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N° 3320 - 22 DE DICIEMBRE DE 2005

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PRIMER PERÍODO EXTRAORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES MAESTRA NORA CASTRO Presidenta
ESCRIBANA BEATRIZ ARGIMÓN 1ra. Vicepresidenta
Y CARLOS VARELA NESTIER 4to. Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR MARTI DALGALARRONDO AÑÓN   Y DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO
Y LOS PROSECRETARIOS DOCTORA MARGARITA REYES GALVÁN Y DOCTOR GUSTAVO SILVEIRA

 

 

 

 

 

Texto de la citación

 

 

 

Montevideo, 21 de diciembre de 2005.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión extraordinaria, mañana jueves 22, a la hora 16, a efectos de adoptar resolución respecto a la interrupción del receso (inciso tercero del artículo 104 de la Constitución y literal C) del artículo 90 del Reglamento) con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar, previa declaración de grave y urgente, el siguiente

 

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Villa Fraile Muerto, 6ª Sección Judicial del departamento de Cerro Largo. (Elevación a la categoría de ciudad). (Carp. 703/005). Rep. 521

2º.- Personal militar destituido desvinculado, dado de baja, pasado a situación de reforma o similares por razones políticas o ideológicas. (Modificación de los derechos jubilatorios, reparación y reconstrucción escalafonaria). (Carp. 662/005). (Informado).Rep. 501 y Anexos I y II

3º.- Libertad sindical. (Normas relativas a su protección y promoción). (Modificaciones de la Cámara de Senadores.) (Carp. 225/005). (Informado). Rep. 282 y Anexos I y II

MARTI DALGALARRONDO AÑÓN     JOSÉ PEDRO MONTERO

S e c r e t a r i o s

 

 

NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento, se requerirá la presencia de más de la mitad del total de componentes de la Cámara para que pueda declararse abierta la sesión.

Por aplicación de lo establecido en el literal C) del artículo 90 del Reglamento será necesaria mayoría absoluta para adoptar resolución respecto de la interrupción del receso y para calificar la urgencia de cada uno de los asuntos que figuran en la convocatoria.

 

S U M A R I O

1.- Asistencias y ausencias

2 y 14.- Asuntos entrados

4.- Inasistencias anteriores

CUESTIONES DE ORDEN

5, 7 y 10.- Declaración de gravedad y urgencia

9.- Integración de la Cámara

9.- Licencias

12.- Sesión extraordinaria

VARIAS

3.- Interrupción del receso

ORDEN DEL DÍA

6.- Villa Fraile Muerto, 6ª Sección Judicial del departamento de Cerro Largo. (Elevación a la categoría de ciudad).

Antecedentes: Rep. Nº 521, de diciembre de 2005. Carp. Nº 703 de 2005. Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

8.- Personal militar destituido desvinculado, dado de baja, pasado a situación de reforma o similares por razones políticas o ideológicas. (Modificación de los derechos jubilatorios, reparación y reconstrucción escalafonaria).

Antecedentes: Rep. Nº 501, de noviembre de 2005, y Anexos I y II, de diciembre de 2005. Carp. Nº 662 de 2005. Comisión de Defensa Nacional.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

11, 13 y 15.- Libertad sindical. (Normas relativas a su protección y promoción). (Modificaciones de la Cámara de Senadores).

(Ver 34ª sesión)

Nuevos antecedentes: Anexos I y II al Rep. Nº 282, de diciembre de 2005. Carp. Nº 225 de 2005. Comisión de Legislación del Trabajo.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

1.-      Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Pablo Abdala, Washington Abdala, Andrés Abt, Álvaro Alonso, Pablo Álvarez López, José Amorín Batlle, Beatriz Argimón, Miguel Asqueta Sóñora, Alfredo Asti, Manuel María Barreiro, Juan José Bentancor, Gustavo Bernini, Daniel Bianchi, Gustavo Borsari Brenna, Sergio Botana, Eduardo Brenta, Juan José Bruno, Diego Cánepa, Rodolfo Caram, Matías Carámbula, Germán Cardoso, José Carlos Cardoso, Julio Cardozo Ferreira, Federico Casaretto, Alberto Casas, Nora Castro, Hebert Clavijo, Alba M. Cocco Soto, Roberto Conde, Mauricio Cusano, Richard Charamelo, Silvana Charlone, Álvaro Delgado, Gustavo A. Espinosa, Sandra Etcheverry, Julio César Fernández, Blanca Ferreira, Luis José Gallo Imperiale, Beethoven Gambetta, Carlos Gamou, Jorge Gandini, Javier García, Daniel García Pintos (1), Carlos González Álvarez, Rodrigo Goñi Romero, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, Uberfil Hernández, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, Liliam Kechichián, Luis Alberto Lacalle Pou, Marianela Lambrosquini, Fernando Longo Fonsalías, Álvaro F. Lorenzo, Guido Machado, José Carlos Mahía, Rubén Martínez Huelmo, Carlos Maseda, Carlos Mazzulo, Artigas Melgarejo, Jorge Menéndez, Eloísa Moreira, Gonzalo Mujica, Gonzalo Novales, Jorge Orrico, Edgardo Ortuño, Ivonne Passada, Jorge Patrone, Daniela Payssé, Daniel Peña Fernández, Adriana Peña Hernández, Aníbal Pereyra, Darío Pérez Brito, Esteban Pérez, Nelson Pérez, Pablo Pérez González, Iván Posada, Jorge Pozzi, Edgardo Rodríguez, Gustavo Rombys, Jorge Romero Cabrera, Luis Rosadilla, Javier Salsamendi, Carlos Saravia, Jorge Schiappapietra, Carlos Signorelli, Juan C. Souza, Héctor Tajam, Roxana Tejera, Hermes Toledo Antúnez, Daisy Tourné, Mónica Travieso, Diego Trujillo, Carlos Varela Nestier, Álvaro Vega Llanes, Homero Viera y Horacio Yanes.

Con licencia: Roque E. Arregui, Bertil Bentos, José L. Blasina, Juan José Domínguez, David Doti Genta, Carlos Enciso Christiansen, Nora Gauthier, Daniel Mañana, José Quintín Olano Llano, Alberto Perdomo Gamarra, Enrique Pintado, Nelson Rodríguez Servetto, Víctor Semproni y Jaime M. Trobo.

Falta con aviso: Óscar Zabaleta.

Sin aviso: Ruben Amaro.

Observaciones:

A la hora 17 y 50 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Roxana Tejera.

2.-     Asuntos entrados.

"Pliego Nº 82

DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores remite el proyecto de ley, aprobado por dicho Cuerpo, por el que se aprueba el Tratado con los Estados Unidos de América relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina, el día 4 de noviembre de 2005. C/750/005

-    A la Comisión de Asuntos Internacionales

La citada Cámara remite el proyecto de ley, aprobado en nueva forma, por el que se regula la actividad de los mozos de cordel de los puertos de Colonia y Montevideo, y se modifica la normativa vigente en la materia. C/572/005

-     A la Comisión de Legislación del Trabajo

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Economía y Finanzas contesta los siguientes asuntos:

El Ministerio de Relaciones Exteriores contesta el pedido de informes del señor ex Representante Julio M. Musetti, relacionado con las modificaciones propuestas por el Gobierno de la República al Tratado de Inversiones suscrito con los Estados Unidos de América. C/501/005

El Ministerio de Educación y Cultura contesta los siguientes asuntos:

-    A sus antecedentes".

3.-     Interrupción del receso.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16)

——La Cámara ha sido convocada a efectos de adoptar resolución respecto de la interrupción del receso, de acuerdo con el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución y el literal C) del artículo 90 del Reglamento.

Se va a votar si se levanta el receso.

(Se vota)

——Sesenta y tres en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA.

4.-     Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión extraordinaria realizada el 21 de diciembre de 2005:

Con aviso: Rodrigo Goñi Romero, Tomás Sánchez y Óscar Zabaleta.

Sin aviso: Ruben Amaro.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Miércoles 21 de diciembre

HACIENDA

Con aviso: Carlos González Álvarez; Jorge Gandini; José Amorín; José Carlos Cardoso.

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Con aviso: Ruben José Amaro Machado; Tomás Sánchez".

5.-     Declaración de gravedad y urgencia.

——De acuerdo con lo dispuesto por el literal C) del artículo 90 del Reglamento, se va a votar si se declara grave y urgente el asunto que figura en primer término del orden del día.

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

6.-     Villa Fraile Muerto, 6ª Sección Judicial del departamento de Cerro Largo. (Elevación a la categoría de ciudad).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figura en primer término del orden del día: "Villa Fraile Muerto, 6ª Sección Judicial del departamento de Cerro Largo. (Elevación a la categoría de ciudad)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 521

"PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Elévase a la categoría de ciudad a la actual villa de Fraile Muerto, ubicada en la 6a. Sección Judicial del departamento de Cerro Largo.

Montevideo, 7 de diciembre de 2005.

GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo, SERGIO BOTANA, Representante por Cerro Largo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pueblo de Fraile Muerto fue elevado a la categoría de villa por la Ley Nº 12.478, de 19 de diciembre de 1957.

Está ubicada en la 6a. Sección Judicial y Policial del departamento de Cerro Largo. Habitan su suelo 3.229 personas y alrededor de 6.700 si incluimos su zona de influencia, de acuerdo al censo del año 2004, destacando que el 40% de la población tiene entre 0 y 24 años de edad, lo que demuestra el empuje y potencial de la zona.

Cuenta con los servicios públicos y privados esenciales para elevar su categoría a ciudad, así como importante infraestructura de calles y alumbrado, construcciones habitacionales, abonados telefónicos, red eléctrica y de agua potable. Cuenta con Junta Local, sucursales del BROU, BPS, Correo, ANTEL, UTE, OSE y AFE; Juzgado de Paz, comisaría y Seccional de Policía.

Para la tarea de atención a la salud cuenta con una Policlínica de Salud Pública, sala de auxilios y asistencia médica privada a través de CAMCEL y SAM. En materia educativa tiene dos escuelas públicas, jardín de infantes, liceo, UTU con internado y Centro Experimental de UTU. Cuenta además con un centro CAIF y hogar de ancianos. En el área del trabajo y la producción cuenta con dos cooperativas: la de Fraile Muerto y Liga de Trabajo, dos locales feria e importantes aserraderos. Para el desarrollo del deporte cuenta con estadio, gimnasio y liga de fútbol. Para las actividades sociales, culturales y recreativas dos clubes, el Uruguay y Unión Obrero, además del de Leones y Rotary Club, servicio de televisión por cable y emisora de radio FM. En cuanto a servicios de transporte tiene dos líneas de ómnibus interdepartamentales y tres departamentales. Como infraestructura edilicia existen además dos complejos de MEVIR, un cementerio y una parroquia.

Fraile Muerto es centro de una vasta zona agrícola, ganadera y forestal, destacando la lechería que remite más del 50% de su producción a la cooperativa departamental COLEME, la más antigua del país. También merece destaque el área forestal con más de 15.000 hectáreas plantadas en el área de influencia, y la superficie de siembra de arroz de alrededor de 7.000 hectáreas.

Es tradicional la cría y engorde de ganado vacuno y lanar, teniendo importantes áreas de alto valor de producción forrajera.

Montevideo, 7 de diciembre de 2005.

GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo, SERGIO BOTANA, Representante por Cerro Largo".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señora Presidenta: en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente tuvimos la satisfacción de recibir a los dos Diputados por el departamento de Cerro Largo, quienes nos manifestaron su inquietud a los efectos de elevar a la categoría de ciudad a la actual villa Fraile Muerto, ubicada en la 6ª Sección Judicial de ese departamento.

La Comisión nos había encomendado elaborar el informe de este proyecto, que fue votado por unanimidad, pero por razones administrativas no pudimos conseguir todas las firmas de sus integrantes. Por ende, no le podemos dar lectura.

De todas formas, nos vamos a apoyar en la exposición de motivos que nos hacen llegar los Representantes por Cerro Largo, señores Diputados Guarino y Botana, en la que se relatan algunos rasgos característicos e importantes de esta villa que se pretende elevar a la categoría de ciudad. Dicen así nuestros compañeros Diputados por Cerro Largo: "El pueblo de Fraile Muerto fue elevado a la categoría de villa por la Ley Nº 12.478, de 19 de diciembre de 1957.- Está ubicada en la 6ª Sección Judicial y Policial del departamento de Cerro Largo. Habitan su suelo 3.229 personas y alrededor de 6.700 si incluimos su zona de influencia, de acuerdo al censo del año 2004, destacando que el 40% de la población tiene entre 0 y 24 años de edad, lo que demuestra el empuje y potencial de la zona.- Cuenta con los servicios públicos y privados esenciales para elevar su categoría a ciudad, así como importante infraestructura de calles y alumbrado, construcciones habitacionales, abonados telefónicos, red eléctrica y de agua potable. Cuenta con Junta Local, sucursales del BROU, BPS, Correo, ANTEL, UTE, OSE y AFE; Juzgado de Paz, comisaría y Seccional de Policía.- Para la tarea de atención a la salud cuenta con una Policlínica de Salud Pública, sala de auxilios y asistencia médica privada a través de CAMCEL y SAM. En materia educativa tiene dos escuelas públicas, jardín de infantes, liceo, UTU con internado y Centro Experimental de UTU. Cuenta además con un centro CAIF y hogar de ancianos. En el área del trabajo y la producción cuenta con dos cooperativas: la de Fraile Muerto y Liga de Trabajo, dos locales feria e importantes aserraderos. Para el desarrollo del deporte cuenta con estadio, gimnasio y liga de fútbol. Para las actividades sociales, culturales y recreativas dos clubes, el Uruguay y Unión Obrero, además del de Leones y Rotary Club, servicio de televisión por cable y emisora de radio FM. En cuanto a servicios de transporte tiene dos líneas de ómnibus interdepartamentales y tres departamentales. Como infraestructura edilicia existen además dos complejos de MEVIR, un cementerio y una parroquia.- Fraile Muerto es centro de una vasta zona agrícola, ganadera y forestal, destacando la lechería que remite más del 50% de su producción a la cooperativa departamental COLEME, la más antigua del país. También merece destaque el área forestal con más de 15.000 hectáreas plantadas en el área de influencia, y la superficie de siembra de arroz de alrededor de 7.000 hectáreas.- Es tradicional la cría y engorde de ganado vacuno y lanar, teniendo importantes áreas de alto valor de producción forrajera".

Dimos lectura de este aporte de los señores Diputados por el departamento, que indudablemente enriquecerá el conocimiento de las señoras y los señores Diputados.

Debo señalar que nosotros no conocemos Fraile Muerto, pero hemos quedado muy impactados por las expresiones de los señores Diputados por ese departamento.

Por último, queremos decir también al plenario que la Comisión ha votado por unanimidad el proyecto de ley que eleva a la categoría de ciudad a esta hermosa localidad de Fraile Muerto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Botana.

SEÑOR BOTANA.- Es un honor, realmente, participar de esta jornada y con este motivo.

Yo quiero, en primer término, agradecer a la señora Vicepresidenta de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente porque en oportunidad de que se estaba disputando nada más ni nada menos que el partido de Uruguay con Australia -momento en el que los uruguayos todos estábamos pendientes de otra cosa-, hizo todas las articulaciones necesarias para recibirnos y poder argumentar en Comisión este proyecto.

Por supuesto, el agradecimiento al Presidente de la Comisión, al señor Diputado Signorelli, que sé que le puso calor, y al señor Diputado Uberfil Hernández, por sus palabras acerca de Fraile Muerto ahora y por todo el trabajo de articulación política realizado para que este proyecto pueda ser ley.

Los señores Representantes Daniel Mañana y Rodolfo Caram, militantes y Diputados de nuestro Partido, trabajaron con ahínco, con fuerza, argumentando con seriedad lo que es un proyecto que junto al señor Diputado Gustavo Guarino estamos presentando y que es absolutamente justo.

En nombre del señor Diputado Guarino y en el mío, me voy a animar a decir una cosa: ni él ni yo hacemos ciudad a Fraile Muerto; tampoco los habitantes de Fraile Muerto que tomaron la iniciativa. Lo hace su gente, el trabajo de su gente, el esfuerzo, las características especiales de este lugar que es centro de una importantísima zona del departamento de Cerro Largo, pero que, además, es centro de una vasta zona de los departamentos de Tacuarembó y Treinta y Tres, que confluyen ahí en sus intereses productivos, en los servicios a la producción, al trabajo, pero también en los servicios a la salud.

Fraile Muerto ha sido, en otros aspectos, centro del país entero. La escuela industrial, la UTU actual de Fraile Muerto, por años la única escuela técnica con internado del país, ha recibido, alojado, educado y formado a los jóvenes, no de Fraile Muerto, no de Cerro Largo, no de las zona cercana, que ahora tiene un límite territorial para su acción. Ha llegado a tener juntos a jóvenes de quince departamentos al mismo tiempo y de veintinueve localidades diferentes; ha hecho formación de hombres que han resistido sin duda una normativa disciplinaria importante, que se han abocado al estudio y que han salido como excelentes técnicos en cualquiera de sus áreas de actividad.

El nombre de esta localidad se remonta a 1753, cuando justamente el fraile José Díaz murió allí, a dos o tres leguas del actual emplazamiento de lo que será la ciudad de Fraile Muerto.

La vocación educativa de este pueblo, la primera siembra educativa, nace con el Presidente Francisco Giró, a quien recién nombrara en su discurso el señor Diputado Mahía. Francisco Giró crea, en 1852, la primera escuela en la zona. Después, la historia de Fraile Muerto ha sido la de las conquistas propias. Es cierto que el Estado ha ido llegando a Fraile Muerto -es verdad-, pero todavía el principal medio para la atención de la salud en Fraile Muerto es una institución propia de este pueblo. La Sala de Auxilios San Miguel, que es obra de las Hermanas Misioneras Franciscanas del Verbo Encarnado y del pueblo de Fraile Muerto, ha atendido a la gente de la villa y primero del pueblo de Fraile Muerto y de toda la zona de influencia, con verdadera excelencia y costos muy bajos para la sociedad. Allí, nunca se miró la condición económica de nadie ni su origen para ser atendido, y cualquiera recibe la atención con todo amor y cariño. Después, por supuesto, Salud Pública y las mutualistas departamentales han venido a la villa a prestar atención.

Entre los servicios sociales se destaca la atención a la infancia, con un CAIF que es ejemplar, pero fundamentalmente se destaca un hogar de ancianos que es ejemplo para el resto del Uruguay; se encuentra entre los dos o tres mejores hogares de ancianos que el Uruguay entero exhibe y en un marco que, tal vez, solo se da en esta sociedad de Fraile Muerto, donde la interacción de los ciudadanos y sus organizaciones de ayuda constituyen una red de altísimo valor, de contención y de asistencia.

Estamos hablando de instituciones de servicio con permanencia y prestaciones concretas que elevan la calidad de vida de la gente más humilde.

Pero el capítulo más importante en Fraile Muerto es, sin duda, es este de la educación, que es altamente valorada allí. Hacíamos referencia a las escuelas públicas -que vienen de la época de Giró-, a la UTU, al liceo y al jardín de infantes, pero asimismo debemos destacar el excelente nivel educativo medio que exhibe la población de Fraile Muerto. Sin duda, en este entramado social, de pequeños productores y de trabajadores agropecuarios que con su educación y voluntad de cooperación han conquistado mejoras y generado instituciones sociales y económicas con principios permanentes y con claro sentido, instituciones con perfiles propios concentradas en sus fines y, a la vez, atentas a la globalidad del entorno, con memoria, identidad y sentido de la construcción integral, la Liga de Trabajo de Fraile Muerto y la Cooperativa Agropecuaria de Fraile Muerto desde hace varias décadas contribuyen al mantenimiento de la dignidad del trabajo vinculado a la tierra. Es que Fraile Muerto es el producto de sus instituciones. Ha sabido crear, fomentar y alimentar instituciones y darles permanencia.

Más allá de ser un centro productivo importante en la ganadería, en arroz, en la forestación y -como bien decía el señor Diputado Hernández- un centro fundamental en la lechería, Fraile Muerto debe ser ciudad porque explica todas sus conquistas en el carácter y en la abnegación de su gente. Sin ninguna duda, va a tener un enorme futuro por la fe de los suyos y por la educación, que es tan valorada en esta zona.

Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señores Diputados.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Guarino.

SEÑOR GUARINO.- Señora Presidenta: con alegría, hoy, cerca del fin del año, vamos a votar un proyecto de ley que tiene mucho que ver con una zona de nuestro departamento y que refiere a la elevación a la categoría de ciudad de Fraile Muerto, en el departamento de Cerro Largo.

Comparto lo que decía el señor Diputado Hernández en nombre de la Comisión, y por supuesto lo que expresaba el señor Diputado Botana. Pero en cuanto a la elevación a la categoría de ciudad, quiero agregar que cuando en un principio se planteó la idea -bueno es reconocerlo: fue del señor Diputado Botana; nosotros la acompañamos con mucho gusto y después presentamos el proyecto en forma conjunta-, alguna gente de Fraile Muerto, y asimismo de Melo, dudaba. Se preguntaba: ¿será que Fraile Muerto da para ser una ciudad, si es un lugar que no tiene grandes edificios, su tránsito no es alocado y no se puede hablar de estrés? Yo creo que sí, que reúne los valores que, justamente, debemos cultivar y profundizar, porque estas son ventajas que todavía tiene nuestro Uruguay, particularmente en el interior. Son lugares apacibles para vivir y con una dimensión acorde a su gente; deben ser rescatados y promovidos, como en este caso, elevándolos a la categoría de ciudad. No pretendemos que allí se instale la locura de la vida ciudadana ni el estrés, sino que se le haga un reconocimiento para que en ese lugar se pueda vivir aún mejor que hoy, para que se pueda pelear por mejorar los servicios públicos y los de la Administración Municipal.

Fraile Muerto, como se dijo antes, tiene una Junta Local; sin embargo, desde hace mucho tiempo -por lo menos en el período pasado y en lo que va de este- no se ha constituido. Creo que en la medida en que, por la elevación a la categoría de ciudad, tenga un peso mayor, estaremos generando condiciones para que quienes tienen la responsabilidad -en este caso, el señor Intendente Municipal- tengan en cuenta que la descentralización también se exige a nivel de los departamentos e instrumenten la instalación de esa Junta Local, que por ahora no sería electiva -quizás mañana lo sea-, descentralizándose así la función de Gobierno y los recursos.

Ese es solo un ejemplo de por qué creemos que le va a hacer mucho bien a la actual villa Fraile Muerto y a sus habitantes que la elevemos a la categoría de ciudad.

Como decía el señor Diputado Botana, Fraile Muerto debe su nombre a ese fraile que allá por 1753 muere en las orillas del arroyo. En un artículo del historiador Orestes Araújo, titulado "Tradiciones Geográficas del Uruguay.- El Arroyo del Fraile Muerto", se afirma que un vecino de la zona, el señor Juan Mesa, consignó que de un sitio en un vado del arroyo Fraile Muerto fue extraída una lápida con los datos del fraile muerto, José Díaz, que había estado abandonada por más de ciento cuarenta años. Hoy, esa lápida se encuentra, como un acervo histórico de la nación, en el Museo Nacional de Historia, en la Casa de Lavalleja.

Si bien el origen de su nombre viene de lejos, fue en 1908 ó 1909 que, al influjo del paso del ferrocarril, se desarrolla este centro poblado, que hoy es el tercero en importancia de Cerro Largo. Fraile Muerto es el centro de una vasta zona productiva y el punto de referencia de un territorio de aproximadamente 2.800 kilómetros cuadrados, donde se ubican parajes o centros poblados, de los que voy a mencionar los principales porque es importante para comprender por qué, estando tan cerca de Melo y sobre una Ruta Nacional, igualmente tiene una vida propia. Puedo mencionar a Quebracho, Cerro de las Cuentas, Tres Islas, Rincón de la Urbana, Picada de Suárez, Ramón Trigo, Bañado de Medina, Laguna del Negro, Cuchilla Grande, Calera de Recalde, Tía Lucía, Rincón de Py, Bañado de Morales, Paso de los Carros y dos poblaciones aledañas muy cercanas, separadas apenas por el arroyo, llamadas Pueblo Toledo y Wenceslao Silveira. En todo ese radio, que no pasa de 30 kilómetros, hay una población cercana a los 7.000 habitantes.

Como bien se ha dicho, la gente que puebla la zona siempre tuvo un espíritu emprendedor y una gran pujanza. Debemos recordar que hasta la primera mitad del siglo pasado las rutas eran muy pocas y el ferrocarril era el gran comunicador. Fraile Muerto era el eje de toda esa rica zona productiva, particularmente de ganadería vacuna y ovina, y desde allí se comunicaba con el resto del país. Es por eso que, a pesar de no ser un lugar densamente poblado, desde muy temprano supo pelear por los servicios públicos esenciales y hoy los exhibe con orgullo.

Esto ya se ha mencionado, pero podemos reiterar lo relativo al liceo, la escuela industrial, su régimen de internados, las instituciones públicas, la fuerte presencia del Estado desde muy temprano, con una sucursal del BROU, del Banco de Previsión Social, del Correo, de Salud Pública, de los servicios de ANTEL, UTE y OSE.

También es conocido el papel de la sociedad civil y el que han jugado las instituciones que nuclean a los productores rurales, que hacen al centro de Fraile Muerto. La Liga de Trabajo de Fraile Muerto y la Cooperativa Agropecuaria CALFRAMU son dos instituciones que a lo largo de estos años no solo han peleado por los intereses de los productores rurales, sino por los de su pueblo. Son conocidos sus clubes sociales, los de la sociedad civil, tales como el Club de Leones y el Club de Rotarios, que han trabajado mancomunadamente y hacen que Fraile Muerto merezca dar este salto cualitativo, pasando a la categoría de ciudad.

En cuanto al potencial productivo, creo que es sabido que es una de las ricas zonas ganaderas del país, de ganadería extensiva, es cierto, pero de ganadería natural, ventaja que Uruguay tendrá que potenciar. Posee uno de los mejores suelos del departamento y del país. Tiene un potencial muy grande en cuanto a cuenca lechera basada en pasturas naturales y mejoradas. Es una de las zonas con potencial de desarrollo de cuenca más importante del país, entre otras cosas porque hay una cultura lechera en los productores, que están desde principios del siglo pasado.

En Cerro Largo funciona COLEME, que es la primera cooperativa de lechería que existió en el Uruguay, muy anterior a CONAPROLE y a las cooperativas del sur. Por lo tanto, hay una cultura de productores lecheros y hoy la cuenca lechera del entorno de Fraile Muerto remite a COLEME alrededor de 3:500.000 litros anuales.

Ya se habló del arroz. Es una zona con potencial arrocero, no solamente por el agua que se extrae del arroyo Fraile Muerto -para lo cual se expiden permisos de extracción por parte de la Dirección Nacional de Hidrografía-, sino por el desarrollo de todo un sistema de represas en torno a la cuenca del río Negro, lo que hoy implica que haya alrededor de 7.000 hectáreas en producción y que en la zona de influencia existan molinos, secadores y establecimientos de procesamiento del arroz.

La forestación es otra de las áreas que también se ha desarrollado; hay alrededor de 15.000 hectáreas en su zona de influencia.

De modo que creemos que Fraile Muerto reúne las condiciones para ser elevada de la categoría de villa a la de ciudad. Por supuesto que por efecto de una ley, por transformarla en ciudad, no vamos a solucionar los grandes problemas de Fraile Muerto, como sucede con cientos de poblaciones del interior de nuestro país, que también es necesario que se incorporen al desarrollo.

Por eso hay algo importante por lo que están peleando los vecinos de Fraile Muerto y que representa un viejo compromiso: el saneamiento, que es una necesidad, al igual que en cualquier centro poblado del país. Una de las bellezas del lugar es la hermosa playa que hay a orillas del arroyo Fraile Muerto, que tiene un maravilloso paisaje natural, con árboles nativos, que se han mantenido para proteger el medio ambiente; pero si no se hace el saneamiento, en un futuro se estará hipotecando la calidad de vida de sus ciudadanos.

Es necesario que junto con el cambio a categoría de ciudad reflotemos un viejo anhelo, planteado en la oportunidad en que, junto con el señor Diputado Botana y los Consejeros de Primaria Héctor Florit y Óscar Gómez, recorriéramos las escuelas rurales de toda la zona. Las fuerzas vivas de Fraile Muerto plantearon la necesidad de que la vieja escuela agraria de UTU vuelva a tener brillo, tal como hace unos años, reinstalando el internado para la formación de jóvenes. Se habló de la necesidad de tener un hogar estudiantil para los jóvenes -casi niños, que terminan sexto año- de todas estas zonas de influencia que hoy nombrábamos, que no tienen muchas alternativas. Entonces, también es necesario contar con ese hogar estudiantil para que estos adolescentes puedan quedarse a hacer el liceo y volver los fines de semana a sus casas.

Estos son los aspectos que debemos desarrollar para que, sin perder la calidad de vida que hoy tiene, esa característica de ser un centro de vida apacible, también Fraile Muerto tenga un plan de desarrollo urbano, industrial y productivo.

Es por eso que vamos a votar con gusto este proyecto de ley.

SEÑOR LONGO FONSALÍAS.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GUARINO.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR LONGO FONSALÍAS.- Señora Presidenta: para mí es un honor y una inmensa alegría votar este proyecto por el que se declara ciudad a la villa de Fraile Muerto. Lo digo con satisfacción, y me retrotraigo al año 1962, cuando por dos años tuve la dicha de vivir en esa localidad, en ese pueblo del interior. En aquel entonces era un pueblo de difícil acceso, como decía el señor Diputado Guarino, donde los caminos eran casi intransitables -más que caminos eran trillos- y el acceso al pueblo era por ferrocarril.

(Ocupa la Presidencia la señora Representante Argimón)

——Recuerdo mis años escolares y cuando, con un conjunto de amigos, tomamos la primera comunión, así como las idas a la hermosa playa de Fraile Muerto. Era una playa de canto rodado, de las pocas que hay en el país, con un arroyo muy hermoso. Con aquel imaginario infantil decíamos: "No se puede ir de noche al arroyo porque anda el fantasma del fraile"; son anécdotas de la infancia que han quedado grabadas en mi mente.

Entonces, hoy, al votar que aquel pueblito sea una ciudad, pienso que el paso del tiempo hace que las cosas crezcan. Si uno va hoy a Fraile Muerto, puede ver las calles asfaltadas, una floreciente liga de productores y una zona de campos de invernada de primera categoría. Ese entorno hace de Fraile Muerto un pueblo de singulares características que merece, sin lugar a dudas, que sea encumbrado a la categoría de ciudad. Este es un pueblo más, que nació con la vía del ferrocarril y que está enclavado sobre la Cuchilla Grande, como muchos otros que hay sobre la Ruta Nº 7. Hay muchos pueblos sobre esa ruta, todos sobre la Cuchilla Grande, que florecieron con la vía del ferrocarril, que ha dado vida a muchos pueblitos. En la época en que no existía el tren, ese era el camino de las carretas; así se fueron creando estos centros poblados donde primero paraban las carretas y luego el ferrocarril.

Entonces, para mí es un orgullo votar que pase a la categoría de ciudad aquel pueblo de mi infancia.

Nada más.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Puede continuar el señor Diputado Guarino.

SEÑOR GUARINO.- He terminado, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra la señora Diputada Castro.

SEÑORA CASTRO.- Señora Presidenta: voy a referirme brevemente a este primer asunto del orden del día de la sesión de hoy.

Quiero agregar algo acerca de algunos aspectos de esta localidad del interior de nuestro país, concordando con lo que dijeron nuestros colegas.

Esta localidad, que nace como nucleamiento en torno a las postas de carretas -luego viene el ferrocarril-, fue desde el inicio una zona ganadera, luego se amplificó como zona de agricultura y, en los últimos tiempos, también es forestal.

Mi interés no es referirme a las características productivas que tiene en sí misma, sino a algunos rasgos que, a través de muchas décadas, se han mantenido en esta población y que ella ha cultivado, así como también en sus alrededores, como muy bien decía el señor Diputado y compañero Guarino.

Al aludir a Fraile Muerto no se puede pensar solo en esa villa, sino en el entorno de unos 30 kilómetros a la redonda y en todo lo que nuclea a esas localidades que están vinculadas. Diría que si hay una característica propia de esta localidad, a lo largo de varias décadas, es el modo de socialización, en el que priman distintas formas de cooperación y de solidaridad. Y a mí esto no me parece poco. Capaz que esto no tiene que ver técnicamente con que una localidad merezca ser ciudad o no, pero en lo que a mí respecta -considerando que conozco a esta gente por razones familiares, pero que, ocupando este lugar, no estoy haciendo esta valoración por ese vínculo, sino por la responsabilidad que me compete como mujer política- creo que, como en muchas otras localidades, esto es una nota particular que algún día los antropólogos sociales u otros técnicos y profesionales de las ciencias sociales se encargarán de tomar en cuenta. Algo se cultivó en esta localidad que permitió no solo que los pequeños y medianos productores se nuclearan y buscaran bocas de salida para sus propias ventas, a la vez que se asesoraban, sino que también se llegara a tener -porque bueno es decirlo- un servicio de salud pública. Si en Fraile Muerto no existiera la sala de auxilios Blanca Castro de Argencio -que trabaja junto con el hogar de ancianos, y donde está una congregación religiosa-, que funciona sobre la base del esfuerzo solidario de los pobladores de esa localidad, difícilmente se podrían atender las necesidades. Cuando se maneja la posibilidad de trasladar a los enfermos que necesitan internación hospitalaria en Melo, se cuenta con una ambulancia que funciona y tiene combustible, pero no siempre tiene chofer; entonces, la gente se alterna solidariamente para manejar la ambulancia a la hora que sea. Este hecho no obedece a cualquier razón; es de las características destacables cuando hacemos consideraciones sobre determinadas localidades, poblamientos y núcleos humanos.

Quiero resaltar también que, desde mi punto de vista, si en las últimas décadas ha habido un embate fuerte por parte de las formas neoliberales, ha sido contra todas las redes solidarias, acá y en muchos lugares; pero en algunos ese embate se ha resistido y se ha podido sobrevivir, no se ha caído tan flagrantemente en el individualismo. Y como digo siempre: cuando las verdes están, hay que señalarlas, pero cuando las maduras aparecen, también hay que resaltarlas.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Setenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR BOTANA.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señora Presidenta: voy a ser breve, dada la extensión del temario que vamos a tratar en la tarde de hoy, que nos insumirá unas cuantas horas.

Quiero saludar a todos los ciudadanos de la villa Fraile Muerto y a través de ellos a Cerro Largo. Se trata de una de las primeras poblaciones de nuestro departamento que se creó cerca del lugar donde se construyó una de las primeras misiones jesuíticas, que hoy se conoce como La Azotea del Padre Alonso. Estas fueron de las primeras construcciones del Uruguay.

(Ocupa la Presidencia la señora Representante Castro)

——Me comprenden las generales de la ley por ser hijo del departamento y, además, porque mis bisabuelos vivieron en esa zona; me atan lazos de sangre con muchos de los habitantes de allí, y no quería dejar pasar esta oportunidad sin señalar expresamente mi voto de conformidad.

SEÑOR SIGNORELLI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SIGNORELLI.- Señora Presidenta: con mucha satisfacción hemos visto que se ha aprobado por unanimidad este proyecto que eleva a la categoría de ciudad a villa Fraile Muerto.

Quiero comentar a los compañeros Diputados que hemos visto una larga lista de situaciones como esta, para elevar a pueblo, villa o ciudad a una población, y toda la Comisión se ha comprometido a trabajar para que en el mes de febrero se apruebe rápidamente un proyecto de ley que facilite la instrumentación de estas inquietudes, planteadas por los señores Diputados y el pueblo.

También deseo destacar acá que en primera instancia este proyecto fue presentado por el señor Diputado Botana, y luego, a propuesta de la propia Comisión, se pidió que fuera presentado por los dos Diputados que representan al departamento, lo cual aconteció y nos dejó muy contentos. Mientras ocupemos un lugar en esta Comisión vamos a tratar de que estas decisiones importantes siempre sean firmadas por los Diputados del departamento, en señal de unidad y de aprobación.

Señora Presidenta: reitero nuestro compromiso de presentar en el mes de febrero el mencionado proyecto y de que sea aprobado rápidamente para dar solución a cantidad de situaciones similares, ya que -como dije al principio- hay una lista de dos carillas de localidades para las que se propone la elevación a villas, pueblos o ciudades.

Muchas gracias.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al presentado)

7.-     Declaración de gravedad y urgencia.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- De acuerdo con lo dispuesto por el literal C) del artículo 90 del Reglamento, se va a votar si se declara grave y urgente el asunto que figura en segundo término del orden del día.

(Se vota)

——Setenta y dos en setenta y tres: AFIRMATIVA.

8.-      Personal militar destituido desvinculado, dado de baja, pasado a situación de reforma o similares por razones políticas o ideológicas. (Modificación de los derechos jubilatorios, reparación y reconstrucción escalafonaria).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Personal militar destituido desvinculado, dado de baja, pasado a situación de reforma o similares por razones políticas o ideológicas. (Modificación de los derechos jubilatorios, reparación y reconstrucción escalafonaria)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nª 501

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 8 de agosto de 2005.

Señor Presidente de la Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo cumple en remitir el presente proyecto de ley, por el que se procura la modificación de los derechos jubilatorios del Personal Militar destituido, en situación de reforma o similares por razones políticas o ideológicas, reparación y reconstrucción escalafonaria.

En tal sentido, a través del presente proyecto se trata de reconstruir el haber jubilatorio de los servidores de las Fuerzas Armadas o sus causahabientes, que fueran perjudicados por oponerse al llamado régimen autoritario o el gobierno de facto, que fueran pasados a situación de reforma, dados de baja, que renunciaran o desertaran por presiones indebidas.

Asimismo, aquellos que por motivo de oponerse al golpe de Estado, por la defensa de las instituciones democráticas, por oponerse a la tortura o por no acatar órdenes que excedían la obediencia debida, se les haya postergado en su carrera militar o funcional.

Estos ciudadanos fueron expresamente excluidos en la Ley de Amnistía y Pacificación y restituirles su estado militar así como reconocer que su honor no ha sido afectado por sanciones y tratamientos degradantes sufridos en prisión es una deuda que tiene la sociedad con ellos.

Es entonces hacer justicia, y cumplir con el artículo 8º de la Constitución, ya que no devolverles lo que esta ley pretende darles sería discriminatorio.

Esta ley pretende resarcir a los militares, asimilados, equiparados y a los reservistas. Muchos de ellos, la mayoría personal subalterno y también oficiales.

Por los fundamentos expuestos, se solicita la atención de ese Cuerpo al proyecto de ley que se acompaña, cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General, atentamente.

TABARÉ VÁZQUEZ, AZUCENA BERRUTTI, DANILO ASTORI, EDUARDO BONOMI.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Establécese a los solos efectos jubilatorios y pensionarios y demás beneficios sociales, el derecho de todas las personas que prestaron servicios en cualquiera de las tres Fuerzas, Aérea, Armada y Ejército y que entre el 1º de enero de 1968 y el 28 de febrero de 1985 inclusive hubieran sido destituidas, desvinculadas, dadas de baja, o pasado a situación de reforma o similares, por motivos políticos o ideológicos, a acogerse a la modificación de los derechos jubilatorios que se establece en la presente ley.

Queda también establecido que el personal militar comprendido en esta ley determinó su conducta en cumplimiento de su juramento de fidelidad a las instituciones democráticas y ningún tratamiento degradante padecido pudo afectar su honor, su buen nombre y el respeto ganado ante la sociedad toda.

PROCEDIMIENTO

Artículo 2º.- Los beneficios establecidos en la presente ley solo surtirán efecto en cada caso particular, a partir de la resolución fundada del Poder Ejecutivo, que reciba la petición de cada interesado o sus causahabientes. Los mismos tendrán efecto, de futuro. Por ello y a los solos efectos de esta ley se establece la ficción de la reconstrucción de la carrera de cada interesado aplicándose de la siguiente manera y con los siguientes criterios:

a.- El Poder Ejecutivo estudiará cada una de las solicitudes que se presenten en el plazo que establece esta ley analizando si existe mérito suficiente para acceder a las mismas.

b.- Para ello se establecerá una comisión designada por el Poder Ejecutivo, la que funcionará y tendrá asiento en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional; la misma se compondrá de tres miembros asesores del Poder Ejecutivo y será presidida por el Ministro de Defensa Nacional. Con el legajo a la vista de cada interesado, o sus antecedentes, más la prueba que se aportare establecerá la pertinencia de cada solicitud. Serán admitidos todos los medios de prueba.

c.- Quienes aspiren al beneficio que se establece en la presente ley dispondrán de 90 (noventa) días corridos, a partir de la entrada en vigencia de la misma, para presentarse por sí o por apoderado ante el Ministerio de Defensa Nacional en papel simple, manifestando su pretensión y estableciendo domicilio a los efectos de las notificaciones. En el caso de personas fallecidas sus causahabientes podrán ejercer la petición.

d.- En el caso de personas residentes en el exterior, harán llegar su petición, ante la representación más cercana del país estableciendo su domicilio a estos efectos en la República.

 Sin perjuicio de ello, los interesados o sus causahabientes deberán acreditar a criterio del Poder Ejecutivo, los extremos requeridos en el artículo 1º de la presente ley.

e.- Podrán presentarse con asesoramiento letrado, en este caso la sola firma del escrito inicial otorgará la representación establecida en el artículo 82 del Decreto 500/991. La resolución que recaiga será notificada al interesado personalmente o en el domicilio constituido. En caso de denegatoria podrán los interesados interponer los recursos administrativos que por derecho correspondan.

Artículo 3º.- A los efectos de la presente ley se considerarán los tiempos mínimos de ascensos, se tomarán en cuenta los años reconocidos acorde a cada resolución del Poder Ejecutivo, emanadas como consecuencia del acuerdo de la Comisión de Defensa del Senado de la República y el Ministerio de Defensa Nacional del día 22 de abril de 1991. Se asegurará para el personal Superior y Subalterno el máximo de la jerarquía a la que se pueda acceder en función de lo antedicho.

Ante la duda se aplicará el criterio más beneficioso para el administrado.

Artículo 4º.- En ningún caso los beneficios de esta ley implican modificación de la carrera militar, ni derecho a la reincorporación al servicio. Sin perjuicio de ello, la persona beneficiada por la presente tendrá derecho al usufructo de los beneficios de la sanidad militar, en el grado y escalafón militar que corresponda, de acuerdo al Decreto que dicte el Poder Ejecutivo, y el uso de costumbre del grado establecido y demás honores del mismo, así como ser considerado militar o asimilado en retiro, recuperando su estatus de militar en retiro, así como la eliminación de su legajo personal de las constancias indebidas, en todo aquello que corresponda.

Artículo 5º.- Al personal que se encontraba en situación de retiro en el momento de sufrir cualquier tipo de sanción de las referidas en el artículo 1º de la presente y dentro del período de tiempo allí mencionado se le reconoce como años de antigüedad el período comprendido entre la imposición de la sanción y el 24 de diciembre de 1997 y con efectos de futuro a partir de la entrada en vigencia de esta ley, para el cómputo de un nuevo haber jubilatorio.

Artículo 6º.- A los solos efectos de lo previsto por esta ley, se habilita al Poder Ejecutivo a reformular el cómputo de los años de servicio, sin que ello genere derecho al cobro de haberes anteriores. El tiempo transcurrido se computará fictamente, tal cual si se hubieran prestado servicios en forma continuada desde la fecha de acaecimiento de las circunstancias previstas en el artículo 1º de esta ley hasta la fecha presunta del pase a retiro o fallecimiento en su caso.

Para el cómputo del haber de retiro y del estado militar se considerará el grado que habría correspondido al peticionante, de haber permanecido vinculado en forma ininterrumpida a la fuerza respectiva.

El grado, categoría y denominación a considerar resultará de la aplicación de las normas vigentes.

Como resarcimiento por los daños y perjuicios, el haber de retiro se incrementará en el 25% (veinticinco por ciento) desde el Decreto del Poder Ejecutivo que acoja la petición, a modo de renta vitalicia y sin transmisión por el modo sucesión a los herederos, ni en las pensiones que los sucesores reciban.

Los importes se detallarán en el recibo con mención expresa de esta ley en forma separada del beneficio que corresponda.

Los militares amparados por esta ley recibirán por única vez una indemnización cuyo monto ascenderá a 24 veces el haber de retiro o pensión correspondiente al mes de julio de 2005, pagadera de acuerdo a lo que establezca la reglamentación correspondiente.

Artículo 7º.- En los casos de beneficiarios de esta ley que hubieran fallecido, sus causahabientes tendrán derecho a pensión, del grado que aquel hubiera podido alcanzar.

Artículo 8º.- En los casos en que los cargos de que fueron alejados los beneficiarios no tuvieran en la actualidad denominación coincidente, la comisión determinará su analogía, previos los asesoramientos que estime necesarios.

Artículo 9º.- Las pasividades concedidas o reformadas por esta ley, serán beneficiarias de los aumentos que se acuerden a partir de su promulgación, como así también de los adelantos a cuenta de los mismos.

A estos efectos, se considerará en forma ficta como fecha de cese o de configuración de la causal, el día de promulgación de esta ley o el que resulte de la aplicación del cómputo respectivo o fallecimiento en su caso.

Artículo 10.- El acogerse el interesado a la presente ley implica la renuncia a todo procedimiento en curso ante cualquier jurisdicción.

Artículo 11.- No se aplicará esta ley, en caso de que establezca desmejora de los haberes jubilatorios comparados con los que percibía el interesado al momento de efectuar la reforma del haber jubilatorio aplicándose el cómputo más beneficioso para el jubilado o pensionista, sin perjuicio de los demás beneficios establecidos en la misma, los que sí serán aplicados.

En ningún caso percibirán los beneficiarios haberes inferiores a los que perciban a la fecha de la Resolución del Poder Ejecutivo referida en el artículo 2º de esta ley.

La Caja Militar deberá aplicar la Resolución del Poder Ejecutivo reformando la cédula jubilatoria sin más trámite por mandato de esta ley. Sin perjuicio de ello, podrá formular las observaciones que considere pertinentes las que serán analizadas y resueltas por el Poder Ejecutivo en forma posterior.

Artículo 12.- En ningún caso esta ley beneficiará al personal que hubiese sido procesado por delitos comunes, por cuestiones ajenas al artículo 1º de la presente ley, por delitos económicos o referidos a derechos humanos, probados que sean ante la autoridad competente, sin perjuicio que los mismos hayan prescripto o se encuentren acogidos por la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. En el caso de posterior comprobación de estos extremos el beneficio caducará de pleno derecho cuando exista sentencia que haya pasado en autoridad de cosa juzgada.

Artículo 13.- Amplíase el plazo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 16.440, de 15 de diciembre de 1993, el que será desde el 1º de enero de 1968.

Artículo 14.- Las erogaciones resultantes de la presente ley serán de cargo de Rentas Generales.

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley.

Montevideo, 8 de agosto de 2005.

AZUCENA BERRUTTI, DANILO ASTORI, EDUARDO BONOMI.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Establécese a los solos efectos jubilatorios y pensionarios y demás beneficios sociales, el derecho de todas las personas que prestaron servicios en cualquiera de las tres Fuerzas, Aérea, Armada y Ejército y que entre el 1º de enero de 1968 y el 28 de febrero de 1985 inclusive hubieran sido destituidas, desvinculadas, dadas de baja, o pasado a situación de reforma o similares, por motivos políticos o ideológicos, o acogerse a la modificación de los derechos jubilatorios que se establece en la presente ley.

Queda también establecido que el personal militar comprendido en esta ley determinó su conducta en cumplimiento de su juramento de fidelidad a las instituciones democráticas y ningún tratamiento degradante padecido pudo afectar su honor, su buen nombre y el respeto ganado ante la sociedad toda.

PROCEDIMIENTO

Artículo 2º.- Los beneficios establecidos en la presente ley solo surtirán efecto en cada caso particular, a partir de la resolución fundada del Poder Ejecutivo, que reciba la petición de cada interesado o sus causahabientes. Los mismos tendrán efecto, de futuro. Por ello y a los solos efectos de esta ley se establece la ficción de la reconstrucción de la carrera de cada interesado aplicándose de la siguiente manera y con los siguientes criterios:

a.- El Poder Ejecutivo estudiará cada una de las solicitudes que se presenten en el plazo que establece esta ley analizando si existe mérito suficiente para acceder a las mismas.

b.- Para ello se establecerá una comisión designada por el Poder Ejecutivo, la que funcionará y tendrá asiento en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional; la misma se compondrá de tres miembros asesores del Poder Ejecutivo y será presidida por el Ministro de Defensa Nacional. Con el legajo a la vista de cada interesado, o sus antecedentes, más la prueba que se aportare establecerá la pertinencia de cada solicitud. Serán admitidos todos los medios de prueba.

c.- Quienes aspiren al beneficio que se establece en la presente ley dispondrán de 90 (noventa) días corridos, a partir de la entrada en vigencia de la misma, para presentarse por sí o por apoderado ante el Ministerio de Defensa Nacional en papel simple, manifestando su pretensión y estableciendo domicilio a los efectos de las notificaciones. En el caso de personas fallecidas sus causahabientes podrán ejercer la petición.

d.- En el caso de personas residentes en el exterior, harán llegar su petición, ante la representación más cercana del país estableciendo su domicilio a estos efectos en la República.

 Sin perjuicio de ello, los interesados o sus causahabientes deberán acreditar a criterio del Poder Ejecutivo, los extremos requeridos en el artículo 1º de la presente ley.

e.- Podrán presentarse con asesoramiento letrado, en este caso la sola firma del escrito inicial otorgará la representación establecida en el artículo 82 del Decreto 500/991. La resolución que recaiga será notificada al interesado personalmente o en el domicilio constituido. En caso de denegatoria podrán los interesados interponer los recursos administrativos que por derecho correspondan.

Artículo 3º.- A los efectos de la presente ley se considerarán los tiempos mínimos de ascensos, se tomarán en cuenta los años reconocidos acorde a cada resolución del Poder Ejecutivo, emanados como consecuencia del acuerdo de la Comisión de Defensa del Senado de la República y el Ministerio de Defensa Nacional del día 22 de abril de 1991. Se asegurará para el personal Superior y Subalterno el máximo de la jerarquía a la que se pueda acceder en función de lo antedicho.

Ante la duda se aplicará el criterio más beneficioso para el administrado.

Artículo 4º.- En ningún caso los beneficios de esta ley implican modificación de la carrera militar, ni derecho a la reincorporación al servicio. Sin perjuicio de ello, la persona beneficiada por la presente tendrá derecho al usufructo de los beneficios de la sanidad militar, en el grado y escalafón militar que corresponda, de acuerdo al Decreto que dicte el Poder Ejecutivo, y el uso de costumbre del grado establecido y demás honores del mismo, así como ser considerado militar o asimilado en retiro, recuperando su estatus de militar en retiro, así como la eliminación de su legajo personal de las constancias indebidas, en todo aquello que corresponda.

Artículo 5º.- El personal que se encontraba en situación de retiro en el momento de sufrir cualquier tipo de sanción por los motivos previstos en el artículo 1º y dentro del lapso allí mencionado, quedará amparado por las normas de la presente ley.

Artículo 6º.- A los solos efectos de lo previsto por esta ley, se habilita al Poder Ejecutivo a reformular el cómputo de los años de servicio, sin que ello genere derecho al cobro de haberes anteriores. El tiempo transcurrido se computará fictamente, tal cual si se hubieran prestado servicios en forma continuada desde la fecha de acaecimiento de las circunstancias previstas en el artículo 1º de esta ley hasta la fecha presunta del pase a retiro o fallecimiento en su caso.

Para el cómputo del haber de retiro y del estado militar se considerará el grado que habría correspondido al peticionante, de haber permanecido vinculado en forma ininterrumpida a la fuerza respectiva.

El grado, categoría y denominación a considerar resultará de la aplicación de las normas vigentes.

Como resarcimiento por los daños y perjuicios, el haber de retiro se incrementará en el 25% (veinticinco por ciento) desde el Decreto del Poder Ejecutivo que acoja la petición, a modo de renta vitalicia y sin transmisión por el modo sucesión a los herederos, ni en las pensiones que los sucesores reciban.

Los importes se detallarán en el recibo con mención expresa de esta ley en forma separada del beneficio que corresponda.

Los militares amparados por esta ley recibirán por única vez una indemnización cuyo monto ascenderá a 24 veces el haber de retiro o pensión correspondiente al mes de julio de 2005, pagadera de acuerdo a lo que establezca la reglamentación correspondiente.

Artículo 7º.- En los casos de beneficiarios de esta ley que hubieran fallecido, sus causahabientes tendrán derecho a pensión, del grado que aquel hubiera podido alcanzar.

Artículo 8º.- En los casos en que los cargos de que fueron alejados los beneficiarios no tuvieran en la actualidad denominación coincidente, la comisión determinará su analogía, previos los asesoramientos que estime necesarios.

Artículo 9º.- Las pasividades concedidas o reformadas por esta ley, serán beneficiarias de los aumentos que se acuerden a partir de su promulgación, como así también de los adelantos a cuenta de los mismos.

A estos efectos, se considerará en forma ficta como fecha de cese o de configuración de la causal, el día de promulgación de esta ley o el que resulte de la aplicación del cómputo respectivo o fallecimiento en su caso.

Artículo 10.- El acogerse el interesado a la presente ley implica la renuncia a todo procedimiento en curso ante cualquier jurisdicción.

Artículo 11.- No se aplicará esta ley, en caso de que establezca desmejora de los haberes jubilatorios comparados con los que percibía el interesado al momento de efectuar la reforma del haber jubilatorio aplicándose el cómputo más beneficioso para el jubilado o pensionista, sin perjuicio de los demás beneficios establecidos en la misma, los que sí serán aplicados.

En ningún caso percibirán los beneficiarios haberes inferiores a los que perciban a la fecha de la Resolución del Poder Ejecutivo referida en el artículo 2º de esta ley.

La Caja Militar deberá aplicar la Resolución del Poder Ejecutivo reformando la cédula jubilatoria sin más trámite por mandato de esta ley. Sin perjuicio de ello, podrá formular las observaciones que considere pertinentes las que serán analizadas y resueltas por el Poder Ejecutivo en forma posterior.

Artículo 12.- En ningún caso esta ley beneficiará al personal que hubiese sido procesado por delitos comunes, por cuestiones ajenas al artículo 1º de la presente ley, por delitos económicos o referidos a derechos humanos, probados que sean ante la autoridad competente, sin perjuicio que los mismos hayan prescripto o se encuentren acogidos por la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. En el caso de posterior comprobación de estos extremos el beneficio caducará de pleno derecho cuando exista sentencia que haya pasado en autoridad de cosa juzgada.

Artículo 13.- Amplíase el plazo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 16.440, el que será desde el 1º de enero de 1968.

Artículo 14.- Las erogaciones resultantes de la presente ley serán de cargo de Rentas Generales.

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 15 de noviembre de 2005.

RODOLFO NIN NOVOA
Presidente

HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI
Secretario".

Anexo I al
Rep. Nº 501

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Defensa Nacional

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Defensa Nacional, emite el siguiente informe en mayoría, aconsejando la aprobación del presente proyecto de ley aprobado por la Cámara de Senadores, por el que se procura la modificación de los derechos jubilatorios del Personal Militar destituido, en situación de reforma o similares por razones políticas o ideológicas, reparación y reconstrucción escalafonaria; en el entendido que significa la culminación de un proceso de justicia y rehabilitación iniciado en el año 1985 y que ha contado con distintos aportes de los anteriores Gobiernos.

En tal sentido, a través del presente proyecto se trata de reconstruir el haber jubilatorio de los servidores de las Fuerzas Armadas o sus causahabientes, que fueran perjudicados por oponerse al llamado régimen autoritario o el gobierno de facto, que fueran pasados a situación de reforma, dados de baja, que renunciaran o desertaran por presiones indebidas.

Asimismo, aquellos que por motivo de oponerse al golpe de Estado, por la defensa de las instituciones democráticas, por oponerse a la tortura o por no acatar órdenes que excedían la obediencia debida, se les haya postergado en su carrera militar o funcional.

Estos ciudadanos fueron expresamente excluidos en la Ley de Amnistía y Pacificación y restituirles su estado militar así como reconocer que su honor no ha sido afectado por sanciones y tratamientos degradantes sufridos en prisión es una deuda que tiene la sociedad con ellos.

Es entonces hacer justicia, y cumplir con el artículo 8º de la Constitución de la República, ya que no devolverles lo que esta ley pretende darles sería discriminatorio.

Esta ley pretende resarcir a los militares, asimilados, equiparados y a los reservistas; muchos de ellos, la mayoría personal Subalterno y también Oficiales.

Por los fundamentos expuestos, aconsejamos al Cuerpo la aprobación del presente proyecto.

Sala de la Comisión, 20 de diciembre de 2005.

JORGE MENÉNDEZ, Miembro Informante, BEATRIZ COSTA, JAVIER GARCÍA, con salvedades, que expresará en Sala., DANIEL GARCÍA PINTOS, discorde por los siguientes fundamentos: En desacuerdo con el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Senadores con modificación en su artículo 5º; ya que las personas que se ven afectadas por esta situación han sido sometidas a Tribunales de Honor Militares".

Anexo II al
Rep. Nº 501

"CÁMARA DE SENADORES

Presidencia

Montevideo, 20 de diciembre de 2005.

Señora Presidenta de la Cámara de Representantes

Maestra Nora Castro

De mi mayor consideración:

Cúmpleme informar a usted que en la comunicación del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Senadores el 15 de noviembre del presente año, por el que se establecen normas a efectos de modificar los derechos jubilatorios del Personal Militar destituido, en situación de reforma o similares por razones políticas o ideológicas y procurar la reparación y reconstrucción escalafonaria, se constató el error que se detalla a continuación.

En el artículo 1º, inciso primero, donde dice: "Establécese a los solos efectos jubilatorios y pensionarios y demás beneficios sociales, el derecho de todas las personas que prestaron servicios en cualquiera de las tres Fuerzas, Aérea, Armada y Ejército y que entre el 1º de enero de 1968 y el 28 de febrero de 1985 inclusive hubieran sido destituidas, desvinculadas, dadas de baja, o pasado a situación de reforma o similares, por motivos políticos o ideológicos, o acogerse a la modificación de los derechos jubilatorios que se establece en la presente ley", debe decir "Establécese a los solos efectos jubilatorios y pensionarios y demás beneficios sociales, el derecho de todas las personas que prestaron servicios en cualquiera de las tres Fuerzas, Aérea, Armada y Ejército y que entre el 1º de enero de 1968 y el 28 de febrero de 1985 inclusive hubieran sido destituidas, desvinculadas, dadas de baja, o pasado a situación de reforma o similares, por motivos políticos o ideológicos, a acogerse a la modificación de los derechos jubilatorios que se establece en la presente ley".

Saludo a la señora Presidenta con mi mayor consideración.

RODOLFO NIN NOVOA
Presidente

HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI
Secretario".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Menéndez.

SEÑOR MENÉNDEZ.- Señora Presidenta: la Comisión de Defensa Nacional, asesora de este Cuerpo, emite el siguiente informe, firmado por la mayoría de sus integrantes, aconsejando la aprobación del presente proyecto de ley aprobado ya en el Senado, por el que se procura la modificación de los derechos jubilatorios, reparación y reconstrucción escalafonaria del personal militar destituido desvinculado, dado de baja, pasado a situación de reforma o similares por razones políticas o ideológicas, en el entendido de que representa la culminación de un proceso de justicia y rehabilitación iniciado en el año 1985 y que ha contado con distintos aportes en los anteriores Gobiernos.

En tal sentido, a través del presente proyecto se trata de reconstruir el haber jubilatorio de los servidores de las Fuerzas Armadas o sus causahabientes que fueran perjudicados por oponerse al llamado régimen autoritario o gobierno de facto, al habérseles pasado a situación de reforma o dado de baja, o que renunciaran o desertaran por presiones indebidas.

Deseo hacer hincapié ante este Cuerpo -tal cual fue manifestado por un grupo de militares al que hace referencia este informe cuando fueron recibidos por la Comisión asesora de Defensa Nacional- en que este no es un proyecto que se presenta ahora ante este Gobierno, ante el Gobierno del doctor Tabaré Vázquez, ya que esta delegación representaba a un grupo de cuatrocientas personas que estaban trabajando ya desde hace veinte años, por lo que esto no significa un momento sino un proceso en el cual han luchado denodadamente para restaurar sus derechos, y no hablemos del honor, porque el honor nunca les fue conculcado, porque no puede quitar el honor quien no lo tiene.

En los años transcurridos desde la reinstauración de las instituciones democráticas se ha llevado a cabo un proceso de reparación de derechos afectados por la dictadura a personas y grupos por vía legal y administrativa.

El 8 de marzo de 1985 se aprueba la Ley Nº 15.737 -ley de amnistía-, que en el artículo 6º declara extinguidas de pleno derecho las penas principales y accesorias, las acciones penales, las sanciones administrativas y jubilatorias, las deudas generadas por expensas carcelarias y toda otra sanción dispuesta por una autoridad estatal, en virtud de los delitos amnistiados. Estamos hablando del primer Gobierno colorado, del doctor Sanguinetti, luego de la dictadura.

El 27 de marzo de 1985, el Ministerio de Defensa Nacional de entonces hizo llamados de prensa convocando al personal militar que se considerara destituido por razones políticas o ideológicas.

El 8 de mayo de 1985 -durante el mismo Gobierno-, por Resoluciones Nos. 63.321 y 63.322, invocando el artículo 6º de la Ley Nº 15.737, se dejan sin efecto los actos administrativos que homologaron los laudos de los tribunales de honor por los cuales pasaron a reforma los Generales Líber Seregni y Víctor Licandro. También se deja sin efecto la baja de que fueron objeto y readquieren la condición jurídica de retirados en que se encontraban.

Queremos recalcar aquí, señora Presidenta, la importancia de estas resoluciones, que en ese momento laudan sobre dos importantes figuras en la reinstitucionalización democrática de nuestro país: el General Líber Seregni y el General Víctor Licandro. Por la importancia de sus nombres lo destacamos, pero también por el momento político en que esto es realizado.

El 14 de mayo de 1985, por Resolución Nº 63.327 del Poder Ejecutivo, también invocando la misma ley se deja sin efecto la situación de baja de siete Oficiales de diferentes grados y los deja en reforma, no permitiendo que queden en situación de retiro los más jóvenes, de manera que volvieran a la actividad.

El 28 de noviembre de 1985, la Ley Nº 15.783, llamada de destituidos de las empresas públicas, establece el derecho de todas las personas que hubieran sido destituidas entre febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 a ser reincorporadas al organismo correspondiente. En el inciso tercero del artículo 1º de esta ley se excluye a los militares, y se hace expresamente. Este es un primer antecedente de importancia que encontramos para lo que hoy estamos tratando. Se les excluye expresamente porque se entiende desde el poder político que el caso deberá ser laudado a través de una nueva legislación específica para la materia, sobre la cual hoy estamos tratando de que este Cuerpo se expida.

La ley de caducidad, de 28 de diciembre de 1986, refiere, en su Capítulo II, a la reparación de la situación de los Oficiales Generales y Superiores afectados por el literal G) del artículo 192 de la Ley Nº 14.157, Orgánica de las Fuerzas Armadas. Le decimos Ley Orgánica, pero deberíamos decir decreto-ley de la dictadura, de 1974. Era el retiro obligatorio para quienes no estaban de acuerdo con el proceso que en aquel momento se vivía y, por razones filosóficas o políticas, debían retirarse de nuestras Fuerzas Armadas.

El 22 de abril de 1991, ya en el Gobierno del doctor Lacalle, los decretos que avalan esto vienen, obviamente, con la firma del Ministro de Defensa Nacional de aquel entonces, doctor Mariano Brito. Hay reuniones del Ministerio de Defensa Nacional y de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, y se establecen pautas que hacen posible el reconocimiento de años de servicio desde la fecha de desvinculación hasta la fecha de las respectivas resoluciones individuales que emitiera la Secretaría de Estado. Como consecuencia de estas reuniones, el Poder Ejecutivo, por resolución, reconoce que las situaciones a contemplar se configuraron en un marco de conflictividad social generalizado que había desaparecido en ese entonces y que se debían crear condiciones de pacificación social.

Por otro lado, se soluciona la situación de 126 integrantes de personal subalterno de distintas Fuerzas y se reconoce como servicio activo los años comprendidos entre la desvinculación y la resolución, lo que da derecho a haberes de reforma a Oficiales que no cobraban nada por no tener veinte años de servicios y modifica el haber de retiro de quienes lo recibían.

Por Resolución Nº 76.161, de diciembre de 1997 -segunda Presidencia del doctor Sanguinetti-, a 41 Oficiales que se encuentran en situación de reforma se les otorga la calidad jurídica de retirados, dejando sin efecto lo anterior.

Por Resolución Nº 81.035, de agosto de 2003, se hace referencia a la Resolución Nº 76.161, donde se omite integrar a ocho Oficiales ya fallecidos a la fecha citada. Y esta resolución da carácter de retirados a los mismos, enmendando la situación anterior. Debo decir que esto ocurrió en el Gobierno del doctor Batlle, y cuenta con la firma del entonces Ministro de Defensa Nacional, profesor Yamandú Fau.

Ya en nuestro Gobierno, el 8 de agosto de 2005 el Ministerio de Defensa Nacional eleva al señor Presidente de la Asamblea General el proyecto de ley que hoy considera este Cuerpo, relativo a la modificación de los derechos jubilatorios.

Por su parte, el 13 de setiembre de 2005 se reconoce la calidad de retirados militares a once integrantes del personal subalterno cuya reparación había sido tratada pero no resuelta en las reuniones del Ministerio de Defensa Nacional encabezado por el doctor Mariano Brito con la Comisión de Defensa Nacional del Senado.

Señora Presidenta: en el artículo 1º, el proyecto establece, a los solos efectos jubilatorios y pensionarios y demás beneficios sociales, el derecho de todas las personas que prestaron servicios en cualquiera de las tres Fuerzas -Armada Nacional, Fuerza Aérea y Ejército- y que entre el 1º de enero de 1968 y el 28 de febrero de 1985, inclusive, hubieran sido destituidas, desvinculadas, dadas de baja o pasadas a situación de reforma o similares por motivos políticos o ideológicos, a acogerse a la modificación de los derechos jubilatorios que se disponen en la futura ley. Según el proyecto, para ello se establecerá una Comisión, designada por el Poder Ejecutivo, que funcionará y tendrá asiento en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional; se compondrá de tres miembros asesores del Poder Ejecutivo, será presidida por la señora Ministra de Defensa Nacional y, con el legajo a la vista de cada interesado, o sus antecedentes, establecerá la pertinencia de cada solicitud individualmente.

Debo agregar que el criterio de denominación para estos tres asesores tiene tras de sí el concepto de que será una Comisión de carácter pluripartidario, y en tal sentido ya se han mantenido conversaciones con altas figuras del quehacer nacional con probada capacidad en el tema.

Asimismo, se establece que quienes opten por acogerse a este beneficio tendrán noventa días a partir de la entrada en vigencia de la ley para presentarse, y que esto no implica modificaciones en la carrera militar ni derecho de reincorporación al servicio, aunque sí lo tendrán respecto al usufructo de los beneficios de la sanidad militar, en el grado y en el escalafón que emanen del decreto reglamentario que dicte el Poder Ejecutivo luego de aprobada la ley.

Por otra parte, se establece que para el cómputo del haber de retiro y del estado militar se considerará el grado que habría correspondido al peticionante de haber permanecido vinculado en forma ininterrumpida a la Fuerza respectiva. Asimismo, como resarcimiento por los daños y perjuicios generados durante todo este largo período, el haber de retiro se incrementará 25%, a modo de renta vitalicia y sin trasmisión por el modo de sucesión a los herederos ni en las pensiones que los sucesores reciban.

Además, los militares amparados por esta ley recibirán por única vez una indemnización equivalente a los haberes mensuales de retiro correspondientes a veinticuatro meses. Los interesados en acogerse a la ley deberán renunciar a todo procedimiento en curso en cualquier jurisdicción, nacional o internacional, y las erogaciones resultantes de la aplicación de la ley serán de cargo de Rentas Generales.

Este proyecto de ley no hace más que completar un proceso de rehabilitación que en el caso de los funcionarios públicos sancionados por la dictadura se estableció en una sola norma, denominada ley de pacificación nacional, según la cual a quienes habían sido expulsados por razones políticas o ideológicas se los reponía en su lugar de trabajo, se los indemnizaba y se les recomponía su carrera. Específicamente, este último es el único elemento que falta en el caso de los funcionarios militares, porque ya les fueron reconocidos los años en que estuvieron desvinculados -por decirlo de alguna forma- como si los hubiesen trabajado. Se reconoció que no estaban en situación de reforma sino de retiro, y ahora falta que se les reponga la carrera y se otorguen los ascensos que habrían tenido si esas sanciones ilegales, injustas, arbitrarias, no se hubieran aplicado.

Es muy importante aclarar que ninguno de estos militares va a volver a la actividad. La mayoría de ellos no está en condiciones de hacerlo por razones de edad o porque han fallecido; finalmente, ninguno de ellos quiere que alguien pueda pensar que detrás de todo esto hay algún propósito revanchista.

Reitero: ninguno de ellos volverá a la actividad; simplemente se trata de una reparación, no de su honor -como dije anteriormente-, porque este nunca pudo ser afectado, en la medida en que honorable era en ese entonces defender la Constitución y las leyes del país ante cualquier circunstancia y ante cualquier sufrimiento. Es una reparación de su memoria y de su recuerdo, en el caso de los fallecidos, y es también un reconocimiento de parte del Estado, de nuestro Estado, al valioso sacrificio que realizaron. Digo del Estado porque el reconocimiento de la gente, de la población del Uruguay, ya ha sido manifestado a través de distintas instancias de expresión popular.

Finalmente, en lo personal entendemos que la situación creada durante todo este tiempo, así como las difíciles etapas que se han vivido, la dignidad con la que actuaron estos defensores de la patria y la necesaria puesta a punto del tema, nos imponen la aprobación de este proyecto de ley.

Señora Presidenta: las cosas llegan a su término, tienen sus soluciones, se recomponen, y el rigor con que esto se haga es de fundamental importancia para marcar futuros caminos que generen precedentes en las nuevas generaciones pero, fundamentalmente, certezas inigualables en las actuales.

Gracias.

(¡Muy bien!)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado García.

SEÑOR GARCÍA.- Señora Presidenta: en el ámbito de la Comisión, nosotros votamos afirmativamente este proyecto de ley remitido por el Senado -que fue aprobado por unanimidad hace pocos días en ese Cuerpo-, y lo hicimos manifestando que cuando se considerara en esta Sala señalaríamos algunas salvedades y haríamos algunas reflexiones, que prometo serán breves.

En primer lugar, haremos una referencia en materia procesal. Cuando hablamos con algunas de las personas que se ven afectadas y reclaman la reparación a través de este proyecto de ley, dijimos que la Cámara de Representantes no había tenido ninguna demora en su tratamiento. Esta es una iniciativa que tuvo sus bemoles en el Poder Ejecutivo. Fue objeto de un detenido análisis en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde tuvo un tratamiento medianamente acelerado; en el Senado estuvo dos o tres meses a consideración -y todos sabemos que para los tiempos parlamentarios este es un período breve-, y hoy se cumplen dieciocho días desde el momento en que ingresó a la Comisión de Defensa Nacional de este Cuerpo, la Cámara de Representantes, donde previamente tuvo su trámite burocrático, pero que no fue de más de una semana o diez días. Por lo tanto, nos habría gustado que este proyecto hubiera tenido un tratamiento un poco más detenido en el seno de nuestra Comisión y de esta misma Cámara.

Conocemos los tiempos en los que nos movemos, sobre todo teniendo en cuenta la época en la que estamos, el receso parlamentario, y por lo tanto sabemos lo que habría significado detener el proceso de sanción de este proyecto durante ese lapso. También es cierto que no dejamos de tener en cuenta la voluntad política expresada por el Poder Ejecutivo y por la bancada oficialista respecto a su intención de aprobar el proyecto en el día de hoy.

En definitiva, desde el punto de vista procesal nos habría gustado un poco más de detenimiento en su estudio, sobre todo teniendo en cuenta -luego me voy a referir específicamente a ello- que así como en su momento recibimos en la Comisión a un grupo de Oficiales y de personal subalterno que se vio afectado y cuyas carreras se repararán a partir de esta iniciativa, inmediatamente después recibimos a otra delegación de personas que fueron destituidas -como ellos dicen- por razones de mera arbitrariedad, y tenemos pendiente dar lugar a la solicitud de entrevista de funcionarios de la ex Caja Militar que plantean la reparación en el grado por situaciones suscitadas hace bastantes años.

Sin embargo, aquí hay un dilema al que muchas veces se enfrenta el legislador: el de tener que buscar toda la justicia en las soluciones; en ocasiones, en la búsqueda de toda la justicia, posterga la de una parte de las soluciones. A veces uno busca la solución máxima con la mejor de las intenciones y en esa búsqueda deja de dar razón y justicia en una parte de las soluciones.

En el caso que se está planteando del personal destituido por razones políticas e ideológicas, hay que reconocer -como lo hizo en su momento esta delegación, y quiero hacer una mención muy especial a la honestidad intelectual que tuvo este grupo de militares- que esto es fruto de un proceso y que no se llegó a plantear esta reparación después de veinte años, sino que todos los Gobiernos democráticos desde 1985 a la fecha tuvieron algo que ver con esta situación. El miembro informante, señor Diputado Menéndez, señalaba cómo, en su momento. el primer Gobierno democrático encabezado por el doctor Sanguinetti reparó la situación de los Generales Seregni y Licandro, cómo posteriormente el Gobierno del Partido Nacional, con una participación muy activa del entonces Ministro de Defensa Nacional, doctor Mariano Brito, tuvo una actuación destacada para reparar la situación de más de cien militares que habían sido lesionados en su carrera por estos motivos, y cómo luego, el segundo Gobierno del doctor Sanguinetti y el Gobierno del doctor Batlle, terminado recientemente, hicieron lo mismo.

Hay que destacar -lo dije en privado y ahora lo digo en Sala- que fue de mucha honestidad intelectual señalar que hasta aquí se llegó como fruto de un proceso en el cual todos los Gobiernos democráticos tuvieron algo que ver, aunque quedó parte de la situación por reparar, la que seguramente en la tarde de hoy se comience a saldar.

Decía que uno no sabe si este proyecto implica toda la justicia, pero por lo menos es parte de ella. También habría que tener una precaución -lo digo con absoluta honestidad-, y es la de que no pase lo que los legisladores y la opinión pública saben que sucedió -en casos excepcionales, pero casos al fin- cuando durante el primer Gobierno democrático se repuso a funcionarios públicos destituidos por los Gobiernos de la dictadura. En ese entonces, a partir de la sana intención del legislador de reparar la situación de funcionarios públicos que habían sido lesionados por pensar diferente al Gobierno de facto, a la dictadura, todos sabemos que se repuso con justicia a mucha gente, pero también que se colaron personas que habían sido destituidas por razones que nada tenían que ver con la filiación política y por hechos por los cuales seguramente cualquier otro Gobierno las hubiera destituido.

Entonces, uno debe tener la precaución de que estas cosas reparen lo justamente reparable y que no se cuelen situaciones que no merecen repararse. Por eso creo que la Comisión que se crea en el literal B) del artículo 2º, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional, estará integrada por tres miembros y será presidida por la señora Ministra de Defensa Nacional, va a ser de mucha ayuda para analizar cada caso.

(Murmullos)

——Asimismo, no hay que dejar de tener en cuenta un aspecto, que en lo personal me pesa mucho.

(Murmullos)

——Solicito a la señora Presidenta que me ayude a hablar sin tanto ruido de fondo.

(Campana de orden)

——Agradezco a la señora Presidenta y a los colegas.

Quiero destacar que desde hace veinte años el país está buscando los caminos que nos lleven a lograr la reconciliación nacional. Algunos pensarán que la reconciliación se logra de una forma y otros, de otra, pero estoy seguro de que no ha nacido en el país quien quiera que los uruguayos vivan peleados. Nadie en el Uruguay desea -si los hay, serán muy pocos- que por mucho tiempo persista la situación de que entre algunos uruguayos nos miremos como pertenecientes a bandos diferentes. Creo que es necesario que cada partido, que cada legislador, que cada uno de nosotros, como ciudadanos, hagamos lo posible para que en Uruguay, luego de los tiempos de búsqueda de justicia vengan los tiempos de paz y de reconciliación entre todos.

Creo que con el aporte que estamos haciendo al acompañar este proyecto de ley vamos a hacer justicia en parte; como decía antes, no sé si toda la justicia, y quizá resten situaciones por reparar, que habrá que estudiar con el detenimiento que nos faltó en algo al analizar esta iniciativa.

También habrá que tener en cuenta que este es un aporte a situaciones que el país vivió hace veinte años y de las cuales todavía no hemos podido salir como hubiésemos deseado.

Téngase presente que la votación con salvedades que vamos a hacer constituye también un aporte a esa búsqueda de reconciliación que nos debemos entre todos los uruguayos.

Quizá más tarde pueda agregar algún aspecto más, sobre todo vinculado a un razonamiento que estoy seguro de que un colega de la Cámara va a realizar, pero en la medida en que todavía no lo pudo efectuar porque no hizo uso de la palabra, preferiría esperar a ese momento.

Es cuanto queríamos informar.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado García Pintos.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Señora Presidenta: vamos a hacer un breve "racconto" de lo que fue la reunión de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados hace pocos días, cuando recibimos a dos delegaciones. Una de ellas estaba integrada por cuatro personas, que están contempladas en este proyecto y que se van a ver beneficiadas cuando se convierta en ley. El otro grupo también estaba conformado por cuatro personas, que no están comprendidas en este proyecto; estas últimas dicen que fueron víctimas de mera arbitrariedad, mientras los primeros, que sí están comprendidos en la iniciativa, manifiestan que fueron destituidos por razones de carácter político ideológico.

Además, queda pendiente para el futuro una labor de la Comisión de Defensa Nacional -sin duda, se va a llevar a cabo después del receso-, y es la de recibir a funcionarios que integraban la ex Caja Militar como civiles -tal cual ellos mismos lo dicen-, a quienes también habrá que escuchar.

Lo cierto es que nosotros no vamos a votar este proyecto de ley. No lo vamos a votar. Tampoco vamos a votar -si algún día llega- el pedido que realiza otro grupo, que dice estaba integrado por treinta personas y que por fallecimiento de unos cuantos ahora serían diez o quince; estas dos cifras fueron las que escuché de parte del señor Enrique Martínez, quien era Capitán en el momento en que fue pasado a situación de reforma. Reitero: tampoco votaríamos ese proyecto de ley, si algún día se presentara.

Es bien cierto lo que dijo el señor Diputado García en cuanto a que la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados contó con muy poco tiempo; y cuando dijo muy poco tiempo se refería verdaderamente a muy poco tiempo.

Nosotros estamos aquí cumpliendo con la palabra empeñada al pedir, la semana pasada, una semana más, porque cuando uno da la palabra, tiene que cumplirla. Eso fue lo que le dijimos al miembro informante, señor Diputado Menéndez, quien nos había comunicado la intención de la bancada de Gobierno de votar este tema sobre tablas, cuando recién estaba saliendo del Senado, la semana pasada. Nosotros le hicimos saber que es un poco difícil trabajar de esta manera y que nuestra intención era -también lo conversamos con el señor Diputado García- disponer de algún tiempo más para reunir información, que no es fácil de recabar porque se trata de muchas personas. El señor Diputado Menéndez conversó con nosotros y llegamos al acuerdo -por eso digo que en este momento estamos cumpliendo con nuestra palabra- de diferirlo para la semana siguiente, que no es otra que esta.

Tengo aquí unos cuantos documentos, pero no es toda la información que uno debe tener sobre la mesa para abordar un tema de estas características, por la simple y sencilla razón de que una semana no alcanza, sobre todo en esta época del año, con mucha actividad parlamentaria, legislativa y política en general, y lo digo dejando de lado las fiestas que se celebrarán en cuarenta y ocho horas, porque aquí estamos. Por lo tanto, no disponemos de la información. Pero no importa; estamos aquí cumpliendo con nuestra palabra empeñada de no obstaculizar, de no pedir un nuevo aplazamiento de este tema.

Tengo aquí las versiones taquigráficas de la visita de ambas delegaciones a las Comisiones de Defensa Nacional del Senado y de la Cámara de Diputados, en las que se recoge la información que aportan, que podríamos catalogar de mínima con respecto a la que debemos tener los legisladores a la hora de tomar una decisión en torno a un tema que, sin duda, es importante, como todo lo que pasa por aquí. No es una cuestión vital, no es crucial para la vida del país y del Parlamento, pero sin duda es importante para las personas que están involucradas y también por nuestra responsabilidad.

Recién, el señor Diputado García hacía referencia a la reconciliación, a la paz. En esto vamos a ir avanzando y retrocediendo en forma simultánea, porque necesariamente es así y porque en el país siguen dándose hechos que un día nos acercan y otro nos separan, y porque la inmensa mayoría de aquellos que se vieron directamente involucrados en el enfrentamiento de las décadas del sesenta y del setenta todavía están vivos. No estamos diciendo nada nuevo; lo hemos dicho ya antes y lo han dicho otros operadores políticos: mientras haya con vida gente que participó de aquella confrontación y pueda expresar su opinión y su pensamiento al respecto, el tema será más difícil todavía.

(Murmullos)

——Pero lo cierto -en alguna medida, se desprende de las versiones taquigráficas- es que hubo hechos por los que se pasó a situación de reforma a ex personal militar después del quiebre institucional, pero también antes del 27 de junio de 1973. Es tan poca la información que no vamos a ingresar en el tema; solo mencionaremos este concepto. Lógicamente, hubo algo que en la vida militar es muy importante: los Tribunales de Honor, que tienen toda una reglamentación y una tradición, y que fallaron en un sentido y en el otro. También intervino la Justicia militar.

Antes de terminar mi breve exposición quiero leer una carta que me llegó hace pocas horas; quiero ponerla en conocimiento del Cuerpo, para que forme parte de la versión taquigráfica, porque creo que es interesante. Reitero que, así como dije que no votaré esta iniciativa, tampoco acompañaré -si se presenta- un proyecto de ley que pretenda reparar la situación de estas personas, de estos ciudadanos que dicen haber sido destituidos por mera arbitrariedad.

(Murmullos)

——Quien firma esta carta tenía en aquel entonces el grado de Capitán del Arma de Infantería. Se trata del señor Enrique Martínez, ciudadano del departamento de Treinta y Tres. La carta está fechada en Montevideo, a los 16 días del mes de diciembre de 2005, pero me llegó hace pocas horas. Dice lo siguiente: "Sr. Presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes.- Diputado Don Daniel García Pintos.- Presente". Antes de continuar aclaro que soy Vicepresidente de la Comisión, pero en el momento en que recibimos a estas dos delegaciones estaba en ejercicio de la Presidencia, por licencia reglamentaria del Presidente de la Comisión.

Continúo: "Quien suscribe, Capitán Enrique Martínez perteneciente al Arma de Infantería, en atención a su requerimiento a usted dice:" -yo le pedí información porque me llamó la atención que hubiera reparación para unos y no para otros- "Que habiendo sido recibido en la Comisión que usted preside al igual que sus compañeros destituidos 'por mera arbitrariedad', por parte de los señores miembros presentes y delegados del sector, un trato por demás atento y digno, que mucho nos complace y orgullece".

(Murmullos.- Campana de orden)

——"Quienes se presentaron ante la misma, por cierto, no constituimos un puñado de facinerosos, salteadores, ladrones, asesinos, torturadores y violadores, como le han hecho creer a la señora Ministro de Defensa Nacional, Doctora Azucena Berruti, los Señores Arrarte y Cía". El señor Arrarte integra el grupo de ciudadanos que serán contemplados y beneficiados por el proyecto de ley que tenemos a consideración.

Continúa diciendo: "Nosotros, como el compareciente y tantos otros, mandamos en misiones expresas, verdaderos contingentes en forma independiente de hasta más de 500 hombres entre Oficiales y Tropa, a entera satisfacción del Mando Superior.- Es decir, no concurrimos a las Escuelas Militares a aprender 'Corte y Confección', sino que a aprender y especializarnos 'En el Arte de la Guerra'.- Solicitamos por fax una entrevista a la Señora Ministro, quien rehusó recibirnos.- Recientemente y ante la Comisión de Defensa del Senado, dicha Secretaría de Estado, formuló apreciaciones que podrían calificarse de desestabilizadoras y por demás temerarias, carentes de juridicidad y sin tacto, al desechar tratar los casos de 'mera arbitrariedad', echando por tierra, toda la rica biblioteca del Doctor Korzeniak, quien tan solo se limitó a decir 'que en Política el que Calla no Otorga sino que espera el momento, etc.'.- Es de hacer notar, que el Señor Senador Doctor Gustavo Penadés, en todo momento ha mantenido vigente, la sabiduría y justicia de que está imbuido el Poder Político, y la filosofía del concepto 'Político-Ideológico' que incluye tácitamente la 'mera arbitrariedad' (término expreso del Profesor Korzeniak y toda su biblioteca, hasta ahora vigente).- No damos crédito ni por asomo, que el Poder Político y particularmente los Señores Senadores y Representantes, voten una ley 'solo para Zurdos'" -entre comillas- "¿en venganza de qué? ¿Se están vengando de nosotros? Que siendo únicamente fieles a nuestro juramente con la Constitución y la Ley, durante la Dictadura se nos desapoderó de todo lo que estuvo a su alcance, [...]. ¿Quo vadis?- Señor Representante, cúmpleme elevar a usted la nómina de destituidos presentados ante las diversas comisiones y considerados a partir del 1º de Enero de 1968.- Saluda a Usted, con la consideración más distinguida", y firma el Capitán Enrique Martínez, quien agrega un número de teléfono.

Como se advertirá, se trata de un tema que, a pesar de nuestra voluntad de venir a cumplir con la palabra empeñada, tendríamos que haberlo tratado con otra latitud; tendríamos que haber dispuesto de más tiempo para pedir información. Creo que es lo mínimo a lo que podemos aspirar para levantar o no nuestra mano con corrección. Pero, bueno, las cosas se dieron de esta manera. Las razones políticas son las razones políticas. Las nuestras nos llevan en esta situación -debo decirlo con franqueza- o un año más adelante, con el 90% de la información, no con el 10% que tenemos ahora, a votarlo en contra. Me refiero al proyecto que tenemos a estudio y, repito, también a un proyecto que pudiera venir, que contemplara al grupo al que representa el señor Enrique Martínez, de quien acabo de leer para todos ustedes y para la memoria de esta Cámara de Representantes su carta, que, como verán, es muy explícita y sin duda abre un montón de líneas que habría que profundizar, sin perjuicio de lo que se decía respecto de ex funcionarios civiles de la ex Caja Militar.

En virtud de esto es que hemos puesto a consideración del Cuerpo nuestro pensamiento.

SEÑOR GARCÍA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR GARCÍA.- Señora Presidenta: agradezco esta interrupción, porque me permite decir lo que había dejado por decir. En definitiva, quería hacer referencia a un argumento del señor Diputado García Pintos que ya había mencionado en Comisión y que es parte de su informe en minoría, pero que no quería comentarlo hasta tanto él lo hubiera planteado en Sala. Se trata de que algunos -o todos, no sé la cantidad- de los que se encuentran en la situación que hoy queremos reparar hayan pasado en su momento por Tribunales de Honor. Ese es el elemento que me dediqué a analizar, porque la verdad es que fue un argumento que me pareció que debía tener un poco de razonamiento. Y llegué al siguiente. Para que un Tribunal...

(Murmullos)

——La barra está movida. ¿Vio, señora Presidenta?

(Campana de orden)

——Gracias nuevamente, señora Presidenta.

Decía que para que un Tribunal tenga honor, la institución que lo designa debe tener honor. Cuando una institución, en este caso la militar, viola la Constitución de la República, deja el honor de lado y, por lo tanto, los fallos que pueda emitir carecen de esta necesaria virtud, pero, al mismo tiempo, carecen de las necesarias garantías. Yo pensé en lo que dijo el señor Diputado García Pintos.

Recuerdo -y termino con esto- una anécdota que una vez le escuché a Wilson, con esa brillantez y al mismo tiempo con esa ironía que tenía, al relatar su situación particular cuando tuvo que enfrentar a la Justicia militar, de la que decía que no era ni Justicia ni militar. Relató que el día que lo citaron al Juzgado Militar para notificarlo de que iba a ser liberado, el Coronel que se lo comunicó -de quien me acuerdo el nombre, pero no lo voy a decir, a pesar de que es muy recordable porque es el mismo de una carrera de turf que se va a correr el 6 de enero- le estiró la mano para saludarlo, y Wilson le dijo: "¿Por cuál peregrino razonamiento usted cree que yo lo voy a saludar?". El Coronel le dijo: "Porque usted, cuando vino por primera vez, me saludó". Y Wilson le contestó: "Lo que pasa es que en aquel momento todavía no lo conocía". Esa era la Justicia militar, la que, entre otros, procesó a Wilson.

Le agradezco al señor Diputado García Pintos por la interrupción porque, sinceramente, lo que él aportó en la Comisión y volcó aquí me llevó a este razonamiento: que ni los Tribunales tenían honor ni la Justicia era Justicia.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado García Pintos.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Señora Presidenta: sinceramente, lamento, no el hecho de que el señor Diputado García me haya pedido la interrupción y yo habérsela concedido -eso es, lógicamente, una cortesía parlamentaria-, pero sí lo que ha dicho, porque lo ha hecho con una liviandad tal que no merece mayores comentarios, por lo menos durante el tratamiento de este tema. No digo que pierde -porque, en realidad, por lo visto no llegó a tenerla respecto de este asunto- la perspectiva histórica a su alcance para fundamentar las palabras gruesas, y deplorables desde mi punto de vista, con que en algún sentido ha encarado el tema de los Tribunales de Honor y de la Justicia militar, entre otras cosas porque parecería ser que no se prestó atención a la referencia que yo hice en cuanto a que hay casos posteriores y casos anteriores al quiebre institucional.

De todos modos, no voy a profundizar en este asunto porque no es el tema de hoy. Ojalá hubiéramos podido tener la información que necesitamos para abordar un tema de esta naturaleza y no haber dejado a nadie por el camino, como a quienes hacen llegar esta carta, de la que no compartimos sus términos, su objetivo ni su intención o pretensión de reparación, pero que tienen derecho a ser escuchados con la posibilidad de que los legisladores profundicemos en un tema que los alcanza y que, sin duda, para ellos es importante.

Repito que, en este caso, aunque viniera un proyecto de ley en ese sentido no cambiaría mi posición, pero el tema de escuchar a la gente y analizar la justicia que están reclamando es sin duda importante, así como también lo es lo relativo a los ex funcionarios civiles de la ex Caja Militar. La información que recogimos de los pocos documentos a los que pudimos tener acceso es la que en este momento podemos aportar a la Cámara de Representantes y vamos a cumplir -lo estamos haciendo- con nuestra palabra de no obstaculizar y venir a tomar una decisión sobre este tema, porque cuando se empeña la palabra, hay que cumplirla.

Muchas gracias.

SEÑOR MENÉNDEZ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR MENÉNDEZ.- Señora Presidenta: debo manifestar que, desde el punto de vista formal, reconocemos el cumplimiento del compromiso del entonces Presidente en ejercicio de la Comisión de Defensa Nacional, señor Diputado García Pintos.

El tema de los Tribunales de Honor no es un elemento sustancial del proyecto, pero creo que abundamos demasiado en cuanto al "racconto" histórico que realizamos, a su evaluación en el período democrático, pasando a través de todos los Gobiernos que se han sucedido desde 1985 a la fecha -los tres Gobiernos del Partido Colorado y el Gobierno del Partido Nacional-; en la valoración de los Tribunales de Honor de aquel entonces, así como el motivo por el cual a la postre se cambiaron las situaciones que estos tribunales habían generado en los militares aquí mencionados.

No queremos abundar en este tema. Solamente vamos a decir que tanto las leyes como las resoluciones por sí mismas están catalogando las funciones de los tribunales de aquel entonces.

Por otra parte, debemos decir que nosotros también recibimos copia de la carta que aquí se menciona, de los militares que reclaman haber sido postergados por mera arbitrariedad. Queremos decir también lo que dijimos en Comisión en aquel entonces: que eso era específico en lo que hace a las razones políticas e ideológicas por las que el personal fue dado de baja o pasado a situación de reforma, al que evaluaríamos con este proyecto de ley; que generaba un proceso de evaluación al que podían sumarse quienes se sintieran postergados en otra línea de razonamiento o de acción, y que como integrantes de la Comisión de Defensa Nacional estamos dispuestos a hacerlo en su momento.

Este es un proceso que ha sucedido en otras partes del mundo. Recién diecisiete años después del fin del franquismo -¡y vaya si pesó ese régimen en la destrucción de un país y de seres humanos!- se reparó a los damnificados por el período negro de la madre patria.

Hemos recibido esta carta y tendremos en cuenta a este sector en su momento, pero para nosotros no es de recibo y rechazamos enfáticamente las descalificaciones allí vertidas con respecto a nuestra Ministra de Defensa, pues se catalogan sus expresiones de desestabilizadoras, de temerarias, carentes de juridicidad y sin tacto. ¡Las rechazamos; no son de recibo para esta bancada! Por lo tanto, no las consideraremos ahora ni de futuro; no es esa la vía para tratar de solucionar problemas generados en nuestro país, descalificando de esta forma a Ministros de Estado que si algo han mostrado en su acción es la prudencia y la honorabilidad.

Es todo lo que tenía para decir.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: en nombre del Partido Independiente queremos expresar nuestro apoyo a este proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado y que, con la aprobación de la Cámara de Representantes en el día de hoy, va a convertirse en ley.

El tema de la reconciliación nacional ha implicado un largo proceso en el que, sucesivamente, desde la reinstauración democrática el 1º de marzo de 1985, se han aprobado distintas leyes que procuran restablecer o reparar el daño causado durante el período de la dictadura militar que, indudablemente, no solo generó las heridas que todos conocemos en materia de violaciones a los derechos humanos y de delitos de lesa humanidad, sino que también ocasionó un daño sustancial a los derechos de funcionarios públicos y, en el caso que nos ocupa, a los derechos de funcionarios que revistaban en las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, la solución planteada contempla y abarca a otras que se han aprobado en el pasado, a las distintas reparaciones que en el marco de la ley vigente a ese momento se habían dispuesto por el Poder Ejecutivo. Recordamos, particularmente, las situaciones en que quedaron aquellos integrantes de la Armada que realizaron denuncias de corrupción que afectaban al entonces Contraalmirante de la Armada Nacional Márquez. Para ellos se creó oportunamente -porque no existía ese literal dentro de la Ley Orgánica de la Armada- un literal H), que fue el que se aplicó para que también fueran destituidos como consecuencia de que habían realizado denuncias que, notoriamente, afectaban en casos de corrupción al entonces Contraalmirante de la Armada.

Creo que esta solución llenará el vacío que aún quedaba y dará posibilidades de una reparación que tendrá consecuencias de carácter económico. Está claro que lo que se hace aquí va a tener efectos en el haber jubilatorio, de retiro y de pensiones, así como otros beneficios de carácter social, tal como se establece en el artículo 1º.

Tenemos una salvedad que queremos hacer notar. Nos parece que el período abarcativo de este proyecto de ley debió corresponder al de la dictadura militar, sea la referencia de inicio, el 27 de junio de 1973, o, en todo caso, el 9 de febrero de 1973, que es otra fecha indicativa de una clara insubordinación de las Fuerzas Armadas respecto al poder vigente. Sin embargo, se ha optado por la referencia al 1º de enero de 1968. En todo caso, en ese período que va del 1º de enero de 1968 al 26 de junio de 1973, regía un Estado de derecho que debió haber sido expresamente contemplado en la solución que se plantea. Esa es la salvedad que queríamos manifestar, pero, en todo caso, la solución es más abarcativa. Entendemos bien que de esta manera se quiere cerrar un capítulo que, por cierto, se ha extendido en el tiempo; hay que recordar que estamos a veinte años de la restauración democrática y bueno es que definitivamente se pueda cerrar esa etapa con la aprobación de este proyecto de ley que está a consideración de la Cámara de Representantes.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR MENÉNDEZ.- Mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Dado que existe una fe de erratas en el artículo 1º, este deberá leerse.

(Se lee:)

"Establécese a los solos efectos jubilatorios y pensionarios y demás beneficios sociales, el derecho de todas las personas que prestaron servicios en cualquiera de las tres Fuerzas, Aérea, Armada y Ejército y que entre el 1º de enero de 1968 y el 28 de febrero de 1985 inclusive hubieran sido destituidas, desvinculadas, dadas de baja, o pasado a situación de reforma o similares, por motivos políticos o ideológicos, a acogerse a la modificación de los derechos jubilatorios que se establece en la presente ley.- Queda también establecido que el personal militar comprendido en esta ley determinó su conducta en cumplimiento de su juramento de fidelidad a las instituciones democráticas y ningún tratamiento degradante padecido pudo afectar su honor, su buen nombre y el respeto ganado ante la sociedad toda".

——La Mesa aclara que la redacción original decía "o acogerse a las modificaciones de los derechos jubilatorios", y la fe de erratas establece correctamente "a acogerse".

En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º con la redacción que se acaba de leer.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro en setenta: AFIRMATIVA.

SEÑOR CUSANO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CUSANO.- Señora Presidenta: más allá de que haya votado el artículo 1º, me deja muchas dudas por qué se establece desde el 1º de enero de 1968.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- En discusión el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en setenta y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en setenta y dos: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en setenta y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en setenta y uno: AFIRMATIVA.

SEÑOR CUSANO.- ¿Me permite, señora Presidenta?

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CUSANO.- Señora Presidenta: mociono para que se vote en bloque el resto del articulado.

(Apoyados)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y ocho en setenta y uno: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 6º a 15, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota)

——Sesenta y seis en setenta y dos: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR CUSANO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CUSANO.- Señora Presidenta: habida cuenta de que hemos votado este proyecto y que en su momento se reparó a los trabajadores públicos, voy a solicitar al Senado y a la Comisión respectiva de esta Cámara que consideren con celeridad el proyecto relativo a los ex presos políticos, exiliados y clandestinos, que trabajaron en la actividad privada y se les interrumpió el proceso jubilatorio.

En ese sentido, la Asamblea de ex Presos Políticos del Uruguay -Crysol- ha presentado un proyecto de ley en esta Cámara, por lo que voy a pedir la celeridad correspondiente a la Comisión respectiva a fin de contemplar, como es justo, a todos esos trabajadores de la actividad privada.

(Texto del proyecto sancionado:)

"Artículo 1º.- Establécese a los solos efectos jubilatorios y pensionarios y demás beneficios sociales, el derecho de todas las personas que prestaron servicios en cualquiera de las tres Fuerzas, Aérea, Armada y Ejército y que entre el 1º de enero de 1968 y el 28 de febrero de 1985 inclusive hubieran sido destituidas, desvinculadas, dadas de baja, o pasado a situación de reforma o similares, por motivos políticos o ideológicos, a acogerse a la modificación de los derechos jubilatorios que se establece en la presente ley.

Queda también establecido que el personal militar comprendido en esta ley determinó su conducta en cumplimiento de su juramento de fidelidad a las instituciones democráticas y ningún tratamiento degradante padecido pudo afectar su honor, su buen nombre y el respeto ganado ante la sociedad toda.

PROCEDIMIENTO

Artículo 2º.- Los beneficios establecidos en la presente ley solo surtirán efecto en cada caso particular, a partir de la resolución fundada del Poder Ejecutivo, que reciba la petición de cada interesado o sus causahabientes. Los mismos tendrán efecto, de futuro. Por ello y a los solos efectos de esta ley se establece la ficción de la reconstrucción de la carrera de cada interesado aplicándose de la siguiente manera y con los siguientes criterios:

A) El Poder Ejecutivo estudiará cada una de las solicitudes que se presenten en el plazo que establece esta ley analizando si existe mérito suficiente para acceder a las mismas.

B) Para ello se establecerá una comisión designada por el Poder Ejecutivo, la que funcionará y tendrá asiento en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional; la misma se compondrá de tres miembros asesores del Poder Ejecutivo y será presidida por el Ministro de Defensa Nacional. Con el legajo a la vista de cada interesado, o sus antecedentes, más la prueba que se aportare establecerá la pertinencia de cada solicitud. Serán admitidos todos los medios de prueba.

C) Quienes aspiren al beneficio que se establece en la presente ley dispondrán de 90 (noventa) días corridos, a partir de la entrada en vigencia de la misma, para presentarse por sí o por apoderado ante el Ministerio de Defensa Nacional en papel simple, manifestando su pretensión y estableciendo domicilio a los efectos de las notificaciones. En el caso de personas fallecidas sus causahabientes podrán ejercer la petición.

D) En el caso de personas residentes en el exterior, harán llegar su petición, ante la representación más cercana del país estableciendo su domicilio a estos efectos en la República.

Sin perjuicio de ello, los interesados o sus causahabientes deberán acreditar a criterio del Poder Ejecutivo, los extremos requeridos en el artículo 1º de la presente ley.

E) Podrán presentarse con asesoramiento letrado, en este caso la sola firma del escrito inicial otorgará la representación establecida en el artículo 82 del Decreto Nº 500/991, de 27 de setiembre de 1991. La resolución que recaiga será notificada al interesado personalmente o en el domicilio constituido. En caso de denegatoria podrán los interesados interponer los recursos administrativos que por derecho correspondan.

Artículo 3º.- A los efectos de la presente ley se considerarán los tiempos mínimos de ascensos, se tomarán en cuenta los años reconocidos acorde a cada resolución del Poder Ejecutivo, emanados como consecuencia del acuerdo de la Comisión de Defensa del Senado de la República y el Ministerio de Defensa Nacional del día 22 de abril de 1991. Se asegurará para el personal Superior y Subalterno el máximo de la jerarquía a la que se pueda acceder en función de lo antedicho.

Ante la duda se aplicará el criterio más beneficioso para el administrado.

Artículo 4º.- En ningún caso los beneficios de esta ley implican modificación de la carrera militar, ni derecho a la reincorporación al servicio. Sin perjuicio de ello, la persona beneficiada por la presente tendrá derecho al usufructo de los beneficios de la sanidad militar, en el grado y escalafón militar que corresponda, de acuerdo al decreto que dicte el Poder Ejecutivo, y el uso de costumbre del grado establecido y demás honores del mismo, así como ser considerado militar o asimilado en retiro, recuperando su estatus de militar en retiro, así como la eliminación de su legajo personal de las constancias indebidas, en todo aquello que corresponda.

Artículo 5º.- El personal que se encontraba en situación de retiro en el momento de sufrir cualquier tipo de sanción por los motivos previstos en el artículo 1º y dentro del lapso allí mencionado, quedará amparado por las normas de la presente ley.

Artículo 6º.- A los solos efectos de lo previsto por esta ley, se habilita al Poder Ejecutivo a reformular el cómputo de los años de servicio, sin que ello genere derecho al cobro de haberes anteriores. El tiempo transcurrido se computará fictamente, tal cual si se hubieran prestado servicios en forma continuada desde la fecha de acaecimiento de las circunstancias previstas en el artículo 1º de esta ley hasta la fecha presunta del pase a retiro o fallecimiento en su caso.

Para el cómputo del haber de retiro y del estado militar se considerará el grado que habría correspondido al peticionante, de haber permanecido vinculado en forma ininterrumpida a la fuerza respectiva.

El grado, categoría y denominación a considerar resultará de la aplicación de las normas vigentes.

Como resarcimiento por los daños y perjuicios, el haber de retiro se incrementará en el 25% (veinticinco por ciento) desde el Decreto del Poder Ejecutivo que acoja la petición, a modo de renta vitalicia y sin transmisión por el modo sucesión a los herederos, ni en las pensiones que los sucesores reciban.

Los importes se detallarán en el recibo con mención expresa de esta ley en forma separada del beneficio que corresponda.

Los militares amparados por esta ley recibirán por única vez una indemnización cuyo monto ascenderá a 24 veces el haber de retiro o pensión correspondiente al mes de julio de 2005, pagadera de acuerdo a lo que establezca la reglamentación correspondiente.

Artículo 7º.- En los casos de beneficiarios de esta ley que hubieran fallecido, sus causahabientes tendrán derecho a pensión, del grado que aquel hubiera podido alcanzar.

Artículo 8º.- En los casos en que los cargos de que fueron alejados los beneficiarios no tuvieran en la actualidad denominación coincidente, la comisión determinará su analogía, previos los asesoramientos que estime necesarios.

Artículo 9º.- Las pasividades concedidas o reformadas por esta ley, serán beneficiarias de los aumentos que se acuerden a partir de su promulgación, como así también de los adelantos a cuenta de los mismos.

A estos efectos, se considerará en forma ficta como fecha de cese o de configuración de la causal, el día de promulgación de esta ley o el que resulte de la aplicación del cómputo respectivo o fallecimiento en su caso.

Artículo 10.- El acogerse el interesado a la presente ley implica la renuncia a todo procedimiento en curso ante cualquier jurisdicción.

Artículo 11.- No se aplicará esta ley, en caso de que establezca desmejora de los haberes jubilatorios comparados con los que percibía el interesado al momento de efectuar la reforma del haber jubilatorio aplicándose el cómputo más beneficioso para el jubilado o pensionista, sin perjuicio de los demás beneficios establecidos en la misma, los que sí serán aplicados.

En ningún caso percibirán los beneficiarios haberes inferiores a los que perciban a la fecha de la resolución del Poder Ejecutivo referida en el artículo 2º de esta ley.

La Caja Militar deberá aplicar la resolución del Poder Ejecutivo reformando la cédula jubilatoria sin más trámite por mandato de esta ley. Sin perjuicio de ello, podrá formular las observaciones que considere pertinentes las que serán analizadas y resueltas por el Poder Ejecutivo en forma posterior.

Artículo 12.- En ningún caso esta ley beneficiará al personal que hubiese sido procesado por delitos comunes, por cuestiones ajenas al artículo 1º de la presente ley, por delitos económicos o referidos a derechos humanos, probados que sean ante la autoridad competente, sin perjuicio que los mismos hayan prescripto o se encuentren acogidos por la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. En el caso de posterior comprobación de estos extremos el beneficio caducará de pleno derecho cuando exista sentencia que haya pasado en autoridad de cosa juzgada.

Artículo 13.- Amplíase el plazo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 16.440, de 15 de diciembre de 1993, el que será desde el 1º de enero de 1968.

Artículo 14.- Las erogaciones resultantes de la presente ley serán de cargo de Rentas Generales.

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley".

9.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

De la señora Representante Adriana Peña, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 23 y 28 de diciembre de 2005, convocándose al suplente siguiente, señor Gastón Elola.

Del señor Representante Daniel García Pintos, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 22 y 23 de diciembre de 2005, convocándose a la suplente siguiente, señora Roxana Tejera".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta en sesenta y uno: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 21 de diciembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente me dirijo a usted, de acuerdo a lo establecido en el inciso 3º del artículo único de la Ley Nº 16.465, a fin de solicitarle se sirva concederme el uso de licencia por motivos personales durante el período comprendido entre los días 23 y 28 de diciembre del año en curso.

Saluda a usted muy atentamente

ADRIANA PEÑA
Representante por Lavalleja".

"Minas, 21 de diciembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi mayor consideración:

En el período del 23 al 28 de diciembre de 2005 por única vez no acepto la convocatoria para participar en ese Cuerpo.

Darío Amaro".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Lavalleja, Adriana Peña.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 23 y 28 de diciembre de 2005.

II) Que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente señor Darío Amaro.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 23 y 28 de diciembre de 2005, a la señora Representante por el departamento de Lavalleja, Adriana Peña.

2) Acéptase, por esta única vez, la negativa presentada por el suplente siguiente, señor Darío Amaro.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 11 del Lema Partido Nacional, señor Gastón Elola.

Sala de la Comisión, 22 de diciembre de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, MATÍAS CARÁMBULA, BEETHOVEN GAMBETTA".

"Montevideo, 22 de diciembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia al Cuerpo por razones de índole personal, por los días 22 y 23 del corriente.

Saluda a usted atentamente.

DANIEL GARCÍA PINTOS
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel García Pintos.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los días 22 y 23 de diciembre de 2005.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por los días 22 y 23 de diciembre de 2005, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel García Pintos.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por los días 22 y 23 de diciembre de 2005, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señora Roxana Tejera.

Sala de la Comisión, 22 de diciembre de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, MATÍAS CARÁMBULA, BEETHOVEN GAMBETTA".

10.-     Declaración de gravedad y urgencia.

——De acuerdo con lo dispuesto en el literal C) del artículo 90 del Reglamento, se va a votar si se declara grave y urgente el asunto que figura en tercer lugar del orden del día.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en sesenta y uno: AFIRMATIVA.

11.-      Libertad sindical. (Normas relativas a su protección y promoción). (Modificaciones de la Cámara de Senadores).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Libertad sindical. (Normas relativas a su protección y promoción). (Modificaciones de la Cámara de Senadores)".

(NUEVOS ANTECEDENTES:)

Anexo I al
Rep. Nº 282

"TEXTO APROBADO POR LA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

Artículo 1º.- Declárase que, de conformidad con el artículo 57 de la Constitución de la República, con el artículo 1º del Convenio Internacional del Trabajo Nº 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949) aprobado por la Ley Nº 12.030, de 27 de noviembre de 1953, y con los literales a) y b) del artículo 9º de la Declaración sociolaboral del Mercosur, es absolutamente nula cualquier discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo.

En especial, es absolutamente nula cualquier acción u omisión que tenga por objeto:

A) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato.

B) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

Las garantías prescriptas en la presente disposición, alcanzan a los trabajadores que efectúen actuaciones tendentes a la constitución de organizaciones o coaliciones de trabajadores, dentro o fuera de los lugares de trabajo.

Artículo 2º.- Sin perjuicio de los procedimientos y de las sanciones administrativas, la pretensión de reinstalación o de reposición del trabajador despedido o discriminado, por los motivos indicados en el artículo precedente, se tramitará de acuerdo con los procedimientos y en los plazos establecidos para la acción de amparo (Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988). Procederá, en todos los casos, con independencia de la existencia de otros medios jurídicos de protección.

La legitimación activa referida en los artículos 1º y 4º de dicha ley, también comprende a las organizaciones representativas de trabajadores.

Serán competentes los tribunales que, en su respectiva jurisdicción, entiendan en materia laboral.

La parte demandante estará exonerada del pago de tributos y costas.

Artículo 3º.- El proceso se ajustará a los principios de celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales.

Cuando se alegue por parte de los legitimados activamente en esta ley que el despido o cualquier cambio desfavorable en sus condiciones de empleo tienen un carácter discriminatorio, corresponderá al empleador, debidamente notificado del contenido de la pretensión de amparo, probar la existencia de una causa razonable, relacionada con la capacidad o conducta del trabajador, o basada en las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, u otra de entidad suficiente para justificar la decisión adoptada.

Sin perjuicio de ello, el tribunal dispondrá de las facultades previstas en los numerales 3º y 5º del artículo 350 del Código General del Proceso.

Artículo 4º.- Las sanciones o conminaciones pecuniarias previstas en el artículo 374 del Código General del Proceso, serán independientes del derecho a obtener el resarcimiento del daño, y su producido beneficiará a la parte actora.

Artículo 5º.- Créase, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Registro de Infractores a la Libertad Sindical, con carácter público y gratuito, donde se inscribirán las infracciones a la presente ley, ordenadas por la Justicia, cuando tomen estado de cosa juzgada. La inscripción caducará a los dos años de la fecha en que el infractor haya reintegrado o repuesto al trabajador discriminado y abonado la multa correspondiente.

En todo proceso de licitación, llamado a expresión de interés y en todo contrato en que sea parte el Estado, se exigirá a los oferentes o contratantes la presentación de certificado de dicho Registro acreditando que no existe conducta reincidente en el empresario, requisito sin el cual no será válida la adjudicación o contratación.

Artículo 6º.- El producido de la multa que aplique la Inspección General del Trabajo, por la infracción a las disposiciones de la presente ley, deberá destinarse a la implementación de la ley y a programas a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, orientados a la erradicación del trabajo infantil, a la no discriminación en el empleo, a la formación profesional asociada a la generación de trabajo y al fortalecimiento de la Inspección General del Trabajo.

Artículo 7º.- También quedarán comprendidos en el presente régimen los actos de discriminación sindical referidos en el artículo 1º que se hubieran cometido entre el 1º de marzo de 2005, y la fecha de entrada en vigencia de esta ley, siempre que hayan sido oportunamente denunciados ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En tales casos, el plazo previsto en el artículo 4º de la Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988, para interponer la acción de amparo, comenzará a correr a partir de esta última fecha.

Artículo 8º.- Los trabajadores afiliados a una organización sindical tendrán derecho a que se retenga su cuota sindical sobre los salarios que el empleador abone, debiendo manifestar su consentimiento por escrito en forma previa.

El porcentaje a descontar será fijado por el sindicato y comunicado, fehacientemente, a la empresa o institución, la que verterá a la organización los montos resultantes en un plazo perentorio a partir del efectivo pago del mes en curso.

Artículo 9º.- Agrégase al artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, el siguiente inciso:

La cuota sindical se ubicará, en el orden de prioridades, inmediatamente después de las retenciones solicitadas por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto.

Artículo 10.- Los representantes de los trabajadores, que actúen en nombre de un sindicato, tendrán derecho a colocar avisos sindicales en los locales de la empresa en lugar o lugares fijados de acuerdo con la dirección y a los que los trabajadores tengan fácil acceso.

La dirección de la empresa permitirá a los representantes de los trabajadores que actúen en nombre de un sindicato, que distribuyan boletines, folletos, publicaciones y otros documentos del sindicato entre los trabajadores de la empresa. Los avisos y documentos a que se hace referencia deberán relacionarse con las actividades sindicales normales, y su colocación y distribución no deberán perjudicar el normal funcionamiento de la empresa ni el buen aspecto de los locales.

Artículo 11.- Cométese al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la instrumentación de mecanismos tripartitos con fines de consulta, de contralor y de seguimiento de la aplicación de la presente ley.

Artículo 12.- Las disposiciones que anteceden no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación, sin perjuicio de lo cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dispondrá de un plazo de sesenta días a tales efectos.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 19 de julio de 2005.

NORA CASTRO
Presidenta

MARTI DALGALARRONDO AÑÓN
Secretario.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- (Nulidad de los actos discriminatorios).- Declárase que, de conformidad con el artículo 57 de la Constitución de la República, con el artículo 1º del Convenio Internacional del Trabajo Nº 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949) aprobado por la Ley Nº 12.030, de 27 de noviembre de 1953, y con los literales a) y b) del artículo 9º de la Declaración sociolaboral del MERCOSUR, es absolutamente nula cualquier discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo.

En especial, es absolutamente nula cualquier acción u omisión que tenga por objeto:

A) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato.

B) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

Las garantías prescritas en la presente disposición, también alcanzan a los trabajadores que efectúen actuaciones tendientes a la constitución de organizaciones sindicales, dentro o fuera de los lugares de trabajo.

Artículo 2º. (Procedimiento).-

1) (Proceso general). La pretensión de reinstalación o de reposición del trabajador despedido o discriminado se tramitará por el proceso extraordinario (artículos 346 y 347 del Código General del Proceso). El tribunal dispondrá, si correspondiere, el cese inmediato de los actos discriminatorios cuando a juicio de dicho tribunal los hechos sean notorios.

2) (Proceso de tutela especial). La tutela especial procederá en caso de actos discriminatorios contra:

a) los miembros (titulares y suplentes) de los órganos de dirección de una organización sindical de cualquier nivel;

b) los delegados o representantes de los trabajadores en órganos bipartitos o tripartitos;

c) los representantes de los trabajadores en la negociación colectiva;

d) los trabajadores que hubieran realizado actividades conducentes a constituir un sindicato o la sección de un sindicato ya existente, hasta un año después de la constitución de la organización sindical;

e) los trabajadores a los que se conceda tutela especial mediante negociación colectiva.

En estos casos, se aplicará el procedimiento y los plazos establecidos para la acción de amparo (artículos 4º a 10 de la Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988), con independencia de la existencia de otros medios jurídicos de protección.

El trabajador deberá fundamentar por qué sostiene que fue despedido o perjudicado por razones sindicales.

Corresponderá al empleador, debidamente notificado del contenido de la pretensión de amparo, probar la existencia de una causa razonable, relacionada con la capacidad o conducta del trabajador, o basada en las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, u otra de entidad suficiente para justificar la decisión adoptada.

Artículo 3º. (Disposiciones comunes a ambos procedimientos):

a) En todo caso que la sentencia a recaer constate la violación a cualquiera de las garantías prescritas en el artículo 1º de la presente ley, se dispondrá la efectiva reinstalación o reposición del trabajador despedido o discriminado, generándose en consecuencia a favor de éste el derecho a percibir la totalidad de los jornales que le hubiere correspondido cobrar durante el período que insuma el proceso de reinstalación y hasta que ésta se efectivice.

b) En los procedimientos a que refiere el artículo 2º de la presente ley, la legitimación activa corresponderá al trabajador actuando conjuntamente con su organización sindical.

c) El proceso se ajustará a los principios de celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales.

d) Serán competentes los tribunales que, en su respectiva jurisdicción, entiendan en materia laboral.

e) El tribunal dispondrá de las facultades previstas en los numerales 3º y 5º del artículo 350 del Código General del Proceso.

f) Las sanciones o conminaciones pecuniarias previstas en el artículo 374 del Código General del Proceso, serán independientes del derecho a obtener el resarcimiento del daño y su producido beneficiará a la parte actora.

g) La parte demandante estará exonerada del pago de tributos y costas.

Artículo 4º. (Licencia sindical).- Se reconoce el derecho a gozar de tiempo libre remunerado para el ejercicio de la actividad sindical. El ejercicio de este derecho será reglamentado por el Consejo de Salarios respectivo o, en su caso, mediante convenio colectivo.

Artículo 5º. (Sanciones administrativas).- El producido de la multa que aplique la Inspección General del Trabajo, por la infracción a las disposiciones de la presente ley, deberá destinarse a la implementación de la ley y a programas a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, orientados a la erradicación del trabajo infantil, a la no discriminación en el empleo, a la formación profesional asociada a la generación de trabajo y al fortalecimiento de la Inspección General del Trabajo.

Artículo 6º. (Retención de la cuota sindical).- Los trabajadores afiliados a una organización sindical tendrán derecho a que se retenga su cuota sindical sobre los salarios que el empleador abone, debiendo manifestar su consentimiento por escrito en forma previa.

El monto a descontar será fijado por el sindicato y comunicado, fehacientemente, a la empresa o institución, la que verterá a la organización los montos resultantes en un plazo perentorio a partir del efectivo pago del mes en curso.

Artículo 7º. (Orden de retención).- Agrégase al artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, el siguiente inciso:

"La cuota sindical se ubicará, en el orden de prioridades, inmediatamente después de las retenciones solicitadas por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto".

Artículo 8º. (Facilidades para el ejercicio de la actividad sindical).- Los representantes de los trabajadores, que actúen en nombre de un sindicato, tendrán derecho a colocar avisos sindicales en los locales de la empresa en lugar o lugares fijados de acuerdo con la dirección de la misma y a los que los trabajadores tengan fácil acceso.

La dirección de la empresa permitirá a los representantes de los trabajadores que actúen en nombre de un sindicato, que distribuyan boletines, folletos, publicaciones y otros documentos del sindicato entre los trabajadores de la empresa. Los avisos y documentos a que se hace referencia deberán relacionarse con las actividades sindicales normales, y su colocación y distribución no deberán perjudicar el normal funcionamiento de la empresa ni el buen aspecto de los locales.

Artículo 9º. (Tripartismo).- Cométese al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la instrumentación de mecanismos tripartitos con fines de consulta, contralor y seguimiento de la aplicación de la presente ley.

Artículo 10. (Reglamentación).- Las disposiciones que anteceden no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación, sin perjuicio de lo cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dispondrá de un plazo de sesenta días a tales efectos.

Artículo 11. (Vigencia).- La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 13 de diciembre de 2005.

RODOLFO NIN NOVOA
Presidente

HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI
Secretario".

Anexo II al
Rep. Nº 282

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Legislación del Trabajo

INFORME EN MAYORÍA

Señores Representantes:

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes ha recibido de la Presidencia del Cuerpo el proyecto de ley, aprobado en una nueva presentación formal, por el que se dictan normas relativas a la protección y promoción de la libertad sindical.

Luego de un prolongado tratamiento del tema (incluida la convocatoria de un ámbito tripartito integrado por las cámaras empresariales, el PIT-CNT y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, durante sesenta días en busca de consenso), la Cámara de Senadores incorporó al proyecto original una serie de modificaciones.

Sin apartarse de su espíritu original, la nueva formulación establece cambios relativos a los aspectos procesales, se suprime retroactividad de la norma, se suprime el listado de infractores y las disposiciones sancionatorias a la reincidencia de actos contrarios a la libertad sindical prevista en el proyecto aprobado por Diputados.

Por otra parte se establece dentro del concepto de promoción de la actividad sindical, el derecho de los trabajadores de acceder a la licencia sindical paga, que se determinará en el marco de los convenios o en los Consejos de Salarios.

Recogiendo pues, algunas propuestas formuladas en el diálogo propiciado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la mayoría de la Comisión, recomienda al Plenario votar afirmativamente el proyecto considerándolo un avance fundamental para las relaciones laborales de nuestro país ajustado a las normas internacionales de la OIT.

Sala de la Comisión, 15 de diciembre de 2005.

JUAN JOSÉ BENTANCOR, Miembro Informante, IVONNE PASSADA, JORGE POZZI.

Comisión de Legislación del Trabajo

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

El proyecto remitido por la Cámara de Senadores que se encuentra a consideración del Cuerpo, contiene modificaciones que a nuestro entender no son de ninguna manera contundentes, no varían en nada nuestra posición con respecto a la votación negativa que llevaremos adelante en cuanto a algunos artículos del mismo.

Debemos dejar en claro nuevamente que el Partido Nacional reconoce y está de acuerdo que se debe legislar en la materia, basándose en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que han sido ratificadas por nuestro país desde hace ya varios años, pero que este proyecto carece de la propiedad de haberse realizado en consonancia con los actores fundamentales de la materia laboral: trabajadores, gremios y empresarios.

Desde un comienzo el proyecto de ley votado por nuestra Cámara no tuvo en la Comisión de Legislación del Trabajo el estudio suficiente como para poder lograr modificaciones que contemplaran todas las partes, ni siquiera se trató el proyecto del Partido Nacional que consideramos incluía los justos reclamos de todos los actores imbuidos en el tema en forma equidistante, en cuanto a sus deberes y derechos y que podía haber logrado el consenso de todos los Partidos para su votación.

El remitido por la Cámara de Senadores, tiene variaciones positivas, las menos y negativas.

Una variación negativa es la legitimación activa prevista que obliga a comparecer en conjunto al trabajador con el sindicato respectivo, hecho altamente negativo, ya que se vulneran los derechos individuales de los trabajadores, quienes siempre deberán contar con la complacencia del oficialismo sindical para llevar adelante su reclamo.

Se ha eliminado el listado de infractores, ya habíamos establecido que dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social existía uno.

El trabajador debe de alegar por qué fue despedido, pero de todas maneras la carga negativa de la prueba sigue adelante con relación a los procedimientos especiales.

La retroactividad se ha eliminado y eso nos parece muy positivo ya que el Partido Nacional lo reclamaba en su tratamiento en nuestra Cámara.

Debemos alegar que este es un resumen sobre las modificaciones más importantes, fruto del escaso tiempo que pudimos disponer para realizarlo, ya que la mayoría de la Comisión una vez más quiere tratar este tema sin mayores dilaciones y profundidad en su estudio.

Nuestra posición expuesta en síntesis, será extensamente desarrollada en su oportunidad en la sesión de la Cámara.

Sala de la Comisión, 15 de diciembre de 2005.

ADRIANA PEÑA HERNÁNDEZ, Miembro Informante.

Comisión de Legislación del Trabajo

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

Como es sabido, nuestro sector votó en su momento afirmativamente en la discusión en general el proyecto de ley que finalmente aprobó la Cámara de Diputados, sin perjuicio de lo cual votamos en forma negativa varios de los artículos que lo componían.

Hoy debemos considerar las modificaciones que ha introducido la Cámara de Senadores al proyecto, luego de una discusión prolongada en el ámbito cuatripartito establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y también en el ámbito de la opinión pública en general.

Si bien algunas de esas modificaciones apuntan en el sentido de las observaciones realizadas en su momento (eliminación de la retroactividad de la ley, eliminación del registro de infractores), otras mantienen errores anteriores y en algunos casos los agravan, a saber:

A) Se mantiene el procedimiento de invertir la carga de la prueba, lo que determina un factor desequilibrante en el proceso judicial.

B) Discrimina entre trabajadores y dirigentes o representantes sindicales a los que se les asigna la posibilidad de un proceso de tutela especial que se le niega a los primeros.

C) Obliga al trabajador a actuar conjuntamente con su organización sindical en los procedimientos a que refiere el artículo 2º, coartando la posibilidad de este de actuar por sí mismo.

Por lo expuesto, y aún reafirmando nuestra posición expresada oportunamente de apoyar en términos generales la vigencia de una ley que contemple la protección de la actividad sindical, no acompañaremos en esta ocasión las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores al proyecto en cuestión.

Sala de la Comisión, 15 de diciembre de 2005.

MANUEL MARÍA BARREIRO, Miembro Informante".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión.

Antes de conceder la palabra, la Mesa cree oportuno leer el artículo 58 del Reglamento.

(Se lee:)

"Solo tendrán una discusión los proyectos que vuelvan del Senado con variaciones en su texto y los proyectos de resolución sobre integración de la Cámara y demás cuestiones de carácter interno, no pudiendo hablar cada orador más de una vez ni por más de quince minutos".

——La Mesa saluda la presencia en la barra baja del profesor Osvaldo Mantero, Director del Posgrado de Derecho del Trabajo, y del doctor Juan Raso Delgue.

Tiene la palabra el miembro informante en mayoría, señor Diputado Bentancor.

SEÑOR BENTANCOR.- Señora Presidenta: estamos a punto de tomar una decisión trascendente acerca de uno de los proyectos de ley más importantes de la actual Legislatura.

No vacilamos en afirmar que se trata de uno de los proyectos que está en la base programática del Gobierno Nacional en relación con un derecho humano fundamental: la libertad sindical.

Debemos dejar absolutamente claro -tal como lo establece la carátula del proyecto- que se trata de una ley de protección y promoción de la libertad sindical y no de fuero sindical. La prensa ha hecho un uso equívoco de los términos y más de una vez nosotros mismos, en ámbitos de Gobierno, hicimos referencia equívoca a este proyecto de ley.

La libertad sindical es un derecho de los trabajadores, de sus organizaciones y también de las organizaciones de empleadores, consagrado principalmente en el Convenio Internacional Nº 87 de la OIT. El Convenio Nº 98, por su parte, establece el compromiso de los Estados Parte de la OIT de proteger el ejercicio de la libertad sindical, sentando el principio central de que ningún trabajador debe ser perjudicado a causa de su actividad sindical. Este principio y esta garantía fundamental era la que hasta hoy nuestro país nunca había cumplido. Ningún Gobierno, en los cincuenta años de ratificación de este Convenio, cumplió con la obligación de proteger este derecho fundamental de la persona que trabaja bajo relación de dependencia. Muchas veces nos preguntamos por qué se admitió durante tanto tiempo tantas violaciones a un derecho humano fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas desde 1948.

Precisamente porque se trata de un derecho de todo trabajador, esta iniciativa no es de fueros sindicales. Como se sabe, el fuero es una especial protección para cierto tipo de personas que desarrollan cierto tipo de actividad; por ejemplo, los parlamentarios. En este caso, en cambio, se trata de proteger la actividad de quienes se ven obligados a trabajar en relación de dependencia y porque todos necesitan ser protegidos. El fuero no es suficiente. El fuero sindical, al proteger a una minoría, bien podría generar un grupo de privilegiados, cosa que no hace este proyecto. De alguna forma, en nuestra Comisión de la Cámara de Diputados se marcaba esta situación, que entendimos y está recogida de esa manera. Por ello son profundamente infundadas todas las críticas que dicen que se trata de un proyecto que burocratiza el sindicalismo, y mucho más aquellas referidas a una supuesta voluntad de realizar un cambio en la estructura social del país, como han sostenido algunas cámaras empresariales. Todo lo contrario: no habrá privilegios especiales para nadie. Se trata de una protección universal para todos los que deben someterse a la autoridad de un empresario para obtener su sustento. Por ello es que se cumple absolutamente con el Convenio Nº 98 de la OIT, que establece que todo trabajador debe gozar de protección ante cualquier acto de discriminación antisindical. Es por este motivo que el proyecto consagra la reparación perfecta, o sea, la reinstalación, dejando atrás la vieja concepción de cambiar el derecho a trabajar o sindicalizarse por dinero: el pago de una indemnización por despido abusivo en caso de discriminación antisindical. Los derechos no se cambian por dinero.

En más de una oportunidad, nuestro país fue observado por la Organización Internacional del Trabajo por tener un sistema por el cual muchos despidos se arreglaban por la vía económica y no precisamente por el de la reinstalación del trabajador. Por ejemplo, estas observaciones se recibieron en 1991 y alguna más recientemente.

Este proyecto introduce dos cambios sustantivos respecto del aprobado en la Cámara de Diputados, sin alterar -que quede claro- la razón última, que es consagrar la protección de quien trabaja y realiza cualquier tipo de acción sindical. El primer cambio que se efectúa en la versión que nos llega del Senado es eliminar algunas disposiciones muy criticadas por las organizaciones empresariales durante el período de sesenta días en que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocó a los actores sociales para negociar y para expresar sus puntos de vista.

Así, por tener en cuenta los puntos de vista de los empresarios se eliminó el Registro de Infractores, la sanción al reincidente y la retroactividad de la norma. Nos quedan algunas dudas de si no era mejor fijar un plazo de retroactividad de la norma al 1º de marzo de 2005, pero eso lo manifestaremos más adelante en nuestro fundamento de voto.

El segundo cambio sustantivo introducido en el Senado tiene que ver con el establecimiento de dos procedimientos para tramitar los reclamos. Se mantiene la vía rápida para los dirigentes sindicales y todos aquellos que colaboren con las tareas en su nombre, partiendo desde el trabajador que se aboque a la formación de un sindicato. En el juicio se aplicará el criterio conocido como inversión de la carga de la prueba. El resto de los trabajadores deberá utilizar la vía normal, adecuada en tiempo y en forma. En ambos casos, cuando el Juez falle a favor del trabajador, este será reinstalado.

Hay una última innovación en este proyecto que refiere a la introducción de una disposición sobre licencia sindical, que quedará sujeta a la negociación que se produzca en los Consejos de Salarios o en la convención colectiva. Si bien muchos trabajadores ya contaban con este elemento, debemos reconocer que puede favorecer que en el contexto de discusión de los Consejos de Salarios y de los nuevos convenios exista una ley que prevea que este es un tema de discusión en esos ámbitos para que todos los trabajadores puedan acceder a este beneficio.

Finalmente, deben hacerse algunas consideraciones sobre las actitudes de los actores en las relaciones laborales. ¿Cómo actuaron los actores en este período? En primer lugar, debe valorarse el esfuerzo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por obtener consensos tripartitos, aunque no pudo concretar su objetivo de recoger el acuerdo de los actores sociales sobre el proyecto definitivo. Debemos reconocer aquí el trabajo que ha efectuado el compañero Ministro de Trabajo y Seguridad Social para buscar consensos.

En segundo término, debe recordarse que los trabajadores tendrán una efectiva protección a sus derechos de sindicalización, pero también tendrán una muy importante responsabilidad para ejercer el derecho con madurez y respetando el resto del orden jurídico para no generar una práctica que haga frustrar el importante logro alcanzado. Conociendo muy bien la tradición de nuestro movimiento sindical, no tenemos dudas en cuanto a que esto será entendido, valorado y custodiado con la seriedad que caracteriza a dicho movimiento.

En último lugar, para los empleadores, se trata de una norma que disciplinará a aquellos empresarios que pretendan competir en el mercado a partir de la violación de las normas laborales. Desde nuestro punto de vista, esta iniciativa es una buena ley para los trabajadores y también para los buenos empresarios. De ninguna manera estamos aquí permitiendo que por la vía del no pago de determinadas obligaciones ante el Banco de Seguros del Estado y el Banco de Previsión Social o a través del trabajo en negro, etcétera, se establezca una competencia desleal entre los empresarios.

Por otra parte, destaco muy especialmente el papel que correspondió al Parlamento. Los empresarios han manifestado que la ley de libertad sindical debió contar con un acuerdo previo que contemplara sus puntos de vista. Para ello el Ministerio accedió a abrir una negociación, por lo que se suspendió el trámite parlamentario, en un hecho prácticamente inédito en los anales parlamentarios. Allí se plantearon temas de todo tipo, algunos de carácter tremendista con respecto a las inversiones, argumentando que no vendrían al país, etcétera. Valoramos el tripartismo y los acuerdos entre los actores de las relaciones laborales, pero los parlamentarios...

(Murmullos.- Campana de orden)

——Como decía, valoramos el tripartismo y los acuerdos entre los actores de las relaciones laborales, pero los parlamentarios no podemos sujetar nuestra acción y nuestras responsabilidades al albur de los intereses de los actores sociales ni inmovilizarnos si los actores sociales no alcanzan consensos en plazos razonables. Entendemos que la labor legislativa en un Estado de derecho es un irrenunciable deber del Parlamento. Las organizaciones representativas de los intereses económicos y sociales pueden y deben ser consultadas, pero los legisladores no deben sujetarse a sus dificultades y desencuentros.

En resumen, creemos que estamos frente a una de las leyes fundamentales del país con relación al derecho laboral; apenas podemos compararla, por su importancia, con la ley de ocho horas de 1915 o con la ley de Consejos de Salarios de 1943. No creemos exagerar si afirmamos que, si lo miramos con una perspectiva histórica, habrá un antes y un después con relación a esta ley.

Permítaseme hacer una reflexión personal. Consideramos que somos inmensamente afortunados en la vida. Somos hijos de trabajadores, como la mayoría de los compañeros legisladores; fuimos y seguimos siendo trabajadores, como la mayoría de los compañeros legisladores; fuimos dirigentes sindicales, como muchos de los compañeros de nuestra bancada; tuvimos el honor de dirigir un sindicato importante de este país y ser honrado para integrar la dirección de la central sindical, pero la vida quiso que tuviera el honor de presidir la Comisión de Legislación del Trabajo del primer Gobierno progresista que ha tenido el país y lograr cumplir en solo nueve meses de Gobierno con uno de los pilares fundamentales del programa de gobierno, acorde con las disposiciones constitucionales y con los convenios internacionales. Reitero: somos afortunados por haber trabajado acompañados por un gran equipo de colegas parlamentarios -debo señalarlo; es necesario que lo haga-, como mis compañeros de Comisión, la señora Diputada Passada y el señor Diputado Pozzi, con quienes hemos mantenido un excelente trabajo, así como también el resto de los compañeros de los otros sectores políticos, con quienes tuvimos las naturales diferencias que podemos tener en estos temas, pero contamos con su colaboración para avanzar en la mayoría de los puntos. Somos afortunados por haber trabajado acompañados por estos compañeros.

Asimismo, somos afortunados por alcanzar una meta por la que lucharon generaciones de compañeros con iguales o mejores méritos que los que nosotros tenemos; apenas quiero nombrar a dos compañeros en homenaje a todos los que lucharon por este tipo de conquista: al querido compañero Héctor Rodríguez, quien luchó hasta sus últimos días por los derechos y libertades de los trabajadores, y al querido "Pepe" D'Elía, a quien por suerte todavía tenemos entre nosotros para compartir la enorme trascendencia de este paso que estamos a punto de concretar.

Muchas gracias, señora Presidenta.

(¡Muy bien!)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra la miembro informante en minoría señora Diputada Peña Hernández.

SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Señora Presidenta: estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por el señor Diputado preopinante en cuanto a la importancia de este tema que tratamos hoy en la Cámara. Queremos dejar bien establecido que la importancia pasa por la defensa del trabajador, que la importancia pasa por la defensa del trabajador frente a malos empresarios, que sí existen y hacen manejos con trabajadores que dependen del salario para llevar comida a su mesa. Pero también queremos dejar planteado que defender al trabajador no implica dejar afuera al resto de los actores.

En ese sentido, este proyecto de ley que estamos por votar comenzó siendo redactado solamente por uno de los actores, por una de las partes en este tema, que es la de los gremios. Comenzó siendo redactado por la parte sindical y después, al llegar esa redacción a una Comisión de la Cámara de Representantes, no logramos tener la posibilidad de hacer modificaciones que transformaran ese proyecto de ley para hacerlo abarcativo de todos los actores que tienen que ver con el trabajo en el país.

Nosotros habríamos deseado que antes de pasar al Senado y que este le hiciera modificaciones, la Cámara de Representantes las pudiera haber hecho. Lo dejamos bien establecido cuando tratamos este proyecto de ley; lo dejamos establecido en la Comisión, y lo volvemos a dejar establecido. Nos habría gustado que no hubiera sido el Senado el que entendiera que había que hacer algún tipo de modificación; nos habría gustado que aquí, entre nosotros, entre los noventa y nueve Diputados, hubiéramos tomado la decisión de escuchar un poco más y haber modificado el proyecto de ley para hacerlo más real.

Consideramos que es necesario que se legisle en este tema, pero también pensamos que hay que tratar de hacerlo real y de que en todas las condiciones se pueda llevar adelante para reforzar el trabajo en este país. Como todos sabemos, a pesar de que se nos intenta hacer entender que hay más gente con trabajo en nuestro país, el desempleo aumentó. Eso es lo que tenemos que prever y eso es lo que tratábamos de evitar: que siga aumentando de aquí en adelante.

SEÑOR ORRICO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Permítame redondear la idea y luego le daré la oportunidad.

¿Por qué decimos esto? Porque a nosotros nos parece que tratar de llevar de cero a cien un proyecto de ley y una defensa a ultranza de los sindicatos no es lo que el país necesita en este momento. Consideramos que se defiende al trabajador tratando de darle trabajo. También pensamos que este proyecto que votaremos hoy poco mira hacia el interior del país; mira más hacia los grandes empresarios, acostumbrados a sindicatos fuertes y que saben cómo actuar, pero no mira hacia el interior, a pequeñas empresas, a almacenes, a farmacias, a barracas, donde hay muy pocos empleados y esta ley les va a acarrear dificultades en el relacionamiento.

Uno de los aspectos totalmente negativos que observamos es el de la licencia sindical. Un almacenero que tenga tres empleados va a tener que pagar la licencia sindical a alguno de ellos, si es delegado sindical. Eso nos deja muchas dudas. Por reponer a un funcionario en un lugar que tenga cinco empleados en su totalidad no va a haber un buen ambiente laboral. Reponer a un funcionario y que pase lo que pasó en la estación de servicio de Luis Alberto de Herrera es algo factible, es decir, que cierre la estación de servicio.

Yo creo que esta ley -lo digo con sinceridad- es un pago de favores políticos que el Gobierno está haciendo al PIT-CNT.

¿Por qué digo esto? Lo digo por algo que el 26 de agosto de 2004, antes de la elección nacional, se expresó en el seminario "Fuerza política - Gobierno - Movimiento Sindical", organizado por el PIT-CNT y el Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría. En el último de los tres encuentros que se realizaron en el Salón Azul de la Intendencia, el hoy señor Presidente, doctor Tabaré Vázquez, entonces candidato de la izquierda, expresó que si resultaba electo imprimiría lo que denominó "escuchar los reclamos y preocupaciones de la sociedad y, sobre todo, a los representantes del movimiento sindical". Eso es lo que nos decía nuestro Presidente, doctor Tabaré Vázquez.

Además, en esa ocasión, expresó que "los vínculos entre un proyecto progresista de país, el movimiento sindical uruguayo y nuestra fuerza política vienen de lejos y apuntan a más lejos aún". Agregó que la idea es generar una "agenda común y directamente proporcional a objetivos que queremos transformar en logros".

En ese encuentro estaban presentes sindicalistas españoles y uno de ellos aclaró que la UGT -movimiento sindical español- mantiene su independencia, pero que existen compromisos de acuerdo. A su vez, agregó que los gremios tienen que estar al servicio de proyectos progresistas y afirmó que "es la única forma de articular respuestas, si no la derecha termina ganando".

Esta es la realidad de lo que, en este momento, estamos votando: un proyecto creado, apoyado, exigido y reclamado por el PIT-CNT a nuestro Gobierno. Se pretendía que se votara como se hizo desde el principio y que yendo y viniendo del Senado, realmente no cambió absolutamente en nada.

Nosotros propusimos que hubiera una comisión tripartita o cuatripartita que se sentara a hablar y a dialogar sobre este tema tan importante para el país, como decía el señor Diputado preopinante. ¡Por supuesto que es importante para el país, porque estamos hablando de trabajo!

También sugerimos que se tratara de escuchar a todas las partes, pero lo que queríamos era que se escuchara a los pequeños empresarios, a esos que tienen poco con qué defenderse.

Por otra parte, nos parece importante agregar las opiniones que manifestaron algunos de los actores más importantes de este Gobierno, como la del señor Ministro de Economía y Finanzas. Dijo que aspiraba a que en el Senado se pudieran modificar algunos puntos del proyecto de ley de fuero sindical, porque estimaba que tal como estaba redactado era un reflejo de la "vieja izquierda", que anhela que pueda modernizarse.

El Ministro sostuvo que el Frente Amplio debe encaminarse hacia una "nueva izquierda". Esto es con respecto al fuero sindical.

Por lo tanto, creemos que no estábamos tan errados cuando pretendíamos que este proyecto tuviera modificaciones importantes y que, de alguna manera, abarcara toda la realidad del país.

A su vez, el señor Senador Carlos Baráibar dijo en "Tiempo Presente" que, efectivamente, el señor Ministro Danilo Astori propuso a los representantes del sector modificar la ley de fuero sindical. Dijo textualmente el señor Senador Baráibar: "Tal vez tengamos que tomarnos algún tiempo, dejar que las cosas maduren, hacer la uruguaya y poder aprobar esta ley", pero madurada.

Eso es lo que realmente necesitábamos en este tema: que madure, sentarnos a conversar entre todos y no sacarlo -como decimos en mi país de Lavalleja- como chorizo, sin conversarlo, sin dialogarlo, sin hacerle transformaciones importantes, porque como decía el señor Diputado preopinante, le va la vida al país.

El Partido Nacional presentó un proyecto en el que estaban involucradas todas las partes. A nuestro entender, este hubiera estado apoyado por todos los partidos, porque era un proyecto que contemplaba a todos los sectores de la vida laboral del país. Fue un proyecto que no se llegó a leer, que no se llegó a estudiar y ni siquiera se llegó a escuchar.

Igual vida tuvo el proyecto que presentamos en nombre de la bancada de Correntada Wilsonista -a la que pertenecía en ese momento-, que tampoco tuvo tratamiento en Comisión. Por eso digo: ¡qué lástima que no nos podamos escuchar los uruguayos y tratar de hacer cosas en consenso!

Ese proyecto del Partido Nacional, que creemos que era muy justo, tenía algo que debemos tener en cuenta cuando votamos leyes de este tipo con una vida útil muy larga, salvo que -como dijo el señor Vicepresidente Nin Novoa- esto sea un desastre y tengamos que volver a legislar. El señor Vicepresidente dijo que si hay problemas se va a tratar de modificar esta ley de fuero sindical. Reitero que teníamos un proyecto en el que no solo se veía esta parte del fuero sindical, sino que también estaba regulada la forma como los sindicatos tenían que manejarse: con voto secreto en una primera instancia. Las autoridades del sindicato deberían ser elegidas por voto secreto y por la mayoría de los trabajadores. Eso es democracia. Eso impediría situaciones como la de Dirox, en que cuatro o cinco trabajadores manejan la vida del resto. El Partido Nacional ponía esto en su proyecto. El voto secreto, al que tanto temor le tienen los gremios en este país, es algo en lo que debimos haber pensado antes de redactar esta ley de fuero sindical. Todos queremos democracia, pero no una seudodemocracia totalitaria. ¡Queremos democracia! La democracia se hace dando la oportunidad a la gente para que pueda opinar y elegir libremente. A eso era a lo que el Partido Nacional apuntaba: al voto secreto.

Otro aspecto importante es la desocupación de los locales. Era un tema en el que el Partido Nacional hizo hincapié en su momento. A eso apuntábamos cuando pretendíamos un consenso para poder hablar de fuero sindical. A eso apuntábamos cuando decíamos que queríamos que las pequeñas empresas no tuvieran que sufrir, por el apuro al votar a fin de año una ley detrás de otra. Debemos darnos el tiempo suficiente para votar leyes de importancia. La bancada mayoritaria de Gobierno no puede avasallar a las minorías, sin escucharlas. Tenemos que escuchar a las minorías. Todos juntos podemos hacer de este país un gran país productivo. Pero votando leyes una detrás de la otra y sin estudio no vamos a lograr un buen país productivo; vamos a lograr un país en el cual las mayorías dirán lo que quieran y las minorías solamente podrán sentarse a una mesa, pensar que se las escucha y sentir que después hacen lo que se les antoja, dado que no pueden incidir.

Esta es la realidad de esta ley de fuero sindical. Desgraciadamente, hay consultoras que nos indican que podemos tener mayor cantidad de inversiones durante el año que viene, pero también nos vaticinan que no vamos a tener mayor cantidad de empleo, porque la sensación de inseguridad, de inestabilidad y de no saber cómo se va a aplicar esta ley lleva a que los empresarios esperen para hacer inversiones.

Esperamos equivocarnos; si fuera así, verán que desde aquí vamos a decir: "Por suerte, nos equivocamos".

SEÑOR ORRICO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ORRICO.- Señora Presidenta: además de que creo que es triste la forma en que se han expresado muchas cosas que se dijeron, quiero decir que Asamblea Uruguay, en su conjunto y por unanimidad, ha votado el proyecto que tenemos a consideración.

Cuando el Ministro dijo lo que dijo, se lograron las cosas que se lograron. Hubo cambios y, en consecuencia, desde un primer momento Asamblea Uruguay -todos sus Diputados y Senadores, con la actuación descollante de la señora Senadora Dalmás- estuvo totalmente de acuerdo con esto.

Entonces, en nombre de Asamblea Uruguay pediría que nos dejaran hablar a nosotros; que hablen por mí, realmente no me gusta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el miembro informante en minoría señor Diputado Barreiro.

SEÑOR BARREIRO.- Señora Presidenta, señores legisladores: como expresamos en el informe en minoría que entregamos hoy, en su momento nuestro sector votó afirmativamente en general el proyecto de ley en la Cámara de Diputados en el entendido de que debía existir una legislación sobre este tema -punto en el cual estuvimos de acuerdo la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo- y de que, conceptualmente, esta debía traducir aquellas disposiciones y convenios internacionales que en su momento el país había ratificado.

Otra condición era que debía ser operativamente garante del necesario equilibrio entre las partes, para que se transformara en una ley de protección de la actividad sindical y que no generara rupturas. En ese sentido, votamos negativamente varios artículos de este proyecto porque considerábamos que desdibujaban ese equilibrio, con la esperanza de que se le pudieran introducir las modificaciones que llevaran a plasmar en la realidad los objetivos que planteábamos.

Además, esta iniciativa fue objeto de una discusión que pasó del ámbito legislativo al cuatripartito. Ese fue un ámbito de discusión prolongado y frustrante, en el cual no se alcanzó absolutamente ningún acuerdo. Asimismo, en la última etapa ha sido objeto de modificaciones en la Cámara de Senadores.

Precisamente, a esas modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores vamos a tratar de referirnos, de manera concreta y concisa, porque el objetivo de la sesión plenaria de hoy es aprobarlas o rechazarlas. En todo momento vamos a tratar de despojar de intencionalidad política a las modificaciones y al articulado del proyecto. Creemos que si hay un tema en el cual el legislador debe despojarse de toda intencionalidad política es en este.

El Senado ha modificado algunos de los puntos del proyecto de ley. Algunas de esas modificaciones apuntan en el sentido de las observaciones que nosotros realizamos en su momento -lamentablemente, las menos-, como la eliminación de la retroactividad de la ley, la del Registro de Infractores y de las penas por reincidencia que aparejaba el registro de las empresas en el mismo.

Sin embargo, también ha introducido otras modificaciones que juzgamos que empeoran el proyecto, es decir, que no lo han mejorado sino que han ido por el camino de hacerlo más discutible.

En primer lugar -esto no es una modificación, pero está hecho a manera de modificación-, mantiene el procedimiento denominado de inversión de la carga de la prueba. Esto figuraba en el artículo 2º del primer proyecto de ley y ahora también está en el artículo 2º, pero referido a un proceso especial que es el que de aquí en adelante van a poseer los miembros de los órganos de dirección de la organización sindical. Los delegados o representantes de los trabajadores están amparados por un proceso rápido -proceso de tutela especial-, en que se aplica el procedimiento y los plazos establecidos por la acción de amparo.

A nuestro entender, esto establece una discriminación que es injusta. Cuando hablamos de fuero sindical o de protección de la actividad sindical, entendemos que debe ser para todos los trabajadores y no solamente para los dirigentes sindicales. Es más: pensamos que en estas circunstancias un dirigente sindical está más protegido que un trabajador común. Por lo tanto, creemos que esta modificación va en detrimento de lo positivo que pudiera tener el articulado de este proyecto. No estamos de acuerdo con ella y creemos que el Senado no ha estado feliz al introducirla. Esta modificación discrimina entre trabajadores y dirigentes o representantes sindicales; le asigna a unos la posibilidad de un proceso de tutela especial y se la niega a otros.

Otra modificación introducida por el Senado está en el artículo 3º, que establece: "[...] En los procedimientos a que refiere el artículo 2º de la presente ley, la legitimación activa corresponderá al trabajador actuando conjuntamente con su organización sindical. [...]". Establece esto preceptivamente; el trabajador no puede actuar en forma personal o individual, sino que debe hacerlo conjuntamente con su organización sindical.

Esto modifica la redacción inicial, que establecía que la legitimación activa podía darse tanto para el trabajador individualmente como para la organización sindical, por supuesto que con consentimiento de esta.

Nos parece que esta medida coarta la libertad del trabajador de iniciar el procedimiento por la vía que juzgue procedente y lo ata, innecesaria y preceptivamente, a la tutela de la organización sindical.

Las modificaciones establecidas por el Senado no han contemplado la situación de las pequeñas y medianas empresas, que nos parece debían haber sido objeto de un tratamiento especial, porque no es lo mismo una pequeña empresa que una grande que tiene un número importante de trabajadores. Esto puede traer aparejado alguna dificultad importante en el funcionamiento de las empresas.

Se mantiene la retención de la cuota sindical, con la que estábamos de acuerdo. También se mantiene la modificación a la ley que establecía el orden preceptivo en el cual se debían hacer las diferentes sustracciones al sueldo del trabajador, con su consentimiento. Nosotros éramos partidarios de mantener la ley tal cual está establecida, sin modificaciones de ese orden.

Sin perjuicio de volver a manifestar y de reafirmar nuestra posición expresada oportunamente en el sentido de apoyar en términos generales la vigencia de una ley que contemple la protección de la actividad sindical, por todo lo expuesto anteriormente, en esta oportunidad no vamos a acompañar las modificaciones que introdujo la Cámara de Senadores a este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra la señora Diputada Passada.

SEÑORA PASSADA.- Señora Presidenta: antes que nada quiero decir que hoy me sucede lo mismo que en el día de ayer en cuanto a que, cuando quiero responder manifestaciones realizadas en el plenario, no puedo hacerlo porque quienes las expresaron no están presentes.

Voy a hacer una aclaración que es fundamental. El proyecto de ley que estamos considerando con las modificaciones introducidas por el Senado fue presentado por la bancada de Gobierno a la Comisión de Legislación del Trabajo.

Quería decir a la querida colega...

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- La Mesa solicita a la señora Diputada que se dirija a la Presidencia o al plenario.

Puede continuar la señora Diputada Passada.

SEÑORA PASSADA.- En cuanto a las manifestaciones realizadas, quiero decir que, quizás por la coincidencia de que tres de los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo seamos ex dirigentes sindicales, se pudo haber incurrido en una confusión y pensar que este es un proyecto presentado por el PIT-CNT. Esta era la primera aclaración que quería hacer, porque las cosas que se plantearon no son ciertas.

Sin lugar a dudas, en muy pocas horas vamos a sancionar un proyecto de ley que, como decía el compañero Diputado Bentancor, protege y promociona la actividad sindical. Y esta iniciativa no solo es más que necesaria para este país, sino que es una obligación del Estado, de acuerdo con las normas constitucionales, con el propio artículo 57 y con los convenios internacionales que ha ratificado nuestro país desde el año 1953.

Según esos convenios estamos obligados a promover la libertad sindical, lo cual va a ser realidad con la sanción de este proyecto de ley. Esta libertad sindical quedó reflejada en las nuevas relaciones laborales que se impuso establecer este Gobierno a partir del 1º de marzo, tal como lo manifestó ese día el señor Presidente de la República haciendo referencia a la negociación colectiva, a los Consejos de Salarios y, específicamente, a este marco regulatorio. Este proyecto de ley es necesario para que se proceda a adoptar esas acciones, así como en el próximo año lo será también una iniciativa que tenga que ver con la sanción de una ley de negociación colectiva.

Mediante la ley de libertad sindical se establece el equilibrio que en este país no existía y constituye una iniciativa parlamentaria que cumplió con todos los espacios desconocidos por este Parlamento, auspiciada desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, creándose hasta un ámbito cuatripartito para que se diera la discusión y la búsqueda de consensos. En esa búsqueda no faltó la voluntad de varias partes, y me consta que los que pusieron mayor voluntad para encontrar esos consensos fueron los trabajadores.

Vamos a votar un proyecto de ley que hará historia en la cátedra de Derecho del Trabajo, donde ya es materia de análisis, y sin duda lo es también en organismos internacionales. Por eso no tengo la menor duda de que hoy va a ser un día de fiesta para el mundo del trabajo.

Sin embargo, en este plenario hay algunas dudas y planteos que no son ciertos y que aparecen en diferentes medios de prensa. Me refiero a los dichos de algunos empresarios; cuando termine mi exposición voy a demostrar que en este país hay empresarios que buscan el diálogo y para ello voy a hacer referencia a la resolución de un conflicto ocurrido hace muy poquitas horas.

Aquí se cuestiona el hecho de que los sindicatos se organicen, pero no que lo hagan los empresarios, aunque es correcto que así procedan para defender a pleno y democráticamente sus derechos, como lo hacen los trabajadores. Voy a leer lo que dijo el dirigente empresarial Horacio Castells el 20 de diciembre: "Los que manejaron el tema desde el Ejecutivo son más sindicalistas que gobernantes. El domingo pasado el Director de Trabajo decía en 'El País' que estaba muy contento porque había 380 sindicatos nuevos". Esto es fruto de la organización sindical que se realiza a instancias de los Consejos de Salarios, defendiendo los planteos de los trabajadores y a su vez lo que el propio Gobierno planteó en ese ámbito.

Y el señor Castells continuó diciendo: "Él debería estar contento cuando baje la desocupación, no cuando se crea un gremio. Sin duda los sindicalistas están muy fuertes, ya hablan de tener un canal de televisión, y tienen dinero para concurrir a todas las reuniones que haya en el mundo. Tiene mucho más dinero el PIT-CNT que las cámaras empresariales".

Quisiera agregar otros elementos para que no haya confusiones. La Central Nacional de Trabajadores, ejemplo en la región y en el mundo, recibe mensualmente $ 1 por afiliado; ellos lo hacen en forma voluntaria y decidida democráticamente en sus respectivos sindicatos, sin generar deuda interna ni externa al país. Sin embargo, sectores como el agropecuario tienen 9.181 deudores, por un total de deuda al país de US$ 674:000.000; las industrias manufactureras tienen 3.424 deudores y deben US$ 672:000.000; la construcción tiene 476 deudores -si no recuerdo mal, el señor Castells habló de 380 sindicatos nuevos y estamos hablando, reitero, de 476 deudores- y una deuda de US$ 80:000.000. Puedo asegurarles que van a pasar miles de años para que el PIT-CNT pueda juntar US$ 80:000.000.

También quiero preguntar de qué estamos hablando cuando se plantea este tipo de cosas por parte de los empresarios, si con esto no se genera -lo decía con anterioridad- otra cosa que no sea lo que ya vimos en este país: flexibilización laboral, pérdida de puestos de trabajo.

Se habla de las inversiones, pero hagamos algunos números. El artículo 29 de la Ley Nº 16.906 -ley de inversiones- establece, nada más y nada menos, la reducción de 10 a 2 años del plazo que tenían los trabajadores para reclamar sus créditos laborales contra la empresa. Con respecto a las cifras alarmantes de desocupación que tenemos y que heredamos en este Gobierno, ¿esa norma trajo alguna modificación? Le pregunto a los empresarios: ¿trajeron alguna modificación? No; hubo mayor desocupación.

También quisiera quitar un poco de miedo a los colegas e invitarlos a que voten este proyecto. Les digo que no se asusten, que el Decreto Nº 93 de 1968 -reitero que es de 1968-, que lleva la firma del entonces Presidente Jorge Pacheco Areco, establecía en su literal a) que quedaba terminantemente prohibido sujetar el empleo de un trabajador o el mantenimiento en el cargo a la condición de que se afilie o no se afilie a un sindicato u organización de trabajadores determinado, o a dejar de ser miembro de los mismos.

En el literal b) se habla de la prohibición de despedir a un trabajador o de perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical, de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo, o de su condición de dirigente sindical.

O sea que le diría a la cámara empresarial y a algunos sectores que están hablando de este proyecto de ley de fuero sindical, que hagan referencia a que hemos leído las disposiciones de un decreto del Gobierno de Jorge Pacheco Areco; mañana esto puede ser tapa de diario.

Por último, creo que hay algunos aspectos más que podríamos mencionar. Desde el mundo del trabajo, desde el propio movimiento sindical, siendo oposición siempre hemos hecho referencia a la búsqueda de diálogo permanente. Y también le decimos a la cámara empresarial que entre 1996 y 1998 -algunos colegas que están aquí presentes me van a poder ayudar con la memoria porque eran parte del Gobierno y estaban en el Ministerio de Trabajo- hubo una discusión sobre negociación colectiva. ¡Tres años de mesa de negociación y de diálogo, en la que no se pudo llegar a ninguna conclusión ni se obtuvo ninguna ley de negociación colectiva y esto estuvo trancado por más de doce años! O sea que no ha faltado diálogo de un lado y del otro.

Más allá de lo que hablábamos de los empresarios, mire, señora Presidenta, qué interesante la situación que se dio en el departamento de Cerro Largo. En la noche del 18 de diciembre se ocupó el molino de arroz Glencore S.A. en la ciudad de Melo, a raíz de que una empresa tercerizada -no nos han dado los tiempos, pero es uno de los temas que hay que abordar rápidamente- no se quería hacer responsable de los trabajadores. Estos habían conformado un sindicato y la empresa Glencore los había aceptado en forma correcta, con un contrato de trabajo acorde. Sin embargo, la tercerizada no les reconoció el sindicato que habían formado. Por ende, al Presidente de ese sindicato no se le renovó el contrato, por lo que se identificó una clara persecución sindical y los trabajadores ocuparon el molino.

Aquí tengo el acta reciente de la Oficina de Trabajo de Melo, en donde se llega a un acuerdo. Dice así: "En virtud de la situación de conflicto planteada en la empresa por el sindicato compareciente y la ocupación de la planta de la misma desde el 19/12/05 y planteados los respectivos puntos de vista de ambas partes sobre el diferendo" -inversiones que vienen de Suiza- "exploradas diversas alternativas de solución al mismo las partes convienen: 1.- que la empresa retomará al trabajador [...]" -al que hacía referencia, que era Presidente del sindicato- "a partir del día de mañana en el mismo lugar de trabajo, en las mismas condiciones laborales y hasta tanto la planta continúe trabajando en la presente zafra [...]". Abrevio: la misma empresa reconoce la deuda que tenía la tercerizada, y declarando ambas partes en ese acto que fuera del cumplimiento de lo convenido en la audiencia nada más tienen que reclamarse por ningún concepto, los representantes del sindicato y sus asesores se obligan a desocupar la planta.

Se logran varios objetivos: la empresa reconoce al sindicato, se reinstala al trabajador y se recupera lo que adeudaba la tercerizada. Los tres aspectos han sido tomados en este proyecto de fueros sindicales.

Entonces, invitamos a los colegas a aprovechar esta posibilidad resaltando lo que señalaba el señor Diputado Bentancor, que comparto totalmente: hay mucha gente que está a la espera de la sanción de este proyecto de ley de fuero sindical, no solo trabajadores sino ex trabajadores, ex dirigentes sindicales, muchos luchadores sociales que dejaron su vida por esto, por lo que hoy van a ver plasmado su anhelo de que el Gobierno establezca normas para la defensa de los derechos de los trabajadores, lo cual también beneficia a empresarios que entienden que acá se refunda una nueva sociedad.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Iturralde Viñas.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señora Presidenta: lamentablemente, no vamos a poder decir todo lo que quisiéramos sobre este tema, aunque vamos a expresarnos teniendo conciencia de la necesidad de marcar un perfil acerca de cuál es el pensamiento que tenemos los nacionalistas a este respecto, con la certeza de que ya está consumada la decisión de llevar adelante este proyecto.

En primer lugar, queremos decir que nuestro Partido enfoca este tema con el talante de la fuerza centenaria que lleva una larguísima preocupación histórica por la cuestión social. Algunos de los Diputados preopinantes aludían hace unos momentos a la limitación de la jornada de trabajo. Esa ley comenzó siendo una iniciativa de los Diputados Herrera y Roxlo y, por suerte, en poco tiempo lograron consensuar con el partido de Gobierno de entonces la forma de encarar una limitación de la jornada que permitiera un avance en las cuestiones sociales. Paradójicamente, hoy nos aprestamos a sancionar un proyecto de ley sobre este tema que ya podría tener veinte años, aunque sería distinto porque nuestra propuesta era diferente en 1986 y 1987, cuando propusimos los proyectos de fuero sindical. En aquel momento hubo alguna fuerza política que, motivada por las decisiones de sindicalistas que no compartían que el Partido Nacional fuera el que propusiera de qué manera reglamentar el fuero sindical, no votó. Me estoy refiriendo concretamente al Partido Comunista, que no estaba de acuerdo con los proyectos de nuestro Partido. En aquel entonces ya podían haber estado las mayorías, como podrían estar hoy, de la misma manera, si se escuchara y se dialogara como nosotros entendemos.

Creemos que este fuero sindical no es el mejor, pero no nos parece bueno no legislar en esta materia. Acá tenemos un proyecto del Partido Nacional que fue el que propusimos y pedimos que se considerara; intentamos dialogar acerca de eso y no tuvimos mayoría. La decisión de las fuerzas mayoritarias fue otra. Lo respetamos porque es democrático desde el inicio. Esto no quiere decir que luego, en la aplicación de una legislación que no consideramos la más equilibrada, se mantenga un equilibrio democrático entre capital y trabajo.

Tenemos la sensación de que subyaciendo en todo esto hay un cuestionamiento al sistema mismo. Creemos que es legítimo el sistema en el cual se mezclan capital y trabajo y tratan de salir adelante cooperando; creemos en la negociación ganar-ganar y creemos que es legítimo que haya empresarios que pongan su capital a disposición y que intenten de esa manera obtener un lucro que emerja de la empresa. Lo que nos parece que está subyacente en todo este tema es la discusión de si es legítimo el procedimiento a través del cual el sistema empresarial opera, si es algo que admitimos como positivo para una sociedad.

Nosotros creemos que este proyecto tiene aspectos positivos, pero también que el sistema de relaciones laborales debió enfocarse de forma más global. Para esto debimos buscar la manera de enfocar una política de Estado, políticas públicas, políticas que luego se bajaran a políticas de Gobierno, intentando lograr un acuerdo mayoritario. Es más: cuando comparamos el proyecto que elaboró la Sala de Abogados del PIT-CNT con el que va a salir, tenemos la sensación de que se incurre en lo que judicialmente se denomina "extra petita", que significa que se fue más allá de lo reclamado.

También analizamos el memorándum que presentó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en los sesenta días de diálogo en la cuatripartita. Debemos reconocer la buena voluntad que tuvo en todo momento el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social para buscar un acercamiento entre las partes, de lo que no estuvo lejos. Hubo propuestas por parte del Ministerio que efectivamente representaban un avance y no fueron contempladas. Por ejemplo, en el memorándum del Ministerio se planteaba que la reinstalación -nosotros no estamos de acuerdo con que siempre deba ser obligatoria- no se aplicara en algunos casos; ahora se aplica siempre.

Hay un cuestionamiento acerca de la forma como se procesaron estos temas. Lamentablemente, no me va a alcanzar el tiempo -pero quizás a lo largo de la discusión podamos referirnos nuevamente al tema a través de interrupciones a algunos compañeros- para analizar, por ejemplo, una publicación que habla de los dictámenes del Comité de Libertad Sindical de la OIT relacionados con los actos de discriminación antisindical en el Uruguay. Esta publicación se refiere a algunos casos ocurridos en 1986, en los que tuve la oportunidad de participar activamente con algunos otros compañeros legisladores que en aquel momento eran actores sindicales y con otros que son actuales sindicalistas. Y no me parece que el Gobierno haya actuado tan mal; y tampoco le pareció mal a los sindicalistas de entonces ni al Comité de Libertad Sindical. No todo lo pasado fue tan malo.

Observamos con atención de qué manera se enfocan estos temas y creemos que por momentos se comienza a transitar un camino en el que parece que anteriormente nadie hubiera hecho nada.

Quiero referirme también a algunos otros casos, como el de los papeleros y la planta de celulosa de Colonia, en el que participó el Comité de Libertad Sindical, además del mencionado recientemente sobre una institución financiera de plaza que es por todos conocida. Acá lo que todos queremos es avanzar en este tema, pero no puedo aceptar que se descalifique lo hecho anteriormente. Por lo menos, nosotros tenemos clara conciencia de que cuando nos tocó, a nuestro Partido y en lo personal, actuar en asuntos vinculados a esta temática, cumplimos de la manera que debíamos, tal como lo seguimos haciendo.

Tenemos la sensación de que hay algunos otros temas que se incluyeron y que no mejoraron el proyecto, sino que lo empeoraron.

Señora Presidenta: me gustaría saber de qué tiempo dispongo para finalizar la exposición.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Le restan siete minutos, señor Diputado.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Gracias.

Decía que tenemos la sensación de que hubo algunas propuestas que empeoraron el proyecto. Cuando hablamos de libertad sindical y de fueros sindicales es natural que pueda pensarse en buscar algunos mecanismos para que aquellos trabajadores que deben ejercer esa función tengan tiempo para desempeñarla. Pero debe preverse expresamente quién va a financiar, porque si no se hace así, estamos condenando a las pequeñas empresas a hacer una financiación que no podrán lograr y que les va a llevar a tener dificultades de competitividad.

Hemos planteado hasta el cansancio lo que tiene que ver con el principio de legalidad, previsto constitucionalmente, que es la inversión de la carga de la prueba. Quizás se hayan hecho algunos avances en materia del régimen previsto para los reclamos de los trabajadores, pero no se lograron con relación a los sindicalistas. Quienes gozan del fuero sindical son dirigentes, tienen un estatuto especial y mantienen la inversión de la carga de la prueba. Pero lo malo no es eso en sí mismo, sino que alguien debe justificar la razón por la cual despide, teniendo que probar muchas veces hechos diferentes. Entonces, se pierde el control de la dirección de la empresa. Y no lo digo porque quiera defender a los empresarios -que bien se defienden solos-, sino porque estoy convencido de que el poder de dirección de la empresa es parte de la relación laboral.

Se cambia la legitimación activa por algo que consideramos no grave, sino gravísimo. Que el trabajador esté obligado a comparecer en conjunto con el sindicato, lo obliga a tener que comparecer ante una mayoría sindical que podrá darle apoyo o no. Además, existen antecedentes en la historia sindical de Uruguay en la que no decimos que haya desviación de poder, pero sí que no se ampara a trabajadores porque no corresponden a determinadas mayorías. Los derechos son derechos, más allá de que quiera o pueda defendernos determinado dirigente o determinado abogado de derecho laboral cuya inclinación puede no gustarnos por ser más o menos sindical. Más allá de eso, todos los trabajadores de este país, si se crea una norma, tienen derecho a reclamar a través de ella y no tienen por qué comparecer ante el sindicato pidiendo su apoyo, ya que si no tienen un buen discurso con las mayorías no serán acompañados.

Se mantiene la universalidad de la norma, que se aplica a todos los trabajadores.

Voy a citar a Arturo Bronstein, Director de la Oficina de Normas de la OIT, en un artículo en el que se pregunta: "¿Se debe proteger a todos los dirigentes o representantes sindicales, o solo a algunos de ellos? ¿El número de dirigentes protegidos debe variar según el tamaño del sindicato o el de la empresa? ¿A quién se debe atribuir esta protección, cuando los trabajadores están representados por diferentes sindicatos en una misma empresa?".

Cuando Arturo Bronstein se pregunta esto -si tuviera más tiempo podría seguir leyendo las opciones que él plantea- también señala que se discute si este sistema se debe ampliar a los negociadores, a los dirigentes de las confederaciones, a otros trabajadores y a representantes sindicales, a negociadores de convenios colectivos, a funcionarios de representación colectiva, a Comisiones internas de prevención de accidentes y representantes de trabajadores en las paritarias.

Cuando se pregunta esto, Bronstein está partiendo de una premisa: en ningún caso se protege a todos los trabajadores. ¿Por qué hace todas las discriminaciones y plantea las distintas opciones con respecto a quiénes tiene que amparar? Porque, obviamente, no está planteado para todos.

Se está terminando el tiempo de que dispongo y no quiero dejar de señalar algunos aspectos. Cuando hablamos de los trabajadores amparados, debemos tener en cuenta que hay distintos ámbitos, y uno es el subjetivo. Por ejemplo, según nos recuerda Bronstein, ¿a partir de qué momento y hasta cuándo tienen esta protección los trabajadores? Obviamente, desde que se comienza a constituir el sindicato -lo cual es correcto-, pero tiene una finalización en el tiempo.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Varela Nestier)

——Además, habla de un límite numérico. Dice que en Guatemala son cinco trabajadores; en Colombia, en las empresas de quinientos, hasta siete; en Venezuela son nueve hasta las empresas de mil; en Paraguay, cinco en treinta y se aumenta uno cada veinte; en Costa Rica, uno cada veintiuno más uno cada veinticinco; en Perú, tres hasta cincuenta y otro cada cincuenta más; en Panamá entre cinco y once trabajadores; en El Salvador, once por empresa -y es el caso de mayor protección, porque señala otros límites-; en Chile, tres hasta doscientos cuarenta y nueve, cinco hasta mil, siete hasta tres mil y nueve en más de tres mil.

Obviamente, esto está limitado. Nosotros, que creemos en la defensa de los derechos de los trabajadores en la teoría y en la práctica, estamos dispuestos a trabajar en un sistema de relaciones laborales completo, que regule todos los temas. Por eso no estamos de acuerdo con este proyecto, señora Presidenta.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado Washington Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Washington).- Señor Presidente: la verdad es que a esta altura está bravo aportar algo medianamente original; está difícil. Tiene que ser original porque se trata de ser constructivo. Decir lugares comunes es terrible. Y no lo digo por lo que acaba de decir el señor Diputado Iturralde Viñas, porque me pareció que la suya fue una de las ponencias más claras, y lo felicito.

En el fondo, creo que hay un debate ideológico que está en la matriz de lo que estamos discutiendo. Podrá no sonar demasiado simpático, pero me parece que una de las preguntas a hacerse es la siguiente: la conciliación entre el capital y el trabajo, ¿es posible? Este proyecto de ley, ya prácticamente ley, ¿busca la conciliación entre esas dos áreas de la vida del país? Me parece que esa es la gran pregunta. Y tengo la impresión de que la respuesta es: "No".

Yo provengo de un partido político que durante muchos años se pasó armando una defensa fanática de los derechos del trabajador. ¿Le voy a relatar al Parlamento la obra de los derechos protectores del trabajador del batllismo? En Facultad, cuando estudiábamos en los libros de Francisco de Ferrari o de Barbagelata -hay colegas acá que hemos compartido algunos años en la Facultad- veíamos que, básicamente, había períodos históricos de mi Partido en que, ante una asimetría evidente, por la ausencia de derechos del trabajador, el Estado estiraba su mano y decía: "Bueno; acá hay que defender". Había leyes de todo tipo: la ley de las ocho horas, la ley de las sillas, salario vacacional, aguinaldo. ¡Cuántas de esas leyes tienen el santo y seña de mi colectividad! Pero lo que pasa es que el mundo cambió. Lo que sucede es que el mundo fue cambiando porque hoy, en Uruguay, si alguien sostiene que efectivamente el trabajador está desprotegido, es porque no sabe las leyes, porque no conoce todo esto.

Estudios de consultoras internacionales hablan de varios elementos imprescindibles para que países como los nuestros en Latinoamérica tengan capacidad de inversión. Entonces, piden: estabilidad política -está en el informe de Naciones Unidas; no hay que ser muy fenómenos para esto, sino mirarlos un poquito, porque lo del PNUD está todo ahí-, telecomunicaciones, comunicación terrestre -todo esto Uruguay lo va teniendo-, Justicia que funcione -la Justicia en Uruguay funciona, pero es muy lenta- y que no haya una lógica sindical corporativa.

Y acá voy a un nudo en el que efectivamente yo debo tener una diferencia sustantiva con los compañeros del Encuentro. La señora Diputada Peña Hernández, cuando leyó con mesura el documento, lo dijo explícitamente. Acá lo que a algunos nos preocupa es que efectivamente se esté creando un superpoder sindical. Nos parece que efectivamente puede haber allí eso que decía: si el capital y el trabajo no tienen un punto de equilibrio, lo que eventualmente puede estar pasando es que en la supuesta defensa del trabajo lo que se esté creando sea una casta al estilo argentino. Y permítannos sospechar y preocuparnos por este tema. Ya se reseñaba: va a haber mucha plata en esa acumulación. Esos 380 sindicatos que se crean, no se crean por azar sino, porque se está advirtiendo que por ahí hay algo interesante para mucha gente, en la defensa de los derechos laborales, pero también por aquel que se pueda ubicar en esa casta de los fueros sindicales.

Y cuando miro a Argentina y veo a esos obesos sindicalistas de Rolex y camisa Polo, me dan pánico, porque si eso es lo que se viene en Uruguay -no, señores, por ahí no va la bocha-, es preocupante, porque nunca hemos tenido una dirigencia sindical superpoderosa, de esa naturaleza. Puede sonar folclórico, pero no cuando empiece a haber recursos. ¿A quién no le sorprendió lo que decía una Diputada preopinante, en cuanto a que el PIT-CNT hoy se plantea la hipótesis de comprar un canal de televisión? ¡Es fuerte! Pero no pasa nada: armamos el sistema del débito.

Me pregunto: ¿cómo vería la ciudadanía si los partidos políticos de la República Oriental del Uruguay establecieran un débito para su financiación? Al fin y al cabo a nosotros nos vota la República y somos representantes de la ciudadanía. ¿Cómo vería la ciudadanía si por ley implementáramos un mecanismo de débito automático para financiar a la democracia? ¿Cómo nos verían? Acá es lo que se viene.

(Interrupción del señor Representante Orrico)

——Lo que estoy diciendo es que aquí va a haber una cuota que hará fenomenalmente poderoso al aparato sindical. Y eso, francamente, me parece un error. Es más: hay un partido político en este país que entiende que tiene que ser aliado del aparato sindical y hay un aparato sindical que mira las cosas ideológicamente, con una gran proximidad a un partido político, que es el Gobierno. ¡Guambia al gol!: va a haber un aparato sindical más fuerte, más poderoso y más rico que ese partido político. No tengo ninguna duda, y ese es un gran lío que se nos viene. Y esa es la República corporativa.

A ver si nos entendemos: ¿qué es lo que están tratando de sostener los legisladores nacionalistas y los legisladores colorados? Lo que estamos tratando de defender es el trabajo en el país. Acá no estamos aliados, como alguno va a querer decir: "Acá la derecha, la defensa de la derecha junto con los empresarios". ¡Minga! No es ese el tema. Acá estamos tratando de que venga inversión real al país que genere puestos de empleo genuino, porque si el inversor, el empresario, se retrae, no le gusta y se atemoriza, lo que estamos matando es el trabajo. Eso es lo que estamos matando. Entonces, el país productivo del que se habla resulta que no se puede concretar. Ahí está el nudo gordiano de este debate.

Miramos todos a Chile como el gran ejemplo. ¿Qué hace Chile? Lo planteaba el señor Diputado Iturralde Viñas: veinticinco personas, por lo menos, para poder armar un sindicato. En Uruguay, que tiene a la pequeña y mediana empresa en el noventa y largo por ciento de su sistema económico, ¿cómo van a hacer las unidades productivas de siete u ocho personas que deben tener un tipo que poco menos que es el superpibe del barrio, al que hay que bancarlo sea como sea? ¡Es brava! O sea que un ciudadano va a tener ahí una representación brutal y no va a haber manera de discutir con él, porque tiene ese superfuero, ese manto protector. Está difícil.

El otro día, el señor Senador Gallinal planteaba un caso interesante por los medios: se hace una contratación de una persona para una determinada actividad, vinculada a un ámbito laboral determinado, y esa persona mete la coraza. Yo creo que no se está pensando bien esto. Digo la verdad: si eventualmente nos estamos equivocando, pues algún día vendremos acá, como hemos dicho siempre y, zapatero a tus zapatos, diremos que efectivamente no fue lo que pensábamos. Pero nosotros hablamos con todo el mundo: tenemos obligación de hablar con el laburante y con el empresario.

Cuando llegó el Presidente de la República, que parecía Felipe González, todo el mundo aplaudía y creía que venía el cambio, pero ¿dónde vieron en el país a todas estas cámaras, todas ellas, hasta las de las pymes, todas, las agropecuarias, la comercial, la industrial, todas diciendo que no, que por acá no se puede ir, que este camino está mal? ¿Qué más quieren? A ver si nos entendemos, porque no me quiero repetir, pero yo no tengo esa teoría de confrontación entre el capital y el trabajo. Lo que digo es que estos empresarios, como la mayoría de los trabajadores, quieren que haya más inversión, más trabajo, más país productivo. Acá se está generando la sensación de que este instrumento jurídico no reúne esas condiciones. Eso nos parece malo; francamente, nos parece malo.

También hay un tema filosóficamente importante. Si usted arma un sistema en el que, inevitablemente, insta a la defensa por medio de la sindicalización, tenga cuidado porque hay un debate sobre la libertad de la gente. ¡Hay un debate sobre la libertad de la gente! ¿Y si yo no me quiero sindicalizar? ¿Y si a mí no me gusta el sindicato? ¿Y si yo no creo en el señor -mi amigo- Ramos, y no me quiero sindicalizar? ¡Estoy boleteado! Estoy boleteado, porque estoy por fuera del sistema, y este inevitablemente te obliga, para tener también el manto protector, a formar parte de esas organizaciones.

Tengo también la sensación de que ese no es el mejor camino. Reitero que esto lo vamos a ver con el tiempo; la realidad de estas cosas las veremos con las inversiones que aparezcan, con los temores, si es que existen -yo creo que sí existen- y con lo que eventualmente haga el Gobierno.

Ese procedimiento celerísimo que se arma para la cúpula sindical nos parece equivocado, francamente equivocado, como reseñaba hace unos instantes el señor Diputado Barreiro.

El país se está corriendo hacia un lado peligroso, muy peligroso. El día en que fue eliminado el decreto sobre las desocupaciones de los ámbitos empresariales y comerciales, con una lapicera y un papel se hizo añicos el derecho de propiedad. Sí, eso fue lo que efectivamente se hizo ese día. Se pulverizó el derecho de propiedad de alguien que invierte, que es el propietario de una empresa y pierde todo; pierde el derecho a incidir sobre su propia empresa. Ahora se agrega esto, que va en el mismo sentido.

Somos liberales, sentimos que el mundo cambió y que hay un conjunto de derechos que efectivamente tiene el trabajador. No queremos desproteger al trabajador, sino que haya más trabajo y más inversión. Nos da la impresión -por tercera vez argumento en esta línea- de que con esto se va contra el verdadero trabajo de la gente.

¿Cuál sería el camino? El chileno; un camino ecléctico, un camino mesurado, un camino en el que efectivamente los derechos del trabajador están presentes -como hacía referencia-, pero acompasados con esto otro.

Cuando escucho que las Cámaras empresariales dicen que esta iniciativa no es un hecho aislado y que forma parte de una estrategia que apunta al desplazamiento del empresario en la gestión de su propia empresa, determinando un nuevo orden en nuestra sociedad, me preocupa. Me preocupa mucho, porque esta es una percepción de agentes que tienen la capacidad de dinamizar la economía, de invertir y de capturar recursos en el exterior, porque los recursos uruguayos no alcanzan, y están sosteniendo esto. Esa es una sensación de inquietud, de preocupación y de temor.

Los legisladores de la oposición decimos esto de buena fe; estamos acá tratando de argumentar de buena fe y tratando de decir: "¡Cuidado! Hay que prender una luz amarilla, pues por este camino se está recorriendo un abordaje que francamente es malo. ¡Terriblemente malo!".

Quiero terminar con un argumento vinculado a la lógica de los buenos y los malos, que fue con el que empecé, porque parecería que quienes defendemos esta postura poco menos que estamos asociados al capital internacional o al capital nacional.

Si yo les digo la cantidad de empresarios que conozco, no lo van a creer; son muy pocos, poquititos. ¿Amigos? Prácticamente ninguno. Mi vida ha transcurrido por detrás de los partidos políticos, por otros lados.

Hace un momento, un periodista -colega de los señores y las señoras que están a mi derecha- me decía: "Ustedes tienen una postura muy próxima al capital". Yo pregunté: ¿de qué estamos hablando? Con toda franqueza, estamos hablando de que efectivamente el país no corte una posibilidad de generar un ambiente amigable -como se dice ahora- para que la inversión aparezca. Un ambiente amigable no puede ser refractario a los derechos de propiedad; un ambiente amigable no puede ser refractario al derecho de libertad.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Un ambiente amigable no puede romper el equilibrio e ingresar en una especie de simetría direccionada, en una especie de cosa que va para un determinado lado.

Este es el llamado de atención que queremos hacer. Está hecho con toda la buena fe y con todo el sentido constructivo. En estas cosas, el tiempo es el único que dictamina la verdad.

Nada más.

Gracias, señor Presidente.

12.-     Sesión extraordinaria.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por la señora Diputada Tourné.

(Se lee:)

"Mociono para que se convoque a la Cámara el día martes 27, a la hora 16, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Acuerdos sobre Regularización Migratoria Interna de Ciudadanos del MERCOSUR y sobre Regularización Migratoria Interna de los Ciudadanos del MERCOSUR, Bolivia y Chile, hechos en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002 (Carpeta Nº 742/0059).- 2) Protocolo para la Adhesión del MERCOSUR al Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC). (Aprobación). (Carpeta Nº 698/005).- 3) Sistema Nacional de Acreditación de Veterinarios de libre ejercicio en la órbita de la Dirección de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Carpeta Nº 744/005).- 4) Marco legal necesario para dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 6º del artículo 85 de la Constitución de la República, relativo al endeudamiento interno (Carpeta Nº 747/005).- 5) Información sobre Personas, Empresas e Instituciones incorporadas a los registros del Banco Central del Uruguay. (Se autoriza su difusión bajo determinadas circunstancias). (Modificaciones de la Cámara de Senadores). (Carpeta Nº 276/005, Repartido Nº 315 de 2005).- 6) Mozos de cordel de los puertos de Montevideo y de Colonia. (Reglamentación de su actividad). (Modificaciones de la Cámara de Senadores). (Carpeta Nº 572/005).- 7) Tratado con los Estados Unidos de América relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. (Aprobación). (Carpeta Nº 750/005)".

——En discusión.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señor Presidente: vamos a solicitar el desglose de la moción: que se vote en bloque del punto 1 al 6 del orden del día, y luego el punto 7.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la parte de la moción referida a los puntos 1 al 6 del orden del día.

(Se vota)

——Setenta y tres en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la parte de la moción relativa al punto 7.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- ¿No se requieren cincuenta votos afirmativos?

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Léase el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Representantes.

(Se lee:)

"Son cuestiones de orden que admiten discusión: [...] 6º) La de celebrar sesión extraordinaria. (Artículos 20 y 21) [...]".

"Artículo 21.- También podrán celebrarse sesiones extraordinarias después de las ordinarias o en los días en que estas no se efectúen, o en horas distintas a las establecidas en el artículo anterior: A) Por resolución de la Cámara, mediante mayoría de votos en quórum máximo [...]".

——La Mesa entiende que hubo el quórum y la mayoría necesarios para aprobar la moción.

13.-     Libertad sindical. (Normas relativas a su protección y promoción). (Modificaciones de la Cámara de Senadores).

Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Pozzi.

SEÑOR POZZI.- Señor Presidente: quiero manifestar que, tal como la compañera Diputada Passada y el compañero Diputada Bentancor lo hacían notar hoy, también para mí es un orgullo estar en el día de hoy en esta sesión aprobando una cosa que ha sido tan cara para los trabajadores durante un montón de años, pero no solamente por haber formado parte de la Comisión que trabajó en el tema, sino también por estar integrando la Cámara con los colegas de los diferentes partidos.

Por suerte, a partir de las expresiones de los colegas de los distintos partidos veo que hay una decisión política del Parlamento -expresada por todas sus fuerzas- de contar con una ley que defienda el derecho de los trabajadores a sindicalizarse. Por lo menos, nadie ha dicho lo contrario en esta oportunidad ni en las anteriores en las que se trató este tema.

Podemos tener diferencias en cuanto al contenido de la ley, a su articulado o a su alcance; eso es notorio y está bien, porque en definitiva así se expresa el cambio que la ciudadanía votó en las elecciones pasadas. Si la ciudadanía hubiese querido que las cosas siguieran como estaban, no habría votado por esta fuerza política, sino por alguna de las otras dos. Entonces, acá ha habido un cambio en este tema, ha habido un cambio en la negociación colectiva en los Consejos de Salarios, ha habido un cambio en el tema de los derechos humanos y ha habido un cambio en cómo atender la emergencia social. En estos diez meses de Gobierno ha habido todos estos cambios.

Sin dejar de reconocer el tremendo aporte que el Partido Colorado y el Partido Nacional hicieron a través de su historia y de sus grandes hombres al desarrollo de las cuestiones sociales en el país, permítannos que en esta sesión expresemos que también nosotros, a través de nuestras luchas y de nuestras acciones sindicales y políticas, estamos aportando un granito de arena en ese mismo sentido. Las diferencias existen porque, evidentemente, hay una conducción diferente que se va a expresar en estos temas, en otros que mencioné y en los que vendrán.

Quería dejar eso claro y hacer un reconocimiento a las bancadas del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente, porque estamos acá votando un proyecto que todos entendemos que en el país faltaba, que tiene que ver con la defensa del trabajador cuando se quiere sindicalizar, con el derecho a ser miembro de un sindicato y también con el derecho a no serlo.

También quiero decir que vamos a acompañar el proyecto de ley con las modificaciones introducidas en el Senado porque, a nuestro juicio, mantiene la columna vertebral, la quilla de la iniciativa que salió de la Cámara de Diputados. Mantiene la nulidad del acto de despido por motivos sindicales; mantiene la reinstalación de los despedidos por motivos sindicales, y agrega que mientras el juicio esté en proceso para un determinado componente del sindicato y una vez que el Juez falle, tendrán que pagarle por los días que duró el juicio, y mantiene para una parte importante de los sindicalistas la inversión de la carga de la prueba.

Desde el primer momento en que participamos del debate de este proyecto de ley sostuvimos que estas eran las piedras fundamentales, lo angular, lo pesado, lo que no debía romperse, porque era lo que aseguraba la protección de los trabajadores, y así está contemplado en los cambios introducidos en el Senado.

En estos días -en este tema quiero centrarme un poco más- ha habido manifestaciones de las Cámaras empresariales -no sé si representan a todos los empresarios o a algunos, pero me afilio a esto último- que yo calificaría de terroristas, de alarmantes, porque dan a entender que los sindicatos van a tomar el control de las empresas a partir de la aprobación de este proyecto de ley. Es como si dijéramos que, si la aprobamos hoy y entra en vigencia el lunes, el martes se van a acabar los empresarios en el país porque los sindicalistas van a tomar la dirección de las empresas. Nada más lejano que eso a la realidad; no hay ninguna posibilidad de que eso sea así porque, entre otras cosas, los sindicatos no tienen el más mínimo interés de quedarse con las empresas. Pregunto a la Cámara: ¿cuándo los sindicatos se quedan con las empresas? Hay ejemplos. Se quedan cuando los empresarios se van y dejan a todo el mundo tirado. En varios departamentos -lo saben los colegas de este Parlamento- hay ejemplos de trabajadores sindicalistas que se quedaron con las fábricas después de que los empresarios desaparecieron y ni siquiera fueron decentes como para cumplir con las obligaciones que tenían con el trabajador. Por eso muchos sindicalistas se han tenido que transformar en empresarios. Es más: muchos sindicatos que se han transformado en empresarios han hecho acuerdos con capitalistas y con inversores. Todos fuimos a la planta de FUNSA, y es un ejemplo de ello.

Las cosas están caminando porque los sindicatos no quieren quedarse con las empresas: quieren luchar por el derecho y los intereses de los trabajadores, como lo hace cualquiera. Quiero saber qué pasaría acá si en algún momento no nos depositaran la plata en fecha. No sé si vamos a armar un sindicato de Diputados, pero varios compañeros nos vamos a mover para reclamar. Todos los sectores de la sociedad hacen lo mismo. Estará bien o estará mal que la sociedad sea corporativista, pero lo cierto es que en este país sucede y estamos dispuestos a luchar contra eso, contra todas las corporaciones. Alguna muestra de ello ya está dando este Gobierno y, si no, vayan a ver a los que se van a operar a Cuba, a quienes iban a dejar ciegos por no ponerles la lentilla. ¿Esa no es una muestra de que este Gobierno está en contra de la corporación? Capaz que ganamos o que perdemos; capaz que llegamos más lejos o más cerca -no sé-, pero queremos dar una lucha contra eso. Ahora, mientras la lucha se procesa, démosle igualdad de oportunidades a todos -de eso trata esta ley- para defender sus derechos. ¿Por qué se lo vamos a negar si los empresarios lo tuvieron durante todo este tiempo? ¿O no?

Nos hablan de las inversiones. El equipo económico de este Gobierno, el jueves, en declaraciones a los diarios "El Observador" y "El País", a través de mi amigo el economista Lorenzo y del Subsecretario Bergara, dijo que esta ley era la que había que votar porque no había ningún problema con el clima para las inversiones. Remítanse a lo que dicen los diarios "El País" y "El Observador" del jueves pasado. De manera que con eso queda saldada la opinión que tiene el Gobierno con respecto a este tema y a las inversiones. Les digo a los empresarios y a los colegas: estamos para cambiar; no venimos para hacer lo mismo. Lo hecho hasta ahora no ha traído inversiones ni nada que se le parezca y ha generado desempleo. ¿O no? Si vamos a ver las tablas de las Naciones Unidas, el único país que recibe menos inversiones que Uruguay es Haití, que ni Gobierno tiene, y eso aplicando el modelo que nos dijeron que había que aplicar. Seamos audaces, cambiemos, demos un pasito, miremos las cosas de otra manera, no nos figuremos un mundo que se nos viene encima porque pasen estas cosas. En el tema de derechos humanos nos dijeron que iba a suceder cualquier tipo de disparates si seguíamos en ese camino, y así estamos, y no hay disparates.

Con esta cuestión tremendista que se ha gestado a partir de lo declarado por las Cámaras empresariales -estoy absolutamente seguro de que no es la opinión de todos los empresarios-, creo que lo único que se traduce es una férrea defensa de sus intereses. Si me apuran un poco y me rascan, les digo que es una férrea visualización de la lucha de clases, en otro aspecto, de otra forma. Pero ¿qué es lo quieren decir cuando expresan eso? ¿Qué es lo que quieren trasmitir cuando dicen eso? Yo no creo que la lucha de clases haya terminado; lo que creo es que ha cambiado de lugar y de forma. Al hecho de que un quinto de la población mundial tenga el 80% de la riqueza, mientras el resto se reparte lo que queda, pónganle el nombre que quieran, compañeros, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso?

Quiero decir alguna otra cosa más. Yo soy de los que opinan que hay conciliación entre el capital y el trabajo, pero también hay oposición entre el capital y el trabajo. Y soy de los que creen, de los que lucharon, de los que sufrieron por apoyar la conciliación entre el capital y el trabajo, y estoy seguro de que mis compañeros, hoy dirigentes de la central obrera, están dispuestos a apoyar los puntos en común para salvar empresas, trabajadores y fuentes de trabajo. ¡Cómo no! Lo hemos hecho; todos los días se ven ejemplos de eso.

Ahora bien: también hay momentos en que los intereses están encontrados, y de alguna forma hay que buscar solución para eso. Pero para que esa solución se pueda dar en igualdad de oportunidades, los trabajadores deben tener una forma de agruparse con fuerza en ese sentido. Es por eso que aprobamos esta ley, compañeros.

Para ir terminando -porque quiero dejar espacio a otros compañeros-, quiero decirles que no conozco -y estoy seguro de que no voy a conocer- a ningún sindicalista rico. Conozco a aquellos que con los piojos pagan el ómnibus; a esos los conozco. Pero pido que me nombren ahora un sindicalista rico; les doy treinta segundos para que alguno me diga un nombre. ¿Conocen empresarios ricos? Estoy seguro de que en menos de treinta segundos cualquiera me da una nómina.

¡Compañeros, no pongamos el tremendismo allá arriba! Las leyes son las leyes y ayudan, pero los hombres, la gente, los seres humanos, son los que construyen verdaderamente las cosas. Las leyes ayudan, pero el ser humano construye. Y de este lado y del lado de los empresarios hay muchos seres humanos que hemos ido construyendo una relación, que en muchos lugares se expresa a través de una muy buena comunicación con respecto a cómo conducir los intereses de empresas y sindicatos.

Es a eso que debemos apostar nosotros: a formar seres humanos, colegas; a formar seres humanos, a ayudar, a educar, a decir a los trabajadores -y también a los empresarios, y en eso nuestro Ministerio de Trabajo y Seguridad Social jugará un papel fundamental- que hay un camino diferente para hacer las cosas y que este país necesita de todos nosotros. El país no precisa de la confrontación entre todos nosotros; necesita del entendimiento entre todos nosotros. Es a esto a lo que, por lo menos mi bancada, yo y estoy seguro de que todo el resto, estamos apostando. Es a esto a lo que también apostará el movimiento sindical.

Los empresarios tienen la palabra, pero largando la lucha de clases por escrito es muy complicado que esto se pueda construir. Me parece que todos tenemos que bajar la pelota al piso y encarar esto de una manera diferente.

SEÑORA KECHICHIÁN.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR POZZI.- Sí, señora Diputada.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- La Mesa informa al señor Diputado Pozzi que le restan dos minutos de su tiempo.

Puede interrumpir la señora Diputada.

SEÑORA KECHICHIÁN.- Señor Presidente: pedí la interrupción porque quisiera hacer dos o tres puntualizaciones con respecto a algunas cosas que escuché en Sala.

Entre las primeras cosas que se dijeron estuvo la de que poco menos que el PIT-CNT le había escrito esta ley de fuero sindical a esta bancada del Frente Amplio. Como información, y para que quede registrado en la versión taquigráfica, diré que desde 1985 esta fuerza política viene presentando en cada período legislativo un proyecto de ley de fuero sindical en este Parlamento y nunca nadie le dio los votos para aprobarlo. Es el Frente Amplio el que ha tenido este asunto en su programa, desde siempre; por lo tanto, quiero reinvindicarlo, porque lo dicho quedó en la versión taquigráfica y puede llevar a confusiones.

Hubo otra afirmación que me motivó. ¡No me pongan el ejemplo de Guatemala! ¡Realmente, Guatemala no es un país para imitar en nada! ¡El segundo punto en su PBI es el tráfico de niños! ¡Vamos a hablar seriamente! ¿De qué países estamos hablando? No quiero copiar eso, no quiero asemejarme a eso; siempre voy a luchar para no parecerme a ese sufrido pueblo de Guatemala.

Además, un señor Diputado decía: "El Uruguay cambió", y eso también me motivó. ¡Claro que cambió! Pero cambió para peor, para mucho peor. Lo digo porque aquí se le quiere hacer creer a la gente que con este proyecto de libertad sindical las inversiones se van a ir. Al respecto, voy a dar un pequeño ejemplo, porque quiero que quede constancia en la versión taquigráfica. Se trata de alguien que actualmente trabaja conmigo, en mi secretaría.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Es un dirigente sindical bancario, que hizo cinco minutos de silencio en la dictadura, que mandó una carta al Banco do Brasil -lo que era indigno-, y que después fue preso. Cuando tuvieron que restituirlo no lo hicieron porque era dirigente sindical; prefirieron pagarle el sueldo durante trece años sin que trabajara con tal de no tomar a un dirigente de la banca privada y de un gremio como AEBU, ¡que vaya si habrá sabido pelear! Nunca lo quisieron tomar.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Redondee, por favor, señora Diputada.

SEÑORA KECHICHIÁN.- Un día, el Banco do Brasil se fue de este país, dejando no sé cuántas deudas, pero eso no le impidió hacer todo lo que hizo.

Quisiera decir algunas cosas más; quizás después otro compañero pueda concederme una interrupción a tales efectos.

Le agradezco la interrupción al señor Diputado Pozzi.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Ha terminado el tiempo de que disponía el señor Diputado Pozzi.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señor Presidente: cuando pidió la palabra la señora Diputada preopinante me imaginé que podía contestar algunos de los términos que empleamos o, como ya se ha citado a Pacheco, pensé que hoy ya íbamos a empezar a hablar de reelección; quién sabe por dónde viene la cosa.

Me parece que tenemos que tener respeto por los pueblos. Yo quiero mucho a la nación armenia, que es una pequeña nación. Siento gran respeto por la nación guatemalteca, por todas las naciones de Latinoamérica; también por Cuba. Me gustaría citar cuántos dirigentes sindicales tienen allí, pero no los hay. Por eso, no pude citar a Cuba como ejemplo, pero sí mencioné a Guatemala y también a Brasil; acabo de prestar a los taquígrafos el libro del doctor Bronstein, que pongo a disposición de la bancada oficialista. También cité la situación de la Venezuela de hoy -no la de ayer-, del Chile de hoy -no el de ayer-, de la Argentina -que tiene un sindicalismo desarrollado- y del Brasil. Puedo citar todos esos casos, no solo el de Guatemala.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado Delgado.

SEÑOR DELGADO.- Señor Presidente: trataremos de abordar este tema sin tremendismos y sin tabúes; creo que es la forma en que debemos encarar este importante proyecto, relativo a un tema serio. Además, las normas laborales no se hacen para que sean modificadas cada poco tiempo; se hacen para que sean modificadas muchos años después de haber sido sancionadas. Actualmente, hay normas laborales que tienen sesenta años. Quiere decir que el proyecto que hoy estamos tratando en esta Cámara debe ser enmarcado en un contexto histórico.

Reitero lo que dijimos cuando la iniciativa se trató por primera vez en la Cámara de Diputados: creo que es oportuno considerar un proyecto de ley de fuero sindical porque, evidentemente, hay una nueva política de relaciones laborales y porque se ha generado una multiplicidad de ámbitos de negociación colectiva a través de Consejos de Salarios, comisiones bipartitas y tripartitas. En este marco, creo que es bueno dar garantías, sobre todo a la parte más débil de la relación laboral -que, en este caso, es el trabajador-, porque tiene la responsabilidad de negociar en nombre de sus pares las condiciones de trabajo, las mejoras salariales o lo que corresponda.

Lo primero que queremos decir es que nos interesa trabajar sobre el tema. Algún señor Diputado ha dicho que estamos de acuerdo, por lo menos, en el título, o en parte de él. Nosotros estamos de acuerdo con trabajar en un proyecto que garantice determinada tutela especial para trabajadores que representen a sus pares, aunque quizás podamos no coincidir con algunos de los alcances que tiene este instrumento.

Quiero hacer un reconocimiento, porque cuando terminamos nuestra exposición en la sesión de la Cámara en la que aprobamos este proyecto reclamamos ámbitos cuatripartitos de discusión, en los que se pudiera escuchar a todas las partes, a efectos de que después el Parlamento pudiera hacer lo que tiene que hacer: legislar teniendo en cuenta las diferentes opiniones. Como dije, hubo algunos reclamos nuestros y de otros colegas del Partido Nacional. Y quiero hacer el reconocimiento que corresponde, porque el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocó a una cuatripartita, en la que durante dos meses se trabajó en este tema y en otros, porque la temática abordada en ese ámbito fue bastante importante. Los temas que estuvieron sobre la mesa excedían el del fuero sindical. Había asuntos mucho más generales en lo que tiene que ver con la regulación de las relaciones laborales, y, lamentablemente, si bien las posiciones de todas las partes estuvieron planteadas, no se alcanzaron los acuerdos necesarios. Después el tema se enfrió y hubo toda una negociación interna. Uno podrá patalear y decir que le gustaría que se discutiera en el Parlamento. La verdad es que se discutió en la interna del Frente Amplio y lo aprobó su Mesa Política, y al otro día, al galope, se trató en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, integrada con la de Hacienda, del Senado, en la que se recibió a las partes; y a la tarde se votó. Creo que no fue serio el tratamiento que se impuso en esa Cámara por parte del partido de Gobierno.

También quiero reivindicar y hacer un reconocimiento al tratamiento que el proyecto tuvo en la Cámara de Representantes, porque fue serio, con los tiempos prudentes para estudiarlo, analizarlo, coincidir y discrepar.

Creo que hay cosas que son incontrastables. El clima en el que se va a aprobar en el día de hoy este proyecto de ley no es el mejor. Podemos coincidir o no con algunas de las expresiones que están en la prensa en estos días, pero queda claro que el clima no es el mejor. Hasta el propio Director General de la OIT, señor Juan Somavía, cuando estuvo en Uruguay, hace pocos días, hizo referencia a que es importante legislar sobre estos temas pero que le gustaría generar bases de consenso más importantes. Esto es algo de lo cual nos damos cuenta todos, integremos el partido que integremos, porque son temas que calan hondo y marcan -reitero- las normas laborales por muchos años. Entonces, sería bueno tener la base de consenso necesaria, por lo menos en los grandes temas, para que su aplicación tenga la fuerza suficiente y traspase los necesarios cambios de Gobierno.

Queda claro que estamos de acuerdo con legislar sobre libertades sindicales, así como sobre la protección especial, que es una garantía para el desarrollo de una tarea como la del dirigente sindical, pero creo que al proyecto le falta una dosis necesaria de equilibrio. Así podríamos definirlo. A mi juicio, no es un proyecto equilibrado. Es un proyecto importante, es necesario trabajar en esta línea -en la mayoría de los temas que incluye coincido particularmente-, pero le falta equilibrio.

Creo que nadie va a discutir el derecho a la libertad sindical, que constituye uno de los derechos fundamentales. Por otra parte, en estos días, preparando este tema, analizamos la legislación comparada en base a algunos informes de la Comisión de Expertos de la OIT, y encontramos que el nuestro es un país avanzado en materia laboral. Estuvimos analizando los países que están más avanzados que nosotros y ellos tampoco incluyen algunos de los aspectos que contiene el proyecto en discusión.

En nuestro país -haciendo una breve reseña, que es necesaria- la normativa sobre la que se basa este proyecto son los artículos 57 y 72 de la Constitución y los Convenios Internacionales de Trabajo Nos. 87 y 98, a raíz de los cuales surge una serie de disposiciones normativas que tutelan hoy la actividad sindical. ¿Insuficiente? Posiblemente. Por eso reitero que es necesario legislar en la materia. Las medidas de protección vigentes -lo decía algún legislador y creo que también el Presidente de la Comisión- están circunscriptas fundamentalmente a lo que tiene que ver con la sanción administrativa a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dicho sea de paso, creo que es bueno y necesario modificar el Decreto Nº 500 para agilizar el procedimiento de los trámites por denuncia de represión sindical. Pero fundamentalmente es una sanción administrativa.

También hay que decir que durante Gobiernos anteriores, concretamente en el año 2004, se elaboró un decreto que aumenta en forma importante el monto de la sanción por violaciones a la libertad sindical, a tal punto que en su grado mínimo se trata de una sanción de 100 a 110 jornales, en su grado medio de 111 a 125 jornales y en su grado máximo de 126 a 150 jornales por trabajador afectado, haciendo la salvedad de que cuando se trata de violaciones a la libertad sindical se toma como afectados a la totalidad de los trabajadores de la empresa.

En materia judicial, hasta el momento la jurisprudencia indica que la figura del despido abusivo es la norma habitual para reparar las violaciones del fuero sindical.

Creo que las modificaciones del Senado introducen algunas diferencias en lo que tiene que ver con la eliminación de la retroactividad del efecto de esta norma, lo que era muy discutido y caía por su propio peso. También se elimina el registro de empresas infractoras y su consecuencia, vinculada a la licitación de empresas. Ese registro ya estaba por decreto y, además, se crea por ley en el Presupuesto. En esos temas las diferencias no son importantes ni los elementos eliminados eran centrales. Cambian dos procedimientos judiciales diferentes, con tiempos diferentes, según se trata de dirigentes o de trabajadores, pero en todos los casos es necesario que estén afiliados. Y se mantiene el corazón del proyecto que salió de esta Cámara, que es la universalidad del fuero y su consecuencia: la universalidad de la reinstalación.

Sin perjuicio de las medidas de protección hoy vigentes, no coincidimos con el alcance subjetivo del proyecto y creemos razonable legislar para completar normas existentes, reglamentando parte de los convenios que falta reglamentar, otorgando una protección especial al derecho de los dirigentes sindicales o representantes de los trabajadores, en armonía con la legislación laboral que existe en los países de la región y en países avanzados como Italia.

También es verdad que este proyecto de fueros sindicales avanza en materia de libertad de actividad sindical, pero queda rengo. Creo que hay que trabajar -y nos comprometemos a ello, porque nos parece importante- en darle integralidad a las relaciones laborales, es decir, un proyecto de ley de libertad sindical que tenga reglamentado cómo es el dirigente, cómo se elige, cómo trabajan los sindicatos, su personería jurídica, etcétera. También deben quedar claros algunos otros aspectos vinculados a la actividad sindical y a la negociación colectiva, que complementa parte del proyecto que hoy está en cuestión.

No voy a hacer referencia a autores que algunos señores Diputados preopinantes nombraron, pero el punto central de nuestra discrepancia con el proyecto en consideración es que, a nuestro juicio, la tutela especial, la protección debe ser a la figura del dirigente sindical, como ocurre en la mayoría de las legislaciones. Vamos a no innovar. Vamos a compararnos con los países más avanzados, incluso regulando aspectos mínimos; por ejemplo, cómo se adquiere la condición de dirigente sindical. Por supuesto, deberá evitarse cualquier injerencia en la organización, pero por lo menos hay que definir la cantidad y la forma. Si damos tutela especial, con las prerrogativas del fuero, al dirigente o al representante de los trabajadores, estaremos logrando un equilibrio importante.

Además, esto no es caprichoso. Nuestro sector, la Correntada Wilsonista, había presentado un proyecto que daba las prerrogativas del fuero sindical a los dirigentes sindicales, pero no se trató. Posteriormente, el Partido Nacional elaboró un proyecto común que también establecía prerrogativas de fuero sindical para dirigentes, pero tampoco se trató. Estos temas no son caprichosos, sino que tienen algunos antecedentes interesantes. Ya en 1960, el entonces legislador Juan Pablo Terra hablaba de la diferencia entre trabajadores y dirigentes sindicales, y daba características y tutelas especiales para ambos. También lo hacía en 1985 un proyecto de ley de los entonces Diputados José Díaz y Guillermo Álvarez, que hablaba de la tutela y el fuero especial para determinadas características de dirigentes sindicales, y las enumeraba. Estamos hablando de una época en la que había Consejos de Salarios; estamos hablando de los años 1985 y 1986. Sin embargo, legisladores del Frente Amplio que, además, eran versados en materia laboral, presentaron un proyecto de ley en la Cámara en el que hablaban de tutelas especiales o fueros sindicales para trabajadores que representaban a trabajadores o que negociaban en nombre de trabajadores.

El otro tema con el que discrepamos, que está concatenado con el primero, es la reinstalación, que es la solución sugerida por la Organización Internacional del Trabajo en la Recomendación -ni siquiera es obligatorio- Nº 143, literal d) del numeral 6º) del Capítulo III), relativo a la protección de los representantes de los trabajadores, que establece el reintegro de ellos a sus puestos de trabajo como medida de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos por razón de su condición de representantes de los trabajadores. Se refiere a los representantes de los trabajadores, y conste que estoy hablando de recomendaciones de la OIT y no del semanario "Ciudadano".

Además, nuestra principal discrepancia con respecto a la universalidad del fuero es su consecuencia, que es la reinstalación, porque se deja fuera de contexto un aspecto sumamente importante, que es muy sensible y que estuvo en la mesa de negociación de la cuatripartita: la realidad social y económica de los microemprendimientos. En este caso, la figura de la reinstalación es mucho más peligrosa y, sobre todo, más difícil.

Voy a leer algunos antecedentes jurisprudenciales como, por ejemplo, una sentencia del Juzgado de Trabajo de 4º Turno de 1988, publicada en la Revista de Derecho Laboral, que se refiere a la reinstalación; ya presumía opciones, como la reinstalación en una microempresa. El Juez -no un Senador o un Diputado- decía: "En efecto, se ha señalado en el país, que factores prácticos impiden con frecuencia la posibilidad de reinstalación, máxime en las empresas uruguayas, generalmente de pequeñas dimensiones, donde se presenta una fuerte connotación de vínculos personales que vuelven relevantes las condiciones específicas de los individuos. Así, en ciertos casos resulta imposible el reintegro del trabajador por dificultades de relacionamiento con el Jefe de la empresa, con quienes lo representan o con sus propios compañeros". Reitero que esta es una sentencia laboral de 1988.

Si bien este argumento puede tener poca relevancia, el señor Senador Ríos, que fuera miembro informante en mayoría en el Senado, se expresó acerca de un referente de la OIT como Bartolomei de la Cruz. Citando su obra "Protección contra la Discriminación Antisindical", dice: "En la realidad, el establecimiento de la situación anterior tropieza con serias dificultades. Una de ellas, de carácter sociológico, es la resistencia de ciertos empleadores a aceptar las consecuencias prácticas de una anulación, es decir, a conducirse en el futuro como si nada hubiera ocurrido. Otra limitación, de carácter jurídico esta vez, reside en que ciertos sistemas legales consideran que el restablecimiento de la situación anterior -inclusive la reinstalación en caso de despido- constituye una obligación de hacer y que, en consecuencia, corresponde aplicar las normas de derecho civil que permiten reemplazarle por una indemnización"...

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Redondee, señor Diputado.

SEÑOR DELGADO.- También discrepamos con la legitimación activa obligatoria al trabajador y al sindicato.

Para terminar, debemos hacer una especial referencia a las microempresas de nuestro país, que emplean, de acuerdo con estadísticas, de uno a cuatro empleados y no superan los US$ 60.000 de ventas anuales.

Las pymes representan el 95% de las empresas del Uruguay. A estas microempresas -que, como dije, ocupan de uno a cuatro empleados- hay que considerarlas de manera especial.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Ha finalizado su tiempo, señor Diputado.

SEÑOR DELGADO.- Termino, señor Presidente.

Creo que el partido de Gobierno quiere votar este proyecto de libertad sindical este año.

A mi juicio, se debe tratar especialmente la situación de las microempresas.

No vamos a votar este proyecto. Nuestro propósito es habilitar la convocatoria a una Asamblea General para la semana que viene, a fin de crear, oposición y Gobierno, algún tipo de protección y tutela especial, en el marco de este proyecto, para las micro y pequeñas empresas del Uruguay, porque la iniciativa que se está considerando tendrá en el futuro un impacto que, a nuestro modo de ver, no será positivo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado Longo Fonsalías.

SEÑOR LONGO FONSALÍAS.- Señor Presidente: quiero reconocer a los parlamentarios uruguayos que hoy votaremos este proyecto, que marca un hito histórico para nuestro país, porque después de muchos Gobiernos se vota esta iniciativa de libertad sindical, y lo logra un Gobierno de izquierda, del Frente Amplio.

Creo que estamos haciendo historia, y votaré con satisfacción este proyecto. Después de muchos años de lucha de los trabajadores uruguayos, estamos realizando un acto de estricta justicia con nuestra sociedad, con la clase trabajadora y con la sociedad "in totum".

Con la aprobación de este proyecto estamos trasmitiendo al mundo el mensaje de los cambios en el respeto a los derechos humanos en su globalidad. Por supuesto, este es un cambio ideológico, ¡por suerte!

El proyecto de libertad sindical representa un avance de enorme significación histórica en las relaciones laborales, que muy pronto los trabajadores podrán apreciar y usufructuar, por supuesto actuando con la responsabilidad del caso para defender sus derechos con la herramienta legal que se crea.

Con esta norma se terminan los abusos que hoy inclusive persisten de parte de algunas patronales. Nuestro deseo es que en el futuro, todos juntos, patrones, empleados, considerando a la empresa como de interés común, podamos mirarnos de frente, como seres humanos, con las lógicas diferencias que deben existir, pero con los derechos protegidos de manera recíproca.

Este proyecto, que hoy votamos con enorme satisfacción, es una demostración más del camino que ha emprendido nuestro Gobierno, un camino sin retorno en defensa de los más desprotegidos y de toda la sociedad, buscando el equilibrio imprescindible en la relación entre capital y trabajo.

Me atrevería a decir que este proyecto está en el rango de las dos o tres normas más importantes que hemos votado en este Período.

Quiero dejar expresa constancia de una situación que nos debe preocupar a todos, vinculada con esas declaraciones extemporáneas de algunos empresarios que no se ubican en el Uruguay moderno -a las que ya algún compañero se ha referido-, en momentos en que se habla de que las relaciones laborales están adquiriendo otra modalidad en la búsqueda de un mayor equilibrio social, como lo reconoce la propia OIT. Considero estas declaraciones que hablan de revertir el orden social -como recién expresaba nuestro compañero, el señor Diputado Pozzi-, más que terroristas, diría, grandilocuentes e infundadas, totalmente fuera de lugar. Este proyecto de libertad sindical lo único que hace es poner las cosas en su lugar, y plantea una realidad a la que todos debemos acostumbrarnos. Uruguay es de todos y no de unos pocos privilegiados que por considerarse potencia económica se creen dueños absolutos de la verdad. Siguiendo un viejo pero presente principio artiguista, las sociedades se construyen entre todos, en base a que los más infelices sean los más privilegiados.

En cuanto a las modificaciones introducidas en el Senado, entiendo que, si bien se puede apreciar mayor prolijidad en los enunciados, no generan una gran mejora. En cambio, creemos que el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados atiende con mayor profundidad la libertad de los trabajadores. Por ejemplo, me parece que es un error eliminar el registro de infractores, ya que se trataría de un gran avance en materia laboral.

(Ocupa la Presidencia la señora Representante Castro)

——Además, si analizamos globalmente el trato que se da a la tutela especial de los dirigentes sindicales, aparecen algunas dudas. Como hombres del interior sabemos que en nuestros pueblos el mero hecho de agremiarse genera recelos, inseguridad y desconfianza, por lo que más pronto que tarde los agremiados serán mirados con ojos de halcón y en las primeras de cambio probablemente se queden sin trabajo, sin posibilidades ciertas de conseguir otro trabajo.

Por esa razón veo con recelo la modificación que se introdujo en el Senado con respecto a la tutela; y esto hay que decirlo, porque acá se habla muy suelto de cuerpo del logro de la flexibilidad laboral. En efecto, se habla de la flexibilidad laboral que se ha instalado en los últimos años en nuestro país, pero a nuestro entender ha sido un logro para aumentar la pobreza de la mayoría de los uruguayos, el desempleo y la inestabilidad laboral.

Creemos que la redacción del proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Representantes era mejor, pues protegía a todos los trabajadores agremiados de la misma forma, no creando esa diferencia solamente para dirigentes sindicales o sus representantes.

Por lo tanto, quiebro una lanza por los compañeros Diputados que trabajaron arduamente en la Comisión y lo hicieron muy bien, consultando a todas las partes. Debo acotar que estas modificaciones hechas en el Senado no se deberían interpretar como logros o consensos obtenidos entre los empresarios y los Senadores, pues, de acuerdo con la información que poseo, las cámaras empresariales no llegaron a plantear soluciones negociadas y alternativas, sino su negativa total a la ley de fuero sindical. Pero esa negativa al proyecto de ley se dio tanto para el que se votó en la Cámara de Representantes como para el que se votó en el Senado, por lo menos por un importante sector de empresarios de Uruguay que está en contra de esta ley sindical.

Me remito a la versión taquigráfica de la Comisión de Industria, Energía y Minería, en la que el Presidente de la Cámara de Industrias dijo que acataría lo que se resolviera en el Parlamento -mala sería otra actitud- y expresó en forma textual: "[...] no estamos de acuerdo con la iniciativa de fueros sindicales votada por Diputados ni por el actual proyecto de ley que está manejando el Senado". Es decir que no le servía ninguno de los dos. En una palabra, a los empresarios les da lo mismo uno u otro proyecto. Nosotros consideramos que eso demuestra dos cosas: primero, que lo único que pretendían las cámaras empresariales era mantener su situación de privilegio sin discusión, mantener el statu quo y, segundo, que si a los empresarios les daba lo mismo, nosotros deberíamos haber mantenido con firmeza la postura del plazo acordado de sesenta días y deberíamos haber votado el proyecto de ley tal cual se aprobó en la Cámara de Representantes, porque su redacción era mucho mejor que la que finalmente vino del Senado.

Igualmente, para mí es un logro importante. Tal como están las cosas, a los empresarios ni les va ni les viene y, según su criterio, cualquiera de los dos proyectos es malo, pero para mí esta iniciativa es un avance de importancia sustancial en nuestro derecho laboral. Recién hoy, después de tantos años de lucha de los trabajadores, tendremos una ley de esta naturaleza.

Voy a ir redondeando, ya que me han solicitado varias interrupciones. Considero que hemos tenido muchas diferencias con ese sector de la vida del Uruguay, con el sector empresarial, pero también debemos tener en cuenta que en la sociedad de hoy no podemos admitir de parte de dirigentes de primer orden de las cámaras empresariales, frases como las que se dijeron hace pocos días sobre un cambio de orden social, porque creo que eso no va con el país de hoy, con el país moderno que todos queremos. Yo afirmo que esas expresiones son una barbaridad y están fuera de todo el contexto histórico; son resabios de gente que vivió en un Estado protector de sus privilegios y hoy eso, en el siglo XXI y con nuestro Gobierno, se terminó.

SEÑOR TOLEDO ANTÚNEZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LONGO FONSALÍAS.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- La Mesa informa al señor Diputado Longo Fonsalías que le restan seis minutos.

Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR TOLEDO ANTÚNEZ.- Señora Presidenta: como es obvio, voy a dar mi voto afirmativo, como lo hice la vez anterior, porque se trata de una decisión de mi fuerza política, porque lo hago con una profunda convicción y porque nos hemos comprometido con la ciudadanía y, fundamentalmente, con la clase trabajadora. Este es un compromiso histórico del Partido Socialista, que en la primera línea de su declaración de principios dice claramente que aspira a construirse en organización política de los trabajadores uruguayos. Además, este ha sido uno de los compromisos de nuestra fuerza política desde hace mucho tiempo, remitido con absoluta claridad a toda la ciudadanía junto a otros compromisos como el de instalar los Consejos de Salarios, en los que prácticamente todos los sectores acordaron libremente y sin dificultades mayores.

Doy mi voto afirmativo porque soy hijo de un trabajador ferroviario y sindicalista; con otro Toledo -Pedro- y Altesor, militaron conjuntamente. Además, de mis cincuenta y seis años, he compartido treinta y seis con trabajadores: los ocho primeros con los de la enseñanza y los restantes con los rurales. Este proyecto de ley, que seguramente votaremos hoy, no hace nada más que justicia, porque los trabajadores del interior, especialmente los del campo, han estado librados a algunas pocas y viejas normas que procuraban proteger al trabajador rural, y a la mayor o menor voluntad de los patrones. Los sindicalistas han podido organizarse y hacer valer sus derechos, fundamentalmente en las grandes concentraciones urbanas y en las ciudades del interior, exceptuando los gremios de la actividad pública a quienes viejas normas los protegen; los trabajadores de la actividad privada, salvo raras excepciones, han estado peleando por las suyas. La cultura misma, individualista por excelencia, intenta defender sus derechos particulares y reivindicar, cuando puede o se anima, sus pretensiones de mejoras.

En 1977, por razones obvias, dejé de ejercer la docencia como maestro rural. En 1971, en Arrozal 33, empresa propiedad de una sociedad anónima de connotados políticos que después de 1984 ocuparon importantes cargos de Gobierno -uno de ellos alcanzó la más alta investidura del país-, tuve la oportunidad de conocer en profundidad al hombre de pie en el suelo, al de la pala al hombro, al aguador, al tractorista, al maquinista y también alcancé a conocer al taipero de Zitarrosa.

Allí viví experiencias varias, pero quiero relatar una anécdota que me sorprendió enormemente. Estando yo en un escritorio de la administración de la empresa, un peón, hombre joven y rudo, reclamaba a viva voz que le dieran más horas por día para trabajar. No pedía mejoras salariales; no pedía ocho horas mejor pagas; pedía más horas para poder remediar la situación, pues sabía que hacer otro reclamo era imposible. Necesitaba trabajar varias horas todos los días, inclusive los domingos; necesitaba trabajar doce, catorce y hasta dieciséis horas para poder llevar un salario digno a su casa. Ni soñar con la ley de ocho horas y domingos libres, por la que murieron trabajadores en el mundo; ni soñar con la ley de ocho horas y horas extra, por la que pelearon los trabajadores arroceros, orientados por Orosmín a fines de 1940 y principios de 1950. Leguizamón, junto a Manuel Toledo y a alguna incursión de Sendic, organizó reuniones en galpones, a oscuras, a escondidas en la noche para no ser descubierto, y junto a arriesgados obreros formó el primer sindicato de trabajadores arroceros en Cipa-Olimar y Arrozal 33.

Termino, señora Presidenta, diciendo lo siguiente. Ayer, en una oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un abogado de una empresa de transporte de Treinta y Tres intentó despedir -aunque se retrajo frente a autoridades de ese Ministerio- a una funcionaria que un par de meses atrás había participado de la formación de un sindicato de transporte. Este solo ejemplo bastaría para decidirme a votar este proyecto de ley afirmativamente. A partir de la promulgación de la ley, los trabajadores del campo y los de la actividad privada en general se sentirán seguros en cuanto a que defender sus derechos es un derecho.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Longo Fonsalías, a quien le resta menos de un minuto.

SEÑOR LONGO FONSALÍAS.- Señora Presidenta:...

SEÑOR MELGAREJO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LONGO FONSALÍAS.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR MELGAREJO.- Señora Presidenta: desgraciadamente, es poco el tiempo para un tema tan vasto y de tanta riqueza. A mí, que ya doblé el codo hace rato, este hemiciclo me trae...

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el señor Diputado Longo Fonsalías.

Tiene la palabra el señor Diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señora Presidenta: queremos hacer algunas reflexiones generales -que esperemos resulten breves- en función de que hemos seguido este tema en las diversas etapas y de que, por cierto, hemos conocido y sido testigos de los entretelones, de las vicisitudes, de las marchas y contramarchas que todo este proceso tuvo; esto, por supuesto, estimula a hacer alguna reflexión.

Queremos sumarnos a los conceptos que los compañeros han formulado, en nombre del Partido Nacional, en cuanto a que nuestra colectividad política está totalmente compenetrada con el fuero sindical como institución de carácter laboral, como promotora y protectora de la actividad sindical, elemento indispensable en una sociedad democrática. Prueba de ello es que cuando el Parlamento abordó y votó por mayoría el proyecto de fuero sindical en esta Cámara en su primera fase, votamos en contra en general, pero acompañamos el artículo 1º, que es el que internaliza el Convenio Internacional de la OIT Nº 98 con relación a este aspecto, es decir, a perseguir y, en todo caso, a repeler actos de discriminación y establecer la reinstalación del trabajador cuando el dirigente sindical es destituido o cuando la seguridad en su trabajo queda condicionada a la actividad sindical.

Como aquí se ha dicho, pertenecemos a un Partido que no necesita dar pruebas de haber estado apegado, a lo largo de la historia, a las causas de los trabajadores y, yo diría, a las causas sociales en el sentido más amplio. Se mencionó aquí la ley de ocho horas de Herrera, Roxlo y Quintana. Pero, inclusive, podemos retrotraernos a un tiempo histórico anterior, el de Oribe, cuando las primeras jubilaciones. Aquel episodio que fue la ley de ocho horas dividió, sin ninguna duda, la historia social del país. También podríamos hacer referencia a Carnelli, por las jubilaciones, o, más recientemente, a beneficios o institutos de derecho laboral, como la licencia, el aguinaldo o el salario vacacional, por mencionar un ejemplo -tal vez el más reciente de todos-, que tienen el sello del Partido Nacional desde el Gobierno o aun desde la oposición, a partir de la acción de sus representantes y de sus dirigentes con responsabilidad política.

Con respecto a lo que se nos sugiere, a las modificaciones que introdujo el Senado, que es en definitiva lo que formalmente estamos tratando en la noche de hoy, desde el punto de vista ontológico está claro que si comparamos los dos proyectos -el que salió de la Cámara y el que vuelve del Senado-, los cambios son importantes en algún aspecto. Por supuesto, lo es la eliminación del Registro de Infractores, que nos parece buena; la eliminación de la retroactividad también nos parece importante, pero no así lo relativo a otras cuestiones que definimos como medulares, y la Cámara en su conjunto lo sabe.

SEÑOR MELGAREJO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Disculpe, señor Diputado, pero probablemente el tiempo no me sea suficiente. Si me queda algún minuto, con mucho gusto le concederé la interrupción.

Decía que en algunas cuestiones medulares el Senado no modificó o, en todo caso, no contempló las objeciones que el Partido Nacional venía señalando y que históricamente ha formulado a este proyecto de ley. Sin embargo, creo que el hecho de que el Senado haya modificado el proyecto tiene un enorme valor y está indicando que cuando hablamos en el plenario en la ocasión anterior y dijimos que estábamos legislando mal sobre el fuero sindical, por lo visto no estábamos tan errados, porque quien en alguna medida, aunque más no sea enmendó la plana, fue la propia bancada de Gobierno, no en la etapa del tratamiento en la Cámara Baja, sino en la Cámara Alta. Me parece que ese es un aspecto a recoger como significativo desde el punto de vista político.

Claro que los Senadores no avanzaron en la medida a la que nosotros hubiéramos aspirado; pero tengo la impresión de que tampoco avanzaron en la medida que ellos mismos hubieran querido. La señora Diputada Peña Hernández habló aquí del pago de favores, y yo quiero recoger ese concepto, aunque pueda parecer algo antipático. Creo que eso está en la raíz de esto que estamos terminando de consagrar, lamentablemente para el país, en la noche de hoy. En el plano de las meras promesas electorales que se le hicieron a la población, decíamos el otro día respecto al Consejo de Economía que no lo compartíamos y no lo votamos, pero reconocíamos que era una promesa que el Gobierno hizo en la campaña electoral y que cumplió. En este caso, más que una promesa electoral a la que se le da cumplimiento frente a la población hay, sin ninguna duda, lo que la señora Diputada Peña Hernández manifestaba: el pago de un compromiso, ya no preelectoral sino histórico, entre una fuerza política que hoy accedió al Gobierno y el movimiento sindical organizado; está pagando favores políticos que vienen desde hace mucho tiempo.

Creo que el país no ha conocido -por lo menos en el último tiempo- una transferencia de poder tan fenomenal como la que se está concretando en este proyecto hacia un sector de la sociedad a través de un acto de gobierno, o de un acto legislativo, que es lo que en definitiva se está consagrando en esta ocasión. Eso no es por atribuir intenciones; tenemos que ser honestos con nuestra conciencia y decir las cosas como las vemos. Yo creo que esa interpretación es sensata y legítima. Se podrá desmentir, aclarar, contestar; se podrá coincidir o disentir. Pero, por lo menos, se nos tendrá que reconocer el derecho a tener esa interpretación. No queremos internarnos en la discusión en cuanto a los límites entre la actividad sindical y la actividad política -sería un tema para debatir largamente en otro momento-, pero creo que hay que ser demasiado distraído o haber vivido en otro mundo para no haber advertido a lo largo de los últimos treinta años que el PIT-CNT -la organización sindical que reconocemos y aceptamos como un actor social principal e importante- ha mantenido una entente o una alianza evidente desde el punto de vista político con el partido que hoy ejerce el poder en el Uruguay.

Desde ese punto de vista, creo que algunas pistas hay en el propio proyecto de ley. Cuando este tema pasó en primera instancia por la Cámara de Representantes, una de las cosas que le censuramos fue ese excesivo afecto o esa tendencia a la institucionalidad, es decir, a esos vicios de corporativismo que aquí se mencionaron. En un proyecto de once artículos yo advierto que cuatro aspectos tienen que ver con fortalecer el sindicato por sobre cualquier otra consideración. En cuanto a la legitimación activa, el trabajador despedido puede concurrir a deducir sus derechos acompañado por el sindicato. Sobre la retención de la cuota sindical, por supuesto que el consentimiento es del trabajador -va de suyo, porque, si no, sería hasta inconstitucional-, pero el sindicato dice cuánto y cómo se le debe descontar. Las sanciones o conminaciones de carácter pecuniario, económico, que se puedan establecer por violar los alcances de la ley, ¿a dónde van? A la parte actora. ¿Y quién es la parte actora? ¿Es el trabajador o es el sindicato que accionó con él? También puedo hablar de la orden de retención o de descuento de la cuota sindical. Esto, desde mi punto de vista, es la manera más inconveniente y contraria a los intereses generales, como, por ejemplo, los de los representados en el Banco Hipotecario del Uruguay, que es un Banco del Estado, o en el Banco de la República, que es el Banco país, cuando se establece el descuento o la retención antes que otras obligaciones de los trabajadores. ¿Qué hay detrás de esto? Hay una actitud de privilegiar y de hacer prevalecer en la consideración legislativa y política la actividad sindical por sobre aspectos que, inclusive, tienen que ver con el interés colectivo.

De manera que cuando hablamos de estas cosas no exageramos; hacemos una lectura legítima. Puede haber otra, pero esta es la nuestra, y no puede negarse que sea absolutamente legítima e, inclusive, convincente, señora Presidenta.

También hay en esto una diferencia de carácter ideológico -¡claro que la hay!-, no solo entre la mayor o menor compatibilidad entre el capital y el trabajo -que es una discusión que está planteada en este tema-, sino, inclusive, entre cuál es la forma que cada uno tiene de llegar al fuero sindical o a la protección sindical: si es a partir de fortalecer los sindicatos como si fueran grandes entelequias, sin importar tanto el dirigente sindical individualmente considerado y menos el trabajador afiliado o no a un sindicato, o si es por la vía inversa, que es la que nos gusta más a nosotros. Esta vía es la de proteger al que hace actividad sindical en su condición de dirigente y en su tarea sindical y no al sindicato como la gran corporación, la gran entelequia o, en todo caso, eso que está por encima de todos nosotros, poco menos que en una relación horizontal con el propio Estado o con las demás organizaciones colectivas.

Creo que así concebido, este proyecto va a afectar a la economía del país y al propio Gobierno en su tarea de generar trabajo para los uruguayos y no va a contribuir a que el Uruguay crezca en la medida y en el tiempo en el que debe hacerlo, sino que va a entorpecer ese camino que todos deberíamos tratar de recorrer juntos. Estoy absolutamente seguro de que esto nos va a llevar a un escenario de sindicatos fortísimos pero en un contexto general de gran debilidad, y probablemente con una desocupación que seguirá creciendo, como ya lo está haciendo. En el último trimestre -me remito a la cifra del Instituto Nacional de Estadística- la desocupación aumentó. Ayer aquí se ensayó una respuesta a por qué había aumentado la desocupación y se dijo que había aumentado el empleo y la población económicamente activa. Pero yo agrego un dato a ese análisis. Habrán aumentado el empleo y la población económicamente activa, pero también crecieron sensiblemente las inscripciones en el seguro de paro. ¿Y quiénes son los que van al seguro de paro? Los que tienen trabajo y lo pierden. Eso es lo que surge de cifras que se publicaron esta misma semana, correspondientes al mes de noviembre, comparadas con las del mismo mes del año anterior, y las correspondientes al último trimestre, setiembre-octubre-noviembre, comparadas con las del mismo trimestre del año anterior. Se dirá que es la herencia maldita. Bueno, por ahora, estamos en plazo de que se siga diciendo. Pero creo que de esa herencia maldita, si en todo caso existe, no se sale con esta ley, no se sale generando este tipo de regulaciones, de desconfianzas entre el capital y el trabajo, entre el que da el trabajo y el que lo recibe, sino que se sale por otros caminos.

Nosotros -y estamos en muy buena compañía- centralizamos nuestra objeción a este proyecto de ley en el concepto de la universalidad que aquí se mencionó. Creemos en el Convenio Nº 98; creemos en el fuero sindical; somos defensores y reivindicadores del artículo 57 de la Constitución, pero para los dirigentes, como ya dijimos. Por cierto que los demás trabajadores deben estar protegidos, ¡y lo están! No vivimos en una república bananera; vivimos en un país serio, que ha sido serio más allá de coincidencias y discrepancias, con una Justicia Laboral independiente, con un derecho laboral frondoso y avanzado comparativamente con otros países de la región.

Que la universalidad tal como está consagrada es peligrosa no lo digo yo, sino que lo reconoce implícitamente Juan Castillo, persona a la que respeto mucho porque es un dirigente sindical profesional. Además, él optó por la actividad sindical, inclusive resignando o descartando la posibilidad de ser representante político. Creo que hay que reconocer y respetar que alguien lleve su vocación al extremo de aferrarse a ella frente a las alternativas que se le presentan en su camino por la vida. Juan Castillo dijo que el PIT-CNT va a ser celoso guardián de que los trabajadores no abusen del fuero sindical y de que no suceda que un trabajador que no fue despedido por razones antisindicales, eventualmente las alegue. Esto es un riesgo enorme; todos lo sabemos, y es lo que más preocupa de esta condición de universalidad. Dijo Castillo que el PIT-CNT estará velando para que eso no ocurra. Y yo le creo a Castillo cuando nos dice eso; lo que pasa es que no creo que sea capaz de hacerlo, porque el mercado de trabajo es demasiado grande y la casuística es interminable.

Entonces, las pequeñas y medianas empresas, que seguramente son las que están llamadas a sufrir el mayor castigo, van a quedar en el desamparo de una ley, que la Justicia va a tener que aplicar y que va a conducir al cierre de muchas de ellas y, por lo tanto, al perjuicio de muchos trabajadores en el Uruguay.

Y en esto no estamos solos los blancos ni los colorados de la derecha reaccionaria; esta opinión la comparte el Ministro de Industria, Energía y Minería, señor Jorge Lepra, a quien reivindican y defienden -supongo- los colegas de la bancada mayoritaria. ¡Miren lo que dijo el Ministro Lepra acerca de la universalidad! Un periodista le pregunta: "¿Qué opinión le merece el proyecto de fuero sindical?". El Ministro responde: "El proyecto en principio me merece una respuesta positiva [...]. Ahora, en cuanto a lo que está dentro del texto hay algunas cosas a rever.- Pienso que con respecto a la universalidad de los derechos, la ley de fueros debe proteger al dirigente sindical" -¡escuchen, por favor, compañeros!- "pero no a todos los afiliados al sindicato. Las compensaciones extraordinarias deben ser para los dirigentes gremiales y no para todo afiliado al gremio".

Termino diciendo que por estas razones, que comparto con el señor Ministro de Industria, Energía y Minería, que es quien tiene la responsabilidad de definir una política de industria que permita crecer al país, y por todas las que mencioné anteriormente, vamos a votar en contra las modificaciones que vienen del Senado con relación a este proyecto de ley.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señora Presidenta: la verdad que me es muy difícil responder tantos disparates en quince minutos.

Primero, esta no es una ley de fuero sindical; esta es una ley de libertad sindical. Y vamos a votar una ley de libertad sindical porque en este país ganó la izquierda y la izquierda quiere la defensa de la libertad sindical, como lo establece la Constitución. No somos nosotros; lo dice la Constitución, en la que en algo colaboramos, pero no tanto.

En segundo lugar, se dice que estamos pagando favores políticos. Esto es inadmisible. ¡Qué favores políticos, si desde hace diez años la OIT nos está diciendo que necesitamos una ley de defensa de la libertad sindical!

Acá se menciona a Lepra, a Astori y a Baráibar; es muy lindo mencionar a gente que no está presente y no puede responder. Además, acá pasa algo gracioso -y miro a la bancada a mi derecha, por ejemplo-: dicen cosas y después se van. ¡Ah! ¡Notable! Esta es una discusión de sordos.

Jorge Lepra, Ministro de Industria, Energía y Minería, en respuesta a la declaración emitida por veinte gremiales empresariales, cuestionando la ley de fuero sindical, dice en Radio Sarandí el viernes 16: "Todos los inversores que se acercan a nosotros no preguntan sobre estas cosas (sino) sobre diferentes temas como bonificaciones o exoneraciones".

Que los empresarios, que determinados personajes siempre se opusieron a los cambios, es más viejo que la injusticia. Gracias a mi compañero el señor Diputado Mahía tengo este libro en mi poder: "Batlle, los estancieros y el Imperio Británico". Acá se habla sobre la ley de ocho horas. La Compañía General de Fósforos dijo que era algo "incomprensible". Alberto Casterán, de la Fábrica de Tejidos de Alambre, dijo que era "un robo en favor del holgazán" y una ley que de aprobarse difundiría la taberna. El señor Javier Gurruchaga -parece el nombre de un jugador de fútbol, pero era un vitivinicultor- dijo que era un obvio "fomentar la holgazanería". Y el Ministro José Serrato dijo: "[...] nuestra sociedad es generalmente conservadora; tiene casi horror a lo nuevo". Y para los grandes industriales del novecientos -nos informa Barrán-, prohibir el trabajo a los menores de trece años significa "fatalmente empujarlos a la vagancia".

Eso decía esta gente. Por suerte no tuvieron razón.

Lo que acá se ignora o se pasa por alto es que un sistema democrático, que tanto se invoca, se construye sobre determinados valores. Si no tiene determinados valores a proteger, no es un sistema democrático. Entonces, se protege la libertad: la libertad de expresión, la libertad de asociación y un montón de derechos que no están escritos en ningún lado pero que surgen del artículo 72 de la Constitución, ya que derivan de la forma republicana de gobierno. Lo dice la Constitución, y sobre eso Alberto Ramón Real escribió libros que realmente nos enseñaron a todos. Por ejemplo, existe el derecho a la propia imagen; aunque no existiera ninguna disposición que hablara sobre el nombre, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a un nombre. Eso surgiría con facilidad del artículo 72.

Entonces, un principio sagrado de los derechos democráticos del mundo es que quien le produce, a través de un acto ilícito, un daño a otro, debe repararlo; o, mirado desde el otro punto de vista, quien sufre un daño a consecuencia de un acto ilícito, debe ser reparado. Ese es un principio cardinal del derecho democrático. Si esto no existe, el derecho no es democrático y, en consecuencia, no sería democrático el Estado.

¿Qué significa daño? Proviene de "damnum", que significa quitar o disminuir. De ahí que, como enseña Gamarra, daño es el perjuicio.

¿Qué es el hecho ilícito? Una contradicción entre la norma jurídica y la conducta. No tiene por qué ser un delito. El delito es un ilícito penal. Entonces, es ilícita toda violación de un derecho o interés ajeno. Y como dice Gamarra: "El daño causado ilegítimamente debe repararse".

En definitiva, al decir de Bustamante Alsina, tratadista argentino, "El acto ilícito consiste en una infracción a una ley que causa daño a otro y que obliga a la reparación por parte de quien resulta responsable". Esto está en la página 7 de la "Teoría General de la Responsabilidad Civil".

Y finalmente, ¿cómo se repara el daño? Porque si la Constitución establece que existe la libertad sindical -es más: que la ley debe proteger la actividad sindical-, todo aquel que realiza una acción que va en contra de la libertad sindical está cometiendo un hecho ilícito; y la ley, el orden jurídico, no quiere que se cometan hechos ilícitos. Cuando esos hechos ilícitos causan daños, hay que repararlos. ¿Cómo se repara un daño? La teoría general lo dice y también Bustamante Alsina: "Cuando la conducta no se ajusta a la previsión normativa se impone una sanción que consiste fundamentalmente en un deber de obrar en el sentido querido por aquella y no respetado por el infractor: es decir, en el deber de reponer las cosas al estado anterior al acto ilícito".

Esto significa que si una persona es despedida en razón de estar formando un sindicato o tener una actividad sindical del tema que sea, pero referido a su actividad sindical, entonces, como se le despide ilícitamente, lo que hay que hacer es reparar eso. ¿Cómo se repara? Se le restituye el empleo. Porque un trabajador que es despedido sufre un daño, y la forma de repararlo es decirle: "No solamente te repongo, sino que además te voy a pagar todo lo que tendría que haberte pagado y no te pagué porque te eché ilícitamente".

Esta es la concepción profundamente democrática que tiene esta fuerza política. Pero hay más: bajemos a la tierra para ver de qué estamos hablando. Yo ya lo dije una vez, pero lo voy a decir cuantas veces quieran: yo fui un despedido sindical. El 3 de enero de 1979 a mí me despidieron. No sé si era para desearme feliz Año Nuevo o para desearme felices Reyes. Y no solo me despidieron, sino que luego, cuando conseguí trabajo en otro lado, llamaron para decir: "Miren que este es un señor muy molesto". En realidad, no dijeron "molesto"; se refirieron a una rotura de no sé qué cosa que parece que yo hacía. Pero así fue la historia. Entonces, no me digan que esto no existe, porque existe. Acá, hubo dos trabajadoras de una importante cadena de tiendas del Uruguay -fue este año, no en el siglo pasado- que fueron al Consejo de Salarios y las despidieron. Tengo en mi poder el diario "El Observador" del miércoles 21 de diciembre, que dice: "Despidos por cuestiones sindicales en la bebida". Precisamente, el señor Diputado Pozzi y yo pertenecimos al gremio de la bebida. Voy a leer la noticia porque vale la pena. Dice: "La empresa de capitales argentinos que mezcla, envasa, distribuye en el mercado local y exporta hacia Argentina los jugos de frutas de la marca Baggio en su planta de Fray Bentos despidió la semana pasada a dos delegados sindicales apenas dos días después que estos firmaran un convenio colectivo junto a las autoridades de la firma.- Ese convenio permitió a las partes acordar un esquema de pago al personal en cuatro cuotas hasta febrero de 2007, para liquidar la diferencia entre los $ 10 por hora que abona la firma a sus trabajadores y los $ 52 que deberá pagar para cumplir con el laudo del sector". Esto pasó ahora y está informado por el diario "El Observador".

Cuando se hacen los tremendismos que se están haciendo con respecto a lo que va a pasar con esta ley de libertad sindical -no de fueros sindicales-, cuando se dicen algunas cifras del Gobierno, es conveniente no repetir cosas a tontas y a locas, sino pensar en lo que se está diciendo. Este Gobierno, en este año que termina, culmina con un aumento del producto bruto interno de 6,5%, que es récord en muchísimos años. Este Gobierno culmina -está en la página económica de "El Observador" de hace dos martes- con un aumento del empleo. Lo que sucede es que la marginalidad a la que se vieron arrastrados miles y miles de uruguayos, junto al panorama de esperanza que hoy se ha creado y que es innegable, trae como consecuencia que gente que no estaba buscando trabajo salga de vuelta a buscarlo. Entonces, lo que hay y lo que puede haber -ojalá siga pasando- es un aumento de la tasa de desempleo, que es una relación entre quienes están buscando trabajo y el trabajo que se ofrece. Es una cosa bien distinta. Por lo tanto, creo que hay que tener mucho cuidado cuando se hace este tipo de afirmaciones.

El artículo 7º de la Constitución establece: "Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad". Dejo la sutileza con que el doctor Plá Rodríguez enseñaba en sus clases que el término "trabajo" estaba delante del término "propiedad". El artículo 38 de la Constitución habla del derecho de reunión y el artículo 39 del derecho de asociación; y como una derivación de ese derecho de reunión y de asociación aparece, sin duda, la posibilidad de crear sindicatos. Pero, además, la Constitución uruguaya no se limita a decir que los sindicatos pueden existir, sino que el artículo 57 da un paso de gigante hacia adelante cuando dice: "La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica". ¿Y qué clase de fomento hacemos si cualquier patronal que tiene dinero echa a los dirigentes y se terminó el gremio? Eso no es proteger la libertad. Esto no es ponerse de un lado más que de otro; esto es que cuando en el mundo jurídico, en el mundo de relaciones sociales existen las desigualdades, el derecho tiene que crear nuevas desigualdades para igualar la desigualdad inicial. Y acá, durante todos estos años hemos tenido gremios y sindicalistas que han sido destrozados y perseguidos sin que pasara nada. Bueno, ganó la izquierda, así que eso no va a pasar más; no en nuestra Administración.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORRICO.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- La Mesa advierte al señor Diputado Orrico que le restan tres minutos de su tiempo.

Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Señora Presidenta: quiero dejar bien claro que no son ciertas algunas afirmaciones que se han hecho en este recinto, relativas a que todo el empresariado nacional está en desacuerdo con esta nueva estrategia en materia sindical. En este país hay cada vez más empresas, decenas y decenas, que están incorporadas a lo que se llama gestión de responsabilidad social empresarial. Esas decenas de empresas tienen un modelo de gestión no solamente vinculado a lo económico y comercial, sino también a cuatro parámetros: al apoyo y relacionamiento con los funcionarios; al apoyo y relacionamiento con sus clientes, con sus usuarios; al apoyo y relacionamiento con la comunidad, y al apoyo y relacionamiento con el medio ambiente. En esas empresas, que cada vez son más en este país y que tienen incorporados más de treinta mil empleados y obreros, entre las cosas fundamentales se encuentra ese relacionamiento y el derecho sindical. Y ellas no han estado en desacuerdo, sino que, precisamente, están a favor. En el mundo hay miles y miles de empresas que están de acuerdo con este tema de la responsabilidad social y empresarial. Y no se discute que uno de los aspectos fundamentales es el derecho sindical; está incorporado. En este país, por suerte, hay cada vez más empresas que están vinculadas a esa nueva estrategia y modelo de gestión. A esas empresas no se las ha oído. ¡Vaya que no se las ha oído! Se ha escuchado a otras empresas nacionales que todavía no han podido incorporarse a esta nueva estrategia pero que espero que lo hagan, porque, en definitiva, es la que va a apoyar este proyecto que en el día de hoy vamos a votar.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Orrico, a quien le resta un minuto de su tiempo.

SEÑOR ORRICO.- Señora Presidenta: ...

SEÑOR LORENZO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORRICO.- Voy a dar una interrupción al señor Diputado Lorenzo, aclarando que en ciento setenta años es la primera vez que se va a votar esto. Así que ante expresiones como "¡Qué bien que está esto!", este Gobierno lo va a hacer.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR LORENZO.- Señora Presidenta: quiero preguntar al señor Diputado Orrico quién en esta Sala está afirmando que no hay violaciones a la libertad sindical.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Orrico, a quien le resta menos de un minuto.

SEÑOR ORRICO.- Señora Presidenta: como me queda muy poco tiempo, simplemente voy a decir que los tercos hechos dicen que el Partido Nacional y el Partido Colorado nunca creyeron que hubiera que proteger la libertad sindical, porque nunca votaron absolutamente nada con respecto a esto.

(Interrupciones)

——Así que acá hubo una coalición de Gobierno que tuvo más votos que nosotros; el primer año tuvieron más de cincuenta votos y el segundo año cincuenta y cinco, y acá ni siquiera apareció el proyecto.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se le terminó el tiempo, señor Diputado.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señora Presidenta: voy a ser muy breve dado lo avanzado de la hora.

Voy a reiterar que, en el año 1986, el Movimiento Por la Patria y el Movimiento Nacional de Rocha presentaron un proyecto de ley de fuero sindical que no fue acompañado por la izquierda, que tenía otro proyecto y que no dio su consenso porque el Partido Comunista se negó a acompañarlo. Además, tengo actas en las que algunos sindicalistas reconocen lo que fue la actuación del Partido Nacional respecto a la protección de los derechos sindicales durante su Gobierno. El señor Diputado se refería al profesor Osvaldo Mantero, y aquí tengo algunas de las cosas que señala sobre ese tema. También puedo agregar los informes del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que podemos discutir largamente en algún momento.

Una cosa más: yo sé que el 13% es más que el 6,5%; digo esto porque son algunas de las cifras del PBI que se han manejado.

Gracias.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señora Presidenta: quiero aclarar que cuando se menciona al Gobierno del Partido Nacional se hace referencia al tiempo que nos tocó gobernar. Fue un Gobierno que registra en su haber el aumento del salario real en un 27%, el aumento en el ingreso de los hogares en un 19%, el aumento en las pasividades en un 37% en términos reales, y ya que estamos hablando de temas de carácter laboral, agregamos que hubo una caída del desempleo al nivel histórico del 8%. Esto habla de un Gobierno que verdaderamente puede exhibir logros importantes.

Ahora dejo de hablar sin leer y paso a leer lo siguiente: "Lacalle fue un gran Presidente". Esto, dicho por este legislador, seguramente sería una tautología y, en todo caso, tendría una carga de subjetivismo enorme. Pero lo que acabo de leer lo expresó el señor Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, en un gesto que lo enaltece. Yo supongo que si lo hizo no fue porque se estaba refiriendo al Presidente de un Gobierno que violaba las libertades sindicales.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Antes de dar la palabra al señor Diputado Mazzulo, que es quien sigue en la lista de oradores, la Mesa solicita a los señores Diputados que guarden silencio para que el desarrollo de la sesión sea más fácil.

Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MAZZULO.- Señora Presidenta: he estudiado y preparado este tema y ahora voy a hacer un planteo diferente del que se ha expresado en estos últimos momentos. Voy a considerar las ventajas y las desventajas para ambas partes, es decir, para los trabajadores y para los empresarios.

Primero voy a decir lo siguiente. Uruguay ha seguido políticas económicas procíclicas y ha tenido un crecimiento mayor a su ritmo potencial, obviamente por condiciones internacionales favorables. Sin ninguna duda -y es de pública notoriedad-, han crecido las exportaciones de base agropecuaria mientras se han rezagado las de base industrial. Desde mi punto de vista, se ha producido un cambio estructural de la producción del país.

El volumen físico de producción ha tenido en su crecimiento una variación diferente a las horas trabajadas. Evidentemente, esto se debe al aumento de la productividad. Tomando como base 100 en el año 2002, esta ha sido de 106 en 2004 y de 108 en 2005. Otro factor a tener en cuenta es la introducción de tecnología que, evidentemente, lleva al ahorro de mano de obra. El aumento del volumen físico por hora trabajada se debe, sin duda, al uso más intensivo de insumos importados que acortan los procesos de producción sin hacer subir la productividad, por lo que no aumenta el valor agregado y tampoco los salarios.

Voy a analizar las ventajas de este proyecto de ley desde el punto de vista de los obreros. Primero hace cumplir los convenios internacionales de la OIT, pero también equilibra las fuerzas sindicales con las empresariales. Sin lugar a dudas, favorece el fortalecimiento de los sindicatos; no lo podemos desconocer. También promueve la protección de la dirigencia sindical, pero a su vez esto produce la inamovilidad del funcionario. Asimismo, equilibra la recuperación salarial por el aumento de poder negociador que otorga.

Con respecto a las desventajas, a mi juicio crea un desequilibrio de rango legal en las relaciones laborales. Por otra parte, de ninguna manera esto soluciona la pobreza.

Desde mi punto de vista hay cosas que preocupan, como por ejemplo que este proyecto no ayuda a la generación de empleo y dificulta el ingreso al mercado laboral. También digo que de esta manera se va a seguir manteniendo a los desocupados en el PANES, que es lo que nosotros no queríamos cuando tratamos ese Programa.

Por último, el proyecto promueve que la tasa de desempleo se vea estancada.

Ahora voy a pasar a analizar el proyecto desde el punto de vista del sector empresarial. Para que el Uruguay siga creciendo necesita, sí o sí, del empresario privado, por razones obvias -llámese fuentes de trabajo, mejoras salariales, etcétera- que no vamos a tomar tiempo en explicar. ¿Qué ventajas tienen las empresas con esta ley? Desde mi punto de vista, ninguna o muy pocas. Las desventajas que tiene el empresario con esta ley son que se ve sometido a una fuerte presión sindical, sin mucho para hacer.

También se restringe -se ha dicho aquí en Sala- la autonomía del propietario y, fundamentalmente, genera injusticias. Vamos a repetirlo una vez más, porque, evidentemente, estamos convencidos de lo que estamos diciendo: genera injusticias en los microemprendimientos, en las pymes, que como se dijo aquí son el 95% o 98% del total de empresas del país. Esto obliga a cancelar o enlentecer las nuevas acciones que puedan tomarse de aquí en adelante, hasta que el panorama se aclare.

Debemos ser claros: de acuerdo con lo que nos hemos informado, actualmente solo un 30% o un 40% de los empresarios planea la contratación de nuevo personal porque, tal como se ha dicho, evidentemente están un poco atemorizados con la aplicación de la ley que se va aprobar en el día de hoy.

Claro que, por otro lado, nosotros y los empresarios tenemos la palabra del Vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, quien hace muy pocas horas dijo que ante la menor dificultad el Gobierno se compromete a cambiarlo, cosa que es muy difícil; todos sabemos que eso es muy difícil, pero tenemos que creer en nuestras autoridades y en la palabra del señor Vicepresidente de la República.

Creo que este proyecto traerá dificultades con relación a los despidos y en la promoción de los empleos. Aclaro que en este sentido yo quiero lo mejor, y permítaseme que, conforme hice referencia a las ventajas que tenía esto para los empleados, también hable de los empresarios. Ojalá que no suceda -lo digo sinceramente, porque nadie lo quiere-, pero se presume una menor contratación de empleados. Esperamos que no ocurra, porque ello redundaría en favorecer la informalidad.

Me parece que la futura ley, tal como se va a aprobar, nos aleja del país productivo del que tanto se ha hablado y que todos queremos. Si bien tengo información de que esto que hoy vamos a aprobar se aplica en medios económicos muy poderosos como Europa o Estados Unidos, digo sinceramente que la pobreza en Uruguay no permite y no nos permite ineficiencias, y tampoco permite que esto nos traiga una disminución en la inversión. Nosotros no deseamos eso -lo digo sinceramente- porque sería muy peligroso.

SEÑOR BOTANA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MAZZULO.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BOTANA.- Señora Presidenta: quiero hacer algunas afirmaciones y agradezco al señor Diputado Mazzulo su atención.

Todos sabemos de la vigencia de las leyes del mercado; las conocemos todos. Los que más las conocen son los países que las han desconocido, y así les ha ido. Es algo que marca caminos indudablemente inexorables, inclusive como expresión de las preferencias de una sociedad.

Y todos sabemos que todo incremento de costos o de regulaciones -que son costos- termina desplazando al factor que los produce. Esto, en una visión por supuesto absolutamente economicista, pero, en ese caso, todo incremento de costos o de regulaciones estaría desplazando al factor trabajo. Pero, claro, acá no estamos hablando de eso; acá estamos hablando de algo bastante más importante, de algo que es un derecho sagrado: el sagrado derecho al trabajo, a asociarse y a sindicalizarse.

Creo que en ese sentido ese es el debate que debe dar y que está dando esta Cámara. Y nosotros, los blancos todos, por supuesto que estamos, con fuerza, en el camino de defender esa libertad y ese derecho. Pero que quede bien claro: nos gustan a nosotros las leyes parejas para todos. Nos gustan las leyes claras, las leyes que para su cumplimiento no dependen de la acción de ningún intermediario. Nos gustan las leyes que igualan. Nos gustan las leyes que protejan a los individuos, en este caso a los trabajadores, y no las leyes que protejan a las corporaciones, en este caso a los sindicatos.

Es por eso -y redondeo, señora Presidenta- que nos vamos a oponer a la aplicación de este proyecto de ley en concreto, porque creemos que está atentando contra la libertad y el derecho de los trabajadores y favoreciendo a los sindicatos en cuanto corporaciones.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Mazzulo, a quien restan dos minutos de su tiempo.

SEÑOR MAZZULO.- Para finalizar, señora Presidenta y estimados colegas, deseo expresar que al aprobar este proyecto no podemos fallar. Tenemos que tener conciencia, se debe tener conciencia de que no podemos fallar. Los trabajadores tienen una gran esperanza en esta ley, pero no podemos matar la esperanza de los empresarios porque este país sale adelante con todos juntos: sale con los trabajadores y sale con los empresarios.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señora Presidenta: esta fuerza política ha planteado en el Poder Legislativo la posibilidad de aprobar un proyecto de ley sobre libertad sindical o fuero sindical, como mínimo, desde el año 1990. Por lo tanto, no estamos innovando; es algo que se encuentra en las raíces más profundas, desde el punto de vista filosófico e ideológico, de nuestra fuerza política, el Frente Amplio, y así hemos actuado. Lamentablemente, los proyectos de ley que se presentaron en cada una de las Legislaturas desde esa fecha durmieron en los cajones del Palacio Legislativo.

Me da la sensación de cierto dramatismo en algunas exposiciones, que ya hemos escuchado cuando se consideraron otros proyectos de ley. Por ejemplo, recuerdo perfectamente bien que cuando se trató la ley de humanización de cárceles se hicieron una cantidad de vaticinios; por suerte, estos no se dieron y estamos en una situación absolutamente normal con respecto a ese tema.

El mismo dramatismo se expresó cuando se consideró, en la ley de Presupuesto Nacional, lo relativo a la educación y al Poder Judicial, pero lo cierto es que por primera vez los sectores de la educación -la ANEP y la Universidad de la República- tienen presupuestos dignos, y lo mismo sucede con el Poder Judicial, más allá de que habríamos querido tener más recursos para permitir un mayor aporte con destino a ambas áreas del país. De alguna manera, creo que ese tipo de dramatismos se está desgastando, porque las realidades son absolutamente distintas.

Quiero referirme a otro tema, sobre el que luego me gustaría ceder la palabra al señor Diputado Bernini, que me recordaba algo muy interesante, por lo que voy a intentar dejarle dos o tres minutos para que haga una pequeña precisión.

Por supuesto que rechazamos categóricamente lo que se dijo en cuanto a la posible riqueza de los dirigentes sindicales, no porque lo hayamos sido durante mucho tiempo, sino porque vemos a los compañeros dirigentes sindicales actuar como corresponde, como trabajadores, como integrantes de la central de trabajadores, de sus sindicatos. Y esos dirigentes merecen el mayor respeto, porque no son como los de otros países que no quiero mencionar; acá están permanentemente sacrificándose, elaborando ideas, escuchando a sus bases para hacer los planteamientos correspondientes a la Administración Pública, a los entes o a las empresas privadas.

No voy a reiterar conceptos que ya expresaron mis compañeros de bancada. Por supuesto, voy a acompañar estas modificaciones que provienen del Senado, pero, al mismo tiempo, quiero destacar el esfuerzo que hizo nuestro Partido político a través de Ministros y de Senadores, inclusive con la participación en la Comisión cuatripartita de cámaras empresariales, de los trabajadores, de legisladores y, fundamentalmente, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Entonces, no estamos improvisando, señora Presidenta; se ha trabajado, y en serio, porque es parte de la historia de esta fuerza política. Y estoy convencido de que a través de este proyecto de ley se logra un sano equilibrio en ese relacionamiento complejo, difícil y también desafiante entre los trabajadores y los empresarios. Además, estoy seguro de que esto va a ayudar a lograr y a profundizar la estabilidad social de nuestro país en forma definitiva y cada vez en mayor grado, porque también va a asegurar la paz en el campo laboral. Por supuesto, se evitarán los despidos antisindicales, que se han dado en todos los tiempos, no únicamente en la dictadura; también han ocurrido a partir de 1985.

Por lo tanto, este proyecto de fuero sindical viene a integrar ese trípode importante para los trabajadores y para el país que constituyen los Consejos de Salarios, la negociación colectiva y, en este caso, la libertad sindical, donde se establecen reglas absolutamente claras y transparentes para cada una de las partes.

Por supuesto que estamos orgullosos de este trípode, porque la instalación de los Consejos de Salarios en Uruguay, que fue una de las primeras medidas que comenzó a implementar nuestro Ministro de Trabajo y Seguridad Social, hoy es una realidad y los trabajadores públicos, privados y rurales están protegidos porque existen Consejos de Salarios y negociación colectiva.

Entonces, no me suena muy bien cuando se habla de defensa de los trabajadores durante toda la existencia de una colectividad política, cuando en 1992 hubo un partido político, un Presidente de la República, que se retiró de las negociaciones de los Consejos de Salarios, dejando a los trabajadores uruguayos absolutamente desprotegidos. No comprendemos bien ese doble discurso en que se plantea "Apoyamos", pero, al mismo tiempo, se retiró el apoyo en 1992. No me refiero únicamente al partido que gobernaba, sino al apoyo cómplice del otro partido tradicional; se sabe perfectamente bien quiénes fueron los que cesaron el funcionamiento de los Consejos de Salarios.

Además, acá se repite en forma permanente -y lo leemos en alguna prensa de derecha- que las inversiones van a ser afectadas por esta futura ley de libertad sindical, o que fueron afectadas o lo van a ser por la instalación de los Consejos de Salarios y por la negociación colectiva. No comparto de ninguna manera esa apreciación. Hace meses que la negociación está instalada en el Parlamento y en el país, ningún inversor desconocía que este proyecto estaba en consideración, que íbamos hacia una ley de libertad sindical ni que se pondrían en funcionamiento los Consejos de Salarios y la negociación colectiva y, sin embargo, en la gira que hizo el Presidente de la República por Europa y Estados Unidos se lograron futuras inversiones muy importantes para Uruguay.

Por lo tanto, estoy convencido de que este proyecto no afecta la inversión. En definitiva, está vinculado al futuro aumento de las inversiones en nuestro país. Además, las reglas están absolutamente claras, que es lo que quieren tanto el inversor nacional como el extranjero, esto es: que las reglas sean permanentes, claras, a fin de saber de qué manera invertir en un país.

Obra en mi poder un informe técnico, que se elaboró a solicitud mía, con referencia a la inversión en capital fijo realizada por el sector privado, la que aumentó fuertemente durante los primeros nueve meses de 2005: se incrementó en un 23,4%, y en esos momentos ya se sabía cuál era la filosofía de este Gobierno en lo que tiene que ver con las normas laborales.

Además, a través de este estudio -que está a disposición de todos- se desmiente que haya sido la inminente aprobación del proyecto de ley sobre libertad sindical lo que generó alguna caída en la inversión. No es así, y tengo los cuadros que lo indican. Pero, por otra parte, hay realidades en lo que refiere a las variaciones trimestrales, donde es absolutamente claro que la caída se ha producido en el tercer trimestre. Este informe establece que "la inversión privada ha crecido en forma muy importante respecto del año pasado" -reitero lo que ya dije: un 23,4%- y que "la caída respecto del trimestre inmediato anterior es absolutamente normal dado el ciclo de las inversiones", por lo que "es necesario dar un mentís a lo que se señala en cuanto a la influencia negativa que pueda tener la aprobación de la Ley de Fueros Sindicales".

Con esta iniciativa se derrota definitivamente lo que se venía intentando instalar en nuestro país: la desregulación o la flexibilización laboral. Dispongo de documentos muy claros de distintos jerarcas de Gobierno de ambos partidos políticos que promocionaron la desregulación o la flexibilización laboral que, conjuntamente con la retirada de los Consejos de Salarios por parte del Estado, iba a originar una situación de absoluta desprotección.

Consulto a la Mesa si restan del tiempo de que dispongo cinco o cuatro minutos.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Le restan cuatro minutos de su tiempo, señor Diputado.

SEÑOR IBARRA.- Gracias, señora Presidenta.

En cuanto al tema de la desregulación o la flexibilización laboral, en 1999 quien habla decía: "Como la 'hidra' mitológica, monstruo de siete cabezas que renace sin cesar, [...] insiste periódicamente en la desregulación laboral [...]". También señalaba: "Hace algunos meses distintos voceros del gobierno de coalición propiciaban, recordemos, ese mecanismo desregulador, como solución para los males que aquejan al país". Es decir que otra vez los trabajadores iban a ser los que iban a pagar los platos rotos.

También pedí que se me hiciera llegar el artículo 21 original que fuera remitido por el Gobierno del doctor Julio María Sanguinetti en 1996 ya que, precisamente, ahí se empieza a intentar aplicar la desregulación laboral. Dicho artículo dice: "Las empresas inversoras podrán celebrar convenios colectivos de trabajo con las organizaciones representativas de sus trabajadores en los que se establezcan regímenes de horarios, descansos intermedios, descansos semanales, sumas para el mejor goce de las licencias y cómputo de las horas extras, [...]". Es decir que se dejaba en manos de los inversores el destino de los trabajadores con referencia a los derechos laborales.

En definitiva -quiero dejar un par de minutos al señor Diputado Bernini-, voto con absoluta convicción las modificaciones del Senado porque es lo que estamos esperando desde hace mucho tiempo en mi fuerza política.

Concedo una interrupción al señor Diputado Bernini, quien me la había solicitado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BERNINI.- Señora Presidenta: mi aporte en estos minutos es ver las cosas a partir de veintisiete años de experiencia en la militancia sindical. En esos veintisiete años, obviamente, he visto de todo. Lo que puedo asegurar es que de los cientos de conflictos que tuve que vivir, la inmensa mayoría no se produjeron por salario ni por condiciones de trabajo, sino contra la discriminación y la represión sindical. Este tipo de leyes contribuye, precisamente, a evitar esa conflictividad, porque en la medida en que se den parámetros legales y reglas de juego claras, objetivamente va a redundar en evitar la conflictividad.

El señor Diputado Iturralde Viñas hizo referencia a un episodio que vivimos juntos, él como empleado de un estudio jurídico y yo como miembro de una empresa. Hubo un fallo del Comité de Libertad Sindical de la OIT -el Fallo Nº 1008/86, creo que dijo el señor Diputado- y ¿saben cómo terminó? La OIT dio razón al sindicato, objetó a la empresa y mandató al Gobierno uruguayo a que aplicara el máximo rigor en las sanciones. Ese máximo rigor se situó en una multa de 500 unidades reajustables. Si ese es el precio que debe pagar una multinacional por reprimir a un sindicato, yo creo que es muy barato. Pero no quedó ahí: la Presidencia del doctor Sanguinetti revocó ese fallo. La última instancia la tuvo la Presidencia de la República, a tal punto que la OIT observó al Gobierno uruguayo precisamente porque ni siquiera cobró 500 unidades reajustables a una multinacional.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Termino diciendo que este proyecto va mucho más allá que defender la libertad sindical. Quiero decir que también se discrimina dando aumentos solamente a quienes no son afiliados o nombrando en cargos de responsabilidad -que implican una mejora en la carrera funcional- a quienes no están afiliados al sindicato. Naturalmente, eso es lo que nos queda por delante. Este es el marco que precisamos para equilibrar esa relación absolutamente desequilibrada.

Gracias, señora Presidenta y señor Diputado Ibarra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: en su intervención el señor Diputado Ibarra hizo una clara alusión al Gobierno del Partido Nacional, al hacer alguna consideración respecto al cese del funcionamiento de los Consejos de Salarios en el año 1992. Hizo una acusación gratuita, absolutamente gratuita, con relación a un mecanismo de funcionamiento de la relación laboral.

El resultado de lo que estamos discutiendo hoy lo vamos a medir en su aplicación. Y como el Gobierno del Partido Nacional terminó en 1994, el resultado de los sucesos de ese Gobierno lo medimos en 1994. Y al señor Diputado Ibarra le digo que hoy hay 130.000 uruguayos sin trabajo. Cuando termine este Gobierno los vamos a volver a contar. Cuando terminó el Gobierno del Partido Nacional había 80.000 y se habían suspendido los Consejos de Salarios. Los Consejos de Salarios no son un fin en sí mismo, sino una herramienta. En un Gobierno como el del Partido Nacional aumentamos el salario real en un 27% en todo el período y terminamos con la cifra más baja que recuerde el país en desempleo. Eso es lo que se debe medir, los resultados, en lugar de "camisetear" con que tenemos o no un instrumento. Vamos a ver si los instrumentos funcionan, porque este instrumento que estamos votando hoy puede también funcionar como una navaja muy filosa. Vamos a ver. Yo tengo tiempo y esperaré aquí para ver si logran, con toda esta batería de herramientas que ustedes dicen que son muy positivas, que menos uruguayos estén desempleados. La noticia no es que en la televisión se vea que los dirigentes sindicales están reunidos en sus Consejos de Salarios; la noticia sería que cayó el desempleo. Y esa noticia no la han dado todavía.

Muchas gracias.

(Apoyados)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la señora Diputada Tourné.

SEÑORA TOURNÉ.- Señora Presidenta: es cierto que los éxitos se miden por la única evaluación que la democracia se da para medir, por el apoyo de los pueblos, por sus votos para la integración de las Cámaras y de la Presidencia de la República. Si hubieran sido tan maravillosos los Gobiernos anteriores, con tal crecimiento del empleo, seguramente estarían presidiendo hoy. Parece que el pueblo es tonto y se equivoca al evaluar -porque a veces sirven los votos de la gente y a veces no-, pero yo lo respeto siempre. Lo respeté cuando fui muchos años minoría y lo respeto ahora que soy legítimamente mayoría. Y como mayoría legítima, tengo derecho a legislar lo que el pueblo me autorizó a que hiciera al sentarme en esta banca, sin pedir disculpas a nadie.

A veces se tuercen las cosas. Parece que ahora la mayoría no sirve, porque le tocó al Frente Amplio. Antes las mayorías eran de lo más válidas y legales y le puedo asegurar, señora Presidenta, que no se había hecho la reforma constitucional y que ningún Gobierno alcanzó los porcentajes de votación que logró este Gobierno. Entonces, vamos a respetar siempre la mayoría, no solo cuando me sirve.

Quiero decir otra cosa y voy a pedir permiso a mi bancada, porque en este momento hablaré como socialista, dejando por un momento el rol de coordinadora que me obliga a ser ecuánime. Para mí, para quien pertenece a un partido que fundó don Emilio Frugoni, señora Presidenta, que fue además quien fundó la cátedra de Derecho Laboral de la Universidad de la República, votar este proyecto es un compromiso histórico y no es -no voy a permitir que nadie lo diga- el pago de nada. Hay que aprender a diferenciar las cosas. Clarito lo he dicho siempre y lo voy a repetir: esta Diputada y su Partido lo que tienen es un enorme compromiso -lo hemos tenido siempre- con los trabajadores y con las trabajadoras del Uruguay. ¡Y no estamos pagando ningún favor! Estamos cumpliendo con nuestro compromiso histórico, como lo hacen todos mis compañeros y compañeras de bancada del Frente Amplio.

Cuando uno exige muchos respetos para su Partido debe estar dispuesto a tener los mismos respetos con el adversario. Estoy diciendo como por tercera vez que a veces rompemos ciertos códigos éticos que nos protegen a todos, lo que no es conveniente para el funcionamiento de la Cámara. Entiendo muy legítimo que un colega pida respeto para su colectividad política, aunque habilite la mayor de las discrepancias. Yo pido lo mismo: no se puede decir que son pagos de favores. ¡No lo admito! ¡Es falso! Lo que tiene el Frente Amplio y lo que tenemos los socialistas es un gran compromiso con los menos privilegiados de toda la historia de este país, que han sido y son los trabajadores y las trabajadoras.

Cuando aquí se habla de buscar equilibrios y de que este proyecto de ley rompe con los equilibrios, se está diciendo otra falsedad. Acá no existía el gran equilibrio; aquí había un polo débil en la relación de trabajo que eran los trabajadores, y vamos a ponerlo en hechos concretos: no tenían derecho a formar un sindicato, porque ¡los echaban! Si eso lo sabemos todos. ¿Cuántos trabajadores sumamente humildes -de los cuales debemos acordarnos- no tienen derecho siquiera a reclamar porque los echan y, especialmente en el interior, después se transforman en parias a los que nadie más daba trabajo? Tengo infinidad de cuentos de trabajadores y de trabajadoras del interior que tuvieron la mala idea de reclamar un derecho, que fueron despedidos, que pasaron a integrar listas negras -todos aquí sabemos que existen- y que no les permitían trabajar en ningún lado. ¡Eso no se puede permitir en una democracia! Esto se permitió hasta ahora.

¿Sabe qué, señora Presidenta? El 27 de noviembre de 1953 -hace más de cincuenta años- en este país se ratificaron los Convenios Internacionales Nos. 87 y 98; pasaron más de cincuenta años para que contáramos con una ley que regule internamente lo que con manos muy sueltas, y para quedar bien, ratificamos y aprobamos. ¡Eso era letra muerta! Y fue más letra muerta con el cuento del libre mercado y de las desregulaciones para que vengan los inversores y nos generen trabajo. ¡Cuéntenme cuánto trabajo se generó y cuántos inversores vinieron a dar trabajo a la gente! ¡Nada! Los únicos que terminaron embromados -hablando de los equilibrios que se reclaman- fueron los trabajadores, que se vieron sujetos a la más brutal de las desregulaciones, con los salarios más increíbles. Esto también hay que decirlo.

Es muy bueno generar trabajo -lo digo yo y es mi opinión-; yo quiero generar trabajo, pero no a cualquier precio. ¡No quiero esclavos! ¡Quiero trabajadores dignos! ¡No quiero que para que venga una multinacional a generar puestos de trabajo la gente se tenga que callar la boca, agachar la cabeza y recibir cualquier cosa por $ 2.000 o $ 3.000, que sé que son muy necesarios!

Tenemos que luchar por las dos cosas: por que haya empleo y por que haya empleo digno. Esos inversores que pueden venir de otros lugares esto lo tienen más que clarito en sus países, no lo cuestionan, ni tienen ningún problema con que existan leyes de libertad sindical en el Primer Mundo, sin embargo acá, donde estamos los pobres, no tiene que haber libertad sindical, ni se tiene que reinstalar al trabajador porque, si lo hacemos, "¡Ay, se van los trabajos; no va a haber empleo! ¡Qué espantoso!".

¡Esto no es cierto! ¡Es cuento chino! Los inversores van a venir si hay negocio, si sacan la suya; eso es lo que a ellos les sirve, y no si en este país se respetan los derechos de los trabajadores, que de eso se trata. Ese es el equilibrio: a quien no se le reconocieron los derechos hay que reconocérselos. ¡Ese es el equilibrio!

Haber borrado la posibilidad de negociar en igualdad de condiciones con los empresarios los derechos, las condiciones de trabajo, los salarios, ¿es equilibrio? Se reinstalaron los Consejos de Salarios y se lograron -como hizo este Ministerio- más de doscientos acuerdos cuando se decía que iba a ser el caos, que no se iba a acordar nada, que se venía el desastre y que no se sabía cómo iba a hacer el Ministerio. Sí; se pudieron hacer más de doscientos acuerdos entre trabajadores y empresarios. Se logró; es posible.

También es posible que no haya ningún conflicto, que el pequeño empresario del interior del país -que sufre y padece- no tenga ningún problema si no echa a nadie por haberse sindicalizado. ¡No va a tener ningún problema! El problema es que acá pensamos -y nos criamos con esa mentalidad- que como el empresario es el dueño de la empresa, también es el dueño de la vida y de las ideas de la gente que trabaja con él. Estamos equivocados; la gente tiene libertad de pensar, libertad de asociarse y libertad de reclamar.

Quien incumpla con esa libertad fundamental tiene que estar obligado a devolver el puesto de trabajo, a reinstalar al trabajador. No hay otra salida. ¡Y tiene que ser así!

Por eso digo sinceramente que los augurios y las alarmas de cataclismo universal al aprobar y reconocer los derechos de las trabajadoras y los trabajadores no me mueven un pelo. Muy bien decía el profesor Barbagelata que se trata de voces similares a las que se alzaron contra el proyecto de ley de ocho horas aprobado en la década del diez del siglo pasado. Este texto lo leyó el compañero Diputado Orrico. También se decía que eso sería el cataclismo universal y que iba a haber cualquier tipo de disturbios; en el fondo, a lo que eso lleva es a una brutal desconfianza en la posibilidad de organización y participación ordenada de los trabajadores en la vida del país.

En definitiva, la democracia no solo pasa por los partidos políticos, pues también hay expresiones de la sociedad civil bien organizada, participando activamente, que la vuelven más democracia. Esta futura ley garantizará ese derecho; por eso es buena y por eso me enorgullece que sea bajo el Gobierno del Frente Amplio -como no podía ser de otra manera, porque antes nunca se consideró- que se vote y consagre, junto con los Consejos de Salarios, la libertad de los trabajadores a sindicalizarse, a reclamar por sus derechos, a organizarse y a participar en las cosas que hacen a su vida cotidiana; las grandes organizaciones y los humildes trabajadores, aislados.

Para quien no esté "aggiornado", hace muy poco la OIT votó una Convención sobre los trabajadores a domicilio, sobre ese nuevo sector de trabajadores, que lo constituye uno mismo, en su casa, con una computadora, y quién sabe dónde está el patrón. ¡Cambiarán los modos, cambiarán las formas de trabajo y cambiará la forma de organizarse el trabajo! Lo que no cambia es que las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a reclamar por su dignidad y por sus condiciones de trabajo.

Las democracias que se consideren tales tienen que garantizar la efectividad de este derecho. Este proyecto, que por suerte hoy se transformará en ley, lo consagra.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Lorenzo.

SEÑOR LORENZO.- Señora Presidenta: al inicio de la discusión no tenía intenciones de intervenir, pero como he prestado mucha atención a todas las intervenciones, me parece pertinente hacer algunas apreciaciones.

Tengo la sensación de que muchos legisladores que apoyan este proyecto de ley, con la redacción que tiene, están discutiendo con fantasmas, porque con una vehemencia poco común argumentan contra posiciones que aquí no se han manifestado. Están luchando contra los estancieros del novecientos. ¿Dónde están? Pongamos la discusión en sus justos términos.

Nosotros no estamos inventando cosas ni augurando desastres cuando decimos que esto es una píldora venenosa metida en el sistema de inversiones, como si se tratara de una compensación por el Tratado con los Estados Unidos de América relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones. Aquí, todos los legisladores del Partido Nacional han manifestado dudas y preocupaciones. También es poco serio hablar del éxito de leyes que se votaron hace un mes o tres meses porque aún no han pasado cosas que sabemos que sí van a pasar. Vamos a no adjudicar a los demás -por lo menos para que quede constancia en la versión taquigráfica- posiciones que nadie ha manifestado.

Mucha gente habla de compromisos históricos. Nosotros tenemos orgullo de la historia, pero el compromiso es con el futuro; no vamos para atrás para ver qué nos quedó de la década del cincuenta, porque el mundo es distinto.

Voy a manifestar una posición y no voy a argumentar porque hay muchos compañeros que ya lo han hecho. Creemos que está bien legislar y establecer el fuero sindical. Este proyecto de ley no es de libertad sindical, sino de fuero sindical y eso no está mal. Lo que pasa es que el oficialismo se ha dedicado a bautizar las leyes de una manera eufemística para decorar inclusive cosas que no están mal, como esto. No es necesario establecer que es un proyecto de ley de libertad sindical, porque en realidad hay algunos puntos que no lo son. Sí es de fuero sindical, y eso no está mal, está bien; estamos de acuerdo en legislar a favor del fuero sindical.

¿Qué es lo que está mal? Está mal incluir en este proyecto de ley disposiciones que parten de la base de una concepción reduccionista de la realidad social y económica, en la que se identifica erróneamente quién es el débil y quién es el fuerte, quién es el bueno y quién es el malo, o lo que es peor, que alguien es bueno si piensa como yo, con independencia de si es trabajador o empresario. Que conste que esto no lo digo por la muy correcta intervención que hizo el señor Diputado Gallo Imperiale, referida al tema de la responsabilidad social empresarial. No me refiero a eso en particular, pero a veces acá se dice que hay buenos y malos, dependiendo de lo que hagan. Estoy de acuerdo en que todo depende de qué se defiende, y hay que tener mucho cuidado. Sé que hay algunos Ministros de este Gobierno que han manifestado preocupación por ciertos sectores débiles que nunca están en consideración cuando se plantean estas cuestiones de manera reduccionista. Acá se habla genéricamente de sindicatos y en Uruguay hay sindicatos muy distintos. Hay sindicatos que han defendido con más dignidad que otros a los trabajadores en momentos en que tenían que garantizar la fuente de trabajo. Y si no, pregúntenle al SUNCA o al UNTMRA, mientras que otros sindicatos tiraban de la piola hasta que el sistema se rompió. ¿Dónde está la contraposición de intereses? ¿Entre el pequeño productor granjero de Canelones y el trabajador bancario? ¿O entre el del SUNCA y el bancario? Y lo digo con respeto por todos; lo digo así para marcar nítidamente que acá están partiendo de la base de concepciones reduccionistas. Eso trae problemas, porque después en la práctica no opera.

El señor Diputado Botana -me gustaría referirme a sus palabras porque sé la concepción que lo anima- hizo referencia a los mecanismos de la economía y se manifestó a favor de la defensa del trabajador y no de las corporaciones, y sé lo que quiso decir. Quiso decir que lo que no se puede hacer es defender roscas sindicales, desprotegiendo trabajadores, y eso está establecido en el literal b) del artículo 3º, al determinar que la legitimación para comparecer en los procedimientos para la restitución requiere necesariamente la comparecencia del sindicato junto con el trabajador. Eso está mal y los legisladores oficialistas saben por qué está mal. Esto consagra roscas, esto impide que un trabajador en defensa legítima de sus intereses empiece a constituir un sindicato porque entiende que el que ya existe es amarillo o está vendido a la empresa. Ahí lo ponen en la picadora de carne, ¿y ese sindicato amarillo va a ir a defender a ese trabajador? Los legisladores saben que no es así.

Quiero terminar mi intervención aclarando cuál es la concepción social y económica que fundamenta las decisiones que en su momento tomó el Partido Nacional en el Gobierno, con los matices -yo no integro el sector que era mayoría en aquel momento, pero no estamos tan lejos en estas cosas- que ilustran el tema. Acá se ha manifestado con alarma que el Estado es la garantía de los trabajadores, ese mismo Estado al que se acusa de clientelista y de superestructura representativa de los esquemas de dominación de la estructura económica. No es así. ¿Cuál es la concepción que tiene el Partido Nacional en su base? Es una concepción de un rol subsidiario del Estado. ¿Cuál es el punto de partida en este tema de las relaciones laborales? Es un punto en el que el Estado busca establecer al inicio, mediante normas generales, condiciones de igualdad, de negociación entre el empresario, que está en la posición fuerte, y el trabajador, que en situación colectiva se equipara, siempre que se establezcan mecanismos de protección. Uno de ellos es este que estamos votando en el día de hoy, no en su formulación en este proyecto de ley, pero sí respecto al fuero sindical. Partiendo de esa base se permite que trabajadores y empresarios discutan sus condiciones en situación de igualdad. En nuestra concepción, el Estado interviene cuando esa situación de igualdad no se da, pero interviene, no es omiso. Interviene para regular con leyes e interviene administrativamente para garantizar que esa igualdad opere en la realidad. La bancada de Gobierno lo sabe. Ya hay Ministros, el de Trabajo y Seguridad Social en especial, que están anticipando que las negociaciones colectivas en los tiempos que vienen no van a ser como estas. Tildamos el casillero del compromiso histórico, como ahora, pero cuando la realidad empiece a operar vamos a trabajar de otra manera. ¿Por qué? Porque se sabe que cuando se establecen convenios por rama también los desprotegidos son las empresas y los trabajadores más chicos. También operan convenios que garantizan que solo compitan los fuertes. Eso se ve caso a caso y en la realidad. Y los que tienen que gobernar, con un bañito de realidad, ya lo están anticipando. Vamos a ver qué pasa en los próximos tiempos.

Quería que quedara clara nuestra concepción. No nos oponemos al fuero sindical, sino que nos oponemos a algunas disposiciones de este proyecto de ley. Tanto es así que el Partido ha presentado varios proyectos de ley.

¿Cuál es la concepción que nos anima? Todos esos clichés respecto a los Consejos de Salarios y a todas esas cosas que volvemos a conquistar, no son realmente temas que tengan en sí mismos la esencia del bien. Son temas que dependen del momento y del Gobierno. Una composición tripartita con un Gobierno parcializado a favor de los empresarios es un desastre para los trabajadores. No es la fórmula mágica el Consejo de Salarios. Que el Gobierno no crea que con eso ya está cumpliendo con los trabajadores. Falta mucho, y -bien dijo el señor Diputado José Carlos Cardoso- vamos a sacar la cuenta dentro de bastante poco.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LORENZO.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señora Presidenta: en primer lugar, quiero aclarar que, con relación a lo que leí sobre los países de Latinoamérica, citando al profesor Arturo Bronstein de la OIT, fotocopié la parte vinculada a la limitación numérica de los sindicatos y se la alcancé a quien había hecho uso de la interrupción refiriéndose a mis palabras.

Por otra parte, recién el señor Diputado Bernini citaba un caso en el que tuve la suerte de participar, luego de haber trabajado durante un tiempo en un estudio jurídico vinculado a la institución bancaria en la que trabajaba el señor Diputado. En ese marco, en mi condición de miembro de otro movimiento, tuve la suerte, el orgullo y el honor de integrar el Gobierno del Partido Nacional. En el Caso 1886 del Comité de Libertad Sindical, en el libro del profesor Osvaldo Mantero "Los dictámenes del Comité de Libertad Sindical de la O.I.T. relacionados con actos de discriminación antisindical en Uruguay", se señala: "[...] en marzo de 1994, la Inspección Gral. del Trabajo y la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, dictó una resolución sancionando a la empresa en cuestión [...]", y agrega después que "[...] la administración del trabajo había impuesto una importante sanción a un empleador por realizar graves actos antisindicales [...]".

Quiero citar cuáles fueron esos actos antisindicales, porque a veces, cuando uno escucha las palabras de algunos de los miembros del partido de Gobierno -perdón, de la coalición de Gobierno-, parece que solo estuviéramos dispuestos a reaccionar cuando se asesina a un trabajador. En el Caso 1886, la Asociación de Empleados Bancarios había reclamado contra determinado banco, y a continuación mencionaré las razones por las que la empresa en cuestión fue sancionada: "a) la concesión en el año 1990 de gratificaciones a personal que trabajó durante acciones colectivas reivindicatorias; b) la designación para cargos ejecutivos únicamente a trabajadores no afiliados al sindicato; y c) el otorgamiento en 1985 de un aumento salarial de un 6% a trabajadores no afiliados al sindicato".

(Murmullos.- Campana de orden)

——Repito: "a) la concesión en el año 1990 de gratificaciones a personal que trabajó durante acciones colectivas reivindicatorias;" -o sea que cuando se tomaban medidas de fuerza había quienes trabajaban- "b) la designación para cargos ejecutivos únicamente a trabajadores no afiliados al sindicato; y c) el otorgamiento en 1985 de un aumento salarial de un 6% a trabajadores no afiliados al sindicato".

Por estas razones, a través de un dictamen en el que comencé trabajando yo y luego siguió quien fue mi suplente, el señor Diputado Alfredo Cabrera, se sancionó a la empresa vinculada con el caso.

Me gustaría recurrir a las palabras de la señora Diputada Passada, con relación a la ausencia de algunos Diputados en Sala. Lamentablemente, no voy a poder contestar algunas de las cosas que señaló la coordinadora de la bancada del Frente Amplio, señora Diputada Tourné -por quien siento gran respeto-, porque no está presente en Sala.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Lorenzo.

SEÑOR LORENZO.- He terminado, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra la señora Diputada Kechichián.

SEÑORA KECHICHIÁN.- Señora Presidenta: nosotros pensamos -y queremos dejar muy claramente expresada nuestra postura- que hoy estamos ante un avance sustancial para un país que se precie. La aprobación de la ley de libertad sindical marca un hito en este Parlamento, en este país, en la historia del movimiento sindical, y también en lo que hace a los trabajadores que se precian y buena parte de los cuales han construido este Uruguay que hoy tenemos.

(Murmullos)

——Pero quiero responder a algunas cosas que aquí se han dicho. Todos los que estamos aquí alguna vez fuimos Ediles; hoy somos Diputados. Yo hablaba recién con la señora Diputada Travieso y le decía que estoy segura de que más de uno de los que estamos aquí muchas veces hemos tenido que reunirnos a escondidas con trabajadores que tenían denuncias fuertes para hacer. En lo personal, me he reunido con mujeres de empresas de limpieza, muy atemorizadas por la posibilidad de que alguien supiera que estaban planteando algún tipo de reivindicación, y también con trabajadores rurales. ¡Y ni qué hablar de lo que pasa en una cantidad de lugares del interior del país!

Creo que esta ley de libertad sindical viene hoy a plantear algo muy importante: es pareja para todos. Nosotros venimos de un Uruguay muy desparejo, en el que, en estos últimos años, la balanza ha estado absolutamente inclinada para el lado de los empresarios. Es de honestidad reconocerlo hoy aquí.

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Disculpe, señora Diputada.

Voy a solicitar a los señores Diputados y a las señoras Diputadas que guarden el silencio que corresponde para que podamos escuchar correctamente.

Puede continuar la señora Diputada Kechichián.

SEÑORA KECHICHIÁN.- Gracias, señora Presidenta.

Creo, además, que esta ley de libertad sindical ha mostrado una forma nueva de discutir estas cuestiones. ¡Ojalá los consensos hubieran sido mayores! Pero no perdemos las esperanzas de seguir construyendo espacios de diálogo con un conjunto de empresarios que finalmente comprenderán que esto es un avance.

Alguien decía que estamos haciendo esto para llenar otro casillero de promesa electoral, y creo que realmente se equivoca. Sin duda, seguiremos monitoreando todas estas cosas; aquí no hay verdades absolutas. Seguramente este Gobierno analizará cada uno de los avances o retrocesos que cada una de las medidas que estamos adoptando pueda producir. Pero se trata de tener ese baño de realidad necesario -que, obviamente, hay que tener, salvo que uno se considere un psicótico que esté en el Gobierno y haga política-, junto con un baño de sensibilidad, que nosotros creemos que en estas cuestiones hacía falta, y que hoy este Gobierno del Frente Amplio, este partido de Gobierno, pone sobre la mesa.

Nosotros venimos de un Uruguay muy desparejo, muy inequitativo. Hoy se ha planteado aquí fuertemente el peligro que esto puede significar para las inversiones. ¡Por favor! Venimos de una larga historia de la más baja inversión privada que haya tenido el Uruguay, de los más altos niveles de desempleo y de algo que no se ha mencionado aquí pero también es producto de todas estas cosas: la emigración más alta que ha habido en el país, que es mayor aún que la que hubo durante la dictadura. Alguien me decía hoy, más temprano, que es una emigración mayor que la que tuvo Kosovo en guerra; se fue más gente de este país que de Kosovo. Por lo tanto, no venimos de un Uruguay maravilloso.

Hoy se hablaba de las diferencias entre los sindicatos. ¡Por supuesto que hay sindicatos más grandes y sindicatos más chicos! También hay empresas fuertes y empresas pequeñas para las cuales este Gobierno también está haciendo políticas concretas.

En la actividad sindical también hay altas y bajas. Conozco profundamente el sindicato del metal, UNTMRA, y los dramas que ese sindicato -al que se considera muy grande- vivió en la década del noventa, durante la cual el parque industrial de este país fue destruido. Conozco el pecado que era llamarse Pietraroia; ser hijo o nieto de ese dirigente sindical significaba que esa persona no podía trabajar en ninguna empresa metalúrgica de este país. Este sindicato tuvo muchos afiliados y perdió muchos en la década del noventa. Nunca dejó de luchar por sus desaparecidos; aparentemente, gracias a la labor que este Gobierno viene llevando adelante, estaremos encontrando los restos de Chávez Sosa y de otros por los cuales los sindicatos también han peleado y mucho.

Nosotros venimos de un país en el que se habla de la inversión. Por ejemplo, en 1980 teníamos $ 10.132:000.000 de PBI, que aumentó a $ 22.371:000.000 en 1998, pero la distribución del crecimiento nunca llegó a los trabajadores; nunca pelearon por ellos. Pasamos de una desocupación del 7,3% a una del 20% en 2003, y todavía hoy el porcentaje es alto. Los niveles de inversión en ese Uruguay de desregulación laboral -en el que los empresarios podían hacer lo que quisieran, "a piacere"- no aumentó, pese a las promesas que todos recordaremos de inversiones malayas, coreanas, holandesas, chinas, etcétera.

SEÑOR SALSAMENDI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA KECHICHIÁN.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Le restan nueve minutos de su tiempo, señora Diputada.

Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR SALSAMENDI.- Señora Presidenta: simplemente, quiero reafirmar algunos conceptos que se han planteado.

En primer lugar, a esta altura del debate quiero recordar -lo mencionaron la señora Diputada Passada y algunos otros colegas- que cuando se habla de las Cámaras empresariales hay que tener en cuenta que no todas sostienen la misma posición. Algunas han sustentado una posición y, en su interior, la han sostenido por mayoría, no necesariamente por unanimidad.

En segundo lugar, hoy se dieron algunos ejemplos. Se habló de un seminario realizado en determinado momento en el que participó un delegado de la Unión General de Trabajadores de España, la UGT. Voy a poner ese ejemplo, pero también el de comisiones obreras, y recordar que en ese mundo desarrollado que integra España, en esa Unión Europea de la que muchos hablamos como ejemplo de inversión, de trabajo, de nivel de vida de su gente, etcétera, no solo existen normas como estas sino que, además, en el caso particular de España se ha construido un modelo en el que absolutamente ninguna normativa vinculada a la cuestión laboral, e inclusive a aspectos vinculados a la inversión y a la seguridad social, se desarrollan sin que previamente exista consulta y posterior consenso con empresarios y trabajadores.

Digo esto porque cuando se habla de modelos hay que ponerlos todos sobre la mesa.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar la señora Diputada Kechichián, a quien le restan siete minutos de su tiempo.

SEÑORA KECHICHIÁN.- Termino rápidamente porque ya hace muchas horas que estamos aquí, pero no quiero dejar pasar algunas cuestiones que se mencionaron sobre la desregulación laboral. Nosotros venimos de un Uruguay del que es bueno recordar algunas cosas.

Este país tuvo un Presidente del Banco Central, el doctor Ramón Díaz, que realmente ha sido y sigue siendo un adalid de las políticas de desregulación laboral, que bregaba y brega por la vigencia de la primera Constitución del país, donde no se establecían normas de respeto al derecho a la libre agremiación ni de defensa de los derechos de los trabajadores; se opone a la conquista de la licencia anual, de la ley de ocho horas, de los aguinaldos, de las horas extra. Ramón Díaz decía: "El contrato entre el trabajador y el empleador debe ser abierto, con la única salvedad de no constituir una situación de esclavitud encubierta". Incluso, se muestra contrario a la fijación por parte del Gobierno del salario mínimo nacional, y se pregunta por qué se ha de impedir a alguien trabajar por un valor inferior, si así quiere hacerlo, obviamente violando todas las conquistas del salario mínimo y de la ley de ocho horas que han sido consagradas por los convenios de la OIT.

Por lo tanto, pensamos que venimos de un Uruguay muy inequitativo y que hoy estamos dando un paso muy importante. La bancada de la Alianza Progresista quiere dejar claramente explicitado que hemos trabajado denodadamente para que este proyecto pueda tener hoy la votación que va a tener en el Parlamento. Realmente, como fuerza de Gobierno creemos que esto también tiene que ver con los cambios, con una forma diferente de ver a un Uruguay que debe crecer respetando y respetándonos entre nosotros.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: quien habla pertenece a un partido que tiene claras definiciones socialdemócratas. Somos un partido de socialdemócratas. En consecuencia, como socialdemócratas creemos en aquella máxima de Willy Brandt que decía: "Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario".

(Ocupa la Presidencia la señora Representante Argimón)

——En el mundo del trabajo, de la relación entre capital y trabajo, estamos plenamente convencidos de que debe existir una intervención del Estado. En la relación entre capital y trabajo no creemos en la neutralidad del Estado. Creemos que debe haber un Estado que tome partido. Creemos que debe haber un Estado que dé garantías, entre otras cosas, para que pueda haber un libre ejercicio de la actividad sindical.

Digo esto para manifestar que compartimos plenamente la idea de que se legisle en el sentido de dar protección a la actividad sindical. Por cierto que esto no es algo que se nos ocurre ahora. Es un planteo que, en todo caso, se hizo en esta Cámara de Representantes hace ya varios períodos. Somos firmantes de un proyecto que elaborara el entonces Diputado Gabriel Courtoisie por el cual, justamente, se planteaba la regulación, la protección del ejercicio de la actividad sindical. Es más: ese mismo proyecto, con algunas modificaciones, fue presentado en esta Legislatura como un aporte para que, en definitiva, a la hora de legislar en esta materia, se tuviera en cuenta. En ese proyecto hacemos referencia a la inversión de la carga de la prueba y lo remitimos específicamente a cuatro casos. Esto está referido en el artículo 6º de ese proyecto, que en su segundo inciso señala en forma taxativa esos cuatro casos: "cuando el afectado integre la dirección del sindicato o se haya afiliado en el último trimestre o cuando el acto se produzca en el marco de un conflicto sindical o en las etapas de constitución de una organización sindical". Estos eran los cuatro casos que, en forma taxativa, estaban previstos en el proyecto.

Como una forma de reafirmar ese compromiso con la idea de legislar en materia de garantías para el ejercicio de la actividad sindical, votamos en general el proyecto que aprobó esta Cámara de Representantes, aunque en la discusión particular solo acompañamos el artículo 1º -en los hechos muy similar al artículo 1º del proyecto que firmamos en la Legislatura que fue desde el año 1995 al 2000, que por cierto es igual al que presentamos en esta Legislatura- y el artículo 8º, que establecía el derecho al descuento de la cuota sindical. El resto lo votamos negativamente, como vamos a votar hoy negativamente estas modificaciones introducidas por el Senado, porque responden realmente a una concepción maximalista. No se trata de dar garantías para el ejercicio de la actividad sindical, sino que, en este caso, se trata de extralimitar esas garantías. A nuestro juicio, no trata de generar no ya un Estado que no debe ser neutral, que debe proteger la actividad sindical, sino un Estado que toma partido en determinada circunstancia.

De ninguna manera se puede considerar -y en ese sentido no comparto lo afirmado por legisladores del Partido Nacional- que este proyecto que se va a aprobar hoy sea como pago de los favores recibidos. Sí creo -porque no podemos hacernos trampas al solitario- que el PIT-CNT es el brazo sindical de la organización política Frente Amplio. Dicho de otra manera, si queremos mirarlo desde el otro sentido, la organización política Frente Amplio es el brazo político del PIT-CNT. Creo que en esto no debemos hacernos trampas al solitario porque son exactamente las mismas concepciones que están, de alguna manera, detrás de los fundamentos que, en definitiva, sostienen la aprobación de este proyecto. Todo termina siendo pasado por una especie de tamiz ideológico, y como allí hay concepciones que todavía siguen sosteniendo que es necesario profundizar la lucha de clases, es lógico entender que haya proyectos de esta naturaleza que, a la luz del tamiz ideológico, terminen desnivelando esa relación que debe existir entre capital y trabajo.

No creo en el tremendismo ni en que este hecho por sí solo incida directamente en una retracción de la inversión. Sí creo que este proyecto, sumado a otros hechos que se vienen generado en este Gobierno, como la política económica que profundiza la inflación en dólares, como la eliminación del decreto que permitía la desocupación de los lugares de trabajo por parte de la Policía y como la reforma tributaria que se anuncia, constituyen elementos y señales, y todos juntos -al igual que este proyecto- impactarán negativamente en las expectativas de los agentes económicos. En consecuencia, habrá una retracción de las inversiones, en un país que tiene -bastante se ha repetido- una inversión muy baja, fenómeno que, obviamente, no responde a estos factores. Entre otras cosas, en este país hay una inversión muy baja porque este Estado está absolutamente sobreendeudado, y a la hora de optar en materia de inversiones, por la propia necesidad de financiamiento a través de los déficit fiscales que arrastra desde hace mucho tiempo, necesita endeudarse. En consecuencia, el Estado es el principal captador de los recursos y de los ahorros de los uruguayos.

Si tuviéramos un Estado menos endeudado, seguramente habría mucho más espacio para la inversión porque el ahorro iría mucho más a las actividades productivas. Esa es la realidad.

Lamentablemente, creo que se pierde una oportunidad de lograr un proyecto que dé garantías al ejercicio de la actividad sindical, que contara con un apoyo político mucho mayor que los cincuenta y dos votos que consagrarán este proyecto en la Cámara de Diputados. Como muy bien decía el señor Diputado Pozzi, en lo esencial, en el hecho de dar garantías al ejercicio de la libertad sindical, estamos todos de acuerdo, pero habría sido bueno que la fuerza política que representa al sindicalismo uruguayo consagrara esa visión como una política de Estado y no como la política de un sector o de un partido político. Allí está la sensación de que, en definitiva, el Parlamento se pierde una oportunidad de consolidar como una política de Estado la garantía para el ejercicio de la actividad sindical. Esa es la consecuencia de esta decisión que ha tomado legítimamente la mayoría, pero que el Partido Independiente va a rechazar.

Gracias, señora Presidenta.

14.-     Asuntos entrados fuera de hora.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Asti, Conde y Brenta.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora".

—— Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en sesenta: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora.

(Se lee:)

"DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores remite fe de erratas del proyecto de ley por el que se crea el marco legal necesario para dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 6º del artículo 85 de la Constitución de la República, relativo al endeudamiento interno. C/747/005

-     A sus antecedentes".

15.-     Libertad sindical. (Normas relativas a su protección y promoción). (Modificaciones de la Cámara de Senadores).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra la señora Diputada Castro.

SEÑORA CASTRO.- Señora Presidenta: en realidad, creo que en pocos días hemos discutido dos de los temas más importantes del año, y de los más relevantes en muchos años: el Consejo Nacional de Economía y este proyecto. En estas discusiones se exponen no solo visiones de país, sino visiones de la historia, visiones del hombre, de las relaciones entre los hombres, y entre el capital y el trabajo. Esto adquiere una relevancia vital en tanto vivimos en una sociedad capitalista. Entonces, creo que es bueno que en un Parlamento se den discusiones serias, importantes, con argumentos sólidos, porque eso hace bien a la vida institucional.

Por otro lado, creo que a lo largo de los meses, desde febrero, hemos pasado varias etapas, en el sentido de cómo la oposición ha caracterizado al Gobierno. En una primera etapa, se nos decía: "No hacen nada"; en la segunda: "Hacen más de lo mismo"; en una tercera instancia, se nos decía: "Es un caos", y ahora, en la cuarta nos dicen: "Las señales que dan son negativas para la inversión". Tal vez se pueda caracterizar de otra manera, pero me parece que han dado esos síntomas o signos que muestran a la gente.

La verdad es que no comparto esas caracterizaciones. Creo que si bien la oposición tiene que hacer su trabajo -por ejemplo, en este caso, una de las críticas a este proyecto es que da señales negativas para la inversión-, en realidad, la caracterización me parece errónea.

Creo que se hacen distintas críticas. Voy a centrar mi intervención en analizarlas. Unas tienen un marco más general, un carácter ideológico, y otras son más concretas; también hay otras de carácter político. Hay una crítica que en realidad responde a una visión, a una forma y a un enfoque ideológico que es muy particular y que hoy ha surgido varias veces.

Por ejemplo, se dice que hay como un matiz en ciertas corrientes ideológicas -que las ubican acá, en este sector de la bancada de Gobierno- y entonces dicen que todavía piensan que hay que profundizar la lucha de clases, y acentúan el "todavía", como un defecto, como una no virtud.

Eso implica tener un concepto, una visión, una orientación ideológica particular, y se la aplican, como reflejada, a este proyecto que en realidad lo que está rescatando son derechos y una concepción del derecho laboral que en este país -y en cualquier otro país- se inclina para favorecer al más débil de una manera particular. En la relación capital y trabajo, es obvio de toda obviedad que es más débil el trabajador y no el capitalista.

Como marco general, epistemológico e ideológico, se reinstala esta otra noción.

Segundo punto. Se vincula como una consecuencia de esta corriente ideológica que se ve reflejada en este proyecto el hecho de que hay una extralimitación de las garantías porque el Estado se inclina hacia un lado. En realidad, esto se lo vincula, se quiere demostrar, se quiere hacer evidente a través de que este proyecto de ley -como dije recién- trata de resguardar los derechos del trabajador, en tanto el trabajador está -en estas relaciones asimétricas que vivimos en esta sociedad capitalista- en una situación de debilidad.

Por otro lado, se salta luego a lo que es una vinculación entre lo que es el movimiento sindical y las fuerzas políticas de izquierda de este país, en este caso el Frente Amplio, que a su vez es la fuerza de Gobierno. Es extraño porque, por un lado, se critica primero -los pasos son así en este razonamiento- o se caracteriza al movimiento sindical como un movimiento partidizado por la izquierda. Y la crítica no es que está partidizado, sino que la crítica es que está partidizado por la izquierda, y que la izquierda además es la fuerza de Gobierno.

Después se sigue más y se dice: "La fuerza de izquierda que hoy es Gobierno está pagando" -con comillas o sin comillas, según como quieran los taquígrafos- "al movimiento sindical". Esto implica una noción. No voy a atribuir intencionalidades porque no corresponde, pero desde el punto de vista del razonamiento de cómo se presenta esto, implica entender, primero, un gran nivel de deshonestidad por parte de una fuerza política; se la caracteriza como deshonesta. Si alguien está pagando algo a una organización social, si una fuerza política paga algo a una organización social, quiere decir que le está debiendo favores; lo supongo porque por otra cosa no va a ser. Quizás esto en otras sociedades eso va de suyo, pero aquí en Uruguay no.

Por otro lado, se plantea una partidización. Yo digo que si se plantea una partidización, por lo menos no se tiene clara la vinculación entre lo que puede ser Gobierno, fuerza política y fuerzas sociales. Supongo que todas las colectividades políticas deberían discutir estas cosas. Mi colectividad política lo discutió a fondo en los comités de base, en algún Congreso o en un Plenario. Cuando quieran, podemos discutir en Cámara esos temas -me parece que serían sanos para la vida de un país- o tomando mate en cualquier lado. Le hace bien a la vida democrática saber qué pensamos cada colectividad política acerca de cómo deben relacionarse la fuerza política, el Gobierno y las fuerzas sociales.

No nos vengan a decir que porque sacamos, impulsamos y nos jugamos en una ley de avance, de progreso y de desarrollo de lo que son las garantías para los trabajadores, de resguardo de sus derechos, nosotros aquí estamos evidenciando una partidización del movimiento sindical por la izquierda.

¡A mí menos me lo vengan a decir, que tengo treinta años de militancia en un sindicato de la enseñanza, donde hubo por larguísimo tiempo destacadísimos dirigentes del Partido Nacional! ¡Así que a mí, menos! Menos que menos.

(Murmullos)

——Pero voy a bajar la pelota al piso.

Finalmente, señora Presidenta, también debemos distinguir, en ese análisis de relación, cómo se ubican las fuerzas políticas y cómo se insertan cada una de ellas en cada lugar. Porque si yo me voy a referir a las fuerzas sociales, capaz que encuentro muchas fuerzas de la oposición actual insertas en la Asociación Rural del Uruguay. Y yo voy a tener que reflexionar si eso es un problema de la partidización de esa Asociación, de esa organización social o si es un problema de intereses de clases y de intereses -llamémosle así- de grupos sociales. Entonces, no se puede barrer, pasar un rasero y hacer argumentaciones así, por más que tengamos tiempo en la Cámara. Por eso me gustó gran parte de la discusión porque se fue al fondo de mucha cosa.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA CASTRO.- Discúlpeme, maestro, pero me estoy quedando sin tiempo; no sé cuántos minutos me quedan.

Quiero analizar lo siguiente.

Hay otro argumento que se plantea acá y que, en realidad, se lo rescata y se hace de ello algo para defender. Se dice: "Esta es una ley de fueros", y todos sabemos lo que es la diferencia entre fueros y libertad sindical. En realidad, soy de las que pensaron y siguen pensando que esta es una ley de libertad sindical. ¡Ojalá le hubiésemos podido dar mayor amplitud de la que tiene actualmente! Pero como en todos los órdenes de la vida, siempre hay que negociar. El hecho de haber impulsado como fuerza política pura y exclusivamente una ley de fueros, excluyendo totalmente y bajo cualquier modalidad al resto de los trabajadores sindicalizados, no hubiera sido acertado.

Hay una crítica que oí de parte de los representantes de algunas de las cámaras, que como muy bien decía el señor Diputado Salsamendi no son todas las cámaras y que, como muy bien expresaba el señor Diputado Gallo Imperiale, no son todas las empresas. La crítica iba por la reinstalación en sí misma y la universalidad de la reinstalación, más allá de los plazos. Eso es lo que está molestando a ciertos empresarios que salen a hacer campaña televisiva y lobby por distintos lugares. Todos nosotros hemos recibido visitas, ¿verdad?

Entonces, no es un problema de cuánto tiempo se dio para la discusión, etcétera -este se dio en la asesora, lo que me consta y a todos nos consta, porque tenemos representantes de nuestros partidos en la asesora- o de cómo se amasó este trabajo, si se hizo de forma realmente democrática. No; acá lo que molesta es que en definitiva se haya impulsado el concepto de reinstalación para todo trabajador sindicalizado a quien se despidiera en una actitud patronal de persecución sindical, quien, si eso se demuestra, tiene que ser reubicado en su lugar de trabajo en la empresa, y que eso esté concebido bajo el principio de la universalidad, es decir, refiere al 100% de los trabajadores, más allá de que se distingan plazos diferentes, según sea dirigente, haya participado en distintas actividades de negociación o esté en ese largo, complejo y dificultoso proceso de construir un sindicato.

Señora Presidenta: termino diciendo a las señoras Diputadas y los señores Diputados que piensen en las trabajadoras de la empresa de limpieza de esta Casa. Recuerden las cosas que pasaron; recuerden cómo las echaban. Recuerden cómo eso seguía sucediendo hasta hace poco tiempo. Esperamos que ellas, que las empleadas de los hipermercados, que los empleados de las empresas de seguridad privada, que los trabajadores rurales, que las empleadas domésticas y que aquellos más desfavorecidos, también puedan encontrar en esta herramienta una protección de sus derechos humanos, porque, en definitiva, los derechos laborales son derechos humanos.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado Botana.

SEÑOR BOTANA.- Señora Presidenta:...

SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BOTANA.- Sí, señora Diputada.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Puede interrumpir la señora Diputada.

SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Señora Presidenta: creo que a esta altura del debate es bueno dejar en claro parte de las cosas que queríamos decir en nuestra alocución.

(Ocupa la Presidencia la señora Representante Castro)

——En primera instancia, quiero aclarar que todos estamos de acuerdo en que hay que legislar en este tema. Lo hemos dicho e, inclusive, este proyecto lleva estampada nuestra firma, porque pensamos que se iba a poder modificar a lo largo del tratamiento parlamentario, lo que no fue así.

Más allá de eso, en casos como el de las trabajadoras de limpieza del Palacio Legislativo, las trabajadoras de los hipermercados -de algunos- y muchos otros trabajadores de este país, sabemos que son presionados por persecuciones en ese sentido. Por lo tanto, para nosotros esto no es extraño, porque conocemos esa realidad, especialmente en el interior del país, y estamos de acuerdo en que hay que legislar, pero no en esta medida.

Habíamos dicho desde el principio que con esto se pagan costos políticos. Es así. Si se quiere, vuelvo a leer lo que dijo el Presidente Tabaré Vázquez con respecto a que el movimiento sindical y el proyecto progresista de este Gobierno estaban unidos y tenían que trabajar en consenso. Decía que se trataba de generar una agenda común, que de alguna manera se trataba de tener un relacionamiento profundo que llevaba solo a escuchar y especialmente a escuchar solo a los sindicatos.

A eso apuntábamos nosotros; no queremos que quede en esta nebulosa y se crea que estamos defendiendo a los empresarios. Los empresarios grandes se defienden solos; el empresario grande puede pagar, sacar plata del bolsillo o traerla de otro lado, y defenderse solo. A quien tenemos que defender nosotros es al empresario chico y también defender a los trabajadores, buscando un equilibrio cierto entre todos estos actores.

Si me hablan de pagar favores, voy a dar un ejemplo claro, y quiero ver quién me va a decir que no es así: el Gobierno ya le pagó a López Mena con Buquebus y el puerto de Montevideo un favor político. Este sería otro.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Botana.

SEÑOR BOTANA.- Señora Presidenta: ...

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BOTANA.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: no me anoté para hablar sobre este tema porque me siento representado por los compañeros del Partido Nacional que han hecho uso de la palabra, pero la intervención de la señora Presidenta -hace unos momentos- me generó alguna reflexión respecto al análisis político que nos hizo de la sesión y de las condiciones de discusión de la jornada del día de hoy y de los últimos días, y respecto a esa suerte de acusación que parece que recibe el Gobierno cuando se le dice que el sindicalismo y el partido político han tenido una alianza y, de hecho, la tienen.

En primer lugar, creo que no se deberían sorprender de que eso se diga; durante mucho tiempo no se dijo. Cuando durante mucho tiempo se señalaba que la estrategia sindical fortalecía una posición político-partidaria, los principales sindicalistas, los principales dirigentes sindicales del país decían: "¡No! Lo nuestro es una lucha de clases; no tenemos nada que ver con el partido político, ni trabajamos para él". Siempre hubo una defensa acérrima en cuanto a que no se vinculara públicamente que el sindicato y los dirigentes sindicales -o los dirigentes sindicales arrastrando al sindicato- trabajaban en función de una posición político-partidaria. Eso pasó siempre en el país con la izquierda. Recuerdo aquella famosa frase del PIT-CNT del año 1990: "A este Gobierno, ni un vaso de agua". ¡Esa no era una actitud sindical! Esa era una actitud política que condecía con lo que el Frente Amplio, con lo que la izquierda iba a hacer en el país durante los próximos cinco años. Es decir, trabajaban en sociedad; ahora ha quedado en evidencia muy claramente.

Recién un compañero señalaba que en el día de hoy el Secretario de Organización del PIT-CNT explicó en la televisión la posición del Partido Comunista respecto al Tratado de Inversiones. Hace unos días, cuando el señor Diputado Chifflet renunció a su banca, escuché una entrevista que le hicieron en la televisión durante más de una hora y él confesó algo muy interesante. Manifestó que en una oportunidad lo llamaron por teléfono y le dijeron: "Eres el primer candidato del Partido Socialista; vas a ser el primer candidato a la Cámara de Diputados". Él dijo: "No, de ninguna manera". El señor Chifflet expresó que les recordó que el primer candidato era un sindicalista y, entonces, el primer candidato a la Cámara de Diputados en esa oportunidad fue el señor ex Diputado Guillermo Álvarez. Esto lo dijo el ex Diputado Chifflet hace dos semanas en la televisión. Entonces, creo que no hay que rasgarse las vestiduras porque aquí se señale que hay una alianza estratégica desde el punto de vista político entre los sindicatos y el partido político. ¿O quién llevó adelante el frente de defensa que hoy hizo el partido de Gobierno aquí, en la Cámara? ¿De dónde proviene la señora Diputada Passada? ¿De dónde proviene el señor Diputado Bentancor? ¿De dónde proviene el señor Diputado Pozzi? ¡Del frente sindical! Son dirigentes sindicales a quienes el partido político hace un espacio. ¡Esa es una regla de juego que ahora está clara! Nada más que eso. No es una acusación; está clara; es evidente. Desde la estructura sindical se da apoyo al partido político para que este alcanzara el Gobierno. Es una constatación que, lamentablemente, durante mucho tiempo la escondieron y se negaban a reconocer públicamente.

Respecto a la clasificación que la señora Presidenta ha hecho en cuanto a que aquí se ha afirmado que no se sabe y que es un caos, me parece que, en todo caso, es producto de los debates que podemos ir teniendo coyunturalmente, pero en eso no se debe advertir ningún menosprecio a la actividad que el Gobierno lleve.

(Ocupa la Presidencia la señora Representante Argimón)

——De hecho, nosotros tenemos derecho a decir cómo actúa el Gobierno. Yo podría clasificarlo más fácilmente que la Presidenta del Cuerpo y decir: "Hasta ahora la bancada de Gobierno ha dicho que acá todos sabemos, todos podemos, y así seguiremos". Esa ha sido la lógica del debate político que se ha generado en estos días. De manera que tampoco creo que esas clasificaciones se ajusten específicamente a lo que ha pasado en estos meses de relación parlamentaria.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Puede continuar el señor Diputado Botana.

SEÑOR BOTANA.- Señora Presidenta: quisiera hacer a quienes presentan este proyecto un par de preguntas.

(Interrupciones)

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- El señor Diputado debe dirigirse a la Mesa.

SEÑOR BOTANA.- Tiene razón, señora Presidenta. Pero hago las preguntas a quienes me deben responder, que son los que presentan este proyecto.

¿Quién me asegura que el sindicato va a ir siempre? ¿Quién me asegura que el sindicato es representativo del trabajador que defiende o que en esa rama de actividad hay sindicato? ¿Quién me asegura que conoce de la materia de la que está hablando?

Miren: la central sindical de mi departamento, ¿saben cuántos sindicalistas tiene de la actividad privada? Uno, que hace años que no trabaja,...

(Interrupciones.- Campana de orden)

——...pero no está desocupado por eso, ¡por favor!

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Por favor, señor Diputado.

SEÑOR BOTANA.- Está desocupado porque allí, lamentablemente, no hay trabajo.

(Interrupciones)

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Señor Diputado: si me permite, lo quiero amparar en el uso de la palabra...

SEÑOR BOTANA.- ¡No me ampare nada! Por algo reaccionan, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Yo lo voy a amparar igual.

Prosiga, señor Diputado.

SEÑOR BOTANA.- Quién sabe si el sindicato va a ir a defender a un trabajador que está en minoría dentro de él. Tengo mis dudas de que el sindicato vaya a defender a algún trabajador si el sindicato pactó con la patronal -¡y vaya si ha habido pactos con la patronal!- o si la patronal está asociada a los intereses de algún político vinculado al sindicato. Reitero: tengo mis dudas de que el sindicato concurra en defensa del trabajador.

Creo que acá tendríamos que hacer leyes para proteger a los trabajadores y no para proteger a los sindicatos; para proteger a los trabajadores y no para perjudicarlos. Lo que han hecho es exactamente lo mismo que exigirle al empresario que concurra a la negociación sindical protegido por el gremio patronal con el que está vinculado. Es exactamente lo mismo. Al trabajador le exigen que el sindicato concurra junto a él. Sin embargo, al empresario lo están dejando en la más absoluta libertad de defenderse solo. Ahí hay un perjuicio grave: grave para los trabajadores en detrimento de los empresarios.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado Patrone.

SEÑOR PATRONE.- Señora Presidenta: ...

SEÑORA CASTRO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PATRONE.- Sí, señora Diputada.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Puede interrumpir la señora Diputada.

SEÑORA CASTRO.- Señora Presidenta: voy a tratar de ser lo más breve posible para pasar a votar rápidamente.

Sigo estando convencida de que esta es una muy rica discusión, pero hay conceptualizaciones que a mi juicio son incorrectas, que se han tirado a rodar en la mesa de la discusión, que corresponden a determinado tipo de análisis, que no se pueden dejar pasar y menos pueden quedar estampadas en negro sobre blanco en una versión taquigráfica y en un Diario de Sesiones.

Vamos a ver. Que en las organizaciones sociales y, en concreto, en el movimiento sindical en este país hay gente que proviene de distintos partidos políticos y que, en particular, en el movimiento sindical hay gente que proviene de los partidos de izquierda, es una verdad de hecho. No hay solo gente que proviene de los partidos de izquierda, pero sí hay. Y esto daría para pensar a mucha gente por qué sucede esto. Y miren que no es algo para decir: "Oh, ¡qué chispa! ¡Qué audaz! ¡Se le ocurrió a la Diputada Castro!". Esto ha sido objeto de varias investigaciones a nivel nacional, porque no es un fenómeno que solo ocurra en el Uruguay; también ocurre en muchos otros países.

Hay otra verdad de hecho. Por ejemplo, en este Parlamento -como acá se ha dicho- hay muchos legisladores que provenimos del movimiento sindical. He aquí, ¡oh coincidencia histórica!, que los que provenimos del movimiento sindical no estamos en las bancadas parlamentarias de la oposición, que no son las de la izquierda. Verdad de hecho.

Ahora, concebir que cuando militantes de la izquierda que militan en el movimiento sindical llegan a tener cargos de dirección o de no dirección, es por la manera en que la fuerza política supedita, atrapa o paga -se han utilizado varias expresiones- al movimiento sindical, me parece totalmente incorrecto, y no solo incorrecto, sino injusto. Es casi un silogismo, pero de cuarta. En realidad, con todos mis respetos, colegas, no se pueden hacer esos razonamientos tan simplistas. No es así. Hay gente de distintas vertientes.

Ahora pongo en el otro lugar la situación. Me pondría a analizar a las otras colectividades políticas y a ver el relacionamiento que tienen con otras organizaciones que en realidad responden a grupos de intereses de las patronales de los más distintos emprendimientos. Entonces, sacaría conclusiones totalmente atravesadas desde el punto de vista histórico y sociológico. Por eso, me parece que hay que ser más cuidadoso cuando uno hace reflexiones de ese tipo que, en esta oportunidad, no comparto.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Puede continuar el señor Diputado Patrone.

SEÑOR PATRONE.- Señora Presidenta: quiero hacer una simple declaración de fe. Como hijo de la clase trabajadora, me siento francamente orgulloso de que me endilguen ser defensor y tener conjunción de intereses con esa clase.

(Ocupa la Presidencia la señora Representante Castro)

——En ese sentido, con absoluto orgullo, acepto ese título que para mí es de absoluta nobleza y, por supuesto, lo agradezco.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR MASEDA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PATRONE.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR MASEDA.- Señora Presidenta: voy a hacer solo dos reflexiones.

La primera es la siguiente. Cuando la señora Diputada Castro deja la Presidencia, el señor Diputado del Partido Nacional -pido disculpas por aludirlo- dice: "la posición de la señora Presidenta". En ningún momento fue la posición de la señora Presidenta, sino de la señora Diputada Nora Castro. Quiero que se corrija en la versión taquigráfica, porque no es correcto y porque la Presidenta está inhibida de dar su opinión política. Por esa razón bajó a la banca y dio su posición.

Lo segundo, como elemento de reflexión: ¿quién no defendió los derechos de los trabajadores rurales en este Parlamento durante muchísimos años? Sin lugar a dudas, los estancieros que fueron Diputados y Senadores.

Nada más; era una reflexión.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Patrone.

SEÑOR PATRONE.- Era todo cuanto tenía para decir.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: la Presidenta y la Diputada Nora Castro son lo mismo. El sindicato, los dirigentes sindicales y la fuerza política son lo mismo.

(Interrupciones)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se aceptan las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley sobre "Libertades Sindicales. (Normas relativas a su protección y promoción)".

(Se vota)

——Cincuenta y dos en sesenta y ocho: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(Aplausos)

SEÑOR SOUZA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SOUZA.- Señora Presidenta: hemos seguido con atención el debate a que dio lugar el tratamiento de esta norma que acaba de ser sancionada. Sin duda, hay compañeros muy valiosos provenientes del movimiento sindical sentados en estas bancas parlamentarias. Nos enorgullecemos de que sean hoy los que llevan adelante las exposiciones que realizó nuestra fuerza política en defensa de este proyecto de ley.

También decimos que votamos con convicción, con orgullo y con mucho honor este proyecto de ley. Nos honra que el pueblo uruguayo haya decidido con su voto sentar en estas bancas a quienes por muchos años han estado relegados de los ámbitos políticos en los cuales se definen normas que afectan a toda la población de este país. No nos agraviamos; al contrario, nos honramos de tener entre nosotros a compañeros provenientes del ámbito sindical. Aquí han estado a lo largo de muchísimos años los "dotores", que defendieron en muchos casos a trabajadores -sin lugar a dudas-, pero también fueron los eternos defensores de los poderosos, de los patrones y de los empresarios. Aquí han estado a lo largo de muchos años creando leyes para el beneficio de los empresarios de este país y es buena hora de que el pueblo, por voluntad absolutamente suya y con la mayor de las libertades, haya sentado a los trabajadores en este espacio para comenzar a defender y a recuperar los derechos que fueron relegados y entregados por sucesivos gobiernos a lo largo de muchísimos años. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a este partido político y de tener en nuestras filas a trabajadores que hoy están aquí sentados defendiendo los intereses de todos los trabajadores del Uruguay.

Gracias.

(Apoyados)

SEÑOR BERNINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BERNINI.- Señora Presidenta: brevemente, voy a hacer referencia a dos imágenes que me vienen a la mente. Una, es la del compañero "Pepe" D'Elía, quien se enriqueció tanto por su militancia sindical, que en el año 1992 el Senado le tuvo que votar una pensión graciable. Ese es el movimiento sindical de mi país. Y otra, la de mis hijos, porque tienen la desgracia de tener un apellido raro y en varios lados les preguntaron si eran algo del dirigente sindical. Y en mis hijos están los hijos de todos.

Gracias, señora Presidenta.

(Apoyados)

SEÑOR LORENZO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LORENZO.- Señora Presidenta: cuando hicimos la argumentación parece que no quedó claro por qué votamos en el sentido que lo hicimos. Y esto es fundamento de voto.

Los que están representando a la Federación Rural en la actualidad no son los Diputados del Partido Nacional...

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- A la Asociación...

SEÑOR LORENZO.- No, yo hablo de la Federación Rural. No me estoy refiriendo a sus palabras, señora Presidenta, y no me puede interrumpir desde la Mesa.

El Presidente de la Asociación de Plantadores de Arroz es el mismo de la JUP; no está en este partido político. Entonces, cuando argumentemos, así como se reclama respeto, respeten a los demás. Y lo que no voy a permitir es que pequeños burgueses hagan gárgaras de orígenes humildes. Vamos a cotejar en las bancadas quién viene de dónde.

El otro argumento que tampoco voy a permitir es que se me diga o que se diga delante de mí que en los ámbitos sindicales y gremiales no hay relación política con estructuras político-partidarias, porque yo vengo de la militancia estudiantil, de la FEUU, del Centro de Estudiantes de Derecho. Ya tendremos oportunidad de ejemplificar varios casos de intervención de partidos políticos en la actividad gremial. En otras épocas -no sé si ahora-, partidos políticos rentaban militantes para copar estructuras gremiales. Por lo tanto, el fundamento de nuestro voto no está en una pertenencia de clase, ni en la defensa de un sector de interés; me refiero a sectores de interés que hoy defienden muchos sectores del Gobierno, los que hacen gárgaras con la defensa de los intereses populares.

Gracias.

SEÑOR MELGAREJO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MELGAREJO.- Señora Presidenta: yo voté afirmativamente desde el momento en que vi que no estaba en el túnel del tiempo. Cuando comenzó la reunión cerré los ojos y me imaginé en los primeros años de la década del sesenta, cuando yo venía a estas barras junto con los trabajadores metalúrgicos y luego con el conjunto de los trabajadores de la CNT, y prácticamente escuchaba los mismos discursos de aquella época; es decir, por un lado, los de aquellos que defendían los intereses de los trabajadores -que eran muy pocos, y gracias a ellos hoy por hoy estamos logrando lo que estamos logrando- planteando lo mismo que estamos planteando nosotros hoy y, por otro lado, de los defensores de siempre, de los que se rasgan las vestiduras planteando la defensa de los trabajadores y que han hecho todo en este país, y lo que han hecho, en realidad, ha sido defender los intereses de los poderosos en todo momento.

Hoy, cuando me di cuenta de que no estaba en el túnel del tiempo, me dije: ¡por fin vamos a cambiar este país!, porque realmente ser trabajador es el orgullo más grande que puede tener cualquier ser humano. Además, defender el derecho de los trabajadores es defender el derecho de cualquier ser humano en el marco justo de lo que es la libertad y la democracia. Por eso he votado este proyecto.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BOTANA.- Sencillamente, señora Presidenta, quiero dejar constancia de que en ninguna circunstancia me podría alegrar de que el Senado de la República, de que los Senadores me hayan bajado las pretensiones de un proyecto de ley; no lo festejaría en ninguna circunstancia.

SEÑOR POZZI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POZZI.- Señora Presidenta: he votado afirmativamente por los cientos o miles de trabajadores que en la historia del país han quedado relegados y a los cuales no les vamos a poder devolver su puesto de trabajo ni su posibilidad de conseguirlo por haber realizado tareas gremiales.

He votado afirmativamente para dar una herramienta a los que hoy están luchando, como es el caso de la gente de las arroceras, de la forestación, de los que trabajan en los predios rurales, de aquellos empleados de la imprenta Vanni S.A. También es el caso de los que trabajan en la empresa Jugos Baggio, de Fray Bentos, donde no echaron a dos dirigentes sindicales sino que cerraron la fábrica, se fueron y no ha habido negociación posible, aunque ha sido ocupada.

He votado afirmativamente para que en el futuro, en esta Cámara y en la sociedad entera trasmitamos que podemos construir una relación laboral entre empresarios y trabajadores que ponga al conflicto en segundo lugar, y al entendimiento en el primero. Eso se logra solamente con este proyecto que votamos hoy, que permite negociar en igualdad de condiciones. Por eso estoy contento y orgulloso de que haya sido así.

(No se publica el texto del proyecto de le y sancionado por ser igual al aprobado por el Senado)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Antes de finalizar la sesión, en mi nombre y en el de los compañeros de la Mesa queremos expresarles los mejores deseos para esta Nochebuena y la Navidad en el sentido que cada uno interprete de acuerdo con sus creencias y su estilo de vida.

Nos vamos a reencontrar el martes próximo para seguir trabajando.

Se levanta la sesión.

(Es la hora 22 y 57)

 

 

Mtra. NORA CASTRO

PRESIDENTA

 

Dr. José Pedro Montero

Secretaria Relato
r
Dr. Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.