Señor Presidente: no quería dejar pasar algunas afirmaciones que se hicieron hace un rato que me parece que carecen en absoluto de fundamento y que no se basan en ninguna información científica; realmente, me parecieron un exabrupto y opiniones vertidas muy a la ligera. Mientras se está hablando de control del tabaco, de los fumadores y, como bien decía el señor Diputado Asqueta Sóñora, de una droga socialmente aceptada que cada año incorpora al hábito a casi 40.000 jóvenes, de los cuales la mitad se muere, la mitad quedan enfermos -¡si será importante!-, un señor Diputado afirmó que no se hace nada ante otras cosas; que ahí cerquita del Poder Ejecutivo, alrededor de la Presidencia de la República, no se hace nada; "No voy a decir que se promueva, pero digo que no se hace nada", afirmó el señor Diputado.

No me puedo quedar callada ante estas afirmaciones, y tengo una larga lista de acciones que ha emprendido la Junta Nacional de Drogas. ¡Por favor, si será un tema que nos preocupa! ¡Por favor, si debería ser una política de Estado! ¡Ni qué hablar!

En ese sentido, debo decir que se han hecho muchas cosas. Por ejemplo, se creó una red asistencial interinstitucional y referentes de drogas en el primer nivel de atención. A su vez, se ha concretado, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, centros de referentes e información, se han creado referentes de drogas en el Hospital Policial, en la Sanidad Militar, se ha articulado con el sistema educativo, y fundamentalmente están las cifras.

Entonces, cuando uno habla por lo menos debe tomar una referencia científica y conocer los procedimientos, las incautaciones -tema que también nos preocupa- de pasta base, cocaína, marihuana y otra cantidad de drogas que fueron señaladas por la señora Diputada Castro, como las plantas de cannabis, psicofármacos, éxtasis y una cantidad de drogas que circulan desde hace mucho tiempo en esta América Latina pobre ante los ojos de mucha gente.

Sí hemos empezado a hacer cosas, y tenemos cifras para demostrarlo. Las cifras relativas a incautaciones en gramos y procedimientos han crecido sustancialmente durante este Gobierno. Por ejemplo, en 2004 se realizaron 52 procedimientos de incautación de pasta base, y en 2005, 90; en 2004 se incautaron 16.600 gramos de pasta base, y en 2005, 34.000. En 2004 se realizaron 61 procedimientos de incautación de cocaína, y 81 en 2005; se pasó de 28.000 gramos incautados a casi 50.000. Se realizaron 138 procedimientos de incautación de marihuana en 2004 y 215 en 2005, y casi se incautaron 1:000.000 de gramos.

Por lo tanto, creo que las afirmaciones del señor Diputado carecen en absoluto de fundamento, no se basan en ninguna información científica objetiva y solo buscan teñir el tema políticamente.

Muchas gracias, señora Diputada.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede continuar la señora Diputada Castro, a quien le restan tres minutos de su tiempo.

SEÑOR ASTI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA CASTRO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ASTI.- Señor Presidente: en algún momento se manifestó que se esperaría la visita del equipo económico para plantear por qué en la reforma tributaria no se gravaba con el IVA el tabaco. Simplemente quiero dejar constancia de que se elimina la exoneración que hasta el día de hoy tiene el tabaco en nuestro régimen tributario.

Muchas gracias, señora Diputada.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede continuar la señora Diputada Castro.

SEÑORA CASTRO.- He finalizado, señor Presidente.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: creo que la señora Diputada Kechichián se apresuró al emitir un juicio. Nunca dije que el Poder Ejecutivo no había hecho nada con respecto a las drogas; simplemente comparé una sustancia que hasta el momento es legítima con otra cuya obtención por lo menos es ilegítima. Dije que las dos -salvo informes en contrario- perjudican la salud, pero en dos despachos contiguos en el Edificio Libertad se les dio distinto tratamiento. Simplemente dije eso.

¿Cómo voy a afirmar que no se hizo nada con respecto a la droga, cuando acabo de leer un volante en el que a uno le explican hasta cómo armar un porro?

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Diputado Gallo Imperiale.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Señor Presidente: seremos breves, en virtud de que el debate se ha encauzado y se hicieron afirmaciones muy importantes.

Nos pareció muy oportuno el planteamiento del señor Diputado Posada de introducir este tema en el debate; nos pareció muy importante el estilo y las consideraciones que el señor Diputado formuló.

No es la primera vez que este Parlamento debate sobre este tema. En la Legislatura 1995-1999 propusimos, y la Cámara lo aceptó, realizar una exposición -como el señor Diputado Posada- sobre la estrategia que el país debería manejar en materia de adicción a las drogas. Fue un debate muy bueno, un debate por lo alto, un debate en el cual, en definitiva, todos los que estábamos presentes dimos nuestras opiniones, aun con posiciones que pueden ser encontradas en determinadas estrategias, en cuanto a la legalidad o no de las drogas. Allí también se discutió con altura.

En esta Legislatura reiteramos este debate sobre un tema específico: el del tabaquismo. ¡Vaya si es un tema importante! No voy a repetir datos y cifras que desde el punto de vista científico el señor Diputado doctor Asqueta Sóñora mencionó con brillantez. Para resumir la importancia del tema, solamente voy a dar dos cifras. La Organización Mundial de la Salud hizo un estimativo de que alrededor del año 2020 van a morir diez millones de ciudadanos en el mundo por año. Eso significa nada más y nada menos que en un siglo van a morir mil millones de personas en el mundo por el tabaco. ¡Mil millones! Y en nuestro país, en el Uruguay, hoy muere un uruguayo cada hora y media debido al tabaquismo.

Entonces, debemos debatir en este Parlamento si se han de poner en marcha o no políticas de Estado. En Uruguay el Estado está diseñando políticas en ese sentido desde hace mucho tiempo -no es de ahora- a través de leyes y decretos, a los que ya hizo referencia el señor Diputado Posada; no es solamente la estrategia que marca la Constitución de la República en cuatro, cinco o más artículos, en los que queda definido a dónde se debe apuntar.

En el año 1934, la Ley Orgánica de Salud Pública ya estaba marcando los rumbos y las estrategias en cuanto a dónde apuntar. Me refiero a la adopción de medidas estimadas necesarias para mantener la salud colectiva y a determinar las condiciones higiénicas que deben observarse en los establecimientos públicos o privados o en las habitaciones colectivas, tales como cárceles, asilos, salas, etcétera. Reitero que estoy hablando de 1934.

El Decreto-Ley Nº 15.361, de 24 de diciembre de 1982, dispuso sobre la publicidad y la comercialización de cigarrillos. Concretamente, se estableció: "Advertencia. Fumar es perjudicial para la salud". Se prohíbe la venta a menores de dieciocho años y la venta unitaria de cigarrillos. Otro decreto-ley de 1984 amplía la periodicidad de las publicaciones que deben realizar los fabricantes. Y otra ley, la Nº 17.714, de 2003, modificaba la leyenda. Después vino el punto de inflexión: una ley que este Parlamento votó, la del Convenio Marco, que tiene más de ciento treinta artículos. Quisiera que los leyeran. Todos y cada uno de estos artículos que votamos tienen, a nuestro entender, firmeza de ley. Entonces, en función de que existe un Convenio Marco, votado como ley, el Poder Ejecutivo pone en marcha este tema a través de decretos. Esto es un asunto de interpretación, y quiero decir que hay argumentaciones de uno y otro lado que a uno lo hacen dudar. De todos modos, quiero adelantar -ya lo ha dicho el señor Diputado Vega Llanes y yo lo voy a ratificar- que el Poder Ejecutivo ha decidido, en función de lo importante que es poner en marcha rápidamente este asunto, presentar en los próximos días un proyecto de ley que se va a sumar al del señor Diputado Posada y al del señor Diputado Asqueta Sóñora, para que le demos el trámite parlamentario a través de los mecanismos formales -Comisión de Salud Pública y Asistencia Social- y para que definitivamente podamos tener una ley.

Si la discusión era la constitucionalidad o no, yo la respeto, pero quiero decir con total sinceridad que acá hay intereses superiores y, dada la importancia que tiene el tema, no podemos dejarnos llevar en este momento por cuestiones menores. Lo digo con mucho respeto. Acá hay cosas superiores, y son tantas que el Poder Ejecutivo, a pesar de que la interpretación inicial era llevar adelante el tema a través de decretos reglamentarios, porque se pensaba que alcanzaba con la ley de Convenio Marco, en los próximos días va a presentar un proyecto de ley. Entonces, mediante la sumatoria de los proyectos que han presentado los señores Diputados, podremos consolidar definitivamente esa política de Estado que, estoy seguro, todos queremos.

Estamos hablando de un problema sanitario que es de tal importancia que no amerita que este Parlamento se desgaste en discusiones bizantinas. En ese sentido, y queriendo ser lo más breve posible, recalco la importancia de que el Parlamento debata estas cosas y de que cada uno dé su opinión. En definitiva, el Parlamento está para eso; pero, además, tiene la obligación de poner en marcha algo que ya votó, que votamos todos, y que es una ley. En este sentido, en el artículo 13 del Convenio Marco se dice: "Las Partes reconocen que una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio reduciría el consumo de productos de tabaco". El Uruguay ya lo reconoció; lo hemos votado. Ahora tenemos que ponerlo en marcha. Si se sostiene que ha de hacerse a través de una ley, así se hará.

Como decía, el Poder Ejecutivo creyó que a través de los decretos podía poner el tema en funcionamiento; si eso es motivo de discusión, creemos que no podemos entrar en ella. Entonces, avancemos; este Parlamento tiene una enorme responsabilidad, y la discusión por lo alto de este tema lo jerarquiza. De hecho, creo que lo está jerarquizando, y por eso me parece que el planteo del señor Diputado Posada es oportuno y muy bien realizado, y por ende lo acompañamos. Pero decimos una vez más que para seguir evitando discusiones que tal vez no nos lleven al mejor resultado, el Parlamento está comprometido -por medio de los proyectos de ley que se van a presentar- a darle la formalidad necesaria a este asunto a través de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social. Ojalá que en un término perentorio -de no más de dos o tres meses- la Cámara de Diputados esté votando ese proyecto de ley, que yo estoy seguro de que va a tener unanimidad.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra la señora Diputada Peña Hernández.

SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Señor Presidente: antes que nada quiero dejar bien claro algo que no sería necesario que expresara, porque nadie me obliga a ello: yo no fumo y nunca en mi vida he fumado. Entiendo al que tiene ese vicio, esa enfermedad o como le quieran decir. A pesar de que hace unos cuantos años que no ejerzo mi profesión, conformo un equipo de salud y entiendo cómo es esta enfermedad, que me preocupa, así como también los jóvenes que caen en ella. Además, como decían varios señores Diputados preopinantes, me preocupa el otro tipo de drogas por el que el país está afectado realmente en profundidad. Pero eso no quita que, de alguna manera, estemos planteándonos por qué razón -como decía el señor Diputado preopinante- esto no se trató acá directamente; eso es lo que me inquieta. Tengo una duda: ¿por qué nosotros, que somos los trasmisores de lo que dice el pueblo, que estamos acá elegidos por la gente, no discutimos este tema? Lo estamos discutiendo ahora, cuando el decreto ya se dictó y se puso en funcionamiento, sea o no constitucional.

Lo que sí digo es que esto es una dictadura; es realmente una dictadura. El Presidente, en forma personal, tomó la decisión. No permitió que nosotros discutiéramos y lo decidiéramos. Y no confió en la bancada de Gobierno, pues evidentemente tenía miedo de que alguno de sus integrantes no lo votara. De lo contrario, habría sido mucho más fácil: hubiera venido a este ámbito y nos hubiéramos sentado a discutir y a tratar el tema como corresponde.

Este tema nos toca muy de cerca a muchos, en especial a los que no fumamos y podemos decirlo. Esto le coarta la libertad a la gente, y es la libertad lo que tenemos que defender. Es por la libertad que hemos peleado en este país durante muchos años. Yo tengo que poder decidir, sin dañar a los demás, a qué lugar voy a entrar. Que no se fume en lugares públicos, me parece perfecto, brillante; pero si decido entrar a lugares donde se fuma y yo no fumo, soy yo quien corre con el riesgo.

Creo -insisto- que este tipo de discusiones las deberíamos haber tenido acá, porque nosotros representamos a todos los uruguayos y porque la política de Estado -como se pedía- comienza enseñando a la gente y prohibiendo a las empresas como Marlboro que hagan de este vicio una belleza, cuando ponen a muchachas jóvenes disfrutando del cigarro. ¿Por qué nadie se anima a decir a las empresas que no pueden hacer más publicidad? ¿Por qué nadie se anima? ¿Hay intereses detrás?

Por eso, la política de Estado, tal como la habíamos planteado para el alcohol, la pedimos para el cigarro. Hay que animarse a mucho, pero no ser dictador. Hay que dejar que las libertades sigan siendo tales y que la gente opine. Y la gente que opina somos nosotros. Por eso, lamentablemente, después del decreto va a entrar un proyecto de ley que vamos a estudiar tarde y que tarde va a tratar de dilucidar si estamos frente a un decreto constitucional o inconstitucional. Mucho nos hubiéramos evitado, y habríamos logrado algo muy importante, educando y llevando adelante una política real, sin imponer a la gente algo que sirve para enfrentar y sin decirles a los jóvenes: "Háganlo porque está prohibido". En definitiva, estamos llevando a los jóvenes a que busquen lugares en la calle para fumar lo que iban a fumar adentro. Las políticas de Estado implican políticas de Estado con libertad.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado Barreiro.

SEÑOR BARREIRO.- Señor Presidente: vamos a ser muy breves. Simplemente, queremos dejar sentada nuestra posición sobre este tema que nos congratulamos de que haya entrado en el debate parlamentario.

La Constitución establece que se deberá legislar sobre el tema y me parece muy bien que la legislación se haga a través de un debate abierto y franco sobre este verdadero flagelo que azota a la sociedad, que es el consumo del tabaco, con todas las consecuencias que sobre la vida normal de las personas conlleva.

Sin lugar a dudas, hay un tema de fondo y otro de forma. Nosotros, que somos muy apegados a las formas, en este momento no podemos dejar de decir que lo que nos parece fundamental hoy es el fondo y no la forma, aunque, por supuesto, al legislar sobre este tema, al discutirlo y al adoptar medidas referentes a él se deberán cuidar los derechos individuales, los derechos que establece la Constitución para todas y cada una de las personas.

La Constitución es, en sí misma, un contrato para la sociedad.

(Murmullos.- Campana de orden)

——Gracias, señor Presidente.

Los derechos individuales están subordinados a la felicidad colectiva y todas las personas tienen derecho a la vida y, fundamentalmente, a la vida sana. Formas hay varias; no vamos a entrar en la discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este decreto, que es un hecho real y concreto; lo que tenemos que ver es si sus consecuencias han sido buenas o malas, si sirve para mitigar el problema o no, y tenemos que aprestarnos a legislar. Si hay vacíos, se cubrirán mediante la ley; si hay algún derecho individual que esté siendo retaceado, tendremos que protegerlo, pero siempre teniendo en cuenta que el derecho más importante a proteger es el de la sociedad toda.

En ese sentido, estamos dispuestos a sumar nuestros esfuerzos, desde el punto de vista técnico parlamentario, para que realmente cumplamos con lo que exige la Constitución, que es legislar sobre este tema, en el que estoy seguro de que todos tenemos las mismas ideas y posiciones. Tenemos que dejar un poco de lado la discusión sobre las formas y dedicarnos más al debate sobre el fondo y, entre todos, establecer definitivamente mediante la ley lo que exige la Constitución, que es la felicidad y la salud colectivas.

Esa es nuestra posición, señor Presidente, y desde ya anunciamos que sumamos nuestro esfuerzo para llevar adelante esta tarea.

SEÑOR ASQUETA SÓÑORA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BARREIRO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ASQUETA SÓÑORA.- Señor Presidente: le pido disculpas al señor Diputado Barreiro por ocupar parte de su tiempo, pero no podía terminar esta discusión sin hacer un explícito reconocimiento a la tarea que en estos años cumplió la sociedad civil. Eso es algo que por razones de tiempo no pudimos expresar.

La función de la sociedad civil ha sido clave, como ha sucedido en todo el mundo. Sin la información que nos brindan los científicos independientes y las sociedades científicas comprometidas en el tema, sin la presión social que hace sentir la sociedad civil organizada, las asociaciones de enfermos de diversas patologías, la asociación civil "Fumadores Pasivos del Uruguay", las asociaciones deportivas, en definitiva, una serie de asociaciones que en el país tienen una organización que se llama la Red por un Uruguay Libre de Tabaco -es su última expresión; ya existía la Alianza Interinstitucional para el Control del Tabaco desde el año 2000-, nada hubiera sido posible. ¿Y por qué? Muchos creemos que solo por un decreto y por una multa la gente no deja de fumar en espacios cerrados a partir del 1º de marzo. Y no es por eso, señor Presidente, pero tendríamos que hablar durante toda otra sesión del porqué. Ello se debe a que la sociedad entera ha comprendido, se ha informado y ha entendido la gravedad de esta adicción y de sus consecuencias.

Entonces, señor Presidente -no voy a dar pie para que esto siga, y agradezco la interrupción-, tenemos que hacer este expreso reconocimiento. Digo esto porque el 9 de setiembre de 1977 se dictó una orden de servicio del Ministerio de Salud Pública por la que se prohibía fumar en las dependencias de Salud Pública y nadie la cumplió. Que se niegue por parte de los que fuimos estudiantes de Medicina; que digan si, viéndolo hoy, no eran una vergüenza los espacios del Hospital de Clínicas adonde se entraba a fumar. Esto sucedía en los hospitales de Salud Pública -Maciel, Pasteur, cualquiera de ellos-: se fumaba en los cuartos médicos y a veces se entraba a la sala fumando. Reitero que era el año 1977. Pasó un gobierno dictatorial y varios Gobiernos democráticos de los tres partidos políticos -y digo de los tres porque transcurrió todo el año 2005- y esto no se cumplía.

En el año 1987 se estableció la prohibición de fumar en todos los ámbitos de Educación Secundaria. Yo entraba al liceo donde estudian mis dos hijos y, de un lado, los adscriptos, detrás de una pared de vidrio, estaban fumando, y, del otro lado, la Dirección, detrás de otra pared de vidrio, estaba fumando. ¿Cómo no van a fumar los jóvenes, si cuando entran al lugar donde los educan, donde hay una Dirección, donde están quienes les infunden los valores más preciados -fuera de los que les podemos infundir los padres-, que son los educadores, los encuentran cumpliendo esa actividad, que es lícita, normal? Y es gente que ellos ven como exitosa en la vida. Ese es el tema, señor Presidente, y ahí es donde debemos enfocar.

Por eso, está absolutamente demostrado que ninguna política educativa es válida frente a la desnormalización de la conducta; ya lo dijeron otros legisladores. Es por eso que el ejemplo experimental de los Estados Unidos que citaba el señor Diputado Orrico fue un rotundo fracaso y es por eso que, sin oponernos en nada a lo que es la educación -somos sus fervientes defensores-, creemos que esta no será válida, pues ninguna educación se impone a lo que es la desnormalización de la conducta, que es a lo que debemos tender. Que se vea por parte de los jóvenes -como decíamos, el 80% de los fumadores adquiere su adicción antes de los dieciocho años- que no es normal que quien nos infunde valores, que nuestros padres, que nuestros ejemplos, tengan un arma entre sus dedos o puesta entre los labios. No es normal, como tampoco lo es que la lleven en sus cintos, y por eso se prohíbe. Pero esta arma es mucho peor que la que se lleva en los cintos.

Pido disculpas al señor Diputado Barreiro porque le he robado gran parte del tiempo que le quedaba, pero quería hacer un reconocimiento a la sociedad civil, que es la que permitió que en el día de hoy se avance en el tema.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede continuar el señor Diputado Barreiro, a quien le restan ocho minutos de su tiempo.

SEÑOR BARREIRO.- Ya finalizaba, señor Presidente.

En definitiva, entendemos que no hay derechos irrestrictos. Siempre hemos aprendido que el derecho de una persona termina donde empieza el de los demás. Ya llegará el día en que uno deje de ejercer algunos derechos por convicción; mientras no sea así, tendrá que regir el imperio de la ley. Así que, señores legisladores, aprestémonos a legislar sobre este tema, que mucho bien le podemos hacer a la sociedad.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- No habiendo más señores Diputados anotados para hacer uso de la palabra, ha terminado el tratamiento de este tema.

19.-      Urgencias.

Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Ortuño, Lacalle Pou, Machado y Posada.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley sobre 'Cooperativas sociales. (Funcionamiento)' (Carpeta Nº 777/006, Repartido Nº 556)".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

20.-     Cooperativas sociales. (Funcionamiento).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Cooperativas sociales. (Funcionamiento)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 556

"PODER EJECUTIVO

Montevideo, 30 de diciembre de 2005.

Señor Presidente de la Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de remitir el proyecto de ley relativo a Cooperativas Sociales.

En los últimos años, el Uruguay asiste a una situación de exclusión económica y social de vastos sectores de la sociedad, como nunca antes se habían visto en el país. El desempleo y el subempleo, han abierto un camino de desestructuración personal y grupal en sociedades como la nuestra, donde la centralidad del trabajo lleva a que no disponer de él, y, lo que es peor, no tener perspectivas ciertas e inmediatas de disponerlo, supone una agresión contra la dignidad humana e instala la desesperanza entre los excluidos.

El aumento de la pobreza, producto de la exclusión que conlleva el desempleo, dificulta el regreso al mercado de trabajo, desde el momento que no se cuenta con posibilidades de acceder a educación suficiente, y esto aleja cada vez más a estos sectores del acceso a los servicios necesarios para la subsistencia. El crecimiento de la pobreza y la desocupación ha implicado una mayor desigualdad en la distribución de ingresos, propiedad y riqueza.

Las políticas del actual gobierno, comprometidas en el atender las gravísimas emergencias sociales producto de la aplicación de prácticas neoliberales que han afectado tan profundamente la trama social, también se dirigen a fundar una economía solidaria dentro de un marco estratégico que oriente las decisiones colectivas. No se trata de asistencialismo, sino de convicción de la necesidad de gestar condiciones para construir alternativas económicas concretas que promuevan los valores de la convivencia humana por sobre los valores del lucro. Es en este sentido que se presenta este proyecto de ley: como un intento de construir un subsistema de la economía fundado en bases que no sean las de acumulación de capital sino de reproducción del trabajo en forma solidaria.

La propuesta consiste en dar un marco normativo a un tipo de emprendimiento económico que persigue la inclusión social, con base en el trabajo, de esos sectores tan fuertemente agredidos por las políticas neoliberales. Estamos partiendo de la certeza de que nuestra sociedad cuenta con elementos a su favor que garantizan la viabilidad y éxito de estos emprendimientos: el desarrollo de una sociedad civil que ha gestado sociedades de fomento, redes de ayuda mutua, clubes de barrios, asociaciones de mujeres, de jóvenes, sindicatos, etc., que han abierto camino a la autogestión colectiva de respuesta a las necesidades y a la creación de una cultura de derechos, constituyen hoy las fortalezas para que este proyecto prospere.

Es decir que consideramos que hay un camino ya transitado en nuestra sociedad que hace posible desarrollar esta experiencia de cooperativismo social. Además, no sólo se persigue brindar las herramientas legales para que este tipo de empresas tengan un espacio claro en el entorno de la economía, sino que también se busca promover la autonomía de los protagonistas de estos emprendimientos, en tanto son ellos los responsables de su propio desarrollo.

Por tanto, estamos aportando no sólo un instrumento para la generación de puestos de trabajo que habiliten la inclusión de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, sino que apostamos a que las cooperativas sociales se constituyan en espacios de ejercicio de prácticas de democracia plural, participativa y solidaria.

No se desconoce que en estos momentos se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados (Comisión Especial de Marco Cooperativo) un proyecto de ley general de cooperativas, que incluye un capítulo de cooperativas sociales, y que pretende generar un marco jurídico para la generalidad de las cooperativas con el fin de superar la situación legislativa actual, es decir, la existencia de un conjunto de leyes antiguas, dispersas y fragmentarias, que no ayudan a delinear en forma armónica y consistente al sistema cooperativo. No obstante, también se entiende que ese proyecto, que en general se comparte, por su gran contenido y alcance insumirá un tiempo de estudio y discusión que probablemente no se concilie con la urgente necesidad de dar un marco jurídico mínimo a las cooperativas sociales.

El presente proyecto de ley presenta entonces, un tipo especial de cooperativas de trabajo. Como cooperativas de trabajo, pues, se deberán regular también por las leyes vigentes en la materia, es decir, las Leyes Nº 10.761, de 15 de agosto de 1946; Nº 17.794, de 22 de julio de 2004, y Nº 16.156, de 29 de octubre de 1990, relativa a la aprobación de los estatutos y obtención de personalidad jurídica.

La especialidad de esta clase de cooperativas está dada, sobre todo, por su objeto, que si bien es proporcionar un puesto de trabajo (como las cooperativas de trabajo en general), deben cumplir con la condición de apuntar a la inserción laboral de determinados sectores de la sociedad, o sea, los más desfavorecidos.

Además de tener que cumplir con lo aseverado en el párrafo precedente, deberá dar cumplimiento a ciertas condiciones que refuerzan las características esenciales de las cooperativas, tal cual son la preeminencia de las personas por sobre el capital y cualquier otro elemento, y su reconocido fin de servicio (en clara oposición al fin de lucro).

En tanto se entiende que las cooperativas sociales pueden constituir una importante herramienta para la integración social, el Estado debe promoverlas, razón por la cual se plantea un especial tratamiento tributario, lo que podrá ser complementado por otras medidas de apoyo en materia crediticia, de capacitación, de contratación con el propio Estado, etc.

Finalmente, por cuanto se entiende que el Estado debe ser muy celoso en que se cumplan efectivamente, tanto las condiciones exigidas para este especial tipo de cooperativas, como los fines para los que se constituyen, se le asigna una tarea de control directo del Ministerio de Desarrollo Social, a tales efectos.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ, MARINA ARISMENDI, JOSÉ E. DÍAZ, BELELA HERRERA, DANILO ASTORI, AZUCENA BERRUTTI, JORGE BROVETTO, VÍCTOR ROSSI, JORGE LEPRA, EDUARDO BONOMI, MARÍA J. MUÑOZ, JOSÉ MUJICA, HÉCTOR LESCANO, JAIME IGORRA.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Definición y objeto).- Las cooperativas sociales son aquellas cooperativas de trabajo que tienen por objeto proporcionar a sus miembros un puesto de trabajo para el desarrollo de distintas actividades económicas, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, con el fin de lograr la inserción social y laboral de los jefes y jefas de hogares pertenecientes a sectores con necesidades básicas insatisfechas, jóvenes, discapacitados, minorías étnicas y todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad social.

Artículo 2º. (Legislación aplicable).- Las cooperativas sociales se regirán por las disposiciones de la presente ley, y en lo previsto por las disposiciones de las Leyes Nº 10.761, de 15 de agosto de 1946; Nº 17.794, de 22 de julio de 2004; Nº 16.156, de 29 de octubre de 1990, y demás aplicables a las cooperativas de producción o trabajo asociado, y por los principios cooperativos con reconocimiento universal que estén integrados al derecho interno.

Ante cuestiones que no puedan resolverse por la legislación aplicable se deberá recurrir a las soluciones consagradas por los artículos 17 a 20 del Código Civil.

Artículo 3º. (Requisitos).- Para ser calificada como cooperativa social se deberán cumplir los siguientes requisitos:

A) Constará en el Estatuto que en los ejercicios económicos en que existan excedentes luego de cancelados todos los gastos de la cooperativa y las compensaciones que le correspondan a los miembros de la cooperativa, aquellos deberán destinarse a crear reservas o a la consolidación y mejora del servicio prestado y en ningún caso serán repartidos entre los socios.

B) También constará en el Estatuto el carácter gratuito del desempeño de todos los cargos de dirección, sin perjuicio de las compensaciones económicas procedentes de los gastos que puedan generarse por el cumplimiento de tales funciones.

C) Podrá preverse la actualización del valor de las aportaciones de los socios al capital social por cualquier índice objetivo, el que deberá establecerse en el Estatuto.

D) Las retribuciones de los socios trabajadores y de los trabajadores no socios no podrán superar el ciento cincuenta por ciento de las retribuciones que, en función de la actividad y categoría profesional, establezca el convenio colectivo aplicable del ramo o el que guarde mayor analogía.

El incumplimiento de cualesquiera de los anteriores requisitos determinará la pérdida de la calificación de cooperativa social.

Artículo 4º. (Socios).- Podrán ser socios las personas físicas mayores de edad, y las personas menores de edad o incapaces por medio de sus representantes legales, ya sean los padres, tutores o curadores.

Artículo 5º. (Control y registro).- Sin perjuicio del control de legalidad previo y de los demás controles pertinentes establecidos en la legislación vigente, las cooperativas sociales en forma previa a la inscripción de sus Estatutos en el Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio, deberán ser presentados al Ministerio de Desarrollo Social, con el fin de que éste verifique si la composición de la cooperativa se corresponde con lo establecido en el artículo 1º  y si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 3º  de esta ley. También este Ministerio tendrá facultades para controlar el cumplimiento de dichos requisitos durante el funcionamiento de la cooperativa, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 6º. (Fomento).- Se declara de interés general el fomento de las cooperativas sociales. Las mismas quedan exoneradas de todo tributo nacional. Asimismo, estarán exoneradas de todo aporte patronal a la Seguridad Social, incluido el correspondiente al aporte complementario al Seguro de Enfermedad.

Montevideo, 30 de diciembre de 2005.

MARINA ARISMENDI, JOSÉ E. DÍAZ, BELELA HERRERA, DANILO ASTORI, AZUCENA BERRUTTI, JORGE BROVETTO, VÍCTOR ROSSI, JORGE LEPRA, EDUARDO BONOMI, MARÍA J. MUÑOZ, JOSÉ MUJICA, HÉCTOR LESCANO, JAIME IGORRA".

Anexo I al
Rep.Nº 556

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión Especial sobre Marco Cooperativo

INFORME

Vuestra Comisión Especial sobre Marco Cooperativo remite al Cuerpo el proyecto de ley relativo a cooperativas sociales. El mismo fue analizado en forma intensa por esta Comisión con los aportes de todos los señores Legisladores, miembros de la misma, y aprobado finalmente por la unanimidad de sus integrantes.

El proyecto de ley original enviado por el Poder Ejecutivo, al fundamentarlo afirmaba que en los últimos años en el Uruguay, se asiste a una situación de exclusión económica y social de vastos sectores de la población.

El desempleo, así como el subempleo abrieron una brecha que rompe la estructura social (individual y de grupo). Estar sin trabajo y no tener perspectivas ciertas e inmediatas de conseguirlo, es una agresión contra la dignidad humana e instala la desesperanza entre los desocupados.

En este contexto, la propuesta a consideración del Cuerpo consiste en otorgar un marco normativo a un tipo de desarrollo económico que persigue la inclusión social de los sectores excluidos.

Al mismo tiempo, el modelo cooperativo constituye un espacio de ejercicio de prácticas de democracia plural, participativa y solidaria.

Es de destacar la exitosa experiencia internacional especialmente en España e Italia. El Parlamento italiano aprobó en 1991 una ley que reglamentaba la existencia de esta clase de cooperativas, las cuales en 1999 eran del orden de los seis mil doscientos, incluyendo personas en situación de riesgo social y sectores de población en condición de rehabilitación (toxicómanos, discapacitados, etc.).

La Comisión recibió a la Ministra de Desarrollo Social Maestra Marina Arismendi y a los Directores de Desarrollo Social, Asistente Social Mariela Mazzotti, y de Políticas Sociales Sociólogo Christian Mirza, los cuales expusieron respecto a la importancia que el proyecto a consideración representa para la construcción de las rutas de salida del Plan de Emergencia.

En este sentido, informaron que en diciembre culminó la primera edición de Trabajo por Uruguay, con la presentación de cientos setenta y dos propuestas por parte de personas y de grupos de personas que compartieron la experiencia de trabajo, formaron equipos, aprendieron y al mismo tiempo fortalecieron sus conocimientos.

A esto hay que agregarle el aprendizaje que hicieron en esos cuatro meses y los contactos que se generaron. La experiencia incluyó grupos vinculados a jardinería, mantenimiento de espacios verdes, reparación de veredas y equipos multioficios para pequeños arreglos domiciliarios.

La mayoría de los participantes son del sexo femenino y estas experiencias de trabajo no tradicional, en el caso de las mujeres, son bienvenidas en los hogares. Estas personas han tenido esta iniciativa por la fuerza y la energía que les dio participar en el programa.

Finalizadas estas experiencias con el apoyo de la Unidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), de la Intendencia Municipal de Montevideo y el equipo del Ministerio de Desarrollo Social, se están haciendo los estudios de viabilidad económica y social, que implican saber cuánto pueden sostener estas experiencias las personas y los grupos, pero también es imprescindible disponer de un marco legal que las identifique como pequeños emprendimientos, y en ese sentido el espíritu de las cooperativas sociales es muy coherente para ellos.

Es de destacar además, la presencia en la Comisión de los representantes de Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP), los cuales ilustraron sobre la propuesta, dado que la misma está incluida en el proyecto de ley General de Cooperativas, que fue presentado por esta organización ante el Parlamento y que se encuentra a consideración del mismo.

La Comisión se preocupó especialmente por asegurar la existencia de una base técnica que apoye la gestión y hagan sostenible en el tiempo, estas cooperativas sociales.

A los efectos se recibió un informe escrito de la Comisión Honoraria de Cooperativismo que funciona en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la cual comunicó la existencia de un convenio marco entre esta Comisión y el Ministerio de Desarrollo Social cuyo objeto es precisamente la promoción, formación y organización de cooperativas, así como su capacitación y seguimiento.

Este convenio esta precedido por otro firmado el día 29 de diciembre del año 2005 con la Universidad de la República y la OPP, donde las mismas se comprometen a brindar todo el apoyo a estas tareas, a través de la Comisión Honoraria del Cooperativismo.

El artículo 6º del proyecto a consideración, recoge esta voluntad de la Comisión para asegurar la viabilidad de los emprendimientos antes mencionados.

En el artículo 7º del proyecto de ley a consideración, se establece además un especial tratamiento tributario para estas cooperativas sociales que consiste en la exoneración de todo tributo nacional, así como de todo aporte patronal a la seguridad social incluido el correspondiente al aporte complementario al Seguro de Enfermedad.

Por último, la Comisión incorporó al proyecto original del Poder Ejecutivo los artículos 8º, 9º y 10 que introducen al Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, una serie de modificaciones para permitirle al Estado la posibilidad de adquirir bienes, o contratar servicios cuya producción o suministro esté a cargo de una cooperativa social, debidamente acreditada ante el Ministerio de Desarrollo Social y hasta el monto establecido para la licitación abreviada.

En este sentido, es compromiso de la Comisión, evaluar el desarrollo de estas disposiciones a la hora de considerar el proyecto de ley General de Cooperativas, de forma de considerar la necesidad de su mantenimiento.

Sala de la Comisión, 6 de abril de 2006

EDUARDO BRENTA, Miembro Informante, BERTIL BENTOS, DANIEL BIANCHI, JOSÉ LUIS BLASINA, JUAN JOSÉ BRUNO, ÁLVARO DELGADO, GONZALO MUJICA, JORGE PATRONE, MÓNICA TRAVIESO.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Definición y objeto).- Las cooperativas sociales son aquellas cooperativas de trabajo que tienen por objeto proporcionar a sus miembros un puesto de trabajo para el desarrollo de distintas actividades económicas, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, con el fin de lograr la inserción social y laboral de los jefes y jefas de hogares pertenecientes a sectores con necesidades básicas insatisfechas, jóvenes, discapacitados, minorías étnicas y todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad social.

Artículo 2º. (Legislación aplicable).- Las cooperativas sociales se regirán por las disposiciones de la presente ley, y en lo previsto por las disposiciones de las Leyes Nº 10.761, de 15 de agosto de 1946; Nº 17.794, de 22 de julio de 2004; Nº 16.156, de 29 de octubre de 1990, y demás aplicables a las cooperativas de producción o trabajo asociado, y por los principios cooperativos con reconocimiento universal que estén integrados al derecho interno.

Ante cuestiones que no puedan resolverse por la legislación aplicable se deberá recurrir a las soluciones consagradas por los artículos 17 a 20 del Código Civil.

Artículo 3º. (Requisitos).- Para ser calificada como cooperativa social se deberán cumplir los siguientes requisitos:

A) Constará en el Estatuto que en los ejercicios económicos en que existan excedentes luego de cancelados todos los gastos de la cooperativa y las restituciones que le correspondan a los miembros de la cooperativa, aquellos deberán destinarse a crear reservas o a la consolidación y mejora del servicio prestado y en ningún caso serán repartidos entre los socios.

B) También constará en el Estatuto el carácter gratuito del desempeño de todos los cargos de dirección, sin perjuicio de la restitución de gastos que puedan generarse por el cumplimiento de tales funciones.

C) Podrá preverse la actualización del valor de las aportaciones de los socios al capital social por cualquier índice objetivo, el que deberá establecerse en el Estatuto.

D) Las retribuciones de los socios trabajadores y de los trabajadores no socios no podrán superar las retribuciones que, en función de la actividad y categoría profesional, establezca el convenio colectivo aplicable del ramo o el que guarde mayor analogía.

El incumplimiento de los requisitos establecidos en los literales A) y B), impedirá la calificación de cooperativas sociales, y la inobservancia de los mismos, así como el incumplimiento del requisito establecido en el literal D), determinará la pérdida de tal calificación, debiendo acceder a otra modalidad a los efectos de mantener la condición de cooperativa.

Artículo 4º. (Socios).- Podrán ser socios las personas físicas mayores de edad, y las personas menores de edad o incapaces por medio de sus representantes legales, ya sean los padres, tutores o curadores, no requiriéndose en ningún caso autorización judicial.

La administración y representación de la cooperativa deberá ser ejercida por los socios mayores de edad. En el caso en que la cantidad de miembros mayores no sea suficiente para cubrir los cargos de administradores, o que todos los miembros de la cooperativa sean menores de edad o incapaces, podrán éstos ser designados para ejercer la administración y la representación de la cooperativa, en cuyo caso lo realizarán por medio de sus representantes legales.

Artículo 5º. (Control y registro).- Sin perjuicio del control de legalidad previo y de los demás controles pertinentes establecidos en la legislación vigente, las cooperativas sociales en forma previa a la inscripción de sus estatutos en el Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio, deberán ser presentadas al Ministerio de Desarrollo Social, con el fin de que éste verifique si la composición de la cooperativa se corresponde con lo establecido en el artículo 1º y si se cumplen los requisitos previstos en los artículos 3º y 4º de esta ley.

A tales efectos el Ministerio de Desarrollo Social dispondrá de un plazo de treinta días para expedirse.

También este Ministerio tendrá facultades para controlar el cumplimiento de dichos requisitos durante el funcionamiento de la cooperativa, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 6º. (Formación para la gestión).- Todos los miembros de la cooperativa social recibirán la capacitación en los postulados y principios cooperativos y en los diversos aspectos específicos del rubro en que se desarrolle la actividad productiva, así como la asistencia técnica para la gestión que garantice la viabilidad socioeconómica de los proyectos y que los mismos sean sostenibles.

Artículo 7º. (Fomento).- Se declara de interés general el fomento de las cooperativas sociales. Las mismas quedan exoneradas de todo tributo nacional. Asimismo, estarán exoneradas de todo aporte patronal a la Seguridad Social, incluido el correspondiente al aporte complementario al Seguro de Enfermedad.

Artículo 8º.- Incorpórase al numeral 3) del artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) el siguiente literal:

"S) Para adquirir bienes o contratar servicios cuya producción o suministro esté a cargo de una cooperativa social, debidamente acreditada ante el Ministerio de Desarrollo Social, hasta el monto establecido para la licitación abreviada".

Artículo 9º.- A los efectos del numeral 4) del artículo 43 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), se considerará a las cooperativas sociales que cumplen con los requisitos establecidos en la presente ley, como empresas con solvencia y responsabilidad demostradas.

Artículo 10.- El Ministerio de Desarrollo Social comunicará a los ordenadores de gastos mencionados en el artículo 27, literales A), C), D), E), F) y G), y en el artículo 28, literal A), del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), la nómina de cooperativas sociales presentadas ante el mismo de conformidad con el artículo 3º de esta ley, así como el giro de sus actividades a los efectos de lo establecido en el artículo 48 del TOCAF, así como en otras normas de finalidad similar.

Sala de la Comisión, 6 de abril de 2006

EDUARDO BRENTA, Miembro Informante, BERTIL BENTOS, DANIEL BIANCHI, JOSÉ LUIS BLASINA, JUAN JOSÉ BRUNO, ÁLVARO DELGADO, GONZALO MUJICA, JORGE PATRONE, MÓNICA TRAVIESO".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Brenta.

SEÑOR BRENTA.- Señor Presidente: hemos hecho un acuerdo a nivel de la Comisión y posteriormente de la coordinación a los efectos de dar un rápido tratamiento a este tema, que consiste en el análisis de un proyecto que en este momento está siendo repartido y que sustituye el texto original que envió el Poder Ejecutivo.

El proyecto de ley relativo a cooperativas sociales ha sido intensamente debatido en la Comisión por todos los señores legisladores miembros y fue aprobado por unanimidad. Desde nuestro punto de vista, y en la medida en que ejercemos la Presidencia de la Comisión, consideramos destacable el hecho de que, a lo largo del debate -que comenzó el primer día de sesiones de este Período-, recibimos aportes de todos los miembros para mejorar la propuesta del Poder Ejecutivo.

Todos sabemos y coincidimos en que existe en el Uruguay una situación social grave, originada básicamente en el desempleo y en la exclusión social que vive buena parte de nuestra población, que ha abierto una brecha significativa y ha afectado sustancialmente la estructura social de nuestro país. Estar sin trabajo y no tener perspectivas ciertas e inmediatas de conseguirlo es, sin duda, una agresión contra la dignidad humana e instala la desesperanza en muchos uruguayos. Es por esta razón que hemos trabajado en la consideración de este proyecto que, básicamente, consiste en generar un marco jurídico para dar forma a un conjunto de proyectos que persiguen la inclusión de sectores de la sociedad excluidos, fundamentalmente a partir de la experiencia desarrollada en el marco del Programa Trabajo por Uruguay.

Es cierto que esta forma jurídica tiene antecedentes a nivel internacional. Concretamente, en España e Italia ha tenido un fuerte desarrollo, a punto tal que en el año 1999 existían en Italia más de 6.200 cooperativas de estas características. Esto permitió la inserción social de ciudadanos en situación de riesgo social y sectores de población en condiciones de ser rehabilitados, fundamentalmente sectores de discapacitados y de ciudadanos que portaban adicciones de diverso tipo.

La Comisión -en este proceso en el que, como decíamos, trabajó con intensidad- recibió a la señora Ministra de Desarrollo Social, maestra Marina Arismendi, y a los señores Directores de Desarrollo Social y de Políticas Sociales de dicho Ministerio, los cuales nos informaron que una vez culminada la primera edición del Programa Trabajo por Uruguay se presentaron más de 172 propuestas por parte de personas y de grupos de personas que compartieron esta experiencia de trabajo, que formaron equipos, aprendieron al mismo tiempo y fortalecieron sus conocimientos en diversos oficios. Es bueno saber que estas experiencias básicamente incluyen grupos vinculados a trabajos en jardinería, mantenimiento de espacios verdes, reparación de veredas y equipos multioficios para pequeños arreglos domiciliarios. La mayoría de los participantes de estas experiencias son mujeres, y esto genera un impacto mayor en estos hogares de los que en tantos casos estas mujeres son jefas.

Estas personas han tenido, en muchos casos, la iniciativa de generar propuestas, y de esto surge la necesidad de dotarlas de un marco jurídico que permita su desarrollo. Es de destacar también que la Unidad de Pequeñas y Medianas Empresas de la Intendencia Municipal de Montevideo y el equipo del Ministerio de Desarrollo Social en este momento están trabajando en los estudios de viabilidad económica y social de estas propuestas, que implican considerar cuánto se pueden sostener en el tiempo y qué sustentabilidad tienen.

Es bueno saber también que en esto ha tenido un papel significativo la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, que no solamente participó de la Comisión y realizó su aporte, sino que, además, incluyó un capítulo destinado a las cooperativas sociales en el marco de la propuesta de ley general de cooperativas que dio origen a la Comisión y que está siendo analizada en su seno.

Desde este punto de vista, la Comisión se preocupó en forma muy especial de asegurar -a propuesta de varios señores legisladores- que quienes desarrollen estas experiencias dispongan de la capacitación necesaria para llevarlas adelante. En ese sentido, recibimos un informe escrito de la Comisión Honoraria del Cooperativismo, que funciona en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que nos puso en conocimiento de la existencia de un convenio marco entre esta Comisión y el Ministerio de Desarrollo Social, cuyo objeto es, precisamente, la promoción, formación y organización de cooperativas, así como su capacitación y seguimiento. Este convenio está precedido por otro, firmado el 29 de diciembre del año pasado, en el cual la Comisión Honoraria del Cooperativismo estableció un acuerdo con la Universidad de la República y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el que ambas se comprometen a brindar todo el apoyo a estas tareas a través de dicha Comisión.

Queremos destacar muy brevemente -porque nos interesa que este proyecto sea aprobado en el día de hoy- que la Comisión incluyó en el artículo 6º, con el acuerdo de todos los legisladores, una redacción que recoge la voluntad de sus integrantes en el sentido de asegurar la viabilidad de estos emprendimientos a través de la capacitación y formación de quienes en ellos participen.

En el artículo 7º recogió también una serie de consideraciones que dan una amplia exoneración tributaria al conjunto de estas cooperativas, liberándolas de todo tributo nacional, incluidos todos los aportes a la seguridad social, al punto de considerar también entre ellos el aporte complementario al seguro de enfermedad.

En última instancia, la Comisión aprobó la inclusión de tres artículos que, en síntesis, introducen modificaciones al Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, a efectos de facultar al Estado para la adquisición de bienes o contratación de servicios cuya producción y suministros esté a cargo de cooperativas sociales debidamente acreditadas ante el Ministerio de Desarrollo Social y hasta el monto establecido para la licitación abreviada.

Finalmente, queremos destacar el aporte realizado por los legisladores de todos los partidos a estas tareas, la disposición de la señora Ministra de Desarrollo Social, en el sentido de aportar y colaborar en la redacción final del proyecto, y la voluntad de todos los partidos políticos de llevarlo adelante.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado Delgado.

SEÑOR DELGADO.- Señor Presidente: vamos a acompañar este proyecto de ley, tal como lo hicimos en Comisión. Firmamos el informe por unanimidad, entre otras cosas porque este es uno de los proyectos que el Partido Nacional había reclamado. Cuando se votó el Plan de Emergencia Social, el Partido Nacional dio sus votos, pero uno de los temores era qué pasaría con el día después. Aquí no vamos a hacer un balance ni una consideración especial sobre el Plan de Emergencia Social, acerca de su eficacia, su eficiencia o su impacto -lo que seguramente haremos en otro momento-, pero queremos decir que en aquel momento, cuando se votó en la Cámara, estábamos muy preocupados por el perfil básicamente asistencialista que tenía. Particularmente nos preocupaba, como ya dije, lo que pasaría el día después, cuando todos los beneficiarios del Ingreso Ciudadano dejaran de recibirlo. Desde aquel momento estamos reclamando la generación de caminos alternativos de salida para la generación de empleo o autoempleo que permitan dar sustentabilidad a una actividad genuina de trabajo para el mantenimiento de esas familias que hoy están bajo la cobertura del Plan de Emergencia.

Los beneficiarios de estas cooperativas sociales, que no son más que cooperativas de trabajo con un marco jurídico especial, serán fundamentalmente los beneficiarios del Plan de Emergencia, pero no los únicos. Se trata de un instrumento que propone el Poder Ejecutivo, que nosotros celebramos y esperamos no sea el único.

En la Comisión -quiero dejar constancia de ello- hubo voluntad de aceptar aportes de los partidos políticos de la oposición. Durante el tratamiento del proyecto hubo instancias en las que se introdujeron modificaciones que terminaron siendo aceptadas por la mayoría, las que no solo enriquecen el proyecto, sino que permiten que tenga el consenso que hoy tiene, lo que queda demostrado en el informe, que viene firmado por todos los partidos políticos.

Con este proyecto damos un marco jurídico a un instrumento nuevo como son las cooperativas sociales, que -reitero- no son más que cooperativas de trabajo con un fin muy específico y acotado: la generación de autoempleo para las personas que están fuera del mercado de trabajo, que sufren exclusión social y que deben ser incluidas en el mercado formal de trabajo. Creemos que este es un instrumento válido e ingenioso que, además, se está utilizando con éxito en varios países.

Queremos destacar que los cargos de dirección de las cooperativas sociales serán gratuitos; no habrá reparto de utilidades y todas aquellas retribuciones de los socios trabajadores o de los trabajadores no podrán superar el laudo establecido en los Consejos de Salarios para ese rubro de actividad. Creemos que el hecho de que las retribuciones no estén por encima de otras, sino que se emparejen a los laudos establecidos en los Consejos de Salarios, es una señal muy importante.

Además, se crea un registro en el Ministerio de Desarrollo Social. Cada cooperativa tendrá sus estatutos, que deberá presentar ante el registro del Ministerio; en este sentido, estamos pidiendo colaboración de las autoridades para la capacitación en la elaboración de los estatutos a fin de crear cooperativas sociales.

Una de las modificaciones que propuso el Partido Nacional y que fue aceptada en Comisión fue la de establecer un plazo al Ministerio de Desarrollo Social para el estudio de esos proyectos de cooperativa que se presentan para su aprobación.

Por este proyecto de ley se exonera a las cooperativas sociales del pago de todos los tributos nacionales, del complemento de cuota mutual y de los aportes patronales. Creo que esto es necesario, es bueno, pues había que dar un estímulo, y es una señal importante para que las cooperativas comiencen su funcionamiento con un impulso y una protección adecuados. De lo contrario, habría sido muy difícil que ese instrumento funcionara en la práctica.

Con el resto de los señores Diputados del Partido Nacional propusimos algunas otras modificaciones. En primer lugar, nos preocupaban mucho los controles legales. Dado que este instrumento otorgaba una cantidad de beneficios y exoneraciones, teníamos mucho temor de que empezara funcionando como cooperativa social y luego se terminara desvirtuando, por esta vía de los beneficios que la sociedad le da, transformándose en otro tipo de cooperativa, con otro fin. Entonces, fuimos muy explícitos al establecer que tanto el Ministerio de Desarrollo Social como la Auditoría Interna de la Nación -que por ley tiene el control del sistema cooperativo- deben hacer un control estricto y un seguimiento permanente durante toda la ejecución de las cooperativas para comprobar si cumplen con los fines para los que se presentaron en el registro del Ministerio.

En segundo lugar, insistimos en un tema que nos parece fundamental: el de la capacitación y difusión. Hay que difundir que este instrumento va a ser ley y va a estar habilitado para todos aquellos uruguayos que quieran presentarse en un régimen cooperativo que se pueda enmarcar en lo que son las cooperativas sociales.

Por otra parte, está todo lo que tiene que ver con la capacitación en gestión. Este quizás sea uno de los talones de Aquiles de este tipo de emprendimientos con personas que están fuera del mercado de trabajo -a veces sin contar siquiera con hábitos de trabajo-, a las que se las incluye en estos proyectos y a las que es pertinente darles los instrumentos y los respaldos necesarios para que el proyecto tenga sustentabilidad en gestión cooperativa y empresarial, porque es eso: una microempresa.

También insistimos mucho en los convenios con varias instituciones, fundamentalmente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que cuenta con la Dirección Nacional de Empleo, unidad ejecutora que rige todas las políticas activas de empleo. Creemos importante que a través de la DINAE y de la JUNAE el Ministerio se involucre en forma directa -debemos reconocer que no hubo mucha voluntad de parte de sus autoridades- en lo que tiene que ver con la elaboración de políticas de empleo, en la ejecución y en la capacitación de los beneficiarios del proyecto que se aprobará en la Cámara en la noche de hoy.

Por último, se incluyó por parte de algún legislador del oficialismo la posibilidad de que este tipo de cooperativa social se presente a compras directas que el Estado realice sin licitación y como excepción al artículo 33 del TOCAF. Compartimos que es necesario, que es imprescindible y hasta lógico dar un instrumento inicial, de arranque, de protección a este tipo de cooperativas para que empiecen a funcionar. Me refiero a lanzarles un estribo para ayudarlas a funcionar. En la Comisión se estableció que por los montos estipulados en las licitaciones abreviadas se pueden hacer compras directas a cooperativas sociales por parte del Estado. Esto está previsto en el agregado al artículo 33 del TOCAF.

Reitero que nosotros tenemos dudas en acompañar estos artículos que se incluyeron a último momento en el proyecto de ley.

Uruguay tiene un gran componente de micro y pequeñas empresas. Vamos a dar algunas cifras. La cantidad de pymes en el Uruguay es de 165.000, y representan el 95% del total de empresas del Uruguay. Contribuyen al PBI en un 60% y trabaja en ellas el 57% de los trabajadores privados.

Si bien es un instrumento y un estribo necesario, puede llegar a ser peligroso. No es cuestión de vestir un santo y desvestir a otro. Hay acá micro y pequeños emprendimientos empresariales que aportan a la previsión social y a la Dirección General Impositiva, y es bueno que no se sientan en una "competencia desleal" -entre comillas- por este tipo de cooperativas sociales. Por eso solicitamos y adquirimos el compromiso de todos los integrantes de la Comisión, de todos los partidos políticos, de hacer una evaluación del impacto que haya tenido en el funcionamiento y en la competencia con las microempresas, cuando se discuta en la Comisión y en la Cámara el proyecto de ley de marco general cooperativo que está a estudio de la Comisión Especial respectiva.

También hicimos hincapié en la importancia de que esto pueda estar en todos los barrios de Montevideo con igualdad de oportunidades, pero también en todos los departamentos del interior. El Partido Nacional insistió mucho en los convenios que el Ministerio de Desarrollo Social debe firmar con el Congreso de Intendentes y con cada una de las Intendencias. Quiero dejarlo claro, porque fue por boca de la señora Ministra que obtuvimos el compromiso de que la difusión y el fomento de este tipo de cooperativas sociales se va a instrumentar en el interior con el concurso, la ayuda y la colaboración de las Intendencias Municipales.

Por eso, señor Presidente, creemos que es un instrumento válido y una de las cosas que el Partido Nacional estaba reclamando como ruta de salida para el día después de que se acabe el Programa de Ingreso Ciudadano. Creemos que en este caso es constructivo dar el voto favorable para que este instrumento salga adelante, y vamos a tener tiempo de evaluarlo cuando se trate el proyecto de ley de marco cooperativo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado Bentos.

SEÑOR BENTOS.- Señor Presidente: en nuestra calidad de integrantes de la Comisión Especial sobre Marco Cooperativo, en la que recayó la responsabilidad de pronunciarse sobre el proyecto de ley de cooperativas sociales proveniente del Poder Ejecutivo, voy a permitirme realizar alguna breve consideración.

Si bien durante el tratamiento del proyecto en Comisión consideramos que en el literal B) del artículo 3º debería modificarse la expresión "carácter gratuito" por la de "carácter honorario", igualmente consideramos que no era un cambio sustancial, ya que no revestía trascendencia jurídica, lo que compartimos unánimemente con los demás integrantes de la Comisión. También compartimos unánimemente la necesidad de sustituir la expresión "compensaciones" por la de "restitución", que parecía más correcta, atento a la naturaleza de mera devolución de los gastos en que incurría el directivo y a que esta partida no tiene carácter compensatorio en ningún caso. Similar variación de términos se introdujo en la redacción del literal A) de este artículo.

Consideramos que un aporte sustancial para el mejoramiento de este proyecto de ley ha sido lo que incluimos en el artículo 4º, que trata de los socios. En el proyecto original del Poder Ejecutivo se establecía que podían ser socios de estas cooperativas los mayores de edad y los menores o incapaces por medio de sus representantes legales, sean padres, tutores o curadores. A nuestro entender, la norma proyectada era muy interesante, pero requería alguna adición, a saber: debía establecerse que los padres, tutores o curadores no requerían venia judicial para el ingreso de sus representados a estas cooperativas, de acuerdo con el segundo inciso del artículo 44 de la Ley Nº 16.060, ya que de otro modo podía surgir la duda.

También había que determinar en qué forma se ejercería la administración de la cooperativa en el caso de que todos los socios fueran incapaces o menores de edad. Además, cabía la exigencia de garantías estatutarias para enajenar bienes cuando hay socios incapaces. De ahí la ampliación del texto de este artículo 4º, que contempla los puntos que hemos descrito y que quedó redactado en estos términos: "La administración y representación de la cooperativa deberá ser ejercida por los socios mayores de edad. En el caso en que la cantidad de miembros mayores no sea suficiente para cubrir los cargos de administradores, o que todos los miembros de la cooperativa sean menores de edad o incapaces, podrán estos ser designados para ejercer la administración y la representación de la cooperativa, en cuyo caso lo realizarán por medio de sus representantes legales".

Concretamente, era lo que pretendíamos referir sobre este proyecto de ley que hoy estamos aprobando. Pero antes de finalizar, deseo destacar el excelente nivel que adquirió en toda su extensión el tratamiento de este proyecto en la Comisión Especial que, felizmente, integro. Asimismo, se me hace un deber expresar mi agradecimiento a todos los compañeros legisladores que la componen por la posibilidad de participar de aquellas modificaciones al texto original y por permitirnos realizar aportes, como lo hemos expresado en esta participación.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BENTOS.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señor Presidente: vamos a votar este proyecto de ley, como lo han anunciado nuestros compañeros de bancada, porque consideramos que es un buen instrumento, más allá de que personalmente, y al igual que muchos de los integrantes del Cuerpo, no hemos tenido la oportunidad de hacer un análisis exhaustivo del mismo en virtud de que hay premura para su aprobación, a la que tampoco nos vamos a oponer.

Sin perjuicio de ello, queremos dejar una constancia en el sentido de que, por lo que aquí se ha dicho -es evidente que eso es así-, esta iniciativa se vincula con el Plan de Emergencia Social, con la realidad que desde el punto de vista de la marginalidad, la pobreza y la exclusión enfrenta nuestro país en la actualidad, y en particular con la iniciativa, el programa, el plan o el proyecto de rutas de salida. Este, sin duda, es un componente posterior pero esencial con relación al Plan de Emergencia porque tiene que ver ni más ni menos -como decía muy bien el señor Diputado Delgado- con la etapa posterior, y, por lo tanto, con la culminación de esa iniciativa con respecto a la cual el Partido Nacional ha tenido una actitud de apoyo crítico desde el momento en que, cuando se votó en esta Cámara el proyecto de ley que habilita la implementación del Plan de Emergencia, nuestra colectividad prestó sus votos, dejando determinadas salvedades que la idea del Gobierno le merecía y le merece en esta materia.

En el ámbito de la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social a nosotros se nos incrementa una duda con respecto a este tema de las rutas de salida, que trasladamos al momento de aprobar este proyecto de ley. Queremos saber cuánta es la relación de este proyecto, en la idea de la señora Ministra de Desarrollo Social, con las rutas de salida, es decir, si esto es todo o es parte. Queremos conocer la idea de conjunto con relación a ese componente o a esa instancia respecto de la cual hasta ahora lo único que se conoce es el nombre, pero no los contenidos. Capaz que este es el primer contenido, la primera idea o el primer viso de sustancia con relación al tema de las rutas de salida, a propósito de lo cual el Parlamento tiene noticia en la noche o en la tarde de hoy, con la premura con que estamos aprobando este proyecto de ley.

Hemos cursado pedidos de informes al Ministerio de Desarrollo Social, que hasta ahora no han sido contestados. La Comisión ha aprobado ya, a instancias del Partido Nacional, la comparecencia de la señora Ministra Arismendi -que esperamos por cierto con mucha ansiedad- para hablar de todas estas cosas, entre otras razones porque desde las propias esferas del Gobierno y de la Cartera de Desarrollo Social se ha venido alimentando, sin duda, una enorme curiosidad con relación a cómo es esa etapa posterior, ese día después o cuál es la idea que el Gobierno tiene de las rutas de salida.

El señor Ministro Bonomi, como integrante del Gabinete social, en el mes de octubre informó en la Comisión que, por encargo del señor Presidente de la República, se estaba elaborando un documento o avanzando en una idea relacionada con distintas alternativas para las salidas al Plan de Emergencia. Posteriormente, en la misma Comisión de Desarrollo Social, la señora Subsecretaria de Desarrollo Social confirmó el anuncio del señor Ministro, pero nada adelantó con relación a los contenidos o las verdaderas vías de salida que en todo caso se están elaborando. Reitero: hoy conocemos una, la primera. Queremos saber si esta es la que totaliza la idea o, en todo caso, es una idea entre otras que se están manejando.

La memoria del Ministerio de Desarrollo Social del 1º de marzo -que la tenemos en nuestro poder- también habla de un documento llamado "Rutas de Salida", que le fuera elevado al señor Presidente de la República por el Gabinete social. Nada dice con relación a cuáles son sus contenidos, su sustrato, su idea, su sustancia.

Hoy irrumpe en el ámbito de la Cámara de Representantes, a partir de un acuerdo político -que por cierto es legítimo y como tal lo respetamos y respaldamos lo actuado por nuestros compañeros- que apunta a aprobar este instrumento, buen instrumento por lo que acaban de informar nuestros colegas, y como tal lo vamos a acompañar. Ahora bien: quiero decir con toda claridad que esperamos con enorme expectativa la presencia de la señora Ministra para que nos diga si esto es solo el comienzo o en todo caso es el comienzo y el final del proyecto o programa de las rutas de salida. Queremos que nos diga, en todo caso, lo que la memoria del 1º de marzo no dice con relación a cuáles son las líneas de acción que el Gobierno piensa implementar para sacar definitivamente de la indigencia y de la marginalidad a aquellos compatriotas que han estado recibiendo los beneficios del Plan de Emergencia y que, en función de su terminación, verán interrumpida la continuidad de esos beneficios.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Creo que estas interrogantes no solo no se despejan por el hecho de la aprobación de este proyecto, sino que inclusive se agudizan e incrementan desde el punto de vista de la viabilidad final o resultado del plan, en el cual el país ha hecho un esfuerzo enorme, de más de US$ 200:000.000. Se hace, por lo tanto, indispensable que el Poder Ejecutivo arroje luz con relación a cuál es su política y su idea, y si la misma empieza y termina en esto.

En cuanto a este proyecto específico de las cooperativas sociales, interesa saber cómo se van a instrumentar y qué es, entonces, lo que el país, la sociedad, los beneficiarios del plan y todos los uruguayos -que tan preocupados estamos por los problemas de la pobreza, la indigencia y la marginalidad- podemos esperar de esta iniciativa que se está aprobando con este sentido raudo de legislar, que no nos gusta demasiado, aunque estamos dispuestos a acompañarla en la noche de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede continuar el señor Diputado Bentos.

SEÑOR BENTOS.- ¿Qué tiempo me resta, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene diecinueve minutos, pero faltan seis minutos para levantar la sesión.

SEÑOR BENTOS.- He finalizado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Habiéndose agotado la lista de oradores, si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

SEÑOR BLASINA.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BLASINA.- En función del consenso que ha reunido este proyecto, planteamos que se suprima la lectura y se voten en bloque los diez artículos que contiene.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- En discusión los artículos 1º a 10.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR BENTANCOR.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho en sesenta y tres: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

21.-     Levantamiento de la sesión.

SEÑOR LORENZO.- ¿Me permite, señor Presidente?

Mociono para que se levante la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

Se levanta la sesión.

(Es la hora 19 y 56)

Dr. JULIO CARDOZO FERREIRA

PRESIDENTE

 

Dr. José Pedro Montero

Secretario Relator
Dr. Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.