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Nº 81 - TOMO 431 - 4 DE ABRIL DE 2006

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

6ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Y EL SENADOR DOCTOR EBER DA ROSA Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LA PROSECRETARIA ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedido de informes

- El señor Senador Lapaz solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a ANCAP, referido a una publicidad de dicho Ente en un velero en Punta del Este.

- Oportunamente fue tramitado.

5) Inasistencias

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

6, 8 y 17) Solicitudes de licencia

- Las solicitan los señores Senadores Korzeniak, Ríos, Fernández Huidobro, Antía y Dalmás.

- Concedidas.

7) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento. Las presentan los señores Lev y Gaggero.

9) Apagón analógico

- Manifestaciones del señor Senador Abreu.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, a ANTEL y a la URSEC.

10) Problemática de niños y jóvenes del Paraje San Diego del Pueblo Soto y la Mina

- Manifestaciones del señor Senador Penadés.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al CODICEN, a los Consejos Desconcentrados de la ANEP, a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Cerro Largo y a la Junta Local Autónoma de Río Branco.

11) 11ª Expo Activa de Soriano

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Asociación Rural de Soriano y a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Soriano.

12) Irma Gentile. Su deceso

- Manifestaciones de la señora Senadora Xavier.

- Por moción de la propia señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a sus sobrinas y sobrinas nietas, a la Sociedad de Pediatría del Uruguay, al Sindicato Médico del Uruguay y a la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Medicina.

13) Cabina telefónica de Pueblo Risso

- Manifestaciones del señor Senador Heber.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Directorio de ANTEL.

14) Eleccion de Miembros de la Comision Permanente del Poder Legislativo. Postergación

- Por moción del señor Senador Baráibar, se posterga la consideración de este tema hasta la sesión del día de mañana.

15) Eleccion de Miembros de la Comision Administrativa del Poder Legislativo

- El Senado resuelve elegir a la señora Senadora Percovich y a los señores Senadores Amaro y Lapaz.

16) Solicitud de Acuerdo del Poder Ejecutivo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Estado Vaticano al señor Mario Cayota

- Concedida.

18) Fortificación de alimentos

- Proyecto de ley por el que se establece la prevención de enfermedades -espina bífida- anencefalia. Productos alimenticios.

- En consideración. Manifestaciones de la señora Senadora Xavier. Intervención de varios señores Senadores.

- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

19) Segundo Protocolo de la Convención para la Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, suscrito en La Haya el 26 de marzo de 1999

- Proyecto de ley por el que se establecen normas relativas a la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado.

- En consideración.

- Manifestaciones del señor Senador Korzeniak.

- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

20) Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, suscrito en Nueva York, el 30 de junio de 2004, reiterando el remitido en fecha 4 de agosto de 2004

- Proyecto de ley por el que se aprueba.

- En consideración.

- Manifestaciones del Miembro Informante, señor Senador Abreu.

- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

21) Primer Protocolo Adicional sobre Solución de Controversias del Acuerdo de Complementación Económica Nº 59, suscrito en Montevideo, el 18 de octubre de 2004

- Proyecto de ley por el que se aprueba.

- En consideración.

- Manifestaciones del Miembro Informante, señor Senador Abreu.

- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

22) Edición de las obras del Doctor Arturo Ardao.

- Manifestaciones del señor Senador Cid.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve dar cumplimiento a lo oportunamente aprobado en sesión del 8 de octubre de 2002.

23) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

 "Montevideo, 31 de marzo de 2006.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 4 de abril, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de Miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (Artículo 127 de la Constitución de la República).

2º) Elección de Miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

3º) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Estado Vaticano al señor Mario Cayota.

Carp. Nº 465/06 - Rep. Nº 205/06

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

4º) por el que se establecen disposiciones para la prevención de malformaciones del tubo neural.

Carp. Nº 120/05 - Rep. Nº 206/06

5º) por el que se aprueba el Segundo Protocolo de la Convención para la Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto armado, suscrito en La Haya, el 26 de marzo de 1999.

Carp. Nº 444/06 - Rep. Nº 201/06

6º) por el que se aprueba el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, suscrito en Nueva York, el 30 de junio de 2004.

Carp. Nº 312/05 - Rep. Nº 203/06

7º) por el que se aprueba el Primer Protocolo Adicional sobre Solución de Controversias del Acuerdo de Complementación Económica Nº 59, suscrito en Montevideo, el 18 de octubre de 2004.

Carp. Nº 311/05 - Rep. Nº 204/06

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abdala, Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Baráibar, Breccia, Cid, Couriel, Dalmás, Gallinal, Heber, Iturralde, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Lorier, Michelini, Moreira, Nicolini, Penadés, Percovich, Rubio, Tajam, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Fernández Huidobro, Long, Ríos, Sanguinetti y Saravia.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 6 minutos.)

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se modifica el inciso cuarto del artículo 308 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989 (Ley de Sociedades Comerciales).

- A LA COMISION DE HACIENDA.

El Poder Ejecutivo remite Mensaje solicitando venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura por la causal de ineptitud física.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informada la solicitud de acuerdo remitida por el Poder Ejecutivo a efectos de designar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Oriental del Uruguay ante el Estado Vaticano al señor Mario Cayota.

- HA SIDO REPARTIDA. ESTA INCLUIDA EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Comisión Especial de Deporte eleva informado el proyecto de ley por el que se declaran las destrezas criollas como deporte nacional.

La Comisión de Defensa Nacional eleva informadas las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo a efectos de conferir ascensos al grado de General del Ejército Nacional a varios señores Coroneles.

- REPARTANSE. INCORPORENSE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE MAÑANA."

4) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, el señor Senador Gustavo Lapaz solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a ANCAP, referido a una publicidad de dicho Ente en un velero en Punta del Este.

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO."

(Texto del pedido de informes:)

"CAMARA DE SENADORES

Montevideo, 3 de abril de 2006.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Rodolfo Nin Novoa.

De nuestra consideración:

De acuerdo a las facultades que nos confiere el Art. 118 de la Constitución de la República, solicitamos a Ud. tenga a bien cursar al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a ANCAP, el siguiente:

PEDIDO DE INFORMES

Durante esta última temporada estival, se vio surcando las aguas que bañan las costas de la península de Punta del Este un velero que en cuyo casco lucia un logotipo de ANCAP. Cuando esta embarcación desplegaba sus velas, dejaba relucir en una de ellas otro gran logotipo de ANCAP.

En base a este relato es que queremos conocer:

1) ¿Cuál es el monto que pagó ANCAP por concepto de esta publicidad?

2) ¿Si se realizó un llamado a precios para la adjudicación de dicha publicidad?

3) ¿Cuál es el nombre de la embarcación?

4) ¿Cuál es el nombre del propietario?

5) ¿Si como contraprestación a dicha publicidad, estaba incluido, la posibilidad que los directores de ANCAP realizaran paseos en dicha embarcación?

6) ¿Si algún director del mencionado Ente, o su Presidente realizaron algún paseo en el velero con la publicidad de ANCAP?

7) Si se realizaron dichos paseos; ¿Quiénes eran los acompañantes de los Directores o del Presidente?

Gustavo Lapaz. Senador."

5) INASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a la anterior convocatoria, en el caso de que existieran.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

A la sesión extraordinaria del día 28 de marzo faltaron con aviso los señores Senadores Abreu, Heber y Lorier.

En lo que respecta a las inasistencias de los señores Senadores a sus respectivas Comisiones, cabe informar que a la Comisión de Constitución y Legislación del día 28 de marzo faltó con aviso el señor Senador Abreu; a la Comisión de Hacienda del día 30 de marzo faltaron con aviso los señores Senadores Abreu y Alfie; a la Comisión de Asuntos Internacionales del mismo día faltaron con aviso los señores Senadores Abreu y Michelini; a la Comisión de Hacienda del día 31 de marzo faltaron con aviso los señores Senadores Larrañaga, Michelini y Rubio.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Korzeniak solicita licencia desde el día 18 de abril al 3 de mayo inclusive."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 30 de marzo de 2006

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

PRESENTE.

Por intermedio de la presente, solicito se me conceda licencia, de acuerdo al inc. C del art. 1º de la Ley 16.465, desde el día 18 de abril al 3 de mayo inclusive.

Sin otro particular, saludo atentamente,

José Korzeniak. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 13 en 13. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Ríos solicita licencia a partir del 31 de marzo de 2006 por 10 días corridos."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 31 de marzo de 2006

Presidente del Senado

Sr. Rodolfo Nin Novoa

Presente

Me dirijo a usted a efectos de solicitar licencia médica a partir del 31 de marzo de 2006 por diez días corridos, según certificado médico adjunto.

Sin otro particular,

Dr. Eduardo Ríos. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-11 en 13. Afirmativa.

7) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de dos notas de desistimiento.

(Se da de las siguientes:)

"Se comunica al Cuerpo que los señores León Lev y Gonzalo Gaggero han presentado notas de desistimiento informando que, por esta única vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto".

SEÑOR PRESIDENTE.- Por lo tanto, se está solicitando a la Corte Electoral la proclamación de quien correspondiere.

8) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Fernández Huidobro solicita licencia por los días 4 y 5 de los corrientes."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, abril 3 de 2006

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito a usted tenga a bien gestionar licencia reglamentaria para los días 4 y 5 de los corrientes.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

E. Fernández Huidobro. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-12 en 12. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se invita a pasar a Sala al señor Héctor Tajam, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Antía solicita licencia por el día de la fecha."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 4 de abril de 2006

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

PRESENTE

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted solicitando al Cuerpo licencia por el día de la fecha.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Enrique Antía Behrens. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 12 en 14. Afirmativa.

Queda convocado el suplente respectivo.

9) APAGON ANALOGICO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: quiero atraer la atención del Cuerpo sobre un tema que, entendemos, tiene gran importancia. En poco tiempo -estamos hablando de días o meses- el Uruguay deberá asumir un dato tecnológico que va a afectar su autonomía en varios planos: inversiones, comercial y cultural. Se trata del apagón analógico, momento en el cual las televisoras dejarán de emitir en lenguaje analógico y lo harán únicamente en lenguaje digital. A partir de ese momento, quien no se haya adaptado a la nueva tecnología ya no podrá ver televisión. El apagón analógico está fijado para el 2009 en Estados Unidos y para diversas fechas, entre el 2006 y el 2015, en los países de Europa Occidental.

Las emisiones de televisión digital usan el lenguaje digital de las computadoras en lugar de la modulación analógica tradicional. El tránsito de un sistema al otro, además de presentar ventajas técnicas en calidad de imágenes, en inmunidad ante interferencias, interactividad y número de emisoras, supone una revolución mundial para la industria electrónica en equipos de producción y difusión y, en especial, para la industria de equipos de recepción. Para ello, la televisión digital trae consigo el relanzamiento de la industria electrónica y repercute sobre las corrientes de inversión, transferencia tecnológica y comercio en nuestro país y en nuestra región.

Hoy se están discutiendo a nivel internacional tres patrones de tevé digital: el europeo, el japonés y el norteamericano. Los países están tomando decisiones en este sentido y adoptan uno u otro, y en el área de la región, particularmente, varios de ellos dividen sus preferencias respecto al modelo que van a adoptar. A nivel regional, la tendencia apunta a adoptar el sistema norteamericano. Probablemente lo harán todos los países que hoy utilizan el sistema de transmisión analógico NTSC, incluyendo Chile. Ya lo han hecho Canadá y México, y además se anuncia Colombia, entre tanto existen dudas acerca de qué modelo van a asumir otros países como, por ejemplo, Venezuela.

México tiene el 40% de su territorio cubierto por la alta definición, produce televisores con conversores y es un importante exportador hacia los Estados Unidos. Por otro lado, en el ámbito regional, Brasil está tomando una decisión en forma unilateral -no consulta-, y sin participar con los otros Estados del MERCOSUR, orientada hacia el modelo japonés. Al impulso del Ministro de Comunicaciones y de las empresas de radiodifusión brasileña, invocan su superioridad técnica y destacan que el sistema japonés permitirá la transmisión gratuita de señal digital a los receptores móviles en vehículos y portátiles celulares. Otros, sin embargo, señalan que los grandes radiodifusores brasileños, como la Red Globo, apoyan el sistema japonés porque temen que las compañías telefónicas tomen parte de sus mercados con la adopción del patrón europeo. Sin embargo, el nudo de la cuestión es otro. Los órganos técnicos brasileños que analizaron los tres patrones no encontraron ventajas significativas en ninguno de ellos respecto de los otros y recomendaron que la decisión se adopte en función de las contrapartidas comerciales y de inversión que se obtengan. Al ejercer esta opción, Brasil tiene una oportunidad única de desarrollo industrial, logrando inversiones sustantivas en el sector electrónico, en el que tiene un fuerte déficit comercial. El objetivo concreto es lograr la instalación de una fábrica local de semiconductores, un sueño largamente acariciado por nuestros vecinos. Por ello, lo que decidirá cuál patrón elegir será el nivel de compromiso, inversión y transferencia tecnológica que asuman los consorcios japoneses o europeos que compitan en el mercado brasileño.

En ese sentido, sabemos que Japón acaba de ofrecer U$S 2.000:000.000 para instalar una fábrica de semiconductores, con exoneración de regalías e importantes transferencias de tecnología. Por su parte, los europeos, señor Presidente, no se están quedando atrás, ya que directivos de las empresas fabricantes aglutinadas en la coalición DBB y embajadores europeos realizan intensas gestiones mezclando advertencias de que sus inversiones en el sector electrónico de Brasil se resentirán si no se adopta el patrón ofrecido, con ofertas de última hora de instalación de una fábrica de semiconductores. Argumentan que si el Brasil adopta el patrón japonés, estará consagrando el monopolio del espectro radiomagnético en beneficio de un grupo económico, condenando al país al aislamiento tecnológico y a los consumidores brasileños a pagar precios mayores por falta de competencia.

La decisión final ha sido postergada en los últimos días y se sabe que hay una misión brasileña en el Japón e intensos contactos que se realizan a nivel regional, para ir buscando coincidencias sobre el criterio a aplicar en materia de patrón digital.

Por tanto, señor Presidente, nos enfrentamos a una decisión a nivel del MERCOSUR: los socios de Brasil que aún no tienen decidido el patrón digital, orientan su preferencia al Japón, y Argentina, que había anunciado que adoptaría el patrón norteamericano, aún no lo decidió formalmente y se encuentra en negociaciones con los brasileños para ver qué tipo de sistema digital se adoptaría. Sus autoridades se reúnen con representantes japoneses y del Forum ATSC, que aglutina a los fabricantes americanos, mientras analizan el tema en forma cercana a Brasil, el que se mueve para que sus vecinos adopten su mismo patrón digital que en este caso, en principio, sería el brasileño. No es de extrañar esto porque el Brasil exporta unos dos millones de televisores hacia América Latina -es decir, cerca del 20 % de su producción- y la adopción de uno u otro patrón digital tendrá repercusiones directas sobre estos mercados.

En síntesis, la adopción del patrón japonés permitiría a los fabricantes instalados en Brasil sacarse de encima buena parte de la competencia y tener el mercado interno y, eventualmente, el de sus vecinos -lo señalo especialmente- como mercado cautivo. Esta ventaja se sumaría al régimen de excepción del que ya gozan los productores de televisores brasileños radicados en la Zona Franca de Manaos, negociada en el ámbito del MERCOSUR, con excepciones tanto para Manaos como para Tierra del Fuego, de donde se exportan libremente, sin pagar el arancel externo común a todo el MERCOSUR, lo cual nuestras propias zonas francas no pueden hacer.

¿Y el Uruguay? Es claro que si Brasil y Argentina negocian contrapartidas a cambio de la adopción de un patrón, es porque el ejercicio de esta opción tiene un valor económico y comercial que redundará en inversiones por la implantación de empresas y en negocios por la adquisición de equipos, software y contenidos audiovisuales.

¿Debería ser Brasil el único que negocie contrapartidas y reciba beneficios o este es un tema a ser negociado en el MERCOSUR dentro de un paquete que comprenda otras variables y tenga en cuenta los intereses de todos los socios?

La elección de un patrón digital afectará la distribución de corrientes de inversión y las políticas de competencia en el MERCOSUR, si es que seguimos creyendo en él. Por lo tanto, Uruguay debería participar, en alguna medida, en esta decisión de impacto regional y negociar contrapartidas de forma de no quedar, una vez más, al margen de las decisiones y de las inversiones. Para aquellos que postulan que el Uruguay debe irse del MERCOSUR, como si dar un portazo fuera una opción geopolítica y económica razonable para el país, este tema constituye un ejemplo de las múltiples cuestiones para cuya resolución el MERCOSUR mantiene validez como herramienta de relacionamiento regional. La cuestión no pasa por quedarse o irse, sino por tener iniciativa propia y capacidad para incorporar en la mesa de negociaciones nuestros propios intereses y preocupaciones.

Con independencia de estas repercusiones económicas y comerciales, la era digital nos enfrenta a otra serie de decisiones. La combinación de la globalización con nuevas tecnologías impone la preocupación por la homogeneización del mensaje y la pérdida de identidad nacional. Al resolver la distribución de frecuencias digitales entre los distintos broadcasters, el Estado uruguayo debería preocuparse por establecer garantías de contenido para que la televisión que llegue a nuestros hogares sea representativa de nuestros valores culturales y tradicionales. Hasta hace poco, la URSEC no concedía frecuencias digitales a la espera de que se resolviera el patrón digital del país. Sin embargo, hace un mes concedió frecuencias digitales a un grupo económico extranjero, gracias a lo cual éste estará en condiciones de emitir a la totalidad del territorio nacional. ¿Se incluyeron consideraciones dirigidas a proteger nuestra identidad cultural cuando se concedieron estas frecuencias? Otra señal que llega al cien por ciento del territorio nacional es satelital, y aunque alcanza a todo el país, su programación no incluye ninguna de las señales de aire de la televisión nacional.

Los europeos, liderados por los franceses, acuñaron hace tiempo el concepto de excepción cultural para defender su patrimonio cultural en el cine, la radio y la televisión. La excepción cultural fue impulsada en el marco de las negociaciones del Acuerdo General sobre el Comercio y Servicios del GATT, durante la Ronda Uruguay, y si bien finalmente no fue consagrada como excepción hacia las obligaciones de trato nacional del acuerdo debido a la oposición de los Estados Unidos, perduró como concepto. A partir de ello, Europa no incluyó esos sectores en el GATT y mantuvo sus disposiciones mandatarias de contenido nacional para televisión, radio y cine.

Pensamos que Uruguay debería reflexionar sobre esa experiencia; no se trata de ser intolerantes o de limitar derechos, sino de que los medios de comunicación protejan determinados valores de nuestra sociedad. Los tiempos tecnológicos corren rápido, señor Presidente, y Uruguay debería prestar más atención a estos temas, en lugar de limitarse a ser espectador de las decisiones que se toman en otras capitales. Las decisiones de los países también deben ser consideradas, y en particular en el MERCOSUR, donde parece que las opciones las manejan en forma excluyente, una vez más, Brasil y, en menor grado, Argentina. No deseamos que ocurra otra vez, señor Presidente, que no prestemos atención a temas que influirán sobre nuestro destino como nación y como comunidad de valores éticos, políticos y culturales. En ese sentido, sería bueno que alguna institución, Ministerio u organismo rescatara alguna iniciativa que nos sustraiga de la vorágine de la coyuntura y del triste rol de tomador de decisiones al que parece nos hemos resignado, dentro y fuera del MERCOSUR.

Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, a ANTEL y a la URSEC.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Abreu.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) PROBLEMATICA DE NIÑOS Y JOVENES DEL PARAJE SAN DIEGO DEL PUEBLO SOTO Y LA MINA

SEÑOR PRESIDENTE.- En la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: en el día de hoy queremos referirnos a la problemática que afecta a niños y jóvenes del Paraje San Diego del Pueblo Soto y La Mina, ubicados en la 5° Sección del Departamento de Cerro Largo.

Desde hace años, los niños y jóvenes, escolares y liceales, de dichas localidades deben concurrir a los establecimientos de educación ubicados en el Pueblo Noblía.

Dadas las dificultades que se les presentan para acceder a los centros educativos, durante la Administración del Partido Nacional se donó un microbús a la ANEP para el traslado de estos jóvenes a dichos centros de estudio. Habiéndose roto éste, el traslado se hizo por medio de una empresa de transporte local, con el inconveniente de que se retiraba a los niños de sus hogares a las cinco de la mañana y volvían recién entrada ya la noche.

A principios del año 2006 el ómnibus de la ANEP volvió a estar disponible, pero sólo durante cuatro días, ya que lamentablemente se volvió a romper. Dada la gravedad de la situación, padres y autoridades locales realizaron gestiones ante la ANEP la que, finalmente, dispuso una camioneta para trasladar solamente a los escolares.

El problema que ahora enfrentan los vecinos es el traslado de los liceales, muchos de los cuales deben recorrer diariamente 40 kilómetros para concurrir a los centros de estudios, ofreciéndoles como alternativa, nuevamente, utilizar la empresa de transporte local la que, como señalamos anteriormente, obliga a los estudiantes a permanecer hasta altas horas del día alejados de sus hogares.

La situación que vamos a reseñar, señor Presidente, lamentablemente no constituye un hecho aislado que afecte solamente a los vecinos de la 5ª Sección del departamento de Cerro Largo, sino que la vemos repetida en casi 50 casos, de acuerdo con lo que se nos ha informado. Por lo tanto, solicitamos que las autoridades de la educación, el CODICEN y los Consejos Desconcentrados, ofrezcan soluciones rápidamente para atender la demanda de tantos niños y jóvenes que están siendo privados de su derecho a la educación. En especial, solicito que busquen la manera de solucionar el problema que hoy están padeciendo los niños escolares y liceales de la 5ª Sección del departamento de Cerro Largo.

Por último, solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea remitida al CODICEN, a los Consejos Desconcentrados de la ANEP, a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Cerro Largo y a la Junta Local Autónoma de Río Branco.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 18 en 19. Afirmativa.

11) 11ª EXPO ACTIVA DE SORIANO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: este domingo pasado 2 de abril se cerró la edición número once de la Expo Activa nacional que organiza la Asociación Rural de Soriano, prestigiosa entidad que ya ha transitado por tres siglos manteniendo siempre la pasión agropecuaria y tecnológica de sus padres fundadores, pioneros de actitudes verdaderamente progresistas, sin haber sido declarada, como en los años anteriores, de "interés nacional".

La Expo Activa -que en este año volvió a instalarse en el kilómetro 253 de la Ruta 2 entre Mercedes y Palmitas- es una metodología de trabajo con altos contenidos pedagógicos aplicados a la tierra, que sale de esta manera de la pasividad de otras formas similares de extensión cultural para exhibir en vivo la realidad de los manejos del suelo, el uso racional de la tierra, los aportes de tecnologías de última generación, el trasiego informativo de disponibilidades de equipos y la formulación académica por expertos en conocimientos de las más modernas agendas de ingenierías agronómicas.

A su vez, tiene un complemento festivo con la participación de artistas y consagra así la virtud de promover un acercamiento para el mutuo conocimiento entre la gente del campo y de la ciudad pues, aunque parezca lo contrario, muchas veces nuestras comunidades urbanas desconocen de manera vivencial el esfuerzo y los procedimientos productivos agropecuarios, siendo verdaderas islas ciudadanas de espaldas a su entorno y, sin duda, al principal resorte de la economía de este país, por más que modas pasajeras y estrategias globales o regionales pretendan sustituirlo en la consideración vanguardista.

La Expo Activa nació en 1992, hace más de una década, por la expresión más genuina del recambio generacional de la dirigencia de la Asociación Rural de Soriano -quizás una de las más antiguas corporaciones gremiales del país- que asumió la responsabilidad, en tiempos de grandes cambios tecnológicos, de advertir que el agro acompañaba las propuestas deseables y sentidas de mejoramiento integral. Los queridos "viejos" habían plantado la semilla del amor a la tierra; me refiero a criollos, vascos franceses e ibéricos, anglosajones, portugueses, afros, españoles, italianos, sirio libaneses y toda esa rica migración que produjo el enriquecedor mestizaje racial del pueblo con la presencia casi oculta, pero real, de la sangre aborigen.

Sus descendencias recogieron el mensaje, adecuándolo al nuevo tiempo.

Los primeros años no fueron fáciles para la Expo Activa pues en la mayoría de las ediciones, el clima lluvioso y de temporales hizo un complot, aunque venció en una sola oportunidad, no más, pues, decían los paisanos, "al mal tiempo buena cara", toda una filosofía de vida optimista pese a las dificultades. La continuidad quedó alterada por la crisis de la aftosa, pero apenas superada, se retomaron los impulsos que llegan victoriosos hasta nuestros días, habiendo sido sede de este evento hasta la propia Estancia Presidencial de Anchorena.

Desde un comienzo, sobre todo el pueblo santafecino y entrerriano de la República Argentina acompañó, siendo un seguro y fiel garante del pleno éxito de las presentaciones, junto al propio esfuerzo nacional.

Este año -signado por hechos tristes y conocidos que ponen en banco de prueba la fraterna unidad de los pueblos- los argentinos volvieron a decir presente y la circunstancia se reviste de una significación particularísima al demostrar que, más allá de lo pasajero, importa lo trascendente, muy visible en esa presencia 2006 de expositores y productores de la margen opuesta del Río Uruguay, pese a que como se dice en el libro famoso "El Principito", "lo esencial es invisible a los ojos". Aquí hubo ojos que vieron y oídos que sintieron una profunda solidaridad que superó los intereses meramente materiales, prestigiando la identidad universal de hombres formados en el culto eterno de la tierra y de sus frutos benditos, capaces de abandonar lo accidental y confundirse en un abrazo de confraternidad que asegura el rescate de un porvenir construido de hechos, logros pacíficos y venturas comunes, bendiciones para lo que el tiempo futuro señalará como meras anécdotas de desajustes pasajeros.

En tanto, señor Presidente, desearíamos que se tramitase a quien corresponda, seguramente ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que la Expo Activa en su próxima decimosegunda edición, cuente con el espaldarazo oficial, declarándosela de interés nacional. Este año no fue posible por algunas incompatibilidades de pensamiento que creemos fueron circunstanciales y surgidas con respecto al apoyo espiritual en ese orden recibido en tanto por las anteriores ediciones.

Los fundamentos de legitimidad de la solicitud o petición virtual emanan de nuestras palabras precedentes a las que agregaríamos cómo la puesta en marcha del suceso agrega el valor de movilizar conductas productivas planificadas y llevadas a la práctica durante todo este año y principio del venidero, para que cuando llegue el próximo otoño estén prontas las quintas de cultivos sobre las cuales se "activa" la Expo mediante fertilización, riego, sanidad vegetal, cosecha, rastrojeo, enfardaje, trabajo de los perros ovejeros con las majadas, etcétera.

Se ha dicho que no es la mirada sobre lejanías el mejor de los caracteres de la idiosincrasia nacional, más comprometida con lo inmediato para el lucro del corto alcance y riesgo, que en pro de la espera de ciclos medianamente extensos. La realización programada de la Expo educa en esa materia y debe recibir del Estado, como sucedió en las 10 Expo Activa anteriores, por lo menos una distinción honorífica que estimule a tanto empeño, que ayude a mantenerse en la esforzada huella alentadora de esperanzas y crecimientos.

Por tal motivo, señor Presidente, solicito que la versión taquigráfica de estas palabras, junto a las felicitaciones a los organizadores de este gran evento, sea enviada a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Asociación Rural de Soriano y a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Soriano.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) IRMA GENTILE. SU DECESO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando la hora previa, tiene la palabra la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- El pasado jueves 23 de marzo falleció, a la edad de casi 81años, la profesora Irma Gentile, luego de una larga enfermedad que la había tenido en un lugar suficientemente tranquilo como para soportar tanto dolor como el que debió sufrir al final de su enfermedad.

Médica Pediatra, Profesora Emérita de Clínica Pediátrica de la Facultad de Medicina, Profesora Grado 5, fue una de las primeras mujeres en ascender al grado de Profesora en la docencia en dicha Facultad.

Fue reconocida por el Sindicato Médico con la Distinción al Mérito Sindical, por su compromiso y militancia gremial. Fue Medalla al Mérito Científico Docente, Presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, Jefa del Servicio de Enfermedades Infectocontagiosas en el Hospital Pereira Rossell. Asimismo, participó y fue parte fundamental de la fundación de la Comisión de Educación Médica Continua. Integró el Consejo Editorial de la Revista Médica del Uruguay, en el cual trabajó activamente hasta que su enfermedad se lo impidió.

Verdaderamente, fue un referente ineludible e indiscutible de la pediatría a nivel nacional e internacional. Dedicó su vida a la enseñanza de la pediatría. Adorada por quienes supimos ser sus estudiantes y disfrutar de sus clases, así como de sus visitas a los pacientes, pero también por los padres de ellos y por el resto de los colegas.

Ejerció su profesión bajo la conocida premisa de que el médico corriente trata la enfermedad, el buen médico trata al paciente y el mejor médico trata a la comunidad, pero siempre con la claridad de que la relación médico-paciente debía guardar la intimidad y la confidencialidad necesarias.

Escribió más de doscientos trabajos científicos, aunque su actividad no se caracterizó por una gran proliferación de libros sino de muchos trabajos. En realidad, estuvo en la elaboración de todos ellos, siempre aportando su conocimiento. Recogieron estos trabajos científicos muchas revistas pediátricas nacionales y extranjeras, varios de los cuales, sobre patología del niño, los realizó con su entrañable compañero, el profesor Ramón Carlos Negro. Uno de sus libros fue "Pediatría y Puericultura", que ayudó a criar a muchos niños y niñas uruguayos, y otro, "Los niños solos", donde narra historias de los niños del Consejo del Niño, donde ella trabajó durante un largo período. En esas historias cuenta, sin lugar a dudas, experiencias de amor y de compromiso con estos niños.

Le preocupaban todos los aspectos del desarrollo de los niños y de las niñas y, en particular, llamó la atención sobre el Síndrome del Niño Maltratado. Muchos médicos trabajaron durante varios años con este llamado de atención que la profesora Gentile hizo sobre el Síndrome del Niño Maltratado. Finalmente, en el año 2002 llegamos a tener un marco legal y, sin duda, desearíamos que hubiera muchas Irma Gentile que capacitaran personal sobre la situación del niño maltratado y que siguieran advirtiendo sobre este tema tan preocupante.

Le preocupaba la falta de contención y afecto familiar de los menores, en especial de esos con los que convivía en el Consejo del Niño, a quienes veía con una óptica integradora, bio-psico-social, y le angustiaba -nos contaba la doctora Alicia Montano, una de sus más dilectas alumnas- que los niños del Consejo del Niño les dijeran "tías" a todas las mujeres que los rodeaban.

Fue una mujer comprometida no solo con su profesión, sino también con su país. Trabajó en todos los ámbitos en los que le tocó participar por una sociedad con justicia social y solidaridad. La dictadura la castigó como a tantos uruguayos, al impedirle su ascenso al máximo grado docente en Pediatría, y la separó del cargo de Directora de la División Salud del Consejo del Niño; no obstante, en plena dictadura, junto a otros, nos contaba el doctor José Pereyra que se las ingeniaba para tener encuentros de intercambio de tipo político y contribuir a lo que todos añorábamos en esos años, que era recobrar la democracia.

El avance del conocimiento y las nuevas tecnologías en su profesión y su dimensión ética y humana era otro aspecto que despertaba su preocupación. En este sentido, en un número de la Revista Médica decía: "Sin atentar contra la libertad de comunicación es necesario encontrar ca-minos en que los avances del conocimiento no agredan nuestra vida privada, la intimidad ajena ni las relaciones humanas, dado que en la buena calidad de éstas asienta gran parte del ejercicio médico". Recordaba al respecto la definición de la Organización Panamericana de la Salud sobre relación humanizada y decía: "... es ante todo una relación democrática, donde hay pleno reconocimiento del otro como existente, como sujeto de sí mismo, de su cuerpo, de su vida, de su sexualidad, de su deseo, de sus afectos. Una relación humanizada es aquella donde dos seres portadores de historias, quizás diferentes, de saberes diferentes sobre el cuerpo y los procesos de salud, establecen una relación de diálogo a propósito de un acto médico".

La profesora Gentile, a lo largo de su vida, tuvo muchísimos cargos honoríficos, todos ellos honorarios. Llevó una vida de muchas limitaciones y precariedad; no obstante, eso no le impidió -testigo de ello somos- brindar su solidaridad no sólo a los niños y a sus padres, sino también a diferentes ámbitos de militancia.

La doctora Irma Gentile murió como vivió: en silencio y con dignidad.

Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a sus sobrinas y sobrinas nietas, quienes fueron la alegría de su vida, a la Sociedad de Pediatría del Uruguay, al Sindicato Médico del Uruguay y a la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Medicina.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por la señora Senadora Xavier.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

13) CABINA TELEFONICA DE PUEBLO RISSO

SEÑOR PRESIDENTE.- Finalizando la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: en realidad, no sé si a esta altura uno, como Senador de la República, puede hacer el tipo de planteamientos que voy a realizar en la hora previa.

Estuve con los vecinos del Pueblo Risso, departamento de Soriano, quienes estaban preocupados por lo siguiente.

En esa localidad se cuenta con una cabina telefónica que es de carácter comunitario, ya que la utiliza la gente que no tiene teléfono. Allí trabaja una persona contratada, no se sabe por quién, hace varios años. No obstante, el Directorio de ANTEL estaba pensando en levantarla porque la tecnología y la telefonía celular han avanzado. El inconveniente está, reitero, en que esta cabina comunitaria es querida por la población porque hay mucha gente que no está en condiciones de tener teléfono.

Ahora bien; el hecho de que traiga este tema al Senado puede ser tomado como una actitud de clientelismo, en el sentido de que lo planteo en el Senado a condición de que todo el pueblo Risso me vote. Entonces, verdaderamente no sé si estos pedidos, estos reclamos que la población nos hace, pueden ser traídos aquí, a este ámbito, o si por acá están más santiguados -por decir algo-, por lo que tendríamos que saltearnos la hora previa y llamar directamente al Directorio de ANTEL.

Por lo tanto, solicitamos que el Directorio de ANTEL analice la eventualidad de mantener dicha cabina, que es un reclamo de la población de esta ciudad. Esto será un pedido chico para el mundo, pero grande para ellos. Seguramente, la gente que no conoce estas necesidades, que no sabe lo que es tener una casa sin teléfono o lo que es desplazarse hasta una cabina comunitaria para hablar, no comprenda que nosotros también recojamos este tipo de pedido cuando recorremos el país.

Es con mucho orgullo, señor Presidente, que haciéndonos eco de las necesidades más grandes -porque lo son- de la población, distraemos hoy la atención del Senado, a fin de que estas palabras lleguen al Directorio de ANTEL, a los efectos de que tenga en cuenta esta cabina telefónica. Asimismo, queremos que no se olvide de adjuntar este pedido a los otros que hemos hecho antes y que han pasado a la justicia penal.

En definitiva, señor Presidente, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida al Directorio de ANTEL.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador.

(Se vota:)

- 23 en 26. Afirmativa.

14) ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMISION PERMANENTE DEL PODER LEGISLATIVO. POSTERGACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde pasar a considerar el primer punto del Orden del Día: "Elección de Miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (Artículo 127 de la Constitución de la República)".

La Mesa tiene entendido que aún no se ha alcanzado un acuerdo entre todos los partidos.

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: solicito que se postergue la consideración de este asunto hasta la sesión del día de mañana, porque aún resta definir algún suplente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va votar.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

15) ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMISION ADMINISTRATIVA DEL PODER LEGISLATIVO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Elección de Miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo."

Se ha propuesto a los señores Senadores Percovich, Amaro y Lapaz.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

16) SOLICITUD DE ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO PARA ACREDITAR EN CALIDAD DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA REPUBLICA ANTE EL ESTADO VATICANO AL SEÑOR MARIO CAYOTA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Estado Vaticano al señor Mario Cayota. (Carp. Nº 465/06 - Rep. Nº 205/06)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 465/06

Rep. Nº 205/06

Ministerio de

Relaciones Exteriores

Montevideo, 10 de marzo de 2006.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Presente.

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, con el fin de solicitar su conformidad, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República para acreditar en calidad de Embajador de la República al señor Mario Cayota.

La capacidad y eficiencia que el señor Mario Cayota ha puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional, según se manifiesta en el currículo vitae que se adjunta, constituye a juicio del Poder Ejecutivo, un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el Gobierno de la República se propone asignarle como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Estado Vaticano.

El Poder Ejecutivo confía en que ese Cuerpo habrá de manifestar su conformidad con el propósito antes expuesto, accediendo a la solicitud que se le formula por el presente Mensaje.

El Poder Ejecutivo saluda a la Cámara de Senadores con su más alta consideración.

Rodolfo Nin Novoa, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia; Reinaldo Gargano, Jorge Brovetto.

MARIO JUAN BOSCO CAYOTA ZAPPETTINI

Nació el 18 de agosto de 1936 en Montevideo - Uruguay, hijo de Aida y Eduardo Cayota -Comendador de la Orden de San Gregorio Magno-. Es casado con Maria Cristina Dufour Mirassou y padre de cinco hijos.

Doctorado en Filosofía por la Universidad de La Plata (Argentina), posteriormente se orientó hacia los estudios históricos y la docencia. Fue profesor de filosofía e historia en Enseñanza Secundaria y dictó numerosos seminarios a nivel universitario. También en la Universidad de Petrópolis (Brasil), la Católica de Santiago de Chile y Trento (Italia). Desde hace treinta años se desempeña como profesor en la actual Facultad de Teología Mons. Mariano Soler.

Ha participado con múltiples ponencias en numerosos congresos y seminarios tanto en el Uruguay como en el exterior. Asimismo ha escrito variados artículos para diarios y revistas del país y el exterior.

Es autor de varios libros "Cristianos y Cambio Social", ha merecido sendos primeros premios: Intendencia Municipal de Montevideo, -año 1989-; Ministerio de Educación y Cultura, -año 1990-; "Siembra entre Brumas. Utopía Franciscana y Humanismo Renacentista: una alternativa a la Conquista", -522 páginas-, se ha traducido al portugués e italiano; "Optar por los pobres, aunque nos marquen con el hierro", al alemán; así también una monografía sobre el prócer José Artigas y su ideario. Asimismo ha escrito en colaboración con la Universidad Católica "Historia de la Evangelización de la Banda Oriental (1516-1830)"; como así un estudio sobre la personalidad y obra del primer Arzobispo de Montevideo,Mons. Mariano Soler.

Ha sido Presidente del Partido Demócrata Cristiano por varios años, -Partido integrante del Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría-, y actualmente se desempeña en el cargo de Vicepresidente. En el período 2000-2005, fue electo Edil de la Junta Departamental de Montevideo, y asimismo Presidente de este Cuerpo, por unánime elección de todos los partidos integrantes de dicha Corporación Municipal.

En el ámbito eclesial, es terciario franciscano y ha sido Ministro de la Orden Franciscana Seglar. Tiene numerosos estudios publicados en torno a los movimientos pauperísticos medievales y también sobre la Espiritualidad Franciscana. Es director del Centro Franciscano de Documentación Histórica - CE.FRA.DO.HIS.-, de alcance latinoamericano. Asimismo de desempeñó como responsable de Pastor de Zona I y recientemente ha integrado el Sínodo Arquidiocesano como representante de los movimientos laicales. Ha dictado y dicta numerosas conferencias, cursos y talleres de formación en el ámbito de la iglesia uruguaya, incluso a solicitud de los Señores Obispos. También el año 1991, al celebrarse el centenario de la Encíclica "Rerum Novarum", participó con una ponencia en el Congreso que se celebrara en Roma, teniendo oportunidad de departir con S.S. Juan Pablo II.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA Nº 24

En Montevideo, el día treinta de marzo del año dos mil seis, a la hora diecisiete y cinco minutos se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores Washington Abdala, Carlos Baráibar, José Bentancor, Luis Alberto Heber, José Korzeniak y Jorge Larrañaga.

Faltan con aviso los señores Senadores Sergio Abreu y Rafael Michelini.

Preside el señor Senador Alberto Couriel, Presidente de la Comisión.

Asisten especialmente invitados el señor Mario Cayota acompañado por el Director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores Octavio Brugnini.

Actúa en Secretaría el señor Secretario de Comisión Julio Durán, con la colaboración del Oficial II, señor Fabio Rodríguez.

De lo actuado se tomó versión taquigráfica cuya copia dactilográfica luce en el Distribuido Nº 759/2005 que forma parte integrante de la presente Acta.

Abierto el acto, se pasa a considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ASUNTOS ENTRADOS:

1.- CARPETA Nº 464/2006. CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA RELATIVO A LA NUEVA TELEVISION DEL SUR, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 2 DE MARZO DE 2005. Señal satelital de Telesur en territorio uruguayo por los sistemas de televisión abierta, de cable, regional, alernativa y comunitaria. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Convenio. Distribuido Nº 755/2006.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Korzeniak.

2.- CARPETA Nº 466/2006. ACUERDO MARCO SOBRE COMPLEMENTACION ENERGETICA REGIONAL ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 9 DE DICIEMRE DE 2005. Acuerdo marco presentado por Uruguay, en la reunión de ministros de energía del MERCOSUR. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 756/2006.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Couriel.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1.- CARPETA Nº 465/2006. MARIO CAYOTA. Solicitud de acuerdo para acreditarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Estado Vaticano. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 750/2006.

Se recibió al señor Mario Cayota a efectos de informar a la Comisión sobre los lineamientos de trabajo que llevará a cabo en esa misión diplomática.

RESOLUCIONES:

CARPETA Nº 465/2005. MARIO CAYOTA. Solicitud de acuerdo para acreditarlo en calidad de Embajador Ex-traordinario y Plenipotenciario de la República ante el Estado Vaticano. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 750/2006.

Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador Carlos Baráibar.

A la hora diecisiete y cuarenta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente y el señor Secretario.

Alberto Couriel Presidente

Julio Durán Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: la Comisión de Asuntos Internacionales me ha encomendado informar al Cuerpo sobre la propuesta del Poder Ejecutivo -votada por la unanimidad de sus miembros- para acreditar al señor Mario Cayota en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Oriental del Uruguay ante el Estado Vaticano. Obra en poder de todos los señores Senadores su biografía, la cual, sucintamente voy a resumir.

Mario Cayota es doctor en filosofía en la Universidad de la Plata, Argentina. Posteriormente se orientó hacia los estudios históricos y la docencia. Fue profesor de filosofía e historia en Enseñanza Secundaria y dictó numerosos seminarios a nivel universitario. También corresponde destacar su actuación en la Universidad de Petrópolis, Brasil, en la Universidad Católica de Santiago de Chile y en Trento, Italia. Desde hace 30 años se desempeña como profesor en la actual Facultad de Teología Monseñor Mariano Soler. Es autor de varios libros, tales como "Cristianos y Cambio Social", "Siembra entre Brumas. Utopía Franciscana y Humanismo Renacentista: una alternativa a la Conquista" e "Historia de la Evangelización de la Banda Oriental (1516-1830)", en colaboración con la Universidad Católica, como así también de un estudio sobre la personalidad y obra del primer Arzobispo de Montevideo, Monseñor Mariano Soler.

Fue Presidente del Partido Demócrata Cristiano, colectividad cuya integración compartimos durante muchos años, donde tuvimos ocasión de conocer sus cualidades morales, intelectuales y políticas. A su vez, se desempeñó como edil en el período 2000-2005, ejerciendo la Presidencia de la Junta Departamental de Montevideo. En el ámbito eclesial, es terciario franciscano y ha sido Ministro de la Orden Franciscana Seglar. Es Director del Centro Franciscano de Documentación Histórica y ha integrado el Sínodo Arquidiocesano como representante de los movimientos laicales. En 1991, al celebrarse el centenario de la Encíclica "Rerum Novarum", participó con una ponencia en el Congreso celebrado en Roma, teniendo oportunidad de departir con Su Santidad Juan Pablo II. Como se sabe, el Estado Vaticano, al cual ha sido designado como Embajador Mario Cayota, es un pequeño Estado enclavado dentro de la ciudad de Roma, con apenas 0,44 kilómetros cuadrados y una población que no supera el millar de habitantes. Si bien es verdad que el Estado Vaticano como tal se crea por el Tratado de Letrán en el año 1929, el Estado Pontificio -del cual el Vaticano es legítimo sucesor- se remonta al Siglo VIII. Lógicamente, el Estado del Vaticano no es una referencia en el plano comercial ni político, pero sí lo es desde el punto de vista de que constituye la sede del Gobierno de la Iglesia Católica, integrada por más de mil millones de fieles.

De la intervención que realizara el futuro Embajador Cayota en la Comisión de Asuntos Internacionales -en una práctica que se ha ido imponiendo para todos los Embajadores que son propuestos y que representa una preparación muy adecuada-, voy a destacar algunos párrafos que, a mi juicio, son relevantes y que el Cuerpo debe conocer antes de votar.

En una parte, señala: "con las limitaciones propias de nuestra persona, será la de ubicarnos en este observatorio" -antes había mencionado que el historiador Toynbee sostenía que el Vaticano era como un gran observatorio espiritual y político- "que es de alcance mundial siguiendo, obviamente, para nuestra labor, las instrucciones que nos imparta la Presidencia de la República y la Cancillería de nuestro país. Lo haremos teniendo muy presente lo determinado por el artículo 5º de nuestra Constitución de la República, que establece que el Estado no sostiene religión alguna. Es, pues, a partir de este principio de sana laicidad que nos proponemos desarrollar nuestra actividad. Estas tareas consistirán, fundamentalmente, en continuar haciendo conocer nuestro país, sobre todo en el plano de la cultura, al tiempo que trataremos, de acuerdo con nuestras posibilidades, de aunar esfuerzos con la Santa Sede en el trabajo a favor de la paz, el diálogo y la tolerancia, valores que son ampliamente consensuados por la sociedad uruguaya y que constituyen, en buena medida, el perfil que nos distingue".

Más adelante, en una exposición muy documentada y pormenorizada, menciona ámbitos en los cuales se puede desarrollar, en el plano laico, la vinculación con el Estado Vaticano. En tal sentido, está el Pontificio Consejo, Justicia y Paz que trabaja en aquellas situaciones de indigencia, en los problemas sanitarios y el Consejo de los Emigrantes e Itinerantes, que tiene a su cargo la problemática de los inmigrantes. También se espera poder desarrollar vínculos con el Consejo de la Cultura, con su especial Secretaría Para los No Creyentes que, junto con el Pontificio Consejo por el Diálogo Interreligioso procura, precisamente, promover un espíritu ecuménico y respetuoso entre las diversas filosofías, religiones e ideologías. Finalmente, se buscará establecer una coordinación con la Academia Pontificia que agrupa a un número importante de científicos e intelectuales. Como última referencia, podemos mencionar que los vínculos entre el Uruguay y el Vaticano vienen de muchos años, y tal como ha sido reconocido por el historiador Eustaquio Tomé -cuyas investigaciones fueron retomadas por el profesor Juan José Arteaga y el doctor José Luis Bruno, integrante de la Cancillería-, la Santa Sede fue la primera que reconoció a nuestro país como Estado independiente. En suma, las relaciones han sido fluidas y, en tal sentido, debemos recordar como antecedente las dos visitas que realizara el Papa Juan Pablo II durante la primera Presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, las cuales tuvieron enorme trascendencia social, política y espiritual para nuestro país.

En definitiva, creo que tanto la personalidad del profesor Cayota como la tarea, su especialización y el destino que se le da, son absolutamente coincidentes.

La carta enviada por el señor Presidente de la República -en ese momento, el señor Nin Novoa- y el señor Canciller Gargano al proponerlo, dice lo siguiente: "La capacidad y eficiencia que el señor Mario Cayota ha puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional, según se manifiesta en el curriculum vitae que se adjunta, constituyen a juicio del Poder Ejecutivo, un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el Gobierno de la República se propone asignarle como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Estado Vaticano".

Por todo lo expresado, la Comisión de Asuntos Internacionales, por unanimidad, propone al Cuerpo votar la venia para designar al profesor Cayota como Embajador ante el Estado Vaticano.

(Ocupa la Presidencia el doctor Eber Da Rosa)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la solicitud de acuerdo para designar Embajador al señor Mario Cayota.

(Se vota:)

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- He votado con plena convicción y con entusiasmo esta venia y comparto todos los argumentos dados por la Comisión de Asuntos Internacionales -a la cual no pude asistir en esa oportunidad, pero sí lo hizo el señor Senador Bentancor- y por los señores Senadores que se refirieron al tema en esta sesión.

Conozco desde hace largos años al profesor Cayota y sé los valores que encarna y la calidad con que va a defender, expresar y promover los intereses del país.

Muchas gracias.

17) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Dalmás solicita licencia los días 5 y 6 de abril."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 4 de abril de 2006.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Sr. Rodolfo Nin Novoa

PRESENTE

De mi mayor consideración:

Por la presente, la suscrita Senadora Susana Dalmás solicita se le conceda licencia por los días 5 y 6 de abril del corriente año, por motivos particulares.

Sin más, saluda a usted con su más alta estima,

Susana Dalmás. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 24 en 26. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al señor Senador Segovia.

18) FORTIFICACION DE ALIMENTOS

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se establecen disposiciones para la prevención de malformaciones del tubo neural (Carp. Nº 120/05 - Rep. Nº 206/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 120/05

Rep. Nº 206/06

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Salud Pública

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- (Objeto).- La presente ley tiene como objeto específico la prevención de las anemias ferropénicas y las malformaciones del tubo neural, tales como la anencefalia y la espina bífida, mediante la promoción del enriquecimiento de alimentos con hierro y ácido fólico.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior el Ministerio de Salud Pública podrá modificar los micronutrientes, las formas químicas de los mismos y las cantidades de fortificación, de acuerdo con los avances de los conocimientos científicos del tema.

Artículo 2º.- (Fortificación de harinas).- Toda harina de trigo, con excepción del salvado y la harina integral, destinada al consumo humano que se comercialice en el mercado nacional, deberá ser fortificada con ácido fólico y hierro, en los términos que establezca la reglamentación.

El Ministerio de Salud Pública podrá exonerar por razones justificadas, entre otras, en la calidad de alimento y limitaciones en el proceso tecnológico, la incorporación de fortificantes cuando la harina de trigo es destinada a la elaboración industrial de alimentos pre-elaborados. Queda prohibida en consecuencia la comercialización directa al público de esa harina no fortificada.

Artículo 3º.- (Fortificación de lácteos).- La leche en su forma fluida y en polvo destinada a los planes de alimentación institucionales será fortificada con hierro, en las proporciones y condiciones que determine la reglamentación. El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública podrá extender este plan a los mismos tipos de leche cuando se destine a la población en general, de acuerdo con los resultados de esta medida.

Artículo 4º.- (De la responsabilidad).- La fortificación de la harina de trigo y lácteos con micronutrientes es responsabilidad de los industriales fabricantes o importadores según corresponda. Asimismo, los fabricantes o importadores de productos alimenticios en los que se utilicen dichas materias primas serán responsables de la fortificación exigida de acuerdo a los requisitos establecidos en la reglamentación.

Artículo 5º.- (Rotulación).- La fortificación de la materia prima, el alimento primario o elaborado, deberá estar consignada en la rotulación de su envase.

Artículo 6º.- (Competencia).- Para la aplicación de la presente ley, el Ministerio de Salud Pública ejecerá sus funciones por sí o en colaboración con otros organismos nacionales, departamentales o locales, organizaciones no gubernamentales e institucionales internacionales.

Artículo 7º.- (Sanciones).- El Ministerio de Salud Pública, ejercerá la inspección, fiscalización y control del cumplimiento de la presente ley, a cuyos efectos podrá disponer las siguientes sanciones:

a) Incautación de los productos en infracción.

b) Aplicación a las personas físicas o jurídicas responsables de acuerdo al artículo 4º de la presente ley que fabriquen o comercialicen productos en infracción, de multas hasta un monto de 500 UR (quinientas unidades reajustables).

c) Suspensión parcial o total de actividades de las personas físicas o jurídicas referidas en literal b), la que no podrá exceder de seis meses o la clausura de sus locales comerciales o industriales.

Dichas sanciones serán graduadas de acuerdo a la gravedad y reiteración de la infracción.

Artículo 8º.- (Difusión).- El Ministerio de Salud Pública, difundirá entre la población y en particular entre los trabajadores de la salud, información sobre los alcances de la presente ley. Asimismo, dispondrá la realización de evaluaciones del proceso y resultados de esta medida.

Artículo 9º.- (Reglamentación).- La Reglamentación establecerá el listado de alimentos pre-elaborados exo-nerados de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la presente ley, así como la proporción de micronutrientes en que dichos componentes deberán ser adicionados.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta días de su entrada en vigor.

Sala de la Comisión, a 28 de marzo de 2006.

Mónica Xavier, Miembro Informante; Isaac Alfie, Enrique Antía, Alberto Cid, Eber Da Rosa, Margarita Percovich, Víctor Vaillant. Senadores.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Salud Pública

INFORME

Al Senado:

El presente proyecto de ley es elevado al Senado para su consideración con la aprobación unánime de la Comisión de Salud Pública. El mismo fue presentado a principios del año 2005 como un proyecto enfocado a la prevención de las malformaciones del tubo neural. En el transcurso del debate, se le incorporo el aspecto de prevención de las anemias por carencia de hierro. Sin duda ambas patologías tiene un carácter muy significativo pudiendo generar discapacidades severas. Con relación a las malformaciones el hecho de que cada año nazcan aproximadamente cincuenta niños por año es un hecho para prevenir y los recientes estudios sobre la deficiencia de hierro en niños también nos dan cuenta de un grave problema socio-sanitario.

Fueron recibidas delegaciones correspondientes a autoridades del MSP, de la Cámara de Industria de Alimentos, la Comisión Gremial de Molinos, y catedráticos de Pediatría y Ginecotocologia. Asimismo, solicitamos informes al LATU y a política comercial del MEF.

En el mes de noviembre concurrió a nuestra Comisión una delegación encabezada por la Sra. Ministra de Salud Pública a dar cuenta de los resultados de un estudio realizado conjuntamente con la Sociedad de Pediatría y UNICEF el mismo fue realizado en 444 Niños de 6 a 24 meses, usuarios de Salud Pública de la periferia de Montevideo (Cerro, P.Blancas, Giordano y la Cruz de Carrasco) con datos obtenidos por estudio hemtológico y una encuesta alimentaria. Los hogares a los que pertenecían estos niños tenían un promedio de 5 integrantes, ellos eran de término, con peso adecuado al nacer, estaban sanos y son controlados habitualmente por médico. No obstante el 56,3% tuvo anemia. Por las características antes señaladas los expertos consideran que esta muestra representa el mejor nivel de los niños que se atienden en Salud Pública. La anemia por carencia de hierro es la afección hematológica más frecuente en la infancia y empeora cuanto peores sean las condiciones de vida de los niños constituyendo un indicador de pobreza. Estas carencias nutricionales tienen impactos y consecuencias irreversibles desde el punto de vista del crecimiento y desarrollo futuro. Con este estudio se define una línea de base diagnóstica a partir de la cual realizar acciones y luego evaluar los resultados.

Dichas acciones son: la fortificación de alimentos con hierro, la suplementación medicamentosa, la diversificación alimentaria cuando la edad lo permite y fortalecimiento del primer nivel de atención sanitaria. Las mejores cifras de la región con relación a la anemia en los niños es de un 2%, en países que llevan más de 40 años fortificando alimentos. De la encuesta surge que los niños de esta muestra -menores de 1 año- consumen diariamente 500cc. de leche, si la misma fuese fortificada se estaría suministrando entre el 60 y 90% de la recomendación diaria de ingesta de hierro. Sin desmedro de estimular la lactancia materna.

También surge la necesidad de atender a otros grupos de riesgo como lo son las mujeres embarazadas, en período de amamantamiento y adolescentes de ambos sexos.

En cuanto a los defectos del tubo neural, incluyen toda una gama de malformaciones congénitas. Se producen cuando el tubo neural abierto, propio de las etapas incipientes del desarrollo del embrión humano, no se cierra. El cierre del tubo neural ocurre alrededor del 28 día del desarrollo. Estos efectos pueden abarcar desde una abertura pequeña en el conducto vertebral posterior, que no presenta ninguna complicación, hasta la falta de cierre de todo el tubo neural, que constituye la craneorraquisquisis, el tipo más grave de trastorno. Aproximadamente el 50% de los defectos del tubo neural corresponden a anencefalia, es decir, la ausencia o desarrollo deficiente de una parte importante de la bóveda craneal. Los recién nacidos que la padecen nacen muertos o viven muy poco. La otra mitad de los casos de defectos de tubo neural corresponde a aquellos que se producen en la parte superior del mismo donde se desarrollan los huesos craneales, dando lugar a defectos como el encefalocele, hasta el conducto raquídeo, determinando la espina bífida, que puede tener formas leves (que afectan una vértebra) hasta formas extremadamente graves con todos o casi todos los arcos vertebrales abiertos. La espina bífida es el defecto congénito causante de discapacidad severa más frecuente pero también relativamente más fácil de prevenir.

Los defectos del tubo neural tienen una de las tasas de incidencia más elevadas entre todas las malformaciones congénitas. La información sobre los defectos del tubo neural en América Latina es escasa. En el Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC) que comenzó en 1967 y abarca hospitales distribuidos por todos los países sudamericanos -cubriendo 215000 nacimientos por año- mostró las siguientes tasas de incidencia para estos trastornos:

Tasas de Defectos del Tubo Neural por 10.000 Nacidos Vivos (ECLAMC, 1997)

Tasa                 1974-79     1980-84     1985-89     1990-94     1995

Anencefalia         3.47         6.73                 6.29             7.18        7.63

Espina Bífida     5.82         6.54                 6.99             7.62         9.39

Encefalocele     1.26         2.28                 1.53             2.16         1.55

Los defectos del tubo neural causan en nuestro país muertes en los niños menores de un año y a edades mayores. El total de muertes por defectos del tubo neural en el año 2001, ascendió a 23 casos, cuyas edades oscilaron de 0 a 29 años. Esta patología implica el nacimiento de cincuenta nuevos casos por año de niños afectados.

Además de hidrocefalia, los niños pueden presentar dificultades a nivel intestinal y de vejiga, así como serias dificultades para desplazarse. La mayoría de los niños tienen índices de inteligencia normales, pero muchos tienen grados leves de problemas de aprendizaje.

La causa específica de la espina bífida es desconocida. Aparentemente, este problema es el resultado de una combinación de factores genéticos y ambientales.

Aunque muchos factores se relacionaron con el desarrollo de espina bífida, diferentes vías de investigación han encontrado que el ácido fólico puede ayudar a reducir el riesgo de padecer la enfermedad. En los últimos años se han desarrollado numerosos estudios que pusieron de manifiesto el efecto protector que tiene este nutriente frente a la aprobación de defectos del tubo neural.

En este sentido, las mujeres que están en período de fecundidad deben tomar 400 microgramos de ácido fólico diariamente sin importar si planean o no tener hijos en el futuro inmediato. Se ha calculado, a partir de investigaciones en población, que si todas las mujeres en condiciones de quedar embarazadas consumieran diariamente 400 µg (microgramos) de ácido fólico, se prodría prevenir entre el 50 y 70% del total de casos de espina bífida y anencefalia.

La administración del ácido fólico debe empezar al menos un mes antes de la gestación y continuar durante los tres meses siguientes en un embarazo planificado. El proporcionar ácido fólico en fechas posteriores ya no tiene este efecto protector, aunque sí posiblemente otros efectos beneficiosos. Durante el embarazo y la lactancia puede actuar como antianémico ante una mayor demanda nutricional del feto y del niño respectivamente.

Se han encontrado igualmente algunos factores de riesgo adicionales:

- En relación a la edad materna, la espina bífida se ve más frecuentemente en madres adolescentes.

- El orden del nacimiento (los primogénitos tienen un riesgo más alto).

- El estado socioeconómico (los niños nacidos en familias de nivel socioeconómico más bajo tienen mayor riesgo de desarrollar espina bífida). Se piensa que una dieta pobre, con carencia de las vitaminas esenciales y de minerales, puede ser un factor influyente.

- El folato es una vitamina del complejo B, soluble en agua, que se encuentra en los alimentos. Estas formas naturales comprenden varias sustancias en forma de mono y poliglutamatos. El ácito fólico, es una forma sintética de monoglutamato, que resulta más biodisponible (mejor utilizable) por el organismo humano. Los folatos tienen dos efectos fisiológicos principales: son cofactores de las enzimas que sintetizan ADN y ARN y se requieren para la conversión de la homocisteína en metionina. Durante las primeras etapas del desarrollo embrionario, las síntesis de ácidos nucleicos y proteínas es muy alta y por consiguiente las necesidades de folatos son más elevadas en la embarazada. Cuando el folato resulta insuficiente, la producción de ácidos nucleicos se inhibe y las células no logran fabricar suficiente ADN para su multiplicación. Además la inhibición del ciclo de metilación se traduce en incapacidad para metilar proteínas, lípidos y mielina. Las fuentes alimentarias más importantes de folato son: hígado, hojas color verde oscuro, leguminosas y maní. Los folatos son destruidos fácilmente por el calor, la oxidación y la luz ultravioleta. Por ello el 50 a 75% del contenido de folatos en los alimentos puede perderse durante el almacenamiento, procesamiento y cocción de los alimentos. El ácido fólico sintético, en cambio es estable por meses y aún años y su biodisponibilidad es del 100%.

La atención médica inmediata y el tratamiento continuo, son importantes para que la mayoría de los niños con espina bífida y/o hidrocefalia puedan llegar a tener una vida normal y la oportunidad de integrarse a la sociedad. Con la detección oportuna, el cuidado médico adecuado, el tratamiento efectivo y la colaboración de la sociedad, el futuro puede ser alentador.

Sin duda, los costos socio-sanitarios deberían ser orientados a la prevención evitando así el sufrimiento del niño y su familia.

El presente proyecto tiene como finalidad fomentar la prevención de esta patología. El enriquecimiento o fortificación de alimentos con ácido fólico constituye una estrategia fundamental para aumentar los niveles de folato en la mujer, cuya ventaja radica en que permite alcanzar un amplio espectro de la población sin requerir un cambio en el comportamiento alimentario de la misma. Se entiende por "enriquecimiento o fortificación de alimentos" la incorporación a un alimento de uno o varios nutrientes esenciales, tanto si están como si no están contenidos normalmente en el alimento, con el fin de prevenir o corregir la deficiencia demostrada de los mismos en la población o en grupos específicos de dicha población" (Artículo 29.1.3 del Reglamento Bromatológico Nacional - Decreto 315/994). Así mismo este Reglamento señala que la fortificación o enriquecimiento se regulará por leyes y reglamentos específicos (Artículo 29.2.19).

Esta estrategia tiene dos elementos a fijar: elección del alimento a fortificar que deberá ser un alimento de consumo universal y uniforme por la población objetivo y selección de la sustancia o producto de fortificación con la fijación de las características del producto resultante (Artículo 29.2.19 del Decreto 315/994).

Muchos países de la región de las Américas han establecido la fortificación de alimentos con ácido fólico como su estrategia fundamental para combatir los defectos del tubo neural, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Brasil y Chile. En general estos países fortifican un solo alimento, siendo la harina de trigo el alimento elegido. Los niveles de fortificación están entre 200 240 µg de ácido fólico por 100g de harina.

Recordemos que la fortificación de alimentos se ha efectuado en el país para la prevención del Bocio Endémico, determinado por la deficiencia de yodo, otro nutriente esencial, en nuestros suelos y como consecuencia en nuestros alimentos. Con este proyecto estaríamos evitando la muerte de muchos niños que padecen malformaciones y logrando un efecto protector sobre los que nacen con algunas de las patologías antes descritas.

Sala de la Comisión, a 28 de marzo de 2006.

Mónica Xavier, Miembro Informante; Isaac Alfie, Enrique Antía, Alberto Cid, Eber Da Rosa, Margarita Percovich, Víctor Vaillant. Senadores.

PROYECTO DE LEY

PREVENCION DE MALFORMACIONES DEL TUBO NEURAL PREVENCION DE ENFERMEDADES-ESPINA

BIFIDA-ANENCEFALIA-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

ARTICULO 1º.- La presente ley tiene como objeto la prevención de las malformaciones del tubo neural, tales como la anencefalia y la espina bífida.

ARTICULO 2º.- El Ministerio de Salud Pública, ejercerá la inspección, fiscalización y control del cumplimiento de la presente ley, a cuyos efectos podrá disponer la incautación de los artículos en infracción, la aplicación de multas hasta un monto de 500 Unidades Reajustables, la suspensión parcial o total de actividades, la que no podrá exceder de seis meses y la clausura definitiva de locales. Dichas sanciones serán graduadas de acuerdo a la gravedad y reiteración de la infracción.

ARTICULO 3º.- Toda la harina de trigo destinada al consumo humano que se comercializa en el mercado nacional, será fortificada con ácido fólico, en las proporciones y condiciones que determine el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública.

ARTICULO 4º.- En la rotulación de la harina de trigo se consignará "harina fortificada con ácido fólico". Los alimentos elaborados, que contengan harina de trigo, deberán consignar en su rotulación: "elaborado con harina fortificada con ácido fólico".

ARTICULO 5º.- Para la aplicación de la presente ley, el Ministerio de Salud Pública ejercerá sus funciones por sí o en colaboración con otros organismos nacionales y municipales, organizaciones no gubernamentales e internacionales.

ARTICULO 6º.- El Ministerio de Salud Pública, difundirá entre la población y en particular entre los trabajadores de la salud, información sobre los alcances de la presente ley. Así mismo, dispondrá la realización de evaluaciones de proceso y de resultados de esta medida.

ARTICULO 7º.- El Poder Ejecutivo adoptará las medidas conducentes a determinar los precios y a mantener el abastecimiento y la distribución normales de la harina fortificada con ácido fólico.

Mónica Xavier. Senadora.Miembro Informante

Montevideo, 16 de marzo de 2005.

PREVENCION DE MALFORMACIONES DEL TUBO NEURAL

Exposición de Motivos

Los defectos del tubo neural incluyen toda una gama de malformaciones congénitas que se producen cuando el tubo neural abierto, propio de las etapas incipientes del desarrollo del embrión humano, no se cierra. El cierre del tubo neural ocurre alrededor del 28º día del desarrollo. Estos defectos pueden abarcar desde una abertura pequeña en el conducto vertebral posterior, que no presenta ninguna complicación, hasta la falta de cierre de todo el tubo neural, que constituye la craneorraquisquisis, el tipo más grave de trastorno. Aproximadamente el 50% de los defectos del tubo neural corresponden a anencefalia, es decir, la ausencia o desarrollo deficiente de una parte importante de la bóveda craneal. Los recién nacidos que la padecen nacen muertos o viven muy poco. La otra mitad de los casos de defectos del tubo neural corresponde a aquellos que se producen en la parte superior del mismo, donde se desarrollan los huesos craneales, dando lugar a defectos, como el encefalocele, hasta el conducto raquídeo, determinando la espina bífida, que puede tener formas leves (que afectan una vértebra) hasta formas extremadamente graves con todos o casi todos los arcos vertebrales abiertos. La espina bífida es el defecto congénito causante de discapacidad severa más frecuente pero también relativamente más fácil de prevenir.

Los defectos del tubo neural tienen una de las tasas de incidencia más relevantes entre todas las malformaciones congénitas. La información sobre los defectos del tubo neural en América Latina es escasa. En el Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas (ECLAMAC) que comenzó en 1967 y abarca hospitales distribuidos por todos los países sudamericanos -cubriendo 215.000 nacimientos por año- mostró las siguientes tasas de incidencia para estos trastornos:

Tasas de Defectos del Tubo Neural por 10.000 Nacidos Vivos (ECLAMAC, 1997)

Tasa                 1974-79     1980-84       1985-89      1990-94       1995

Anencefalia             3.47         6.73             6.29             7.18             7.63

Espina bífida          5.82          6.54             6.99             7.62             9.39

Encefalocele          1.26          2.28             1.53             2.16             1.55

Los defectos del tubo neural causan en nuestro país muertes en los niños menores de un año y a edades mayores. El total de muertes por defectos del tubo neural en el año 2001, ascendió a 23 casos, cuyas edades oscilaron de 0 a 29 años. Esta patología implica el nacimiento de cincuenta nuevos casos por año de niños afectados.

Además de hidrocefalia, los niños pueden presentar dificultades a nivel intestinal y de vejiga, así como serias dificultades para desplazarse. La mayoría de los niños tienen índices de inteligencia normales, pero muchos tienen grados leves de problemas de aprendizaje.

La causa específica de la espina bífida es desconocida. Aparentemente, este problema es el resultado de una combinación de factores genéticos y ambientales.

Aunque muchos factores se relacionaron con el desarrollo de espina bífida, diferentes vías de investigación han encontrado que el ácido fólico puede ayudar a reducir el riesgo de padecer la enfermedad. En los últimos años se han desarrollado numerosos estudios que pusieron de manifiesto el efecto protector que tiene este nutriente frente a la aparición de defectos del tubo neural.

En este sentido, las mujeres que están en período de fecundidad deben tomar 400 microgramos de ácido fólico diariamente sin importar si planean o no tener hijos en el futuro inmediato. Se ha calculado, a partir de investigaciones en población, que si todas las mujeres en condiciones de quedar embarazadas consumieran diariamente 400 µg (microgramos) de ácido fólico, se podría prevenir entre el 50 y 70% del total de casos de espina bífida y anencefalia.

La administración del ácido fólico debe empezar al menos un mes antes de la gestación y continuar durante los tres meses siguientes en un embarazo planificado. El proporcionar ácido fólico en fechas posteriores ya no tiene este efecto protector, aunque sí posiblemente otros efectos beneficiosos. Durante el embarazo y la lactancia puede actuar como antianámico ante una mayor demanda nutricional del feto y del niño respectivamente.

Se han encontrado igualmente algunos factores de riesgo adicionales:

- En relación a la edad materna, la espina bífida se ve más frecuentemente en madres adolescentes.

- El orden del nacimiento (los primogénitos tienen un riesgo más alto).

- El estado socioeconómico (los niños nacidos en familias de nivel socioeconómico más bajo tienen mayor riesgo de desarrollar espina bífida). Se piensa que una dieta pobre, con carencia de las vitaminas esenciales y de minerales, puede ser un factor influyente.

- El folato es una vitamina del complejo B, soluble en agua, que se encuentra en los alimentos. Estas formas naturales comprenden varias sustancias en forma de mono y poliglutamatos. El ácido fólico, es una forma sintética de monoglutamato, que resulta más biodisponible (mejor utilizable) por el organismo humano. Los folatos tienen dos efectos fisiológicos principales: son cofactores de las enzimas que sintetizan ADN y ARN y se requieren para la conversión de la homocisteína en metiomina. Durante las primeras etapas del desarrollo embrionario, las síntesis de ácidos nucleicos y proteínas es muy alta y por consiguiente las necesidades de folatos son más elevadas en la embarazada. Cuando el folato resulta insuficiente, la producción de ácidos nucleicos se inhibe y las células no logran fabricar suficiente ADN para su multiplicación. Además la inhibición del ciclo de metilación se traduce en incapacidad para metilar proteínas, lípidos y mielina. Las fuentes alimentarias más importantes de folato son: hígado, hojas color verde oscuro, leguminosas y maní. Los folatos son destruidos fácilmente por el calor, la oxidación y la luz ultravioleta. Por ello el 50 a 75% del contenido de folatos en los alimentos puede perderse durante el almacenamiento, procesamiento y cocción de los alimentos. El ácido fólico sintético, en cambio es estable por meses y aún años y su biodisponibilidad es del 100%.

Con la detección oportuna, el cuidado médico adecuado, el tratamiento efectivo y la colaboración de la sociedad, el futuro es de lo más alentador.

La atención médica inmediata y el tratamiento continuo, son importantes para que la mayoría de los niños con espina bífida y/o hidrocefalia puedan llegar a tener una vida normal y la oportunidad de convertirse en miembros productivos de la sociedad. A los sufrimientos antes descriptos para el niño y su familia, se suman los costos socio-sanitarios que podríamos invertir de mejor forma orientados a la prevención.

El presente proyecto tiene como finalidad fomentar la prevención de esta patología. El enriquecimiento o fortificación de alimentos con ácido fólico constituye una estrategia fundamental para aumentar los niveles de folato en la mujer, cuya ventaja radica en que permite alcanzar un amplio espectro de la población sin requerir un cambio en el comportamiento alimentario de la misma. Se entiende por "enriquecimiento o fortificación de alimentos" la incorporación a un alimento de uno o varios nutrientes esenciales, tanto si están como si no están contenidos normalmente en el alimento, con el fin de prevenir o corregir la deficiencia demostrada de los mismos en la población o en grupos específicos de dicha población" (Artículo 29.1.3 del Reglamento Bromatológico Nacional - Decreto 315/994). Así mismo este Reglamento señala que la fortificación o enriquecimiento se regulará por leyes y reglamentos específicos (Artículo 29.2.19).

Esta estrategia tiene dos elementos a fijar: elección del alimento a fortificar que deberá ser un alimento de consumo universal y uniforme por la población objetivo y selección de la sustancia o producto de fortificación con la fijación de las características del producto resultante (Artículo 29.2.19 del Decreto 315/994).

Muchos países de la región de las Américas han establecido la fortificación de alimentos con ácido fólico como su estrategia fundamental para combatir los defectos del tubo neural, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Brasil y Chile. En general estos países fortifican un solo alimento, siendo la harina de trigo el alimento elegido. Los niveles de fortificación están entre 200 y 240 µg de ácido fólico por 100 g de harina.

Recordemos que la fortificación de alimentos se ha efectuado en el país para la prevención del Bocio Endémico, determinado por la deficiencia de yodo, otro nutriente esencial, en nuestros suelos y como consecuencia en nuestros alimentos. Con este proyecto estaríamos evitando la muerte de muchos niños que padecen esta enfermedad y logrando un efecto protector sobre los que nacen.

Mónica Xavier Miembro Informante.

Montevideo, 16 de marzo de 2005.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Salud Pública

ACTA Nº 27

En Montevideo, el día catorce de marzo del año dos mil seis, a la hora doce y treinta minutos, se reúne la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores.

Asisten las señoras Senadoras Margarita Percovich y Mónica Xavier y los señores Senadores Isaac Alfie, Enrique Antía, Alberto Cid, Eber Da Rosa y Víctor Vaillant.


Preside el señor Senador Isaac Alfie, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Secretario Alberto Martínez Payssé con la colaboración de la funcionaria Susana Rodríguez.

ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de Vicepresidente. Los señores Senadores Xavier y Cid proponen a la señora Senadora Percovich. Se vota: 6 en 7. Afirmativa.

2º) Carpeta Nº 120. PREVENCION DE MALFORMACION DEL TUBO NEURAL. Prevención de Enfermedades -Espina Bífida- Anencefalia. Productos Alimenticios. Proyecto de ley con exposición de motivos de la señora Senadora Mónica Xavier. Distribuido Nº 28/2005.

Luego de un intercambio de opiniones, se vota en general el proyecto sustitutivo de la señora Senadora Xavier con modificaciones. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. A continuación se acuerda votar en particular el mencionado proyecto en la sesión que se realizará el próximo martes 28.

RESOLUCIONES:

La Comisión resolvió concederle la audiencia solicitada a los trabajadores del Laboratorio Bioquímica INU para la sesión a realizarse el próximo martes 28, a la hora 12 y 30.

A la hora catorce se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Isaac Alfie Presidente

Alberto Martínez Payssé Secretario.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Salud Pública

ACTA Nº 28

En Montevideo, el día veintiocho de marzo del año dos mil seis, a la hora doce y cuarenta y cinco minutos, se reúne la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores.

Asisten las señoras Senadoras Margarita Percovich y Mónica Xavier y los señores Senadores Isaac Alfie, Enrique Antía, Alberto Cid, Eber Da Rosa y Víctor Vaillant.

Preside el señor Senador Isaac Alfie, Presidente de la Comisión.

Asisten por los trabajadores del Laboratorio Bioquímica INU la señora Mariela Rizzo y los señores Javier Feraz y Alberto Gutiérrez.

Actúa en Secretaría el señor Secretario Rodolfo Caimi con la colaboración de la funcionaria Susana Rodríguez.

ORDEN DEL DIA:

1º) Recibir a trabajadores del Laboratorio Bioquímica INU. De lo actuado se toma versión taquigráfica, cuya copia dactilografíada luce en el Distribuido Nº 744/2006, y que es parte integrante de la presente Acta.

2º) Carpeta Nº 120. PREVENCION DE MALFORMACION DEL TUBO NEURAL. Prevención de Enfermedades -Espina Bífida-Anencefalia. Productos Alimenticios. Proyecto de ley con exposición de motivos de la señora Senadora Mónica Xavier. Distribuido Nº 28/2005.

El señor Presidente propone pasar a votar en particular el proyecto de ley.

Se vota: Artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se reconsidera el artículo 2º. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. El señor Senador Cid propone como Miembro Informante a la señora Senadora Xavier. Se vota: 5 en 6. Afirmativa.

La señora Senadora Xavier hará el informe en forma escrita.

De lo actuado se toma versión taquigráfica que luce en el Distribuido Nº 745/2006 y que forma parte integrante de la presente Acta.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO APROBADO.

"Artículo 1º.- (Objeto).- La presente ley tiene como objeto específico la prevención de las anemias ferropénicas y las malformaciones del tubo neural, tales como la anencefalia y la espina bífida, mediante la promoción del enriquecimiento de alimentos con hierro y ácido fólico.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior el Ministerio de Salud Pública podrá modificar los micronutrientes, las formas químicas de los mismos y las cantidades de fortificación, de acuerdo con los avances de los conocimientos científicos del tema.

Artículo 2º.- (Fortificación de harinas).- Toda harina de trigo, con excepción del salvado y la harina integral, destinada al consumo humano que se comercialice en el mercado nacional, deberá estar fortificada con ácido fólico y hierro, en los términos que establezca la reglamentación.

El Ministerio de Salud Pública podrá exonerar por razones justificadas, entre otras, en la calidad del alimento y limitaciones en el proceso tecnológico, la incorporación de fortificantes cuando la harina de trigo es destinada a la elaboración industrial de alimentos pre-elaborados. Queda prohibida en consecuencia la comercialización directa al público de esa harina no fortificada.

Artículo 3º.- (Fortificación de lácteos).- La leche en su forma fluida y en polvo destinada a los planes de alimentación institucionales será fortificada con hierro, en las proporciones y condiciones que determine la reglamentación. El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública podrá extener este plan a los mismos a través del Ministerio de Salud Pública podrá extender este plan a los mismos tipos de leche cuando se destine a la población en general, de acuerdo a los resultados de esta medida.

Artículo 4º.- (De la responsabilidad).- La fortificación de la harina de trigo y lácteos con micronutrientes es responsabilidad de los industriales fabricantes o importadores según corresponda. Así mismo, los fabricantes o importadores de productos alimenticios en los que se utilicen dichas materias primas serán responsables de la fortificación exigida de acuerdo a los requisitos establecidos en la reglamentación.

Artículo 5º.- (Rotulación).- La fortificación de la materia prima, el alimento primario o elaborado, deberá estar consignada en la rotulación de su envase.

Artículo 6º.- (Competencia).- Para la aplicación de la presente ley, el Ministerio de Salud Pública ejercerá sus funciones por sí o en colaboración con otros organismos nacionales, departamentales o locales, organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales.

Artículo 7º.- (Sanciones).- El Ministerio de Salud Pública, ejercerá la inspección, fiscalización y control del cumplimiento de la presente ley, a cuyos efectos podrá disponer las siguientes sanciones:

a) Incautación de los productos en infracción.

b) Aplicación a las personas físicas o jurídicas responsables de acuerdo al artículo 4º de la presente ley que fabriquen o comercialicen productos en infracción, de multas hasta un monto de 500 UR (quinientas unidades reajustables).

c) Suspensión parcial o total de actividades de las personas físicas o jurídicas referidas en el literal b), la que no podrá exceder de seis meses o la clausura de sus locales comerciales o industriales.

Dichas sanciones serán graduadas de acuerdo a la gravedad y reiteración de la infracción.

Artículo 8º.- (Difusión).- El Ministerio de Salud Pública, difundirá entre la población y en particular entre los trabajadores de la salud, información sobre los alcances de la presente ley. Así mismo, dispondrá la realización de evaluaciones del proceso y resultados de esta medida.

Artículo 9º.- (Reglamentación).- La Reglamentación establecerá el listado de alimentos pre-elaborados exonerados de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la presente ley, así como la proporción de micronutrientes en que dichos componentes deberán ser adicionados.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta días de su entrada en vigor."

A la hora trece y cuarenta se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Isaac Alfie Presidente

Rodolfo Caimi Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: en realidad, una de las cosas que debemos hacer, si este proyecto de ley es aprobado en esta Cámara y pasa a consideración de la Cámara de Representantes, es cambiarle el título por el de: "Fortificación de alimentos". En ese sentido, me parece importante mencionar la evolución de este proyecto de ley en debate en la Comisión de Salud Pública del Senado, que contó con la unanimidad de los presentes.

Este proyecto de ley fue presentado a principios del año 2005, enfocado a la prevención de las malformaciones del tubo neural, y en el transcurso del debate se le incorporaron aspectos que tienen que ver con la prevención de anemia por carencia de hierro. Sin duda, estas patologías tienen consecuencias muy importantes para las capacidades de los niños en sus primeros años de vida y también causan daños irreversibles en su vida adulta. En nuestro país, por año nacen cincuenta niños con malformaciones del tubo neural y hay muchos otros que ni siquiera logran nacer, ya que los embarazos no llegan a término porque estas patologías hacen inviable la vida extrauterina. Sin lugar a dudas, cincuenta niños por año, en un país que registra 50.000 nacimientos, es una incidencia importante y, sobre todo, es un deber tratar de abatir este problema porque, efectivamente, aunque no se sepa cuáles son exactamente sus orígenes, sí se sabe que hay elementos, como en este caso la fortificación de los alimentos y el suministro de ácido fólico a la madre en gestación, que reducen en un 50% o 70% la posibilidad de incidencia.

La patología más común es la espina bífida, pero también hay malformaciones como la anencefalia, el labio leporino o el paladar hendido.

Me parece importante decir que este proyecto de ley surge luego de haber participado en un segundo Encuentro Nacional que se organizó por padres de niños y niñas con espina bífida y por el equipo médico del Banco de Previsión Social, a fines del año 2004. En esa oportunidad nos impactó conocer la situación que muchos de estos chicos vivían y la realidad que debían enfrentar, tanto ellos como sus padres, para superar la cantidad de situaciones de atención sanitaria que requieren. En general, siendo chicos que tienen un privilegiado desarrollo de su coeficiente intelectual, sufren de manera mayor el hecho de tener discapacidades motrices que les impiden hacer una vida plena.

Lo que nos parece importante es que la sociedad, en lugar de invertir la enorme cantidad de dinero que utiliza para la recuperación, que siempre es parcial, tome definitivamente, en este como en otros problemas sanitarios, la prevención como el eje fundamental para que no existan los costos sanitarios y, sobre todo, los costos humanos a los cuales estos chicos muchas veces se ven sometidos.

Nos pareció que lo importante era proponerles un marco legal, porque revisando el estado de la enfermedad, veíamos que en muchos países se habían encarado diferentes medidas. Por ejemplo, en Estados Unidos se da ácido fólico a toda mujer en edad reproductiva, porque como los embarazos no se planifican, es importante que haya una buena dosis de ácido fólico en las mujeres que pudieran quedar embarazadas. Hay otros países que desde hace décadas incorporaron el ácido fólico en alimentos de alto consumo y de bajo costo, como diferentes harinas.

Por otra parte, algunos estudios, por ejemplo uno realizado por el Centro Latinoamericano de Perinatología en el año 2004, en base a una encuesta y a un relevamiento de las mejores prácticas en embarazo, parto y puerperio en los hospitales públicos, muestra que el suministro de ácido fólico, entre ocho mejores prácticas, es el que menos se efectiviza en nuestros nosocomios.

Sin lugar a dudas, se suman los aspectos de profundización de la crisis económica que hemos tenido a partir del año 2002, con sus consecuencias nutricionales en la sociedad, así como también la dificultad en la sensibilidad y en el efectivo control de los embarazos. Hay que tener en cuenta la posibilidad de que una vez que se controle y se indique la ingesta de ácido fólico, se cumpla con ella.

A lo largo de todo este debate recibimos aportes del Servicio de Ortopedia Infantil del Hospital Pereira Rossell y el profesor Cagnoli nos decía que le parecía muy importante comenzar un trabajo en todos los servicios para el uso del ácido fólico, porque esto no sólo podía prevenir las patologías en los niños, sino lograr que las madres embarazadas tuvieran mejores condiciones para enfrentar sus embarazos. Es de destacar que el ácido fólico es beneficioso para las afecciones cardiovasculares y hay estudios que lo indicarían como beneficioso en la prevención del Alzhaimer. Pero también, por ejemplo, el profesor Grunberg, del Servicio de Nefrología de Niños y Adolescentes, dice que nuestro país es uno de los que registra el mayor porcentaje de insuficiencia renal crónica, producto del tratamiento tardío de estos niños con espina bífida, que tienen una patología especial en su vejiga y, al no ser tratados -en general quirúrgicamente- en tiempo y forma, a los 18 años deben ser sometidos a diálisis y, eventualmente, necesitan trasplantes renales para solucionar estos problemas.

Por otro lado, se agregaron estudios de la clínica de Ginecotocología C que avalan, con evidencias científicas incontrastables, la necesidad de que se tenga una actuación con más de un método en donde, por un lado, demos a los alimentos -como estamos proponiendo en este caso, a la harina de trigo- la fortificación con ácido fólico y con hierro. Además, esto debe inscribirse en una orientación desde el punto de vista de lo que deben ser los aspectos nutricionales; se debe alentar el amamantamiento en las edades indicadas, la diversificación alimentaria y el hecho de que se reciban los suministros de estas sustancias cuando no se obtuvieron en las etapas de prevención.

Como decíamos, en la Comisión recibimos delegaciones -lo que yo reseñaba fue producto de comunicaciones que nos fueron llegando durante el trabajo- representando a los actores involucrados. En primer término se recibió a los representantes del Ministerio de Salud Pública que, desde la Administración anterior, estaban preocupados por la necesidad de fortificar determinados alimentos y lo habían hecho por la vía de un decreto. Ese decreto generaba ciertas polémicas con respecto a determinados aspectos técnicos; creemos haber zanjado esas dudas en el transcurso del estudio de este proyecto que hoy traemos a consideración del Senado. En más de una oportunidad recibimos a las autoridades involucradas del Ministerio de Salud Pública, a los representantes de la Cámara de Industria de Alimentos, a la Comisión Gremial de Molinos, a catedráticos de Pediatría, de Ginecotocología y solicitamos informes al LATU y al Ministerio de Economía y Finanzas en su dependencia de política comercial.

Este proyecto de prevención de malformaciones del tubo neural luego se amplía al aspecto de anemias y, por tanto, incorpora el hierro también a la harina y a la leche fluida y en polvo con destino a programas de suplementación alimentaria. A fines de año, mientras debatíamos el Presupuesto Nacional, nuestra Comisión recibió de manera extraordinaria a la Ministra de Salud Pública y a su equipo, que vinieron a hacer un anuncio sobre una situación bastante alarmante que, desde el punto de vista sanitario, se planteaba como resultado de una encuesta que la Sociedad Uruguaya de Pediatría, el Ministerio de Salud Pública y UNICEF habían realizado para determinar algo que no existía en ningún estudio formal, que era la línea de base a partir de la cual, no sólo se debía promover la incorporación de determinados porcentajes de nutrientes, sino también medir los impactos posteriores que estas políticas generen. Esto es importante porque, de lo contrario, uno trabaja al estilo "perdigonada" y no sabe si las medidas que está tomando desde el punto de vista sanitario están teniendo impactos o si está errando en los caminos. Esta encuesta estuvo pronta para fin de año y se realizó sobre 444 niños que son el promedio de los usuarios de Salud Pública; niños que pertenecen a la periferia de Montevideo y que fueron elegidos en cuatro policlínicas barriales, habiendo nacido todos ellos a término y con un peso adecuado, estando en pleno estado de salud y con un control periódico con su pediatra. Es decir que los datos recabados en ellos implicaban a sectores sociales pobres, pero ninguno de los otros elementos tenía una incidencia negativa sobre el perfil de esta población. El hallazgo fue realmente preocupante, pues un 53,3% tuvo anemia.

Esto indica que si hay una población -como una sabe que existe- usuaria de salud pública que regularmente se controla, que pueden ser niños nacidos con bajo peso o prematuros, es decir, con todas aquellas condiciones que generan un handicap en su desarrollo, seguramente serán peores los índices de carencia de hierro y, por lo tanto, la anemia es consecuente.

Este no es un estudio que se pueda generalizar a toda la población infantil, pero nos da una línea de base sobre una población que tiene las características que antes mencionábamos. Entonces, así como es muy invalidante la malformación a la que hacíamos referencia, el hecho de tener una carencia de hierro en etapas tempranas, desde el nacimiento hasta los dos o tres primeros años, es un handicap irreversible para el desarrollo neurológico y las capacidades de conocimiento que puedan tener esos niños en su vida posterior.

Queda claro que para que estas acciones sean reversibles, debemos tener en cuenta algunos relevamientos en países que desde hace cuarenta años tienen este tipo de política de suplementar los alimentos, en los que se ha visto que, por ejemplo, las cifras de anemia son muy bajas y están en el entorno del 2%. De acuerdo con la encuesta alimentaria que se hizo en forma conjunta con estas detecciones sanguíneas que determinaban la anemia, estos niños, por lo menos los menores de un año, consumían medio litro de leche fluida. Se estimaba que si esa leche fluida en todos los casos hubiera estado fortificada, por lo menos el 60% o el 90% del hierro recomendado hubiera sido incorporado a través de esa ingesta. Insistimos en esto en una política en la que no dejamos de lado la importancia de la leche materna, pero constatamos una realidad que hemos planteado en más de una oportunidad en otros proyectos de ley que hemos visto en el Senado. La necesidad del amamantamiento materno es una política en permanente estímulo por todos los elementos que da la leche materna.

Por lo tanto, podemos decir que estamos perdiendo una oportunidad en este camino, en el cual pretendemos los mejores hábitos alimentarios para las madres y para los niños, pero al mismo tiempo tenemos que lograr suplementos medicamentosos o en alimentos -como decíamos- de bajo costo y alto consumo, que nos ayuden a ir superando estos déficit nutricionales que tienen estas consecuencias socio-sanitarias.

Nos parece importante destacar que realmente no existía en la literatura ningún elemento que arrojara consecuencias negativas por el hecho de incorporar estos nutrientes a un alimento de alto consumo. La bibliografía no los registra y, en todo caso, lo que el proyecto plantea claramente es la necesidad de la rotulación para que, eventualmente, si en algún caso existiera la situación de que estuviera contraindicada la ingesta de un suplemento de esta naturaleza, la persona se abstenga de ello.

Queremos fundamentar esta legislación. En este sentido, la legislación comparada es de lo más variada; muchísimos países tienen leyes y otros tienen decretos. Nosotros entendimos que este es un proceso bastante similar por lo difícil que ha sido llegar a una norma legal, si es que llegamos en este debate -que espero así sea-, complementados con la Cámara de Representantes. Nos parece que es un elemento a ordenar, una situación que podría haber estado solucionada muchos años antes, aún antes de haber tenido estos índices preocupantes. El hecho de que se trate de una norma legal va a ayudar a dar certeza a quienes están en los diferentes eslabones de la cadena de producción y puede estimular mejores prácticas desde el punto de vista nutricional.

Recordemos que en este país -sobre todo al Norte del Río Negro- existía una enfermedad endémica, el bocio, debido a la carencia de yodo en el organismo, y que mediante una ley, que luego fue reglamentada por regiones -enfocándose primero a los departamentos que estaban más distantes de las zonas costeras, donde la carencia de yodo era mayor-, se comenzó a fortificar la sal con este mineral. Este fue un paso que no tuvo reversibilidad, por suerte, porque aún hoy se ven las consecuencias en las zonas donde no se consume sal yodada ni ningún alimento que contenga yodo, sobre todo en algunos lugares en el medio del campo. También podemos ver en personas mayores las consecuencias de no haber recibido este nutriente a lo largo de su vida y, por lo tanto, padecer la patología del bocio.

Nos parece que ninguna situación es exactamente comparable, pero en este caso estamos teniendo un muy bajo índice de natalidad en el país, una reproducción biológica a expensas de los sectores más deprimidos económicamente, por lo cual debemos hacer los mayores esfuerzos para que estos niños y niñas tengan mejores condiciones y no estén condenados ya desde la cuna a padecer estos déficit.

Hemos visto la importancia de tener un marco legal. Además, el Ministerio aprueba el hecho de que esto se haga por ley, dado que ayudaría a dar un empuje sobre diferentes líneas de trabajo para abatir estos importantes déficit.

Otro de los puntos que cabría destacar es que en el proyecto de ley se plantea -tal como decíamos hoy- que la fortificación con estos elementos se haga en todas las harinas de trigo, dejando algunas excepciones: el salvado, la harina integral y los productos preelaborados en los cuales la harina fortificada con estos elementos pueda tener un efecto sobre la duración de dichos productos preenvasados. Por lo tanto, invertimos los términos y, en lugar de hacer una lista que los prohíba, otorgamos al Ministerio de Salud Pública la facultad de exonerar en algunos casos de este procedimiento, por razones justi-ficadas -como la calidad del alimento y las limitaciones en los procesos tecnológicos-, dejando en manos del industrial la responsabilidad del cumplimiento de lo que la ley disponga.

En lo que tiene que ver con la leche, disponemos la incorporación solamente de hierro y no de ácido fólico, ya que en este último caso tendría incidencia en el valor del producto. Por lo tanto, con la incorporación de hierro no habría una transferencia del costo al consumidor. Esto está comprobado y ya hay muchas iniciativas que están llevándose a la práctica en diferentes lugares del país. Quiere decir que uno puede consumir estos alimentos fortificados, pero sin lugar a dudas, el hecho de universalizarlos necesita de un elemento que obligue a elaborarlos. Como decíamos, disponemos la fortificación con hierro de la leche fluida y la leche en polvo con destino a programas institucionales, con la facultad de poder ampliar el espectro en el caso de que así se requiriera por parte del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública. Hemos dejado esta flexibilidad porque nos parece que dicha gradualidad sirve para ir haciendo las cosas con firmeza y sin que aparezcan obs-táculos en su implementación.

Otro aspecto que mencionamos hoy es el de que estos productos deben estar adecuadamente rotulados. Esto es realmente importante, no sólo para esta futura norma, sino que es imprescindible en el caso de cualquier alimento, dado que es un derecho del consumidor saber qué elementos o ingredientes contienen los alimentos y en qué cantidades. Obviamente, por tener el Ministerio de Salud Pública un papel rector en las políticas alimentarias concernientes a aspectos sanitarios, dejamos dentro de su competencia la aplicación de la ley, ya sea en colaboración con otros organismos departamentales, nacionales o locales, o con organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales. Como vimos, en algunos de los casos fue importante la determinación de aspectos que definían desde qué lugar podíamos encarar este tema en los diferentes sectores de la población.

Figura también una graduación de sanciones -en el caso de que haya multas- que están adecuadas a las unidades que maneja el Ministerio para otro tipo de multas. De alguna manera pretendimos que tuviera cierta gradualidad y armonía con el resto de las sanciones que maneja el Ministerio.

Nos parece, tal como dijimos al principio, que no es sólo con un camino que superaremos estas situaciones de déficit nutricional, sino con un abanico de medidas. Por lo tanto, pensamos que es importante encomendar al Ministerio de Salud Pública la difusión a la población -en particular, a los trabajadores de la salud- de los alcances de la presente ley, así como la evaluación de los procesos y de los resultados de estas medidas adoptadas.

Dejamos que la reglamentación, según la mejor evidencia científica, determine las proporciones en las que cada uno de estos micronutrientes debe estar incorporado. Más allá de que existe mucha bibliografía, los valores son bastante similares en toda la legislación comparada. De todas formas, pienso que somos mucho más reducidos que en el caso de normativas de otros países en cuanto a los nutrientes, ya que el Ministerio nos ha planteado que realmente quiere poder efectivizar el control, no sólo en lo que tiene que ver con la fortificación concretamente, sino también con las proporciones que deben utilizarse. Esto se haría por auditorías, dado que sería imposible un mayor control. Efectivamente, en otras normativas hemos visto que muchos de los nutrientes no tienen la duración que deberían tener en el tiempo y se ven afectados si los alimentos son sometidos al fuego o si, simplemente, están colocados en esas combinaciones, porque la forma en que se pueden seguir algunos micronutrientes, o sea, la trazabilidad, se ve ayudada por un micronutriente que en ese país es de más fácil o más barata detección.

Los estudios realizados en nuestra población han demostrado que hay una necesidad imperiosa de fortalecer dos alimentos de absoluta disponibilidad en la alimentación de los uruguayos con ácido fólico y hierro. De esta manera, se busca complementar la harina de trigo y la leche. A través de los estudios comparados, uno puede advertir que en otros lugares hay alimentos, como la leche de cabra -no-sotros no la tenemos-, que es la más parecida a la leche materna y que contiene una serie de elementos que no posee aquella de la que nosotros disponemos.

Otros países cuentan en su alimentación básica con algunos granos que les aportan ciertos micronutrientes que no se encuentran en nuestra alimentación, que sin embargo es muy rica en determinadas proteínas que hacen que estos sean los alimentos más confirmados en las investigaciones que se han realizado.

Estos son algunos de los elementos a destacar, y contamos con un informe, una exposición de motivos del proyecto de ley original, así como con un informe producto del agregado que se hizo a esta iniciativa en el último período del debate.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: hemos escuchado con mucha atención la exposición de la Miembro Informante sobre este tema, que es de una gran trascendencia social y, sobre todo, de carácter médico.

Nos surge una inquietud en el sentido de si se le deja al Ministerio de Salud Pública la discrecionalidad para determinar las formas químicas y las cantidades para la fortificación. En el informe se agregan ciertos datos respecto a algunos países que utilizan determinados porcentajes preestablecidos sobre la cantidad de ácido fólico a utilizarse. Sin embargo, solamente se hace referencia a los que utilizan el ácido fólico y no a los que usan hierro. Cabe destacar que en nuestro país se utilizan el hierro y el ácido fólico en forma complementaria. Concretamente, mi pregunta es si las formas y los porcentajes del hierro y del ácido fólico en el producto pueden ser establecidos por ley o si, en este caso, es preferible que queden a discrecionalidad del Ministerio de Salud Pública para que maneje esto de acuerdo con su política.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: nos ha parecido que como es tan rápida la evolución de las investigaciones y del conocimiento científico médico, la reglamentación es el mecanismo más adecuado para reflejar la mejor evidencia científica. Inclusive, se pretende generar lo que plantea el artículo 8º sobre el proceso de evaluación y resultados que permitan mejor adaptabilidad de estos micronutrientes y de las cifras en que los mismos se incorporarían. Sabemos que modificar la ley es un trámite bastante engorroso y, en realidad, no varían en un rango demasiado grande, sino en porcentajes mínimos que dependen de que el producto logre mejor dilución de los micronutrientes y de que sea aceptado por la sociedad. No cabe duda de que habrá que advertir que la harina no tendrá la blancura que presenta la que no está fortificada. Será necesario dar la información suficiente en cuanto a las bondades de esta harina, asegurando que puede ser igualmente agradable al paladar, aunque las condiciones visuales no sean las mismas. De todos modos, quien haya consumido leche fortificada con hierro, sabe que antes de ser calentada tiene un olor especial que se pierde totalmente una vez que se la calienta y, además, no tiene ningún tipo de sabor.

Concretamente, nos pareció que dejar este aspecto librado a la reglamentación era la mejor forma de proceder, porque va a reflejar más fielmente la evidencia científica, y adecuarla no debería generar trámites legislativos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: atento a la enjundiosa y exhaustiva exposición de motivos realizada por la señora Senadora Xavier, formulo moción para que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Breccia en el sentido de que se suprima la lectura del articulado del proyecto de ley y se vote en bloque.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque el articulado del proyecto de ley.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: quiero solicitar que se cambie el título al proyecto de ley y que se denomine "Fortificación de alimentos", ya que refleja mejor el contenido final de la iniciativa.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por la señora Senadora Xavier en el sentido de cambiar la denominación del proyecto de ley en los términos que ha planteado.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se encomienda a Secretaría que proceda en consecuencia.

Queda aprobado el proyecto de ley que, se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

19) SEGUNDO PROTOCOLO DE LA CONVENCION PARA LA PROTECCION DE BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO, SUSCRITO EN LA HAYA EL 26 DE MARZO DE 1999

SEÑOR PRESIDENTE (Sr. Da Rosa).- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Segundo Protocolo de la Convención para la Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, suscrito en La Haya, el 26 de marzo de 1999. (Carp. Nº 444/06 - Rep. Nº 201/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 444/06

Rep. Nº 201/06

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 24 de enero de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 numeral 7 y 168 numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración, el proyecto de ley adjunto, por el cual se aprueba el Segundo Protocolo de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, suscrito en La Haya, el 26 de marzo de 1999.

I. ANTECEDENTES

Las normas relativas a la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado forman parte integral del derecho internacional humanitario. Toda la reflexión que se ha desarrollado en los últimos años ha seguido la tendencia de buscar no solamente la supervivencia a corto plazo de las poblaciones atrapadas en los conflictos, sino también el respeto de su dignidad. Y ello implica el respeto de su cultura. Los ataques deliberados contra los bienes culturales son señal de desprecio y éste puede servir de excusa o protexto para los peores vejámenes, de los que a menudo es sólo el preludio. La defensa de los bienes culturales de una población y, por ende, el respeto de su dignidad, forma parte integral de la acción humanitaria destinada a proteger a esa población. Se trata, en efecto, de no aislar la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado de las cuestiones más generales relativas a esa protección.

Aunque los bienes culturales ya habían sido mencionados en las Convenciones adoptadas en La Haya en 1899 y en 1907 y en tratados específicos como el Convenio de Washington sobre la protección de las instituciones artísticas y científicas y de los monumentos históricos de 1935, el principal tratado de derecho internacional en la materia es la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, a los que deben sumarse su Reglamento de aplicación y sus Protocolos de 1954 y 1999. Existen, además, otros instrumentos que también contienen disposiciones relativas a la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Se trata, en particular, de los Protocolos I (conflictos armados internacionales) y II (conflictos armados sin carácter internacional) adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra, aprobados en 1977 (en adelante Protocolos Adicionales); y el Estatuto de Roma de 1988 de la Corte Penal Internacional (en adelante CPI).

I.1. La Convención de 1954.

La Convención de 1954 es el primer instrumento con vocación universal que establece un régimen de protección de los bienes culturales en período de conflicto armado. Constituye aún hoy la piedra angular del derecho en esta materia. Los bienes culturales son, en particular, los museos, las bibliotecas, los archivos, los sitios arqueológicos y los monumentos de valor para la arquitectura, el arte o la historia, de carácter tanto religioso como secular. Hasta la fecha, la Convención de 1954 ha sido ratificada por 114 Estados (entre ellos Uruguay, que la aprobó por Ley Nº 17.095, de 16 de mayo de 1999), pero los principios básicos relativos al respeto de los bienes culturales consagrados en ella han pasado a ser parte del derecho internacional consuetudinario.

I.2. El Primer Protocolo a la Convención (1954).

Al mismo tiempo que la Convención de 1954, se aprobó un Protocolo, del que hoy son Partes 91 Estados (entre ellos Uruguay, que la aprobó por la misma ley que a la Convención). El mismo trata principalmente de la protección de los bienes culturales en territorio ocupado. La finalidad de este instrumento es impedir que un Estado Parte en la Convención exporte bienes culturales de un territorio ocupado, total o parcialmente.

Entre sus disposiciones, el Protocolo prevé que durante las hostilidades, en caso de ocupación del territorio de un Estado Parte, cada Alta Parte Contratante tiene la obligación de impedir la exportación de bienes culturales del territorio ocupado y colocar bajo secuestro los bienes culturales importados en su territorio que procedan del territorio ocupado (artículo I, párrafos 1 y 2). Una vez finalizadas las hostilidades, al término de la ocupación, este Estado debe devolver los bienes culturales que hayan sido exportados ilegalmente y abstenerse de retenerlos a título de reparaciones de guerra e indemnizar a los poseedores de buena fe de los bienes culturales que hayan de ser devueltos por haber sido exportados ilegalmente (artículo I, párrafos 3 y 4). El Estado Parte tercero que haya aceptado recibir bienes culturales durante el conflicto armado deberá devolverlos a las autoridades competentes del territorio de procedencia (artículo II).

I.3. Los Protocolos Adicionales I y II a los Convenios de Ginebra de 1949 (1977).

Dos décadas más tarde, se consideró oportuno incorporar una disposición relativa a la protección de los bienes culturales en período de conflicto armado internacional y no internacional, a los Protocolos Adicionales de 1977 (aprobados en Uruguay por Ley Nº 15.764, de 13 de setiembre de 1985). Se consideró importante que esta cuestión no se separara de los demás problemas de protección en esas situaciones. Además, dado que en ese momento, la Convención de 1954 se encontraba lejos de gozar de una ratificación universal, convenía evitar la situación de un Estado Parte en los Protocolos adicionales de 1977 que no estuviera específicamente cubierto por ninguna disposición relativa a los bienes culturales. Por ese motivo esta nueva protección se añade a la inmunidad que se otorga a todos los bienes de carácter civil.

Es así que, en cada uno de los Protocolos hay un artículo que se limita a prohibir la transformación de los bienes culturales en objetivos militares y la comisión de actos de hostilidad en su contra. En el Protocolo Adicional I esta disposición está incluida en el artículo 53. Se trata de una infracción que, en ciertas condiciones, puede constituir un crimen de guerra según los términos de este Protrocolo, aplicable en caso de conflicto armado internacional (artículo 85, párrafo 5). El objetivo de esas disposiciones es confirmar que las normas relativas a la protección de los bienes culturales en situación de conflicto armado forman parte integral del derecho relativo a la conducción de las hostilidades. Estas nuevas normas precisan que en caso de contradicción con las de la Convención de 1954 éstas son aplicables, siempre que, evidentemente, las partes interesadas estén obligadas por dicha Convención.

El Protocolo Adicional II (aplicable en situación de conflicto armado sin carácter internacional) protege los bienes culturales en situación de conflicto armado que no sea internacional. El artículo 16 estipula que, sin perjuicio de otras obligaciones internacionales "...queda prohibido cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, las obras de arte o los lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, y utilizarlos en apoyo del esfuerzo militar". Este instrumento no contiene en cambio disposiciones relativas a la obligación de reprimir penalmente la violación de esta disposición ni califica tal acto como crimen de guerra.

I.4. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998).

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) se adoptó en julio de 1998 y fue aprobado por Ley Nº 17.510 de 27 de junio de 2002. El Estatuto prevé que la CPI será competente para juzgar a las personas de las que se presume que, en el caso de un conflicto armado internacional o no internacional, hayan dirigido ataques deliberados contra bienes civiles y contra "edificios dedicados al culto religioso, la educación, las artes, las ciencias o la beneficiencia, los monumentos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que estos edificios no sean objetivos militares..." (artículo 8, párrafo 2, apartados b.ii y e.iv).

El artículo 8 del Estatuto establece la competencia de la Corte respecto de los crímenes de guerra "en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes". Están comprendidos dentro de esta disposición, en particular, las infracciones graves y todas las otras violaciones graves a las leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales.

Por lo que atañe a los bienes culturales, el artículo 8 estipula que constituye un crimen de guerra el acto de: "...dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados al culto religioso, las artes, las ciencias o la beneficiencia, los monumentos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares..." (artículo 8, párrafo 2, apartados b.ix y e.iv). En virtud del principio de complementariedad, la competencia de la Corte únicamente se ejerce cuando un Estado está inhabilitado para emprender diligencias penales contra los presuntos criminales de guerra que caigan dentro de su competencia o no tenga la voluntad de hacerlo.

II. EL SEGUNDO PROTOCOLO A LA CONVENCION DE 1954 (1999)

II.1. Proceso de elaboración.

La eficacia de la Convención de 1954 se convirtió en materia de preocupación general a comienzos de los años noventa, durante la segunda guerra del Golfo y el conflicto en la antigua Yugoslavia. En 1991, en el marco del Decenio del Derecho Internacional Humanitario de las Naciones Unidas, el Gobierno de los Países Bajos impulsó un proceso de revisión de la Convención de 1954, que requirió tres reuniones de expertos y cuyo resultado fue el "documento Lauswolt" -denominado así por la población holandesa en donde se redactó- que incluía un nuevo proyecto de tratado. En marzo de 1997, veinte expertos gubernamentales se reunieron en la sede de la UNESCO para examinar el citado documento. Sobre la base de sus debates, la Secretaría de la UNESCO elaboró un "documeno Lauswolt revisado" que sometió a todos los Estados Partes en la Convención de 1954, en una reunión celebrada en París en noviembre de 1997. En esa oportunidad, se decidió organizar una reunión final preparatoria a fin de debatir más detenidamente ciertas cuestiones jurídicas y se acogió la propuesta de los Países Bajos de convocar una conferencia diplomática en 1999 para transformar el "documento Lauswolt" en un tratado internacional. La reunión preparatoria final se llevó a cabo en Viena, en mayo de 1998. En ella se identificaron cinco puntos que deberían ser tratados en el Segundo Protocolo: la derogación por necesidades militares; las medidas cautelares; el sistema de protección especial; la responsabilidad penal individual y los aspectos institucionales.

Tras las reunión, se redactó un Proyecto Preliminar del Segundo Protocolo a la Convención de 1954, invitándose a los Estados y organizaciones interesados a presentar sus comentarios. Sobre la base de éstos, la Secretaría de la UNESCO y el Gobierno de los Países Bajos redactaron conjuntamente el proyecto final del Segundo Protocolo.

La Conferencia Diplomática para la elaboración del Segundo Protocolo se celebró en La Haya, del 15 al 26 de marzo de 1999. Esta aprobó por consenso el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (en adelante "el Segundo Protocolo"), el 26 de marzo de 1999. Durante todo el proceso de revisión se mantuvieron abiertas varias opciones sobre la técnica de modificación de tratados que debía emplearse para mejorar la Convención de 1954. La opción que prevaleció fue la que propugnaba que el nuevo tratado fuera un protocolo adicional que no modificara en modo alguno la Convención, sino que la complementara y fuera aplicable únicamente a los Estados que la ratificaran.

II.2. Análisis del instrumento.

El Protocolo de 1999 permite a los Estados Partes de la Convención completar y reforzar el sistema de protección establecido en 1954 (artículo 2). Así, este Segundo Protocolo extiende su ámbito de aplicación a los conflictos armados no internacionales. Además, precisa las nociones de salvaguardia y respeto, que son esenciales a la Convención, estipula nuevas medidas de precaución relativas al ataque y contra los efectos del ataque, instituye un régimen nuevo y perfeccionado de protección reforzada para los bienes culturales de la mayor importancia para la humanidad, prevé la responsabilidad penal individual y crea nuevas instituciones más aptas para garantizar el control de la aplicación del régimen de protección de los bienes culturales.

Este Protocolo, que ya entró en vigor y cuenta en la actualidad con treinta y tres Estados Partes, perfecciona el mecanismo de obligación del cumplimiento mediante la definición de las violaciones graves cometidas contra bienes culturales, que deben ser castigadas con una sanción penal y mediante la imposición a los Estados del deber de ejercer jurisdicción sobre esas violaciones, y precisa las condiciones en las que se incurre en responsabilidad penal individual. Por último, crea un Comité intergubernamental de doce miembros para velar por la aplicación de la Convención y del Segundo Protocolo.

II.2.1. Ambito de aplicación.

El Segundo Protocolo se aplica a las situaciones de conflicto armado internacional y no internacional (artículos 3 y 22). La extensión de su aplicación a las situaciones no internacionales es fundamental, ya que la mayor parte de los conflictos armados modernos revisten este carácter, y la historia ha demostrado que la protección de los bienes culturales durante dichos conflictos puede ser problemática.

Por otra parte, no hay que olvidar los progresos alcanzados desde la aprobación de la Convención de La Haya de 1954. El Protocolo Adicional I establece un sistema de represión penal, pero sólo por lo que atañe a los conflictos armados internacionales. Es pues de particular importancia que todo el Segundo Protocolo, incluida la sección relativa a la represión penal, se aplique a los conflictos no internacionales. Ello refleja la tendencia moderna según la cual, por ejemplo, cuando se trata de reprimir las violaciones al derecho internacional humanitario, no se establece ya distinción alguna entre conflicto armado internacional y no internacional. Por lo demás, de conformidad con su Estatuto, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra cometidos contra bienes culturales tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales.

A solicitud de China e India, se agregó una frase en el sentido de que nada en el Segundo Protocolo podrá perjudicar "la prioridad de jurisdicción" que, respecto de las violaciones graves al Protocolo, tiene un Estado en cuyo territorio ocurre un conflicto armado no internacional (artículo 22, párrafo 4). En realidad, esto significa que el Estado territorial tiene la responsabilidad principal de ejercer la jurisdicción sobre dichas violaciones, lo que incluye investigar, enjuiciar y castigar a los infractores. No obstante, ello implica que si ese Estado no ejerce dicha jurisdicción, podrán ejercerla otros Estados o tribunales penales internacionales que tengan la competencia para hacerlo.

Aunque el artículo 22 del Segundo Protocolo no lo explicita, éste se aplica a todas las partes en un conflicto armado no internacional, sean estas fuerzas gubernamentales o insurgentes. Esto se reconoció claramente en la sesión plenaria final. Surgió cierta confusión porque el artículo I del Protocolo define la palabra "Parte" como un Estado Parte del Segundo Protocolo. No obstante, la opinión era que en todo el texto la palabra "parte" en la frase "parte en el conflicto" incluye a los grupos rebeldes de los Estados Partes en el Segundo Protocolo pero no a terceros Estados que no lo hayan ratificado (a éstos se alude en general como a las "partes"). El razonamiento para sustentar esta opinión era que las fuerzas no gubernamentales involucradas en un conflicto armado no internacional en el interior de un Estado Parte del Protocolo están obligadas por éste en virtud de la ratificación del Estado concernido.

II.2.2. Definiciones.

El artículo I del Protocolo de 1999, contiene una serie de definiciones, que contribuyen a la interpretación unívoca de los conceptos básicos en los que se sustenta la aplicación y buen funcionamiento del instrumento. Así, merecen especial consideración, la definición de protección reforzada, objetivo militar y de ilícito, que se desarrollarán posteriormente.

II.2.3. Disposiciones generales en materia de protección.

De este instrumento se desprenden ciertas obligaciones que los Estados deben considerar y, de ser necesario, cumplir desde el momento de la ratificación, entre las que figuran las medidas relativas a la identificación y la salvaguardia, respeto de los bienes culturales, inscripción de la protección reforzada, adopción de medidas de precaución durante las hostilidades y en relación a los efectos de las mismas.

a. Medidas de identificación y salvaguardia.

Estas medidas comprenden la preparación de inventarios de los bienes culturales, la planificación de medidas de emergencia para garantizar su protección contra los riesgos de incendios o el derrumbamiento de estructuras, la designación de autoridades competentes que se responsabilicen de su salvaguardia, así como la preparación del traslado de bienes culturales muebles o el suministro de una protección adecuada in situ (artículo 5).

b. Respeto de los bienes culturales.

El artículo 4 de la Convención de 1954 dispone que, en caso de conflicto armado, los bienes culturales no podrán ser objeto de ningún acto de hostilidad ni utilizarse para fines que pudieran exponerlos a destrucción o deterioro. No obstante, añade a continuación que pueden dejar de cumplirse ambas obligaciones en caso de que "una necesidad militar impida de manera imperativa su cumplimiento". La Convención de 1954 adoptó esta noción pues no había muchos otros límites establecidos aplicables a la conducción de hostilidades. No obstante, la noción de necesidad militar imperativa es demasiado vaga para constituir una limitación efectiva a la manera de conducir la guerra. Oportunamente se ha señalado que, la falta de una clara definición de esta exención constituía un punto débil de carácter grave en la Convención de 1954. No obstante, es necesario tener en cuenta que, dado la época en que fue redactada, la Convención de 1954 procuraba proteger los bienes culturales de valor.

En 1977, el Protocolo Adicional I puso fin a este enfo-que. Por consiguiente, sólo pueden ser objeto de ataques los objetivos militares definidos con mayor claridad y seleccionados más cuidadosamente. Los civiles y los bienes civiles no pueden ser blanco de ataques directos. Este nuevo enfoque es un claro ejemplo de cómo el derecho internacional humanitario establece un equilibrio entre las necesidades militares y las humanitarias: permite los ataques que son necesarios, pero establece estrictos límites humanitarios. Esto implica que, generalmente, los bienes culturales son bienes civiles y, como tales, no deben ser atacados; sólo pueden ser objeto de ataque si se convierten en un objetivo militar y a partir de ese momento. La definición de objetivo militar contenida en el artículo 52 (2) del Protocolo Adicional I fue uno de los mayores logros de la Conferencia Diplomática, sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados. Incluso algunos Estados que no son Partes en dicho Protocolo, entienden que esta disposición tiene carácter de derecho consuetudinario.

La definición de objetivo militar contiene dos criterios que deben cumplirse de manera acumulativa antes de poder proceder a la destrucción, toma o neutralización de un bien. Estos tienen que ver con la naturaleza, ubicación, finalidad o utilización de los bienes y con la ventaja militar que se pretende alcanzar con su destrucción, captura o neutralización. La naturaleza, ubicación, finalidad o utilización de los bienes deben ser tales que "contribuyan eficazmente a la acción militar". Hay, además, respecto del objetivo militar, otra exigencia: su "destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrece en las circunstancias del caso una ventaja militar definida".

Esta noción de objetivo militar, recogida en el artículo I apartado f del Segundo Protocolo, contiene en sí misma la idea de necesidad militar. Una vez que un bien adquiere el carácter de objetivo militar, puede ser destruido, capturado o neutralizado, salvo en ciertas excepciones. Esta norma reconoce la necesidad militar de atacar determinados bienes durante la guerra. Al restringir esos bienes a los que constituyen objetivos militares, dicha norma introduce la noción de que la guerra tiene límites. Así, mediante el concepto de objetivo militar se incorpora el equilibrio que establece el derecho humanitario entre los intereses militares y las preocupaciones humanitarias.

El Segundo Protocolo procura precisar el alcance de la exigencia militar que puede invocarse para fundar una derogación a las normas que garantizan el respeto de todos los bienes culturales previstas por el artículo 4 de la Convención (artículo 6). Así, para dirigir un acto de hostilidad contra un bien cultural, sólo se podrá invocar una derogación, fundándose en una "necesidad militar imperativa" cuando y durante todo el tiempo en que:

a) ese bien cultural, por su función, haya sido transformado en un objetivo militar; y

b) no exista otra alternativa prácticamente posible para obtener una ventaja militar equivalente a la que ofrece el hecho de dirigir un acto de hostilidad contra ese objetivo.

La decisión de invocar una necesidad militar imperativa solamente será tomada por el oficial que mande una fuerza de dimensión igual o superior a la de un batallón, o de menor dimensión cuando las circunstancias no permitan actuar de otra manera (artículo 6, párrafo c).

Por último, cuando las circunstancias lo permitan, se deberá dar aviso del ataque con la debida antelación y por medios eficaces (artículo 6, párrafo d). Se trata de una condición adicional a la autorización del ataque, que concede un nivel suplementario de protección al bien cultural que se ha convertido en objetivo militar, protección que va más allá de la protección de la que se benefician todos los bienes civiles. Esta obligación no se contemplaba en la Convención de 1954 y se aplica también para los ataques que puedan afectar a la población civil. Esto demuestra cómo, en varios aspectos, la protección de los bienes culturales se asemeja a la protección de la población civil como tal, y va más allá de la protección de otros bienes civiles.

c. Medidas de precaución durante el ataque (artículo 7).

Debido a la introducción de la noción de objetivo militar, se pudieron incluir también otras normas relativas a la conducción de hostilidades contenidas en el Protocolo Adicional I. Así, el Segundo Protocolo incorpora las normas contenidas en el artículo 57 del Protocolo Adicional I y las aplica específicamente a los bienes culturales. En realidad, el artículo 57 ya cubre estos bienes, pues se aplica a los bienes civiles, y todos los bienes culturales son, en principio, bienes civiles por naturaleza. No obstante, se consideró útil reafirmar estas normas y explicarlas más claramente en relación con los bienes culturales, en particular.

De esta forma, para reducir lo más posible las posibilidades de ataque contra los bienes culturales se deberá hacer todo lo posible para verificar que los objetivos que se van a atacar no son bienes culturales protegidos y tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de ataque para evitar y, en todo caso, reducir lo más posible los daños que se pudieran causar incidentalmente a los bienes culturales protegidos. Además, las Partes en el conflicto deberán abstenerse de decidir un ataque cuando sea previsible que pueden causarse daños a los bienes culturales que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. Otra de las precauciones exigidas consiste en suspender o anular un ataque si se advierte que el objetivo es un bien cultural protegido y se puede prever que el ataque causará los daños arriba descritos.

Cabe señalar que las medidas establecidas en el artículo 7, deben adoptarse sin perjuicio de otras precauciones exigidas por el derecho internacional humanitario en la conducción de operaciones militares.

d. Precauciones contra los efectos de las hostilidades.

El artículo 8 del Segundo Protocolo aplica, adaptándolas a los bienes culturales, las normas contenidas en el artículo 58 del Protocolo Adicional I.

Así, a los efectos de reducir los efectos de los ataques, en la medida de lo posible, las Partes en el conflicto deberán alejar los bienes culturales muebles de las proximidades de objetivos militares o suministrar una protección adecuada in situ y evitar la ubicación de objetivos militares en las proximidades de bienes culturales (artículo 8).

e. Protección de bienes culturales en territorio ocupado (artículo 9).

En caso de ocupación, toda Parte ocupante prohibirá e impedirá con respecto al territorio ocupado, cualquier forma de transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales de dicho territorio,cualquier excavación arqueológica, salvo cuando sea absolutamente indispensable para salvaguardar, registrar o conservar bienes culturales, así como toda transformación o modificación de la utilización de bienes culturales con las que se pretenda ocultar o destruir testimonios de índole cultural, histórica o científica.

En caso de que tenga lugar una excavación arqueológica, transformación o modificación de la utilización de bienes culturales en un territorio ocupado, se deberá realizar en cooperación con las autoridades competentes del territorio ocupado, salvo que las circunstancias no lo permitieran.

II.2.4. Protección reforzada (Capítulo 3).

El párrafo I del artículo 8 de la Convención de 1954, establece un sistema de protección especial. Este sistema fue concebido para un número restringido de refugios destinados a preservar bienes culturales muebles, centros monumentales y otros bienes culturales inmuebles de gran importancia. Esta protección especial puede obtenerse mediante la inscripción en el Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Especial (artículo 8, párrafo 6 de la Convención). El sistema está concebido para preservar bienes culturales como, por ejemplo, el Palacio de Versalles, o el Taj Mahal.

Lamentablemente, el sistema de protección especial ha tenido un éxito muy limitado, por varias razones. En primer lugar, para el ingreso a la lista se exige que el bien cultural se encuentre a suficiente distancia de un gran centro industrial o de cualquier objetivo militar importante (artículo 8, párrafo 1, literal a de la Convención). En muchos casos, es prácticamente imposible que se cumpla esta condición, pues muchos bienes culturales valiosos se encuentran ubicados en ciudades rodeadas de objetivos militares potenciales. Por otra parte, no existe un acuerdo respecto de lo que constituye una distancia suficiente y, por ende, es difícil preparar el formulario de solicitud de inscripción o evaluar la solicitud.

El proceso de inscripción se vio también afectado por razones de tipo político. Los Estados pueden objetar el ingreso al Registro y así lo han hecho, argumentando motivos diversos, tales como que la autoridad solicitante no era el representante legítimo del país en cuestión.

El Segundo Protocolo crea una nueva categoría de protección: la protección reforzada. Se trata de una protección destinada a los bienes culturales que revisten la mayor importancia para la humanidad y que no sean utilizados con fines militares. Dado que el Segundo Protocolo es adicional a la Convención de 1954, no podía tocarse el sistema de protección vigente, y fue necesario constituir un sistema completamente nuevo. Los Estados que deseen registrar cualquier bien deben solicitar su inscripción en la nueva Lista de Bienes Culturales bajo Protección Reforzada, constituida por el Segundo Protocolo, y los Estados cuyos bienes han sido registrados en la lista anterior deben solicitar su transferencia a la nueva lista. Incluso, el artículo 4 del Segundo Protocolo señala que, si un bien cultural se beneficia a la vez de la protección especial prevista por la Convención de 1954 y de la protección reforzada, sólo se le aplicarán las disposiciones relativas a esta última entre los Estados Partes o los Estados que apliquen al Protocolo.

Un bien cultural puede colocarse bajo protección reforzada si reúne las tres condiciones siguientes: que sea un patrimonio cultural de la mayor importancia para la humanidad; que esté protegido por medidas nacionales adecuadas, jurídicas o administrativas, que reconozcan su valor cultural e histórico excepcional y garanticen su protección en el más alto grado; y que no sea utilizado con fines militares o para proteger instalaciones militares, así como que haya sido objeto de una declaración de la Parte que lo controla, en la que se confirme que no se utilizará para esos fines (artículo 10).

La decisión de otorgar o denegar la protección reforzada sólo puede tomarse sobre la base de estos criterios. Además, las objeciones a la concesión deberán ser precisas y apoyarse en hechos. Se resuelven así de manera clara las deficiencias del anterior sistema. Como puede observarse, el Segundo Protocolo suprimió el criterio de distancia, a lo que se suma la estricta restricción de la posibilidad de interponer objeciones.

Para que un bien se beneficie de la protección, las autoridades del Estado en que se encuentre el bien deben hacer una solicitud de inscripción en la Lista de Bienes bajo Protección Reforzada (artículo 27). Esta petición debe comprender toda la información necesaria para demostrar que el bien reúne las condiciones previstas en el artículo 10.

La decisión de inscribirlo se toma por mayoría de las cuatro quintas partes de los miembros del Comité para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (artículo 11), el cual puede asimismo suspender o anular esta protección (artículo 14). La ventaja de registrar un bien en la Lista es que un adversario estará particularmente consciente de ello y cualquier ataque contra el bien implicará graves consecuencias para el perpetrador. Por eso, lo ideal es hacer dicha declaración en tiempo de paz ya que así se garantiza que todo esté instalado en caso de que estalle un conflicto armado. Las partes en un conflicto garantizarán la inmunidad de los bienes culturales bajo protección reforzada, absteniéndose de hacer de esos bienes objeto de ataques y de utilizarlos a ellos o sus alrededores inmediatos en apoyo de acciones militares (artículo 12).

De conformidad con la Convención de 1954, la protección especial consiste en el hecho de que la inmunidad de un bien cultural sólo puede suspenderse "en casos excepcionales de necesidad militar ineludible" (artículo 11, párrafo 2). Estos términos implicaban un criterio más estricto que para otros bienes culturales, para los que había una derogación en caso de "necesidad militar imperativa". No obstante, en la práctica no estaba claro cuáles eran los casos excepcionales de necesidad militar ineludible. El Segundo Protocolo aclaró el sistema definiendo con mayor precisión cuándo un bien cultural que se encuentra bajo protección reforzada pierde su protección, es decir, "cuando y durante todo el tiempo en que la utilización del bien lo haya convertido en un objetivo militar", y un "ataque sea el único medio factible para poner termino a la utilización de ese bien" que lo ha convertido en objetivo militar" (artículo 13).

La pérdida de la protección reforzada está condicionada a que la utilización del bien cultural lo convierta en un objetivo militar. Como se indicó antes, una de las condiciones para registrar un bien bajo protección reforzada es abstenerse de utilizarlo con fines militares y que el Estado concernido haga una declaración mediante la cual confirme que no lo utilizará para tales fines.

Frecuentemente se ha dado un malentendido consistente en que existe una diferencia en el nivel de protección acordada a los bienes culturales según se encuentren bajo protección general o bajo protección reforzada. De hecho, no existe un nivel de protección más bajo o más alto. La protección básica es la misma: el bien no puede ser destruido, capturado ni neutralizado. La principal diferencia entre la protección reforzada y la protección general no reside en las obligaciones del agresor sino en las del titular del bien cultural. En el caso de la protección general, el titular del bien tiene derecho, si es necesario, a convertir el bien en objetivo militar utilizándolo para una acción militar. En el caso de la protección reforzada, el titular del bien nunca tiene derecho a convertir el bien en objetivo militar utilizándolo para una acción militar. Por lo tanto, para poder registrar un bien en la Lista se requiere que el Estado Parte se cuestione si en algún momento necesitará dicho bien para fines militares y responda en forma negativa a dicha pregunta. Utilizar con fines militares un bien incluido en la Lista equivaldría a una violación grave del Segundo Protocolo y el infractor estaría sujeto a una sanción penal como criminal de guerra.

Sin perjuicio de ello, corresponde señalar que, en virtud de la Convención de 1954, un ataque a un bien cultural que se encuentre bajo protección especial sólo puede ser ordenado por "el jefe de una formación igual o superior en importancia a una división" y "siempre que las circunstancias lo permitan, la decisión de suspender la inmunidad se notificará a la Parte adversaria, con una antelación razonable" (artículo 11, párrafo 2). El Segundo Protocolo procura que estas condiciones sean más rigurosas, exigiéndose que el ataque sea ordenado por el más alto nivel operacional de mando, que se haya dado un aviso con medios eficaces a las fuerzas adversarias y que se haya concedido a las fuerzas adversarias, un plazo razonable para regularizar la situación. Se queda eximido de estas tres obligaciones si las circunstancias no permiten cumplirlas "por exigencias de legítima defensa inmediata" (artículo 12, párrafo 2). Con todo, esto representa un progreso en relación con la Convención de 1954, pues es mucho más alto el nivel al que debe ordenarse el ataque y se ha limitado considerablemente la imprecisa expresión "siempre que las circunstancias lo permitan". Además, la exigencia de otorgar un plazo razonable a las fuerzas adversarias para remediar la situación, agrega otro nivel suplementario de protección.

II.2.5. Responsabilidad penal y jurisdicción.

El artículo 28 de la Convención de 1954 exige a los Estados que dentro del marco de su sistema de derecho penal, adopten todas las medidas necesarias para descubrir y castigar con sanciones penales o disciplinarias a las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, que hubieren cometido u ordenado que se cometiera una infracción de la Convención. Esta disposición no establece la lista de las violaciones que requieren sanción penal. Ello es esencial si se pretende instituir a nivel mundial un sistema completo y coherente de represión penal de los crímenes de guerra.

a. Violaciones graves.

Este es uno de los principales ámbitos en los que el Segundo Protocolo aclara y desarrolla el derecho humanitario con respecto a los bienes culturales. Elaborado a partir del Protocolo Adicional I y del Estatuto de Roma, el primer párrafo del artículo 15 define cinco actos que constituyen violaciones graves que exigen una sanción penal si se cometen de manera intencional y en violación de la Convención de 1954 o de su Segundo Protocolo:

a) hacer objeto de un ataque a un bien cultural bajo protección reforzada;

b) utilizar los bienes culturales bajo protección reforzada o sus alrededores inmediatos en apoyo de acciones militares;

c) causar destrucciones importantes en los bienes culturales protegidos por la Convención y el Segundo Protocolo o apropiárselos a gran escala;

d) hacer objeto de un ataque a un bien cultural protegido por la Convención y el Segundo Protocolo; y

e) robar, saquear o hacer un uso indebido de los bienes culturales protegidos por la Convención, y perpetrar actos de vandalismo contra ellos.

El artículo 15 contiene dos tipos de infracciones. Las tres primeras corresponden a aquellas que en los Convenios de Ginebra y en el Protocolo Adicional I se han denominado "infracciones graves" y están basadas en una propuesta presentada por Austria. Es interesante resaltar que las dos primeras se refieren a los bienes culturales bajo protección reforzada: tanto los ataques en su contra como su utilización constituyen violaciones graves. De conformidad con el Protocolo Adicional I, sólo el ataque constituye una infracción grave y sólo en la medida en que cause amplia destrucción (artículo 85, párrafo 4, literal d). Aquí, en el Segundo Protocolo, en cambio, se establece un equilibrio entre la responsabilidad penal del atacante y la del defensor. La tercera violación grave se refiere a la destrucción o apropiación de los bienes culturales en general, pero el carácter extenso de tales actos los convierte en violaciones graves equiparables a las infracciones graves.

Las dos últimas violaciones graves de la lista se añadieron a propuesta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), propuesta que fue aceptada, ya que en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se había reconocido que esos actos eran crímenes de guerra sujetos a sanción penal.

b. Penalización de las violaciones.

La definición de violaciones graves no es suficiente para garantizar que se castigue realmente a las personas que las cometan. Se requieren además medidas eficaces para hacer cumplir la ley en el plano nacional. Para un buen desempeño en este ámbito, hay que aprobar leyes que cubran dos aspectos: la penalización de las violaciones y el establecimiento de competencia para enjuiciar o extraditar.

En lo que atañe a la necesidad de penalizar las violaciones en la legislación interna, los Estados tienen, en virtud del Segundo Protocolo, la obligación específica de aprobar todas las medidas necesarias para que las cinco violaciones graves antes mencionadas se incluyan en el derecho interno como delitos graves y se los haga punibles con las penas apropiadas. Gracias a esta legislación, se garantizaría que, en la práctica, se haga cumplir la prohibición de cometer cual-quiera de las graves violaciones del Segundo Protocolo.

c. Jurisdicción.

Tal como se expresó anteriormente, las tres primeras conductas señaladas en el primer párrafo del artículo 15, constituyen "infracciones graves". Por tal motivo, en esos casos, los Estados deben ejercer la jurisdicción universal. Esto significa que deben ejercer su competencia para enjuiciar no solamente cuando la infracción se comete en el territorio nacional o cuando el inculpado es un nacional, sino también cuando es un nacional de otro país el que comete la infracción (artículo 16, párrafo 1). Esta medida refleja el principio de jurisdicción universal obligatoria para las infracciones graves, el cual implica que todos los Estados deben ejercer su competencia para enjuiciar o extraditar a todos los no nacionales que se encuentren en sus territorios y que estén inculpados de crímenes de guerra cometidos en el exterior.

No obstante, el Protocolo señala claramente que los nacionales de los Estados que no son Partes no incurren en responsabilidad penal individual en virtud de ese instrumento y no existe en modo alguno obligación de establecer la competencia jurisdiccional respecto de esas personas (artículo 16, párrafo 2, literal b). No obstante, el alcance de esta excepción disminuye mucho con el reconocimiento de que, en virtud del derecho nacional e internacional aplicable, los Estados pueden ejercer jurisdicción sobre dichas personas (artículo 16, párrafo 2, literal a). Este reconocimiento resulta, por un lado, de la declaración del Presidente del Grupo de Trabajo sobre el Capítulo IV según la cual nada en el Segundo Protocolo limita la capacidad de los Estados para legislar, penalizar o tratar de cualquier otra forma cualquier infracción del Protocolo, y, por otro, del hecho de que todo el régimen jurisdiccional existe sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 de la Convención de 1954 (ar-tículo 16, párrafo 2, acápite).

En cuanto a las dos últimas violaciones graves señaladas por el primer párrafo del artículo 15, los Estados sólo tienen la obligación de reprimirlos mediante sanciones penales basándose en los argumentos más comunes para reivindicar la jurisdicción, es decir, que la infracción haya sido cometida en el territorio del Estado o que el inculpado sea un nacional del Estado. No existe obligación de ejercer jurisdicción para los casos en que la supuesta infracción sea cometida en el extranjero por un nacional de otro Estado, aunque los Estados pueden ejercer dicha jurisdicción (artículo 16, párrafo 2, literal a). Esto refleja el principio de jurisdicción universal facultativa para los crímenes de guerra, según el cual todos los Estados tienen jurisdicción para enjuiciar a no nacionales por crímenes de guerra cometidos en el extranjero, pero no tienen ninguna obligación de hacerlo si los crímenes no equivalen a infracciones graves. Esto también se desprende claramente del reconocimiento de que los Estados pueden ejercer jurisdicción sobre dichas personas en virtud del derecho nacional o internacional. Por otra parte, nada limita la capacidad del Estado para legislar, penalizar o tratar de cualquier otra forma cualquier violación grave del Protocolo.

d. Procesamiento y cooperación.

Los Estados tienen la obligación de procesar o extraditar a toda persona acusada de haber cometido infracciones contra los bienes bajo protección reforzada o causado destrucciones importantes de bienes culturales (artículo 17). Se prevén además obligaciones generales en materia de asistencia judicial recíproca, por ejemplo, por lo que se refiere a la investigación, la extradición o la obtención de elementos de prueba (artículo 19).

e. Extradición.

En lo que refiere a la extradición, el párrafo primero del artículo 18 prevé que las infracciones contra bienes bajo protección reforzada o las destrucciones importantes de bienes culturales (infracciones graves), se considerarán incluidas entre las que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre las Partes antes de la entrada en vigor del Segundo Protocolo. Además, las Partes se obligan a incluir dichas infracciones en cualquier tratado de extradición que celebren en el futuro.

En el caso de que una de las Partes subordine la extradición a la existencia de un tratado, podrá considerar que el Segundo Protocolo constituye el fundamento jurídico para la extradición, cuando se trate de las infracciones graves indicadas en los apartados a) a c) del primer párrafo del artículo 15. Si las Partes no subordinan la extradición a la existencia del tratado, reconocerán estas infracciones como casos de extradición entre ellas de acuerdo a las condiciones establecidas en la legislación del Estado requerido.

A los efectos de la extradición, de ser ello necesario, se entenderá que las infracciones graves señaladas en el ar-tículo 15 se han cometido no sólo en el lugar donde se perpetraron sino también en el territorio de las Partes que han establecido su jurisdicción, según el párrafo primero del Artículo 16.

A los fines de la extradición, las infracciones graves no se considerarán delitos políticos, delitos conexos a delitos políticos ni delitos inspirados en motivos políticos. Por ese motivo, no podrá denegarse una solicitud de extradición basándose exclusivamente en que se trata de un delito político o inspirado en motivos políticos (artículo 20, párrafo 1).

Las Partes podrán no acceder a una solicitud de extradición basada en las infracciones previstas en los apartados a) a c) del primer párrafo del artículo 15, si existen fundados motivos para creer que dicha solicitud se ha formulado para procesar o sancionar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o que el hecho de otorgar la extradición podrá perjudicar la situación de la persona por alguno de esos motivos (artículo 20, párrafo 2).

f. Otras violaciones.

Aparte de las medidas punitivas previstas en la Convención (artículo 28), el artículo 21 del Segundo Protocolo consagra que los Estados Partes en el mismo deben adoptar las medidas legislativas, administrativas o disciplinarias que puedan ser necesarias para hacer cesar los actos siguientes cuando sean perpetrados deliberadamente: utilización de bienes culturales en violación de la Convención o del Protocolo, y la exportación y cualquier otro desplazamiento o transferencia de propiedad ilícitos de bienes culturales desde un territorio ocupado en violación de la Convención o del Protocolo.

g. Responsabilidad de los Estados.

Ninguna disposición del Protocolo respecto de la responsabilidad penal de las personas afectará a la responsabilidad de los Estados conforme al derecho internacional, comprendida la obligación de reparación (artículo 38).

II.2.6. Nuevas instituciones creadas por el Protocolo de 1999 (Capítulo 6).

El Protocolo de 1999 regula la convocatoria y competencias de la Reunión de las Partes (artículo 23). Pero además, prevé dos nuevas instituciones. Se trata del Comité para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y del Fondo para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado.

a. Comité para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado.

El nuevo Comité está compuesto por doce Partes elegidas por la Reunión de las Partes, según un sistema de representación equitativa de las distintas regiones y culturas del mundo, velando por que, en su conjunto, se reúnan las competencias adecuadas en las esferas del patrimonio cultural, la defensa o el derecho internacional (artículo 24).

Entre las atribuciones del Comité se destacan las siguientes: conceder, suspender o anular la protección reforzada a bienes culturales; establecer, actualizar y promover la Lista de Bienes Culturales bajo Protección Reforzada; determinar el empleo del Fondo creado en el artículo 29, vigilar y supervisar la aplicación del Protocolo, examinar los informes sobre la aplicación del Protocolo que les sometan las Partes cada cuatro años y formular observaciones a su respecto (artículo 27).

Asimismo, los Estados Parte en el Protocolo podrán pedir al Comité, asistencia internacional para los bienes culturales bajo protección reforzada y ayuda para la preparación, elaboración o aplicación de las leyes, disposiciones administrativas y medidas de reconocimiento de su excepcional valor histórico y cultural y que garanticen su mayor protección (artículo 32).

b. Fondo para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado (artículo 29).

El Fondo que se crea tendrá como finalidad el otorgamiento de ayuda financiera o de otro tipo en apoyo de medidas preparatorias o de otro tipo que se hayan de adoptar en tiempo de paz, tendientes a salvaguardar los bienes culturales, a reconocer su valor cultural e histórico excepcional y a difundir el respeto por dichos bienes. Asimismo, a través del Fondo se concederá ayuda financiera o de otro tipo en relación con medidas de emergencia o de otro tipo, a adoptar en períodos de conflicto armado o de reconstrucción posterior al término de las hostilidades (párrafo 1).

De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero de la UNESCO (párrafo 2), el Fondo se constituirá con carácter de fondo fiduciario. Sus recursos provendrán de contribuciones voluntarias de las Partes, así como contribuciones, donaciones o legados de otros Estados, de la UNESCO u otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, de otras organizaciones interguberna-mentales o no gubernamentales, organismos públicos o privados, o particulares. También estará integrado por los intereses que devenguen los recursos del Fondo, por los fondos recaudados mediante colectas e ingresos procedentes de actos organizados en beneficio del Fondo y por cualquier otro recurso autorizado por las orientaciones aplicables al Fondo (párrafo 3).

II.2.7. Difusión de la información y asistencia internacional (Capítulo 7).

Entre los ejemplos de medidas concretas que han de adoptarse tanto en tiempo de paz como en período de conflicto armado para garantizar el cumplimiento cabal de las obligaciones de los Estados Partes en lo relativo a la difusión, cabe mencionar las siguientes: la organización de programas de fomación y educación destinados a que el conjunto de la población aprecie y respete mejor los bienes culturales y la exigencia de que las autoridades militares y civiles que asuman responsabilidades en cuanto a su aplicación en período de conflicto armado conozcan perfectamente el texto del Protocolo. Para cumplir con esta obligación, los Estados Partes deberán, según sea el caso: incorporar en sus reglamentos militares orientaciones e instrucciones relativas a la protección de los bienes culturales; en colaboración con la UNESCO y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales pertinentes, preparar y llevar a cabo programas de formación y educación en tiempo de paz; por intermedio del Director General de la UNESCO, comunicarse recíprocamente información relativa a las leyes, disposiciones administrativas y medidas adoptadas en relación con los apartados precedentes, y comunicarse lo antes posible recíprocamente las leyes y disposiciones administrativas que adopten para garantizar la aplicación del Protocolo (artículo 30). La experiencia del Comité Internacional de la Cruz Roja ha puesto de manifiesto ampliamente la gran importancia que tiene la difusión cuando se trata de asegurar el respeto por el derecho internacional humanitario.

Para el caso de que se produzcan graves violaciones al Protocolo, las Partes se comprometen a actuar en forma conjunta, a través del Comité o por separado, en colaboración con UNESCO y Naciones Unidas, de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas (ar-tículo 31).

El artículo 32 prevé la posibilidad de que las Partes en el Protocolo y aun las partes en un conflicto que no sean Partes en el Protocolo, pero que acepten y apliquen sus disposiciones de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3, soliciten asistencia internacional para la protección de bienes culturales. Le corresponde al Comité, la determinación de las formas que revestirá dicha asistencia. (artículo 32).

Finalmente, se consagra la posibilidad de que las Partes acudan a la asistencia técnica de la UNESCO para la protección de bienes culturales, particularmente en lo relativo a medidas preparatorias de salvaguardia y medidas preventivas y organizativas para situaciones de emergencia.

II.2.8. Otras disposiciones de interés.

a. Conciliación.

El Protocolo de 1999 prevé un mecanismo de conciliación para los casos en que exista desacuerdo entre las Partes en conflicto sobre la aplicación o interpretación de sus disposiciones. En primer lugar, se prevé la participación de "Potencias Protectoras" encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto. En caso de que no se hayan designado Potencias Protectoras, el Director General de la UNESCO podrá ejercer sus buenos oficios o actuar por cualquier otro medio de conciliación o mediación para resolver las discrepancias (artículos 34 a 36).

b. Entrada en vigor y denuncia en situaciones de conflicto armado.

Según el párrafo 2 del artículo 43, el Protocolo entrará en vigor para cada Parte, tres meses después de haber depositado el instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. No obstante, de conformidad con el ar-tículo 44, en casos de conflicto armado (artículos 18 y 19 de la Convención), las ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones o adhesiones depositadas por las partes en conflicto, antes o después de haberse iniciado las hostilidades o la ocupación, surtirán efecto inmediato.

En cuanto a la denuncia, de acuerdo con el párrafo 3 del artículo 45, ésta surtirá efecto un año después del recibo del instrumento correspondiente. No obstante, si al momento de expirar el año, la Parte denunciante se encontrara involucrada en un conflicto armado, los efectos de la denuncia quedarán en suspenso hasta el fin de las hostilidades, y mientras duren las operaciones de repatriación de los bienes culturales.

III. CONCLUSION.

El Poder Ejecutivo considera que se debe asumir como un deber irrenunciable, el contribuir con máximo esfuerzo al respeto y consolidación del derecho internacional humanitario, sumando el compromiso de la República al del resto de la comunidad internacional, en el marco de un proceso de universalización de los tratados que protegen a los bienes culturales, proceso en el que se destaca la labor de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Lamentablemente, se ha constatado que durante los conflictos armados las partes beligerantes escogen a menudo como objetivo deliberado para actos de pillaje, destrucción o vandalismo, aquellos bienes que tienen un profundo valor simbólico para los pueblos y forman parte de su identidad cultural.

En la medida que dichos actos de destrucción atentan de manera injustificada contra el derecho internacional, los principios de la humanidad y el dictado de la conciencia pública, la aprobación del Segundo Protocolo de 1999 de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, representa un avance significativo al cual debe adherir la República.

Tal como señala la Declaración de la UNESCO relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural de octubre de 2003, es un mandato ineludible para los Estados, reforzar los mecanismos e instrumentos coadyuvantes a la protección del patrimonio cultural de la Humanidad, en la medida que el mismo es un componente esencial de la identidad cultural de las comunidades, los grupos y los individuos y de la cohesión social, y que su destrucción deliberada menoscaba tanto la dignidad como los derechos humanos.

El Poder Ejecutivo destaca la importancia del instrumento internacional multilateral cuya aprobación solicita, por cuanto el mismo propugna una fórmula de protección de aquellos bienes que por su propio carácter tienen un valor que supera el puramente pecuniario y que excede el ámbito individual y nacional, siendo patrimonio de la Humanidad y por lo tanto deben estar por encima de conflictos armados para permitir la conservación del acervo cultural logrado en el transcurso de la Historia.

Reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, José Díaz, Jorge Brovetto.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 24 de enero de 2006.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Segundo Protocolo de 1999 de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, suscrito en La Haya, el 26 de marzo de 1999.

Reinaldo Gargano, Azucena Berruti, José Díaz, Jorge Brovetto.

Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado

La Haya, 26 de marzo de 1999

Las Partes,

Conscientes de la necesidad de mejorar la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y de establecer un sistema reforzado de protección para bienes culturales especialmente designados;

Reiterando la importancia de las disposiciones de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado adoptada en La Haya el 14 de mayo de 1954, y haciendo hincapié en la necesidad de completar esas disposiciones con medidas que refuercen su aplicación;

Deseosas de proporcionar a las Altas Partes Contratantes en la Convención un medio para participar más estrechamente en la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado mediante el establecimiento de procedimientos adecuados;

Considerando que las reglas que rigen la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado deberían reflejar la evolución del derecho internacional;

Afirmando que las reglas del derecho internacional consuetudinario seguirán rigiendo las cuestiones no reguladas en las disposiciones del presente Protocolo,

Han convenido en lo siguiente:

Capítulo 1: Introducción

Artículo 1: Definiciones

A los efectos del presente Protocolo:

a) Por "Parte" se entenderá un Estado Parte en el presente Protocolo;

b) Por "bienes culturales" se entenderán los bienes culturales definidos en el Artículo 1 de la Convención;

c) Por "Convención" se entenderá la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, adoptada en La Haya el 14 de mayo de 1954;

d) Por "Alta Parte Contratante" se entenderá un Estado Parte en la Convención;

e) Por "protección reforzada" se entenderá el sistema de protección reforzada establecido en los Artículos 10 y 11;

f) Por "objetivo militar" se entenderá un objeto que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, contribuye eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrece en las circunstancias del caso una ventaja militar definida;

g) Por "ilícito" se entenderá realizado bajo coacción o de otra manera, en violación de las reglas aplicables de la legislación nacional del territorio ocupado o del derecho internacional;

h) Por "Lista" se entenderá la Lista Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Reforzada establecida con arreglo al apartado b) del párrafo 1 del Artículo 27;

i) Por "Director General" se entenderá el Director General de la UNESCO;

j) Por "UNESCO" se entenderá la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

k) Por "Primer Protocolo" se entenderá el Protocolo para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado adoptado en La Haya el 14 de mayo de 1954;

Artículo 2 - Relación con la Convención

El presente Protocolo complementa a la Convención en lo relativo a las relaciones entre las Partes.

Artículo 3 - Ambito de aplicación

1. Además de las disposiciones que se aplican en tiempo de paz, el presente Protocolo se aplicará en las situaciones previstas en los párrafos 1 y 2 del Artículo 18 de la Convención y en el párrafo 1 del Artículo 22.

2. Si una de las partes en un conflicto armado no está obligada por el presente Protocolo, las Partes en el presente Protocolo seguirán obligadas por él en sus relaciones recíprocas. Asimismo, estarán obligadas por el presente Protocolo en sus relaciones con un Estado parte en el conflicto que no esté obligado por él, cuando ese Estado acepte sus disposiciones y durante todo el tiempo que las aplique.

Artículo 4 - Relaciones entre el Capítulo 3 y otras disposiciones de la Convención y del presente Protocolo

Las disposiciones del Capítulo 3 del presente Protocolo se aplicarán sin perjuicio de:

a) La aplicación de las disposiciones del Capítulo I de la Convención y del Capítulo 2 del presente Protocolo;

b) La aplicación de las disposiciones del Capítulo II de la Convención entre las Partes del presente Protocolo o entre una Parte y un Estado que acepta y aplica el presente Protocolo con arreglo al párrafo 2 del Artículo 3, en el entendimiento de que si a un bien cultural se le ha otorgado a la vez una protección especial y una protección reforzada, sólo se aplicarán las disposiciones relativas a la protección reforzada.

Capítulo 2: Disposiciones generales relativas a la protección

Artículo 5 - Salvaguardia de los bienes culturales

Las medidas preparatorias adoptadas en tiempo de paz para salvaguardar los bienes culturales contra los efectos previsibles de un conflicto armado conforme al Artículo 3 de la Convención comprenderán, en su caso, la preparación de inventarios, la planificación de medidas de emergencia para la protección contra incendios o el derrumbamiento de estructuras, la preparación del traslado de bienes culturales muebles o el suministro de una protección adecuada in situ de esos bienes y la designación de autoridades competentes que se responsabilicen de la salvaguardia de los bienes culturales.

Artículo 6 - Respeto de los bienes culturales

A fin de garantizar el respeto de los bienes culturales de conformidad con el Artículo 4 de la Convención:

a) una derogación fundada en una necesidad militar

imperativa conforme al párrafo 2 del Artículo 4 de la Convención sólo se podrá invocar para dirigir un acto de hostilidad contra un bien cultural cuando y durante todo el tiempo en que:

i) ese bien cultural, por su función, haya sido transformado en un objetivo militar; y

ii) no exista otra alternativa prácticamente posible para obtener una ventaja militar equivalente a la que ofrece el hecho de dirigir un acto de hostilidad contra ese objetivo;

b) una derogación fundada en una necesidad militar imperativa conforme al párrafo 2 del Artículo 4 de la Convención sólo se podrá invocar para utilizar bienes culturales con una finalidad que pueda exponerles a la destrucción o al deterioro cuando y durante todo el tiempo en que resulte imposible elegir entre esa utilización de los bienes culturales y otro método factible para obtener una ventaja militar equivalente;

c) la decisión de invocar una necesidad militar imperativa solamente será tomada por el oficial que mande una fuerza de dimensión igual o superior a la de un batallón, o de menor dimensión cuando las circunstancias no permitan actuar de otra manera;

d) en caso de ataque basado en una decisión tomada de conformidad con el apartado a) se debe dar aviso con la debida antelación y por medios eficaces, siempre y cuando las circunstancias lo permitan.

Artículo 7 - Precauciones en el ataque

Sin perjuicio de otras precauciones exigidas por el derecho internacional humanitario en la conducción de operaciones militares, cada Parte en el conflicto debe:

a) hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que se van a atacar no son bienes culturales protegidos en virtud del Artículo 4 de la Convención;

b) tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de ataque para evitar y, en todo caso, reducir lo más posible los daños que se pudieran causar incidentalmente a los bienes culturales protegidos en virtud del Artículo 4 de la Convención;

c) abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que causará incidentalmente daños a los bienes culturales protegidos en virtud del Artículo 4 de la Convención, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista; y

d) suspender o anular un ataque si se advierte que:

i) el objetivo es un bien cultural protegido en virtud del Artículo 4 de la Convención;

ii) es de prever que el ataque causará incidentalmente daños a los bienes culturales protegidos en virtud del Artículo 4 de la Convención, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista;

Artículo 8 - Precauciones contra los efectos de las hostilidades

En toda la medida de lo posible, las Partes en conflicto deberán:

a) alejar los bienes culturales muebles de las proximidades de objetivos militares o suministrar una protección adecuada in situ;

b) evitar la ubicación de objetivos militares en las proximidades de bienes culturales.

Artículo 9 - Protección de bienes culturales en territorio ocupado

1. Sin perjuicio de las disposiciones de los Artículos 4 y 5 de la Convención, toda Parte que ocupe total o parcialmente el territorio de otra Parte prohibirá e impedirá con respecto al territorio ocupado:

a) toda exportación y cualquier otro desplazamiento o transferencia de propiedad ilícitos de bienes culturales;

b) toda excavación arqueológica, salvo cuando sea absolutamente indispensable para salvaguardar, registrar o conservar bienes culturales;

c) toda transformación o modificación de la utilización de bienes culturales con las que se pretenda ocultar o destruir testimonios de índole cultural, histórica o científica.

2. Toda excavación arqueológica, transformación o modificación de la utilización de bienes culturales en un territorio ocupado deberá efectuarse, a no ser que las circunstancias no lo permitan, en estrecha cooperación con las autoridades nacionales competentes de ese territorio ocupado.

Capítulo 3: Protección reforzada

Artículo 10 - Protección reforzada

Un bien cultural podrá ponerse bajo protección reforzada siempre que cumpla las tres condiciones siguientes:

a) que sea un patrimonio cultural de la mayor importancia para la humanidad;

b) que esté protegido por medidas nacionales adecuadas, jurídicas y administrativas, que reconozcan su valor cultural e histórico excepcional y garanticen su protección en el más alto grado; y

c) que no sea utilizado con fines militares o para proteger instalaciones militares, y que haya sido objeto de una declaración de la Parte que lo controla, en la que se confirme que no se utilizará para esos fines.

Artículo 11 - Concesión de la protección reforzada

1. Cada Parte someterá al Comité una lista de los bienes culturales para los que tiene intención de solicitar la concesión de la protección reforzada.

2. La Parte bajo cuya jurisdicción o control se halle un bien cultural podrá pedir su inscripción en la Lista que se establecerá en virtud del apartado b) del párrafo 1 del Artículo 27. Esta petición comprenderá toda la información necesaria relativa a los criterios mencionados en el Artículo 10. El Comité podrá invitar a una Parte a que pida la inscripción de ese bien cultural en la Lista.

3. Otras Partes, el Comité Internacional del Escudo Azul y otras organizaciones no gubernamentales con la competencia apropiada, podrán recomendar al Comité un bien cultural específico. En ese caso, el Comité podrá tomar la decisión de invitar a una Parte a que pida la inscripción de ese bien cultural en la Lista.

4. Ni la petición de inscripción de un bien cultural situado en un territorio, bajo una soberanía o una jurisdicción que reivindiquen más de un Estado, ni la inscripción de ese bien perjudicarán en modo alguno los derechos de las partes en litigio.

5. Cuando el Comité reciba una petición de inscripción en la Lista, informará de ella a todas las Partes. En un plazo de sesenta días, las Partes podrán someter al Comité sus alegaciones con respecto a esa petición. Esas alegaciones se fundarán exclusivamente en los criterios mencionados en el Artículo 10. Deberán ser precisas y apoyarse en hechos. El Comité examinará esas alegaciones y proporcionará a la Parte que haya pedido la inscripción una posibilidad razonable de responder antes de que se tome la decisión. Cuando se presenten esas alegaciones al Comité, las decisiones sobre la inscripción en la Lista se tomarán, no obstante lo dispuesto en el Artículo 26, por mayoría de las cuatro quintas partes de los miembros del Comité presentes y votantes.

6. Al tomar una decisión sobre una petición, el Comité procurará solicitar el dictamen de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como el de expertos particulares.

7. La decisión de conceder o negar la protección reforzada sólo se puede basar en los criterios mencionados en el Artículo 10.

8. En casos excepcionales, cuando el Comité ha llegado a la conclusión de que la Parte que pide la inscripción de un bien cultural en la Lista no puede cumplir con el criterio del párrafo b) del Artículo 10, podrá tomar la decisión de conceder la protección reforzada siempre que la Parte solicitante someta una petición de asistencia internacional en virtud del Artículo 32.

9. Desde el comienzo de las hostilidades, una Parte en el conflicto podrá pedir, por motivos de urgencia, la protección reforzada de los bienes culturales bajo su jurisdicción o control, sometiendo su petición al Comité. El Comité transmitirá inmediatamente esta demanda a todas las Partes en el conflicto. En ese caso, el Comité examinará urgentemente las alegaciones de las Partes interesadas. La decisión de conceder la protección reforzada con carácter provisional se tomará con la mayor rapidez posible y, no obstante lo dispuesto en el Artículo 26, por mayoría de las cuatro quintas partes de los miembros del Comité presentes y votantes. El Comité podrá conceder la protección reforzada, a la espera del resultado del procedimiento normal de concesión de dicha protección, siempre que se cumpla con las disposiciones de los párrafos a) y c) del Artículo 10.

10. El Comité concederá la protección reforzada a un bien cultural a partir del momento en que se inscriba en la Lista.

11. El Director General notificará sin espera al Secretario General de las Naciones Unidas y a todas las Partes toda decisión del Comité relativa a la inscripción de un bien cultural en la Lista.

Artículo 12 - Inmunidad de los bienes culturales bajo protección reforzada

Las Partes en un conflicto garantizarán la inmunidad de los bienes culturales bajo protección reforzada, absteniéndose de hacerlos objeto de ataques y de utilizar esos bienes o sus alrededores inmediatos en apoyo de acciones militares.

Artículo 13 - Pérdida de la protección reforzada

1. Los bienes culturales bajo protección reforzada sólo perderán esa protección:

a) cuando esa protección se anule o suspenda en virtud del Artículo 14; o

b) cuando y durante todo el tiempo en que la utilización del bien lo haya convertido en un objetivo militar.

2. En las circunstancias previstas en el apartado b) del párrafo 1, ese bien sólo podrá ser objeto de un ataque:

a) cuando ese ataque sea el único medio factible para poner término a la utilización de ese bien mencionada en el apartado b) del párrafo 1;

b) cuando se hayan tomado todas las precauciones prácticamente posibles en la elección de los medios y métodos de ataque, con miras a poner término a esa utilización y evitar, o en todo caso reducir al mínimo, los daños del bien cultural.

c) Cuando, a menos que las circunstancias no lo permitan, por exigencias de legítima defensa inmediata:

i) el ataque haya sido ordenado por el nivel más alto del mando operativo;

ii) se haya dado un aviso con medios eficaces a las fuerzas adversarias, instándolas a poner un término a la utilización mencionada en el apartado b) del párrafo 1; y

iii) se haya concedido un plazo razonable a las fuerzas adversarias para regularizar la situación.

Artículo 14 - Suspensión y anulación de la protección reforzada

1. Cuando un bien cultural no satisfaga alguno de los criterios enunciados en el Artículo 10 del presente Protocolo, el Comité podrá suspender o anular su protección reforzada retirándolo de la Lista.

2. En caso de violaciones graves del Artículo 12 por utilización de bienes culturales bajo protección reforzada en apoyo de una acción militar, el Comité podrá suspender la protección reforzada de esos bienes. Cuando esas violaciones sean continuas, el Comité podrá excepcionalmente anular su protección reforzada retirándolo de la Lista.

3. El Director General notificará sin demora al Secretario General de las Naciones Unidas y a todas las Partes en el presente Protocolo toda decisión del Comité relativa a la suspensión o anulación de la protección reforzada de un bien cultural.

4. Antes de tomar una decisión de esta índole, el Comité ofrecerá a las Partes la posibilidad de que den a conocer sus pareceres.

Capítulo 4: Responsabilidad penal y jurisdicción

Artículo 15 - Violaciones graves del presente Protocolo

1. Cometerá una infracción en el sentido de este Protocolo toda persona que, deliberadamente y en violación de la Convención o del presente Protocolo, realice uno de los siguientes actos:

a) hacer objeto de un ataque a un bien cultural bajo protección reforzada;

b) utilizar los bienes culturales bajo protección reforzada o sus alrededores inmediatos en apoyo de acciones militares;

c) causar destrucciones importantes en los bienes culturales protegidos por la Convención y el presente Protocolo o apropiárselos a gran escala;

d) hacer objeto de un ataque a un bien cultural protegido por la Convención y el presente Protocolo;

e) robar, saquear o hacer un uso indebido de los bienes culturales protegidos por la Convención, y perpetrar actos de vandalismo contra ellos.

2. Cada Parte adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos, con arreglo a su legislación nacional, las infracciones indicadas en el presente Artículo, y para sancionar esas infracciones con penas adecuadas. Al hacer esto, las Partes se conformarán a los principios generales del derecho y del derecho internacional, comprendidas las normas que hacen extensible la responsabilidad penal individual a personas que no han sido autoras directas de los actos.

Artículo 16 - Jurisdicción

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, cada Parte adoptará las medidas legislativas necesarias para establecer su jurisdicción respecto de las infracciones indicadas en el Artículo 15, en los siguientes casos.

a) cuando la infracción se haya cometido en el territorio de este Estado;

b) cuando el presunto autor sea un nacional de este Estado;

c) cuando se trate de las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del primer párrafo del Artículo 15, en caso de que el presunto autor esté presente en el territorio de este Estado;

2. Con respecto al ejercicio de la jurisdicción, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 28 de la Convención:

a) el presente Protocolo no excluye que se pueda incurrir en responsabilidad penal individual ni que se ejerza la jurisdicción en virtud del derecho nacional e internacional aplicable, y tampoco afecta al ejercicio de la jurisdicción en virtud del derecho internacional consuetudinario;

b) excepto en el caso en que un Estado que no es Parte en el presente Protocolo pueda aceptarlo y aplicar sus disposiciones con arreglo al párrafo 2 del Artículo 3, los miembros de las fuerzas armadas y los nacionales de un Estado que no es Parte en el presente Protocolo, salvo aquellos de sus nacionales que sirven en las fuerzas armadas de un Estado que es parte en el presente Protocolo, no incurrirán en responsabilidad penal individual en virtud del presente Protocolo, que además no impone ninguna obligación relativa al establecimiento de jurisdicción con respecto a esas personas ni a su extradición.

Artículo 17 - Procesamiento

1. La Parte en cuyo territorio se comprobase la presencia del presunto autor de una de las infracciones enunciadas en los apartados a) a c) del párrafo 1 del Artículo 15, si no extradita a esa persona, someterá su caso sin excepción alguna ni tardanza excesiva a las autoridades competentes para que la procesen con arreglo a un procedimiento conforme a su derecho nacional o, si procede, a las normas pertinentes del derecho internacional.

2. Sin perjuicio, llegado el caso, de las normas pertinentes del derecho internacional, a toda persona contra la que se instruya un procedimiento en virtud de la Convención o del presente Protocolo se le garantizará un tratamiento equitativo y un proceso imparcial en todas las etapas del procedimiento con arreglo al derecho nacional e internacional, y en ningún caso se le proporcionarán menos garantías de las que reconoce el derecho internacional.

Artículo 18 - Extradición

1. Las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1 del Artículo 15 se reputarán incluidas entre las que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición concertado entre Partes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Protocolo. Las Partes se comprometen a incluir tales infracciones en todo tratado de extradición que concierten posteriormente entre sí.

2. Cuando una Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado reciba una solicitud de extradición de otra Parte con la que no tenga concertado un tratado de extradición, la Parte intimada podrá, a su elección, considerar que el presente Protocolo constituye la base jurídica para la extradición con respecto a las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1 del Artículo 15.

3. Las Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1 del Artículo 15 como casos de extradición entre ellas, con sujeción a las condiciones estipuladas en la legislación de la Parte requerida.

4. De ser necesario, a los fines de la extradición entre Partes se considerará que las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1 del Artículo 15 se han cometido no sólo en el lugar en que se perpetraron, sino también en el territorio de las Partes que hayan establecido su jurisidicción de conformidad con el párrafo 1 del Artículo 16.

Artículo 19 - Asistencia judicial recíproca

1. Las Partes se prestarán la mayor asistencia posible en relación con cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición relacionados con las infracciones indicadas en el Artículo 15, comprendida la asistencia con miras a la obtención de las pruebas necesarias para el procedimiento de que dispongan.

2. Las Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud del párrafo 1 de conformidad con los tratados u otros acuerdos de asistencia judicial recíproca que existan entre ellas. A falta de esos tratados o acuerdos, las Partes se prestarán esa asistencia de conformidad con su legislación nacional.

Artículo 20 - Motivos de rechazo

1. A los fines de la extradición, las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1 del Artículo 15, y a los fines de la asistencia judicial recíproca, las infracciones indicadas en el Artículo 15 no serán consideradas delitos políticos, delitos conexos a delitos políticos ni delitos inspirados en motivos políticos. En consecuencia, no se podrá rechazar una petición de extradición o de asistencia judicial recíproca formulada en relación con una infracción de ese carácter por el único motivo de que se refiere a un delito político o un delito inspirado en motivos políticos.

2. Ninguna disposición del presente Protocolo se interpretará en el sentido de que imponga una obligación de extraditar o de prestar asistencia judicial recíproca, si la Parte requerida tiene motivos fundados para creer que la petición de extradición por las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1 del Artículo 15 o la petición de asistencia judicial recíproca en relación con las infracciones del Artículo 15 se han formulado con el fin de procesar o sancionar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas, o que el hecho de acceder a la petición podría perjudicar la situación de esa persona por cualquiera de esos motivos.

Artículo 21 - Medidas relativas a otras violaciones

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 28 de la Convención, cada Parte adoptará las medidas legislativas, administrativas o disciplinarias que puedan ser necesarias para que cesen los siguientes actos, cuando sean perpetrados deliberadamente:

a) toda utilización de bienes culturales en violación de la Convención o del presente Protocolo;

b) toda exportación y cualquier otro desplazamiento o transferencia de propiedad ilícitos de bienes culturales desde su territorio ocupado en violación de la Convención o del presente Protocolo;

Capítulo 5: Protección de los bienes culturales en los conflicos armados de carácter no internacional

Artículo 22 - Conflictos armados de carácter no internacional

1. El presente Protocolo se aplicará en caso de conflicto armado que no tenga carácter internacional y que se haya producido en el territorio de una de las Partes.

2. Este Protocolo no se aplicará en situaciones de disturbios y tensiones internos, como por ejemplo tumultos, actos de violencia aislados y esporádicos y otros actos de carácter similar.

3. No se invocará ninguna disposición del presente Protocolo con miras a menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe a un gobierno de mantener o restablecer por todos los medios legítimos la ley y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado.

4. Ninguna disposición de este Protocolo menoscabará la prioridad de jurisdicción de una Parte en cuyo territorio se produzca un conflicto armado de carácter no internacional con respecto a las violaciones indicadas en el Artículo 15.

5. No se invocará ninguna disposición del presente Protocolo como justificación para intervenir directa o indirectamente, sea cual fuere el motivo, en el conflicto armado o en los asuntos internos o externos de la Parte en cuyo territorio se haya producido ese conflicto.

6. La aplicación del presente Protocolo a la situación mencionada en el párrafo 1 no producirá efecto alguno sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto.

7. La UNESCO podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto.

Capítulo 6: Cuestiones institucionales

Artículo 23 - Reunión de las Partes

1. La Reunión de las Partes se convocará al mismo tiempo que la Conferencia General de la UNESCO y en coordinación con la Reunión de las Altas Partes Contratantes, si esta reunión ha sido convocada por el Director General.

2. La Reunión de las Partes adoptará su propio Reglamento.

3. La Reunión de las Partes tendrá las siguientes atribuciones:

a) elegir a los miembros del Comité, con arreglo al párrafo 1 del Artículo 24;

b) aprobar los Principios Rectores elaborados por el Comité con arreglo al apartado a) del párrafo 1 del Artículo 27;

c) proporcionar orientaciones para la utilización del Fondo por parte del Comité y supervisarla;

d) examinar el informe presentado por el Comité con arreglo al apartado d) del párrafo 1 del Artículo 27;

e) discutir cualquier problema relacionado con la aplicación de este Protocolo y formular recomendaciones cuando proceda.

4. El Director General convocará una Reunión Extraordinaria de las Partes, si así lo solicita como mínimo la quinta parte de ellas.

Artículo 24 - Comité para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado

1. Por el presente artículo se crea un Comité para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado. Estará compuesto por doce Partes que serán elegidas por la Reunión de las Partes.

2. El Comité celebrará reuniones ordinarias una vez al año y reuniones extraordinarias cuando lo estime necesario.

3. Al establecer la composición del Comité, las Partes velarán por garantizar una representación equitativa de las distintas regiones y culturas del mundo.

4. Las Partes miembros del Comité elegirán para que la representen a personas competentes en las esferas del patrimonio cultural, la defensa o el derecho internacional, y consultándose mutuamente tratarán de garantizar que el Comité en su conjunto reúna las competencias adecuadas en todas esas esferas.

Artículo 25 - Mandato

1. Las Partes miembros del Comité serán elegidas por un período de cuatro años y sólo podrán volver a ser elegidas inmediatamente una sola vez.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, el mandato de la mitad de los miembros nombrados en la primera elección concluirá al finalizar la primera reunión ordinaria de la Reunión de las Partes celebrada inmediatamente después de la reunión en la cual fueron elegidos. El Presidente de la Reunión de las Partes designará por sorteo a estos miembros después de la primera elección.

Artículo 26 - Reglamento

1. El Comité adoptará su propio Reglamento.

2. La mayoría de los miembros constituirá quórum. Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de dos tercios de los miembros votantes.

3. Los miembros no participarán en las votaciones de ninguna decisión relativa a bienes culturales que se vean afectados por un conflicto armado en el que sean partes.

Artículo 27 - Atribuciones

1. Las atribuciones del Comité serán las siguientes:

a) elaborar Principios Rectores para la aplicación del presente Protocolo;

b) conceder, suspender o anular la protección reforzada a bienes culturales, y establecer, actualizar y promover la Lista de Bienes Culturales bajo Protección Reforzada;

c) vigilar y supervisar la aplicación del presente Protocolo y fomentar la identificación de bienes culturales bajo protección reforzada;

d) examinar los informes de las Partes y formular observaciones a su respecto, tratar de obtener precisiones cuando sea necesario, y preparar su propio informe sobre la aplicación del presente Protocolo para la Reunión de las Partes;

e) recibir y estudiar las peticiones de asistencia internacional con arreglo al Artículo 32;

f) determinar el empleo del Fondo;

g) desempeñar cualquier otra función que le encomiende la Reunión de las Partes.

2. El Comité ejercerá sus atribuciones en cooperación con el Director General.

3. El Comité cooperará con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales internacionales y nacionales cuyos objetivos son similares a los de la Convención, los de su Primer Protocolo y los del presente Protocolo. Para que le asistan en el desempeño de sus atribuciones, el Comité podrá invitar a que participen en sus reuniones, a título consultivo, a organizaciones profesionales eminentes como las que mantienen relaciones formales con la UNESCO, comprendido el Comité Internacional del Escudo Azul (CIEA) y sus órganos constitutivos. También se podrá invitar a que participen a título consultivo a representan-tes del Centro Internacional de Estudio de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (Centro de Roma) (ICCROM) y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Artículo 28 - Secretaría

1. Prestará asistencia al Comité la Secretaría General de la UNESCO, que preparará su documentación y el Orden del Día de sus reuniones y se encargará de la aplicación de sus decisiones.

Artículo 29 - El Fondo para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado

1. Por el presente artículo se crea un Fondo para los siguientes fines:

a) conceder ayuda financiera o de otra clase en apoyo de medidas preparatorias o de otro tipo que se hayan de adoptar en tiempo de paz con arreglo, entre otros, al Artículo 5, al párrafo b) del Artículo 10 y al Artículo 30;

b) conceder ayuda financiera o de otra clase en relación con medidas de emergencia y medidas provisionales o de otro tipo que se hayan de adoptar con miras a la protección de bienes culturales en períodos de conflicto armado o de reconstrucción inmediatamente posteriores al fin de las hostilidades con arreglo, entre otros, al párrafo a) del Artículo 8.

2. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero de la UNESCO, el Fondo se constituirá con carácter de fondo fiduciario.

3. Los recursos del Fondo sólo se utilizarán para los fines que el Comité decida con arreglo a las orientaciones definidas en el apartado c) del párrafo 3 del Artículo 23. El Comité podrá aceptar contribuciones que hayan de ser destinadas exclusivamente a un determinado programa o proyecto, a condición de que haya decidido ejecutar ese programa o proyecto.

4. El Fondo constará de los siguientes recursos:

a) contribuciones voluntarias aportadas por las Partes;

b) contribuciones, donaciones o legados aportados por:

i) otros Estados;

ii) la UNESCO u otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas;

iii) otras organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales;

iv) organismos públicos o privados, o particulares;

c) todo interés que devenguen los recursos del Fondo;

d) fondos recaudados mediante colectas e ingresos procedentes de actos organizados en beneficio del Fondo; y

e) cualesquiera otros recursos autorizados por las orientaciones aplicables al fondo.

Capítulo 7: Difusión de la información y asistencia internacional

Artículo 30 - Difusión

1. Las Partes procurarán servirse de todos los medios apropiados, y en particular de programas de educación e información, para fomentar el aprecio y el respeto de los bienes culturales por parte del conjunto de sus poblaciones.

2. Las Partes difundirán lo más ampliamente posible el presente Protocolo, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado.

3. Toda autoridad militar o civil que en tiempo de conflicto armado esté encargada de aplicar el presente Protocolo habrá de tener pleno conocimiento de su texto. Con este fin, las Partes:

a) incorporarán a sus reglamentos militares orientaciones e instrucciones relativas a la protección de los bienes culturales;

b) en colaboración con la UNESCO y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales pertinentes, prepararán y llevarán a cabo programas de formación y educación en tiempo de paz;

c) por conducto del Director General, se comunicarán recíprocamente información relativa a las leyes, disposiciones administrativas y medidas adoptadas en relación con los apartados a) y b);

d) por conducto del Director General, se comunicarán lo antes posible recíprocamente las leyes y disposiciones administrativas que adopten para garantizar la aplicación del presente Protocolo.

Artículo 31 - Cooperación internacional

En casos de graves violaciones del presente Protocolo, las Partes se comprometen a actuar conjuntamente por conducto del Comité o por separado, en colaboración con la UNESCO y las Naciones Unidas y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 32 - Asistencia internacional

1. Toda Parte podrá pedir al Comité asistencia internacional para los bienes culturales bajo protección reforzada, así como ayuda para la preparación, elaboración o aplicación de las leyes, disposiciones administrativas y medidas mencionadas en el Artículo 10.

2. Toda parte en un conflicto que no sea Parte en el presente Protocolo, pero que acepte y aplique sus disposiciones con arreglo al párrafo 2 del Artículo 3, podrá pedir al Comité una asistencia internacional adecuada.

3. El Comité adoptará reglas para la presentación de peticiones de asistencia internacional y determinará las formas que pueda revestir esta asistencia.

4. Se insta a las Partes a que, por conducto del Comité, presten asistencia técnica de todo tipo a las Partes o partes en conflicto que la pidan.

Artículo 33 - Asistencia de la UNESCO

1. Las Partes podrán recurrir a la asistencia técnica de la UNESCO para organizar la protección de sus bienes culturales, especialmente en relación con medidas preparatorias para salvaguardar bienes culturales y con medidas preventivas y organizativas para situaciones de emergencia y realización de catálogos nacionales de bienes culturales, o en relación con cualquier otro problema derivado de la aplicación del presente Protocolo. La UNESCO prestará esa asistencia dentro de los límites de su programa y sus posibilidades.

2. Se insta a las Partes a proporcionar asistencia técnica bilateral o multilateral.

3. La UNESCO está autorizada a presentar, por propia iniciativa, propuestas sobre estas cuestiones a las Partes.

Capítulo 8: Aplicación del presente Protocolo

Artículo 34 - Potencias Protectoras

El presente Protocolo se aplicará con el concurso de las Potencias Protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto.

Artículo 35 - Procedimiento de conciliación

1. Las Potencias Protectoras interpondrán sus buenos oficios siempre que lo juzguen conveniente en interés de los bienes culturales, y especialmente cuando haya desacuerdo entre las Partes en conflicto sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones del presente Protocolo.

2. A este fin, cada Potencia Protectora podrá, a invitación de una Parte o del Director General, o por propia iniciativa, proponer a las Partes en conflicto que sus representantes, y en particular las autoridades encargadas de la protección de los bienes culturales, celebren eventualmente una reunión en el territorio de un Estado que no sea parte en el conflicto. Las Partes en conflicto tendrán la obligación de hacer efectivas las propuestas de reunión que se les hagan. Las Potencias Protectoras propondrán a la aprobación de las Partes en conflicto el nombre de una personalidad perteneciente a un Estado que no sea parte en el conflicto o presentada por el Director General. Esta personalidad será invitada a participar en esa reunión en calidad de Presidente.

Artículo 36 - Conciliación a falta de Potencias protectoras

1. En todo conflicto en el que no se hayan designado Potencias Protectoras, el Director General podrá ejercer sus buenos oficios o actuar por cualquier otro medio de conciliación o mediación con el fin de resolver las discrepancias.

2. A petición de una Parte o del Director General, el Presidente del Comité podrá proponer a las Partes en conflicto que sus representantes, y en particular las autoridades encargadas de la protección de los bienes culturales, celebren eventualmente una reunión en el territorio de un Estado que no sea parte en el conflicto.

Artículo 37 - Traducciones e informes

1. Las Partes se encargarán de traducir el presente Protocolo a las lenguas oficiales de sus países y de comunicar estas traducciones oficiales al Director General.

2. Una vez cada cuatro años, las Partes presentarán al Co-mité un informe sobre la aplicación del presente Protocolo.

Artículo 38 - Responsabilidad de los Estados

Ninguna disposición del presente Protocolo respecto de la responsabilidad penal de las personas afectará a la responsabilidad de los Estados conforme al derecho internacional, comprendida la obligación de reparación.

Capítulo 9: Cláusulas finales

Artículo 39 - Lenguas

El presente Protocolo está redactado en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, siendo los seis textos igualmente auténticos.

Artículo 40 - Firma

El presente Protocolo llevará la fecha del 26 de marzo de 1999. Quedará abierto a la firma de todas las Altas Partes Contratantes en La Haya desde el 17 de mayo de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999.

Artículo 41 - Ratificación, aceptación o aprobación

1. El presente Protocolo será sometido a la ratificación, aceptación o aprobación por las Altas Partes Contratantes que lo hayan firmado, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

2. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados ante el Director General.

Artículo 42 - Adhesión

1. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión del resto de las Altas Partes Contratantes a partir del 1º de enero de año 2000.

2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión ante el Director General.

Artículo 43 - Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de haberse depositado veinte instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2. Ulteriormente, el Protocolo entrará en vigor para cada una de las Partes tres meses después de la fecha en que hubieren depositado el respectivo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

Artículo 44 - Entrada en vigor en situaciones de conflicto armado

Las situaciones previstas en los Artículos 18 y 19 de la Convención determinarán que las ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones o adhesiones del presente Protocolo depositadas por las partes en conflicto antes o después de haberse iniciado las hostilidades o la ocupación, surtan efecto inmediato. En esos casos, el Director General enviará, por la vía más rápida, las notificaciones previstas en el Artículo 46.

Artículo 45 - Denuncia

1. Toda Parte podrá denunciar el presente Protocolo.

2. La denuncia se notificará mediante un instrumento escrito que será depositado ante el Director General.

3. La denuncia surtirá efecto un año después del recibo del instrumento correspondiente. No obstante, si en el momento de expirar este período de un año, la Parte denunciante se encontrase implicada en un conflicto armado, los efectos de la denuncia quedarán en suspenso hasta el fin de las hostilidades, y en todo caso mientras duren las operaciones de repatriación de los bienes culturales.

Artículo 46 - Notificaciones

El Director General informará a todas las Altas Partes Contratantes y a las Naciones Unidas del depósito de todos los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión previstos en los Artículos 41 y 42, así como de las denuncias previstas en el Artículo 45.

Artículo 47 - Registro ante las Naciones Unidas

En cumplimiento del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, el presente Protocolo será registrado en la Secretaría de las Naciones Unidas a instancia del Director General.

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Protocolo.

Hecho en La Haya, el 26 de marzo de 1999, en un solo ejemplar que será depositado en los archivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y del cual se remitirán copias certificadas conformes a todas las Altas Partes Contratantes.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA Nº 22

En Montevideo, el día dieciséis de marzo del año dos mil seis, a la hora diecisiete y diez minutos se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores Carlos Baráibar, Luis Alberto Heber, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Enrique Rubio y Julio María Sanguinetti.

Falta por estar en uso de licencia el señor Senador Alberto Couriel.

Preside el señor Senador Sergio Abreu, Vicepresidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Secretario de Comisión Julio Durán, con la colaboración del Oficial II, señor Fabio Rodríguez.

De lo actuado se tomó versión taquigráfica cuya copia dactilográfica luce en el Distribuido Nº 732/2005 que forma parte integrante de la presente Acta.

Abierto el acto, se pasa a considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ASUNTOS ENTRADOS:

1.- CARPETA Nº 449/2006. TRATADO DE RECONOCIMIENTO, PAZ Y AMISTAD DEL URUGUAY Y ESPAÑA, FIRMADO EN EL AÑO 1870. Proposición relativa al reconocimiento del estatus de los ciudadanos uruguayos en España. Cámara de Representantes, exposición escrita presentada por el señor Diputado Jaime Trobo. Distribuido Nº 714/2006.

2.- CARPETA Nº 450/2006. PROTOCOLO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 9 DE DICIEMBRE DE 2005, ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA, LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, LA REPUBLICA DEL PARAGUAY Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Texto aprobado en el ámbito del MERCOSUR, mediante la decisión del Consejo del Mer-cado Común Nº 23/05, de 8 de diciembre de 2005. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 715/2006.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1.- CARPETA Nº 444/2006. SEGUNDO PROTOCOLO DE LA CONVENCION PARA LA PROTECCION DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO, SUSCRITO EN LA HAYA, EL 26 DE MARZO DE 1999. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 700/2006.

2.- CARPETA Nº 445/2006. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. INCISO 06. ARTICULO 154. Artículo 473 de la Ley Nº 16.226, de 29 de diciembre de 1991. Cámara de Senadores. Distribuido Nº 701/2006.

A propuesta del señor Presidente de la Comisión se aplaza su consideración para la próxima sesión.

3.- A solicitud del señor Presidente, por secretaría se reparte en Sala el listado de los asuntos a estudio para su adjudicación en la próxima sesión.

RESOLUCIONES:

1.- CARPETA Nº 444/2006. SEGUNDO PROTOCOLO DE LA CONVENCION PARA LA PROTECCION DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO, SUSCRITO EN LA HAYA, EL 26 DE MARZO DE 1999. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 700/2006.

Se vota: 8 en 8: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador José Korzeniak.

A la hora diecisiete y treinta y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente en ejercicio y el señor Secretario.

Sergio Abreu Vicepresidente

Julio Durán Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: este Segundo Protocolo, que complementa la Convención de Protección de Bienes Culturales en caso de conflicto armado, fue suscrito en 1999. El 24 de enero de 2006 el Poder Ejecutivo envía el Mensaje y proyecto de ley para que este Parlamento lo apruebe y, posteriormente, siguiendo el trámite constitucional, el Poder Ejecutivo lo ratifique y comunique o deposite la ratificación en el organismo internacional.

Sin perjuicio de que existan antecedentes más lejanos, la Convención básica que se realizó para la protección de bienes culturales en caso de conflictos armados fue en 1954 en La Haya. Posteriormente, varios instrumentos internacionales fueron complementando, añadiendo o perfeccionando el texto de esta Convención. Hay un Protocolo anterior y otros instrumentos que, no de manera directa, pero sí indirecta, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, le han incorporado reglas a la protección de los bienes culturales en el caso de conflicto armado.

Este Segundo Protocolo -como suele ocurrir- es muy extenso. Consta de 47 artículos, y en muchos de ellos se repiten soluciones de fondo que ya existían por instrumentos internacionales anteriores, sólo que se los perfecciona, en su sustancia o gramaticalmente.

Por razones de economía de procedimiento parlamentario, me voy a limitar a explicar rápidamente cuáles fueron las innovaciones más importantes introducidas en este Segundo Protocolo, dejando de lado la explicación de artículos que ya venían del Primer Protocolo y de otros instrumentos internacionales, que sólo recibieron algún perfeccionamiento gramatical o alguna mejora en la ejemplificación de conflictos armados, que adquieren modalidades tan variadas, a medida que transcurre la historia. Esas modalidades pueden ser muy numerosas en una década y, por eso, a veces la letra de las Convenciones internacionales queda a destiempo de los nuevos tipos de conflictos armados. Reitero, entonces, que voy a explicar las innovaciones más importantes según una selección que he realizado.

En primer lugar, este Protocolo introduce un cambio en lo que podría llamarse la amplitud del concepto de conflicto armado. Tradicionalmente -no necesariamente es así en las Constituciones, pero sí en los Tratados internacionales-, la expresión "conflicto armado" en estas normas de protección de bienes culturales se refiere a los conflictos internacionales. Una innovación importante es que, a la vista de experiencias por todos conocidas, la protección de bienes culturales a veces se hace tremendamente necesaria en el caso de conflictos armados internos, tales como guerras civiles, ocupaciones, invasiones, etcétera. Me parece que esa es una de las innovaciones más relevantes.

En segundo término, según esta selección y en homenaje a la brevedad, señalo que hay disposiciones expresas, concretamente el artículo 9º del Protocolo, que se refiere a la forma de proteger los bienes culturales en caso de ocupación de un territorio. Técnicamente la ocupación no es un conflicto armado, sino una situación que puede ser consecuencia de él. Para que en esos casos también sea factible la protección de los bienes culturales, es indispensable que el instrumento internacional diga que, en territorio ocupado, también rigen las reglas de protección de los bienes culturales.

En tercer lugar, esta Convención innova positivamente en el artículo 8º, estableciendo un sistema de protección especial que no existía o, por lo menos, no estaba previsto de una manera tan detallada. Para que comiencen a regir las reglas de esta protección especial, se requiere que se inscriba el punto a proteger en el Registro Internacional de Bienes Culturales Bajo Protección Especial; tal es el nombre de dicho Registro. Se ha sostenido que un caso muy notorio, que incluso fue puesto como ejemplo cuando se estaba elaborando este Protocolo en 1999, es la protección de bienes culturales como el Palacio de Versalles. En esos casos, se inscribe en un registro especial para que, cualquiera sea la situación bélica, posbélica o prebélica, haya una protección muy fuerte en beneficio de estos bienes culturales. Tendríamos que verificar si no sería necesaria la inscripción de algunos de los bienes con los que contamos en nuestro país.

En cuarto término, otra innovación importante que se hizo es la creación de dos nuevas instituciones en el mecanismo institucional de este sistema de protección. Una de ellas es un Comité de Protección compuesto por doce Estados Parte, que se eligen tratando de lograr una representación equitativa por regiones y por culturas del mundo. Basados en un estudio, se ha llegado a una subdivisión en doce regiones culturales. La otra es un Fondo para la Protección de los Bienes Culturales. Este sería el caso de donaciones, contribuciones de los Estados Parte o de particulares, con lo que se formaría un Fondo que tendría por objeto cubrir la necesidad de mejora de protección que a veces tiene un país en el caso de un conflicto armado, cuando no dispone de los recursos suficientes.

En sexto lugar, voy a hacer referencia a la forma en que entra en vigor este Tratado, con una terminología bastante más técnica que las clásicas. Esto consta en el artículo 43 y cubre las variadas denominaciones que se dan en los distintos países acerca de cuándo queda perfeccionado un Tratado. Por ejemplo, siguiendo cánones internacionales difundidos, en el Uruguay más de una vez se confunde la aprobación que hace el Parlamento por ley, con la ratificación, que es un acto posterior del Poder Ejecutivo. Eso se confunde, a veces, hasta en documentos oficiales. Sin embargo, no ocurre en este caso. Además, el Protocolo usa una terminología para cubrir todas las posibles situacio-nes, ya que se expresa que entra en vigor tres meses después de depositado el instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión -que son distintos vocablos y fórmulas constitucionales de diferentes países- salvo, naturalmente, cuando haya un conflicto existente o de inminente producción, en cuyo caso, si el Estado que quiere proteger sus bienes culturales deposita la ratificación, la aprobación o la adhesión al Tratado, éste entra en vigencia de inmediato.

Entendemos que es positivo que se mejore la protección de los bienes culturales. Este Protocolo parece que colma las aspiraciones y que, con un mínimo de realismo, es conveniente a esta altura, dada la existencia de conflictos armados, de ocupaciones, de conflictos que todos desearíamos que no se produjeran, pero que a veces se prevé que van a ocurrir, o de conflictos internos, en muchos de los cuales los países han tenido que prestar tropas a las Naciones Unidas.

Por lo expuesto, la Comisión de Asuntos Internacionales, por unanimidad, aconseja al Plenario que apruebe el artículo que, a su vez, aprueba este Segundo Protocolo de la Convención de Protección de Bienes Culturales.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley en gene-ral.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

- En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"ARTICULO UNICO.- Apruébase el Segundo Protocolo de 1999 de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, suscrito en La Haya, el 26 de marzo de 1999."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

20) ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, SUSCRITO EN NUEVA YORK, EL 30 DE JUNIO DE 2004, REITERANDO EL REMITIDO EN FECHA 4 DE AGOSTO DE 2004

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- El Senado pasa a considerar el sexto punto del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, suscrito en Nueva York, el 30 de junio de 2004. (Carp. Nº 312/05 - Rep. Nº 203/06)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 312/05

Rep. Nº 203/06

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 22 agosto de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con el Artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje R 1301 de fecha 15 de setiembre de 2004 que se adjunta, por el cual se solicitó la aprobación del Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, suscrito en Nueva York, el 30 de junio de 2004.

Al mantenerse vigentes los fundamentos que en su oportunidad dieron mérito al envío de aquel Mensaje, el Poder Ejecutivo se permite solicitar la pronta aprobación del mencionado instrumento multilateral.

El Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, José Díaz, Mario Bergara, Jorge Brovetto.

Montevideo, 22 de agosto de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el "Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional", adoptado en la Asamblea de los Estados Partes realizada en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 9 de setiembre de 2002 y suscrito por el Gobierno de la República el 30 de junio de 2004.

Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, José Díaz, Mario Bergara, Jorge Brovetto.

Montevideo, 15 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la

Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con los artículos 168, numeral 20 y 85, numeral 7 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, suscrito en Nueva York, el 30 de junio de 2004, a efectos de que la Corte Penal Internacional -cuyo Estatuto fuera aprobado por la Ley Nº 17.510 de 27 de junio de 2002 y del cual es Parte la República- goce en el territorio nacional de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

El Acuerdo consta de un preámbulo y 39 artículos.

En el artículo 2º, se establece que la Corte tendrá personalidad jurídica internacional y tendrá también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y el cumplimiento de sus propósitos.

El principio general que abarca este Acuerdo es el de que la Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus propósitos (Artículo 3º). El resto del articulado es la explicitación de este principio general.

Así en el artículo 4º, se establece la inmunidad de jurisdicción para la Corte, sus bienes y fondos, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen, salvo en la medida en que la Corte renuncie expresamente a ella en un caso determinado.

En el artículo 7º se establece la inviolabilidad de los archivos y los documentos. La exención de impuestos, derechos de aduana y restricciones de importación o exportación está prevista en el artículo 8º. Se exceptúan de la exención a los gravámenes que constituyan de hecho la remuneración de servicios públicos prestados a una tarifa fija según la cantidad de servicios prestados y que se puedan identificar, describir y desglosar.

En el artículo 10 se establece que la Corte no quedará sometida a controles financieros, reglamentos o moratorias financieras de índole alguna en el desempeño de sus funciones.

Se dispone asimismo las facilidades de comunicaciones en el artículo 11.

En el artículo 13 se establecen las inmunidades y privilegios de los Representantes de Estados que participen en la Asamblea y sus órganos subsidiarios y de los representantes de organizaciones intergubernamentales. Los principios que se aplican son similares a los aplicados a los representantes diplomáticos.

En el artículo 15 se dispone acerca de los privilegios e inmunidades de los Magistrados, Fiscal, Fiscales adjuntos y Secretario, asimilándolos a los de los jefes de las misiones diplomáticas y en el artículo 16 se reglamentan los privilegios, las inmunidades y las facilidades que sean necesarios para el ejercicio independiente de las funciones del Secretario Adjunto, personal de la Fiscalía y el personal de Secretaría.

El artículo 18 se refiere a los privilegios e inmunidades y facilidades de los abogados y de las personas que asistan a los abogados defensores. El criterio es amplio y tiende a salvaguardar el ejercicio independiente de sus funciones. Asimismo, se recogen los mismos principios en relación a los testigos (artículo 19), las víctimas (artículo 20), y los peritos (artículo 21).

En relación a los nacionales y residentes permanentes, se establece que los Estados en el momento de la firma, aceptación, aprobación o la adhesión a este tratado, podrán declarar que las personas mencionadas en los artículos 15, 16, 18, 19 y 21, sólo disfrutan de un estatuto más restringido, el cual es explicitado en el artículo 23. También en el mismo artículo se establece similar posibilidad para las personas indicadas en los artículos 20 y 22.

La cooperación de la Corte con las autoridades competentes de los Estados para facilitar el cumplimiento de sus leyes e impedir abusos en relación con los privilegios, las inmunidades y las facilidades a que se hace referencia en el presente Acuerdo, está prevista en el artículo 24.

La renuncia a los privilegios e inmunidades previstos en los artículos 13 y 14 se prevé en el artículo 25 y similar posibilidad se estatuye en el artículo 26 para los privilegios e inmunidades previstos en los artículos 15 al 22.

El artículo 32 dispone lo atinente al arreglo de diferencias sobre la interpretación o aplicación del Acuerdo, estableciéndose la posibilidad de dirimir las diferencias a través de un tribunal arbitral, definiéndose su integración y forma de actuar.

En virtud de que el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional está orientado a permitir que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tenga aplicación plena en cada uno de los Estados Parte, se solicita a ese Cuerpo la pronta aprobación parlamentaria de este instrumento jurídico.

El Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar a ese Cuerpo las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República; Yamandú Fau, Leonardo Guzmán, Didier Opertti, Daniel Borrelli, Alvaro Rossa.

ACUERDO SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Los Estados Partes en el presente Acuerdo,

Considerando que en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, se estableció la Corte Penal Internacional con la facultad de ejercer competencias sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional;

Considerando que, según el artículo 4 del Estatuto de Roma, la Corte tendrá personalidad jurídica internacional y la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos;

Considerando que, según el artículo 48 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional gozará en el territorio de cada Estado Parte en el Estatuto de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

Términos empleados

A los efectos del presente Acuerdo:

a) Por "el Estatuto" se entenderá el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de junio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional;

b) Por "la Corte" se entenderá la Corte Penal Internacional establecida por el Estatuto;

c) Por "Estados Partes" se entenderán los Estados Partes en el presente Acuerdo;

d) Por "representantes de los Estados Partes" se entenderán los delegados, delegados suplentes, asesores, peritos técnicos y secretarios de delegaciones;

e) Por "la Asamblea" se entenderá la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto;

f) Por "Magistrados" se entenderán los magistrados de la Corte;

g) Por "la Presidencia" se entenderá el órgano integrado por el Presidente y los Vicepresidentes primero y segundo de la Corte;

h) Por "el Fiscal" se entenderá el Fiscal elegido por la Asamblea de conformidad con el párrafo 4 del artículo 42 del Estatuto;

i) Por "los Fiscales Adjuntos" se entenderán los Fiscales Adjuntos elegidos por la Asamblea de conformidad con el párrafo 4 del artículo 42 del Estatuto;

j) Por "el Secretario" se entenderá el Secretario elegido por la Corte de conformidad con el párrafo 4 del artículo 43 del Estatuto;

k) Por "Secretario Adjunto" se entenderá el Secretario elegido por la Corte de conformidad con el párrafo 4 del artículo 43 del Estatuto;

l) Por "abogados" se entenderán los abogados defensores y los representantes legales de las víctimas;

m) Por "Secretario General" se entenderá el Secretario General de las Naciones Unidas;

n) Por "representantes de organizaciones intergubernamentales" se entenderá los jefes ejecutivos de organizaciones intergubernamentales, incluido todo funcionario que actúe en su representación;

o) Por "la Convención de Viena" se entenderá la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 18 de abril de 1961;

p) Por "Reglas de Procedimiento y Prueba" se entenderán las Reglas de Procedimiento y Prueba aprobadas de conformidad con el artículo 51 del Estatuto.

Artículo 2

Condición jurídica y personalidad jurídica de la Corte

La Corte tendrá personalidad jurídica internacional y tendrá también la capacidad jurídica que sea necesaria pa-ra el desempeño de sus funciones y el cumplimiento de sus propósitos. Tendrá en particular capacidad jurídica para celebrar contratos, adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos y participar en procedimientos judiciales.

Artículo 3

Disposiciones generales acerca de los privilegios e inmunidades de la Corte

La Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus propósitos.

Artículo 4

Inviolabilidad de los locales de la Corte

Los locales de la Corte serán inviolables.

Artículo 5

Pabellón, emblema y señales

La Corte tendrá derecho a enarbolar su pabellón y a exhibir su emblema y sus señales en sus locales y en los vehículos y otros medios de transporte que utilice con fines oficiales.

Artículo 6

Inmunidad de la Corte y de sus bienes, haberes y fondos

1. La Corte y sus bienes, haberes y fondos, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen, gozarán de inmunidad de jurisdicción en todas sus formas, salvo en la medida en que la Corte renuncie expresamente a ella en un caso determinado. Se entenderá, sin embargo, que la renuncia no será extensible a ninguna medida de ejecución.

2. Los bienes, haberes y fondos de la Corte, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen, gozarán de inmunidad de allanamiento, incautación, requisa, decomiso y expropiación y cualquier otra forma de interferencia, ya sea de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo.

3. En la medida en que sea necesario para el desempeño de las funciones de la Corte, los bienes, haberes y fondos de la Corte, dondequiera y un poder de quienquiera que se hallen, estarán exentos de restricciones, reglamentaciones, controles o moratorias de toda índole.

Artículo 7

Inviolabilidad de los archivos y los documentos

Los archivos de la Corte y, en general, todos los papeles y documentos, cualquiera sea su forma, y todos los materiales que se envíen a la Corte o que ésta envíe, estén en poder de la Corte o le pertenezcan, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen, serán inviolables. La terminación o ausencia de esa inviolabilidad no afectará a las medidas de protección que la Corte ordene de conformidad con el Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba con respecto a documentos y materiales que la Corte utilice o le sean facilitados.

Artículo 8

Exención de impuestos, derechos de aduana y restricciones de importación o exportación

1. La Corte, sus haberes, ingresos y otros bienes, así como sus operaciones y transacciones, estarán exentos de todos los impuestos directos, que incluyen, entre otros, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el capital y el impuesto a las sociedades, así como los impuestos directos que perciban las autoridades locales o provinciales. Se entenderá, sin embargo, que la Corte no podrá reclamar la exención del pago de los gravámenes que constituyan de hecho la remuneración de servicios públicos prestados a una tarifa fija según la cantidad de servicios prestados y que se puedan identificar, describir y desglosar.

2. La Corte estará exenta de derechos de aduana, impuestos sobre el volumen de las importaciones y prohibiciones o restricciones respecto de los artículos que importe o exporte para su uso oficial y respecto de sus publicaciones.

3. Los artículos que se importen o adquieran en franquicia no serán vendidos ni se dispondrá de ellos de otra manera en el territorio de un Estado Parte salvo en las condiciones que se acuerden con las autoridades competentes de ese Estado Parte.

Artículo 9

Reembolso de derechos y/o impuestos

1. La Corte, por regla general, no reclamará la exención de los derechos y/o impuestos incluidos en el precio de bienes muebles e inmuebles ni de los derechos pagados por servicios prestados. Sin embargo, cuando la Corte efectúe compras importantes de bienes y artículos o servicios destinados a uso oficial y gravados o gravables con derechos y/o impuestos identificables, los Estados Partes tomarán las disposiciones administrativas del caso para eximirla de esos gravámenes o reembolsarle el monto del derecho y/o impuesto pagado.

2. Los artículos que se adquieran o reembolsen en franquicia no serán vendidos ni se dispondrá de ellos de otra manera salvo en las condiciones establecidas por el Estado Parte que haya concedido la exención o hecho el reembolso. No se concederán exenciones ni reembolsos por concepto de las tarifas de servicios públicos suministrados a la Corte.

Artículo 10

Fondos y exención de restricciones monetarias

1. La Corte no quedará sometida a controles financieros, reglamentos o moratorias financieros de índole alguna en el desempeño de sus funciones y podrá:

a) Tener fondos, moneda de cualquier tipo u oro y operar cuentas en cualquier moneda;

b) Transferir libremente sus fondos, oro o moneda de un país a otro o dentro de un país y convertir a cualesquiera otras las monedas que tanga en su poder;

c) Recibir, tener, negociar, transferir o convertir bonos u otros títulos financieros o realizar cualquier transacción con ellos;

d) Las transacciones financieras de la Corte gozarán, en cuanto al tipo de cambio, de un trato no menos favorable que el que otorgue el Estado Parte de que se trate a cualquier organización intergubernamental o misión diplomática.

2. La Corte, en el ejercicio de sus derechos, conforme al párrafo 1, tendrá debidamente en cuenta las observaciones que le haga un Estado Parte, en la medida en que pueda darles efecto sin desmedro de sus propios intereses.

Artículo 11

Facilidades de comunicaciones

1. A los efectos de su correspondencia y comunicaciones oficiales, la Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de un trato no menos favorable que el que éste conceda a cualquier organización intergubernamental o misión diplomática en materia de prioridades, tarifas o impuestos aplicables al franqueo postal y a las diversas formas de comunicación y correspondencia.

2. La correspondencia o las comunicaciones oficiales de la Corte no serán sometidas a censura alguna.

3. La Corte podrá utilizar todos los medios apropiados de comunicación, incluidos los electrónicos, y emplear claves o cifras para su correspondencia o comunicaciones oficiales. La correspondencia y las comunicaciones oficiales de la Corte serán inviolables.

4. La Corte podrá despachar y recibir correspondencia y otras piezas o comunicaciones por correo o valija sellada, los cuales gozarán de los mismos privilegios, inmunidades y facilidades que se reconocen a las valijas y los correos y diplomáticos.

5. La Corte podrá operar equipos de radio y otro equipo de telecomunicaciones en las frecuencias que le asignen los Estados Partes, de conformidad con sus procedimientos nacionales. Los Estados Partes se esforzarán por asignar a la Corte, en la mayor medida posible, las frecuencias que haya solicitado.

Artículo 12

Ejercicio de las funciones de la Corte fuera de su sede

La Corte, en caso de que, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 3 del Estatuto, considere conveniente sesionar en un lugar distinto de su sede de La Haya (Países Bajos), podrá concertar un acuerdo con el Estado de que se trate respecto de la concesión de las facilidades adecuadas para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 13

Representantes de Estados que participen en la Asamblea y sus órganos subsidiarios y representantes de organizaciones intergubernamentales

1. Los representantes de Estados Partes en el Estatuto que asistan a reuniones de la Asamblea o sus órganos subsidiarios, los representantes de otros Estados que asistan a reuniones de la Asamblea y sus órganos subsidiarios en calidad de observadores de conformidad con el párrafo I del artículo 112 del Estatuto de Roma, y los representantes de los Estados y de las organizaciones intergubernamentales invitados a reuniones de la Asamblea y sus órganos subsidarios, tendrán, mientras se encuentren en ejercicio de sus funciones oficiales y durante el trayecto al lugar de reunión y a su regreso, los privilegios e inmunidades siguientes:

a) Inmunidad contra arresto o detención personal,

b) Inmunidad de jurisdicción de toda índole respecto de las declaraciones que hagan verbalmente o por escrito y los actos que realicen a título oficial, la cual subsistirá incluso después de que hayan cesado en el ejercicio de sus funciones como representantes;

c) Inviolabilidad de todos los papeles y documentos, cualquiera que sea su forma;

d) Derecho a usar claves o cifras y recibir papeles y documentos o correspondencia por correo o en valija sellada y a recibir y enviar comunicaciones electrónicas;

e) Exención de restricciones de inmigración, formalidades de registro de extranjeros y obligaciones del servicio nacional en el Estado Parte que visiten o por el cual transiten en el desempeño de sus funciones;

f) Los mismos privilegios con respecto a las facilidades monetarias y cambiarias que se reconozcan a los representantes de gobiernos extranjeros en misión oficial temporal;

g) Las mismas inmunidades y facilidades respecto de su equipaje personal que se reconozcan a los agentes diplomáticos con arreglo a la Convención de Viena;

h) La misma protección y las mismas facilidades de repatriación que se reconozcan a los agentes diplomáticos en épocas de crisis internacional con arreglo a la Convención de Viena;

i) Los demás privilegios, inmunidades y facilidades compatibles con los que anteceden de que gocen los agentes diplomáticos, con la salvedad de que no podrán reclamar la exención de derechos aduaneros sobre mercaderías importadas (que no sean parte de su equipaje personal) o de impuestos sobre la compraventa o el consumo.

2. Cuando la aplicación de cualquier forma de impuesto dependa de la residencia, los períodos en que los representantes descritos en el párrafo 1 que asistan a reuniones de la Asamblea y sus órganos subsidiarios permanezcan en un Estado Parte en ejercicio de sus funciones no se considerarán períodos de residencia.

3. Lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del presente artículo no será aplicable entre un representante y las autoridades del Estado Parte del que sea nacional o del Estado Parte o la organización intergubernamental del que sea o haya sido representante.

Artículo 14

Representantes de Estados que participen en las actuaciones de la Corte

Los representantes de Estados que participen en las actuaciones de la Corte gozarán, mientras estén desempeñando sus funciones oficiales, y durante el viaje de ida hasta el lugar de las actuaciones y de vuelta de éste, de los privilegios e inmunidades a que se hace referencia en el artículo 13.

Artículo 15

Magistrados, Fiscal, Fiscales Adjuntos y Secretario

1. Los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos y el Secretario gozarán, cuando actúen en el desempeño de sus funciones para la Corte o en relación con ellas, de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las misiones diplomáticas y, una vez expirado su mandato, seguirán gozando de inmunidad de jurisdicción por las declaraciones que hayan hecho verbalmente o por escrito y los actos que hayan realizado en el desempeño de sus funciones oficiales.

2. Los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos y el Secretario y los familiares que formen parte de sus hogares recibirán todas las facilidades para salir del país en que se encuentren y para entrar y salir del país en que sesione la Corte. En el curso de los viajes que hagan en el ejercicio de sus funciones los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos y el Secretario gozarán, en todos los Estados Partes por los que tengan que transitar, de los privilegios, las inmunidades y las facilidades que los Estados Partes en circunstancias similares concedan a los agentes diplomáticos de conformidad con la Convención de Viena.

3. El Magistrado, el Fiscal, un Fiscal Adjunto o el Secretario que, para mantenerse a disposición de la Corte, esté residiendo en un Estado Parte distinto del de su nacionalidad o residencia permanente gozará, junto con los familiares que formen parte de sus hogares, de los privilegios, inmunidades y facilidades de los agentes diplomáticos mientras resida en ese Estado.

4. Los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos y el Secretario, así como los familiares que forman parte de sus hogares, tendrán las mismas facilidades de repatriación en épocas de crisis internacional que se conceden a los agentes diplomáticos con arreglo a la Convención de Viena.

5. Los párrafos 1 a 4 del presente artículo serán aplicables a los Magistrados de la Corte incluso después de terminado su mandato si siguen ejerciendo sus funciones de conformidad con el párrafo 10 del artículo 36 del Estatuto.

6. Los sueldos, los emolumentos y las prestaciones que perciban los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos y el Secretario de la Corte estarán exentos de impuestos. Cuando la aplicación de un impuesto de cualquier índole dependa de la residencia, los períodos durante los cuales los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos y el Secretario se encuentren en un Estado Parte a fin de desempeñar sus funciones no serán considerados períodos de residencia a efectos tributarios. Los Estados Partes podrán tener en cuenta esos sueldos, emolumentos y prestaciones a los efectos de determinar la cuantía de los impuestos que se han de aplicar a los ingresos de otras fuentes.

7. Los Estados Partes no estarán obligados a exonerar del impuesto a la renta a las pensiones o rentas vitalicias pagadas a los ex Magistrados, Fiscales o Secretarios y a las personas a su cargo.

Artículo 16

Secretario Adjunto, personal de la Fiscalía y personal de la Secretaría

1. El Secretario Adjunto, el personal de la Fiscalía y el personal de la Secretaría gozarán de los privilegios, las inmunidades y las facilidades que sean necesarios para el ejercicio independiente de sus funciones. Gozarán de:

a) Inmunidad contra toda forma de arresto o detención y contra la incautación de su equipaje personal;

b) Inmunidad de jurisdicción de toda índole respecto de las declaraciones que hagan verbalmente o por escrito y los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, la cual subsistirá incluso después de que hayan cesado en el ejercicio de sus funciones;

c) El derecho a la inviolabilidad de todos los papeles y documentos oficiales de la Corte, cualquiera que sea su forma, y de todos los materiales;

d) Exención de impuestos sobre los sueldos, emolumentos y prestaciones que perciban de la Corte. Los Estados Partes podrán tener en cuenta esos salarios, emolumentos y prestaciones a los efectos de determinar la cuantía de los impuestos que se han de aplicar a los ingresos de otras fuentes;

e) Exención de toda obligación de servicio nacional;

f) Junto con los familiares que formen parte de sus hogares, exención de las restricciones de inmigración y las formalidades de registro de extranjeros;

g) Exención de la inspección de su equipaje personal, a menos que haya fundadas razones para creer que el equipaje contiene artículos cuya importación o exportación está prohibida por la ley o sometida a control por las normas de cuarentena del Estado Parte de que se trate, en cuyo caso se hará una inspección en presencia del funcionario;

h) Los mismos privilegios con respecto a las facilidades monetarias y cambiarias que se reconozcan a los funcionarios de categoría equivalente pertenecientes a las misiones diplomáticas acreditadas en el Estado Parte de que se trate;

i) Junto con los familiares que formen parte de sus hogares, las mismas facilidades de repatriación en épocas de crisis internacional, reconocidas a los agentes diplomáticos con arreglo a la Convención de Viena;

j) Derecho a importar, libres de gravámenes e impuestos, con la salvedad de los pagos que constituyan la remuneración de servicios prestados, sus muebles y efectos en el momento en que ocupen su cargo en el Estado Parte de que se trate y a reexportar a su país de residencia permanente, libres de gravámenes e impuestos, esos muebles y efectos.

2. Los Estados Partes no estarán obligados a eximir del impuesto sobre la renta a las pensiones o rentas vitalicias abonadas a ex secretarios adjuntos, miembros del personal de la Fiscalía, miembros del personal de la Secretaría y personas a su cargo.

Artículo 17

Personal contratado localmente y que no esté de otro modo contemplado en el presente Acuerdo

El personal contratado localmente por la Cote y que no esté de otro modo contemplado en el presente Acuerdo gozará de inmunidad y de jurisdicción respecto de las declaraciones que haga verbalmente o por escrito y los actos que realice en el ejercicio de sus funciones para la Corte. Esta inmunidad subsistirá después de que haya cesado en el ejercicio de esas funciones con respecto a las actividades llevadas a cabo en nombre de la Corte. Durante el empleo también se le concederán las facilidades que sean necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones para la Corte.

Artículo 18

Abogados y personas que asistan a los abogados defensores

1. Los abogados gozarán de los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades en la medida en que sea necesario para el ejercicio independiente de sus funciones, incluso el tiempo empleado en viajes, en relación con el ejercicio de sus funciones y siempre que exhiban el certificado a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo:

a) Inmunidad de arresto o detención personal y contra la incautación de su equipaje personal;

b) Inmunidad de jurisdicción de toda índole respecto de las declaraciones que hagan verbalmente o por escrito y los actos que realicen en el desempeño de sus funciones, la cual subsistirá incluso después de que hayan cesado en el ejercicio de sus funciones;

c) El derecho a la inviolabilidad de papeles y documentos, cualquiera que sea su forma, y materiales relacionados con el desempeño de sus funciones;

d) El derecho a recibir y enviar papeles y documentos, cualquiera que sea su forma, con fines de comunicación en el ejercicio de sus funciones de abogado;

e) Exención de las restricciones en materia de inmigración y las formalidades de registro de extranjeros;

f) Exención de la inspección del equipaje personal, a menos que haya fundadas razones para creer que el equipaje contiene artículos cuya importación o exportación está prohibida por la ley o sometida a control por las normas de cuarentena del Estado Parte de que se trate, en cuyo caso se hará una inspección en presencia del abogado,

g) Los mismos privilegios con respecto a las facilidades monetarias y cambiarias que se reconozcan a los representantes de gobiernos extranjeros en misión temporal oficial;

h) Las mismas facilidades de repatriación en épocas de crisis internacional que se reconozcan a los agentes diplomáticos con arreglo a la Convención de Viena.

2. Una vez designado un abogado de conformidad con el Estatuto, las Reglas de Procedimiento y Prueba y el Reglamento de la Corte, se le extenderá un certificado, firmado por el Secretario, por el período necesario para el ejercicio de sus funciones. El certificado se retirará si se pone término al poder o al mandato antes de que expire el certificado.

3. Cuando la aplicación de un impuesto de cualquier índole dependa de la residencia, los períodos durante los cuales los abogados se encuentren en un Estado Parte a fin de desempeñar sus funciones no serán considerados períodos de residencia.

4. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará, mutatis mutandis, a las personas que asistan a los abogados defensores de conformidad con la regla 22 de las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Artículo 19

Testigos

1. Se reconocerán a los testigos, en la medida en que sea necesario para su comparecencia ante la Corte con el fin de prestar declaración, los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades, incluso durante el tiempo empleado en viajes relacionados con su comparecencia ante la Corte, siempre que exhiban el documento a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo:

a) Inmunidad contra arresto o detención personal;

b) Sin perjuicio de lo establecido en el apartado d) infra, inmunidad contra la incautación del equipaje personal, a menos que haya fundadas razones para creer que el equipaje contiene artículos cuya importación o exportación está prohibida por la ley o sometida a control por las normas de cuarentena del Estado Parte de que se trate;

c) Inmunidad de jurisdicción de toda índole respecto de las declaraciones que hagan verbalmente o por escrito y los actos que realicen en el curso de su testimonio, la cual subsistirá incluso después de que hayan comparecido y prestado testimonio ante la Corte;

d) Inviolabilidad de los papeles y documentos, cualquiera que sea su forma, y de los materiales relacionados con su testimonio;

e) A los efectos de sus comunicaciones con la Corte y sus abogados en relación con su testimonio, el derecho a recibir y enviar papeles y documentos, cualquiera que sea su forma:

f) Exención de las restricciones en materia de inmigración y las formalidades del registro de extranjeros cuando viajen por razón de su comparecencia para prestar declaración;

g) Las mismas facilidades de repatriación en épocas de crisis internacional que se reconozcan a los agentes diplomáticos conforme a la Convención de Viena.

2. La Corte extenderá a nombre de los testigos a los que se reconozcan los privilegios, inmunidades y facilidades a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo un documento en el que se certifique que deben comparecer ante la Corte y se especifique el período durante el cual esa comparecencia es necesaria.

Artículo 20

Víctimas

1. Se reconocerá a las víctimas que participen en las actuaciones judiciales de conformidad con las reglas 89 a 91 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, en la medida en que sea necesario para su comparecencia ante la Corte, los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades, incluso durante el tiempo empleado en viajes relacionados con su comparecencia ante la Corte, siempre que exhiban el documento a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo:

a) Inmunidad contra arresto o detención personal;

b) Inmunidad contra la incautación de su equipaje personal, a menos que haya fundadas razones para creer que el equipaje contiene artículos cuya importación o exportación está prohibida por la ley o sometida a control por las normas de cuarentena del Estado Parte de que se trate;

c) Inmunidad de jurisdicción de toda índole respecto de las declaraciones que hagan verbalmente o por escrito y los actos que realicen en el transcurso de su comparecencia ante la Corte, la cual subsistirá incluso después de que hayan comparecido ante la Corte;

d) Exención de las restricciones en materia de inmigración y las formalidades de registro de extranjeros cuando viajen a la Corte y desde ella por razón de su comparecencia.

2. La Corte extenderá a nombre de las víctimas que participen en las actuaciones judiciales de conformidad con las reglas 89 a 91 de las Reglas de Procedimiento y Prueba y a las que se reconozcan los privilegios, inmunidades y facilidades a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo un documento en el que se certifique su participación en las actuaciones de la Corte y se especifique la duración de su participación.

Artículo 21

Peritos

1. Se reconocerá a los peritos que cumplan funciones para la Corte los privilegios, inmunidades y facilidades siguientes en la medida en que sea necesario para el ejercicio independiente de sus funciones, incluido el tiempo empleado en viajes relacionados con ellas, siempre que exhiban el documento a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo:

a) Inmunidad contra toda forma de arresto o detención personal y contra la incautación de su equipaje personal;

b) Inmunidad de jurisdicción de toda índole respecto de las declaraciones que hagan verbalmente o por escrito y los actos que realicen durante el desempeño de sus funciones, inmunidad que subsistirá incluso después de que hayan cesado en dichas funciones;

c) Inviolabilidad de los documentos y papeles, cualquiera que sea su forma, y materiales relacionados con sus funciones;

d) A los efectos de sus comunicaciones con la Corte, el derecho a recibir y enviar papeles y documentos, cualquiera que sea su forma, y materiales relacionadas con sus funciones por correo o en valija sellada;

e) Exención de la inspección del equipaje personal, a menos que haya fundadas razones para creer que el equipaje contiene artículos cuya importación o exportación está prohibida por la ley o sometida a control por las normas de cuarentena del Estado Parte de que se trate, en cuyo caso se hará una inspección en presencia del propio perito;

f) Los mismos privilegios respecto de las facilidades monetarias y cambiarias que se reconozcan a los representantes de gobiernos extranjeros en misión oficial temporal;

g) Las mismas facilidades de repatriación en épocas de crisis internacional que se reconozcan a los agentes diplomáticos conforme a la Convención de Viena;

h) Exención de las restricciones en materia de inmigración y las formalidades de registro de extranjeros en relación con sus funciones, como se especifica en el documento a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo.

2. La Corte extenderá a nombre de los peritos a los que se reconozcan los privilegios, inmunidades y facilidades a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo un documento en el que se certifique que están ejerciendo funciones para la Corte y que especifique el período que durarán dichas funciones.

Artículo 22

Otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte

1. Se reconocerá a las otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte, en la medida en que sea necesario para su presencia en dicha sede, incluido el tiempo empleado en viajes para ello, los privilegios, inmunidades y facilidades que se indican en los apartados a) a d) del párrafo 1 del artículo 20 del presente Acuerdo, siempre que exhiban el documento a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo.

2. La Corte extenderá a las otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte un documento en el que se certifique que su presencia es necesaria y se especifique el período durante el cual es necesaria.

Artículo 23

Nacionales y residentes permanentes

En el momento de la firma, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, cualquier Estado podrá declarar que:

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 15 y el apartado d) del párrafo 1 del artículo 16, las personas indicadas en los artículos 15, 16, 18, 19 y 21 sólo disfrutarán, en el territorio del Estado Parte del que sean nacionales o residentes permanentes, de los siguientes privilegios e inmunidades en la medida necesaria para el desempeño independiente de sus funciones o de su comparecencia o deposición ante la Corte:

i) Inmunidad de arresto o detención personal;

ii) Inmunidad judicial de toda índole respecto de las declaraciones que hagan verbalmente o por escrito y de los actos que realicen en el desempeño de sus funciones ante la Corte o durante su comparecencia o deposición, inmunidad ésta que subsistirá incluso después de que hayan cesado en el desempeño de sus funciones ante la Corte o después de su comparecencia o deposición ante ella;

iii) Inviolabilidad de los papeles y documentos, cualquiera que sea su forma, y piezas relacionadas con el desempeño de sus funciones ante la Corte o su comparecencia o deposición ante ella;

iv) A los efectos de sus comunicaciones con la Corte y, en lo tocante a las personas indicadas en el artículo 19, para sus comunicaciones con su abogado en relación con su deposición, el derecho a recibir y enviar papeles, cualquiera que sea su forma.

b) Las personas indicadas en los artículos 20 y 22 sólo disfrutarán, en el territorio del Estado Parte del que sean nacionales o residentes permanentes, de los siguientes privilegios e inmunidades en la medida necesaria para su comparecencia ante la Corte:

i) Inmunidad de arresto o detención personal;

ii) Inmunidad judicial de toda índole respecto de las declaraciones que hagan verbalmente o por escrito y de los actos que realicen durante su comparecencia ante la Corte, inmunidad que subsistirá incluso después de su comparecencia.

Artículo 24

Cooperación con las autoridades de Estados Partes

1. La Corte cooperará en todo momento con las autoridades competentes de los Estados Partes para facilitar el cumplimiento de sus leyes e impedir abusos en relación con los privilegios, las inmunidades y las facilidades a que se hace referencia en el presente Acuerdo.

2. Todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades de conformidad con el presente Acuerdo estarán obligadas, sin perjuicio de esos privilegios e inmunidades, a respetar las leyes y reglamentos del Estado Parte en cuyo territorio se encuentren o por el que transiten en ejercicio de sus funciones para la Corte. Estarán también obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado.

Artículo 25

Renuncia a los privilegios e inmunidades previstos en los artículos 13 y 14

Los privilegios e inmunidades previstos en los artículos 13 y 14 del presente Acuerdo no se otorgan a los representantes de los Estados y de las organizaciones intergubernamentales en beneficio personal, sino para salvaguardar el ejercicio independiente de sus funciones en relación con la labor de la Asamblea, sus órganos subsidiarios y la Corte. En consecuencia, los Estados Partes no sólo tienen el derecho, sino la obligación, de renunciar a los privilegios e inmunidades de sus representantes en todo caso en que, en opinión de dichos Estados, estos privilegios e inmunidades podrían constituir un obstáculo a la justicia y la renuncia sea posible sin perjuicio del fin para el cual se reconocen. Se reconocen a los Estados que no sean Partes en el presente Acuerdo y a las organizaciones intergubernamentales los privilegios e inmunidades previstos en los artículos 13 y 14 del presente Acuerdo en el entendimiento de que asumirán las mismas obligaciones con respecto a la renuncia.

Artículo 26

Renuncia a los privilegios e inmunidades previstos en los artículos 15 a 22

1. Los privilegios e inmunidades previstos en los artículos 15 a 22 del presente Acuerdo se reconocen en interés de la administración de justicia y no en beneficio personal. Podrá renunciarse a ellos de conformidad con el párrafo 5 del artículo 48 del Estatuto y con lo dispuesto en el presente artículo y se tendrá la obligación de hacerlo en un caso determinado cuando podrían constituir un obstáculo a la justicia y la renuncia sea posible sin perjuicio del fin para el cual se reconocen.

2. Se podrá renunciar a los privilegios e inmunidades:

a) En el caso de un Magistrado o del Fiscal, por mayoría absoluta de los Magistrados;

b) En el caso del Secretario, por la Presidencia;

c) En el caso de los Fiscales Adjuntos y del personal de la Fiscalía, por el Fiscal;

d) En el caso del Secretario Adjunto y del personal de la Secretaría, por el Secretario;

e) En el caso del personal a que se hace referencia en el artículo 17, por decisión del jefe del órgano de la Corte que emplee a ese personal;

f) En el caso de los abogados y de las personas que asistan a los abogados defensores, por la Presidencia;

g) En el caso de los testigos y de sus víctimas, por la Presidencia;

h) En el caso de los peritos, por decisión del jefe del órgano de la Corte que haya designado al perito;

i) En el caso de las otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte, por la Presidencia.

Artículo 27

Seguridad social

A partir de la fecha en que la Corte establezca un sistema de seguridad social, las personas a que se hace referencia en los artículos 15, 16 y 17 estarán exentas, en relación con los servicios prestados a la Corte, de toda contribución obligatoria a los sistemas nacionales de seguridad social.

Artículo 28

Notificación

El Secretario comunicará periódicamente a todos los Estados Partes los nombres de los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos, el Secretario, el Secretario Adjunto, el personal de la Fiscalía, el personal de la Secretaría y los abogados a quienes se apliquen las disposiciones del presente Acuerdo. El Secretario comunicará también a todos los Estados Partes información acerca de cualquier cambio en la condición de esas personas.

Artículo 29

Laissez-passer

Los Estados Partes reconocerán y aceptarán como documentos de viaje válidos los laissez-passer de las Naciones Unidas o los documentos de viaje expedidos por la Corte a los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos, el Secretario, el Secretario Adjunto, el personal de la Fiscalía y el personal de la Secretaría.

Artículo 30

Visados

Las solicitudes de visado o permiso de entrada o salida, en caso de que sean necesarios, presentadas por quienes son titulares de un laissez-passer de las Naciones Unidas o del documento del viaje expedido por la Corte, u otra persona de las referidas en los artículos 18 a 22 del presente Acuerdo que tenga un certificado expedido por la Corte en que conste que su viaje obedece a asuntos de éstas, serán tramitados por los Estados Partes con la mayor rapidez posible y con carácter gratuito.

Artículo 31

Arreglo de controversias con terceros

La Corte, sin perjuicio de las atribuciones y funciones de la Asamblea de conformidad con el Estatuto, adoptará disposiciones sobre los medios apropiados de arreglo de las controversias:

a) Que dimanen de contratos o se refieran a otras cuestiones de derecho privado en que la Corte sea parte;

b) Que se refieran a cualquiera de las personas mencionadas en el presente Acuerdo que, en razón de su cargo o función en relación con la Corte, gocen de inmunidad, si no se hubiese renunciado a ella.

Artículo 32

Arreglo de diferencias sobre la interpretación o aplicación del presente Acuerdo

1. Todas las diferencias que surjan de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo entre dos o más Estados Partes o entre la Corte y un Estado Parte serán resueltas mediante consultas, negociación u otro medio convenido de arreglo.

2. La diferencia, de no ser resuelta de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo dentro de los tres meses siguientes a la presentación de una solicitud por escrito por una de las partes en ella, será, a petición de cualquiera de las partes, sometida a un tribunal arbitral de conformidad con el procedimiento establecido en los párrafos 3 a 6 infra.

3. El tribunal arbitral estará compuesto de tres árbitros: uno será elegido por cada parte en la diferencia y el tercero, que actuará como presidente del tribunal, será elegido por los otros dos. Si una de las partes no hubiere nombrado a un árbitro del tribunal dentro de los dos meses siguientes al nombramiento de un árbitro por la otra parte, ésta podrá pedir al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que efectúe dicho nombramiento. En caso de que los dos primeros árbitros no convinieran en el nombramiento del presidente del tribunal en los dos meses siguientes a sus nombramientos, cualquiera de las partes podrá pedir al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que efectúe el nombramiento del presidente del tribunal.

4. A menos que las partes en la diferencia acuerden otra cosa, el tribunal arbitral decidirá su propio procedimiento y los gastos serán sufragados por las partes en la proporción que él determine.

5. El tribunal arbitral, que adoptará sus decisiones por mayoría de votos, llegará a una decisión sobre la diferencia de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y las normas aplicables de derecho internacional. El laudo del tribunal arbitral será definitivo y obligatorio para las partes en la diferencia.

6. El laudo del tribunal arbitral será comunicado a las partes en la diferencia, al Secretario y al Secretario General.

Artículo 33

Aplicabilidad del presente Acuerdo

El presente Acuerdo se aplicará sin perjuicio de las normas pertinentes de derecho internacional, comprendidas las de derecho internacional humanitario.

Artículo 34

Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión

1. El presente Acuerdo estará abierto a la firma de todos los Estados desde el 10 de setiembre de 2002 hasta el 30 de junio de 2004 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

2. El presente Acuerdo está sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados en poder del Secretario General.

3. El presente Acuerdo estará abierto a la adhesión de todos los Estados. Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del Secretario General.

Artículo 35

Entrada en vigor

1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General el décimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2. Respecto de cada Estado que ratifique, acepte o apruebe el presente Acuerdo o se adhiera a él después del depósito del décimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente Acuerdo entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que deposite en poder del Secretario General su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

Artículo 36

Enmiendas

1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas al presente Acuerdo, mediante comunicación escrita dirigida a la secretaría de la Asamblea. La secretaría distribuirá esta comunicación a todos los Estados Partes y a la Mesa de la Asamblea, con la solicitud de que los Estados Partes le notifiquen si son partidarios de que se celebre una Conferencia de examen de los Estados Partes para examinar la propuesta.

2. Si, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la secretaría de la Asamblea haya distribuido la comunicación, una mayoría de los Estados Partes le notifican que son partidarios de que se celebre una conferencia de examen, la secretaría informará a la Mesa de la Asamblea con miras a convocar dicha conferencia en ocasión del siguiente período de sesiones ordinario o extraordinario de la Asamblea.

3. Las enmiendas respecto de las cuales no pueda llegarse a un consenso serán aprobadas por mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes, a condición de que esté presente una mayoría de los Estados Partes.

4. La Mesa de la Asamblea notificará inmediatamente al Secretario General cualquier enmienda que hayan aprobado los Estados Partes en la conferencia de examen. El Secretario General distribuirá a todos los Estados Partes y a los Estados signatarios las enmiendas que se hayan aprobado en la conferencia.

5. Una enmienda entrará en vigor para los Estados Partes que la hayan ratificado o aceptado sesenta días después del depósito de los instrumentos de ratificación o aceptación en poder del Secretario General por los dos tercios de los Estados que eran Partes en la fecha en que se aprobó la enmienda.

6. Para los Estados Partes que ratifiquen o acepten la enmienda cuando ya se haya depositado el número requerido de instrumentos de ratificación o aceptación, la enmienda entrará en vigor sesenta días después del depósito del instrumento de ratificación o aceptación del Estado Parte de que se trate.

7. Salvo que exprese otra intención, todo Estado que pase a ser Parte del presente Acuerdo después de la entrada en vigor de una enmienda de conformidad con el párrafo 5:

a) Se considerará Parte en el presente Acuerdo con la enmienda introducida; y

b) Se considerará Parte en el presente Acuerdo sin la enmienda introducida respecto de cualquier Estado Parte que no esté obligado por dicha enmienda.

Artículo 37

Denuncia

1. Un Estado Parte, mediante notificación dirigida por escrito al Secretario General, podrá denunciar el presente Acuerdo. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación, a menos que en ésta se indique una fecha posterior.

2. La denuncia no afectará en modo alguno a la obligación de un Estado Parte de cumplir cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo a que, de conformidad con el derecho internacional, estuviere sujeto independientemente del Acuerdo.

Artículo 38

Depositario

El Secretario General será el depositario del presente Acuerdo.

Artículo 39

Textos auténticos

El original del presente Acuerdo, cuyas versiones en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticas, será depositado en poder del Secretario General.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para ello, han firmado el presente Acuerdo.

 

 

 

 

 

 

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha sometido a este Cuerpo un Proyecto de Ley solicitando la aprobación del Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, suscrito en Nueva York el 30 de junio de 2004, reiterando el remitido en fecha 4 de agosto de 2004.

Este Acuerdo vendría a complementar el Estatuto de la Corte Penal Internacional, del que nuestro país es Parte, a efectos de que la Corte y las personas vinculadas a su funcionamiento gocen en el territorio de los Estados Partes de las prerrogativas necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.

El Acuerdo divide el análisis de las prerrogativas entre aquellas que se refieren a la Corte Penal como tal y aquellas que guardan relación con las personas que trabajan en relación con las actividades de la Corte.

De esta forma, los artículos 3 a 12 se refieren a los privilegios e inmunidades de la Corte, en tanto entidad jurídica dotada de personalidad jurídica internacional, tal como lo señala el artículo 2 en forma expresa.

El artículo 3 menciona, de manera general, que la Corte gozará, en el territorio de cada Estado Parte, de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus propósitos.

Los artículos 4 y 7 establecen la inviolabilidad de los locales de la Corte así como la de sus archivos y documentos.

El artículo 5 establece el derecho de la Corte de enarbolar su pabellón y a exhibir su emblema en sus locales o vehículos oficiales.

El artículo 6 por su parte, se refiere a la inmunidad de jurisdicción de la Corte y de sus bienes, haberes y fondos, y también a la inmunidad de allanamiento, incautación, requisa, decomiso, expropiación y cualquier otra forma de interferencia, ya sea de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo de que se benefician éstos. Asimismo, en la medida en que sea necesario para el desempeño de las funciones de la Corte, los bienes, haberes y fondos también estarán exentos de restricciones, reglamentaciones, controles o moratorias de toda índole.

El artículo 8 establece la exención de impuestos, derechos de aduana y restricciones de importación o exportación de los haberes, ingresos u otros bienes que sean de propiedad de la Corte. El artículo 9 prevé la posibilidad de reembolso de derechos y/o impuestos cuando la Corte efectúe, en los Estados Partes, compras importantes de bienes y artículos o servicios destinados a uso oficial y que se encuentren gravados con derechos o impuestos identificables. No se concederán exenciones ni reembolsos por concepto de las tarifas de servicios públicos suministrados a la Corte.

El artículo 10 señala que la Corte no quedará sometida a controles financieros, reglamentos o moratorias financieras de índole alguna en el desempeño de sus funciones, por lo que podrá mantener fondos en cualquier moneda y transferirlos libremente; tener y operar con bonos u otros títulos financieros, y realizar transacciones financieras en las mismas condiciones que una misión diplomática.

Finalmente, el último punto relacionado con las prerrogativas de la Corte como sujeto de derecho, prevé que la misma gozará, en el territorio de los Estados Partes, de las mismas facilidades de comunicación que éste conceda a los organismos internacionales y misiones diplomáticas (Ar-tículo 11).

Los artículos 13 a 22 se refieren a las prerrogativas de las personas que desarrollan una tarea en relación con la Corte Penal Internacional.

El artículo 13 señala las prerrogativas de los representantes de Estados que participan en la Asamblea y sus órganos subsidiarios y de los representantes de organizaciones intergubernamentales, estableciendo las inmunidades y privilegios habituales en estos casos, ya previstos con carácter general en la Convención de Nueva York de 1975 para los representantes ante organismos internacionales. Debe destacarse en este sentido la ratificación de la naturaleza funcional de la inmunidad de jurisdicción establecida.

El artículo 14 asimila a los representantes de los Estados que participen en las actuaciones de la Corte, el régimen de prerrogativas que menciona el artículo anterior.

El artículo 15 se refiere a las inmunidades de los Magistrados, Fiscales, Fiscales Adjuntos y Secretario de la Corte, estableciendo que gozarán de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las misiones diplomáticas. Esto nos ilustra sobre la naturaleza plena de la inmunidad de jurisdicción concedida, entre otras prerrogativas que se establecen para el agente diplomático en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, a la que se está remitiendo.

El artículo 16 establece las prerrogativas del Secretario Adjunto, del personal de la Fiscalía y del personal de la Secretaría de la Corte, determinando que gozarán de los privilegios, inmunidades y las facilidades que sean necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones. De esta forma, se establece para ellos, al igual que para los Representantes, una inmunidad de jurisdicción de tipo funcional.

El artículo 17 menciona las prerrogativas -también funcionales- del personal contratado localmente y que no esté de otro modo contemplado en el presente Acuerdo. A su vez, el artículo 18 atiende a los privilegios e inmunidades de los abogados y personas que asistan a los abogados defensores, para los que se establece un régimen de inmunidad funcional comparable a los anteriormente considerados a efectos de permitirles un mejor cumplimiento de sus tareas. Para demostrar su condición de defensor letrado, se le concederá un certificado especial por el tiempo en que sea necesario para el ejercicio de sus tareas.

El mismo régimen se establece para los testigos, las víctimas y los peritos (artículos 19 a 21), figuras cuya incorporación plena en este tipo de Acuerdos resulta novedosa por haber sido hasta ahora la materia penal internacional objeto únicamente de jurisdicciones ad hoc, pero que ahora deben incorporarse en forma permanente como consecuencia de la existencia de la Corte Penal.

Los artículos 12 y 24 se refieren a forma de colaboración entre la Corte y los Estados Partes, tanto para los casos en que la Corte requiera sesionar fuera de su sede de La Haya (Países Bajos), en el territorio de otro Estado Parte, como para facilitar la aplicación de los privilegios e inmunidades objeto del presente Acuerdo sin que ello afecte el cumplimiento de las leyes de los Estados Partes, las que deberán respetarse siempre.

Para los nacionales y residentes permanentes se señala que los Estados, en el momento de la firma, aceptación, aprobación o adhesión al Acuerdo, podrán declarar que las personas mencionadas en los artículos 15, 16, 18, 19 y 21, solo disfrutarán del estatuto más restringido previsto en el artículo 23. La misma circunstancia se establece para las personas indicadas en los artículos 20 y 22.

Los artículos 25 y 26 instituyen la forma y el procedimiento por el que podrá renunciarse a las inmunidades y privilegios previstos en los artículos anteriores, en la medida en que dichas prerrogativas no son concedidas en beneficio personal sino para salvaguardar el ejercicio de la función o en interés de la administración de justicia.

El artículo 31 dispone la necesidad de que la Corte establezca disposiciones para solucionar sus conflictos con privados o con las personas mencionadas en el presente Acuerdo que gocen de inmunidad de jurisdicción. Esto significa que la Corte deberá establecer un Tribunal Administrativo, como existe en el marco de las Naciones Unidas o más cerca nuestro en la ALADI y en el MERCOSUR para entender en estas posibles causas en las que no existiría jurisdicción local competente por la inmunidad de jurisdicción.

El artículo 32 determina el procedimiento a aplicarse en caso de controversias sobre la interpretación o aplicación del Acuerdo, para lo cual se irá primero a la etapa de las consultas, negociación u otro modo convenido de arreglo. Si no se resolviera la diferencia por esta vía, se conformará un tribunal arbitral compuesto de tres árbitros, según un determinado procedimiento que se establece en el Acuerdo y que culmina con un laudo de carácter inapelable.

Las demás cláusulas son las llamadas disposiciones finales de un tratado y se refieren a la aplicabilidad del Acuerdo, su firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, su entrada en vigor, la posibilidad de realizar enmiendas al texto y el procedimiento a tales efectos, la denuncia del Acuerdo, la designación de depositario y la mención de los textos auténticos.

En virtud de considerarse el presente Acuerdo de interés para la República, se recomienda su aprobación.

Sala de la Comisión, 23 de marzo de 2006.

Sergio Abreu, Miembro Informante; Carlos Baráibar, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, José Korzeniak, Rafael Michelini, Julio María Sanguinetti. Senadores.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA Nº 23

En Montevideo, el día veintitrés de marzo del año dos mil seis, a la hora diecisiete y veinte minutos se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores Sergio Abreu, Carlos Baráibar, Luis Alberto Heber, José Korzeniak, Rafael Michelini y Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso los señores Senadores Jorge Larrañaga y Enrique Rubio.

Preside el señor Senador Alberto Couriel, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Secretario de Comisión Julio Durán, con la colaboración del Oficial II, señor Fabio Rodríguez.

De lo actuado se tomó versión taquigráfica cuya copia dactilográfica luce en el Distribuido Nº 743/2005 que forma parte integrante de la presente Acta.

Abierto el acto, se pasa a considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ASUNTOS ENTRADOS:

1.- Solicitud de audiencia de los señores Ediles miembros de la Comisión de Actividades Productivas, Relaciones, Cooperación e Integración Regional de la Junta Departamental de Montevideo, con motivo de los preparativos relacionados con la participación de Uruguay, en el V Foro del corredor Bioceánico Central, a celebrarse en la ciudad de Valparaíso, Chile, posiblemente en los días 20 y 21 de abril de 2006.

2.- Nota de la Dirección de Relaciones Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando audiencia a efectos de presentar los saludos protocolares de estilo.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1.- CARPETA Nº 311/2005. PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL SOBRE SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA Nº 59, SUSCRITO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, REPUBLICA DEL PARAGUAY Y REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR Y LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, PAISES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 18 DE OCTUBRE DE 2004. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 398/2005.

2.- CARPETA Nº 312/2005. ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, SUSCRITO EN NUEVA YORK, EL 30 DE JUNIO DE 2004, REITERANDO EL REMITIDO EN FECHA 4 DE AGOSTO DE 2004. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 399/2005.

3.- CARPETA Nº 445/2006. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. INCISO 06. ARTICULO 154. Artículo 473 de la Ley Nº 16.226, de 29 de diciembre de 1991. Cámara de Senadores. Distribuido Nº 701/2006.

4.- Se adjudican para su estudio los siguientes asuntos:

4.1.- CARPETA Nº 210/2005. ACUERDO SOBRE COOPERACION POLICIAL EN LA INVESTIGACION PREVENCION Y CONTROL DE HECHOS DELICTIVOS ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, HECHO EN RIO BRANCO, EL 14 DE ABRIL DE 2004. Nueva Agenda de Cooperación y Desarrollo Fronterizo. Mensaje y Proyecto de Ley y texto del Acuerdo del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 202/2005.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Abreu.

4.2.- CARPETA Nº 229/2005. PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACION Y EL TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, ADOPTADO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK EL 31 DE MAYO DEL AÑO 2001. Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados. (CIFTA) Ley Nº 17.300 de 7 de marzo de 2001. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Texto del Protocolo. Distribuido Nº 244/2005.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Korzeniak.

4.3.- CARPETA Nº 259/2005.- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 20 DE OCTUBRE DE 2004. Proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 308/2005.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Abreu.

4.4.- CARPETA Nº 291/2005.- CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION, SUSCRITA EN MERIDA, MEXICO DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2003. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 410/2005.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Baráibar.

4.5.- CARPETA Nº 331/2005.- ACUERDO DE COOPERACION MUTUA CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL PARA COMBATIR EL TRAFICO DE AERONAVES COMPROMETIDAS EN ACTIVI-DADES ILICITAS TRANSNACIONALES, SUSCRITO EN MONTEVIDEO, EL 14 DE SETIEMBRE DE 2004. Proyecto de Ley remitido por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 431/2005.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Abreu.

4.6.- CARPETA Nº 345/2005.- MEDIDA 1 (2003) "SECRETARIA DEL TRATADO ANTARTICO" Y SU ANEXO "ACUERDO DE SEDE PARA LA SECRETARIA DEL TRATADO ANTARTICO" ADOPTADOS EN LA XXVI REUNION CONSULTIVA DEL TRATADO ANTARTICO CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MADRID, REINO DE ESPAÑA, DEL 9 AL 20 DE JUNIO DE 2003. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 472/2005.

4.7.- CARPETA Nº 385/2005. TRATADO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DECLARACIONES CONCERTADAS RELATIVAS AL MISMO, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE GINEBRA, EL 8 DE ENERO DE 1997. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 606/2005.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Rubio.

4.8.- CARPETA Nº 387/2005. ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR, ADOPTADO EL 23 DE MAYO DE 1997, EN LA VII REUNION DE LOS ESTADOS PARTES DE LA CONVENCION DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, DE 10 DE DICIEMBRE DE 1982. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 607/2005.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Abreu.

4.9.- CARPETA Nº 411/2005.- TRATADO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) SOBRE INTERPRETACION O EJECUCION Y FONOGRAMAS Y LAS DECLARACIONES CONCERTADAS RELATIVAS AL TRATADO DE LA OMPI SOBRE INTERPRETACION O EJECUCION Y FONOGRAMAS. CONFERENCIA Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 637/2005.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Rubio.

4.10.- CARPETA Nº 426/2005. ACUERDO PARA LA CREACION DE LA VISA MERCOSUR SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 16 DE DICIEMBRE DE 2003. Proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 653/2005.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Heber.

4.11.- CARPETA Nº 449/2006. TRATADO DE RECONOCIMIENTO, PAZ Y AMISTAD DE URUGUAY Y ESPAÑA, FIRMADO EN EL AÑO 1870. Proposición relativa al reconocimiento del estatus de los ciudadanos uruguayos en España. Cámara de Representantes, exposición escrita presentada por el señor Diputado Jaime Trobo. Distribuido Nº 714/2006.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Korzeniak.

4.12.- CARPETA Nº 450/2006. PROTOCOLO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 9 DE DICIEMBRE DE 2005, ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA, LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, LA REPUBLICA DEL PARAGUAY Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Texto aprobado en el ámbito del MERCOSUR, mediante la decisión del Consejo del Mercado Común Nº 23/05, de 8 de diciembre de 2005. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 715/2006.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Baráibar.

5.- El señor Senador Sergio Abreu plantea la temática referida a los sistemas digitales para las trasmisiones televisivas, entendiendo que la importancia del mismo amerita su consideración por parte de la Comisión, oportunidad en la cual presentará un informe al respecto.

Se acuerda por parte de los Señores Senadores la incorporación del tema para su consideración

RESOLUCIONES:

1.- CARPETA Nº 311/2005.- PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL SOBRE SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA Nº 59, SUSCRITO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, REPUBLICA DEL PARAGUAY Y REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR Y LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, PAISES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 18 DE OCTUBRE DE 2004. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 398/2005.

Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Sergio Abreu.

2.- CARPETA Nº 312/2005. ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, SUSCRITO EN NUEVA YORK, EL 30 DE JUNIO DE 2004, REITERANDO EL REMITIDO EN FECHA 4 DE AGOSTO DE 2004. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 399/2005.

Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Sergio Abreu.

3.- CARPETA Nº 445/2006. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. INCISO 06. ARTICULO 154. Artículo 473 de la Ley Nº 16.226, de 29 de diciembre de 1991. Cámara de Senadores. Distribuido Nº 701/2006.

Se vota su pase a la Comisión de Presupuesto: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

4.- Se resuelve invitar al Ministro de Industria, Energía y Minería y a la Dirección de la Propiedad Intelectual para la sesión a realizarse el próximo jueves 30 de marzo para la consideración del TRATADO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) SOBRE INTERPRETACION O EJECUCION Y FONOGRAMAS Y LAS DECLARACIONES CONCERTADAS RELATIVAS AL TRATADO DE LA OMPI SOBRE INTERPRETACION O EJECUCIÓN Y FONOGRAMAS.

5.- Se resuelve conceder las audiencias solicitadas por la Dirección de Relaciones Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y a los señores Ediles miembros de la Comisión de Actividades Productivas, Relaciones, Cooperación e Integración Regional de la Junta Departamental de Montevideo, para la sesión a realizarse el próximo jueves 30 de marzo del corriente.

A la hora dieciocho y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente y el señor Secretario.

Alberto Couriel Presidente

Julio Durán Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: se trata de una norma vinculada al sistema de la Corte Penal Internacional, que tiene una variada expresión en las aprobaciones legislativas y en la ratificación de los Estados, pero que es importante relacionarla con todas las derivaciones que tiene esta Corte, que fuera aprobada por el Parlamento uruguayo y ratificada por el Gobierno, siendo por tanto Estado parte de esa Convención, puesto que se crean organismos especiales o internacionales, es decir, sujetos de Derecho Internacional. En este caso, estos sujetos de Derecho Internacional celebran acuerdos de inmunidades y privilegios con cada uno de los Estados, para que los mismos tengan vigencia y alcancen a las personas y funcionarios, a los bienes y derechos vinculados a la actividad de esta organización.

En el caso que nos ocupa es muy importante este tema, porque la Corte Penal Internacional es la primera Corte permanente que investigará y llevará a la justicia a los individuos y no a los Estados, de forma tal que los responsables de cometer violaciones graves a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Comunitario -como el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad-, sean juzgados en su carácter de ciudadanos, de personas individuales, sustraídas de la responsabilidad de los Estados. Esto significa, por tanto la extensión de la mano de justicia a nivel universal.

Cuando un Estado aprueba este tipo de estatuto -en este caso, la Corte Penal Internacional-, debe acompañarlo con un tratado de privilegios e inmunidades para dar, en el ámbito de la Convención de Viena de 1961, la protección adecuada al status diplomático que le corresponde de acuerdo al Derecho Internacional.

En este caso, señor Presidente, podemos decir que en el Senado también se encuentran a estudio otros proyectos de ley vinculados a la Corte Penal Internacional, como el que está en el ámbito de la Comisión de Constitución y

Legislación, tendiente a la adaptación de los distintos delitos que esta Corte establece, que son modificatorios de la legislación penal uruguaya, y deben adaptarse en función del alcance que esta Corte Penal Internacional dispone.

Podríamos referirnos a cada uno de los aspectos vinculados a los privilegios e inmunidades, pero son de carácter general, y comunes a la mayoría de estos tipos de acuerdos relacionados con organismos internacionales. Se refiere a los privilegios e inmunidades de los funcionarios, en este caso, de los Magistrados, e incluso se los extiende a las personas que están relacionadas con estos temas, tales como los testigos, que son parte del estudio que se realiza en el proyecto de ley de protección relativo a la modificación de los códigos penales nacionales, como en el caso del Uruguay.

Estos temas son de carácter general y forman parte de un estatuto que se debe aprobar en forma general. Luego de incluir y analizar el tema en el contexto de la Corte Penal Internacional y sus derivaciones, la Comisión ha enten-dido recomendable apoyar la aprobación del Tratado, de forma tal de poder complementar el esfuerzo que Uruguay ha hecho para poner en marcha todo el sistema de esta Corte, con la modernidad y amplitud que tiene desde el punto de vista de los derechos humanos a nivel internacional.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"ARTICULO UNICO.- Apruébase el 'Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional', adoptado en la Asamblea de los Estados Partes realizada en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 9 de setiembre de 2002 y suscrito por el Gobierno de la República el 30 de junio de 2004."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

21) PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL SOBRE SOLUCION DE CONTROVERSIAS DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA Nº 59, SUSCRITO EN MONTEVIDEO, EL 18 DE OCTUBRE DE 2004

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- El Senado pasa a considerar el séptimo punto del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Primer Protocolo Adicional sobre Solución de Controversias del Acuerdo de Complementación Económica Nº 59, suscrito en Mon-tevideo, el 18 de octubre de 2004. (Carp. Nº 311/05 - Rep. Nº 204/06)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 311/05

Rep. Nº 204/06

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 22 de agosto de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, el adjunto Proyecto de Ley por el cual se aprueba el Primer Protocolo Adicional sobre Solución de Controversias del Acuerdo de Complementación Económica Nº 59 suscripto entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR y los Gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 18 de octubre de 2004.

Este Protocolo consta de cuarenta artículos distribuidos en cinco capítulos.

El primer Capítulo se refiere a las Partes y al Ambito de Aplicación. Las Partes Contratantes son por un lado el MERCOSUR y por el otro los Países Miembros de la Comunidad Andina que suscriben el Acuerdo. Las Partes Signatarias son los Países Miembros del MERCOSUR por un lado y por el otro los Países Miembros de la Comunidad Andina (artículo 1).

El artículo 2 se refiere al objeto del Acuerdo: un Procedimiento para la Solución de Controversias que surjan con relación al Acuerdo de Complementación Económica Nº 59 entre el MERCOSUR y los Países Miembros de la Comunidad Andina así como de los protocolos suscriptos o que se suscriban en el marco de dicho Acuerdo.

Las controversias que surjan en relación con el mencionado Acuerdo en las materias reguladas por el Acuerdo de Marrakech por el que se estableció la Organización Mundial del Comercio (en adelante "Acuerdo OMC") y en los convenios negociados de conformidad con el mismo, podrán resolverse en uno u otro foro, a elección de la parte reclamante. Una vez que se haya iniciado un procedimiento de solución de controversias conforme al presente Régimen, o bien uno conforme al Acuerdo OMC, el foro seleccionado será excluyente del otro (artículo 3).

Podrán ser partes en una controversia por un lado, uno o más Estados Partes del MERCOSUR y, por el otro, uno o más Países Miembros de la CAN que suscriban este Acuerdo (artículo 4).

El capítulo segundo se refiere a las Negociaciones Directas que son el primer paso para dirimir una controversia.

Para iniciar el procedimiento, cualquiera de las partes solicitará por escrito a la otra parte la realización de negociaciones directas, especificando los motivos de ellas, las circunstancias de hecho y los fundamentos jurídicos relacionados con la controversia (artículo 6).

La parte que reciba la solicitud de celebración de negociaciones directas deberá responderla dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de su recepción (artículo 7).

El capítulo tercero trata de la Intervención de la Comisión Administradora.

Si en el plazo indicado en el tercer párrafo del Artículo 7 no se llegara a una solución mutuamente satisfactoria o si la controversia se resolviera sólo parcialmente, la parte reclamante podrá, bien solicitar por escrito que se reúna la Comisión Administradora, en adelante la "Comisión", para tratar el asunto o bien que se proceda directamente al arbitraje. La solicitud escrita deberá incluir además de las circunstancias de hecho y los fundamentos jurídicos relacionados con la controversia, las disposiciones del Acuerdo, Protocolos Adicionales e instrumentos suscriptos en el marco del mismo, que se consideren vulneradas (artículo 8).

La Comisión formulará las recomendaciones que estime pertinentes, a cuyos efectos dispondrá de un plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de su primera reunión. En sus recomendaciones, la Comisión tendrá en cuenta las disposiciones legales del Acuerdo, los instrumentos y Protocolos Adicionales que considere aplicables y los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes (artículo 11).

El Procedimiento Arbitral se reglamenta en el capítulo cuarto.

Este procedimiento tiene lugar cuando la controversia o hubiera podido solucionarse mediante la aplicación de los procedimientos previstos en los Capítulos II o III, o hubiesen vencido los plazos previstos en dichos Capítulos sin cumplirse los trámites correspondientes (artículo 12).

Las partes declaran reconocer como obligatoria, ipso facto y sin necesidad de acuerdo especial, la jurisdicción del Tribunal Arbitral que en cada caso se constituya para conocer y resolver las controversias a que se refiere el presente Régimen (artículo 13).

En el artículo 15 se reglamenta la composición y designación de los árbitros.

Cuando intervengan en la misma controversia varias Partes Signatarias, sea como reclamantes o reclamadas, ellas podrán actuar ante el Tribunal Arbitral de manera conjunta o individual. En ambos casos deberán acordar la designación de un solo árbitro común. Si esa designación no se efectuase, será de aplicación lo establecido en el artículo 15 (artículo 17).

El Tribunal Arbitral fijará su sede, en cada caso, en el territorio de alguna de las partes en la controversia. En todos los casos, el laudo deberá ser emitido en el territorio de la parte que deba cumplirlo (artículo 19).

En el artículo 20 se establecen los principios que la Comisión tendrá en consideración para establecer las reglas de procedimiento de los Tribunales Arbitrales que considere necesarias para la mejor aplicación del presente Régimen. En caso que la Comisión no haya adoptado las reglas de procedimiento referidas en el presente artículo y en general en caso de vacío u omisión de las mismas, el Tribunal Arbitral establecerá sus propias reglas tomando en cuenta los principios antes referidos. Si fuere necesario el Tribunal Arbitral podrá acordar reglas distintas, con el consenso de las partes.

Las partes informarán al Tribunal Arbitral sobre las instancias cumplidas con anterioridad al procedimiento arbitral y presentarán los fundamentos de hecho y de derecho de sus respectivas posiciones (artículo 21).

En el artículo 22 se prevé la adopción de medidas provisionales a solicitud de parte y en la medida en que existan razones fundadas para creer que el mantenimiento de la situación objeto de la controversia ocasionaría daños graves e irreparables. Dichas medidas estarán sujetas a lo que al efecto disponga el Reglamento de este Régimen, el cual deberá prever la constitución de garantías o cauciones. Además deberán guardar la debida proporcionalidad con el supuesto daño y salvaguardar el derecho de las partes a ser previamente escuchadas.

El Tribunal Arbitral decidirá la controversia sobre la base de la disposiciones del Acuerdo, sus Protocolos Adicionales y los instrumentos firmados en el marco del mismo y los principios y disposiciones del derecho internacional aplicables en la materia y los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes (artículo 25).

El Tribunal Arbitral emitirá su Laudo por escrito en un plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de aceptación del último de sus miembros designados. Ese plazo podrá ser prorrogado por un máximo de treinta días y será fundamentado y suscripto por los Miembros del Tribunal (artículo 26).

Los elementos que necesariamente deberá contener el Laudo Arbitral están indicados en el artículo 27.

Los laudos arbitrales son inapelables, obligatorios para las partes a partir de la recepción de la respectiva notificación, tendrán respecto de ellas fuerza de cosa juzgada y deberán ser cumplidos en un plazo de sesenta días (artículo 29).

Si dentro del plazo establecido en el Artículo 29 no se hubiera dado cumplimiento al Laudo Arbitral o éste se hubiera cumplido sólo parcialmente, la Parte reclamante podrá suspender temporalmente a la parte reclamada, concesiones, u otras obligaciones equivalentes (artículo 31). Estas medidas no podrán extenderse más allá del cumplimiento del Laudo.

Los gastos del Tribunal Arbitral serán distribuidos en montos iguales entre parte reclamante y parte reclamada.

Por último, en el capítulo quinto están contenidas las Disposiciones Generales que son las habituales en este tipo de acuerdos.

En el entendido que el presente instrumento internacional es una vía adecuada para la solución de controversias en su ámbito de aplicación, el Poder Ejecutivo solicita a ese Alto Cuerpo su correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Danilo As-tori.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 22 de agosto de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Primer Protocolo Adicional sobre Solución de Controversias del Acuerdo de Complementación Económica Nº 59 suscrito entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR y los Gobiernos de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR y los Gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la República Boliviariana de Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 18 de octubre de 2004.

Reinaldo Gargano, Danilo Astori.

ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA Nº 59 SUSCRITO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY Y DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, PAISES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA

Primer Protocolo Adicional

REGIMEN DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS

CAPITULO I

PARTES Y AMBITO DE APLICACION

Artículo 1º.- La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina, serán denominados Partes Signatarias. Las "Partes Contratantes" del presente Régimen son el MERCOSUR y los Países Miembros de la Comunidad Andina que suscriben el Acuerdo.

Artículo 2º.- Las controversias que surjan con relación a la interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica, celebrado entre el MERCOSUR y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República Boliviariana de Venezuela - (ACE Nº 59), en adelante denominado "Acuerdo" y de los instrumentos y protocolos suscritos o que se suscriban en el marco del mismo, serán sometidas al Procedimiento de Solución de Controversias establecido en el presente Protocolo.

Artículo 3º.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las controversias que surjan en relación con lo dispuesto en este Acuerdo, en las materias reguladas por el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (en adelante "Acuerdo OMC") y en los convenios negociados de conformidad con el mismo, podrán resolverse en uno u otro foro, a elección de la parte reclamante.

Una vez que se haya iniciado un procedimiento de solución de controversias conforme al presente Régimen, o bien uno conforme al Acuerdo OMC, el foro seleccionado será excluyente del otro.

Para efectos de este artículo, se considerarán iniciados los procedimientos de solución de controversias conforme al Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio cuando la parte reclamante solicite la integración de un panel de acuerdo con el Artículo 6 de dicho Entendimiento.

Asimismo, se considerarán iniciados los procedimientos de solución de controversias conforme al presente Régimen, una vez presentada la solicitud de negociaciones directas. Sin embargo, si se acudiera a la Comisión Administradora, se entenderá iniciado el procedimiento con la solicitud de convocatoria de esta última.

Artículo 4º.- A los efectos del presente Régimen, podrán ser partes en la controversia, en adelante denominadas "partes", por un lado, uno o más Estados Partes del MERCOSUR y, por el otro, uno o más Países Miembros de la CAN que suscriban este Acuerdo.

CAPITULO II

NEGOCIACIONES DIRECTAS

Artículo 5.- Las partes procurarán resolver las controversias a que hace referencia el Artículo 2, mediante la realización de negociaciones directas que permitan llegar a una solución mutuamente satisfactoria.

Las negociaciones directas serán conducidas, en el caso del MERCOSUR, a través de la Presidencia Pro Tempore o por los Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común, según corresponda, y en el caso de la República de Colombia, la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela por la autoridad nacional que cada uno de los Países Miembros designe, según corresponda, con el apoyo de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Las negociaciones directas podrán estar precedidas por consultas recíprocas entre las partes.

Artículo 6.- Para iniciar el procedimiento, cualquiera de las partes solicitará por escrito a la otra parte la realización de negociaciones directas, especificando los motivos de las mismas, las circunstancias de hecho y los fundamentos jurídicos relacionados con la controversia, con copia a las demás Partes Signatarias, a la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR y a la Presidencia de la Comisión de la Comunidad Andina a través de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Artículo 7.- La parte que reciba la solicitud de celebración de negociaciones directas deberá responderla dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de su recepción.

Las partes intercambiarán las informaciones necesarias para facilitar las negociaciones directas y darán a esas informaciones tratamiento reservado.

Estas negociaciones no podrán prolongarse por más de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud formal de iniciarlas, salvo que las partes acuerden extender ese plazo hasta por un máximo de quince (15) días adicionales.

CAPITULO III

INTERVENCION DE LA COMISION ADMINISTRADORA

Artículo 8.- Si en el plazo indicado en el tercer párrafo del Artículo 7 no se llegara a una solución mutuamente satisfactoria o si la controversia se resolviera sólo parcialmente, la parte reclamante podrá, bien solicitar por escrito que se reúna la Comisión Administradora, en delante la "Comisión", para tratar el asunto o bien que se proceda directamente al arbitraje.

La solicitud escrita deberá incluir además de las circunstancias de hecho y los fundamentos jurídicos relacionados con la controversia, las disposiciones del Acuerdo, Protocolos Adicionales e instrumentos suscritos en el marco del mismo, que se consideren vulneradas.

Artículo 9.- La Comisión deberá reunirse dentro de los treinta (30) días siguientes, contados a partir de la fecha de recepción por la Presidencia   del MERCOSUR y la Presidencia de la Comisión de la Comunidad Andina a través de la Secretaría General de la Comunidad Andina, de la solicitud a que se refiere el artículo anterior.

Si dentro del plazo establecido en este artículo no resultara posible celebrar la reunión de la Comisión o ésta no se pronunciara conforme al artículo 11, la parte reclamante podrá dar por concluida esta etapa, y solicitar el inicio de un procedimiento arbitral.

Artículo 10.- La Comisión podrá acumular por consenso dos o más procedimientos relativos a los casos que conozca, sólo cuando por su naturaleza o eventual vinculación temática, considere conveniente examinarlos conjuntamente.

Artículo 11.- La Comisión evaluará la controversia y dará oportunidad a las partes para que expongan sus posiciones y si fuere necesario aporten información adicional, con miras a llegar a una solución mutuamente satisfactoria.

La Comisión formulará las recomendaciones que estime pertinentes, a cuyos efectos dispondrá de un plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de su primera reunión.

En sus recomendaciones, la Comisión tendrá en cuenta las disposiciones legales del Acuerdo, los instrumentos y Protocolos Adicionales que considere aplicables y los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes.

Si en la Comisión no se llegase a una solución mutuamente satisfactoria o ésta no emitiese su recomendación dentro del plazo antes mencionado, se dará de inmediato por terminada la etapa prevista en el presente Capítulo. La Comisión, en su recomendación, fijará el plazo para su adopción, vencido el cual, de no haber sido aceptada la misma por las partes o haberse acatado sólo parcialmente, se podrá dar inicio al procedimiento arbitral.

Cuando la Comisión estime necesario el asesoramiento de Expertos para formular sus recomendaciones, ordenará su participación. En este caso, dispondrá de 15 días adicionales al plazo previsto en el párrafo segundo de este artículo para formular su recomendación.

Los expertos deberán gozar de probado reconocimiento técnico y neutralidad.

CAPITULO IV

PROCEDIMIENTO ARBITRAL

Artículo 12.- Cuando la controversia no hubiera podido solucionarse mediante la aplicación de los procedimientos previstos en los Capítulos II o III, o hubiesen vencido los plazos previstos en dichos Capítulos sin cumplirse los trámites correspondientes, cualquiera de las partes podrá solicitar el inicio del procedimiento arbitral a cuyos efectos comunicará dicha decisión a la otra parte, con copia a las demás Partes Signatarias, a la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR y a la Presidencia de la Comisión de la Comunidad Andina a través de la Secretaría General de la Comunidad Andina y a la Secretaría General de la ALADI.

Artículo 13.- Las partes declaran reconocer como obligatoria, ipso facto y sin necesidad de acuerdo especial, la jurisdicción del Tribunal Arbitral que en cada caso se constituya para conocer y resolver las controversias a que se refiere el presente Régimen.

Artículo 14.- En el plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, cada una de las Partes Signatarias se comunicarán recíprocamente su lista de árbitros acompañada del currículo vitae detallado de cada uno de ellos, la que estará conformada por diez (10) árbitros, dos (2) de los cuales no serán nacionales de ninguna de las Partes Signatarias. Los árbitros deberán ser juristas de reconocida competencia en las materias que puedan ser objeto de controversia.

Las Partes Signatarias, dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha de recepción de la comunicación indicada en el párrafo anterior, podrán solicitar mayor información sobre los árbitros designados, la que deberá ser suministrada a la brevedad posible.

Cumplido el plazo de quince días, la lista será depositada en la Secretaría General de la ALADI.

La lista de árbitros presentada por una Parte Signataria no podrá ser objetada por las otras Partes Signatarias.

Las ulteriores modificaciones de la lista se sujetarán a lo previsto en este artículo.

Artículo 15.- El Tribunal Arbitral ante el cual se sustanciará el procedimiento, estará compuesto por tres (3) árbitros y se conformará de la siguiente manera:

a) Dentro de los quince (15) días posteriores a la comunicación a que se refiere el artículo 12, las partes designarán un árbitro y su suplente, escogidos de entre la lista mencionada en el artículo 14;

b) Dentro del mismo plazo, las partes designarán de común acuerdo un tercer árbitro de la referida lista del Artículo 14, quien presidirá el Tribunal Arbitral. Esta designación deberá recaer en personas que no sean nacionales de las partes;

c) Si las designaciones a que se refiere el literal a) no se realizaren dentro del plazo previsto, ellas serán efectuadas por sorteo por la Secretaría General de la ALADI, a pedido de cualquiera de las partes, de entre los árbitros que integran la mencionada lista;

d) Si la designación a que se refiere el literal b) no se realizare dentro del plazo previsto, ella será efectuada por sorteo por la Secretaría General de la ALADI, a pedido de cualquiera de las partes, de entre los árbitros no nacionales de las Partes que integran la lista del Artículo 14; y

e) De común acuerdo, las partes podrán designar árbitros que no figuren en las listas a que se refiere el Artículo 14.

La lista de árbitros será la constituida al momento del inicio de la controversia aún si alguna de las Partes Signatarias no hubiese comunicado su lista. Sin perjuicio de ello, cualquier Parte Signataria podrá completarla o modificarla en cualquier momento pero ello no afectará la designación de los árbitros de las controversias que estuvieren en curso.

Las designaciones previstas en los literales a), b), c), d) y e) del presente artículo deberán ser comunicadas a las Partes Contratantes y, en su caso, a la Secretaría General de la ALADI.

Los miembros suplentes sustituirán al titular en caso de incapacidad, excusa, inhibición o recusación, esta última, según los términos establecidos en el reglamento del presente Régimen.

Artículo 16.- Los integrantes del Tribunal Arbitral actuarán a título personal y no en calidad de representantes de las partes o de un Gobierno. Por consiguiente, las partes se abstendrán de darles instrucciones y de ejercer sobre ellos cualquier clase de influencia con respecto a los asuntos sometidos al Tribunal Arbitral.

Artículo 17.- Cuando intervengan en la misma controversia varias Partes Signatarias, sea como reclamantes o reclamadas, ellas podrán actuar ante el Tribunal Arbitral de manera conjunta o individual. En ambos casos deberán acordar la designación de un solo árbitro común. Si esa designación no se efectuase, será de aplicación lo establecido en el artículo 15.

Artículo 18.- A solicitud de parte, el Tribunal Arbitral podrá acumular dos o más procedimientos, siempre que exista identidad en cuanto a materia y pretensión.

Artículo 19.- El Tribunal Arbitral fijará su sede, en cada caso, en el territorio de alguna de las partes en la controversia. En todos los casos, el laudo deberá ser emitido en el territorio de la parte que deba cumplirlo.

Artículo 20.- La Comisión establecerá las reglas de procedimiento de los Tribunales Arbitrales que considere necesarias para la mejor aplicación del presente Régimen, las que garantizarán a las partes la oportunidad de ser escuchadas y asegurarán que el procedimiento se realice en forma expedita. Para la elaboración de las reglas, la Comisión tendrá en consideración los siguientes principios:

a) El procedimiento garantizará como mínimo el derecho a una audiencia ante el Tribunal Arbitral, así como la oportunidad de presentar alegatos y réplicas o respuestas por escrito;

b) Las audiencias ante el Tribunal, las deliberaciones y conclusiones, así como todos los escritos y comunicaciones relacionados con la controversia tendrán carácter reservado y serán de acceso exclusivo para las Partes Signatarias, en las condiciones establecidas en el reglamento del presente Régimen.

Los documentos calificados por las partes como confidenciales serán de acceso exclusivo para los árbitros, quienes deberán determinar el suministro de un resumen no confidencial.

Los laudos del Tribunal Arbitral, sus aclaraciones y disposiciones sobre medidas de ejecución tendrán carácter público;

c) El procedimiento del Tribunal Arbitral deberá prever la flexibilidad suficiente para garantizar la calidad de sus trabajos sin retrasar indebidamente los mismos.

En caso que la Comisión no haya adoptado las reglas de procedimiento referidas en el presente artículo y en general en caso de vacío u omisión de las mismas, el Tribunal Arbitral establecerá sus propias reglas tomando en cuenta los principios antes referidos. Si fuere necesario el Tribunal Arbitral podrá acordar reglas distintas, con el consenso de las partes.

Artículo 21.- Las partes informarán al Tribunal Arbitral sobre las instancias cumplidas con anterioridad al procedimiento arbitral y presentarán los fundamentos de hecho y de derecho de sus respectivas posiciones.

Las partes podrán designar sus representantes y asesores ante el Tribunal Arbitral para la defensa de sus derechos.

Artículo 22.- A solicitud de parte y en la medida en que existan razones fundadas para creer que el mantenimiento de la situación objeto de la controversia ocasionaria daños graves e irreparables, el Tribunal Arbitral por unanimidad podrá disponer la aplicación de medidas provisionales.

Dichas medidas estarán sujetas a lo que al efecto disponga el Reglamento de este Régimen, el cual deberá prever la constitución de garantías o cauciones; que las medidas guarden la debida proporcionalidad con el supuesto daño; y salvaguardar el derecho de las partes a ser previamente escuchadas.

Las medidas provisionales no prejuzgarán sobre el resultado del Laudo.

Las partes cumplirán inmediatamente, o en el plazo que el Tribunal Arbitral determine, cualquier medida provisional, la que se extenderá hasta tanto se dicte el Laudo a que se refiere el Artículo 26, salvo que el Tribunal decidiera levantarlas anticipadamente.

Artículo 23.- El Tribunal Arbitral podrá requerir información de cualquier entidad gubernamental, persona natural o persona jurídica pública o privada de las Partes Signatarias que considere conveniente. El Tribunal Arbitral asimismo podrá, previa aprobación de las partes, valerse del concurso de expertos o peritos para el mejor sustento del laudo.

El Tribunal Arbitral podrá conferir confidencialidad a la información que se le proporcione.

Artículo 24.- El Tribunal Arbitral tomará en consideración los argumentos presentados por las partes, las pruebas producidas y los informes recibidos, sin perjuicio de otros elementos que considere convenientes.

Artículo 25.- El Tribunal Arbitral decidirá la controversia sobre la base de las disposiciones del Acuerdo, sus Protocolos Adicionales y los instrumentos firmados en el marco del mismo y los principios y disposiciones del derecho internacional aplicables en la materia y los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes.

Artículo 26.- El Tribunal Arbitral emitirá su Laudo por escrito en un plazo de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de aceptación del último de sus miembros designados.

El plazo antes indicado podrá ser prorrogado por el Tribunal por un máximo de treinta (30) días, lo cual será notificado a las partes.

El Laudo Arbitral se adoptará por mayoría, será fundamentado y suscrito por los miembros del Tribunal. Este no podrá fundamentar votos en disidencia y deberá mantener la confidencialidad de la votación.

Artículo 27.- El Laudo Arbitral deberá contener ne-cesariamente los siguientes elementos, sin perjuicio de otros que el Tribunal Arbitral considere conveniente incluir:

1. Indicación de las Partes en la controversia;

2. El nombre y la nacionalidad de cada uno de los miembros del Tribunal Arbitral, y la fecha de la conformación del mismo;

3. Los nombres de los representantes de las partes;

4. El objeto de la controversia;

5. Un informe del desarrollo del procedimiento arbitral, incluyendo un resumen de los actos practicados y de las alegaciones de cada una de las partes;

6. La decisión alcanzada con relación a la controversia, consignando los fundamentos de hecho y de derecho,

7. El plazo de cumplimiento si fuera el caso;

8. La proporción de costos del procedimiento arbitral que corresponderá cubrir a cada parte, según lo establecido en el artículo 33;

9. La fecha y el lugar en que fue emitido; y

10. La firma de todos los miembros del Tribunal Arbitral.

Artículo 28.- Cuando el laudo del Tribunal Arbitral concluya que la medida es incompatible con el Acuerdo, la parte estará obligada a adoptar las medidas necesarias para darle cumplimiento.

Artículo 29.- Los laudos arbitrales son inapelables, obligatorios para las partes a partir de la recepción de la respectiva notificación y tendrán respecto de ellas fuerza de cosa juzgada.

Los laudos deberán ser cumplidos en un plazo de sesenta (60) días, a menos que el Tribunal Arbitral establezca un plazo diferente, teniendo en cuenta los argumentos pre-sentados por las partes durante el procedimiento arbitral.

La parte obligada a cumplir el laudo deberá dentro de un plazo de diez (10) días notificar a la otra Parte las medidas que adoptará a ese efecto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31, en caso que la parte beneficiada por el laudo entienda que las medidas que serán adoptadas no resultan satisfactoria, podrá elevar la situación a consideración del Tribunal Arbitral. El Tribunal tendrá un plazo de diez (10) días para pronunciarse sobre el tema.

Lo previsto en este artículo no suspenderá el plazo para el cumplimiento del Laudo salvo que el Tribunal decida lo contrario.

Artículo 30.- Cualquiera de las partes podrá solicitar, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de notificación del Laudo, la aclaración del mismo respecto de sus alcances o la forma de cumplirlo. La interposición de este recurso de aclaración no suspenderá el plazo para el cumplimiento del Laudo, salvo que el Tribunal decida lo contrario, si así las circunstancias lo exigiesen.

El Tribunal Arbitral se pronunciará sobre la aclarato-

ria dentro de los quince (15) días siguientes a su interposición.

Artículo 31.- Si dentro del plazo establecido en el Artículo 29 no se hubiera dado cumplimiento del Laudo Arbitral o éste se hubiera cumplido sólo parcialmente, la Parte reclamante podrá suspender temporalmente a la parte reclamada, concesiones u otras obligaciones equivalentes, tendientes a obtener el cumplimiento del Laudo, debiendo comunicarle a ésta y a la Comisión su decisión por escrito, indicando con claridad y exactitud el tipo de medidas que adoptará.

Estas medidas no podrán extenderse más allá del cumplimiento del Laudo.

En caso de que la parte reclamada considere excesiva la suspensión de concesiones u obligaciones adoptadas por la parte reclamante, comunicará sus objeciones a la otra parte y a la Comisión y podrá solicitar que el Tribunal Arbitral que emitió el Laudo se pronuncie respecto a si la medida adoptada es equivalente al grado de perjuicio sufrido. El Tribunal dispondrá de un plazo de treinta (30) días para su pronunciamiento, contados a partir de la fecha en que se constituya para ese fin.

Artículo 32.- Las situaciones a que se refieren los Artículos 29, 30 y 31 deberán ser resueltas por el mismo Tribunal Arbitral que dictó el Laudo, pero si éste no pudiera constituirse con todos los miembros originales titulares, para completar la integración se aplicará el procedimiento previsto en el Artículo 15.

Artículo 33.- Los gastos del Tribunal Arbitral comprenden los honorarios de los árbitros, así como los gastos de pasajes, costos de traslado, viáticos, cuyos valores de referencia establezca la Comisión, notificaciones y demás erogaciones que demande el arbitraje.

Los gastos del Tribunal Arbitral conforme fueran de-finidos en el primer párrafo de este artículo serán distribuidos en montos iguales entre parte reclamante y parte reclamada.

CAPITULO V

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 34.- Las comunicaciones que se realicen entre el MERCOSUR o sus Estados Partes y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, deberán ser cursadas, en el caso de la República de Colombia, la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, a la autoridad nacional que cada país miembro designe y a la Secretaría General de la Comunidad Andina y en el caso del MERCOSUR, a la Presidencia Pro Tempore o a los Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común, según corresponda, con copia a la Secretaría de MERCOSUR.

Las Recomendaciones de la Comisión, el Laudo Arbitral, sus aclaraciones y los pronunciamientos sobre medidas retaliatorias, serán comunicados a todas las Partes Signatarias y entidades indicadas en el párrafo anterior en texto completo.

Artículo 35.- Los plazos a que se hace referencia en este Régimen, se entienden expresados en días calendario y se contarán a partir del día siguiente al acto o hecho al que refiere. Cuando el plazo se inicie o venza en día inhábil, comenzará a correr o vencerá el día hábil siguiente.

Artículo 36.- Los integrantes del Tribunal Arbitral, al aceptar su designación, asumirán por escrito el compromiso de actuar de conformidad con las disposiciones de este Régimen.

Dicho compromiso escrito se dirigirá al Secretario Ge-neral de la ALADI y en el se manifestará, mediante de-claración jurada, independencia respecto de los intereses objeto de la controversia y obligación de actuar con imparcialidad no aceptando sugerencias de terceros ni de las partes.

Artículo 37.- En cualquier etapa del procedimiento, la parte que presentó el reclamo podrá desistir del mismo. Asimismo, las partes podrán llegar a una transacción, dándose por concluida la controversia en ambos casos. Los desistimientos o las transacciones deberán ser comunicados por escrito a la Comisión o al Tribunal Arbitral efectos de que éstos adopten las medidas que correspondan.

Artículo 38.- Para los efectos del cumplimiento del presente Régimen, el intercambio de documentación podrá ser efectuado por los medios más expeditos de envío disponibles, incluyendo el facsímil y el correo electrónico, siempre y cuando se remita de forma inmediata la documentación original.

Dicha documentación original dará fe de fecha cierta a menos que el Tribunal o en su caso, las partes, acuerden conferirle tal carácter a la indicada por el medio electrónico o digital utilizado.

Artículo 39.- Las controversias entre los miembros de una Parte Contratante se resolverán conforme a las regulaciones que rijan al interior de dicha Parte Contratante.

Artículo 40.- Ninguna de las actuaciones realizadas ni documentación presentada en el curso de los procedimientos previstos en este Régimen prejuzgará sobre los derechos u obligaciones que las partes tuvieren en el marco de otros Acuerdos.

La Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) será depositaria del presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos de las Partes Signatarias.

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo a los dieciocho días del mes de octubre de dos mil cuatro, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.

 

 

 

 

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha enviado para su aprobación el Primer Protocolo Adicional sobre Solución de Controversias del Acuerdo de Complementación Económica Nº 59, suscrito entre los gobiernos de la República Argentina, República Federativa del Brasil, República del Paraguay y República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR y los gobiernos de la República de Colombia, República de Ecuador y República Bolivariana de Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 18 de octubre de 2004.

Antecedentes

El tratado sometido a la aprobación parlamentaria es el Primer Protocolo Adicional al acuerdo conocido como MERCOSUR-Comunidad Andina (ACE 59) y está referido únicamente al procedimiento para la solución de las controversias, en cumplimiento con lo dispuesto por el propio Acuerdo.

En efecto, el ACE 59 prevé en su artículo 20 que las controversias que surjan de la interpretación, aplicación o incumplimiento del presente Acuerdo y de los Protocolos e instrumentos complementarios adoptados en el marco del mismo, serán dirimidas de conformidad con el Régimen de Solución de Controversias suscrito mediante un Protocolo Adicional al mismo.

El tema de la solución de las controversias se incluyó en un instrumento internacional separado del principal en virtud de que, por contener un mecanismo de naturaleza arbitral, el mismo requiere en varias Partes Signatarias de la aprobación parlamentaria, lo que no sucede con el texto central del ACE 59.

Para el período que medie entre la fecha de entrada en vigor del ACE 59 y la de entrada en vigor de este Protocolo Adicional, será de aplicación el mecanismo transitorio que figura como Anexo VI al ACE 59 y que no contiene una etapa arbitral, sino únicamente la posibilidad de acudir al dictamen de un Grupo de Expertos.

Análisis del Protocolo

En términos generales, el contenido del Protocolo es relativamente similar al de otros acuerdos de solución de controversias que se han celebrado en la última década en el marco de los acuerdos de complementación económica de la ALADI.

En el Capítulo I, el Protocolo comienza distinguiendo a las Partes Contratantes de las Partes Signatarias (artículo 1).

Serán Partes Signatarias los países firmantes individualmente considerados y Partes Contratantes el MERCOSUR y los Países Miembros de la Comunidad Andina que suscribieron el Acuerdo, como conjuntos. La distinción es meramente formal y servirá para determinar a las posibles partes en un conflicto.

El artículo 2 regula el ámbito de aplicación del Protocolo.

Dicho artículo establece que las controversias referidas "a la interpretación aplicación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el ACE 59 (...) y los instrumentos y protocolos suscritos o que se suscriban en el marco del mismo..." podrán ser sometidas al régimen de solución de controversias del Protocolo. La cláusula es similar a la que se encuentra prevista en el Protocolo de Olivos para la solución de las controversias en el MERCOSUR.

El artículo 3 establece la llamada opción de foro excluyente. Esta opción establece que una vez que se haya iniciado un procedimiento de solución de controversias conforme al régimen del ACE 59 o bien conforme al Acuer-do de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el fo-ro seleccionado será excluyente del otro. Para que esta opción exista, es menester que la controversia verse sobre materias reguladas tanto por el Acuerdo OMC como por el ACE 59.

A efectos de determinar el momento en que se debe proceder a esta elección, el artículo precisa en sus dos últimos incisos la instancia de cada procedimiento a partir de la cual los mismos se considerarán iniciados.

La cláusula de opción de foro excluyente ya existe en otros acuerdos similares, entre ellos, una vez más, el Protocolo de Olivos del MERCOSUR.

El artículo 4 prevé que podrán ser partes en los procedimientos previstos en este Protocolo uno o mas Estados Partes del MERCOSUR, por un lado, y, por el otro, uno o más Países Miembros de la CAN que suscribieron este Protocolo.

El Protocolo establece en los Capítulos II; III y IV las distintas instancias que puede tener el procedimiento de solución de controversias.

En primer lugar se encuentran las Negociaciones Directas.(Capítulo II).

Esta primera etapa diplomática tiene por finalidad lograr una solución mutuamente satisfactoria entre las partes sin necesidad de que exista intervención de terceros.

A tales efectos cualquiera de las partes solicitará por escrito a la otra parte la realización de negociaciones directas, especificando los motivos de las mismas, las circunstancias de hecho y los fundamentos jurídicos relacionados con la controversia. Las demás Partes Signatarias deben ser enteradas de la situación mediante el envío de una copia del escrito antes referido. (artículos 5 y 6).

La parte que reciba la solicitud tiene 10 días para contestarla. La etapa de las negociaciones directas no podrá prolongarse más allá de los 30 días, salvo que las partes acuerden extender ese plazo hasta por un máximo de 15 días adicionales (artículo 7).

Si la controversia no llegara por esta vía a una solución mutuamente satisfactoria o si la controversia se resolviera solo parcialmente, la parte reclamante podrá solicitar por escrito que se reúna la Comisión Administradora del ACE 59 para tratar el asunto o bien que se proceda directamente al arbitraje.

El Capítulo III regula el caso en que el la parte reclamante optara por ventilar la controversia ante la Comisión Administradora (artículo 8).

En esta hipótesis, la Comisión Administradora deberá reunirse dentro de los 30 días de recibida la comunicación de la solicitud en ese sentido. Si no lo hiciere, la parte reclamante podrá dar por concluida esta etapa y pasar inmediatamente a la etapa arbitral (artículo 9).

La Comisión Administradora evaluará la controversia y dará oportunidad a las partes para que expongan sus posiciones. Luego formulará las recomendaciones que estime pertinentes a cuyos efectos dispone de un plazo de 30 días. En sus recomendaciones, la Comisión Administradora tendrá en cuenta las disposiciones legales del ACE 59, los instrumentos y Protocolos adicionales que considere aplicables y los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes (artículo 10).

La Comisión podrá acumular por consenso dos o más procedimientos relativos a los casos que conozca cuando considere conveniente examinarlos conjuntamente. Esta disposición resulta lógica en función del número de partes signatarias del ACE 59 que hacen está posibilidad más probable que en otros acuerdos similares.

Cuando la Comisión Administradora lo entienda necesario podrá convocar a expertos de reconocida capacidad técnica y neutralidad para asesorarla antes de formular recomendaciones. Para estos casos tendrá 15 días adicionales de plazo para expedirse. El Protocolo o indica procedimiento alguno para proceder a esta convocatoria, como lo hacen otros acuerdos similares (artículo 11).

De no lograrse una solución mutuamente satisfactoria o bien si la Comisión no emitiese recomendación alguna dentro de los plazos antes referidos, se dará de inmediato por terminada la etapa prevista en el Capítulo III. Tanto el silencio de la Comisión como el no cumplimiento de su recomendación en tiempo y forma, franquean el paso a la etapa arbitral del capítulo siguiente.

El Capítulo IV regula el procedimiento arbitral.

Cuando la controversia no hubiera podido solucionarse mediante la aplicación de los procedimientos previstos en los Capítulos II y II cualquiera de las partes podrá solicitar el inicio del procedimiento arbitral.

El procedimiento arbitral se sustanciará ante un Tribunal Arbitral compuesto de tres (3) árbitros. Dicho Tribunal se conformará con árbitros seleccionados de una lista que las Partes Signatarias se comprometen a conformar tan pronto entre en vigor el ACE 59, y que estará integrada por 10 árbitros, dos de los cuales no serán nacionales de ninguna de las Partes Signatarias (artículos 12 y 13).

La lista de árbitros quedará depositada en la Secretaría General de la ALADI (Artículo 14).

Cada parte en la controversia designará un árbitro y de común acuerdo designarán al tercero, que no deberá ser nacional de ninguna de las partes. Si estas designaciones no se realizaran dentro del plazo de 15 días posteriores a la comunicación que da comienzo al procedimiento arbitral, ellas serán efectuadas por sorteo por la Secretaría General de la ALADI, de entre los árbitros que integran la lista arriba mencionada (artículo 15). Los árbitros actuarán a título personal y no en carácter de representantes de los gobiernos (artículo 16).

Cuando varias Partes Signatarias intervengan en la misma controversia, sea como reclamantes o como reclamadas, podrán actuar ante el Tribunal de manera conjunta o individual. En ambos casos deberán acordar la designación de un solo árbitro común. Esta disposición es necesaria en virtud del número de Partes Signatarias que podrían reclamar o ser reclamadas (artículo 17).

Al igual que se establece para la Comisión Administradora en la instancia anterior, el Tribunal podrá acumular dos o más procedimientos siempre que exista identidad en cuanto a la materia y pretensión (Artículo 18).

El artículo 20 establece los principios que la Comisión deberá tener en cuenta al elaborar las reglas de procedimiento de los Tribunales Arbitrales, indicando la necesidad de que éstas garanticen a las partes como mínimo el derecho a una audiencia, junto a la reserva de los procedimientos y la flexibilidad de los mismos para garantizar la calidad de los trabajos. Se menciona sin embargo que los laudos del Tribunal Arbitral tendrán carácter público.

Los derechos y obligaciones de las partes en el proceso se regulan en el artículo 21 cuando se indica que deberán informar al Tribunal sobre las instancias cumplidas con anterioridad al procedimiento arbitral, se establece que deberán presentar los fundamentos de hecho y de derecho de sus respectivas posiciones y que podrán designar a sus representantes y asesores ante el Tribunal para la defensa de sus derechos.

El artículo 22 regula el establecimiento de medidas provisionales por parte del Tribunal Arbitral, a solicitud de parte. En atención a las importantes consecuencias de un pronunciamiento en este sentido, el Protocolo establece la necesidad, para que el Tribunal proceda a imponerlas, de que existan razones fundadas para creer que el mantenimiento de la situación objeto de la controversia ocasionaría daños graves e irreparables.

La medida impuesta en este caso se extenderá en principio hasta tanto se dicte el laudo definitivo y no prejuzgará sobre el resultado del mismo. Como garantía adicional, se establece que para imponer una medida provisional el Tribunal deberá actuar por unanimidad.

El Tribunal podrá requerir información de personas o entidades gubernamentales si así lo considerare conveniente. Asimismo también podrá valerse del concurso de peritos o expertos para mejorar proveer (artículo 23).

El Tribunal decidirá la controversia en base a lo dispuesto en el ACE 59, sus Protocolos Adicionales y los instrumentos firmados en el marco del mismo, junto a las disposiciones de derecho internacional aplicables en la materia y los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes (Artículos 24 y 25). Esta última referencia no es demasiado clara salvo a entender que su intención es ampliar el campo del derecho aplicable enumerado en la primera parte del artículo y dejar un cierto margen para la discrecionalidad del Tribunal a la hora de apreciar las normas aplicables. De lo contrario no se entiende qué "fundamento de derecho" podría aplicar el Tribunal que resultara "pertinente" al caso, fuera de los ya enumerados anteriormente. Una disposición que puede ser objetable.

El laudo del Tribunal Arbitral será emitido en un plazo de 60 días, el que podrá ser prorrogado por un máximo de 30 días (artículo 26). Deberá ser emitido en el territorio de la parte que deba cumplirlo (artículo 19). El laudo se adoptará por mayoría, será fundamentado pero no los votos en disidencia (artículo 26 in fine).

Esta práctica es casi general en los sistemas de solución de controversias de los Acuerdos celebrados en el marco de la ALADI y a nuestro juicio no tiene razón de ser. Muchos de los grandes escritos jurisprudenciales o arbitrales internacionales han sido plasmados en los tribunales que prevén la posibilidad de fundamentar los votos en disidencia, como en la Corte Internacional de Justicia, y ello no ha impedido ni afectado en nada el cumplimiento del mismo.

El laudo será obligatorio (artículos 28 y 29), y tendrá fuerza de cosa juzgada respecto de las partes, las que deberán adoptar las medidas necesarias para darle cumplimiento, esto es para ejecutarlo, si se utiliza la terminología más apropiada a nuestro juicio, en un plazo de 60 días. Asimismo, la parte obligada a cumplir el laudo deberá dentro de un plazo de 10 días notificar a la otra Parte las medidas que adoptará a ese efecto.

El artículo 30 se refiere a la posibilidad de interponer un recurso de aclaración del laudo respecto de sus alcances o la forma de cumplirlo.

Los artículos 31 y 32 mencionan la posibilidad de establecer medidas compensatorias (suspensión temporal de concesiones equivalentes) para los casos en que la parte perdidosa no hubiere cumplido en tiempo y forma con lo dispuesto en el laudo.

El mismo Tribunal que dictó el laudo deberá, en principio, entender en el caso de que la imposición de dichas medidas originara algún nuevo conflicto entre las partes relativo a su monto o a su aplicación.

Los gastos del Tribunal Arbitral, tal como definidos por el artículo 33, serán distribuidos en montos iguales entre las partes.

El Capítulo V regula finalmente aspectos generales del sistema de solución de controversias instituido, tales como la forma de contabilizar los plazos, la forma y destinatarios de las comunicaciones, la posibilidad del desistimiento de la acción, la mención a que las controversias entre los miembros de misma Parte Contratante se resuelven conforme a las normas internas de esa Parte Contratante y la determinación de la Secretaría General de la ALADI como depositaria del Protocolo (artículos 34 a 40).

El Protocolo no contiene cláusula de entrada en vigor porque la misma ya está determinada por lo dispuesto en el artículo 20 del ACE 59 que indica, al igual que la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados entre Estados, que el Protocolo entrará en vigor tan pronto exista constancia del consentimiento de todas las partes en obligarse por el tratado, al establecer que "Dicho Protocolo Adicional entrará en vigor y será plenamente aplicable para todas las Partes Signatarias a partir de la fecha de la última ratificación".

Por lo expuesto se considera de interés para la República contar con este mecanismo de solución de controversias en el marco del ACE 59 CAN-MERCOSUR por lo que se recomienda su aprobación.

Sala de la Comisión, 23 de marzo de 2006.

Sergio Abreu, Miembro Informante; Carlos Baráibar, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, José Korzeniak, Rafael Michelini, Julio María Sanguinetti. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: vamos a ser muy breves porque nos vamos a referir al Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 59, mediante el que se agregan mecanismos de solución de controversias. Esto es parte de la división que se realiza en este tipo de Tratados, porque en el ámbito de la ALADI son acuerdos de carácter parcial que, de alguna forma, están amparados por un paraguas jurídico del Tratado de Asunción de 1980. Como se tratan en forma separada los mecanismos de solución de controversias, se necesita una aprobación particular y especial.

En este caso están involucrados los Estados del MERCOSUR más tres países de la Comunidad Andina: Colombia, Ecuador y República Bolivariana de Venezuela, es decir, no todos los países originales de la Comunidad Andina.

Este Protocolo tiene características muy similares a las de la mayoría de los mecanismos de solución de controversias y deja claramente establecida la posibilidad de realizar negociaciones directas antes de ingresar al juicio o procedimiento arbitral; pero también tiene características especiales, puesto que a partir de la disposición contenida en el artículo 3º se establece la llamada opción de foro excluyente. Un Estado que es firmante de un tratado de solución de controversias de esta naturaleza, y también es firmante de otro a nivel multilateral, como por ejemplo de uno de la Organización Mundial de Comercio, tiene la opción de foro excluyente, pero una vez que elige uno no puede pronunciarse por el otro. De modo que es muy importante que también se adopte una decisión política de carácter jurídico. En este caso, señor Presidente, se trata del mismo procedimiento que utiliza el Protocolo de Olivos en el ámbito del MERCOSUR, que es de carácter general.

Simplemente voy a hacer una pequeña reflexión sobre el tema, porque me parece importante que la podamos tomar en cuenta para eventuales y futuras negociaciones.

En lo que respecta al laudo arbitral, vemos que en este caso tiene naturaleza de cosa juzgada, pero no puede ser ejecutado forzadamente porque no tiene naturaleza supranacional; no se puede manejar como en el Grupo Andino, donde la estructura institucional tiene niveles de supranacionalidad y la decisión de carácter jurisdiccional se impone sobre la voluntad de los Estados.

Pero también tiene algunos otros aspectos que me gustaría comentar. Por ejemplo, debemos destacar que aunque el laudo es de carácter público, no compartimos el procedimiento porque creemos que no da transparencia a la administración de justicia, aun en el ámbito arbitral, ya que los votos disidentes en el arbitraje no se publican y no son conocidos, y sabemos que en materia de Derecho Internacional es muy importante que la jurisprudencia se pueda nutrir de las opiniones de los jueces y de toda persona que, con reconocida profundidad profesional, pueda hacer sus aportes para la orientación futura de las distintas decisiones de carácter arbitral. Esto no sería posible si no se conociera públicamente, sin perjuicio -obviamente- de que se cumpla el laudo arbitral en función de las decisiones que adopta la mayoría.

Pensamos que este mecanismo de solución de con-troversias es de puro Derecho y no está vinculado a razones de equidad, aun cuando incluye alguna referencia que en nuestra opinión no es totalmente del caso, pero que podríamos analizar para futuras negociaciones. Me refiero, por ejemplo, a la que tiene relación -tal como dice el Mensaje- con que el Tribunal Arbitral decidirá la contro-versia en base a los Protocolos Adicionales y los instrumentos firmados en el marco del mismo, los principios y disposiciones de Derecho Internacional aplicables en la materia y los fundamentos de hecho y de Derecho pertinentes. De este modo se le da una visión y una amplitud que, en mi opinión, parece exceder el campo delimitado o específico de lo que significa el mecanismo de solución de controversias referido a este Acuerdo de Complementación Económica Nº 59.

Estos temas, señor Presidente, forman parte de los mecanismos de solución de controversias que actualmente son utilizados en el ámbito internacional y también regional, aunque no con la intensidad que nos gustaría; basta analizar el mecanismo de solución de controversias del MERCOSUR para darnos cuenta las pocas veces que éste se ha utilizado, e incluso las frustraciones que tenemos a veces cuando, recurriendo a su funcionamiento -tal como ocurrió en el último caso planteado en relación con la instalación de determinadas fábricas en el territorio uruguayo-, no fue convocado por parte de los organismos competentes para hacerlo. En general, estos mecanismos de solución de controversias presentan la dificultad de que, como su solución no es de ejecución forzada, las partes inte-grantes prefieren los mecanismos de diplomacia presidencial o de reclamación informal antes que aquéllos, que significan una participación de los Estados, de los sectores público y privado y además un concepto de seguridad jurídica que ayuda a dilucidar las controversias que se producen nada menos que en materia comercial, que es, podría decirse, el pan de todos los días en este mundo tan competitivo.

Sin perjuicio de todo esto y de las reflexiones de carácter general que nos merece, pensamos que este mecanismo de solución de controversias complementa el Acuerdo MERCOSUR-Grupo Andino, razón por la cual la Comisión recomienda votar favorablemente este proyecto de ley, a los efectos de que pueda ser ratificado oportunamente por el Poder Ejecutivo.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"ARTICULO UNICO.- Apruébase el Primer Protocolo Adicional sobre Solución de Controversias del Acuerdo de Complementación Económica Nº 59 suscrito entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR y los Gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 18 de octubre de 2004."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

22) EDICION DE LAS OBRAS DEL DOCTOR ARTURO ARDAO

SEÑOR CID.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: hemos acercado a la Mesa una moción que solicitamos se considere.

Concretamente, el 8 de octubre de 2002 el Senado tuvo el inmenso honor de rendir un homenaje en vida al profesor doctor Arturo Ardao en ocasión de cumplir 90 años. Como culminación de esa sesión extraordinaria, el Cuerpo tomó la siguiente resolución: "Reiterar la resolución oportunamente aprobada por el Senado, disponiendo la edición de obras del Dr. Ardao, en primera instancia por medios electrónicos y oportunamente, cuando así resulte posible, en libros". Siguen las firmas de la totalidad de los integrantes del Senado y del señor Presidente. Se trata, entonces, de una moción firmada por unanimidad.

Resulta que hemos rastreado lo ocurrido con la resolución oportunamente aprobada y no hemos encontrado nada. En consecuencia, proponemos al Cuerpo, con la firma de todas las Bancadas, la siguiente moción: "Solicitamos se dé cumplimiento a lo oportunamente aprobado por la Cámara de Senadores en sesión del 8 de octubre de 2002, relacionado con la necesidad de editar las obras del Dr. Arturo Ardao, en primera instancia por medios electrónicos y cuando resulte posible, en libros". De modo que reiteramos la moción que fuera aprobada en aquella fecha.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Encomiéndase a Secretaría el cumplimiento de esta moción.

23) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 18 y 01 minuto, presidiendo el doctor Eber Da Rosa y estando presentes los señores Senadores Amaro, Antía, Baráibar, Breccia, Cid, Dalmás, Korzeniak, Lorier, Nicolini, Percovich, Rubio, Tajam, Topolansky, Vaillant y Xavier.)

DON RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sra. Nelly Tavares Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.