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Nº 71 - TOMO 430 - 21 DE DICIEMBRE DE 2005

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

70ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Y EL SEÑOR SENADOR JUAN JUSTO AMARO Tercer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI Y SEÑOR SANTIAGO GONZALEZ BARBONI Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Levantamiento del receso

- El Senado resuelve levantar el receso y celebrar sesión extraordinaria para considerar los asuntos que figuran en el Orden del Día.

4) Asuntos entrados

5) Proyecto presentado

- Los señores Senadores Gallinal y Antía presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se interpreta el alcance de los artículos 1º a 4º de la Ley Nº 15.848.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

6) Pedidos de informes

- El señor Senador Lara Gilene solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca relacionado con el control y permisos de pesca comerciales;

- y otro al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con el control de salida de embarcaciones con permisos de pesca.

- El señor Senador Larrañaga solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería y a URSEC relacionado con la posible suscripción con la República Bolivariana de Venezuela de un Convenio, Acuerdo o contrato en el cual se cede una posición orbital de nuestro país.

- Oportunamente fueron tramitados.

7) Inasistencias

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Senado y de sus Comisiones.

8, 11 y 17) Sesión extraordinaria

- El señor Senador Couriel solicita que el Cuerpo celebre una sesión extraordinaria una vez terminada la presente sesión.

- Por sugerencia del señor Presidente, los señores coordinadores de Bancada acordarán la fecha y hora de la sesión extraordinaria propuesta.

- Por moción del señor Senador Couriel, presentada en nombre de los coordinadores de Bancada, el Senado resuelve celebrar sesión extraordinaria el miércoles 28 de los corrientes a la hora 16 para considerar la designación de los miembros de la Junta Anticorrupción, los proyectos de ley sobre violencia en el deporte y de los contribuyentes del Banco de Previsión Social y dos venias de destitución.

9) Orden del Día. Alteración

- El señor Senador Moreira solicita se altere el Orden del Día para considerar, en primer término, el punto que figura en segundo lugar del Orden del Día.

- Se vota negativamente.

10 y 12) Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con los Estados Unidos de América

- Proyecto de ley por el que se aprueba el Tratado entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América relativo a la pro-moción y protección recíproca de inversiones.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

13) Numerales 5º) y 6º) del Orden del Díai

- Por moción del señor Senador Couriel, el Senado resuelve alterar el Orden del Día y considerar a continuación los asuntos que figuran en los numerales 5º) y 6º).

14) Integración del Banco de Previsión Social

- Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar como miembro del Banco de Previsión Social al doctor Armando Pablo Cuervo Gómez.

- Concedida.

15) Integración del Banco Central del Uruguay

- Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar como miembro del Directorio del Banco Central del Uruguay al economista Alvaro Correa Alsina.

- Concedida.

16) Mozos de Cordel de los Puertos de Colonia y Montevideo

- Proyecto de ley por el que se regula su actividad.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 20 de diciembre de 2005.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria mañana miércoles 21 de diciembre, a la hora 16, a fin de hacer cesar el receso, informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) por el que se aprueba el Tratado entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América, relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

Carp. Nº 414/05 - Rep. Nº 183/05

2º) por el que se regula la actividad de los mozos de cordel de los puertos de Colonia y de Montevideo, y se modifica la normativa vigente en la materia.

Carp. Nº 431/05 - Rep. Nº 186/05

3º) por el que se establecen normas para la prevención de la violencia en el deporte y su régimen sanciona-torio.

Carp. Nº 396/05 - Rep. Nº 185/05

4º) por el que se procura la inclusión y regularización de los contribuyentes del Banco de Previsión Social, y se establecen beneficios para los buenos pagadores.

Carp. Nº 409/05 - Rep. Nº 187/05

5º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar como miembro del Directorio del Banco de Previsión Social al doctor Armando Pablo Cuervo Gómez.

Carp. Nº 323/05 - Rep. Nº 110/05 y Anexo I

6º) Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para designar como miembro del Directorio del Banco Central de Uruguay al economista Alvaro Correa Alsina.

Carp. Nº 436/05 - Rep. Nº 184/05

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Antía, Antognazza, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Fernández Huidobro, Gallinal, Heber, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Nicolini, Penadés, Percovich, Ríos, Rubio, Sanguinetti, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.

Con licencia: el señor Senador Baráibar.

3) LEVANTAMIENTO DEL RECESO

SEÑOR PRESIDENTE.- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 10 minutos)

-El Senado ha sido convocado para que se levante el receso y se consideren los asuntos que figuran en el Orden del Día.

Se va a votar si se levanta el receso.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Habiendo número, está abierta la sesión.

4) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"El Poder Ejecutivo remite Mensaje solicitando venia para designar miembros integrantes de la Junta Asesora en Materia Económico-Financiera del Estado a la Escribana Beatriz Pereira López, al Doctor Adolfo Pérez Piera y al Contador José Pedro Laffitte Larronde.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

La Cámara de Representantes comunica que sancionó los siguientes proyectos de ley:

- por el que se concede una pensión graciable al señor Marcos Oscar Velázquez Vidal.

- por el que se crea el Consejo de Economía Nacional.

- por el que se concede una pensión graciable a la señora Adelina Pérez.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se regula la actividad de los mozos de cordel de los puertos de Colonia y de Montevideo, y se modifica la norma vigente en la materia;

- por el que se busca la inclusión y regularización de los contribuyentes del Banco de Previsión Social, al mismo tiempo que se establecen beneficios para los buenos pagadores.

La Comisión Especial del Deporte eleva informado un proyecto de ley por el que se establecen normas para la prevención de la violencia en el deporte y su régimen sancionatorio.

- HAN SIDO REPARTIDOS. ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Junta Departamental de Paysandú remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil Nicolás Olivera relacionadas con la aplicabilidad de la Ley de Caducidad.

- TENGASE PRESENTE."

5) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Los señores Senadores Francisco Gallinal y Enrique Antía presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se interpreta el alcance de los artículos 1º a 4º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986."

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

(Texto del proyecto de ley:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Interprétase el alcance de los artículos 1º a 4º de la Ley 15.848, de 22 de diciembre de 1986, declarando que no se encuentran comprendidos en el alcance de dicho marco normativo, cualquiera sea su autor, los siguientes delitos:

a) Los delitos que se hubieren cometido con el propósito de lograr, para su autor o para un tercero, un provecho o beneficio económico de cualquier naturaleza.

b) Los delitos que se hubieran cometido con sustracción o retención de menores.

c) Los homicidios de los Legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y los de William Whitelaw y Rosario Barredo de Whitelaw.

Artículo 2º.- Los pronunciamientos emanados del Poder Ejecutivo conforme a lo dispuesto por el Artículo 3º de la Ley 15.848, de 22 de diciembre de 1986, que hubieren declarado comprendidos dentro del artículo primero de dicha ley los hechos investigados, podrán ser objeto de un nuevo pronunciamiento del Poder Ejecutivo conforme a lo dispuesto por el referido artículo tercero inciso primero, si las conductas encuadran en alguna de las hipótesis referidas en los literales del artículo precedente.

Francisco Gallinal Nieto, Enrique Antía Behrens. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Sector Parlamentario Correntada Wilsonista del Partido Nacional considera oportuno y conveniente presentar el adjunto proyecto de ley con el propósito de aportar una interpretación auténtica de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que a nuestro juicio no ha tenido una correcta aplicación en algunas oportunidades, y que no deseamos sea mal aplicada en el futuro.

La ley 15.848 fue el resultado de la transición al régimen institucional vigente, donde se consagró la "caducidad de la pretensión punitiva" emanada de "la lógica de los hechos".

¿Cuál es la lógica de los hechos? El llamado Pacto del Club Naval, celebrado en plena dictadura, en el que participaron los militares que detentaban el poder por la fuerza, el Frente Amplio, el Partido Colorado y la Unión Cívica. Estuvo ausente el Partido Nacional.

Ese pacto generó una salida "renga"; así lo dejó de manifiesto el Gral. Medina al expresar: "nadie entrega todo a cambio de nada", en obvia alusión al acuerdo alcanzado en las instalaciones del Club Naval. Podríamos pues perfectamente, interpretando el artículo primero de la ley 15.848 señalar que la caducidad de la pretensión punitiva del Estado tuvo su origen en el entendimiento celebrado el 4 de agosto de 1984 en el Club Naval.

El Partido Nacional pagó un precio carísimo como consecuencia de dicho entendimiento, del que no fue protagonista; su candidato presidencial Wilson Ferreira Aldunate, no solo no pudo postularse a la primera magistratura, sino que se le mantuvo recluido en una prisión en un cuartel de Trinidad (Flores) hasta después de celebrarse los comicios generales el 26 de noviembre de 1984. Ferreira Aldunate fue liberado el 30 del mismo mes.

A partir del 1º de marzo de 1985 cuando asumió el gobierno del Partido Colorado, conducido por el doctor Julio María Sanguinetti, se presentaron decenas de denuncias por violaciones a los derechos humanos y desapariciones de personas ocurridas durante la dictadura (1973-85).

En septiembre de 1986 el gobierno de la época presentó un proyecto de amnistía para los militares que fue rechazado por el Partido Nacional y el Frente Amplio.

Pese a que no había participado en el Pacto del Club Naval y que no había tenido arte ni parte en el acuerdo con los militares, conscientes de la responsabilidad histórica, los blancos presentaron un proyecto de ley para juzgar a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales que habían violado los derechos humanos.

El proyecto nacionalista, juzgaba las torturas y violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos entre el 1º de marzo de 1967 y el 1º de marzo de 1985, por móviles políticos o en cumplimiento de sus funciones, o amparados en cualquier forma por el poder del Estado. También los delitos de homicidio, lesiones gravísimas, violaciones y la desaparición de personas.

El Partido Colorado no estuvo de acuerdo. Pero el Frente Amplio que hoy detenta el poder dijo NO, con un argumento nimio e infantil: que el proyecto de ley no podía tratarse como grave y urgente, sino como una iniciativa común.

Queda claro entonces, qué partido político intentó llevar a los militares ante los estrados judiciales. ¡Fue el Partido Nacional! Luego, como corresponde en un estado de derecho, sería el Poder Judicial que determinaría si los militares y policías debían ser procesados.

Tampoco fue el Partido Nacional quien sometió al escarnio público a la institución Fuerzas Armadas a través de los medios de comunicación, durante dos décadas, como sí lo han hecho integrantes del Frente Amplio. Fuerzas Armadas que debemos preservar como institución que nació antes de la fundación de la Patria Artiguista, más allá de las transgresiones cometidas por algunos de sus integrantes en determinados episodios históricos.

Si el Frente Amplio hubiera acompañado el proyecto del Partido Nacional, no hubiera habido Ley de Caducidad y hoy las energías del gobierno estarían enfocadas en otros temas, que tanto prometieron cambiar durante la última campaña electoral. Pero, el Pacto del Club Naval y el tema de las violaciones a los derechos humanos seguían "sobrevolando" como lo reconoció el presidente histórico del Frente Amplio, General Líber Seregni, el 1 de diciembre de 1986 en una reunión celebrada en el Palacio Estévez, donde participaron los pactistas y el Partido Nacional, representado por Wilson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereyra.

En medio de acaloradas discusiones políticas, los mandos militares de la dictadura, dieciséis generales se hicieron cargo de lo ocurrido en un documento firmado el 1º de octubre de 1986. Y también rechazaron el proyecto del Partido Nacional, al igual que el Frente Amplio en el Senado, seis días después.

Pero, incluso durante el régimen de facto, el después Presidente de la República, Teniente General Gregorio Alvarez, cuando era Comandante en Jefe del Ejército, el 3 de julio de 1978 se hizo responsable por las violaciones a los derechos humanos. A través de la orden 7777 en el numeral segundo estableció: "Este Comando General no permitirá ninguna forma de revisionismo de lo actuado por sus integrantes durante la guerra contra la subversión (…) si alguna actividad reñida con los derechos humanos se le adjudica, el suscrito se responsabiliza de haber dado la primera orden en tal sentido por su condición de jefe del Estado Mayor Conjunto en la época de referencia".

Para certificar aún más la conducta del Partido Nacional en este asunto, y cuando se juntaban firmas para plebiscitar la polémica ley que dividió a los blancos, el entonces Ministro de Defensa Nacional, Teniente General Hugo Medina, con quien el Frente Amplio había pactado en 1984, sancionó a militares que habían firmado para que la ciudadanía tomara una decisión soberana a través de las urnas.

El 30 de agosto de 1988 el Senador Carlos Julio Pereyra interpeló al Ministro Medina dejando en claro que nuevamente los militares intentaban avasallar el estado de derecho. El debate se extendió más de 20 horas, el Frente Amplio tuvo una actitud ambigua. ¿Acaso nuevamente el Pacto del Club Naval perseguía a esa fuerza política?

Luego que la ciudadanía ratificó la Ley de Caducidad, el 16 de abril de 1989, asumió por voto popular, en las primeras elecciones "verdaderamente libres" después de la dictadura, el gobierno del Partido Nacional, el 1º de marzo de 1990.

Durante la administración nacionalista, conducida por Luis Alberto Lacalle, no hubo un solo reclamo para que se aplicara el artículo cuarto de la polémica norma.

El tema se reaviva a partir de 1995 durante el segundo gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, luego de una entrevista que mantuvo el entonces Senador Rafael Michelini con miembros del Departamento de Estado de los Estados Unidos, según revelara, en la publicación "Mate Amargo" el hoy Legislador Eleuterio Fernández Huidobro, el 17 de marzo de 1997.

Michelini efectuó una denuncia penal el 20 de marzo de 1997, solicitando a la Justicia que ingresara a los cuarteles para excavar donde supuestamente había restos de desaparecidos.

El doctor Gonzalo Fernández, hoy secretario de la Presidencia de la República, quien ha llevado la voz cantante en el tema de los derechos humanos durante la actual administración del Frente Amplio, escribió un artículo en el semanario Brecha el 27 de marzo de 1997, fijando su posición, que para nada se condice con la postura que hoy esgrime desde el gobierno.

"Como jurista, debo atenerme a la caducidad y sepultar fantasías penales. De ahí que no alcance a percibir el sentido de esta nueva denuncia, empecinada en recorrer una vía muerta (…) pedirle a un juez que salga a remover tumbas por los cuarteles constituye una utopía jurídica", sostuvo Fernández.

Añadió: "el capítulo penal de los militares está definitivamente clausurado (…) Creo que esta nueva denuncia sólo contribuye a entorpecer una salida institucional. Enrarece el clima y obstruye una salida política".

Deberíamos preguntarnos que ocurrió en estos años para que el doctor Fernández cambiara tan radicalmente su posición. Son cambios de postura, cuya radicalidad sólo podría explicar si acaso, la que tan justificadamente -advertimos ahora- el Legislador denominara en la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, como la "lógica de los hechos", que continúa gestándose a través de los tiempos.

En el intento por terminar con el enfrentamiento entre los uruguayos, el Parlamento votó una serie de leyes para ayudar a la reconciliación nacional, que en su conjunto forman parte de un todo, la transición para superar un pasado doloroso y oscuro, pasado en que en todos los casos, el Partido Nacional, muchas veces en solitario, se paró siempre del lado de la democracia, de las libertades públicas y del respeto a los derechos humanos.

La ley 15.737 dictó una amplia amnistía para los guerrilleros tupamaros que robaron, secuestraron y mataron. Tan amplia fue que 35 guerrilleros miembros del MLNT, que se presume cometieron delitos de sangre, no estuvieron un solo minuto presos. Los culpables de asesinar a civiles, policías (en algunos casos por la espalda), al coronel Artigas Alvarez a quien confundieron con su hermano, Gregorio Alvarez y los cuatro soldados que custodiaban la casa del entonces Jefe del Ejército, General Florencio Gravina, quedaron también impunes.

También se dictó una ley, que permitió el retorno de los funcionarios públicos que habían sido separados de sus cargos por razones políticas e ideológicas durante el régimen de facto. El Estado pagó resarcimientos e indemnizaciones por cifras millonarias.

El país tiene inmensos desafíos por delante; la inserción en el mundo de hoy, el avance tecnológico, el progreso económico, la producción, el combate a la pobreza y la marginalidad, los retos de la salud, la educación y los cambios culturales, entre otros.

La vida sigue, y no podemos quedarnos en el medio del camino, inmóviles y mirando siempre hacia atrás.

El tema de la Ley de Caducidad no lo trajimos los blancos al escenario de 2005, lo puso el gobierno en el tapete y los firmantes consideramos fundamental aportar nuestro propio proyecto; porque se aplicó mal la ley en el pasado, porque no queremos que se aplique mal en el futuro.

El Frente Amplio parece que no sabe como salir del brete de sus propios compromisos contraídos en el Pacto del Club Naval. El Partido Nacional no tiene compromisos es-purios que lo aten. No estuvo comprometido ni con la violencia de la ultraizquierda ni con el autoritarismo de la ultraderecha. Tampoco con la dictadura, ni con el Pacto del Club Naval.

Si una misma ley tiene consecuencias diferentes según cual sea el gobierno de la República y el estado de ánimo de la población, entonces es una ley que debe ser interpretada por el Legislador para establecer claramente el alcance de la misma y no dejarlo librado a tales vaivenes.

Por eso el Partido Nacional decide interpretarla, lo cual implica la honestidad intelectual de no modificarla, de no aprovechar la oportunidad para hacerle decir lo que no dice. Se trata de interpretarla con seriedad, sin prejuicios, con rigor, sin temores y con respeto por lo que fue el claro pronunciamiento popular que la respaldó.

Es tiempo de que vaya dejando de ser asunto de los políticos para ser asunto de los historiadores.

Cuatro caminos posibles se le abren hoy al país en ésta materia: derogar, anular, o interpretar la ley, o no hacer nada. Descartamos esto último porque sería lavarnos las manos. Derogar es inconducente, pues no produce efecto jurídicos relevantes. Tampoco anular, cuando de materia penal se trata. Interpretar es el camino correcto, pero en tanto se haga en forma auténtica, respetando la voluntad del Legislador de 1986, de manera que la nueva ley surta sus efectos desde la fecha de la ley interpretada.

Por este motivo proponemos el siguiente proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aclarando el alcance de la ley 15.848 en aquellos puntos que, a nuestro juicio, no hay lugar a dos opiniones. Así por ejemplo el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz, como el de Whitelaw y Barredo, nunca fueron comprendidos por la ley de caducidad como expresamente lo manifestaron sus autores en la propia exposición de motivos del proyecto de ley (ver Diario de Sesiones del Senado de la República del 19 y 20 de diciembre de 1986).

El proyecto como puede advertirse, no ingresa en la esfera del Poder Judicial de manera de custodiar y preservar su independencia. Faculta sí al Poder Ejecutivo, cuyas decisiones emitidas en cumplimiento del Art. 3 de la ley de Caducidad, bajo ningún concepto pueden adquirir el carácter de cosa juzgada, a revisar esos pronunciamientos y dictar una nueva resolución en función de los elementos que considere del caso -y necesariamente debe- aportar.

Francisco Gallinal Nieto, Enrique Antía Behrens. Senadores."

6) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de varios pedidos de informes.

(Se da de los siguientes:)

"De conformidad con el artículo 118 de la Constitución de la República:

- el señor Senador Julio C. Lara solicita se curse los siguientes pedidos de informes:

- con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca relacionado con el control y permisos de pesca comerciales.

- con destino al Ministerio de Defensa Nacional relacionado con el control de salidas de las embarcaciones con permiso de pesca comercial.

- el señor Senador Jorge Larrañaga solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y a la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (URSEC) relacionado con una posible suscripción con la República Bolivariana de Venezuela de un convenio, acuerdo o contrato en el cual se cede una posición orbital de nuestro país.

- OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS."

"Montevideo, 20 de diciembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Ud. para que de conformidad con el artículo 118 de la Constitución de la República, se curse al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el siguiente pedido de informes:

1) Listado de los permisos de pesca comerciales, de todas las categorías, otorgados por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos desde el 1º de enero de 2005 a la fecha, incluyendo los que hubieran vencido dentro de ese lapso y nombre de los representantes legales de cada permisario. Sírvase remitir fotocopia de cada permiso.

2) Listado completo de las capturas de las embarcaciones con permisos de pesca comercial, detallando las especies, desde el 1º de marzo de 2005 a la fecha.

3) Nómina de observadores habilitados.

4) Listado de observadores designados por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos que embarcaron, desde el 1º de marzo de 2005 a la fecha, detallando: nombre del buque, categoría de permiso de pesca y copia del informe de cada observador.

5) Frente a un informe del observador en el cual denuncia irregularidades durante la captura o en el manejo de la misma, ¿cómo actúa la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos?

6) ¿Qué medidas ha tomado la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos frente a la Resolución Nº 01/05 de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo? Detallar actuaciones cumplidas y resultados.

7) Informar si la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos realiza control satelital de los buques a través de los V.M.S. En caso afirmativo, explicar cómo lo realiza.

8) ¿Concurrió la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos a la reunión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, realizada en el pasado mes de noviembre en Sevilla, España? En caso afirmativo: ¿Quiénes integraron la delegación? Detallar escalafón y grado de cada integrante de la delegación y función que cumple en la citada Dirección.

9) ¿Fue designado algún funcionario de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos en el cargo de Secretario de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo? En caso afirmativo: fecha en que fue notificado el funcionario, fecha en que dejó de prestar funciones en la Dirección antes mencionada.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Julio C. Lara Gilene. Senador.

Montevideo, 20 de diciembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores.

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Ud. para que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, se curse al Ministerio de Defensa Nacional, el siguiente pedido de informes:

1) Nómina de las salidas de todas las embarcaciones con permiso de pesca comercial, desde el 1º de marzo a la fecha y rol de la tripulación.

2) Sírvase remitir las posiciones registradas por el V.M.S de los buques con permiso de pesca, categoría B, desde el 25 de octubre a la fecha.

3) Sírvase remitir las posiciones registradas por el seguimiento satelital de los B/P AUSTRALIS y BOREALIS, con permiso de pesca categoría D, desde su primer zarpe a la fecha.

4) Sírvase remitir las posiciones registradas por el seguimiento satelital de los B/P FEIXE, GRANPIANFURI, ZAANDAN y RIO SOLIS desde el 1º de marzo de 2005 a la fecha.

5) Sírvase enviar copia de las Matrículas de Cabotaje de buques pesqueros, otorgadas desde el 1º de marzo de 2004 a la fecha.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Julio C. Lara Gilene. Senador.

Lunes, 19 de diciembre de 2005.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra mayor consideración:

Atento a lo dispuesto por el Artículo 118 de la Constitución de la República elevamos a Usted a efectos de solicitar al Poder Ejecutivo con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (URSEC), el siguiente pedido de informes:

1. ¿El MIEM suscribió algún tipo de convenio, acuerdo o contrato con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela mediante el cual se cedió una posición orbital uruguaya a dicho país? En caso afirmativo se solicita el envío de la documentación referida a esta Cámara.

2. ¿Se requirió el informe técnico previo de la URSEC para la firma del acuerdo precitado? En caso afirmativo se solicita se adjunten dichos informes; en caso negativo se solicita se informe porque no se realizó dicha consulta técnica.

3. ¿Se estableció un procedimiento mediante el cual la responsabilidad internacional del Gobierno uruguayo (ante terceros países y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) quedará a salvo de situaciones que el accionar de los concesionarios puedan acarrear tanto en lo político como en lo pecuniario? En caso afirmativo se solicita se indique claramente los procedimientos empleados, en caso negativo se solicita se señale el porqué de dicha omisión.

4. ¿Se realizó un llamado abierto nacional e internacional a efectos de determinar la existencia de otros interesados en la posición orbital referida? En caso afirmativo se solicita se envíe el llamado correspondiente, los elementos empleados para su difusión y toda la documentación vinculada; en caso negativo se solicita se específique la razón de esta omisión.

5. ¿Se realizó una evaluación técnica que concluyera que la tecnología del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela fuera la adecuada en materia satelital? En caso afirmativo se solicita dicha evaluación; en caso negativo se explique las razones por las cuales no se consideró pertinente dicho estudio.

6. ¿Está nuestro país facultado de acuerdo a la normativa de la UIT para ceder a otro país la posición orbital de referencia, se formuló a la UIT las consultas pertinentes? En caso afirmativo se solicita se envíe la documentación de respaldo, en caso negativo se explique el porqué de dicha omisión.

7. ¿Qué procedimientos fueron establecidos para que el Uruguay fiscalice el funcionamiento de dicho satélite, así como la asignación efectiva del porcentaje de la capacidad del satélite que sería de utilización uruguaya? Se solicita se envíen los procedimientos de contralor previstos y en caso de no existir los mismos se explique el porqué de dicha omisión.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle con la mayor distinción.

Jorge Larrañaga. Senador."

7) INASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a la anterior convocatoria, en el caso de que existieran.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

A la sesión extraordinaria del día de ayer faltó con aviso el señor Senador Luis Alberto Heber.

En lo que respecta a las inasistencias de los señores Senadores a sus respectivas Comisiones, cabe informar que: a la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del día de ayer, faltaron con aviso los señores Senadores Larrañaga, Michelini y Nicolini; a la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del mismo día, faltaron con aviso los señores Senadores Alfie y Saravia; y a la sesión de la Comisión Especial de Deporte del mismo día, faltó con aviso el señor Senador Nicolini.

8) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Acaba de ingresar la propuesta del Poder Ejecutivo para designar los integrantes de la Junta Anticorrupción. Como no es posible considerar ese asunto en esta sesión, propongo realizar una sesión extraordinaria del Senado el día de hoy, una vez que finalice la que estamos realizando, a fin de considerar la integración de la Junta Anticorrupción.

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS .- Señor Presidente: no sé si la idea es utilizar todo el tiempo que sea necesario para agotar la consideración de todos los puntos del Orden del Día de la sesión de hoy, por lo cual sugiero que aquellos que queden sin resolución, sean incorporados a esa otra sesión extraordinaria que acaba de proponer el señor Senador Couriel.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: comprendo que se trata de un tema trascendente pero advierto que recién hemos recibido el material y ni siquiera hemos tenido tiempo de estudiar los currículos. En tal sentido, no creo que sea un buen procedimiento considerarlo en el día de hoy. Adelanto que no tenemos ningún inconveniente en concurrir a una sesión extraordinaria la semana que viene o el día de mañana, porque consideramos que el tema lo amerita. En definitiva, creo que de aprobarse de esta forma, no le hace bien a la propia designación.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: advierto que la única intención de mi propuesta era no tener que venir otro día. Entonces, si el ambiente es el de realizar una sesión en otro momento, no tengo ningún inconveniente. En tal sentido, podemos celebrarla mañana o la semana próxima

SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que lo mejor es que mientras avanza esta sesión, se reúnan los coordinadores de Bancada y resuelvan cuál es el mejor momento para llevar a cabo esa sesión extraordinaria.

9) ORDEN DEL DIA. ALTERACION

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- En primer lugar del Orden del Día figura el Tratado de inversiones entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos, tema que supongo dará lugar a un debate bastante largo. Por lo tanto, mociono que se altere el Orden del Día y se declare urgente la consideración del proyecto de ley de los Mozos de Cordel, que podrá resolverse con una dosis de celeridad mayor.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 10 en 24. Negativa.

SEÑOR CID.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: todos tenemos interés en resolver el tema de los Mozos de Cordel y partimos de la base de que ya ha sido discutido a nivel de las distintas Bancadas y de que hay disposición por resolverlo. Nos parece interesante la propuesta del señor Senador Moreira, pero, en realidad, esta es una sesión extraordinaria que no tiene límite para el tratamiento de los temas, motivo por el cual se agotará el Orden del Día, así sea de madrugada.

Por lo tanto, mi voto negativo es en el sentido de que el Tratado de Inversiones entre nuestro país y los Estados Unidos es prioritario y ha sido motivo de discusión pública, razón por la cual creemos que debe ser resuelto lo antes posible. Posteriormente, consideraremos los otros asuntos que son menos conflictivos. En definitiva, eso es lo que justifica mi voto negativo, que no debe entenderse como una oposición a tratar ese tema.

SEÑOR RIOS.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIOS.- Señor Presidente: en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social estuvimos tratando este proyecto de ley que vino de la Cámara de Representantes. Entendemos la urgencia que existe y debo recordar que asumimos el compromiso político de tratarlo en el día de hoy, y vamos a cumplir.

Nada más. Muchas gracias.

10) PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en primer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Tratado entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América, relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. (Carp. Nº 414/05 - Rep. Nº 183/05)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 414/05

Rep. Nº 183/05

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 5 de diciembre de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 168, numeral 20 y 85, numeral 7, de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, por el que se aprueba el Tratado entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito en Mar del Plata, el 4 de noviembre de 2005.

I. ANTECEDENTES

La inversión es un componente especial para el crecimiento de la economía uruguaya, constituyendo la captación de inversión extranjera, un objetivo estratégico para el Uruguay. En este marco, es fundamental la existencia de normas que brinden seguridad jurídica a los inversores. La celebración de Tratados en materia de inversiones cumple una función de una gran utilidad a los efectos de eliminar la preocupación puesta de manifiesto en forma frecuente por los inversores internacionales, en cuanto a los perjuicios potenciales que un país receptor pueda ocasionar a sus inversiones, resultantes de cambios en las reglas internas, fundamentalmente a través de la imposición de medidas discriminatorias para las inversiones extranjeras, aun en el caso de que en el país no existan normas que discriminen contra los no nacionales.

En este sentido, cabe destacar que nuestro país ha suscrito acuerdos de inversión con veinticinco países, en el siguiente orden cronológico: Países Bajos (1988), Suiza (1988), Hungría (1989), Italia (1990), Rumania (1990), Polonia (1991), Reino Unido (1991), Bélgica - Luxemburgo (1991), España (1992), Francia (1993), República Popular China (1993), Malasia (1995), Chile (1995), República Checa (1996), Venezuela (1997), Suecia (1997), Portugal (1997), Canadá (1997), Panamá (1998), Israel (1998), México (1999), El Salvador (2000), Australia (2001), Finlandia (2002) y Armenia (2002).

Estados Unidos es actualmente el primer socio comercial del Uruguay, representando el veinte por ciento del total de las exportaciones uruguayas al exterior, alcanzando la cifra de 576 millones de dólares en el año 2004. En el mundo contemporáneo, comercio e inversión son dos variables crecientemente vinculadas. De ahí la importancia de contar con un instrumento que establezca reglas de juego comunes y que, de esa manera, proporcione mayor certeza a los operadores económicos.

El anterior Gobierno firmó un Tratado de Inversiones con Estados Unidos, que a juicio de la actual Administración, debía ser revisado para corregir algunos elementos importantes de dicho instrumento.

Por ese motivo, el Presidente de la República, en oportunidad de su visita a la ciudad de Washington, expresó a las autoridades estadounidenses su voluntad de iniciar negociaciones para la firma de un nuevo Tratado entre ambos Estados. Una vez concluidas las negociaciones, se procedió a la firma del nuevo Tratado sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, el pasado 4 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata (República Argentina).

Debe señalarse que no se conocen antecedentes de renegociación de un Tratado ya suscripto por parte de los Estados Unidos a solicitud de la contraparte, y que fueron acogidas en su totalidad dos de las tres propuestas de modificación presentadas por Uruguay (restablecimiento de la igualdad jurídica de los Estados en cuanto a la denegación de beneficios -Artículo 17- y la Declaración interpretativa de Uruguay relativa a la Cláusula de la Nación Más Favorecida). Si bien la propuesta uruguaya original en materia de solución de controversias relativa al establecimiento de un tribunal arbitral ad hoc no fue recogida, se arribó a una solución que resulta satisfactoria para la República.

II. EL TEXTO SUSCRIPTO.

El Tratado recientemente suscripto consta de un Preámbulo y treinta y siete artículos sistematizados en tres secciones. Cuenta además con diez anexos y un protocolo.

II.1. Preámbulo

Del Preámbutlo se desprende el espíritu del instrumento. En efecto, el mismo está inspirado en el deseo de promover una mayor cooperación económica entre ambos Estados, reconociendo que el acuerdo sobre el trato que se le brinde a las inversiones será un factor de estímulo para el movimiento del capital privado y el desarrollo económico.

Asimismo, se hace referencia a la importancia de que las inversiones cuenten con un marco estable y de proporcionar mecanismos eficaces para la solución de las controversias que permitan hacer valer los derechos relacionados con las inversiones.

Finalmente, se destaca la necesidad de compatibilizar todos los objetivos señalados con la protección de la salud, la seguridad, el medio ambiente, la promoción de la protección al consumidor y los derechos laborales reconocidos internacionalmente.

II.2. Definiciones

En el Artículo 1º se incluyen las definiciones de términos esenciales en la estructura del Tratado, brindando una interpretación unívoca que asegura la adecuada aplicación del instrumento.

II.3. Alcance y ámbito de aplicación del Tratado.

Según el Artículo 2, el Tratado se aplica a las medidas adoptadas o mantenidas por una Parte relativas a inversores de la otra Parte, a inversiones cubiertas y a todas las inversiones, con respecto a los Artículos 8, 12 y 13.

Por su parte, las obligaciones de una Parte descritas en la Sección A se aplican a empresas estatales (pertenecientes tanto al ámbito nacional como departamental) u otras personas en ejercicio de autoridad administrativa, reguladora u otra autoridad gubernamental delegada a la misma por esa Parte, así como a las subdivisiones políticas de dicha Parte.

II.4. Principios de Trato Nacional y de Nación Más Favorecida.

En los Artículos 3 y 4 se establecen en forma clara los principios de Trato Nacional y Trato de Nación Más Favorecida. Ambas disposiciones tienden a ofrecer similar trato y protección a las inversiones de nacionales y extranjeros para no discriminar en relación a sus orígenes.

Lo dispuesto en materia de Trato Nacional no impide a una Parte, que adopte o mantenga una medida que establezca formalidades especiales conexas a una inversión cubierta, como por ejemplo, que el inversor sea residente de la Parte (Artículo 15 (I)). Igualmente, una Parte podrá exigir a un inversor de la otra o su inversión cubierta, que proporcione información sobre la inversión, exclusivamente con fines informativos o estadísticos (Artículo 15 (2)).

Con respecto a la Cláusula de Nación Más Favorecida, corresponde destacar la Declaración interpretativa presentada por Uruguay al momento de la suscripción, a la que se hará referencia en la sección III.

II.5. Nivel Mínimo de Trato.

En el Artículo 5 se establece el principio de Nivel Mínimo de Trato, que se define en el inciso primero de dicho artículo como el otorgamiento a las inversiones cubiertas de "un trato acorde con el derecho internacional consuetudinario, incluido el trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plena", entendiendo por "trato justo y equitativo" la obligación de no denegar justicia en procedimientos criminales, civiles o contencioso administrativos de conformidad con el debido proceso recogido en los principales sistemas jurídicos del mundo.

II.6. Expropiación e indemnización.

El Artículo 6 fija reglas para la expropiación. Así, sólo podrá procederse a la misma por causa de utilidad pública, en forma no discriminatoria, siguiendo el debido proceso legal, respetando el nivel mínimo de trato y pagando la correspondiente indemnización en forma pronta, adecuada y efectiva. La indemnización deberá ser equivalente al valor justo de mercado de la inversión expropiada a la fecha de la expropiación, no reflejará ningún cambio en el valor en razón de que se haya conocido la intención de expropiar con antelación, será completamente liquidable y libremente transferible. Como puede observarse, esta disposición se ajusta a las disposiciones constitucionales nacionales en la materia.

II.7. Transferencias.

En materia de transferencias, el Artículo 7 establece el principio de que cada Parte permitirá que todas las transferencias relacionadas con una inversión cubierta se realicen libremente y sin demora desde y hacia su territorio. Se establece que se incluye bajo dicho concepto.

II.8. Requisitos de Desempeño.

Los llamados Requisitos de Desempeño están contemplados en el Artículo 8, a través del cual se ponen en pie de igualdad las inversiones sin discriminación por razones de origen.

II.9. Altos Ejecutivos y Directorios.

El Artículo 9 se refiere a los Altos Ejecutivos y Directorios estableciéndose que ninguna Parte podrá exigir que una empresa de esa Parte, en tanto se trate de una inversión cubierta, designe a individuos de alguna nacionalidad en particular para ocupar puestos de alta dirección. No obstante, una Parte podrá exigir que la mayoría de los miembros de un directorio de una empresa de esa Parte que sea una inversión cubierta, sea de una determinada nacionalidad o sea residente en el territorio de la Parte, mientras no se menoscabe en forma significativa la capacidad del inversor para ejercer el control de su inversión.

II.10. Publicidad, transparencia, seguridad y divulgación de información.

Las Partes garantizan la publicación de sus leyes, reglamentaciones, procedimientos y resoluciones administrativas, de aplicación general, así como sus fallos relativos a los asuntos comprendidos en este Tratado (artículo 10).

Para mejor proveer, el Artículo 11 prevé el establecimiento, en la medida de lo posible, de puntos de contacto que permitan una comunicación más fluida sobre cualquier aspecto comprendido en el Tratado. Asimismo, se prevé -también en la medida de lo posible- la publicación por adelantado de las medidas previstas en el Artículo 10 (1) (a) que una de las Partes proponga adoptar, la posibilidad de formular comentarios sobre las medidas propuestas, la notificación y el suministro de información, así como el establecimiento de procedimientos administrativos y la posibilidad de interponer revisiones y apelaciones.

Las Partes no estarán obligadas a proporcionar ni permitir el acceso a información cuya divulgación considere contraria a sus intereses esenciales en materia de seguridad. Asimismo, nada impedirá a las Partes aplicar medidas que entienda necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones con respecto al mantenimiento y restauración de la paz y la seguridad internacionales o para proteger sus intereses esenciales en materia de seguridad (Artículo 18). De conformidad con el derecho internacional, cualquier medida adoptada por un Estado debe respetar el orden jurídico internacional.

Las Partes no estarán obligadas a proporcionar o permitir el acceso a información cuya divulgación puede impedir hacer cumplir la ley o que sea contraria al interés público o que pueda perjudicar los intereses comerciales legítimos de empresas particulares, sea públicas o privadas (Artículo 19).

II.11. Inversión, medio ambiente y legislación laboral.

Tal como se señalara en el Preámbulo, la promoción del comercio y de la inversión debe ser compatible con ciertos principios básicos. Es así que los Artículos 12 y 13 tratan, respectivamente, de la inversión y el medio ambiente y de la inversión y la legislación laboral, con la finalidad de mantener altos estándares de protección del medio ambiente y de las normas laborales de ambas Partes en relación con las inversiones a que refiere el Tratado. Cabe destacar en este sentido, que la referencia a la legislación laboral involucra las leyes o reglamentos de cada Estado, o disposiciones directamente relacionadas con derechos laborales internacionalmente reconocidos como el derecho de asociación y negociación colectiva, prohibición de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio, leyes de protección laboral para niños y jóvenes, determinación de una edad mínima para el empleo de niños, prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil y condiciones aceptables de trabajo en cuanto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional.

II.12. Medidas disconformes.

Las medidas disconformes son aquellas medidas de las Partes, que se exceptúan de la normativa general del Tratado y que se describen en los Anexos I, II y III.

II.13. No derogación.

El Tratado no será derogado pese a la existencia de normas que establezcan disposiciones más favorables para inversores de una Parte o de una inversión cubierta (Artículo 16).

II.14. Denegación de beneficios.

Por el Artículo 17 se permite la denegación de beneficios en determinados casos por parte de ambos Estados contratantes. Ello podrá ocurrir en la hipótesis de que empresas de la otra Parte sean controladas o de propiedad de inversores pertenecientes a un país que no es Parte y no mantiene relaciones diplomáticas con la otra Parte o si esta adopta o mantiene medidas en relación con un país que no es Parte o con una persona de un país que no sea Parte, que prohíban transacciones con esa empresa, y que serían violadas o eludidas si los beneficios del Tratado fueran otorgados a esa empresa o a sus inversiones.

Este es uno de los artículos más importantes del Tratado, por cuanto, al modificar la versión anterior de esta disposición, logra el objetivo de restablecer el principio de la igualdad jurídica entre los Estados, pilar fundamental del Derecho internacional, sobre el que se ha construido toda la arquitectura jurídica internacional, a partir de las Naciones Unidas.

II.15. Servicios Financieros.

El Artículo 20 regula con detalle lo atinente a Servicios Financieros, en particular en relación a posibles situaciones en donde se pretenda acudir a un arbitraje, estableciendo determinados requisitos previos que aseguran un adecuado margen de acción a las autoridades supervisoras y reguladoras del sector.

II.16. Tributación.

El Artículo 21 establece en su primer párrafo que con excepción de lo dispuesto en ese artículo, nada de lo establecido en este Tratado se aplicará a medidas tributarias, estableciendo a continuación diversas reglas y criterios. Se establecen las situaciones en que regirán los principios de Trato Nacional y Trato de la Nación Más Favorecida, exceptuándose los impuestos directos y otros casos que se detallan. A continuación, se prevén otras situaciones en materia tributaria, como por ejemplo, las expropiaciones (párrafo 3). Finalmente, el párrafo séptimo de este artículo establece las relaciones que deben prevalecer con respecto a un convenio tributario entre las Partes, consagrando la primacía de este último.

II.17. Solución de Controversias.

El régimen de solución de controversias ha sido minuciosamente regulado en la Sección B.

II.17.a. Negociación y consultas.

En caso de que se suscite una controversia relativa a una inversión, las Partes en la misma, deberán recurrir, en primera instancia, a las consultas y a la negociación. Este mecanismo puede incluir la aplicación de procedimientos que impliquen la intervención de terceros con carácter no obligatorio.

II.17.b. Arbitraje.

Transcurridos seis meses desde que tuvieron lugar los hechos que motivan la demanda y, luego de agotadas las instancias de negociación y consultas, cualquiera de las Partes contendientes puede recurrir al arbitraje. La reclamación podrá hacerse de conformidad con el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (CIADI), o con las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI o de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) o si el demandante y el demandado así acuerdan, a cualquier otro órgano de arbitraje o de conformidad con cualesquiera otras reglas de arbitraje (Artículo 24, párrafo 3). Se establece que, en caso de que dichas reglas sean modificadas por el Tratado, éste tendrá primacía (Artículo 24, párrafo 5).

La Parte que someta una reclamación a arbitraje, deberá entregar al demandado una notificación escrita de su intención de hacerlo, con una antelación de por lo menos noventa días (Artículo 24, párrafo 2). En este aspecto, surge una modificación del nuevo Tratado, por cuanto en la notificación, el demandante deberá incluir el nombre del árbitro que designa, o su consentimiento escrito para que la designación sea efectuada por el Presidente del Consejo Administrativo del CIADI (Artículo 24, párrafo 6). La modificación radica en que la designación del árbitro -a falta de elección por la Parte contendiente- no la realiza el Secretario General del Centro sino el Presidente del órgano en que se encuentran representados los Estados Contratantes del CIADI, hecho que adecua lo previsto en el Tratado a las reglas establecidas en la propia Convención del CIADI.

Es importante destacar la importancia que reviste el Convenio del CIADI en el marco de la legislación internacional en materia de inversiones. En efecto, es un Tratado suscrito por ciento cuarenta y seis países, del que Uruguay es Parte. El CIADI está involucrado en ochocientos Tratados de libre comercio y Tratados bilaterales de inversión en todo el mundo, sus procedimientos están regulados y ofrecen seguridad jurídica.

II.17.c. Consentimiento.

El Artículo 25 prevé el consentimiento de cada Parte en someter una reclamación a arbitraje, con arreglo a esta Sección y de conformidad con este Tratado. A continuación se explicitan los requisitos que deberá tener ese consentimiento de acuerdo al Convenio a que habrá de ajustarse el procedimiento de arbitraje.

II.17.d. Condiciones y limitaciones al consentimiento de las Partes.

Por su parte, el artículo 26 establece condiciones y limitaciones al consentimiento de las Partes contendientes. Ninguna reclamación podrá someterse a arbitraje, si han transcurrido más de tres años a partir de la fecha en que el demandante por primera vez tuvo o debió haber tenido conocimiento del incumplimiento alegado. También se supedita el derecho al arbitraje a que el demandante lo consienta por escrito, de conformidad con los procedimientos previstos por este Tratado y a que la notificación de arbitraje se acompañe de la renuncia por parte del demandante de cualquier derecho a iniciar o continuar, ante un tribunal judicial o administrativo sujeto a la legislación de cualquiera de las Partes u otros procedimientos de solución de controversias, cualquier acción relacionada con medidas respecto de las cuales se sostiene que constituyen un incumplimiento previsto en el Artículo 24.

II.17.e. Designación de los árbitros.

Salvo que las Partes contendientes acuerden otra cosa, el tribunal estará integrado por tres árbitros, un árbitro designado por cada una de ellas y el tercero, que será el árbitro Presidente, designado por acuerdo entre las Partes contendientes (Artículo 27). El principio para esta designación es el acuerdo de las Partes.

Si pasado setenta y cinco días, éstas no se pusieran de acuerdo en la designación del tercer árbitro, éste será designado por el Presidente del Consejo Administrativo del CIADI. En este sentido, corresponde destacar que esta competencia ya se encuentra prevista en el Artículo 38 del Convenio del CIADI de 1965. El Consejo Administrativo, es un órgano del CIADI, integrado por un representante de cada uno de los Estados Contratantes, cuyo Presidente no tiene derecho a voto. El cargo de Presidente del Consejo es ocupado ex-oficio por el Presidente del Banco Mundial. Por tanto, a falta de acuerdo, la designación del tercer árbitro se realiza por la máxima autoridad del Centro, Presidente de un Consejo Administrativo que integra Uruguay.

II.17.f. Procedimiento arbitral.

En el Artículo 28 se regula en forma detallada el procedimiento de arbitraje y en el Artículo 29 se asegura la transparencia de los procedimientos.

II.17.g. Derecho aplicable.

El Artículo 30 establece el Derecho Aplicable en una controversia. El primer párrafo de este artículo establece como principio general que el Tribunal decidirá las cuestiones en controversia de conformidad con este Tratado y con las normas aplicables del Derecho Internacional, cuando el objeto de la controversia sea la violación de una obligación prevista por los Artículos 3 a 10.

Cuando el objeto de la controversia sea la violación de una autorización o de un acuerdo de inversión, el tribunal deberá aplicar las normas legales establecidas en el acuerdo de inversión o en la autorización de inversión pertinente, o según lo convenido por las Partes contendientes. Si las normas legales no han sido específicadas o acordadas de otro modo, el tribunal deberá aplicar la legislación del demandado (incluidas sus normas sobre conflicto de leyes) y las normas de Derecho Internacional aplicables.

II.17.h. Interpretación de los Anexos.

El Tratado prevé la intepretación conjunta de las Partes sobre el alcance de los ítems de los Anexos I, II o III (artículo 31). Esta tendrá lugar a solicitud del Tribunal, a petición del demandado, en caso de que éste afirme como defensa que la medida cuestionada está comprendida dentro del alcance de alguno de los ítems de uno de los Anexos mencionados.

La interpretación constará en una decisión conjunta que las Partes deberán presentar por escrito al Tribunal, dentro de los sesenta días siguientes a la solicitud. Esta decisión será obligatoria para el Tribunal y cualquier decisión que adopte este último, deberá ser compatible con la decisión. Si pasados los sesenta días, las Partes no hubieran adoptado ninguna decisión, el Tribunal decidirá sobre la cuestión.

II.17.i. Designación de expertos.

De conformidad con el Artículo 32, el Tribunal a petición de una Parte contendiente o por iniciativa propia, a menos que las partes contendientes lo desaprueben, podrá designar uno o más expertos para que se expidan sobre cuestiones de hecho relativas a temas ambientales, de salud, de seguridad u otros temas científicos planteados por una Parte contendiente. Esta designación podrá efectuarse sin perjuicio de la designación de otro tipo de expertos cuando lo autoricen las reglas de arbitraje aplicables.

II.17.j. Acumulación de procedimientos.

El Artículo 33 aborda la situación planteada en caso de que existan dos o más reclamaciones sometidas a arbitraje por separado y que planteen una cuestión de hecho o de derecho en común, resultando de los mismos hechos o circunstancias. En ese caso, cualquiera de las Partes contendientes podrá solicitar al Secretario General la acumulación de procedimientos.

Ello determinará la constitución de un Tribunal (párrafo 3). Aquí aparece otra de las modificaciones incorporadas por el Tratado. En efecto, a menos que todas las Partes contendientes respecto de las que se solicita la orden de acumulación convengan de otro modo, el Tribunal que se establezca estará integrado por un árbitro designado por acuerdo de los demandantes, otro será designado por el demandado y el árbitro Presidente será designado por el Presidente del Consejo Administrativo -y no por el Secretario General del Centro, como lo establecía el Tratado anterior-, en el entendido de que no podrá ser nacional de ninguna de las Partes (párrafo 4). También corresponde al Presidente la designación, en caso de que el demandado o los demandantes no designen un árbitro. En el primer caso (demandado), la designación deberá recaer en un nacional de la Parte contendiente y en el segundo (demandantes), en un nacional de la Parte no contendiente (párrafo 5).

El Tribunal constituido conforme a este artículo llevará adelante el procedimiento según las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) (párrafo 8).

II.17.k. Laudo.

El Artículo 34 se refiere a los Laudos determinándose en forma precisa su alcance. En este sentido, se dispone que cuando el tribunal dicte un laudo definitivo en contra del demandado, sólo se podrán otorgar daños pecuniarios y los intereses que procedan, y restitución de la propiedad, en cuyo caso se dispondrá que el demandado podrá pagar daños pecuniarios más los intereses que procedan en lugar de la restitución. Asimismo, se podrán adjudicar las costas y honorarios de abogados, según lo dispuesto en el Tratado y en las reglas de arbitraje aplicables. El tribunal no podrá ordenar el pago de daños de carácter punitivo.

El laudo tiene carácter obligatorio para las Partes contendientes, debiendo ser cumplido sin demora. Además, el párrafo 6 refiere a las condiciones para su ejecución, estableciéndose medidas para el caso de incumplimiento o no acatamiento de un laudo por parte del demandado (párrafo 8).

II.18. Solución de Controversias entre Estados.

La Sección C se refiere a la Solución de Controversias entre Estados. El principio general está establecido en el párrafo primero el cual dispone que, exceptuándose las cuestiones que surjan conforme a los artículos 12 ó 13, toda controversia entre las Partes sobre la interpretación o aplicación de este Tratado, que no haya sido resuelta por la vía de consultas u otros canales diplomáticos, será sometida a arbitraje a solicitud de cualquiera de las Partes, con el fin de que un tribunal emita una decisión o laudo vinculante con arreglo a las reglas de derecho internacional aplicables. A menos que las Partes acuerden lo contrario, se aplicarán las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), con excepción de las modificaciones que las Partes o el Tratado introduzcan.

A menos que las Partes acuerden otra cosa, el tribunal estará integrado por tres árbitros: uno designado por cada Parte y el tercero (árbitro presidente), que será designado de común acuerdo por las Partes. Si transcurridos setenta y cinco días desde el sometimiento a arbitraje según esta Sección no se ha constituido el tribunal, el Presidente del Consejo Administrativo, a solicitud de una de las Partes, designará a su discreción, al árbitro o árbitros que aún no hayan sido designados. Este párrafo vuelve a introducir una innovación, en tanto la autoridad que interviene a falta de elección de las Partes no es el Secretario General del Centro, como en el Tratado anterior, sino el Presidente del órgano que reúne a los representantes de todos los Estados contratantes del Convenio.

II.19. Anexos.

Mientras en el Anexo A, se explicita lo que las Partes entienden por Derecho Internacional Consuetudinario, el Anexo B sobre Expropiación, aclara disposiciones del Tratado que se refieren a dicho instituto, en particular el párrafo 1 del artículo 6, precisando su alcance.

Por su parte, el Anexo C establece una limitación para el sometimiento de una reclamación a arbitraje por parte de un inversor de los Estados Unidos, si el inversor o la empresa respectivamente, ha alegado esa violación conforme a los artículos 3 a 10 en procesos realizados ante un tribunal judicial o administrativo en Uruguay.

En el Anexo D se incluyen domicilios especiales para el diligenciamiento de la documentación en cada una de las Partes.

De conformidad con el Anexo E, pasados tres años de la entrada en vigor del Tratado, las Partes se comprometen a analizar la posibilidad de establecer un órgano bilateral de apelación o un mecanismo similar, a los efectos de revisar los laudos arbitrales dictados de conformidad con el artículo 34, para arbitrajes iniciados luego del establecimiento de dicho órgano de apelación o similar.

El Anexo F, relativo a Servicios Financieros aclara conceptos en relación al tratamiento que cada parte debe otorgar de conformidad con el artículo 3 (Trato Nacional) y artículo 4 (Trato de Nación Más Favorecida).

El Anexo G, que refiere a la Reestructuración de Deuda Soberana, impide el recurso a arbitraje en relación a un instrumento de deuda emitido por el Uruguay cuando se trate de una "reestructuración negociada". Esta se define en el Anexo como la reestructuración o reprogramación de un instrumento de deuda efectuado a través de una modificación de los términos principales de pago de dicho instrumento de deuda, según lo previsto en las condiciones del mismo, o bien a través de un canje de deuda u otro proceso en el cual los tenedores de no menos del porcentaje de deuda especificada en el párrafo 2(b) han consentido en dicho canje u otro proceso. Asimismo, en caso de que fuera admisible un recurso de arbitraje en relación a una reestructuración de deuda emitida por Uruguay, se requiere que hayan transcurrido doscientos setenta días de la fecha en que se generaron los eventos que dan origen a la reclamación (párrafo 3).

Por su parte, en los Anexos I y III se incluyen, de conformidad con el artículo 14 (Medidas Disconformes), las medidas existentes o la lista de medidas existentes en una Parte que no están sujetas a algunas o a todas las obligaciones previstas en los artículos 3 (Trato Nacional), 4 (Trato de la Nación Más Favorecida), 8 (Requisitos de Desempeño) y 9 (Altos Ejecutivos y Directorios).

Finalmente, el Anexo II contiene, de conformidad con el artículo 14 (Medidas Disconformes), los sectores, subsectores o actividades específicas respecto de los cuales cada Parte puede mantener las medidas existentes o adoptar medidas nuevas o más restrictivas, que no se ajustan a las obligaciones impuestas por los mismos artículos mencionados en el párrafo anterior con relación a los Anexos I y III.

II.20. Protocolo.

En el Protocolo, las Partes consagran precisiones con respecto a algunos conceptos incluidos en el Tratado. Así, por ejemplo, se consigna que la definición de "empresa estatal" dada en el artículo 1 (empresa de propiedad de una Parte o controlada por los derechos de propiedad de una Parte) no implica ampliar el significado de "empresa pública" tal como es utilizada en la legislación interna uruguaya, según la cual dicha empresa debe ser propiedad del Estado o ser controlada por éste y estar regulada por el derecho público interno.

Además, se confirma el acuerdo de las Partes en cuanto a que según los principios generales de derecho aplicables al arbitraje internacional, cuando un demandante somete una controversia a arbitraje de conformidad con la Sección B, tiene la carga de la prueba de todos los elementos de la reclamación.

Otro aspecto de interés lo constituye la información proporcionada por Uruguay a los exclusivos efectos de transparencia, relativa a que se supedita la inversión en ciertos sectores a la previa emisión o autorización de una concesión o autorización por el Gobierno de la República, de conformidad con la legislación uruguaya sobre la base de "legalidad, oportunidad, conveniencia o mérito", prohibiendo la discriminación por razones de nacionalidad.

III. LA DECLARACION INTERPRETATIVA DE URUGUAY.

Al momento de la suscripción del Tratado, Uruguay presentó una Declaración interpretativa del Anexo II, en el sentido de que las excepciones previstas a la aplicación de la Cláusula de la Nación Más Favorecida, en "todos los sectores" comprenden a los países miembros del MERCOSUR bajo el Tratado de Asunción de 1991.

Por lo expuesto, toda medida adoptada por Uruguay que suponga otorgar un trato diferencial a los demás miembros del MERCOSUR, en el marco del proceso de integración regional, no se extenderá automáticamente a los Estados Unidos por aplicación del artículo 4. De esta forma se reasegura el trato diferenciado a los socios del MERCOSUR, salvaguardando los beneficios que se les haya otorgado o se les otorgue en el futuro en materia de inversiones al amparo del Tratado de Asunción, en todos los sectores de actividad económica.

Corresponde destacar que la cláusula de la Nación Más Favorecida se aplica en sus principios generales -básicamente referidos a instalación de empresas y requisitos administrativos- hecho que, por otra parte, es conforme con lo dispuesto por la legislación nacional mediante la Ley de inversiones (Ley Nº 16.906), que no discrimina entre el inversor nacional y el extranjero, pero no abarca a los Estados miembros del MERCOSUR en cuanto al otorgamiento de beneficios específicos en los distintos sectores de la actividad económica.

Esta Declaración se inscribe en el marco de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y, por lo tanto, en caso de no recibir objeciones de la otra parte, dentro de los doce meses de su notificación, extremo éste que fue oportunamente negociado, tendrá validez como parte integrante del Tratado.

IV. CONCLUSION.

De acuerdo a lo expresado, cabe reiterar que, teniendo en cuenta la importancia otorgada por el Uruguay al fomento de las inversiones, el presente Tratado con los Estados Unidos de América cumple con dicho objetivo, constituyendo una garantía esencial para las inversiones provenientes de ese Estado y un instrumento fundamental en las relaciones entre ambos países. Cabe reiterar la circunstancia excepcional de que se pudiera renegociar y suscribir un nuevo texto, sustitutivo del anterior, con dicho país, así como el hecho de que dos de las tres propuestas uruguayas de modificación fueron acogidas, mientras que sobre el tercer punto se llegara a una solución que resulta satisfactoria para nuestro país. Por este motivo, se solicita a ese Alto Cuerpo la aprobación parlamentaria correspondiente.

El Poder Ejecutivo reitera al Señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Danilo Astori.

Montevideo, 5 de diciembre de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Apruébase el Tratado entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscripto en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina, el día 4 de noviembre de 2005.

Artículo 2º.- Apruébase la Declaración efectuada por la República al momento de la suscripción del Tratado mencionado en el artículo 1º, por la cual se establece que el alcance del párrafo 1 del Anexo II del Tratado, correspondiente a la lista de Uruguay prevista en la página 9, referida al Trato de la Nación Más Favorecida (artículo 4) y Todos los Sectores, incluye a las medidas que otorgan tratamiento diferencial a los países miembros del MERCOSUR bajo el Tratado de Asunción, firmado el 26 de marzo de 1991.

Reinaldo Gargano, Danilo Astori.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Mar del Plata, 4 de noviembre de 2005.

Señora Secretaria de Estado:

Tengo el honor de dirigirme a la señora Secretaria de Estado en relación al Tratado entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

En tal sentido, tengo el honor de anexar a la presente el texto de la Declaración que realiza nuestro país, con referencia al alcance del párrafo 1 del Anexo II del Tratado, relativo a la lista de Uruguay prevista en la página 9, en relación al Trato de la Nación Más Favorecida.

Me valgo de esta oportunidad para reiterar a la señora Secretaria de Estado las seguridades de mi más alta consideración.

Reinaldo Gargano

Ministro de Relaciones Exteriores.

Su Excelencia

Sra. Condoleezza Rice

Secretaria de Estado

Departamento de Estado de los

Estados Unidos de América

Washington D.C.-

DECLARACION DE URUGUAY

TRATO DE LA NACION MAS FAVORECIDA

El alcance del párrafo 1 del Anexo II del Tratado, correspondiente a la lista de Uruguay prevista en la página 9, referida al Trato de la Nación más Favorecida (artículo 4) y Todos los Sectores, incluye a las medidas que otorgan tratamiento diferencial a los países miembros del MERCOSUR bajo el Tratado de Asunción, firmado el 26 de marzo de 1991.

 

TRATADO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA RELATIVO A LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES

La República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América (en lo sucesivo, "Las Partes");

Deseando promover una mayor cooperación económica entre ambas naciones, en lo que refiere a inversiones realizadas por nacionales y empresas de una Parte en el territorio de la otra Parte;

Reconociendo que el acuerdo sobre el trato que se otorgue a dichas inversiones estimulará el movimiento de capital privado y el desarrollo económico de las Partes;

Conviniendo en que un marco estable para las inversiones maximizará la utilización eficaz de los recursos económicos y mejorará el nivel de vida;

Reconociendo la importancia de proporcionar medidas eficaces para la presentación de reclamaciones como para hacer valer los derechos relacionados con las inversiones ya sea al amparo de la legislación nacional o a través del arbitraje internacional;

Deseando lograr estos objetivos en forma compatible con la protección de la salud, la seguridad y el medio ambiente, y la promoción de la protección al consumidor y los derechos laborales reconocidos internacionalmente;

Habiendo resuelto celebrar un Tratado relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones;

Han acordado lo siguiente:

SECCION A

Artículo 1º: Definiciones

A los efectos del presente Tratado los siguientes términos o expresiones tendrán el significado que a continuación se asigna:

"acuerdo de inversión": acuerdo escrito1 entre una autoridad nacional2 de una Parte y una inversión cubierta o un inversor de la otra Parte, en la cual la inversión cubierta o el inversor confían en establecer o adquirir una inversión cubierta que no sea el acuerdo escrito en sí mismo, que otorgue derechos a la inversión cubierta o al inversor:

(a) con respecto a los recursos naturales u otros activos controlados por las autoridades nacionales tanto para su exploración, extracción, refinería, transporte, distribución o venta;

(b) para proporcionar servicios al público en nombre de la Parte, tales como generación o distribución de energía, tratamiento y distribución de agua, o telecomunicaciones; o

 

1 "Acuerdo escrito" se refiere a un acuerdo por escrito, otorgado por ambas partes, ya sea en un único documento o en múltiples instrumentos, por el cual se establece un intercambio de derechos y obligaciones, vinculando a ambas partes bajo la ley aplicable prevista en el Artículo 30 (2). Para mayor certeza, no se considerarán acuerdos escritos los siguientes: (a) actos unilaterales de una autoridad administrativa o judicial, tales como permisos, licencias o autorizaciones otorgadas por una Parte únicamente dentro de sus potestades regulatorias, o decretos, órdenes o sentencias, en sí mismas y (b) resoluciones u homologaciones judiciales o administrativas con consentimiento de las partes, no se considerarán un convenio escrito.

2 A los efectos de esta definición, "autoridad nacional" significa las autoridades de gobierno de nivel central.

 

(c) para lleva a cabo proyectos de infraestructura, tales como la construcción de carreteras, puentes, canales, represas, canerías, que no sean para el exclusivo o predominante uso y beneficio del gobierno.

"Acuerdo sobre la OMC": Acuerdo de Marrakech por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, de fecha 15 de abril de 1994.

"Acuerdo sobre los ADPIC": Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que forma parte del Acuerdo sobre la OMC.3

"AGCS": Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, que forma parte del Acuerdo sobre la OMC.

"autorización de inversión"4: autorización que la autoridad de inversión extranjera de una Parte otorga a una inversión cubierta o a un inversor de la otra Parte.

"Centro": Parte Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) establecido por la Convención del CIADI;

"contratación pública": proceso mediante el cual un gobierno obtiene el uso de o adquiere mercancías o servicios, o cualquier combinación de los mismos, con fines gubernamentales y no con miras a la venta o reventa comercial, o uso en la producción o suministro de mercancías o servicios para la venta o reventa comercial;

"Convención de Nueva York": Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, celebrada en Nueva York el 10 de junio de 1958;

"Convención Interamericana": Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, celebrada en Panamá el 30 de enero de 1975;

"Convenio del CIADI": Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, celebrado en Washington el 18 de marzo de 1965;

"convenio tributario": convenio celebrado para evitar la doble tributación, u otro acuerdo internacional sobre tributación o arreglo internacional relativo a impuestos;

"demandado": la Parte que es parte de una controversia relativa a una inversión;

"demandante": inversor de una Parte que es parte de una controversia relativa a inversiones con la otra Parte;

"empresa de una Parte": empresa constituida u organizada conforme a la legislación de una Parte y una sucursal ubicada en el territorio de una Parte que realiza actividades comerciales en ese lugar.

"empresa estatal": empresa de propiedad de una Parte o controlada por los derechos de propiedad de una Parte;

"empresa": cualquier entidad constituida u organizada conforme a la legislación aplicable, con o sin fines de lucro, cuya propiedad, o control, sea privado o gubernamental, incluidas sociedades, fideicomisos, asociaciones, empresas unipersonales, de riesgo compartido (joint ventures), y organizaciones similares y cualquier sucursal de la empresa.

"existente": vigente a la fecha de entrada en vigor de este Tratado;

"gobierno de nivel central";

(a) para Uruguay, el gobierno de nivel nacional;

(b) y para Estados Unidos, el gobierno de nivel federal.

"gobierno de nivel regional": para Estados Unidos, un Estado de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia o Puerto Rico, para Uruguay, la expresión no es aplicable ya que Uruguay no tiene un gobierno a nivel regional;

"Información protegida": información comercial confidencial o aquella información privilegiada o cuya divulgación está de otra forma protegida al amparo de la ley de una de las Partes;

"inversión cubierta": con respecto a una Parte, una inversión en su territorio efectuada por un inversor de la otra Parte vigente a la fecha de entrada en vigor de este Tratado o establecida, adquirida o expandida con posterioridad;

"inversión": todo activo de propiedad de un inversor o controlado por el mismo, directa o indirectamente, que tengan las características de una inversión, incluidas entre otras las siguientes: compromiso de capitales u otros recursos, expectativa de obtener ganancias o utilidades, o la presunción de riesgo. La inversión puede adoptar diversas formas, a saber:

 

3 Para mayor certeza el Acuerdo sobre los ADPIC incluye toda declinación vigente entre las Partes respecto de cualquiera de las disposiciones del mencionado Acuerdo otorgada por los Miembros de la OMC, conforme al Convenio de la OMC.

4 Para mayor certeza, la presente definición no cubre las acciones iniciadas por una Parte para exigir el cumplimiento de las leyes de aplicación general, tales como leyes de competencia.

 

(a) una empresa;

(b) acciones, capital y otras formas de participación en el patrimonio de una empresa;

(c) bonos, obligaciones, otros instrumentos de deuda y préstamos5, 6;

(d) futuros, opciones y otros derivados;

(e) contratos de llave en mano, de construcción, de gestión, de producción, de concesión, de participación en los ingresos y similares;

(f) derechos de propiedad intelectual;

(g) derechos otorgados de conformidad con la legislación interna, tales como licencias, autorizaciones, permisos 7, 8

(h) otros bienes tangibles o intangibles, muebles o inmuebles y los derechos de propiedad conexos, tales como arrendamientos, hipotecas, garantías reales y prendas.

"inversor de un país que no es Parte": respecto de una Parte, un inversor que tiene la intención de realizar, que está realizando o que ha realizado una inversión en el territorio de esa Parte, y que no es un inversor de ninguna de las Partes.

"inversor de una Parte": una Parte o una empresa estatal de la misma, o un nacional o empresa de dicha Parte, que tiene la intención de realizar, está realizando o ha realizado una inversión en el territorio de la otra Parte, en el entendido de que una persona física que goza de doble nacionalidad se considerará exclusivamente ciudadano del Estado de su nacionalidad dominante y efectiva.

"medida": cualquier ley, regulación, procedimiento, requisito o práctica.

"moneda de libre uso": "moneda de libre uso" de acuerdo a la definición dada en los Artículos del Acuerdo del Fondo Monetario Internacional.

"nacional":

(a) para Uruguay, una persona física que posee la ciudadanía uruguaya, de acuerdo con sus leyes; y

(b) para los Estados Unidos, una persona física nacional de los Estados Unidos, conforme a la definición dada por el Título III de la Ley de Nacionalidad e Inmigración.

"parte contendiente": demandante o demandado.

"Parte no contendiente": la Parte que no es parte de una controversia relativa a una inversión.

"partes contendientes": demandante y demandado.

"persona de una Parte": un nacional o una empresa de una Parte.

"persona": una persona física o una empresa.

"Presidente": presidente del Consejo Administrativo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 del Convenio del CIADI.

"Reglas de Arbitraje del CNUDMI": Reglas de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional.

"Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI": Reglamento del Mecanismo Complementario para la Administración de Procedimientos por el Secretariado del Centro Interancional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.

"Secretario General": Secretario General del CIADI.

"territorio":

 

5 Es más probable que algunas formas de deuda, tales como los bonos, obligaciones y pagarés a largo plazo tengan las características de una inversión, mientras que es menos probable que otras formas de deuda, tales como las cuentas bancarias sin fines comerciales y que no guarden relación ni con inversiones en el territorio en el cual está ubicada la cuenta, ni con la intención de realizar una inversión en el mismo, tengan tales características.

6. A los efectos del presente Tratado, los reclamos por pagos con vencimiento inmediato y que resultan de la venta de bienes o servicios no son inversiones.

7. El determinar si un tipo especial de licencia, autorización, permiso o instrumento similar (incluida una concesión, en la medida en que tenga la naturaleza de tal instrumento) tiene las características de una inversión depende de factores tales como la naturaleza y alcance de los derechos que posee el titular en virtud de la legislación de la Parte. Entre las licencias, autorizaciones, permisos e instrumentos similares que no reúnen las características de una inversión se encuentran aquellos que no generan derechos protegidos por las leyes locales. Para mayor certeza, lo anterior es sin perjuicio de que un activo asociado con una licencia, autorización, permiso o instrumento similar tenga las características de una inversión.

8 El término "inversión" no incluye ningún derecho o fallo dictados en causas judiciales o administrativas.

 

(a) respecto a Uruguay, el espacio terrestre, aguas internas, mar territorial y el espacio aéreo bajo su soberanía y la zona económica exclusiva y la plataforma continental sobre las cuales ejerce derechos soberanos y jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional.

(b) Respecto a los Estados Unidos,

(i) el territorio aduanero de Estados Unidos, que incluye los 50 Estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico;

(ii) las zonas de comercio extranjeras ubicadas en los Estados Unidos y en Puerto Rico; y

(iii) cualquier zona que se encuentre más allá de los mares territoriales de los Estados Unidos dentro de la cual, de conformidad con el derecho internacional y con su legislación interna, los Estados Unidos podrán ejercer derechos en lo que refiere al fondo y al subsuelo marinos y sus recursos naturales.

Artículo 2: Alcance y Ambito de Aplicación

1. El presente Tratado se aplica a las medidas adoptadas o mantenidas por una Parte que refieren a:

(a) inversores de la otra Parte;

(b) inversiones cubiertas;

(c) con respecto a los Artículos 8, 12 y 13 todas las inversiones en el territorio de la Parte.

2. Las obligaciones de una Parte descritas en la Sección A se aplicarán a:

(a) empresas estatales u otra persona cuando ejerce cualquier autoridad administrativa, reguladora u otra autoridad gubernamental delegada a la misma por dicha Parte; y

(b) subdivisiones políticas de dicha Parte.

3. Para mayor certeza, el presente Tratado no compromete a las partes con actos o hechos ocurridos, o situaciones que hayan dejado de existir con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del mismo.

Artículo 3: Trato Nacional

1. Cada Parte otorgará a los inversores de la otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversores en lo que refiere al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de las inversiones en su territorio.

2. Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato no menos favorable que el que otorga, en circunstancias similares, a las inversiones en su territorio de sus propios inversores en lo que refiere al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de las inversiones.

3. El trato otorgado por una Parte conforme a los párrafos 1 y 2 significa, respecto a un gobierno de nivel regional, un trato no menos favorable que el trato que ese gobierno de nivel regional otorgue, en circunstancias similares, tanto a las personas físicas residentes en como a las empresas constituidas conforme a la legislación de otros niveles regionales de gobierno de la Parte de la que forma parte, y a sus inversiones.

Artículo 4: Trato de Nación Más Favorecida

1. Cada Parte otorgará a los inversores de la otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a los inversores de cualquier país que no sea Parte, en lo que refiere al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de inversiones en su territorio.

2. Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a las inversiones en su territorio de inversores de cualquier país que no sea Parte, en lo que refiere al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de inversiones.

Artículo 5. Nivel Mínimo de Trato9

1. Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato acorde con el derecho internacional consuetudinario, incluido el trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas.

2. Para mayor certeza, el párrafo 1 prescribe que el nivel mínimo de trato a los extranjeros según el derecho internacional consuetudinario es el nivel mínimo de trato a ser otorgado a las inversiones cubiertas. Los conceptos de "trato justo y equitativo" y "protección y seguridad plenas" no requieren un trato adicional o más allá de aquél exigido por ese nivel, y no crean derechos substantivos adicionales. La obligación en el párrafo 1 de otorgar:

 

9 El Artículo se interpretará de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo A.

 

(a) "trato justo y equitativo" incluye la obligación de no denegar justicia en procedimientos criminales, civiles, o contencioso administrativos, de acuerdo con el principio del debido proceso incorporado en los principales sistemas legales del mundo; y

(b) "protección y seguridad plenas" exige a cada Parte proporcionar el nivel de protección policial que es exigido por el derecho internacional consuetudinario.

3. La determinación de que se ha violado otra disposición de este Tratado, o de otro acuerdo internacional, no establece que se ha violado el presente Artículo.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 14(5)(b) cada Parte otorgará a los inversores de la otra Parte, y a las inversiones cubiertas, un trato no discriminatorio con respecto a las medidas que adopte o mantenga con relación a las pérdidas sufridas por inversiones en su territorio debido a conflictos armados o contiendas civiles.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, si un inversor de una Parte que, en cualquiera de las situaciones referidas en dicho párrafo, sufre una pérdida en el territorio de la otra Parte como consecuencia de:

(a) la requisa de la totalidad o parte de su inversión cubierta por las fuerzas o autoridades de esta última Parte; o

(b) la destrucción de la totalidad o parte de su inversión cubierta por las fuerzas o autoridades de esta última Parte, cuando tal destrucción no resultara indispensable;

esta última Parte restituirá o compensará, o ambas, al inversor, según corresponda, por dicha pérdida. Tal compensación se efectuará en forma rápida, adecuada y efectiva, conforme a lo dispuesto por el Artículo 6 (2) a (4), mutatis mutandis.

6. El párrafo 4 no se aplica a las medidas existentes relativas a los subsidios o cesiones que fueran incompatibles con el Artículo 3, con excepción del Artículo 14 (5) (b).

Artículo 6: Expropiación e Indemnización10

1. Ninguna Parte expropiará ni nacionalizará una inversión cubierta, directa ni indirectamente mediante la aplicación de medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización ("expropiación") salvo que sea:

(a) por causa de utilidad pública;

(b) de manera no discriminatoria;

(c) mediante el pago pronto, adecuado y efectivo de la indemnización;

(d) de conformidad con el debido proceso legal y con el

Artículo 5 (1) a (3).

2. La indemnización a que hace referencia el párrafo 1 (c) deberá:

(a) ser abonada sin demora;

(b) ser equivalente al valor justo de mercado de la inversión expropiada inmediatamente antes de efectuada la expropiación ("fecha de expropiación");

(c) no reflejar ningún cambio en el valor debido a que la intención de expropiar haya sido conocida con antelación; y

(d) ser completamente liquidable y libremente transferible.

3. Si el valor justo de mercado está denominado en una moneda de libre uso, la indemnización a que hace referencia el párrafo 1 (c) no será inferior al valor justo de mercado a la fecha de la expropiación, más los intereses a una tasa comercialmente razonable para esa moneda, acumulados desde la fecha de la expropiación hasta la fecha del pago.

4. Si el valor justo de mercado está denominado en una moneda que no es de libre uso, la indemnización a que hace referencia el párrafo 1 (c) -convertida a la moneda del pago al tipo de cambio vigente en el mercado a la fecha del pago- no será inferior a:

(a) el valor justo de mercado a la fecha de la expropiación, convertida a una moneda de libre uso al tipo de cambio vigente en el mercado en esa fecha, más

(b) los intereses, a una tasa comercialmente razonable para esa moneda de libre uso, acumulados desde la fecha de la expropiación hasta la fecha del pago.

5. Este artículo no se aplica a la expedición de licencias obligatorias otorgadas en virtud de derechos de propiedad intelectual conforme con el ADPIC, o a la revocación, limitación o creación de dichos derechos en la medida que dicha expedición, revocación, limitación o creación sea compatible con el ADPIC.

 

10 El Artículo se interpretará de acuerdo con lo dispuesto en los Anexos A y B.

 

Artículo 7: Transferencias

1. Cada Parte permitirá que todas las transferencias relacionadas con una inversión cubierta se realicen libremente y sin demora desde y hacia su territorio. Dichas transferencias incluyen:

(a) aportes de capital;

(b) utilidades, dividendos, ganancias de capital, e ingresos resultantes de la venta de la totalidad o parte de la inversión cubierta o de la liquidación total o parcial de la inversión cubierta;

(c) intereses, pagos por regalías, comisiones por concepto de administración, asistencia técnica y otras;

(d) pagos realizados conforme a un contrato, incluido un contrato de préstamo,

(e) pagos efectuados de conformidad con el Artículo 5 (4) y (5) y el Artículo 6;

(f) pagos resultantes de una controversia.

2. Las Partes permitirán que las transferencias relacionadas con una inversión cubierta se realicen en una moneda de libre uso al tipo de cambio vigente en el mercado en la fecha de la transferencia.

3. Las Partes permitirán que las transferencias de ganancias en especie relacionadas con una inversión cubierta se realicen conforme a la autorización o especificación prevista en un acuerdo escrito celebrado entre la Parte y la inversión cubierta o un inversor de la otra Parte.

4. Sin perjuicio de los párrafos 1 a 3, una Parte podrá impedir la realización de una transferencia, por medio de la aplicación justa, no discriminatoria y de buena fe de sus leyes relativas a:

(a) quiebra, insolvencia o protección de los derechos de los acreedores;

(b) emisión, comercialización u operaciones de valores, futuros, opciones o derivados;

(c) delitos penales;

(d) informes financieros o registros de transferencias cuando sea necesario para colaborar con las autoridades encargadas de exigir el cumplimiento de las normas legales o con las autoridades financieras regulatorias; o

(e) garantizar el cumplimiento de órdenes o fallos en procedimientos judiciales o administrativos.

Artículo 8º: Requisitos de Desempeño.

1. En lo que respecta a la creación, adquisición, expansión, administración, conducción, operación o venta u otra forma de disposiciones de inversiones de un inversor de una Parte o de un país que no sea Parte en su territorio, ninguna de las Partes podrá imponer ni exigir ningún requisito ni exigir compromisos u obligaciones en cuanto a: 11

(a) exportar un determinado nivel o porcentaje de mercancías o servicios;

(b) alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional;

(c) adquirir, utilizar u otorgar preferencia a mercancías producidas en su territorio, o adquirir mercancías de personas en su territorio;

(d) relacionar en cualquier forma el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones, o con el monto del ingreso de divisas asociadas con dicha inversión;

(e) restringir las ventas en su territorio de las mercancías o servicios que tal inversión produce o presta, relacionando de cualquier manera dichas ventas al volumen o valor de sus exportaciones o a las ganancias que generen en divisas;

(f) transferir a una persona en su territorio tecnología, procesos de producción u otros conocimientos de su propiedad; o

(g) suministrar en exclusividad desde el territorio de la

Parte las mercancías producidas por tal inversión o los servicios prestados por la misma a un mercado regional específico o al mercado mundial.

2. Ninguna de las Partes podrá condicionar la recepción de una ventaja o que se continúe recibiendo la misma, con relación al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, o venta o cualquier otra forma de disposición de una inversión en su territorio por parte de un inversor de un país Parte o que no sea Parte, al cumplimiento de cualquiera de los siguientes requisitos:

 

11 Para mayor certeza, una condición para recibir o continuar recibiendo en forma continuada una ventaja de las mencionadas en el párrafo 2 no constituye un "compromiso u obligación" a los efectos del párrafo 1.

 

(a) alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional;

(b) adquirir, utilizar u otorgar preferencia a mercancías producidos en su territorio, o adquirir mercancías de personas en su territorio;

(c) relacionar, en cualquier forma, el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones, o con el monto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversión; o

(d) restringir las ventas en su territorio de las mercancías o servicios que tal inversión produce o presta, relacionando de cualquier manera dichas ventas al volumen o valor de sus exportaciones o a las ganancias que generen en divisas.

3.

(a) Nada de lo dispuesto en el párrafo 2 se interpretará como impedimento para que una Parte condicione la recepción de una ventaja o la continuación de su recepción, en relación con una inversión en su territorio por parte de un inversor de un país Parte o que no sea Parte, al cumplimiento de un requisito que le exija ubicar la producción, suministrar servicios, capacitar o emplear trabajadores, construir o ampliar instalaciones particulares, o llevar a cabo investigación y desarrollo, en su territorio.

(b) El párrafo 1 (f) no se aplica:

(i) cuando una Parte autoriza el uso de un derecho de propiedad intelectual de conformidad con el Artículo 31 del ADPIC, o a las medidas que exijan la divulgación de información de dominio privado que se encuentre dentro del ámbito de aplicación, y sean compatibles con el Artículo 39 del ADPIC; o

(ii) cuando el requisito es impuesto o la obligación o el compromiso son exigidos por un tribunal judicial o administrativo o una autoridad de competencia, con el fin de remediar una práctica que, luego de un procedimiento judicial o administrativo, ha sido calificada como anticompetitiva conforme a las leyes de competencia de la Parte12.

(c) Siempre que dichas medidas no se apliquen de manera arbitraria o injustificada, o no constituyan una restricción encubierta al comercio o inversión internacionales, los párrafos 1(b), (c) y (f), y los párrafos 2(a) y (b) no se interpretarán en el sentido de impedir a una Parte adoptar o mantener medidas, incluidas de naturaleza ambiental;

(i) necesarias para asegurar el cumplimiento de leyes y regulaciones que no sean incompatibles con las disposiciones de este Tratado;

(ii) necesarias para proteger la vida o salud humana, animal o vegetal; o

(iii) relativas a la preservación de recursos naturales no renovables vivos o no.

(d) Los párrafos 1(a), (b) y (c), y los párrafos 2 (a) y (b) no se aplicarán a los requisitos de calificación de las mercancías y servicios con respecto a programas de promoción a las exportaciones y de ayuda externa.

(e) Los párrafos 1(b), (c), (f) y (g), y los párrafos 2(a) y

(b) no se aplicarán a la contratación pública.

(f) Los párrafos 2(a) y (b) no se aplicarán a los requisitos impuestos por una Parte importadora con respecto al contenido de las mercancías, necesario para calificar para aranceles o cuotas preferenciales.

4. Para mayor certeza, los párrafos 1 y 2 no se aplican a ningún otro requisito distinto a los señalados en esos párrafos.

5. Este artículo no excluye la exigencia del cumplimiento de cualquier compromiso, obligación o requisito entre partes privadas, cuando una Parte no haya impuesto o exigido el cumplimiento del compromiso, obligación o requisito.

Artículo 9º: Altos Ejecutivos y Directorios

1. Ninguna Parte podrá exigir que una empresa de esa Parte, en tanto se trate de una inversión cubierta, designe a individuos de alguna nacionalidad en particular para ocupar puestos de alta dirección.

2. Una Parte podrá exigir que la mayoría de los miembros de un directorio o de cualquier comité de tal directorio, de una empresa de esa Parte que sea una inversión cubierta, sea de una nacionalidad en particular o sea residente en el territorio de la Parte, siempre que el requisito no menoscabe significativamente la capacidad del inversor para ejercer el control de su inversión.

 

12 Las Partes reconocen que una patente no confiere necesariamente poder de mercado.

 

Artículo 10: Publicación de Leyes y Resoluciones Relacionadas con las Inversiones

1. Cada Parte garantizará que:

(a) sus leyes, reglamentaciones, procedimientos y resoluciones administrativas de aplicación general y

(b) sus fallos relativos a cualquier asunto comprendido en este Tratado se publiquen sin demora o de otra forma se pongan a disposición pública.

2. A los efectos del presente Artículo "resolución administrativa de aplicación general" significa una resolución o interpretación administrativa que se aplica a todas las personas y situaciones de hecho comprendidas en este ámbito y que establecen una norma de conducta pero que no incluye:

(a) una determinación o resolución tomada en procedimientos administrativos o cuasi-judiciales que se aplica a determinada inversión cubierta o inversor de la otra Parte en un caso en particular; o

(b) una resolución que se adopta con respecto a un acto o práctica en particular.

Artículo 11: Transparencia

1. Puntos de contacto

(a) Cada Parte designará un punto de contacto para facilitar las comunicaciones entre las Partes sobre cualquier asunto comprendido en este Tratado.

(b) A solicitud de la otra Parte, el punto de contacto indicará la dependencia o el funcionario responsable del asunto y prestará el apoyo que se requiera para facilitar la comunicación con la Parte solicitante.

2. Publicación

En la medida de lo posible, cada Parte:

(a) publicará por adelantado cualquier medida mencionada en el Artículo 10 (1) (a) que se proponga adoptar; y

(b) brindará a las personas interesadas y a la otra Parte oportunidad razonable para comentar sobre las medidas propuestas.

3. Notificación y suministro de información

(a) Cada Parte notificará a la otra Parte, dentro de lo posible, toda medida vigente o propuesta que la Parte considere que pudiera afectar sustancialmente la aplicación del presente Tratado, o de otro modo afectar sustancialmente los intereses de la otra Parte dentro del marco del mismo.

(b) Una Parte, a solicitud de la otra Parte, proporcionará información y responderá rápidamente a sus preguntas relacionadas con cualquier medida real o propuesta mencionada en el subpárrafo (a), independientemente de si la otra Parte fue previamente notificada sobre esa medida.

(c) Toda notificación, solicitud o información prevista en el presente párrafo será proporcionada a la otra Parte a través de los puntos de contacto pertinentes.

(d) Cualquier notificación o información proporcionada conforme al presente párrafo se realizará sin perjuicio de la compatibilidad con el presente Tratado.

4. Procedimientos administrativos

Con el fin de administrar en forma compatible, imparcial y razonable todas las medidas a que hace referencia el Artículo 10 (1)(a), cada Parte garantizará que, en sus procedimientos administrativos donde se apliquen tales medidas a inversiones cubiertas o inversores en particular de la otra Parte en casos específicos:

(a) siempre que sea posible, las personas de la otra Parte que se vean directamente afectadas por un procedimiento, reciban conforme a las disposiciones internas, aviso razonable del inicio del mismo, incluidas una descripción de su naturaleza, la exposición del fundamento jurídico conforme al cual el procedimiento es iniciado y una descripción general de todas las cuestiones controvertidas;

(b) cuando el tiempo, la naturaleza del procedimiento y el interés público lo permitan, se dé a dichas personas una oportunidad razonable para presentar hechos y argumentos para sustentar sus posiciones, previo a cualquier acción administrativa definitiva; y

(c) sus procedimientos se ajusten a la legislación interna.

5. Revisión y Apelación

(a) Cada Parte establecerá o mantendrá Tribunales o procedimientos judiciales, cuasi-judiciales o administrativos a los efectos de la pronta revisión y, cuando se justifique, la correción de las acciones administrativas definitivas relacionadas con los asuntos comprendidos en este Tratado. Estos Tribunales serán imparciales y no tendrán relación de dependencia ni con la oficina ni con la autoridad encargada de la aplicación administrativa de la ley, y no tendrán interés sustancial en el resultado del asunto.

(b) Cada Parte garantizará que, ante dichos Tribunales o en esos procedimientos las partes tengan derecho a:

(i) una oportunidad razonable para sustentar o defender sus respectivas posturas; y

(ii) una resolución fundada en las pruebas y presentación de registros o, en los casos que su legislación interna así lo requiera, en el expediente compilado por la autoridad administrativa.

(c) Cada Parte garantizará, sujeto a apelación o revisión ulterior según disponga su legislación interna, que dichas resoluciones sean puestas en ejecución por, y rijan las actuaciones de la dependencia o autoridad responsables de la acción administrativa que es objeto de la decisión.

Artículo 12: Inversión y Medio Ambiente

1. Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de la protección contemplada en su legislación ambiental interna13. En consecuencia, cada Parte procurará asegurar que no declina ni de otra forma deroga, ni ofrece declinar ni de otra forma derogar tal legislación de manera que se debilite o reduzca la protección otorgada por la misma como un incentivo para el establecimiento, adquisición, expansión o retención de una inversión en su territorio. Si una Parte considera que la otra Parte ha ofrecido tal incentivo, podrá solicitar consultas con la otra Parte y las dos Partes realizarán las consultas con el fin de evitarlo.

2. Nada de lo dispuesto en el presente Tratado se interpretará como un impedimento para las Partes de adoptar, mantener o hacer cumplir cualquier medida de otra forma compatible con este Tratado que consideren pertinente para asegurar que la actividad de inversiones en su territorio sea realizada en atención a los problemas ambientales.

Artículo 13: Inversión y Legislación Laboral

1. Las Partes reconocen que es inapropiado promover inversiones mediante el debilitamiento o reducción de la protección contempladas en su legislación laboral interna. En consecuencia, cada Parte procurará asegurar que no declinará ni derogará, ni ofrecerá declinar o derogar dicha legislación de manera que se debilite o reduzca su adhesión a los derechos laborales internacionalmente reconocidos señalados en el párrafo 2 como una forma de incentivar el establecimiento, adquisición, expansión o retención de una inversión en su territorio. Si una Parte considera que la otra Parte ha ofrecido tal incentivo, podrá solicitar consultas con la otra Parte y ambas Partes realizarán consultas con el fin de evitarlo.

2. A los efectos del presente Artículo, legislación laboral significa las leyes o reglamentos14 de cada Parte, o disposiciones de las mismas, que estén directamente relacionadas con los siguientes derechos laborales internacionalmente reconocidos.

(a) derecho de asociación;

(b) derecho de organización y negociación colectiva;

(c) prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio,

(d) leyes de protección laboral para niños y jóvenes, determinación de una edad mínima para el empleo de niños y prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil; y

(e) condiciones aceptables de trabajo en lo que respecta a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional.

3. Nada de lo dispuesto en el presente Tratado se interpretará como un impedimento para las Partes de adoptar, mantener o hacer cumplir cualquier medida de otra forma compatible con este Tratado que considere pertinente para asegurar que la actividad de inversiones en su territorio sea realizada en atención a los problemas laborales.

Artículo 14: Medidas Disconformes

1. Los Artículos 3, 4, 8 y 9 no se aplican a:

(a) ninguna medida disconforme existente que sea mantenida por una Parte en:

(i) el gobierno de nivel central, tal como lo estipula dicha Parte en su Lista incluida en los Anexos I o III;

 

13 Para los Estados Unidos, "legislación", a los efectos del presente Artículo significa cualquier ley del Congreso de los Estados Unidos o reglamentaciones promulgadas conforme a una ley del Congreso de los Estados Unidos exigible mediante acciones del gobierno a nivel central.

14 Para los Estados Unidos "legislación", a los efectos del presente Artículo significa cualquier ley del Congreso de los Estados Unidos o reglamentaciones promulgadas conforme a una ley del Congreso de los Estados Unidos exigible mediante acciones del gobierno a nivel central.

 

(ii) un gobierno de nivel regional, tal como lo estipula dicha Parte en su Lista incluida en los Anexos I o III, o

(iii) un gobierno de nivel local de una Parte,

(b) la continuación o pronta renovación de cualquier medida disconforme a que refiere el subpárrafo (a); o

(c) la modificación de cualquier medida disconforme a que se refiere el subpárrafo (a) siempre que dicha modificación no disminuya la conformidad de la medida, tal y como estaba en vigor inmediatamente antes de la modificación, con los Artículos 3, 4, 8 y 9.

2. Los Artículos 3, 4, 8 y 9, no se aplican a ninguna medida que una Parte adopte o mantenga, en relación con los sectores, subsectores o actividades, tal como se indica en su Lista del Anexo II.

3. Ninguna Parte, de conformidad con cualquier medida adoptada después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado y comprendida en su Lista del Anexo II, podrá exigir a un inversor de la otra Parte, por razón de su nacionalidad, que venda o disponga de alguna otra manera de una inversión existente al momento en que la medida cobre vigencia.

4. Los Artículos 3 y 4, no se aplican a ninguna medida que constituya una excepción o derogación de las obligaciones previstas por los Artículos 3 y 4 del Acuerdo de los ADPIC, conforme a lo específicamente establecido en tales Artículos y en el Artículo 5 del citado Acuerdo.

5. Los Artículos 3, 4 y 9, no se aplican a:

(a) contratación pública; o

(b) subsidios o cesiones otorgados por una Parte, incluyendo los préstamos, garantías y seguros respaldados por el gobierno.

Artículo 15: Formalidades Especiales y Requisitos de Información

1. Nada de lo dispuesto en el Artículo 3 se interpretará en el sentido de impedir a una Parte adoptar o mantener una medida que prescriba formalidades especiales conexas a una inversión cubierta, tales como el requisito de que los inversores sean residentes de la Parte o que las inversiones cubiertas se constituyan conforme a las leyes y regulaciones de la Parte, siempre que dichas formalidades no menoscaben significativamente la protección otorgada por una Parte a un inversor de la otra Parte o a inversiones cubiertas de conformidad con el presente Tratado.

2. No obstante lo dispuesto en los Artículos 3 y 4, una Parte podrá exigir a un inversor de la otra Parte

o su inversión cubierta, que proporcione información referente a esa inversión, exclusivamente con fines informativos o estadísticos. La Parte protegerá tal información comercial confidencial de cualquier divulgación que pudiera afectar negativamente la situación competitiva del inversor o de la inversión cubierta. Nada de lo dispuesto en este párrafo se interpretará como un impedimento para que una Parte obtenga o divulgue información referente a la aplicación equitativa y de buena fe de su legislación interna.

Artículo 16: No Derogación

El presente Tratado no se derogará por ninguna de las normas que se establecen a continuación que facultan a un inversor de una Parte o la inversión cubierta a recibir un trato más favorable que el otorgado por este Tratado.

1. leyes o reglamentaciones, procedimientos y prácticas administrativas, o sentencias o resoluciones administrativos de una Parte;

2. obligaciones legales internacionales de una Parte; o

3. obligaciones asumidas por una Parte, incluidas aquellas contempladas en la autorización de inversión o en un acuerdo de inversión.

Artículo 17: Denegación de Beneficios

1. Una parte podrá denegar los beneficios de este Tratado a un inversor de la otra Parte que sea una empresa de la otra Parte y a las inversiones de dicho inversor, si personas de ese país que no es Parte son las propietarias o tienen el control de la empresa y la Parte denegtante:

(a) no mantiene relaciones diplomáticas con el país que no es Parte; o

(b) adopta o mantiene medidas en relación con el país que no es Parte o con una persona de un país que no sea Parte, que prohíben transacciones con esa empresa o que serían violadas o eludidas si los beneficios del presente Tratado fueran otorgados a esa empresa o a sus inversiones.

2. Una Parte podrá denegar los beneficios de este Tratado a un inversor de la otra Parte que sea una empresa de esa otra Parte y a las inversiones de dicho inversor si la empresa no realiza actividades comerciales significativas en el territorio de la otra Parte y personas del país que no es Parte, o de la Parte que deniega los beneficios son las propietarias o tienen el control de la empresa.

Artículo 18: Seguridad Esencial

Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de:

1. exigir a una Parte a proporcionar ni permitir el acceso a información cuya divulgación considere contraria a sus intereses esenciales en materia de seguridad; o

2. impedir a una Parte aplicar medidas que considere necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones con respecto al mantenimiento y restauración de la paz y la seguridad internacionales, o para proteger sus intereses esenciales en materia de seguridad.

Artículo 19: Divulgación de Información

Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de exigir a una Parte que proporcione o permita el acceso a información cuya divulgación impediría hacer cumplir la ley o de otra forma fuera contraria al interés público, o puede perjudicar los intereses comerciales legítimos de empresas particulares, ya sea públicas o privadas.

Artículo 20: Servicios Financieros

1. Sin perjuicio de las demás disposiciones de ese Tratado, una Parte no estará impedida de adoptar o mantener medidas relacionadas con los servicios financieros por motivos cautelares, incluidas la protección de inversores, depositantes, tenedores de pólizas o personas con las que un proveedor de servicios financieros tenga contraída una obligación fiduciaria, o para garantizar la integridad y estabilidad del sistema financiero15. Cuando tales medidas no se ajusten a las disposiciones de este Tratado, las mismas no se utilizarán como medio de eludir los compromisos u obligaciones contraídos por la Parte dentro del marco del presente.

2.

(a) Ninguna disposición en este Tratado se aplica a las medidas no discriminatorias de aplicación general adoptadas por cualquier entidad pública en cumplimiento de políticas monetarias y de crédito conexas, o cambiarias. Este párrafo no afectará a las obligaciones de una Parte previstas en el Artículo 7 o Artículo 8 16.

(b) A los efectos de la presente cláusula, "entidad pública" significa un banco central o una autoridad monetaria de una Parte.17

3. Cuando un demandante presente una reclamación a ser sometida a arbitraje conforme a la Sección B, y el demandado invoca el párrafo 1 o párrafo 2 como defensa, se aplicarán las siguientes disposiciones:

(a) Dentro de los 120 días de sometido la reclamación a arbitraje conforme a la Sección B, el demandado presentará por escrito a las autoridades financieras competentes18 de ambas Partes una solicitud para que determinen en forma conjunta en qué medida son de aplicación los párrafos 1 ó 2 como defensa válida de la reclamación. El demandado proporcionará de inmediato al tribunal, si estuviere constituido, una copia de dicha solicitud. El arbitraje podrá realizarse respecto a la reclamación únicamente de conformidad con lo previsto en el subpárrafo (d).

(b) Las autoridades financieras competentes de ambas Partes se ponen a disposición para consultas a ser efectuadas entre sí e intentarán de buena fe tomar la decisión conforme a lo dispuesto en el subpárrafo (a). Tal decisión será transmitida de inmediato a las partes contendientes, y si estuviera constituido, al tribunal. La misma será obligatoria para el tribunal.

(c) Si las autoridades financieras competentes de ambas Partes, dentro de los 120 días siguientes a la fecha en la cual ambas recibieron la solicitud escrita del demandado respecto de la determinación conjunta prevista en el subpárrafo (a) no han tomado dicha determinación conforme a lo dispuesto en dicho subpárrafo, el tribunal decidirá el tema no resuelto por las autoridades financieras competentes. Se aplicarán las disposiciones de la Sección B, con excepción de las modificaciones estipuladas por el presente subpárrafo.

 

15 Se entiende que la expresión "motivos cautelares" incluye el mantenimiento de la seguridad, seriedad, integridad, o responsabilidad financiera de las instituciones financieras individuales.

16 Para mayor certeza, las medidas de aplicación general tomadas en atención a políticas monetarias y de crédito conexas o cambiarias no incluyen medidas que expresamente anulan o modifican las disposiciones contractuales que especifican la moneda de denominación o el tipo de cambio de moneda.

17 Queda entendido que la expresión "autoridad monetaria de una Parte" incluye el Ministerio de Finanzas de una Parte o su equivalente, cuando dicho Ministerio tiene responsabilidades respecto de las políticas monetarias y de crédito relacionadas o de tipo de cambio.

18 A los efectos del presente Artículo, "autoridades financieras competentes" significa, para los Estados Unidos, el Department of Treasury para servicios bancarios y demás servicios financieros, y la Office of the United States Trate Representative, en coordinación con el Department of Commerce y demás agencias, para el segundo y para Uruguay, el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Banco Central del Uruguay.

 

(i) Para la designación de los árbitros aún no designados para integrar el tribunal, cada parte contendiente tomará las medidas necesarias de manera de asegurar que el tribunal sea competente o tenga experiencia en materia de legislación o práctica de servicios financieros. La competencia de los candidatos respecto a los servicios financieros será tenida en cuenta a la hora de designar el presidente del tribunal.

ii) Si previo a la presentación de la solicitud de una decisión conjunta según lo dispuesto por el subpárrafo (a), el Presidente del tribunal ha sido designado conforme al Artículo 27 (3), dicho árbitro será sustituido a solicitud de cualquiera de las partes contendientes y el tribunal se volverá a constituir conforme al subpárrafo (c) (i). Si, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el proceso arbitral es retornado conforme al subpárrafo (d), las partes contendientes no han convenido en la designación de un nuevo Presidente del tribunal, el Presidente, a solicitud de una de las partes contendientes, designará al Presidente del tribunal arbitral de acuerdo con los dispuesto por el subpárrafo (c) (i).

iii) La Parte no contendiente podrá presentar consideraciones en forma oral o escrita con respecto al tema de si y en qué medida el párrafo 1 o el párrafo 2 constituye una defensa válida de la reclamación. A menos que presente tales consideraciones, se presumirá que la parte no contendiente, a los efectos del arbitraje, asume una posición sobre el párrafo 1 o párrafo 2 no incompatible con la del demandado.

(d) El arbitraje a que hace referencia el subpárrafo (a) podrá proceder con respecto a la reclamación.

(i) 10 días después de la fecha en que tanto las partes contendientes como el tribunal, si estuviere constituido, hayan recibido la determinación conjunta de las autoridades financieras competentes.

(ii) 10 días después de vencido el plazo de 120 días otorgado a las autoridades financieras competentes en el subpárrafo (c).

4. Cuando surja una controversia contemplada por la Sección C y las autoridades financieras competentes de una Parte notifiquen por escrito a las autoridades financieras competentes de la otra Parte que dicha controversia abarca servicios financieros, se aplicarán las disposiciones de la Sección C, con excepción de lo dispuesto por el presente párrafo y el párrafo 5.

(a) Las autoridades financieras competentes de ambas partes se pondrán a disposición para efectuar consultas entre sí respecto de la controversia, y contarán con un plazo de 180 días a partir de la fecha en que la notificación es recibida para trasmitir un informe sobre sus consultas a las Partes. Una Parte podrá someter la controversia a arbitraje conforme a la Sección C únicamente cuando haya expirado el plazo de 180 días.

(b) Cualquiera de las Partes podrá poner tales informes a disposición de un tribunal constituido conforme a la Sección C para resolver la controversia citada en el presente párrafo o una controversia similar, o bien de un tribunal constituido conforme a la Sección B para resolver una reclamación resultante de los mismos hechos o circunstancias que dieron origen a la controversia citada en la Sección C.

5. Cuando una Parte somete a arbitraje una controversia que involucra servicios financieros conforme a la Sección C de acuerdo con lo establecido por el párrafo 4, y a solicitud de cualquiera de las Partes en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que la controversia es sometida a arbitraje, cada Parte, al designar todos los árbitros aún no designados, tomará las medidas necesarias para asegurar que el tribunal entiende o tiene experiencia en materia de legislación o práctica financiera. Los conocimientos de los candidatos respecto a los servicios financieros serán tomados en cuenta a la hora de designar el Presidente del tribunal.

6. Sin perjuicio del Artículo 11 (2), cada Parte, en la medida de lo posible:

(a) publicará por adelantado cualquier reglamentación de aplicación general relacionada con servicios financieros que pretenda adoptar;

(b) proporcionará a las partes interesadas y a la otra Parte una oportunidad razonable para comentar sobre las reglamentaciones propuestas.

7. Las expresiones "servicios financieros" o "servicio financiero" tendrán el mismo significado que el asignado en el subpárrafo 5(a) del Anexo a Servicios Financieros del AGCS.

Artículo 21: Tributación

1. Con excepción de lo dispuesto por el presente Artícu-lo, nada de lo establecido en este Tratado se aplicará a medidas tributarias.

2. Sujeto al párrafo 7, el Artículo 3 y el Artículo 4 se aplicarán a todas las medidas impositivas, que no sean medidas impositivas relativas a impuestos directos que a los fines de este párrafo constituyen medidas tributarias sobre ingresos, ganancias de capital, o sobre capital gravable de sociedades comerciales o personas físicas, impuestos sobre bienes inmuebles, herencias, donaciones y transferencias con salto de generaciones (generation-skipping transfers), no obstante, las disposiciones de tales artículos no se aplicarán a:

(a) ninguna obligación de nación más favorecida con respecto a una ventaja concedida por una Parte en virtud de un convenio tributario;

(b) una disposición disconforme contenida en una medida tributaria existente;

(c) la continuación o pronta renovación de una medida disconforme de cualquier medida tributaria existente;

(d) una modificación de una disposición disconforme contenida en una medida tributaria existente en tanto que dicha modificación no disminuya su conformidad con dichos artículos, al momento de la modificación;

(e) la adopción o imposición de una medida tributaria tendiente a asegurar la aplicación o recaudación de impuestos de manera equitativa o efectiva (según lo permitido por el Artículo XIV(d) del AGCS); o

(f) una disposición que condicione la recepción o recepción continuada de una ventaja con relación a las contribuciones o las rentas de un fideicomiso de pensión, fondo u otro acuerdo que establezca beneficios de retiro o similares, con la condición de que la Parte mantenga jurisdicción permanente sobre dicho fideicomiso, fondo u otro acuerdo.

3. El Artículo 6 se aplicará a todas las medidas tributarias, exceptuado el caso en que cuando un demandante afirme que una medida tributaria implica expropiación podrá someter el reclamo a arbitraje conforme a la Sección B, únicamente si:

(a) el demandante ha presentado por escrito en primer lugar a las autoridades impositivas competentes de ambas Partes la cuestión de si la medida impositiva implica una expropiación; 19 y

(b) dentro de los 180 días siguientes a la fecha de dicha presentación, las autoridades impositivas competentes de ambas Partes no han acordado que la medida impositiva no constituye una expropiación.

4. Sujeto a lo dispuesto por el párrafo 7, el Artículo 8(2) a (4) se aplicará a todas las medidas impositivas.

5. La Sección B se aplicará a la medida impositiva que se alega constituye un incumplimiento respecto de la autorización de inversión o un acuerdo de inversión.

6. Para mayor certeza, las Secciones B y C se aplicarán a la medida impositiva que se alega constituye un incumplimiento respecto de los Artículos 3, 4, 6, u 8 (2) a (4) en la medida en que cualquiera de tales Artículos sea aplicable a medidas impositivas previstas por el párrafo 2, 3 ó 4.

7. Nada de lo establecido en el presente Tratado afectará los derechos y obligaciones de cada Parte previstas en cualquier convenio tributario. En caso de registrarse incompatibilidades entre este Tratado y un convenio de dicha naturaleza, prevalecerá ese convenio dentro del alcance de la incompatibilidad. En el caso de un convenio tributario entre las Partes, las autoridades competentes previstas en el mismo, tendrán la exclusiva responsabilidad de determinar si existe incompatibilidad entre el presente Tratado y dicho convenio.

Artículo 22: Entrada en Vigor, Duración y Terminación

1. Este Tratado entrará en vigor treinta días después del intercambio de instrumentos de ratificación. Tendrá una vigencia de diez años y continuará vigente a partir de entonces, a menos que sea terminado de conformidad con el párrafo 2.

2. Una Parte podrá terminar este Tratado al final del período inicial de 10 años o en cualquier momento después de esa fecha, dando aviso previo por escrito a la otra Parte con una antelación de un año.

3. Durante los diez años posteriores a la fecha de terminación, todos los demás Artículos continuarán siendo de aplicación a las inversiones cubiertas, establecidas o adquiridas con anterioridad a la fecha de terminación, excepto en la medida en que dichos Artículos abarquen el establecimiento o la disposición de inversiones cubiertas.

SECCION B

Artículo 23: Consultas y Negociación

En caso de una controversia relativa a una inversión, el demandante y el demandado deben en primer lugar intentar solucionar la controversia mediante, consultas y negociación, lo que podría incluir la aplicación de procedimientos con intervención de terceros de carácter no obligatorio.

Artículo 24: Sometimiento de una Reclamación a Arbitraje

 

19 A los efectos del presente Artículo, "autoridades impositivas competentes" significa: (a) para los Estados Unidos, el Assistant Secretary of the Treasury (Tax Policy), Department of Treasury; y (b) para Uruguay el Director, Dirección General Impositiva del Ministerio de Economía y Finanzas.

 

1. En el caso que una Parte contendiente considere que una controversia relativa a una inversión no puede ser resuelta por medio de consultas y negociación:

(a) el demandante, en nombre propio, podrá someter a arbitraje una reclamación, de conformidad con esta Sección, en razón de:

(i) que el demandado ha violado:

(A) una obligación prevista por los Artículos 3 a 10,

(B) una autorización de inversión, o

(C) un acuerdo de inversión, y

(ii) que del demandante ha sufrido pérdidas o daños en virtud de dicha violación o como consecuencia de ésta; y

(b) el demandante, por los intereses de una empresa del demandado que sea persona jurídica de propiedad del demandante o que esté bajo su control directo o indirecto, podrá, de conformidad con esta Sección, someter a arbitraje una reclamación en razón de:

(i) que el demandado ha violado:

(A) una obligación prevista por los Artículos 3 a 10,

(B) una autorización de inversión, o

(C) un acuerdo de inversión, y

(ii) que la empresa ha sufrido pérdidas o daños en virtud de dicha violación o como consecuencia de la misma.

en el entendido de que un demandante pueda someter, conforme a los subpárrafos (a)(i)(C) o (b)(i)(C), una reclamación por violación de un acuerdo de inversión únicamente si la cuestión o los daños que se reclaman refieren directamente a la inversión cubierta que fue establecida o adquirida o que se solicitaba fuera establecida o adquirida, en el marco del acuerdo de inversión pertinente.

2. Por lo menos 90 días antes de someter una reclamación a arbitraje conforme a la presente Sección, el demandante entregará al demandado una notificación escrita de su intención de someter la reclamación a arbitraje ("notificación de intención"). En la notificación se especificará:

(a) el nombre y la dirección del demandante y, en el caso de que la reclamación se someta por los intereses de la empresa, el nombre, dirección y lugar de constitución de la misma;

(b) por cada reclamación, la disposición de este Tratado, la autorización de inversión o el acuerdo de inversión presuntamente violada, así como otras disposiciones pertinentes;

(c) las cuestiones de hecho y de derecho en que se funda cada rclamación; y

(d) la reparación solicitada y el monto aproximado de los daños reclamados.

3. En tanto hayan transcurrido seis meses desde que tuvieron lugar los hechos que motivaron la reclamación, el demandante podrá someter la reclamación a que refiere el párrafo 1:

(a) de conformidad con el Convenio del CIADI y con las Reglas de Procedimiento para Procedimientos Arbitrales del CIADI, siempre que tanto el demandado como la Parte no contendiente sean parte del Convenio del CIADI;

(b) de conformidad con las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI, siempre que el demandado o la Parte no contendiente, sean parte del Convenio del CIADI;

(c) de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI; o

(d) si el demandante y el demandado así acuerdan, a cualquier otro órgano de arbitraje o de conformidad con cualesquiera otras reglas de arbitraje.

4. Una reclamación se considerará sometida a arbitraje conforme a esta Sección cuando la notificación o la solicitud de arbitraje ("notificación de arbitraje") del demandante prevista por el:

(a) a que refiere el párrafo 1 del Artículo 36 del Convenio del CIADI sea recibida por el Secretario General;

(b) a que refiere el Artículo 2 del Anexo C de las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI sea recibida por el Secretario General;

(c) a que se refiere el Artículo 3 de las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI, conjuntamente con el escrito de demanda a que refiere el Artículo 18 de las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI, sea recibida por el demandado; o

(d) a que refiera cualquier institución arbitral o cualesquiera otras reglas de arbitraje escogida en virtud del párrafo 3(d), sea recibida por el demandado.

Una reclamación reconfirmada por primera vez por el demandante, luego de haber sido presentada la notificación de arbitraje, será considerada como sometida a arbitraje bajo esta Sección en la fecha de su recepción de conformidad con las reglas de arbitraje aplicables.

5. Las reglas de arbitraje aplicables de conformidad con el párrafo 3, y que estén vigentes a la fecha en que la reclamación o reclamaciones fueron sometidas a arbitraje conforme a esta Sección, regirán el arbitraje salvo en la medida en que sean modificadas por este Tratado.

6. El demandante proporcionará en la notificación de arbitraje:

(a) el nombre del árbitro designado por el demandante; o

(b) el consentimiento escrito del demandante para que el Presidente designe dicho árbitro.

Artículo 25: Consentimiento de Cada Una de las Partes al Arbitraje

1. Cada Parte consiente en someter una reclamación a arbitraje, con arreglo a esta Sección y de conformidad con este Tratado.

2. El consentimiento a que se refiere el párrafo 1 y el sometimiento de la reclamación a arbitraje conforme a esta Sección cumplirán con los requisitos señalados en:

(a) el Capítulo II del Convenio del CIADI (Jurisdicción del Centro) y las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI en lo relativo al consentimiento por escrito de las partes en la controversia;

(b) el Artículo II de la Convención de Nueva York en lo relativo al "acuerdo por escrito"; y

(c) el Artículo I de la Convención Interamericana en lo relativo a un "acuerdo".

Artículo 26: Condiciones y Limitaciones al Consentimiento de las Partes

1. Ninguna reclamación podrá someterse a arbitraje, conforme a esta Sección, si han transcurrido más de tres años a partir de la fecha en que el demandante por primera vez tuvo o debió haber tenido conocimiento del incumplimiento alegado, conforme al Artículo 24(1) y de que el demandante (por las reclamaciones entabladas en virtud del artículo 24 (1)(a)), o la empresa (por las reclamaciones entabladas en virtud del artículo 24(1)(b)) han sufrido pérdidas o daños.

2. Ninguna reclamación podrá someterse a arbitraje conforme a esta Sección a menos que:

(a) el demandante consienta por escrito someterse al arbitraje, de conformidad con los procedimientos previstos en este Tratado; y

(b) la notificación de arbitraje se acompañe:

(i) de la renuncia por escrito del demandante, para las reclamaciones sometidas a arbitraje en virtud del artículo 24(1)(a),

(ii) de las renuncias por escrito del demdandante y de la empresa, para las reclamaciones sometidas a arbitraje en virtud del artículo 24(1)(b),

de cualquier derecho a iniciar o continuar ante un tribunal judicial o administrativo sujeto a la legislación de cualquiera de las Partes, u otros procedimientos de solución de controversias, cualquier acción relacionada con medidas respecto de las cuales se sostiene que constituyen un incumplimiento previsto en el Artículo 24.

3. Sin perjuicio del párrafo 2(b), el demandante (en las reclamaciones entabladas en virtud del artículo 24(1)(a)) y el demandante o la empresa (en las reclamaciones enta-bladas en virtud del artículo 24(1)(b)) podrá iniciar o continuar una acción en que se procure la aplicación de una orden provisional de desagravio y que no implique el pago de daños monetarios ante un tribunal judicial o administrativo del demandado, siempre que la acción se interponga con el único fin de preservar los derechos e intereses del demandante o de la empresa mientras se desarrolla el arbitraje.

Artículo 27: Selección de los Arbitros

1. A menos que las partes contendientes convengan otra cosa, el tribunal estará integrado por tres árbitros, un árbitro designado por cada una de las partes contendientes y el tercero, que será el árbitro Presidente, designado por acuerdo entre las partes contendientes.

2. El Presidente será la autoridad que designará a los árbitros para un procedimiento de arbitraje bajo esta Sección.

3. Sujeto al artículo 20(3), en el caso que un tribunal no se constituya dentro de un plazo de 75 días a partir de la fecha en que la reclamación es sometida a arbitraje conforme a la presente Sección, el Presidente, a solicitud de una parte contendiente, designará, a su discreción, el árbitro o árbitros que aún no hubieran sido designados.

4. A los efectos del artículo 39 del Convenio del CIADI y del Artículo 7 de la Parte C de las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI, y sin perjuicio de objetar a un árbitro por motivos ajenos a la nacionalidad.

(a) el demandado acepta la designación de cada uno de los miembros del tribunal establecido de conformidad con el Convenio del CIADI o con las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI;

(b) el demandante a que hace referencia el Artículo 24(1)

(a) podrá someter a arbitraje una reclamación conforme a esta Sección, o continuar una reclamación de conformidad en el Convenio del CIADI o las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI, úni-camente con la condición de que el demandante manifieste su consentimiento por escrito sobre la designación de cada uno de los miembros del tribunal; y

(c) el demandante a que hace referencia el Artículo 24(1)(b) podrá someter una reclamación a arbitraje conforme a esta Sección, o continuar una reclamación de conformidad con el Convenio del CIADI o las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI, únicamente con la condición de que el demandante y la empresa manifiesten su consentimiento por escrito sobre la designación de cada uno de los miembros del tribunal.

Artículo 28: Procedimiento de Arbitraje

1. Las partes contendientes podrán acordar la sede legal donde habrá de celebrarse un arbitraje conforme a las reglas de arbitraje aplicables establecidas en el Artículo 24(3). Si las partes contendientes no logran un acuerdo, el tribunal determinará dicha sede de conformidad con las reglas de arbitraje aplicables, siempre que el lugar se encuentre en el territorio de un Estado Parte de la Convención de Nueva York.

2. La Parte no contendiente podrá presentar comunicaciones orales o escritas ante el tribunal con respecto a la interpretación de este Tratado.

3. El tribunal tendrá autoridad para aceptar y considerar presentaciones amicus curiae que provengan de una persona o entidad que no sea parte contendiente.

4. Sin perjuicio de la facultad del tribunal para conocer otras objeciones como cuestiones preliminares, un tribunal entenderá y determinará como cuestión preliminar cualquier objeción del demandado en el sentido que, como cuestión de derecho, la reclamación sometida no es una reclamación respecto de la cual se pueda dictar un laudo favorable para el demandante de acuerdo con el artículo 34.

(a) Dicha objeción se presentará al tribunal tan pronto como sea posible luego de su constitución, y en ningún caso con posterioridad a la fecha que el tribunal fije para que el demandado presente su contestación de la demanda (o en el caso de una modificación de la notificación de arbitraje, la fecha que el tribunal fije para que el demandado presente su respuesta a la modificación).

(b) Al recibir una objeción conforme al presente párrafo, el tribunal suspenderá toda actuación sobre cuestiones de fondo, establecerá un cronograma para la consideración de la objeción compatible con cualquier otro cronograma que haya establecido para la consideración de otras cuestiones preliminares, y dictará una decisión o laudo sobre dicha objeción, exponiendo los fundamentos.

(c) Al decidir acerca de una objeción conforme al presente párrafo, el tribunal asumirá como ciertos los argumentos de hecho presentados por el demandante como respaldo de cualquier reclamación incluida en la notificación de arbitraje (o cualquier modificación de la misma) y, en controversias presentadas conforme a las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI, el escrito de demanda a que refiere el artículo 18 de las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI. El tribunal podrá considerar también cualquier otro hecho relevante que no sea objeto de controversia.

(d) El demandado no renuncia a formular una objeción con respecto a la competencia o a cualquier argu-mento de fondo, simplemente porque haya formulado o no una objeción conforme a este párrafo, o haga uso del procedimiento expedito establecido en el párrafo 5.

5. En el caso de que el demandado así lo solicite, dentro de los 45 días siguientes a la constitución del tribunal, éste decidirá, sobre bases expeditas, acerca de una objeción prevista por el párrafo 4 o cualquier otra objeción en el sentido de que la controversia no se enmarca dentro de la competencia del tribunal. El tribunal suspenderá toda actuación sobre cuestiones de fondo y dictará, a más tardar 150 días después de la fecha de la solicitud, una decisión o laudo sobre dicha objeción u objeciones, exponiendo sus fundamentos. Sin embargo, si una parte contendiente solicita una audiencia, el tribunal podrá disponer de 30 días adicionales para dictar la decisión o laudo. Independientemente de si se ha solicitado o no una audiencia, el tribunal podrá, demostrando un motivo extraordinario, retrasar la emisión de su decisión o laudo por un breve período adicional, el cual no podrá exceder de 30 días.

6. Cuando el tribunal decide acerca de la objeción presenada por un demandado conforme a los párrafos 4 ó 5, podrá, si se justifica, conceder a la parte contendiente vencedora costas y honorarios razonables en que haya incurrido al presentar la objeción u oponerse a ésta. Al determinar si dicho laudo es justificado, el tribunal considerará si la reclamación del demandante o la objeción del demandado eran fútiles, y concederá a las partes contendientes una oportunidad razonable para formular comentarios.

7. El demandado no declarará como defensa, reconvención o derecho compensatorio o por cualquier otro motivo que, en virtud de un seguro o contrato de garantía, el demandante ha recibido o recibirá indemnización u otra compensación por la totalidad o una parte de los presuntos daños.

8. El tribunal podrá ordenar una medida provisional de protección para preservar los derechos de una parte contendiente, o para garantizar la plena efectividad en el ejercicio de la competencia del tribunal, incluida una orden para preservar las pruebas que se encuentran en poder o bajo el control de una parte contendiente o para proteger la competencia del tribunal. El tribunal no podrá ordenar el embargo o impedir la aplicación de una medida que se alega constituye una violación mencionada en el artículo 24. A los fines de este párrafo, la orden incluye una recomendación.

9.

(a) En un arbitraje realizado conforme a esta Sección, a solicitud de una parte contendiente, el tribunal, antes de dictar una decisión o un laudo sobre la responsabilidad, comunicará su propuesta de decisión o laudo a las partes contendientes y a la Parte no contendiente. Dentro del plazo de 60 días de comunicada dicha propuesta, las partes contendientes podrán presentar al tribunal comentarios escritos relativos a cualquier aspecto de su propuesta de decisión o laudo. El tribunal considerará dichos comentarios y dictará su decisión o laudo a más tardar a los 45 días siguientes al vencimiento del plazo de 60 días para presentar comentarios.

(b) El subpárrafo (a) no se aplicará a un arbitraje realizado conforme a esta Sección respecto del cual se haya presentado una apelación en virtud del párrafo 10 o el Anexo E.

10. Si entre las Partes entrara en vigor un Tratado multilateral independiente en el que se estableciere un órgano de apelación con el objetivo de revisar los laudos dictados por Tribunales constituidos conforme a acuerdos internacionales de comercio o de inversión para entender en controversias de inversión, las Partes procurarán llegar a un acuerdo para que dicho órgano de apelación revise los laudos dictados conforme al Artículo 34 en los arbitrajes iniciados con posterioridad a la entrada en vigor del Tratado multilateral para las Partes.

Artículo 29: Transparencia de los procedimientos arbitrales

1. Con sujeción a los párrafos 2 y 4, el demandado, después de recibir los siguientes documentos, los remitirá sin demora a la Parte no contendiente y los pondrá a disposición del público:

(a) la notificación de intención;

(b) la notificación de arbitraje;

(c) los alegatos, las demandas y los escritos presentados al tribunal por una parte contendiente y cualquier comunicación escrita presentada de conformidad con el artículo 28(2) y (3) y el Artículo 33;

(d) las actas o transcripciones de las audiencias del tribunal, cuando estén disponibles; y

(e) las órdenes, los laudos y las decisiones del tribunal.

2. El tribunal realizará audiencias públicas y determinará, en consulta con las partes contendientes, los arreglos logísticos pertinentes. Sin embargo, cualquier parte contendiente que pretenda usar en una audiencia información clasificada como protegida, deberá comunicarlo al tribunal. El tribunal realizará los arreglos pertinentes para proteger la información de su divulgación.

3. Nada de lo dispuesto en esta Sección requiere que el demandado divulge información protegida o proporcione o permita el acceso a información que pueda retener de conformidad con el Artículo 18 o con el Artículo 19.

4. La información protegida que es presentada ante el tribunal será protegida de divulgación de acuerdo con los siguientes procedimientos:

(a) sujeto al subpárrafo (d), ni las partes contendientes ni el tribunal revelarán a la Parte no contendiente o al público información protegida cuando la parte contendiente que proporciona la información la consigne claramente de esa manera, de acuerdo con el subpárrafo (b);

(b) la parte contendiente que reclame que determinada información constituye información protegida, la clasificará claramente al momento de ser presentada al tribunal;

(c) una parte contendiente, al presentar un documento que contiene información considerada protegida, deberá proporcionar una versión redactada del documento que no contenga dicha información. Sólo la ver-sión redactada será proporcionada a la Parte no contendiente y será pública de acuerdo al párrafo 1; y

(d) el tribunal decidirá acerca de cualquier objeción en relación con la clasificación de información considerada protegida. Si el Tribunal determina que dicha información no fue adecuadamente clasificada, la parte contendiente que presentó la información podrá:

(i) retirar toda o parte de su presentación que contiene tal información; o

(ii) convenir en volver a presentar documentos completos y redactados con clasificaciones, corregidas de acuerdo con la determinación del tribunal y con el subpárrafo (c).

En cualquier caso, la otra parte contendiente deberá, siempre que sea necesario, volver a presentar documentos completos y redactados, que o bien quiten la información retirada de conformidad con el inciso (i) por la parte contendiente que presentó la información en primer lugar, o bien reclasifiquen la información de forma compatible con la clasificación realizada de conformidad con el inciso (ii) de la parte contendiente que presentó la información en primer lugar.

5. Nada de lo dispuesto en esta Sección exige el demandado negar acceso público a información que, de acuerdo a su legislación, debe ser divulgada.

Artículo 30: Derecho Aplicable

1. Sujeto al párrafo 3, cuando conforme al Artículo 24(1)(a)(i)(A) o 24(1)(b)(i)(A), una reclamación es sometida a arbitraje, el tribunal decidirá las cuestiones en controversia de conformidad con este Tratado y con las normas aplicables del derecho internacional.

2. Sujeto al párrafo 3 y los otros términos de esta Sección, cuando, conforme al Artículo 24(1)(a)(i)(B) o (C) o al Artículo 24(1)(b)(i)(B) o (C), una reclamación es sometida a arbitraje:

(a) el tribunal aplicará las normas legales establecidas en el acuerdo de inversión o en la autorización de inversión pertinentes, o de acuerdo a lo convenido por las partes contendientes;

(b) si las normas legales no han sido especificadas o acordadas de otra manera:

(i) el tribunal aplicará la legislación del demandado (incluidas sus normas sobre los conflictos de leyes)20; y

(ii) aquellas normas del derecho internacional que sean aplicables.

3. Una decisión conjunta de las Partes, en la que cada una actúa a través de su representante designado a los efectos de este artículo, en la que ellas declaran su interpretación de una disposición de este Tratado, será obligatoria para el tribunal, y toda decisión o laudo emitido por un tribunal deberá ser compatible con dicha decisión conjunta.

Artículo 31: Interpretación de los Anexos

1. Cuando un demandado afirma como defensa que la medida cuestionada está comprendida dentro del alcance de uno de los ítems del Anexo I, II o III, el tribunal solicitará -a petición del demandado- la interpretación de las Partes sobre el asunto. Las Partes presentarán al tribunal por es-crito una decisión conjunta donde incluirán su interpretación, dentro de los 60 días siguientes a la entrega de la solicitud.

2. Una decisión conjunta emitida por las Partes conforme al párrafo 1, actuando cada una a través de su representante designado a los efectos de este Artículo, será obligatoria para el tribunal y cualquier decisión o laudo emitido por el tribunal deberá ser compatible con esa decisión conjunta. Si las partes no emitieran dicha decisión en un plazo de 60 días, el tribunal decidirá sobre el asunto.

Artículo 32: Informes de Expertos

Sin perjuicio de la designación de otro tipo de expertos cuando así lo autoricen las reglas de arbitraje aplicables, el tribunal, a petición de una parte contendiente o por iniciativa propia, a menos que las partes contendientes lo desaprueben, podrá designar uno o más expertos a los efectos de que le informen por escrito acerca de cualquier cuestión de hecho relativa a temas ambientales, de salud, de seguridad u otros temas científicos planteados por una parte contendiente en un proceso, sujeto a los términos y condiciones que las partes contendientes acuerden.

Artículo 33: Acumulación de Procedimientos

 

20 "La regulación del demandado" significa la ley que un tribunal judicial o administrativo de la competencia adecuada, aplicaría en el mismo caso.

 

1. En los casos en que dos o más reclamaciones, conforme al Artículo 24(1) hayan sido sometidas a arbitraje por separado y tales reclamaciones planteen en común una cuestión de hecho o de derecho y resultan de los mismos hechos o circunstancias, cualquiera de las partes contendientes podrá solicitar la obtención de una orden de acumulación de procedimientos con la aprobación de todas las partes contendientes que se pretende abarcar por dicha orden o los términos de los párrafos 2 a 10.

2. La parte contendiente que solicite obtener una orden de acumulación conforme al presente Artículo, entregará una solicitud por escrito al Secretario General y a todas las partes contendientes respecto de las cuales se pretende obtener la orden de acumulación y especificará en la misma lo siguiente:

(a) los nombres y direcciones de todas las partes contendientes respecto de las cuales se solicita la orden de acumulación;

(b) la naturaleza de la orden de acumulación solicitada; y

(c) los fundamentos en que se basa la solicitud.

3. A menos que el Secretario General determine, dentro del plazo de 30 días de recibida una solicitud conforme al párrafo 2, que la misma es manifiestamente infundada, se establecerá un tribunal en virtud de este Artículo.

4. A menos que todas las partes contendientes respecto de las cuales se solicita obtener la orden de acumulación convengan de otro modo, el tribunal que se establezca bajo este Artículo se integrará por tres árbitros:

(a) un árbitro designado por acuerdo de los demandantes.

(b) un árbirtro designado por el demandado; y

(c) el árbitro presidente designado por el Presidente, en el entendido de que no podrá ser nacional de ninguna de las Partes.

5. Si, dentro del plazo de los 60 días siguientes a la recepción por parte del Secretario General de la solicitud formulada de conformidad con el párrafo 2, el demandado o los demandantes no designan un árbitro conforme al párrafo 4, el Presidente, a petición de cualquier parte contendiente respecto de la cual se solicita obtener la orden de acumulación, designará al árbitro o árbitros que aún no hubieran sido designados. En caso de que el demandado no designe un árbitro, el Presidente designará a un nacional de la parte contendiente, y en caso de que los demandantes no designen un árbitro, el Presidente designará a un nacional de la Parte no contendiente.

6. En el caso de que el tribunal establecido bajo este artículo constate que se hubieren presentado a arbitraje dos o más reclamaciones conforme al artículo 24(1), que plantean en común una cuestión de hecho o de derecho, y que surgen de los mismos hechos o circunstancias, el tribunal podrá, en procura de alcanzar una resolución justa y eficiente de las reclamaciones y luego de escuchar a las partes contendientes, por orden:

(a) asumir competencia, conocer y decidir conjuntamente, sobre todas o una parte de las reclamaciones;

(b) asumir competencia, conocer y decidir respecto de una o más de las reclamaciones, cuya decisión considera que contribuiría a la resolución de las demás; o

(c) instruir a un tribunal previamente establecido conforme al Artículo 27 a que asuma competencia, conozca y decida conjuntamente, sobre la totalidad o una parte de las reclamaciones, siempre que:

(i) ese tribunal, a solicitud de cualquier demandante que no haya sido anteriormente parte contendiente ante dicho tribunal, se reconstituya con sus miembros originales, con la salvedad de que el árbitro por la parte de los demandantes será designado conforme a los párrafos 4(a) y 5; y

(ii) ese tribunal decida si ha de repetirse alguna audiencia anterior.

7. En el caso en que se haya establecido un tribunal conforme a este Artículo, el demandante que haya sometido una reclamación a arbitraje conforme al Artículo 24(1), y que no esté nombrado en una solicitud formulada conforme al párrafo 2, podrá solicitar al tribunal por escrito ser incluido en cualquier orden que se adopte conforme al párrafo 6, y especificará en la solicitud:

(a) el nombre y dirección del demandante;

(b) la naturaleza de la orden solicitada, y

(c) los fundamentos en que se basa la solicitud de la orden.

El demandante entregará una copia de su solicitud al Secretario General.

8. Un tribunal establecido conforme al presente Artículo realizará el procedimiento conforme a las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI, salvo en cuanto a las modificaciones previstas por esta Sección.

9. Un tribunal establecido conforme al Artículo 27 no tendrá competencia para resolver una reclamación, o parte de la misma, respecto de la cual un tribunal establecido o instruido conforme al presente Artículo haya asumido competencia.

10. A solicitud de una parte contendiente, un tribunal establecido conforme al presente Artículo podrá, en espera de su decisión conforme al párrafo 6, disponer que las actuaciones de un tribunal establecido conforme al Artículo 27 se aplacen, a menos que este último tribunal ya las hubiera suspendido.

Artículo 34: Laudos

1. Cuando un tribunal dicte un laudo definitivo en contra del demandado, el tribunal podrá otorgar, por separado o en forma combinada, únicamente:

(a) daños pecuniarios y los intereses que procedan; y

(b) restitución de la propiedad, en cuyo caso el laudo dispondrá que el demandado podrá pagar daños pecuniarios más los intereses que procedan, en lugar de la restitución.

Un tribunal también podrá adjudicar las costas y honorarios de abogados de conformidad con este Tratado y con las reglas de arbitraje aplicables.

2. Sujeto al párrafo 1, cuando se someta a arbitraje una reclamación bajo el Artículo 24(1)(b);

(a) un laudo que estipule la restitución de la propiedad, dispondrá que la restitución se otorgue a la empresa,

(b) un laudo que estipule daños pecuniarios y los intereses que procedan, dispondrá que la suma se pague a la empresa; y

(c) el laudo dispondrá su ejecución sin perjuicio de cualquier derecho que una persona pueda tener sobre la reparación, conforme al derecho interno aplicable.

3. Un tribunal no podrá ordenar el pago de daños de carácter punitivo.

4. Un laudo dictado por un tribunal será obligatorio sólo para las partes contendientes y únicamente respecto del caso concreto.

5. Sujeto al párrafo 6 y al procedimiento de revisión aplicable a un laudo provisional, la parte contendiente acatará y cumplirá el laudo sin demora.

6. Una parte contendiente no podrá solicitar la ejecución de un laudo definitivo hasta que:

(a) en el caso de un laudo definitivo dictado de conformidad con el Convenio del CIADI:

(i) hayan transcurrido 120 días a partir de la fecha en que se dictó el laudo y ninguna de las partes contendientes haya solicitado su revisión o anulación; o

(ii) hayan concluido los procedimientos de revisión o anulación; y

(b) en el caso de un laudo definitivo dictado de conformidad a las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI, las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI y las normas escogidas de conformidad con artículo 24(3)(d);

(i) hayan transcurrido 90 días desde la fecha en que se dictó el laudo y ninguna de las partes contendientes haya iniciado una acción para revisarlo, revocarlo o anularlo; o

(ii) un tribunal haya desechado o admitido una solicitud de revisión, revocación o anulación del laudo y no existan instancias ulteriores de apelación.

7. Cada Parte dispondrá la debida ejecución de un laudo en su territorio.

8. Si el demandado incumple o no acata un laudo definitivo, una vez presentada una petición de la Parte no contendiente, se establecerá un tribunal conforme al Artículo 37. Sin perjuicio de otras reparaciones disponibles en el marco de las reglas aplicables de derecho internacional, la Parte que formula la petición podrá solicitar en dichos procedimientos:

(a) una determinación en el sentido de que el incumplimiento o el no acatamiento del laudo definitivo es incompatible con las obligaciones de este Tratado; y

(b) una recomendación en el sentido de que el demandante cumpla o acate el laudo definitivo.

9. Una parte contendiente podrá procurar la ejecución de un laudo arbitral bajo el convenio del CIADI, la Convención de Nueva York, o la Convención Interamericana, independientemente de que se hayan seguido o no las acciones contempladas en el párrafo 8.

10. A los efectos del Art. 1 de la Convención de Nueva York, y del Artículo 1 de la Convención Interamericana, una reclamación sometida a arbitraje bajo esta Sección será considerada como resultante de una relación u operación comercial.

Artículo 35: Anexos, Protocolo, y Notas al Pie

Los anexos, el Protocolo, y las notas al pie de este Tratado constituyen parte integrante del mismo.

Artículo 36: Entrega de Documentos

La entrega de la notificación y otros documentos a una parte, se realizará en el lugar designado por ella en el Anexo D.

SECCION C

Artículo 37: Solución de Controversias entre Estados

1. Sujeto al párrafo 5, toda controversia entre las Partes sobre la interpretación o aplicación de este Tratado, que no haya sido resuelta por la vía de consultas u otros canales diplomáticos, será sometida a arbitraje -a solicitud de cualquiera de las Partes- con el fin de que un tribunal emita una decisión o laudo vinculante con arreglo a las reglas de derecho internacional aplicables. A menos que las Partes acuerden lo contrario, se aplicarán las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI, salvo en la medida de lo que las Partes o este Tratado modifiquen.

2. A menos que las Partes convengan de otro modo, el tribunal estará integrado por tres árbitros, un árbitro designado por cada Parte y el tercero, que será el árbitro presidente, designado por acuerdo entre las Partes. Si dentro de los 75 días siguientes a la presentación de la reclamación a arbitraje bajo esta Sección, no se ha constituido el tribunal, el Presidente, a solicitud de una de las Partes, designará a su discreción, el árbitro o árbitros que aún no hubieran sido designados.

3. El pago de los gastos en que incurran los árbitros y otros costos del procedimiento, será dividido entre las Partes en proporciones iguales. Sin embargo, el tribunal podrá, a su discreción, dictaminar que una proporción mayor de los costos sea de cargo de una de las Partes.

4. Los Artículos 28(3), 29, 30(1) y 31 se aplicarán mutatis mutandis a los arbitrajes previstos por este Artículo.

5. Los párrafos 1 a 4 no serán de aplicación para una cuestión que surja conforme al Artículo 12 o el Artículo 13.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los respectivos plenipotenciarios han suscrito este Tratado.

HECHO en Mar del Plata, el día de noviembre de 2005, en dos originales igualmente auténticos, en idioma español e idioma inglés.

 

 

 

Anexo A

Derecho Internacional Consuetudinario

Las Partes confirman su común entendimiento acerca de que "derecho internacional consuetudinario" generalmente y como refiere específicamente el Artículo 5 y el Anexo B resulta de una práctica general y constante seguida por los Estados a la que se asigna carácter legal y obligatorio. Con relación al Artículo 5, el nivel mínimo de trato a extranjeros en el derecho internacional consuetudinario refiere a todos los principios de derecho internacional consuetudinario que protegen los derechos e intereses económicos de los extranjeros.

Anexo B

Expropiación

Las Partes confirman su común entendimiento de que:

1. El Artículo 6(1) procura reflejar el derecho internacional consuetudinario referido a la obligación de los Estados con relación a la expropiación.

2. Una acción o una serie de acciones de una Parte no podrá constituir una expropiación a menos que interfiera con un derecho de propiedad tangible o intangible o con los intereses de propiedad en una inversión.

3. El artículo 6(1) comprende dos situaciones. La primera se conoce como expropiación directa en donde una inversión es nacionalizada o directamente expropiada de otra forma, mediante la transferencia formal del título o mediante confiscación plena.

4. La segunda situación comprendida en el Artículo 6(1) se conoce como expropiación indirecta, en donde una acción o una serie de acciones realizadas por una Parte tienen un efecto equivalente al de la expropiación directa sin mediar una transferencia formal del título o una confiscación plena.

(a) La determinación de si una acción o una serie de acciones de una Parte en una situación de hecho específica, constituye o no una expropiación indirecta, requiere una investigación de los hechos, caso por caso que considere entre otros factores:

(i) el impacto económico de la acción gubernamental, aunque el hecho de que una acción o una serie de acciones de una Parte tenga un efecto adverso sobre el valor económico de una inversión, por sí solo, no determina que tuvo lugar una expropiación directa;

ii) la medida en que la acción gubernamental interfiere con expectativas inequívocas y razonables basadas en la inversión; y

iii) el carácter de la acción gubernamental.

(b) Salvo en circunstancias ocasionales, no constituyen expropiaciones indirectas las acciones regulatorias no discriminatorias a cargo de una Parte que son diseñadas y aplicadas para proteger objetivos legítimos de bienestar público, tales como la salud pública, la seguridad y el medio ambiente.

Anexo C

Sometimiento de una Reclamación a Arbitraje

1. Un inversor de los Estados Unidos no podrá someter a arbitraje conforme a la Sección B, una reclamación alegando que Uruguay incurrió en violación de una obligación prevista por los Artículos 3 a 10, ya sea:

(a) en nombre propio bajo el Artículo 24(1)(a), o

(b) por los intereses de una empresa uruguaya que sea una persona jurídica que el inversor posee o controla directa o indirectamente conforme al Artículo 24(1)(b),

si el inversor o la empresa, respectivamente, ha alegado esa violación de la obligación conforme a los Artículos 3 a 10 en procesos realizados ante un tribunal judicial o administrativo en Uruguay.

2. Para mayor certeza, si un inversor de los Estados Unidos opta por someter una reclamación del tipo descrito en el párrafo 1 ante un tribunal judicial o administrativo uruguayo, dicha opción será definitiva, y el inversor no podrá posteriormente presentar la reclamación a arbitraje bajo la Sección B.

Anexo D

Diligenciamiento de la Documentación Uruguay

Las notificaciones y demás documentos se entregarán a:

Director

Dirección de Asuntos Económicos Internacionales

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo,

Uruguay

Estados Unidos

Las notificaciones y demás documentos se entregaran a:

Executive Director (L/EX)

Office of the Legal Adviser

Department of State

Washington, D.C. 20520

United States of America

Anexo E

Posibilidad de un Mecanismo Bilateral de Apelación

Dentro de los tres años posteriores a la entrada en vigor de este Tratado, las Partes analizarán la posibilidad de establecer un órgano bilateral de apelación o un mecanismo similar, para revisar laudos dictados bajo el Artículo 34, en arbitrajes iniciados luego de haberse establecido dicho órgano de apelación o mecanismo similar.

Anexo F

Servicios Financieros

1. En aplicación del Artículo 3 a medidas relativas a instituciones financieras, las Partes afirman su común entendimiento de que el tratamiento que cada Parte debe otorgar conforme a ese Artículo:

(a) a inversores de la otra Parte, implica un tratamiento no menos favorable que el que concede a sus propios inversores, en circunstancias similares, con respecto al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de instituciones financieras e inversiones en instituciones financieras en su territorio; y

(b) a instituciones financieras de la otra Parte y a inversiones de inversores de la otra Parte en instituciones financieras, implica un tratamiento no menos favorable que el que concede a sus propias instituciones financieras, y a inversiones de sus propios inversores en instituciones financieras en circunstancias similares, con respecto al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de instituciones financieras e inversiones.

2. En aplicación del Artículo 4 a medidas relativas a instituciones financieras, las Partes afirman su común entendimiento de que el tratamiento que cada Parte debe otorgar conforme a ese Artículo a los inversores de la otra Parte, instituciones financieras de la otra Parte e inversiones de inversores de la otra Parte en instituciones financieras, implica un trato no menos favorable que el que concede a inversores, instituciones financieras e inversiones de inversores en instituciones financieras de una no-Parte, en circunstancias similares, con respecto al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposiciones de instituciones financieras e inversiones.

3. A los fines de los párrafos 1 y 2, "institución financiera de la otra Parte" significa una institución financiera, incluida una sucursal, ubicada en el territorio de una Parte, que es controlada por personas de la otra Parte.

4. Ninguna reclamación en el sentido de que una medida relativa a un inversor de una Parte, o una inversión cubierta en una institución financiera ubicada en el territorio de la otra Parte viola el Artículo 3 o el Artículo 4 podrá ser presentada a arbitraje bajo la Sección B. A los fines de este párrafo:

(a) El término "institución financiera" significa un intermediario financiero u otra empresa que esté autorizada para realizar negocios y sea regulada o supervisada como una institución financiera según la legislación de la Parte en cuyo territorio está ubicada.

(b) Inversión significa "inversión" tal como se define en el Artículo 1, excepto que, con respecto a los "préstamos" y los "instrumentos de deuda" a que refiere dicho Artículo:

(i) un préstamo o un instrumento de deuda emitido por una institución financiera es una inversión en una institución financiera sólo si es tratada como capital para fines regulatorios por la Parte en cuyo territorio se ubica la institución financiera; y

(ii) un préstamo concedido por o un instrumento de deuda propiedad de una institución financiera, distinto de un préstamo o instrumento de deuda de una institución financiera a que refiere el subpárrafo (b)(i), no es una inversión en una institución financiera.

5. Para mayor certeza nada en este Tratado será interpretado en el sentido de impedir la adopción o la implementación por una Parte de medidas relativas a inversores de la otra Parte, o inversiones cubiertas en instituciones financieras que son necesarias para asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos no incompatibles con este Tratado, incluidas aquellas relativas a la prevención de prácticas engañosas y fraudulentas o que abordan los efectos de un incumplimiento de contratos de servicios financieros, sujeto al requisito de que dichas medidas no se apliquen de manera que pudiera constituir una forma de discriminación arbitraria o injustificada entre países donde prevalecen condiciones similares, o una restricción encubierta a la inversión en instituciones financieras.

Anexo G

Reestructuración de Deuda Soberana

1. Ninguna reclamación en el sentido de que una reestructuración de un instrumento de deuda emitido por Uruguay viola una obligación bajo los Artículos 5 a 10 podrá someterse a arbitraje, o en caso de ya haberse sometido continúe el mismo, conforme a la Sección B, si se trata de una reestructuración negociada al tiempo en que fue sometida a arbitraje, o que posteriormente deviene una reestructuración negociada.

2.

(a) Para los fines de este Anexo, "reestructuración negociada" significa la reestructuración o reprogramación de un instrumento de deuda que se ha efectuado a través de:

(i) una modificación de los términos principales de pago de dicho instrumento de deuda, como previsto en las condiciones del mismo; o,

(ii) un canje de deuda u otro proceso en el cual los tenedores de no menos del porcentaje de deuda especificada en el subpárrafo (b) han consentido en dicho canje de deuda u otro proceso.

(b) El porcentaje a que refiere el subpárrafo (a)(ii) será el porcentaje requerido para modificar los términos principales de pago de una serie única de bonos en el marco de la más reciente y ampliamente distribuida emisión de bonos externos soberanos que:

(i) fuera hecha por Uruguay antes de la presunta violación;

(ii) se rige por la legislación de Nueva York; y

(iii) permita la modificación por parte de los tenedores de menos del 100% del monto principal acumulado del saldo adeudado.

3. Sin perjuicio del Artículo 24 (3) y sujeto al párrafo 1 de este Anexo, un inversor de los Estados Unidos no podrá someter una reclamación conforme a la Sección B alegando que una reestructuración de deuda emitida por Uruguay viola una obligación bajo los Artículos 5 a 10, a menos que hayan transcurrido 270 días de la fecha en que se generaron los eventos que dan origen a la reclamación.

Protocolo

1. Las Partes consignan que la definición de "empresa estatal" en el Artículo 1 no tiene por finalidad ampliar el significado de "empresa pública" conforme dicha expresión es utilizada en la legislación interna uruguaya. De conformidad con dicha legislación, una "empresa pública" debe ser propiedad del Estado o ser controlada por éste y estar regulada por el derecho público interno.

2. Las Partes confirman que comparten el entendido que, de acuerdo con los principios generales de derecho aplicables al arbitraje internacional, cuando un demandante somete una reclamación a arbitraje bajo la Sección B, tiene la carga probatoria de todos los elementos de la reclamación, incluidos los daños que alega fueron ocasionados por la presunta violación o ser consecuencia de ésta. En este sentido, las Partes comparten también el entendido de que cuando el demandante ha probado que el demandado ha violado una obligación bajo la Sección A con respecto a una intención de realizar una inversión, los únicos daños que podrán otorgarse, son aquéllos que el demandante haya probado que fueron provocados en la intención de realizar la inversión, siempre que el demandante también pruebe que la violación fue la causa inmediata de dichos daños.

3. Para mayor certeza, las Partes confirman que la lista de "objetivos legítimos de bienestar público" en el párrafo 4(b) del Anexo B sobre Expropiación, no es exhaustiva.

4. Uruguay proporcionó la siguiente información descriptiva y explicativa, solamente a los efectos de transparencia. Bajo legislación interna, Uruguay supedita la inversión en ciertos sectores a la previa emisión o autorización de una concesión o autorización por el Gobierno del Uruguay. Dichas concesiones o autorizaciones son otorgadas por el Gobierno del Uruguay de conformidad con la legislación uruguaya, sobre la base de "legalidad, oportunidad, conveniencia o mérito", y están también sujetas a la Ley uruguaya de Inversiones, Ley Nº 16.906, la que prohíbe la discriminación en términos de nacionalidad.

Anexo I

Nota Explicativa

1. La Lista de una Parte contenida en este Anexo establece de conformidad con el Artículo 14 (Medidas Disconformes), las medidas existentes en una Parte que no están sujetas a algunas o a todas las obligaciones impuestas por:

(a) Artículo 3 (Trato Nacional);

(b) Artículo 4 (Trato de la Nación Más Favorecida);

(c) Artículo 8 (Requisitos de Desempeño); o

(d) Artículo 9 (Altos Ejecutivos y Directorios).

2. Cada ítem de la Lista abarca los siguientes elementos:

(a) Sector se refiere al sector para el cual se incluye el ítem;

(b) Obligaciones Afectadas específica la o las obligaciones a que refiere el párrafo 1 que, de acuerdo al Artículo 14.1(a) (Medidas Disconformes), no se aplica a los aspectos disconformes de la ley, reglamento u otra medida como expuesto en el párrafo 3;

(c) Nivel de Gobierno indica el Nivel de Gobierno que mantiene la o las medidas incluidas en la Lista;

(d) Medidas identifica las leyes, reglamentos u otras medidas en virtud de las cuales se lista el ítem. Una medida citada bajo este elemento:

(i) significa la medida que fuera modificada, prorrogada o renovada a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, e

(ii) incluye cualquier medida subordinada, que sea adoptada o mantenida y que se rija y sea compatible con la medida; y

(e) Descripción proporciona una descripción general, no vinculante de la medida que motiva la inclusión del ítem en la Lista.

3. De acuerdo con los Artículos 14.1(a) (Medidas Disconformes), y sujeto al Artículo 14.1(c) (Medidas Disconformes), los artículos de este Tratado que se especifican en el subtítulo Obligaciones Afectadas no aplican a los aspectos disconformes de la ley, el reglamento u otra medida identificada bajo el subtítulo Medidas de dicho ítem.

Anexo I

Lista de Uruguay

Sector: Pesca

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Requisitos de Desempeño (Artículo 8)

Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Ley Nº 13.833, Ley de Riquezas del Mar (Artículos 4, 5, 8, 22, 23 y 24)

Decreto Nº 149/997 (Artículo 56)

Descripción: La realización de actividades de pesca y caza acuática de carácter comercial que se realicen en aguas interiores y en el Mar Territorial dentro de una zona de doce millas de extensión, medida a partir de las líneas de base, queda reservada exclusivamente a los buques de bandera uruguaya, debidamente habilitados. Tales buques deberán estar comandados por capitales, oficiales de la marina mercante o maestros de pesca que sean nacionales uruguayos, y por lo menos el 50% de la tripulación de dichos buques deberá estar compuesta por nacionales uruguayos.

Los buques comerciales de bandera extranjera sólo podrán explotar los recursos vivos existentes entre el área de doce millas mencionadas en el párrafo precedente y doscientas millas marinas, sujeto a autorización del Poder Ejecutivo, según consta en el registro llevado por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos.

El procesamiento y la comercialización de pescado podrán estar sujetos al requisito de que el pescado sea total o parcialmente procesado en Uruguay.

Sector: Comunicaciones Prensa escrita

Obligaciones Afectadas: Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Ley Nº 16.099 "Información y Comunicaciones" (Artículo 6)

Descripción: Unicamente un nacional uruguayo podrá desempeñarse como el redactor o gerente responsable*1 de un diario, revista o publicación periódica que se publique en Uruguay.

Sector: Comunicaciones - Radio y televisión

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de la Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Ley Nº 16.099, Ley de Información y Comunicaciones (Artículo 6)

Decreto Nº 734/978 (Artículos 8, 9 y 11)

Descripción: Los servicios de radiodifusión aérea abierta en ondas AM/FM, solamente podrán ser suministrados por nacionales de Uruguay. Todos los accionistas o socios de empresas de radiodifusión que suministran servicios de radiodifusión en Uruguay o que están establecidas en Uruguay, deben ser nacionales de Uruguay, con domicilio en Uruguay.

Los altos ejecutivos, miembros de los Directorios y el redactor o gerente responsable*2 de empresas de radiodifusión deben ser nacionales uruguayos.

El redactor o gerente responsable* de una empresa de televisión para abonados (cable, satélite, MMDS), debe ser nacional uruguayo.

Sector: Servicios de transporte ferroviario

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de la Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Sector Ferroviario - Marco Jurídico Regulatorio, Decreto Ministerial - Diario Oficial Nº 26.398 de 5 de diciembre de 2003 (Artículos 27 y 28)

Descripción: A fin de suministrar servicios de transporte ferroviario de carga y pasajeros, un operador ferroviario deberá obtener previamente la correspondiente Licencia de Operación Ferroviaria de la Dirección Nacional de Transporte, que dictará la resolución que concede la licencia. Entre los requisitos para la obtención de la Licencia de Operación Ferroviaria figuran:

a) Al menos 51% del capital integrado debe ser propiedad de nacionales uruguayos domiciliados en Uruguay, o de empresas uruguayas que cumplen también esa condición relativa al capital integrado; y

b) Al menos 51% del Directorio u otros altos ejecutivos de la empresa operadora de transporte ferroviario deberá estar integrado por nacionales uruguayos, domiciliados en Uruguay.

En virtud del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT) entre los países del Cono Sur, el acceso al transporte ferroviario internacional de cargas se otorga sujeto a reciprocidad con los operadores ferroviarios de Uruguay.

 

*1 Redactor o gerente responsable es la persona responsable ante la ley civil o penal del contenido de un diario, revista o periódico en particular.

*2 Redactor o gerente responsable es la persona responsable ante la ley civil o penal por el contenido de una emisora de radio o televisión (en cualquiera de sus formas).

 

Sector: Servicios de transporte carretero.

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Decretos Nº 228/991 (Artículos 1.1 y 5.1)

Decreto Nº 230/997 (Artículo 5.1)

Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (Artículo 22), adoptado en Resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de 10 de mayo de 1991, publicada en el Diario Oficial de 8 de julio de 1991.

Descripción: Transporte de pasajeros: El Estado se reserva la provisión de los servicios de transporte público regular nacional e internacional, (servicios programados y no programados), pero otorga concesiones y permisos a empresas privadas. Los concesionarios deben ser personas físicas o empresas uruguayas. Se consideran empresas uruguayas, aquellas en las que (i) más del 50% del capital es propiedad, (ii) está dirigido por o (iii) está controlado por, nacionales uruguayos domiciliados en Uruguay.

Transporte doméstico de carga: No existen restricciones para los servicios internos de transporte terrestre de carga (punto a punto).

Transporte internacional de carga y pasajeros: Solamente empresas en las que más del 50% de su capital accionario sea de propiedad de y esté efectivamente controlado por nacionales uruguayos, podrán realizar el transporte internacional de carga y de pasajeros.

Sector: Servicios de transporte marítimo y servicios auxliares

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de la Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Leyes Nº 12.091, Ley de Navegación y Comercio de Cabotaje (Artículos 1, 2, 6, 9, 11, 12 y 13)

Ley Nº 14.106, Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal (Artículo 309)

Ley Nº 16.387, Ley de Abanderamiento (Artículo 18), modificado por la Ley Nº 16.736, Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal (Artículo 321)

Ley Nº 17.296, Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal (Artículo 263)

Decreto-Ley Nº 14.650, Ley de Fomento de Marina Mercante (Capítulos I, II y V)

Decreto Nº 31/994 (Artículo 2)

Descripción: El comercio de cabotaje, que comprende el servicio interno de transporte por barco, realizado entre los puertos y zonas costeras de Uruguay, incluidas las operaciones de rescate, alijo, remolque y otras operaciones navieras realizadas por buques en aguas dentro de la jurisdicción uruguaya, quedan reservadas a los buques de bandera nacional. Dichos buques están exentos de los impuestos designados, tales como aquellos que gravan los equipos, ventas e ingresos de las flotas.

El Poder Ejecutivo podrá otorgar excepciones que permiten a buques de terceras banderas realizar servicios de cabotaje, cuando no estén disponibles buques de bandera nacional.

Los buques que realicen servicios de cabotaje dentro del Uruguay estarán sujetos a los siguientes requisitos:

a) en el caso de ser propiedad de personas físicas, los buques deben ser propiedad de nacionales de Uruguay y éstos deben estar domiciliados en Uruguay; y

b) en el caso de ser propiedad de una empresa: (i) el 51% de los propietarios de dicha empresa deberán ser nacionales uruguayos: (ii) el 51% de las acciones con derecho a voto deberán ser de propiedad de nacionales uruguayos; (iii) la empresa deberá estar controlada y dirigida por nacionales uruguayos.

Los buques de bandera uruguaya estarán autorizados para realizar servicios de cabotaje si los propietarios de tales buques son nacionales uruguayos, y su tripulación, incluida el capitán, está compuesta con por lo menos 50% de personal uruguayo.

La mitad de todo el transporte de carga del comercio exterior uruguayo (importaciones y exportaciones) está reservada para los buques de bandera uruguaya, no obstante excepciones son otorgadas a buques de bandera extranjera para que transporten la parte reservada del comercio exterior uruguayo. Uruguay podrá imponer restricciones respecto del acceso de transporte de carga del comercio exterior uru-guayo sobre la base de reciprocidad.

Excepciones impositivas son otorgadas a buques mercantes de bandera uruguaya siempre que dichos buques cumplan con los siguientes requisitos:

a) si son de propiedad de personas físicas, los buques deben ser propiedad de nacionales uruguayos domiciliados en Uruguay,

b) si son propiedad de una empresa, los buques deberán estar bajo el control y dirección de nacionales uruguayos.

Las tripulaciones de los buques mercantes uruguayos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) el 50% de la tripulación (incluido el capitán) de los buques que operan conforme a una autorización de tráfico otorgada por las autoridades competentes debe ser de nacionalidad uruguaya.

b) en los casos de buques que no operan bajo la autorización de tráfico otorgada por la autoridad competente, el Capitán, el Ingeniero Jefe, el Operador de Radio o el Oficial en Jefe deben ser nacionales uruguayos.

Sector: Servicios Aéreos

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Requisitos de Desempeño (Artículo 8)

Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Decreto-Ley Nº 14.305, Código Aeronáutico (Artículo 113)

Decreto Nº 325/974 (Artículos 32 y 33)

Decreto Nº 158/978 (Artículos 1 y 2)

Decreto Nº 39/977 (Artículo 35)

Reglamentos Aeronáuticos Uruguayos Nº 61, 63 y 65

Descripción: Unicamente empresas nacionales de transporte aéreo podrán operar aeronaves en servicios aéreos domésticos (cabotaje) y podrán realizar servicios aéreos internacionales regulares y no regulares en calidad de transportista aéreo uruguayo. Solamente empresas nacionales de servicios de trabajo aéreo podrán operar aeronaves en servicios aéreos domésticos que no involucran transporte.

A los efectos de ser una empresa nacional de transporte aéreo o una empresa nacional de servicios de trabajo aéreo, el 51% de tales empresas deberá ser de propiedad de nacionales uruguayos, domiciliados en Uruguay.

Toda la tripulación y el personal, incluido la gerencia de una empresa nacional de transporte aéreo o una empresa nacional de servicios de trabajo aéreo deberá estar compuesta por nacionales de Uruguay, a menos que la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica autorice lo contrario.

Anexo I

Lista de Estados Unidos

Sector: Energía atómica

Obligaciones Afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Atomic Energy Act of 1954, 42 U.S.C. §§ 2011 et seq.

Descripción: Se requiere una licencia expedida por la United States Nuclear Regulatory Commission para que cualquier persona en los Estados Unidos transfiera o reciba en operaciones de comercio interestatal, fabrique, produzca, transfiera, utilice, importe, o exporte, "instalaciones de utilización o producción" nuclear con fines comerciales o industriales. Dicha licencia no podrá ser expedida a ninguna entidad que sea, o se estima que sea, propiedad de, esté controlada por o dominada por un extranjero, una sociedad comercial, o un gobierno extranjero (42 U.S.C. § 2133 (d)). También se requiere una licencia expedida por la United States Nuclear Regulatory Comisión para "instalaciones de utilización o producción" nuclear, para uso en terapias médicas o actividades de investigación y desarrollo. Asimismo está prohibida la expedición de este tipo de licencias a una entidad que sea, o se estime que sea, propiedad de, esté controlada por o dominada por un extranjero, una sociedad comercial extranjera, o un gobierno extranjero (42 U.S.C. § 2134 (d)).

Sector: Minería

Obligaciones Afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Mineral Lands Leasing Act of 1920, 30 U.S.C. Capítulo 3A, 10 U.S.C. § 7435

Descripción: De conformidad con la Mineral Lands Leasing Act of 1920, los extranjeros y las sociedades comerciales extranjeras no podrán adquirir derechos de peso para oleoductos, gaseoductos, o tuberías que transporten productos refinados de petróleo y gas, a través de tierras federales, ni adquirir arrendamientos o participación en determinados minerales en tierras federales, tales como carbón o petróleo. Los ciudadanos no estadounidenses podrán ser propietarios del 100 por ciento de una sociedad comercial nacional que obtenga el derecho de paso para oleoductos o gasoductos a través de las tierras federales o que adquiera un arrendamiento para explotar recursos minerales en tierras federales, salvo que el país del inversor niegue privilegios similares o equivalentes para el mineral o el acceso en cuestión a los ciudadanos o sociedades comerciales estadounidenses, en comparación con los privilegios que concede a sus propios ciudadanos o sociedades comerciales o a los ciudadanos o sociedades comerciales de otros países. (30 U.S.C. §§ 181, 185 (a))

La nacionalización no es considerada como una denegación de privilegios similares o equivalentes.

Se restringe la obtención de acceso a los arrendamientos federales de las Naval Petroleum Reserves por parte de los ciudadanos extranjeros o las sociedades comerciales controladas por ellos, si las leyes, costumbres o reglamentos de su país niegan privilegios de arrendamiento de terrenos públicos a ciudadanos o sociedades comerciales estadounidenses, (10 U.S.C. § 7435).

Sector: Todos los sectores

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 22 U.S.C. §§ 2194, 2198(c)

Descripción: Ciertos extranjeros, empresas extranjeras, o empresas constituidas localmente pero controladas por extranjeros, no podrán disponer de los seguros y garantías de préstamo de la Overseas Private Investment Corporation

Sector: Transporte aéreo

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 49 U.S.C. Subtítulo VII, Aviation Programs

14 C.F.R. Parte 297 (agentes extranjeros de transporte de carga);

14 C.F.R. Parte 380, Subparte E (registro de operadores extranjeros de fletamento (de pasajeros)).

Descripción: Unicamente empresas de transporte aéreo que sean "ciudadanas de los Estados Unidos" podrán operar aeronaves para realizar servicios aéreos domésticos (cabotaje) y podrán realizar servicios aéreos internacionales regulares y no regulares como empresas de transporte aéreo estadounidense.

Los ciudadanos estadounidenses también cuenta con autoridad general para realizar actividades indirectas de transporte aéreo (transporte aéreo de carga y actividades de fletamento de pasajeros sin ser operadores efectivos de la aeronave). Para realizar tales actividades, los ciudadanos no estadounidenses deberán obtener autorización del Departamento de Transporte (Departament of Transportation). Las solicitudes de autorización podrán ser rechazadas en virtud de la inexistencia de reciprocidad efectiva, o si el Departamento de Transporte entiende que median razones de interés público.

Conforme a lo establecido en 49 U.S.C. § 40102(a)(15), un ciudadano estadounidense es un individuo con ciudadanía estadounidense, una sociedad ("partnership") en la cual cada miembro sea ciudadano estadounidense; o una sociedad comercial ("corporation") estadounidense cuyo presidente y al menos dos terceras partes del Directorio y otros funcionarios de alta dirección sean ciudadanos de los Estados Unidos, que esté bajo el control efectivo de ciudadanos estadounidenses y que al menos el 75 por ciento de las acciones con derecho a voto en la sociedad comercial sea propiedad o esté controlado por ciudadanos de los Estados Unidos.

Sector: Transporte aéreo

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 49 U.S.C. Subtítulo VII, Aviation Programs

49 U.S.C. § 41.703

14 C.F.R. Parte 375

Descripción: Las "aeronaves civiles extranjeras" requieren autorización del Departamento de Transporte para realizar servicios aéreos especializados en el territorio de los Estados Unidos. Para determinar si ha de concederse una autorización en particular, el Departamento considerará, además de otros factores, la medida en que el país de nacionalidad del solicitante otorga a los operadores de aeronaves civiles estadounidenses reciprocidad efectiva.

Las "aeronaves civiles extranjeras" son aeronaves registradas en el extranjero o en los Estados Unidos que son propiedad de, están controladas por o son operadas por personas que no son ciudadanos o residentes permanentes de los Estados Unidos (14 C.F.R. § 375.1).

Conforme a 49 U.S.C. § 40102 (a)(15), un ciudadano de los Estados Unidos es un individuo con ciudadanía estadounidense; una sociedad en la cual cada miembro sea ciudadano estadounidense; o una sociedad comercial estadounidense cuyo presidente y al menos dos terceras partes del Directorio y otros funcionarios de alta dirección sean ciudadanos de los Estados Unidos, que esté bajo el control efectivo de ciudadanos estadounidenses y que al menos el 75 por ciento de las acciones con derecho a voto en la sociedad comercial sea propiedad o esté controlado por ciudadanos de los Estados Unidos.

Sector: Servicios de transporte - Agentes de Aduana

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 19 U.S.C. § 1641 (b)

Descripción: Se requiere una licencia de agente de aduanas para realizar operaciones aduaneras en nombre de otra persona. Solamente los ciudadanos estadounidenses podrán obtener tal licencia. Una sociedad comercial, asociación o sociedad establecida de conformidad con la legislación de cualquier estado podrá recibir una licencia de agente de aduanas si al menos un directivo de la sociedad comercial o la asociación, o un miembro de la sociedad, posee una licencia de agente de aduanas vigente.

Sector: Todos los sectores

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Securities Act of 1933, 15 U.S.C. §§ 77C(b), 77f, 77g, 77h, 77j y 77s(a)

17 C.F.R. §§ 230. 251 y 230. 405

Securities Exchange Act of 1934,

15 U.S.C. §§ 78l, 78m, 78o(d) y 78w(a)

17 C.F.R. § 240.12b-2

Descripción: Las empresas extranjeras, con excepción de algunas emisoras canadienses, no podrán utilizar los formularios de registro de pequeña empresa, bajo la Securities Act of 1933, para registrar ofertas públicas de títulos valores, o los formularios de registro de pequeñas empresas conforme al Securities Exchange Act of 1934, para registrar una clase de valores o para presentar informes anuales.

Sector: Comunicaciones - Radiocomunicaciones

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 47 U.S.C. § 310

Foreign Participation Order 12

FCC Red 23891 (1997)

Descripción: Los Estados Unidos se reservan el derecho de restringir la propiedad de licencias de radio de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias precedentemente mencionadas. Se consideran radiocomunicaciones, todas las comunicaciones por radio, incluida la radiodifusión.

Sector: Todos los sectores

Obligaciones Afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Requisitos de desempeño (Artículo 8)

Altos ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Regional

Medidas: Todas las medidas disconformes existentes de todos los estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, y Puerto Rico.

Anexo II

Nota Explicativa

1. La Lista de una Parte contenida en este Anexo incluye, de conformidad con el Artículo 14 (Medidas Disconformes), los sectores, subsectores o actividades específicas respecto de los cuales dicha Parte puede mantener las medidas existentes o adoptar medidas nuevas o más restrictivas, que no se ajustan a las obligaciones impuestas por:

(a) Artículo 3 (Trato Nacional);

(b) Artículo 4 (Trato de la Nación Más Favorecida);

(c) Artículo 8 (Requisitos de Desempeño) o

(d) Artículo 9 (Altos Ejecutivos y Directorios)

2. Cada ítem de la Lista incluye los siguientes elementos:

(a) Sector se refiere al sector para el cual se incluye el ítem;

(b) Obligaciones Afectadas especifica la o las obligaciones a que refiere el párrafo 1 que, de acuerdo al Artículo 14.2 (Medidas Disconformes) no se aplican a los sectores, subsectores o actividades anotadas en el ítem;

(c) Descripción establece el alcance de los sectores, subsectores o actividades cubiertas por el ítem; y

(d) Medidas Existentes identifica a los efectos de transparencia, las medidas vigentes que se aplican a los sectores, subsectores o actividades cubiertas por el ítem.

3. De conformidad con el Artículo 14.2 (Medidas Disconformes), los artículos del presente Tratado espe-cificados bajo el título de Obligaciones Afectadas de un ítem no se aplican a los sectores, subsectores o actividades identificadas bajo el subtítulo Descripción de dicho ítem.

Anexo II

Lista de Uruguay

Sector: Servicios e infraestructura de carreteras, vías férreas, aeropuertos y puertos

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Requisitos de Desempeño (Artículo 8)

Altos Ejecutivos y Directorio (Artículo 9)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medidas respecto de la renovación o renegociación de los servicios de concesión existentes relacionados con los servicios e infraestructura de carreteras, vías férreas, aeropuertos y puertos.

Sector: Servicios de distribución de agua y gas

Obligaciones Afectadas: Requisitos de Desempeño (Artículo 8)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida respecto a las concesiones relacionados con los servicios de distribución de agua y gas, así como la renovación o renegociación de las concesiones existentes de tales servicios.

Sector: Todos los sectores

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Requisitos de Desempeño (Artículo 8)

Altos Ejecutivos y Directorio (Artículo 9)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida relacionada con el otorgamiento de derechos o preferencias a minorías debido a razones sociales o económicas.

Sector: Todos los sectores

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Requisitos de Desempeño (Artículo 8)

Altos Ejecutivos y Directorio (Artículo 9)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que limite la transferencia o disposición de cualquiera de los derechos mantenidos sobre una empresa estatal existente, de manera que únicamente un nacional uruguayo pueda recibirlos. No obstante, la cláusula precedente se refiere únicamente a la transferencia o disposición inicial de tales derechos, y no a transferencias o disposiciones subsiguientes.

Uruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que limite el control de o imponga requisitos sobre cualquier empresa nueva creada por la transferencia o disposición de cualquier derecho conforme a lo establecido en el párrafo precedente a través de medidas relacionadas con la integración del Directorio, pero no mediante limitaciones en la propiedad de los derechos transferidos. Uruguay también se reserva la facultad de adoptar o mantener cualquier medida que refiera a la nacionalidad de los altos ejecutivos y miembros del Directorio en dicha nueva empresa.

Los subsectores actuales en los que existe monopolio estatal son los siguientes:

Importancia y refinanciación de petróleo - Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP)

Telecomunicaciones básicas - Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL)

Distribución de electricidad - Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE)

Distribución de agua - Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE)

Sector: Servicios postales

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que restrinja la recepción, procesamiento, transporte y entrega de facturas periódicas, proporcionadas por empresas estatales, incluidas las siguientes:

Telecomunicaciones básicas (ANTEL)

Distribución de electricidad (UTE)

Distribución de agua (OSE)

Sector: Servicios sociales

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de la Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Requisitos de Desempeño (Artículo 8)

Altos Ejecutivos y Directorio (Artículo 9)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener medidas relacionadas con servicios encargados del cumplimiento de las leyes, y los servicios que se indican a continuación, en la medida en los mismos sean servicios sociales creados o mantenidos con objetivo público, a saber: servicios de rehabilitación y readaptación social, pensiones o seguros de desempleo, bienestar social, educación pública, capacitación pública, salud, protección a la infancia y servicios de saneamiento público y servicio de suministro de agua.

Sector: Festividades y eventos tradicionales

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida referida a la organización y desarrollo de eventos relacionados con las tradiciones nacionales populares, tales como desfiles y Carnaval.

Sector: Servicios de transporte ferroviario y servicios auxiliares

Obligaciones Afectadas: Requisitos de Desempeño (Artículo 8)

Descripción: Uruguay reserva al Ministerio de Transporte y Obras Públicas el derecho de adoptar o mantener los requisitos de desempeño, en la medida en que éstos sean adecuados, transparentes y no discriminatorios, conforme a la legislación uruguaya.

Medidas Existentes: Sector Ferroviario - Marco Jurídico Regulatorio, Decreto Ministerial Diario Oficial Nº 26.398, de 5 de diciembre de 2003.

Sector: Todos los sectores

Obligaciones Afectadas: Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho a adoptar o mantener cualquier medida que otorgue un trato diferencial a países al amparo de cualquier acuerdo internacional, bilateral o multilateral, vigente o firmado con anterioridad a la entrada en vigor del presente Tratado.

Uruguay se reserva el derecho a adoptar o mantener cualquier medida que otorgue un trato diferencial a países al amparo de cualquier acuerdo internacional, bilateral o multilateral, vigente o suscrito con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Tratado en materia de:

(a) aviación;

(b) pesca;

(c) asuntos marítimos, incluyendo salvataje; o

(d) telecomunicaciones.

Sector: Transporte terrestre

Obligaciones Afectadas: Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue un trato diferencial a los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) al amparo de cualquier acuerdo bilateral o multilateral relacionado con el transporte terrestre que se suscriba con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Tratado conforme a sus compromisos en virtud del MERCOSUR.

Anexo II

Lista de los Estados Unidos

Sector: Comunicaciones

Obligaciones Afectadas: Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Descripción: Estados Unidos se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue un trato diferencial a personas de otros países debido a la aplicación de medidas de reciprocidad o a través de acuerdos internacionales que involucren compartir el espectro de radio, que garanticen el acceso al mercado, o el trato nacional con respecto a transmisiones satelitales uni-direccionales sean de televisión directa al hogar (DTH), de radiodifusión directa (DBS) de servicios de televisión y servicios digitales de audio.

Sector: Comunicaciones - Televisión por cable

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Descripción: Estados Unidos se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue un trato equivalente a personas de cualquier país que limite los derechos de propiedad de personas de los Estados Unidos en una empresa vinculada a operaciones de televisión por cable en dicho país.

Sector: Servicios sociales

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Requisitos de Desempeño (Artículo 8)

Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Descripción: Estados Unidos se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida relacionada con el cumplimiento de las leyes y servicios correccionales así como de los siguientes servicios, siempre que se trate de servicios sociales creados o mantenidos por razones de interés público; pensiones o seguros de desempleo, seguridad social, bienestar social, educación pública, capacitación pública, salud y atención infantil.

Sector: Asuntos relacionados con las minorías

Obligaciones Afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

Requisitos de desempeño (Artículo 8)

Altos ejecutivos y directorios (Artículo 9)

Descripción: Estados Unidos se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue derechos o preferencias a las minorías social o económicamente en desventaja, incluidas las sociedades organizadas al amparo de las leyes del Estado de Alaska de acuerdo con la "Alaska Native Claims Settlement Act".

Medidas Existentes: Alaska Native Claims Settlement

Act, 43 U.S.C. §§ 1601 et seq.

Sector: Transporte

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Requisitos de Desempeño (Artículo 8)

Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Descripción: Estados Unidos se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida relacionada con el suministro de servicios de transporte marítimo y la operación de buques con bandera estadounidense, incluidas las siguientes:

a) requisitos para inversión en, propiedad, control y operación de naves y otras estructuras marinas, incluidos equipos de perforación, en servicios marítimos de cabotaje, incluidos servicios de cabotaje llevados a cabo mar adentro, en la costa, en aguas territoriales de Estados Unidos, en aguas sobre la plataforma continental, y en vías marítimas internas;

b) requisitos para inversión en, propiedad o control y operación de embarcaciones de bandera estadounidense en comercio exterior;

c) requisitos para la inversión en, propiedad o control y operación de embarcaciones vinculadas a la pesca y actividades conexas en aguas territoriales de Estados Unidos y en la Zona Económica Exclusiva;

d) requisitos relacionados a la documentación de una nave de bandera estadounidense;

e) programas de promoción, incluidos beneficios fiscales, para armadores, operadores y naves que cumplen con determinados requisitos;

f) requisitos de certificación, licencias y ciudadanía para los miembros de la tripulación de naves de bandera estadounidense;

g) requisitos para dotar de tripulación a naves de bandera estadounidense;

h) todos los asuntos comprendidos por la jurisdicción del Comité Marítimo Federal.

i) negociación e implementación de convenios y demás acuerdos marítimos bilaterales e internacionales;

j) limitaciones a trabajos costeros realizados por miembros de la tripulación;

k) aranceles por tonelaje e impuestos menores por ingreso a aguas estadounidenses;

l) requisitos de certificación, licencias y ciudadanía para pilotos que realicen servicios de pilotaje en aguas territoriales estadounidenses.

Las siguientes actividades no están incluidas en esta excepción. No obstante, el trato previsto en el literal (b) está condicionado a la obtención a un acceso al mercado comparable en estos sectores desde Uruguay;

(a) construcción y reparación de buques; y

(b) aspectos terrestres de las actividades portuarias; incluida la operación y mantenimiento de muelles; carga y descarga de buques directamente a y desde tierra, manejo de carga marina; operación y mantenimiento de muelles; limpieza de buques; estiba; pasaje de carga entre buques y camiones, trenes, tuberías y atracaderos; operaciones en terminales portuarias; limpieza de barcos; operación en canales; desarmado de buques; operaciones con rieles marinos para muelles secos; inspectores marinos, excepto carga; destrucción de buques para desguase; sociedades clasificadoras de buques.

Medidas Existentes: Merchant Marine Act of 1920, §§

19 and 27, 46 U.S.C. App. § 876 and §§ 883 et seq.

Jones Act Waiver Statate, 64 Stat

1120, 46 U.S.C. App., note preceding Section 1

Shipping Act of 1916, 46 U.S.C.

App. §§ 802 and 808

Merchant Marine Act of 1936, 46

U.S.C. App. §§ 1151 et seq.,

1160-61, 1171 et seq., 1241 (b),

1241-1, 1244, and 1271 et seq.

Merchant Ship Sales Act of 1946, 50 U.S.C. App. § 1738

46 U.S.C. App. §§ 121, 292, and 316

46 U.S.C. §§ 12101 et seq. And 31301 et seq.

46 U.S.C. §§ 8904 and 31328 (2)

Passenger Vessel Act, 46 U.S.C. App. § 289

42 U.S.C. §§ 9601 et seq.; 33 U.S.C. §§ 2701 et seq.; 33 U.S.C. §§ 1251 et seq.

46 U.S.C. §§ 3301 et seq., 3701 et seq., 8103, and 12107 (b)

Shipping Act of 1984, 46 U.S.C. App. §§ 1708 and 1712

The Foreign Shipping Practices Act of 1988, 46 U.S.C. App. § 1710a

Merchant Marine Act, 1920, 46 U.S.C. App. §§ 861 et seq.

Shipping Act of 1984, 46 U.S.C. App. §§ 1701 et seq.

Alaska North Slope, 104 Pub. D. 58; 109 Stat. 557

Longshore restrictions and reciprocity, 8 U.S.C. §§ 1101 et seq.

Vessel escort provisions, Section 1119 of Pub. L. 106-554, as amended

Nicholson Act, 46 U.S.C. App. § 251

Commercial Fishing Industry Vessel Anti-Reflagging Act of 1987, 46 U.S.C. § 2101 and 46 U.S.C. § 12108

43 U.S.C. § 1841

22 U.S.C. § 1980

Intrercoastal Shipping Act. 46 U.S.C. App. § 843

46 U.S.C. § 9302, 46 U.S.C. § 8502; Agreement Governing the Operation of Pilotage on the Great Lakes, Exchange of Notes at Ottawa, August 23, 1978, and March 29, 1979, TIAS 9445

Magnuson Fishery Conservation and Management Act, 16

U.S.C. §§ 1801 et seq.

19 U.S.C. § 1466

North Pacific Anadramous Stocks Convention Act of 1972, P.L.

102-587; Oceans Act of 1992; Title VII

Tuna Convention Act, 16 U.S.C. §§ 951 et seq.

South Pacific Tuna Act of 1988, 16 U.S.C. §§ 973 et seq.

Northern Pacific Halibut Act of 1982, 16 U.S.C. §§ 773 et seq.

Atlantic Tunas Convention Act, 16 U.S.C. §§ 971 et seq.

Antarctic Marina Living Resources Convention Act of 1984, 16 U.S.C. §§ 2431 et seq.

Pacific Salmon Treaty Act of 1985, 16 U.S.C. §§ 3631 et seq.

American Fisheries Act, 46 U.S.C. § 12102 (c) and 46 U.S.C. § 31322(a)

Sector: Todos los sectores

Obligaciones Afectadas: Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Descripción: Estados Unidos se reserva el derecho de adoptar y mantener cualquier medida que otorgue un trato diferencial a países en virtud de cualquier acuerdo internacional bilateral o multilateral vigente o suscrito previo a la fecha de entrada en vigor de este Tratado.

Estados Unidos se reserva el derecho de adoptar y mantener cualquier medida que otorgue un trato diferencial a países en virtud de cualquier acuerdo internacional bilateral o multilateral vigente o suscrito con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Tratado en materia de:

(a) aviación;

(b) pesca;

(c) asuntos marítimos, incluyendo salvamento;

(d) telecomunicaciones.

Anexo III

Nota Explicativa

1. (a) La lista de una Parte correspondiente al presente Anexo incluye, conforme al Artículo 14 (Medidas Disconformes), la lista de las medidas existentes de una Parte que no están sujetas a alguna o todas las obligaciones impuestas por:

(i) Artículo 3 (Trato Nacional);

(ii) Artículo 4 (Trato de la Nación Más Favorecida);

(iii) Artículo 8 (Requisitos de Desempeño); o

(iv) Artículo 9 (Altos Ejecutivos y Directorios).

(b) La Lista de los Estados Unidos correspondiente al presente Anexo incluye las notas introductorias que limitan o aclaran las obligaciones de los Estados Unidos con respecto a las obligaciones descritas en las cláusulas (i)-(iv) del subpárrafo (a).

2. Cada ítem de la lista de las Medidas Disconformes descrito en el párrafo 1 (a) establece los siguientes elementos:

(a) Sector se refiere al sector para el cual se establece el ítem.

(b) Subsector se refiere al sector específico para el cual se establece el ítem;

(c) Obligaciones Afectadas especifica la o las obligaciones a que refiere el párrafo 1 que, conforme al Artículo 14.1(a) (Medidas Disconformes) no se aplican a los aspectos disconformes de la ley, reglamentación u otra medida conforme a lo dispuesto por el párrafo 3;

(d) Nivel de Gobierno indica el nivel de gobierno manteniendo la o las Medidas incluidas en las listas;

(e) Medidas identifica las leyes, reglamentaciones o demás Medidas respecto de las cuales se incluye el ítem. Una medida citada dentro de las Medidas:

(i) significa la medida, modificada, continuada o renovada a la fecha de la entrada en vigor del presente Tratado; y

(ii) incluye cualquier medida subordinada adoptada o mantenida con la autorización de o compatible con la medida; y

(f) Descripción establece una descripción general no obligatoria de la medida para la cual se incluye el ítem.

3. De conformidad con los Artículos 14.1(a) (Medidas Disconformes), y sujeto al Artículo 14.1(c) (Medidas Disconformes), los artículos del presente Tratado que se especifican en las Obligaciones Afectadas de un ítem no se aplican a los aspectos disconformes de la ley, reglamentación u otra medida identificada bajo el elemento Medidas de dicho ítem.

Anexo III

Lista de Uruguay

Sector: Servicios financieros

Subsector: Intermediación financiera (actividad bancaria)

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Altos Ejecutivos y Directorio (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Ley Nº 15.322, Ley de Intermediación Financiera (Artículo 8)

Descripción: Las sucursales o subsidiarias de instituciones financieras extranjeras no podrán en virtud de sus estatutos prohibir a los nacionales uruguayos participar en los Directorios, o en la administración, o en cualquier otro cargo de la institución.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Intermediación financiera (actividad bancaria)

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Ley Nº 17.613, Ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario (Artículo 48)

Descripción: El monto máximo de los depósitos bancarios cubiertos por seguros de depósito podrá variar dependiendo de si los depósitos están denominados en pesos uruguayos o en otra moneda.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Seguros

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Ley Nº 16.426, Ley de Desmonopolización de los Seguros (Ar-tículo 1)

Descripción: El Banco de Seguros del Estado podrá derivar una ventaja de competencia respecto a la totalidad de sus operaciones por el hecho de ser la única autorizada a proporcionar seguros por accidentes de trabajo.

Sector: Servicios financieros

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Ley Nº 15.322, Ley de Intermediación Financiera (Artículo 19)

Ley Nº 15.903, Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal (Artículo 453)

Descripción: Las empresas estatales y gubernamentales uruguayas podrán depositar fondos únicamente en el Banco de la República Orien-tal del Uruguay o en el Banco Hipotecario del Uruguay, a menos que el Poder Ejecutivo autorice una excepción en forma expresa.

Anexo III

Lista de los Estados Unidos

Notas Introductorias

1. Los compromisos en estos Subsectores previstos en el Acuerdo son asumidos sujeto a las limitaciones y condiciones establecidas en las notas introductorias y en las Medidas disconformes que se incluyen a continuación.

2. Los compromisos de trato nacional de estos Subsectores están sujetos a las siguientes limitaciones:

(a) Trato nacional con respecto a la actividad bancaria se proporcionará según el "estado de origen" del banco extranjero en los Estados Unidos, conforme a la definición de dicha expresión dada por la Ley Bancaria Internacional (International Banking Act), cuando la misma es aplicable. Un banco local subsidiario de una firma extranjera tendrá su propio "estado de origen", y el trato nacional será proporcionado según el "estado de origen" de la subsidiaria, conforme lo determina la ley aplicable. 1

 

1 Las organizaciones bancarias extranjeras en general están sujetas a limitaciones geográficas y de otro tipo en los Estados Unidos tomando sobre la base de un trato nacional. Cuando dichas limitaciones son disconformes con el trato nacional, las mismas se incluyen como Medidas disconformes. A efectos ilustrativos, de acuerdo con este enfoque, la siguiente situación no otorga trato nacional y, en consecuencia debería incluirse en lista de Medidas disconformes: a un banco extranjero se le otorga un trato menos favorable que el otorgado a un banco local de dicho estado con respecto a la expansión por sucursales.

 

(b) El trato nacional respecto a instituciones financieras de seguros se otorgá conforme al domicilio del estado de las instituciones financiera de seguros extranjera no estadounidense, cuando sea aplicable, en los Estados Unidos. El domicilio del estado está definido por los estados individuales y en general es el estado en el cual un asegurador o bien está constituido, organizado o mantiene su sede principal en los Estados Unidos.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)

Obligaciones Afectadas: Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 12 U.S.C. § 72

Descripción: Todos los directores de un banco nacional deberán ser ciudadanos de los Estados Unidos, con la salvedad de que el Controlador de la Moneda podrá eximir de este requisito de ciudadanía a no más de una minoría del número total de directores.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 12 U.S.C. § 619

Descripción: La propiedad por parte de extranjeros de las corporaciones Edge (instituciones financieras autorizadas a realizar ciertas transacciones internacionales) está limitada a los bancos extranjeros y subsidiarias estadounidenses de bancos extranjeros, mientras que instituciones no bancarias locales podrán ser las propietarias de tales compañías.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 12 U.S.C. § 1463 et seq. & 12 U.S.C. § 1751 et seq.

Descripción: La legislación federal y estatal no permite que los servicios de bancos de crédito, bancos o asociaciones de ahorro (las dos últimas entidades pueden también ser llamadas instituciones de ahorro) sean suministrados en Estados Unidos a través de sucursales de corporaciones organizadas al amparo de la legislación de un país extranjero.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 12 U.S.C. § 3104(d)

Descripción: Un banco extranjero deberá establecer una subsidiaria bancaria asegurada para aceptar o mantener cuentas de depósito nacionales individuales con saldos inferiores a $ 100,000 dólares. Este requisito no se aplica a una sucursal de un banco extranjero que recibiera depósitos asegurados al 19 de diciembre de 1991.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 15 U.S.C. §§ 80b-2, 80b-3

Descripción: Se exige a los bancos extranjeros que se registren como asesores de inversión de acuerdo a la Ley de Asesores de Inversiones de 1940 (Investment Advisers Act of 1940) a los efectos de proporcionar servicios de asesoría en materia de valores y de administración de inversiones en Estados Unidos, en tanto que los bancos nacionales* (o un departamento o división del banco identificable en forma separada) están exentos del requisito de registro, a menos que asesoren a compañías de inversión registradas. El requisito de registro implica mantener el registro, realizar inspecciones, presentar informes, y abonar una tarifa.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 12 U.S.C. §§ 221, 302, 321

Descripción: Los bancos extranjeros no pueden ser miembros del Sistema de la Reserva Federal (Federal Reserve System), y por lo tanto, no pueden votar por miembros del consejo de un Banco de la Reserva Federal. Las subsidiarias de bancos extranjeros no están sujetas a esta medida.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Servicios Bancarios y Demás Servicios Financieros (Excluidos los Seguros)

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 12 U.S.C. § 3102(a)(1); 12 U.S.C. § 3103(a); 12 U.S.C. § 3102(d)

Descripción: Los bancos extranjeros no podrán establecer sucursales o agencias federales en los Estados que se indican a continuación, los cuales podrán prohibir el establecimiento de tales sucursales o agencias por parte de bancos extranjeros.

- Las sucursales y agencias podrán ser prohibidas en Alabama, Kansas, Maryland, North Dakota y Wyoming.

- Las sucursales, pero no las agencias, podrán ser prohibidas en Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Texas y West Virginia.

Ciertas restricciones relativas a poderes fiduciarios se aplican a las agencias federales.

Nota: Las medidas federales citadas establecen que algunas restricciones estatales se aplicarán al establecimiento de sucursales o agencias federales.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)

 

* Para mayor claridad, "bancos locales" incluye las subsidiarias estadounidenses de los bancos extranjeros.

 

Obligaciones Afectadas: Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 15 U.S.C. § 77jjj(a)(1)

Descripción: La facultad para actuar como fiduciario único de certificados de emisión de bonos en Estados Unidos está sujeta a una prueba de reciprocidad.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)

Obligaciones Afectadas: Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 22 U.S.C. §§ 5341-5342

Descripción: La designación de agente principal en garantías de deudas gubernamentales de los EE.UU. está condicionada a la reciprocidad.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)

Obligaciones Afectadas: Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 15 U.S.C. § 78o(c)

Descripción: Un corredor-agente registrado conforme a la legislación de los Estados Unidos que tiene su sede principal de negocios en Canadá podrá mantener sus reservas requeridas en un banco en Canadá sujeto a la supervisión de Canadá.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 12 U.S.C. § 1421 et seq. (Federal Home Loan Banks); 12 U.S.C. § 1451 et seq. (Federal Home Loan Mortgage Corporation; 12 U.S.C. § 1717 et seq. (Federal National Mortgage Association); 12 U.S.C. § 2011 et seq. (Farm Credit Banks); 12 U.S.C. § 2279aa-1 et seq. (Federal Agricultural Mortagage Corporation); 20 U.S.C. § 1087-2 et seq. (Student Loan Marketing Association)

Descripción: Los Estados Unidos podrán otorgar ventajas, incluidos, entre otros, a una o más de las Empresas Patrocinadas por el Gobierno (Government -Sponsored Enterprises) (GSEs) que se indican a continuación:

- el capital, las reservas y rentas de las GSEs están exentos de ciertos impuestos.

- Los títulos emitidos por la GSE están exentos del requisito de registro y declaraciones periódicas establecidos en las leyes federales de títulos valores.

- El tesoro de los Estados Unidos podrá, a su discreción, comprar obligaciones emitidas por la GSE.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Seguros

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 31 U.S.C. & 9304

Descripción: Las sucursales de las compañías de seguros extranjeras no están autorizadas a proporcionar surety bonds para contratos del Gobierno de los Estados Unidos.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Seguros

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 46 C.F.R. § 249.9

Descripción: Cuando más del 50% del valor de un buque marítimo cuyo casco ha sido construido al amparo de fondos hipotecarios con garantía federal es asegurado por un asegurador no estadounidense, el asegurado debe demostrar que el riesgo fue sustancialmente ofrecido en primer lugar al mercado estadounidense.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Todos

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Requisitos de Desempeño (Ar-tículo 8)

Altos Ejecutivos y Directorio (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Regional

Medidas: Todas las medidas disconformes existentes de todos los estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia y Puerto Rico."

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Consciente de la responsabilidad que todos tenemos en el día de hoy al considerarse el Tratado entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América, la Presidencia desea establecer con meridiana claridad -porque así ha actuado en todas las circunstancias-, que mucho se congratula de que las Barras estén llenas de gente, pero advierte que sus miembros no pueden hacer ningún tipo de gesto de aprobación o desaprobación a lo que se está tratando. Esta Presidencia ya ha hecho desalojar las Barras por aprobar y aplaudir cosas por las que sus miembros se han sentido satisfechos. De manera que actuará con la misma ecuanimidad en todos los casos.

Léase el proyecto.

(Se lee:)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: en nombre de la Bancada de Senadores del Frente Amplio vamos a hacer el informe sobre el Tratado entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América, relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Aunque es obvio, corresponde aclarar que nos estamos refiriendo al Tratado que se suscribió por parte del Poder Ejecutivo, en Mar del Plata, el 4 de noviembre de 2005, no al que fue firmado en la anterior Legislatura y que vino al Parlamento en febrero de este año.

En segundo lugar, aunque es un nuevo Tratado, el Frente Amplio lo viene considerando y discutiendo prácticamente desde el mes de febrero cuando asumió esta nueva Legislatura, desde que el Presidente anterior envió, creo que el 22 de febrero, otro Tratado que -salvo tres modificaciones, a mi juicio importantes, que logró este Gobierno- de entrada había dado motivo a discusiones en nuestra fuerza política.

Señor Presidente: este es un Tratado de Inversiones que, de los que se han firmado en los últimos años después de la dictadura, debe ser el número 26, ya que hay 25 Tratados anteriores. Aunque recién este año comencé a integrar la Comisión de Asuntos Internacionales, como integrante del Senado conozco los otros Tratados, puesto que en su momento, a medida que llegaban, los fui estudiando. Por lo tanto, sin exagerar, quiero decir que los he leído y este, particularmente, con mucha atención, porque, como a nadie se le oculta, en nuestra fuerza política existen diferentes opiniones, todas muy respetables; y porque, además, desde hace un tiempo, algunos Comités de Base -el último, en Atlántida, hace dos semanas- me han privilegiado al solicitarme que concurriera allí para que explicara algunos aspectos del Tratado y para ir tomando posición. De todas maneras, después me voy a referir a este punto.

Este es un Tratado que tiene 37 artículos y 3 anexos con números romanos, aparte de otros, que llevan letras; naturalmente, nadie puede pretender que toda persona que vaya a opinar sobre él, lo haya leído con detención. Por deformación profesional, cuando hablo en los Comités de Base, siempre digo que cuando vayan a opinar sobre una ley, primero la lean; sin embargo, comprendo que una cosa es leer tres o cuatro artículos y otra, leer semejante y voluminoso Tratado que, además, tiene un lenguaje habitualmente críptico, casi ininteligible para la mayoría de la gente que no está familiarizada con el Derecho y, más específicamente, con el Derecho Comparado. ¿Por qué el de estos Tratados es un lenguaje tan complejo y difícil de interpretar? Porque es un lenguaje casuístico, es decir que a diferencia de lo que ocurre en el lenguaje de nuestro Derecho uruguayo, el de toda Europa Continental y el latinoamericano, es un lenguaje basado en decisiones judiciales recopiladas. Entonces, un artículo que para nosotros se podría redactar en diez líneas, de pronto insume una enumeración de 25 numerales, porque ese es el régimen que forma el sistema de los Estados Unidos -se trata del sistema llamado Angloamericano, nacido en Inglaterra- y Australia. En inglés, el sistema es conocido con el nombre de "Common Law", o del Derecho Común y se caracteriza por el hecho de que las sentencias son precedentes obligatorios de Derecho, siempre que sean jurídicamente iguales y siempre que se trate de sentencias dictadas por Tribunales de cierto nivel. Ocurre todo lo contrario en el sistema uruguayo, el de Latinoamérica y el de toda Europa continental -no el de Gran Bretaña-, donde los jueces no crean Derecho, sino que lo aplican. De ahí que juntar las dos puntas en el lenguaje de los Tratados que se celebran con países del sistema de "Common Law" y no de los sistemas como el nuestro o el de Europa continental -que se inscriben en una tendencia llamada Sistema Romano Germánico o Romano Canónico-, es muy complicado. De ello resulta un lenguaje que, salvo para el que conozca esta causa, es muy difícil de interpretar. Por lo tanto, no siempre se puede pedir que antes de opinar sobre un tema, se lea todo al respecto -como sucede en este caso con semejante documento- y que, además, se lo interprete. Hay que tener un grado bastante importante de especialización y, puntualmente, en Derecho Comparado, para saber por qué ese lenguaje es así.

Doy esta explicación por una razón práctica, que me parece debo mencionar. En algunas conversaciones y, a veces, en debates en Comités de Base, me he encontrado con la siguiente situación. Concretamente, hoy de mañana, me formularon dos preguntas que me desconcertaron, sobre todo al no tener el Tratado en mi poder para explicarlo, ya que es imposible memorizar su contenido como se puede hacer, por ejemplo, con el texto de la Constitución Nacional. Recuerdo que hace unos meses, antes de que este Tratado fuera remitido al Plenario, en uno de los Comités me preguntaron por qué cuando hay controversias en torno a él, se aplicaban las leyes de Nueva York. Yo había leído el Tratado para arriba y para abajo unas veinte veces, pero nunca encontré eso, y me llamó la atención. Sin embargo, como un compañero que conozco y que es un hombre inteligente y muy tranquilo, me decía que él tiene esa visión o versión -después no pude recordar qué palabra había utilizado-, me puse a examinar el problema y, entonces, encontré la explicación. La razón es muy sencilla: hay una Convención de las Naciones Unidas sobre aplicación de arbitrajes internacionales a los países, que se celebró en Nueva York, pero no son las leyes de Nueva York. Esa Comisión -que está mencionada con una sigla en el artículo 1º, relativo a las Definiciones- no tiene por cometido dicha aplicación, sino que es una Convención que se realizó en Nueva York hace muchos años. Mi compañero había oído una versión algo simplificada y pensaba que este Tratado era como otros que Uruguay ha firmado en los que, a juicio del inversor, se aplican leyes de otros países. El Uruguay ha firmado varios Tratados en ese sentido.

Hoy en la mañana recibí algunas consultas y después traté de indagar. Un compañero, de enorme respeto para mí, muy estudioso, además, había publicado un artículo y sostenía la tesis de que las reformas que Uruguay había introducido al Tratado anterior representaban un maquillaje al mismo Tratado. Era la tesis del compañero; no la comparto, pero la respeto. En determinado momento de su apasionada argumentación -que los compañeros que me consultaron habían leído hoy en la prensa-, decía que era cierto que el Presidente de la República había logrado cambiar la cláusula que refiere a la Nación más favorecida -es decir, el artículo por el cual se decía que si un país concedía ciertos beneficios a otros en materia de actividad financiera, quedaban automáticamente concedidos a las partes de este Tratado-, que se había excluido al MERCOSUR, pero que sólo se lo había excluido para las ventajas que al día de hoy -o al día de aprobación del Tratado- existan; que no valen para el futuro esas reformas.

A mi juicio, el compañero estaba equivocado porque la modificación lograda, según surge de su propio texto -incluso esto está muy bien explicado en la exposición de motivos- es para las ventajas concedidas por el Tratado de Asunción y también para las que se concedan en el futuro.

Entiendo que este es un tema muy importante y era uno de los tres puntos que dividían a los frenteamplistas desde hace meses, desde antes que se consiguieran estas reformas. El asunto es que la reforma no es sólo para las concesiones que hayan hecho hasta ahora los países del MERCOSUR, sino también para las que se hagan en el futuro. Esta es la cláusula que se logró introducir al Tratado anterior para generar así un nuevo Tratado o, si se quiere -no tengo ningún problema- el Tratado anterior más tres reformas que nosotros consideramos que son importantes.

También me preguntaron en el día de ayer -creo que fue en una radio- si yo estaba de acuerdo con la forma como se derogaba el Tratado. Aclaré que los Tratados no se derogan, que un Tratado tiene una duración determinada -este tiene un plazo de 10 años-, al cabo de la cual se puede renovar automáticamente o se puede denunciar, en caso de que una de las partes no quiera continuar con él. Pero la persona que me hacía esa pregunta -que está muy enterada y es muy prolija en sus estudios desde el punto de vista periodístico- tenía una razón de vocabulario, pues el propio Tratado usa la palabra "derogación"; sin embargo, no tiene el sentido que nosotros le damos -es decir, cuando una ley deja sin efecto a otra ley, o un decreto deja sin efecto a otro decreto-, sino que es una traducción literal del Inglés que no es correcta para nuestro vocabulario jurídico. El Tratado habla de derogación en un artículo por el cual se establece que determinadas medidas, aunque no estén previstas en el Tratado, no lo derogan. Esto no significa que el Tratado se deje de aplicar. Es en ese sentido que se tiene que explicar, y me di cuenta por qué me hacía esa pregunta, que en principio consideré un poco descolocada.

De cualquier manera, voy a cerrar este capítulo de dificultades de terminología, porque lo que me interesa rescatar es por qué se producen esas dificultades.

Hay artículos que tienen letras, números dentro de las letras, incisos, párrafos, que son, en realidad, una recopilación de sentencias que se refieren al sistema angloamericano o al sistema del Derecho Común; en cambio, hay otra terminología -seguramente puesta por Uruguay o por juristas latinoamericanos-, como por ejemplo lo relativo a las normas sobre transparencia -se menciona con ese nombre- que es bien típica de la evolución jurídica de los países latinoamericanos. En el lenguaje angloamericano no se usa esa expresión, aunque puede haberse puesto un poco de moda cuando Gorbachov planteó sus reformas, es decir, la perestroika, la glasnost, en la entonces Unión Soviética. De todos modos, lo que quiero decir es que hay dificultades para leerlo.

Por otro lado, voy a describir el trámite muy azaroso que tuvo este Tratado. Me refiero al Tratado actual, el que vino ahora, y también al que ingresó el 22 de febrero, es decir, el que envió el anterior Poder Ejecutivo. En el Frente Amplio tuvo un trámite azaroso -reitero- porque tuvo, y aún tiene, discusiones fuertes, a veces determinadas por razonamientos y otras veces por impulsos emocionales. Todas son respetables. Precisamente, la política es emoción y también es razón, y no va una sin la otra. El compañero Couriel me dice que también implica pasión; yo dije "emoción", porque no le quise dar un tono muy erótico a la expresión.

La discusión se planteó, básicamente, en torno a tres puntos, aunque no fueron los únicos, porque hay muchos compañeros que me han planteado otros. Por ejemplo, sé que hay compañeros que trabajaron mucho en el tema de la protección de la riqueza hídrica en el Uruguay -con los cuales íbamos a tener una conversación que finalmente no se pudo concretar- y que estaban preocupados por el hecho de que en alguno de los rubros en los que se habla de la posibilidad de inversiones, se menciona el tema del agua. Los compañeros se preguntaban si eso no iba contra la Constitución. Aclaro que ningún Tratado internacional se puede aplicar de manera que viole la Constitución del país para el que rige; los gobiernos son los que tienen que decir lo que no se puede hacer. De manera que esa previsión del formato, obviamente, no puede violentar la disposición constitucional que dice que no puede haber prestación de agua potable y saneamiento por parte de una empresa privada, porque tiene que realizarse por el órgano estatal.

Sí se ha discutido en el Uruguay -tengo una posición muy clara al respecto- si las concesiones ya otorgadas seguían o no. Ese tema se ha discutido, sobre él hay opiniones discrepantes y el Gobierno ha tomado una posición, que no es la mía. Pero creo que nadie ha discutido ni discute -ni el Gobierno ni la gente- que de aquí para adelante el tema del agua, es decir, lo relativo al saneamiento y al agua potable, sólo le compete al organismo estatal. A mi juicio, esta preocupación está perfectamente resuelta.

¿Cuáles son los tres temas importantes? Según pudimos sacar de lo que dijo la prensa, de lo que conocemos por nuestras visitas a las bases y por las discusiones en nuestra propia Bancada -que fueron tantas que ya perdí la cuenta- los tres puntos clave eran los siguientes. En primer lugar, un artículo por el cual Estados Unidos, unilateralmente, se reservaba el derecho de dejar de lado las reglas de este Tratado si Uruguay -un uruguayo o una empresa nacional- hacía inversiones con capitales de países -para decirlo en términos populares- no amigos del gobierno de Estados Unidos. Esa era la primera cláusula. Habitualmente, muchos de nuestros militantes pensaban en que Cuba algún día pudiera hacer alguna inversión en una empresa del Uruguay, y ésta realizara una inversión en los Estados Unidos. La cláusula, inequívocamente, se refería a inversiones de uruguayos en Estados Unidos; eso estaba claro, pero era una cláusula unilateral para los Estados Unidos.

El segundo punto que se detectó que motivaba discusiones en el seno del Frente Amplio era el tema relativo a la cláusula de la nación más favorecida, a la que me referí hace unos instantes. En términos internacionales y sencillos, esta cláusula equivale a decir que si un país le da un beneficio a otro, automáticamente el beneficio lo aprovecha quien firmó un Tratado en el cual esté la cláusula de la nación más favorecida.

En tercer lugar, estaba el tema de la solución de controversias, es decir, cómo se resuelven los casos en que las partes no están de acuerdo con la aplicación del Tratado. En este caso, se habla de las partes en dos sentidos: cuando hay un inversor y una empresa en la que se invierte -esas son partes privadas-, o cuando un Estado parte tiene discrepancias con el otro Estado parte acerca de cómo interpretan y aplican el Tratado. Son dos temas distintos, pero se tratan en conjunto.

Esos eran los tres temas.

En el trámite seguido, nuestra Bancada se reunió en la Cancillería con expertos del Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Canciller para analizar el texto anterior, y quedó claro que estos eran los tres puntos discutibles, que incluso motivaban declaraciones contradictorias de nuestros compañeros Ministros, ya que algunos decían que había que firmarlo, y otros -entre ellos el Ministro de Relaciones Exteriores, el compañero Gargano- que en esas condiciones no se podía votar, que tenían objeciones sobre esos tres puntos.

En ese estado de situación, antes de que se firmara el nuevo Tratado, la Bancada comenzó a reunirse y tomó dos decisiones. Aclaro que no voy a hablar de fechas, pero acá están todos los compañeros para que me recuerden si me salteo alguna etapa. Hace tiempo se tomó una decisión -con la que toda la Bancada estuvo de acuerdo- en el sentido de que antes de firmar aquel Tratado, que tenía esos tres puntos tan polémicos, se debía conocer la opinión de nuestros vecinos, principalmente Brasil, Argentina y Paraguay, integrantes del MERCOSUR, ya que algunos -por ejemplo, quien habla- tenían el temor de que esa cláusula de la nación más favorecida pudiera dificultar la obtención de algunos beneficios recíprocos en el MERCOSUR, porque eso automáticamente pasaba a la otra parte de este Tratado.

El compañero Couriel tuvo algunas conversaciones informales que cayeron muy bien, y en las escaramuzas parlamentarias que hubo -y que seguramente también se van a dar hoy- se le endilgó el hecho de que fuera a hacer consultas. El compañero explicó muchas veces que, tal como lo decidió la Bancada, se trataba de buscar que todos los países del MERCOSUR, cuando celebraran Tratados, lo hicieran en conjunto o con un formato común, tratando de unificar los criterios.

Por otro lado, este Tratado -siempre me estoy refiriendo al anterior- había sido enviado al Parlamento por el Gobierno anterior, y como existía una decisión del Senado del año 1990 -que yo contribuí a redactar junto con el doctor Gonzalo Aguirre, que entonces presidía este Senado- que decía que las iniciativas del Poder Ejecutivo debían devolverse si había un cambio político, para ver si las reitera o no, en la Bancada se discutió si no sería conveniente devolver el Tratado, que había sido suscrito por el anterior Poder Ejecutivo, para saber si el actual lo reiteraba o no. En la Bancada predominó mi posición, ya que en el informe jurídico hecho con Gonzalo Aguirre se decía que lo que había que devolver era aquello que hubiera llegado antes del 15 de febrero; las propuestas del Poder Ejecutivo que entraran al Parlamento después de instalado el nuevo gobierno, no se devolvían. Eso fue lo que ocurrió con este Tratado; por eso la Bancada decidió que no había que devolverlo al Poder Ejecutivo.

Al margen de ese elemento jurídico, había otro político. Nosotros sabíamos que en el seno del Poder Ejecutivo, sin ocultamiento, los Ministros habían discutido el tema y no estaban de acuerdo con respecto a si había que aprobarlo así o no. Entonces, el devolverlo era como sacarle el cuerpo y no tomar decisión. Si mal no recuerdo, en ese período el Partido Nacional habló con el Presidente de la República y le dijo que quería conocer su opinión sobre este Tratado ya que, aunque estaba en el Parlamento y el Partido Nacional había planteado reiteradamente que se tratara, no se había hecho; por tanto, el Partido Nacional quería saber qué opinaba el Poder Ejecutivo o el Presidente de la República sobre el Tratado. En esa oportunidad, el Presidente, compañero Tabaré Vázquez, dijo que estaba en el Parlamento y que éste lo iba a resolver. Esa fue la opinión que dio, que trascendió y fue informada por la prensa.

Con posterioridad, la Bancada se reunió dos o tres veces más, y el compañero Couriel hizo grandes esfuerzos como coordinador para tantear la opinión de los demás compañeros. En esa ocasión, un grupo de miembros del Frente Amplio de todas las tendencias y, quizás, de todas las opiniones sobre el Tratado, fue a plantear al compañero Presidente de la República que el Tratado estaba en una suerte de situación de languidecimiento, sin que el Parlamento tomara posición, y que la fuerza política que no decidía era la nuestra; discutíamos pero no decidíamos. Quiero decir que en la Mesa Política también se estaba discutiendo esto.

Hace alrededor de un mes y medio, la Mesa Política tomó la decisión de consultar juristas, y quien habla fue, precisamente, uno de los consultados. Tengo una carta de la Mesa Política, de fecha 7 de noviembre, haciéndome las consultas. No sé qué otros compañeros abogados fueron consultados, pero yo, a los cinco o seis días, contesté sobre el alcance jurídico de las reformas que se habían propuesto y que estaban a punto de lograrse.

En ese ínterin, un grupo de compañeros del Frente Amplio -algunos en contra del Tratado, otros a favor, y otros que no lo tenían muy claro- visita al compañero Presidente de la República para decirle que los tres puntos que dividían la opinión de los frenteamplistas eran esos que habíamos individualizado y que, desde el primer día, fueron los más importantes. Ellos le propusieron al compañero Presidente que retomara el asunto y que, mientras se discutía en el Parlamento, hiciera gestiones con la otra parte, que es Estados Unidos, para cambiar esos tres puntos con una propuesta concreta.

No sé si alguna otra vez ocurrió que un grupo de militantes o dirigentes de una fuerza política le pidiera al Presidente de la República que fuera a renegociar un Tratado, pero que yo sepa, Uruguay nunca había hecho un planteo, por parte de su Presidente, para cambiar un Tratado que ya se había firmado. No dudo que antes de la firma de algún Tratado los Poderes Ejecutivos anteriores hayan negociado y discutido para tratar de poner o sacar cláusulas. Al respecto, la Constitución dice que es al Poder Ejecutivo al que le corresponde concluir y suscribir el Tratado, lo que quiere decir que primero lo negocia y después lo firma. Pero después de firmado, no conozco ningún caso en la historia de América Latina en que se haya cambiado un Tratado con Estados Unidos. En realidad conozco un caso, pero no tiene nada que ver con un Tratado de Promoción de Inversiones; y, además, el iniciador del cambio no fue el país latinoamericano, sino el propio Estados Unidos. Me refiero al Tratado que pasó a la historia como de "Torrijos-Carter", por el Canal de Panamá. Fue Estados Unidos el que quiso cambiar algunas cláusulas, aunque luego también Torrijos quiso hacer algunos cambios.

Por tanto, creo que este es un hecho político muy trascendente. Admito que algunos compañeros opinen que los cambios fueron importantes, y otros que no lo fueron, pero como hecho político, nosotros siempre reclamamos que había que negociar con firmeza y que si se nos proponen cosas que no nos gustan, hay que tratar de cambiarlas, por lo que me parece que se trata de un hecho de repercusión. Nosotros así lo valoramos, al margen, repito, del respeto por quienes opinen que no son cambios importantes; no es mi parecer, porque creo que algunos de ellos son muy trascendentes. En ese estado se nos comunica oficialmente -me lo avisó la Mesa Política a través de esta carta que tengo en mi poder- que Uruguay consiguió cambiar esas tres cláusulas, llevando propuestas concretas que fueron aceptadas para dos de ellas; en el caso de la tercera, no se consiguió incorporar la propuesta pero se logró mejorar la que había. La solución de controversias mediante arbitrajes -es decir, la propuesta que llevó el compañero Tabaré Vázquez a pedido de expertos dentro del Frente Amplio-, fue la de sustituir el Tribunal Arbitral tal como está, por uno "ad hoc", especial para el caso, con un régimen especial de nombramiento. No se logró esto último pero sí un cambio en cómo se elige el tercer miembro en caso de que no se pongan de acuerdo el miembro nombrado por Uruguay y el nombrado por Estados Unidos. El Tratado decía que quien resolvía esos temas era el Secretario de la Comisión, y ahora quedó en que será el Presidente.

Ese organismo tiene una sigla -es otra de las preguntas que me hicieron hoy de mañana- que denomina una comisión internacional para resolver conflictos de inversión, etcétera; las primeras tres letras de dicha sigla son CIA y después viene DE. Una persona a la cual le tengo mucho respeto, en la emoción de su defensa, expresó que lo que se había logrado era sólo maquillaje y que a esa sigla se le había sacado las dos últimas letras y, por lo tanto, el que preside el Tribunal Arbitral es el jefe de la CIA. Luego de leer este artículo -confieso que lo hice muy tarde-, entendí por qué un vecino me decía cómo íbamos a aceptar que el jefe de la CIA fuera el que presidiera un Tribunal Arbitral para solucionar un conflicto entre Uruguay y Estados Unidos. Seguramente fue una ironía escrita en un artículo, bajo una defensa respetable de una postura política, pero obviamente indujo a un error muy grave a quien creyó de verdad en este artículo. El asunto está aclarado en esta cuestión de las siglas que es brutal; el mundo en que vivimos está lleno de siglas, y este Tratado comienza con una especie de definición de las palabras que usa, entre las cuales está esta sigla a la que acabo de hacer referencia.

En esas condiciones, la Bancada escuchó todas las opiniones, y los que pudimos, tomamos contacto muy limitado, por supuesto, con las bases, y estuvimos siempre en contacto con la Mesa Política. El compañero Couriel, con una prolijidad casi machacona a veces, leía los artículos del Reglamento de la Bancada de Senadores en los que se dice que si no hay dos tercios que apoyen o se opongan, no hay decisión, y si la hay por mayoría no obliga a los demás. También explicó que por la misma mayoría se puede otorgar libertad de acción o no, y siempre terminaba leyendo una frase que todos cumplimos: "salvo que la Mesa Política emita una decisión que diga que no hay que tomar posición hasta que ella lo decida". Como esto ocurrió creo que hace dos semanas, y se había fijado esta fecha para estudiar el Tratado de inversiones con Estados Unidos, la Mesa Política recibió una carta de la Bancada pidiéndole que antes del día de hoy tuviéramos una directiva. Fue así que el día lunes se reunió la Mesa Política -no estuve presente, pero tengo la versión de compañeros que sí estuvieron- y allí se recibió una nota pidiendo que se citara un plenario para tratar este tema, si no me equivoco, para el mes de febrero. Este trámite es automático y similar a cuando un número de señores Senadores, con sus firmas, pide una sesión extraordinaria; en esos casos no hay que votar nada, y el Presidente fija la sesión. En la Mesa Política del Frente -así lo dice el estatu-to-, basta que un determinado número de personas firme pidiendo la realización de un plenario, para que éste se lleve a cabo. De manera que, eventualmente, se va a realizar un plenario, porque lo ha solicitado el número de personas que tiene derecho a hacerlo. Pero la versión que me llegó de la Mesa Política -antes de decidir en la Bancada del lunes y del martes, queríamos saberlo exactamente- es que hubo un grupo de compañeros que entendían que si se iba a fijar un plenario había que determinar en la Mesa la decisión por la cual no se podía resolver nada hasta que ese Plenario no tomara una decisión. Esta última moción no tuvo quórum; en el momento en que algunos empezaban a pronunciarse, se quedó sin él. Por consiguiente, la Mesa política no resolvió y la Bancada entendió su deber tomar posición para realizar una sesión, que es la quinta, si contamos dos en Comisión y tres en plenario, en la que el Partido Nacional, sobre todo, pero también el Partido Colorado alguna vez, requieren que haya pronunciamiento.

Voy a hacer referencia ahora al contenido del Tratado. Hay algunas conversaciones que se desarrollan en un tono no apasionado pero sí fuerte, y me cuesta concentrarme.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para amparar al señor Senador Korzeniak en el uso de la palabra, pediría humildemente a los compañeros Diputados que nos visitan, que si precisan hablar con algún señor Senador, por favor lo hagan afuera del Recinto. Asimismo, a los señores Senadores les ruego que ocupen sus bancas y mantengan el máximo silencio posible.

Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Gracias, señor Presidente: creo que he sido muy cristalino, muy franco, al relatar todo lo azaroso que ha resultado para el Frente Amplio tomar una decisión. Puedo intentar una clasificación teórica que más o menos deje entrever emociones. Hay compañeros que me han parado en la calle para decirme: "No sé cómo van a firmar un Tratado con Estados Unidos", y cuando les pregunto si es porque el Tratado es malo, me responden que no, que con los Estados Unidos no se puede hacer un Tratado. Tocan aspectos de mi antiimperialismo, que los mantengo, sobre todo ahora con un Presidente como Bush. No es un tema sencillo; yo los entiendo, pero sí les digo que tengo la obligación de razonar. Nosotros tenemos muchos Tratados con Estados Unidos. Estamos en las Naciones Unidas, donde ellos tienen veto -junto con cuatro grandes que ganaron la Segunda Guerra y nosotros no- en el Consejo de Seguridad. Estamos en la OEA con Estados Unidos, y en muchos otros Tratados. Incluso hemos discutido con Estados Unidos para que ellos entren a un Tratado en que estamos nosotros, y el país del Norte no quiere, que es el Tratado de Roma, donde hay un Tribunal para castigar los delitos de lesa nación que no son juzgados por los Tribunales nacionales. Estados Unidos no lo ha firmado o lo firmó y luego retiró la firma. En este caso, Estados Unidos hizo un cambio; lo firmó Clinton, y el último día del plazo para retirar la firma, la retiró Bush. Estados Unidos no quiere integrar el Tratado de Roma. Además, sí nos hemos negado a firmar un Tratado bilateral con Estados Unidos -no hablo sólo de nuestra fuerza política, también del Partido Nacional y del Partido Colorado-, de indemnidad para los soldados norteamericanos cuando cometan delitos de guerra o lesa humanidad en otros países. Estados Unidos ha presionado sobre este punto, y yo asistí una vez a una reunión en la Embajada norteamericana cuando se discutía ese tema. Por supuesto, Uruguay no ha firmado eso.

Noto que el señor Presidente hace señas para que redondee, pero soy muy franco en mi exposición: estoy hablando para expresar lo que pienso; estoy hablando para todas las Bancadas e intento hablar para mis compañeros frenteamplistas que están en contra del Tratado. Por lo tanto, quiero ser bien explicativo. Es más, ya lo he sido en el comité de base de Atlántida hace dos o tres semanas en una reunión organizada por el compañero Mangarelli. Varios compañeros que iban a hacer una gran oposición al Tratado, finalmente no la hicieron. Nos manifestaron que en realidad no sabían cómo eran las cosas en realidad. Como Mangarelli es partidario de la 90, pregunté qué pasaba; si el hecho de que todos contemplaran mi posición se debía a que pertenecían a mi partido. Me dijo que no era así, que de la 90 había sólo dos personas; que los compañeros querían conocer el asunto y, como expresan los militantes frenteamplistas, no recibir las cosas de arriba. Eso es verdad, y me parece que es un mérito. A veces los tiempos políticos, sobre todo cuando nos solicitan tantas sesiones para resolver y postergamos una y otra vez, no nos permiten considerar los temas con la duración que quizás sería necesaria.

Ahora voy a hacer una descripción del Tratado. En cuanto a los tres puntos principales, que eran los conflictivos, Uruguay ha tenido el enorme mérito de cambiarlos. En primer lugar, quisiera explicar el artículo 17. Esta disposición -lo digo casi de memoria, porque fue lo que respondí a la Mesa Política, que hace tiempo está interviniendo y preguntando el alcance jurídico del tema- generó toda una discusión acerca de que sólo Estados Unidos tenía derecho a desaplicar el Tratado cuando un país no amigo de él ponía capitales en Uruguay; es decir, el inversor. Actualmente, esto se convierte en una cláusula bilateral. Ese es un cambio. El artículo se modificó y ahora quedó redactado correctamente. ¿Cuál es la crítica que se puede hacer? Es perfectamente aceptable -aunque no lo comparto- preguntarse qué clase de bilateralidad hay entre Estados Unidos y Uruguay; o cuál es la bilateralidad con el poder que tiene Estados Unidos y el poco poder que tenemos nosotros en el ámbito internacional. Eso es cierto, pero ocurre en todas las relaciones jurídicas. En el derecho interno también se señala, en el artículo 8º de la Constitución, que todos son iguales ante la ley y todos sabemos que no es así. Todos sabemos que el rico tiene más fuerza que el pobre y que el patrón tiene más fuerza que el trabajador, razón por la cual, intentando buscar un equilibrio, nosotros hemos empujado una ley de libertades sindicales.

Aunque en el Derecho Internacional se fije jurídicamente la igualdad -por más que en la práctica el que tiene más fuerza económica, militar o política predomina-, el fenómeno no se soluciona no firmando Tratados. Eso es así. El tema es que no podemos aceptar como emblema que en un Tratado se establezca que sólo uno de los países tiene derecho a desaplicar el Tratado porque no le gustan determinados otros países. Por eso está puesto para los dos. Espero que sea verdad el hecho de que nosotros no tenemos enemigos y que sea para siempre, pero la cláusula se estableció como debe ser una cláusula de Derecho Internacional, donde todos los sujetos de Derecho -que son los Estados, según el Derecho Internacional Público- tengan las mismas posibilidades y las mismas chances jurídicas.

De todas maneras, siempre va a existir una discusión. Hay quien dice que el Derecho Internacional tiene una característica: cuando dos Estados débiles se pelean, interviene la Organización Internacional y resuelve el conflicto; cuando se pelean un Estado débil y otro fuerte -según un internacionalista desengañado del Derecho Internacional- la Organización interviene para que el Estado fuerte gane; y cuando el conflicto es entre dos Estados fuertes, la Organización interviene y desaparece. Esa es una visión muy pesimista del Derecho Internacional, que no comparto. Creo que con mucha lentitud, por ejemplo en materia de Derechos Humanos, se ha logrado un progreso, aunque no se dispone del aparato coercible como tienen los Estados para imponerse por la fuerza y hay que pedir el ejército a los demás países.

El segundo punto, que se refiere a cómo se resuelven los conflictos, vamos a hablarlo genéricamente, considerando los conflictos de Derecho Internacional Privado, tanto entre un inversor y la empresa donde invierte, como entre dos Estados, cuando difieren sobre cómo se aplica este Tratado. En esto lo que se logró como mejora fue mucho menos de lo que se pretendía. A pesar de que Uruguay pretendía un cambio en lo que refiere al sistema arbitral común, es decir, con un árbitro Presidente de una Comisión Especial de Arbitraje y uno por cada una de las partes -naturalmente, si se ponen de acuerdo en el tercer miembro, no interviene más nadie, pero como pasado un plazo de 75 días, si no se ponen de acuerdo, el Presidente de esa Comisión es el que preside el Comité arbitral-, y de que la mejora no fue nada importante -antes presidía el Secretario General de esa Comisión y ahora lo hace el Presidente, y es una Comisión que integran todos los países-, quiero decir -como se lo manifesté a la Mesa política- que desde el punto de vista jurídico el arbitraje no sólo no es repudiado por la Constitución, sino que ésta obliga a que el Uruguay, cuando celebra un Tratado, incluya una cláusula de arbitraje. El artículo 6º dice que en todo Tratado que celebre la República procurará incluir una cláusula por la cual las contro-versias se resuelvan por el arbitraje u otros medios pacíficos. De manera que es un mandato de la Constitución. Se podrá entender que, tal como señala la Constitución, el Uruguay procurará hacerlo, pero como manifestaba Justino Jiménez de Aréchaga, el Uruguay lo propone y, naturalmente, si un Tratado le conviene, lo afirma aunque no exista arbitraje.

Sin embargo, en este caso hay arbitraje; y quiero hacer una aclaración. Estoy hablando con mucha franqueza. Presumo que en la sesión de hoy -no presumo intenciones, sino lo que va a ocurrir- nos van a reprochar que cuando éramos oposición no votábamos este Tratado y ahora, como somos Gobierno, sí lo vamos a votar. Quiero aclarar que de los 25 Tratados de inversiones que acá hemos dicho que se han celebrado -tengo la lista y, si quieren la leo: Países Bajos, Suiza, Hungría, Italia, Rumania, Polonia, Reino Unido, Bélgica, España, Francia, China, Malasia, Chile, República Checa, Venezuela, Suecia, Portugal, Canadá, Panamá, Israel, México, El Salvador, Australia, Finlandia y Alemania-esta fuerza política votó junto con blancos y colorados la mayoría de ellos. ¿Cuáles votamos en contra y con la aclaración de que no era el Tratado en su totalidad lo que nos hacía votar en contra? Aclaro, para las personas que no lo saben, que el Parlamento no puede aprobar un Tratado con reservas; lo aprueba o lo reprueba, pero no puede aprobar algunos artículos y dejar otros sin votar.

Las reservas que nos merecían los Tratados que no votamos -que igualmente fueron aprobados- eran lo que llamábamos "prórroga de jurisdicción", y voy a describir esto muy bien. En algunos Tratados -en realidad, debería tenerlos todos acá para leerlos- se decía que el inversor elegía el país donde litigaba aunque el conflicto fuera en Uruguay y, en otros, que elegía la ley aplicable. A veces se expresaba que las controversias se regirían por las leyes de Nueva York, y nosotros no votamos esos Tratados. Había uno que era el colmo, ya que decía que si se solucionaban las controversias en los Tribunales uruguayos, aunque hubiera cosa juzgada, si el inversor consideraba que la sentencia era notoriamente injusta, tenía derecho a ir a una jurisdicción internacional. Por supuesto que eso no lo votamos. Inclusive, de ese Tratado -que, si no me equivoco, fue con uno de los países de Europa Central- dijimos que era muy bueno, pero que esa cláusula era absolutamente inaceptable, y no la aceptamos. En este Tratado -podríamos debatirlo toda la tarde- no hay nada de eso.

Lo que aquí se establecen son negociaciones directas, se nombra un referente de cada país cada vez que hay una controversia para que conversen y se fijan cláusulas de transparencia para que cuando hay discrepancias se avisen unos a otros. Además, no se traslada jurisdicción a otro país, sino que se resuelve por árbitros. Si bien los árbitros pueden actuar mal, los jueces pueden hacerlo del mismo modo pero, reitero, el arbitraje nunca fue en sí mismo un mecanismo repudiado ni por Uruguay ni por el Derecho uruguayo.

Si no me equivoco, en el año 1965 se hizo en nuestro país una interpretación por la cual se decía que el arbitraje automático sólo se aplicaba cuando el conflicto se producía entre Estados y no entre un inversor y una empresa, es decir, cuando se trataba de un tema de Derecho Internacional Público y no Privado. Si bien esto es verdad, se trata de una interpretación bastante discutible. Lo que establece la primera parte del artículo 6º de la Constitución -aquí se encuentra presente el señor Senador Sanguinetti, quien en el año 1966 trabajó en este artículo impulsando un agregado al mismo, que habla de la integración latinoamericana y no panamericana- es muy claro en el sentido de que Uruguay debe proponer, cada vez que hace un Tratado con quien sea, que las diferencias deben resolverse por el arbitraje u otros medios pacíficos.

Por lo tanto, sé que tienen todo el derecho a juzgarlo políticamente y a decir que ahora hemos cambiado -sé que esto va a suceder y lo acepto-, pero invito a cualquiera de los miembros de este Senado a que revisen los veinticinco Tratados y observen si a alguno de ellos lo votamos en contra por la cláusula de arbitraje o porque daba al inversor el derecho a elegir jurisdicción, ley y a veces hasta a poder decir que una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada era injusta e irse a otro Tribunal. Esto fue lo que siempre aclaramos que nos motivaba a votar en contra.

SEÑOR SANGUINETTI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Sanguinetti.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: me interesa que el señor Senador no presuma que nosotros lo vamos a criticar; por el contrario, lo vamos a felicitar, lo que es bastante distinto, porque ahora finalmente coincidimos en algo beneficioso para el país. Aprovecho la ocasión para decirle que cuando hizo mención a ese equívoco con relación a la CIA y a su Jefe, evidentemente hubo un error. Lo que estaba diciendo era que ahora cambiaba quien designaba al Presidente y se trataba del Presidente del Banco Mundial, quien nunca fue Jefe de la CIA sino, simplemente, el segundo de Donald Rumsfeld en el Pentágono, lo que es bastante diferente.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Me parece que el señor Senador Sanguinetti ha hecho un comentario irónico queriendo decir que era lo mismo. En lo personal, no sé si es así y no me meto en esas intimidades tan profundas, porque la CIA es un organismo con muchos servicios de inteligencia, por lo que vaya a saber qué ramificaciones tiene. Quizás algunas de ellas estén en otros países.

Lo concreto es que aquí el mecanismo no es el Presidente del Banco Mundial, sino el Presidente de la Comisión que resuelve estos conflictos. Así lo establece el Tratado, pero no lo hace como una disposición obligatoria.

(Interrupciones)

- De todas maneras, la intervención del señor Senador Sanguinetti -además de la generosidad de sus felicitaciones- era una ironía, pero el hecho concreto es que no es así. Quiero decirle que el compañero que me preguntó en la mañana de hoy si era verdad que el Jefe de la CIA era el Presidente de los árbitros en un conflicto vinculado a este Tratado, no lo hizo en forma irónica, sino que había leído cierta información en ese sentido. El artículo que él leyó decía que la reforma de Tabaré Vázquez consistió en eliminar las dos últimas letras de la sigla, por lo que sería la CIA la que preside. Obviamente, este compañero no estaba en condiciones de leer el Tratado en su totalidad.

Dejando de lado esta suerte de escaramuzas parlamentarias, me interesa continuar con el análisis del Tratado. Como ya me referí a la cláusula de la nación más favorecida, deseo explicar ahora el aspecto jurídico.

Concretamente, Uruguay planteó a Estados Unidos que se cambiara el artículo, lo que no se logró. Lo que sí se obtuvo fue la posibilidad de que Uruguay hiciera una declaración unilateral, que es recibida por Estados Unidos con el compromiso de no controvertirla. Dicha declaración vale como una cláusula de reserva, lo que lamentablemente no se puede hacer en el Parlamento porque, como se sabe, los Tratados se aprueban o no. Esto sí se puede hacer cuando a nivel del Poder Ejecutivo los países las formulan expresamente o uno la formula y la comunica al otro y éste asume el compromiso de no controvertirla, es decir que la acepta. Como no soy un experto en diplomacia, supongo que se trata de fórmulas diplomáticas que se usan para no llamarlas cláusulas de reserva.

Quiero analizar algunas cláusulas de este Tratado y me voy a referir a ellas con mucha sinceridad.

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK.- Con mucho gusto, pero agradecería que fueran concretas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: como el señor Senador invitaba a participar a cualquier integrante del Senado que pudiera aportar algo con respecto a los antecedentes, quiero decir que tengo un antecedente muy concreto. Se trata de la consideración del Protocolo de Protección y Promoción de Inversiones provenientes de Estados no Parte del MERCOSUR, que fue aprobado por el Senado de la República y que contó con el voto contrario de la fuerza política del señor Senador.

Precisamente, este Protocolo, en la parte de controversias, establece el arbitraje como mecanismo para su solución y además que quedan a juicio del inversor los Tribunales competentes de la parte contratante -lo dice el mismo Tratado- o el arbitraje internacional. Es lo mismo que establece el Tratado que estamos considerando hoy, puesto que da al demandante -el Tratado habla de demandante y no de inversor- la opción de foro, por lo que elige entre el Tribunal nacional o el arbitraje internacional. Es lo mismo que establece el Tratado que analizamos hoy.

SEÑOR KORZENIAK.- No es así, señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Oportunamente el entonces señor Senador Gargano dijo que la Bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio- Nueva Mayoría no iba a votar el proyecto de ley denominado "Protocolo". Además agregó que afirmaba eso porque el Protocolo a estudio era un documento a través del cual los cuatro países del MERCOSUR se comprometían a proteger las inversiones de quintos países, de los de afuera de la región y se les concedía, entre otras cosas, la famosa prórroga de jurisdicción, es decir, la posibilidad de designar Tribunales Arbitrales para la solución de controversias que ni siquiera pertenecían a la región, sino que eran elegidos a juicio del inversor. Por último, dejó en claro que esto estaba dentro del mecanismo del famoso Fondo Internacional de Protección de Inversiones, al que se oponían. Con esa argumentación votaron en contra y ahora digo que las normas de este Tratado son exactamente las mismas que el anteriormente mencionado, salvo que se me demuestre lo contrario. Queda claro que el demandante tiene la opción de elegir entre la legislación nacional o el arbitraje internacional, en este caso agravado porque se modificó incluso su integración. En consecuencia, me interesaría que el señor Senador señalara las diferencias.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado una moción a la Mesa para que se prorrogue el tiempo de que dispone el señor Senador.

Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Muchas gracias.

Como hay una cantidad de señores Senadores anotados para hacer uso de la palabra, pediría que no me soliciten más interrupciones, sobre todo porque las respuestas son bastante expansivas y me insumen cierto tiempo que deseo aprovechar para analizar el Tratado.

SEÑOR ABREU.- El señor Senador pidió que le señalaran las diferencias.

SEÑOR KORZENIAK.- Los temas relativos al arbitraje de las controversias entre partes -lo denominamos así cuando se trata del Derecho Privado- están contemplados en el artículo 23 de la Sección B. Allí se dice: "En caso de una controversia relativa a una inversión, el demandante y el demandado deben en primer lugar intentar solucionar la controversia mediante consultas y negociación, lo que podría incluir la aplicación de procedimientos con intervención de terceros de carácter no obligatorio". Estos son los llamados árbitros consultivos y representan una figura algo nueva en la materia.

Por su parte, el artículo 24 de la misma Sección B se refiere al "Sometimiento de una Reclamación a Arbitraje". El numeral 1. comienza diciendo: "En el caso que una parte contendiente considere que una controversia relativa a una inversión no puede ser resuelta por medio de consultas y negociación…" y después es seguido por una especie de novela de dos hojas, donde se expresa: " (a) el demandante, en nombre propio, podrá someter a arbitraje una reclamación, de conformidad con esta Sección, en razón de:" que el demandante haya violado tales y cuales cosas. Aquí no hay una cláusula que diga que primero el demandante elige una jurisdicción y que después, según su opción, se va a arbitrar. Si leemos veinte veces el Tratado, vamos a ver que no existe. Lo mismo sucede con la discusión entre Estados, donde también se dice que se va al arbitraje.

A su vez, quiero señalar que hay algunas cláusulas que no figuran en los Tratados de inversiones comunes. Estuve indagando en el Ministerio de Relaciones Exteriores y algunos técnicos de esa Cartera, durante el período anterior, lograron introducir ciertas cláusulas vinculadas a la transparencia que, como señalé, no es habitual que se introduzcan en estos Tratados. Como la discusión gira en torno a si se firma o no el Tratado, los que lo vamos a firmar lo leemos todo porque tenemos problemas de conciencia, pero los que no lo van a hacer, sólo miran aquello que no les gusta o lo que les dicen que no es bueno. Por mi parte, he encontrado cláusulas muy importantes sobre transparencia y sobre el respeto al medio ambiente y a los derechos de los trabajadores, que no son habituales. Cuando se firma un Tratado, el inversor o el que se supone que va a invertir -que puede ser Uruguay, que podría establecer 14.000 carnicerías en Nueva York, como decía con gracia el doctor Jorge Batlle- es el país poderoso, que no está muy interesado en incluir cláusulas según las que se tenga que respetar a los sindicatos y que no se puede abusar del trabajo de los menores y de las mujeres.

SEÑOR HEBER.- ¿Eso es nuevo? ¿Lo impusieron ustedes?

SEÑOR KORZENIAK.- Acabo de decir -seguramente el fuerte rumor no permite que todos oigan bien o quizás los estoy aburriendo, porque tengo tendencia a hablar mucho de Derecho y sé que ello aburre aún a quien sabe de esta materia- que estuve indagando en el Ministerio de Relaciones Exteriores porque me llamó la atención que cláusulas incluidas durante el Gobierno anterior formaban parte de este Tratado. Naturalmente, no tienen nada que ver con las reformas que propuso el Frente, porque es obvio que esas cláusulas no generaron en nuestro partido ninguna discusión. ¿Qué frenteamplista, blanco o colorado iba a estar en desacuerdo con eso? Supongo que ninguno. Entonces, obviamente, yo no estaba insinuando que eso lo habíamos logrado nosotros, pero reitero que ya lo había señalado.

A continuación, voy a leer algunos artículos que me parece que son correctos. Aclaro que si no lo hago en forma completa es porque se trata de verdaderas novelas escritas por esa razón no muy conocida según la cual hay que intentar conciliar la terminología del Derecho angloamericano con la del romano germánico o canónico, que es la nuestra.

Voy a hacer referencia al artículo 6 "Expropiación e Indemnización". ¿Qué es lo que habitualmente quieren incluir los inversores de países poderosos en los Tratados de inversiones? Ningún país, aunque tenga derecho, puede expropiar, porque si lo hace la inversión no se lleva a cabo y tendrá que pagar unas multas muy grandes. Al leer estas cláusulas advierto -reitero que indagué en el Ministerio de Relaciones Exteriores- que prácticamente se trata de la aplicación de los principios de la Constitución uruguaya. Por ejemplo, se dice que tiene que declararse la autoridad pública y eso figura en el artículo 32 de la Carta; que tiene que haber una indemnización pronta, aun cuando el propio artículo 32 señala que debe ser previa y que la indemnización debe ser justa y debe atender las demoras y todo lo demás. Reitero que esto figura en el artículo 32 de la reforma de 1966, donde se agregó que hay que indemnizar por los daños y perjuicios derivados de la demora para terminar la expropiación. Todo esto figura en el artículo 6º donde se alude a: " (a) por causa de utilidad pública; (b) de manera no discriminatoria; (c) mediante el pago pronto, adecuado y efectivo de la indemnización; (d) de conformidad con el debido proceso legal y con el Artículo 5 (1) a (3)." Todas estas cláusulas sorprenden no porque no deban ser incluidas ya que siempre debieron estarlo, pero todos sabemos que cuando hay una negociación el que puede sacar ventaja trata de obtenerla y no se presenta a negociar como un angelito. Por eso, acá siempre ha habido consenso: los Tratados que hay que firmar son los que convienen y, si no lo hacen, no se los debe firmar. Reitero, si convienen hay que firmarlos, aunque a veces no nos guste el país con el que se firma. Ayer se daba una cuestión opuesta, por lo menos, según la opinión del señor Senador Rubio, quien se preguntaba por qué molesta el Tratado con Venezuela y por qué no se quiere a Chávez. Ahora es a nosotros a quienes no les gusta esto -o por lo menos a quien habla- ni Bush, ni la política exterior de Estados Unidos, pero el Tratado parece conveniente y, por lo tanto, lo vamos a votar.

A continuación voy a seguir haciendo referencia a algunos artículos que me llamaron la atención. El artículo 11 refiere a la "Transparencia" y, naturalmente, casi no ha tenido difusión. Creo que esto fue propuesto por algún latino o uruguayo y de eso no tengo dudas; me refiero al nombre de la disposición. En primer lugar, "Cada Parte designará un punto de contacto para facilitar las comunicaciones entre las Partes sobre cualquier asunto comprendido en este Tratado." Es decir que hay que anunciar y dar a publicidad las discusiones. Las audiencias, incluyendo las del Tribunal Arbitral, son públicas y el que quiere puede mirar qué se está discutiendo y qué opinan los árbitros para ver si se actúa bien o mal. Si el árbitro actúa mal, no va a ser castigado, pero se trata de algo público y de cláusulas de transparencia.

Por su parte, el numeral 4. del artículo 11 se refiere a los "Procedimientos administrativos". Allí se dice que cuando hay personas de una de las Partes que se vean directamente afectadas por un procedimiento judicial, cuasi judicial o administrativo, está previsto que los Jueces puedan intervenir. Entonces, está previsto que los Jueces pueden intervenir y, si la persona se viera afectada por un procedimiento recibirá, conforme a las disposiciones internas -no a las del Tratado- un aviso razonable del inicio del procedimiento, incluida una descripción de su naturaleza, la exposición del fundamento jurídico conforme al cual el procedimiento es iniciado y una descripción general de toda las cuestiones controvertidas. Reitero que esto fue incluido, a mi juicio, por un uruguayo o por otro latinoamericano, pues creo que es una frase típica de nuestro lenguaje jurídico y no del angloamericano. En el numeral 5 se dice que "Cada Parte establecerá o mantendrá Tribunales o procedimientos judiciales, cuasi-judiciales, o administrativos a los efectos de la pronta revisión y, cuando se justifique, la corrección de las acciones administrativas definitivas relacionadas con los asuntos comprendidos en este Tratado. Estos Tribunales serán imparciales y no tendrán relación de dependencia ni con la oficina ni con la autoridad encargada de la aplicación administrativa de la ley, y no tendrán interés sustancial en el resultado del asunto." ¿Cómo se llama en nuestro país un tribunal destinado a resolver sobre decisiones administrativas independientemente de quien las tomó? Es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En Estados Unidos no existe, porque los jueces son los comunes. Se supone que también pueden ser imparciales y deben serlo, pero esto está en el Tratado.

Ahora voy a hacer referencia al artículo 12, que es una norma no habitual en los Tratados de inversiones. Allí se señala que "Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de la protección contemplada en su legislación ambiental interna. En consecuencia, cada Parte procurará asegurar que no declina ni de otra forma deroga, ni ofrece declinar" -aquí está la ejemplificación angloamericana- "ni de otra forma derogar tal legislación de manera que se debilite o reduzca la protección otorgada por la misma como un incentivo para el establecimiento…" O sea que se dice que no podemos derogar normas de protección del medio ambiente, ni nosotros ni ellos, para incentivar que venga la financiación. En los Tratados de fomento a las financiaciones y a las inversiones, esto no es común.

Finalmente, en el numeral 2. se dice: "Nada de lo dispuesto en el presente Tratado se interpretará como un impedimento para las Partes de adoptar, mantener o hacer cumplir cualquier medida de otra forma compatible con este Tratado que consideren pertinente para asegurar que la actividad de inversiones en su territorio sea realizada en atención a los problemas ambientales". Estoy seguro de que muchos compañeros se sorprenderán con esta cláusula, porque la misma no se había publicado.

Ahora paso a leer el artículo 13, cuyo título es: "Inversión y Legislación Laboral". Preguntaría a la OIT y a mis compañeros sindicalistas su opinión sobre el artículo, que dice: "1. Las Partes reconocen que es inapropiado promover inversiones mediante el debilitamiento o reducción de la protección contemplada en su legislación laboral interna. En consecuencia, cada Parte procurará asegurar que no declinará ni derogará, ni ofrecerá declinar o derogar dicha legislación de manera que se debilite o reduzca su adhesión a los derechos laborales internacionalmente reconocidos señalados en el párrafo 2 como una forma de incentivar el establecimiento, adquisición, expansión o retención de una inversión en su territorio. Si una Parte considera que la otra Parte ha ofrecido tal incentivo, podrá solicitar consultas con la otra Parte y ambas Partes realizarán consultas con el fin de evitarlo". Por lo tanto, los derechos de los trabajadores no se deben debilitar para atraer inversiones y eso es lo que dice aquí, en lenguaje latino. A continuación y para evitar discusiones, establece: "2. A los efectos del presente Artículo, legislación laboral significa las leyes o reglamentos de cada Parte, o disposiciones de las mismas, que estén directamente relacionadas con los siguientes derechos laborales internacionalmente reconocidos: (a) derecho de asociación" -esto son los sindicatos-; "(b) derecho de organización y negociación colectiva" -en este período se ha logrado instaurar nuevamente por parte de este Gobierno-; "(c) prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio; (d) leyes de protección laboral para niños y jóvenes, determinación de una edad mínima para el empleo de niños y prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil; y (e) condiciones aceptables de trabajo en lo que respecta a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional". A continuación, se dice que nada de lo dispuesto en el Tratado se puede interpretar en el sentido de que se perjudiquen estos derechos.

Creo que estos son artículos importantes. Me parece que es bueno, en el balance que todos tenemos que hacer, el hecho de haber logrado mejoras en los puntos que no nos gustaban. Esto no lo conseguí yo, sino el Presidente de la República y un equipo de asesores que trabajaron con él. Están aquellos aspectos emocionales que todos tenemos -me incluyo en esto- y las características de un Tratado como las que he leído -según dice el Mensaje que envía el Poder Ejecutivo- procuran crear reglas jurídicas, que entende-mos justas, para que se faciliten las inversiones.

Quiero aclarar que no creo que firmando un Tratado tengamos inversiones inmediatamente porque, naturalmente, no será así, ya que tenemos algunas y aún no firmamos el Tratado de Inversiones. Ya vendemos carne a Estados Unidos y el 25% de nuestras exportaciones son a dicho país. Entonces, no es que esto determine necesariamente que van a venir inversiones, pero las reglas más o menos conocidas son las que va a pedir un inversor. Quizás, si nosotros vamos a invertir a Estados Unidos las pidamos, porque nos ha pasado que para litigar en Europa tenemos que contratar estudios allí, porque no conocemos las leyes y eso nos sale carísimo. Cuando trabajaba en el Banco Central, este Organismo tenía un estudio permanente para que lo asesorara cada vez que se le presentaba una discusión con otro Banco Central en Europa o en Estados Unidos.

Esto es lo que dice la exposición de motivos y reitero que no creemos que si se firma este Tratado, al otro día lluevan inversiones. Ojalá vengan las inversiones, siempre que sean productivas, respeten el medio ambiente y los derechos de los trabajadores, con o sin Tratado. Entendemos que el Tratado es un elemento más que puede contribuir a que esas inversiones se realicen. Además, quiero decir que puede haber alguien que esté honestamente convencido de que este Tratado no debe firmarse, porque no debemos tener con Estados Unidos ni siquiera una relación mínima de amistad, porque es un país que ha hecho tropelías y las está haciendo internacionalmente. Puede ser que alguna persona piense así y la respeto, siempre que también me respeten a mí. Cuando leo estas cláusulas, entiendo que puede correrse el riesgo de que se diga que Korzeniak quedó encantado con este Tratado y es un riesgo que asumo con toda claridad, porque lo he comparado con los otros Tratados. Asimismo, valoro enormemente el esfuerzo de un país que, por primera vez en la historia de América Latina, consigue reformar y esto puede ser mucho o poco e, inclusive, algunos consideran que es un maquillaje. Pero nosotros pensamos que ha sido bien reformado porque, además, se recogieron textualmente dos de las propuestas que se llevaron, aunque en la otra hubo que transar. Hay que tener en cuenta que se trata de un país que por primera vez en los Tratados de Latinoamérica negocia y consigue que un Tratado firmado por otro Poder Ejecutivo cambie el texto, aunque sea en parte. Frente a esto alguien, con toda honestidad, puede entender que las modificaciones no son suficientes, pero otros pensamos que el hecho político en sí mismo significa un precedente de elogio en América Latina. Inclusive, me animo a decir que recordaremos este episodio dentro de algunos años, cuando las relaciones internacionales mejoren para nosotros y para todos, y nuestra región se fortalezca. A propósito de ello, voy a terminar mi exposición bastante aburrida. Reitero que estoy seguro de que se va a recordar este episodio y cuando Estados Unidos, Alemania, Austria, Suiza, Francia o España vayan a celebrar un Tratado y lo firmen, podrá ocurrir que un país advierta que hay aspectos que no le gustan o que una fuerza política no quiere, como le ocurrió al Poder Ejecutivo uruguayo, que atendió los problemas internos de su fuerza política. Entonces, el hecho de ir a renegociar determinada cláusula, aunque el Tratado esté firmado, va a ser un antecedente, porque se tendrá en cuenta que Uruguay, que no era un país poderoso, lo hizo una vez. Asimismo, podemos decir que se logró poco, aunque se revieron tres temas. Todos los compañeros de la Bancada -por lo menos los que integramos la Comisión de Asuntos Internacionales- fuimos a la Cancillería y preguntamos a todos cuáles eran los problemas, a lo que nos contestaron que eran los tres que mencioné y, justamente, Uruguay logró mejorarlos. Entonces, no puedo ocultar ese hecho en su significación política, porque me parece que es un gran mérito. Reitero que ese es un gran mérito de este Gobierno y los otros artículos que leí acerca de la protección del medio ambiente, los derechos sindicales y los derechos de los niños en materia laboral lo es de los Gobiernos anteriores, que los habían puesto en el Tratado antes de que asumiera este Gobierno.

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LONG.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

(Dialogados)

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa en el uso de la palabra el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Quiero aclarar que no es por descortesía que no concedo las interrupciones, pero quiero terminar mi exposición, porque me da la impresión de que están todos aburridos. Luego, puedo intervenir y entonces podrán hacerme las preguntas que quieran.

Quiero informar que soy el Miembro Informante. Podría decirse que mis compañeros me sancionaron y me honraron designándome para informar nada menos que este tema. Pero deseo expresar lo siguiente: el Senador Couriel no estaba presente cuando lo mencioné, pero no debemos olvidar que él varias veces hizo el esfuerzo -tal como lo habíamos anunciado, en virtud de una decisión de Bancada- de conversar sobre el Tratado, no para consultar -lo aclaro, porque sé que después van a volver a decirlo y nuevamente el señor Senador Couriel se va a enojar- a Argentina y a Brasil, sino para dialogar y ver si se podía lograr un formato común. Obviamente, si fuera todo el MERCOSUR el que negocia, perfecto, pero aun cuando sea unilateralmente, es conveniente que todos los países integrantes tengan criterios estables y unificados.

Por lo tanto, el señor Senador Couriel hizo gestiones. Sé también que donde las hizo, cayeron bien y van a seguir ese camino.

Ahora bien; ¿por qué ahora la Bancada no ha seguido en este esfuerzo? Lo voy a decir con mucha claridad: porque el Tratado fue mejorado. Uno de los aspectos en que se mejoró, que era el que podía deteriorar la relación cuando tuviéramos que pedir alguna ventaja a la Argentina y al Brasil, fue precisamente el que se concretó con el cambio en la cláusula de la nación más favorecida. ¿Por qué? Naturalmente, Brasil podía decir "Ustedes quieren tal privilegio, pero no se lo damos, porque eso va inmediatamente a Estados Unidos y en ese caso estaríamos compitiendo con ese país". Luego de esta modificación, podemos hacer ese tipo de negociación con los países del MERCOSUR y, por esa razón, la Bancada -no voy a preguntarle a cada uno si es por eso, pero he interpretado que es así- no ha insistido ahora en ese tema, sobre todo desde que supimos que Uruguay propuso ese cambio y que el mismo fue aceptado.

Llegado a este punto, quiero señalar que para no aburrir al Senado no voy a hablar de los aspectos formales. Las diferencias entre una declaración de reserva unilateral y el compromiso de no controvertir con la cláusula de reserva ortodoxa, no las voy a explicar, porque aburriría a todo el mundo. Se trata de un tema específico de Derecho Internacional, pero en la práctica tiene los mismos efectos. Lo cierto es que Estados Unidos aceptó esa cláusula propuesta por Uruguay, unilateral, que tiene que ver con una referencia al Anexo que incluye lo que se llama las listas de disconformidades; eso está expresado con una palabra del lenguaje angloamericano, difícil de entender en su traducción. Lo que quiere decir es que determinados artículos del Tratado no se aplican en determinadas situaciones. Dicho de otro modo, la cláusula de la nación más favorecida no se aplicará en uno, dos o tres casos o, tal como se expresó en la declaración, en todos los sectores de esa actividad. Es una especie de constancia admitida por los Estados Unidos. Esto significa que el MERCOSUR no puede tener agravio con nosotros.

En ese artículo al que me estoy refiriendo -lo menciono con mucho respeto, aunque creo que a su autor se le fue la mano al hablar de la CIA y demás-, redactado por una persona que no está de acuerdo con el Tratado, en el que llamaba "maquillaje" a esta reforma, se decía -en lo que mi opinión se equivocaba, no estaba bien leído o había leído un texto que no era el que después fue definitivamente aprobado- que lo que allí se establecía no regía para el futuro, sino para las ventajas que se hubieran acordado en el MERCOSUR hasta ahora.

Señor Presidente: nadie me puede negar que, con enorme franqueza, he intentando explicar por qué mi fuerza política -me refiero al Partido Socialista y también a la Bancada de Senadores del Frente Amplio- propone que se vote el Tratado en el día de hoy. Quiero dejar constancia de que las dificultades que ha tenido internamente el Frente Amplio se pueden replantear en una sesión del Plenario en la que se analice la situación del Tratado y en la que se exprese, por ejemplo, "nosotros hubiéramos preferido que los parlamentarios no lo votaran y que el Presidente de la República no lo hubiera suscrito". Eso, en el Frente Amplio puede pasar, aunque esos procedimientos no siempre son comprendidos. No lo descarto, creo que no va a pasar, pero quienes hemos militado sabemos que la fuerza política Frente Amplio tiene un mecanismo de dirección ejercido por la Mesa y el Plenario, cuya integración es de más de cien miembros, y en el cual hay una representación casi igualitaria de los partidos políticos y de los Comité de Base. Por consiguiente, aunque mayoritariamente los Partidos hayan resuelto votar el Tratado, existe la posibilidad de analizar este tema en un Plenario que puede adoptar una posición distinta. Avizoro que eso no va a ocurrir y deseo que no tenga una posición distinta, porque creo que quien sacaría beneficios de eso no sería el Frente Amplio ni el país, sino que sería parte de las escaramuzas políticas que tanto tiempo insumen sin mayor sentido.

Quiero dejar la constancia, entonces, porque el Plenario fue solicitado y, salvo que se revoque esa solicitud, debe ser convocado, en virtud de una disposición del Estatuto. No lo tengo a mano, pero si no me equivoco, eso es así. Lo mismo ocurre en el Senado, cuando algún compañero le pregunta al Presidente de Bancada si cada semana va a tener que reunirse para decirle al Partido Nacional que todavía no se adoptó una decisión; en momentos en que esa colectividad estaba solicitando otra reunión, el Presidente respondía que si el Reglamento así lo establece, obtenidas las firmas, hay que citar. El procedimiento es el mismo que se utiliza en el Frente Amplio, cuando se solicita la realización de un Plenario con un número determinado de firmas.

Es cuanto quería expresar.

11) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- En realidad, señor Presidente, he cumplido la tarea encomendada y he consultado a los coordinadores para saber en qué momento el Senado puede reunirse para tratar el tema de la designación de los miembros de la Junta Anticorrupción. A pedido del Partido Nacional, la sesión se realizaría el miércoles 28 a la hora 16.

Por nuestra parte, no tenemos ningún inconveniente. En cuanto al Partido Colorado, debo decir que también manifestó su apoyo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se convoca el Senado para el día 28 de diciembre.

(Se vota:)

- 25 en 26. Afirmativa.

12) TRATADO DE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión general del proyecto de ley por el que se aprueba el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con los Estados Unidos de América.

Tiene la palabra el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: no tengo ningún empacho en confesar que todos los días uno termina aprendiendo algo. Realmente, esperábamos otra cosa de parte del Miembro Informante por la mayoría en lo que tiene que ver con su informe. Hubiéramos preferido que no estuviera circunscrito a una explicación del Tratado en función de lo que sus compañeros en los Comités de Base le indicaban o que el informe no sintetizara un estado de emociones. Además, allí se adelanta una suerte de disculpa anticipada e, incluso, se habla de compañeros del Comité de Base de Atlántida, de la 90 y de la Mesa Política.

Podría decirse que en su informe, el señor Senador Korzeniak se adelantó a las críticas que la oposición le iba a hacer. Mientras tanto, en medio de su intervención, recibió las felicitaciones de un Senador que fue Presidente de la República y representa al Partido Colorado. Luego, habló de algún artículo latinoamericano, quizás del latín, "Alfie", por ejemplo.

Vamos a hacer un breve relato sobre cuál ha sido la historia de este Tratado de Protección de Inversiones con los Estados Unidos y del nuevo Tratado que -según expresión literal del señor Miembro Informante- ha firmado el señor Presidente, compañero Tabaré Vázquez. Yo creí que el señor Presidente, doctor Tabaré Vázquez, era el Presidente de todos los uruguayos, más allá de todas las circunstancias que se puedan expresar.

Vamos a reiterar algo que ya hemos dicho. En el día de hoy hemos sido citados para poner punto final a un proceso que comenzó hace más de un año. En octubre de 2004, el doctor Jorge Batlle firmó un Tratado de Protección de Inversiones entre nuestro país y los Estados Unidos. En el mes de febrero fue enviado al Parlamento para su aprobación. Transcurrieron seis meses hasta que en agosto de este año, a solicitud del Partido Nacional, este Cuerpo trató por primera vez el tema. A partir de entonces, el Gobierno transitó por un derrotero que esperamos finalice en el día de hoy. Existieron seis instancias en las que este Parlamento -siempre a iniciativa nuestra- trató, o al menos intentó discutir, y puso a votación el Acuerdo. La primera fue el 4 de agosto; la segunda, la sesión extraordinaria del 22 de setiembre, que fue postergada para el 11 de octubre, fundamentándose que se iba a consultar con los socios del MERCOSUR para buscar una posición común. No entendimos claramente el sentido de tales consultas, máxime cuando algunos meses antes el propio señor Presidente de la República -el día 13 de junio- comunicara al Partido Nacional, por escrito, que el tema estaba en el Parlamento y que el Poder Ejecutivo respetaría la soberanía parlamentaria. Si el Parlamento en ese momento tenía independencia, ¿a santo de qué iniciar ese proceso de consultas con los socios del MERCOSUR?

Otra instancia que podemos citar en este azaroso y discutido análisis del Tratado es la de la sesión del 11 de octubre, cuando se nos dijo que se estaba negociando con los Estados Unidos algunas modificaciones al texto original. Luego volvemos a pedir una sesión extraordinaria para el 1º de noviembre, que fue postergada a pedido de la Bancada oficialista, porque esas instancias de negociación todavía no se habían concretado. Finalmente, llegamos al 30 de noviembre, última fecha en la que se intentó discutir el texto anterior. Luego de una reunión con el señor Presidente de la República -que, reitero, se celebró el día 13 de junio- y de seis intentos por discutir este tema, llegamos al día de hoy.

Creo que podemos afirmar que hoy el Partido Nacional va a ser uno de los grandes artífices de la aprobación de este Tratado de Protección de Inversiones con los Estados Unidos. Porque vamos a ser claros: la mayoría del Frente Amplio jamás quiso un Tratado con los Estados Unidos; es más, aun hoy no lo quieren, y esto ha quedado públicamente demostrado a lo largo de los últimos días, en que se dio un proceso de discusión notorio y evidente. Además, los propios integrantes de la fuerza de Gobierno están dispuestos a pagar el precio de tener serias discusiones con lo que denominan las bases de dicha colectividad política, por no decir que no al Poder Ejecutivo y al propio señor Presidente de la República.

No creo que importen mucho los cambios que se han llevado adelante. No importan mucho los discursos previos porque, por otra parte, ¿cuáles fueron los grandes cambios? Creo que el Uruguay entero advierte que las leves modificaciones que se han hecho fundamentaban la necesidad ineludible del Gobierno de tener una justificación para aprobar este Tratado de Protección de Inversiones con los Estados Unidos. Este texto es casi idéntico al anterior, por no decir que es idéntico, aunque le falten o se le agreguen levísimos cambios que no tienen significación. Al Uruguay se le da la potestad de denegar beneficios a inversiones de países con los que no mantiene relaciones diplomáticas. Este es un cambio totalmente intrascendente, pero no resta. Por otra parte, en el procedimiento de resolución de controversias, se cambia al Secretario General del CIADI por el Presidente, y ya se hizo la aclaración de quién es el Presidente del CIADI y qué significación tiene. Esta es una modificación para peor y no para mejor.

Por lo tanto, lo que hoy vamos a votar es un Tratado más beneficioso, pero creo que es más beneficioso para los Estados Unidos y no para el Uruguay. Sin embargo, si eso es necesario para que, en definitiva, tengamos un instrumento que permita al país captar inversiones, igual estamos dispuestos a apoyarlo, aunque después de tantas idas y vueltas, no sé qué tanta confianza se podrá inspirar en los inversores para captar esa inversión que genere trabajo. Pienso que aquí hay una responsabilidad muy grande, y muy grave, de la fuerza política mayoritaria porque en todo el proceso de discusión que ha tenido este Tratado -desde que el señor Presidente nos dijo que estaba en el Parlamento, se nos argumentó que se iba a buscar una posición común con los socios del MERCOSUR y, posteriormente, se dio la firma del "nuevo" Tratado- ha habido un largo desgaste, por lo que las señales para la inversión desde este Gobierno y desde la fuerza política que tiene mayoría parlamentaria no pudieron haber sido peores.

Ahora bien, cabe preguntarse ¿por qué hubo que esperar diez meses para votar algo que es peor que lo anterior, y si no se quiere ver como algo peor, al menos, algo igual a lo anterior? ¿Qué significado tienen estos cambios y toda esta espera? Si, como nos expresara el señor Presidente, se respetaba la independencia del Poder Legislativo, ¿los cambios habrán tenido lugar a instancias de los Legisladores del Gobierno? Quisiera que alguien me contestara, aunque creo que la respuesta es negativa. Ahora bien, si como dijeron los señores Legisladores, se iba a consultar a los socios del MERCOSUR, entonces, estos cambios ¿habrán sido solicitados por los socios del MERCOSUR? La respuesta también es negativa. Pero si las modificaciones se produjeron porque la dirigencia del Frente Amplio lo solicitaba, la pregunta que nos surge es: ¿por qué, entonces, muchos sectores de esa fuerza política se están oponiendo?

Quiero que quede claro algo que aparentemente, por lo menos yo, no advierto que se haya dejado claro. ¿Qué hizo el Gobierno del Presidente Vázquez? El 5 de diciembre pasado, hace pocos días, retiró el Tratado de Protección de Inversiones firmado por el Presidente Batlle y presentó un nuevo texto, que fue firmado el 4 de noviembre en Mar del Plata. Esto fue lo que sucedió. Entonces, el Tratado que antes era un Tratado de Batlle con Bush, ahora es un Tratado de Vázquez con Bush directamente. Vamos a entender y a explicar las cosas por su sentido literal. Agrego algo más: creemos que -para integrar la trilogía de actores que intervinieron en este proceso- es un Tratado Batlle-Vázquez-Bush. Antes, repito, era el Tratado de Batlle con Bush; en el momento en que el actual Presidente lo retira, es el Tratado de Vázquez con Bush; y ahora, por la explicación dada por el Miembro Informante acerca de la bondad de los artículos anteriores y las modificaciones, se lo puede membretar, simplificar, con los apellidos Batlle-Vázquez-Bush.

Ahora bien, la mayoría del Frente Amplio nunca quiso celebrar un Tratado con los Estados Unidos, y tampoco lo quiere ahora; tampoco lo quiere ahora. Muchos de los que hoy van a votar este Tratado lo harán contra su voluntad. Es más: lo hacen -tiene razón el Miembro Informante cuando decía que les íbamos a pasar factura; ¡miren si no vamos a hacerlo, faltaba más!, por supuesto que les vamos a cobrar- a pesar de que durante décadas se gritaban principios plasmados en un discurso antiimperialista, anti Estados Unidos. Muchos actores políticos de primera línea del Frente Amplio hablaron de pan podrido, hablaron de comerse el sapo, ¿o no? Yo fui al diccionario y encontré que se definía a este batracio de la siguiente manera: "Se dice de los vertebrados de temperatura variable que son acuáticos y respiran por branquias durante su primera edad, se hacen aéreos y respiran por pulmones en su estado adulto." Hay muchas otras sinonimias de esto.

Creo, entonces, que la fuerza política que hoy está dispuesta a votar este Tratado tiene una manifiesta indigestión; va a padecer una enorme indigestión, entre pan podrido y sapos, en reiteración real. La ingesta va a terminar siendo demoledora porque, además, a esta altura es un banquete de sapos porque primero dijimos que no íbamos a mandar tropas a Haití; luego, expresamos que no íbamos a participar de las Operaciones Unitas y, finalmente, ahora también se vota el Tratado con los Estados Unidos. No creo que este sea un hecho muy resaltable, pero es, por lo menos, un enorme cambio.

Hoy asistimos al divorcio entre un discurso histórico y el ejercicio del Gobierno. Esto ha quedado absolutamente claro, señor Presidente; esto no lo puede discutir nadie y queremos ser muy claros en este sentido porque, como lo hemos expresado en su momento, vamos a acompañar con nuestro voto este Tratado. Es más, estamos de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos pedido por el propio Presidente Vázquez. Corresponde reclamar que se inicien, precisamente, las instancias de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, porque significaría algo importante para el Uruguay, que es la mejor independencia, que es la mejor soberanía: trabajo para nuestra gente.

Durante años, la fuerza política de la mayoría, del Frente Amplio le dijo a los uruguayos que el país necesitaba un cambio en la forma de hacer política. Hoy se podrán hacer muchos discursos de todo tipo, pero lo que vale es el voto; eso es lo que vale, no el discurso. Y, más allá de lo que se diga, cada uno de nosotros es plenamente consciente de lo que piensa y de aquello por lo que siempre ha estado luchando.

Vamos a ser muy claros: esta sesión no sé cuánta trascendencia podrá tener, puesto que todos sabemos que este Tratado va a ser aprobado en el día de hoy. Quizás lo más relevante pueda ser, señor Presidente, qué va a hacer o qué actitud va a adoptar algún integrante de la Bancada de Gobierno; tal vez eso sea lo más trascendente. Creemos que quizás se puedan adoptar muchas actitudes: no votar, retirarse de Sala o votar a favor luego de argumentar en contra. Pero lo que cabe consignar es que en esta oportunidad tal vez no corresponda dejar ningún arreglo floral encima de una banca del Senado, ni tampoco corresponderá -por lo menos, a juicio de los uruguayos- decir que se está en contra de determinado Tratado y después, por disciplina partidaria, votarlo en función de que así lo indicó el reglamento interno de una fuerza política, para lo cual tiene su legítimo derecho. Pero también nosotros tenemos legítimo derecho a que en ese caso se pueda expresar claramente que hay un doble discurso, que se dice afuera una cosa y después aquí adentro se actúa de manera diferente, quizás, por el hecho -lo que es de público conocimiento también- de que poco menos se está intentando conservar cargos en lo que es la distribución de Gobierno. Esta es la realidad y, seguramente, de eso se dará debida cuenta por parte de los distintos actores a la hora de votar en este Senado de la República. Pero sí le recomendamos, fundamentalmente al Partido Comunista, que compre litros de cal, muchos litros, para tapar buena parte de los muros que durante muchísimo tiempo estuvieron pintando hasta el día de hoy, diciendo "No al Tratado de Protección de Inversiones con los Estados Unidos".

Creo que hoy, señor Presidente, se pone a prueba lo que puede significar la credibilidad de los actores políticos y nadie puede enojarse -nosotros no nos molestamos por eso- por las circunstancias de que hoy la mayoría del Frente Amplio termine votando este Tratado. En realidad, coincidimos con el objetivo que es un hecho positivo para el país. Lo que sí tenemos que destacar y subrayar muy claramente es que esto no fue lo que se dijo durante la campaña electoral; se está haciendo en el ejercicio del Gobierno algo completamente diferente a lo que se prometió y se enunció en la propia campaña electoral.

A propósito de esto, voy a leer un parrafito de un artículo que hoy tuve oportunidad de leer y que dice así: "Es muy lamentable y una terrorífica contradicción, sino una demostración de inadmisible doble discurso o rostro, que este Gobierno recién iniciado y ya encauzado como casi progresista, haga alharaca de haberse sumado al resto de los mercosurianos y a una Venezuela que casi lo es, para darle un parate al ALCA y luego, por la puerta de atrás de la iglesia, como al descuido y en relaciones cuasi incestuosas, claramente nocivas para los intereses mencionados, se envía a nuestro Canciller apadrinado por la presencia entre bastidores de un Presidente que eligió reunirse en Mar del Plata con Bush, para eso; el mismo que no lo quiso recibir durante su estadía en Washington en el momento culminante de concretarse el multitudinario repudio a este último, a hacerle guiñadas a un funcionario de cuarta, designado por Estados Unidos para la emergencia, para firmar entre bambalinas ese más aparatoso que real nuevo Tratado de Inversiones con USA."

Cuando uno lee esto piensa que se trata de un blanco descarriado que anda por las cuchillas criticando duramente y en forma injusta a este Gobierno o de un integrante del eje del mal que está destinado a criticar todo lo que desde el Gobierno proviene. También se podría pensar que se trata de algún colorado principista que también se ha puesto a escribir cosas en contra de la actual Administración. Pero resulta que no, señor Presidente; se trata de un dirigente perteneciente a uno de los movimientos del propio Frente Amplio que escribe hoy en un diario de la capital de la República.

Dicho artículo termina diciendo: "Hemos discutido a sangre y fuego, de igual a igual con USA; hemos obtenido importantes concesiones y mejoras del Tratado original. Ahora, después de lo actuado, no se les vaya a ocurrir rechazarlo porque sería como una tomadura de pelo."

De alguna forma, esto es lo que se nos ha pretendido decir en el sentido de que los cambios han beatificado el Tratado; que los cambios que se han mencionado e intentado explicar le han echado agua bendita al mismo, transformándolo en algo bueno, cuando antes era maligno, dañoso y tremendamente perjudicial para el país, por lo que se oponían fuertemente a su aprobación.

Señor Presidente: lamentablemente hoy asistimos a una instancia en donde una vez más quedan comprobadas las enormes contradicciones que se dan desde el Gobierno y que terminan perjudicando los instrumentos, como es precisamente este Tratado, con una larguísima y tediosa discusión absolutamente inútil, que hubiera sido conveniente ahorrársela al país para entonces cumplir con el objetivo fundamental que es, precisamente, el de generar trabajo, inversión y expectativas para todos los uruguayos.

Aquí se ha dicho poco menos que las modificaciones han sido únicas, inéditas y excepcionales, así como que ningún otro país en la historia de América Latina ha podido concretar otras de esta naturaleza. En realidad, todos sabemos que las modificaciones de las cuales se habla son, precisamente, una suerte de engañifa para tener la justificación de por qué votar en esta instancia.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LARRAÑAGA.- Después, señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Por qué no ahora?

SEÑOR LARRAÑAGA.- Porque no se me antoja, nada más que por eso.

SEÑOR COURIEL.- ¡Qué amable, señor Senador!

SEÑOR LARRAÑAGA.- Se trata de una enorme contradicción. El señor Presidente paró el rodeo y boca abajo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción en el sentido de otorgarle un tiempo complementario.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 26. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Decía que el señor Presidente de la República -lo cual me parece bien- paró el rodeo y se terminó. Atornilladitos a los cargos y a votar. A levantar la manito, Lorier. A votar Lorier porque, en definitiva, de eso se trata, y a tapar muros, señor Senador Lorier.

Sobre este tema leí hoy otro articulito, también de un diario de la capital, que se atribuye al señor Presidente de la República. Yo no estuve en la reunión; seguramente debe haber sido alguno de los que la integraron. Según este artículo, el doctor Vázquez habría dicho "Hay compañeros que creen que caminan por el paraíso y hasta que tienen los planos del paraíso". Eso se dijo de nosotros durante mucho tiempo invocando una suerte de división entre buenos y malos; los malos éramos nosotros, los obsecuentes, aquellos que estábamos en una actitud sumisa con respecto al imperialismo yanqui, al Fondo Monetario Internacional, a los organismos internacionales de crédito y a todo lo que tiene que ver con los Estados Unidos, como algo malo y nefasto para la vida de los uruguayos. Muchos creyeron tener el plano del paraíso; muchos caminan según esos planos o creen caminar por esos planos.

Voy a finalizar mi exposición porque esto no da para más. Tan larga como infructuosa ha sido la intervención del Miembro Informante para pretender justificar lo injustificable.

"Perteneciente o relativo a los ciervos y criados. Bajo, humilde y de poca estimación. Se dice también de las cosas del ánimo". Esa es la definición de servil.

Muchas veces se dijo que nosotros poco menos que integrábamos el club de serviles de los Estados Unidos. Bueno; hoy podemos decir claramente: Bienvenidos compañeros del Frente Amplio al club de serviles de los Estados Unidos y de los yanquis.

(Manifestaciones en la Barra)

(Campana de orden)

- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Barra había sido advertida de que no podía realizar manifestaciones, por lo cual será desalojada. Se suspende momentáneamente la sesión.

(Así se hace. Es la hora 18 y 21 minutos.)

- Continúa la sesión.

(Es la hora 18 y 29 minutos.)

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Antes de comenzar mi exposición, solicito un cuarto intermedio de 10 minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

- 26 en 28. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por 10 minutos.

(Así se hace. Es la hora 18 y 29 minutos.)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 18 y 44 minutos.)

- Tiene la palabra el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: en primer lugar, en nombre del Partido Colorado, deseo agradecer los innumerables elogios que han recibido el Tratado, sus previsiones y cláusulas inusuales. Recuerdo que, cuando fui invitado a asistir a la Comisión de Hacienda del Senado, el economista Porzecansky calificó al Tratado de "joyita" y dijo que los expertos le indicaron que estaba muy bien negociado, mejor, incluso, que el Tratado con Chile.

También quiero recordar que en ocasión de plantearse estos cambios tan importantes que nos describió el Miembro Informante, el Partido Colorado dijo aquí en Sala que las propuestas van en línea con lo que quiso Estados Unidos cuando se negoció el Tratado original y que, por ende, nos parecía obvio que se iban a aceptar.

En un reportaje publicado el 24 de noviembre en la revista semanal "Búsqueda" el profesor Mark Cantor, árbitro internacional del Centro de Disputas Comerciales y Profesor de la Universidad de Georgetown, que estudió el Tratado dijo, a mi entender, dos cosas relevantes. En primer lugar, que ninguno de los tres ítems en los que hubo acuerdo sería título de algún periódico. Creo que esta persona independiente, que seguramente no tenga ninguna pasión en la discusión de este tema, ostenta una opinión alejada de todas nuestras disputas o controversias internas -por decirlo de alguna manera-, y la expresa claramente al afirmar que ninguno de los tres cambios sería título de ningún periódico. Es decir, son irrelevantes.

Además, dice que una extraña confluencia de intereses políticos de ambos gobiernos permitió finalmente introducir al texto algunos cambios de valor simbólico más que práctico. Para Estados Unidos, la nueva firma del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Uruguay es uno de los pocos resultados concretos a exhibir en la IV Cumbre de las Américas celebrada a principios de mes en Mar del Plata, Argentina, donde las diferencias políticas a nivel hemisférico frustraron el avance de un acuerdo comercial más amplio. De hecho, la página web de la Casa Blanca colocó la firma del Tratado de Inversiones con Uruguay en el segundo lugar de sus logros en la Cumbre, recordamos que este profesor catalogó de intrascendentes los cambios introducidos. Ese es el segundo logro más importante que la Casa Blanca entendió que había alcanzado en una Cumbre de las Américas.

Por lo tanto, no había que ser profeta para adivinar que los cambios propuestos iban a ser aceptados; era lo lógico, porque si se le pide a alguien que reciba algo que siempre quiso, es natural que lo acepte. Y lo aceptaron.

Ahora bien, en anteriores sesiones hemos hablado y abundado en el significado del Tratado, y de allí la postura adoptada por el Gobierno del Partido Colorado, que lucía en la exposición de motivos que se envió en el Tratado original. Ya hemos comparado lo que significa el crecimiento de Estados Unidos en un año con lo que es el MERCOSUR entero o, prácticamente, toda América Latina, de donde deducíamos la importancia de seguir incrementando las relaciones con la principal potencia del mundo. También abundamos en el significado de nuestras exportaciones al mercado norteamericano; este año, sólo Estados Unidos nos compra más que todo el MERCOSUR en conjunto.

En consecuencia, entendemos que lo único que resta es analizar los cambios que este Tratado, firmado entre las Administraciones de los Presidentes Vázquez y Bush, presenta con respecto al que se firmó entre las Administraciones de los Presidentes Batlle y Bush.

A manera de resumen, si me permiten, diré para empezar que si bien el gobierno ha anunciado que los cambios son sustanciales -y ahora vamos a analizarlos-, a mi juicio el Tratado sí es nuevo, ya que tiene firmas diferentes. Esa es la novedad.

Se dice que el Tratado contiene tres modificaciones o que se pidieron tres y se concedieron dos y la restante se ha concedido lateralmente, pero hay una modificación que jamás fue notificada. Esta era la pregunta que iba a hacer al final al Miembro Informante. En el numeral 3 del Anexo (G) se cambia la cláusula 26(1) por la 24(3), lo cual, en nuestra opinión, va en detrimento del Uruguay en caso de que éste deba reestructurar su deuda. Después vamos a preguntar acerca del porqué de este cambio, que ni siquiera fue notificado públicamente y, seguramente, ni siquiera fue pedido por el Uruguay.

Empecemos por los cambios. El primero refiere al trato de la nación más favorecida. Este aspecto se cubre en una declaración interpretativa del Uruguay, que declara que interpreta determinada cosa. Es decir que no hay ningún cambio. Aquí cabe sólo una posibilidad: que el Uruguay ponga en su declaración interpretativa "lo que decía el acuerdo original" y entonces Estados Unidos acepta el saludo a la bandera. Es la única interpretación posible, porque si lo que dice la declaración es distinto de lo que decía el acuerdo original y Estados Unidos lo hubiera aceptado, se habría cambiado en el texto; o, de otra manera, directamente, no habría aceptado esta "interpretación". No hay otra forma de razonar este cambio. Pido que me dejen leer lo que dice el Tratado sobre el punto en cuestión, que se encuentra en el Anexo II: "Uruguay se reserva el derecho a adoptar o mantener" -adoptar es para el futuro, mantener refiere a lo que ya hay hoy- "cualquier medida que otorgue un trato diferencial a países al amparo de cualquier acuerdo internacional, bilateral o multilateral, vigente o firmado con anterioridad a la entrada en vigor del presente Tratado". ¿Puede quedar alguna duda de que el MERCOSUR era un acuerdo multilateral vigente al momento de la firma de este Tratado? Por lo tanto, ¿puede quedar alguna duda de que el MERCOSUR estaba fuera de esta reserva?

Los beneficios al MERCOSUR están reservados y pueden adoptarse o mantenerse. En este sentido, recordemos que los acuerdos de inversión del MERCOSUR fueron firmados en 1993 y en 1994, en Colonia y en Buenos Aires. Por consiguiente, es falsa la afirmación del Frente Amplio, del Gobierno, en cuanto a que al MERCOSUR lo habíamos raleado y le otorgábamos a Estados Unidos todos los beneficios sólo reservados para los socios del MERCOSUR.

A continuación, leo con asombro lo que alegó el Gobierno en su declaración unilateral interpretativa. Allí se dice que el alcance del párrafo uno del Anexo II del Tratado -estamos refiriéndonos a esto-, correspondiente a la lista de Uruguay prevista en la página 9, referida al trato de nación más favorecida del artículo 4º y a todos los sectores, incluye a las medidas que otorgan tratamiento preferencial a los países miembros del MERCOSUR o del Tratado de Asunción. En realidad, lo único que hace esto es aclarar lo obvio, porque es como decir que todos los seres vivos sobre la Tierra tienen derecho a un hábitat y hacer una declaración en el sentido de que los elefantes también tienen derecho a un hábitat. En todo caso, con esta reserva se nos empiezan a generar dudas acerca de lo que puede ocurrir con los acuerdos con México y Finlandia, que también son bilaterales y fueron firmados con anterioridad a la vigencia de este Tratado. De más está decir que la interpretación unilateral se apoya en la exposición de motivos de la Convención de Viena. Por ende, en el primer punto no hay cambios.

Veamos ahora el segundo punto, que refiere al famoso artículo 17, "Denegación de beneficios". Debo confesar mi asombro con respecto al cambio propuesto porque, en realidad, dicho cambio consiste en la redacción literal, exacta y original de la propuesta de Estados Unidos que nos fue enviada desde un principio. Recuerdo claramente a nuestro ex Canciller, el doctor Opertti, casi enfurecido -vehemente, como suele ser-, diciendo que eso era inaceptable para el país porque violaba todas las tradiciones del Uruguay y que había que jugar fuerte para cambiar esa propuesta. Nosotros, al igual que el doctor Opertti, entendíamos que este era un punto de no retorno en la medida en que Estados Unidos no aceptara el cambio. Sin duda, esto corresponde a la derivación de la política de seguridad interna de los Estados Unidos. Sin embargo, afortunadamente Estados Unidos aceptó la no reciprocidad de la cláusula, aunque lo hizo al final y luego de mucho negociar.

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ALFIE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: solicité esta interrupción para razonar en forma simultánea y paralela con el señor Senador Alfie, entre otras cosas porque creo que el ingresar en profundidad en cada uno de estos temas, o hacerlo a nivel político, nos va a causar más dificultades en el manejo del proyecto. En tal sentido, voy a tratar de referirme exclusivamente a este punto y, en lo posible, intentaré no hacer más intervenciones.

Me parece importante lo que está diciendo el señor Senador Alfie porque el artículo 17, incorporado y propuesto por los Estados Unidos, se interpretó en el ámbito nacional, y en particular por parte del Gobierno, como que significaba un instrumento indirecto de bloqueo a determinados Estados y, por lo tanto, consagraba una discriminación inadecuada e inaceptable para la política exterior del Uruguay. Pero con ese argumento que pudo haber sido discutido, en realidad, la modificación no eliminó la cláusula que era agraviante para la política exterior uruguaya. El artículo 17 ahora alude a cada Parte y, por lo tanto, en vez de rescatar la virtud, nos unimos al pecado. A partir de este momento y con este Tratado, Uruguay está en condiciones de aplicar el mismo sentido y espíritu de bloqueo que Estados Unidos planteaba y que fuera rechazado en forma puntual en el momento de la negociación. De manera que da la impresión que, en vez de rectificar el Tratado, nos sumamos a aquellas normas que se interpretan como limitantes de la soberanía y, entre otras cosas, como intervención en los asuntos externos de otros Estados, mediante decisiones comerciales orientadas al bloqueo de otros Estados.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- ¿Cuál fue la crítica histórica del Frente Amplio? Era la de no validar bloqueos a terceros países. Esa fue la premisa histórica. ¿Este cambio la impide? No; como decía el señor Senador Abreu, la ratifica y la reafirma, y nosotros ahora podemos bloquear a Cuba, a Irán, a Corea del Norte, y quizás a Libia, si vuelve a hacer tropelías. Realmente, Estados Unidos está feliz con este cambio; eso lo puedo asegurar. Es más, yo diría que está chocho con este cambio.

Uruguay siempre se negó a esto; ¿por qué se negó? Es muy sencillo: porque, como decía el señor Senador Abreu, Uruguay nunca aceptó estas cláusulas en el Derecho Internacional y siempre las condenó. Siempre condenó la declaración de Estados enemigos; nunca aceptó tener Estados enemigos. De hecho, salvo en la Segunda Guerra Mundial y por un breve período, Uruguay jamás declaró a nadie enemigo. Sin embargo, es muy común la declaración de Estado enemigo en Estados Unidos por su doctrina de seguridad interna. Además, para un país pequeño, sin recursos naturales propios, no tiene sentido una postura como esta porque sólo la paz, la libertad, el respeto por el Derecho Internacional y las normas de convivencia, lo pueden hacer vivir, convivir y progresar. Todos sabemos que no tenemos fuerza para pelearnos con nadie, sin desaparecer en poco tiempo. Asimismo todos sabemos cómo Uruguay reafirma en los foros internacionales el Derecho Internacional, cómo ha contribuido a formarlo y cómo ha tenido insignes personalidades en cantidad de ámbitos que han hecho un aporte a toda la humanidad.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ALFIE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: comparto muchas de las inquietudes que plantea el señor Senador Alfie con respecto a que la cláusula no le gusta a nadie. Si esto fuera un proyecto de ley estaríamos tratando de que ese artículo no se votara, pero el Tratado es uno solo y tanto él como yo lo sabemos.

El Tratado fue suscrito en primera instancia por el Gobierno del Presidente Batlle y se ha dicho que incluso hubo conversaciones y discusiones internas en el propio Gobierno muy fuertes sobre algunos aspectos. Al final se aceptó la doctrina de seguridad de Estados Unidos y no se hizo recíproca porque Uruguay tiene una larga tradición, como lo dijo el señor Senador Alfie, de no tener enemigos, de libertad, de convivencia pacífica y respeto a los otros. Lo comprendo y lo comparto, pero si aceptamos una cláusula, no me gusta que sólo valga para uno, aunque seguramente nunca se use. Es probable que sea un hecho simbólico y quizás para el señor Senador Alfie no tenga importancia, pero para nosotros sí. Respeto que para él no tenga importancia, pero creo que él debe respetar que para nosotros la tenga. Un enorme país acuerda con nosotros y si este Tratado tiene sus resultados -nadie lo sabe y dependerá de nosotros- notoriamente habrá beneficios para Uruguay, como con el Tratado con Venezuela que, de tener resultados, Uruguay se verá beneficiado.

A diferencia de Opertti, no me gusta que exista una cláusula mediante la cual la potestad se usa de un lado solo. Puedo aceptar que se me diga que, con esa cláusula, no firman, pero como dije, si esa potestad la tiene una de las partes, no me gusta que la otra no la tenga, aunque no la utilice. Puedo aceptar que se diga a último momento que se firma porque los beneficios del Tratado -al firmar uno tiene aspiraciones- van a ser más importantes que esa cláusula; está bien.

Asumimos el Gobierno y nunca se había discutido el Tratado con nosotros. El Parlamento lo empezó a considerar -mal o bien, no importa- y el Presidente de la República, a pedido de algunos Senadores, planteó algunas modificaciones simbólicas. Eso no lo discutimos, aunque son importantes para nosotros. Teníamos toda una historia que nos jugaba en contra con respecto a las relaciones con Estados Unidos y hemos hecho un esfuerzo para centrar el Tratado en lo que este dice. Hay un sentimiento profundo de todos los uruguayos, a los que no les gusta la guerra contra Irak, que traspasa lo que era el propio Tratado. Entonces, hicimos un enorme esfuerzo por el país para circunscribirnos al Tratado y encontramos algunas cláusulas -buenas o malas- en las que debía haber reciprocidad, aunque nunca las usáramos. Por mi parte espero que esa cláusula no se use para un lado ni para otro. No se nos puede decir que no tengamos derecho a expresar que aceptamos las cláusulas, pero creo que deben ser recíprocas porque, de lo contrario, no hay Tratado. Creo que tenemos el derecho de expresar esto en voz alta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: no fue la posición del Canciller Opertti, sino del Gobierno entero. El Canciller Opertti lo advirtió y no hay que olvidar que es un experto en Derecho Internacional, Profesor de esa materia y miembro de Tribunales arbitrales internacionales. No hubo una discusión, sino una advertencia que el doctor Opertti trasmitió, de la forma que él lo hace.

¿Uruguay por qué se opone? ¿Por qué no la quiere? ¿Por qué en el artículo 17 en vez de decir: "una parte", decía "Los Estados Unidos" y luego continúa todo igual, aunque cambiando las declinaciones de los verbos? Para no internalizar ni legitimar en un Tratado bilateral lo que jamás aceptó y siempre votó en contra en el terreno multilateral. Uruguay no podía legitimar en un Tratado bilateral, lo que votó en contra a nivel multilateral. Hubo discursos al respecto y no sólo del Gobierno del Partido Colorado sino también del Partido Nacional, porque esa es la posición histórica del país. Obviamente, jamás hubo una posición de este tipo en el Uruguay.

Además, que nuestro país asuma la posición espejo, indirectamente, está legitimando que se acepta la política de la otra parte. Entonces, no establecerlo era decir que no lo queríamos legitimar. Como dijo el señor Senador Michelini, sabemos que evaluado en su conjunto había que ponerlo para la otra parte, pero si podíamos no legitimarlo, tanto mejor. Todo el Gobierno del Partido Colorado sintió en su momento -seguramente también lo sienten muchos de los señores Senadores presentes- que era aceptar indirectamente las políticas de la Ley Helms - Burton y la Ley Torricelli, que son internas de Estados Unidos. En una palabra, todos los Gobiernos uruguayos, sin ambages, habían condenado el bloqueo a Cuba. Uruguay jamás se abstuvo y siempre votó en contra, en todos los Gobiernos democráticos. A juicio del Gobierno, esto era una legitimación indirecta del bloqueo a Cuba. Por lo tanto, hay un cambio, pero para peor porque hemos traicionado nuestra mejor historia. ¿Tiene algún efecto en la práctica? Creemos que no, como bien decía el señor Senador Michelini, pero, como dije, hemos traicionado nuestra historia. Además, considero que el cambio no va al fondo de la crítica histórica del Frente Amplio y de la izquierda uruguaya sino que, por el contrario, lo legitima.

El tercer aspecto de los cambios es el arbitraje. El Presidente del CIADI, que es el Presidente del Grupo Banco Mundial, en este caso el señor Paul Wolfowitz, ex segundo del Pentágono, es un político norteamericano y no cualquiera, sino uno de peso. Siempre el acuerdo internacional establece que el Presidente del Grupo Banco Mundial lo designa Estados Unidos y el Director Gerente del Fondo Monetario, Europa. O sea que ahora, en lugar de ser el Secretario General del Centro Internacional de resolución de controversias -CIADI-, un técnico, normalmente abogado y no norteamericano, quien va a designar el tercer árbitro es el Presidente del Grupo Banco Mundial, que es norteamericano y, además, un político designado por el Gobierno de los Estados Unidos. Esto era lo que quería Estados Unidos en la redacción original, exactamente como vino el Tratado original. La actual redacción contempla eso. ¿Por qué en el Tratado anterior se fue al Secretario General del CIADI? Muy sencillo: en primer lugar, en el Tratado entre Uruguay y México, que fue votado aquí por unanimidad, la solución de controversias y el arbitraje, el tercer árbitro, en la eventualidad de ser necesario, era elegido por el Secretario General del CIADI. Teníamos un antecedente unánime. Más fácil para pasarlo por el Parlamento. En segundo término, tuvimos la suerte de que en el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile también Estados Unidos había aceptado al Secretario del CIADI como persona que nombra al tercer árbitro en caso de controversia. Por lo tanto, nuestra propuesta fue que no queríamos que el Presidente del Banco Mundial fuese el que elija sino el Secretario General del CIADI que es un técnico, normalmente un abogado y que va a elegir mucho mejor. Esta propuesta fue aceptada. O sea, nosotros no queríamos que el tercer árbitro lo eligiera un representante de la otra parte, que es Estados Unidos.

Señor Presidente: quiero hacer una afirmación que voy a poner en condicional, pero tengo la certeza por algunas informaciones que me llegaron. Esto no era lo que propuso el Gobierno; no propuso cambiar el Secretario del CIADI por el Presidente del Banco Mundial, sino cambiar el método de arbitraje que era ir al método que tenía el Tratado de Estados Unidos con Australia y Estados Unidos se negó. Entonces, como había que hacer algún cambio, me parece que salimos por este lado y lo hicimos mal. ¿Tiene algún efecto práctico? Puede llegar a tenerlo. Seguramente, el Presidente del Grupo Banco Mundial le pregunte al Secretario Técnico del CIADI por algunos nombres de especialistas para determinados casos.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: formulo moción para que se prorrogue la hora de que dispone el señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 24 en 25. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: seguramente, el señor Presidente del Banco Mundial haga este pedido, por lo que tendremos una lista más corta de especialistas pero, en definitiva, el que lo va a elegir, quizás de una lista más corta, de todas maneras es el Presidente del Grupo Banco Mundial y, por lo tanto, para nosotros es para peor.

Hay otro cambio no informado por el Miembro Informante y quisiera que más adelante me contestara por qué. En el anexo G.3 que trata de reestructuración de deuda soberana el acuerdo inicial decía que sin perjuicio de lo establecido en el 26.1, que después de tres años nadie puede reclamar nada, había un plazo mínimo de 270 días antes de poder hacer cualquier reclamación ante una reestructuración de deuda soberana. ¿Por qué 270 días cuando el plazo del contrato común es de 180 días? Porque la experiencia nos indicaba que podíamos no llegar a 180 días y que más de 270 era un plazo muy largo para no caer en cesación de pagos. Se negoció y se puso 270 días. De hecho, en la reestructura anterior fueron 235 días. Pero ahora se cambia por el 24.3 que habla de seis meses. Por lo tanto, el plazo se achica de 270 días a seis meses y esto es para peor, absolutamente para peor porque en caso de tener que reestructurar la deuda habrá que salir corriendo antes de tener el primer juicio. Esto impedía que los ciudadanos norteamericanos que tuvieran títulos de deuda uruguayos, por nueve meses no pudieran hacer ningún juicio. Ahora son 180 días.

Por lo tanto, señor Presidente, sin ánimo de entrar en grandes controversias, con preocupación debo concluir una vez más que los intereses reales del Uruguay han quedado afectados y retaceados como consecuencia de los efectos finales de una cortina de humo, una renegociación del acuerdo que hubo que hacer, como bien dijo el Miembro Informante, para solucionar un problema interno del partido de Gobierno. Creo que es una estrategia válida del partido de Gobierno, no digo que no, pero los resultados creo que no son válidos. No lo son porque se perdió el tiempo y porque los cambios no son para mejor.

Entiendo, además, que como país debimos asumir un peaje vergonzoso al tener que cambiar un acuerdo cerrado por un gobierno legítimo.

Por otra parte, todas las idas y venidas y la falta de cohesión que mostró el Gobierno -aquí fueron admitidas- generan una pésima señal para futuros acuerdos en particular pero también para la inversión en general.

En tercer lugar, creo que si de 110 carillas que tiene el Acuerdo se cambian cuatro palabras -repito, cuatro palabras- y una referencia a un artículo, para peor, nos parece que tan mal no estaba renegociado el Acuerdo. Tan pobre y perjudicial para el país no parece que fuera este Acuerdo.

A nuestro juicio, está claro que el Acuerdo es el mismo con distintas firmas; que los cambios son meramente formales y repito el sentido adverso a los intereses del país o, por lo menos, adversos a sus tradiciones porque violentan nuestra más rica historia, porque nos dejan mal parados por quien va a designar el tercer árbitro y peor parados en caso de tener que reestructurar nuevamente nuestra deuda.

Repito, todos nuestros cambios, salvo este último, no creemos que tengan grandes efectos. Sí creemos que el verdadero cambio sustancial, que se deriva del acuerdo, es el cambio que tiene el partido de Gobierno de ahora brindar el apoyo al Acuerdo con Estados Unidos al cual se oponía hasta el 28 de febrero de este año.

Me congratulo con este cambio que permitirá que hoy el Partido Colorado, seguramente el Partido Nacional, porque ya lo adelantó, y el Partido de Gobierno, coincidan votando afirmativamente un Tratado que entendemos, en su conjunto, beneficioso para el país. Y podrá hacerlo con muchos más si se continúan profundizando las relaciones de Uruguay con nuestro primer socio comercial, que será mucho más si luego de esta etapa vamos a una negociación de acuerdo de libre comercio como fue Chile, México, ya terminados, y como están ahora Colombia, Perú y Ecuador a punto de firmar en el 2006. En esta etapa, señor Presidente, el Gobierno nos encontrará de su lado, no sólo dando un respaldo político sino también ofreciendo a nuestros técnicos con su experiencia para participar y que sea lo mejor para el país, en las negociaciones que, todos sabemos, no son fáciles. Creemos que el verdadero camino de crecimiento y desarrollo de nuestro país está con los acuerdos de libre comercio. No sólo con Estados Unidos, naturalmente, y copiando los buenos ejemplos, también con la Unión Europea, China, Corea y, si es posible, Japón, es decir, con países que nos puedan aportar, porque cuentan con un potencial relevante y un ingreso mucho mayor que el nuestro. Esta es la mejor forma, señor Presidente, de exportar trabajo: abatir la desocupación y mejorar los ingresos de los trabajadores y de los jubilados.

Por todo lo expuesto, el Partido Colorado va a acompañar este Tratado, dada la importancia que reiteradamente hemos expresado que tiene para generar más inversión para y por el país, por el trabajo y por el ingreso de las familias uruguayas.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR KORZENIAK.- No sé de cuanto tiempo dispongo en mi condición de Miembro Informante, pero quisiera hacer algunas referencias. Como era previsible todo lo que iba a decir cada fuerza política, no creo que haya que dedicarle mucho tiempo. Sin embargo, hay algunos puntos de los que sí debemos ocuparnos.

En el artículo 17, el tema de los países amigos o no amigos es una opción. Concretamente, no sé lo que el Uruguay había hecho antes, pero aceptó una cláusula referida a que el Tratado no funcionara con países no amigos; es decir que sería unilateral. Como explicábamos hoy, lo unilateral en un Tratado es cuando se da a una de las partes derecho a elegir país para litigar.

El hecho de que el artículo no merece estar en un título de cambio, estoy totalmente de acuerdo con el profesor que citaron. Siempre lo leí y lo entendí de una manera prácticamente inexistente. Me costó mucho convencer a compañeros que no lo leían y que creían que era una prerrogativa de los Estados Unidos contra el Uruguay; lo creían así pero no lo era.

Por otra parte, el artículo quedó mal redactado. Les pido que lo lean y constatarán que el artículo sigue estando mal redactado. Fíjense lo que decía y lo que dice ahora. En lugar de "un país que no es Parte" dice "ese país que no es Parte". Estaba hablando de los dos países parte y no es posible que diga que "podrán denegar los beneficios de este Tratado a un inversor de la otra Parte que sea una empresa de esa Parte y a las inversiones de dicho inversor, si personas de ese país que no es Parte..." Se refiere a un país que no es parte, a un tercero. Esto estaba mal redactado y sigue estándolo ahora. Siempre consideré que eso no era importante, pero no ocurrió lo mismo con muchos compañeros del Frente Amplio. Lo que dice el profesor citado, quizás sea verdad para los artículos periodísticos del mundo, pero no para el Uruguay. ¿De qué hablaban los diarios cuando decían que el Partido de Gobierno discrepaba? De esos tres puntos. Me parece excelente que un Presidente de todos los uruguayos se preocupe de lo que su fuerza política está discutiendo y manifieste que no firmen el Tratado porque hay discrepancias en tres puntos. Si nos equivocamos y tendría que ser en otros, sería importante resolverlo y decírselo a la gente internamente.

Por otra parte, me pareció oír una referencia a que la declaración interpretativa que hace el Uruguay no estaba muy clara o no se notificó. No sé si fue así. No lo entendí muy bien, pero se habló de la falta de notificación. A lo mejor fue por el cambio.

Con respecto al cambio, si alguno quiere leer el Tratado -cosa que es buena siempre, así como leer los textos a los que uno se refiere- en la página 74, en el Anexo G, figura el punto 3 que fue cambiado, según el señor Senador Alfie. Ahora bien, el señor Senador dice que fue cambiado el contenido.

SEÑOR ALFIE.- Fue cambiada la referencia.

SEÑOR KORZENIAK.- Sí, señor Senador, fue cambiada la referencia, pero ello no afecta el contenido del artículo; en lo absoluto. Sin embargo, le oí decir que había cambiado el plazo. Voy a leer las dos versiones y le pido al señor Senador Alfie que las tenga a la vista.

La última propuesta dice: "Sin perjuicio del artículo 24 (3)" -la expresión "sin perjuicio" no es la solución, sino la que voy a leer más adelante- "y sujeto al párrafo 1 de este Anexo, un inversor de los Estados Unidos no podrá someter una reclamación conforme a la Sección B alegando que una reestructuración de deuda emitida por Uruguay viola una obligación bajo los Artículos 5 a 10, a menos que hayan transcurrido 270 días de la fecha en que se generaron los eventos que dan origen a la reclamación".

Ahora bien, en la página 58 de la versión de agosto de 2005…

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK.- Así como no le pedí interrupciones, tampoco las voy a conceder y le pido que escuche.

Como decía, en la página 58 del Tratado anterior, el punto 3 del Anexo G dice: "Sin perjuicio del artículo 26(1) y sujeto al párrafo 1 de este Anexo, un inversor de los Estados Unidos no podrá someter una reclamación conforme a la Sección B alegando que una reestructuración de deuda emitida por Uruguay viola una obligación bajo los Artículos 5 a 10, a menos que hayan transcurrido 270 días de la fecha en que se generaron los eventos que dan origen a la reclamación". En definitiva, dice lo mismo. No cambió nada. ¿Por qué cambiaron la referencia? No lo sé, porque ninguna tiene relevancia. El plazo de la situación prevista por este artículo no se cambia.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa solicita al señor Senador Korzeniak que redondee sus conceptos, porque es Miembro Informante y tiene más oportunidades para hablar.

SEÑOR KORZENIAK.- Termino, señor Presidente.

En cuanto a lo del Presidente del CIADI, quiero decir que se trata de algo más pintoresco. Ahora bien, si el Presidente del Banco Mundial es de la CIA o no, sigo diciendo que no sé. Es muy difícil saber eso. Lo que sí quiero decir al Senado es que el Presidente del Banco Mundial designa al Presidente del Tribunal Arbitral, pero no puede ser un nacional de ninguno de los países de los que son nacionales los inversores. Esto quiere decir que no es verdad que siempre se va a nombrar a un norteamericano; no puede. Está prohibido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha finalizado el tiempo de que dispone el señor Senador Korzeniak. Le pido que finalice su intervención, para que entre todos hagamos un esfuerzo para respetar el Reglamento.

SEÑOR KORZENIAK.- He terminado, señor Presidente

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Justamente quería decir que el artículo es el mismo, pero se cambia la referencia. Lo que sucede es que el primer "sin perjuicio", que figura en el artículo 26(1), dice: "Ninguna reclamación podrá someterse a arbitraje, conforme a esta Sección, si han transcurrido más de tres años a partir de la fecha en que el demandante por primera vez tuvo o debió haber tenido conocimiento del incumplimiento alegado conforme al artículo 24 (1)".

Ahora bien, ¿qué dice el artículo 24(3)? Dice : "En tanto hayan transcurrido seis meses desde que tuvieron lugar los hechos que motivaron la reclamación, el demandante podrá someter la reclamación a que refiere el párrafo 1", continuando exactamente igual. Entonces, como es "sin perjuicio" de "seis meses" y luego habla de "270 días", quedan los seis meses. En el caso del 26.1, que decía "sin perjuicio" de "tres años" -sigue valiendo que después de tres años no hay reclamación posible- eran 270 días.

Esa es la interpretación que tienen nuestros abogados y la que creemos más plausible; de todas maneras, admitimos que pudiera ser otra, ya que es oscuro el nuevo texto.

Por otra parte, el hecho de que no se pueda nombrar un tercer árbitro de un país de las Partes, no quiere decir que la discrecionalidad no sea sobre un país amigo. El tema es a quién le damos la discrecionalidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: en este punto le doy la razón absolutamente al señor Senador Korzeniak. Creo que hay una referencia clarísima en el punto 3 del Anexo G remitido al artículo 24 (3) y, sin perjuicio de la fecha que allí se establece, se determina otra para un caso particular; de todas maneras, esto es un preciosismo en este tema.

Estoy convencido de que la firma de este Tratado es correcta y conveniente para el Uruguay. No soy de los entusiastas y creo que se ha hecho una cuestión ideológica en torno a este tema desde varias puntas. No soy de los que demonizan el Tratado ni de los que se ponen eufóricos frente a un Tratado de Inversiones como que va a producir un cambio abismal en materia de flujo de inversiones. Creo que ambas tesis forman parte de los fuegos artificiales de los medios políticos en el Uruguay, pero en realidad hay algo más pragmático en esto, y es que este Tratado es conveniente.

No voy a contestar algunas de las múltiples alusiones de las que ha sido objeto nuestra fuerza política en alguna triste intervención que no va a pasar a la historia, ni tampoco voy a contestar algunos exabruptos que apelan a que, en realidad, se traicionó no sé qué historia. Creo que si la oposición o alguno de sus portavoces dedican su tiempo en la vida política a ser objetores de conciencia del Partido de Gobierno y a rasgarse las vestiduras cada vez que advierten que éste ha tomado alguna idea de la oposición, van a la paliza. Digo esto, porque al cabo de este Período, el Gobierno va a poder decir que ejecutó sus ideas y que también tomó algunas de la oposición que le parecieron muy interesantes. La oposición -o parte de ella, porque la conducta no es igual en todos los casos- no va a tener alternativas exhibidas, y a mi juicio eso se paga frente a la opinión pública.

En cuanto a los fundamentos del Tratado, creo que cualquier estrategia de desarrollo supone inversión. El Uruguay no tiene capacidad de inversión, ni tampoco es inteligente ni adecuado apelar al retorno de las inversiones de los uruguayos como fuente única para generar empleo e inversión productiva en el país, porque ello es muy aleatorio y depende de otros factores. Por consiguiente, es muy importante la inversión extranjera directa, tema sobre el cual nuestra fuerza política no tiene dudas.

Ahora bien; la utilidad de los Tratados de inversión para promoverla es muy relativa. De cualquier manera, me parece que es una señal y que, en este caso, se trata de nuestro principal cliente comercial. La no firma de este Tratado de inversión tendría un impacto negativo para los flujos de inversión y comerciales. Además, este Tratado puede abrir el camino, no sólo a que haya nuevas inversiones, sino también a algo más interesante, como puede ser la negociación de algún paquete de mayores cupos en materia de exportaciones uruguayas a los Estados Unidos, fundamentalmente en materia agropecuaria y en algunas industrias de alta tecnología vinculadas al software, así como a otros sectores dentro de nuestro país que tienen viabilidad y que, si se trabaja en forma inteligente, hay caminos para desarrollarlos. Sin duda, si firmamos el Tratado, vamos a estar en mejores condiciones para negociar sobre aquellos bloqueos que los Estados Unidos están estableciendo mediante subsidios agropecuarios o debido al uso absolutamente inadecuado e ilegal de algunas barreras que perjudican a los productos uruguayos, como es el caso del arroz, que si no lo firmáramos.

Creo que nuestra principal preocupación política se ha salvado con la negociación que se llevó a cabo. Puedo admitir lo que ha señalado el señor Senador Alfie en el sentido de que -un poco vagamente, a mi juicio- el Uruguay podría ampararse en uno de los artículos de este Tratado para decir que el MERCOSUR no estaba incluido, pero el texto no era nada claro. Ahora hay algo mucho más contundente y claro en cuanto a que, en lo que se refiere al trato de la Nación más favorecida, cualquier Acuerdo superior en materia de inversiones o en otras áreas, dentro del MERCOSUR no se extiende automáticamente a la relación bilateral entre el Uruguay y los Estados Unidos. Este fue el punto clave que resultó objetado -cabe recordar que hubo negociaciones en el medio- por nuestros socios, fundamentalmente por el Brasil, y finalmente fue levantado. Este Gobierno ha tenido la valentía de replantear una negociación para buscar la compatibilidad entre su opción estratégica por el MERCOSUR -que ahora va a ampliar con Venezuela y, creo yo, también con Bolivia, por lo que algunos se van a tener que "bancar" en este país no sólo a Chávez, sino también a Evo Morales, por lo que deben ir preparándose; pienso que eso va a ser muy conveniente para el Uruguay- y un vínculo multipolar en el mundo comercial con los Estados Unidos, pero también con Europa y con el Sudeste asiático. Creo que esa es una política internacional inteligente, ampliamente compartida por la gente de este país, que se va a llevar adelante sin demasiados problemas.

En cuanto a las objeciones y modificaciones que se han hecho, ya he realizado algunos avances. Me parece relevante lo del MERCOSUR y creo que deberíamos demandar la reciprocidad de la delegación de beneficios, aunque lo considero un punto mucho más emblemático que sustantivo.

Con respecto al tema de las controversias, creo que se mejoró un poco, si bien no pudimos establecer -porque el mundo internacional no lo admite y no tenemos una relación de fuerza que nos permita establecerlo- otros mecanismos de arbitraje que estos, que son los usuales en los Tratados internacionales.

Considero que el Tratado fue mejorado y que se trata de uno nuevo, aunque hay algunos aspectos del anterior que estaban bien negociados, así como otros que estaban débilmente negociados y que no fueron superados en esta negociación. Por ejemplo, me parece demasiado amplio el concepto de inversión, aunque debo admitir que, en realidad, en la Cláusula 20 y en el Anexo F, relativo a los Servicios Financieros -que figura en la página 73- y ante un capital golondrina que podría llegar, el Uruguay interpuso reservas, que son importantes, porque se procura evitar -como dice el texto- prácticas engañosas y fraudulentas. Creo que eso está bien.

Me parece que el concepto de no expropiación es demasiado amplio, pero debo admitir que, de la manera en que está formulado y fue negociado por el Gobierno anterior, en este caso se aparta del que se incluye habitualmente en los Tratados de libre comercio, que es mucho más amplio. Desde ese punto de vista es restrictivo y eso es adecuado. Además, hay definiciones complementarias sobre expropiación, según las cuales el Uruguay puede interponer condiciones y supeditar inversiones en ciertos sectores a la emisión o a la autorización previa de su Gobierno, y es conveniente que estén incluidas en el Tratado.

El aspecto de este Tratado que me parece menos positivo es la prohibición de establecer requisitos de desempeño. Como fuerza política los hemos defendido y seguimos haciéndolo.

También debo admitir que en este Tratado se exceptuó de la prohibición de establecer requisitos de desempeño a varios y estratégicos sectores, lo que a mi juicio nivela un poco este asunto. Digo esto porque, dentro de las limitaciones al alcance del Tratado o medidas de salvaguarda que aparecen en la parte de medidas disconformes, así como en otras, haber excluido las licitaciones públicas de este tipo de exigencias es un punto absolutamente medular. De todas maneras, no se limita a las licitaciones públicas porque hay un conjunto de excepciones, que están incluidas en los anexos, que hacen que uno diga que este Tratado -en realidad, en este capítulo- no incluye lo deseable, pero está compensado por lo que se establece en otros capítulos del mismo. Creo que debería analizarse en profundidad -el día en que se reflexione acerca de estos aspectos- el conjunto de artículos vinculados con el 14, que es el de las medidas disconformes y en el que se establece una lista muy larga.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: estoy tratando de evitar el uso de los cinco minutos en forma excesiva...

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Senador: usted podrá hacer uso de 30 minutos al final del tratamiento del tema.

SEÑOR KORZENIAK.- No obstante, sólo voy a hacer uso de la palabra por un minuto.

El señor Senador Rubio hoy se refirió a lo bueno que fue haber aclarado la salvaguarda de la cláusula de la Nación Más Favorecida. Me refiero a la declaración de que no incluye lo que se favorezca con el MERCOSUR. Quiero señalar que esto no fue meramente una declaración. Si se lee bien el Tratado, la declaración se refiere al Anexo II. En ningún sector de dicho Anexo se hace referencia al artículo 4 del Tratado, que incluye la cláusula de la Nación Más Favorecida. En realidad, se hace referencia al artículo 3º que tiene que ver con el Trato Nacional. De manera que si se quería que esas cláusulas no fueran incluidas en beneficio del cocontratante, era indispensable que figuraran. Reitero que esto no era obvio ni vagamente insinuante. Insisto en que el Anexo II no hace referencia al artículo 4, pero sí alude a los artículos 3 y 8, sobre todo bajo el título de Todos los Sectores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- A mi juicio, esto no hace al fondo del tema. Quiero señalar que tenemos una diferencia en la lectura con el señor Senador Korzeniak, pero quizás después nos pondremos de acuerdo cuando tengamos los papeles sobre la mesa.

Creo que, en realidad, había una referencia vaga y discutible con respecto a Todos los Sectores, Trato o Nación Más Favorecida en las páginas 104 y 105 del Anexo II. Ahora bien, eso no es suficiente para lo que estaba planteado como nuestra preocupación esencial. Por lo tanto, me parece un avance sustantivo que esto se haya incluido en la declaración unilateral que hace Uruguay, que Estados Unidos acepta y que, de conformidad con el acuerdo y con las prácticas usuales, pasa a ser parte del propio Tratado. Quiere decir que, en este aspecto, para los que pensamos que el proyecto del MERCOSUR ampliado es un proyecto estratégico, hay un cambio sustantivo. Para los que piensan que, en realidad, esta no es la cuestión central, esto puede ser anecdótico, pero la dificultad no proviene del Tratado, sino de otra diferencia que es previa.

Asimismo, creo que está bien que se haya incluido en los Anexos I, II y III un conjunto de excepciones y de limitaciones en los artículos relativos al Trato Nacional, a la Nación Más Favorecida o a los requisitos de desempeño y demás, todo lo que nos va a salvaguardar en cuestiones que son muy importantes. Inclusive, considero que está bien expresado el Anexo G en cuanto al tema de la reestructura de la deuda soberana.

Me parece que el resto de la discusión relativa a los problemas de la triangulación y del bloqueo no viene al caso. Creo que es correcto que el Uruguay haya planteado reciprocidad desde este punto de vista, pero en la práctica esto va a tener aplicación nula, porque no se va a dar la circunstancia de que empresas cubano-uruguayas ingresen al mercado norteamericano vía triangulación. Esto realmente es algo de ciencia-ficción. Tampoco se daría el otro mecanismo que podría usar Uruguay y que obraría en sentido inverso.

En suma, señor Presidente, para no abundar en una sesión que ya ha sido bastante extensa, tenemos la convicción política que desde el Poder Ejecutivo, con el señor Presidente de la República a la cabeza, el Gobierno ha tomado una decisión adecuada para aumentar los vínculos y los flujos de inversión, así como también para abrir espacios y realizar negociaciones comerciales complementarias con Estados Unidos que sean más convenientes. Cabe acotar que con este país, a esta altura de los acontecimientos, tenemos más comercio que con todo el MERCOSUR entero, dicho sea de paso. Me parece que evaluar esto desde el punto de vista ideológico o hacer razonamientos sobre Tratados de inversión en base a fronteras ideológicas o a quién es el Presidente del país con el cual se está estableciendo la relación, por más antipatía o discrepancias que se tenga -como las que tenemos con el Gobierno del Presidente Bush-, no es lo que corresponde cuando se define una política nacional y de Estado en beneficio de los intereses del país. Digo esto, porque aquí no estamos hablando de alianzas internacionales, sino de Tratados de inversión, asunto bastante más acotado que el anterior.

Por todas estas razones, es que nosotros vamos a votar este Tratado y si tenemos que dar explicaciones lo haremos tanto a nuestra fuerza política como a los ciudadanos que nos han votado. En lo que refiere al conjunto del sistema, creo que con lo dicho es suficiente.

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: básicamente, quiero volver a aclarar el tema de la página 104 del Anexo II. Allí se hace específicamente referencia al Trato de Nación Más Favorecida. Concretamente dice: "Sector: Todos los sectores. Obligaciones Afectadas: Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4). Descripción: Uruguay se reserva el derecho a adoptar o mantener cualquier medida..." Creo que con lo que he leído es absoluta y meridianamente clara la redacción tanto del Anexo como del texto. Más adelante se habla de sectores específicos como el Transporte, las Comunicaciones, el Trato de Nación Más Favorecida, la Televisión por cable, el Trato Nacional, etcétera.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Me parece que tener que apoyarse en un tiempo verbal -en este caso el verbo es adoptar- y en su conjugación para ver si el Tratado es compatible con el Acuerdo del MERCOSUR es extremadamente débil. No digo que no haya estado en la intención de alguno de los negociadores, pero, a mi juicio, reitero, esto es extremadamente débil.

Creo que el Poder Ejecutivo ha hecho bien en convertir este punto en algo fuera de discusión y está -valga la redundancia- fuera de discusión para todos los sectores en todos los Acuerdos que hagamos en el MERCOSUR que sean superiores a los que se hacen bilateralmente con Estados Unidos.

A mi juicio, este punto es el logro más importante de toda esta negociación.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: antes de comenzar con la exposición acerca de nuestra posición sobre el Tratado, naturalmente no aceptamos que el señor Senador Rubio -sino que lo rechazamos- califique los discursos. Que el señor Senador Rubio diga que es triste la exposición de uno o de otro Senador, no solamente no lo admitimos, sino que, además, le digo que me causó mucha tristeza ver desde la Barra cuando dirigentes y militantes de un Partido político insultaban a otro dirigente de su propia coalición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Permítame, señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Usted me tiene que respetar en el uso de la palabra, porque tanto mi Partido como yo fuimos aludidos y no hago más que contestar a esa alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Senador, usted no sabe lo que voy a decir. Quería reconocer algunas omisiones que tuve durante la administración de esta Mesa, en el sentido de que permití algunas personalizaciones efectuadas por algunos señores Senadores, que están expresamente prohibidas por el Reglamento.

Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Entonces, señor Presidente, respetando lo que usted está manifestando, yo también puedo hacer notar que se fueron del Reglamento y se calificaron intervenciones. Nosotros no solamente rechazamos esto, sino que además expresamos qué es lo que nos causó sorpresa: ver, hoy y en esta Sala, a militantes y dirigentes del Partido Comunista -no a gente de pueblo; no era el pueblo- que insultaban a Legisladores de la coalición. Esto sí nos dio tristeza.

Sobre los cambios de ideas que mencionó el señor Senador Rubio que se producirían a lo largo de este Período -él manifestó que se irían a adoptar muchas ideas de la oposición-, debo decir que me hacen acordar una anécdota que tenemos en el Partido Nacional, referida a uno de nuestros connotados dirigentes. El señalaba que todos los domingos iba a cambiar ideas con el doctor Luis Alberto de Herrera, ante lo cual los actores políticos de la época no salían de su asombro. "¿Así que usted va a intercambiar ideas con el doctor de Herrera?", le preguntaban, y él contestaba: "Sí, todos los domingos dejo las mías y agarro las de él". Espero que no le pase eso, señor Senador Rubio, es decir, que cuando agarre las ideas de la oposición, al mirarse después en el espejo no se reconozca a sí mismo.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Más adelante se la concedo, señor Senador Rubio. Yo no le pedí a usted una interrupción cuando empezó a señalar y a sentenciar la actitud de la oposición en esta materia. Además, me gustaría que cuando le conceda la interrupción, contestara sobre los aspectos de los que voy a hablar. Entonces, reitero, con mucho gusto le concederé la interrupción más adelante.

Señor Presidente: hoy estamos frente a uno de los Tratados más importantes que ha tenido por delante el país, porque nos vincula a los Estados Unidos de Norteamérica. No se trata de cualquier país y voy a explicar lo que pienso al respecto. Tenemos que ver el tema de este Tratado de Protección de Inversiones como un paso en una dirección comercial, que es el principal interés para nuestra gente y nuestro país. Por otra parte, sí creo que estamos atrasados, que estamos lentos en esto. Coincido con las manifestaciones del Presidente de nuestro Directorio, el doctor Larrañaga, y con las del señor Senador Alfie, cuando dijeron claramente que este es un pequeño paso en el rumbo que ya tienen otros países, que es el Tratado de Libre Comercio. Además, esto fue ratificado, dicho o comentado por el señor Presidente de la República en su visita a Estados Unidos. Entonces, quiero expresar a aquellos a los que les cuesta hoy votar un Tratado de Protección de Inversiones -con las pequeñísimas modificaciones que ha tenido y de las que no me voy a ocupar, porque no lo merecen- que hemos perdido el tiempo y que otros países lo han ganado.

Esto que estoy diciendo no sólo son palabras que se escucharon del propio Presidente de la República cuando estuvo en Estados Unidos, sino que el propio Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas -en este sentido no he oído manifestaciones del Ministro-, al ser interrogado por un periodista acerca de si estaba de acuerdo con los Tratados de libre comercio con los Estados Unidos, respondió que sí, que estaba de acuerdo con todos los Tratados de libre comercio que se puedan concretar con distintos países. Y esto, señor Presidente, es clave para la crítica que nosotros estamos haciendo a la fuerza política que gobierna. ¿Cuál es la crítica? ¿Cuál es nuestra principal diferencia y la puntualización más importante que le hacemos al Gobierno? Que no tiene rumbo, que lo está encontrando a medida que va caminando. ¿Por qué digo esto? Porque lo del Tratado de Protección de Inversiones lo sabemos desde que se estaba gestionando todo.

Al respecto recuerdo que fui en una delegación a Washington con el candidato de nuestro Partido a la Presidencia de la República y con los actuales Senadores Abreu, Gallinal, Long y Da Rosa y allí mantuvimos una serie de entrevistas en las que nuestro compatriota Iglesias nos dijo que era muy importante el Tratado de Inversiones que se estaba negociando en aquel momento. Cuando fuimos a hablar con autoridades americanas, también nos hicieron reflexionar sobre la negociación que se venía haciendo sobre el Tratado de Protección de Inversiones. Además, señor Presidente, estuvimos con el entonces Embajador, el Licenciado Fernández Faingold, quien también nos narró que esto no solamente era una primicia para la delegación de blancos que habíamos tenido contacto con autoridades del Fondo Monetario Internacional, del BID -y con su Presidente, Enrique Iglesias-, del Banco Mundial y del Departamento de Estado de Norteamérica, sino que además lo mismo le había contado a una delegación anterior que había estado constituida por el doctor Tabaré Vázquez y el entonces Senador Astori. Como ustedes recordarán, ese fue el momento en que se lo proclamó Ministro de Economía y Finanzas, allá en Estados Unidos.

Quiere decir, señor Presidente, que todos estábamos interesados en que este Tratado de Protección de Inversiones se resolviera favorablemente. No fue sorpresa para nadie que esto se constituyera, se firmara y se remitiera al Parlamento en febrero; lo sabíamos desde junio o julio. Ya no recuerdo, señor Presidente, si usted, como candidato, también estuvo presente en esa delegación de su fuerza política. Pero nosotros sabíamos todo esto y decíamos que esto le conviene al Uruguay.

También supimos que el Uruguay no había podido avanzar en el Tratado de libre comercio, porque en el Brasil había ganado "Lula" y Estados Unidos cuidaba mucho sus relaciones con ese país; no quería pelearse con el Brasil. Esto hubiera significado ir avanzando en un Tratado de libre comercio que ya tendría definición favorable en los Estados Unidos para concretarlo con nuestro país.

Como acaba de decir el señor Senador Alfie, toda América Central ya tiene Tratado de libre comercio; lo tiene México y Chile. ¿Qué países quedan? Perú lo está terminando ahora; Ecuador también lo tiene, al igual que Colombia. Entonces, ¿qué queda? Queda el MERCOSUR. Sabía que me iban a preguntar por Venezuela. ¿Por qué a Venezuela esto no le interesa? Porque tiene las estaciones de nafta que precisa PDVSA para el único producto que le interesa exportar a los Estados Unidos, que es el petróleo, porque no le vende nada más. Tiene una red en Estados Unidos muy importante y entonces no precisa TLC. Ese es el razonamiento de los intereses venezolanos. Me pregunto, ¿y dónde están nuestros intereses acá? ¿Dónde?

No tengo una ideología en lo que hace al Servicio Exterior y eso es lo que ha caracterizado siempre a mi Partido. También es ese el error que viene arrastrando la fuerza política del Frente Amplio. Ahora que está en el Gobierno se está dando cuenta de que no hay ideologías, sino intereses: "Tengo, me dan, me compran, entonces, me sirve". Si nuestro comprador es China comunista, es mi amiga porque me compra; lo mismo si quien nos compra es Estados Unidos, como lo ha venido haciendo, por cifras que llegan a los U$S 700:000.000.

Entonces, ¿de qué estamos hablando y por qué se ha demorado todo este proceso? Porque hay una fuerza política que no se anima a confesar que estuvo equivocada en el pasado, cuando ideologizó la política exterior, y ahora se ha encontrado con que no hay ideologías, sino intereses comerciales. Este razonamiento ha demorado diez meses la aprobación del Tratado, cuando se podría haber considerado en febrero, tal como lo exigía el Partido Nacional para beneficio de los intereses de todos los uruguayos. Ese fue el motivo por el que nuestro Partido fue a hablar con el señor Presidente de la República, a decirle que se trataba de una buena iniciativa.

Y aclaro que no tuvimos arte ni parte en la negociación del Tratado; no nos vamos a vestir con ropas ajenas. Es obvio que esta negociación la llevó a cabo el Gobierno anterior del doctor Batlle, y en esa instancia no tuvimos nada que ver. Fue a mediados de 2004 que recibimos los comentarios del señor Embajador, y si algún reproche le podemos hacer al señor Senador Alfie, es que no nos citó para darnos los últimos detalles previos, lo que también sucedió ahora, porque tampoco se nos convocó para hablar de cuál era la renegociación, ni se nos pidió una opinión al respecto.

Como expresó el señor Senador Larrañaga, cuando fuimos a hablar con el señor Presidente de la República, recibimos una carta que tiene una introducción referida a la soberanía del Poder Legislativo -en realidad, debería aludir a la "independencia"-, que dice que la Presidencia de la República respeta la soberanía del Poder Legislativo y no interfiere en el trámite de los asuntos a estudio en el Parlamento. Esta es la contestación por escrito del señor Presidente de la República, y lleva la firma de Tabaré Vázquez.

La carta continúa diciendo que, consecuentemente, no hará consideraciones sobre el contenido del Tratado de Inversiones hasta que su trámite parlamentario haya finalizado. El señor Presidente de la República no solamente no cumple con esto, sino que no espera la aprobación o no del Tratado de Inversiones y viaja a Estados Unidos a plantear una renegociación de los tres puntos que estábamos discutiendo.

En la nota también se dice que, no obstante ello y en sintonía con los Acuerdos suscritos el 16 de febrero pasado, el Gobierno nacional está firmemente decidido a reparar esta situación y a dialogar con el conjunto de las fuerzas políticas del país. A este respecto, aclaro que el señor Presidente no dialogó con nadie.

Este es un tema instrumental en el que no quiero detenerme. En la discusión hay una instrumentación bastante complicada, que obedece a alguna idea, que no sé de quién es -espero que no sea del señor Presidente-, pero que el señor Senador Rubio comentó en su intervención y me preocupa, porque en la misma nota se expresa que también está dispuesto a intercambiar opiniones sobre este tema con los países hermanos que conforman el MERCOSUR.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR HEBER.- Enseguida, señor Senador.

Señor Presidente: si en todo este trámite el Frente Amplio nos hubiera dicho que precisaba un año para discutir este asunto en su fuerza política, lo hubiera admitido muchísimo más a que se tenga que consultar a otros países. Sé que esto rechina a algunos señores Senadores que, sistemáticamente, cada vez que en la Comisión de Asuntos Internacionales me refería a "consultas", manifestaban: "No, no estamos consultando; estamos viendo qué consenso hay en el MERCOSUR para tener un sistema de Tratados de protección de inversiones comunes, no sobre este Tratado en concreto, sino sobre todos". Lamentablemente no es así, señor Presidente, y eso sí se lo cuestiono a este Gobierno.

Hubiera preferido que los Senadores del Frente Amplio dijeran que no votaban el Tratado porque no estaban de acuerdo, porque habían ideologizado nuestros intereses y nuestra política exterior, porque no querían saber nada con los Estados Unidos; hubiera preferido que dijeran: "¡Allá las empresas yanquis! Seguiremos exportando gente, en lugar de productos y trabajo". Esta posición la hubiera respetado mucho más a que se nos diga -como dijo el señor Senador Rubio y no salgo de mi asombro- que el punto sobre la Nación Más Favorecida fue objetado por el Brasil. Reitero: el señor Senador Rubio dijo: "fue objetado por el Brasil". A mí eso me rechina, me indigna y no lo acepto. Esta cláusula fue objetada por Brasil, por un país que nada tiene que ver con los intereses del nuestro, al que se le fue a consultar.

También quiero expresar que no me gustaron las declaraciones del señor Vicepresidente de la República, realizadas en Washington una semana antes de que viajara el doctor Tabaré Vázquez. Dijo que el Tratado de Protección de Inversiones se iba a votar antes de fin de año, y esa fue una buena noticia. Sin embargo, se publicó en los diarios que el señor Vicepresidente había manifestado que Brasil, Argentina y Paraguay no habían hecho objeciones al Tratado; y como no contestaron, se sentía en libertad de poder votarlo. Esas expresiones no me gustaron. No tenemos que consultar a ningún país hermano, por más hermano que sea. Son nuestros intereses y es dentro de casa, con nuestros partidos políticos, que vamos a arribar a la unanimidad o a la mayoría; no se trata de que nos dé permiso otro país de la región.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR HEBER.- Enseguida, señor Senador.

Y con respecto a lo que acaba de decir el señor Senador Rubio sobre la valentía de Uruguay al plantearle a Estados Unidos el tema de la Nación Más Favorecida porque fue objetado por el Brasil, debo decir que hubiera preferido que se dijera que había sido objetado por el señor Senador Lorier.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa solicita al señor Senador Heber que no personalice, pues no está permitido por el Reglamento.

SEÑOR HEBER.- Reitero: hubiera preferido que la objeción a esta cláusula fuera de cualquier Senador; hubiera sido mucho más válido que una objeción de Brasil. Este país nada tiene que objetar acerca de los intereses del nuestro. Si nosotros respetamos las cláusulas bien establecidas del MERCOSUR, nada debe decir sobre lo que son nuestros intereses. ¡Vaya si Brasil no nos ha ayudado como debería, en el pretendido liderazgo de América del Sur, para establecer el progreso y el trabajo nacional que tanto queremos!

Es por estas razones que consideramos que éste no es un asunto instrumental y es algo que nos ha rechinado a lo largo de toda esta discusión.

Una vez más digo que hubiera preferido, toda la vida, que el Frente Amplio nos dijera que precisaba dos años para estudiar y procesar una discusión interna, y no que debía consultar a otro país sobre lo que nos conviene o no.

Con mucho gusto, le concedo una interrupción al señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Quiero decir al señor Senador Heber que no hay el menor riesgo de que alguno de nosotros cambie sus ideas por las suyas o por las de su Partido. Pero esto no quiere decir que no podamos adoptar alguna idea importante, como lo mencionamos en la discusión del Presupuesto con respecto a alguna iniciativa, en particular a una presentada por el señor Senador Long.

Reitero que no hay el menor riesgo, porque no veo a su Partido ni a usted entrando a los cuarteles para ocuparse del tema de los derechos humanos; no veo a su Partido aprobando la ley de fueros sindicales; no veo a su Partido defendiendo los intereses del MERCOSUR. Entonces, no veo por qué se agravia cuando nosotros tratamos de llevar una política conjunta con Argentina, Brasil y Paraguay, y también con Venezuela y Bolivia si se produce su ingreso pleno al MERCOSUR. Realmente no lo veo; no veo que proceda como el doctor Tabaré Vázquez, que al mismo tiempo que firma un Tratado bilateral, encabeza el bloqueo al ALCA en Mar del Plata.

Y vuelvo a decir que no lo veo. ¿Por qué? Porque tenemos diferencias enormes desde el punto de vista político, pero eso no quiere decir que seamos tan sectarios y tontos como para que cuando se plantea una idea bien fundada e interesante de parte del Partido Nacional o de otro miembro de este Cuerpo, no la adoptemos. Esto es parte de la civilización política y no veo qué desconcierto puede provocar una circunstancia de esta naturaleza. Lo hemos hecho en el pasado y lo seguiremos haciendo en el futuro, porque forma parte de nuestro estilo de gobernar.

Muchas gracias por la interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- No sé si la pasión con la que quiere contestar el señor Senador Rubio no le permite recordar cosas que son obvias, como cuando dice que no ve al Partido Nacional en el MERCOSUR. ¿Acaso no se acuerda el señor Senador Rubio que fuimos nosotros quienes firmamos el Tratado? Y además trae a colación el tema de los derechos humanos, y aunque no es el tema que nos convoca hoy, quiero decir que seguramente no nos vio en el Pacto del Club Naval; ahí sí que no nos vio.

(Intervención del señor Senador Rubio que no se oye)

- Usted estaba dentro del Frente Amplio; ahora no se saque el lazo con la pata.

(Dialogados)

SEÑOR PRESIDENTE.- Ruego a los señores Senadores que se dirijan a la Presidencia.

SEÑOR HEBER.- En el Pacto del Club Naval tampoco se nos vio, ¡gracias a Dios!, y esto es lo que está pasando, aunque reitero que no es el tema que nos convoca en el día de hoy.

En lo que respecta a los cambios de ideas…

(Dialogados)

SEÑOR PRESIDENTE.- Está en uso de la palabra el señor Senador Heber y mi deber es ampararlo.

SEÑOR HEBER.- Seguramente nos vio en la proclama del Obelisco cuando hablábamos de democracias sin exclusiones y sin presos políticos. Ahí sí nos vio. Pero sobre estos temas vamos a tener tiempo para discutir, no se adelante, señor Senador.

Volviendo al tema del cambio de ideas, quien habla señalaba que se miraban al espejo y no se reconocían a sí mismos; lo único que decimos es que para ir a la fotocopia, es mejor ir al original, y el original es el Partido Nacional. Entonces, se puede cambiar de idea, pero cuando no son originales, siempre aparecen borrosas.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- A veces, cuando en el fragor de la discusión las interrupciones se dan más tarde, algunos de los comentarios pueden quedar descolgados. Pero bien vale la precisión y es importante que se haga.

No es mi intención defender al señor Presidente, pero cuando se dice que él trasmitió que no había objeciones por parte de los miembros integrantes del MERCOSUR, parece que hubiera cometido una herejía, que ya nos estuvieran invadiendo, que hubiéramos entregado la Patria y todo estuviera terminado. Sinceramente, no entiendo esto. Nosotros tenemos compromisos firmados y hay que cumplir con ellos; de lo contrario, no podemos participar de las reuniones de la Organización Mundial de Comercio, donde estamos discutiendo el tema del arroz. No podemos decir que no nos vengan a plantear el tema del arroz, porque tenemos compromisos firmados y tenemos que defender nuestros intereses.

El Tratado no está aprobado, pero el día que lo esté nosotros tendremos todo el derecho -también lo tendrá Estados Unidos- de plantear, si vamos a firmar un nuevo Tratado, que no estemos violando los compromisos anteriores; lo tendremos nosotros y lo tendrá Estados Unidos.

No sé qué herejía cometió usted, señor Presidente, pero parece que estamos discutiendo con fantasmas. Y para quienes no propiciamos este Tratado -a nosotros no se nos consultó porque fue una situación de hecho- esto tiene todo un simbolismo que, en algunos casos, no se quiere entender. Es cierto que nosotros teníamos reparos, también simbólicos: somos una nación chica, no nos gustan las naciones grandes, las naciones que son prepotentes, ni las que hacen guerras contra naciones más pequeñas, independientemente del régimen que tengan. Hay toda una parte de la sociedad uruguaya que está sensibilizada con ello y que en estas circunstancias no quiere -como lo siente- hacer concesiones. No estamos hablando de Estados Unidos que fue a Europa a luchar contra el nazismo; no estamos hablando de ese Estados Unidos que tiene una larga tradición por la libertad; no estamos hablando de la propia Revolución Norteamericana; estamos hablando de un Estados Unidos que en muchos casos se lleva a parte del mundo -si no a todo- por delante. En ese sentido -aunque pueda no entenderse nuestra sensibilidad- pusimos algunos reparos.

También había un simbolismo con respecto a lo que significaba no votar este Tratado a nivel parlamentario, no sólo por nuestras relaciones comerciales, sino también por la confianza que el Gobierno de izquierda quería dar a todos.

Reitero que pueden no entendernos; discutimos mucho adentro, con la gente de abajo, discutimos con todos, y hoy venimos a aprobarlo -no sin dificultades-, pero no estamos entregando al país, señor Presidente, y ninguno de nosotros está pidiendo permiso a los países hermanos. Ellos son hermanos, son socios, y así como nosotros no queremos que ellos violen los convenios que han hecho -¡y vaya si les reclamamos cosas!-, no queremos violarlos nosotros firmando Tratados -este no es el caso- que pudieran contravenir los anteriores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- En lo que respecta a la situación del MERCOSUR, señalamos que no participamos de la interpretación de que tenía que ser aclarado el tema de la nación más favorecida, ya que estaba claro por el artículo 24 del GATT, que es el que establece especialmente excepciones a las exigencias de la nación más favorecida en función de las integraciones que se hagan regionalmente. Eso quedó claro y creo que era sobreabundante que se estableciera en el Tratado.

La pregunta acá va mucho más allá que el tema de la nación más favorecida. Que el señor Senador Rubio diga que con valentía, y a riesgo de quedar sin Tratado, el Uruguay se animó a proponer esto a Estados Unidos porque fue objetado por Brasil, es algo que, en lo personal, no sólo no me gusta, sino que rechazo y me rechina en el sentimiento nacional de la autodeterminación y de la soberanía que tenemos que tener para decidir lo que nos conviene y lo que no. Esta confesión de la consulta que se hizo a Brasil sobre el Tratado con Estados Unidos, donde la única objeción que había era el tema de la nación más favorecida, es lo que a mí no me gusta de la discusión de todo este tema. Vuelvo a decirlo fuerte y con clara voz: para mí habría sido mucho más válido que cualquier otro Legislador hubiera reclamado un plazo de dos años, a riesgo de que se perdiera el interés, que el hecho de que otro país tuviera que venir a opinar sobre lo que nosotros tenemos que hacer o dejar de hacer con el Tratado de Protección de Inversiones con los Estados Unidos.

Señor Presidente: esta discusión la tuvimos con el Canciller en la Comisión de Asuntos Internacionales. Seguramente, quienes la integran recordarán que el Canciller me acusó de que era poco nacionalista porque no cuestionaba el artículo 17. Por supuesto, no me quedé callado, pero no queremos traer aquí la versión taquigráfica de esa sesión, en la que escuchamos un fuerte cuestionamiento del señor Canciller a ese artículo. En esa oportunidad quedó muy claro, además de su opinión personal a este respecto, que en días anteriores el Partido Socialista había hecho una declaración en el sentido de que no estaba dispuesto a votar el Tratado de Protección de Inversiones con los Estados Unidos, precisamente por lo establecido en el artículo 17. No me voy a internar en lo que allí se establece, pero sí quiero decir que, a nuestro juicio, era mucho mejor la redacción establecida en el Tratado anterior, en donde se mantenía, hasta sin ningún tipo de discrepancias, la actitud tradicional de nuestro país de cuestionamiento a un bloqueo comercial y económico que ha venido sufriendo la hermana República de Cuba. Con lo que no estamos de acuerdo y cuestionamos es, precisamente, la aplicación de sanciones económicas por una suerte de ruptura de relaciones diplomáticas de los Estados Unidos con ese país. Y si cuestionamos esa actitud de bloqueo económico, ¿cómo podemos estar hoy subiéndonos al carro de ese artículo 17 en aras de la reciprocidad, diciendo que es legítimo aplicar sanciones de tipo económico y comercial en función de que uno haya roto relaciones políticas con determinado país?

Esto, señor Presidente, que a nuestro juicio cambia la tradicional postura de nuestro país, para nosotros es un antecedente malo, el peor de todos. Acepto que se diga que el Tratado debe establecer a texto expreso que las normas sobre la nación más favorecida no comprenden nuestra integración en el MERCOSUR; se lo aceptaría al Gobierno, pero lo que no acepto es que ahora el artículo 17 sea de aplicación recíproca, porque yo no quiero tomar esa clase de medidas. En realidad, no puedo, pero si tuviera el volumen y el poderío económico de una nación como los Estados Unidos, no debería condenar a un pueblo como el cubano por el hecho de que no coincide con mi concepción de democracia y de desarrollo social aplicable a ese país. Eso es lo grave del bloqueo; eso es lo condenable del bloqueo: las sanciones económicas y comerciales que desde hace años los Estados Unidos viene aplicando a Cuba. Nosotros, lejos de condenarlo, decimos: "Sí, también las queremos nosotros", generando una potestad -que no sé si otras naciones del mundo la tienen- que sí es coherente en los Estados Unidos pero incoherente en nuestro país. ¿Por qué? Porque nuestra tradición y nuestra posición sobre la autodeterminación de los pueblos en lo que hace al régimen o al Gobierno que quieran tener, para nada se debe relacionar con bloqueos de carácter económico y comercial que lo único que hacen es aumentar, consolidar, sojuzgar y condenar a naciones a la pobreza, al hambre y al exterminio, como sucede con el hermano pueblo cubano.

Por eso, señor Presidente, hoy venimos a señalar nuestras diferencias en todo este proceso, y también a decir que naturalmente vamos a acompañar el Tratado, porque si bien las modificaciones introducidas no lo mejoran, pensamos que es interesante para nuestro país tener esta herramienta de protección de inversiones a fin de generar un primer paso en otros tantos que hay que dar hacia un estatuto, un Tratado de Libre Comercio, puesto que seguimos perdiendo el tren de América Latina. Ya no se discute más si "ALCA sí o ALCA no"; se está discutiendo si el MERCOSUR va a ingresar en el ALCA que ya existe de hecho en América, porque lo viene poniendo en práctica los Estados Unidos con cada uno de los países americanos.

El señor Senador Rubio nos desafiaba respecto a nuestra posición de Bolivia en el MERCOSUR. ¡Bienvenida Bolivia! Cuando los miembros del Partido Nacional aquí presentes tuvimos oportunidad de hablar -no cometo ninguna infidencia al decirlo públicamente-, le planteamos al Presidente Vázquez la necesidad de integrar a Bolivia como miembro pleno del MERCOSUR, porque desde el punto de vista de nuestros intereses es más importante que Venezuela. No sólo es más importante desde el punto de vista de nuestros intereses, sino que también es más lógico geopolíticamente; es más lógico energéticamente. Vuelvo a decir -para ver si le entra en la cabeza a algunos señores Senadores- que no me importa quién gobierne ese país; no me interesa. A mí me interesa que Bolivia me venda gas y no que se deje sin efecto, como lamentablemente ocurrió hace pocos días, la posibilidad, a través de un largo proceso, de contar con energía eléctrica barata en nuestro país con la central de ciclo combinado, porque no tenemos garantía de gas. ¿Qué estamos esperando para integrarnos con Bolivia? En esa oportunidad el Presidente nos dijo -repito que no estoy cometiendo una infidencia- que estaban esperando el resultado del proceso electoral boliviano para establecer los contactos correspondientes. Creo que es primordial para nuestros intereses que Bolivia ingrese en el MERCOSUR; es mucho más importante que Venezuela. Que venga el Presidente Evo Morales a nuestro país, que le vamos a poner una alfombra roja -no comunista- para recibirlo, con la hermandad que corresponde a un Presidente recientemente electo, con el cual muchos negocios debemos hacer a pesar de que muy lejos están nuestras historias. Paraguay y Bolivia son más socios que otros en el MERCOSUR. Que venga Bolivia, que lo estamos esperando con un criterio comercial, de nuestros intereses, que tiene que estar por encima de todo otro interés en nuestro país.

A ver si entendemos, porque nos tiran con la elección en Bolivia como si también esto fuera culpa de los gobiernos neoliberales de la década del noventa: ¡que venga un MERCOSUR ampliado! Siempre hemos sido partidarios de poder celebrar en bloque un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Ahora bien, si los otros países, por razones de ideología y de liderazgo en nuestro continente, quieren llevar al nuestro a algo que no nos conviene, el Partido Nacional se mantendrá siempre alerta para levantar su voz y buscar el camino, el rumbo que en materia de intereses tiene que seguir el Uruguay. Nuestro mejor interés es tener un mercado ampliado, tener un mercado de consumo. Somos únicamente tres millones de habitantes y no nos comemos toda la carne que producimos; no nos comemos todo el arroz y no podemos tomarnos toda la leche, por hablar de tres rubros importantes de nuestro país. Para eso precisamos bocas, y la integración es fundamental para nuestros intereses. Seguramente, el proceso de industrialización en nuestro país va a ser factible, como también lo será el de la inversión americana si tenemos mercados. Si no es así, no tendremos empleo, que es lo que estamos buscando para sus tres millones de habitantes.

Decimos una vez más que nosotros no podemos seguir cuestionando a Estados Unidos cuando ese país, lamentablemente, se está llevando a mucha gente del Uruguay. ¿Hacia dónde se emigra cuando en Uruguay no se encuentra empleo? La gente se va a Europa y Estados Unidos, y ese es el peor desangre que puede tener el país. No puedo decir que sea la mejor gente la que se va, pero sí la más audaz, la que no se resigna. ¿Adónde van? ¿Se van a China o a Asia? Se van a Europa y a Estados Unidos, porque allí hay oportunidades de trabajo. Quiero que esas oportunidades de trabajo existan en mi país, y así terminar de exportar trabajadores y, por una vez en la vida, generar el proceso de crecimiento que es exportar trabajo nacional. Esto se producirá cuando esos países se abran a la posibilidad, no ya de este Tratado, sino de uno más grande e importante que es el de un Tratado de Libre Comercio que nos garantice a todos los uruguayos que las inversiones que se hagan acá no sólo estarán regladas según las normas de equiparación a los nacionales que aquí invierten, sino que además vamos a tener un mercado.

Señor Presidente: cuando hace pocos días visitamos la Organización Mundial de Comercio, en Hong Kong, integrando una delegación parlamentaria para discutir sobre estos temas, tuvimos oportunidad de pasar por Washington, y en la Embajada nos señalaron -no importa qué diplomático lo hizo- que Uruguay, por no tener el Tratado de Libre Comercio y considerando las exportaciones de 700 millones que hoy estamos haciendo en el rubro carne, deja en Estados Unidos, en barreras arancelarias, más de 150 millones de dólares. Esa es la verdad. Y yo no quiero que esos 150 millones de dólares queden en impuestos de barreras arancelarias en Estados Unidos; sí quiero que esa cifra quede en nuestro país y esa es la oportunidad que nos puede dar, ya no este Tratado, sino lo que surja de seguir profundizando en un camino de mejor comercio con los Estados Unidos.

Del mismo modo, también voy a estar de acuerdo -si existe iniciativa por parte de este Gobierno- en hacer un Tratado de libre comercio con China y con India, que son gigantes que en el mundo se están despertando. Nuestro país, que es tan país como ellos, no puede resignarse a permanecer lejos de esta realidad.

Temo, señor Presidente, que en el mundo surjan bloques más grandes que el que pretendemos hacer en el MERCOSUR; creo que en el mundo, por lo que uno va viendo, se acerca una alianza Norte-Sur, frente a la que tenemos que ver cómo nos vamos a posicionar. En Asia se unen entre ellos. Ya no se trata únicamente del fenómeno de Japón, sino también del de China y de Taiwan, que comercializan entre sí; también tenemos a Singapur, a Indonesia. Y a su vez, Europa mira mucho más a África que a nosotros; está más cerca de África, y los golpean más los temas africanos.

Por nuestra parte, tenemos una relación geopolítica con Estados Unidos y, por lo tanto, tenemos que analizar lo que está sucediendo en el mundo. Ya no alcanza con el MERCOSUR, ni siquiera con uno ampliado; ya son grandes meridianos los que se están uniendo comercialmente. Ahí está nuestro interés y ya no nuestra ideología. Mañana vamos a seguir condenando -como señaló el señor Senador Michelini-, con la dureza más grande que debe tener este Parlamento, una acción de prepotencia que tenga en el mundo Estados Unidos. Sin embargo, es nuestro rico; y hay otros ricos. Europa mira a África y África mira a Europa; las naciones pobres de Asia miran a China y a Japón. Incluso, en la última instancia de la Organización Mundial de Comercio, de la que fui testigo, el susto de Europa -según nos lo dijo el propio Canciller en una charla que tuvimos en esa oportunidad- fue el retiro masivo de África, y aquí hay Senadores que lo pueden atestiguar. El susto que se tenía era que se retirara en masa, de la Organización Mundial de Comercio, un continente como África, y que hiriera de muerte a dicha Organización.

Hay avances, pocos pero certeros, y hay que seguir. Miremos, señor Presidente, lo que está sucediendo en el mundo. Ya no me importa si se trata de un capitalista o un comunista -¡por Dios!-; se terminó ese mundo, y hemos tardado demasiado en reconocerlo. Entonces, ahora que lo estamos reconociendo, no nos quedemos solamente en el Tratado de Protección de Inversiones; sigamos para adelante y no perdamos el tren de la historia, que es el que estamos perdiendo. Aquí lo que interesa es que no nos desangremos más y no continuemos exportando más trabajadores al resto del mundo.

Era cuanto tenía para manifestar.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Por supuesto que la alusión tenía que ver con la expresión de la consulta o no consulta al resto de los países del MERCOSUR, y el Senador era yo, por supuesto, razón por la cual solicité esta intervención. Voy a contestar de la manera más clara que pueda, sin agraviar -reitero, sin agraviar-, porque el Senado no se merece sesiones con agravios como los que hemos oído en el día de hoy.

En primer lugar, es verdad -como dice el señor Senador Heber- que lo peor que nos puede pasar es exportar gente. Hay otros países que sí desean hacerlo; por ejemplo, en Centroamérica y en México están contentos porque reciben remesas. Yo no quiero exportar gente, pero esto no surge en el año 2005, sino que viene de mucho más atrás y, de alguna manera, creo que el señor Senador Heber se estaba haciendo una buena autocrítica, porque estos hechos también son responsabilidad de los Gobiernos anteriores.

En segundo término, no tengo ninguna duda de que tenemos concepciones totalmente distintas en materia de política internacional con muchos sectores del Partido Nacional. Se trata de concepciones distintas. Creo que para un país chico como el Uruguay es indispensable diversificar las exportaciones, lo que supone dos vías; y una de ellas es la vía de origen. Tenemos muchos recursos naturales que debemos exportar, pero el mundo camina sobre la base del avance tecnológico y no sobre este tipo de recursos. Entonces, no perdamos chances y oportunidades de buscar caminos que permitan que las exportaciones tengan más valor agregado o no necesariamente tengan su origen en los recursos naturales. Esto es el sudeste asiático: la capacidad de adaptación y creación tecnológica que tienen en estos momentos.

Por supuesto que también quiero diversificar en el plano del destino de las exportaciones; quiero venderles a todos los países del mundo; a Estados Unidos, al MERCOSUR, a Europa y a China. No tengo ningún problema. Al contrario; me parece que esto es extraordinariamente positivo, y no depender únicamente de productos primarios o de un solo mercado de destino. Eso es diversificación; yo quiero diversificación y también realizar Acuerdos comerciales. Pero en los hechos, frente a determinadas situaciones, yo soy muy chiquito. Y resulta que en los Acuerdos comerciales hay un tema que se llama relación de fuerzas y allí hay una cuestión política, que no es comercial. El problema que tengo en materia de relaciones comerciales, que quiero multiplicar y profundizar con los Estados Unidos, es que para hacer este tipo de Acuerdos los Estados Unidos y la Unión Europea poseen subsidios agrícolas, lo que nos está afectando permanentemente. Reitero que este es un tema político, porque cuando queremos hacer un Acuerdo con Estados Unidos, nos encontramos con subsidios agrícolas de exportación o con subsidios internos a la Organización Mundial de Comercio. Ya vimos lo que sucedió con esta Organización en 2003.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Amaro)

-Entonces, cuando se dan ejemplos como el de Chile, que realizó un Acuerdo con los Estados Unidos, hay que decir que este país no tiene problemas de subsidios de productos agrícolas porque vende minerales, fruta o pescado; pero Argentina, Brasil y Uruguay sí lo tienen. Y ese es el problema que tenemos con la Unión Europea -como así también con Estados Unidos- con el que no podemos ponernos de acuerdo. Repito que el problema son los subsidios agrí-colas y no nuestro, ni ideológico, sino de relación de fuerzas ya que Estados Unidos, junto con la Unión Europea y países del sudeste asiático, mantiene los subsidios agrícolas.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

-Cuando analizamos el tema del Tratado de Inversiones, pensamos que íbamos a encontrar una nueva relación de fuerzas buscando con Argentina, Brasil y Paraguay -¡ojalá, mañana, con otras naciones!- firmar Tratados comunes o similares porque, si no, por ejemplo, Brasil puede tener ventaja si lo celebra por su cuenta. Por ello, no fuimos a consultar nunca el Tratado de Inversiones entre Estados Unidos y Uruguay. Aclaro que conversé con los brasileños y los argentinos; fuimos nosotros quienes quisimos toda la vida modificar la cláusula de la Nación Más Favorecida porque nos daba vergüenza. Esta la había firmado un Presidente que había atacado permanentemente al MERCOSUR. Es indispensable que las cosas que nos otorguemos mutuamente entre los países del MERCOSUR no sean beneficiadas en Acuerdos comerciales como, en este caso, con Estados Unidos. Por eso es que surgió dicha cláusula interpretativa.

Desde este punto de vista, el tema de la relación de fuerzas no es menor. Por ello, nuestra estrategia, que es de diversificación comercial, de origen y de destino, también es la de iniciar la ruta y avanzar en materia de complementación productiva, pero junto con los países del MERCOSUR. Capaz que mañana -y este es un mundo nuevo que empieza a aparecer- México cambia de gobierno, Venezuela resuelve algunos problemas que tiene para poder ser miembro pleno del MERCOSUR...

SEÑOR PRESIDENTE (Don Juan Justo Amaro).- Señor Senador: se le ha terminado el tiempo de que disponía.

SEÑOR COURIEL.- Ya termino, señor Presidente.

Y capaz que también sucede con Bolivia y Chile. Entonces, ya no es el MERCOSUR solo, sino una amplitud de países latinoamericanos los que podamos poner sobre la mesa estos temas que nos afectan a todos, como el de los subsidios agrícolas, que es un elemento clave y que tiene que ver con la relación de fuerzas y no con ideologías.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Juan Justo Amaro).- Tiene la palabra el señor Senador Lorier.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: antes de comenzar quiero manifestar que no fueron integrantes de nuestro Partido quienes insultaron a algún Senador desde la Barra. Si lo hubieran hecho, pido perdón y también digo que estuvieron equivocados.

Queremos comenzar esta intervención resaltando nuestro apoyo al Presidente de la República. No olvidamos ni por un instante que ha tenido que manejarse obligadamente, por así decirlo, con una materia prima original, cuyas bases vienen dadas, determinadas y negociadas por la anterior Administración, bases que se decían inmodificables porque "un país como Estados Unidos jamás haría caso de un pequeñísimo país como Uruguay para modificar el Tratado". Si se quiere se puede y eso lo demostró nuestro Presidente, ya que se plantó en la cancha con fuerza y fue a discutir hasta con funcionarios de cuarta de Estados Unidos. Por lo tanto, más allá de los resultados en sí -y recordando la voluntad original del Presidente de no intervenir en el tema, dejándolo librado a las actuaciones de los parlamentarios- se puso el overol y encaró el problema. Esa voluntad es la que no dejamos, ni dejaremos de valorar y destacar.

Sin embargo, para nosotros las tres modificaciones logradas no alteran lo que consideramos la esencia negativa de este Tratado. Al respecto y antes de continuar, queremos aclarar que en ningún momento le sacamos la escalera a nuestro Presidente, y ello porque nunca se la pusimos, ni sabíamos de su existencia. Nadie nos consultó sobre qué modificaciones se podían plantear; no fuimos los que hablamos con el Presidente sobre este tema y nos enteramos formalmente de los resultados, como Partido Comunista, el día en que el Canciller Gargano concurrió a la Mesa Política a informar. Y menos nos habíamos enterado de su firma en Mar del Plata, donde nuestro Canciller -a quien respetamos muchísimo por su trayectoria- manifestó que "no había nada que festejar". Entonces, mal podíamos sacar algo que, repetimos, no conocíamos, ni su existencia.

Otro aspecto que necesitamos señalar es nuestro convencimiento de que el tema todavía no se ha discutido formalmente en la fuerza política. No se deben confundir las innumerables discusiones o informaciones mediáticas o de otra índole con la necesaria y orgánica discusión que debe darse sobre este tema estratégico en el seno de la fuerza política. Concretamente, consideramos que está vigente el Plenario convocado el lunes pasado para analizar el tema y que a él debemos remitirnos. De paso, agregamos que el mismo -si nos hubiéramos puesto las pilas- podría haberse reunido rápidamente, la semana próxima, cosa que propusimos en la instancia correspondiente.

La decisión que ha adoptado nuestro Partido por unanimidad y que nosotros llevaremos a la práctica como corresponde, nos duele y mucho a todos los comunistas; nos duele en el corazón, por nuestro Presidente, por nuestros estimados compañeros de Bancada, con los cuales hemos dado intensas luchas durante este año -nuestro primer Gobierno debe ser histórico para las fuerzas populares- y por nuestro proyecto alternativo. Aquí conviene decir y aclarar -por las dudas- que para nosotros la unidad de las fuerzas populares es la gran cuestión de principios, es la herramienta que nos ha permitido llegar hasta aquí, acumulando fuerzas, y que nos permitirá llevar a buen puerto nuestro Gobierno y el proyecto alternativo de país. No ha sido con más fuerza que nadie, pero tampoco con menos, que los comunistas hemos bregado incansablemente por ello, tanto desde la teoría como desde la práctica. Hemos sido y seremos sus impulsores y sus protagonistas, juntos con los demás compañeros de la izquierda.

Por lo tanto, para nosotros, esa unidad no está hoy en juego, más allá de que tengamos que argumentar y votar en contra de este Tratado.

Al respecto, también corresponde señalar que somos partidarios del mandato imperativo, pero que sea atento a la orgánica en permanente consulta con las bases.

Con relación al Tratado en sí, decimos que nos oponemos a él por dos órdenes de razones. Por un lado, por aspectos de su contenido y, por otro lado, por cuestiones vinculadas a lo que definimos como parte de la estrategia imperial para llegar al ALCA por una vía lateral; vía oblicua efectivamente ensayada (a nuestro criterio) por los Estados Unidos, habida cuenta de sus sucesivos fracasos para enlazar directamente a los 33 países restantes (fracasos de los cuales, el último ocurrió hace pocos días en la Cumbre de Jefes de Estado de Mar del Plata).

Respecto al ALCA, parece de interés, entonces, como dice Helio Jaguaribe: "Un régimen de libre comercio entre la más competitiva economía del mundo y las subcompetitivas economías de América Latina tendría por inevitable efecto la reducción del sistema productivo latinoamericano al nivel de productos primarios o de ‘commodities’, de bajo valor agregado, como el acero. Mientras tanto, los productos de alto valor agregado, producidos en Estados Unidos, tendrían libre acceso a los mercados latinoamericanos, eliminando su subcompetitiva concurrencia.

Esos efectos adquirirán características todavía más catastróficas si, como casi inevitablemente ocurrirá, el Congreso americano se negara a suprimir las barreras no tarifarias que protegen, bajo varias modalidades, los sectores en que Estados Unidos son menos competitivos que los latinoamericanos, desde el acero y el azúcar, a jugos de frutas, artefactos de cuero, textiles y otros."

En este mismo plano, nos preocupa también cualquier posible implicancia -por más lejana o mínima que ella se pueda considerar- con el criminal bloqueo contra Cuba a través de la ley Helms - Burton. En ese sentido, reconocemos el avance en lo formal logrado por nuestro Presidente respecto al artículo 17, al eliminarse la referencia exclusiva a Estados Unidos, reconociendo el mismo derecho para Uruguay como parte, en cuanto a denegar las inversiones de propiedad o controladas por un país que no mantiene relaciones diplomáticas o tiene prohibidas las transacciones con la parte que ejercita el derecho a la aplicación del Tratado. Siguiendo uno de los informes de juristas presentados a la Mesa Política sobre el tema, coincidimos en que "la sustitución de los vocablos EEUU por la expresión ‘una parte’ elimina lo que era un privilegio para EEUU, pero deja en pie lo más grave, que a nuestro juicio importa porque, por esta vía, EEUU puede intervenir e interdictar a países que están en situación de conflicto con ese país pero que, en cambio, negocian y tienen buenas relaciones con Uruguay, lo que implica una tutela indebida sobre la política internacional seguida por nuestro país." En concordancia con el informe mencionado, repetimos textualmente que "para nada nos compensa la bilateralidad concedida, dada la asimetría de ambos países y la diferencia que tenemos en el relacionamiento con terceros Estados. En nuestro caso no figuran enemigos, mientras que EEUU mantiene situaciones de bloqueo a Cuba, pueden abrirse en el futuro riesgos similares con Venezuela, Irán o cualquier otro amigo de Uruguay."

En relación a la naturaleza del Tratado en sí, necesitamos decir que los Tratados bilaterales comprenden Tratados de inversiones, de libre comercio, de derechos de propiedad intelectual, de cooperación y de ciencia y tecnología. Esto es bueno aclararlo, así como que este Tratado que estamos analizando se inscribe en los llamados acuerdos que tratan del mejoramiento del tratamiento de las inversiones, pero que no enfocan directamente negociaciones arancelarias o comerciales. Por lo tanto, aquí no está en juego la venta de nuestras carnes como se ha querido sugerir.

Nosotros no somos contrarios a los Tratados en sí mismos (ni con EEUU ni con ningún otro país), y lo decimos con toda firmeza. Pero cada uno de ellos debe analizarse en su oportunidad y contenido, así como en el contexto y momento internacional que le dan marco. Por otra parte, nuestro país ya tiene en materia de promoción y protección de inversiones una ley muy generosa que ampara a las mismas, por lo que tampoco es de recibo esa necesidad imperiosa de aprobar este Tratado para proteger las de EEUU.

En suma, no se niega la necesidad de recibir inversiones extranjeras; al contrario, ellas son necesarias y es evidente que Uruguay debe acogerlas, pero no a cualquier precio. Nos parece necesario poner mínimas condiciones, tal como lo señala una comunicación del PIT - CNT, la FEUU, FUCVAM y REDES, o sea que se añada valor a los recursos naturales del país, que haya creación de empleos decentes para uruguayos, que se cuide nuestro ambiente, que los inversores aporten tecnología y que no se lleven todo lo que ganan. Por eso, nos parece negativo el artículo 8º, que elimina todo requisito de desempeño para los inversionistas de origen estadounidense.

Por la filosofía y la letra de este Tratado, perdemos la posibilidad de establecer políticas que impulsen modificaciones en el comportamiento de las empresas transnacionales o que favorezcan una mejora de sus potenciales aportes al desarrollo y reduzcan sus costos. Lal, en un estudio o trabajo del año 2002, sobre la base del análisis de los casos exitosos del sudeste asiático, llama a este tipo de políticas FDI target, lo que podría traducirse como promoción de la inversión extranjera directa contra metas y seguimiento. Este tipo de políticas implica un tratamiento diferenciado al capital extranjero.

En el marco de una estrategia de industrialización, impulsar un cambio en la orientación exportadora de las ventas de las empresas transnacionales, adquiere para nosotros particular relevancia. Pueden existir espacios para proponer políticas industriales y de comercio exterior activas, en el marco de las cuales el Estado negocie con las empresas transnacionales la posibilidad de cambios en el comportamiento de las filiales, en especial las que participan en los intercambios comerciales entre Uruguay y Argentina. Lo decía Pérez del Castillo: "No ha habido un esfuerzo en la mayoría de nuestros países para tratar de captar esa inversión extranjera directa dentro de una política de desarrollo que enfoque y seleccione ciertos sectores específicos. Creo que en el Uruguay hay sectores que tienen ventajas competitivas que no se han desarrollado pero que pueden desarrollarse a través de un engranaje de estos sectores con inversión y con tecnología que venga de afuera."

No olvidemos las conclusiones de G. Bittencourt y R. Domingo en su trabajo "Inversión Extranjera Directa y Empresas Transnacionales en Uruguay en los 90". Allí, sobre las inversiones extranjeras directas, expresaban: "Se pueden definir dos instancias relativamente contradictorias en la evaluación del impacto de las Empresas Transnacionales sobre el perfil exportador. Si el aumento de las exportaciones tecnológicamente intensivas dentro de ese patrón es considerado como un factor positivo para el desarrollo económico, las Empresas Transnacionales se mueven en línea con la primarización de la pauta exportadora global de Uruguay entre 1992 y 1998. Por lo tanto," -cul-minan estos estudiosos- "no parecen contribuir en ese sentido. Como contracara del mismo fenómeno, las Empresas Transnacionales parecen estar contribuyendo de manera bastante significativa" -esto también es cierto- "al sostenimiento de mercados fuera de la región."

También el Programa del Frente Amplio establece lineamientos para promover las inversiones extranjeras, por ejemplo, para promover las exportaciones tecnológicamente intensivas. Por este Tratado, en nuestro concepto, quedamos impedidos de establecerlos al disponerse -repito- la prohibición de siete tipos específicos de Requisitos de Desempeño. Los Requisitos de Desempeño consisten en exigir al inversor, para autorizar la inversión, determinadas conductas destinadas a proteger la economía nacional: utilizar, en lo posible, materia prima nacional, exportar parte de la producción para incrementar el ingreso de divisas, etcétera. Recordemos, de paso, que ya el Tratado uruguayo - canadiense extiende la prohibición de los requisitos de desempeño a los servicios y a la transferencia de tecnología, además del comercio de bienes. De modo que, en ese marco, el Estado receptor no puede exigir al inversor que trasmita el know how a los socios locales o a los trabajadores locales. Es decir que, en este caso, no hay incorporación de tecnología al Estado receptor. Nosotros nos resistimos a seguir por este camino por el cual nuestro papel en el mercado mundial y en la división internacional del trabajo es, al igual que en la época colonial, el de proveedor de materias primas o commodities de bajo valor agregado.

Si nos mantenemos, todavía, en un análisis de aspectos generales del Tratado, creemos acertada la opinión de Hugo Ruiz Díaz, doctor en Derecho Internacional y Consejero Jurídico del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, cuando dice que el riesgo con este tipo de Tratados es enorme. Cuando las exigencias de los países desarrollados se materialicen en reglas de aplicación obligatoria como en el caso presente, la capacidad de los procesos políticos democráticos para modificarlas o enmendarlas, se ve drásticamente limitada. De ahí la importancia que durante el proceso de negociación y antes de cada ratificación, haya un debate abierto y transparente y un control de las instancias políticas competentes y de la ciudadanía. De la misma manera, se deberían incluir cláusulas por las cuales las decisiones del CIADI sean recurribles ante la instancia tribunalicia nacional competente. También se debe limitar el campo de las inversiones, sin que necesariamente se extiendan a todos los recursos naturales. Lo que está en juego, dice este experto, es nada menos que todo el proceso democrático, así como su propio desarrollo económico y social. No estamos hablando sólo de inversiones, de comercio, de mercado; es mucho más lo que está en juego. Quienes idearon este Tratado hablan de la menor percepción de riesgo que se puede generar sobre Uruguay en el futuro y, como consecuencia de eso, la caída del riesgo país que podría enfrentar la economía. En la exposición de motivos del proyecto enviado al Parlamento se dice que a menor riesgo, menor será el retorno requerido por el inversionista del emprendimiento que realice, lo que posibilita un mayor volumen de inversión, además de una mejor calidad de la misma. Nosotros respondemos que, a nuestro juicio, hay que ser muy cuidadosos en cuanto a que a medida que disminuya el riesgo para los inversores, no aumente el riesgo para el país. En otras palabras, hay que ser cuidadoso de que la máxima libertad para los inversores no se dé, prácticamente, sin contrapartida.

Tampoco podemos establecer, en nuestro concepto, políticas sectoriales que sirvan para alentar la producción nacional, por ejemplo, en relación con las compras del sector público o compras gubernamentales. Eso lo dice el documento de Análisis de Redes, de mayo de 2005. Recordemos que el Tratado implica el trato nacional que fue relativamente superado con las modificaciones logradas.

En segundo lugar, me interesa señalar la cuestión de la solución de las controversias. Al respecto, dice Mariana Herz que estos Tratados, son suscritos por Estados, pero los derechos que acuerdan se confieren a los particulares y, para asegurarse de que esto sea así, en los mismos se incluyen disposiciones relativas al mecanismo de solución de las controversias que puedan surgir con motivo de la inversión, entre el inversor nacional de un Estado Parte y el Estado receptor de la inversión, distinto del Estado de nacionalidad del inversor. El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones asumidas en un Tratado bilateral de promoción y protección de inversiones extranjeras, hace surgir la responsabilidad internacional del Estado receptor por los daños ocasionados. La novedad, en estos Tratados de última generación, radica en que el procedimiento para hacer cesar tal conducta u obtener un resarcimiento, se aparta del sistema clásico de Derecho Internacional. En el sistema clásico, el particular no goza del ius standi, o sea, acceso directo al Tribunal y, por ende, es el Estado de su nacionalidad el que hace suyo el reclamo a través de la protección diplomática. Por virtud de la doctrina Calvo, esto sólo puede suceder una vez que el particular afectado ha agotado los recursos administrativos y judiciales establecidos en la legislación nacional del Estado que se pretende demandar. En el sistema de estos Tratados de última generación, esto se modifica, ya que se admite el acceso directo de los particulares a la instancia arbitral internacional, en las condiciones pactadas en el Tratado. Se le reconoce así el ius standi. Por toda controversia que se produzca con relación a este Tratado, los Tribunales uruguayos -es cierto-, no tendrán competencia; sólo la tendrán los Tribunales arbitrales internacionales compuestos por tres árbitros: uno de Uruguay, otro de la otra parte y un tercero de una nacionalidad distinta. El Derecho que se aplica en estos juicios es el Derecho Internacional consuetudinario y no las leyes uruguayas.

Nos parece de interés señalar que en el Tratado firmado con Alemania -Ley Nº 16.110, de 1990- se establecía que las divergencias serán sometidas, a petición de una de las partes, a los Tribunales competentes de la Parte contratante, en cuyo territorio se haya hecho la inversión. Tan pronto haya una decisión judicial de los Tribunales competentes, cualquiera de las Partes podrá recurrir a una Corte Internacional de Arbitraje, a los efectos de que se declare si la decisión judicial se ajusta, y hasta qué punto, a los términos de este Tratado. Si transcurrido un plazo de 18 meses de promovida la acción judicial, no hubiese pronunciamiento, cualquiera de las partes podrá recurrir a la Corte Internacional de Arbitraje, la que en este caso tendrá competencia para resolver la divergencia en su totalidad. O sea que, primeramente, por este Tratado no tan lejano en el tiempo, el inversor privado debía acudir a la jurisdicción nacional, que tenía un plazo máximo de 18 meses para pronunciarse.

Me parece de interés, señor Presidente, tener en cuenta lo que está ocurriendo en el hermano país de Argentina con el CIADI. Recientemente, se manejó la posible decisión del Banco Mundial -del CIADI- de asumir la defensa de los tenedores de bonos que no entraron en el canje por US$ 20.000:000.000. Esto -es bueno decirlo- contrariaba, expresamente, la decisión argentina de no abrir un nuevo canje para negociar con esos bonistas. Después -también es interesante saberlo-, el 12 de mayo de 2005, el CIADI resolvió a favor de una demanda presentada por la transnacional estadounidense CMS Energy a la cual debe indemnizar el Gobierno argentino con US$ 133:000.000, por no otorgarle un trato justo y equitativo. Por otra parte, el Gobierno, no después de un duro enfrentamiento, hará públicos los casi 30 juicios que empresas privatizadas iniciaron contra el Estado en el CIADI -el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, repito-, para reclamar allí más de US$ 18.000:000.000. Hasta ahora, el contenido de las millonarias demandas contra el Estado argentino se desconoce, porque el CIADI aplica un criterio de confidencialidad. Guglielmino, Procurador General del Tesoro de la hermana República Argentina, explicó que no hay ninguna norma escrita que comprometa al Estado argentino a respetar ese criterio de reserva y sostuvo que tomó esa decisión de publicitarlo, porque la Constitución argentina obliga a publicitar los documentos públicos.

En tercer término, otro tema que nos preocupa es que desaparece la posibilidad de que nuestro país establezca, si así lo estimara conveniente a sus intereses, el control a la entrada de capitales de corto plazo, llamados "golondrina" por su fuerte carácter especulativo. Por ejemplo, durante la década de los 90, Chile tuvo controles a la entrada de capitales que fueron muy discutidos, tanto a nivel académico como de los organismos multilaterales, algunos de los cuales terminaron aceptando la lógica de esos controles, que fueron, además, una de las causas de que ese país no sufriera la revaluación de su moneda. Actualmente, se acordó la posibilidad de que Chile pueda establecer esos controles por un año, período tras el cual puede ser llevado a un tribunal de resolución y pagar indemnizaciones ante demandas de inversionistas. De esta manera, se permite que, al menos por un año, existan controles de capital. Hoy no existen, pero podrían ser establecidos en la eventualidad de una crisis de balanza de pagos. Argentina, por su parte, ha establecido restricciones al ingreso de capitales "golondrina" y el Banco Central dispuso la extensión a doce meses del plazo mínimo de permanencia para las divisas ingresas al país, que hasta ahora era de seis meses.

En cuarto lugar, consideramos que el concepto de inversión que se maneja es sumamente amplio, pudiéndose establecer reclamaciones, incluso, por una preinversión. Estos acuerdos, como casi todos los de libre comercio, tienen un campo de aplicación muy extenso. Por ejemplo, incluyen obligaciones explícitas de proteger los derechos de la propiedad intelectual, por ser considerados como inversiones. Los derechos de propiedad intelectual se aplican a los materiales biológicos o recursos de la biodiversidad recolectados en el marco de un permiso de acceso, porque pueden ser considerados como siendo de la propiedad del recolector que, en una definición amplia de inversión, puede reclamar protección en su calidad de inversionista con relación a dichos recursos. Entre estos recursos naturales también podemos citar el agua, objeto de apropiación en el campo de la explotación y distribución, por parte de poderosas sociedades transnacionales. Los casos de Bolivia, Perú y Argentina son suficientemente conocidos. Hay que señalar que dichos Tratados de última generación contienen disposiciones que van más allá de las normas internacionales porque amplían los derechos de propiedad intelectual no abarcados por el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio e incorporan el principio de trato nacional y no discriminación.

SEÑOR SARAVIA.- Mociono para que se prorrogue la hora de que dispone el señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Juan Justo Amaro).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

- Puede continuar el señor Senador Lorier.

SEÑOR LORIER.- Muchas gracias, señor Presidente, señor Senador Saravia y restantes Senadores.

En quinto término, el Tratado incluye una cláusula previendo la indemnización en caso de expropiación u otras medidas de efecto equivalente. Esta última frase, ambigua, permite exigir la indemnización en caso de medidas adoptadas por el Estado receptor que privan al inversor de los beneficios que podría, razonablemente, esperar, como dijo el Tribunal Arbitral en el caso de Metalclad contra México, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 1996, la empresa norteamericana Metalclad demandó al Gobierno mexicano por violar el Capítulo XI de dicho Tratado de Libre Comercio, cuando el Gobierno de San Luis Potosí impidió abrir a dicha empresa un depósito de desechos tóxicos. Bajo las normas del Tratado de Libre Comercio, la denegación del permiso para abrir un vertedero fue considerada un acto de expropiación y el Gobierno mexicano tuvo que pagar a Metalclad una indemnización de US$ 16:700.000, lo que cualquiera puede comprobar a través de Internet. En ese sentido, y como un ejemplo, podríamos decir que las tabacaleras de origen norteamericano, si las hubiera en nuestro país, podrían demandar al Estado ante el CIADI por una expropiación indirecta por no permitirse, por ejemplo, que figure en las cajillas la palabra light.

En sexto lugar, el Tratado prevé la compensación por pérdidas que se produzcan por una variedad de causas, entre ellas, la pérdida de ganancias futuras o esperadas, como se viene de señalar en el Capítulo V.

En séptimo término, el Tratado prevé las transferencias al exterior del capital, los beneficios, las remuneraciones, las regalías, los honorarios por consultorías, etcétera, de manera irrestricta y en divisas libremente convertibles.

En octavo lugar, también decimos que se pueden penalizar las movilizaciones sociales. En el caso de TECMED contra México, en el cuadro de este mismo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el mismo CIADI se pronunció con un claro desprecio y sin ambigüedades respecto del movimiento social que se oponía a la descarga de desechos peligrosos para la salud humana y el medio ambiente, en general. El Tribunal del Banco Mundial afirmó que la oposición social fue "amplia y agresiva" en sus manifestaciones públicas. Constató, igualmente, que en noviembre de 1997 la agrupación denominada "Alianza Cívica de Hermosillo" solicitó la cancelación de la autorización para operar el confinamiento y denegar su prórroga. Como consecuencia de las movilizaciones sociales, las autoridades se vieron obligadas a cancelar el permiso otorgado a la empresa norteamericana TECMED. Ante esto, el CIADI constató que las autoridades competentes "estaban en realidad fuertemente influidas por las presiones sociales y sus consecuencias políticas". Eso, en tanto que acto reglamentario del poder público, constituye una expropiación indirecta, como lo veremos un poco más adelante. Para el CIADI poco importa, de acuerdo con esto, que la salud pública esté en juego o que el medio ambiente se vea amenazado. Lo más importante es que el Estado, entonces, asegure al inversor extranjero la rentabilidad según los términos de un Tratado internacional en todo tiempo y en toda circunstancia.

Por otro lado, el Gobierno estaría impedido de adoptar reglas de protección del medio ambiente o de protección social porque potencialmente, de acuerdo con este caso que vimos con TECMED, las mismas serían un obstáculo al accionar de los inversionistas privados. Si seguimos la jurisprudencia del CIADI, por ejemplo, una movilización social que se opusiera a una sociedad transnacional en el aumento de la tarifa de agua o de electricidad, o se rechazase su actividad porque representa un peligro para el ecosistema, para el medio ambiente o para la salud pública, constituiría o podría constituir una violación del Tratado. La razón es simple: dicha movilización constituye, de hecho, un obstáculo a la actividad de una sociedad inversora.

En noveno término, en los Tratados consideramos que se trata de proteger las inversiones, pero no de darles privilegio y, en ese sentido, uno de esos privilegios, para nosotros, es la prórroga de jurisdicción que faculta a que los inversores en controversia con el Estado, tengan derecho a recurrir a instituciones de carácter privado internacionales para resolverlas.

(Ocupa la Presidencia el señor Rodolfo Nin Novoa)

Queremos terminar nuestra exposición, señor Presidente, expresando como siempre nuestra alta valoración de la unidad de nuestra fuerza política y también de la unidad de las fuerzas sociales, así como nuestro respeto por la orgánica partidaria, lo que significa remitirnos al Plenario convocado y el reconocimiento al trabajo de nuestro Presidente, del Canciller y de los compañeros de Bancada. Sin embargo, también me veo en la necesidad de que en esta ocasión podamos expresarnos votando negativamente este Tratado.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Francamente, quiero iniciar mi intervención ratificando, en su totalidad, las afirmaciones realizadas por los integrantes de mi Partido que me han antecedido en el uso de la palabra. Lo quiero decir expresamente, porque me sentí representado, pero, además, porque como contestación a muchas de sus afirmaciones, se ha manejado el concepto del agravio y considero que no es de recibo dicho concepto. Considero que no es de recibo dicho concepto por provenir de la fuerza política que proviene, que se ha dedicado en los últimos 35 años, y en muchas circunstancias, a agraviar, infundadamente, con medias verdades y hasta con falsedades posiciones políticas de otros partidos, en este caso, el Partido Nacional.

Es así, entonces, señor Presidente, que este es un tema de relativa importancia. Quiero decir que, para mí, el Tratado de inversiones con los Estados Unidos de América tiene relativa importancia práctica para los intereses nacionales. Pero, producto de un debate que se viene dando en el país y que se ha dado en la tarde de hoy aquí, en el Senado -en donde muchos señores Senadores han confundido al Senado de la República con los organismos internos partidarios de los que participan y a los que pertenecen-, hemos tenido que soportar argumentaciones basadas no en el Tratado ni en los altos intereses nacionales que el mismo persigue, sino en mecanismos de consulta y decisión interna que hacen a cada fuerza política y que al país nada le importan ni le interesan en el marco del gran tema que se está tratando. Digo más, señor Presidente, en el correr de la noche de hoy he sentido la sensación de que muchos de los señores Senadores que han hecho uso de la palabra, lo han hecho pidiendo disculpas. Y creo que si hay algo que atenta contra los intereses nacionales es que en esta Casa haya gente que cuando habla defendiendo un Tratado, lo haga en contra del mismo o, muchas veces, pidiendo disculpas sobre su contenido.

Relativizando lo que es el Tratado en sí, lo reivindico como una herramienta práctica y necesaria de todo Estado moderno para traer prosperidad a su pueblo y, francamente, me sorprende que mucha gente siga congelada en un mundo que ya fue, siga mirando hacia atrás y nunca hacia delante y, además, no se termine de dar cuenta que el mundo que reivindicaba como válido se desplomó, no existe más y que el desplome de ese mundo tuvo a millones y millones de seres humanos como víctimas. Si hay un partido político que aquí puede manifestar y presentar, con relación a su política exterior, una actuación rectilínea, es el Partido Nacional y no desde ayer, sino desde que Carlos Villademoros fue el primer Canciller del Gobierno del General Oribe. Y no sólo eso, señor Presidente: reivindicamos, como eje central de la construcción de la política exterior del Uruguay, la presencia, la vigencia y la doctrina del Partido Nacional. Cuando muchos Senadores agraviaban, yo pensaba ¿se olvidaron cuando le mandaron el telegrama a Ceaucescu y lo fusilaron dos días después? ¿Se olvidaron cuando iban a los Congresos de Kim il Sung en Corea del Norte? ¿Se olvidaron cuando iban a la Unión Soviética y venían prometiendo al hombre nuevo, al hombre moderno? ¿Se olvidaron -y vamos un poquito más atrás- de cuál fue el único partido político del Uruguay que se alegró del fusilamiento de Sandino y que condenó su revolución? ¿Se olvidaron? Yo no me olvidé. Si quieren, les nombro a cada uno de los partidos políticos que en esas instancias participaron, y no es mi fuerza política. Esto no es una pasada de facturas menor, tampoco agraviar a nadie; es asumir que algunos estábamos en lo cierto, que otros estaban equivocados y que, al decir del tango: "¿Qué sucede mama mía, se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón?" Se cayó la estantería; y hoy, desde el Gobierno, tienen que darse cuenta que se cayó. La gran pregunta que me vengo haciendo desde el inicio de esta sesión tiene que ver con la afirmación de uno de los señores Senadores del partido de Gobierno, cuando preguntó: "¿nosotros hubiéramos votado este Tratado si hubiéramos estado en la oposición?" Yo creo que no lo hubieran votado; tengo la certeza de que no lo hubieran hecho, porque era mucho más cómodo estar en la otra actitud. Lo que pasa es que ahora son Gobierno y está bien, se han dado cuenta, de un día para el otro, que si nosotros decimos -abstraigámonos del nombre del país cuyos datos voy a dar- que hay un país con el cual podemos tener relaciones económicas, que es nuestro principal comprador, pero que además tuvo, en el trimestre pasado, un Producto Bruto Interno de US$ 12.182:000.000:000.000. -millones de millones-, que tiene un PBI real de US$ 11.078:000.000:000.000, que tiene una tasa de desempleo del 5%, que tiene una producción industrial de cre-cimiento del 118% en el primer trimestre de este año, que tiene una inversión doméstica privada bruta de US$ 1.969:000.000:000.000, que la economía que se produce en la ciudad de Los Angeles es del tamaño de toda la economía de Rusia, que la economía de China entra en la economía del Estado de California y que solamente este Estado produce lo mismo que toda China, ¿quién se negaría? Además, hay que reconocer al país democrático, que en libertad ha dado cátedra al mundo entero, cuya política exterior hemos y no hemos compartido, no como otros que se callaron cuando los tanques entraron en Budapest o cuando aplastaron la "primavera checa". Así que: ¡a callar! Lo que yo pregunto, señor Presidente, es ¿qué tiene el Uruguay para no negociar con los Estados Unidos de América? Hay que negociar, hay que promover, hay que estimular el comercio con todas las naciones del mundo -por supuesto-, entre ellas, con los Estados Unidos de América, si no con la primera. Seamos realistas; la política internacional se mueve en los códigos del realismo, no del idealismo, y el realismo nos marca que la región viene bastante complicada, que los Gobiernos progresistas vecinos al nuestro no nos han dado una sola mano; por el contrario, nos han complicado absolutamente todo y, si no, lean todos los días los diarios argentinos sobre lo que opinan sus gobernantes con relación a las papeleras que, por no haberse instalado en ese país, lo hicieron en el Uruguay. Por otra parte, observemos lo que el Brasil y su gobierno progresista también nos ha hecho cuando en el Estado de Río Grande tuvieron que vetar una ley por la que se prohibía el ingreso de arroz uruguayo. Vayan a preguntarle a Chile y a su Presidente socialista -socialista pero no tonto- que ha sido el que firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Vayan a preguntarle a Perú que acaba de aprobar su Tratado, a Colombia, a Ecuador, a toda América Central. Acá se ponía en duda si México abandonaría el NAFTA a cambio de que el Gobierno cambiara; hoy este país exporta todo lo que Brasil y Argentina, juntos, exportan, y el 85% de ese mercado va hacia los Estados Unidos de América. Hace poco tiempo atrás eso no sucedía así; México exportaba, fundamentalmente, gente a Estados Unidos. Entonces, señor Presidente, ante el realismo en el que tenemos que movernos, nos manifestamos con la gallardía con que Uruguay lo ha hecho siempre sobre sus posiciones en política internacional. Me imagino que nadie se sorprenderá de la posición que Uruguay ha tenido en política internacional a lo largo de su historia, que ha condenado, cuando lo ha tenido que hacer, a Estados Unidos y a cualquier otro, no importándole con quién tenemos comercio o con quién no. En lo que va de 2005, este país nos ha comprado US$ 565:000.000, según datos del Banco Central del Uruguay; estas compras son mayores que las del MERCOSUR y, sin embargo, sentimos prurito para comerciar con él.

Entonces, reivindiquemos el Tratado de Inversiones, aunque dejemos en claro que no es la única herramienta. Si un inversionista en los Estados Unidos -es lo único que nos tiene que importar- lee el Tratado de Inversiones y, a renglón seguido, se entera de que tuvieron que ser desalojadas las Barras del Senado de la República al son de "¡Viva el Partido Comunista!", que arden cubiertas en la Avenida de las Leyes, frente al Palacio Legislativo, y que connotados políticos con responsabilidad gubernativa expresan que las inversiones norteamericanas nos vienen a saquear y que no son bienvenidas, nos preguntamos si este Tratado va a dar buenos resultados. ¿En qué va a resultar? Hay que tener en cuenta que en Brasil -nuestro amigo y hermano solidario-, como se trata de un Estado federal, hay gobernadores que todos los días -por más que Itamaratí haga lo que tenga que hacer- prometen villas y castillos a todo el que quiera venir a invertir a sus Estados. Lo mismo sucede con la progresista y solidaria República Argentina. Por su parte, el Uruguay tendrá que defender intrínsecamente sus intereses, lo que quiere decir que con el MERCOSUR lo hará en lo que estime necesario. Aquí alguien cometió el error de olvidar que fue el Partido Nacional el que nos hizo ingresar en el MERCOSUR, en el Tratado de Asunción. Además, con la política del URUPABOL, ahora se reivindica a Bolivia porque ganó Evo Morales, que en la campaña política dijo cosas que no confirmó recientemente en los medios, puesto que aclaró que no va a estatizar ni a nacionalizar ninguna de las empresas de petróleo ni de gas que existen allí. Por supuesto que ese eje nos tiene que preocupar y debemos promoverlo. También la Hidrovía es otra de las herramientas que debemos profundizar. Imagino que a las actuales autoridades de Gobierno les estará preocupando que en Foz de Iguazú se hayan reunido los dos grandes del MERCOSUR y hayan pactado entre ellos, festejando los veinte años de integración.

También nos debe preocupar, y mucho, que en un reportaje realizado hace pocos días, el nuevo Presidente de la Comisión Permanente de Representantes del MERCOSUR, el ex Vicepresidente argentino Alvarez, haya dicho que ya consultó a Brasil y a Argentina para tener en cuenta la posibilidad del ingreso de Bolivia a este Mercado Común, y nosotros estamos "con la ñata contra el vidrio".

No puedo creer que en América Latina los únicos países latinoamericanos sean los del MERCOSUR y los demás hayan dejado de serlo. Simplemente, están peleando por sus intereses, lo que me parece lógico.

El Pacto Andino, del que el señor Chávez era representante y portavoz hace poco tiempo, "ya fue" y todos los países que lo integraban están acordando con los Estados Unidos de América. A su vez, el señor Chávez no acuerda y grita; y grita porque tiene siete refinerías y diez mil estaciones de nafta en ese país y, además, regala nafta a los pobres de Massachusetts.

Este es el escenario de realismo en el que el Uruguay se debe mover. No solamente debemos propender al Tratado de Inversiones, sino que tenemos que generar anuncios como los que hizo el Gobierno. El Presidente hizo un "tour" de quince días por Europa y luego anunció inversiones que son muy bienvenidas. Sin embargo, esa misma fuerza política que reclama inversiones es la que envía mensajes contradictorios al inversor, que no es muy valiente que digamos, como no lo sería ninguno de nosotros si tuviéramos que poner los pesos que tenemos para los emprendimientos. El Partido de Gobierno ha enviado mensajes contradictorios y, con relación a ellos, me encanta eso que se ha dicho en cuanto a que al Presidente no se le saca la escalera y, al mismo tiempo, se vota en contra del Tratado. Realmente, no lo entiendo pero es evidente que es una nueva interpretación de la "real politik" de la que muchas veces aquí se ha hecho gala y se ha informado y analizado.

Recuerdo al Senado que hemos estado gran parte de la sesión "pasándonos viejas facturas" y, si bien muchas de ellas son de recibo, propongo que miremos hacia adelante y nos demos cuenta de que por el puerto de Miami, el más chico de los Estados Unidos, ingresan 40.000 contenedores por mes provenientes de América del Sur; 400.000 contenedores por año. Ese es el país con el que tenemos que negociar. Es cierto que debemos condenar su política exterior cuando la misma no sea de recibo a las posiciones históricas del Uruguay, tal como siempre lo hemos hecho. Sin embargo, también debemos reivindicar la necesidad de terminar con ese sentido antinorteamericano, que muchas veces se ha generado en forma artificial por trasnochados que todavía no se han dado cuenta de que el bipolarismo desapareció, que hay que apostar a un multilateralismo y que, para que China logre empañar a Estados Unidos, todavía deberá pasar algún tiempo.

En consecuencia, tenemos que movernos con esta realidad y comprender que debemos traer progreso a nuestro pueblo y dejarnos de preocupar por debates de los que la historia ya se encargó y la realidad política pulverizó en el mundo entero.

Los ideales no han muerto; todos los tenemos, pero hay que "aggiornarlos" a los tiempos que nos toca vivir. Me parece muy bien que hoy haya personas que levanten la mano a pesar de que se les haga cuesta arriba porque participaron en actos en contra del imperio de los Estados Unidos y que desde siempre han tenido discursos contestatarios con relación a la política imperial de ese país. Ahora tienen que levantar la mano y eso es parte de la dura tarea de gobernar, pero no busquemos justificativos que no existen y no desestimulemos lo que debemos lograr, que es un país que debe abrirse a la inversión, al capital y dar la bienvenida a proyectos que traigan ciencia, tecnología, innovación y generen empleo. Eso se logrará apostando a un mayor multilateralismo que el que nos marquen nuestros vecinos, que por esa condición y por ser grandes, no siempre han estado alineados a los intereses del Uruguay. Hay una vieja máxima de Itamaratí que dice: "Los países grandes tratan duro a los países grandes, pero tratan mucho más duro a los países chicos para que sepan que ellos son chicos y que los grandes somos nosotros". No podemos sucumbir ante esa realidad y, si bien debemos apostar a la integración, a nuestras posiciones, también tenemos que pensar en los intereses nacionales, que son los que deben guiar nuestros pasos en los próximos años.

Por supuesto que condenamos los subsidios agrícolas, las medidas proteccionistas y todo intento del mundo desarrollado en ese sentido, ya que no se dan cuenta, sobre todo Europa, de que desde la punta del Estrecho de Bering hasta Madrid, París y Berlín se llega caminando. Esa es una ventaja que tiene nuestro continente, porque desde África se cruza en una barcaza en menos de veinte minutos y, además, esos dos continentes reúnen a casi las dos terceras partes de la población del mundo. Debemos darnos cuenta de que, ante esto, nuestro continente y nuestro país tienen ventajas que debemos aprovechar para traer bienestar a nuestro pueblo. Creo que debemos dejar los debates con respecto al pasado, que ya han perimido y sobre los cuales la historia ya se ha encargado y, a su vez, asumir con mucha responsabilidad la tarea de gobernar, que tiene ventajas y desventajas, y costos políticos que pagar. Destaco que nuestra actitud siempre ha sido la misma, tanto cuando estuvimos en el Gobierno como ahora, en la oposición. Sabemos que este es un Tratado que le hace bien a nuestro país, a pesar de las modificaciones que, como bien se ha dicho en Sala, atentan contra los intereses nacionales. Me pregunto si todos, habiendo estado en el oficialismo o en la oposición, nos habríamos comportado de la misma manera; el Partido Nacional sí lo habría hecho y tanto es así que, siendo oposición, va a acompañar este Tratado. No obstante, me queda una gran duda en cuanto a que este Gobierno se hubiera comportado de la forma en que lo hacen hoy sus Senadores, acompañando el Tratado. También me pregunto si así lo hubieran hecho si hubieran estado en otro rol. Eso ya no habla de otra cosa que de oportunidades políticas que sirven cuando estamos en un lugar y no cuando estamos en otro, y no de la defensa de los altos intereses nacionales que, en definitiva, es de lo que nos debemos preocupar en esta Sala.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Fernández Huidobro.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: no pensaba hablar en esta sesión, más allá de la fundamentación de mi voto afirmativo al Tratado. Pensaba decir que para mí no es una cuestión de principios ni tampoco tenía una relevancia demasiado grande desde el punto de vista estratégico. Además, para mí, la unidad de mi fuerza política tampoco es una cuestión de principios, pero sí tiene una gran relevancia estratégica.

No obstante, acontecimientos que aquí se produjeron -para mí más importantes que el Tratado- y la intervención del señor Senador Heber, me obligan a hablar. La intervención del señor Senador Heber me obliga a hablar y a cometer, no sé si el atrevimiento -en otro caso sería de mal gusto- de leer la nota que mañana pensaba publicar en "La República". Quiero dejar constancia que más o menos al mediodía estaba en manos del diario "La República", mucho antes que empezara esta reunión. De modo que yo no plagié al señor Senador Heber. En realidad, creo que él me plagió a mí sin haber leído la nota. Nos hemos adivinado el pensamiento, lo cual hace a uno pensar qué cosa mala estará haciendo. Pero si mañana saliera esta nota en el diario "La República" creo que se diría de mí que copié lo que dijo el señor Senador Heber. Entonces, señor Presidente, no tengo más remedio que leerla; estoy entre la espada y la pared porque de otro modo tendría que hacer una denuncia no sé dónde para dejar la debida constancia. Por lo tanto, abuso de la posibilidad que me brinda ser Senador y estar en el Senado -co-mo dicen los ciclistas- para leerlo. Voy a sacarle los ripios literarios que, en realidad, son los mejores.

Entre otras cosas, allí se señala: "Si hablamos de estrategia nos referimos a saber cómo ‘pararse’ ante el mundo, la región y el país en los próximos veinte años (por poner una cifra). Es asunto para nietos. Si algo faltaba para confirmar esa necesidad, llegó el triunfo de Morales en Bolivia. Pocas horas antes, en sus dos enormes aviones llegó también, con una nutrida delegación, uno de los nueve miembros del Politburó del Partido Comunista Chino y a la vez encargado en el Gobierno de la Seguridad de China. Uno de los nueve hombres más poderosos del planeta (que dicho sea de paso visitó solamente Uruguay y Cuba). Y pocas horas después regresaron de Hong Kong, con sus análisis e impresiones, los compañeros que participaron de la reunión de la Organización Mundial del Comercio (el lugar donde se libran las verdaderas grandes batallas del mundo actual).

Para dar respuesta a cualquiera de esos tres ‘asuntos’ (apenas tres) no sirve ya la estrategia vieja. Ni tampoco muchas de las ideas viejas. Porque una estrategia es también una teoría y por lo tanto un instrumento. Discutir hoy con un dirigente del Partido Comunista Chino es correr el riesgo de quedarse sin esquemas confortables. Al decir de Hugo Cores, se trata de gente muchísimo menos balsámica que Hugo Cores. Si alguien anda necesitando romperse algún molesto esquema calcáreo, le recomendamos caritativamente unas cucharaditas de eso cada mañana. Porque es muy fácil (y cómodo), despacharlos como el avestruz con tres consignas lanzadas desde las antípodas. Pero no es fácil debatir con ellos cara a cara. Repito: el mayor riesgo es que se le derrumben a uno las catedrales. Tampoco lo es discutirles los problemas de seguridad, de estrategia y aún los temas de conflictividad mundial actual.

Paradojalmente quienes desde Uruguay más visitan China son algunos burgueses (tampoco vamos a exagerar porque es sabido que los burgueses uruguayos en su mayoría no viajan más allá del Ministerio correspondiente y para colmo casi todos están en el Centro). Y... los militares (que hoy viajan mucho más que los burgueses).

La izquierda uruguaya, desde la lejana época del Vasco Arizaga, no va nunca. Omite al Partido Comunista que gobierna a la cuarta parte de la humanidad. Se le traspapeló.

Eso no es novedad: hasta hace bien poco tenía traspapelado y omitido a Chávez (porque era milico): el paradigma estaba en la pipa y el pasamontañas a medias romántico y a medias ridículo del subcomandante Marcos que por eso dio origen a una nutrida gama de sesudos libros, análisis teóricos, seminarios, talleres, excursiones turísticas y propuestas ‘estratégicas’ de la pintoresca izquierda cholula del Uruguay que no sólo se parece cada día más a los porteños sino que lisa y llanamente se ha pasado a su bando (como en el estridente y vergonzoso caso de las papeleras).

No se sabe ahora, cuando el famoso y mediático subcomandante se va a dedicar a la tan denostada ‘política electoral y partidaria’, qué dirán ni qué harán con sus libros y sus análisis. Los análisis, como son cibernéticos, son virtuales y olvidados en este pueblo de tan proverbial escasa memoria: pero los libros con su incómodo tamaño y hasta con sus puntas y rugosidades darán mucho trabajo y dolor al ser introducidos, sin que nadie se percate, en el único lugar donde se los deben meter hoy día. Que Dios los ampare."

Luego, el artículo continúa diciendo: "Ir a la O.M.C., o por lo menos sentarse en las tribunas de su cancha es ver, palmariamente ver, cómo el mundo se ‘bloquea’. Cómo se organiza a pasos agigantados en acérrimos grandes bloques en los que más temprano que tarde quedará ‘repartido’ el planeta: la Unión Europea probablemente con Rusia y con África. Todo el lejano este asiático que se ha convertido ya en el CENTRO del mundo. Y los EEUU con el NAFTA y su creciente ALCA (faltamos pocos países en América Latina).

Ver también cómo EEUU viene perdiendo (hasta por paliza) la guerra comercial y que, si todo sigue así, va a salir de por entre las cuerdas solamente para quedar ‘nocaut’. Que en ese caso su parafernalia bélica es un gol en contra y a la postre sólo le va a servir, como a los cholulos los libros acerca de Chiapas.

Ver que los bloques no están todavía acabadamente constituidos y se disputan a dentelladas sordas pero feroces las áreas de influencia. Sospechar que en cualquier momento se puede pasar desgraciadamente para todos, de la guerra comercial a la otra. Ver que la globalización es globalización EN los bloques y CONTRA los otros bloques. Que la disputa por el petróleo y el gas pasa a categoría táctica abandonando los espacios de la estrategia por la sencilla razón de que cuando un problema se vuelve insoluble deja de ser problema. Y el petróleo, con el gas, se acaban. Por lo tanto el tema vital de la energía emigra lentamente, pero emigra, desde los" -ensangrentados- "desiertos del Medio Oriente y las" -también ensangrentadas- "playas del Mar Caspio, hacia los reactores nucleares y hacia todas las formas imaginables de energías alternativas, entre ellas la leña y el etanol, por lo que entre otras cosas será muy difícil pensar que algún día dejen de plantarse bosques en Uruguay por más que así lo pretenda la iz-quierda cholula, amante de los pajaritos y de las ballenas blancas, hija de la bobeta, apartada de la realidad pero debidamente muy bien financiada por las ONG de cada uno de los bloques y la cholulez planetaria (un mercado de so-pa boba nada despreciable para pasarla bien diciendo pavadas).

Entonces somos Gobierno en Uruguay, en Bolivia, en Venezuela (que ya está de hecho en el ALCA porque todo lo que vende se lo compra EEUU desde hace añares), en Brasil, en Argentina, y tal vez en Chile....

Ya sabemos: nos dirán que Lagos no es socialista y Kirchner tampoco. Pero también me han dicho mis amigos comunistas del barrio que el Partido Comunista Chino y tampoco el de Vietnam son comunistas.

Yo los adoro pero si hubiera un plenario mundial de comunistas no los salvo ni a cañonazo limpio de quedar en irrisoria minoría. Mucho nos tememos, que Brasil y Argentina van, lentamente pero van, de cabeza al ALCA. Poseemos demasiados indicios de ello. Lo están negociando y es por eso la demora. Mucho más temprano que tarde Cuba también va. En realidad la lucha lustral contra el bloqueo conduce a ello porque a noventa millas del mayor mercado del mundo no parece demasiado racional otra alternativa" de éste o del futuro gobierno. "Dicho sea de paso: en ese caso mucho más próximo de lo que se cree, deberíamos devolverle a los cubanos la cuota azucarera usurpada con la que nos quedamos en mala hora. En el marco de la Nueva Estrategia habrá que, por ejemplo, ir preparándose, allá en Bella Unión, para eso.

Si pensamos a veinte años, debemos pensar más que en este Gobierno en seguir siendo Gobierno y en políticas para esos futuros Gobiernos. Acá y en la región. Acá y en el mundo.

No se trata entonces, como puede verse, de la poquedad táctica de tener una ‘cultura’ de Gobierno (si es que tal cosa existe). Se trata de algo muchísimo más grave, complicado y decisivo que eso.

Se trata de constatar que carecemos hoy día de conciencia nacional. Que ese ha sido el mayor daño. Si la tuviéramos, estaría todo el país movilizado, sin necesidad de orden de mando alguna, en una guerra a brazo partido contra la pobreza de más de la mitad de todos nuestros niños. Eso es peor que haber sufrido una guerra. Peor que tener que ir a una guerra". Y termina diciendo: "¡Felices Fiestas!".

De paso, agradezco a los señores colegas que me han mandado tarjetas alusivas a estas fechas.

Queda constancia, entonces, de que no plagio.

Quisiera agregar algo, señor Presidente. Desde el principio de la discusión de este problema en mi fuerza política, allá por febrero de este año, ya había mayoría a favor de votar el Tratado. Es falso lo que se ha dicho aquí de que, como vino la orden de no sé quién, lo votamos; reitero, ya había mayoría para ello.

En lo que me es estrictamente personal, tampoco preciso una mayoría de dos tercios para sentirme mandatado. Cuando hay una mayoría política importante de la fuerza política que integro -y de las que he integrado- ya me siento mandatado.

En realidad, señor Presidente, casi siempre he sido minoría; estoy muy acostumbrado a eso. Si encima me propinan una mayoría de dos tercios, creo que de verdad es una grosería desacatar el mandato.

Sin embargo, como ya lo he dicho, no me quiero amparar en el mandato, porque siempre pensé que después de la negociación que hizo Tabaré Vázquez esto estaba aprobado; en política, después de una negociación como esa, esto ya estaba aprobado, tenía que ser aprobado y así lo manifesté en diversas organizaciones políticas.

Tampoco voto nada más que por sentirme mandatado -nada menos que por dos tercios- ni por estar autorizado, además, por el MPP para hacerlo así. Sin embargo, a mi juicio -de lo contrario, no hubiera pedido la palabra-, aquí ha sucedido un hecho muy importante.

Yo he vivido rodeado por la derecha en la Legislatura pasada y a mí nunca me patotearon -debo reconocerlo-, aunque pudieron haberlo hecho varias veces. También he presenciado desórdenes en la Barra de la más variada gama, casi siempre producidos por sindicatos o por empresarios, es decir, por gente que venía aquí a defender sus intereses concretos y puntuales de modo más o menos organizado o espontáneo. Me parece normal que eso pase en un Senado de una República que tiene que ser plebeya. No tenemos el cuero tan fino como para no poder soportar esas cosas.

Sin embargo, desde hace ya unas semanas ha habido aquí agresiones organizadas. Personalmente, esto me pasó cuando descubrí, como Sherlock Holmes, que iba a haber una agresión; tuve por eso un incidente con el Partido Nacional, y esa agresión se produjo inmediatamente.

Quiero dejar constancia de que se ha producido un hecho político de tremenda importancia, porque prácticamente toda la Dirección del Partido Comunista y sus más connotados cuadros han cometido un acto y una movilización contra el Frente Amplio, contra su Presidente y contra toda su Bancada de Senadores. ¡Y hay que ver el modo en que esto se llevó adelante!

Señor Presidente: quiero creer que una actitud de esta naturaleza es un detritus o un residuo de viejos fundamentalismos de la Guerra Fría, no de la guerra caliente. En épocas de la guerra caliente esos partidos eran amigos de los Estados Unidos. Incluso, a extremos de carnerear en el Cerro, de andar del brazo de Mr. Braden contra Perón o de condenar a Sandino o aun a Fidel Castro, por gángster, cuando asaltó el Cuartel Moncada. Estoy hablando de la Guerra Fría, la que se inició después que el trazo azul de Stalin -del que Churchill nos habló tantas veces- dividió al mundo, junto con los Estados Unidos e Inglaterra. Esto fue sacrificando, de paso, a la Revolución Yugoeslava, a la Revolución Griega, a la Revolución Española, a la Revolución Italiana y a la Revolución Francesa -aclaro que estoy hablando de revoluciones obreras-, y terminando todo esto en verdaderas hecatombes, salvo en Yugoslavia, donde Tito les dijo "No". Por esto fueron expulsados del Partido Comunista uruguayo muchos hombres, entre ellos, Héctor Rodríguez, por "titista", porque esto pasaba a ser uno de los mayores crímenes dentro del movimiento obrero uruguayo. Este calificativo ha sido olvidado, pero estuvo muy en boga en su época y llevó a muchos fusilamientos.

En esa Guerra Fría la transformación por parte de Stalin de la lucha de clases en lucha entre Estados ocasionó, en definitiva, la resurrección de la vieja "madrecita Rusia" y de su vocación imperial desde la época de los zares hasta hoy.

La libertad de la clase obrera, la emancipación de los pueblos del mundo se iba a producir cuando la Unión Soviética le ganara a los Estados Unidos. Todo lo demás tenía que subordinarse a eso y todos teníamos que ser seguidores de la Unión Soviética, la vanguardia mundial del proletariado.

Esto dio lugar a muchos y gravísimos errores, señor Presidente, e incluso a una formidable autocrítica de Rodney Arismendi que se titulaba "El servilismo ideológico". Fanáticamente, desde ese momento, los Estados Unidos, mejor dicho, los estadounidenses, eran todos imperialistas desde chiquitos. Así, se mandó disolver el Partido Comunista de los Estados Unidos, cuando eran amigos. Lo disolvió Mr. Browder. Y nada menos que el país de los mártires de Chicago, de las ocho horas y del 1º de mayo, se quedó sin Partido Comunista. Es increíble. Realmente increíble. Y no fue por represión, sino por una decisión de la Comintern. Pero a partir de la Guerra Fría los norteamericanos, todos ellos, inclusive Cassius Clay y Jane Fonda, desde chiquitos eran imperialistas. Y el imperialismo, de una categoría económica y de una categoría de análisis estratégico, pasaba a ser un país, desarmando ideológicamente además a quienes contra ese sistema luchábamos.

Por cierto, el imperialismo es algo mucho más peligroso y complicado que eso.

La guerra de Vietnam, si bien se ganó en su territorio, como no podía ser de otra manera se ganó en Berkeley, en California, en los Estados Unidos. Eso sí que lo sabía Ho Chi-Minh; ese viejo sabio que alguna vez visitó las calles de Uruguay, sí que lo sabía. Pero ni él ni el General Giap pretendieron jamás ganarle a los Estados Unidos tal como lo habían logrado con Francia y Japón. ¡Menos mal, él sabía! La guerra se define allá, cuando no soporte más la democracia norteamericana la cantidad de asesinatos, de genocidios, de napalm y de fósforo blanco tirados sobre poblaciones inermes y tampoco la cantidad de muertos propios.

Así se ganó, entonces, esa guerra, porque allá, muy cerquita de donde está hoy el Partido Comunista chino -diría, al lado-, había comunistas que no creían que los estadounidenses eran todos imperialistas desde chiquitos; sabían que ahí tenían grandes aliados. Efectivamente, los tenían.

El FSLN, ya mucho más modernizado, cuando salí de la cárcel me sorprendió con un despliegue diplomático nunca visto; y el FMNL, más todavía. Con todo Estados Unidos lleno de comités de apoyo al FSLN y al FMNL, habían muchos más que en toda América Latina. Puedo decir que en uno de los comités de apoyo al FMNL participaba Hillary Clinton, nada más ni nada menos.

Ahí ya podemos ver combatientes e incluso guerrilleros, pero también políticos, que tenían la cabeza un poco menos esquemática y conocían la historia de Sandino. Estuve en Nicaragua el día en que se perdieron las elecciones y ganó la UNO, que fuera apoyada por el Partido Comunista de ese país, manifestándose así contra el frente sandinista.

Entonces, creo que la actitud que hoy se puso de manifiesto acá no es más que un detritus fundamentalista de aquella guerra fría que se acabó hace rato. Sin embargo, muchos no se han dado cuenta de ello. Hoy se están librando otras guerras peores y entre ellas no están sólo la de Irak, la de Afganistán, la de Chechenia y la de Kosovo, sino también la guerra comercial entre los grandes bloques, despiadada, trituradora, que genera más víctimas que aquellas otras, pues se han producido miles de millones de muertos y de enfermos de afecciones curables, con generaciones que se pierden en muchos países de América y del mundo. Pero esto sucede también en los Estados Unidos, porque como pudimos ver con el huracán Katrina, desgraciadamente ese país está plagado de pobres, y pobres de solemnidad.

Allá, entonces, están nuestros aliados; es desde esa perspectiva, de la que para nada pensaba hablar hoy, pero me patotearon y plagiaron. Por el contrario, tenía idea de que podía votar tranquilamente este Tratado, porque para mí no es una cuestión de principios ni tiene demasiada relevancia estratégica.

Sin embargo, y por todo lo que dije antes, la unidad de mi fuerza política sí tiene relevancia estratégica, aunque tampoco es para mí una cuestión de principios. No se juega mi moral ni mi ética, y tampoco la de mi fuerza política, por estar unidos alguna vez con unos y otra con otros. Sí es una preciosa herramienta estratégica que no debemos perder.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- No hay más oradores inscritos.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Solicitamos que la votación sea nominal, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se procederá.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

Tómese la votación nominal.

(Se toma en el siguiente orden:)

SEÑOR ABREU.- Por la afirmativa.

SEÑOR ALFIE.- Por la afirmativa.

SEÑOR AMARO.- Por la afirmativa.

SEÑOR ANTIA.- Por la afirmativa.

SEÑOR ANTOGNAZZA.- Por la afirmativa.

SEÑOR CID.- Por la afirmativa.

Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: he votado afirmativamente este proyecto -que seguramente contará con media sanción- desde un firme convencimiento que hemos expresado durante prácticamente todo este año en distintos medios de difusión, tanto oral como escritos.

No hemos hecho uso de la palabra en la discusión general, más allá de tener los artículos que fueron publicados, porque en realidad el debate se transformó en un pasaje de factura más que en un análisis de las consecuencias de la aplicación de este Tratado de Protección de Inversiones Recíprocas.

Hace casi seis horas que estamos debatiendo, pero hemos conocido poco de las posiciones, más allá de algunos aspectos muy puntuales que aquí se analizaron por parte de las distintas fuerzas políticas. Por lo tanto, creo que hemos perdido bastante el tiempo en un debate que, como dije antes, ha sido más un pasaje de factura que otra cosa.

Simplemente, quiero decir que estoy convencido de la necesidad que tenía el país de aprobar este Tratado. Estoy realmente contento de las gestiones que hizo nuestro Presidente, modificando aquellos aspectos que se consideraban inconvenientes. En consecuencia, con o sin modificaciones, nuestra fuerza política igualmente lo hubiera votado.

Con este breve fundamento de voto, he dejado constancia de mi postura.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúese tomando la votación nominal.

SEÑOR COURIEL.- Por la afirmativa.

SEÑORA DALMAS.- Por la afirmativa.

Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: el fundamento por el cual he dado mi voto a este Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con los Estados Unidos es, en primer lugar, por el Uruguay, porque se trata de un buen instrumento más para promover inversiones, para que se mantenga y aumente su prestigio internacional, para que se utilice como un beneficio tangible para los ciudadanos uruguayos, que merecen soluciones genuinas como, por ejemplo, el trabajo y el empleo para superar ese estado insoportable de pobreza y ausencia de oportunidades.

Por todo ello declaro que no acepto, sino que rechazo tajantemente la bienvenida a cualquier club que no esté integrado por políticos que tengan como objetivo primordial el logro de la felicidad de la mayoría de los uruguayos. Creo que en instancias como ésta, como Legisladora del Frente Amplio tengo el deber, no de hacer declaraciones versadas y de enumerar teorías, sino de respaldar sin fisuras al Gobierno y al Presidente de todos los uruguayos, así como al Canciller, quienes acaban de firmar un Tratado con otro país, como los Estados Unidos, pensando únicamente en los altos intereses de la Nación.

Por último, he apoyado este Tratado porque es la hora de tirar del carro de este país tan sufrido, bien lejos de los perfilismos sectoriales. Le he otorgado mi voto con la visión de Estado que por suerte tiene esta Bancada de Gobierno; Gobierno que está haciendo las cosas bien, tan bien, señor Presidente, que a veces ello hace que fluyan litros de sangre de algunas heridas electorales que, sinceramente y de corazón, aspiramos a que cicatricen rápidamente, porque vaticinamos que habrá Gobierno del Frente Amplio para hoy, para los cinco próximos años y para varios períodos más.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúe tomándose la votación nominal.

SEÑOR DA ROSA.- Por la afirmativa.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Por la afirmativa.

SEÑOR GALLINAL.- Por la afirmativa.

SEÑOR HEBER.- Voto -no sufrago- por la afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Sufrago por la afirmativa.

SEÑOR LAPAZ.- Por la afirmativa.

SEÑOR LARA GILENE.- Por la afirmativa.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Por la afirmativa.

SEÑOR LONG.- Por la afirmativa.

SEÑOR LORIER.- Por la negativa.

SEÑOR MICHELINI.- Por la afirmativa.

SEÑOR MOREIRA.- Por la afirmativa.

SEÑOR NICOLINI.- Por la afirmativa.

SEÑOR PENADES.- Por la afirmativa.

SEÑORA PERCOVICH.- Por la afirmativa.

SEÑOR RIOS.- Por la afirmativa.

SEÑOR RUBIO.- Por la afirmativa.

SEÑOR SANGUINETTI.- Por la afirmativa.

SEÑOR SARAVIA.- Por la afirmativa.

Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: he votado por la afirmativa y creo que ello merece fundamentación.

Suscribo lo que ha dicho el señor Senador Fernández Huidobro; hago mías sus palabras.

En muchas ocasiones manifesté en mi fuerza política los reparos que tengo a este Tratado de Protección de Inversiones con los Estados Unidos y las dudas que todavía me genera, pero no hago cuestión de principios. En realidad, me genera dudas en cuanto a si va a satisfacer las expectativas que todos tenemos. ¡Ojalá así sea, por el bien de la nación!

¿Si queremos negocios con Estados Unidos? Sí, de toda clase, los que vengan, los mejores negocios comerciales, porque es nuestro principal comprador. Pero creo que este Tratado no va a asegurar los negocios comerciales. Esto pasa por otro lado, por ejemplo, por cómo va a intervenir Brasil en el comercio mundial de la carne en el año 2007, cuando desde el estado de Mato Grosso ingrese al mercado libre de aftosa con un novillo que le cuesta U$S 0,08 producir, mientras que a nosotros nos cuesta U$S 0,35. Quizás por ahí vaya a pasar el problema de la carne en el futuro, y en esa oportunidad tendremos que apuntar a otro acuerdo comercial que pueda equilibrarlo.

Reitero que para mí el Tratado de Protección de Inversiones con los Estados Unidos no asegura los negocios de carne con ese país ni tampoco los contraviene. Creo que esto pasa por otro lado; en ese mercado nosotros tenemos que apuntar a eso y a muchas más cosas.

Por otra parte, también quería dejar sentado que respeto profundamente los acuerdos que se llevan a cabo dentro de las fuerzas políticas. Por lo tanto, no sólo di mi voto afirmativo por la disciplina del acuerdo político de mis compañeros -no importa si es de dos tercios o de tres cuartos-, sino porque yo no le saco la escalera al Presidente de la Re-pública; se la voy a seguir sujetando hasta el final del mandato.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúe tomándose la votación nominal.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Por la afirmativa.

SEÑOR VAILLANT.- Por la afirmativa.

SEÑORA XAVIER.- Por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por la afirmativa.

Dese cuenta del resultado de la votación.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

Han sufragado 31 señores Senadores; 30 lo han hecho por la afirmativa y 1 por la negativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por lo tanto, queda aprobado en general el proyecto de ley.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 1º.- Apruébase el Tratado entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina, el día 4 de noviembre de 2005."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 30 en 31. Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 2º.- Apruébase la Declaración efectuada por la República al momento de la suscripción del Tratado mencionado en el artículo 1º, por la cual se establece que el alcance del párrafo uno del Anexo II del Tratado, correspondiente a la lista de Uruguay prevista en la página 9, referida al Trato de la Nación más Favorecida (artículo 4) y Todos los Sectores, incluye a las medidas que otorgan tratamiento diferencial a los países miembros del MERCOSUR bajo el Tratado de Asunción, firmado el 26 de marzo de 1991."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 30 en 31. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

13) NUMERALES 5º) Y 6º) DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: formulo moción para que los puntos que figuran en quinto y sexto lugar del Orden del Día pasen a ser considerados en este momento. Se trata de dos designaciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Couriel.

(Se vota:)

- 17 en 31. Afirmativa.

14) INTEGRACION DEL BANCO DE PREVISION SOCIAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el punto que figuraba en quinto lugar del Orden del Día: "Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar como miembro del Directorio del Banco de Previsión Social al doctor Armando Pablo Cuervo Gómez (Carp. Nº 323/05 - Rep. Nº 110/05 y Anexo I)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 323/05

Rep. Nº 110/05

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 5 de setiembre de 2005.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República y artículo 7º literal a) de la Ley Nº 15.800, de 17 de enero de 1986, a los efectos de solicitar la venia para designar en el Directorio del Banco de Previsión Social al Doctor Armando Pablo Cuervo Gómez en calidad de Director.

Los antecedentes con las condiciones personales, funcionales y técnicas se adjuntan al presente Mensaje.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración,

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Azucena Berrutti, José Mujica, Héctor Lescano, Jorge Lepra, Mariano Arana, Víctor Rossi, José Díaz, Marina Arismendi, Eduardo Bonomi, María Julia Muñoz, Jorge Brovetto.

CURRICULO

Dr. ARMANDO PABLO CUERVO GOMEZ

Fecha de Nacimiento - 30 de noviembre de 1958.

C.I. 1.342.910-8

Credencial Cívica - BCA 67281

- Estudios de Economía en la Universidad INCCA de Colombia (1979-1980)

- Integrante del Consejo Federal de ASCEP-FEUU (1984-1987)

- Integrante de la Mesa Ejecutiva de ASCEP-CED (1983-1987)

- Consejero por el Orden Estudiantil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República (1985-1987)

- Título de Procurador de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (1987).

- Título de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República (1988).

- Ex - integrante del CELSS (Centro de Estudios Laborales y de la Seguridad Social.

- Dedicación laboral en Derecho del Trabajo y Seguridad Social (1989-1994)

- Ex - integrante de la Sala de Abogados del PIT-CNT

- Asesor Letrado Jefe de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU)

- Egresado de Curso para Graduados de especialización en Derecho de la Función Pública (Universidad de Montevideo - 1999)

- Participante en los seis coloquios de Derecho Público

- Participante en Congresos y Seminarios de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Derecho Público.

- Representante de la Central de Trabajadores PIT-CNT y Relator del Cono Sur en el Seminario Tripartito sobre Modernización de las Relaciones Laborales organizado por la O.I.T. y el Ministerio de Trabajo de España en Santa Cruz de la Sierra año 1992.

- Delegado de los trabajadores en representación del PIT-CNT en la Conferencia de Empleados del Comercio, Servicios y Afines de la O.I.T. Ginebra año 1994.

- Expositor en diferentes encuentros internacionales sobre Derecho del Trabajo en el Sistema Financiero (Buenos Aires 1992, Asunción 1993 y Montevideo 1994, Encuentros de sindicatos bancarios del Cono Sur).

- Expositor sobre Derechos Humanos en el Encuentro Voces por la vida en Colombia (Bogotá, Agosto de 2004)."

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Ríos.

SEÑOR RIOS.- El Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 187 de la Constitución de la República y el literal A) del artículo 7º de la Ley Nº 15.800, de 1986, solicita venia para designar como miembro del Directorio del Banco de Previsión Social al doctor Armando Pablo Cuervo Gómez, cuyo currículum figura en el material que tienen los señores Senadores. El doctor Cuervo es abogado; ha hecho cursos en diferentes lugares del continente; es especialista en Derecho del Trabajo y asesor en materia laboral. Cabe agregar además que ha vencido el plazo para oponerse a esta solicitud de venia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la venia solicitada por el Poder Ejecutivo para designar al doctor Armando Pablo Cuervo Gómez en calidad de Director del Banco de Previsión Social.

(Se vota:)

- 27 en 29. Afirmativa.

15) INTEGRACION DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figuraba en sexto término del Orden del Día: "Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar como miembro del Directorio del Banco Central del Uruguay al economista Alvaro Correa Alsina (Carp. Nº 436/05 - Rep. Nº 184/05)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 436/05

Rep. Nº 184/05

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 19 de diciembre de 2005.

Señor Presidente de la

Comisión Permanente.

El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República y el artículo 14 de la Ley Nº 16.696, de 30 de marzo de 1995, a los efectos de solicitar la venia para designar en el Directorio del Banco Central del Uruguay en calidad de Miembro al Economista Alvaro Correa Alsina.

Los antecedentes con las condiciones personales, funcionales y técnicas de la precitada persona se adjuntan al presente Mensaje.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori, Azucena Berrutti, José Mujica, Héctor Lescano, Reinaldo Gargano, Jorge Lepra, Mariano Arana, Víctor Rossi, José Díaz, Marina Arismendi, Eduardo Bonomi, María Julia Muñoz, Jorge Brovetto.

CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES

Nombre: Alvaro Correa Alsina

Fecha de nacimiento: 7.03.57

Domicilio: Gaboto 941

Tel.: 410 27 35

Fax: 410 27 36

E-mail: finanzas@adinet.com.uy

C.I. 1.490.891-1

Estado Civil: Divorciado

Hijos: cuatro

Profesión: Economista Licenciado en Economía - Plan 1966 (egresado 20.12.84)

FORMACION

- Licenciatura en Economía (Universidad de la República)

- Postgrado de Dirección de Marketing y Administración de Empresa (UCUDAL un año)

- Futuros y Opciones (Bolsa de Nueva York)

- Presupuestación Integral y Análisis Financiero (Tea Deloitte & Touche)

- Inglés (Instituto Crandon y Alianza Uruguay Estados Unidos)

EXPERIENCIA LABORAL

2004 a la fecha Consultoría y Asesoramiento de Empresas*

Asesor de la CND en el Proyecto Sucroalcoholero

2001-2003 Gerente Banca Corporativa de Banco ACAC S.A.

1996-2000 Gerente Comercial Empresas - Banco ACAC S.A.

1994-1996 Presidente de Greenfrozen S.A.

1992-1996 Presidente del Centro de Industriales Azucareros

Gerente General de CALNU

1989-1991 Subgerente General de CALNU

1985-1988 Gerente Financiero de CALNU

1983-1985 Adjunto a Gcia. Gral. y Encargado de Planificación y Presupuesto de CALNU

1980-1983 Encargado de Presupuesto de CALFORU

1979-1980 Asesor Dirección General Estadística y Censos

1978-1980 Ayudante Cátedras Matemáticas I y Economía I FCCEE

1976-1978 Profesor de Análisis I - Escuela Construcción (UTU)

PARTICIPACION EN PROYECTOS Y TRABAJOS DE RELEVANCIA

- Asesoramiento estratégico del Grupo Erro. Aportes en Dirección Diseño y ejecución estrategia de liderazgo en la exportación de soja en Uruguay de Barraca Erro y encargado de la relación financiera con CNH (Case - New Holland). Reestructura financiera del Grupo (2004-2005)

- Integrante del Comité Gerencial del Banco ACAC S.A. (1996-2003)

- Elaboración y ejecución Proyecto Banca Pymes en Banco Acac S.A.

- Elaboración y ejecución del Proyecto de Banca Corporativa en la transformación de Cooperativa ACAC en Banco.

- Gerenciamiento de la creación del Fondo Arrocero y del Fondo Lechero para Banco ACAC y MGAP.

- Gestión de acuerdos para el sector azucarero en el MERCOSUR (1991 - 1995).

- Elaboración y gestión del Programa de Reconversión de Bella Unión con los equipos ministeriales, y creación del Fondo de Reconversión (1990-1996)

- Dirección de la elaboración y ejecución del proyecto Agroindustrial de Horticultura - Congelados (CALAGUA - Greenfrozen S.A.- 1994 al 1996).

 

* Socio consultor de Financial Consulting, realiza asesoría económico-financiera de empresas y proyectos y (CALNU, Polakof y Cía., Proquimur S.A., Paladino Hnos., Scanntech, etc.) y Asesoramiento estratégico del Grupo Erro.

 

- Dirección de la Reingeniería de CALNU y del proyecto de su transformación en refinería.

- Instalación del sistema de planificación y presupuestación integral de CALNU (años 1984 - 1987).

- Contraparte financiera en la gestión frente al BID de los préstamos al Programa. (1984).

REFERENCIAS LABORALES

- Cr. Alfonso Lema - Tea Deloitte y Touche

- Daniel De Santana - tel. 099 618 121

- Ec. Javier Liberman - tel. 094 286 800."

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- En este caso se trata de una solicitud de venia para designar al economista Alvaro Correa Alsina como integrante del Directorio del Banco Central del Uruguay. En el currículum que todos tenemos sobre nuestras mesas se menciona que el economista Alvaro Correa ha tenido formación no solamente en economía, sino en marketing, administración de empresas y en todo lo que son servicios financieros, tanto en la Universidad de la República como en la Universidad Católica y en instituciones extranjeras. Tiene experiencia laboral en consultorías y asesorías en bancos y en distintas y variadas empresas uruguayas, y ha participado también asesorando a instituciones del Estado, como el Instituto Nacional de Estadística, la Universidad de la República, etcétera.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: hace ya unos cuantos meses, nosotros habíamos hecho un planteo con respecto a que varias instituciones del Estado no habían completado sus integraciones. Dentro de ellas se encuentra el Banco Central del Uruguay, cuyo Directorio ha venido funcionando con una integración de dos miembros en tres. Nos parece que constituye una equivocación que el principal organismo vinculado a la organización y fiscalización financiera del Estado no esté debidamente integrado.

Por lo tanto, va a haber votos del Partido Nacional para acompañar esta designación y con ello evitarle al país, en un organismo de esta naturaleza, de estas características, que transcurra un plazo de 60 días para su integración. Esto refleja cómo actuamos desde el arranque de este mandato respecto a buscar destrabar aquellas situaciones que pudieran generar dificultades para el Gobierno.

Era lo que queríamos decir, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la venia solicitada por el Poder Ejecutivo para designar en calidad de miembro del Directorio del Banco Central del Uruguay al economista Alvaro Correa Alsina.

(Se vota:)

- 21 en 27. Afirmativa.

16) MOZOS DE CORDEL DE LOS PUERTOS DE COLONIA Y MONTEVIDEO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al segundo punto del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se regula la actividad de los mozos de cordel de los puertos de Colonia y de Montevideo, y se modifica la normativa vigente en la materia (Carp. Nº 431/05 - Rep. Nº 186/05)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 431/05

Rep. Nº 186/05

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- Créase el Fondo de Retribuciones para Mozos de Cordel de los puertos de Montevideo y de Colonia que se integrará con los Fondos que prevé la presente Ley.

Artículo 2º.- Créase para la actividad fluvial de pasajeros, un registro de Mozos de Cordel en cada puerto de embarque y desembarque, el que será administrado por la Prefectura Nacional Naval.

Artículo 3º.- El número de integrantes en cada registro estará dado por el que actualmente cubre el servicio en cada puerto. Un 30% (treinta por ciento) más completarán la nómina como eventuales para cubrir ausencias transitorias o permanentes de los titulares, y una mayor demanda en algún período del año. Se aplicará riguroso turno en la convocatoria de los eventuales. Tendrán preferencia para integrar estos registros quienes a la fecha de promulgación de la presente ley revistan la calidad de mozos de cordel por pertenecer a las respectivas Uniones existentes.

Artículo 4º.- Las vacantes necesarias para completar el cupo previsto en el artículo 3º y las que pudieran generarse en el futuro, se completarán por concurso o sorteo teniendo preferencia quienes acrediten residencia en la localidad del respectivo puerto. En todo el proceso se atenderá muy especialmente las normas vigentes que impiden la discriminación por razones de género, discapacidad y cualquier otra.

Artículo 5º.- Grávese el transporte marítimo y fluvial de pasajeros. La tasa del impuesto será de hasta un 2% (dos por ciento) y se aplicará sobre el precio del pasaje común de todo pasajero por embarque y/o desembarque hacia o desde los puertos argentinos con destino al Fondo de Retribuciones de Actividad de Mozos de Cordel. Son sujetos pasivos de este impuesto los pasajeros. Siendo agentes de retención las empresas de transporte fluvial que operen en los puertos de que se trate. No será de aplicación este gravamen a pasajeros menores de diez años, diplomáticos, prácticos, funcionarios de sanidad, prefectura, policía, migración y toda otra persona que viaje a bordo prestando servicios a la empresa o por exigencias de disposiciones legales.

Artículo 6º.- El Fondo de Retribución para los Mozos de Cordel será administrado en cada puerto por la Prefectura Nacinal Naval, con el asesoramiento de una Comisión integrada por un delegado del Ministerio de Turismo y Deporte, uno de la Administración Nacional de Puertos y dos por la Unión de Mozos de Cordel respectiva. Las cantidades integradas al Fondo, serán distribuidas mensualmente entre los mozos del cordel del puerto que las produzca, hasta una suma equivalente a siete Bases de Prestaciones y Contribución (BPC) fijada por el Poder Ejecutivo, para la actividad privada, de acuerdo al régimen de trabajo practicado hasta ahora. También se abonarán al Fondo, todas las prestaciones laborales consagradas en la legislación vigente, en la oportunidad prevista para cada una de ellas, los seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y de las compensaciones para capataces que se establezcan.

El Fondo establecido en la ley, quedará obligado exclusivamente para los aportes obreros a los organismos de previsión social.

Artículo 7º.- Las sumas retenidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º serán vertidas semanalmente por las empresas correspondientes a la Prefectura Nacional Naval.

Artículo 8º.- El 50% (cincuenta por ciento) del excedente, anualmente considerado, se destinará a la mejora de la gestión y prestación del servicio en los diferentes puertos. Los gastos e inversiones en tal sentido, serán dispuestos por la Prefectura Nacional Naval previo asesoramiento de la Comisión prevista en el artículo 6º de la presente ley. En tanto, otro 30% (treinta por ciento) se distribuirá en forma equitativa entre todos los mozos, conforme a la reglamentación. El restante 20% (veinte por ciento) se destinará a la Prefectura Nacional Naval. La Prefectura Nacional Naval deberá producir mensualmente un informe detallado de todo lo recaudado, así como del destino dado a los Fondos correspondientes, informe que se entregará a los representantes de las entidades antes mencionadas a los efectos de su control.

Artículo 9º.- Las violaciones que se cometan a la presente ley, serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 289, 290 y 291 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, con la redacción dada por la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 10.- Deróganse las Leyes Nº 10.066, de 16 de octubre de 1941; Nº 13.418, de 2 de diciembre de 1965; Nº 13.721, de 16 de diciembre de 1968; Nº 14.133, de 1º de junio de 1973; Decreto-Ley Nº 14.794, de 6 de junio de 1978; Nº 16.010, de 19 de diciembre de 1988; y Nº 16.899, de 25 de noviembre de 1997.

Artículo 11.- La presente ley tendrá vigencia por el término de ciento ochenta días contados desde su promulgación, vencido dicho término, quedará automáticamente sin efecto.

Artículo 12.- El Poder Ejecutivo en el plazo de cuarenta y cinco días reglamentará la presente ley.

Sala de la Comisión a 20 de diciembre de 2005.

Susana Dalmás, Miembro Informante; Jorge Saravia, Eduardo Lorier, Eduardo Ríos. Senadores.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Créase el Fondo de Retribuciones para Mozos de Cordel de los puertos de Montevideo y de Colonia que se integrará con los Fondos que prevé la presente Ley.

Artículo 2º.- Créase para la actividad fluvial de pasajeros, un registro de Mozos de Cordel en cada puerto de embarque y desembarque, el que será administrado por la Prefectura Nacional Naval.

Artículo 3º.- El número de integrantes en cada registro estará dado por el que actualmente cubre el servicio en cada puerto. Un 30% (treinta por ciento) más completarán la nómina como eventuales para cubrir ausencias transitorias o permanentes de los titulares, y una mayor demanda en algún período del año. Se aplicará riguroso turno en la convocatoria de los eventuales. Tendrán preferencia para integrar estos registros quienes a la fecha de promulgación de la presente ley revistan la calidad de mozos de cordel por pertenecer a las respectivas Uniones existentes.

Artículo 4º.- Las vacantes necesarias para completar el cupo previsto en el artículo 3º y las que pudieran generarse en el futuro, se completarán por concurso o sorteo teniendo preferencia quienes acrediten residencia en la localidad del respectivo puerto. En todo el proceso se atenderá muy especialmente las normas vigentes que impiden la discriminación por razones de género, discapacidad y cualquier otra.

Artículo 5º.- Grávese el transporte marítimo y fluvial de pasajeros. La tasa del impuesto será de hasta un 2% (dos por ciento) y se aplicará sobre el precio del pasaje común de todo pasajero por embarque y/o desembarque hacia o desde los puertos argentinos con destino al Fondo de Retribuciones de Actividad de Mozos de Cordel. Son sujetos pasivos de este impuesto los pasajeros. Siendo agentes de retención las empresas de transporte fluvial que operen en los puertos de que se trate. No será de aplicación este gravamen a pasajeros menores de diez años, diplomáticos, prácticos, funcionarios de sanidad, prefectura, policía, migración y toda otra persona que viaje a bordo prestando servicios a la empresa o por exigencias de disposiciones legales.

Artículo 6º.- El Fondo de Retribución para los Mozos de Cordel será administrado en cada puerto por la Prefectura Nacional Naval, con el asesoramiento de una Comisión integrada por un delegado del Ministerio de Turismo y Deporte, uno de la Administración Nacional de Puertos y dos por la Unión de Mozos de Cordel respectiva. Las cantidades integradas al Fondo, serán distribuidas mensualmente entre los mozos de cordel del puerto que las produzca, hasta una suma equivalente a siete Bases de Prestaciones y Contribución (BPC) fijada por el Poder Ejecutivo, para la actividad privada, de acuerdo al régimen de trabajo practicado hasta ahora. También se abonarán al Fondo, todas las prestaciones laborales consagradas en la legislación vigente, en la oportunidad prevista para cada una de ellas, los seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y de las compensaciones para capataces que se establezcan. El Fondo establecido en la ley, quedará obligado exclusivamente para los aportes obreros a los organismos de previsión social.

Artículo 7º.- Las sumas retenidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º serán vertidas semanalmente por las empresas correspondientes a la Prefectura Nacional Naval.

Artículo 8º.- El 50% (cincuenta por ciento) del excedente, anualmente considerado, se destinará a la mejora de la gestión y prestación del servicio en los diferentes puertos. Los gastos e inversiones en tal sentido, serán dispuestos por la Prefectura Nacional Naval previo asesoramiento de la Comisión prevista en el artículo 6º de la presente ley. En tanto, otro 30% (treinta por ciento) se distribuirá en forma equitativa entre todos los mozos, conforme a la reglamentación. El restante 20% (veinte por ciento) se destinará a la Prefectura Nacional Naval. La Prefectura Nacional Naval deberá producir mensualmente un informe detallado de todo lo recaudado, así como del destino dado a los Fondos correspondientes, informe que se entregará a los representantes de las entidades antes mencionadas a los efectos de su control.

Artículo 9º.- Las violaciones que se cometan a la presente ley, serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 289, 290 y 291 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, con la redacción dada por la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 10.- Deróganse las Leyes Nº 10.066, de 16 de octubre de 1941; Nº 13.418, de 2 de diciembre de 1965; Nº 13.721, de 16 de diciembre de 1968; Nº 14.133, de 1º de junio de 1973; Decreto-Ley Nº 14.794, de 6 de junio de 1978; Nº 16.010, de 19 de diciembre de 1988; y Nº 16.899, de 25 de noviembre de 1997.

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo en el plazo de cuarenta y cinco días reglamentará la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de diciembre de 2005.

Beatriz Argimón 1ª Vicepresidenta

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

ACTA Nº 23

En Montevideo, el veinte de diciembre de dos mil cinco, a la hora trece y veinticinco minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.

Asisten los Senadores miembros señora Susana Dalmás, y señores doctor Francisco Gallinal, señor Julio Lara Gilene, ingeniero agrónomo Eduardo Lorier y doctor Eduardo Ríos.

Falta con aviso, según nota oportunamente presentada, los señores Senadores contador-economista Isaac Alfie y Jorge Saravia.

Preside el señor Senador doctor Eduardo Ríos.

Actúa en Secretaría el Secretario de Comisión Alfredo O. Brena, asistido por la señora Verónica Cantero.

Concurre, especialmente invitada, una delegación del Sindicato de Trabajadores de guardahilos urbanos, integrada por la señora Alba Colombo, Marcelo Abdala, delegados del PIT-CNT; señores Fabricio Dos Santos y Gustavo Rodríguez (delegados de guardahilos); acompañados por el doctor Pablo Monsuarez.

De lo Tratado se toma versión taquigráfica que consta de once fojas útiles y forma parte integrante de esta acta (Distribuido Nº 670/05).

A continuación se da cuenta de los Asuntos Entrados: Carps. Nos. 91/2005, 371/2005, 382/2005, 383/2005, 398/2005, 405/2005, 408/2005, 409/2005 y 431/2005.

La Comisión resuelve que las Carpetas Nos. 405/2005, 407/2005 y 93/2005 queden incluidas en el Orden del Día de la primer Sesión del próximo Período Legislativo.

El señor Senador Lara Gilene, solicita que la Carp. Nº 91/2005, quede a estudio de la Comisión para el próximo período.

Carp. Nº 431/2005, Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se crea el Fondo de Retribuciones para Mozos de Cordel de los puertos de Montevideo y de Colonia que se integrará con los Fondos que prevé la presente Ley. Se vota: 3 en 5. Afirmativa. Se designa Miembro Informante a la Senadora Susana Dalmás.

Carp. Nº 409/2005. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, Banco de Previsión Social. Contribuyentes. Inclusión y regularización. Beneficios para los buenos pagadores. Se trata y se vota: 5 en 5. APROBADA. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante, verbal, al señor Senador Ríos.

El Senador Lara Gilene, entrega un informe escrito y solicita que sea repartido.

Finalmente se resuelve sesionar el próximo jueves veintidós, a la hora once, con el fin de tratar el tema guardahilos, recibiendo en audiencia a:

Hora 11:00 - Directorio de ANTEL.

Hora 11:20 - Oficina Nacional del Servicio Civil;

Hora 11:40 - Sindicado de SUTEL.

De lo Tratado se toma versión taquigráfica, cuya copia dactilográfica luce en los Distribuidos 670/05 y 669/05, que constan de once y cuatro fojas útiles y forman parte integrante de esta acta.

A la hora quince y trece minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente que, una vez aprobada, firman los señores Presidente y Secretario de la Comisión.

Dr. Eduardo Ríos Presidente

Alfredo O. Brena Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante señor Senador Lara Gilene.

SEÑOR LARA GILENE.- Señor Presidente: sorpresi-vamente me he convertido en Miembro Informante de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- La verdad es que hay un grave problema en esa Comisión; no sé si proviene de la Secretaría, pero el tema es que en todas las sesiones nos informan mal acerca de quiénes son los miembros informantes.

SEÑOR LARA GILENE.- Me acabo de enterar; sin embargo, no tengo problema en informar este proyecto de ley.

Lo primero que quiero decir es que el distribuido en poder de los señores Senadores se ha caratulado "Mozos de cordel de los puertos de Colonia y Maldonado", y está mal porque se trata de los mozos de cordel de Colonia y Montevideo.

Aclarado esto, y ante todo, debemos reconocer a estos trabajadores su lucha incansable por obtener una justa regularización de su situación; lucha que se ha dado desde aquella primera ley del año 1965.

Hoy nos convoca un proyecto de ley que consideramos de imprescindible aprobación, habida cuenta de que constituye un verdadero camino hacia la regularización de esta actividad. Esto se hace a través de diversas normas, como la que dispone la creación de un registro de mozos de cordel en cada puerto de embarque y desembarque -precisamente, por medio de ese registro se da la posibilidad de contar con una nómina de estos trabajadores para el caso de que se necesite cubrir ausencias transitorias-, o como la que crea una Comisión integrada por el Ministerio de Turismo y Deporte, la Administración Nacional de Puertos y dos representantes de la Unión de Mozos de Cordel, para el asesoramiento de la Prefectura Nacional Naval sobre la administración del Fondo de Retribución, lo cual constituye una verdadera garantía para todas las partes.

Por lo expuesto, y en el entendido de que estamos ante un proyecto de ley que atiende a los problemas de este sector de nuestra sociedad, solicitamos su aprobación, puesto que está en juego la fuente de trabajo de más de 150 personas que hoy llevan a cabo esta tarea.

Queremos destacar el trabajo de la Comisión, que hizo un gran esfuerzo para que el proyecto de ley venido de la Cámara de Representantes tuviera un rápido tratamiento, sobre todo, teniendo en cuenta que los plazos urgen y también la necesidad de los trabajadores; queremos destacar, también, la buena voluntad de su Presidente, quien ha asumido compromisos importantes, no sólo de recibir a esta gente, sino también en aras de lograr que se regularice su situación. Asimismo, rescatamos el esfuerzo de la fuerza política que hoy es mayoría por haber discutido este tema y por proponer una alternativa en la Comisión, por la que se abre la posibilidad de que, de una vez por todas, se solucione el tema.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: acabo de ver que figuro en el repartido como Miembro Informante. Ocurre que en estos días, con tantos acontecimientos vertiginosos, no entendí que había sido designada en ese carácter. De todas formas, el informe ha sido brindado por el señor Senador Lara Gilene y simplemente quiero agregar alguna cosa más.

Por ejemplo, marcar que desde el punto de vista de la Bancada del Frente Amplio, este sistema por el cual se ha creado este Fondo que comprende a los mozos de cordel que trabajan en los puertos de Montevideo y Colonia, es muy peculiar, que data desde hace mucho tiempo pero que, por algunas de sus características, merece un estudio más profundo, entre otras cosas, por el gravamen que significa para el transporte. Si bien algunas características de este Fondo han sido variadas en este proyecto de ley con respecto a lo que regía antes, debo confesar que no hemos tenido tiempo de hacer el análisis que esto amerita. Es por ello que los señores Senadores del Frente Amplio propusimos el artículo 11, otorgando un plazo determinado a la vigencia de esta ley, que se estableció en 180 días contados a partir de su promulgación. Ese plazo tiene como fin la obligación de analizar esta situación con mayor profundidad. Lo hicimos, inclusive, en conocimiento de que en algún momento hubo propuestas de las empresas para incorporar a estos trabajadores mediante algún mecanismo -cuyo detalle digo honestamente que no conocemos-, que creemos es una de las tantas opciones que podría haber para encaminar esta situación de otra manera.

Por cierto que el objetivo primordial fue evitar la pérdida de una fuente laboral, generando con ello mayor desocupación. Había que resolver el problema de estas 150 familias al comienzo de la temporada, sin que hubiera una alternativa a la vista. Vuelvo a marcar que esto obliga a los trabajadores y a las empresas -que fueron los que cuestionaron este sistema- a lograr un ámbito de negociación para ver de qué manera podrían seguir cumpliendo la tarea.

Es cuanto quería informar.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: quisiera hacer una breve síntesis porque, naturalmente, para quien como yo ha nacido, se ha criado en el departamento de Colonia y ha sido intendente durante diez años, el tema de los mozos de cordel no es un tema cualquiera. Seguramente, muchos de los Senadores aquí presentes ignoran lo que ellos representan, no sólo en lo que tiene que ver con su actividad en el Puerto de Colonia, sino también en lo que hace a su participación en distintas instancias sociales, como colaboraciones, coparticipación y, en fin, en una cantidad de tareas de alto contenido social.

Esta Asociación de Mozos de Cordel es originaria de la década del cuarenta. Concretamente, una ley de 1941 ya refiere a esta agremiación. Luego, desde 1965 en adelante, sucesivas leyes como ser las de los años 68, 73, 78 y 98, regulan y van cambiando la forma de funcionamiento de este tributo que grava aquellos pasajeros que van hacia puertos argentinos o vienen desde allí a los Puertos de Montevideo y Colonia.

En lo personal -al igual que la Bancada del oficialismo-he estado reunido con esta agremiación de mozos de cordel que es de larga data y de hondo involucramiento en la sociedad coloniense, escuchando los planteos. Esto se origina, básicamente, en un fallo de la Suprema Corte de Justicia que declara inconstitucional por razón de forma, la última ley vigente del año 1998. Dicha razón de forma sería que esta ley no contó en la Cámara de Representantes con la mayoría absoluta que requiere la Constitución para la sanción de tributos y este es, precisamente, un tributo que grava a los pasajeros. Concretamente, se detrae del pasaje que es retenido por la empresa y que debe ser volcado a la Prefectura que luego hace su disposición en los distintos destinos que le marcaba la ley original.

En realidad se trataba de dos o tres empresas y hoy es una sola, llamada Los Cipreses, que es la única que hace el tráfico, sobre todo Colonia - Buenos Aires, ya que en Carmelo están las lanchas de Cacciola. Concretamente, en el caso de Colonia - Buenos Aires sólo opera la empresa Buquebús, más allá de que tenga distintos nombres. También se interpuso inconstitucionalidad por razones de sustancia, diciendo que se violaba el artículo 85, inciso 4º, y el 214 de la Constitución de la República, lo que fue desestimado por la Suprema Corte de Justicia que sólo acoge la acción de inconstitucionalidad en cuanto a la forma.

Vale decir que el 7 de octubre, por una sentencia de la Corte, se declaran inconstitucionales artículos de la ley y esta gente se queda sin su trabajo, creándose toda esta situación con iniciativas que arrancan en el seno de la Cámara de Representantes. Concretamente, hay un proyecto presentado por los Diputados González Alvarez, Asqueta y Bianchi -no sé si el Diputado del Frente Amplio adhirió a la propuesta- que fue remitido a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes. Allí algunos Diputados del Frente Amplio -creo que los Diputados Ivonne Passada y Pozzi- elaboran este proyecto de ley, pero sin el aditamento del artículo 11. Quiere decir que la Cámara de Representantes, a través de un proyecto de ley elaborado por el propio Frente Amplio, sanciona la iniciativa por unanimidad de Legisladores presentes -creo que era 59 en 59- y la remite a la Cámara de Senadores. Cuando llega a este ámbito se envía a la Comisión de Asuntos Laborales y se le introduce un cambio, el artículo 11, y de su simple lectura vemos que tiene acotada la vigencia a 180 días lo cual, a mi juicio, marca una diferencia sustancial. Concretamente, de la Cámara de Representantes viene algo para ser sancionado con carácter permanente estableciendo la vigencia permanente de una ley que puede ser derogada por otra, pero que no tenía un plazo de vigencia estipulado.

He escuchado a la señora Senadora Dalmás dando cuenta de las razones que han llevado a que se agregara este artículo 11 que acota la vigencia a 180 días. Una de esas razones podría ser la posibilidad de estudiar con mayor detenimiento el gravamen que recae sobre el transporte fluvial. También se prevé la posibilidad de que se llegue a un acuerdo con el empresario que es uno solo, el dueño de Buquebús, y cuya empresa se llama Los Cipreses. Se trataría de un acuerdo entre los 160 trabajadores que hay en Montevideo y Colonia, con la empresa, creando un ámbito de negociación entre las partes.

A propósito de esto, quiero hacer algunas puntuali-zaciones de las cuales tengo conocimiento directo. Con posterioridad al fallo de la Suprema Corte de Justicia, hubo un ámbito de negociación que llevó adelante el actual Intendente de Colonia, doctor Walter Simmer, entre las dos partes, es decir, la empresa y los trabajadores, sin que se llegara a ningún tipo de acuerdo. Concretamente, los trabajadores no estuvieron de acuerdo con la propuesta que les formuló la empresa, por lo que el ámbito de negociación no es algo original que se les haya ocurrido a los señores Senadores en este momento, sino que se trata de una instancia que ya fue planteada en forma directa por el actual Intendente del departamento de Colonia. Quiere decir que eso fracasó y si ahora se reinstala el ámbito de negociación no puedo predecir qué es lo que va a suceder. Sí puedo agregar otros aspectos.

Este gravamen sobre el transporte existe hace muchos años y no he oído voces que se hayan alzado airadamente sobre el mismo; podrá discutirse o no, pero lo cierto es que se trata de una situación consolidada desde hace muchísimos años y creo que a poca gente se le ha ocurrido poner en tela de juicio su existencia. No han protestado las asociaciones turísticas y si bien he estado muy cerca de toda esta situación, reitero que no he escuchado voces de protesta.

Por otra parte, creo que en estos dos meses en los que a estos trabajadores se les eliminó la posibilidad de tomar este 2%, no he visto que los pasajes fluviales hayan bajado. Me gustaría saber a dónde fue a parar ese 2% que no se destinó a los trabajadores. En consecuencia, durante estos dos meses en los que por un fallo de la Suprema Corte de Justicia la vigencia de la ley quedó precluida, no hemos visto la mentada rebaja de los pasajes y, reitero, no sé a dónde fue a parar el porcentaje del 2%. Lo cierto es que no llegó al bolsillo de los trabajadores y el agente de retención es la empresa transportista.

Por otro lado, se piensa o se sostiene que hay que crear un nuevo ámbito de negociación. Hace una semana estuvimos discutiendo la ley de fuero sindical y vi sostener con mucha pasión -por parte de muchos señores Senadores aquí presentes- que había que defender a la parte más débil de la relación. En este caso, estamos en presencia de trabajadores que podríamos decir que son independientes, tal como lo sostenía la empresa. De todos modos, son trabajadores al fin, más allá de que tengan una buena retribución; a su frente tienen una empresa monopólica, poderosísima, que puede jugar con el tiempo a su favor. Todos sabemos lo que significa este tipo de negociación -eso es lo que aquí se pretende y no una solución legislativa-, en la cual una de las partes va contra reloj y cuando lleguen los 168 días de vigencia temporal de esta ley, sin duda que la parte que hoy es más débil lo va a ser muchísimo más si no se busca una solución de tipo legislativo. Sin embargo, no escuché hablar de una solución de este tipo e incluso en la Comisión, hace unos días, planteamos la posibilidad de referirnos concretamente en el texto del proyecto a una solución legislativa, pero sólo se contempla una vigencia temporal de 180 días.

Por otro lado, cuando ahora la señora Senadora Dalmás plantea la posibilidad de buscar un ámbito de negociación, me preocupo aún más porque en ese ámbito vamos a estar otra vez repitiendo que aquí hay una parte que tiene todas las de perder y otra todas las de ganar. Me pregunto por qué no buscar una solución que ya se ha planteado y que consiste en extender el plazo e implementar una solución legislativa de fondo. No hay duda de que el Partido de Gobierno tiene la mayoría para lograrlo.

Creo que esto coloca a los trabajadores en una situación injusta porque, por otra parte, no estamos hablando de algo reciente sino de una situación que tiene 40 años de existencia y que siempre ha funcionado muy bien. Estamos hablando de algo que ha funcionado, reitero, con eficiencia y en relación a lo cual la agremiación de mozos de cordel reunieron 6.000 firmas de ciudadanos de Colonia -las tengo en mi despacho- apoyando a estos trabajadores. Incluso, la Junta Departamental del mismo departamento, por unanimidad, apoya este planteo. Sin embargo, nosotros le estamos fijando hoy la vigencia temporal de 180 días como si les estuviéramos dando algo notable. No estoy proponiendo llevarlos al estado anterior porque el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes modificó varios aspectos no poco importantes. Por ejemplo, los cargos eran prácticamente hereditarios y pasaban de padres a hijos, lo cual se elimina. A su vez, se crea un registro de Mozos de Cordel y vacancias; se establece una distribución de los fondos totalmente diferente, por la cual se retribuyen con siete prestaciones de algo más de $ 1.300 más un excedente que puede existir, o no. Asimismo, se fija un impuesto, que no es del 2% sino de hasta el 2%, lo cual quedará librado a la iniciativa del Poder Ejecutivo, por lo que hasta por ese lado se pueden acotar cosas. Queda claro, entonces, que el régimen se cambia cualitativamente. Ahora se agrega una vigencia temporal de 180 días, pero hablar de que podemos crear un ámbito en el cual las partes puedan, equilibradamente, negociar, creo que es un error. Quien conoce la situación real que se da, sabe que por un lado hay una gran empresa y, por otro, un grupo de trabajadores apremiados por las circunstancias, por lo que considero que ganará uno solo. Digo esto con total honestidad, sin perjuicio de reconocer que si la Bancada de Gobierno no se aviene a modificar el proyecto, voy a votar éste, porque es mejor de lo que hay en la actualidad, ya que hoy no tienen nada.

Entiendo que el Mensaje que viene con media sanción de la Cámara de Representantes es una buena iniciativa que, por otra parte, fue elaborada por Legisladores del Frente Amplio. Confieso que no entiendo cuál es la razón por la cual ahora se cambia abruptamente de criterio; podríamos decir que el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes se tomó el buque; sinceramente, no lo entiendo.

Hace diez días votamos un régimen excepcional de Seguro de Paro para los trabajadores de los bancos quebrados y le prorrogamos 24 meses a los ya 36 meses de magnífico Seguro de Paro que tenían. Sin embargo, ahora nos negamos a llevar a estos trabajadores al mismo estado en el cual se encontraron durante 40 años. ¿Por qué la diferencia de tratamiento cuando todos votamos 24 meses más de Seguro de Paro para los bancarios, que si lo sumamos a los 36 que ya han pasado, llegamos a los 60 meses? Me parece bien y nosotros lo apoyamos. No obstante, a estos trabajadores les fijamos un plazo de 180 días para que comiencen una negociación, que me temo terminará muy mal para ellos y muy bien para la empresa. No sé qué pasará con el 2%, pero estoy casi seguro de que en este tiempo, desde el fallo de la Suprema Corte de Justicia, no se rebajaron los pasajes.

No olvidemos que al modificar el proyecto de ley, éste debe volver a la Cámara de Representantes, que creo que la última sesión extraordinaria que tiene prevista es para el próximo martes. A su vez, luego el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley, entre otras cosas, porque se habla de hasta un 2%, pero puede ser un 0,1%. Hasta que no salga la reglamentación estableciendo el límite cuantitativo, no lo sabremos.

A mi entender, sería de justicia que el Senado no introdujera cambios al proyecto de ley -salvo por un caso extraordinario- y menos acotar la vigencia temporal con el afán de crear un ámbito de negociación. Descarto que si no hay una solución legislativa, es muy difícil que la negociación culmine con un resultado justo para la parte más débil de esta relación, que son los Mozos de Cordel.

Reitero que si no hay más remedio voy a votar este proyecto de ley porque es más de lo que tienen hoy los trabajadores pero, sinceramente, me parece poco. Además, tampoco me convencen las razones que se alegan para fijar esta vigencia temporal; no me convence ninguna de ellas porque el sistema funcionó bien, tiene el consenso de toda la sociedad y porque ninguna de las asociaciones turísticas se ha quejado; sí lo ha hecho la empresa transportista que, por cierto, en muchísimas oportunidades no vertió en tiempo y forma las retenciones que le imponía la ley vigente, y eso lo sabemos todos.

De modo que simplemente pongo en conocimiento del Senado mi discrepancia, por lo que quise referirme in extenso a este tema. Finalmente, reitero que si no hay otra opción, acompañaré este proyecto de ley, pero no creo que sea una buena solución. Seguimos sin comprender cuáles son los motivos por los cuales se acotó la vigencia temporal del proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR RIOS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIOS.- Señor Presidente: a esta hora de la noche no voy a cansar a los señores Senadores con este tema, pero creo que tiene su importancia. Cada uno reivindica las cosas que hacen a la comunidad. Yo viví toda la vida en Montevideo, pero no en el puerto sino en La Comercial, y quizás por eso no tengo tanto calor por este asunto. En la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social se pidió a esta fuerza política que este tema se tratara con urgencia, a lo cual accedimos porque entendíamos que el problema social que tiene detrás es urgente. Esta fuerza política es la que hoy habilita, con este agregado, que esas 200 familias tengan un régimen transitorio de 180 días. Como tantas veces se nos ha dicho que actuamos a espaldas de la oposición, en esta oportunidad, ante un planteo del Partido Nacional, consideramos que efectivamente había un problema social, y por ese motivo lo incluimos en el Orden del Día de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. La resolución de la fuerza política fue la que acaba de expresar la señora Senadora Dalmás.

Por otro lado, voy a hacer algunas consideraciones que, quizás, se deban a mi desconocimiento personal. No sé si hay un solo empresario. Vi un recurso de inconstitucio-nalidad publicado en "La justicia uruguaya", en el cual comparecen varios empresarios representados por sus abogados. Tampoco conozco la cantidad de trabajadores exacta que hay, porque el fondo funcionaba de tal manera que era imposible conocer ese dato ya que el anterior régimen habilitaba a subcontratar o a tener representantes. Asimismo, tengo documentos que indican que esas 80 personas que trabajan directamente cobran alrededor de U$S 5.000 o U$S 6.000 mensuales. Advierto que en pos de la premura de tratar el tema con urgencia, según planteó la Bancada del Partido Nacional, la Comisión no pudo corroborar ese dato, y yo no puedo decir en esta Sala, señor Presidente, que "todo el mundo lo sabe". En lo personal, me gusta tener la documentación fehaciente que demuestre que las cosas están probadas. Hay algunas cosas que puedo saber y otras no, así como muchos de los señalamientos que hizo el señor Senador Moreira yo los desconocía.

Frente a este hecho social, la fuerza política tomó la medida que se ha anunciado, y determinó un plazo de vigencia de 180 días para estudiar, profundizar y buscar un acuerdo con los trabajadores. En cuanto a lo que dice el señor Senador Moreira acerca de que quizás, por equis razones, el acuerdo no se logre, debo decir que eso es problema de quienes tienen problema. A mí me gusta mucho más el camino de las soluciones. Debe quedar claro que la fuerza de Gobierno no pretende embanderarse con situaciones ajenas. El Partido Nacional solicitó que este tema tuviera prioridad. Hoy estos trabajadores no tendrían nada y nosotros agregamos el artículo 11 con estas salvedades, por un tema que no es menor. Quiero que por lo menos me permitan el beneficio de la duda. Si bien el recurso de inconstitucionalidad se debe a un tema formal del voto, teóricamente no me afilio a que un impuesto sea dirigido y que tenga como objetivo central sólo a un grupo pequeño de trabajadores. Si no nos importa el impuesto, que sea para los pobres, para el Ministerio de Desarrollo Social o para otros lugares. No me gusta la teoría jurídica que hace que la carga tributaria de un número importante de personas vaya dirigida exclusivamente a un tipo de personas cuyo trabajo, por su propia naturaleza, ha cambiado en el mundo porque la frecuencia de viajes es diferente.

Entonces, no estamos haciendo otra cosa que tratar de terminar con el problema social de estas personas. Creemos que el sistema no es válido, pero intentaremos encontrar la forma de que conserven su trabajo el tiempo necesario.

SEÑOR MOREIRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RIOS.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Deseo hacer algunas aclaraciones respecto a las manifestaciones del señor Senador Ríos.

Desde ya, descarto que estas personas ganen U$S 5.000 o U$S 6.000 por mes. Conozco a muchos de ellos, que son 160, y puedo asegurar al señor Senador Ríos que si ganaran esas cifras, serían bien conocidos en la pequeña localidad de Colonia del Sacramento, y estoy seguro de que no es así.

Por otra parte, este proyecto de ley, que ha sido aprobado por la Cámara de Representantes, cambia la forma de distribución, según la cual se da a estos trabajadores siete Bases de Prestaciones y Contribución, que equivalen aproximadamente a algo más de $ 9.000, más un eventual excedente. Sin embargo, después de que se paga eso -todos los aportes de la seguridad social y los accidentes de trabajo-, el 50% se va a dedicar a gastos e inversiones para mejorar la eficiencia portuaria; y esa mejoría en el proyecto original la propuso el Frente Amplio. Me parece muy bien y yo la habría acompañado alegremente con el voto. Después, si queda algo, el 20% va destinado a la Prefectura, y luego, el excedente, a los mozos de cordel. También hay que ver cuánto le ponen, si es un 2%, un 1,5%, un 1% o un 0,50%. Reitero que conozco a muchos de ellos, pero a ninguno rico, con posición acomodada, ni tampoco los he visto en la ruleta todos los días. Sé que es gente humilde y trabajadora. ¿Que tienen buenas retribuciones? También las tienen los bancarios en este país, señor Senador, a quienes, como decía hoy, les dimos un "segurito de paro" de 24 meses más, que creo es bastante más de lo que van a ganar estos trabajadores. Entonces, si estamos tratando de solucionar con sensibilidad un problema social de 160 familias, ¿para qué vamos a acotar la vigencia temporal a la ley?

Por otra parte, el Partido de Gobierno tiene las mayorías necesarias para modificar la ley cuando lo crea conveniente. No es necesario establecer una vigencia temporal y dejar a estas personas con una espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas, ligadas a una negociación en la que -rei-tero, porque conozco el paño- gana uno solo y en la que éstos es seguro que pierden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Ríos.

SEÑOR RIOS.- Señor Presidente: no me parece que marcar las posiciones personales contribuya mucho más al debate. Lo que puedo saber, tengo la obligación de demostrarlo con seriedad, sobriedad y tranquilidad. La Comisión actuó a pedido del Partido Nacional y esta es una forma de solucionar un problema social, hecho que debo reconocer en la medida en que no lo ha sido por aquél. Por otra parte, pienso que ahora sólo resta proceder a la votación.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: confieso que tengo enormes dudas acerca de votar afirmativamente este proyecto de ley. Más bien me siento inclinado a no votarlo, porque contrariamente a lo que ha sido señalado por el señor Senador Ríos, que ha dicho que su fuerza política está dando un trabajo provisorio por 180 días, lo que en realidad se está haciendo es extender una partida de defunción a los mozos de cordel. No tengo absolutamente ninguna duda de que es así; tan es así que hasta cambiaron la redacción original del artículo 11, en el que por lo menos se establecía expresamente la posibilidad de dejar abierta la puerta para una nueva ley, una vez vencido el plazo de 180 días. Esto no significa nada, ya que se trata de un seguro de desempleo en su mínima expresión por el término de seis meses a fin de abrir un margen para que en ese lapso se produzca -como muy bien lo dijo el señor Senador Moreira- una negociación entre dos partes en forma absolutamente desigual, que va a culminar, necesariamente, con un sometimiento de estos trabajadores a las reglas de juego que en esta materia les marque el empresario que, además, es uno solo. Se trata de la empresa "Los Cipreses", que, además, acaba de recibir una prórroga de contrato, en una decisión que ha sido cuestionada por el Partido Nacional en la Cámara de Representantes y observada -observación luego reiterada- por el Tribunal de Cuentas. A pesar de ello, se decidió ampliar los términos de ese contrato. Ahora se da un nuevo beneficio a esta empresa y se establece por ley una nueva facilidad para que pueda desarrollar sus inversiones en el país más cómodamente. Se le dice que tendrá que soportar esta situación por 180 días, culminados los cuales estará en condiciones de actuar en la forma que entienda conveniente, no -por supuesto- para los intereses del país -no está en la ley-, sino para los de la empresa en cuestión. Entonces, ¿cómo no vamos a tener dudas de si votamos la norma? Obsérvese que se copian en un todo los artículos venidos de la Cámara de Representantes, pero solamente se introduce uno nuevo, el artículo 11, que dice: "La presente ley tendrá vigencia por el término de ciento ochenta días contados desde su promulgación, vencido dicho término," -la redacción no es de mi responsabilidad- "quedará automáticamente sin efecto". Quiere decir que la ley, que ya tiene una vigencia limitada en el tiempo, queda automáticamente derogada.

Pensamos que así se termina con estos trabajadores. Esto va absolutamente en contra de la línea de discusión que se sostuvo aquí -como bien lo expresó el señor Senador Moreira- en ocasión del tratamiento del proyecto de ley sobre fuero sindical, y está en contra de la especial atención que con razón y fundamento se puso cuando votamos un seguro de desempleo especial para los empleados bancarios, como consecuencia de la crisis del año 2002. En ese entonces decidimos que el seguro de desempleo fuera no de seis o doce meses, sino que tuviera carácter permanente y, además, se eliminaron los topes. Ahora nos encontramos con un conjunto de trabajadores que atraviesan por una situación extraordinaria.

Por otra parte, vean cómo se llega a esta circunstancia. Se comete un error de carácter formal. Faltaron algunos votos en la Cámara de Representantes y en función de ese elemento -obviamente, legítimo- se promovió un recurso de inconstitucionalidad que prosperó no en la sustancia, pero sí en la forma. Entonces, después de que desde 1998 se viene aplicando este sistema, con un impuesto superior al que se establece en el proyecto de ley -porque en éste se da al Poder Ejecutivo la facultad de fijar un impuesto que grava exclusivamente a los pasajeros en hasta un 2%, lo que significa que puede reducirlo-, ahora se llega a esta circunstancia que prolonga la agonía.

Estamos en vísperas del comienzo de la temporada veraniega, cuando va a generarse un tránsito mucho más intenso. Precisamente porque se avecina la temporada, creo que los necesitan, pero en realidad los están usando. En verdad, no me parece que sea justo y, por otra parte, no acepto que se me diga que la generosidad de la fuerza política les asegura un empleo provisorio. Creo que se está terminando con ellos y, como decíamos al comienzo, esto coincide precisamente con que el plazo o vigencia de la ley será equivalente al del seguro de desempleo. De paso, queda claro que también los vamos a necesitar en el transcurso de estos tiempos inmediatos. Ojalá que ésta sea una muy buena temporada, tengan bastante trabajo y aprovechen al máximo esta oportunidad, porque después se terminan para ellos las posibilidades de futuro.

No es verdad que se crea un impuesto exclusivamente para pagar las retribuciones de estos empleados. El artículo 6º establece un tope, un límite y el artículo 8º determina expresamente otros destinos referidos a la gestión, mejora y prestación de los servicios en los diferentes puertos, con el 50% del excedente, anualmente considerado. Asimismo, se fija otro 20% con destino a la Prefectura Nacional Naval y el 30% del excedente anualmente considerado, en forma equitativa y en caso de que exista dicho excedente, para repartir entre todos los mozos.

Entonces, señor Presidente, pedimos en la Comisión que se tratara en forma expresa este tema, porque se viene la temporada y porque estos trabajadores están sin vinculación laboral de especie alguna. Ciertamente, si no lo planteábamos nosotros, alguien más lo haría, porque es lo que corresponde, más allá de que al señor Senador Ríos le resulte indiferente. A nosotros no nos es indiferente y estoy seguro que a sus compañeros de fuerza política, tampoco les es indiferente este asunto.

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: confieso que estoy abordando este proyecto de ley y, además, me está invadiendo una gran perplejidad. Hay que tener en cuenta que estamos considerando un proyecto de ley que crea un fondo de retribuciones para mozos de cordel, que crea para la actividad un registro de mozos de cordel, que crea un sistema integral de funcionamiento del fondo con determinados porcentajes e, incluso, atribuye a la Prefectura Nacional Naval competencias para poder mejorar la gestión, en una serie de elementos, y no hay que olvidar, además, que estamos frente a la temporada turística. Hace 24 horas aprobamos un articulado referido a los incentivos tributarios para impulsar la actividad turística y el Poder Ejecutivo nos dijo que era de carácter permanente y que en modo alguno se trataba de una actividad propiciada o estimulada, simplemente, para que quedara acotada al tema turístico. Sin embargo, ahora estamos creando un sistema integral que en seis meses va a caer. Me pregunto cuál es el sentido de la norma en materia de políticas y si se trata de solucionar un tema puntual o, por el contrario, para mantener determinadas orientaciones y designios que a veces los propios Legisladores no entendemos que están detrás de estas relaciones de carácter laboral. Más allá de las distancias que puedan existir entre el capital y el trabajo -en este caso se trata de una sola empresa-, no es recomendable crear un sistema con todas las características de permanente pero para que caduque dentro de seis meses. En definitiva, todas las normas que tenemos previstas y que están hoy derogadas, reviven dentro de seis meses. ¿Cuál es el sentido de la legislación? Concretamente, le pregunto al Miembro Informante: ¿qué es lo que se quiere con esto?

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: queremos hacer un último esfuerzo por lograr que el Senado de la República apruebe un proyecto de ley, que en vez de extender una partida de defunción, brinde por lo menos una esperanza o una posibilidad de solución de este problema. Evidentemente, si esto se aprueba tal como viene informado de la Comisión -creo que los compañeros del Senado van a compartir el razonamiento- el empresario en la negociación se va a sentir mucho más fortalecido. Entonces, este desequilibrio del que tanto se habló con respecto a las relaciones laborales y a la necesidad de proteger al trabajador, es un principio que en este caso no se va a utilizar, no rige, no importa, a pesar de que además venimos de un cuestionamiento muy severo en la Cámara de Representantes a través de una interpelación al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, precisamente por haberle concedido una prórroga al mismo empresario que hoy se beneficia con la aprobación de un proyecto de ley de estas características. Nosotros somos partidarios de aprobar el proyecto de ley tal como viene de la Cámara de Representantes, pero si esto no fuere posible, si no contáramos con los votos suficientes y como verdaderamente entendemos que no hay mucho tiempo para hacer consultas y análisis, porque la temporada veraniega empieza y el período legislativo termina, y por otra parte el proyecto debe volver a la Cámara de Representantes, a los efectos de generar otra expectativa en los trabajadores y fortalecerlos un poco más en su negociación, pensamos que la solución sería establecer un plazo de un año. En un principio, habíamos hablado de dos años en la Comisión, pero ahora creo que sería conveniente fijar un lapso de un año, de modo que se le dé a la ley la oportunidad de rendir sus frutos y ver hasta dónde alcanza. Entonces, en ese plazo de un año, no solamente los trabajadores negociarán por su lado con la empresa en cuestión, sino que también nosotros tendremos oportunidad de recibir a los trabajadores -hasta ahora no lo hicimos-, a la empresa, a los interesados en dar una opinión sobre esta temática, a los agentes que operan en materia turística, especialmente, en los Puertos de Montevideo y Colonia, porque en realidad, hasta en eso está equivocada la carátula del proyecto de ley, que habla de los Puertos de Colonia y Maldonado.

Pido que brindemos esa oportunidad a los trabajadores; esa es la solicitud que le hago a los compañeros del Senado, de forma que extendamos el plazo a doce meses, a fin de que en ese lapso se puedan dar las circunstancias de negociación.

Por todas estas razones, es que manifesté mis dudas en votar este proyecto de ley y creo que, en definitiva, optaré por no votarlo, porque ahora tengo la convicción -en realidad, me surgió en el momento en que le concedí la interrupción al señor Senador Abreu- de que con este proyecto de ley estamos fortaleciendo enormemente la posición de la empresa en la negociación de los próximos 180 días. No hay que olvidar que además se trata de una empresa de carácter monopólico de hecho, pero monopolio al fin. Entonces, más complicada es aún la situación para esta gente que, como bien se dijo por parte de quien conoce bien este tema por haber sido Intendente Municipal de Colonia, es decir, el señor Senador Moreira, lleva muchísimos años desempeñándose en esta tarea. Creo que todo esto queda por de más ilustrado luego de lo que pasó con la ley y de qué forma llega a la inconstitucionalidad, después de una vigencia de siete años.

Vamos a plantear la posibilidad -no sé si hay otros señores Senadores anotados, pero si es así, bienvenido sea- de pedir, luego de que hable el último de los oradores, un cuarto intermedio de diez minutos, para ver si podemos lograr un acuerdo entre los Partidos políticos para extender, en el artículo 11, el plazo a 12 meses.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: siento que estamos navegando entre lo bueno y lo urgente. Si este proyecto hubiese llegado en otro momento y lo hubiéramos podido analizar con más tiempo, no nos estaríamos planteando las mismas dificultades, aunque quizás otras. Las dificultades surgen porque esta es una actividad que establece una relación laboral atípica, más allá de la cantidad de años que hace que existe. Es tan atípica como que hay otros trabajadores que cumplen la misma función en otros lugares hace más de veinte años y están luchando para obtener algo similar, pero no han podido lograrlo. Me refiero a los trabajadores que cumplen una función similar en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Por tanto, si se nos pone ante el desafío de tener que legislar y lo queremos hacer con responsabilidad, lo mínimo que podemos plantear -algunos podemos conocer más el tema que otros- es contar con la información básica y elemental, como ser, cuánto es el "hasta" y el "2% de los pasajes". Todo dependerá de lo que den estos números y esa información es importante conocerla para poder resolver. Es importante saber cuánto significa el 50% y el 30% de ese "hasta", así como en qué medida las instituciones que se ven beneficiadas por el otro 20% y 50% van a tirar de ese "hasta" para arriba para obtener mayor recaudación para inversiones o para la Prefectura. Esos son elementos a tener en cuenta si queremos legislar con una mínima seriedad.

Por esa razón y no por otra es que la Bancada de Senadores de nuestra fuerza política había resuelto pedir un tiempo. Sin embargo, como eso no es posible por las circunstancias que en estos momentos afectan a esos trabajadores y navegando entre la urgencia y lo bueno, se nos ha obligado a resolver por la urgencia, postergando lo bueno. Entonces, nos aseguramos seis meses para darnos el tiempo de poder encontrar una solución más de fondo, más seria y mejor sobre la cual nos estamos comprometiendo a trabajar, por lo menos, quien habla.

Aquí mi voto no está siendo dado para un entierro de lujo o para un seguro de paro a término de los trabajadores afectados. No es eso lo que estamos resolviendo; lo que estamos haciendo es resolver un tema urgente, dándonos un tiempo para buscar una solución de fondo. En lo que me corresponde, voy a luchar para que en ese proyecto de ley no sólo estén incluidos los mozos de cordel de los Puertos de Colonia y Montevideo, sino también quienes cumplen igual función en terminales de similares características, como el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Creo que es posible encontrar una mejor solución, más general, que abarque a más gente y que no quede limitada a este grupo porque como antes era así, así tiene que seguir siendo. Eso sería lo más contrario a nuestro pensamiento, porque si antes era así, hay que cambiarlo.

SEÑOR MOREIRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR VAILLANT.- Enseguida se la concedo, señor Senador.

Quiero dejar la constancia -en función de ello quiero pedirle a los señores Senadores de la oposición interesados en este tema que acompañen la propuesta de 180 días- de que esto no es un entierro y que, contrariamente a lo que se interpreta, la capacidad de negociación se aumenta. En estos momentos ésta no existe, porque están fuera de la empresa, pero si se aprueba el proyecto los trabajadores podrían negociar con la empresa, y eventualmente encontrar una salida por esa vía -no tenemos por qué descartar-la-, en una relación laboral distinta. La sanción de la ley les genera por 180 días la posibilidad de trabajar para lograr un acuerdo y si no se alcanzara saben que puede haber nueva ley.

Le concedo la interrupción al señor Senador Moreira.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Las palabras del señor Senador Vaillant me tranquilizan, porque advierto que, en definitiva, se puede llegar a tener una solución de tipo legislativo, lo que daría certeza y seguridad a esta situación. Si el señor Senador Vaillant quiere reunir todos los elementos de juicio, como ser el "hasta" y el "2%", tendrá que consultar al Poder Ejecutivo que será quien lo determine. Reitero que la redacción del proyecto de ley fue obra de Legisladores de la coalición de Gobierno y supongo que ellos habrán hecho las consultas, aunque de pronto no las hicieron.

En cuanto a los números, estos se publican y nosotros sabemos cuántas personas pasan por el Puerto de Colonia anualmente o durante los meses de enero, febrero o diciembre. Esos números varían de acuerdo al éxito de las temporadas, pero en esa época se alcanza casi el 40% de los pasajes que se expenden en todo el año. Por tanto, la cuenta matemática se puede hacer. La distribución para gastos e inversiones a fin de mejorar el funcionamiento portuario es algo novedoso que trae este proyecto de ley que viene de la Cámara de Representantes y que no existía en la ley vigente. Tendríamos que remontarnos a cuarenta años, porque desde esa época existe esta función.

Reitero que me tranquilizan las palabras del señor Senador Vaillant, porque él sabe que la única solución que devuelva justicia a esta situación es legislativa, ya que por libre acuerdo de partes no se va a encontrar ninguna solución. Eso ya se intentó y sabemos que la situación no es de igualdad ni de equilibrio, sino de una profunda desigualdad. La señora Senadora Dalmás habló de una negociación, de un plazo para negociar, pero no de una solución legislativa, aunque quizás estaba sobrevolando en sus palabras. Estaría de acuerdo con una solución legislativa, con un compromiso y una voluntad, que no pongo en tela de juicio, aunque hubiera preferido que se sancionara el proyecto tal como viene de la Cámara de Representantes, porque eso le daría certeza y tranquilidad a estos trabajadores. Si va a constar en la versión taquigráfica la expresión de voluntad muy clara para amparar a estos y a otros trabajadores -sin duda vamos a estar de acuerdo-, hemos avanzado y lo que ha dicho el señor Senador Vaillant significa un avance respecto de lo que hemos escuchado anteriormente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Vaillant.

SEÑOR VAILLANT.- Un cuerpo legislativo no tiene, ni siquiera, la posibilidad de renunciar a legislar. Asimismo, anunciar que va a legislar no significa que vaya a emitir una ley. Legislar es un hecho permanente que se da de acuerdo a las circunstancias: se puede prometer una ley y luego no votarla, así como que no se va a legislar y luego hacerlo. A mi juicio, ninguna de las posibilidades está descartada. Hay un plazo de 180 días en el que naturalmente se habilita la negociación y, por eso, dije que en la misma los trabajadores no van a estar más desamparados, sino más amparados, porque cuentan con la ventaja de estar en el lugar, de tener seis meses por delante y de saber que el Parlamento, en ese plazo, puede volver a legislar, de ser necesario. Eso dependerá de nuestra voluntad y desde ya, adelanto la mía. Es cierto que esta ley fue aprobada en la Cámara de Representantes por toda la Bancada de nuestra fuerza política y es cierto que esos Diputados son tan conscientes del tema o más que nosotros, y seguramente buscaron información y tuvieron a su alcance todos los elementos que les permitieron tomar la determinación política de aprobar la ley. Tan cierto es, como que nosotros, como otra Cámara, no sólo tenemos el mismo derecho sino la misma obligación. El tratamiento del Presupuesto quinquenal ha sido una demostración permanente de ello, porque convocamos a la Cámara de Senadores a los mismos Ministros, a las mismas Instituciones y a las mismas organizaciones sociales, a quienes se les preguntaron las mismas cosas y dieron las mismas respuestas que en la otra Cámara. Esto es parte de nuestros fueros -tenemos que decirlo- mientras tengamos parlamento bicameral, que ojalá no sea por mucho tiempo.

SEÑOR RIOS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIOS.- Señor Presidente: cuando informamos en Comisión, junto con la señora Senadora Dalmás, dijimos claramente que la fuerza de gobierno establecía ese plazo de 180 días, sin que ello implicara que nos olvidáramos del problema; íbamos a seguir tratando de buscarle una solución. Esto es lo más importante. No mencionamos los instrumentos porque fuimos mandatados por resolución de Bancada en el sentido de que ese fuera el plazo de la ley, pero ello no implicaba que la Comisión se desentendiera del problema; por el contrario nos abocábamos a trabajar en él. Lo informamos en Sala, y aunque en aquel momento no había versión taquigráfica, pensamos que había quedado bien claro a los oídos de los otros Senadores, pero evidentemente la señora Senadora Dalmás y quien habla no fuimos lo suficientemente explícitos.

Entre las dudas que me asisten -quizás porque no conozco tanto el tema como otros-, no sé si estamos hablando de trabajadores. No vi en ningún artículo del proyecto de ley la subordinación que debe existir como elemento esencial para que sea un contrato de trabajo. Estamos ante un trabajo atípico, no sujeto a subordinación, por lo menos en su ejercicio anterior a la derogación de la ley por elementos formales de inconstitucionalidad.

Cada vez que hablamos de la parte más débil y de la parte más fuerte, me parece que es correcto; pero lo que a priori me parece incorrecto es el hecho de llevar un símil del fuero sindical, donde hay relación de dependencia, al sistema de un fondo creado, donde no existe -por lo menos no encontré ningún indicio en la lectura rápida que le pude dar al texto- de dicha relación. Según pude entender, además, tampoco hay una relación clara del funcionamiento del fondo.

Creo que primero tenemos que ajustar los términos y podemos votar lo que cada uno quiera.

Quiero aclarar que no surge del texto legal que sean trabajadores, y que la fuerza política manifestó -porque así lo mandataron a los integrantes de la Comisión- que el establecer un plazo de 180 días no significaba que la Comisión se desinteresara del tema. Recuerdo muy bien -no preciso resaltar sus dotes- que la señora Senadora Dalmás, que fue la que informó, dijo con meridiana cristalinidad que no se iba a enterrar el tema. Si del otro lado se quieren tomar posiciones políticas respecto a las nuestras, tienen todo el derecho de hacerlo porque esto es la vida política, aunque no tienen derecho a decir algo contrario a lo que nosotros manifestamos.

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: como fui aludida, también tengo la necesidad de precisar que, en efecto, a pesar de que efectivamente conocía poco del tema -si lo conocíamos poco los que estamos en la Comisión de Asuntos Laborales, imaginarán ustedes lo que significó para el resto de la Bancada de Legisladores, especialmente en un momento en que tenemos tantos asuntos a estudio-, jamás se me ocurrió dejar librado a la negociación de las partes, en forma totalmente aislada del mundo y de lo que ocurre, la resolución de este tema.

Me sumo a las palabras del señor Senador Vaillant, y como integrante de la Comisión de Asuntos Laborales estoy más interesada que nunca en conocer los detalles de este tema.

No entro en el terreno de si hay o no relación de dependencia; son trabajadores y me parece que, internamente, deberíamos fijar un plazo para el estudio del tema. Tal vez por deformación de mi experiencia de vida, no pienso que todas las negociaciones y las soluciones de los temas terminan en ley. Pero reitero que tal vez sea una deformación de mi experiencia sindical. Si esto requiere, necesariamente, una legislación como solución a una negociación que no llega a otro término, efectivamente nos abocaremos a legislar sobre el tema.

Por lo menos en lo que me es personal, sobre eso dejo constancia.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: el problema es que la Bancada estaba huérfana de elementos de información fundamentales para resolver una situación absolutamente atípica, como lo es un impuesto generado para financiar la actividad independiente de gente en edad activa que forma parte de una nómina limitada. Se puede optar por este camino o por otro, pero habría que estudiarlo. Reconozcamos que el tema es bastante atípico, y estábamos ganando tiempo para buscar una salida más de fondo.

SEÑOR GALLINAL.- Solicito que el Senado pase a cuarto intermedio por diez minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

SEÑOR KOZENIAK.- Pido la palabra para referirme a la moción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: entendí perfectamente el planteo que se hacía, que motiva el pedido de un cuatro intermedio, pero creo que ha quedado bien claro que la Bancada oficialista no va a pactar otro plazo que no sea el que mandató la Bancada, después de una larga discusión en la que incluso se puso en duda si no era necesaria iniciativa del Poder Ejecutivo; recuerdo que inmediatamente aclaré que no, pero entonces se dijo que había que consultar sobre un tema de creación de impuestos. De acuerdo con lo que planteó la señora Senadora Dalmás, eso determinaba que empezara la temporada sin ley, y como no queríamos que eso ocurriera, se aprobó esta moción de ponerle un plazo de 180 días. Esta es la razón por la que vamos a aprobar la ley: porque empieza la temporada. Entonces, ¿para qué hacer el cuarto intermedio si la Bancada ha manifestado que el plazo es de 180 días? Este plazo se establece para llegar a una solución legal o acordada, y ojalá sea acordada. Eso es lo que motivó esta solución; no hay otra. Así sucedió en la reunión de Bancada y lo puedo describir con precisión porque tocaron un tema en el cual intervine, aunque no integro la Comisión.

Por lo tanto, me opongo al cuarto intermedio, no por descortesía sino porque va a ser inútil; la Bancada está muy firme en el plazo.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para referirme a la moción.

SEÑOR PRESIDENTE.- La moción de cuarto intermedio no tiene discusión; se vota y punto. Igualmente voy a darle la palabra al señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: en primer lugar quería hacer una aclaración. Señalé -y lo puede avalar la señora Senadora Dalmás- que en la redacción que conocí del artículo 11 se hacía una referencia expresa a la posibilidad de legislar en la materia. Me refiero a la redacción que la señora Senadora leyó en Comisión, estando presentes los señores Senadores Lara y Moreira. Ahí decía que el plazo era de 180 días y se habló de la posibilidad de legislar en esta materia. Eso fue lo que se señaló, pero ahora ni siquiera eso está en la redacción del artículo.

Pero más allá de esto, me alcanza con el compromiso que asumió el señor Senador Vaillant. Por tal motivo, no sólo voy a retirar la moción de cuarto intermedio sino que voy a votar el proyecto de ley, porque me genera la esperanza de que en la Comisión de Asuntos Laborales nos demos la oportunidad de recibir toda la información sobre este tema, seguir la evolución de los acontecimientos y, en caso de ser necesario, legislar.

En consecuencia, retiro la moción en honor a las palabras expresadas por el señor Senador Vaillant, ratificadas luego por otros integrantes de esa fuerza política.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto sustitutivo que viene de la Comisión.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 22 en 24. Afirmativa.

SEÑOR CID.- Formulo moción para que se vote en bloque el articulado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada en el sentido de que se voten en bloque los artículos 1º a 12 del proyecto de ley sustitutivo.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 1º a 12 del proyecto de ley sustitutivo.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que vuelve a la Cámara de Representantes para su ratificación.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

17) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: voy a proponer que para la sesión del día miércoles 28 de diciembre se incluyan los siguientes puntos: la designación de miembros para la Junta Anticorrupción; los asuntos tercero y cuarto del Orden del Día de la sesión de hoy -uno tiene que ver con la prevención de la violencia en el deporte y su régimen sancionatorio y, por el otro, se procura la inclusión y regularización de los contribuyentes del Banco de Previsión Social-; así como también que el Senado asuma jurisdicción y se incluya un Mensaje del Poder Ejecutivo relacionado con la venia de destitución correspondiente a la Carpeta Nº 374/05, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y el Expediente Nº 6666 de la Comisión Administrativa. Una vez que el Cuerpo vote esta moción, propongo que se levante la sesión.

SEÑOR LARA GILENE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARA GILENE.- Señor Presidente: en el Orden del Día de hoy figura el proyecto de ley por el que se establecen normas para la prevención de la violencia en el deporte y su régimen sancionatorio, sobre el que logramos un acuerdo en la Comisión y se me designó como Miembro Informante.

Simplemente, deseo aclarar que si este asunto se pasa para el Orden del Día de la sesión del próximo miércoles 28, no voy a estar presente y el Miembro Informante tiene que ser quien habla, de acuerdo con lo que se votó en la Comisión. El Senado tiene que optar porque, de lo contrario, no habrá otra instancia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor Senador Couriel.

(Se vota:)

- 19 en 21. Afirmativa.

18) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 23 y 33 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Abreu, Antognazza, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallinal, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Michelini, Moreira, Percovich, Ríos, Rubio, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier. )

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini - Sr. Santiago González Barboni Secretarios

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.