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Nº 80 - TOMO 431 - 28 DE MARZO DE 2006

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

5ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Y EL SEÑOR SENADOR DOCTOR EBER DA ROSA 1er. Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y SEÑOR SANTIAGO GONZALEZ BARBONI Y EL PROSECRETARIO DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

- El señor Senador Heber solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, relacionado con la posibilidad de que los habitantes de Minas de Corrales puedan ser atendidos en el Hospital de Tacuarembó.

- Y otro al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino al Banco Hipotecario del Uruguay, referido a las viviendas emplazadas en la calle doctor Davison s/n de Minas de Corrales.

- El señor Senador Gallinal solicita se curse un pedido de informes a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Defensa Nacional relacionado con la autorización de exoneración de impuestos a la importación de bienes por la empresa concesionaria del Aeropuerto Nacional de Carrasco "Puerta del Sur S.A."

- Oportunamente fueron tramitados.

5) Proyecto presentado

- El señor Senador Lara presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se exonera por esta única vez de la sanción dispuesta por el literal A) del artículo 21 de la Ley Nº 16.241.

- A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

6) Proyecto de Resolución presentado

- El señor Presidente de la Cámara de Senadores Rodolfo Nin Novoa presenta, con exposición de motivos, un proyecto de resolución relativo a normas de calificaciones y ascensos de los funcionarios de la Cámara de Senadores.

- A la Comisión de Asuntos Administrativos.

7) Inasistencias

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas en las últimas convocatorias del Senado y de sus Comisiones.

8 y 16) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Saravia, Fernández Huidobro, Sanguinetti, Rubio y Long.

- Concedidas.

9) Integración del Cuerpo

- Nota de desistimiento. La presenta el señor Bayardi comunicando que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

10 y 12) Destino de Carpetas de la Legislatura anterior

- Por moción de los señores Senadores Baráibar y Couriel, el Senado resuelve que no se archiven los proyectos de ley presentados en la Legislatura pasada que se encuentran a estudio de las Comisiones de Hacienda y de Asuntos internacionales pendientes de resolución.

11) Ingeniero Carlos Cat. Su deceso

- Por moción del señor Senador Larrañaga, el Senado resuelve rendirle homenaje.

- Manifestaciones de varios señores Senadores.

- Por moción de dicho señor Senador, el Senado resuelve ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en homenaje a la memoria del ciudadano desaparecido.

13) Cambio de trámite

- El Senado resuelve enviar la Carpeta referida al Art. 154 desglosado del Presupuesto Quin-quenal (Inciso 06) a la Comisión de Presupuesto.

14) Deudores alimentarios

- Proyecto de ley por el que se crea el Registro de Deudores Alimentarios.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

15) Consolidación de adeudos

- Proyecto de ley por el que se establece un régimen de consolidación de adeudos.

- Por moción del señor Senador Michelini, el Senado resuelve proceder al repartido de este proyecto y a declarar su urgente consideración.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 24 de marzo de 2006.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo martes 28 de marzo, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

 ORDEN DEL DIA

1º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se crea el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.

Carp. Nº 393/05 - Rep. Nº 202/06

 Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Alfie, Amaro, Antía, Baráibar, Breccia, Cid, Couriel, Dalmás, Gallinal, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, Michelini, Moreira, Nicolini, Penadés, Percovich, Ríos, Rubio, Sanguinetti, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, el señor Senador Fernández Huidobro y, con aviso, los señores Senadores Abreu, Heber y Lorier.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 4 minutos.)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- por el cual se aprueba el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela relativo a la Nueva Televisión del Sur, suscripto el 2 de marzo de 2005 en la ciudad de Montevideo.

- por el que se aprueba el Acuerdo Marco sobre Complementación Energética Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, suscrito en la ciudad de Montevideo, el día 9 de diciembre de 2005.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- Por el que se deroga a partir del primer día del mes siguiente a la promulgación de la presente ley, el artículo 9 de la Ley Nº 12.380, de 12 de febrero de 1957, en la redacción dada por el artículo 137 de la Ley Nº 12.761, de 23 de agosto de 1960, referido a los pagos por beneficios servidos por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Industria y Comercio.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

El Poder Ejecutivo solicita, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, el acuerdo a efectos de designar al señor Mario Cayota en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Oriental del Uruguay ante el Estado Vaticano.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

El Poder Ejecutivo remite Mensajes comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se eleva a la categoría de ciudad a la actual villa de Fraile Muerto, ubicada en la 6ª Sección Judicial del departamento de Cerro Largo.

- por el que se faculta a la Corte Electoral a disponer la extensión horaria de sus oficinas, con motivo de la organización de la elección de los diferentes representantes ante el Directorio del Banco de Previsión Social

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

La Cámara de Representantes comunica:

- que con fecha 15 de marzo próximo pasado aprobó las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley por el que se faculta a la Corte Electoral a disponer la extensión horaria de sus oficinas, resultante de la organización de la elección de los diferentes representantes ante el Directorio del Banco de Previsión Social.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVESE.

- que aprobó el proyecto de ley por el que se designa "Guyunusa" la Escuela Nº 68 del departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- y remite:

- copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Jorge Orrico, en sesión de 8 de marzo del corriente año, por las que reclama mayor pluralidad en la difusión de expresiones culturales, especialmente, el cine.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- exposición escrita presentada por el señor Representante Nacional Jaime Trobo relacionada con el tercer aniversario de la acción represiva del Gobierno de la República de Cuba contra la oposición interna conocida como disidencia.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

La Comisión de Asuntos Internacionales:

- eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, suscrito en Nueva York, el 30 de junio de 2004.

- por el que se aprueba el Primer Protocolo Adicional sobre Solución de Controversias del Acuerdo de Complementación Económica Nº 59, suscrito en Montevideo, el 18 de octubre de 2004.

- REPARTANSE E INCLUYANSE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION ORDINARIA.

La Junta Departamental de Canelones remite:

- copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala por el señor Edil Miguel Bengasi, referidas a nuevos desafíos de la vitivinicultura uruguaya.

- A LA COMISION DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.

- Copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala por el señor Edil Miguel Bengasi, relacionadas con el Plan de Emergencia.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

La Junta Departamental de Montevideo remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala por varios señores Ediles, en oportunidad de la exposición del señor Edil Luis Martínez, quien se refirió al tema: "Instalación de Plantas Procesadoras de Celulosa en Río Negro".

La Junta Departamental de Paysandú remite copia de la moción presentada por el señor Edil Ricardo González Píriz manifestando su rechazo a las expresiones del editor responsable de la revista Ocio y Cultura, señor Daniel Senatore.

La Junta Local Autónoma y Electiva de Bella Unión remite nota manifestando su inquietud por la rápida aprobación del proyecto de ley jubilatoria impulsado por la Asociación de Ex Presos Políticos del Uruguay "CRISOL".

- TENGANSE PRESENTES.

La Comisión de Asuntos Internacionales:

- aconseja al Cuerpo que la Carpeta Nº 445/06, referida al artículo 154 desglosado del Presupuesto Quinquenal - Inciso 06 "Ministerio de Relaciones Exteriores" pase a estudio de la Comisión de Presupuesto.

- SE VA A VOTAR FINALIZADOS LOS ASUNTOS ENTRADOS."

4) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de dos pedidos de informes.

(Se da de los siguientes:)

"De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, el señor Senador Luis Alberto Heber solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

- al Ministerio de Salud Pública, relacionado con la posibilidad de que los habitantes de Minas de Corrales, Departamento de Rivera, por su cercanía con el Hospital de Tacuarembó, puedan ser atendidos en el mismo.

- al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino al Banco Hipotecario del Uruguay, referido a información requerida a las viviendas emplazadas en la calle doctor Davison s/n de Minas de Corrales, Departamento de Rivera.

- OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS."

(Texto de los pedidos de informes:)

"Montevideo, 20 de marzo de 2006.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a usted tenga a bien cursar el siguiente pedido al Ministerio de Salud Pública, a los efectos de que se sirva informar sobre la posibilidad de que los habitantes de Minas de Corrales, departamento de Rivera, por su cercanía con el Hospital de Tacuarembó, puedan ser atendidos en el mismo. En caso afirmativo, si deberían realizar alguna gestión previa a la atención y en caso negativo, los motivos que determinarían dicha imposibilidad, teniendo en cuenta que en caso de urgencias, la negativa de atención podría conllevar a graves consecuencias, e incluso a la muerte.

Luis Alberto Heber. Senador.

Montevideo, 20 de marzo de 2006.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a usted tenga a bien cursar el siguiente pedido al Banco Hipotecario del Uruguay, a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a los efectos de que se sirva informar sobre los siguientes puntos, respecto a las viviendas emplazadas en la calle Dr. Davison s/n de Minas de Corrales, departamento de Rivera:

a) Cantidad de viviendas construidas.

b) Cantidad de viviendas adjudicadas y a través de qué naturaleza contractual.

c) Monto de los préstamos concedidos por el Banco y situación de pago de los deudores, indicando los montos que se adeudan y por qué conceptos.

Luis Alberto Heber. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, el señor Senador Francisco Gallinal solicita se curse un pedido de informes con destino a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Defensa Nacional relacionado con la autorización de exoneración de impuestos a la importación de bienes a efectuar por la empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional de Carrasco, Puerta del Sur S.A.

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO."

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 20 de marzo de 2006.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

En ejercicio de la facultad que confiere el Art. 118 de la Constitución de la República, vengo a solicitarle se de curso al siguiente pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Defensa Nacional, para que en el marco de sus competencias informen:

1º) si el Poder Ejecutivo autorizó la exoneración de impuestos a la importación de bienes a efectuar por la empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional de Carrasco, Puerta del Sur S.A.

2º) sobre qué bienes y por qué montos individuales y totales se realizó la exoneración?

3º) quienes son las empresas proveedoras de los bienes exonerados y si los mismos son indispensables para el desenvolvimiento de la actividad del aeropuerto?

4º) se agregue copia del acto administrativo respectivo y los dictámenes jurídicos que lo acompañaron, así como los fundamentos legales de la resolución?

5º) las razones de mérito o conveniencia que motivaron la resolución de exoneración?

Sin otro particular saluda atte.

Dr. Francisco Gallinal Nieto. Senador."

5) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Julio Lara presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se exonera por esta única vez de la sanción dispuesta por el literal A) del artículo 21 de la Ley Nº 16.241, a los pasivos que no hayan votado ni justificado en forma en las elecciones del pasado 26 de marzo de 2006.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL."

(Texto del proyecto presentado:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Exonérase por esta vez, de la sanción dispuesta por el literal A) del artículo 21 de la Ley Nº 16.241, de 9 de enero de 1992, a los pasivos que no hubieran votado ni justificado en forma en las pasadas elecciones, a fin de elegir al representante ante el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), convocadas para el 26 de marzo de 2006.

Montevideo, 27 de marzo de 2006.

Julio C. Lara Gilene. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Tomando en cuenta que la Ley Nº 16.241, de 9 de enero de 1992, en su literal A) del artículo 21, establece: "que los habilitados para votar que no lo hicieran, serían pasibles de ser sancionados con 1 UR (una unidad reajustable)", al igual que en una elección nacional. Ahora bien, creemos importante señalar que de un total de cuatrocientos ochenta y un mil treinta y tres pasivos habilitados para votar, lo hicieron efectivamente doscientos ochenta y un mil quinientos veintiocho pasivos. Es decir que, del 100% de pasivos habilitados, votó el 58.5%. La intención de este proyecto de ley es dejar sin efecto por esta vez, el artículo 21 de la citada ley para la elección del 26 de marzo próximo pasado.

Montevideo, 27 de marzo de 2006.

Julio C. Lara Gilene. Senador."

6) PROYECTO DE RESOLUCION PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto de resolución presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Presidente de la Cámara de Senadores Rodolfo Nin Novoa presenta, según lo dispone el artículo 53 del presupuesto del Senado, un proyecto de resolución con exposición de motivos por el que se establecen las normas de calificaciones y ascensos de los funcionarios de la Cámara de Senadores.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS."

(Texto del proyecto de resolución presentado:)

"Montevideo 28 de marzo de 2006

PROYECTO DE NORMAS DE CALIFICACIONES Y ASCENSOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES

EXPOSICION DE MOTIVOS

En cumplimiento del artículo 53 del Presupuesto del Senado del 8 de Febrero de 2006 la Presidencia de la Cámara de Senadores tiene el honor de presentar al Cuerpo el proyecto de "Normas de Calificaciones y Ascensos" para los funcionarios del Senado,

El 18 de enero de 1999, por resolución de la Presidencia de la Cámara de Senadores Nº 235, fueron derogadas las Normas de Calificaciones vigentes desde el año 1991, no procediéndose a calificar a los funcionarios nuevamente. Desde el año 2000 se han desarrollado sucesivas etapas de estudio, con diferentes aportes, que buscan ser sintetizados en esta última cuyo resultado es el que se presenta ahora.

El proyecto que hoy se pone a consideración de la Cámara de Senadores es el producto generado después de un trabajo conjunto de funcionarios, asesores y representantes de la Asociación de Funcionarios de la Cámara de Senadores que en el segundo semestre de 2005, a propuesta de la administración, integraron un Grupo de Trabajo para la realización de este proyecto. El mismo tomó como base los otros trabajos anteriores de la administración y de funcionarios, así como el aporte sustantivo del Proyecto de Apoyo al Parlamento Uruguayo realizado en el marco del Convenio con la Unión Europea.

La Presidencia y la Secretaría valoran la visión institucional que se le imprimió al trabajo realizado por el mencionado Grupo de Trabajo y entienden que se trata de una buena base de discusión de un tema que ha sido largamente postergado y que requiere de un rápido estudio y aprobación, que debe darse con los señores Senadores a partir del estudio que realice la Comisión de Asuntos Administrativos de esta Cámara.

Es necesario recordar que el Presupuesto del Senado recientemente aprobado, se plantea el objetivo de "mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa y legislativa" incluyendo, entre otros temas, la necesidad de "generar condiciones de movilidad y de transparencia de manera de lograr motivación y renovación en los funcionarios, para alcanzar una mejora en la gestión". En ese sentido este proyecto es coherente con la intención de la administración, de calificar e iniciar los procesos de concursos ya este mismo año.

Para el análisis de la propuesta se ha consultado a la Oficina Nacional de Servicio Civil, al gremio que nuclea a los funcionarios de la Cámara de Senadores (AFUCASE) y a la División de Desarrollo Funcional del Senado. En todos los casos se ha encontrado acuerdo en que el presente proyecto es una base apropiada para dar la discusión sobre el tema y la administración comparte ese criterio, por lo que da curso al mismo.

La Presidencia de la Cámara de Senadores, en ocasión del análisis en Comisión de Asuntos Administrativos, presentará las modificaciones que plantea realizarle a la propuesta que hoy se eleva, tomando en cuenta para ello las opiniones que recoja de los diferentes actores consultados.

Asimismo deja constancia que mantiene algunas diferencias con la propuesta que se adjunta, pero entiende que modificarla en esta etapa no sería oportuno, por lo que deja para plantear en aquella oportunidad los cambios que propone.

RODOLFO NIN NOVOA Presidente.

PROYECTO

REGLAMENTO DE CALIFICACIONES Y CONCURSOS

Noviembre 2005.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Introducción:

En consecuencia de la carencia de la normativa sobre calificaciones y concursos en la Cámara de Senadores es que se le encomendó su estudio, análisis y discusión al Grupo II conformado por funcionarios de dicha Cámara.

El documento base aprobado por este Grupo, fue el producto elaborado por el Grupo C del Proyecto de Apoyo al Parlamento Uruguayo, financiado por la Unión Europea - Acción Segunda, elaborado con principios generales en materia estatutaria para las tres unidades del Poder Legislativo, proyectando un marco regulatorio similar para las mismas.

Es destacable que, todo el articulado a consideración fue votado en su gran mayoría por la unanimidad de sus integrantes, salvo excepciones que lo fueron por consenso (artículos 34 y 35 - salvedad de AFUCASE).

El acoger este proyecto, no implicaría cambios normativos en la Cámara de Senadores, pues no existen normas a tales efectos, ya que las mismas fueron derogadas, y en el año 2001 se trató de incorporar una solución que nunca llegó a plasmarse para dicha unidad: 1 "El Reglamento de Calificaciones y Ascensos que regirá para los funcionarios del Senado será elaborado de acuerdo a las normas que existen en esa materia para la Administración Central, contenidas en el Libro VII del Texto Ordenado de Normas sobre Funcionarios Públicos (TOFUP) y en normas complementarias".

Es menester y no menor comentar el artículo trascripto de la Cámara de Senadores. El mismo hace alusión a la normativa de la Administración Central. Si bien pueden existir principios generales aplicables al funcionario público, tomado él como funcionario del Estado, el Constituyente dio la posibilidad al Legislador de dar sus propias normas a los suyos en el Poder Legislativo por medio del artículo 107 de la Constitución. Es por medio del mismo que le da autonomía en lo interior e independencia en lo exterior.

La naturaleza jurídica del Estatuto del Funcionario Parlamentario ha sido objeto de estudio del Grupo C, entendiendo imprescindible su análisis antes de entrar al análisis de cualquier tema estatutario, y así lo hicimos, pues a partir del mismo sería la solución a dar, definiéndolo como: reglamento autónomo con valor y fuerza de acto administrativo, emitido por cada una de las Cámaras en cumplimiento de poderes jurídicos propios y expresos, atribuidos por la Constitución que expresan en forma amplia su contenido, constituyendo una excepción a la denominada reserva legal.

A continuación, se analizarán los aspectos más relevantes en lo que hace a las calificaciones y a los concursos.

CALIFICACIONES.

Se simplifica el procedimiento, considerando en forma exclusiva el desempeño de los funcionarios, pasando todo otro elemento a los concursos.

· La calificación se hace en base a factores y subfactores con diferentes índices de ponderación, los cuales varían dependiendo del grado del funcionario.

· El período evaluatorio comprende 24 meses de desempeño del funcionario.

· La puntuación es de 1 a 10, debiéndose fundamentar la calificación extrema, sea ésta inferior o superior.

· Se definen los deméritos y, dependiendo el tipo, se norma como se deducen.

· Se imponen nuevas obligaciones a los evaluadores primarios y a las Juntas de Calificación. Los evaluadores deberán concurrir a la Junta, cuando ésta califique a los que el primero evaluó.

· Los evaluadores y calificadores, tendrán la obligación de tomar un curso de capacitación con la finalidad de unanimidad de criterios de los mismos.

· Habrá una única Junta de Calificación para cada grado dentro de cada escalafón, con el propósito de estar en iguales condiciones el día que concursen por una vacante.

· Se establecen sanciones cuando el procedimiento calificatorio no se cumpla de acuerdo al reglamento.

CONCURSOS

· Condiciones para concursar:

a. Haber obtenido una calificación de por lo menos el 50%.

b. Tener dos años de antigüedad en el Escalafón.

c. Tener un año de antigüedad en el grado.

· Se establece que podrán concursar por la vacante existente aquellos funcionarios del mismo escalafón del grado inmediato inferior a la vacante.

 

1 Diario de Sesiones del Senado de fecha 13 de febrero de 2001. (Presupuesto 2000 - 2004)

 

Esta limitación de concursar únicamente el grado inmediato inferior se debe a dos razones:

a. Por un lado el tema de las evaluaciones primarias en las calificaciones. El evaluador primario si los concursos fueran de más de un grado estaría evaluando a sus reales competidores, en tanto como se plantea, evalúa a potenciales competidores en el caso que en el primer concurso ningún funcionario se presentare o no se llegase a los límites impuestos por el reglamento.

El tema de la condición humana, en lo que hace a la subjetividad no la podemos dejar de lado y fue un tema presente en todo el análisis y redacción del reglamento. Por tanto no nos parece justo que el evaluador primario compita con su subalterno evaluado por él mismo.

b. Otro factor que alteraría si se hicieran los concursos habilitando a más grados que el inmediato inferior, es que estarían concursando grados calificados por diferentes tribunales, ya que en las calificaciones cada grado es calificado por un mismo tribunal justamente para que exista justicia a la hora de concursar por una misma vacante.

Se suma que no es lo mismo calificar un grado por ejemplo con tareas de supervisión a otro que no las tenga. Es de sentido común que a mayor grado, el tribunal tendrá una mayor exigencia al calificar, por tanto no sería de estricta justicia el tomarlos como un conjunto cuando no lo son.

· Segundo llamado: la problemática expuesta en el punto anterior sólo se estaría dando en caso de llegar excepcionalmente a un segundo llamado, pues estarían compitiendo grados diferentes.

De todos los elementos que se califican en los concursos, en el segundo llamado no se tendría en cuenta la antigüedad en el grado, ya que los únicos que tendrían esa antigüedad serían únicamente los del grado inferior a la vacante a concursar, no teniendo ningún puntaje los demás grados.

· Para hacer un segundo llamado o subsiguientes se deberán dar los siguientes supuestos:

a. Que ninguno de los concursantes supere el 70% de la sumatoria de los elementos del concurso;

b. Que queden descalificados por no haber obtenido en la prueba de capacidad o plan operativo un porcentaje superior al 50%;

c. Que ninguno de los funcionarios habilitados a concursar en primera instancia tenga una calificación superior al 50%.

· Los elementos que se tendrán en cuenta en los concursos son:

a. Calificaciones;

b. Antigüedad en la Cámara de Senadores ;

c. Antigüedad en el grado;

d. Méritos académicos vinculados;

e. Prueba de capacidad, y

f. Plan Operativo.

Las calificaciones y la prueba de capacidad tienen diferente peso, el cual varía dependiendo de la vacante a concursar. A medida que se asciende en cargos la calificación disminuye, en tanto la prueba asciende.

En lo que refiere al Plan Operativo, es únicamente exigible para las vacantes a concursar de Directores de Área (o grado equivalente) y para el grado de Director General.

Tanto la antigüedad en el Senado, como la antigüedad en el grado y los méritos académicos tienen un idéntico peso para todos los grados:

En forma esquemática tenemos:

· Tanto en los Planes Operativos, como en los concursos de los escalafones profesionales y técnicos, se prevé que el Tribunal se integre con un especialista en la materia el cual será seleccionado mediante el procedimiento de concurso abierto.

· Para el estudio y puntuación de los méritos académicos se ha redactado una disposición transitoria imputando dicha tarea a comisiones especiales evaluadoras para dicho elemento. Una vez finalizada la tarea, pasará a corresponder dentro del Área de Recursos Humanos.

· Una innovación dentro del articulado es el reconocimiento a la carrera administrativa de los funcionarios parlamentarios.

La misma consiste en otorgarles un plus a la hora del concurso en el elemento calificación, el cual variará dependiendo de la situación del funcionario. Dicha distinción se basó en aquellos funcionarios que prestan funciones dentro de su escalafón, de aquellos que prestan funciones para la Administración fuera de su escalafón.

La fundamentación de este artículo se basa en el principio de igualdad, en el principio de buena administración y en la naturaleza jurídica del Estatuto del Funcionario Parlamentario.

· Se anexa al Reglamento todos los planillados necesarios tanto para las evaluaciones como para los concursos, como también los instructivos para ambos procedimientos.

Montevideo, noviembre 2005.-

NORMAS DE CALIFICACIONES

CAPITULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 1º.- Concepto

Entiéndase por calificación el procedimiento administrativo que debe seguirse para apreciar las cualidades y el desempeño de los funcionarios de la Cámara de Senadores, debiendo la Administración observar las formalidades del presente Reglamento.

Artículo 2º.- Consideraciones Generales

a) Principios

El procedimiento de calificación se regirá por los siguientes principios:

1. Igualdad

Considerar a todos los funcionarios iguales ante el Reglamento, reconociéndose las diferencias entre ellos, siempre que dicha distinción sea razonable, racional y persiga un fin legítimo.

2. Buena Administración

Comprende todo lo que conduce a la mejor satisfacción de los fines encomendados a la Cámara de Senadores; la elección de los medios más adecuados e idóneos para la obtención de los mismos.

3. Eficiencia

Maximizar la utilización de los recursos humanos y materiales en el proceso calificatorio.

4. Eficacia

Mediante una eficiente calificación, apreciar las cualidades de los funcionarios, individualizando los mejores recursos humanos, para el mejor logro de las finalidades de la Institución.

5. Universalidad

Efectuarse a todos los funcionarios que estén en condiciones de ser calificados.

6. Inmediación

Las evaluaciones primarias deben realizarse por quienes conocen en forma directa la actuación del evaluado.

7. Uniformidad

Emplearse una misma técnica de evaluación y calificación del desempeño funcional.

8. Imparcialidad

Exigencia a los evaluadores y calificadores en el ejercicio de sus funciones, de valorar y realizar los fines perseguidos en este Reglamento, sin sufrir desviaciones originadas en intereses de personas, grupos de presión, públicos o privados, partidos políticos, etc.

9. Representación funcional

Las Juntas de Calificaciones deben estar integradas necesariamente por representantes de los propios funcionarios evaluados; quienes lo eligen mediante voto secreto.

10. Periodicidad

Las calificaciones deben referirse a hechos y comportamientos ocurridos en el lapso de dos años.

11. Independencia o autonomía técnica

Todos los funcionarios y los órganos que participen en la calificación de la actuación funcional, deben actuar con autonomía técnica.

b) Organos

En el procedimiento intervendrán, el Evaluador Primario y la Junta de Calificación; teniendo las Direcciones Generales, la obligación de dar inicio al proceso calificatorio. Su incumplimiento aparejará las sanciones impuestas en el artículo 33 del presente Reglamento.

Artículo 3º.- Período de Evaluación y Calificación

El período objeto de evaluación y calificación comprenderá 24 (veinticuatro) meses de desempeño de los funcionarios, a partir del primer día hábil del mes de mayo al 30 de abril precedentes, y en él sólo podrá considerarse la actividad desarrollada por el funcionario durante el respectivo período.

El proceso calificatorio deberá iniciarse en el día indicado en el inciso anterior y quedar terminado a más tardar el 31 de julio del mismo año.

Artículo 4º.- Plazos

Todos los plazos señalados en el presente Reglamen-

to, tienen carácter de improrrogables y perentorios, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente fundamentado ante la Secretaría del Senado, quien decidirá en forma definitiva.

Los plazos comenzarán a correr el día hábil siguiente al de la respectiva notificación.

Para el cómputo de los plazos cuya duración exceda los cinco días, se computarán por días corridos, en tanto si es hasta cinco se computarán únicamente los días hábiles.

CAPITULO II

ELEMENTOS CALIFICATORIOS

Artículo 5º.- Elementos de la Calificación - Factores

A los efectos de la confección de la calificación el evaluador primario tomará en cuenta los siguientes factores y subfactores:

1) Rendimiento y Calidad

El factor rendimiento y calidad, mide la cantidad y calidad de trabajo ejecutado durante el período, con relación a las tareas encomendadas. Comprende la valoración de los siguientes subfactores:

1. a) El subfactor Cantidad de Trabajo, evalúa el volumen, la rapidez y la oportunidad de la ejecución del trabajo encomendado, orientándolo hacia el logro de las metas y objetivos de la organización y los resultados esperados.

1. b) El subfactor Calidad de la Labor Realizada, evalúa las características de la labor cumplida y la habilidad en su ejecución.

1. c) El subfactor Preocupación por el Servicio o por el público, evalúa en los funcionarios, su buen relacionamiento, respeto y la satisfacción del público que pudiere atender.

2) Condiciones Personales

El factor condiciones personales evalúa aquellas aptitudes de índole social, personal y cultural, que inciden directamente en el cumplimiento de sus tareas. Comprende la valoración de los siguientes subfactores:

2. a) El subfactor Conocimiento del Trabajo, mide el grado de conocimiento que la persona tiene de la actividad que realiza, los conocimientos teóricos, los estudios y cursos de formación o especialización relacionados con las funciones del cargo.

2. b) El subfactor Interés por el Trabajo, mide el deseo del funcionario de perfeccionarse en el cumplimiento de sus obligaciones y la capacidad de obrar oportunamente, de proponer la realización de actividades y soluciones ante los problemas que se presenten y proponer objetivos o procedimientos nuevos para la mejor realización del trabajo asignado.

2. c) El subfactor Capacidad para Realizar Trabajos en Grupo, mide la facilidad de integración del funcionario en equipos de trabajo, así como la colaboración eficaz que és-te presta cuando se requiere trabajo con grupo de per-sonas.

2. d) El subfactor Relaciones Interpersonales, mide la capacidad de trato y de adaptación del comportamiento del funcionario con los diferentes individuos y grupos de trabajo con los que actúa.

3) Comportamiento del Funcionario

El factor comportamiento del funcionario evalúa la conducta del funcionario en el cumplimiento de sus obligaciones. Comprende la valoración de los siguientes subfactores:

3. a) El subfactor Asistencia y Puntualidad, mide la presencia o ausencia del funcionario en el lugar de trabajo y la exactitud en el cumplimiento de la jornada laboral.

3. b) El subfactor Cumplimiento de Normas e Instrucciones, mide el adecuado y oportuno respeto a los reglamentos e instrucciones del Organismo, a los demás deberes reglamentarios, al cumplimiento de tareas propias del cargo y de las órdenes y cometidos que le encomienden o impartan sus superiores.

3. c) El subfactor Prolijidad y Aseo, evalúa el cuidado y pulcritud personal, así como la vestimenta adecuada para la realización de sus tareas en el cargo que ocupe.

4) Aptitudes en Cargos de Supervisión y Responsabilidad.

Evalúa la idoneidad en cargos de mayor responsabilidad. Comprende la valoración de los siguientes subfactores:

4. a) El subfactor Supervisión, mide la capacidad del funcionario a los efectos de orientar y controlar las tareas de aquellos que estén bajo sus órdenes.

4. b) El Subfactor Toma de Decisiones mide la capacidad para la toma de decisiones ante situaciones que requieren de su intervención, analizando adecuadamente las soluciones, asumiendo las responsabilidades que impliquen.

4. c) El subfactor Logro de Objetivos y Metas, mide la capacidad del funcionario para dar cumplimiento a las metas que se le haya fijado directa o indirectamente en su asignación de tareas.

4. d) El subfactor Iniciativa, mide los impulsos personales del funcionario a los efectos de proponer alternativas o soluciones a problemas, o simplemente a las diferentes situaciones que puedan plantearse en la realización de sus tareas.

4. e) El subfactor Compromiso y Responsabilidad, mide el grado de adhesión que el funcionario tiene con las metas de la organización y con la oficina en donde desempeña sus tareas, así como el compromiso personal con el que asume y lleva a cabo las obligaciones del cargo.

Artículo 6º.- Puntajes

La puntuación a cada subfactor se regulará de acuerdo al orden correlativo de los números 1 a 10, correspondiendo el número 1 al primer e inferior punto y el número 10 al último y superior.

Todo puntaje superior o igual a 9 e inferior o igual a 2, deberá ser fundamentado por escrito.

- 9 a 10 puntos - Niveles de excelente. Funcionario de condiciones excepcionales.

- 7 a 8 puntos - Niveles de muy bueno, superior al promedio. Funcionario de condiciones destacadas.

- 5 a 6 puntos - Niveles de bueno, normal y promedio.

Funcionario que cumple con eficacia las tareas inherentes a su cargo.

- 3 a 4 puntos - Niveles de inferior al promedio. Funcionario que, cumpliendo con sus tareas, requiere permanente supervisión.

- 1 a 2 puntos - Niveles de regular e insuficiente.

Funcionario que no ha demostrado la eficiencia requerida ni voluntad , ni condiciones para el cumplimiento de su función.

El resultado obtenido mediante la suma del puntaje de todos los subfactores dentro de cada factor, deberá traducirse en lenguaje porcentual, teniendo como referente el cien por ciento de un funcionario ideal del grupo al que se esté evaluando.

El evaluador primario deberá otorgar los puntajes a través de las planillas confeccionadas para tal fin, las cuales forman parte del presente Reglamento.

Artículo 7º.- Indices de Ponderación

Cada subfactor se valorará con un índice de ponderación, el cual variará dependiendo del cargo del funcionario.

Los índices de ponderación, variarán según sean funcionarios con o sin funciones de supervisión. A aquellos funcionarios con funciones de supervisión sin funcionarios a su cargo, se les evaluará con los primeros tres factores, utilizando los índices de ponderación de los que tienen cargos con supervisión.

Para los cargos con funciones de supervisión, los índices de ponderación de los subfactores serán:

Factores:

1. Rendimiento y Calidad

- Cantidad de trabajo (3);

- Calidad de la labor realizada (5);

- Preocupación por el servicio (5);

2. Condiciones personales

- Conocimiento del trabajo (4);

- Interés por el trabajo (5);

- Capacidad para realizar trabajos en grupo (4);

- Relaciones Interpersonales (3);

3. Comportamiento del funcionario

- Asistencia y puntualidad (4);

- Cumplimiento de normas e instrucciones (4);

- Prolijidad y Aseo (3);

4. Aptitudes en cargos de supervisión y Responsabilidad

- Supervisión (4);

- Toma de decisiones (5);

- Logro de objetivos y metas (5);

- Iniciativa (5);

- Compromiso y Responsabilidad (4);

Para los cargos sin funciones de supervisión, los índices de ponderación de los subfactores serán:

Factores:

1. Rendimiento y Calidad

- Cantidad de trabajo (4);

- Calidad de la labor realizada (5);

- Preocupación por el servicio (4);

2. Condiciones personales

- Conocimiento del trabajo (5);

- Interés por el trabajo (4);

- Capacidad para realizar trabajos en grupo (4);

- Relaciones Interpersonales (3);

3. Comportamiento del funcionario

- Asistencia y puntualidad (5);

- Cumplimiento de normas e instrucciones (5);

- Prolijidad y Aseo (4);

Artículo 8º.- Deméritos

Se considera demérito toda acción u omisión del funcionario a sus obligaciones estatutarias, infracciones a las instrucciones y órdenes de servicio y todo atraso en la entrega de sus trabajos, teniendo la Administración la obligación de dejar constancia en su legajo personal.

Todo demérito se deducirá del puntaje obtenido en la calificación del factor Comportamiento del Funcionario.

Artículo 9º.- Deducción de Deméritos

Todo demérito que conste en el legajo del funcionario se deducirá del factor "Comportamiento del Funcionario". Los mismos serán informados por la División Administración de Personal - Departamento de Registros y Controles, cuando el evaluador primario lo solicite dentro del mes de mayo.

a) Aquel funcionario que tenga inasistencias injustificadas y/o ingresos o egresos fuera de hora sujetos a descuento, no podrá tener en el subfactor "Asistencia y Puntualidad" un puntaje mayor a los siguientes:

 

b) Toda otra conducta que configure demérito según el artículo anterior, gravitará en el subfactor "Cumplimiento de normas e instrucciones", no pudiendo el evaluador primario darle un puntaje mayor a 5 cuando sean amonestaciones, en tanto no podrá ser superior a 3 cuando sean suspensiones.

CAPITULO III

EVALUACIONES PRIMARIAS

Artículo 10.- Definición de Evaluador Primario

Se entiende por Evaluador Primario, al funcionario que, como consecuencia de sus tareas, tiene personal directamente a su mando, y ocupe un cargo de jefatura; debiendo tener como mínimo un grado más que los funcionarios a evaluar.

La nómina de los Evaluadores Primarios, deberá ser elaborada en el mes de marzo por los Directores Generales y la Secretaría mediante resolución, debiendo ser publicada en Intranet y en cartelera por un plazo de cinco días hábiles.

Artículo 11.- Cometidos del Evaluador Primario

El evaluador primario tendrá los siguientes cometidos:

a) Efectuar las informaciones primarias correspondientes a cada funcionario de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º, comenzando el primer día hábil del mes de mayo, elevándolas como máximo a la Junta de Calificación el último día hábil del mismo mes del año en que corresponda calificar, previo cumplimiento del literal b) del presente artículo.

Las mismas tendrán valor de acto preparatorio.

b) Poner en conocimiento sus evaluaciones a los jerarcas superiores siempre que estos no integren la Junta de Calificaciones. Dichos jerarcas dispondrán del plazo de cinco días hábiles en el mes de mayo para firmarlas y hacer las observaciones que crean pertinentes.

c) Informar verbalmente a los funcionarios supervisados, acerca del puntaje otorgado en las Evaluaciones Primarias y explicar los aspectos que originaron los conceptos vertidos, dentro del plazo establecido en el literal a) del presente artículo.

Artículo 12.- Capacitación

La Cámara de Senadores, por medio de su Secretaría, organizará cursos de capacitación para los evaluadores primarios y los miembros de la Junta de Calificación en la segunda quincena del mes de abril, a los efectos de uniformizar criterios a aplicar en la función.

Artículo 13.- Diversidad de Supervisores

Cuando un funcionario hubiere tenido sucesivamente más de un Supervisor en el período de evaluación, el informe será producido por quien lo supervisó durante el lapso mayor.

Cuando por cualquier circunstancia no fuere posible dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, el informe será formulado por quien se encuentre en ejercicio de la supervisión al momento en que el mismo deba producirse.

En ambos casos se recabará la información de los supervisores que el funcionario haya tenido.

Artículo 14.- Funcionarios en Comisión

A los efectos de la evaluación de los funcionarios con pase en comisión, ésta será realizada por el Jerarca de la Oficina en la que el funcionario se encuentre prestando efectivamente servicios, al cual se le enviarán por medio de la Secretaría del Senado los formularios e instructivos correspondientes, teniendo las mismas obligaciones que los funcionarios de la Cámara de Senadores que ejercen funciones de evaluadores primarios.

La Secretaría del Senado remitirá dicha evaluación a la Junta de Calificaciones, quien podrá requerir información ampliatoria en caso de entenderlo necesario.

Si la evaluación no es enviada en tiempo y forma, se tomará en cuenta la calificación anterior.

Artículo 15.- Servicios Parciales y Especiales

A) Servicios parciales con causas justificadas

Cuando por causas justificadas el funcionario hubiera prestado servicios parcialmente dentro de ese período, será igualmente evaluado, excepto que el plazo trabajado fuera inferior a tres meses, en cuyo caso se tomará en cuenta la calificación anterior.

B) Servicios parciales con causas injustificadas

Los funcionarios que hubieren prestado servicios en forma parcial por causas no justificadas, serán evaluados por los períodos en que efectivamente hubiesen trabajado, a cuyos efectos se abatirá porcentualmente el puntaje resultante de la aplicación de los factores de acuerdo al literal a) del artículo 9º del presente Regla-mento.

C) Servicios especiales

A efectos de la evaluación serán considerados como prestando efectivamente tareas en su oficina de origen:

a) Los funcionarios en Misión Oficial;

b) Los funcionarios en cumplimiento de cursos o

pasantías de perfeccionamiento, así como el desempeño de tareas docentes, o la concurrencia a congresos o simposios u otros actos de análoga naturaleza realizados todos ellos dentro o fuera del país, cuando sean declaradas por el jerarca del servicio convenientes para el organismo.

D) Funcionarios sometidos a sumario

Los funcionarios sometidos a sumario administrativo no podrán ser objeto de calificación hasta tanto recaiga resolución definitiva.

Concluido el sumario y teniendo efectivo conocimiento de la resolución que puso fin al procedimiento, el jerarca deberá efectuar la evaluación que corresponda en un plazo de cinco días hábiles, por el período efectivamente trabajado.

Dicha evaluación se elevará a la Junta que evaluó el mismo grado del escalafón del funcionario, integrándose ésta especialmente para el caso, la que efectuará la calificación del funcionario en un plazo de cinco días.

CAPITULO IV

JUNTA DE CALIFICACION

Artículo 16.- Juntas de Calificación

La Secretaría designará las Juntas de Calificaciones, debiendo existir una única Junta de Calificación por cada grupo de funcionarios que puedan eventualmente concursar por un mismo grado.

Artículo 17.- Integración de las Juntas de Calificación

Cada Junta será nombrada por la Secretaría el primer día hábil del mes de mayo, la cual actuará con autonomía técnica y estará integrada por los siguientes funcionarios:

El Director General, jerarca del área a calificar.

Un Director de Area o equivalente, que tendrá la calidad de miembro variable y actuará en cada oportunidad en que se califiquen los respectivos funcionarios.

Un representante de los funcionarios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º, numeral 9) del presente Reglamento.

En el caso del Escalafón C - Serie Administrativa, la integración de la Junta de Calificación se compondrá

por el o los Directores Generales, los Directores de

Area correspondientes y el representante de los funcionarios.

Artículo 18.- Integración Especial

Cuando por la jerarquía del funcionario a evaluar, sea imposible integrar la Junta de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior, la calificación será realizada por los tres Directores Generales y un representante de los funcionarios con voz y sin voto, por no poder dar cumplimiento al principio del numeral 9º del artículo 2º y al artículo 19, electo de acuerdo a los artículos 21 y 22.

Artículo 19.- Jerarquía de los miembros de la Junta

La Jerarquía de los miembros de la Junta deberá ser superior a la de los funcionarios a calificar, para asegurar la independencia de sus juicios respecto a los calificados.

Artículo 20.- Cometidos de la Junta de Calificación

La Junta deberá efectuar la calificación de los fun-cionarios, dando a conocer a los calificados sus decisio-nes.

Será obligación de la Junta convocar a una reunión conjunta a los evaluadores primarios cuando califiquen a los funcionarios que éstos evaluaron; asimismo, la Junta tendrá el derecho de hacer concurrir a aquellos evaluadores a que refiere el literal b) del artículo 11 para ilustrar a la misma de sus observaciones.

En caso que los puntajes otorgados por ésta sean diferentes a los primarios deberá fundamentar su decisión.

Las Juntas consignarán sus actuaciones en actas firmadas por todos sus integrantes, contando con el apoyo de una secretaría ejercida por funcionarios designados por los jerarcas del Senado a tales efectos.

La Secretaría no podrá ser integrada por funcionarios del grado al que se esté calificando.

Artículo 21.- Representante de los Funcionarios

Será responsabilidad de la Secretaría del Senado en la primera quincena del mes de abril, convocar, comunicar y apoyar la elección de los funcionarios que representarán al personal y sus dos suplentes, quienes deberán tener una antigüedad mínima de cinco años en la Cámara de Senadores.

La elección se hará por voto secreto no obligatorio.

Si vencido el período, no se hubieran elegido a los representantes de los funcionarios, actuarán en esa calidad los electos en el período anterior.

Artículo 22.- Mecanismo de elección de los Representantes del Personal

Cada funcionario propondrá por escrito y en sobre cerrado el nombre de un único candidato. Integrará la Junta quien reúna la mayor cantidad de sufragios, siendo suplentes quienes le sigan en cantidad de votos.

En caso de empate, se designará al funcionario con mayor antigüedad en el Senado.

Artículo 23.- Publicidad - Plazo

La integración de las Juntas, será publicada en la cartelera del Senado y en Intranet durante cinco días hábiles a partir del primer día hábil del mes de mayo, de forma que asegure su conocimiento por parte de todos los funcionarios.

Toda modificación relativa al órgano calificador deberá ser publicada en la misma forma del inciso anterior, dentro de los cinco días hábiles de producido.

Artículo 24.- Recusación - Excusación

A los solos efectos de su calificación individual, los funcionarios podrán recusar en forma fundada por escrito a los miembros de las Juntas, cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pudiera comprometer la imparcialidad en la calificación.

La excusación del funcionario integrante de la Junta se aceptará por la Secretaría del Senado, cuando éste deba calificar a parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo grado.

La excusación o la recusación no produce suspensión del procedimiento, ni implica la separación automática del funcionario interviniente; no obstante, la autoridad competente para decidir puede disponer preventivamente la separación.

La recusación o la excusación deberán presentarse por escrito ante la Secretaría del Senado, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la publicación a que refiere el artículo anterior.

El Jerarca decidirá en forma definitiva y sin ulterior recurso, por medio de resolución fundada.

Artículo 25.- Sustitución de Miembros de la Junta de Calificación

Los cargos de los miembros de las Juntas de Calificación, no son renunciables, salvo:

a. Fuerza mayor o caso fortuito;

b. Recusación;

c. Excusación.

Serán reemplazados en caso de impedimento debidamente fundado, debiendo la Secretaría sustituir a quien corresponda; salvo en el caso del representante de los funcionarios, en el que actuará su suplente.

Artículo 26.- Constitución de la Junta

Las Juntas se constituirán dentro de la segunda quincena del mes de mayo.

Para sesionar se requerirá la presencia de todos sus miembros y sus resoluciones deberán ser adoptadas por mayoría simple.

Artículo 27.- Plazo de expedición de la Junta

La Junta deberá expedirse en treinta días corridos a partir de la fecha de su instalación, pudiendo dicho plazo prorrogarse por única vez por cinco días hábiles. El vencimiento del plazo no eximirá a la Junta de su obligación.

Artículo 28.- Coordinación y control del Proceso

La planificación y coordinación general del proceso de calificación, será responsabilidad de la Secretaría del Senado, que tendrá la responsabilidad de la elaboración de las instrucciones, el control del funcionamiento del sistema y sus resultados.

CAPITULO V

PUBLICACION Y RECURSOS

Artículo 29.- Publicación de las calificaciones - Plazo

La Junta de Calificación confeccionará con las calificaciones, las nóminas ordinales por escalafón y grado, de acuerdo al resultado que arrojen los cómputos obtenidos, las que serán publicadas en cartelera y en Intranet, durante el plazo de cinco días hábiles.

Artículo 30.- Notificación a los funcionarios

Simultáneamente, el Area de Recursos Humanos notificará entregando copia sellada y datada a los funcionarios de su calificación, siendo una carga de estos últimos concurrir a la oficina correspondiente dentro del plazo mencionado en el artículo anterior.

Si no se hiciere presente o se negare a notificarse en el plazo establecido, se dará por suficientemente notificado dejándose la constancia respectiva en su legajo personal.

La Secretaría del Senado, establecerá el procedimiento a seguir en el caso de situaciones especiales en las cuales sea imposible la notificación personal, tales como: telegrama colacionado certificado con aviso de entrega, por carta certificada con aviso de retorno, télex, fax o cualquier otro medio idóneo que proporcione certeza en cuanto a la efectiva realización de la diligencia y a su fecha, así como a la persona a la que se ha practicado.

Artículo 31.- Plazo para la presentación de observaciones

Los funcionarios podrán solicitar revisión ante la Junta de Calificación, cuando constataren errores numéricos en la confección de las planillas y sus puntajes.

Dispondrán de cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación para presentarse ante la Junta de Calificación y formular las respectivas observaciones. Estas deberán ser fundadas y por escrito.

Ante la solicitud, la Junta de Calificación confirmará o modificará lo actuado, y se dará vista al interesado dentro de los cinco días hábiles de recibida la solicitud.

Artículo 32.- Presentación de recursos

Las calificaciones definitivas serán recurribles, sin efecto suspensivo, mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico en forma conjunta y subsidiaria, dentro del término de diez días corridos y siguientes al de su notificación personal, a las siguientes autoridades:

a) Revocación ante la Junta de Calificación;

b) Jerárquico ante la Presidencia del Senado.

CAPITULO V

SANCIONES

Artículo 33.- Incumplimiento - Sanciones

El incumplimiento por parte de los funcionarios intervinientes en el proceso calificatorio de las obligaciones impuestas por este cuerpo normativo, se reputará omisión grave de los deberes del cargo o función y dará lugar a la instrucción del sumario correspondiente.

El inicio de las actuaciones será responsabilidad del Director General del Area respectiva o jerarca máximo de la dependencia de que se trate, el que incurrirá en falta grave en caso de omisión de su obligación al respecto, dando lugar a la instrucción de sumario.

El incumplimiento de las normas establecidas en el inciso anterior llevará anexa la calificación del funcionario como "insuficiente", en el período que corresponda a dicha evaluación, dejándose expresa constancia en su legajo.

ETAPAS DEL PROCESO

 

 

CAPITULO VI

CONCURSOS

Artículo 34.- Requisitos

Las vacantes que se produzcan serán provistas mediante concurso entre funcionarios que ocupen cargos dentro del respectivo escalafón, y que correspondan al grado inmediato inferior al de la vacante a proveer, debiendo poseer una antigüedad mayor a los dos años en el escalafón, un año en el grado y haber obtenido un porcentaje en el elemento calificación de por lo menos el cincuenta por ciento.

Artículo 35.- Segundo Llamado

Si no se presentaren postulantes en las referidas condiciones o ninguno de ellos alcanzare el mínimo exigido del setenta por ciento del concurso, se hará un segundo llamado. En este caso, se habilitará a postularse a aquellos funcionarios que ocupen en el mismo escalafón el grado inmediato inferior a los anteriormente referidos y así sucesivamente, quienes concursarán en forma conjunta y en la misma instancia con los funcionarios habilitados en el primer concurso declarado desierto.

Para estos casos, no se tendrá en cuenta el elemento de la antigüedad en el cargo para ninguno de los concursantes.

Artículo 36.- Oportunidad y condiciones del llamado

Producida una vacante, la Secretaría del Senado deberá llamar a concurso dentro de un plazo de noventa días.

La resolución que así lo disponga, deberá contener:

a. Individualización del escalafón, grado y serie de la vacante.

b. Fecha de realización de la prueba de capacidad y del plan operativo cuando corresponda, la cual no podrá ser fijada en un plazo inferior a treinta, ni superior a cuarenta y cinco días a partir de la fecha de la resolución.

c. Bases para la prueba de capacidad y el plan operativo.

d. Fecha de elección del representante de los funcionarios que integrará el Tribunal.

e. Comunicar al Area de Recursos Humanos la fecha del concurso para que ésta procese y envíe en tiempo y forma la información al Tribunal sobre los elementos: calificaciones, antigüedad y méritos académicos.

f. Llamar por concurso abierto para seleccionar el experto en los casos que se requiera una integración especial del Tribunal.

La Resolución deberá publicarse en cartelera e Intranet durante quince días corridos, sin perjuicio de la notificación personal a cada uno de los funcionarios con derecho a postularse al concurso.

Artículo 37.- Características del concurso

Los concursos se realizarán tomando en cuenta:

a. las calificaciones;

b. la antigüedad;

c. los méritos académicos;

d. La prueba de capacidad, y

e. El plan operativo en los grados que corresponda.

Artículo 38.- Puntuación y porcentajes de los elementos del concurso

Al realizarse la puntuación, cada uno de los elementos tendrá los siguientes porcentajes, que variarán dependiendo del grado de la vacante, salvo la antigüedad y los méritos académicos que en todos los grados tienen el mismo peso.

1. Concursos para grados sin funciones de supervisión:

1. a.- Calificaciones 60%

1. b.- Antigüedad (en el Senado - 2%) 5%

                                (en el grado - 3%)

1. c.- Méritos académicos 10%

1. d.- Prueba de capacidad 25%

2. Concursos para grado Jefe de Departamento (o grado equivalente):

2. a. Calificación 55%

2. b.- Antigüedad (en el Senado - 2%) 5%

                                (en el grado - 3%)

2. c.- Méritos académicos 10%

2. d.- Prueba de capacidad 30%

3.- Concursos para grado Jefe de División (o grado equivalente):

3. a. Calificación 50%

3. b.- Antigüedad (en el Senado - 2%) 5%

                                (en el grado - 3%)

3. c.- Méritos académicos 10%

3. d.- Prueba de capacidad 35%

4.- Concursos para grado Director de Area (o grado equivalente):

4. a.- Calificación 45%

4. b.- Antigüedad (en el Senado - 2%) 5%

                                (en el grado - 3%)

4. c.- Méritos académicos 10%

4. d.- Prueba de capacidad 24%

4. e.- Plan Operativo 16%

5.- Concurso para grado de Director General:

5. a.- Calificación 40%

5. b.- Antigüedad (en el Senado - 2%) 5%

                                (en el grado - 3%)

5. c.- Méritos académicos 10%

5. d.- Prueba de capacidad 27%

5. e.- Plan Operativo 18%

a. Calificaciones

El funcionario mejor calificado entre los concursantes, tendrá el porcentaje total dado al elemento, el cual variará dependiendo del grado a concursar, siendo éste parámetro para determinar los porcentajes de los demás participantes.

b. Antigüedad

Se calculará desde la fecha en que el funcionario haya ingresado a prestar funciones en la Cámara de Senadores.

La misma tendrá un valor del 5% en el total de la puntuación.

Se computará la antigüedad por lo servicios prestados en la Cámara de Senadores, así como los años en el grado.

Los servicios en el Senado tendrán un valor del 2%, tomándose como referencia 52 años (624 meses) como máximo de servicios.

A los servicios en el grado se les dará un valor del 3%, tomándose como referencia a aquel concursante con más años en el grado.

La unidad de cómputo será de un mes completo. Las fracciones menores a quince días no se tendrán en cuenta a esos efectos, en tanto aquellas iguales o superiores a quince días se computarán como un mes completo.

La oficina correspondiente del Area de Recursos Humanos será la encargada de computar la antigüedad y hacerla llegar en tiempo y forma al Tribunal.

c. Méritos académicos vinculados

El funcionario mejor calificado en este elemento, tendrá un peso del 10%, quien será parámetro para puntear a los demás participantes del concurso.

Los méritos presentados por el funcionario hasta 90 días de la fecha del concurso, deberán ser evaluados, punteados y notificados personalmente al interesado por la oficina que corresponda del Area Recursos Humanos, la cual determinará cuáles méritos están vinculados o no a la función, teniendo valor únicamente los vinculados. Los mismos se acumularán a los méritos evaluados en anteriores procedimientos calificatorios.

Los funcionarios tendrán derecho a una solicitud de revisión durante 5 días hábiles a partir de la notificación personal. Ante dicha solicitud la Administración por me-dio de la oficina correspondiente, confirmará o modificará su actuación, dándose vista al interesado en el mismo pla-zo.

d. Prueba de capacidad

La misma tendrá un puntaje máximo de cien puntos, equivalente al porcentaje total dado el cual variará según el grado de la vacante a concursar.

Los porcentajes serán los siguientes:

- Prueba para concursar para grados sin funciones de supervisión 25%.

- Prueba para concursar para Jefe de Departamento (o grado equivalente) 30%.

- Prueba para concursar para Jefe de División (o grado equivalente) 35%.

- Prueba para concursar para Director de Area (o grado equivalente) 24%.

- Prueba para concursar para Director General 27%.

e. Plan Operativo

El mismo tendrá un puntaje máximo de cien puntos equivalente al porcentaje total dado, el cual variará dependiendo del grado a concursar.

Los funcionarios que deberán cumplir con este elemento serán aquellos que concursen por el grado de Director de Area (o grado equivalente) y de Director General.

Los porcentajes serán los siguientes:

- Plan Operativo para concursar para Director de Area (o grado equivalente) 16 %.

- Plan Operativo para concursar para Director General 18%.

Los funcionarios deberán realizar ambas pruebas en el mismo día, en horario corrido.

En la defensa del plan necesariamente el Tribunal se deberá integrar con un especialista en la materia, externo al Parlamento.

Artículo 39.- Bases para la prueba de capacidad y el Plan Operativo

Las bases para la prueba y el plan operativo, serán establecidas por la Presidencia, la Secretaría y el/los Directores Generales, con el apoyo cuando sea pertinente, de un asesor idóneo en la materia a concursar.

La temática de los planes operativos deberá respetar el perfil del cargo del concursante.

Dichas bases se incluirán en la resolución del llamado a concurso, entregándoseles a los funcionarios conjuntamente con el material de estudio en el momento de la inscripción.

Artículo 40.- Tipo de Prueba

La Secretaría y el/los Directores Generales determinarán el tipo de prueba acorde al escalafón y grado de la vacante, pudiendo ser por múltiple opción o cuestionario.

Artículo 41.- Condiciones de las Pruebas de Capacidad y Planes Operativos

Las pruebas de capacidad y los planes operativos sin excepción, deberán cumplir las siguientes condiciones:

a. Toda prueba escrita, deberá ser redactada en un mismo programa informático, con la misma letra y tamaño; en tanto las pruebas de múltiple opción, deberán ser hechas con lapicera azul, marcando en la forma que se determine.

b. Los concursantes se ubicarán en un mismo lugar físico, cubriendo la Administración todas las necesidades que puedan requerir, así como las comodidades para llevar a cabo la prueba.

c. La temática a estudiar por los concursantes deberá englobar todas las materias propias del escalafón, como también aquellas vinculadas a la normativa constitucional del Poder Legislativo y reglamentaria de la Cámara de Senadores.

El nivel exigido en las mismas dependerá del grado de la vacante a concursar.

d. La elección de los temas se hará por sorteo, de un bolillado que identifique a los temas o materias.

Aquellos funcionarios que no superen el 50% de la puntuación de la prueba, o del plan operativo, serán descalificados, como también lo serán quienes en el desarrollo de la misma hayan cometido alguna irregularidad.

Artículo 42.- Anonimato

Con el fin de asegurar el anonimato para la corrección de las pruebas de capacidad y el Plan Operativo, se aplicará el siguiente procedimiento:

a. El Tribunal preparará en número suficiente para todos los concursantes, parejas de sobres que contengan en su interior tarjetas con un mismo número. Ambos sobres serán cerrados y lacrados, quedando unidos entre sí por una grapa en el ángulo superior izquierdo.

b. Terminada la prueba, cada concursante en presencia de un miembro del Tribunal, tomará al azar una pareja de sobres y los desprenderá. Uno de los sobres será engrapado por el concursante en el ángulo superior izquierdo con su prueba, de tal manera que ésta pueda ser corregida sin necesidad de desprenderlo. El otro sobre será firmado por el concursante, quien deberá conservarlo intacto a fin de comprobar posteriormente que la prueba le pertenece.

c. Seguidamente, el concursante colocará las hojas que contienen su prueba en un sobre más grande que será cerrado con una grapa por el interesado y entregado a un miembro del Tribunal para que éste, en presencia de aquel y demás miembros del Tribunal, lo coloque en un recipiente junto a las pruebas realizadas por los otros concursantes.

d. Los sobres utilizados en este procedimiento no podrán tener marcas ni señal alguna que los pueda identificar, a excepción del membrete.

Los sobres serán abiertos en presencia de todos los integrantes del tribunal, quienes rubricarán cada una de las hojas de las pruebas, estando éste obligado a descalificar al concursante cuya prueba tenga señales claras y evidentes de identificación.

Artículo 43.- Defensa de los Planes Operativos

La defensa de los planes operativos, se hará en forma oral ante el Tribunal una vez que éste los haya corregido.

Tanto la corrección, como la defensa se harán dentro del plazo que indica el artículo 50 del presente Reglamento.

En caso de empate en la votación de la corrección y/o defensa, el especialista en la materia tendrá la responsabilidad de decidir.

Artículo 44.- Valor de la puntuación

El tribunal calificará mediante la asignación de puntajes o porcentajes a los elementos descriptos en el artículo 38.

Todos los elementos deberán traducirse en porcentajes, obteniendo con la sumatoria de todos ellos el porcentaje total del concurso, el cual tendrá como máximo un redondeo a dos decimales. La aproximación por decimales se hará de la siguiente forma: cuando sea 5 o superior a él se redondeará al próximo superior, en tanto si es inferior a 5 se hará hacia el próximo inferior.

Artículo 45.- Reconocimiento a la Carrera Administrativa

En base a los principios de Igualdad y Buena Administración, se adicionará a aquellos funcionarios que ejerzan funciones dentro de sus respectivos escalafones un complemento de un veinticinco por ciento sobre su puntaje final en el elemento calificación, y a los funcionarios que las ejerzan para la Administración del Senado, pero fuera de su escalafón se les adicionará el citado complemento de un veinte por ciento.

El complemento referenciado se adjudicará por cuartas partes, según se hayan trabajado en las condiciones indicadas en el inciso anterior. La unidad de cómputo será de un semestre completo, llegando a los porcentajes totales cuando el funcionario haya trabajado los cuatro semestres de los dos años calificables.

Artículo 46.- Integración del Tribunal del Concurso

El tribunal tendrá la siguiente integración, la cual variará dependiendo de la Unidad Ejecutora y de los escalafones:

a.- Un Secretario o Prosecretario, designado por el Presidente para esa oportunidad.

b.- Un representante de los funcionarios, electo por los concursantes inscriptos, bajo el mismo procedimiento previsto en los Arts. 21 y 22 del presente reglamento, en la fecha que la Secretaría determine según Resolución del artículo 36.

c.- El Director del Área del escalafón del cargo a concursar, o en su defecto, el Director General del Área.

d.- De acuerdo al artículo 38 literal e), un idóneo en la materia propia del concurso designado por la Presidencia, con funciones de apoyo técnico al Tribunal, para evaluar la capacidad de los funcionarios participantes, siendo imprescindible la participación del mismo en la defensa del plan operativo que presenten los concursantes, teniendo en esta oportunidad voz y voto. El mismo no podrá revestir la calidad de funcionario parlamentario, debiendo ser seleccionado por concurso abierto.

Artículo 47.- Integración del Tribunal - Escalafones Profesionales y Técnicos

A los efectos de evaluar las pruebas y planes operativos en los escalafones Profesionales y Técnicos, se deberá integrar el Tribunal con dos profesionales en la materia a concursar contratados por medio de concurso abierto a tales efectos, además de los indicados en el artículo anterior.

Los mismos deberán participar en las bases del concurso.

Artículo 48.- Integración Especial del Tribunal

Cuando por la jerarquía del grado a concursar, sea imposible integrar el Tribunal de acuerdo a lo previsto en el artículo 46, el mismo se integrará con dos jerarcas superiores de la Cámara de Senadores, un representante de los funcionarios con voz y sin voto y un técnico externo que será llamado por concurso público y abierto.

Artículo 49.- Publicidad - Recusación - Excusación

La integración del Tribunal será publicada en cartelera y en intranet por un plazo de cinco días hábiles durante cinco días hábiles para asegurar el acceso al conocimiento por parte de todos los funcionarios, quienes podrán recusar a sus miembros por razones fundadas, o ellos mismos solicitar la excusación según lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del presente Reglamento.

Artículo 50.- Notificación primaria

Una vez realizadas las pruebas del concurso y los planes operativos cuando correspondan, el Tribunal deberá expedirse en un plazo improrrogable de treinta días corridos, debiendo notificar a los concursantes los puntajes de todos los elementos del concurso mencionados en el ar-tículo 38 del presente Reglamento, en un plazo de cinco días hábiles.

Si los funcionarios advierten errores de hecho o en las cifras resultantes de los puntajes en las planillas de promoción, podrán presentar ante el Tribunal del Concurso, sus observaciones de acuerdo a lo establecido en el Art. 32 del presente Reglamento.

Artículo 51.- Empate de Concursantes

En caso de empate, el Tribunal decidirá por aquel funcionario que tenga el mejor porcentaje de los elementos en base al siguiente orden:

a. Calificaciones;

b. Prueba de Capacidad;

c. Plan Operativo cuando corresponda;

d. Méritos Académicos;

e. Antigüedad en el cargo;

f. Antigüedad en la Cámara de Senadores.

Artículo 52.- Remisión de Puntajes

Luego de vencidos los plazos del artículo 50º el Tribunal deberá remitir los puntajes del concurso a la Presidencia, estableciendo el orden de prelación para los cargos vacantes por los cuales se concursó, debiendo declarar al mismo desierto en caso de que ningún concursante alcance el puntaje del 70%.

Artículo 53.- Actas

El Tribunal consignará todas sus actuaciones en actas firmadas por todos sus integrantes.

Artículo 54.- Suspensión de plazos

Todos los plazos referidos en el presente capítulo, se suspenderán durante el receso parlamentario.

CAPITULO VII

ASCENSOS

Artículo 55.- Concepto

El ascenso es la promoción o adelanto en la situación jerárquica de los funcionarios que, generalmente, apareja modificaciones o cambio de sus atribuciones, competencia y responsabilidad, y mejoramiento económico por virtud de los aumentos de sueldo, consistente en la selección conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento del que mejor cumple con la descripción técnica del cargo a concursar. Reunidos dichos requisitos, el derecho a ascender es la situación jurídica de interés legítimo consistente en la potestad de competir para probar que se es el más apto y en tal caso ser designado en el cargo a proveer, conforme a las reglas de derecho y de buena administración.

Artículo 56.- Designaciones y publicación

Las designaciones en los cargos a proveer por ascenso, serán realizadas por resolución presidencial, en un plazo de cinco días hábiles, a partir de la remisión del artículo 52. Dicha resolución se notificará en forma personal a los funcionarios concursantes a través de la oficina que corresponda del Área de Recursos Humanos en igual plazo, dándole publicidad en cartelera y en intranet, durante un plazo de cinco días hábiles.

Artículo 57.- Promociones - Recursos

Los funcionarios que se consideren perjudicados por la resolución presidencial de designación a la vacante, dispondrán de un plazo de diez días corridos a contar desde el día siguiente a la fecha de la notificación personal de las promociones para interponer el recurso de revocación, conforme a lo dispuesto en el artículo 317 de la Constitución.

Artículo 58.- Incumplimiento - Sanciones

El incumplimiento de las obligaciones por parte de los funcionarios integrantes del Tribunal, así como, de aquellos funcionarios cuyas oficinas estén vinculadas al concurso, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el Art. 33 del presente Reglamento.

Artículo 59.- Situaciones no previstas

En todas las situaciones no previstas por este Reglamento, la Presidencia de la Cámara de Senadores resolverá en forma definitiva.

Artículo 60.- Derogaciones

A partir de la vigencia del presente Reglamento, quedarán derogadas todas las disposiciones que directa o indirectamente se opongan al mismo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ESPECIALES

A.- A los efectos de llevar a cabo el primer procedimiento de calificación a los funcionarios bajo el presente reglamento, la Presidencia determinará la fecha de realización del mismo, no rigiendo por esta única vez y en forma excepcional el artículo 3º del presente cuerpo normativo.

El mismo no podrá recaer en período de receso parlamentario.

B.- En virtud de la dualidad de criterios aplicada por las máximas jerarquías administrativas en la anterior Legislatura, en relación al tratamiento de las inasistencias de los funcionarios, se dispone para el próximo procedimiento de calificaciones y por esta única vez, que las inasistencias injustificadas que ameritaron descuentos de carácter económico , no serán consideradas como un demérito -siempre y cuando no hayan superado la cantidad de dos en el año- de acuerdo a lo establecido en el literal a) del artículo 9º, del presente Reglamento.

C.- En caso de no poder integrarse la Junta de Calificaciones debido a no tener Director el área del funcionario a calificar, el mismo se deberá integrar con otro Director de Area, designado por la Secretaría.

D.- Comisiones Especiales Evaluadoras de Méritos Académicos.

La integración de la Comisión Especial encargada de evaluar los méritos académicos, se integrará de la siguiente forma:

- El o los Directores Generales o Jerarca del Servicio;

- Dos Jerarcas con funciones de supervisión;

- Un delegado de los funcionarios, electo según artículos 22 y 23 del presente Reglamento.

La función de las Comisiones será la de evaluar y puntear aquellos méritos académicos vinculados a las funciones del escalafón, dejando las bases establecidas para futuras puntuaciones.

El mantenimiento permanente de la puntuación de los méritos académicos, una vez que las Comisiones hayan culminado su labor, corresponderá a la oficina correspondiente del Área de Recursos Humanos.

Cuando no existan antecedentes del mérito a puntear, la oficina correspondiente del Área de Recursos Humanos, deberá asesorarse con tres funcionarios de jerarquía del escalafón que corresponda. Dichos funcionarios serán nombrados por la Secretaría mediante resolución.

En todo procedimiento vinculado para puntear los méritos académicos, será aplicable el literal c) del artículo 38 del presente Reglamento.

ANEXO

1) En lo que refiere a los méritos académicos, se aconsejan las siguientes directivas para puntearlos (tanto los cursos presenciales como virtuales).

En el caso de ser capacitación externa:

(*) - Fuente: Artículo 19 - Decreto 308/995.

 

En caso de ser interna, las Comisiones y la oficina correspondiente en el área de capacitación o la oficina que corresponda, deberían considerar los parámetros anexados en el presente reglamento para puntear cada curso , teniendo en cuenta la carga horaria, la asistencia, si el mismo ha sido aprobado y si es así, con qué calificación.

En caso de ser externa, deberá analizar para dar una puntuación acorde a los cursos dictados o contratados por el Parlamento:

- Haber aprobado el curso.

- Habilitación de la Institución (Obligación por parte de la Administración de la verificación en el Registro correspondiente en el Ministerio de Educación y Cultura).

- Requisitos académicos para poder cursar.

- Tipología: curso, diplomado, licenciatura, doctorado, maestría.

- Duración del mismo.

- Escolaridad obtenida, sellada y firmada por la Institución otorgante del certificado.

- Comprobación de veracidad del certificado por parte de la Administración.

2. Planillas para procedimiento calificatorio

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO PARA EVALUADORES PRIMARIOS

CAMARA DE SENADORES

1.- Se diferencian tres tipos de funcionarios a calificar.

Según sea el funcionario a calificar, es la planilla que utilizará el evaluador primario.

a. Con funciones de supervisión

(Planilla identificada con el Nº 1)

- Escalafón A - Serie Profesional

- Analista Legal

- Contador

- Asistente profesional.

- Escalafón B - Serie Técnica

- Asistente Técnico I

- Asistente Técnico II

- Escalafón C - Serie Secretaría

- Director General

- Director de Área

- Jefe de División

- Secretario de Comisión

- Jefe de Departamento

- Escalafón D - Serie Taquigrafía

- Director General

- Director

- Jefe Revisor

- Revisor Redactor

- Revisor

- Escalafón D - Serie Amplificación

- Director

- Jefe de Departamento

- Especialista en Radiotecnia

- Especialista Radio - Técnico.

- Escalafón E - Serie Impresos

- Sub Director

- Jefe de División

- Jefe de Departamento

- Escalafón E - Serie Locomoción.

- Director

- Sub Director

- Jefe de División

- Jefe de Departamento

- Escalafón F - Serie Intendencia.

- Director de Area

- Sub Director

- Jefe de División

- Jefe de Departamento

- Encargado

- Escalafón R - Serie Sala y Barra

- Jefe de División

- Jefe de Departamento

- Jefe de Turno

b. Con funciones de supervisión sin funcionarios a su cargo (Planilla identificada con el Nº 2)

- Puede darse que dentro de los grados mencionados en el literal anterior, no tengan funcionarios a su cargo. Contemplando esta situación, es que existe esta planilla para evaluar a estos funcionarios.

c. Sin funciones de supervisión (Planilla identificada con el Nº 3)

- Escalafón C - Serie Secretaría.

- Administrativo

- Oficial I

- Oficial II

- Escalafón D - Serie Taquigrafía

- Taquígrafo I

- Taquígrafo II

- Escalafón D - Serie Amplificación

- Oficial I - Técnico

- Escalafón E - Serie Impresos

- Oficial I de Impresos

- Oficial II de Impresos

- Escalafón E - Serie Locomoción

- Chofer

- Escalafón F - Serie Intendencia.

- Oficial de Intendencia

- Oficial I de Intendencia

- Oficial II de Intendencia

- Escalafón R - Serie Sala y Barra

- Oficial Sala y Barra

2.- Forma de contabilizar los subfactores y factores.

Esta función es exactamente igual en las tres planillas.

- Cada factor tiene subfactores.

- A esos subfactores se le dará un puntaje de 1 a 10, el cual deberá ser multiplicado por el índice de ponderación que surge de la planilla.

Ejemplo:

 

 

- Se da un puntaje (de 1 a 10 a cada subfactor)

- Ese puntaje se multiplica por el índice de ponderación que tiene cada subfactor.

- Ese resultado se coloca en la columna de los subtotales.

- Se suman todos los subtotales de todos los subfactores y el resultado de esa suma se coloca en la última columna de la derecha de totales de cada factor.

- La misma operación se hará con todos los factores.

- Una vez que tengamos la puntuación de todos los factores debemos sumarlos para obtener el total final de los factores.

- Teniendo el puntaje total del funcionario, se debe hacer una regla de tres, la cual variará dependiendo del funcionario a evaluar.

- Reglas de tres.

La misma se hará en base a un funcionario ideal (ponderado con 10 en todos los subfactores), teniendo a éste como parámetro para puntear a los demás.

a.- Si el funcionario a evaluar no tiene funciones de supervisión se deberá hacer la siguiente operación:

420 puntos (funcionario 10) ---------- 100 %

X puntos (funcionario evaluado) ----- X %

X % = X puntos del funcionario evaluado x 100 = Calificación del funcionario evaluado.

                                        420 

b.- Si el funcionario a evaluar tiene funciones de supervisión se deberá hacer la siguiente operación:

630 puntos (funcionario 10) ------------ 100%

X puntos (funcionario evaluado) ------- X %

X % = X puntos del funcionario evaluado x 100 = Calificación del funcionario evaluado.

                                         630

c.- Si el funcionario a evaluar tiene funciones de supervisión sin funcionarios a su cargo, se deberá hacer la siguiente operación:

400 puntos (funcionario 10) -------------- 100%

X puntos (funcionario evaluado) --------- X %

X % = X puntos del funcionario evaluado x 100 = Calificación del funcionario evaluado.

                                        400 

- Una vez hechas las evaluaciones de sus funcionarios, deberá elevar las mismas a aquellos jerarcas de igual o superior grado que no integren la Junta de Calificaciones, dentro del mes de mayo. Ese jerarca tendrá 5 días hábiles dentro de dicho mes para hacer las observaciones que crea pertinentes y devolverlas al evaluador primario.

- El evaluador primario deberá elevar las evaluaciones a la Junta de Calificación como máximo el último día hábil del mes de mayo.

INSTRUCTIVO - CONCURSOS

PUNTUACION DE ELEMENTOS

1. Elementos a puntear:

- Calificaciones

- Antigüedad en la Cámara de Senadores

- Antigüedad en el grado

- Méritos Académicos

- Prueba de Capacidad

- Plan Operativo.

2. Dependiendo de la vacante a concursar el peso de los elementos es el siguiente:

 

· Aplicación del artículo 45.

Dicho artículo se deberá aplicar de la siguiente forma en el elemento calificación.

En primer lugar el Tribunal debe ver en donde presta funciones el funcionario, pues dependiendo de ello, el porcentaje a adicionar a la puntuación del elemento calificación variará.

Si el funcionario presta funciones en su propio escalafón, se le adicionará a la puntuación de dicho elemento 25%; en tanto si el funcionario ejerce funciones fuera de su escalafón pero para la Administración del Poder Legislativo, se le adicionará a dicho funcionario 20% a la puntuación final de su calificación.

Si el funcionario presupuestado en la Cámara de Senadores, no presta funciones para la Administración, no se le adicionará ningún porcentaje.

Luego se pasarán a lenguaje porcentual, teniendo en cuenta el valor porcentual dado al elemento calificación que varía según la vacante a concursar.

Ejemplo:

Supongamos que hay una vacante de Jefe de Departamento en el escalafón C (Administrativo).

Al Tribunal le llega la siguiente información:

1. Funcionario XX ejerciendo funciones dentro de su escalafón con 350 puntos.

2. Funcionario XX en la misma condición que el anterior pero con 347 puntos.

3. Funcionario XX ejerciendo funciones fuera de su escalafón pero dentro del Poder Legislativo con 360 puntos.

4. Funcionario XX ejerciendo funciones fuera de su escalafón y fuera del Poder Legislativo con una puntuación de 420.

Pasos a seguir:

- Adicionar el porcentaje que corresponda:

1. 350 puntos + 25% = 437 puntos.

2. 347 puntos + 25% = 433.75 puntos

3. 360 puntos + 20% = 432 puntos

4. 420 puntos sin adicionales, pues ejerce funciones fuera del Poder Legislativo.

- Una vez adicionados los porcentajes, se debe llevar a lenguaje porcentual teniendo en cuenta el porcentaje dado al elemento calificación, que variará dependiendo del tipo de la vacante.

Para este caso, el porcentaje dado tiene un valor de 55%.

Tendrá el total del porcentaje el mejor calificado del grupo, siendo este parámetro para los demás.

En este caso, quien tendrá el 55% será el funcionario Nº 1.

1. 437 puntos ---- 55%

2. 433.75 puntos ------ X%

X = 433.75 x 55 = 54.59

               437

3. 432 x 55 = 54.37%

         437

4. 420 x 55 = 52.86%

          437

Ejercicio demostrativo

Vacante: Jefe de Departamento.

Derecho a postularse: grado inmediato inferior, Administrativos.

Se presentan 4 funcionarios.

El Tribunal debe recibir del Area de Recursos Humanos la siguiente información:

- Calificaciones de los funcionarios concursantes.

- Puntuación de los méritos académicos.

- Antigüedad en la Cámara de Senadores y en el grado actual de los funcionarios a concursar.

- El Tribunal deberá:

- Dependiendo del tipo de prueba (cuestionario o múltiple opción) redactar las preguntas o confeccionar el planillado.

- Una vez realizada la prueba por los funcionarios, se harán cargo de la corrección de las mismas, punteándolas de 1 a 100 en un plazo que no podrá exceder los 30 días corridos.

Operaciones a realizar:

1. Calificaciones.

Aplicación del artículo 45.

Tomamos los porcentajes ya realizados del ejemplo anterior:

Funcionario 1 55%

Funcionario 2 54.59%

Funcionario 3 54.37%

Funcionario 4 52.86%

2. Antigüedad

Antigüedad en la Cámara de Senadores

El parámetro es un funcionario con 52 años de servicio, con un peso del elemento de 2%

Funcionario 1 30 años

Funcionario 2 32 años

Funcionario 3 27 años

Funcionario 4 28 años

52 años ---------- 2%

Funcionario 1

52 años ----------2 %

30 años ---------- X%

X = 30 x 2 = 1.15%

         52

Funcionario 2

52 años --------- 2%

32 años --------- X%

X = 32 x 2 = 1.23%

         52

Funcionario 3

52 años ---------- 2%

27 años ---------- X%

X = 27 x 2 = 1.03%

          52

Funcionario 4

52 años --------- 2%

28 años ---------- X%

X = 28 x 2 = 1.07%

           52

Funcionario 1 1.15%

Funcionario 2 1.23%

Funcionario 3 1.03 %

Funcionario 4 1.07%

Antigüedad en el Cargo

Funcionario 1 18 años

Funcionario 2 15 años

Funcionario 3 16 años

Funcionario 4 17 años

Funcionario 1 es el parámetro para puntear a los demás por tener la mayor antigüedad en el cargo.

18 años ------- 3% (por artículo 38 literal b)

Funcionario 2

18 años --------- 3%

15 años --------- X

X = 15 x 3 = 2.5%

          18

Funcionario 3

18 años --------- 3%

16 años --------- X%

X = 16 x 3 = 2.66

         18

Funcionario 4

18 años -------- 3%

17 años --------- X%

X = 17 x 3 = 2.83

           18

Funcionario 1 3%

Funcionario 2 2.5%

Funcionario 3 2.66%

Funcionario 4 2.83%

3. Méritos Académicos

Funcionario 1 180 puntos

Funcionario 2 165 puntos

Funcionario 3 160 puntos

Funcionario 4 155 puntos

Por artículo 38, literal c), quien tiene la mejor puntuación entre los concursantes, tendrá el 10% del elemento, siendo parámetro para los demás participantes.

Funcionario 1 180 puntos ---------- 10%

Funcionario 2

180 puntos --------- 10%

165 puntos --------- X%

X = 165 x 10 = 9.16%

           180

Funcionario 3

180 puntos ---------- 10%

160 puntos ---------- X%

X = 160 x 10 = 8.88%

          180

Funcionario 4

180 puntos ---------- 10%

155 puntos ----------- X%

X = 155 x 10 = 8.61%

          180

Funcionario 1 10%

Funcionario 2 9.16%

Funcionario 3 8.88%

Funcionario 4 8.61%

4. Prueba de Capacidad

Artículo 38, literal d) 100 puntos ----------- 30% (por ser la vacante Jefe de Departamento o grado similar)

Funcionario 1 98 puntos

Funcionario 2 95 puntos

Funcionario 3 86 puntos

Funcionario 4 91 puntos

Funcionario 1

100 puntos ----------- 30%

98 puntos ------------ X%

X = 98 x 30 = 29.4%

          100

Funcionario 2

100 puntos ---------- 30 %

95 puntos ------------ X%

X = 95 x 30 = 28.5%

         100

Funcionario 3

100 puntos ---------- 30%

86 puntos ----------- X%

X = 86 x 30 = 25.8%

         100

Funcionario 4

100 puntos --------- 30%

91 puntos ----------- X%

X = 91 x 30 = 27.3%

        100

Funcionario 1 29.4%

Funcionario 2 28.5%

Funcionario 3 25.8%

Funcionario 4 27.3%

 

 

 

- Luego deberá notificar en un plazo de 5 días hábiles a los concursantes de sus puntajes (artículo 50).

- Los concursantes podrán solicitar por escrito y de manera fundada una revisión de sus puntajes en un plazo de cinco días hábiles (artículos 31 y 50).

- El Tribunal podrá confirmar o modificar los puntajes en un plazo de 5 días hábiles a partir que recibió la solicitud de revisión por parte del funcionario (Artículos 31 y 50).

- El Tribunal debe remitir los puntajes a Presidencia (artículo 52).

- La Presidencia designará a quien haya ganado el concurso por medio de resolución (artículo 56).

- Dicha resolución se notificará a los funcionarios (artículo 56).

- Aquellos funcionarios que se consideren perjudicados por la resolución podrán presentar recurso de revocación (artículo 57).

Distinción entre grado y cargo - Escalafones

El ordenamiento positivo distingue reiteradamente entre grado y cargo.-

En una carrera, se denomina grado a la situación funcional inherente a cada funcionario; mientras que se denomina cargo o comisión, al conjunto de tareas para las que se destina a un funcionario.

La separación entre grado y cargo, permite a la Administración atender a las necesidades del servicio, el que puede modificar la organización funcional, mediante la creación y supresión de cargos, sin perjudicar la estabilidad de los funcionarios de carrera.-

Vinculando las ventajas del funcionario (sueldo, derecho al ascenso, seguridad contra la cesantía) al grado y no al cargo, la Administración mantiene la discrecionalidad de atender a las necesidades de sus servicios, mediante la creación y supresión de cargos, sin perjudicar la situación de los funcionarios de carrera; cosa que no permite la adscripción fija de un funcionario a un cargo.-

Separando el grado del cargo, la Administración queda en libertad de suprimir cargos, conservando el funcionario su grado y carrera; y -como señala Cassinelli- "cuando la carrera administrativa está organizada por grados, la cesación en el cargo puede no significar la terminación de la relación de servicio: es decir, termina la titularidad del cargo pero no la relación de servicio, perdura la situación del funcionario a la orden de la Administración, en cuyo caso puede quedar en disponibilidad hasta que se le adjudique otro cargo de análogas características correspondiente al grado que posee el funcionario".

ESCALAFON: suele utilizarse con diversos sentidos

A) El escalafón -o grupo ocupacional, como ordenación de cargos, de acuerdo a la especialidad, el grado de complejidad de las tareas y la responsabilidad atribuida al titular.

B) El escalafón como el conjunto de cargos de cierta especialidad, ordenados jerárquicamente, en función del grado de dificultad de las tareas asignadas.

C) Asimismo, conforme a las leyes presupuestales, el escalafón comprende una ordenación de cargos y de actividades contratadas; por lo que también puede definirse como la organización y el ordenamiento de cargos y actividades de la estructura administrativa de una entidad.

En definitiva puede afirmarse que los escalafones son relaciones ordenadas de funcionarios, según la categoría y servicios prestados, hechas con arreglo a las disposiciones legales y reglamentos pertinentes.

INTEGRANTES GRUPO DE TRABAJO II CAMARA DE SENADORES

Sr. John D. Bell

Sra. Lilián Fernández

Sr. Raúl Vila

Sr. Mario Latorre

Dr. Alberto Canessa (Representante de AFUCASE)

Dra. Alejandra Ma. Carrau (Asesora Proyecto de Apoyo al Parlamento Uruguayo)"

7) INASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a la anterior convocatoria, en el caso de que existieran.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

En la sesión ordinaria del día 15 de marzo, no se registraron inasistencias.

Con respecto a las inasistencias de los señores Senadores a sus respectivas Comisiones, cabe informar que a la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del 15 de marzo faltó con aviso el señor Senador Ríos y a la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del mismo día faltaron con aviso los señores Senadores Alfie, Couriel y Tajám; a la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 16 de marzo faltó con aviso el señor Senador Lapaz y a la sesión de la Comisión Especial de Deporte del mismo día faltó con aviso el señor Senador Lapaz; a la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 20 de marzo faltó con aviso el señor Senador Antía; a la sesión de la Comisión Especial de Deporte del 21 de marzo faltaron con aviso los señores Senadores Baráibar, Brause y Lara y a la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del mismo día faltó con aviso el señor Senador Ríos; a la sesión de la Comisión de Hacienda del 23 de marzo faltó con aviso el señor Senador Michelini y a la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del mismo día faltaron con aviso los señores Senadores Larrañaga y Rubio.

8) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Saravia solicita licencia desde el día 3 al 7 de abril inclusive."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 27 de marzo de 2006.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores.

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia al Senado desde el día tres al siete de abril inclusive por motivo de mi participación en actividades de organismos internacionales, en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

Jorge Saravia. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 20 en 21.- Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Fernández Huidobro solicita licencia el día 28 de marzo del corriente."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 27 de marzo de 2006.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores.

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito a usted tenga a bien gestionar licencia por razones personales para el día 28 de marzo de 2006.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Eleuterio Fernández Huidobro. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Senador Breccia, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrare en la Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Breccia)

- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente)

"El señor Senador Sanguinetti solicita licencia desde el día 29 del mes en curso al 7 de abril."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 28 de marzo de 2006.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Al amparo del literal D del Artículo 1º de la Ley 17.827 solicito al Cuerpo que usted preside se me otorgue licencia desde el día 29 del mes en curso al día 7 del mes de abril a fin de participar en los siguientes eventos: Seminario Empresarios de América Latina en la ciudad de Buenos Aires; Misión en Bolivia -Club de Madrid- en la ciudad de La Paz; Seminario Cade 2006 `Partidos Políticos: crisis y desafíos´, que organiza la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa conjuntamente con el PNUD.

Saludo a usted con mi mayor estima.

Julio María Sanguinetti. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 19 en 20. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al señor Washington Abdala.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Rubio solicita licencia por el día 30 de marzo."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 28 de marzo de 2006.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente.

De mi consideración:

Por este medio solicito licencia, al Cuerpo que Usted preside, para el día 30 de marzo de 2006, por motivos personales.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Prof. Enrique Rubio. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada

(Se vota:)

- 19 en 20. Afirmativa.

9) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

"El señor José Bayardi informa que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto."

- Oportunamente se convocará al señor Juan José Bentancor.

10) DESTINO DE CARPETAS DE LA LEGISLATURA ANTERIOR

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado entra al Orden del Día.

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- En la reunión de coordinación de Bancadas del día de hoy se nos informó por parte de Secretaría que, de acuerdo con el Reglamento del Senado, los proyectos de ley que fueron presentados en la Legislatura anterior y no fueron considerados o no se ha solicitado su mantenimiento serán archivados, sin perjuicio de lo cual en cualquier momento los señores Senadores pueden pedir que se saque la carpeta del archivo. De todas maneras, para facilitar el trabajo de las Comisiones, solicito que todos los proyectos de ley a estudio de la Comisión de Hacienda se mantengan sin archivar.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- En virtud de los mismos fundamentos del señor Senador Baráibar, solicito que las Carpetas de la Comisión de Asuntos Internacionales tengan el mismo destino que las de la Comisión de Hacienda.

SEÑOR PRESIDENTE.- Luego se pondrán a votación estas solicitudes.

11) INGENIERO CARLOS CAT. SU DECESO

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: es con profundo pesar que en el día de hoy tenemos que dar cuenta del fallecimiento del ingeniero Carlos Cat, un gran dirigente del Partido Nacional, un gran hombre, que tuvo una importante actividad empresarial, gremial, profesional, que fue candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo por nuestro Partido, integrante del Directorio del Partido Nacional, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Presidente del Directorio Nacionalista, Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Director del Banco de la República, entre otras distinciones políticas que hicieron, precisamente, que el ingeniero Cat honrara la actividad política con brillantez, con esfuerzo, con talento y con enorme inteligencia.

El Partido Nacional seguramente va a solicitar en los próximos días una sesión extraordinaria para que el Senado rinda homenaje a este preclaro ciudadano del país que tanto contribuyó y que con tanto brillo, con tanta honestidad y con tanto esfuerzo siempre desplegó su función. Fue un gran político y un señor en todo el sentido de la palabra. Por estas razones, señor Presidente, queríamos en el día de hoy hacer este breve recordatorio anunciando el planteamiento que seguramente vamos a llevar adelante en los próximos días.

Además, queremos pedir un minuto de silencio en honor a su memoria, a pesar de que sabemos que estamos en el filo del Reglamento -pedimos las disculpas del caso-, pero entendemos que es un acontecimiento excepcional.

Muchas gracias.

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- Momentos antes de entrar a Sala tomamos conocimiento del fallecimiento de una figura realmente estelar de la vida nacional, y nos sentimos profundamente constreñidos.

Hacía más de treinta años que conocía a Carlos Cat y tenía una amistad con él por distintas actividades de la vida social, particularmente por la deportiva, ya que jugamos juntos al rugby en el Club Trouville y en la selección nacional.

Después lo conocí en la vida política. El señor Senador Larrañaga ha historiado todas las actividades con que el Partido Nacional lo honró, las que cumplió con extraordinaria capacidad, lucidez y honradez. Uno siempre sentía que en su actuación como dirigente político había mucho más que todo lo que significa la vida política como elemento de atracción; lo hacía motivado por una vocación de servicio. Uno tenía la sensación de que este hombre asumía la actividad política por un mandato ciudadano, por un mandato de su Partido y por su propia vocación de servicio, sin tener todo ese fuego que a veces marcan las personas -para bien o para mal-, lo que lo llevaba a tomar distancia con relación a su forma de actuar, pero al mismo tiempo lo hacía con profundo compromiso y con profunda vocación. Reitero que la vocación de servicio fue una característica que Carlos siempre ponía de manifiesto, además de su afabilidad y su cordialidad; difícil era verlo enojado, molesto o en una actitud agresiva. Creo que, por el contrario, siempre lo encontrábamos con una sonrisa, con un gesto amable, con una actitud de diálogo y de alegría. Eso era lo mismo que yo sentía cuando nos encontramos muchas veces en la vida política del país.

El Frente Amplio adhiere al homenaje que el Partido Nacional propone y a la congoja que esa colectividad -especialmente el Herrerismo, que lo contaba entre sus filas- siente por la pérdida de uno de sus hombres más preclaros. También saludamos a su familia, que es real-mente un modelo, y a sus muchos hijos que, sin duda, estarán llorando al padre que fue un ejemplo para todos ellos.

Reitero que adherimos al homenaje y, por supuesto, apoyaremos todas las iniciativas que el Partido Nacional proponga en ese sentido porque, sin duda, es un justo y merecido tributo.

Muchas gracias.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: el Partido Colorado adhiere con pesar a las expresiones que aquí se han vertido en homenaje al ingeniero Cat.

Fue un hombre de la industria, donde actuó durante muchos años con inteligencia, probidad, y conocimiento de la vida económica y social del país. También actuó en la vida gremial y deportiva -porque estuvo vinculado al rugby y, de algún modo, también al fútbol- y tuvo una larga trayectoria política a la que se fue vinculando por su capacidad técnica. Su profesión de ingeniero y su capacidad de realización lo llevaron a desempeñar un papel importante en la vida del Partido Nacional y del país.

Su talante amable, su espíritu abierto, su capacidad de razonamiento, su figura de tránsito entre todos los Partidos y todos los sectores de la vida social le generaron un espacio propio, una personalidad respetada. Fue una figura que, por esas características y su reconocida honradez cívica, marcaba un punto de orgullo para nuestra vida política.

Lo conocimos a lo largo de muchos años y siempre tuvo ese mismo espíritu y esa misma actitud de contribución con su Partido y con su país en circunstancias diversas de nuestra historia en los últimos años.

Por estas razones expresamos nuestro profundo pesar al Partido Nacional, que se honró con su actividad, y a su familia, que hoy lamenta su desaparición. Pensamos que también el país pierde con él a uno de sus más preclaros actores.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa comparte las expresiones y queda a la espera de la propuesta del Partido Nacional para la realización del homenaje.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Formulo moción en el sentido de que el Senado se ponga de pie y guarde un minuto de silencio en homenaje al ingeniero Carlos Cat.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa invita a los señores Senadores a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio.

(Así se hace)

12) DESTINO DE CARPETAS DE LA LEGISLATURA ANTERIOR

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde poner a votación la moción formulada por los señores Senadores Baráibar y Couriel en el sentido de que las Carpetas que están a estudio de las Comisiones de Asuntos Internacionales y de Hacienda, respectivamente, queden a estudio de las mismas.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 26. Afirmativa.

13) CAMBIO DE TRAMITE

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar -tal como lo resolvió el Cuerpo- el pasaje de una Carpeta referida al artículo 154 desglosado del Presupuesto Quinquenal, perteneciente al Inciso 06, Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Comisión de Presupuesto. Es una propuesta de la Comisión de Asuntos Internacionales.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) DEUDORES ALIMENTARIOS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el único punto del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se crea el Registro Nacional de Deudores Alimentarios (Carp. Nº 393/05 - Rep. Nº 202/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 393/05

Rep. Nº 202/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Actos inscribibles).- Agrégase al artículo 35 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, la inscripción de los deudores alimentarios morosos en el alcance previsto por esta ley.

Artículo 2º. (Deudores alimentarios).- Se consideran deudores alimentarios, a efectos de su inscripción en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, a aquellas personas que reúnan acumulativamente las siguientes condiciones:

A) Que estén obligadas a servir una pensión alimenticia cuyos beneficiarios sean niños o niñas o adolescentes, menores de veintiún años, o mayores de veintiún años si se trata de personas discapacitadas, habiendo nacido la obligación por sentencia ejecutoriada o convenio homologado judicialmente.

B) Que adeuden más de tres cuotas alimenticias, total o parcialmente, ya sea que se trate de alimentos provisorios o definitivos.

C) Que previamente se le haya intimado judicialmente los adeudos y que el obligado no haya probado fehacientemente que carece momentáneamente de recursos para afrontar las obligaciones alimenticias.

Una vez que sea intimado, si el obligado se encontrase imposibilitado de cumplir, la tramitación de la oposición se realizará por la vía incidental.

D) No será procedente la inscripción en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdic-ciones, cuando de oficio o a petición de parte se acredite que existe una acción de rebaja o de exoneración de la pensión alimenticia no abonada por el obligado, iniciada con anterioridad a la petición de inscripción y esté pendiente de resolución definitiva.

Artículo 3º. (Inscripción).- Verificados los extremos previstos en el artículo 2º de esta ley, el Juez, a pedido de parte, ordenará la inscripción del obligado en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, librando el oficio correspondiente, el que deberá contener:

A) Nombres y apellidos y domicilio del obligado.

B) Número del documento de identidad del obligado. No obstante, si de las actuaciones judiciales no surgiera éste o el acto lo desconociere, el Juzgado hará constar este hecho y ordenará la inscripción.

C) Monto y cantidad de cuotas de pensiones incumplidas.

D) Nombres y apellidos y domicilio de los beneficiarios.

Cuando el oficio fuera librado por un Juzgado Letrado del interior de la República, el mismo deberá ser remitido directamente por la Sede al Registro Nacional de Actos Personales, el que deberá acusar recibo de su inscripción.

Artículo 4º. (Exoneración).- La inscripción del oficio correspondiente estará exenta del pago de tasas o tributos.

Artículo 5º. (Solicitud de cuentas bancarias y tarjetas de crédito).- Las entidades financieras comprendidas por el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y las emisoras de tarjetas de crédito, deberán solicitar información al Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, antes del otorgamiento o renovación de créditos, apertura de cuentas bancarias, emisión y renovación de tarjetas de crédito. Los eventuales costos que insumiera dicha operativa serán de cargo de las entidades financieras referidas o de las emisoras de las tarjetas de crédito. La omisión de este requisito o el otorgamiento cuando el solicitante se encontrare inscripto como deudor en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, hará solidariamente responsable a la entidad financiera por el monto de la obligación alimentaria no cumplida, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que determine el Banco Central del Uruguay por su omisión.

Artículo 6º. (Proveedores del Estado y de personas públicas no estatales).- El Estado, los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, así como las personas públicas no estatales deberán solicitar información al Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, previo a contratar con sus proveedores, a fin de conocer si éstos figuran inscriptos como dedudores alimentarios. En ese caso, no podrán contratar con ellos hasta tanto se levante la referida inscripción. La solicitud de información registral referida alcanza a directores o administradores de las personas jurídicas proveedoras, quedando prohibida la contratación con éstas, en caso de que sus directores o administradores figuren inscriptos como deudores alimentarios.

Artículo 7º. (Modificaciones al Registro).- La inscripción en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, tendrá una duración de cinco años. Transcurrido dicho plazo se dará de baja de oficio.

El Juez, a pedido de parte, ordenará la reinscripción si comprobare que se continúan configurando los extremos establecidos en el artículo 2º de esta ley.

Cuando se acredite el pago de la deuda alimentaria, o a pedido de quien hubiera requerido la inscripción, el Juez dispondrá de inmediato la baja del Registro.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de noviembre de 2005.

Nora Castro

Presidenta

Marti Dalgalarrondo Añón

Secrtario.

Carp. Nº 573/00

Anexo I al

Rep. Nº 87/05

Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME

Señoras y Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración aconseja a la Cámara de Representantes la aprobación del proyecto de ley denominado Deudores Alimentarios.

1) LOS OBJETIVOS DE ESTE PROYECTO.

El proyecto que se pone a discusión del Plenario de esta Cámara constituye un significativo avance en la protección de los niños, adolescentes e incapaces dando herramientas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias de sus padres u otros obligados conforme a la ley.

La Constitución de la República en sus artículos 41 y 42 establece la obligación para los padres del cuidado y educación de sus hijos. Asimismo existe un mandato para nuestro Estado de disponer las medidas necesarias para que la infancia y juventud sean protegidas contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores.

La ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley Nº 16.137) y la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823) han significado un claro avance en el respeto de dichos derechos. Sin embargo para que estos derechos sean realmente efectivos deben instrumentarse legislativamente una serie de medidas que sirvan como garantía de su ejercicio. De lo contrario todas estas normas corren riesgo de quedar en el papel y no ser eficaces.

2) LA SITUACION URUGUAYA.

En el Uruguay existe una de las mayores tasas de divorcio de América Latina, e integra el grupo de países que los especialistas denominan como "high divorce systems" (Goode, 1993). Los sucesivos estudios demuestran que mientras en 1985 el indicador de divorciabilidad mostraba que el 17% de los matrimonios se disolvería, para el 2000 se preveía que las rupturas alcanzarían a un tercio de los matrimonios. Estas cifras no toman en cuenta a las uniones ni a las separaciones de hecho que, según la Encuesta de Situaciones Familiares y Desempeños Sociales, tienen un más alto índice de rupturas que los matrimonios legales.

Existen diversos estudios que han puesto de manifiesto la directa relación que existe entre las rupturas familiares y el deterioro económico de los miembros del núcleo familiar, en particular de las mujeres y los hijos o hijas.

Existen diversos estudios que han puesto de ma-nifiesto la directa relación que existe entre las rupturas familiares y el deterioro económico de los miembros del núcleo familiar; en particular de las mujeres y los hijos o hijas.

Según una muy reciente publicación "ASIGNACIONES FAMILIARES, PENSIONES ALIMENTICIAS Y BIENESTAR DE LA INFANCIA EN URUGUAY" presentada conjuntamente con la Universidad de la República y UNICEF: "Para estimar el porcentaje de padres que no realizan transferencias, se ha trabajado con la información proporcionada por las mujeres separadas o divorciadas de una unión que duró al menos seis meses y que conviven con, al menos un hijo -de esa unión- menor de 21 años. Se constata que 58% de estas mujeres -61% de los menores- no percibe una transferencia, entendida como un pago regular de dinero o como un gasto habitual del cual el padre se hace cargo".

Esto pone claramente de manifiesto que en nuestro país existe un importante número de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en estado de indefensión y que es menester encontrar los mecanismos a través de la legislación para disuadir las conductas irresponsables de algunos progenitores disuadiendo el incumplimiento de sus deberes y garantizar, a su vez, la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

3) ANTECEDENTES.

Este proyecto recoge disposiones propuestas en dos proyectos presentados en Legislaturas anteriores y ha contado con aportes de distintas fuerzas políticas.

Tiene como antecedentes en el Derecho Comparado la Ley 259 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que creó en el ámbito de dicha ciudad el Registro de deudores Alimentarios Morosos que funciona en el área de la Subsecretaría de Legislación y Justicia de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 2 Reglamentación 230), así como de múltiples legislaciones provinciales sobre el punto.

Existen normas en Costa Rica, Brasil, Paraguay, Chile, Puerto Rico, Canadá, Francia, que recurren a distinto tipo de instrumentos para proteger el derecho de asistencia alimentaria a los niños, niñas y adolescentes que varian según los casos estableciendo: restricciones migratorias, privación de libertad en distintos grados, multas, retiro de la libreta de conducir y/o acciones directas sobre los bienes del alimentante.

Este proyecto cuenta con el beneplácito de las organizaciones sociales dedicadas a la infancia y también de los operadores jurídicos. Al respecto la Asociación de Magistrados del Uruguay a través de su Comisión Directiva ha manifestado ver "con beneplácito el presente proyecto, como el modo de efectivizar el derecho de niñas, niños y jóvenes a los alimentos (en el concepto dado por el artículo 121 del Código Civil) frente a aquellos deudores alimentarios que teniendo la posibilidad real de cumplir con sus obligaciones morales y legales no lo hacen".

4) CONTENIDO DEL PROYECTO EN DISCUSION.

Concepto de deudores alimentarios.

A los efectos de ser considerados deudores alimentarios y por ende ser inscriptos en el Registro como tales, se considera a quienes reúnan una serie de condiciones en forma conjunta que se enumeran en el artículo 2º del proyecto, a saber:

a) Estar obligados a servir pensión alimenticia a niños o adolescentes menores de 21 años o mayores de 21 años en situación de discapacidad. Dicha pensión deberá haberse fijado por sentencia ejecutoriada o convenio homologado en sede judicial, por lo que el tema se habrá discutido en el Poder Judicial, con las garantías que esto implica.

b) Adeudar más de tres cuotas alimenticias en forma total o parcial.

c) Que previamente se le haya intimado el pago judicialmente y no haya probado fehacientemente (sin lugar a razonables dudas) su imposibilidad de cumplir. Tal oposición deberá tramitarse por la vía incidental (artículo 318 y siguientes del Código General del Proceso). Como vemos se amparan las situaciones reales y comprobables de imposibilidad económica respetándose el principio del debido proceso.

Tampoco corresponderá la inscripción si el deudor acredita haber iniciado trámites judiciales de rebaja o cese de pensión alimenticia siempre que esto haya acontecido con anterioridad al pedido de inscripción.

Formalidades de la inscripción.

Una vez acreditados los requisitos anteriormente enumerados, el Juez ordenará la inscripción que se realizará en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones.

El oficio correspondiente deberá tener una serie de elementos descriptos en el artículo 3º. Vale consignar la previsión que se realiza en caso de ausencia de Cédula de Identidad, donde si ésta no surgiera de las actuaciones o se desconociera su número, esto no obstará a la inscripción (literal b) de dicho artículo.

La inscripción de referencia estará exenta de tributos y caducará a los cinco años de producida (artículos 4º y 7º del proyecto respectivamente).

Garantías de eficacia de la inscripción.

Se establecen en el proyecto disposiciones complementarias que aseguran la eficacia de la registración de los deudores alimentarios, para que en la práctica la inscripción que se crea tenga relevancia. En tal sentido se establecen normas respecto a los créditos financieros y a los proveedores del Estado.

En el primer caso, se obliga a las entidades financieras y emisoras de tarjetas de crédito a que antes de otorgar créditos, abrir cuentas bancarias u otras actividades comerciales pidan la información al Registro sobre la situación de los solicitantes. En caso de omitir este requisito o de celebrar la operación a pesar de una eventual inscripción, las entidades financieras serán solidariamente responsables de las obligaciones alimentarias impagas (artículo 5º).

En segundo lugar, se establece que en caso de contratación con proveedores, el Estado y las personas públicas no estatales deberán solicitar previamente la información registral de los directores o administradores de las mismas. En caso de figurar inscripciones respecto de directores o administradores de dichos proveedores quedará prohibida la contratación (artículo 6º).

Por todo lo expuesto entendemos de estricta justicia la aprobación del siguiente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 26 de octubre de 2005.

Daisy Tourné, Miembro Informante; Diego Cánepa, Luis Alberto Lacalle Pou, Jorge Orrico, Edgardo Ortuño, Javier Salsamendi.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997

Artículo 35 (Actos inscribibles).- En esta Sección se inscribirán:

1) Las interdicciones, limitaciones generales a la facultad de disposición y demás medidas cautelares relativas a la persona natural o jurídica decretadas por los Jueces, en los casos, formas y con el alcance previstos por la ley.

2) Los embargos generales de derechos.

3) La pérdida, suspensión, limitación y restitución de la patria potestad, y los convenios de los padres sobre la administración de los bienes de sus hijos bajo su patria potestad.

4) Las pretensiones de prescindencia de la personalidad jurídica de una sociedad a la que hace referencia el artículo 191 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

5) Los actos referidos en el artículo 437 del Código Civil.

6) Las reinscripciones, modificaciones y cancelaciones de las inscripciones vigentes.

Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982

Artículo 1º.- Toda persona pública no estatal o privada que realice intermediación financiera quedará sujeta a las disposiciones de esta ley, a los reglamentos y a las normas generales e instrucciones particulares, que dicte el Banco Central del Uruguay para su ejecución.

A los efectos de esta ley, se considera intermediación financiera la realización habitual y profesional de operaciones de intermediación o mediación entre la oferta y la demanda de títulos valores, dinero o metales preciosos.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

ACTA Nº 44

En Montevideo, el veintiuno de marzo del año dos mil seis, a la hora dieciséis y veinte minutos, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores miembros Sergio Abreu, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini, Margarita Percovich y Julio M. Sanguinetti.

Falta con aviso el señor Senador Eduardo Ríos, quien remite Nota justificando su inasistencia.

Concurren invitados, por el Congreso de Intendentes, el señor Intendente Municipal de Montevideo, doctor Ricardo Ehrlich, 1er. Vicepresidente; el Intendente Municipal de Maldonado, don Oscar de los Santos; doctor Carlos A. Peña, Secretario General y señor Humberto Castro, Prosecretario; por la Intendencia Municipal de Montevideo, doctor Jorge Rodríguez, Prosecretario y contador Enrique Cabrera, Director de Recursos Financieros; y por la Intendencia Municipal de Canelones, doctor Jorge Cerdeña, asesor jurídico y señor Héctor Ortega del Río, Prosecretario.

Preside su titular, el señor Senador Leonardo Nicolini.

Actúa en Secretaría, la señora Josefina Reissig, Secretaria de la Comisión con la colaboración de la funcionaria Gloria Mederos.

ASUNTOS ENTRADOS:

- CARPETA Nº 455/2006. PARTIDOS POLITICOS. Se declara de interés general la promoción de la participación equitativa de ambos sexos en sus órganos de dirección; integración del Poder Legislativo, Juntas Departamentales y Juntas Locales de carácter electivo. Proyecto de ley con exposición de motivos de los señores Senadores integrantes de la Bancada del Encuentro Progresista.

- CARPETA Nº 458/2006. EXTRANJEROS. Se amplían disposiciones relativas a su permanencia en el territorio nacional (Ley Nº 9.604, de 13 de octubre de 1936). Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

- La Presidencia del Senado remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Senador Francisco Gallinal referidas a los derechos de los trabajadores del Banco de la República Oriental del Uruguay.

- CARPETA Nº 438/2006. PRETENSION PUNITIVA DEL ESTADO RESPECTO DE LOS DELITOS COMETIDOS AL 1º DE MARZO DE 1985. Se interpretan los artículos 1º a 4º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986. Proyecto de ley con exposición de motivos de los señores Senadores Enrique Antía y Francisco Gallinal. Opinión del Profesor doctor Martín Risso Ferrand. Opinión del Profesor doctor Miguel A. Semino.

ASUNTOS TRATADOS:

- CARPETA Nº 275/2005. GOBIERNOS DEPARTAMENTALES. Se faculta la gestión de acuerdos de organización y la prestación de servicios (inciso quinto del artículo 262 de la Constitución de la República. Proyecto de ley con exposición de motivos de los señores Senadores integrantes de la Bancada del Encuentro Progresista. Distribuido Nº 318/2005. El señor Intendente Municipal de Montevideo, en su calidad de 1er. Vicepresidente del Congreso de Intendentes realiza una exposición sobre el tema a estudio, como asimismo el señor Intendente Municipal de Maldonado, don Oscar de los Santos. Intervención de varios señores Senadores. Finalizadas las mismas se retiran de Sala los invitados se pasa a un cuarto intermedio.

- Vueltos a Sala se continúa con el tratamiento del tema. Se resuelve facultar al señor Presidente a efectuar consultas con el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, se resuelve efectuar consultas a la Cátedra de Derecho Constitucional.

- CARPETA Nº 325/005. CONSOLIDACION DE ADEUDOS. Régimen. Proyecto de ley con exposición de motivos de los señores Senadores integrantes de la Bancada del Encuentro Progresista. Distribuido Nº 427/2005. El señor Senador Rafael Michelini solicita que este asunto figure en el Orden del Día de la próxima sesión. Se reparte su texto sustitutivo.

- CARPETA Nº 393/2005. DEUDORES ALIMENTARIOS. Inscripción en el Registro Nacional de Actos Personales. Sección interdicciones. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Informe de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes. Disposiciones citadas. Distribuido Nº 557/2005. En consideración. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa al señor Senador Leonardo Nicolini, quien lo hará en forma escrita.

De lo actuado se procede a la toma de la versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en los Distribuidos Nos. 737/2006 y 738/2006, que forman parte integrante de la presente Acta.

Finalizadas las intervenciones, a la hora diecisiete y cuarenta minutos queda levantada la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria.

Leonardo Nicolini Presidente

Josefina Reissig Secretaria.

Carp. Nº 393/05

Rep. Nº 202/06

Anexo I

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Constitución y Legislación con el voto de la unanimidad de sus componentes aconseja al Senado que apruebe el proyecto de ley de inscripción de deudores alimentarios en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección interdicciones.

Este proyecto contempla la necesidad de cumplir con un tema pendiente en la agenda de políticas públicas: intentar enfrentar la problemática que existe en el sistema judicial uruguayo para lograr el cumplimiento por parte de los deudores alimentarios a servir una pensión alimenticia a aquellas personas que por distintos motivos son legalmente acreedores de la misma.

El tema no pasa por la ausencia de mecanismos legales para el caso de incumplimiento del servicio pensionario, sino que la dificultad estriba en lograr las medidas prácticas que permitan efectivizar el cobro del referido servicio.

Se debe legislar para lograr que los deudores alimentarios cumplan con la responsabilidad que les cabe. Esto es: proveer a la manutención de aquellos que, transformados en acreedores alimentarios, necesitan de la prestación pecuniaria para una vida digna.

En lo referente al servicio pensionario de padres a hijos menores o incapaces, es notorio el deterioro económico entre mujeres y niños con respecto a los varones luego de una separación. Ello obedece a dos motivos:

1) las mujeres, en general, tienen ingresos menores, y una inserción laboral más frágil que los hombres.

2) una parte importante de los padres deja de colaborar económicamente luego de la disolución del vínculo.

El aumento del divorcio o disolución de uniones consensuales trae aparejado el crecimiento acelerado de hogares monoparentales en donde la mujer aparece como jefa de familia. Entre el 85 y el 90% de los casos, son las mujeres quienes continúan conviviendo con los hijos luego de la ruptura.

Un estudio realizado en Uruguay en el año 2003 (fuente: U.DE.L.A.R, setiembre 2005) demuestra que el 60% de los menores de 21 años no reciben transferencia económica por parte de sus padres.

Nuestro país, en donde se han dado aumentos significativos de divorcios, se enfrenta con el problema del desamparo de un gran número de menores respecto a la manutención económica paterna al disolverse el vínculo marital o concubinario. Por tanto, es bienvenida toda aquella medida que tienda a lograr a través de mecanismos coercitivos, el cumplimiento en el sentido de asegurarles un mínimo sustento económico para la vida.

Se habla de padres, porque un dato a tener en cuenta proporcionado por los juzgados de familia, es que el 90% de las acciones por pensión alimenticia, tienen como demandado a la figura paterna.

El artículo 2º considera deudores alimentarios a todos aquellos que estén obligados legalmente a servir una pensión alimenticia nacida de sentencia ejecutoriada o convenio homologado. Asimismo también establece el débito de pensiones que habilitan la inscripción y casos en que no procede la misma.

El artículo 3º trata acerca de los requisitos para la inscripción en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones.

El artículo 4º refiere a la exoneración del pago de tasas o tributos en relación a la inscripción del oficio.

Los artículos 5º y 6º contienen lo que realmente pueden considerarse medidas coercitivas para el logro del cumplimiento del servicio pensionario. El primero de los mencionados, hace referencia a la obligatoriedad de consulta al Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones por parte de entidades financieras y emisoras de tarjetas de crédito antes del otorgamiento o renovación de créditos, apertura de cuentas bancarias, emisión o renovación de tarjetas de crédito; siendo de su cargo la omisión de este requisito, transformando a estas entidades en responsables solidarios de la obligación alimentaria no cumplida. El segundo prevé que el Estado, los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, así como las personas públicas no estatales también deberán solicitar información al Registro Nacional de Actos Personales, Sección interdicciones previo a contratar con sus proveedores, con la finalidad de informarse si éstos figuran inscriptos como deudores alimentarios. En caso afirmativo, ello sería causal de inhabilitación hasta tanto se levante la referida inscripción. Esta solicitud de información registral alcanza también a directores o administradores de las personas jurídicas proveedoras, quedando también prohibida la contratación con éstas, en caso de que sus directores o administradores figuren inscriptos como deudores alimentarios.

El artículo 7º contempla modificaciones al Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones en casos de reinscripciones por incumplimiento o de baja por acreditación del pago de la deuda.

Es por ello que vuestra Comisión de Constitución y Legislación aconseja al Cuerpo la aprobación de este proyecto.

Sala de la Comisión, el 21 de marzo de 2006.

Leonardo Nicolini, Miembro Informante; Sergio Abreu, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Rafael Michelini, Margarita Percovich, Julio M. Sanguinetti. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Nicolini.

SEÑOR NICOLINI.- Señor Presidente: la Comisión de Constitución y Legislación aprobó por unanimidad este proyecto de ley que estamos considerando, referido a la inscripción de deudores alimentarios en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones.

La Constitución de la República, en sus artículos 41 y 42, establece para los padres la obligación del cuidado y la educación de sus hijos. Asimismo, existe un mandato para nuestro Estado en el sentido de disponer las medidas necesarias para que la infancia y la juventud sean protegidas contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores.

Una muy reciente publicación titulada "Asignaciones familiares, pensiones alimenticias y bienestar de la infancia en el Uruguay", presentada conjuntamente por la Universidad de la República y UNICEF, dice: "Para estimar el porcentaje de padres que no realizan transferencias, se ha trabajado con la información proporcionada por las mujeres separadas o divorciadas de una unión que duró al menos seis meses y que conviven con, al menos, un hijo -de esa unión- menor de 21 años. Se constata que el 58% de estas mujeres -61% de los menores- no percibe una transferencia, entendida como un pago regular de dinero o como un gasto habitual del cual el padre se hace cargo". Algunos estudios de la Universidad de la República indican cifras similares, de casi un 60%.

Este proyecto de ley, que ya tiene media sanción de la Cámara de Representantes, recoge disposiciones propuestas en dos proyectos presentados en Legislaturas anteriores y ha contado con distintos aportes. Tiene como antecedente en el Derecho Comparado la Ley Nº 259 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que creó en el ámbito de dicha ciudad el Registro de Deudores Alimentarios Morosos que funciona en el área de la Subsecretaría de Legislación y Justicia del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, en la legislación comparada tiene muchos antecedentes a nivel internacional, ya que existen normas en Costa Rica, Brasil, Paraguay, Chile, Puerto Rico, Canadá y Francia, que recurren a distinto tipo de instrumentos para proteger el derecho de asistencia alimentaria de los niños, niñas y adolescentes, así como de los discapacitados.

Por tales motivos hemos aprobado este proyecto de ley en la Comisión de Constitución y Legislación.

En una rápida lectura podemos decir que en el artículo 1º se establece la creación del Registro. El artículo 2º considera deudores alimentarios a todos aquellos que estén obligados legalmente a servir una pensión alimentaria nacida de sentencia ejecutoriada o de convenio homologado. Asimismo, establece el débito de pensiones que habilitan la inscripción y los casos en que no procede. El artículo 3º trata acerca de los requisitos para la inscripción en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones. El artículo 4º refiere a la exoneración de pago de tasas o tributos en relación con la inscripción del oficio. Por último, los artículos 5º y 6º contienen lo que realmente puede considerarse como las medidas coercitivas para el logro del cumplimiento del servicio pensionario. El primero de los mencionados hace referencia a la obligatoriedad de consulta al Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, por parte de entidades financieras y emisores de tarjetas de crédito antes del otorgamiento o renovación de éstos, siendo de su cargo la omisión de este requisito, transformando a estas entidades en responsables solidarias de la obligación alimentaria no cumplida. El segundo prevé que el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, así como las personas públicas no estatales, también deberán solicitar información al Registro Nacional de Actos Personales previamente a contratar con sus proveedores, con la finalidad de informarse si figuran en dicho Registro. En caso afirmativo -es decir, que figuren en el Registro-, ello sería causal de inhabilitación hasta tanto se levante la referida inscripción.

Esta solicitud de información registral alcanza también a directores o administradores de las personas jurídicas proveedoras, quedando también prohibida la contratación con éstas en caso de que sus directores o administradores figuren inscriptos como deudores alimentarios.

En el artículo 7º se establecen modificaciones al Registro Nacional de Actos Personales.

Estos son los motivos fundamentales, señor Presidente, por los cuales proponemos la aprobación de este proyecto de ley. Existen cifras realmente alarmantes de incumplimiento de las pensiones alimentarias por parte de los padres y pensamos que una forma de poder ayudar a corregir, de alguna manera, esos incumplimientos, es mediante esta vía coercitiva de establecer este Registro que, como decíamos, contempla una serie de experiencias a nivel internacional en este sentido.

Por ello, señor Presidente, proponemos al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley que, insisto, tuvo unanimidad en la Comisión de Constitución y Legislación.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: la verdad es que nos complace que un proyecto de ley de esta naturaleza hoy esté planteado para su sanción definitiva y posterior promulgación como ley.

Sin lugar a dudas, esta era una de las situaciones que, como decía el señor Senador Nicolini, vino planteada en más de una Legislatura, pero no habíamos logrado concretarla en una norma legal. Es cierto que existen varias experiencias en la región -y que se está planteando con intensidad este debate-, algunas de las cuales han llegado a extremos superiores a los que se disponen en este marco legal. Creemos que este es un buen comienzo para iniciar la reparación de una situación que tiene que ver con las exigencias del cuidado de los hijos. En este sentido, uno puede hacer referencia a la Constitución de la República, al Código Civil, al Código de la Niñez y de la Adolescencia, en fin, a un montón de herramientas pero, en definitiva, las carencias están presentes.

El año pasado en la Bancada Bicameral Femenina recibimos a las investigadoras Marisa Bucheli, del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, y a Wanda Cabella, del Programa de Población que trabajaba en dicha Casa de Estudios, quienes nos presentaron un estudio, llamado "El Incumplimiento en el Pago de las Pensiones Alimenticias, el Bienestar de los Hogares y el Contexto Legal Vigente en Uruguay". Aquí hay algunos aspectos que interesa destacar porque, sin duda, este es un tema que afecta de manera diferente a los sectores económicos pudientes y a los no pudientes. En algunos casos, la situación de ausencia de un trabajo tiene que llamarnos la atención de que hay una falta, pero también de que estas políticas se pueden implementar cuando existen otras políticas integrales que tengan que ver con la creación de empleo para poder, efectivamente, exigir a esos padres la posibilidad del aporte.

Asimismo, el aumento de índice de divorcios en nuestro país pone de manifiesto problemas vinculados con el bienestar de los distintos miembros de la familia, ya que existe una estrecha relación entre las rupturas familiares y el deterioro económico de los miembros del núcleo familiar. Este deterioro suele ser, sin duda, mayor en el caso de las mujeres y, por lo tanto, afecta a los niños que, por lo general, quedan a su cargo. Además, como lo dicen los últimos índices dados a conocer con respecto a la igualdad de trabajo y de remuneraciones de las mujeres en relación a los hombres, las nuestras son, en promedio, inferiores en un 34%. Por lo tanto, sin duda, este deterioro marca una situación en donde tenemos, además, un elemento claro en cuanto a la discriminación en esta sociedad.

El estudio de Marisa Bucheli del año 2003 indica que el 60% de los menores de 21 años que no convivía con su padre biológico a consecuencia de una ruptura familiar, no recibía las transferencias económicas correspondientes. Además, menciona que a mayor nivel educativo existía un mayor cumplimiento, mientras que en el otro extremo la pobreza genera incumplimiento por lo que mencionábamos; es decir, que las políticas deben ser integrales para que sean efectivas.

Según se nos ha dicho, en Estados Unidos, un estudio de Sorensen y Oliver del año 2002 encontraba que mientras sólo el 30% de los padres situados por debajo de la línea de pobreza transferían dinero al hogar de sus hijos, el porcentaje de cumplimiento era de 72% en los padres no pobres.

En Uruguay tenemos datos de la encuesta de situaciones familiares y desempeños sociales, que nos permiten aproximarnos a la capacidad de pagar solamente a través del nivel educativo del padre, encontrándose que se asocia positivamente la posibilidad de que ese pago de la pensión alimenticia se realice, y que esta probabilidad crece desde el 19% cuando el padre tiene enseñanza primaria, hasta casi el 66% cuando cuenta con educación terciaria.

Marisa Bucheli también aporta evidencia sobre la relación entre la probabilidad de que el padre realice el pago y la frecuencia del contacto con los hijos. Sin duda, un Registro de esta naturaleza, al estimular el pago, también incentivará de manera indirecta el contacto entre padres e hijos.

Creo que este es un gran paso. Sin duda, una de las principales barreras que enfrenta la justicia es la determinación de los ingresos efectivos de los padres, máxime cuando vivimos en un país en el que existen tantas personas que trabajan por cuenta propia. Por tanto, establecer fehacientemente los ingresos no es algo fácil.

Me parece, entonces, que comenzamos un proceso originado en que desde hace varios años se insiste en la necesidad de modificar el régimen de fijación de las pensiones alimentarias, que apunta al reforzamiento de las medidas que tengan como objetivo el cumplimiento de estas obligaciones. Además, considero que la creación de este Registro Nacional de Deudores Alimentarios viene a dar una herramienta fundamental y complementaria de las medidas que los jueces toman habitualmente para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de aquellas personas con capacidades diferentes mayores de 21 años.

Sin duda, la evaluación de esta ley tendrá un efecto positivo y, como decíamos, seguramente deberá medirse en los diferentes sectores, sobre todo en aquellos que pudiendo pagar, no lo están haciendo. Asimismo, habrá un desafío que todos tendremos planteado: el de aquellos casos en que las dificultades por ausencia de empleo estén determinando algunos de estos incumplimientos.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: la Bancada del Partido Nacional va a acompañar con su voto este proyecto de ley, tal como lo hizo en la Cámara de Representantes, por considerar de estricta justicia el generar todos los instrumentos que permitan, por todos los medios posibles, se obligue a pagar a quienes tienen la responsabilidad de servir una pensión alimenticia, sobre todo cuando se trata de los beneficiarios a los que refiere esta iniciativa, es de-cir, niños, niñas, adolescentes menores de 21 años o personas mayores de edad si es que presentan alguna discapacidad.

La inscripción en la sección Interdicciones del Registro Nacional de Actos Personales es una forma de complementar distintos instrumentos que ya existen en nuestro Derecho y que apuntan, precisamente, a hacer realidad la obligatoriedad de parte de los responsables en el cumplimiento de obligaciones de esta naturaleza.

Sin embargo, es tan rica la imaginación de los hombres, que hemos podido apreciar en el transcurso del tiempo cómo se arma toda suerte de artilugios para evitar el cumplimiento de obligaciones de esta naturaleza.

Entonces, si bien es verdad que quien no cumple con el pago de las pensiones puede ser objeto de una acción ejecutiva y, como producto de la misma, de un embargo que le significa un conjunto de interdicciones, las medidas complementarias que aquí se están implementando sin duda van a ayudar, tanto en lo que tiene que ver con la obligación de las entidades financieras de obtener información del Registro Nacional de Actos Personales para analizar si quienes compareciendo ante la misma solicitan renovación o apertura de créditos, cuentas bancarias, emisión o renovación de tarjetas de crédito, se encuentran o no inscriptos en dicho Registro -y, en caso de encontrarse, la institución no puede prestarle sus servicios ya que, en caso de hacerlo, se hace solidariamente responsable del incumplimiento del pago de la obligación alimentaria-, como también en lo que se dispone en el artículo 6º. Por esta disposición se obliga al Estado en sus diversas expresiones -Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados- y a las personas públicas no estatales a solicitar esa información al Registro Nacional de Actos Personales, de manera que toda contratación con sus proveedores pueda seguir adelante mientras no se encuentren inscriptos en dicho Registro.

Seguramente, aun cuando somos optimistas con la creación de estos nuevos instrumentos, los mismos no serán suficientes para lograr el pleno cumplimiento de obligaciones tan importantes, pero tiempo habrá para seguir pensando nuevas fórmulas que nos permitan asegurar el cumplimiento de estas obligaciones, que no solamente son de carácter pecuniario, sino que la mayoría de los casos o todos ellos contienen una enorme responsabilidad ética y moral.

Es cuanto tenemos que señalar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley enviado por la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 1º. (Actos inscribibles).- Agrégase al artículo 35 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, la inscripción de los deudores alimentarios morosos con el alcance previsto por esta ley."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

SEÑOR NICOLINI.- Mociono para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

15) CONSOLIDACION DE ADEUDOS

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: habíamos convenido con otras Bancadas la consideración del proyecto relativo a la consolidación de adeudos, por lo que formulo moción para que se declare urgente y se considere de inmediato. En ese sentido, aspiraría a que se repartiera para poder lograr los votos necesarios.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por el señor Senador Michelini.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia se acaba de votar.

(Antecedentes:)

"CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 1º.- En las retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades, tendrán prioridad las dispuestas por Juez competente destinadas a servir pensiones alimenticias, y luego por su orden, las solicitadas por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto; por la División Crédito Social del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU); por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU); por el Banco de Seguros del Estado (BSE), en cuanto a la contratación de los seguros de vida; y por instituciones de asistencia médica colectiva u otras instituciones de asistencia médica de régimen de prepago, por cuotas de afiliación de los funcionarios que así lo solicitaren".

Artículo 2º.- Las Instituciones Financieras con autorización legal para disponer retenciones sobre salarios y pasividades, cuando se constituyan mediante acuerdo de voluntades en cesionarios o subrogantes de obligaciones que ocasionaren retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades en los términos y condiciones previstos en la presente ley, consevarán la misma situación de privilegio que poseían los acreedores cedentes o subrogantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6º de la misma.

Artículo 3º.- Si fueren más de uno los acreedores cedentes o subrogados o los créditos cedidos o pagados con subrogación, será obligatorio para el cesionario o para quien paga con subrogación, incluir en la cesión o el pago con subrogación, la totalidad de los créditos que originen retenciones en los salarios o pasividades existentes contra el mismo deudor.

Artículo 4º.- Las Contadurías de las personas jurídicas públicas o privadas que efectuaren las retenciones de los salarios o pasividades percibidos por los deudores, registrarán los datos de la cancelación de los créditos de los acreedores originarios, así como los correspondientes a una cesión o subrogación legal.

Artículo 5º.- Los deudores que voluntariamente se acojan al régimen previsto por la presente ley, no podrán contraer nuevas deudas que ocasionen retenciones sobre sus retribuciones salariales o pasividades, hasta tanto haya cancelado la totalidad de la deuda resultante de la referida consolidación.

Artículo 6º.- Lo dispuesto por la presente ley no regirá respecto de las obligaciones correspondientes a impuestos, contribuciones a la seguridad social, pensiones alimenticias decretadas u homologadas judicialmente, créditos que corresponda verter al Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación, cuotas de afiliación a Instituciones de Asistencia Médica Colectiva u otras instituciones de asistencia médica de régimen de prepago.

Artículo 7º.- Ninguna persona física podrá percibir por concepto de retribución salarial o pasividad una cantidad en efectivo inferior al 30% (treinta por ciento), del monto nominal, deducidos el impuesto -si correspondiere- y las contribuciones de seguridad social, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004.

Artículo 8º.- Las Instituciones Financieras que voluntariamente se constituyan en cesionarios o subrogantes de acuerdo con el régimen previsto en esta ley, deberán ofrecer al deudor una refinanciación que cumpla, como mínimo, con las siguientes condiciones:

A) en caso de existir deudas vencidas, el componente de capital de cada cuota vencida se actualizará mediante la aplicación de la tasa de interés compensatoria pactada originalmente, renunciándose a aplicar la tasa de mora prevista en el contrato original;

B) el monto total a refinanciar surgirá de sumar los siguientes conceptos:

- por las deudas vencidas, los montos determinados en el literal A), más el capital que reste amortizar, si correspondiere;

- por las deudas no vencidas, el capital que reste amortizar,

C) al capital a refinanciar que surja de acuerdo con el literal B), se le aplicará una tasa de interés inferior a 1.7 veces la tasa que cobre el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) por sus préstamos de Crédito Social correspondiente a la de "Empleados públicos, de empresas con convenio o pasivos" para el mayor plazo que se ofrezca, vigente al momento de la refinanciación.

En caso de existir deudas en dólares se procederá, si hubiere deudas vencidas, de acuerdo a lo establecido en el literal A). A efectos de la determinación del monto total a refinanciar de acuerdo a lo establecido en el literal B), los importes en dólares se convertirán en pesos uruguayos a la cotización interbancaria (BCU fondo comprador), del cierre del día anterior al de la refinanciación, aplicándose la tasa de interés establecida en el literal C).

Artículo 9º.- Declárase aplicable al régimen previsto en la presente ley, el principio de consensualidad dispuesto por el inciso primero del artículo 5º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004.

Sala de la Comisión, el 28 de marzo de 2006.

José Korzeniak. Senador. Miembro Informante.

DISPOSICION CITADA

Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004

Artículo 1º.- En las retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades, tendrán prioridad las dispuestas por Juez competente destinadas a servir pensiones alimenticias, y luego por su orden, las solicitadas por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto, por la División Crédito Social del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y por instituciones de asistencia médica colectiva u otras instituciones de asistencia médica de régimen de prepago, por cuotas de afiliación de los funcionarios que así lo solicitaren.

Artículo 2º.- Entre las demás instituciones que se presenten al mismo efecto, el orden de prioridad estará dado por la antigüedad en que institucionalmente hubiere hecho valer el derecho de fuente legal, en cada empresa u orga-nismo público o privado que oficie como agente de retención.

Artículo 3º.- Ninguna persona física podrá percibir por concepto de retribución salarial o pasividad una cantidad en efectivo inferior al 30% (treinta por ciento) del monto nominal deducidos el impuesto -si correspon-diere- y contribuciones de seguridad social.

Artículo 4º.- Ninguna empresa o institución pública o privada podrá efectuar retenciones sobre retribuciones salariales o pasividades que no cuenten con autorización legal.

Artículo 5º.- Se requerirá expreso consentimiento del titular de las retribuciones salariales y de pasividades a que hace referencia esta norma, para poder efectuar las retenciones que se establecen en la legislación.

Se exceptúa de esta disposición todas las retenciones preceptuadas por Juez competente.

Artículo 6º.- Las instituciones de cualquier naturaleza que cuenten con autorización legal para disponer retenciones sobre salarios y pasividades, podrán ejercer únicamente dicha facultad respecto de operaciones expresamente incluidas en su normativa habilitante.

Artículo 7º.- La presente ley entrará en vigencia el primer día del tercer mes de su publicación en el Diario Oficial."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: mientras se reparte el texto del proyecto de ley, voy a ir realizando el informe correspondiente.

El proyecto de ley que la Comisión de Constitución y Legislación elevó al Plenario es una iniciativa por la cual, habida cuenta de una situación difícil por endeudamientos, se permite a los deudores, y naturalmente a los eventuales acreedores que así lo consientan, lograr una suerte de consolidación de sus adeudos.

Este proyecto de ley ha seguido un largo trámite parlamentario que comenzó en la pasada Legislatura; fue aprobado en el Senado, pero quedó sin aprobación en la Cámara de Representantes. Desde hace unos meses lo tenemos nuevamente a estudio y, con modificaciones y aportes de distintas personas y diferentes Partidos, se logró en la Comisión de Constitución y Legislación un acuerdo que voy a describir en el día de hoy en torno a este texto que se acaba de repartir.

La Comisión de Constitución y Legislación votó la iniciativa por mayoría, con dos excepciones; obtuvo 6 votos de los 8 miembros presentes. Vamos a tratar de describir cómo ocurrió eso y de lograr la unanimidad en el Plenario.

El artículo 1º del texto que se acaba de repartir no estaba incluido en el proyecto original que la Comisión venía tratando desde tiempo atrás, y repite una disposición de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, estableciendo las prioridades que tienen los créditos de distintas entidades. Reitero que este artículo 1º no figuraba en el proyecto original de consolidación de adeudos considerado por la Comisión de Constitución y Legislación y lo único que hace es intercalar al Banco de Seguros del Estado en la lista de instituciones que tienen prelación, ya que no estaba mencionado en el artículo 1º de la Ley citada y acá figura en el acápite de la disposición, en relación a los seguros de vida.

Esta inquietud les llegó a muchos de los miembros de la Comisión desde distintos ámbitos, recordándose que en realidad no figuraba en la Ley del año 2004 por una omisión, ya que el Banco de Seguros del Estado, en lo relativo a los seguros de vida, estuvo en el orden de prelación mencionado y, por circunstancias que algunos atribuyen a un olvido, en el artículo 1º de la Ley Nº 17.829 se omitió incluir estos créditos con respecto a los seguros de vida. Repito que se incorporó este artículo porque alguna relación tiene con el sistema de consolidación de adeudos que trata esta iniciativa.

Lo que pretende este proyecto de ley, repito, es que los deudores -sobre todo los que se encuentran en una situación de mayor apremio, que necesiten un desahogo- puedan cobrar más que ahora por mes, a través del logro de un financiamiento de sus deudas. Este tema tiene que ver, pues, con el orden de prelación de los acreedores de las personas. Por eso se entendió oportuno incorporar -un poco intempestivamente, diría, como lo señaló un miembro de la Comisión- este artículo 1º, cuya única misión, reitero, es volver a incluir al Banco de Seguros del Estado en la lista de las entidades que tienen prelación. Es el único cambio que se hace al artículo 1º de la Ley Nº 17.829.

Los miembros de la Comisión integrantes del Partido Nacional dejaron constancia en Sala de que hubiesen preferido que este artículo -no el resto de los que integran la ley, que fueron votados y apoyados-, se hubiera tratado aparte. Tenemos la esperanza de que esta explicación -que, en principio, le ha parecido razonable a todos, y así nos ocurre a nosotros- haga que el texto pueda contar con un consenso en la sesión de hoy.

Voy a leer en especial uno de los artículos siguientes de la ley, que es básico: el actual artículo 3º. Al comienzo, dice: "Si fueren más de uno los acreedores cedentes o subrogados o los créditos cedidos o pagados con subrogación," etcétera. El mecanismo que prevé esta ley es muy tradicional tanto en el Derecho Civil como Comercial, y por él un acreedor puede ceder su crédito a otro, con los mismos privilegios o preferencias que tenga él. Nadie puede ceder más derechos de los que tiene, pero sí puede ceder los que tiene. Se supone que puede aparecer una persona que le financia a un deudor comprando o haciéndose cesionario de créditos varios, que es la hipótesis que plantea este artículo, es decir, que haya varios acreedores que tienen, digamos, un poco ahogadas a las personas en el cobro de sus sueldos o salarios. El artículo 2º -que no leí- prevé que cuando una persona subroga a otra porque le compra el crédito o porque, por otra vía, paga la deuda de la que subroga para quedarse él como acreedor, mantiene el orden de prelación que tenía el crédito originariamente.

En el artículo 3º se dice que para que estos mecanismos puedan funcionar, tiene que incluirse en la cesión o en el pago con subrogación -leo textualmente- "la totalidad de los créditos que originen retenciones en los salarios o pasividades existentes contra el mismo deudor." ¿Qué significa esto? Que si un deudor obtiene una financiación para consolidar, a efectos de que ello esté amparado o incluido en esta ley tiene que lograr que en esa consolidación entren todas las deudas que originen retención.

En la Comisión, la Bancada del Partido Nacional, particularmente el señor Senador Gallinal, hizo una observación al artículo diciendo que constreñía mucho las posibilidades de obtener un financiamiento o una consolidación para una cantidad de deudores. Finalmente concretó su propuesta aludiendo a los deudores por viviendas del Banco Hipotecario. Si se permite que dicho banco no quede en la obligación de consolidar todo, en el caso de una persona que tiene deudas con A, B, C y D y el Banco Hipotecario, se facilitaría la búsqueda de financiamiento. Esa fue la razón por la cual este artículo no fue aprobado 8 en 8, sino con 6 votos de los 8 Senadores presentes en Comisión. La Bancada del Frente Amplio, por medio de la palabra de varios de sus miembros -a quienes les pareció razonable lo que planteaba el señor Senador Gallinal-, se comprometió -y así lo ha hecho- a hacer una consulta informal a la Bancada. Precisamente, esto sucedió hace pocos momentos y la respuesta es afirmativa, es decir que se ha considerado razonable la inclusión de la fórmula que proponía el señor Senador Gallinal quien, si mi memoria es fiel, planteaba que donde dice: "incluir en la cesión la totalidad de los créditos que originan retenciones en los salarios o pasividades existentes contra el mismo deudor", se agregara "con excepción de las deudas por vivienda con el Banco Hipotecario del Uruguay". La Bancada está de acuerdo con que ese agregado se haga, repito, porque se consideró razonable; pero, además, porque se entendió que contribuía a mejorar la posibilidad de que los objetivos de esta ley se cumplieran, tema que siempre ha estado en discusión.

En fin, señor Presidente, quiero decir que lo básico de esta ley es establecer un marco jurídico que declare que las prelaciones, cuando se paga por un tercero o se adquiere por cesión de crédito, mantienen el orden originario. En definitiva, como quien cede un crédito lo hace voluntariamente, y si en caso contrario no lo cede, se trata de operaciones que aisladamente se pueden hacer sin que se dicte ninguna ley. Cualquier Banco, cualquier entidad financiera, cualquier acreedor, puede acceder a ceder su crédito a otro, y si hay otro que compra los créditos de todos contra una persona, está bien, es decir, consolidó.

Repito que este proyecto de ley se votó en la Comisión por unanimidad, aunque con dos aclaraciones, una de las cuales era la del artículo 3º, sobre la cual puedo advertir que hay unanimidad en torno a la propuesta del Partido Nacional, aceptada por el Frente Amplio.

El fondo de la disposición es que el marco jurídico sea claro, para evitar controversias y tener en cuenta, por ejemplo, que una persona incluso puede no saber cuál es la definición de "cesión de crédito", que es un pago por un tercero para subrogar al acreedor contra él. Esto se describe en el proyecto de ley. Siempre he dicho que esta iniciativa no tiene más trascendencia que la de un marco jurídico dentro del cual se puedan mover, tanto eventuales financiadores como los deudores, porque, repito, aisladamente las operaciones aquí previstas podrían hacerse sin que se dictara una ley.

Con las aclaraciones que acabo de hacer, señor Presidente, la Comisión por unanimidad aconseja al Senado aprobar este proyecto de ley, cuya eficacia la establecerá la práctica.

Debo agregar, también, que se han hecho diversas consultas a instituciones, a personas y a Ministerios que pudieran estar interesados, y por ello cuenta con algunos agregados que lo han ido mejorando a través del tiempo. El último es, precisamente, el que el señor Senador Gallinal propuso en la tarde de hoy y que, reitero, no está en el texto del artículo 3º, pero se trataría de la frase a que aludimos.

SEÑOR MOREIRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Me ha surgido una duda con respecto a este artículo 1º, que modifica el también artículo 1º de la Ley Nº 17.829. Hace un par de meses aprobamos la ley de fuero sindical y pregunto si allí no cambió este orden de prioridades de las retenciones, colocándolas en segundo término. ¿O acaso se trata de un régimen diferente? Me surge la duda porque creo recordar que en la ley de fuero sindical se preveía la retención de la cuota sindical en segundo lugar en el orden de prelación, y esto es algo que no veo aquí.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Confieso que no recuerdo textualmente el artículo de la ley de fuero sindical. Lo que sí interpreto -de pronto esto contribuye a que quede como intención o espíritu de la ley- es que si la ley de fuero sindical no entrara en oposición con este texto, habría que pensar que en un tema específico rige ésta última y en términos generales rige la Ley Nº 17.829, de setiembre de 2004, con esta modificación. En lo personal, haría esa interpretación. Creo que no existe intención de modificar nada relativo a la ley sindical, pero como no recuerdo exactamente la letra, no estoy en condiciones de decir si la compaginación que he hecho por vía interpretativa se ajusta o se desarmoniza a esta redacción.

SEÑOR MOREIRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Acabamos de pedir el texto de la ley porque, precisamente, tenemos dudas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Entonces, sugeriría que se difiera el punto hasta que tengamos el texto a la vista.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: nosotros vamos a acompañar con nuestro voto, en general y en particular, el proyecto de ley que está a consideración del Cuerpo. Más aún -y creo que esto lo podrán compartir los compañeros de la Comisión de Constitución y Legislación-: los Legisladores del Partido Nacional perfectamente podríamos ser firmantes de esta iniciativa. Digo esto porque se ha venido trabajando a nivel de la Comisión y fuera de ella en muchas oportunidades y, además, el proyecto de ley recoge no sólo lo que acaba de señalar el señor Senador Korzeniak, sino otras tantas modificaciones que en el transcurso del tiempo hemos venido sugiriendo, a efectos de tratar de perfeccionar o por lo menos mejorar un instrumento que, en alguna medida, constituye una innovación dentro de nuestro sistema jurídico. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en nuestra sociedad? ¿Cuál es el gran problema que tenemos en el país desde hace muchos años? Los trabajadores en general, sean públicos o privados -este proyecto de ley alcanza tanto a unos como a otros-, han alcanzado un grado tan alto de endeudamiento que en muchos casos llega fin de mes y sólo reciben una parte o un porcentaje menor de sus salarios. Inclusive, existen casos de trabajadores que se han endeudado tanto en el transcurso del tiempo que cuando llega fin de mes no cobran un peso. En algunas oportunidades ello fue así porque acudir a la sostenida oferta de crédito existente en el mercado era la única manera de enfrentar las dificultades y ¡vaya si fueron graves las dificultades y las penurias económicas de todos los días!, y ¡vaya si fueron graves las que les tocó vivir al país en el transcurso de los últimos años! Probablemente en otros casos esto haya ocurrido por irresponsabilidad, pero seguramente sean los menos; más bien los primeros son los que se han reiterado en el transcurso del tiempo.

Frente a esa realidad, un conjunto de funcionarios públicos y empleados privados comenzaron a buscar un instrumento que les permitiera salir de esta situación tan crítica. El instrumento consiste en encontrar un acreedor que, al tener su crédito garantizado por las retenciones salariales, otorgue un préstamo con tasas de interés inferiores al promedio que se exige en plaza, y con esos recursos cancelar la totalidad de adeudos -y por ende, retenciones vigentes- estableciéndose una única retención, respetando desde luego los órdenes de prelación, el grado, el lugar de quien cese su crédito.

Creo que es muy bueno que dejemos hoy esto claramente de manifiesto en el sentido de que, si este proyecto de ley se transformara en ley, no va a alterar el grado de prelación ni lo va a cambiar, más allá del cambio en el artículo 1º, que es otra historia, otro tema ajeno a esta iniciativa. Me refiero a la inclusión del Banco de Seguros del Estado en el orden de prioridades, en lo relativo al cobro de sus pólizas de seguro de vida. Más aún: nosotros no somos partidarios de incluir este artículo 1º porque nos parece que no es de buena técnica legislativa. Hubiéramos preferido -sin perjuicio de que lo votemos- una ley que específicamente estableciera o corrigiera el error que se padeció en la ley anterior del año 2004, introduciendo allí la posibilidad de que el Banco de Seguros del Estado también descuente la cuotaparte correspondiente al seguro de vida.

Venía señalando, señor Presidente, que el instrumento que se ha ideado es este: que a través de institutos jurídicos de larga data en nuestro Derecho como es, por ejemplo, el de la subrogación, el deudor pueda acceder a un crédito que le permita cancelar sus obligaciones con ese conjunto de acreedores que hoy, por autorización legal, están llevando adelante retenciones sobre su salario. De esa manera, se encaminaría un problema en medio de un país que todavía tiene dificultades, pero también en medio de una situación de mercado en la que, por lo menos a mi juicio, a veces es un poco excesiva la oferta de créditos. Además, esto puede resultar muy atractivo para el trabajador, para evitar que termine comprometiendo su salario en la forma en que lo ha venido haciendo hasta hoy, o al menos hasta la vigencia de la Ley Nº 17.829. Precisamente porque esto es así, se aprobó dicha Ley, que lo que hace es, nada más ni nada menos, establecer que las retenciones sobre los salarios deben dejar sin gravar, en todos los casos, un mínimo equivalente al 30% de los ingresos.

En definitiva, ese es el espíritu y la filosofía en función de la cual se llega a este proyecto de ley que felizmente se vino puliendo y corrigiendo en el transcurso, no sólo de ésta, sino también de la Legislatura anterior, circunstancia en la que estuvo a punto de ser transformado en ley porque se aprobó también en esta Cámara, pero no tuvo la misma suerte en la de Representantes. Ahora, con las correcciones correspondientes, llega a consideración del Senado de la República y esperemos sí obtenga un pronunciamiento favorable también en Diputados.

Por nuestra parte, sí tenemos algunas objeciones. Concretamente serían tres, si bien una de ellas ha sido levantada al incorporarse la iniciativa que trasladáramos en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación.

Como veníamos de señalar, hubiéramos preferido que el artículo 1º fuera parte de otro proyecto de ley. El tema tiene la jerarquía y la dimensión suficientes como para merecer una ley propia, en donde no se caiga en errores de las características del que nos ha señalado el señor Senador Moreira. Ahora tenemos sobre nuestro escritorio las disposiciones de la ley sobre fuero sindical y, en consecuencia, el señor Senador Moreira va a tener oportunidad de chequear si allí se estableció, efectivamente, una prioridad para la cuota sindical. Si eso es así, entonces ya estábamos cometiendo un error en la redacción que se le está dando al artículo 1º, con lo cual creo que nos asistía la razón cuando pedíamos una semana para aprobar una ley que refiriera exclusivamente a esta temática.

SEÑOR MOREIRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Tengo en mis manos el texto de la ley que nosotros aprobáramos y que en su artículo 7º establece: "(Orden de retención). Agrégase al artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, el siguiente inciso: ‘la cuota sindical se ubicará, en el orden de prioridades, inmediatamente después de las retenciones solicitadas por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto.’" Evidentemente, allí se modificó el orden y aquí se volvió a modificar, lo que puede crear confusiones. A pesar de que se trata de una temática especial, debemos tener en cuenta que estamos remodificando el artículo. En consecuencia, creo que hay que buscar alguna forma de compatibilizar esto con una ley que ha sido recientemente aprobada. Creo que hubiéramos cometido un error de no haber reparado en este aspecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pienso que esto se puede corregir en Sala.

Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Creo que con el proyecto de ley en sus manos, el Miembro Informante estará en condiciones de corregir la redacción del artículo 1º salvo que, en definitiva, opte por el camino que nosotros sugerimos y que nos parece que es el que nos da a todos las mayores garantías.

Sea por este camino o por otro, los sindicatos, los dirigentes sindicales y los trabajadores reconocerán al señor Senador Moreira, que supo advertir el error en el que se estaba incurriendo.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Efectivamente, tengo a la vista el texto y, tal como decía el señor Senador Moreira, establece un orden de prioridad especial para la cuota sindical, que figura a continuación de donde dice "Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación". Aunque era posible una interpretación que dijera que esto es norma general y que lo relativo a la cuota sindical es específico, de todos modos coincido con el aporte que ha hecho el señor Senador Moreira y creo que todo se soluciona sencillamente agregando una coma en el texto que hemos proyectado y estableciendo: "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley Nº 17.940". Esto quiere decir que la disposición no está modificando el artículo 7º de la Ley. Ahí quedaría claro el tema, y me parece muy loable el aporte del señor Senador Moreira, para evitar discusiones jurídicas que podrían ser muy enredadas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Para terminar con esta discusión paralela que se ha presentado respecto al artículo 1º, sin perjuicio de insistir en la importancia de contar con una ley propia sobre las retenciones, me parece que mucho más razonable sería -ya que en el artículo que se sustituye o se modifica se establece el orden, la prelación y a quiénes corresponde- incluir aquí lo que nos propone el señor Senador Moreira, la retención de cuota sindical, a continuación, si no me equivoco, de donde dice "la División Crédito Social del Banco de la República Oriental del Uruguay", según surge de la ley de fuero sindical.

También planteamos una objeción de fondo al que ahora es el artículo 3º y que en el proyecto de ley que hoy se consideró en la Comisión era el 2º. El artículo 3º, en la redacción con la que llega a Sala, establece: "Si fueren más de uno los acreedores cedentes o subrogados o los créditos cedidos o pagados con subrogación, será obligatorio para el cesionario o para quien paga con subrogación, incluir en la cesión o el pago con subrogación, la totalidad de los créditos que originen retenciones en los salarios o pasividades existentes contra el mismo deudor". En cuanto a este tema, hacíamos el siguiente razonamiento. Si una persona es deudora de un crédito social del Banco de la República por una cifra de $ 40.000, si también es deudora de una cooperativa, que asimismo tiene retención sobre su salario -al igual que el Banco de la República-, por una cifra de $ 20.000 y a su vez debe al Banco Hipotecario por la compra de su vivienda U$S 35.000, U$S 40.000 ó U$S 50.000 -y sobre su salario tiene una retención, como está fijado por ley-, y quisiera ampararse a esta ley, se vería en la necesidad de conseguir un acreedor que le financiara la deuda con la División Crédito Social del Banco de la República, la deuda con la cooperativa y la del Banco Hipotecario. Obviamente, le habrá de resultar muy difícil, si no imposible, conseguir un acreedor que le financie una deuda de ese volumen. Por eso le proponíamos a la Comisión que se excluyera de la obligatoriedad de incluir en la totalidad de los créditos, la deuda contraída con el Banco Hipotecario como consecuencia de la compra de vivienda, si sobre ella existe retención de carácter salarial.

Sinceramente, me alegro que sea recogida esta observación, estableciendo la excepción de que no queda comprendida una deuda de estas características con el Banco Hipotecario. De otra forma, todos aquellos deudores que a su vez lo son del Banco Hipotecario por la compra de viviendas, se iban a ver absolutamente impedidos de acceder a un instrumento de estas características. Sinceramente, no se me ocurre en este momento otro acreedor de las características del BHU, pero si acaso existe, me temo que mañana tendremos que volver a estudiar este artículo.

La tercera objeción que realizamos está referida al literal C) del ahora artículo 8º, que era el artículo 7º que consideró la Comisión, donde se establece la tasa de interés. Concretamente, el artículo 8º dice: "Las Instituciones Financieras que voluntariamente se constituyan en cesionarios o subrogantes de acuerdo con el régimen previsto en esta ley, deberán ofrecer al deudor una refinanciación que cumpla, como mínimo, con las siguientes condiciones:". Paso a leer directamente parte del literal C): "al capital a refinanciar que surja de acuerdo con el literal B), se le aplicará una tasa de interés inferior a 1.7 veces la tasa que cobre el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) por sus préstamos de Crédito Social correspondiente a la de ‘Empleados públicos, de empresas con convenio o pasivos’ para el mayor plazo que se ofrezca, vigente al momento de la refinanciación".

Consideremos que la tasa de interés del denominado crédito social de los préstamos del Banco República es alta. No sé en este momento a cuánto asciende, pero sí sé que es alta. Tómese en cuenta, señor Presidente, que aquí se autoriza a que la tasa del capital a refinanciar sea hasta un 70% superior a la tasa de interés del crédito social del Banco de la República. Por eso también manifestamos en Comisión nuestra discrepancia con el literal C) del artículo 8º, ya que nos parece por demás excesivo el límite que se ha establecido en el mismo.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Puede haber muchas discusiones sobre la tasa de interés, pues naturalmente es un tema opinable; nosotros hubiéramos querido que esto no se hiciera con tasa de interés. La realidad es que estamos hablando de familias sobreendeudadas, que prácticamente no tienen capacidad de consumo y que están buscando la consolidación de esos adeudos para lograr respirar algo. Será consecuencia de la crisis del 2002, será un aprendizaje que la ciudadanía uruguaya tuvo que hacer con respecto a cómo manejarse con los picos de consumo que tuvimos antes -muchas veces la propia propaganda de las empresas invita a consumir-, será la caída de las horas extra, la pérdida de trabajo, en fin, puede haber muchas razones, pero lo cierto es que estamos elaborando un proyecto -si es posible, una ley- que les permita salir de la situación en la que se encuentran. A veces la salida se torna difícil -porque hay gente que está en el Clearing y su foja de crédito no es la mejor- y las bajas tasas no aparecen. Entonces, el objetivo era poner una tasa tope que permitiera un sin fin de posibles soluciones y no que aprobáramos un proyecto de ley en el que, al final, el propio tope que establecemos hace hundir el barco que estamos empujando.

Comparto muchos de los argumentos que dio el señor Senador Gallinal y quisiéramos que no hubiera tasas de interés, que la gente no estuviera endeudada, pero el Estado no está en condiciones de poner ese dinero; entonces, establecimos una tasa, que es discutible, y en ello comparto los fundamentos que se han dado.

Tampoco se debe pensar que esta tasa es caprichosa o que implica una actitud usurera, sino que se procuró dar un marco que permitiera a la gente salir de la situación en la que se encuentra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: los argumentos que nos acaba de dar el señor Senador Michelini me recuerdan a los que yo expresé como Miembro Informante, aquí en el Senado, cuando tratamos el proyecto de ley de usura. En esa hipótesis, comparto ese razonamiento, pero no en estas circunstancias, porque a las instituciones financieras que -como dice el proyecto de ley- voluntariamente se van a constituir en subrogantes les estamos dando la enorme garantía que para ellas significa la retención salarial. Eso les va a asegurar el cobro de sus créditos y, en consecuencia, debe llevarlos, necesariamente, a cobrar una tasa de interés notoriamente inferior a la que en términos generales se está ofreciendo hoy en el mercado.

Recuerdo que en 2001 ó 2002 se lanzó, por parte de UTE, el famoso superplan para la compra de electrodomésticos; lo recordarán los Legisladores. A esos efectos, UTE hizo una licitación pública convocando a distintas instituciones de intermediación financiera para que manifestaran si estaban dispuestas a hacerse responsables de la financiación, donde la garantía era la propia factura; allí se retenía el importe de la cuota de la compra de una estufa o de cualquier otro electrodoméstico, obviamente, que funcionara con energía eléctrica, porque así se justificaba su intervención. ¿Sabe, señor Presidente, cuál fue la tasa de interés que propuso la institución financiera que ganó la licitación? En un momento de la vida del país en que la tasa de interés en pesos superaba el 100% anual, esa empresa ganó con el 24% anual. ¿Por qué? Porque tenía la enorme garantía de la retención, no ya sobre el salario, sino sobre la factura. En este caso la retención opera sobre el salario; es más im-portante, es sin duda una garantía de mayor dimensión que, necesariamente, debe llevar a una tasa de interés inferior.

Más allá de estas salvedades, vamos a acompañar afirmativamente el proyecto de ley, porque consideramos que es una buena solución. En algún momento pensamos -se lo dijimos a los interesados y a los miembros de la Comisión, pero como tenemos muchas dudas sobre la suerte de esto, dejamos sin efecto lo que íbamos a proponer- que debía permitirse recurrir a un instrumento de estas características por una sola vez, a fin de no generar, nuevamente, esas calesitas que llevan a que -como bien han de saber los Secretarios del Cuerpo, porque les pasa a los funcionarios del Palacio Legislativo, como así también a otros tantos funcionarios públicos y trabajadores en general- las personas saquen el crédito social en el Banco de la República, a pagar en 24 ó 36 cuotas, y a la cuarta o a la sexta buscan la posibilidad de empezar de vuelta. La situación de fondo que tendrá que venir será la reactivación económica nacional, el fortalecimiento del salario, la recuperación del país. Cuando eso suceda -algún día, si Dios quiere-, no tendremos que estar aprobando instrumentos de estas características.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: si no me equivoco, en mi condición de Miembro Informante, puedo hacer uso de la palabra durante cinco minutos.

Las dos primeras objeciones ya resultaron superadas por los aportes que han hecho los señores Senadores Gallinal y Moreira. En mi informe no me referí al tema de la tasa de interés que, efectivamente, manejó el señor Senador Gallinal a nivel de la Comisión. En tal sentido, quiero relatar el origen de esta tasa que, como se señala en el proyecto de ley, debe ser inferior a 1.7. Acordemos que se trata de un lenguaje de economistas y cuando se dice 1.7 veces a uno le parece que es una cosa enorme. En realidad, multiplicar por uno da lo mismo, pero el problema es el siete.

Las razones que llevaron a establecer esta tasa de interés son las siguientes. En primer lugar, es bueno fijar una tasa, más allá de que pudiera ser más chica o más grande. Esa es mi opinión -la mantuve siempre- y así lo establece la Constitución al señalar que es de orden público que la ley fije tasas de interés. En general, esto nunca se ha aceptado mayoritariamente en el Senado, pero ahora pienso que lo podemos aceptar. Desde hace añares, la usura está regulada en el Uruguay y, para que ella se concrete, debe tratarse del 75% de interés por encima de la tasa media. En este proyecto de ley hablamos de un 70%, motivo por el cual no habrá usura. En segundo término, en el proyecto original -lo planteé en el Senado en la Legislatura pasada- la norma no hablaba de intereses, sino que decía que los organismos de protección al consumidor intervendrían para evitar la usura. Esa solución no fue considerada suficiente por los delegados del Ministerio de Economía y Finanzas que nos informaron en la Bancada, ni por el Banco de la República. Entonces, repito, la que se ha establecido está por debajo de las normas existentes en materia de usura.

Por último, en homenaje a la brevedad no hice un informe demasiado detallado porque, además, había consenso en el Senado. En el literal A) del artículo 8º se estableció algo que no figuraba en el proyecto original. En la actualización de deudas vencidas se aplica la tasa de interés compensatoria pactada originalmente al aplicarse esta ley, renunciándose a la tasa de mora. Quiere decir que el deudor se ve beneficiado si logra esto porque las tasas de mora que están pactadas no se le incluirán en esta refinanciación. Por otro lado, creo que si una persona debe a 3, 4, 5 ó 10 entidades y, voluntariamente, opta por ir a un refinanciador, lo hace para cobrar más mensualmente; de lo contrario, no tiene sentido. No es negocio para un deudor refinanciar con alguien que no le dé la posibilidad de cobrar algo más por mes. Si establecemos una tasa igual a la que tiene el Banco de la República para los créditos sociales -que ha bajado en los últimos dos años- me pregunto: ¿qué acreedor va a comprar un crédito para, al mismo interés, dar al deudor la posibilidad de que pague mucho menos por mes? Nadie lo va a hacer.

En definitiva, considero que es una cantidad razonable. Nos fue sugerida entre el 1.4 y el 1.7, pero nunca pasando del 75%, porque allí habría usura. Este es el relato histórico de por qué aparece esta cifra.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Advierto que tenemos varios oradores anotados para hacer uso de la palabra, motivo por el cual exhorto a los señores Senadores a que no incurran en alusiones.

Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: el señor Senador Korzeniak ha señalado que la usura se configura cuando se está en un 75% por encima de la tasa media. También ha dicho que como en este caso se habla de hasta un 70% por encima de la tasa del BROU, no vamos a tener usura, afirmación que me merece reservas. Ese 70% se mide sobre la tasa de interés que cobra la División Crédito Social del Banco de la República, que está por encima de la tasa media. Entonces, probablemente, pueda estar llegando a superar los límites configurados para la usura, en cuyo caso operará la ley correspondiente y le pondrá el tope.

De todas maneras, el concepto medular que nosotros desglosamos es que ante una garantía de las características de la que estamos otorgando a los futuros acreedores, es bueno esperar de ellos una tasa de interés muy por debajo del 70% por encima de la del Banco de la República.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: con deliberada brevedad, el Partido Colorado anuncia su voto a este proyecto. El mismo lleva ya largos meses de tratamiento en Comisión, el que ha sido exhaustivo, pormenorizado y detallado y que ha incluido consultas a todos los organismos financieros del país, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Banco de la República y a diversos juristas.

No ha sido sencillo alcanzar un acuerdo en cuanto a las características de este proyecto, que pretende abrir una instancia más para aliviar la situación penosa en que se encuentra mucha gente, por los niveles de endeudamiento. De manera que en esta instancia y luego de tan exhaustivo examen que se ha realizado, nos limitamos a señalar nuestro voto afirmativo. Podemos tener algunas reservas, especialmente en cuanto al asunto -que aquí se ha considerado- del tope máximo, pero confiamos y deseamos que se esté bastante más abajo, en la medida en que pueda haber más de una entidad interesada en realizar este financiamiento. Si es así, esperamos que esa tasa sea lo más baja posible.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero decir que la tasa que pusimos no es caprichosa, sino que es la que el Banco de la República cobra cuando hace consolidación de adeudos -que ahora son pocos y muy estudiados-; de esta forma la ley no prohíbe la práctica que realiza el Banco, que también podrá participar del mercado, incluso, con una tasa menor. Si este proyecto es exitoso, confiamos en que la competencia de diferentes oferentes -incluido el Banco de la República- pueda llevar a tasas menores que las puestas aquí. Ese es el objetivo pero, de cualquier manera, había que poner un tope y ese nos pareció el más adecuado.

(Ocupa la Presidencia el doctor Eber Da Rosa.)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Se va a votar en general el proyecto de ley, tal como vino de la Comisión de Constitución y Legislación.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Hemos decidido dar una oportunidad a la experiencia. Ha sido el temperamento dominante y mayoritario de nuestra Bancada promover este mecanismo, del que compartimos las intenciones con relación a la cantidad de familias endeudadas en el país, aunque tenemos varias aprensiones sobre las consecuencias que pueda tener en algunas instituciones, fundamentalmente, cooperativas y sobre la viabilidad para encarar el problema de fondo. Sin embargo, si existe la convicción, nos parece bueno que se tenga la experiencia y después, en la marcha, evaluemos el proceso.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se suprima la lectura del articulado.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR NICOLINI.- Solicito que se desglosen los artículos 1º y 3º y que el resto se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Se a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR GALLINAL.- Solicito que también se desglose el artículo 8º.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 9º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Solicito que se vote con la redacción propuesta por la Comisión y el agregado al final del ar-tículo, después de la coma, que dice: "sin perjuicio de lo dis-puesto en el artículo 7º de la Ley Nº 17.940.", que es la ley de fueros sindicales. Creo que la Secretaría ya tomó nota del texto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º con el agregado sugerido por el señor Miembro Informante.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

SEÑDOR NICOLINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NICOLINI.- El señor Senador Breccia ha hecho llegar a la Mesa un agregado a este artículo 3º y solicitamos a la Secretaría que le dé lectura.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Léase el artículo 3º con el agregado propuesto.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "Si fueren más de uno los acreedores cedentes o subrogados o los créditos cedidos o pagados con subrogación, será obligatorio para el cesionario o para quien paga con subrogación, incluida en la cesión o el pago con subrogación, la totalidad de los créditos que originen retenciones en los salarios o pasividades existentes contra el mismo deudor, con excepción de las deudas por concepto de vivienda con el Banco Hipotecario del Uruguay."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 8º.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Nosotros vamos a votar afirmativamente el artículo porque lo consideramos fundamental para darle viabilidad y efectividad a la ley. De todos modos, queremos marcar una salvedad con respecto al literal C) del artículo 8º, sobre el que ya nos hemos pronunciado y con el que discrepamos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Aplausos en la Barra)

- Se solicita silencio a la Barra porque no se pueden hacer exteriorizaciones ni a favor ni en contra de lo resuelto por la Cámara.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 1º.- En las retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades, tendrán prioridad las dispuestas por Juez competente destinadas a servir pensiones alimenticias, y luego por su orden, las solicitadas por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto; por la División Crédito Social del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU); por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU); por el Banco de Seguros del Estado (BSE), en cuanto a la contratación de los seguros de vida; y por instituciones de asistencia médica colectiva u otras instituciones de asistencia médica de régimen de prepago, por cuotas de afiliación de los funcionarios que así lo solicitaren, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 17.940".

ARTICULO 2º.- Las Instituciones Financieras con autorización legal para disponer retenciones sobre salarios y pasividades, cuando se constituyan mediante acuerdo de voluntades en cesionarios o subrogantes de obligaciones que ocasionaren retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades en los términos y condiciones previstos en la presente ley, conservarán la misma situación de privilegio que poseían los acreedores cedentes o subrogantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6º de la misma.

ARTICULO 3º.- Si fueren más de uno los acreedores cedentes o subrogados o los créditos cedidos o pagados con subrogación, será obligatorio para el cesionario o para quien paga con subrogación, incluir en la cesión o el pago con subrogación, la totalidad de los créditos que originen retenciones en los salarios o pasividades existentes contra el mismo deudor, con excepción de las deudas por concepto de vivienda con el Banco Hipotecario del Uruguay.

ARTICULO 4º.- Las Contadurías de las personas jurídicas públicas o privadas que efectuaren las retenciones de los salarios o pasividades percibidos por los deudores, registrarán los datos de la cancelación de los créditos de los acreedores originarios, así como los correspondientes a su cesión o subrogación legal.

ARTICULO 5º.- Los deudores que voluntariamente se aco-jan al régimen previsto por la presente ley, no podrán contraer nuevas deudas que ocasionen retenciones sobre sus retribuciones salariales o pasividades, hasta tanto haya cancelado la totalidad de la deuda resultante de la referida consolidación.

ARTICULO 6º.- Lo dispuesto por la presente ley no regirá respecto de las obligaciones correspondientes a impuestos, contribuciones a la seguridad social, pensiones alimenticias decretadas u homologadas judicialmente, créditos que corresponda verter al Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación, cuotas de afiliación a Instituciones de Asistencia Médica Colectiva u otras instituciones de asistencia médica de régimen de prepago.

ARTICULO 7º.- Ninguna persona física podrá percibir por concepto de retribución salarial o pasividad una cantidad en efectivo inferior al 30% (treinta por ciento), del monto nominal, deducidos el impuesto -si correspondiere- y las contribuciones de seguridad social, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004.

ARTICULO 8º.- Las Instituciones Financieras que voluntariamente se constituyan en cesionarios o subrogantes de acuerdo con el régimen previsto en esta ley, deberán ofrecer al deudor una refinanciación que cumpla, como mínimo, con las siguientes condiciones:

A) en caso de existir deudas vencidas, el componente de capital de cada cuota vencida se actualizará mediante la aplicación de la tasa de interés compensatoria pactada originalmente, renunciándose a aplicar la tasa de mora prevista en el contrato original;

B) el monto total a refinanciar surgirá de sumar los siguientes conceptos:

- por las deudas vencidas, los montos determinados en el literal A), más el capital que reste amortizar, si correspondiere;

- por las deudas no vencidas, el capital que reste amortizar;

C) al capital a refinanciar que surja de acuerdo con el literal B), se le aplicará una tasa de interés inferior a 1.7 veces la tasa que cobre el Banco de la República Oriental de Uruguay (BROU) por sus préstamos de Crédito Social correspondiente a la de "Empleados públicos, de empresas con convenio o pasivos" para el mayor plazo que se ofrezca, vigente al momento de la refinanciación.

En caso de existir deudas en dólares se procederá, si hubiere deudas vencidas, de acuerdo a lo establecido en el literal A). A efectos de la determinación del monto total a refinanciar de acuerdo a lo establecido en el literal B), los importes en dólares se convertirán en pesos uruguayos a la cotización interbancaria (BCU fondo comprador), del cierre del día anterior al de la refinanciación, aplicándose la tasa de interés establecida en el literal C).

ARTICULO 9º.- Declárase aplicable al régimen previsto en la presente ley, el principio de consensualidad dispuesto por el inciso primero del artículo 5º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004."

16) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Dese cuenta de una solicitud de licencia que ha llegado a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Long solicita licencia desde el 29 de marzo hasta el 4 de abril del corriente".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 28 de marzo de 2006.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente.

De mi mayor consideración:

Por intermedio de ésta, solicito al Cuerpo licencia para asistir en representación de la Comisión de Ciencia y Tecnología a la V Conferencia Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Empresa, que se desarrollará en la ciudad de Brasilia desde el 29 de marzo hasta el 4 de abril del corriente año.

Sin otro particular saludo a Ud. cordialmente

Ing. Ruperto Long. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente correspondiente, doctor Pablo Iturralde, a los efectos de que ocupe la Banca del señor Senador Long.

17) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 17 y 41 minutos, presidiendo el doctor Eber Da Rosa y estando presentes los señores Senadores Amaro, Antía, Baráibar, Breccia, Cid, Couriel, Dalmás, Gallinal, Korzeniak, Lapaz, Michelini, Nicolini, Ríos, Rubio, Sanguinetti, Topolansky y Vaillant.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini - Sr. Santiago González Barboni Secretarios

Sra. Nelly Tavares Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.