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Nº 67 - TOMO 430 - 13 DE DICIEMBRE DE 2005

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

66ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Y EL SEÑOR SENADOR ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyectos presentados

- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se sustituyen los artículos 69, 86 y 126, y se suprime el inciso final del artículo 91 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se incorporan al Código de la Niñez y la Adolescencia normas para la protección del niño y el adolescente que hayan sido víctimas de malos tratos y/o abuso sexual.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

5) Pedidos de informes

- El señor Senador Saravia solicita se curse un pedido de informes al Banco de Seguros del Estado relacionado con la situación de las 22.000 hectáreas propiedad de dicho Banco.

- El señor Senador Alfie solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas relacionado con las empresas que cuentan con buques de bandera uruguaya que efectúan transporte de carga y de pasajeros.

- Oportunamente fueron tramitados.

6) Inasistencias

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Senado y de sus Comisiones.

7 y 9) Solicitudes de licencia

- Las formulan la señora Senadora Xavier y los señores Senadores Fernández Huidobro y Baráibar.

- Concedidas.

8 y 10) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento. Las presentan la escribana Rodríguez, el arquitecto Rodríguez Filippini y los señores Yafalián, Pintado y Segovia comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

- Ingresa a Sala el señor Representante Nacional Arturo Heber Füllgraff a quien, luego de prestar el juramento de estilo, se lo declara investido del cargo de Senador e incorporado al Cuerpo.

11) Distribución del Diario "La República"

- Manifestaciones del señor Senador Korzeniak.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a los Ministerios de Educación y Cultura y del Interior, y a la Intendencia Municipal y Junta Departamental de Montevideo.

12) Intermediación en la venta de diarios

- Manifestaciones del señor Senador Fernández Huidobro.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Sindicato de Canillitas, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a las Direcciones de los diarios "La República", "El País", "El Observador" y "Ultimas Noticias" y a las 19 Intendencias Municipales.

13) Operativa de los comedores del INDA

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz Correa.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al INDA, a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Desarrollo Social, y a las Intendencias Municipales.

14) Ingesta de alcohol de los uruguayos

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz Correa.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, del Interior, de Salud Pública, de Desarrollo Social y de Turismo y Deporte, al INAU, al INJU, a la Policía Caminera, a la Dirección Nacional de Bomberos, a las Jefaturas de Policía, a las Intendencias Municipales, a la Asociación Nacional de Carniceros, a la Unión de Vendedores de Carne, a la Cámara de la Industria Frigorífica y a la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay.

15) Acuerdo con la República de Venezuela para el uso de ondas satelitales

- Manifestaciones del señor Senador Larrañaga.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior y a la URSEC.

16) Libre acceso a la información

- Manifestaciones de la señora Senadora Percovich.

- Por moción de la propia señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Asociación de la Prensa del Uruguay, al Sindicato de Canillitas, a los Ministerios de Educación y Cultura y de Trabajo y Seguridad Social y a la Intendencia Municipal de Montevideo.

17) Situación funcional del Doctor Peri Valdez

- Manifestaciones del señor Senador Penadés.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Presidencia y a la Secretaría de la Presidencia de la República, al Ministerio de Educación y Cultura y a la Oficina Nacional del Servicio Civil.

18) Actividad de los mozos de cordel

- Proyecto de ley por el que se procede a su regulación.

- A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

19) Régimen de trabajo de las Comisiones Permanentes

- Por moción del señor Senador Couriel, el Senado autoriza el funcionamiento de todas las Comisiones Permanentes del Cuerpo durante el receso.

20, 23 y 25) Protección y Promoción de la libertad sindical

- Proyecto de ley por el que se dictan normas al respecto.

- Por moción del señor Senador Couriel, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

21) Subsidio por desempleo. Extensión

- Por moción de la señora Senadora Dalmás, el Senado resuelve incluir este tema como primer punto del Orden del Día de la próxima sesión ordinaria que celebre el Cuerpo.

22) Seguro por desempleo para los trabajadores del Hospital Español

- Por moción del señor Senador Alfie, el Senado declara la urgencia de este tema y su inclusión en el Orden del Día de la presente sesión.

24) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

- Por moción del señor Senador Michelini, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de la presente sesión hasta agotar el tema en debate.

26) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 12 de diciembre de 2005.

  La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana martes 13 de diciembre, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se autoriza la difusión, bajo determinadas circunstancias, de la información sobre personas, empresas e instituciones incorporadas a los registros del Banco Central del Uruguay.

Carp. Nº 328/05 - Rep. Nº 166/05

- por el que se designa con el nombre "Wilson Ferreira Aldunate" a la Estación Experimental Las Brujas, dependiente del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

Carp. Nº 403/05 - Rep. Nº 167/05

- por el que se declara que, de conformidad con el artículo 57 de la Constitución de la República, con el artículo 1º del Convenio Internacional del Trabajo Nº 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949), aprobado por la Ley Nº 12.030, de 27 de noviembre de 1953, y con los literales a) y b) del artículo 9º de la Declaración sociolaboral del MERCOSUR, es absolutamente nula cualquier discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo.

Carp. Nº 256/05 - Rep. Nº 168/05

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Antognazza, Breccia, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallinal, Heber Füllgraff, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Núñez, Penadés, Percovich, Ríos, Rubio, Sanguinetti, Saravia, Topolansky y Vaillant.

FALTAN: con licencia los señores Senadores Baráibar, Heber (Luis Alberto), Nicolini y Xavier.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 07 minutos)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- por el cual se aprueba el Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación Educacional, Científica, Tecnológica y Cultural entre la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay, suscrito en Montevideo, el 15 de diciembre de 2003.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- por el cual se sustituye el literal d) del artículo 22 de la Ley Nº 17.453 de fecha 28 de febrero de 2002, relacionado con las personas físicas o jurídicas que gozan de exoneración tributaria de cualquier tipo para la importación de vehículos de pasajeros.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

- por el que se declara de interés nacional la trazabilidad individual de ganado bovino.

- A LA COMISION DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.

El Poder Ejecutivo remite Mensajes:

- solicitando venia para conferir ascensos al grado de Coronel del Ejército Nacional y Capitán de Navío de la Armada Nacional a varios señores Tenientes Coroneles y un Capitán de Fragata, respectivamente.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

- comunicando la promulgación de un proyecto de ley por el que se autoriza hasta el 31 de diciembre de 2005, en carácter de excepción, a los Gobiernos Departamentales a ingresar, durante el día, a los predios particulares, a efectos de cumplir con operaciones de limpieza de troncos y maleza acumulados como consecuencia del temporal del 23 y 24 de agosto de 2005.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVESE.

El Ministerio de Educación y Cultura remite respuesta al pedido de informes solicitado por los señores Senadores Rafael Michelini y Leonardo Nicolini relacionado con la situación de los Organismos del Estado al 1º de marzo de 2005.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADO A LOS SEÑORES SENADORES.

El Ministerio de Economía y Finanzas comunica una resolución donde se acepta la renuncia del Cr. Ricardo Puglia Saavedra al cargo que ocupa en el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

- TENGASE PRESENTE.

La Cámara de Representantes:

- Remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se modifican disposiciones de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004, relacionadas con la remuneración de los señores Representantes Nacionales que desempeñan suplencias en la Cámara de Senadores.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

- por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender el subsidio por desempleo a los trabajadores del Hospital Español.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- por el que se designa Avenida ‘Sacerdote Luis Perico Pérez Aguirre S.J.’ el segmento de la Ruta Nº 48, comprendido entre la calle Doctor Pouey de la ciudad de Las Piedras del departamento de Canelones, y la Ruta Nacional Nº 5 Brigadier General Fructuoso Rivera.

- A LA COMISION DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

- por el que se establecen beneficios tributarios a diversos sectores de la actividad turística del país.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

- por el que se aprueba el Acuerdo para la creación de la ‘Visa MERCOSUR’ suscrito en la ciudad de Montevideo, el 16 de diciembre de 2003.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- Remite las siguientes notas:

- con destino a la Comisión de Asuntos Internacionales, exposición escrita presentada por el señor Representante Jaime Trobo relacionada con la adjudicación del premio ‘Andrei Sajarov’ 2005, en reconocimiento a trabajos humanitarios de defensa de los derechos humanos y de las libertades, a las familiares de presos políticos cubanos conocidas como Damas de Blanco.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- con destino a la Comisión de Defensa Nacional, la exposición escrita presentada por el señor Representante Guido Machado relacionada con una exposición realizada por el ex Diputado Walter Vener en la que propone se erija un monumento o una estela en homenaje a los caídos en las Misiones de Paz.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

- con destino a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora Representante Daniela Payssé en sesión de 17 de noviembre del corriente año, referidas a la inauguración de la radio Berro al Aire, gestionada por internados de la Colonia Berro.

- A LA COMISION DE POBLACION, DESARROLLO E INCLUSION.

- con destino a la Comisión de Educación y Cultura, exposición escrita presentada por el señor Representante Guido Machado relacionada con la conveniencia de emprender acciones que favorezcan la posibilidad de que mayor cantidad de familias uruguayas puedan contar con un ordenador en su hogar.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- con destino a la Comisión de Salud Pública, exposición escrita presentada por el señor Representante Guido Machado relacionada con la conveniencia de advertir a la población sobre las consecuencias del abuso en el consumo de alcohol.

- A LA COMISION DE SALUD PUBLICA.

- y comunica que sancionó los proyectos de ley:

- por el que se designa ‘Roma’ la Escuela Nº 339, del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

- por el que se aprueban los Acuerdos sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR y sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, suscritos en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 6 de diciembre de 2002.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVESE.

El señor Presidente del Senado presenta un proyecto de resolución por el que se aprueba el Presupuesto interno de la Cámara de Senadores para el período 2005-2009.

- A LA COMISION DE PRESUPUESTO.

El señor Presidente de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo eleva las siguientes resoluciones:

- por la cual se aprueba el Presupuesto Quinquenal 2005 - 2009 de la Comisión Administrativa.

- por la cual se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2004.

- A LA COMISION DE PRESUPUESTO.

La Comisión de Hacienda eleva informado el proyecto de ley por el que se autoriza la difusión, bajo determinadas circunstancias, de la información sobre personas, empresas e instituciones incorporadas a los registros del Banco Central del Uruguay.

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca eleva informado el proyecto de ley por el que se designa con el nombre ‘Wilson Ferreira Aldunate’ la Estación Experimental Las Brujas, dependiente del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con Hacienda eleva informado el proyecto de ley por el que se declara que, de conformidad con el artículo 57 de la Constitución de la República, con el artículo 1º del Convenio Internacional del Trabajo Nº 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949), aprobado por la Ley Nº 12.030, de 27 de noviembre de 1953, y con los literales a) y b) del artículo 9º de la Declaración sociolaboral del MERCOSUR, es absolutamente nula cualquier discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo.

- HAN SIDO REPARTIDOS. ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Junta Departamental de Maldonado remite la versión taquigráfica de las palabras de la señora Edila Isabel Pereira, relacionadas con el procedimiento utilizado en el Banco de Seguros del Estado para el sistema unificado de pensión a la vejez e invalidez.

La Junta Departamental de Treinta y Tres remite:

- nota comunicando su apoyo a la solicitud presentada por la Junta Departamental de Cerro Largo referente a la falta de control ante el ingreso de niños y jóvenes a sitios de Internet peligrosos e inadecuados en los ‘Cyber cafés’.

- copia de la versión taquigráfica de las palabras de las señora Edila Ana Sánchez, referente al ‘Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer’

La Junta Departamental de Flores remite copia de una resolución relacionada con el proyecto de ley de igualdad de oportunidades y derechos de la República Oriental del Uruguay.

La Junta Departamental de Colonia remite nota comunicando que en sesión celebrada el día 2 de diciembre ppdo. resuelve apoyar la iniciativa de su similar de Soriano en cuanto a reglamentar la ingesta de alcohol en la vía pública.

- TENGANSE PRESENTES."

4) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Las señoras Senadoras Margarita Percovich y Mónica Xavier, y los señores Senadores Eduardo Lorier, José Korzeniak, Víctor Vaillant, Alberto Cid, Carlos Gamou, Alberto Breccia, Eduardo Ríos, Enrique Rubio, Luis Rosadilla, Alberto Couriel y Rodolfo Nin Novoa presentan, con exposición de motivos, el siguiente proyecto de ley:

- por el que se sustituyen los artículos 69, 86 y 126, y se suprime el inciso final del artículo 91, del Código de la Niñez y la Adolescencia.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION."

(Texto del proyecto presentado:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 69 del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 17.823 de 7 de setiembre de 2004, por el siguiente:

"ARTICULO 69. (Infracciones a la ley penal).- A los efectos de este Código sólo son infracciones a la ley penal:

1) Las acciones u omisiones dolosas consumadas, cometidas en calidad de autor o coautor, a las que el Código Penal o las leyes penales especiales señalan una pena cuyo límite mínimo es superior a un año de prisión o cuyo límite máximo es superior a tres años de penitenciaría.

2) Las acciones u omisiones ultraintencionales o culposas a que refieren los numerales 1) y 2) del artículo 72.

3) La participación en calidad de cómplice en infracciones gravísimas a la ley penal."

 Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 86 del Código de la Niñez y la Adolescencia, por el siguiente:

"ARTICULO 86. (Aplicación).- Las medidas privativas de libertad sólo se aplicarán a los adolescentes declarados por sentencia ejecutoriada, responsables de infracción gravísima, que a juicio del Juez justifique las mismas.

También podrán aplicarse a los adolescentes que, habiendo sido declarados por sentencia ejecutoriada responsables de una infracción en forma reiterada, incumplen las medidas adoptadas por el Juez. En este caso el plazo de duración de la medida privativa de libertad no podrá exceder de sesenta días."

Artículo 3º.-  Suprímase el inciso final del artículo 91 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 91. (Duración de las medidas de privación de libertad).- La medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de cinco años.

En ningún caso el adolescente que al llegar a los dieciocho años permanece sujeto a medidas, cumplirá lo que le resta en establecimientos destinados a los adultos."

Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 126 del Código de la Niñez y la Adolescencia, por el siguiente:

"ARTICULO 126 . (Comportamiento policial).- Cuando la autoridad policial tome conocimiento que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el inciso primero del artículo 117, deberá ponerlo en conocimiento del Juez competente, quien de inmediato deberá resolver si corresponde que el mismo sea trasladado ante su presencia. Siempre deberá fundamentar su decisión, y dejar constancia por escrito; si resolviera que fuera conducido ante su presencia procederá de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 118."

"Tratándose de la situación prevista en el inciso segundo del artículo 117, podrá ser conducido a la unidad policial, desde donde se dará cuenta de inmediato al Juez competente, estándose a lo que este resuelva. Su resolución siempre deberá ser fundada y quedar constancia por escrito."

Margarita Percovich, Mónica Xavier, Eduardo Lorier, José Korzeniak, Víctor Vaillant, Alberto Cid, Carlos Gamou, Alberto Breccia, Eduardo Ríos, Enrique Rubio, Luis Rosadilla, Alberto Couriel, Rodolfo Nin Novoa. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

 El Código de la Niñez y de la Adolescencia aprobado por Ley 17.823 de 7 de setiembre de 2004, ha significado un importante avance en la legislación uruguaya, respecto a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

A un año de su vigencia resulta necesario realizar un ajuste en algunas de las disposiciones referidas tanto a las infracciones a la ley penal como al proceso de detención policial, para que este Código se transforme en una herramienta eficiente que dé garantías de operatividad en las diferentes intervenciones, tanto judiciales como policiales.

Así, en lo que refiere a la procedencia de la privación de libertad, los jueces necesitan del Legislador un mandato claro y preciso, para que su actividad jurisdiccional no se vea afectada al momento de aplicar la norma por cuestionamientos que de algún modo afecten su función. En este sentido la propuesta de reforma del artículo 69 (Infracciones a la ley penal) establece qué acciones deben considerarse como infracciones a la ley cuando son cometidas por un adolescente. La precisión del tipo penal es fundamental para dotar de garantías al proceso de responsabilidad penal juvenil y especialmente a la actividad del juez, respetando el mandato constitucional de la especificidad en la intervención de la delincuencia juvenil.

Por su parte la modificación del artículo 86 (Aplicación de las medidas socioeducativas privativas de libertad) persigue la determinación clara de cuándo un adolescente debe ser privado de su libertad; las dudas que el operador judicial pudiera tener frente a la redacción dubitativa de la disposición original cesan ante esta redacción más precisa que se le da a este artículo.

Con respecto a la propuesta de modificación del artículo 91 (Duración de las medidas de privación de libertad) se vuelve a la redacción que originariamente había tenido este artículo en todos los anteproyectos desde el año 1996 hasta el del año 2000.

En cuanto a la actuación de la Policía, el objetivo de la reforma del artículo 126 (Comportamiento policial) es que la autoridad policial pueda cumplir con su función constitucional de detener a las personas que cometen un delito, especialmente en los casos de flagrancia; de ahí que se torna necesario precisar el alcance de la potestad policial para proceder a la detención de los niños menores de 13 años de edad que cometen un delito, que puedan ser conducidos a las dependencias policiales, procediendo en todo lo demás conforme lo establecido en el Código. Es decir, aviso inmediato a la autoridad judicial y estar a lo que ésta resuelva.

En definitiva, el alcance de esta propuesta de reforma es dotar tanto a la autoridad judicial como policial de normas claras de actuación que garanticen también el cumplimiento efectivo de las funciones que a cada uno de estos actores principales les compete.

Margarita Percovich, Mónica Xavier, Eduardo Lorier, José Korzeniak, Víctor Vaillant, Alberto Cid, Carlos Gamou, Alberto Breccia, Eduardo Ríos, Enrique Rubio, Luis Rosadilla, Alberto Couriel, Rodolfo Nin Novoa. Senadores."

 SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Las señoras Senadoras Margarita Percovich y Mónica Xavier, y los señores Senadores Eduardo Lorier, José Korzeniak, Víctor Vaillant, Alberto Cid, Carlos Gamou, Alberto Breccia, Eduardo Ríos, Enrique Rubio, Luis Rosadilla, Alberto Couriel y Rodolfo Nin Novoa presentan, con exposición de motivos, el siguiente proyecto de ley:

- por el que se incorporan al Código de la Niñez y la Adolescencia normas para la protección de niños y adolescentes que han sido víctimas de maltrato y/o abuso sexual.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION."

(Texto del proyecto presentado:)

PROYECTO DE LEY

 "Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 118 de la Ley Nº 17.823 de 7 de setiembre de 2004 por el siguiente:

"ARTICULO 118. (Primeras diligencias).- El Juez que tiene conocimiento, por cualquier medio, que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo anterior, tomará las más urgentes e imprescindibles medidas, debiendo, salvo imposibilidad, recabar la opinión del niño o adolescente, en presencia del defensor que se le proveerá en el acto y de sus padres o responsables, si los tuviere.

Asimismo, el Tribunal deberá recabar los informes técnicos correspondientes y oír  al Ministerio Público preceptivamente, quien intervendrá en favor del efectivo respeto a los derechos y garantías, reconocidos a los niños y adolescentes, debiéndose pronunciar en el plazo máximo de tres días.

Dispuestas las medidas urgentes, se proseguirá conforme a lo previsto en los arts. 321 del Código General del Proceso, salvo que se tratare de una situación de maltrato o abuso, en cuyo caso se procederá conforme a lo previsto en los arts. 130 y siguientes de este Código."

 Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 126 de la Ley 17.823 de 7 de setiembre de 2004 por el siguiente:

"ARTICULO 126 . (Comportamiento policial).- Cuando la autoridad policial tome conocimiento que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el inciso primero del artículo 117, deberá ponerlo en conocimiento del Juez competente, quien de inmediato deberá resolver si corresponde que el mismo sea trasladado ante su presencia. Siempre deberá fundamentar su decisión, y dejar constancia por escrito; si resolviera que fuera conducido ante su presencia procederá de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 118."

"Tratándose de la situación prevista en el inciso segundo del artículo 117, podrá ser conducido a la unidad policial, desde donde se dará cuenta de inmediato al Juez competente, estándose a lo que este resuelva. Su resolución siempre deberá ser fundada y quedar constancia por escrito."

Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 130 de la Ley 17.823 de 7 de setiembre de 2004 por el siguiente:

"ARTICULO 130. (Definición).- A los efectos de este título entiéndese por maltrato y violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes las siguientes situaciones, no necesariamente taxativas: maltrato físico, maltrato psíquico-emocional, abuso sexual, explotación sexual comercial (prostitución, pornografía, trata, etc), explotación laboral."

Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 131 de la Ley 17.823 de 7 de setiembre de 2004 por el siguiente:

"ARTICULO 131.  (La denuncia).- Ante denuncia escrita o verbal por la realización de cualquiera de las conductas mencionadas en el artículo anterior, la autoridad receptora deberá comunicar el hecho de forma fehaciente e inmediata al Juzgado competente, quien deberá designar de inmediato Defensor al niño o adolescente. Se seguirá el procedimiento y demás disposiciones de la Ley Nº17.514 del 2/7/2002, sin perjuicio de las normas específicas para la protección de niños/as y adolescentes que se disponen a continuación."

 Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 131.1 de la Ley Nº 17.823 de 7 de setiembre de 2004 por el siguiente:

 "ARTICULO 131.1:  El  principio orientador del Tribunal será prevenir la victimización secundaria.

 A tales efectos, el Tribunal, deberá velar para que durante todo el  procedimiento se garantice, a los niños, niñas y adolescentes que participen en el mismo, los siguientes derechos:

a.- a recibir un trato digno, que tenga especialmente en cuenta sus necesidades específicas en tanto persona que ha sido víctima de maltrato y/o abuso sexual, en especial cuando deba relatar los hechos acaecidos o someterse a exámenes físicos.

b- a que se tenga especialmente en cuenta su opinión, necesidades y expectativas, para la efectiva restitución de sus derechos.

c- al patrocinio letrado.

d- a ser acompañado en todas las instancias judiciales por una persona adulta de su confianza, si lo deseare.

 e- a la protección de su identidad e intimidad.

f. - a la protección de su integridad física y moral y la de su familia y testigos frente a posibles represalias.  Esta protección debe extenderse a los técnicos de las instituciones que denuncian o intervienen a favor de la víctima.

g- a ser informados respecto al estado de las actuaciones, las decisiones adoptadas y los alcances de las mismas."

 Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 131.2 de la Ley Nº 17.823 de 7 de setiembre de 2004 por el siguiente:

 "ARTICULO 131.2: Limitación de la intervención policial. El personal policial, salvo la recepción de la denuncia o de cualquier otro elemento informativo indispensable para actuaciones tendientes a hacer cesar una situación de maltrato o abuso, no tomará declaración al niño o adolescente víctima de esas conductas, salvo que se tratare de personal técnico designado a tales efectos por el Juez para la indagatoria psíquica de la víctima."

Artículo 7º.- Sustituyese el artículo 131.3 de la Ley 17.823 de 7 de setiembre de 2004 por el siguiente

"ARTICULO 131.3:  Medidas cautelares: Verificadas liminarmente las hipótesis del artículo 130,  el Juez competente dispondrá todas aquellas medidas cautelares tendientes a la protección  física y emocional del niño o adolescente.   A tales efectos podrá disponer entre otras las siguientes medidas:

1º- Retiro del presunto agresor o abusador de la residencia común.

2º- Prohibición al presunto agresor o abusador de comunicarse, relacionarse, entrevistarse u otra conducta similar con la presunta víctima o denunciantes del hecho.

3º- Designación según el caso, de un tutor, curador, o guardador provisorio.

4º- Decretar provisoriamente alimentos respecto de quienes estén obligados a ello.

5º- Otorgar la tenencia provisoria del niño, niña  o del adolescente a familiares cercanos y otras personas de confianza del mismo

6º- Asignación provisoria de una familia sustituta.

7º- Internación provisoria en un organismo oficial u organización no gubernamental autorizada, de protección  del niño, niña o adolescente

8º- Atención terapéutica del niño, niña  o adolescente en una institución especializada.

En todos los casos deberá adoptar medidas de protección de la identidad de la víctima y familiares denunciantes respecto de terceros."

 Artículo 8º.- Sustituyese el artículo 131.4 de la Ley Nº 17.823 de 7 de setiembre de 2004 por el siguiente:

"ARTICULO 131.4:  Características de las medidas cautelares. La enumeración precedente no es taxativa, pudiendo adoptarse cualquier otra medida análoga que sirva a los fines expuestos, debiéndose tener especialmente en cuenta las previstas en la Ley 17.514.   El orden de las mismas no implica jerarquía alguna entre ellas.  No obstante , la medida prevista en el numeral 7º del artículo anterior, deberá ser adoptada como último recurso y ante la imposibilidad de lograr con cualquiera de las otras medidas los fines de protección necesarios.

Esta medida (numeral 7º) deberá poseer carácter transi-torio y no implicará privación de libertad. En tales casos, hasta tanto el niño/a o adolescente no sea reintegrado a su familia u otra alternativa, el proceso debe ser tramitado por el Tribunal con competencia de  urgencia.

La adopción de las medidas cautelares de protección al niño o al adolescente por el Juez de Familia en el ámbito de su competencia, lo son sin perjuicio de las que pueda dictar el juez competente en materia penal, sobre la persona y bienes del imputado, conforme a lo previsto en el Código del Proceso Penal."

Artículo 9º.- Sustituyese el artículo 131.5 de la Ley Nº 17.823 de 7 de setiembre de 2004 por el siguiente:

"ARTICULO   131. 5: Indagatoria psíquica de la víctima. Durante la producción de la prueba, en la etapa prevista en el Código del Proceso Penal o en el presente Código, deberá propenderse a la realización de una única indagatoria psíquica del niño o del adolescente, sin perjuicio del examen médico forense.  Si se considerare necesario realizar una nueva pericia, deberá previamente recabarse el consentimiento de la víctima, la que será asistida, a tales efectos, por su defensor."

 Artículo 10.- Sustituyese el artículo 131.6 de la Ley Nº 17.823 de 7 de setiembre de 2004 por el siguiente:

"ARTICULO 131.6:  Naturaleza de la indagatoria: La referida indagatoria tendrá naturaleza pericial y se regulará por lo dispuesto en el Código del Proceso Penal, con las modificaciones establecidas en los artículos siguientes.

La determinación de los puntos que serán objeto de la diligencia pericial, se hará conforme a lo dispuesto por el art. 180 del Código General del Proceso en lo que fuere pertinente."

 Artículo 11.- Sustituyese el artículo 131.7 de la Ley Nº 17.823 de 7 de setiembre de 2004 por el siguiente:

 "ARTICULO131.7: Cualidades del perito.   La entrevista indagatoria deberá estar a cargo de personas especialmente preparadas en técnicas de detección e investigación de situaciones de maltrato y abuso sexual de niños y de adolescentes.

A falta de los peritos oficiales requeridos por el Código del Proceso Penal, el Tribunal podrá derivar la realización de la indagatoria a aquellas Organizaciones No Gubernamentales autorizadas que cuenten con personas capacitadas para ello."

 Artículo 12.- Sustituyese el artículo 131.8 de la Ley Nº 17.823 de 7 de setiembre de 2004 por el siguiente:

 "ARTICULO 131.8: Oportunidad y práctica pericial. La entrevista indagatoria deberá realizarse siempre de modo previo al interrogatorio judicial.   La misma deberá ser realizada por los técnicos a solas con la víctima, pudiendo disponerse, previa conformidad de la periciada y del perito, que sea presenciada por el Tribunal  y las partes a través de un vidrio de visión unilateral (Cámara Gessell).

Su registración se hará mediante videograbación."

Artículo 13.- Sustituyese el artículo 131.9 de la Ley Nº 17.823 de 7 de setiembre de 2004 por el siguiente:

 "ARTICULO 131.9: Declaración judicial de la víctima. La declaración del niño, la niña o del adolescente ante el Tribunal se realizará sólo si aquel o aquella  lo solicitare o en aquellos casos en que resulte imprescindible para la instrucción, a requerimiento del Ministerio Público, de la Defensa o Tribunal de Oficio.   Durante la misma las partes y el Tribunal deberán contar con el asesoramiento de los técnicos intervinientes en la indagatoria pericial y el Defensor del niño o adolescente. En dicha audiencia no podrá estar presente el denunciado como agresor ni otros testigos del juicio.

En los demás casos, la entrevista indagatoria referida en los artículos anteriores y la presencia del técnico y del Defensor, sustituirán a la víctima en el resto del proceso."

Artículo 14.- Sustituyese el artículo 131.10 de la Ley Nº 17.823 de 7 de setiembre de 2004 por el siguiente:

 "ARTICULO 131.10:    Diagnóstico de interacción familiar.  El Tribunal, de oficio o a petición de partes, podrá requerir un diagnóstico de interacción familiar y según sus resultados, instar a los mismos a  asistir a programas educativos o terapéuticos."

 Artículo 15.- Sustituyese el artículo 131.10 de la Ley Nº 17.823 de 7 de setiembre de 2004 por el siguiente:

 "ARTICULO 131.10: Careo u otras formas de confrontación. Prohíbese el careo y cualquier otro tipo de confrontación de la víctima o de los testigos niños, niñas o adolescentes con el agresor u otras personas que participen en el proceso judicial, so pena de nulidad, cualquiera sea la naturaleza del mismo.  El cumplimiento de esta disposición quedará bajo la estricta supervisión y responsabilidad funcional del Tribunal."

Artículo 16.- Sustituyese el artículo 131.11 de la Ley Nº 17.823 de 7 de setiembre de 2004 por el siguiente:

"ARTICULO 131.11: Coordinación interinstitucional: De las denuncias que se presenten referidas en las con-ductas previstas en el artículo 145 se dará conocimiento al Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia a fin de atender la coordinación de los servicios públicos y privados que evite y, en su caso, superen las causas de maltrato, abusos y otras formas de violencia dentro de la familia.

Con la misma finalidad, podrá ser convocados por el Tribunal los organismos públicos y las entidades no gubernamentales autorizadas dedicadas a la prevención de la violencia y asistencia de las víctimas."

 ARTICULO 131.12 : Lo dispuesto en los arts.131.1,131.2 y 131.4 a 131.11 será de aplicación en los procesos penales a que dieren lugar las situaciones a que hace referencia el artículo 130 de este Código.

Margarita Percovich, Mónica Xavier, Eduardo Lorier, José Korzeniak, Víctor Vaillant, Alberto Cid, Carlos Gamou, Alberto Breccia, Eduardo Ríos, Enrique Rubio, Luis Rosadilla, Alberto Couriel, Rodolfo Nin Novoa. Senadores.

 EXPOSICION DE MOTIVOS

MODIFICACION DEL CAPITULO XI- Párrafo II- "Del maltrato y de la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes".

Se incorpora a través de este proyecto normativa específica para  la protección de niños/as y adolescentes que han sido víctimas de maltrato y/ o abuso sexual.

En el Código de Niñez y Adolescencia vigente,  el capítulo destinado a esta temática se reduce a dos artículos.  El artículo 130 hace una enumeración no taxativa de las diferentes formas de maltrato y abuso y el siguiente dispone cuales deben ser las primeras acciones ante una denuncia de hechos de esta naturaleza, limitándose a expresar que el principio orientador ha de ser la no revictimización secundaria.   

En este proyecto se incorporan elementos que buscan mejorar la intervención estatal ante estas situaciones y  que permitan al tribunal y otros operadores, garantizar la no-revictimización.

En primer lugar, prevé como procedimiento aplicable a estas situaciones el de la Ley 17.514 (Ley c/ Violencia Doméstica) superando la actual dicotomía jurisprudencial entre la atención de la violencia doméstica cuando es denunciada por adultos y las situaciones en que la misma es denunciada por niños, niñas y adolescentes.  Esta ley será así aplicable tanto a situaciones de violencia intrafamiliar como aquellas en que el maltrato y/o abuso proviene de personas externas a la familia pero que, tratándose de niños, niñas y adolescentes, se caracteriza siempre por el abuso de poder que ejerce el adulto aprovechándose de su autoridad, sea como docente, encargado de la atención u otras forma de relacionamiento.

 Asimismo, el art. 131.1. del Proyecto enuncia una serie de derechos fundamentales de las víctimas de maltrato y abuso, siguiendo las directivas de la Asamblea General de las Naciones Unidas en tal sentido (Resolución 40/34)  y el art. 8 del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre venta, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía, ratificado por nuestro país, tales como el derecho a un trato digno, a que se atiendan sus necesidades específicas como víctima de estos delitos, a recibir información respecto al alcance, incidencia y estado de las actuaciones, al patrocinio letrado, a la protección de la intimidad e identidad de sí y de los familiares, a la protección frente a las represalias, tanto de la víctima como de los familiares y denunciantes, a ser acompañado en el proceso por una persona adulta de su confianza.

 Además de resultar aplicables las medidas cautelares de la ley 17.514, el art. 131.3 enumera otras, también no taxativas, que atienden específicamente a la condición de edad de los niños, niñas y adolescentes y el art. 131.4 versa sobre las características y orden de preferencia de estas medidas, quedando la internación como medida residual.

Los arts. 131.5 a 131.8 regulan minuciosamente la indagatoria pericial, buscando superar la superposición de pericias, las pericias innecesarias o aquellas que se realizan contra la voluntad de la víctima.   Se disponen algunos criterios que buscan asegurar la calidad de la pericia y la oportunidad de la misma, de forma que esta sea útil al Tribunal para adoptar las primeras medidas y que sean profesionales especializados quienes reciban los primeros testimonios de las víctimas (131.8).

El artículo 138.10 prohíbe el careo y toda forma de confrontación entre un niño, niña o adolescente y un adulto tanto en sede de familia como en sede penal,  práctica que aún no ha logrado ser plenamente erradicada pese a la flagrante  desproporción de poder existente entre los participantes en estos casos y el daño que este tipo de acciones provoca en la víctimas de maltrato y abuso sexual.

El artículo 138.11 pone en manos del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica la coordinación de los servicios para atender estas situaciones.

Finalmente, el artículo 138.12 hace extensible estos criterios de actuación al Tribunal con competencia en materia penal.

Margarita Percovich, Mónica Xavier, Eduardo Lorier, José Korzeniak, Víctor Vaillant, Alberto Cid, Carlos Gamou, Alberto Breccia, Eduardo Ríos, Enrique Rubio, Luis Rosadilla, Alberto Couriel, Rodolfo Nin Novoa. Senadores."

5) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes llegado a la Mesa.

(Se da del siguiente:)

"De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, el señor Senador Jorge Saravia solicita se curse con destino al Banco de Seguros del Estado, un pedido de informes relacionado con la situación de las 22.000 hectáreas del Banco de Seguros del Estado.

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO."

(Texto del pedido de informes presentado:)

"Montevideo, 7 de diciembre de 2005

Señor

Presidente de la Cámara de Senadores

Dr. Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

Amparado en el artículo 118 de la Constitución de la República solicito a usted curse el siguiente pedido de informes al Banco de Seguros del Estado a fin de poder conocer:

PEDIDO DE INFORME

1. Situación de las 22.000 Hás. del B.S.E.

2. Contratos vigentes y a vencer al 2006.

3. Precio de los arrendamientos por Hás.

4. Empresas, Personas físicas o jurídicas que figuran como arrendatarios.

Jorge Saravia. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes llegado a la Mesa.

(Se da del siguiente:)

- "De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, el señor Senador Isaac Alfie solicita se curse con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, un pedido de informes relacionado con empresas que cuentan con buques de bandera uruguaya que efectúen transporte de cargas y de pasajeros.

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO."

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 29 de noviembre de 2005

Señor

Presidente de la Cámara de Senadores

Rodolfo Nin  Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

En ejercicio de la facultad que me confiere el articulo 118º de la Constitución de la República, vengo a solicitar que se dé curso al siguiente pedido de informes, con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas:

1.  Se indique la nómina de empresas que cuentan con buques de bandera uruguaya que efectúen transporte de cargas de cabotaje nacional, indicando en qué casos las empresas se dedican exclusivamente al transporte de carga y en cuáles las combina con otras actividades, tales como transporte de pasajeros.

2.  Se indique cuáles son las tarifas, tasas, proventos y precios públicos aplicables al buque y a la mercadería en los puertos bajo administración del Estado, así como los correspondientes al uso de vías navegables y ayudas a la navegación.

3. Se remita la nómina de las empresas que hasta la fecha han sido sancionadas por contravención, con motivo de infracciones por exceso de peso, indicando el monto total adeudado por cada una.

4.  Se adjunte la nómina de empresas de transporte de pasajeros por carretera que mantengan adeudos pendientes por concepto del tributo creado por el artículo 16 de la Ley Nº 12.950, de 23 de noviembre de 1961, y derogado por el artículo 9º de la Ley Nº 17.651, de 4 de junio de 2003, con el detalle del monto total adeudado por cada una.

5. Se informe detalladamente - indicando monto y concepto - las deudas originales, sus multas y recargos actualizados que la empresa BUQUEBUS (LOS CIPRESES S.A.),  mantiene con las diferentes dependencias del M.T.O.P. .

6.  Se informe si se le ha otorgado a la empresa BUQUEBUS  (Los Cipreses S.A.), nueva autorización o habilitación para el uso de la Terminal de Pasajeros del Puerto de Piriápolis, acompañando, en caso afirmativo, copia de la documentación respectiva de donde surjan las condiciones y contraprestaciones correspondientes.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

  Isaac Alfie. Senador."

6) INASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a la anterior convocatoria, en el caso que existieran:

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

En la sesión ordinaria del día 7 de diciembre no se registraron inasistencias.

En lo que respecta a las inasistencias de los señores Senadores a sus respectivas Comisiones, cabe informar que:

- A la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del día 7 de diciembre faltaron con aviso los señores Senadores Lara Gilene y Ríos.

- A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del mismo día faltó con aviso el señor Senador Rosadilla.

- A la sesión de la Comisión de Transporte y Obras Públicas del mismo día faltaron con aviso los señores Senadores Michelini, Moreira y Ríos.

- A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del día 8 de diciembre faltó con aviso el señor Senador Lorier.

- A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con Hacienda del mismo día faltó con aviso el señor Senador Heber.

- A la sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del día 12 de diciembre faltó con aviso la señora Senadora Topolansky.

- A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del mismo día faltó con aviso el señor Senador Heber.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Fernández Huidobro solicita licencia por el día 14 de diciembre."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, diciembre 13 de 2005

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito a usted tenga a bien gestionar licencia para el día 14 de diciembre por razones personales.

Sin otro particular, le saluda atentamente:

Eleuterio Fernández Huidobro. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 19 en 20. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Mónica Xavier solicita licencia por el día 13 de diciembre."

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 13 de diciembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

Por intermedio de la presente solicito a Ud. licencia por el día 13 de diciembre por motivos personales y que se convoque a mi suplente.

Sin otro particular lo saluda atentamente

Dra. Mónica Xavier. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- La señora Hyara Rodríguez y los señores Hugo Rodríguez Filippini y Elías Yafalian comunican que, por esta única vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto. En consecuencia, se convoca al suplente respectivo, que es el señor Manuel Núñez, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrara en la antesala, se lo invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Manuel Núñez)

9) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Baráibar solicita licencia desde el 14 de diciembre de 2005 hasta el 13 de enero de 2006 inclusive."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO ( Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 13 de diciembre de 2005

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia por enfermedad de conformidad con la Ley 17.827, Artículo 1º, Inciso A) desde el 14 de diciembre de 2005 hasta el 13 de enero de 2006 inclusive y se convoque a mi suplente correspondiente.

Se adjunta el certificado médico correspondiente.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente

Carlos Baráibar. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Los señores Enrique Pintado y César Segovia comunican que, por esta única vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto. En consecuencia, se convoca al suplente respectivo, que es el señor Milton Antognazza, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrara en la antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Milton Antognazza)

- Habiéndose votado oportunamente la licencia del señor Senador Luis Alberto Heber, se invita a pasar a Sala al señor Arturo Heber Füllgraff para prestar el juramento de estilo.

(Ingresa a Sala el señor Arturo Heber Füllgraff)

-Se invita al Senado y asistentes a la Barra a ponerse de pie.

Señor Arturo Heber Füllgraff: "¿Jura usted desempeñar debidamente el cargo de Senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?"

SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE.- "¿Jura usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?"

SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE.- "Queda usted investido del cargo de Senador."

(Aplausos en la Sala y en la Barra)

11) DISTRIBUCION DEL DIARIO "LA REPUBLICA"

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: hace unos cuantos días que el diario "La República" no llega a los quioscos en los cuales se vende. Por consiguiente, el público no lo puede leer, salvo que lo procure por algún medio bastante más complejo como es llegar hasta la propia redacción del matutino o que lo haga de alguna otra forma alambicada.

Este fenómeno se produjo -lo voy a contar en términos muy sintéticos- como consecuencia de que la organización que distribuye los diarios en Montevideo resolvió no distribuir el diario "La República" a raíz de una desavenencia producida con motivo del aviso de ese matutino de que tres días a la semana se vendería a $ 15. En realidad, el motivo del boicot a la distribución no fue la venta a $ 15, sino una nota que se publicó en dicho diario anunciando que no podía cumplir con esa medida porque estaba en una especie de conflicto económico, ya que la organización distribuidora se negaba a que el diario "La República" rebajara su precio tres días a la semana. Quiere decir que el origen de esta situación no es la rebaja, sino una nota del diario "La República" que dice que no puede hacer la rebaja el día que correspondía. La organización que distribuye los diarios no quería que esa nota llegara al público. Nosotros entendemos que es un hecho muy grave que tiene varias causas. Es un tema donde cuesta entender -como dijo el compañero Vaillant en la Bancada de Senadores del Frente Amplio, el otro día- cómo la sociedad uruguaya ha tolerado esa suerte de monopolio de la distribución de los diarios en Montevideo; sea "La República", "El País", los semanarios, diarios de izquierda o de derecha, es un monopolio de hecho en la distribución. Hay un factor básico para que ese monopolio se produzca. Quienes están cerca del tema "prensa" saben que en once lugares de Montevideo -que se extiende hasta Pando- se entregan cantidades de diarios, que luego se reparten a los quioscos. Esa distribución tiene un origen, que podríamos llamar municipal, que es la autorización, permiso o concesión. No vamos a entrar en las discusiones de naturaleza jurídica del acto por el cual el Municipio dice que autoriza, permite o concede el permiso para instalar un quiosco para la distribución de diarios y revistas. Ese es uno de los orígenes y el otro es la manera cómo actúa el llamado sindicato. A propósito de ello, quiero decir que tengo la convicción de que lo que fue en su momento un sindicato con una trayectoria que ennobleció la figura de Troitiño, su fundador, hoy en día se ha convertido en una organización que no funciona como un sindicato. Habitualmente, cuando los sindicatos van a tomar decisiones trascendentes tienen reuniones de asamblea o reuniones ampliadas de sus directivas. En este caso, se trata de una organización corporativa, con mucha fuerza entre quienes la manejan o dirigen, que cesó la distribución antes de hacer una asamblea que, según tengo entendido, se realizó anoche. Pero, reitero, la decisión trascendente de suspender la distribución se tomó antes. Esto es la desnaturalización de un sindicato y me resulta grato recordar que las descendientes de Troitiño, en la noche de ayer, en la celebración del 95 aniversario de mi Partido, protestaron porque la figura de Troitiño todavía sigue siendo utilizada por una organización, que ellas sostienen que no es el verdadero sindicato que se fundó y que durante muchos años funcionó con muy buena protección y participación de todos los canillitas.

Esta situación, señor Presidente -sin duda-, genera un fenómeno político. Se han dado otras situaciones algo similares, pero nunca como ésta, aunque se han hecho comparaciones. Ha habido conflictos y problemas en los que, por razones económicas, se produce una discusión y luego el anuncio de que no va a haber distribución. Pero esta es una situación que, desde el punto de vista jurídico, no resiste un análisis serio. En primer lugar, ese monopolio en la distribución no surge de ninguna norma con ese nombre y, por lo tanto, la calificación jurídica adecuada es "monopolio de hecho", y todos sabemos que esta expresión puede dar lugar a que se discuta si es un verdadero monopolio. Aquí no hay discusión, porque el monopolio existe de tal manera, que aun un quiosquero, para vender su quiosco, tiene que conseguir autorización municipal -es el Gobierno Departamental que da esos permisos con carácter personalizado- pero, además, no puede distribuir diarios y revistas si no ingresa a la organización. Entonces, el monopolio de hecho es realmente un monopolio y, que yo sepa, no existe una ley que haya autorizado ese monopolio. El numeral 17) del artículo 85 de la Constitución de la República, dice que la ley es la competente para "Conceder monopolios, requiriéndose para ello dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara". Quiere decir que cuando el Municipio autoriza a los quioscos la distribución de diarios y revistas, aunque no lo diga -porque la autorización no puede transcribir todas las normas constitucionales, legales y reglamentarias que tienen que ver con el tema-, implícitamente está diciendo que esto no puede significar un monopolio. Si en algún momento se lo hizo sin pensar que está mal hecho, de inmediato se lo tiene que dejar sin efecto. Está claro que esto es así porque, en mi opinión, no se puede concebir que se otorgue un permiso, autorización o concesión por fuertes razones jurídicas -entre ellas, la que acabo de citar-, pues estamos frente a un permiso que se viola porque se utiliza nada menos que para violentar un derecho muy importante, como es el derecho a informarse -que es uno- y el derecho a informar -que es otro-, que eventualmente, por diversas razones, se confunden. Reitero que está el derecho a la información y el derecho de informar.

Por otra parte, existen normas de la Ley Orgánica Municipal. La Junta Departamental y el Intendente, por la Ley Orgánica Nº 9515, de 28 de octubre de 1935 tienen, entre sus cometidos, la defensa de los derechos individuales como son: la libertad de prensa y la libertad de estar informado por ella. Además, la Ley Orgánica Municipal les faculta -inclusive, en normas que son poco conocidas para quienes están lejos de los temas judiciales- hasta actuar judicialmente en ese sentido. Muy pocos saben -no porque no tengan interés, sino porque es un tema un poco más especializado- que el Intendente o la Junta Departamental pueden presentar un "Habeas Corpus" si se enteran que hay un ciudadano del departamento mal detenido.

Entiendo que habiéndose llegado a esta solución -me ha costado mucho resumir un tema que para mí es tan dramático-, creo que la Intendencia Municipal de Montevideo debería tomar medidas inmediatas para que quede absolutamente claro que deben cesar los efectos de la violación, no sólo de un artículo constitucional que se refiere a cómo se crean los monopolios, sino también de un artículo expreso sobre la libertad de comunicación del pensamiento, que es el artículo 29, para que los quioscos deban, necesariamente, distribuir todos los medios de difusión con el pluralismo que caracteriza a una democracia y a un Estado de Derecho, sin poder establecer discriminaciones o censura, cualquiera sean estas razones.

Me ha quedado mucho por decir, pero como se termina el tiempo de que dispongo, voy a solicitar que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Educación y Cultura, donde se registran todas las organizaciones que adquieren personería jurídica, como el sindicato de diarios y revistas; al Ministerio del Interior, a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Montevideo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Korzeniak.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

12) INTERMEDIACION EN LA VENTA DE DIARIOS

SEÑOR PPRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Fernández Huidobro.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: voy a referirme al mismo tema y, por todos los medios, voy a tratar de separarme del conflicto puntual que existe hoy en las calles de Montevideo.

Debo aclarar antes que trascendió en la prensa que el compañero Vaillant iba a ser el portador de la palabra de nuestra Bancada respecto a este tema y con él hemos coordinado fraternalmente estas palabras que voy a pronunciar aquí.

Señor Presidente: creo que estamos ante un problema, ante un conflicto, del que se podría haber dicho, hace largos años, que tarde o temprano iba a estallar.

Todas las noches, en cada sala de redacción, en cada taller de armado y en cada taller gráfico de nuestro país, se produce la hazaña de editar un libro de muchas páginas o un diario de 32 páginas -hoy en día casi ninguno tiene esa cantidad porque, si le agregamos los suplementos, tiene muchas más- que si lo comparamos con el formato de un libro equivale, precisamente, a un libro por madrugada.

Esa hazaña humana es factible hacerla -y con esta expresión vaya un homenaje a todos los periodistas y trabajadores de talleres como son los armadores, correctores, diagramadores y obreros gráficos en general- por una finísima coordinación del trabajo humano y la tecnología. Los periodistas, columnistas y editorialistas llegando en hora con su crónica, con su columna y con su editorial; los diagramadores agregando arte y buen gusto al diseño y a la presentación, luego los correctores y después el trabajador gráfico en el taller, donde cada noche, a la hora puntual, se ponen en marcha las rotativas, esa maravilla de las imprentas.

No se podría comprender el problema de hoy si no se entiende cómo funciona una rotativa. Una rotativa es un invento maravilloso que está destinado, pura y exclusivamente, a producir una cantidad inmensa de ejemplares en pocos minutos, ya sea de un diario, un libro o un semanario. El quid de la cuestión de la difusión de las ideas, de la propaganda, de la libertad, en este caso está radicado no sólo en la calidad, sino también en la cantidad. Cuando se vaya a pedir un presupuesto en cualquier rotativa del país se podrá encontrar con la aparente extravagancia de que, cuantos más ejemplares se editen, más barato va a resultar por unidad, porque los costos fijos -los de las chapas y el de los trabajadores que llevan adelante esa tarea- seguirán siendo los mismos y se irán diluyendo en la medida en que aquella rotativa marcha a una velocidad tal, que incluso no puede ser seguida por los ojos.

Por lo tanto, la cantidad es un mérito de estas máquinas inventadas por el ser humano. Ayer, el mérito era sólo ese. Hoy, increíblemente, incluso teniendo en cuenta hasta el papel previsto para esas máquinas -que es el más barato de la industria, para que las ideas puedan llegar a cada ciudadano- se produce a extremados niveles de calidad en materia de color y de una cantidad de asuntos que tienen que ver con todo esto.

No hablemos de un semanario o de una revista. Un diario es un producto perecedero, como antaño lo era la leche o como hoy puede serlo el pescado. Desde el punto de vista comercial, un diario es un producto perecedero: si es un matutino, a las 12 del día ya nadie lo compra y si es un vespertino -que ya no hay en el Uruguay de hoy- a la tardecita tampoco nadie lo compra. Entonces, es uno de los productos mercantiles y comerciales más perecederos de los que pueda uno imaginar, pues como mercancía tiene horas de duración, salvo en casos excepcionales.

A nivel mundial, señor Presidente, cuando se habla de un producto muy perecedero, los costos de intermediación disminuyen a niveles infinitos, por razones obvias, porque no es lo mismo vender un auto, que puede estar meses en la vidriera, que vender un diario que tiene una vigencia de horas. Nuestro país, es el país que tiene los costos de intermediación de venta de diarios -me animo a decirlo- más grandes del mundo. Este país es el que paga por un diario los precios más grandes del mundo; un diario que, por lo general, tiene 32 páginas, aunque puede ser de más, tal como ocurre en otros países. Cada ejemplar contiene desde el horario de las farmacias, el programa de turf, la sección deportes, las fechas de pago de jubilaciones, hasta los grandes análisis políticos, nacionales e internacionales y demás. Debemos confesar que nadie se lee un diario de punta a punta. Personalmente, la programación de la televisión no la leo. Pero así está hecho para que cualquier ciudadano lo compre, a veces, nada más que para mirar, precisamente, qué hay para ver en televisión. He tenido la suerte de viajar por el mundo, señor Presidente, aunque no se pueda creer, y he visto en algunos lugares comprar el diario y tirarlo luego de ver la programación de TV. Esto se debe a que su costo era tan pequeño que en esos otros países -felices- del mundo la gente puede comprar el diario, a veces, nada más que para ver eso o para leer sólo la sección de fútbol, la de política y después tirarlo. Con mi síndrome de uruguayo, muchas veces tomé de las papeleras de las estaciones de ferrocarriles españolas el diario "El País" después de que otro tipo lo tirara. Pero en el pasado en este país ocurría lo mismo. En mi casa, donde mi padre, mi madre y los demás mayores eran más apolíticos que el Club Atlético Danubio, se compraban diarios de mañana y de tarde, en ocasiones, nada más que para mirar los dibujitos. Eso se ha perdido por los excesivos costos de intermediación. También se acabó el canillita que voceaba en el ómnibus, en las esquinas, en los barrios, casa por casa, porque hoy lo que tenemos son verdaderas vidrieras donde se venden una cantidad de revistas y otras cosas. Lo cierto es que para el ciudadano común y corriente un diario tiene un costo tremendo.

Todo esto ha llevado, fatalmente, a que sea imposible en la actualidad para una fuerza política o para cualquier ciudadano editar un diario, pues tiene que pasar por un peaje tan tremendo, que o escribe a favor de las grandes empresas para que publiquen sus avisos o los va a buscar en el Gobierno para, así, poder financiar sus ideas.

Más allá del conflicto puntual de hoy, es necesario que este Parlamento no permanezca indiferente ante un problema de fondo. Ha habido una hecatombe de semanarios, diarios y publicaciones de todas las corrientes ideológicas del país a lo largo de estos años desde la salida de la dictadura, porque sin tener avisadores poderosos -lo digo por experiencia- o sin tener el favor del Gobierno con su publicidad oficial, es muy difícil sacar un medio de prensa para pregonar las ideas.

No quiero entrar a saco, señor Presidente, y pasarme al otro lado para establecer una política salvaje que permita que cualquiera salga a distribuir diarios. Conozco la pelea que hubo por enaltecer el trabajo de los canillitas, por pagar el Banco de Previsión Social, por tener licencia y, si se enferman, poder dejar un sustituto en su lugar. No es un problema de blanco o negro. Este es un problema grave, pero no se puede pasar a la otra punta y establecer que ahora los ultrapobres pueden salir a vender a cualquier costo y de cualquier manera los diarios.

En este país hubo un monopolio privado, de hecho, que se extralimitó e impuso un peaje casi imposible de cubrir para sacar diarios o para que fueran viables. Debe haber un Parlamento que tome cartas en el asunto y diga que hay que hacer una norma que establezca justicia y que no se pase ni para un lado ni para el otro; que no haya peajes prohibitivos por monopolios, ni tampoco la libertad salvaje que termina despojando a los canillitas de sus derechos.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras -obviamente, de apoyo a la lucha que hoy está dando el diario "La República"- , en nombre de todos los demás diarios del país y de la libertad de prensa, sea enviada a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, al Sindicato de Canillitas, a los diarios "La República", "El País", "El Observador" y "Ultimas Noticias", así como a las diecinueve Intendencias Municipales y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Fernández Huidobro.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) OPERATIVA DE LOS COMEDORES DEL INDA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: el primer punto a plantear es que nos hemos enterado de que en varios lugares donde están instalados los comedores populares, regidos por el Instituto Nacional de Alimentación -INDA- y en sumatoria de gestión con las Intendencias Municipales, ya no se permite a mucha gente retirar la vianda domiciliaria, obligando al usuario a comer en el propio establecimiento dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo que ha hecho que muchas personas no sigan siendo asistidas porque se habían acostumbrado a levantar la comida.

Originariamente ello fue así, pero en la medida en que el servicio, por crecimiento ocasional, circunstancial o consolidado, desbordó las capacidades locativas de los comedores, se autorizó a que el beneficiario llevase a su hogar el menú.

La disposición, producto de una emergencia, provocó, además de la solución de allanar la saturación edilicia de los centros del INDA, otra consecuencia favorable. Hizo retomar a muchas familias el viejo costumbrismo de comer en su propio ámbito, a la misma hora y con los componentes todos reunidos, fortaleciendo la unidad afectiva del grupo parental, cuando esa dichosa circunstancia se había ido desprivatizando poco a poco en almuerzos colectivos con extraños. Reencontrarse de nuevo juntos por el mediodía en la reunión familiar de techo común, recuperó, sin duda, un derecho a la unidad en horas tan sagradas ya que, se sabe, "no sólo de pan vive el hombre".

Ahora se volvió a lo de antes, seguramente por el peso de razones organizacionales, en la operativa de los comedores, lo cual no se discute, salvo que se interponga y valorice precedencialmente, como lo hacemos en esta presentación ante el Senado, ese propósito intangible y quizás tan preferencial como real ante lo meramente burocrático, consustanciado con una de las tradiciones más lindas de la idiosincrasia nacional, que incluso la sabiduría de los tiempos le ha dado el valor intrínseco de lo querido: el almuerzo familiar, no cautivo en sus placeres gregarios de injerencias ajenas que lo despersonalizan al violentar usos de cada cual. ¡Y muy respetables, pues!

Otro aspecto que nos parece particularmente sugestivo para restaurar las viandas del INDA a domicilio, que si bien por estos días puede tener un tono aleatorio, no deja de tener su influencia emocional, es que estamos en diciembre, mes en que el espíritu navideño da calidez a los corazones en la unidad de la familia porque, en definitiva, lo que se evoca es una visión familiar, proyectada a través de una histórica singularidad judaica, a la actual dimensión de su universalidad cristiana.

Por todo lo precedente, señor Presidente, con ánimo de que se encuentren felices conciliaciones entre puntos de vista eventualmente en colisión, es que deseamos que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al INDA, a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Desarrollo Social y a las Intendencias Municipales, para buscar la razón del equilibrio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Lapaz.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

14) INGESTA DE ALCOHOL DE LOS URUGUAYOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Para referirse a otro tema, continúa en el uso de la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: volviendo a los términos de estos días, vísperas de la Nochebuena, del amor y de la buena voluntad, donde la constricción y el reconocimiento harían más viable la reflexión sobre el Mensaje del nacimiento de un niño, siempre expresión de purezas y esperanzas nobles, nuestra época consumista ha tergiversado en la sublógica de la exageración la significación festiva del mito. En vez de la moderación, la promiscuidad voraz; en vez de la dádiva o el regalo donoso del des-prendimiento generoso, el egoísmo inicuo del acopio innecesario; en vez del Cáliz mesurado, la libación excesiva de la copa en tránsito hacia el bidón etílico, que desauspcia, antes que el proyecto de un niño que se hará hombre, la regresión del hombre a la brutalidad del alcohol que bestializa.

Dicen las estadísticas que tras el impacto de la crisis nacional de 2002, ahora se eleva el promedio anual de ingesta de los uruguayos situándose anualmente per cápita, por persona, en 22 litros de cerveza y 30 litros de vino, con tendencias claramente crecientes. Y apoyamos el tesón y el impulso renovador de los industriales vitivinicultores, esforzados en mejorar sus materias primas y sus procesos bodegueros en aras de niveles de calidad que favorecen la obtención de divisas al país exportador y aseguran puestos a la interna laboral. No obstante, como diría Carlos Vaz Ferreira, la exageración que escapa al punto de equilibrio, produce males. Y en nuestra realidad, esa exageración tiene nombre morboso, "alcoholismo", drama de nuestra época que afecta especialmente a la juventud, juventud masculina y juventud femenina, explicitado así, no por meras razones de marcar la equidad de género en el plano lingüístico, sino para advertir que un problema que los abuelos consideraron antiguamente exclusivo del varón, hoy es, declaradamente, heterosexual.

Será el alcohol, la amenaza que en estas próximas semanas acrecentará sus efectos nocivos, impulsando de más un acelerador por el pie extraviado de un conductor alterado en el dominio de su mente, o que determinará que una chanza se transforme en insulto soez, promoviendo una inesperada y filosa venganza.

Junto a estas ingenuas pero muy sinceras solicitudes de reflexión, acompañados que, nuevamente y como siempre, los respectivos órganos del Estado, en su función preventiva y represora, actúen de acuerdo con las circunstancias, presididos por la cordura y la prudencia.

Finalmente, en esta secuencia dominada en puridad por la franqueza de complementarias sugerencias, ante la eventualidad potencial y concreta de riesgos zafrales que se avecinan, recuerden que a las "armas las carga el diablo", por más que estén mimetizadas en el papel celofán de una "bombita" de estruendo de la más atrapante piromanía artificial para la adoración novata y torpe del fuego, que trae en esta estación seca la alta predecibilidad de los incendios forestales, accidentes en las manos o en la cara y la terrible chance de que en un segundo, Melpómene, la musa de la tragedia, levante vuelo, traiga desdichas permanentes e irreversibles, instalada testimonialmente en un hospital o en un cementerio.

¡Presten atención a todo esto!

Volvamos a la moderación y a la frugalidad que fue valor de nuestros antecesores, incluyendo en diciembre el retorno al humildísimo e insuperable sabor del puchero, más aromático y placentero luego de su retiro de la mesa cotidiana, al igual que un buen cordero asado a las brasas, teniendo -con la condescendencia navideña y solidaria de los señores abastecedores de carnes- una atención especial mediante un precio muy accesible.

Señor Presidente y estimados señores Senadores: quizás vuestra razonable sorpresa ante esta presentación, expresada de repente en alguna sonrisa por atípicas apreciaciones, estilo de Viejo Vizcacha, aunque sepan que aquí somos Senadores, hijos de la experiencia madura y, como dirían los antiguos romanos, "pater familias", los latinos fundadores históricos de este Organo donde muchas veces traían a la silla curul del foro los consejos de sus damas, labrada con íntima autoridad en el altar de los lares hogareños.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios del Interior, de Transporte y Obras Públicas, de Desarrollo Social, de Salud Pública y de Turismo y Deporte, así como al INAU, al INJU, a la Policía Caminera, a la Dirección Nacional de Bomberos, a las Jefaturas de Policía, a las Intendencias Municipales, a la Asociación Nacional de Carniceros, a la Unión de Vendedores de Carne, a la Cámara de la Industria Frigorífica y a la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

15) ACUERDO CON LA REPUBLICA DE VENEZUELA PARA EL USO DE ONDAS ORBITALES

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: días pasados, en algún medio de prensa se señaló que el señor Ministro de Industria, Energía y Minería y el Presidente de URSEC habrían firmado, en representación del Uruguay, un acuerdo mediante el cual nuestro país cede a la República de Venezuela un espacio orbital en el sistema satelital, otorgado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones -dependiente de la Organización de las Naciones Unidas- que regula para todos los países miembros lo que significa el espectro radioeléctrico, frecuencia de transmisión y recepción del satélite.

Según tenemos entendido, hay dos formas o procedimientos por los cuales se reservan estas posiciones orbitales para los países miembros. Una de ellas es la posición orbital que sólo abarca el territorio del país y, la otra, conocida como sistema no planificado, se logra mediante la Unión Internacional de Telecomunicaciones a través de peticiones de particulares.

El Uruguay, en función de determinados pedidos que se habían realizado, fundamentalmente a partir del año 1999, había logrado ocho posiciones orbitales en el servicio fijo por satélite no planificado -así se llamarían técnicamente estas posiciones orbitales-, pero por falta de requerimiento y por la circunstancia de que se revocaron permisos de particulares que tenían el otorgamiento de estas posiciones, así como por el no pago de determinados estipendios que se debían trasladar a dicha Unión Internacional, procedió a comunicar que resignaba cinco de estas posiciones orbitales, quedándose con tres, que quedan pendientes para nuestro país hasta mediados de 2006.

Lo concreto es que la República de Venezuela se enteró -aparentemente a través de los registros de la UIT- que Uruguay tenía vigentes estas posiciones orbitales y como consecuencia de ello inició los contactos del caso y, precisamente, se firmó este acuerdo del cual tenemos conocimiento exclusivamente a través de la prensa.

Realmente nos preocupa esta decisión del Poder Ejecutivo porque nos preguntamos si se realizó una evaluación técnica que concluyera que la tecnología del gobierno venezolano en esta materia amerita un renunciamiento o una cesión del país de estas características. ¿Se planteó el tema ante los organismos nacionales competentes, utilizando los procedimientos frente a la cesión de espacios orbitales que tienen un valor económico significativo? ¿Está nuestro país facultado para ceder a otro país la posición satelital de referencia? ¿Se hicieron consultas a nivel de la Unión Internacional de Telecomunicaciones sobre esta materia? ¿Cuál es la contrapartida del Gobierno Venezolano? Se ha dicho que es el 10% de la capacidad satelital; esto es como si le cediéramos el mar territorial a una flota de barcos y le cobráramos en función de un porcentaje del pescado obtenido. Tampoco sabemos cómo podemos utilizar ese porcentaje satelital a través de la tecnología utilizada por otro país.

Por otro lado debemos considerar la responsabilidad internacional del Uruguay frente a terceros países y frente a la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Cómo hará nuestro país para asegurarse que el accionar de los concesionarios no lo coloque en una posición que le genere responsabilidades, tanto políticas como pecuniarias? ¿Por qué no se hizo una licitación nacional o internacional?

Recuerdo que un Senador de la hoy Bancada oficialista, en el período anterior hizo un planteo sobre este tema, que nos pareció entendible y atendible. También tenemos entendido que un acuerdo de esta naturaleza debería estar sujeto a ratificación legislativa, porque se trata de una cesión de algo que supone un patrimonio de nuestro país y que reviste una significación económica y estratégica desde el punto de vista de las telecomunicaciones.

Queremos hacer este planteo anunciando que vamos a recurrir -está de más expresarlo- a las instancias parlamentarias que correspondieren. No obstante ello, queríamos plantearlo en esta hora previa y, al mismo tiempo, solicitar que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a la Presidencia de la República, al señor Ministro de Industria, Energía y Minería y a la URSEC.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

16) LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: yo también me voy a referir a un tema que ha estado presente en la tarde de hoy y a recordar alguno de los marcos jurídicos que nos rigen en materia de libertad de información y de derechos al acceso a la información, punto que el señor Presidente ha tocado muchas veces en el ámbito del Parlamento. Además, es algo que todos los integrantes de la sociedad uruguaya deberíamos respetar porque, a veces, algunos colectivos los olvidan por haber hecho un uso prolongado del poder sin competencia de ningún tipo. Asimismo, sus dirigentes expropian a los integrantes de ese colectivo la posibilidad de ejercer libremente algunos de esos derechos.

A propósito de esto, voy a leer el artículo 29 de la Constitución de la República, que establece lo siguiente: "Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura". Nosotros tenemos una ley de prensa, la Ley Nº 16.099, que en su artículo 1º, cuyo "nomen juris" es "Libertad de comunicación de pensamientos y libertad de información", establece: "Es enteramente libre en toda materia, la expresión y comunicación de pensamientos u opiniones y la difusión de informaciones mediante la palabra, el escrito o la imagen, por cualquier medio de comunicación, dentro de los límites consagrados por la Constitución de la República y la ley.

Esta libertad comprende, dando cumplimiento a los requisitos resultantes de las normas respectivas, la de fundar medios de comunicación."

El artículo 3º de la mencionada Ley de Prensa establece: "Todos los habitantes de la República son titulares de las libertades referidas por el artículo 1º de la presente ley en el marco del ordenamiento jurídico nacional".

Por su parte, en la Asamblea celebrada el 8 de junio de 2004, la OEA tomó una serie de resoluciones con relación al tema del acceso a la información pública como fortalecimiento de la democracia. En algunos de los considerandos que fundamentan las resoluciones se establece que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos estipula en su artículo 13: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección".

También el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos incluye la libertad de investigar, de recibir informaciones y opiniones y de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

El Plan de Acción de la III Cumbre de las Américas, realizado en la ciudad de Quebec en el año 2001, señala que los Gobiernos asegurarán que sus legislaciones nacionales se apliquen de igual manera para todos, respetando la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los ciudadanos.

La Carta Democrática Interamericana señala en su artículo 4º que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los Gobiernos en la gestión pública, el respeto de los Derechos Sociales, la libertad de expresión y de prensa.

En la primera resolución de la Asamblea de la OEA con relación a la libertad de expresión, se dice que hay que reafirmar que toda persona tiene la libertad de buscar, recibir, acceder y difundir informaciones, y que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia.

Quiero agregar, como un marco central en el que creo que nos debemos mover todos los ciudadanos y todas las empresas que manejan información, la Opinión Consultiva 13, de noviembre de l985, de la Corte Interamericana, que creo que es un faro para los temas del derecho a la información y a la libertad de expresión. Dice: "Quienes están bajo la protección de la Convención Interamericana de Derechos Humanos tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino de buscar y recibir y difundir información e ideas de toda índole. La libertad de expresión requiere, por un lado, que nadie sea menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por lo tanto, un derecho de cada individuo, pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión de pensamiento ajeno".

Los uruguayos y las uruguayas tenemos derecho a oír todas las voces. Hace unos años, otros medios, diarios y semanarios intentaron una distribución alternativa y no lo pudieron hacer, señor Presidente. Hoy esto se repite con otro medio y podrá volver a suceder con otras publicaciones. Creo que cada uno de los que tenemos alguna responsabilidad debemos cuidar que no se descaezcan los derechos fundamentales que nos rigen y que ampliamente todos hemos suscrito a través de leyes y de compromisos internacionales.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase a la Asociación de Prensa del Uruguay, al Sindicato de Canillitas, al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a la Intendencia Municipal de Montevideo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

17) SITUACION FUNCIONAL DEL DOCTOR PERI VALDEZ

SEÑOR PRESIDENTE.- Finalizando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: tengo que distraer nuevamente la atención del Senado para reiterar mi preocupación sobre un tema que debería ser considerado como de máxima importancia por este Cuerpo, dada la trascendencia institucional que reviste. Se trata del manejo que está haciendo el Ministerio de Educación y Cultura de la situación funcional del doctor Oscar Peri Valdez.

Hace ya cuatro meses que envié una solicitud de pedido de informes a esa Cartera sobre este tema sin que se me haya dado respuesta alguna, y también hace dos meses que efectué un planteo en la hora previa del Senado acerca de este mismo asunto. En esa ocasión, además de instar al señor Ministro de Educación y Cultura a responder el pedido de informes referido, lo exhorté -leo textualmente- a "adoptar resolución en los sumarios instruidos al doctor Oscar Peri Valdez, advirtiendo desde ya que, de no hacerse lugar a lo aconsejado por la Comisión Nacional del Servicio Civil designada por el actual Gobierno, debería decretarse una investigación administrativa que involucre a todos los intervinientes en estas actuaciones, es decir, sumariante y asesores letrados del Ministerio de Educación y Cultura, Fiscales de Gobierno y a la propia Comisión Nacional del Servicio Civil, presidida por el doctor Miguel Toma, dado que todos ellos estarían confabulados en una increíble concertación encabezada por el ex Ministro de Educación y Cultura doctor Leonardo Guzmán, que tendría como objetivo desestabilizar al Ministerio Público mediante el ataque a su máxima jerarquía.

Varios son, señor Presidente, los hechos que me obligan a retomar el tema y a variar parcialmente la conclusión anteriormente expuesta; en primer término, los trascendidos de prensa de los últimos días según los cuales el señor Ministro habría expresado que se estaría analizando la posibilidad de anular los sumarios incoados al doctor Peri por razones relacionadas con supuestas violaciones de forma, en el dictado de los mismos. En segundo lugar, y también a estar de trascendidos periodísticos, la politización que se estaría haciendo del problema en análisis cuando se dice que sectores políticos del Partido de Gobierno se inclinarían por la defensa del doctor Peri sin que se expresen por parte de las aludidas formaciones políticas razones jurídicas para brindar el expresado apoyo al sumariado. En tercer término, que a pesar de la ya expresada omisión del señor Ministro de Educación y Cultura al no brindarme la información y documentación solicitadas, ha llegado a mis manos la Resolución Nº 61/05 de la Oficina Nacional del Servicio Civil, de 6 de abril de este año, que textualmente concluye: " Aconsejar la destitución del doctor Oscar Peri Valdez por la causal de omisión a sus deberes funcionales".

Señor Presidente y señores Senadores: quiero ser lo más preciso y claro posible para fundamentar los matices diferenciales que tiene mi posición de hoy con respecto a la que expresara hace dos meses atrás, también ante este Senado.

Primero y antes que nada, debo manifestar mi más absoluto rechazo a que se considere este asunto, a que se esté a favor o en contra de la destitución del doctor Peri Valdez por razones políticas. Me parece que es muy grave que una cuestión eminentemente jurídica sea analizada y valorada por consideraciones ajenas al ámbito del Derecho, único que se debe tomar en cuenta para adoptar tan grave decisión: destituir o no a la máxima jerarquía del Ministerio Público y Fiscal.

En segundo lugar, a la luz de la referida resolución de la Oficina Nacional del Servicio Civil, deben rechazarse las argumentaciones relativas a la anulación de los sumarios instruidos al doctor Peri basados en presuntos defectos de forma, porque es esa propia y calificada dependencia del Poder Ejecutivo la que las rechaza. En efecto, una parte sustancial de la aludida resolución Nº 61/05 dice al respecto: "Desde el punto de vista formal, Considerando Nº 2, las actuaciones se instruyeron conforme a derecho, contando el sumariado con las garantías del debido proceso". Abro nuevamente comillas: "Manteniéndonos en el plano formal -Considerando Nº 3- merecen especial referencia las nulidades alegadas por el doctor Peri. En tal sentido, el deber de dar vista de las actuaciones corresponde a la instancia inmediatamente siguiente a la elaboración del informe circunstanciado por el instructor sumariante, artículo 216 del Decreto 500/91. La regla referente a la jerarquía del sumariante, tampoco encuentra sustento normativo en nuestro Derecho. Respecto de la violación del secreto del sumario, relacionada con el estado público de las actuaciones, no surge de autos que la publicidad haya sido responsabilidad de alguno de los instructores sumariantes. Del análisis de lo actuado surge que la instrucción sumarial se hizo lugar y se diligenció la totalidad de la prueba ofrecida, circunstancias que eliminan toda posibilidad de alegar nulidad por indefensión o incumplimiento del debido proceso."

Hasta aquí, señor Presidente, he leído en forma textual los considerandos segundo y tercero de la referida resolución de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Ahora voy a seguir con la lectura textual del Considerando Nº 6, en el que se descarta cualquier motivo espurio en la decisión ministerial de sumariar al doctor Peri Valdez, diciendo: "En cuanto a la desviación de poder, no resulta de autos prueba fehaciente de su existencia en el dictado de los actos administrativos que dieron lugar a estas actuaciones".

Señor Presidente: tenemos, entonces, que según la resolución mencionada, dictada por la Oficina Nacional del Servicio Civil, nombrada por la actual Administración de Gobierno -y destaco este hecho porque la misma está presidida por el doctor Miguel Toma, designado por el actual Gobierno del doctor Tabaré Vázquez-, y adoptada por cinco de sus seis miembros -y una abstención-, no existieron defectos de forma ni desviación de poder en el dictado de los sumarios incoados al doctor Peri Valdez o en su trámite. Por eso, señor Presidente, me parece muy grave que siempre ateniéndonos a trascendidos de prensa -que, debo destacar, no han sido desmentidos en ningún momento por el señor Ministro de Educación y Cultura, ingeniero Brovetto- se diga que se está analizando la posibilidad de decretar la nulidad de los sumarios instruidos al doctor Peri Valdez, cuando la propia unidad especializada del Poder Ejecutivo en la materia -en la que el Gobierno actual debería tener confianza técnica y política, debido a que fue designada por el mismo- descarta toda violación formal o desviación de poder en los procedimientos sumariales referidos.

Es así, señor Presidente, que todo esto me lleva a concluir que a la luz de la resolución de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en la que se recomienda la destitución del doctor Peri Valdez, el Poder Ejecutivo debe cumplir con dicha destitución.

Desde hace dos meses -lo manifesté ante el Senado- tenemos dudas respecto al procedimiento de la actual Administración del Ministerio de Educación y Cultura. En el mes de febrero se cumplirían dos años de realizados los sumarios y al no haber sentencia sobre los mismos, estos caerían, por lo que esperamos que el Gobierno tome decisión antes de esa fecha. Si no es así, señor Presidente, nos veremos obligados a tomar otras medidas de carácter político parlamentario, para que se cumpla con lo que se establece por parte de los sumariantes y de la Oficina Nacional del Servicio Civil, cumpliendo estrictamente con el Derecho vigente en nuestro país.

Por lo tanto, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras, sea comunicada a la Presidencia de la República, a la Secretaría de la Presidencia de la República., al Ministerio de Educación y Cultura y a la Oficina Nacional del Servicio Civil, para su conocimiento.

SEÑOR PRESIDENTE- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador.

(Se vota:)

- 24 en 25. Afirmativa.

18) ACTIVIDAD DE LOS MOZOS DE CORDEL

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"La Cámara de Representantes remite aprobado el proyecto de ley por el que se regula la actividad de los mozos de cordel de los Puertos de Colonia y de Montevideo y se modifica la normativa vigente en la materia."

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

19) REGIMEN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES PERMANENTES

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Solicito que puedan efectivizarse reuniones de las Comisiones de Hacienda, de Asuntos Internacionales y de Defensa Nacional después del 15 de diciembre. Veo que varios señores Senadores están pidiendo lo mismo para las demás Comisiones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por el señor Senador Couriel en el sentido de que durante el receso exista autorización de la Cámara para que las Comisiones parlamentarias pueden seguir reuniéndose.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

20) PROTECCION Y PROMOCION DE LA LIBERTAD SINDICAL

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para otra cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Solicito que se altere el Orden del Día y se considere en primer lugar el tercer punto, vinculado al proyecto de ley sobre libertad sindical.

Mociono, entonces, para que se declare la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

21) SUBSIDIO POR DESEMPLEO. EXTENSION

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Solicito la inclusión en el Orden del Día de mañana, como primer punto, la Carpeta Nº 417/2005, que es el proyecto por el que se extiende el subsidio por desempleo y se dan condiciones para el régimen de jubilación anticipada de trabajadores del sistema financiero que ya fue votado en Comisión en el día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por la señora Senadora.

(Se vota:)

- 24 en 25. Afirmativa.

22) SEGURO POR DESEMPLEO PARA LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL ESPAÑOL

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: hoy ingresó formalmente al Senado un proyecto de ley por el cual se extiende por 90 días el seguro de desempleo para los trabajadores del Hospital Español. En la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social acordamos aprobar el proyecto de ley que ya estaba desde antes, pero que hoy ingresó formalmente. En ese sentido, solicitamos que se incluya este tema en el último punto del Orden del Día de la sesión de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar, en primer lugar, la urgencia del Trámite porque no figura en el Orden del Día.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

Se va a votar, en segundo término, la inclusión, con el repartido correspondiente, de ese punto en el cuarto lugar del orden del día.

(Se vota:)

- 24 en 25. Afirmativa.

Que se reparta el distribuido.

23) PROTECCION Y PROMOCION DE LA LIBERTAD SINDICAL

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que quedó en primer lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se declara que, de conformidad con el artículo 57 de la Constitución de la República, con el artículo 1º del Convenio Internacional del Trabajo Nº 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949), aprobado por la Ley Nº 12.030, de 27 de noviembre de 1953, y con los literales a) y b) del artículo 9º de la Declaración sociolaboral del MERCOSUR, es absolutamente nula cualquier discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo. (Carp. Nº 256/05 - Rep. Nº 168/05)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 256/05

Rep. Nº 168/05

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase que, de conformidad con el artículo 57 de la Constitución de la República, con el artículo 1º del Convenio Internacional del Trabajo Nº 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949) aprobado por la Ley Nº 12.030, de 27 de noviembre de 1953, y con los literales a) y b) del artículo 9º de la Declaración sociolaboral del MERCOSUR, es absolutamente nula cualquier discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo.

En especial, es absolutamente nula cualquier acción u omisión que tenga por objeto:

A) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato.

B) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

Las garantías prescriptas en la presente disposición, alcanzan a los trabajadores que efectúen actuaciones tendentes a la constitución de organizaciones o coaliciones de trabajadores, dentro o fuera de los lugares de trabajo.

Artículo 2º.- Sin perjuicio de los procedimientos y de las sanciones administrativas, la pretensión de reinstalación o de reposición del trabajador despedido o discriminado, por los motivos indicados en el artículo precedente, se tramitará de acuerdo con los procedimientos y en los plazos establecidos para la acción de amparo (Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988). Procederá, en todos los casos, con independencia de la existencia de otros medios jurídicos de protección.

La legitimación activa referida en los artículos 1º y 4º de dicha ley, también comprende a las organizaciones representativas de trabajadores.

Serán competentes los tribunales que, en su respectiva jurisdicción, entiendan en materia laboral.

La parte demandante estará exonerada del pago de tributos y costas.

Artículo 3º.- El proceso se ajustará a los principios de celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales.

Cuando se alegue por parte de los legitimados activamente en esta ley que el despido o cualquier cambio desfavorable en sus condiciones de empleo tienen un carácter discriminatorio, corresponderá al empleador, debidamente notificado del contenido de la pretensión de amparo, probar la existencia de una causa razonable, relacionada con la capacidad o conducta del trabajador, o basada en las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, u otra de entidad suficiente para justificar la decisión adoptada.

Sin perjuicio de ello, el tribunal dispondrá de las facultades previstas en los numerales 3º y 5º del artículo 350 del Código General del Proceso.

Artículo 4º.- Las sanciones o conminaciones pecuniarias previstas en el artículo 374 del Código General del Proceso, serán independientes del derecho a obtener el resarcimiento del daño, y su producido beneficiará a la parte actora.

Artículo 5º.- Créase, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Registro de Infractores a la Libertad Sindical, con carácter público y gratuito, donde se inscribirán las infracciones a la presente ley, ordenadas por la Justicia, cuando tomen estado de cosa juzgada. La inscripción caducará a los dos años de la fecha en que el infractor haya reintegrado o repuesto al trabajador discriminado y abonado la multa correspondiente.

En todo proceso de licitación, llamado a expresión de interés y en todo contrato en que sea parte el Estado, se exigirá a los oferentes o contratantes la presentación de certificado de dicho Registro acreditando que no existe conducta reincidente en el empresario, requisito sin el cual no será válida la adjudicación o contratación.

Artículo 6º.- El producido de la multa que aplique la Inspección General del Trabajo, por la infracción a las disposiciones de la presente ley, deberá destinarse a la implementación de la ley y a programas a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, orientados a la erradicación del trabajo infantil, a la no discriminación en el empleo, a la formación profesional asociada a la generación de trabajo y al fortalecimiento de la Inspección General del Trabajo.

Artículo 7º.- También quedarán comprendidos en el presente régimen los actos de discriminación sindical referidos en el artículo 1º que se hubieran cometido entre el 1º de marzo de 2005, y la fecha de entrada en vigencia de esta ley, siempre que hayan sido oportunamente denunciados ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En tales casos, el plazo previsto en el artículo 4º de la Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988, para interponer la acción de amparo, comenzará a correr a partir de esta última fecha.

Artículo 8º.- Los trabajadores afiliados a una organización sindical tendrán derecho a que se retenga su cuota sindical sobre los salarios que el empleador abone, debiendo manifestar su consentimiento por escrito en forma previa.

El porcentaje a descontar será fijado por el sindicato y comunicado, fehacientemente, a la empresa o institución, la que verterá a la organización los montos resultantes en un plazo perentorio a partir del efectivo pago del mes en curso.

Artículo 9º.- Agrégase al artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, el siguiente inciso:

La cuota sindical se ubicará, en el orden de prioridades, inmediatamente después de las retenciones solicitadas por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto.

Artículo 10.- Los representantes de los trabajadores, que actúen en nombre de un sindicato, tendrán, derecho a colocar avisos sindicales en los locales de la empresa en lugar o lugares fijados de acuerdo con la dirección y a los que los trabajadores tengan fácil acceso.

La dirección de la empresa permitirá a los representantes de los trabajadores que actúen en nombre de un sindicato, que distribuyan boletines, folletos, publicaciones y otros documentos del sindicato entre los trabajadores de la empresa. Los avisos y documentos a que se hace referencia deberán relacionarse con las actividades sindicales normales, y su colocación y distribución no deberán perjudicar el normal funcionamiento de la empresa ni el buen aspecto de los locales.

Artículo 11.- Cométese al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la instrumentación de mecanismos tripartitos con fines de consulta, de contralor y de seguimiento de la aplicación de la presente ley.

Artículo 12.- Las disposiciones que anteceden no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación, sin perjuicio de lo cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dispondrá de un plazo de sesenta días a tales efectos.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 19 de julio de 2005.

Nora Castro Presidenta

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

8 de diciembre de 2005.

PROYECTO LEY LIBERTAD SINDICAL

Artículo 1º. (Nulidad de los actos discriminatorios).- Declárase que, de conformidad con el artículo 57 de la Constitución de la República, con el artículo 1º del Convenio Internacional del Trabajo Nº 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949) aprobado por la Ley Nº 12 de 27 de noviembre de 1953 y con los literales a) y b) del artículo 9º de la Declaración sociolaboral del MERCOSUR, es absolutamente nula cualquier discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo.

En especial, es absolutamente nula cualquier acción u omisión que tenga por objeto:

A) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato.

B) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

Las garantías prescriptas en la presente disposición, alcanzan a los trabajadores que efectúen actuaciones tendentes a la constitución de organizaciones sindicales, dentro o fuera de los lugares de trabajo.

Artículo 2º. (Procedimiento).-

2.1 (Proceso común). La pretensión de reinstalación o de reposición del trabajador despedido o discriminado tramitará por el proceso extraordinario (Arts. 346 y 347 del Código General del Proceso). El tribunal dispondrá, si correspondiere, el cese inmediato de los actos discriminatorios cuando a juicio de dicho tribunal los hechos sean notorios.

2.2 (Proceso de tutela especial) La tutela especial procederá en caso de actos discriminatorios contra:

a) los miembros (titulares y suplentes) de los órganos de dirección de una organización sindical de cualquier nivel;

b) los delegados o representantes de los trabajadores en órganos bipartitos o tripartitos;

c) los representantes de los trabajadores en la negociación colectiva;

d) los trabajadores que hubieran realizado actividades conducentes a constituir un sindicato o la sección de un sindicato ya existente, hasta un año después de la constitución de la organización sindical;

e) los trabajadores a los que se conceda tutela especial mediante negociación colectiva.

En estos casos, se aplicará el procedimiento y los plazos establecidos para la acción de amparo (Arts. 4 a 10 de la Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988), con independencia de la existencia de otros medios jurídicos de protección.

El trabajador deberá fundamentar por qué sostiene que fue despedido o perjudicado por razones sindicales.

Corresponderá al empleador, debidamente notificado del contenido de la pretensión de amparo, probar la existencia de una causa razonable, relacionada con la capacidad o conducta del trabajador, o basada en las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, u otra de entidad suficiente para justificar la decisión adoptada.

Artículo 3º. (Disposiciones comunes a ambos procedimientos):

a) En todo caso que la sentencia a recaer constate la violación a cualquiera de las garantías prescriptas en el artículo 1º de la presente ley, se dispondrá la efectiva reinstalación o reposición del trabajador despedido o discriminado, generándose en consecuencia a favor de éste el derecho a percibir la totalidad de los jornales que le hubiere correspondido cobrar durante el período que insuma el proceso de constatación y hasta que ésta se efectivice.

b) En los procedimientos a que refiere el artículo 2º de la presente ley, la legitimación activa corresponderá al trabajador actuando conjuntamente con su organización sindical.

c) El proceso se ajustará a los principios de celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales.

d) Serán competentes los tribunales que, en su respectiva jurisdicción, entiendan en materia laboral.

e) El tribunal dispondrá de las facultades previstas en los numerales 3º y 5º del artículo 350 del Código General del Proceso.

f) Las sanciones o conminaciones pecuniarias previstas en el artículo 374 del Código General del Proceso, serán independientes del derecho a obtener el resarcimiento del daño y su producido beneficiará a la parte actora.

g) La gran demandante estará exonerada del pago de tributos y costas.

Artículo 4º. (Licencia sindical).- Se reconoce el derecho a gozar de tiempo libre remunerado para el ejercicio de la actividad sindical. El ejercicio de este derecho será reglamentado por el Consejo de Salarios respectivo o, en su caso, mediante convenio colectivo.

Artículo 5º. (Sanciones administrativas).- El producido de la multa que aplique la Inspección General del Trabajo, por la infracción a las disposiciones de la presente ley, deberá destinarse a la implementación de la ley y a programas a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, orientados a la erradicación del trabajo infantil, a la no discriminación en el empleo, a la formación profesional asociada a la generación de trabajo y al fortalecimiento de la Inspección General del Trabajo.

Artículo 6º. (Retención de la cuota sindical).- Los trabajadores afiliados a una organización sindical tendrán derecho a que se retenga su cuota sindical sobre los salarios que el empleador abone, debiendo manifestar su consentimiento por escrito en forma previa.

El porcentaje a descontar será fijado por el sindicato y comunicado, fehacientemente, a la empresa o institución, la que verterá a la organización los montos resultantes en un plazo perentorio a partir del efectivo pago del mes en curso.

Artículo 7º. (Orden de retención).- Agrégase al artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, el siguiente inciso.

La cuota sindical se ubicar, en el orden de prioridades, inmediatamente después de las retenciones solicitadas por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto.

Artículo 8º. (Facilidades para el ejercicio de la actividad sindical).- Los representantes de los trabajadores, que actúen en nombre de un sindicato, tendrán derecho a colocar avisos sindicales en los locales de la empresa en lugar o lugares fijados de acuerdo con la dirección de la misma y a los que los trabajadores tengan fácil acceso.

La dirección de la empresa permitirá a los representantes de los trabajadores que actúen en nombre de un sindicato, que distribuyan boletines, folletos, publicaciones y otros documentos del sindicato entre los trabajadores de la empresa. Los avisos y documentos a que se hace referencia deberán relacionarse con las actividades sindicales normales, y su colocación y distribución no deberá perjudicar el normal funcionamiento de la empresa ni el buen aspecto de los locales.

Artículo 9º. (Tripartismo).- Cométese al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la instrumentación de mecanismos tripartitos con fines de consulta, contralor y seguimiento de la aplicación de la presente ley.

Artículo 10. (Reglamentación).- Las disposiciones que antecedente no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación, sin perjuicio de lo cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dispondrá de un plazo de sesenta días a tales efectos.

Artículo 11. (Vigencia).- La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo.

Carp. Nº 256/05

Rep. Nº 168/05

Anexo I

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1º. (Nulidad de los actos discriminatorios).- Declárase que, de conformidad con el artículo 57 de la Constitución de la República, con el artículo 1º del Convenio Internacional de Trabajo Nº 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949) aprobado por la Ley Nº 12.030, de 27 de noviembre de 1953, y con los literales a) y b) del artículo 9º de la Declaración sociolaboral del MERCOSUR, es absolutamente nula cualquier discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo.

En especial, es absolutamente nula cualquier acción u omisión que tenga por objeto:

A) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato.

B) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

Las garantías prescriptas en la presente disposición, alcanzan a los trabajadores que efectúen actuaciones tendientes a la constitución de organizaciones sindicales, dentro o fuera de los lugares de trabajo.

Artículo 2º. (Procedimiento)

1) (Proceso general) La pretensión de reinstalación o de reposición del trabajador despedido o discriminado tramitará por el proceso extraordinario (Arts. 346 y 347 del Código General del Proceso). El tribunal dispondrá, si correspondiere, el cese inmediato de los actos discriminatorios cuando a juicio de dicho tribunal los hechos sean notorios.

2) (Proceso de tutela especial) La tutela especial procederá en caso de actos discriminatorios contra:

a) los miembros (titulares y suplentes) de los órganos de dirección de una organización sindical de cualquier nivel;

b) los delegados o representantes de los trabajadores en órganos bipartitos o tripartitos;

c) los representantes de los trabajadores en la negociación colectiva;

d) los trabajadores que hubieran realizado actividades conducentes a constituir un sindicato o la sección de un sindicato ya existente, hasta un año después de la constitución de la organización sindical;

e) los trabajadores a los que se conceda tutela especial mediante negociación colectiva.

En estos casos, se aplicará el procedimiento y los plazos establecidos para la acción de amparo (Arts. 4º a 10 de la Ley Nº 16.011 de 19 de diciembre de 1988), con independencia de la existencia de otros medios jurídicos de protección.

El trabajador deberá fundamentar por qué sostiene que fue despedido o perjudicado por razones sindicales.

Corresponderá al empleador, debidamente notificado del contenido de la pretensión de amparo, probar la existencia de una causa razonable, relacionada con la capacidad o conducta del trabajador, o basada en las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, u otra de entidad suficiente para justificar la decisión adoptada.

Artículo 3º. (Disposiciones comunes a ambos procedimientos):

a) En todo caso que la sentencia a recaer constate la violación a cualquiera de las garantías prescriptas en el artículo 1º de la presente ley, se dispondrá la efectiva reinstalación o reposición del trabajador despedido o discriminado, generándose en consecuencia, a favor de éste el derecho a percibir la totalidad de los jornales que le hubiere correspondido cobrar durante el período que insuma el proceso de reinstalación y hasta que ésta se efectivice.

b) En los procedimientos a que refiere el artículo 2º de la presente ley, la legitimación activa corresponderá al trabajador actuando conjuntamente con su organización sindical.

c) El proceso se ajustará a los principios de celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales.

d) Serán competentes los tribunales que, en su respectiva jurisdicción, entiendan en materia laboral.

e) El tribunal dispondrá de las facultades previstas en los numerales 3º y 5º del artículo 350 del Código General del Proceso.

f) Las sanciones o conminaciones pecuniarias previstas en el artículo 374 del Código General del Proceso, serán independientes del derecho a obtener el resarcimiento del daño y su producido beneficiará a la parte actora.

g) La parte demandante estará exonerada del pago de tributos y costas.

Artículo 4º. (Licencia sindical).- Se reconoce el derecho a gozar de tiempo libre remunerado para el ejercicio de la actividad sindical. El ejercicio de este derecho será reglamentado por el Consejo de Salarios respectivo o, en su caso, mediante convenio colectivo.

Artículo 5º. (Sanciones administrativas).- El producido de la multa que aplique la Inspección General del Trabajo, por la infracción a las disposiciones de la presente ley, deberá destinarse a la implementación de la ley y a programas a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, orientados a la erradicación del trabajo infantil, a la no discriminación en el empleo, a la formación profesional asociada a la generación de trabajo y al fortalecimiento de la Inspección General del Trabajo.

Artículo 6º. (Retención de la cuota sindical).- Los trabajadores afiliados a una organización sindical tendrán derecho a que se retenga su cuota sindical sobre los salarios que el empleador abone, debiendo manifestar su consentimiento por escrito en forma previa.

El monto a descontar será fijado por el sindicato y comunicado, fehacientemente, a la empresa o institución, la que verterá a la organización los montos resultantes en un plazo perentorio a partir del efectivo pago del mes en cur-so.

Artículo 7º. (Orden de retención).- Agrégase al artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, el siguiente inciso:

"La cuota sindical se ubicará, en el orden de prioridades, inmediatamente después de las retenciones solicitadas por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto."

Artículo 8º. (Facilidades para el ejercicio de la actividad sindical).- Los representantes de los trabajadores, que actúen en nombre de un sindicato, tendrán derecho a colocar avisos sindicales en los locales de la empresa en lugar o lugares fijados de acuerdo con la dirección de la misma y a los que los trabajadores tengan fácil acceso.

La dirección de la empresa permitirá a los representantes de los trabajadores que actúen en nombre de un sindicato, que distribuyan boletines, folletos, publicaciones y otros documentos del sindicato entre los trabajadores de la empresa. Los avisos y documentos a que se hace referencia deberán relacionarse con las actividades sindicales normales, y su colocación y distribución no deberán perjudicar el normal funcionamiento de la empresa ni el buen aspecto de los locales.

Artículo 9º. (Tripartismo).- Cométese al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la instrumentación de mecanismos tripartitos con fines de consulta, contralor y seguimiento de la aplicación de la presente ley.

Artículo 10. (Reglamentación).- Las disposiciones que anteceden no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación, sin perjuicio de lo cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dispondrá de un plazo de sesenta días a tales efectos.

Artículo 11. (Vigencia).- La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión a 13 de diciembre de 2005.

Dr. Eduardo Ríos Miembro Informante."

- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Ríos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Presidente: vamos a informar el proyecto del texto sustitutivo que está en manos de los señores Senadores, junto con el Anexo I, respecto a la protección y promoción de la libertad sindical.

Vamos a hacer un marco teórico no muy extenso, tratando de citar actores contemporáneos, en la medida de la vida cotidiana y de la rapidez con la cual va mutando el derecho colectivo del trabajo. Por eso hemos decidido citar casi exclusivamente a autoridades uruguayas, contemporáneos, y también a algún autor extranjero relacionado con el fondo de la cosa, para luego entrar al articulado y dar el debate si fuera necesario.

Desde el año 1934, la Constitución de la República contiene una disposición que prescribe al Legislador el dictado de normas que promuevan la organización de sindicatos gremiales. En efecto, el artículo 57 de la Constitución utiliza la expresión "promoverá", es decir que el constituyente -tal cual lo expresara el profesor Plá Rodríguez- creyó que la actividad sindical era una cosa buena, útil, necesaria, que debía ser fomentada, estimulada, protegida y ayudada.

Asimismo, la obligación del Legislador emerge de disposiciones supranacionales, como lo son los Convenios Internacionales de Trabajo 87 y 98, ratificados por nuestro país. Estas disposiciones, entre otras citadas en el propio articulado del proyecto de ley, están reconociendo la libertad sindical como un Derecho Humano fundamental al que el Legislador debe prestar especial atención.

Durante todo este período de discusión sobre el proyecto se ha referido al mismo como de protección de la libertad sindical o fueros sindicales. Como lo señalaba el profesor Ricardo Mantero hijo, recientemente desaparecido, la noción de libertad sindical es un concepto complejo que no se agota en la mera posibilidad de constitución del sindicato, sino que por el contrario presupone y posibilita el ejercicio efectivo de la actividad sindical. Y para ello es imprescindible la existencia de cierta garantía y prerrogativas para su desenvolvimiento. Así llegamos al concepto de fuero sindical, que es definido por el profesor Hermida Uriarte como el conjunto de medidas de protección del dirigente y del militante sindical que tienden a ponerlos a cubierto de los perjuicios que puedan sufrir por su actuación y posibilitar un desarrollo normal y eficaz de la actividad sindical.

Existe, entonces, una relación intrínseca entre la noción de libertad sindical y la de llamado fuero sindical. Volviendo a las expresiones de Ricardo Mantero, se puede asegurar que la libertad sindical nacería muerta, sería inocua si no existieran garantías que protegieran a quienes la ejerzan. Asimismo, que en puridad, el fuero sindical no es otra cosa que un aspecto, quizás fundamental, de la noción más amplia y más compleja de la actividad sindical.

La definición de fuero sindical que se acaba de enunciar es la más recepcionada en el Derecho Comparado latinoa-mericano, que difiere del Derecho anglosajón o del lati-noamericano, basado en un concepto de prácticas deslea-les consistentes en una limitación moralizante, más que jurídica, del libre juego de las relaciones colectivas de trabajo.

Este concepto amplio de fuero sindical es el recogido por el presente proyecto de ley y se puede decir que está en consonancia con la evolución del Derecho del trabajo latinoamericano que originariamente implicaba no más que la protección del dirigente sindical contra el despido. La evolución posterior llevó a extenderlo, desde un punto de vista subjetivo, dando protección a todo trabajador y protegiendo todo acto que fuera perjudicial respecto al bien jurídico tutelado. En este sentido, se presenta en el artículo 1º, en el que se declara nula cualquier discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores empleados o en el proceso de acceso al empleo. Más aún, el proyecto de ley sintoniza con la expresión más amplia de fuero sindical, ya que incluye también las prerrogativas o facilidades que se conceden a dirigentes o representantes sindicales para facilitar, promover o favorecer la actividad gremial, por ejemplo, libertad sindical, retención de la cuota sindical cuando así lo solicitare el trabajador, facilidades locativas, carteleras sindicales, etcétera, a lo que nos referiremos más adelante en el estudio de su articulado.

De esta forma, nuestro país se pone a tono con los ordenamientos jurídicos de los países de la región en la materia. Sólo a modo de ejemplo, la legislación argentina, a través de la Ley Nº 23.551, artículo 40 y siguientes, protege al trabajador o a la asociación sindical contra todo impedimento u obstáculo en el ejercicio de la libertad sindical, pudiendo recurrir a una acción de amparo judicial contra el acto lesivo de esa libertad. Por su parte, el Código Laboral de Paraguay, en su artículo 317 y siguientes, reconoce el derecho a la estabilidad sindical, o sea, la garantía de no ser despedidos, trasladados, suspendidos o alteradas las condiciones de trabajo sin justa causa, previamente admitida por el Juez competente.

En Chile, el artículo 215 del Código de Trabajo dispone genéricamente que no se podrá condicionar el empleo de un trabajador a la afiliación o a la desafiliación sindical, disponiendo además la licencia sindical como medida accesoria, tanto de carácter legal como convencional, según sea su naturaleza.

El acto de discriminación antisindical viene a ser el objeto de fuero sindical en su concepción amplia. En el inciso 2º del artículo 1º se ejemplifica sobre los actos, señalando que pueden serlo los que condicionan el empleo a la desafiliación o no, o a la afiliación, el despido por causa de afiliación o por realizar actividades sindicales y cualquier otro acto que implique un perjuicio para el trabajador.

Sobre la tipología de los actos de discriminación, se han realizado muchos trabajos, si bien, como ya sabemos, es imposible agotar el elenco en el cuerpo legal. Debe anotarse que nos estamos refiriendo a las más diversas formas de discriminación. Así, queremos citar al doctor Bartolomé de la Cruz, en su trabajo "Protección contra la discriminación sindical", publicación de la Oficina Internacional de Trabajo con sede en Ginebra, en la que releva las formas posibles de discriminación antisindical y, si bien lo hace desde una perspectiva internacional, resulta absolutamente aplicable a nuestro país, describiéndose genéricamente diversas formas que se resumen de la siguiente manera: A) la no contratación, el despido y la inclusión en listas negras; B) Los traslados, suspensiones, sanciones disciplinarias, distribución desfavorable de tareas, desmejoramiento de las condiciones de trabajo, retardo en la promoción. C) Promover exclusivamente a los no sindicalizados o aumentarles el sueldo o promover y aumentar el sueldo a un trabajador para obtener su desafiliación al sindicato.

En el Uruguay, el envío masivo al seguro de paro, que incluye entre los enviados a connotados dirigentes o militantes o fundadores del sindicato de empresa.

Además de los compromisos electorales, hay un aspecto que hace imprescindible a esta Bancada de Gobierno tratar este tema: nuestro país ha sido observado por el Comité de Libertad Sindical de la OIT por la falta adecuada de protección de la libertad sindical, expresando incluso en un caso ventilado en el año 1991, que no alcanza con el establecimiento de medidas sancionatorias meramente administrativas o la fijación de un despido especial.

Siguiendo con la descripción del proyecto y en lo que hace a los mecanismos previstos para el efectivo cumplimiento de la prescripción legal, a través del artículo 2º y como una consecuencia de lo declarado en el artículo 1º, se establece la reinstalación o reposición del trabajador. En este sentido, la nulidad del acto antisindical y la consecuente reposición del estado de cosas anteriores es la solución para la violación de un derecho sindical básico. Como lo señalaba el profesor Hermida Uriarte en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes, la reinstalación es la única medida que repara totalmente el daño discriminatorio causado.

A su vez, el artículo 2º establece un mecanismo procesal que reafirma la afiliación a una concepción amplia en la tutela de libertad sindical, consagrándose procesos especiales que tienen un alcance universal desde el punto de vista subjetivo. Incluso, se establece la posibilidad de que el tribunal decrete una medida preliminar, ordenando el cese inmediato de los actos discriminatorios y previamente ingresar al análisis del fondo del asunto, si los hechos son notorios. En este sentido, el proyecto se pone a tono con la necesidad de protección especial de los derechos subjetivos y la evidencia de su violación en términos que la legislación nacional ya conoce; por ejemplo, la suspensión preventiva del acto administrativo por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, previo al ingreso del tratamiento de la cuestión planteada.

El artículo 2º establece procesos especiales que alcanzan a todos los trabajadores, un proceso de tutela especial para el juzgamiento de actos discriminatorios contra los trabajadores que en un concepto amplio podríamos denominar dirigentes sindicales o militantes y que alcanza a los miembros de los órganos de dirección de una organización sindical, a los delegados en órganos de negociación, a los trabajadores, a los fundadores de un sindicato, a los representantes en las negociaciones tripartitas.

La herramienta procesal en cuanto a procedimientos y plazos prescrita para estos trabajadores especialmente expuestos es la denominada acción de amparo creada para la protección de los derechos fundamentales en situaciones excepcionales por la Ley Nº 16.011. En cuanto al resto de los trabajadores, también se prescribe un procedimiento especial. En efecto, ante la posible violación de este derecho fundamental a la libertad sindical, el proyecto de ley establece, para el trabajador que no es dirigente sindical, que el proceso para hacer efectiva su reclamación sea el juicio extraordinario previsto por los artículos 346 y 347 del Código de Procedimiento. Este es un proceso abreviado que concentra las actividades procesales tendientes a la comprobación de los hechos, contribuyendo de esta manera con la eficacia del objetivo principal, que en un proceso ordinario se vería desvirtuado por la demora excesiva.

El proyecto de ley se pone a tono, entonces, con documentos del Comité de Libertad Sindical en los que se reseñan numerosos casos -del año 1996, etcétera- y en donde se consigna que los procesos relativos a cuestiones de discriminación antisindical en violación del Convenio Nº 98 deberían ser examinados prontamente, a fin de que las medidas correctivas necesarias puedan ser realmente eficaces.

Por último, en el inciso final de este artículo, y en lo que tiene que ver con las cargas en materia probatoria, el proyecto toma la denominada teoría de las cargas dinámicas. Como lo explica el profesor Hermida Uriarte en su comparecencia ante la Comisión mencionada, se trata de una doctrina creada en el Derecho Procesal, primero en el argentino y luego adoptada en el uruguayo, según la cual a partir de que las partes de un proceso judicial, actor y demandado, tienen la obligación de colaborar con el desarrollo del proceso, tienen que actuar de buena fe en ese proceso. Entonces, es posible apartarse de la idea original de que cada uno tiene que probar los hechos que alega y que la excepción puede estar en que debe aportar la prueba aquel a quien le es más fácil probar o tiene a mano el medio probatorio. Esta es una de las teorías nuevas con respecto a la carga probatoria, las cuales están en plena aplicación. En este sentido, si se alega fundadamente por parte del trabajador una causa antisindical como motivo de despido y el empleador expresa que no fue así, tiene la obligación de probar cuál fue la verdadera motivación. Este concepto de las cargas dinámicas ha sido admitido por el Derecho Procesal uruguayo y adoptado por la Suprema Corte de Justicia a través de diversos fallos. Este esquema de alguna manera es el producto de la evolución de un principio creado por el eminente laboralista De Ferrari y el fallecido Juez laboral Nelson Nicoliello, que establecieron el principio de la disponibilidad del medio probatorio. Él establece que quien tiene que probar es quien tiene la posibilidad de hacerlo. En suma, expresa Hermida, el acto de discriminación antisindical es un acto prohibido y nulo; lo dice claramente el proyecto. Es una consecuencia natural de este carácter del principio de disponibilidad del medio probatorio, de la teoría de las cargas dinámicas de la prueba, que si el empleador tiene un motivo diferente al sindical debe probarlo, y sólo de esa manera legitima el acto que nació prohibido, nulo e ilícito.

El artículo 3º establece una serie de posiciones comunes a ambos procesos. Se reafirma la obligación de reinstalación o reposición del trabajador despedido o discriminado, y se establece a texto expreso el derecho del trabajador a percibir los jornales caídos a raíz de la medida discriminatoria y hasta la efectiva reinstalación decretada por el Juez, si esta ocurriere. Con esta norma, como ya se expresó, se está dando cumplimiento a los convenios internacionales del trabajo y diversas recomendaciones de la OIT en la materia. Asimismo es conteste con la más prestigiosa doctrina nacional e internacional, que establece que el trabajador discriminado no debe verse perjudicado cuando lleva a un estrado su reclamación.

En el literal B) del artículo se establece la legitimación activa, integrada por una parte plurisubjetiva, es decir, quien puede iniciar los procedimientos es el trabajador actuando conjuntamente con su organización sindical. Las concepciones recientes sostienen que para accionar judicialmente no se requiere la existencia de un derecho subjetivo, sino que basta la presencia de un interés. En este punto cabe profundizar en el hecho de que estamos, como bien lo señalaba el recientemente fallecido doctor Font, ante una violación de la libertad sindical que comprende un doble aspecto: uno individual, al trabajador individualmente considerado, y otro colectivo, a la institución sindical por su naturaleza. En efecto, por un lado estamos ante una agresión ética operada contra un trabajador por el hecho de su actividad sindical, la cual representa una agresión a su dignidad profesional, pero al mismo tiempo expresaba, comentando una sentencia en esa oportunidad, que es valor entendido que un acto antisindical no sólo lesiona al trabajador individualmente afectado, sino también a la organización a la que pertenece. Se lesiona un mismo bien jurídico, el cual es la libertad sindical, que reconoce diversos titulares: por un lado, la organización sindical, que se ve lesionada en un interés colectivo y, por otro lado, el trabajador concretamente afectado por el acto de la patronal, que se ve lesionado en su interés individual.

En el mismo sentido, el profesor Hermida afirma que en la protección de la actividad sindical habrá un doble bien jurídico tutelado, un doble interés en juego y una doble legitimación activa para actuar. Expresaba el doctor Font, haciendo referencia a la sentencia que mencionábamos, que el doble interés protegido determina la necesaria existencia de dos legitimados para actuar y obtener una providencia satisfactoria. Es así que el proyecto de ley se afilia a una concepción amplia del alcance subjetivo del fuero sindical surgida del pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical de la OIT y de jurisprudencia nacional. Se establece asimismo, como no podía ser de otra manera, la jurisdicción especial de los juzgados laborales. Se les otorga a estos tribunales las facultades previstas en los numerales 3 y 5 del artículo 350 del Código General del Proceso en cuanto a la flexibilidad procesal para determinar, en momentos posteriores a la interposición de la demanda, el objeto preciso, así como las facultades inquisitivas propias de los jueces penales. De esta manera, la ley es conteste con la especialidad de la materia y la eventual dificultad probatoria en beneficio de una reclamación que tiene una dimensión social muy importante.

Por último, se ratifica la gratuidad de estos procesos y se establece que las sanciones o conminaciones pecuniarias previstas en el CGP, referidas esencialmente al cumplimiento efectivo de la reinstalación o reposición -y operando un cambio en el régimen común-, beneficiarán al demandante.

Por otro lado, tenemos los artículos 4º, 6º, 7º y 8º, a través de los cuales el proyecto de ley, una vez más, se afilia a la concepción más amplia de fuero sindical, como ya expresáramos, incluyendo una serie de prerrogativas o facilidades que se conceden a dirigentes y representantes sindicales para facilitar, promover o favorecer la actividad gremial.

Así, en el artículo 4º se reconoce el derecho a la licencia sindical, es decir, a gozar de un tiempo libre remunerado para el ejercicio de la actividad sindical.

En el artículo 6º se establece el derecho a la retención de la cuota sindical, elemento esencial a los efectos de una verdadera promoción de la organización, donde será el trabajador quien, con su consentimiento, comunicará al empleador el monto de esa retención, que obviamente no es obligatoria para el trabajador pero sí para el empleador.

El artículo 8º establece facilidades para el ejercicio de la actividad sindical, otorgando a quienes actúen en nombre de un sindicato el derecho a colocar avisos sindicales en locales de la empresa. Se establece, asimismo, la posibilidad de distribución de boletines, todo con el debido acuerdo con la dirección de la empresa a los efectos de que con esos mecanismos no se perjudique el normal funcionamiento del establecimiento.

En el artículo 9º se consigna lo que ha sido la línea de trabajo de este Gobierno en lo que a relaciones laborales se refiere. En efecto, se comete al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la instrumentación de mecanismos tripartitos con fines de consulta, contralor y seguimiento, así como aplicación de la ley.

Por último, terminando con esta descripción del proyecto de ley, el artículo 10 declara la autoaplicabilidad de las normas contenidas en el proyecto, no dependiendo o sin perjuicio de la reglamentación que el Ministerio haga en su momento.

Como consideraciones finales queremos hacer referencia a aspectos que nos parecen trascendentes e históricos.

En primer lugar, el presente proyecto de ley se enmarca en lo que ha sido un avance inédito del país en materia de relaciones laborales, especialmente en lo que hace a la protección de la parte más débil del contrato de trabajo. Esto se refleja en un avance importantísimo en materia de negociación colectiva, reinstalación de los Consejos de Salarios y la respuesta altamente positiva a la convocatoria, culminando ahora, en una primera etapa, con la protección del ejercicio de la libertad sindical. Este fue uno de los componentes más importantes del programa de gobierno que se presentó al electorado en la reciente campaña electoral y hoy podemos decir con orgullo que el compromiso ha sido cumplido, aunque eso no debe hacer que nos descansemos, ya que no sólo se tiene por delante el monitoreo del estado de cosas generado sino también el perfeccionamiento de las medidas, como sin lugar a dudas será un proyecto moderno de negociación colectiva legalmente consagrado y bien negociado y trabajado por todos los actores sociales.

Este proyecto apunta al tripartismo en el artículo que refiere al contenido de la licencia sindical que mandata a los Consejos de Salarios establecer sus límites y los criterios de determinación.

El proceso por el cual se llegó a este proyecto de ley y el contenido del mismo también expresa una concepción diferente del trabajo y sus implicancias. Hay una fuerte apuesta al tripartismo, a la participación de los diversos agentes y a la negociación a través de la creación de ámbitos y mecanismos para que las soluciones no sean decisiones impuestas, sino acuerdos consensuados hasta que llega el momento en que el gobernante tiene que tomar decisiones. En definitiva, se trata de una nueva forma de gobernar, que se diferencia notablemente de la actitud política de mandar, como un elemento imprescindible a la hora de comprometerse de verdad con procesos reales y eficientes de conducción de ciudadanía. Creemos que este proyecto, que apuntala el tripartismo, es realmente un pilar para la construc-ción de ciudadanía en los términos expresados. El presente proyecto de ley, más allá de ser perfectible y teniendo en cuenta que desde una óptica sectorizada puede no ser el ideal para diversos grupos de interés, sin duda, constituye un avance sin precedentes, no sólo por su contenido sino también por el proceso de participación que provocó.

Queremos destacar el trabajo realizado por los señores Diputados, que aprobaron un proyecto que resultó la base esencial de la presente iniciativa, así como el trabajo de la Comisión cuatripartita que funcionó en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con representación de todos los partidos, junto con las cámaras empresariales. Los trabajadores y sus organizaciones representativas, las cámaras empresariales, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con representación de todos los partidos políticos, lograron un cometido que en otros tiempos hubiera sido impensable. Se transitó por una gran base de acuerdo que es la columna vertebral de este proyecto, tal como lo expresaron en el día de hoy los empresarios en la Comisión de Asuntos Laborales integrada con Hacienda, respetando la concepción filosófica de un proyecto de libertad sindical. No sólo se obtuvo la cristalización de un proyecto que se había transformado en un imperativo ético, sino que al mismo tiempo, inaugurando un proceso auspicioso de trabajo mancomunado de los diferentes actores sociales, podemos ir construyendo todo lo que nos falta en el tripartismo uruguayo, que no es poco.

Asimismo, la construcción del proyecto ha logrado una base social de participación importantísima que redundará en beneficio de la verdadera y eficiente aplicación de la norma. En este sentido, conocemos muchas normas de Derecho Positivo que ya no son vigentes por su inaplicabilidad, la que a veces no tiene que ver con lo que regula sino con que los mecanismos establecidos no se adaptan a los requerimientos sociales. Tal como está planteado el presente proyecto tiene la virtud de que a través de sus disposiciones evitará la utilización indebida de los mecanismos especiales y el riesgo de una conducta que desvirtúe la herramienta por parte de los operadores del Derecho. El Legislador debe tomar el rumbo justo y adecuado, debe marcar las reglas de juego claras, pero el tripartismo, la construcción de ciudadanía y la habitualidad de la negociación colectiva nacen de los actores sociales con un rol del Estado que lo empuje y lo promueva. Este proyecto de ley va en ese sentido y por eso vamos a solicitar al Cuerpo que lo apruebe.

Por último quiero decir que nos da enorme satisfacción haberlo informado.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Pido disculpas al señor Senador Alfie que está anotado para hacer uso de la palabra a continuación, pero quisiera conocer cuál es el texto del proyecto de ley que se pretende aprobar en el día de hoy, porque lo que se ha repartido es el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes y un comparativo con otro aprobado en Comisión. Por tanto, pregunto si el proyecto que viene de Comisión se va a aprobar tal cual está.

SEÑORA DALMAS.- Así se votó.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es el Repartido Nº 168.

SEÑOR GALLINAL.- Pero hay modificaciones que no están en el repartido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Están en el Anexo I.

SEÑOR RIOS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIOS.- Creo que antes de fundamentar el proyecto dije que hablaba del Anexo I, que en el escritorio de los señores Senadores estaban los antecedentes y que lo que íbamos a votar era el texto sustitutivo del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes. Mi intención era hacer esa aclaración y si no lo hice, pido disculpas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: es con profunda tristeza que asistimos a esta sesión a tratar, sin ningún tipo de discusión exhaustiva y sin ningún tipo de meditación, de reflexión o de análisis, este proyecto de ley tan importante pero mal llamado de libertades sindicales.

Lamentablemente, el Parlamento ha sido sustituido por la Mesa Política del Frente Amplio. Este proyecto llegó a esta Cámara en julio de este año, hace cinco meses, y no se trató nunca en Comisión porque la Bancada oficialista no quiso hacerlo. Ni siquiera se habilitó la posibilidad de ir recibiendo gente para escuchar posiciones e ir formándonos opiniones a lo largo del tiempo. Todos sabemos -y esto quedó demostrado en la apretada agenda de hoy de mañana- que en un cortísimo lapso de tiempo se recibieron una cantidad de opiniones y se pudieron hacer algunas preguntas, aunque no todas las que hubiéramos querido, simplemente, porque ni siquiera se nos ocurren en tan poco tiempo. Eso hubiera enriquecido el debate y, seguramente, la ley. Ahora se va a votar al galope, sin discusión, obviamente, porque hubo una discusión de la Mesa Política del partido de gobierno. En definitiva, el partido de gobierno tiene un acuerdo y cuenta con las mayorías necesarias para votar el proyecto y así lo va a hacer. Ahora bien; todo parece indicar que la única oposición que admite el gobierno es la interna y a la oposición legítimamente representada aquí, que representa al 49,6% de la ciudadanía, no la escucha. Realmente lo lamentamos y decimos con sinceridad y tristeza que de todos modos nuestro partido, como siempre, no sólo se va a quedar en Sala, sino que además va a argumentar por qué no vota la mayoría de los artículos de este proyecto y por qué no lo vota en general.

En primer lugar, señor Presidente, las leyes, como los contratos, tratan de poner determinados incentivos a la acción de los seres humanos para ordenar una sociedad y los incentivos terminan generando determinadas actitudes o comportamientos de los actores sociales. Los incentivos pueden ser correctos o incorrectos, alinearse en pos del objetivo declarado o, directamente, de manera inconsciente e involuntaria, en contra de los fines deseados; en economía esto es bastante común. Cuántas veces se ha escuchado a los analistas y a la gente decir que determinado proyecto de ley incentivará ciertas cosas y termina teniendo el efecto exactamente contrario, porque la interacción de los actores sociales es la que, en definitiva, movida por estos incentivos, por estas señales que le están mandando las leyes termina actuando en consecuencia. Y estas leyes de comportamiento son complejas. Hay dos ciencias que estudian este comportamiento: la Sociología y la Economía. Las mismas han avanzado mucho, en especial a lo largo del Siglo XX, y han demostrado que una cantidad de cosas que se creían iban a tener determinada consecuencia, terminaron dando el resultado opuesto. Esto es como la Física: hay una cantidad de fuerzas que se mueven y el punto final es el resultante de todas las fuerzas. La resultante es la media ponderada por el peso de cada una de ellas.

Se nos ha dicho que es mejor tener reglas claras que no tenerlas. Eso es cierto en parte y no siempre; de hecho, en el Uruguay tenemos reglas. Estamos de acuerdo con que nos falten reglas y un ordenamiento a este respecto y a otros tantos, pero no podemos tener una mala regla y nosotros pensamos que esta lo es. No consideramos que este proyecto de ley sea de protección y promoción de la libertad sindical sino que, directamente, es de privilegio de la cúpula sindical. Que no se confunda nuestra postura: no estamos en contra de una ley de fuero sindical, sino a favor. No le cedemos a nadie la derecha por la preocupación en cuanto a la protección de los derechos de los más débiles. El Partido Colorado fue y es el escudo de los débiles, pero estamos a favor de la protección verdadera cuando se ven los efectos finales, considerando los conceptos en su globalidad y analizando el fenómeno con todos los componentes del comportamiento humano y de las sociedades, y con todos los avances que tiene la ciencia que estudia este comportamiento. Entonces, para tener una ley de libertad sindical o de promoción o privilegio de los dirigentes sindicales, como es esta, hay que tener un marco jurídico previo, global y acorde. Con este proyecto de ley, como implícitamente lo reconoció hoy el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social -aunque explícitamente dijo que no-, claramente se está poniendo la carreta delante de los bueyes. ¿Por qué? Miremos otros países. En Chile, donde gobierna la Concertación Democrática desde hace ya quince años y desde hace tiempo gobierna el Presidente Ricardo Lagos, del Partido Socialista. Entonces, nos preguntamos: ¿en Chile existe protección al sindicalista? Sí. ¿Existe la obligación de reponer al trabajador? Sí. Pero también existen otras cosas muy importantes en un marco muy general y comprensivo, que balancea los poderes. Es así que los dirigentes se eligen por voto secreto en todos los casos; las huelgas se determinan a nivel de empresa -cuando están permitidas porque hay una cantidad de actividades en las que, por ley, están prohibidas- por el voto mayoritario, es decir, el 50% más uno de las personas que trabajan en la misma; los dirigentes sindicales duran cuatro años y cesan, no pueden permanecer en el cargo eternamente; no puede haber un sindicato con menos de veinticinco integrantes, por lo cual no puede haberlo en una empresa que tenga menos de veinticinco empleados, pero sí se pueden afiliar a una organización; la negociación se hace siempre a nivel de la empresa; el trabajador se defiende solo y no resigna su libertad a una organización, pero si desea ser representado puede serlo; las negociaciones tienen un término obligatorio de sesenta días, cumplido ese lapso, si no ha concluido, se entra en un proceso de arbitraje obligatorio y el árbitro elige una u otra propuesta, sin la posibilidad de un término medio o de mezclar las propuestas, con lo cual los incentivos implícitos suelen ser propuestas razonables para que sean elegidas. De esta forma se fomenta la sensatez de las partes. En Chile, la Concertación Democrática tiene esta legislación, que la hizo en 1990 y la modificó hace poco tiempo. Además de esta legislación, el gobierno de la Concertación de Chile tiene tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Corea, con China y con México. Ese Chile con comercio libre y con balance de protecciones, con responsabilidades delimitadas al ejercer el derecho, crece más que nadie porque, obviamente, invierte más que nadie y como consecuencia genera más empleo y de mejor calidad, y reduce la pobreza y la indigencia. Esto es lo que nosotros queremos, lo que estamos dispuestos a discutir, pero no este proyecto de ley traído de los pelos, sin un marco adecuado. Este proyecto de ley está, en parte, copiando a la Argentina. ¿Cuál es la situación en ese país? Allí se fomentan las viejas ideas que defienden los acuerdos colectivos por sectores, que concentran el poder gremial a nivel de cúpulas, generalmente asociadas con el poder político, con personerías que garantizan los fueros sindicales, donde el escalafón predomina por encima del mérito, donde la teoría de la ultraactividad de los contratos es la regla, done las exigencias se desvinculan de la productividad o de la rentabilidad y donde se cuestionan principios elementales de autoridad de las empresas, con la imposibilidad de elegir por parte de éstas las condiciones propias de trabajo. Este modelo en la Argentina ha constituido una valla infranqueable que desestimula el ingreso a un trabajo remunerado digno de la enorme mayoría de los desocupados, especialmente porque atenta contra la competitividad, elimina la posibilidad de crecimiento y, en muchos casos, de subsistencia de las pequeñas y medianas empresas, que son las que generalmente crean la mayor cantidad de trabajo. Esto es lo que estamos copiando, lo malo y no lo bueno. Este enfoque detesta la cultura del éxito y la generación de valor, que son los que hacen crecer y progresar a las sociedades. Nosotros, definitivamente, no creemos en la mesocracia. Por eso, no queremos este proyecto de ley de fuero sindical, en este marco. Quizás este proyecto, con otro marco y con retoques menores, sería aceptable; reitero, en un marco global de responsabilidad y objetivos correctos, y no este proyecto de ley que parece realmente desconectado, traído de una manera inorgánica y sin un soporte armónico que lo sustente.

Nos oponemos a este proyecto de ley porque va directamente en contra del trabajador, por una cantidad de razones que vamos a enumerar. En primer lugar, porque en su artículo 1º se consagra una enorme limitación a la contratación de personas -permítanme la digresión o la licencia- que no tienen padrinos, al establecer como nula cualquier discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso a él. Generalmente, las mejores empresas hacen llamados públicos para proveer los mejores cargos, los buenos puestos, y ahora van a estar expuestas, si hacen un llamado público, a tener que demostrar que alguien no fue recusado por su actividad sindical y por ende a estar, potencialmente, sometidas a juicio. Ese riesgo, algunos lo correrán y otros decidirán no correrlo.

En ningún caso somos maximalistas; sabemos que las cosas van en algunos términos medios, pero lo que importa es cómo era la situación frente a la que estaban antes, si en este caso es menor, ya la cosa es peor, por decirlo de alguna manera.

Por otra parte, establece una tutela al accionar del trabajador a través de un sindicato, porque de hecho, prácticamente se lo obliga a afiliarse a uno para tener su protección. Establece un nuevo sistema de propiedad; el destino de los trabajadores queda en manos de una cúpula sindical y no de su libre albedrío, porque no sólo va a desproteger a los verdaderos trabajadores de a pie, sino mucho peor, los va a desamparar, y a los desocupados mucho más. ¿Por qué? Porque otorga el poder a un reducido grupo de dirigentes que puede manejar las cosas a su antojo y porque su potencial de daño significativo se concentra especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas, que es donde se genera más del 80% del trabajo nacional. Naturalmente, también va en contra del empleo y del trabajador, porque va en contra de la inversión, porque la ley sesga de manera desmedida, en contra de las inversiones, todos los aspectos relevantes o, mejor dicho, una cantidad importante de dichos aspectos. La ley prioriza la financiación sindical frente a la vivienda, al crédito social del Banco República y a la salud; todo eso queda detrás en el orden de los descuentos. La ley prioriza la cuota sindical a eso, cuando la vivienda, el crédito social del Banco de la República y la salud son más importantes.

Nos oponemos a este proyecto de ley porque, además, lesiona un derecho fundamental del trabajador, como es la libertad individual y, asimismo, violenta el principio de igualdad constitucional. Esto fue ampliamente expuesto en la Comisión el día de hoy.

No nos cabe duda, señor Presidente, que a mediano y largo plazo es como se deben medir estas cosas; el empleo será mucho menor al que se daría bajo otras circunstancias.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ALFIE.- Cuando concluya mi exposición, con gusto se la daré.

Lamentablemente, ya estamos viviendo ese fenómeno; en los últimos dos trimestres, mientras la actividad económica ha crecido, la cantidad total de horas trabajadas en el mercado ha caído. La oferta de trabajo está cayendo; no la cantidad de gente trabajando, sino la cantidad de gente que se oferta para trabajar está cayendo ligeramente -pero cayendo al fin- y nosotros creemos que algo tienen que ver esos anuncios y las medidas que ha implementado el Gobierno. Esta ley genera una exclusión arriba y abajo, es decir, de los trabajadores más calificados y de los menos calificados. A estos últimos directamente les impide el acceso a un empleo y a los otros los expulsa de una manera u otra. Todo parece demostrar que esta es la otra hoja de la tijera del nuevo impuesto a los ingresos, mal llamado Impuesto a la Renta a las Personas Físicas, que se aprobará o terminará siendo ley en poco tiempo, en el Uruguay.

Nos oponemos porque no contempla un sinnúmero de cosas y de situaciones que la legislación comparada sí hace; por ejemplo, el número máximo de personas alcanzadas por el privilegio, o la certeza que tienen ambas partes de quiénes las representan -no me refiero sólo al número máximo, sino a la certeza de quiénes son específicamente, porque se habla de suplentes, y puede haber un suplente décimo que también estaría alcanzado por el privilegio-, los tiempos máximos a los cuales se tiene acceso al privilegio, etcétera, etcétera; es decir, una cantidad de cosas que toda la legislación comparada tiene.

Nos oponemos porque este proyecto de ley pone en riesgo -y en algunos casos podría llegar a eliminar- los contratos a término, pasantías y, en especial, las pruebas de trabajo.

Obviamente, este proyecto no habla -quizás no debería hacerlo, pero en un marco general sí debería- de cómo se trata a los trabajadores que hacen trabajos a distancia, trabajo temporal de medio tiempo o los que tienen polifuncionalidad, todas creaciones modernas, por decirlo de alguna manera, de la última década y media.

Nos oponemos porque la pequeña, mediana y microempresa pueden quedar fuera del mercado, fuera de la competencia, por el mero hecho de que le toque un solo trabajador con licencia sindical y deba pagarlo. Una empresa de dos, cuatro o cinco trabajadores no resiste esa situación. La ley no dice nada respecto a que la licencia sindical la debe pagar el sindicato. Esto tendría que ser así, quizás con algún aporte o de otra manera, pero no puede recaer en el costo de la empresa.

Creo, señor Presidente, que la ley está concebida de una manera errada porque brinda, exclusivamente, poder y dinero a la cúpula sindical y, como dijo Víctor Hugo "es fácil ser bueno, lo difícil es ser justo". Esta ley no es justa.

Le concedo la interrupción que me solicitó el señor Senador Michelini.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: el señor Senador Alfie, con todo derecho nos trasmite que esta ley es el diablo con cuernos y cola; quizás tiene razón y estamos haciendo una ley aberrante, independientemente de que, además, no es justa como él plantea. No voy a asegurar que la ley vaya a traer el paraíso terrenal, pero digo que hay algunas cosas que, como las plantea el señor Senador, así la ley sea mala, no son exactamente correctas.

En primer lugar, independientemente del orden en que la pusiéramos, la cuota sindical es una voluntad del trabajador que dice: "quiero que me descuenten" y hoy el empresario no le descuenta. En algunos casos, se logró por convenios colectivos y en otros, no. Si fuéramos a la libertad total -podríamos hacer el planteo- en la cuota sindical, no deberíamos poner nada que se descuente -salvo, naturalmente, los edictos judiciales a las pensiones alimentarias- por ley y, en todo caso, si el propio trabajador quiere que le descuenten, debe decir en qué circunstancias lo desea y en cuáles no.

Otro ejemplo tiene que ver con los beneficios adicionales. Actualmente, cuando un trabajador es discriminado, se puede presentar a los tribunales -tendrá la suerte o no de probarlo- y a los dos años tendrá una sentencia. Ahora bien; el Estado quiere amparar la libertad sindical porque cree que eso es importante, incluso, para la paz sindical. Hoy, se decía cuánto puede costar todo esto a una empresa. Al respecto, pregunto cuánto puede costar un conflicto largo cuando hay empresarios que no entienden que la paz sindical tiene beneficios adicionales para su empresa. Supongamos, por ejemplo, que a toda la economía le interesa que haya paz sindical y que existan interlocutores sindicales. Por eso decimos que vamos a dar beneficios -como en cualquier circunstancia-, pero ellos deben tener una contrapartida. Así como el Banco de la República hace descuentos que van directamente al sueldo y se supone que son los que tienen una mejor tasa, si vamos a dar un beneficio adicional -sabemos que siempre queda el mecanismo común-, no queremos que en este proyecto de ley se puedan amparar los vivos de siempre. Quizás nos estamos equivocando, pero esa es la intención.

Entonces, si una persona nos dice que fue despedida por un tema de persecución sindical, le preguntamos qué dice el sindicato. Nos responde que no sabe nada, que no está enterado de lo sucedido. ¿El sindicato no se mueve, no protesta, no hace la declaración ni va al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuando está involucrado uno de sus integrantes? Nos responde que no, que no sabe nada y que ni siquiera se enteró. ¡Vamos, somos pocos y nos conocemos!

Lo que queremos es dar protecciones adicionales al régimen que hoy existe. Para eso, los Legisladores y el Estado uruguayo debemos tener garantías de que con esto no se ampara, además de a los que corresponde, a los vivos. Podemos estar equivocados -eso es otra cosa-, pero el objetivo de que el sindicato esté en la cuestión activa no es menor ni caprichoso.

Para finalizar, voy a hacer referencia a dos aspectos puntuales. Se dice que esto afecta el trabajo y que bajaron las horas globales, pero aumentó el empleo. Si esto estuviera provocando malas expectativas para el mundo del empleo -quizás el señor Senador Alfie nos dice que el efecto se verá de aquí en más, pero por mi parte creo que el tema arriba de la mesa ya genera expectativas-, deberían haber aumentado las horas trabajadas y no la toma de gente. Sin embargo, sucede al revés.

Otro aspecto es el tema del diálogo. Se nos dice que aquí no hubo estudio; se podrá señalar que en la Cámara de Senadores se empleó un mecanismo "sui generis" y lo acepto, aunque hubiera preferido otro. Sin embargo, se discutió mucho en la Cámara de Representantes, el tema pasó a la Cámara de Senadores y se decidió integrar una comisión cuatripartita en la que había representantes del Parlamento. Luego, la fuerza política decidió tomar para sí el tema y resolverlo, porque nos parecía que las expectativas, en el sentido de que se iba a aprobar una cosa, otra u otra distinta, podrían transformarse en algo negativo. La señal que quiere mandar la fuerza política que integramos, sobre todas las cosas, es que gobierna y no la incertidumbre de que no lo hace. La peor de las incertidumbres sería que no estuviéramos gobernando y eso es peor que venir a Sala con un proyecto propio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Alfie.

SEÑOR RIOS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ALFIE.- Antes de conceder la interrupción al señor Senador Ríos, voy a hacer alguna reflexión sobre lo que señaló el señor Senador Michelini.

El empleo crece en promedio, pero lo que sucedió fue que aumentó en el primer trimestre, después comenzó a caer y no creció, por lo que hay menos gente trabajando hoy, aunque el promedio del año es mayor. En cuanto a la menor cantidad de horas trabajadas, eso habla de una sustitución de mano de obra por maquinaria, y la empresa, mientras tenga demanda, va a mantener el empleo, pero cada vez trabaja menos gente para evitar estos costos asociados y problemas. Esa es la interpretación de por qué no crece el empleo.

Respecto a la discusión del tema, sabemos que se formó una comisión cuatripartita en la que había representantes de todos los partidos, pero lamentablemente de la Comisión del Senado sólo estaba el Presidente. Entonces, los que teníamos que tratar este asunto y enterarnos de lo que allí sucedía, obteníamos información por la prensa o por interpósitas personas. Por ello, creo que ese no era el método conveniente a seguir.

Quiero recalcar que nosotros no decimos que estamos en contra de una ley de fueros, pero creemos que a esta le falta marco. Eso ya lo señalamos y pusimos el ejemplo de Chile, en contraposición con el de Argentina. A este proyecto de ley le falta marco y si lo tuviera, podría resultar, claro está, con determinados retoques.

Con mucho gusto, le concedo ahora la interrupción al señor Senador Ríos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RÍOS.- Señor Presidente: por lo menos quien habla no cree que el mundo empezó el 31 de octubre de 2004 y, con respecto a esta discusión sobre el marco, pensamos que en la sociedad uruguaya -por lo menos, según la lectura que nosotros hacemos del tema- hay un espacio para las personas que venimos de las ciencias sociales, a fin de que tengamos un lugar, con independencia de los académicos de la economía.

Nosotros optamos y seguimos el camino que comenzó el Partido Colorado en la reapertura democrática para la reinstauración de los consejos de salarios. Creemos que se trata de un buen camino, hasta tanto las partes se den condiciones de negociación que permitan establecer, emergentes de los actores sociales, una ley de negociación colectiva. Pero la ley de negociación colectiva tiene tres pilares: la huelga, la negociación colectiva y el sindicato. Aquí no podemos seguir construyendo negociación colectiva si no respetamos la libertad sindical. En este sentido, no es algo excluyente, sino un paso adelante en la construcción de las partes.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Ya he finalizado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: voy a dividir mi exposición en dos partes, la primera de ellas está referida a las formas y luego a la sustancia, al contenido del proyecto a consideración. Me parece fundamental hacer una mención expresa al proceso que hemos vivido desde el 21 de julio de este año, cuando el tema ingresó al Senado de la República, hasta el día de hoy. Luego, voy a enfocar los aspectos sustanciales, el contenido del proyecto de ley que tenemos a consideración, con las modificaciones propuestas por la Bancada del Frente Amplio y lo que, a nuestro juicio, debería ser un proyecto de ley en materia de fueros sindicales.

Respecto a las formas, quien me precedió en el uso de la palabra señaló que la Comisión fue convocada especialmente el pasado jueves con el propósito de resolver en esa jornada el trabajo dentro para habilitar la discusión del proyecto de ley en el Senado y su eventual aprobación. Más aún; se nos señaló que se tiene la intención de que esto se transforme en ley antes de que finalice el año, por lo que muy probablemente se va a pedir el levantamiento del receso en la Cámara de Representantes a efectos de aprobar las modificaciones que seguramente se van a introducir en el Senado.

Nosotros habíamos hecho un planteamiento en Sala que hoy adquiere una vigencia fundamental. En la hora previa del 5 de octubre -hace ya más de dos meses- habíamos planteado al Cuerpo la necesidad de que se convocara a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con la de Hacienda para comenzar con el estudio de la iniciativa. Veíamos que se había generado un ámbito cuatripartito en el que no había entendimientos y, además, considerábamos que el Senado no está para terminar de darle forma a lo que se apruebe fuera de este ámbito. Es muy válido el ámbito cuatripartito y es muy interesante que el Gobierno convoque a los trabajadores, empresarios y partidos políticos para que, junto con los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, participen en un diálogo con el propósito de aunar criterios respecto a un tema principal como es el que hoy nos convoca, pero la función del Parlamento no es simplemente la de homologar los entendimientos que vengan desde fuera. No podemos aceptar, hasta por una cuestión en este caso de fueros parlamentarios, la sustitución del Parlamento por otros ámbitos de definición para temas tan importantes. Por eso el 5 de octubre planteábamos lo siguiente: "Por todo esto, solicitamos que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a las Comisiones de Asuntos Laborales y Seguridad Social y Hacienda del Senado de la República, a efectos de que se convoque a la Comisión integrada para el tratamiento del proyecto de ley, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al PIT-CNT y a los gremios empresariales que participan en las conversaciones y con los que, por otra parte, queremos tener el gusto de dialogar y negociar institucionalmente, desde el ámbito que corresponde -las Comisiones y el Parlamento-, sin perjuicio del buen éxito que esperamos puedan tener todas las negociaciones que fuera del Parlamento se están llevando adelante." Este fue el planteamiento, pero lo que sucedió fue que fracasaron esas negociaciones, y como producto de un entendimiento de la fuerza política que hoy tiene la responsabilidad de dirigir los destinos del país, se convoca con carácter urgente a la Comisión, prácticamente sin tiempo para trabajar en la forma que hubiéramos querido.

Nosotros también hemos presentado un proyecto de ley en esta materia al que, además, nos vamos a referir cuando llegue el momento de objetar algunas de las disposiciones aquí incluidas. Lo hicimos porque en aquel entonces se estaban generando problemas importantes a nivel de los Consejos de Salarios, y en este sentido quiero recordar al Cuerpo un hecho que vale la pena que conozca. En oportunidad de las negociaciones en los Consejos de Salarios se produjo un problema de carácter laboral en una estación de servicio a raíz del despido de un empleado. La empresa aducía razones de fondo que la habían llevado a tomar una decisión de esas características y el gremio reclamaba el reintegro del empleado que había sido despedido. Como dicho reintegro no se producía, se llegó a la suspensión de las negociaciones en los Consejos de Salarios por parte de los gremios de trabajadores, aunque también la Cámara de Comercio, en representación de algunas empresas vinculadas con esta temática, anunció su decisión de retirarse de los Consejos de Salarios a raíz de los hechos que se venían sucediendo. ¿Y saben cómo se solucionó ese diferendo de la estación de servicio? El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social decidió intermediar ante ANCAP -lo que fue objeto de un pedido de informes de quien habla- y, a través de ella, con DUCSA -la empresa que distribuye combustible de ANCAP- para que ésta incorporara al empleado despedido a su plantilla de trabajo. Ante ese panorama, reitero, hice un pedido de informes. Como era una noticia que había salido en la prensa, me imaginé que ANCAP y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social iban a desmentir esta información. No podía creer que desde el punto de vista de ANCAP, desde el de los trabajadores y menos desde el de los empresarios, que permanentemente están reclamando bajar el costo país de manera de facilitar la inversión y la creación de fuentes de trabajo, este tema se resolviera incorporando como empleado de DUCSA a quien había sido despedido de la estación de servicio, razón por la cual se había generado el conflicto. Debo reconocer que, con mucha honestidad, el Ministerio me contestó el pedido de informes, diciendo que intercedió ante ANCAP para que se incorporara a esta persona como empleado de DUCSA. Entonces, el ex-empleado de la estación de servicio ahora es empleado de DUCSA. Pero hay más, señor Presidente, como final de esta película, que ni al más imaginativo de los directores que quisiera hacer una película en materia laboral se le podría haber ocurrido: la estación de servicio cerró sus puertas definitivamente, y quien había quedado sin trabajo ahora es empleado de DUCSA, empleado estatal.

Es por eso que reclamábamos la necesidad de conformar un ámbito como corresponde en el Senado para poder estudiar este proyecto de ley y no que se aparecieran integrantes del partido de Gobierno -como lo hicieron el jueves pasado- desesperados por estudiar esta nueva redacción que ligeramente se ha alcanzado y que tiene errores importantes.

Pero la cosa no termina ahí. Junto con el señor Senador Antía habíamos presentado un proyecto de ley sobre esta materia que se relaciona directamente con la resolución del tema del fuero sindical. Sin embargo, en la Comisión no se dieron noticias de este proyecto y se decidió armar un comparativo entre el texto aprobado por la Cámara de Representantes y el que el Frente Amplio trae a consideración del Cuerpo, que viene directamente de la Comisión sin siquiera la firma de los Legisladores. Pero debemos ser realistas; en definitiva, es el texto que se va a intentar aprobar, por lo cual no lo vamos a desconocer. Sin embargo, me parecería adecuado que, por lo menos para ilustración de los demás integrantes de la Comisión, se repartiera el proyecto de ley que hace meses presentamos con el señor Senador Antía y que refiere directamente a este tema. Pero eso no se hizo y aparentemente ni siquiera obra en conocimiento de la Comisión. En algún momento el señor Presidente nos dijo -y creo que después cambió de opinión- que no correspondía que se tratara en ese ámbito porque dicho proyecto correspondía a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. Pero si el Senado decidió llevar a conocimiento de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con Hacienda este proyecto de ley, iba de suyo que toda iniciativa vinculada con esta temática tenía que formar parte del estudio. En todo caso, dejemos de lado esos aspectos formales porque no se puede tener una intolerancia tal que ni siquiera se acepte la consideración de proyectos referidos al mismo tema.

En consecuencia, desde el punto de vista formal, nos pretenden traer el tema aquí a los empujones, sin darnos el tiempo suficiente de estudio que el proyecto se merece. Considero que esa es razón suficiente como para que vo-temos en contra este proyecto de ley en la discusión general.

Por otra parte, tenemos un conjunto de objeciones de fondo que son importantes. Estamos de acuerdo con crear un estatuto legal que regule el fuero sindical; lo consideramos fundamental y necesario, sobre todo desde el momento en que el Gobierno puso en acción nuevamente los convenios colectivos y abrió espacios para la negociación colectiva. Esto llevó a una proliferación, a un aumento sustancial de nuevas organizaciones sindicales y gremiales de trabajadores. Además, pensamos que hay que dar una forma legal a un tema de estas características. Es por eso que presentamos un proyecto de ley referido a esta temática de la libertad sindical. Pero seamos sinceros: en el Uruguay existe libertad sindical; tampoco es cuestión de decir que a partir de que el Frente Amplio asumió el Gobierno, convocó a una Comisión y va a aprobar en el día de hoy un proyecto de ley que la semana próxima se va a transformar en ley, hay libertad sindical. En el Uruguay libertad sindical hay desde hace muchas décadas, libertad sindical y defensa de los trabajadores con una legislación en materia social de avanzada. Me refiero a la libertad en general; ésta ha sido la historia del país, y la libertad sindical también. Asimismo, normas que defienden los derechos de los trabajadores existen muchas en el Uruguay y es una realidad absolutamente indiscutible que hay tribunales laborales que hacen de la protección de los derechos de los trabajadores una política y una filosofía de acción jurisdiccional. Esa es una realidad del Uruguay de hace muchas década. Creo que nadie puede negar la independencia que los tribunales laborales tienen en nuestro país y la forma en que defienden los derechos de los trabajadores. La formación de nuestros jueces está mucho más inclinada a favor de los trabajadores que de los empresarios. Esta es una realidad del país que tiene muchas décadas y nos hace sentir orgullosos tener un país con esa cultura. Es más, hemos escuchado muchas más quejas del sector empresarial que del de los trabajadores con respecto a la acción del Poder Judicial en materia laboral. Esta es una realidad que quiero subrayar porque me parece de total justicia. Además, creo que es una conquista del Uruguay, de toda su existencia o, por lo menos, de muy buena parte de ella. Muchos de estos derechos se fueron ganando con el transcurso del tiempo, por supuesto, a través de la acción de los trabajadores. No podemos negar que los trabajadores agremiados, en el ejercicio de su libertad sindical, fueron conquistando normas legales, derechos y espacios fundamentales. Aclaro que ésta es una realidad del Uruguay de todos los tiempos; es una realidad tanto a nivel privado como público; es una realidad en la Justicia Laboral y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; es una realidad en el Poder Judicial como lo es también la acción administrativa que ejerce el Estado en materia de defensa de los derechos de los trabajadores públicos. Me veo en la necesidad de reafirmarlo y reivindicarlo hoy, porque creo que forma parte de la mejor historia del país. También hay una historia de un conjunto de colectividades políticas -no tengo por qué dejar de reconocer la participación de los demás Partidos, aunque especialmente podría reivindicar la de aquel al que pertenezco y tendría mucha historia para traer aquí, aunque éste no es un tema para tratar en el día de hoy- que han luchado por la defensa de los derechos de los trabajadores, que han ganado en esa lucha y que han conquistado una legislación, una jurisprudencia y una cultura que hoy queríamos poner de relieve porque nos parece, a todas luces, cierta y es bueno reivindicarla. Hoy no podríamos estar afinando tanto la legislación en materia de fueros sindicales si no tuviéramos ya la otra. De lo contrario, estaríamos discutiendo la que felizmente ya existe. Quienes ejercen la profesión, en particular en materia laboral, saben muy bien de qué estamos hablando porque así se está dando en la práctica desde hace mucho tiempo.

El proyecto que hoy tenemos a consideración refiere a un tema -aquí entramos a la parte sustantiva-, a una discusión que no es propia ni exclusiva del Uruguay, que es si se puede establecer por ley la obligación de los empleadores de reintegrar a un empleado despedido. Este es el tema que está en discusión. Esta es la parte importante en lo que respecta al fuero sindical. Todo lo demás es absolutamente secundario, relativo, aun con la importancia que pueda tener. Podemos estar más o menos de acuerdo con el resto del proyecto, pero ello no hace a la sustancia.

Reitero que lo importante aquí es definir si se puede o no establecer por ley la obligación del patrón, del empleador o del empresario de reincorporar a un empleado despedido. Tradicionalmente, durante mucho tiempo, la respuesta ha sido que no. Defendiendo la libertad de acción del empleador, se ha señalado que no es posible y se ha sustituido esa posibilidad de reincorporar al empleado despedido por la obligación, en el caso de que sea injusta o malamente despedido, de una indemnización especial que, a veces, alcanza a cuatro o cinco veces la indemnización por despido. Reitero que ésta ha sido la solución tradicional.

Hay quienes creemos que se puede avanzar en materia laboral para legislar la obligación de reintegrar al empleado mala o injustamente despedido. Creo que se puede hacer obligatorio. Ahora, después que definimos que se puede hacer obligatorio, el tema es a quiénes abarca. ¿A todos los trabajadores o a una parte de ellos? ¿En qué circunstancias? ¿Por qué motivos? ¿Porque se los despide injustamente, por razones de carácter económico o por motivos gremiales?

En el proyecto de ley que presentamos definimos este tema. Primero señalamos que se puede establecer por ley la obligación de reintegrar a un trabajador despedido por razones sindicales. De esa manera, estamos limitando el campo de acción al señalar "exclusivamente por razones sindicales". ¿A quiénes? ¿A todos los trabajadores? Pensamos que no se puede obligar a los empresarios a restituir a todos los trabajadores despedidos por cualquier razón. Creo que aquí también tenemos que entrar en alguna suerte de limitante. Sinceramente, señor Presidente, no discrepo con la posibilidad de obligar a reincorporar a todos los trabajadores que sean despedidos por razones gremiales, absolutamente a todos, pero marcando una diferencia, ya que de lo contrario no estamos protegiendo los derechos en la forma en que tenemos que hacerlo.

Cuando nosotros presentamos este proyecto de ley no innovamos, sino que nos inspiramos en la Legislación Comparada, en la legislación chilena, en la brasilera, en la venezolana y en la argentina, así como en un proyecto de ley presentado por el arquitecto Juan Pablo Terra en la década del 60, en el cual se limita el derecho -a ser reincorporado- de aquel empleado despedido por razones sindicales a aquellos que forman parte de la dirigencia, a aquellos que tienen la responsabilidad de la representación del sindicato. Inclusive, establecimos una proporción de acuerdo con el proyecto presentado por el arquitecto Juan Pablo Terra. Diría algo más, señor Presidente, estoy dispuesto a establecer la obligación de reincorporar a trabajadores sindicalizados que no formen parte de la dirigencia, pero marcaría una diferencia. Por un lado, establecería la posibilidad de reintegrar a los dirigentes por una inversión de la carga de la prueba en la que obligo al empleador a demostrar -como se hace aquí en el proyecto de ley- que el despido fue por razones absolutamente ajenas a su condición de dirigente sindical y, por otro, para el resto de los trabajadores establecería un procedimiento ordinario común desde el punto de vista procesal, en el que la defensa no llegue a ese extremo y la carga de la prueba corra por cuenta del trabajador y no del empleador.

SEÑOR BRECCIA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Breccia.

SEÑOR BRECCIA.- Quizás las observaciones que realizaban, en primera instancia el señor Senador Alfie y ahora el señor Senador Gallinal, en cuanto a la celeridad en el tratamiento dado a este proyecto puedan resultar pertinentes a la luz de lo que está manifestando el señor Senador interviniente. Debo aclarar que lo que está planteando el señor Senador como solución es exactamente lo que establece el proyecto de ley en tratamiento en su artículo 2º, esto es, un procedimiento de tutela especial en el numeral 2.2 para los trabajadores allí mencionados, que supone la inversión de la carga probatoria, y un procedimiento extraordinario -artículos 346 y 347 del Código General del Proceso- en el numeral 2.1 que no innova en materia de carga probatoria, es decir, sigue las cargas probatorias comunes al proceso común, pese a que se trata de un proceso extraordinario y, por lo tanto, reducido en su duración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: no comparto lo que se ha señalado porque, precisamente, el tema pasa por la inversión de la carga de la prueba y por el proceso en que ésta se produce. Es verdad que solamente en el caso del numeral 2) del artículo 2º se establece la inversión de la carga de la prueba, pero en el numeral 1) -que es el llamado "proceso general", que comprende a todo trabajador sindicalizado- figura la necesidad de recorrer el camino del proceso extraordinario, a diferencia del otro, donde el procedimiento que se utiliza es el de la acción de amparo, por lo menos en cuanto a la forma, no en cuanto al contenido porque entonces sería mucho más gravoso.

En realidad, no sé qué es más beneficioso, si el proceso extraordinario o la acción de amparo; a mi juicio, lo es el primero y, por lo tanto, el numeral 1) compensa con el numeral 2). En el numeral 2) se dice que la carga de la prueba corre por cuenta del empleador, pero en el numeral 1) se menciona el proceso extraordinario, que en mi opinión es mucho más ágil y más fácil que el proceso sumario.

El artículo 346 del Código General del Proceso establece: "El proceso extraordinario se regirá por lo establecido en el ordinario en cuanto fuere pertinente y con las siguientes modificaciones:

1) El trámite se concentrará en una sola audiencia de conciliación, fijación de los puntos en debate, prueba, alegatos y sentencia.

2) Sólo se admitirá la reconvención sobre la misma causa y objeto que los propuestos en la demanda.

3) Luego de la contestación de la demanda o, en su caso, de la reconvención, el tribunal dispondrá el diligenciamiento de la prueba solicitada por las partes y que no pueda ser recibida en la audiencia, de modo tal que a la fecha de aquélla, esa prueba se halle diligenciada.

4) El tribunal se pronunciará en una única sentencia sobre todas las excepciones y defensas; sólo si entre ellas se encuentra la de incompetencia y se declarare incompetente, omitirá pronunciarse sobre las otras.

5) En la segunda instancia no se admitirá otra prueba que la que el tribunal entienda oportuna para mejor proveer, la documental sobre hechos supervinientes o la de ese mismo género que se declare, bajo juramento, no conocida hasta ese momento, conforme con lo dispuesto por el artículo 253.2, numeral 2° o la de fecha auténtica posterior a la de la audiencia de primera instancia".

Por lo tanto, allí no hay ninguna diferencia de las características que yo estaba señalando.

Además, debemos tener cuidado con el hecho de que haya que dejar en claro o demostrar que el despido no obedece a una razón de carácter sindical. El inciso final del artículo 2º dice: "Corresponderá al empleador, debidamente notificado del contenido de la pretensión de amparo, probar la existencia de una causa razonable, relacionada con la capacidad o conducta del trabajador, o basada en las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, u otra de entidad suficiente para justificar la decisión adoptada". Esto puede terminar convirtiéndose en una prueba imposible de documentar. Un empleador puede llegar a despedir a un empleado porque advierte dificultades en la economía nacional, que aún no se han puesto de manifiesto, pero que a su juicio lo llevan a tomar precauciones, a amortiguar o prever golpes futuros, o cambios importantes que hoy no está en condiciones de demostrar. ¿Cómo lo prueba? Vamos a ver por qué digo esto de la prueba imposible -aunque aquí va parte de la explicación- al ingresar a otra parte del articulado, que va poniendo de manifiesto las dificultades que el proyecto de ley tiene en su redacción actual.

Por ejemplo -imagino que esto lo tomarán porque va en favor de quienes llevan adelante el proyecto de ley-, yo eliminaría el inciso final del artículo 1º, porque de acuerdo con lo que dice allí, toda esta ley abarcaría solamente a los trabajadores que efectúen actuaciones tendientes a la constitución de organizaciones sindicales, dentro o fuera de los lugares de trabajo. Eso es, precisamente, lo que dice el inciso final del artículo 1º: "Las garantías prescriptas en la presente disposición, alcanzan a los trabajadores que efectúen actuaciones tendientes a la constitución de organizaciones sindicales, dentro o fuera de los lugares de trabajo". Debemos entender que los demás no estarían incluidos en la norma. Me parece que se equivocaron cuando redactaron este artículo o quizás la rapidez con que quieren llevar adelante estos temas no les permitió advertir el error que se estaba cometiendo en un inciso de estas características.

Por otro lado, no hay ninguna referencia -tengo entendido que fue motivo de discusión en la Comisión cuatripartita, y no puede ser de otra manera, porque debe estar reglamentado- al número de empleados de una empresa. Consulto: ¿el servicio doméstico está incluido en este proyecto de ley? No está excluido; por lo tanto, está incluido. De este modo estamos privando a una familia o a un empleador de la posibilidad de prescindir de los servicios de quien realiza el trabajo doméstico todos los días, con quien tiene una suerte de convivencia de carácter permanente. Digo esto porque si ese empleado o esa empleada doméstica es -por poner el ejemplo del numeral 2) del artículo 2º-...

SEÑOR RIOS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay una moción presentada por el señor Senador Antía, para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 20. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Gallinal, que concede una interrupción al señor Senador Ríos. Por lo tanto, puede interrumpir el señor Senador Ríos.

SEÑOR RIOS.- Señor Presidente: creo que uno no intenta convencer a todos los integrantes del Senado, pero no podemos hacer decir al proyecto de ley lo que no dice, y debemos tener en cuenta las teorías respecto al derecho colectivo de trabajo. Entonces, que se mencione en Sala que esta iniciativa excluye a las empleadas domésticas porque tienen la necesidad de que su legitimidad activa esté junto con el sindicato, es no tener el conocimiento real de cuáles son las teorías respecto al sindicalismo y a los diferentes estamentos del sindicato. Siempre hay un sindicato que puede asistir, y aunque no exista un sindicato de trabajadoras domésticas, éstas serán asistidas por la central sindical, que son los términos utilizados por la OIT y por los organismos internacionales en cuanto a las nuevas teorías y a las composiciones sindicales.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- El señor Senador Ríos se adelanta a mis eventuales razonamientos, porque lo único que pregunté fue si estaba incluido o excluido el servicio doméstico y creo que él me quiso decir que está incluido porque hay gremios que se ocupan del tema. Pero lo grave de la respuesta del señor Senador Ríos es que me diga que el servicio doméstico está incluido en este proyecto de ley; no puedo creer que se pueda obligar a alguien a seguir teniendo como trabajadora, en su casa de familia, a una persona con la que tiene diferencias tales que considera que lo mejor que puede hacer es cortar la relación, porque se hace insostenible la convivencia. Sin embargo, el proyecto de ley incluye al trabajador doméstico, porque basta que sea, como dice el numeral 2) del artículo 2º, delegado o representante de los trabajadores en órganos bipartitos o tripartitos, miembro de un órgano de dirección de una organización sindical de cualquier nivel, o representante de los trabajadores en la negociación colectiva, para tener derecho a ser reintegrado.

SEÑOR KORZENIAK.- No es así, señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- El señor Senador Korzeniak me dice que no es así. Entonces, pondrán un artículo o un literal que establezca que no están incluidos los trabajadores domésticos.

SEÑOR KORZENIAK.- Ya lo hice.

SEÑOR PRESIDENTE.- Solicito a los señores Senadores que no interrumpan sin autorización.

SEÑOR GALLINAL.- Entonces, aquí estamos frente a un tema gravísimo. Por supuesto, creo que hay que defender los derechos de los trabajadores domésticos, que hay que buscar defensas y garantías para el desempeño de una función tan digna, pero me parece que ahí ya tenemos un ejemplo de tareas que no deberían ser amparadas por esa obligación de reintegro, en ninguna circunstancia, porque es indudable que ahí sí estaríamos violando todo un conjunto de derechos, además de la intimidad.

Lo mismo ocurre con las empresas de dos, tres o cuatro empleados, que muchas veces necesitan prescindir de determinados empleados porque la cosa no da para más. No sería un caso basado en razones económicas, de mercado o de reducir la empresa porque funcione mal, sino simplemente en que es pequeña y se hace necesario realizar determinados cambios, también hasta por razones de conveniencia. Sin embargo, en este proyecto de ley no se incluye nada respecto al punto que estoy planteando. El señor Senador Korzeniak dice que sí con un gesto, pero no solicita una interrupción para explicar cómo se resuelve, según este proyecto de ley, el tema del servicio doméstico.

SEÑOR PRESIDENTE.- Solicito al señor Senador que se dirija a la Mesa.

SEÑOR GALLINAL.- Por supuesto, señor Presidente, no me estoy dirigiendo a otra persona que no sea usted.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto. Tal vez en esta interrupción brinde la respuesta que espero.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: el señor Senador Gallinal, con todo derecho, se manifiesta en contra de este proyecto de ley, y pretende ridiculizarlo. Por supuesto, reitero que está en su derecho, porque nos hallamos en este Parlamento para la construcción de leyes, y él pone a prueba el texto que estamos proponiendo.

Yo quisiera razonar y partir de otra base. Por ejemplo, si se constatara un acto de flagrante injusticia respecto a una situación de persecución sindical, ¿no se debería reparar ese hecho? Analicemos después dónde se trabaja y demás y pensemos: si se encontrara una situación de una injusticia absoluta, ¿no se tendría que reparar? El señor Senador Gallinal puede pensar que esa posibilidad es impracticable y que estos problemas también se pueden presentar en empresas chicas o en el hogar, que es un ámbito muy especial. Reconozco que sí lo es, pero si un trabajador o una trabajadora doméstica trata de convocar a sus pares desde un sindicato, a través de la televisión, o con afiches, y al otro día es despedido, ¿no se configura un acto de injusticia? ¿No deberíamos todos decir que esto no puede ocurrir, sobre todo cuando no es despedido por mal desempeño en su tarea o porque actúe mal, sino porque trata de pedir mejores condiciones de vida?

Entiendo que puede haber razones particulares; puedo entender, también, que nos digan a mí o al señor Senador Korzeniak que en el correr de los meses va a ser necesario modificar este texto. Pero, entonces, hagamos el aprendizaje y veamos cómo funcionan estas disposiciones.

Personalmente, me revelo contra la situación de injusticia, que por supuesto no tiene que ver solamente con temas sindicales, pues en ocasiones también se plantea respecto a la raza, lo cual por supuesto no es objeto de este proyecto de ley.

SEÑOR ALFIE.- Pero es un delito.

SEÑOR MICHELINI.- Claro que lo es, señor Senador, pero no es objeto de esta iniciativa.

Entonces, la intención es atender los hechos de injusticia. Si el señor Senador Gallinal cree que no es posible poner en práctica estas normas, hagamos un aprendizaje. ¿Los señores Senadores creen que el PIT - CNT o las organizaciones sociales se van a embarcar en la defensa de cualquier trabajador, bajo cualquier circunstancia y en cualquier momento? Creo que no, señor Presidente. Por el contrario, si hay un acto de injusticia en ese sentido, la acción de los sindicatos va a contribuir mucho.

Naturalmente, el proyecto puede tener muchos flancos y problemas, pero en su oportunidad también las hubo cuando se pasó a la jornada de ocho horas.

En este caso, señor Presidente, prefiero pecar en demasía y corregir en el futuro, que pecar por restricción y dejar nuevamente excluido de la legislación laboral al sector más desamparado de todos.

Agradezco la interrupción, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: el señor Senador Michelini ha dicho que estoy en contra del proyecto de ley, y es cierto. Sin embargo, quiero dejar constancia de que estoy en contra de esta iniciativa, pero junto con el señor Senador Antía, el 12 de julio de este año presentamos un proyecto que consta de siete artículos, que aborda el tema del fuero sindical, establece la obligación de reincorporar a los dirigentes sindicales despedidos en violación de las normas de la OIT que incorporó el Uruguay y que, además, incluye la inversión de la carga de la prueba. Todo eso se incluye en este proyecto de ley que hemos propuesto. De modo que estoy en contra de la iniciativa que estamos considerando, pero propongo una alternativa.

Digo así muy enfáticamente que no acepto que el señor Senador Michelini diga que ridiculizo el proyecto de ley en consideración, porque no he ridiculizado nada ni a nadie. Simplemente, he preguntado si el servicio doméstico quedaba incluido en estas disposiciones -en mi opinión no puede estarlo- y me han contestado que sí, lo cual me parece un error inaceptable.

El señor Senador Michelini no va a convencernos -a nosotros ni a ningún compatriota- de que sea justo y bueno establecer la obligación del reintegro en empresas que tienen un solo empleado o muy pocos. Me parece que esto tiene que ser objeto de una legislación especial.

También es cierto que pueden producirse injusticias, por ejemplo si un empleado del servicio doméstico pasa a ser un dirigente sindical importante en representación de su gremio y ello motiva a sus empleadores a prescindir de sus servicios. Pero como debemos coincidir en que la convivencia sería imposible, si se tratara de una empresa debería establecerse una indemnización de cuatro, cinco o seis veces el monto de la indemnización por concepto de despido, pero no el reintegro.

En síntesis, no me parece que sea -no voy a decir "justo", porque no es el término correcto- conveniente, ni para el empleado ni para la familia que lo emplea, que se obligue a ésta a seguir manteniendo una relación laboral no deseada. Es imposible. Es más: el señor Senador Michelini no lo querría para su casa y yo tampoco lo quiero para la mía.

(Interrupción del señor Senador Michelini)

- Entonces, que no se diga que estoy ridiculizando este proyecto de ley, porque no lo estoy haciendo. Por el contrario, mi intención es marcar aquellas objeciones que me parecen de total recibo. Si nos hubieran dado un tiempo para discutir este tema, quizás se hubiera presentado al Cuerpo un proyecto de ley, complementado con el que proponemos nosotros.

En definitiva, creo que la iniciativa que hoy se propone, en los hechos terminará siendo un bumerang. Estoy dispuesto a aceptar una experiencia, pero tiene que tener cierto criterio. Por esa razón hicimos una propuesta en el transcurso de la discusión.

Quiero agregar que cuando hoy estuvo presente la delegación del PIT - CNT en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con Hacienda, también pregunté -de buena fe, porque no se trata de disminuir a nadie ni de ironizar sobre este tema- si no creían que este proyecto, transformado en ley, podría generar un clima de cierto retaceo, reticencia de los empleadores frente a la incorporación de nuevos funcionarios. Obviamente, la reacción la vimos en Comisión. No comparto muchos de los conceptos planteados por la delegación del COSUPEM, pero pude advertir que había un clima de preocupación, de total distancia y de discrepancia absoluta con el proyecto de ley; y a pesar de que en esta materia se había avanzado en la cuatripartita, lo cierto es que ahora los empresarios tomaron cierta distancia. Los representantes del PIT-CNT, por su parte, contestaron que en realidad lo que genera dificultades, la falta de fuentes de trabajo es la situación económica, la política económica, las circunstancias regionales y la falta de competitividad. Y es verdad; esos son los grandes temas que influyen en la generación de empleos, pero este tipo de decisiones tiene sus facetas negativas.

Es más, el señor Ramos, dirigente bancario por todos conocido, en su intervención me hizo recordar la discusión que tantas veces hemos tenido sobre el tema de las tasas de interés, si es bueno o no regularlas por ley y poner un tope, a lo que siempre se respondió que se terminaría logrando encarecer el crédito. Dicho de otro modo, la regulación de ese tema podría convertirse en un bumerang y ello sería contraproducente. Aquí me temo que pueda pasar algo parecido, por lo menos en los primeros tiempos. Cuando se advierta que hay obligación de reintegrar a todo trabajador -sea por un procedimiento extraordinario o por la vía de amparo-, el empleador tal vez sea mucho más reticente al momento de abrir un nuevo puesto para incorporar un empleado. Es una impresión que tengo y no estoy diciendo que estas medidas vayan a producir un cambio trascendental en las tasas de desocupación, ni que por este motivo va a aumentar un punto o a disminuir otro tanto; no creo que sea así. De todos modos, considero que es una señal que no ayuda, salvo que se busquen otros consensos y acuerdos que -reconozcámoslo- el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha tratado de encontrar intensamente. Inclusive, en algún momento leímos en la prensa un proyecto de ley que podríamos haber votado tal como lo exhibió oportunamente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por lo menos en lo que a mí respecta, he advertido algunas actitudes y gestos de parte del señor Ministro que me han sorprendido gratamente como, por ejemplo, cuando señaló que no le servía a la política laboral la derogación del Decreto de desocupación de los lugares de trabajo; o cuando a la salida de la Comisión cuatripartita propuso alternativas para solucionar estos temas, mucho mejores aún que las que figuran en este proyecto de ley. Hoy el señor Ministro señaló en la Comisión que no se hace responsable de esta iniciativa, que no es un tema suyo, que lo comparte, pero que no es su proyecto de ley. Por mi parte, estoy de acuerdo con muchos aspectos contenidos en la propuesta del señor Ministro que nunca llegó a conocimiento del Senado porque no nos dimos la oportunidad ni el tiempo para poder estudiarla.

SEÑOR RIOS.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Ríos.

SEÑOR RIOS.- Señor Presidente: en la historia, cada vez que el Derecho Laboral avanza -aclaro que no he recorrido toda la historia con los libros, y que no tengo esa arrogancia-, se produce una reacción por parte de los empresarios. Aclaro que fui Presidente de una gremial empresarial y que provengo de una familia de empresarios, pero siempre se ha tratado de detener el avance con este mismo elemento de la inversión y de la pérdida de puestos de trabajo.

Al respecto, tengo un Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores del 18 de octubre de 1915, en la que el señor Senador Gallinal -no sé si tiene algún vínculo familiar con el hoy señor Senador Gallinal-, durante el tratamiento de la Ley Nº 5.350, referida a las ocho horas, decía: "Yo me pregunto si él no va a ser mañana un obstáculo, cuando se haga la luz en ese caos tenebroso del presente europeo, cuando llegue el momento de reconstrucción moral y material de todo lo perdido, cuando se inicien de nuevo las corrientes inmigratorias que han pasado tantas veces sin detenerse por las puertas de nuestra patria, yo pregunto si este proyecto no va a ser un obstáculo para que vengan a radicarse en nuestro país los operarios del viejo mundo". Entonces se pensaba que estos proyectos son los que desalientan la inversión en los países que querían crecer. No voy a continuar con la lectura para no aburrir a los señores Legisladores.

Reitero que esto es fruto del tratamiento de esa ley por parte de la Cámara de Senadores en su sesión del 18 de octubre de 1915.

No creo que haya que dar saltos al vacío, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sin embargo, también reconozco que las sociedades que no avanzan y las leyes que, en el mundo tripartito, no irrumpen avanzando, retroceden. Creemos, con humildad, que en este proyecto de ley avanzamos. No la creemos perfecta porque no nos creemos constructores de perfecciones, pero estamos con los oídos bien amplios para, si esto fracasa en el tiempo y hay ajustes para realizar, ser los primeros en reconocer que algunos Legisladores tenían razón. Pero hoy este es nuestro rumbo.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Para tranquilidad del señor Senador Ríos, le voy a decir que no era yo quien hacía uso de la palabra en esa sesión.

Creo que debemos tener mucho cuidado. Por otro lado, cuando uno advierte en la Comisión o en el Senado si este proyecto de ley no terminará conspirando contra el objetivo que se persigue, consideramos que tenemos elementos suficientes para plantearlo. En la sesión de hoy de la Comisión escuché decir -creo que al propio señor Ministro- que, si así fuere, se verá cómo se hace para cambiar luego la legislación. Ello significa que aquí nadie nos da garantía de que, en definitiva, esta ley no se termine transformando en un bumerán. Hay que tener en cuenta que tampoco estamos en una situación de prosperidad tal en la que haya fuentes de trabajo por todos lados. Por el contrario, el país vive una coyuntura crítica, complicada, diría de transición a la salida de una crisis cuya manifestación más dura fue, precisamente, la crisis social y la falta de empleo. Me parece que con una norma de estas características no se ayuda a transitar por el camino de la salida de esa crisis. Si nos hubiéramos dado la oportunidad de discutir más a fondo este tema, muy probablemente podríamos haber avanzado en esta materia, sobre todo con estos aportes que hoy estamos haciendo que quedarán para la versión taquigráfica, a fin de que mañana aparezca quien nos haga el honor de citarnos como hoy hizo el señor Senador que hizo uso de la interrupción.

En la Comisión de hoy los integrantes del PIT-CNT nos señalaban que no le estaban pidiendo a la Comisión o al Ministerio que se obligue a los trabajadores a ingresar a los sindicatos. ¡Bueno sería que se los obligara! Es verdad que no piden una norma de esas características, pero sinceramente, a la luz de este proyecto de ley, a quien no se afilie al sindicato no le va a ir muy bien. De lo contrario, ¿cómo se explica la obligación que se establece en el artículo 3º, literal b), para el demandante, de comparecer necesariamente asistido por el sindicato? Allí se dice que en "los procedimientos a que refiere el artículo 2º de la presente ley," -es decir, en los dos procesos- "la legitimación activa corresponderá al trabajador actuando conjuntamente con su organización sindical." Esto no tiene antecedente en la vida del país y me parece que, justamente, allí radica la forma de obligarlo a afiliarse al sindicato. Comprendería la disposición si estableciera la opción o la posibilidad para el empleado de comparecer asistido o acompañado por la organización sindical, o simplemente se le permite comparecer solo. ¿Por qué no le damos la posibilidad de comparecer solo? Hoy me señalaba el señor Diputado Iturralde -y creo que le asiste razón- que aquí lo que se está haciendo no es obligar al trabajador a afiliarse al sindicato, sino mucho más que eso: afiliarse a la línea oficial del sindicato. El trabajador tiene que ser oficialista dentro del sindicato porque, de lo contrario, va a tener problemas importantes. Entonces, señalo que no discrepo con la posibilidad de que comparezca conjuntamente con su organización sindical; por el contrario, me parece bien. Eso sí tiene historia y existen antecedentes al respecto en el Derecho Comparado, pero ¿por qué no se le da la opción o la posibilidad al trabajador de comparecer solo? ¿Por qué no se incluye un literal que diga que podrá actuar conjuntamente con su organización sindical o que podrá comparecer como lo hace cualquier ciudadano en un juicio, individualmente? ¿Qué problema hay en dar una libertad de estas características? ¿Por qué obligarlo a comparecer junto con su organización sindical? Creo que esa libertad debería garantizarse.

SEÑOR BRECCIA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Más adelante se la concedo, señor Senador, y me contesta todas las interrogantes juntas.

Por otro lado, en el artículo 4º, se habla de la licencia sindical, reconociéndose "el derecho a gozar de tiempo libre remunerado para el ejercicio de la actividad sindical." Esto está muy bien, pero ¿por qué se le da a todos los trabajadores y no solamente a los dirigentes? Aquí también empezamos a complicar las cosas, ya que esto, además, indudablemente tiene un costo. Por ello hemos insistido tanto en diferenciar al dirigente sindical de aquel empleado que no es dirigente. Sin embargo, reitero, aquí la licencia sindical es para todos los trabajadores.

Con respecto al tema del descuento en el sueldo, creo que otros integrantes del Cuerpo han hecho referencia al punto. Cuando hace pocas semanas discutíamos en la Comisión de Constitución y Legislación el proyecto de ley de consolidación de adeudos, iniciativa que, dicho sea de paso, no sé en qué va a terminar -vayan pensando en una alternativa porque nos están golpeando la puerta y diciendo: "Queremos que se apruebe el proyecto del Frente", pero resulta que nosotros también lo queremos; lo que sucede es que el que no quiere es el Frente...

SEÑOR PRESIDENTE.- Estamos fuera de tema, señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- No me voy a ir del tema, señor Presidente. De todos modos, cuando se discutió el tema de consolidación de adeudos, concurrieron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco de la República, quienes nos manifestaron: "Por favor, no alteren el orden de descuentos que se estableció en la ley de protección del salario". Precisamente, un 30% del mismo no puede tener retenciones y, en relación al resto, existe una jerarquía que lógicamente comienza por donde debe ser, es decir, por las sentencias del Poder Judicial en materia de pensiones alimenticias. Luego, continúan retenciones del Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas; de la División de Crédito Social del Banco de la República; del Banco Hipotecario del Uruguay; de instituciones de asistencia médica colectiva u otras instituciones con sistemas de prepagos y finalmente por cuota de afiliación de los funcionarios que así lo soliciten. Nosotros pensamos que perfectamente esto se podría haber puesto en otro lugar; pero no hace a la esencia y creo que el tema fundamental es el de la obligación de reintegro.

En definitiva, está expuesta nuestra solución alternativa; está el proyecto de ley que presentamos con fecha 12 de julio y están las dudas que nos surgen, básicamente, en lo que refiere a las pequeñas empresas, como aquellas que tienen poco personal o acaso una sola como en el servicio doméstico, sobre el que nada se dice expresamente en el proyecto de ley. En consecuencia, es evidente que esos casos también van a estar comprendidos por este proyecto de ley.

Era cuanto teníamos que señalar.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: realmente nos sentimos en una situación muy especial con respecto a la aprobación de este proyecto de ley. Básicamente, estamos en un todo de acuerdo con lo expresado por el señor Senador Gallinal.

El primer aspecto a señalar pasa por la circunstancia del poco tiempo que tuvimos en las Comisiones de Hacienda y de Asuntos Laborales y Seguridad Social para el tratamiento de este tema. Si bien en un principio creí que el señor Senador Alfie debía pagarme derechos de autor, porque fuimos nosotros quienes hace unos días expresamos en la Comisión que se había sustituido el ámbito del Senado y del Parlamento por el de la Mesa Política del Frente Amplio, ahora veo que me equivoqué y, por lo tanto, le cedo gratuitamente estos derechos porque, más que la decisión política del Frente Amplio como sustitutiva del trabajo de este Parlamento, tuvimos el diálogo exclusivamente en forma bilateral, en la última parte de la discusión, entre el oficialismo y el PIT-CNT, para llevar adelante los cambios que se introdujeron. Dichos cambios se pretendían aprobar rápidamente en la sesión de la semana pasada y, finalmente, se aprobaron en la mañana de hoy, luego de cinco horas de sesión de la Comisión respectiva, en virtud de las invitaciones que habíamos realizado a los empresarios, al PIT - CNT y a los señores Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas.

Como se ha dicho aquí, nosotros estamos a favor de la libertad sindical; nos parece que es importante como conquista para los trabajadores. También estamos a favor de la circunstancia de que se puedan constituir sindicatos, a efectos de contar con el mejor ámbito de normalidad en la relación laboral. Sin embargo, señor Presidente, nos parece que esta iniciativa es contraria a la generación de empleo, a la captación de inversiones, al desarrollo nacional y va a terminar siendo perjudicial para el propio trabajador, para aquellos que se dice defender a través de la misma.

Hoy de mañana, en la Comisión, se decía por parte de la delegación del PIT-CNT, que esta ley significaba la reglamentación del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo Nº 98. También se sostuvo que habían pasado más de cincuenta años para lograr, precisamente, que ese Convenio Nº 98 pudiera trasuntarse en una iniciativa legal y que, pese a ello, se habían producido quiebres de empresas, pérdida de fuentes de trabajo, incremento en la desocupación y varios indicadores más, aparentemente en función -esto de acuerdo a esa línea argumental- de la ausencia de reglamentación al respecto, vinculada a la ley de libertad sindical o de fuero sindical, como se le quiera llamar. Sobre esto expresamos que se puede estar peor y que, precisamente, un instrumento legal puede obrar en decisiones micro, como un error, como una indicación diferente al buen clima que todo empresario necesita para radicarse, para traer inversiones y generar empleos. Hay estudios realizados en el Uruguay que indican que cualquier ciudadano que quiera poner una empresa en este país, necesita por lo menos 105 días. Si a esto agregamos un marco tuitivo que puede transformarse en un rígido marco normativo en lo que hace a la relación laboral, el mensaje puede ser precisamente preocupante para lo que en su momento -y todos coincidimos- ha venido expresando el Ministro de Economía y Finanzas. Precisamente el señor Ministro nos ha colmado de intervenciones en línea con el crecimiento, la inversión, el desarrollo, el estímulo y la generación de trabajo, cuando en este país estamos en uno de los lugares más bajos en lo que refiere a aspectos normativos vinculados al fomento de las inversiones. Por supuesto que en esta circunstancia no hago acreedor de esa crítica a esta Administración; que quede hecha la constancia.

De todos modos, señor Presidente, nos parece que este proyecto de ley termina rompiendo ese equilibrio en la relación laboral, haciendo una suerte de discriminación positiva -como se ha dicho- pero de manera universal y en una dirección equivocada.

Hoy en la mañana recibimos al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien se preocupó muy claramente -tal como lo señaló el señor Senador Gallinal- de expresar que no era el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, sino que esta iniciativa de fuero sindical había nacido en la Cámara de Representantes y que ahora se estaba sustanciando, con las modificaciones, en la Cámara de Senadores. Pero, entonces, señor Presidente, creo que también vienen dándose cambios dentro del propio Gobierno.

Decíamos que es una decisión errónea, porque habla de una universalidad en la tutela, que me parece es algo que debe preocuparnos a todos porque puede ser perjudicial para la inversión. Más allá de la discusión que se puede plantear, hoy en la Comisión se decía que el Producto Bruto Interno crece y sin embargo el empleo cae. La tasa de desocupación ha subido, ya que pasó de 11,8% a 12,5%, no obstante se dice que la cantidad de puestos de trabajo ha aumentado. Lo concreto es que creciendo el Producto Bruto Interno, cae el empleo, y esto es absolutamente indiscutible.

También en la mañana de hoy recibimos en la Comisión al señor Subsecretario de Economía y Finanzas, economista Bergara, a quien le hicimos varias preguntas respecto a este proyecto de ley, y el economista Bergara -figura en la versión taquigráfica- acudió a un giro gramatical muy largo, muy genérico para intentar no decir nada. No obstante ello, dijo algo: "Quizás sean muchos cambios a la vez".

Más adelante señalaba: "Estamos en un proceso de cambio de reglas de juego para mejorar", etcétera, refiriéndose al proyecto de ley, y ante la reiteración de nuestra pregunta, agregó: "este es un buen proyecto de ley". Esto lo dijo el economista Bergara, y no es poca cosa puesto que proviene de la línea económica que tanto se ha criticado incluso por parte de algunos sectores del propio Frente Amplio.

Pero cuánto cambia la cosa, porque en el diario "El País" del 10 de agosto, un titular muy grande señalaba: "Astori dijo que la ley sindical refleja la vieja izquierda". Inmediatamente alguien saldrá a decir: "No, Larrañaga, pare la mano: Astori se refería al proyecto de Diputados y ahora el proyecto en Senadores cambió". Bueno, aquí pasa algo raro: o Astori se afilió a la vieja izquierda o la vieja izquierda terminó convenciendo a Astori, que creo fue lo que sucedió. Astori fue convencido por la vieja izquierda porque, ¿cuáles fueron los cambios que hubo entre la Cámara de Representantes y el Senado? Se eliminó el registro, fenómeno; se eliminó la retroactividad, fenómeno; se eliminó la inversión de la carga de la prueba para aquellos que no son dirigentes sindicales, fenómeno. Estos son los cambios, los "cambiecitos" que más o menos se hicieron, pero en realidad apenas se trata de esos cambios. Entonces, o Astori estaba mal cuando criticaba la ley de la Cámara de Representantes calificándola como un resabio de la vieja izquierda, o el equipo económico con los representantes que vinieron hoy a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con Hacienda del Senado a hablar del proyecto de ley, están mal cuando apoyan, precisamente, este instrumento legal, diciendo que es un buen proyecto, que es un cambio de las reglas de juego para mejorar y que es positivo para el país.

Señor Presidente: por supuesto que estamos a favor de las libertades sindicales. Tenemos pruebas muy claras de haberlas llevado adelante cuando estuvimos al frente de la Intendencia Municipal de Paysandú. Si van a buscar los antecedentes, verán que en el primer presupuesto quinquenal establecimos algunos instrumentos similares para los dirigentes sindicales, que marcaban una tutela especial para que pudieran desarrollar su actividad gremial.

Debo decir, por otra parte, que tampoco me asusta el tema de la creación de sindicatos. Hoy los empresarios dijeron en la Comisión que en el transcurso de este año se habían creado 383 nuevos sindicatos. Seguramente, en caso de aprobarse este proyecto, va a haber hasta sindicatos unipersonales. No sé si se puede, pero va a haber sindicatos compuestos por un solo trabajador. Desde ya convoco a todos los trabajadores uruguayos a que se afilien e integren sindicatos.

Creo que es un proyecto erróneo, señor Presidente, por la tutela que se establece, por la universalidad que se consagra. En el numeral 2 del artículo 2º, y concretamente en lo que tiene que ver con el proceso de la tutela especial, no se establecen límites, no hay marco limitante para determinar cuántos van a ser "los miembros (titulares y suplentes) de los órganos de dirección de una organización sindical de cualquier nivel; los delegados o representantes de los trabajadores en órganos bipartitos o tripartitos; los representantes de los trabajadores en la negociación colectiva; los trabajadores que hubieran realizado actividades conducentes a constituir un sindicato o la sección de un sindicato ya existente, hasta un año después de la constitución de la organización sindical". Entonces, pregunto cuántas secciones se van a empezar a crear a partir de este marco habilitante que consagra, precisamente, la tutela de esta instancia legislativa.

No estamos de acuerdo con este proyecto de ley porque no hay libertad para el trabajador. Esta es una suerte de iniciativa que va hacia la sindicalización obligatoria, hacia la afiliación sindical obligatoria. Esto es indiscutible. Todo este marco va a terminar consagrando esa realidad. Decía en la mañana de hoy un representante del PIT-CNT que la Central tenía 500.000 afiliados en 1:000.000 de trabajadores. Con esta ley, ¿a cuántos se llegará? Bienvenidos sean porque, en definitiva, eso significa beneficios para las relaciones laborales y para el trabajo nacional. Pero pensamos que además con ello se genera un fenomenal proceso de acumulación de poder. También esto es indiscutible: hay un proceso muy importante de acumulación de poder en el propio PIT-CNT. Vamos a ser muy claros: hay un fenomenal proceso de concentración de poder.

Me parece muy bien la retención de la cuota sindical, porque creo que es una decisión correcta que en tanto la voluntad del trabajador sea afiliarse y poner el dinero para el sindicato, que así se haga, puesto que es un derecho inherente a él mismo; pero en lo que no estoy de acuerdo es en saltear el orden de retención, cosa que ya se ha criticado. ¡Imaginen cuál puede ser la recaudación! Me importa muy poco la recaudación del PIT-CNT y de todas las organizaciones gremiales, porque obviamente hay una cantidad muy importante de sindicatos en la órbita pública y privada; sin embargo, se trata de un proceso de acumulación de poder de características insospechadas. Hoy lo vemos confirmado, puesto que el PIT-CNT pretende producir varios programas de televisión, "reality shows", ficciones, documentales, un informativo y hasta un canal propio a mediano plazo; no es un objetivo desmedido ni utópico.

Señor Presidente: no me asusta el hecho de consagrar libertades; no me asusta. Lo que sí me preocupa es la concentración fenomenal de poder que se va a dar, y este instrumento que estamos considerando es un vehículo, precisamente, para lograr esa acumulación.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LARRAÑAGA.- Si me permite, señor Senador, soy una persona un poco novata, por lo que puede imaginar que si le doy la interrupción ahora, puede ser que me pierda un poco. Por lo tanto, se la daré con mucho gusto dentro de un ratito.

Señor Presidente: aquí se han realizado objeciones formales a este proyecto de ley que se pueden apoyar, y como ya se han expresado, voy a ahorrar al Senado abundar sobre ellas, como la licencia sindical, en la que se reconoce el derecho a gozar de un tiempo libre y remunerado para el ejercicio de dicha actividad, y se establece que el ejercicio de este derecho será reglamentado por el Consejo de Salarios o por convenio colectivo. ¡Ahora, esto gratis no es! ¡Alguien va a pagar la licencia sindical! Son cargas que se agregan, precisamente, a una relación de trabajo y a una inversión en el Uruguay que todos sabemos tiene dificultades en lo que significa el peso de la presión tributaria, las condicionantes internas, la competitividad, la afectación por políticas económicas, etcétera.

Ahora sí estoy en condiciones, con mucho gusto, de conceder una interrupción al señor Senador Michelini.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: sin desmedro de que el señor Senador Larrañaga trasmita lo que entienda pertinente, me parece que tiene un enorme desconocimiento de lo que es la relación de la vida propia en las fábricas, en las empresas y en los lugares de trabajo.

En primer término, quiero decir que la cuota sindical la va a pagar el trabajador, si quiere, pero si no quiere hacerlo, no lo hará. Hay que entender que la gente no es tonta, que los uruguayos no son tontos.

En segundo lugar, se dice que con esto se está obligando a la sindicalización de los trabajadores. Puede ser discutible lo que pueda suceder en las empresas pequeñas, pero pregunto: ¿qué sucede con las grandes, cuando no hay sindicato? ¿Por qué no hay sindicato? No sé si el señor Senador Larrañaga trabajó alguna vez en una fábrica, pero es común que la gente se una en razón de que pasa 8 ó 10 horas, trabajando todos los días. Se cuentan los problemas, se ayudan, cuando nace el hijo de alguien van a verlo, se juntan para hacer una planchada, etcétera.

Advierto que el señor Senador se está riendo, pero sinceramente es mi opinión.

SEÑOR LARRAÑAGA.- No me estoy riendo de usted.

SEÑOR MICHELINI.- No estaba pensando eso, señor Presidente.

Lo que quería manifestar es que hay un elemento vital de la gente, de ayudarse, porque muchas veces si no lo hacen entre ellos, no lo hace nadie. Entonces, naturalmente se genera una acción colectiva. Como decía, entre otras cosas se preocupan por ver qué pasa con los hijos de los otros, por encontrar una manera de ayudarse, o ver la forma de asistir colectivamente a clubes o a eventos deportivos.

Cuando en algunas entidades de cierta magnitud no hay sindicato, habría que preguntarse por qué no se ha formado todavía. Planteo esto porque el uruguayo tiene esa natural tradición de juntarse, de ayudarse y de defender sus derechos. Entonces, cuando se nos dice que estamos obligando a determinada acción, en realidad estamos dando condiciones para que suceda lo que naturalmente debió ocurrir y no pasa. Esto a veces es así porque hay una empresa que aplica medidas coercitivas o impone el miedo a los trabajadores -para quien por supuesto es muy importante su trabajo-, sin dar lugar a esa natural actividad colectiva que debe tenerse en el lugar de trabajo.

Además, señor Presidente, con respecto a lo que se hablaba del sindicato, quiero decir que la gente elige a quienes lo representan mejor y a quienes son líderes, lo cual es independiente de si hay o no figuras o dirigentes sindicales que tengan una posición o una acción política más allá del propio sindicato. Años ha el batllismo sabía muchísimo de esto y había figuras de todo tipo a nivel de los trabajadores. En definitiva, lo que quiero dejar en claro es que la gente confía en esas figuras que los representa.

Es aquí donde quiero aludir a dos elementos -con lo que estaría terminando mi interrupción-: las empresas necesitan de esos interlocutores y no hay producto de calidad que se pueda llevar adelante -se venda en el mercado externo o interno- si no cuenta con una acción decidida de sus trabajadores. En muchos casos, las figuras más representativas, los dirigentes sindicales y los líderes naturales, son lo que a veces trasmiten con mejor capacidad que la empresa es un núcleo de donde dependen todos.

En tercer lugar, desde el comienzo el señor Senador Larrañaga señaló que compartía en un todo lo que decía el señor Senador Gallinal y éste, naturalmente, invocaba a un miembro del Parlamento que no es de este Cuerpo, que decía que acá había que afiliarse a la propuesta mayoritaria. Mal se hace en pensar que esto se va a hacer en forma digitada. Creo, sinceramente, que no se conoce al movimiento sindical o parece que no tuvieran contacto con la realidad. Ningún sindicato va a defender a alguien que no sea perseguido. Es más; ningún sindicato va a hacer exclusión o diferenciación porque, si hay una patronal o un empresario que persigue, por más que al principio persiga a la minoría, después lo hará con todos. Entonces, cuando una actitud represiva y de persecución -esté o no esta ley-, el sindicato va a defender a quienes ponen la cara y desarrollan la actividad sindical.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Solicito que se prorrogue el tiempo del que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

24) PRORROGA DE LA HORA DE FINALIZACION DE LA SESION

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta que termine la consideración de este asunto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del señor Senador.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

25) PROTECCION Y PROMOCION DE LA LIBERTAD SINDICAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Por consiguiente, el Senado continuará la sesión hasta que termine con la consideración de este tema: protección y promoción de la libertad sindical.

Continúa en el uso de la palabra el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Parece que aquí, aparentemente, el único que conoce la realidad y está en contacto con lo que viven todos los uruguayos, es el señor Senador Michelini; nosotros estamos en una incubadora o en una caja de vidrio, donde nos hacemos los distraídos permanentemente. Quizás el señor Senador Michelini fue obrero de la construcción o trabajó en algún lado similar. Yo no he tenido empresa; ejercí mi profesión de abogado, pero fui gerente, sí, de una empresa de más de 1.000 funcionarios, la Intendencia Municipal de Paysandú, de cuya propiedad habían dado cuenta algo así como cien mil y pico de habitantes. Conozco la realidad del país y de las empresas, de modo que el señor Senador Michelini no me puede hacer el cargo de que estamos en otro planeta o en otra galaxia; en realidad, parece que el que está en otro planeta es él. ¿Quién no va a pagar la cuota sindical? Me dice que la pagan, si quieren. ¡Chocolate por la noticia! ¿Cómo que la pagan, si quieren? ¡Es obvio! Pero el negocio es afiliarse y pagar la cuota, porque eso da un poncho de protección importante. Trabajadores uruguayos: anótense en los sindicatos y, si no los tienen, ¡a formarlos, a constituirlos! No es malo; yo no he dicho que lo fuera. Entonces, que no se diga que este no es un proyecto que va en línea con una especie de sindicalización obligatoria, porque eso no se puede decir.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Fernández Huidobro)

- Por otra parte, se dice inocente y angelicalmente, con esa cara tan especial de "yo no fui" que pone el señor Senador Michelini: "¿No saben que a los dirigentes sindicales en este país los eligen por voto secreto y son actores representativos y con un enorme respaldo popular?"

Señor Presidente: sé de decenas de dirigentes sindicales metidos a políticos; de eso sé y sabemos todos. Hay varios dirigentes sindicales metidos a políticos que, utilizando la actividad sindical, terminaron en los cuadros políticos. Es su elección, pero es así. ¿O no es así? ¿O estoy tan fuera de la realidad, tan en una caja de vidrio, tan en un planeta lejano al nuestro, que me pueden contrarrestar lo que estoy diciendo? Está lleno de dirigentes; es más, por ser notorios dirigentes sindicales, terminan ocupando las listas. ¿O no es así? Entonces, que no se venga a invocar esa suerte de transparencia fenomenal y extraordinaria del movimiento sindical, en este o en cualquier otro país. No estoy criticando ni desdeñando la actividad de dirigentes sindicales que optaron por la actividad política, sino que estoy describiendo una realidad indiscutible, absolutamente indiscutible.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LARRAÑAGA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: culminando esta parte de la referencia que viene haciendo el señor Senador Larrañaga a la interrupción que le solicitó el señor Senador Michelini, quiero señalar que yo no dije que iba a haber discriminación de parte de la dirigencia sindical en el tema de la comparecencia ante los juzgados. Lo que sí pregunté -y no se me contestó- fue: ¿por qué, además de establecer -como se hace- en el artículo 3º que en los procedimientos determinados en este proyecto de ley, la legitimación activa corresponderá al trabajador actuando juntamente con su organización sindical -lo que no me parece mal-, no se da, a su vez, la libertad al trabajador de comparecer solo? Esa es la interrogante que me surge de una redacción de estas características. Está bien dar fuerza a la organización sindical, pero quisiera saber por qué la legitimación activa corresponderá al trabajador en un juicio para defender una situación personal -porque tampoco es una situación colectiva- y se lo obliga a comparecer acompañado por su organización sindical, sin que se establezca que tiene libertad para hacerlo solo.

Gracias por la interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE(Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- En función de las consideraciones que venía exponiendo, nosotros creemos que este es un proyecto rengo, que no va en la dirección que requiere el país y que no avanza en la legislación comparada. Nos parece que va a generar un efecto de sindicalización obligatoria y una enorme complicación en las relaciones laborales de este país. Además, va a ser una especie de excepción procesal, porque el procedimiento que llaman común para los afiliados al sindicato, va a ser una excepción frente a pretensiones de despido y va a haber una larga lista de juzgados funcionando.

Por otra parte, entendemos que tiene lugar un proceso de acumulación de poder que termina -o puede terminar- afectando las decisiones empresariales. Esto es efectivamente así; va a ser así en aquellas empresas pequeñas y va a constituir un fuerte desestímulo para la inversión, el desarrollo, el crecimiento y la generación de trabajo.

SEÑOR PENADES.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LARRAÑAGA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: en la misma dirección de lo que viene diciendo el señor Senador Larrañaga y ante la interrupción que se concediera al señor Senador Michelini, en la cual pretendió ilustrarnos acerca de lo que es el movimiento sindical y las acciones que se llevan adelante a su respecto, quisiera en primer lugar decir dos cosas. Por un lado, no es necesario que se nos explique cuál es el movimiento sindical y cómo está integrado, porque lo conocemos; de hecho, por lo que sabemos a través de muchas personas de nuestro conocimiento, en algunos ámbitos se permite la participación. La sindicalización nos parece muy bien; lo que no nos parece muy bien es que esta herramienta esté siendo presentada como que va a ser poco menos que la panacea de los trabajadores en defensa de sus derechos sindicales y como que hasta ahora no existía nada que los protegiese, que les permitiese la sindicalización y llevar adelante la custodia de sus intereses. Reconocemos que en algunos casos ello sucede y, en ese sentido, pensamos que hoy existen las herramientas para que cuando se atenta, por parte de una empresa, contra el derecho legítimo de los trabajadores a sindicalizarse, se condene la actitud y se garantice el derecho, tal cual lo establece la Constitución de la República. Pero no nos hagamos los distraídos, ni para un lado ni para el otro. En alguna intervención de los señores Senadores de la Bancada de Gobierno se ha pretendido dar a entender que aquí se está defendiendo -en una visión bastante perimida, caduca y, fuera de moda en el mundo entero- la idea de explotado y explotador, de arriba y abajo. Me parece que en la concepción moderna de trabajo y de desarrollo deberíamos exorcisar definitivamente esas ideas de la visión de muchos empresarios y, también, de muchos sindicalistas. De acuerdo con la afirmación del señor Senador Larrañaga, debo decir que no es por casualidad que muchos dirigentes sindicales terminan siendo dirigentes políticos de partidos, aunque no del mío. La politización, la partidización de los sindicatos no ha venido del Partido Nacional, pero es evidente que la partidización existe, y en ese sentido, pido una vez más que dejemos de hacernos los distraídos. Todos sabemos que está lleno de dirigentes sindicales que terminan siendo dirigentes de empresas públicas. En todos los Directorios de esas empresas hay algún miembro que ha sido dirigente sindical e integra la fuerza de Gobierno. En la Cámara de Representantes, por decirlo de algún modo, si uno golpea el piso se caen de las paredes los que alguna vez fueron dirigentes sindicales y terminaron siendo dirigentes políticos. Aclaro que eso no me parece mal, con lo que no estoy de acuerdo es con que no se reconozca tal hecho o se pretenda negarlo. Creo que aquí somos, todos, lo suficientemente grandes como para andar haciéndonos trampas al solitario. Sin duda, existe una fuerte partidización y politización que ha tenido consecuencias nefastas en la historia del sindicalismo. Si quieren, podemos hablar de lo que ocurrió en la industria textil de nuestro país, y cuando lo hagamos, mencionaremos lo relativo al crack y a la responsabilidad que muchos partidos políticos tuvieron en esa situación. ¡Y ni qué hablar de la industria frigorífica! Pero en este caso, señor Presidente, lo que a uno le queda como sensación es que con este proyecto de ley se está aprobando una versión "light" del que se aprobó en la Cámara de Representantes. Al decir de un viejo humorista argentino: "Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien." Entonces, aquí se produce una rebaja en las calorías que traía el proyecto de la Cámara de Representantes y, en realidad, podemos decir que se está ante una iniciativa que supone una especie de saludo a la tribuna. Todos sabemos que como viene siendo muy exigida la muchachada en cuanto a soportar medidas que el Gobierno viene tomando en una dirección que no corresponde a la que siempre se sostuvo -o, por lo menos, sostuvieron unos cuantos-, es preciso nivelar un poco la balanza. Eso no me parece mal; pero, francamente, la que estamos considerando es una versión más sensata y, repito, un saludo a la tribuna, en la que se sacan muchas cosas que estaban en el proyecto original. Sin duda, a mi juicio esas cosas se sacan para bien, pero se sacan, del mismo modo que también se quita un poco de grasa del proyecto que venía de la Cámara de Representantes. A pesar de no compartir esa iniciativa original, debo decir que me parece que estaba mucho más en consonancia con el discurso tradicional. En cambio, la versión que va a salir del Senado y que la Cámara de Representantes va a tener que votar es, repito, una versión edulcorada que, a mi juicio, no le va a traer ningún beneficio a los trabajadores y, por el contrario, junto con otras medidas que el Gobierno empieza a poner en práctica, se generarán ciertas consecuencias que ya empiezan a verse en la tasa de desempleo actual en nuestro país. En definitiva, creo que esta iniciativa va a terminar atentando contra los trabajadores, lamentablemente.

Muchas gracias, señor Senador Larrañaga.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Puede continuar el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: simplemente, me queda exponer unos párrafos finales, para la legitimación activa que le corresponde al trabajador, actuando junto con su organización sindical. Asimismo, nos parece que es un error que todo el sector informal quede afuera de los estímulos necesarios para lograr la formalidad. Seguramente, no va a haber sindicatos de informales o de la informalidad y, sin duda, tampoco habrá libertades sindicales. Por último, cabe preguntar: ¿qué protección tendrán quienes carecen de trabajo y no han accedido al mercado laboral? Me pregunto si habrá empresas dispuestas a ampliar su nómina laboral si está vigente una ley que ofrece un blindaje de estas características. Creo que con respecto a una ley de esta naturaleza, será el tiempo el que muestre los verdaderos resultados. Y, a mi juicio, eso lo veremos en los índices de desocupación, en la cantidad de procedimientos extraordinarios y de tutelaje especial en lo que significan las acciones de amparo, en el número de sindicatos a crear y, en definitiva, todo esto se verá como parte de los síntomas de la aplicación de la economía en general.

Señor Presidente: por las consideraciones antedichas, no vamos a votar este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR LORIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LORIER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Puede interrumpir el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: he solicitado una interrupción porque no he podido salir de un estado de perplejidad en el día de hoy. Resulta que para algunos, este proyecto de ley es una versión "light", una especie de saludo a la bandera y, para otros, representa prácticamente una toma del poder por parte de los trabajadores sindicalizados. En el día de hoy he escuchado cosas realmente increíbles con respecto a un proyecto que, simplemente, lo que hace es sancionar la discriminación por razones sindicales, y también impone algo que sí es muy importante en las relaciones laborales, que es la reinstalación. Precisamente, ese es el tema y ahora deberíamos estar discutiendo si aceptamos o no la reinstalación. En lo personal, realmente, el hecho de que, en el caso de una empleada doméstica despedida por razones de discriminación sindical, se imponga la reinstalación, no me despierta una especie de erisipela. Lo que sí me despierta la erisipela es que haya empleadas domésticas en las elites políticas de este país que no estén registradas en el Banco de Previsión Social. Eso sí me despierta la erisipela. Y la verdad es que me gustaría que las declaraciones juradas que debemos presentar ante la Junta Anticorrupción incluyeran esa información. Eso me parece importante, pero no me parece muy bien el hecho de que, por razones de discriminación, sea preciso reinstalar a un trabajador. Ahora bien; que se diga que porque se introduce esa iniciativa estamos, prácticamente, obligando a sindicalizar masivamente y que venga un empresario, o abogado de empresarios, a decir en la Comisión que los empresarios se van a convertir en gerentes de recursos humanos de los sindicatos, me parece un absoluto exceso. La comparación entre este proyecto de ley -que a mi juicio es importante pero, al mismo tiempo, modesto- y el tipo de juicios que se están emitiendo, no tiene proporción. En realidad, el hecho de que se permita que los sindicatos tengan cartelera, que se descuente la cuota sindical y alguna otra cuestión que introduce el proyecto, no representa, en la historia del movimiento social de este país, un cambio verdaderamente significativo. ¿En qué, concretamente, está el cambio significativo que introduce este proyecto? El cambio está en que si se despide por razones de discriminación, hay que reinstalar y, además, en que no se puede arreglar como antes la situación, efectuando un cambio por dinero. Eso sí es un cambio. En lo personal, valoro este cambio como un progreso en materia de relaciones laborales y creo que deberíamos tener mucho más presente lo que dicen las versiones taquigráficas de la Comisión, que trata los temas laborales en la Cámara de Representantes. Digo esto, porque en todo este período que va desde 1985 hasta ahora, se ha generado una inmensa biblioteca de antecedentes sobre trabajadores y trabajadoras que fueron expulsados de sus lugares de trabajo y no pudieron ser reinstalados, simplemente, porque intentaron formar una organización sindical. Debería darnos vergüenza ajena -creo que, en realidad, eso es lo que sentimos- que esto ocurra en nuestro país. A su vez, esto será reglamentado y si mañana existe un exceso, se tomarán medidas complementarias para que ello no suceda, como en toda sociedad democrática. Lo cierto es que me parece que hay una desproporción entre el contenido del proyecto y los juicios que se emiten sobre sus consecuencias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eleuterio Fernández Huidobro).- Puede continuar el señor Senador Lorier.

SEÑOR LARRAÑAGA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LORIER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eleuterio Fernández Huidobro).- Puede interrumpir el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Nosotros no somos los que hacemos tremendismo. En todo caso, quien calificó a la ley como un cambio abrupto y no en línea con los intereses nacionales fue el Ministro Astori con respecto a la versión que provenía de la Cámara de Representantes, cuando dijo que la ley sindical reflejaba a la vieja izquierda. Y quien calificó de "light" el cambio introducido por la Cámara de Senadores y termina apoyándolo es el Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es la realidad; no hacemos tremendismo con respecto a las consecuencias de esta ley, sino que decimos cuánto va a reflejar esto sobre la economía del país, sobre la propia generación de trabajo que todos queremos. Tampoco se puede expresar que este país se parecía a una especie de republiqueta bananera donde se violaban los derechos de todos los trabajadores, cuando la historia del Derecho Laboral de este país, en buena medida, ha sido una enorme contribución de nuestra colectividad política, desde Carlos Roxlo y Herrera, pasando por decenas de aportantes a la legislación tuitiva y de protección del trabajador en este país.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Eleuterio Fernández Huidobro).- Puede continuar el señor Senador Lorier.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: desde nuestro punto de vista hoy procedemos a discutir, y seguramente a aprobar, una de las leyes fundamentales de toda esta Legislatura. Se trata de una conquista histórica producto del accionar conjunto de nuestro Gobierno frenteamplista pero también y, sobre todo, de la movilización de los más débiles, que es su fortaleza.

En primer lugar, a esta ley de libertades sindicales la relacionamos muy estrechamente con los Consejos de Salarios y la negociación colectiva, señalando todos ellos aspectos de la profundización democrática en el Uruguay, avances en democracia. Todo lo que incremente la participación contribuye a ello y de eso se trata, justamente, al amparar e incrementar la actividad sindical. Difícil, por cierto, complicada la participación, pero es el último camino de avance hacia lo nuevo, hacia el proyecto alternativo en que adelanten el control democrático y las libertades.

En segundo término, a esta ley la observamos muy unida al país productivo con justicia social que necesitamos construir. Ello porque contribuye a la estabilidad social y al crecimiento de la demanda interna por la vía del desarrollo del mercado interior, al colaborar, junto con las otras acciones mencionadas más arriba, con la reversión de la grave caída del salario real de todos estos años. Es claro, entonces, que esta ley no debe de verse aislada o separada de otros hechos de la vida social. Así, para nosotros, ella va a influir sobre la economía y la inversión, coadyuvando a su transformación y desarrollo.

En tercer lugar, ella también significa un avance importante del Derecho y la justicia social en el país. Respecto del Derecho, se trata de cumplir, de una buena vez, con la reglamentación del Convenio Nº 98 de la OIT aprobado por este Parlamento alrededor de 1953. Respecto de la justicia, se trata de marcar reglas claras para todos y de disminuir la enorme deuda social acumulada en este Uruguay. Aquí conviene señalar que esta ley permite aproximarnos al equilibrio de los platos de la balanza, en un país que tiene el triste récord de ser el más flexibilizado de América Latina y que durante muchos años se ha desequilibrado fuertemente la balanza en perjuicio de los trabajadores asalariados. Este Gobierno va a aprobar una ley absolutamente necesaria y justa. En efecto, creemos que este proyecto de ley que protege y promueve la libertad sindical no puede entenderse íntegramente si no lo ubicamos en el contexto socio - laboral uruguayo. Sí; para comprender su necesidad y urgencia debemos recordar previa y brevemente que, primero, nuestro país tiene el dudoso honor de ser aquel que tiene la mayor flexibilidad laboral en toda América Latina. Ya en 1993, en un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales y del BID, se establecía que en algunos casos sólo éramos superados por Japón en la comparación internacional. Segundo, en otro trabajo de la Universidad Católica del año 2002, titulado "La transformación de las relaciones laborales. Uruguay 1985 - 2001", se establecía que la flexibilidad laboral era absoluta en nuestro país. Tercero, una consecuencia directa de dicha flexibilidad fue que el movimiento sindical vio disminuir la afiliación a los gremios del 37.5% en 1985 a la cifra de 15.9% en el año 2000. Cuarto, pero nada de lo anterior ha sido gratuito; tuvo un alto costo material: significó una escandalosa caída del salario real, el traspaso indecente de muchos miles de millones de dólares que dejaron de entrar a los bolsillos de los trabajadores de nuestro país. Existen cálculos que estiman que sólo entre 1967 y 1980 la transferencia del trabajo al capital fue de US$ 4.000:000.000, equivalente a casi US$ 800 por trabajador. Más tarde, mientras que el ingreso nacional creció un 40% en este país, entre 1990 y 1998, el salario real sólo lo hizo un 5%. Asimismo, recordemos la fuerte caída del salario real en el último quinquenio, que más vale apenas mencionarla. Quinto, esta flexibilidad y precariedad laboral fueron una parte esencial del modelo aplicado en este país. Recordemos que la teoría neoliberal quiere hacernos creer que "cuanto mayor sea la rigidez laboral, más alto será el desempleo y la informalidad", cosa que -digámoslo de paso- es falsa, porque en el momento que había y hay niveles récord de flexibilidad laboral y los sindicatos habían perdido muchos de sus afiliados y su fuerza había descendido, el desempleo, las desinversiones y tutti cuanto se fueron a las nubes. Por lo tanto, aquí no hubo casualidades o cosas del destino; la flexibilidad fue promovida, estimulada, creada por las políticas económicas aplicadas sucesivamente y que tenían por finalidad favorecer determinados intereses que no eran los de la mayoría de nuestro pueblo, pueblo trabajador. Las consecuencias de la flexibilidad, además, han sido nefastas para los trabajadores uruguayos. Hoy tenemos aproximadamente un millón de trabajadores en condiciones precarias. Obsérvense simplemente dos datos recientes, de los muchos que podrían ponerse en esta intervención. Casi la mitad de las personas que dicen trabajar en el interior urbano lo hacen en situación irregular, o sea que no tienen la cobertura de los beneficios sociales, y una de cada tres en Montevideo está subempleada o no registrada ante el Banco de Previsión Social. Luego, informes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social señalan que el aumento de la informalidad laboral ha redundado en un incremento de los accidentes fatales evitables que, en lo que va del año, llegan a 30, mayormente en los sectores de la construcción y la forestación.

Para redondear el contexto, debemos decir dos cosas más. En primer lugar, nuestro Gobierno, en aplicación del proyecto alternativo al neoliberal, ha convocado a los Consejos de Salarios en el marco de la negociación colectiva. Es lógico y necesario que para encarar esas negociaciones, los trabajadores hayan aumentado su organización sindical y ello trajo, como la sombra al cuerpo, el incremento de la represión sindical. Decía el integrante del PIT-CNT, Jorge Mesa, en reciente reunión con los Senadores del Frente Amplio: "Lamentablemente hay un sector informal muy importante y es ahí donde se da la mayor cantidad de casos. La persecución no se hace sobre los dirigentes más conocidos, sino sobre los que están tratando de montar la organización sindical". En segundo término, hay en curso una fuerte ofensiva para presentar esta ley, igual que la derogación del decreto que facultaba a la Policía a intervenir para desalojar locales ocupados, como parte de las famosas señales negativas para el clima de negocios. Pensamos que los mismos que nada dijeron todos estos años frente al desastre que es Uruguay en materia de condiciones y relaciones laborales, ahora, cuando apenas se comienza a equilibrar la balanza, ponen el grito en el cielo y quieren penalizar cualquier intento de avanzar en este sentido. No tienen razón y tampoco queda bien hablar mucho ahora, si no se habló antes. Además, también pretenden dividirnos manejando conceptos como los de izquierda vieja o moderna. Hoy somos todos izquierda, sin adjetivos.

Por otra parte, olvidan que una de las bases de nuestro proyecto alternativo es habilitar un tripartismo por el Consejo Superior Tripartito, que haga moderno un sistema de relaciones laborales.

Por último, no podemos resistirnos a constatar una verdad más grande que una casa: en Uruguay ha existido la mayor flexibilización laboral en su historia -lo contrario a rigidez- y las inversiones han sido totalmente marginales en relación a otros países de la región. Así que no es cierta esa relación de causa efecto entre flexibilidad y mayores inversiones, empleos y formalidad. A saber, por la realidad, es todo lo contrario.

Respecto del texto del proyecto de ley, sin conocimientos ni posibilidades de ser exhaustivos, digamos simplemente, en términos muy generales, que su contenido vuelve a situarnos en un buen nivel en materia de protección de los derechos laborales en América Latina, el cual supimos tener muy tempranamente, allá por 1906 -Gobierno de José Batlle y Ordoñez-, cuando por ejemplo se presentó el proyecto de ley de jornada de 8 horas, que recién fuera aprobado en 1916. Los blancos Roxlo y Herrera se lo disputan, al haber sido ellos los primeros en plantear la necesidad de reglamentar las condiciones y la jornada de trabajo en 1905.

Los integrantes de la Cátedra del Derecho del Trabajo de la Universidad de la República, en reciente comparecencia ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, profesor emérito Héctor Barbagelata y doctor Oscar Hermida Uriarte, lo han valorado así: "En mi opinión es un buen proyecto. Tendría sugerencias que hacer para mejorarlo. Pero curiosamente estas sugerencias no van en la línea de lo que en general yo he escuchado en la prensa. Todas las propuestas que he escuchado son de disminuir el grado de protección, cuando el defecto que yo le puedo encontrar al proyecto es que necesitaría una protección adicional a la que ha consagrado".

Los catedráticos señalaron que debería incluirse, además de la protección para todos los trabajadores, una protección adicional para el dirigente sindical, y tomaron como ejemplo un proyecto del año 1986 -Gobierno del Partido Colorado- en el cual se establecía la misma protección de esta iniciativa -nulidad del acto antisindical y restablecimiento del estado anterior para todos los tra-bajadores, dirigentes o no-, pero agregaba un plus que el actual no tiene: la protección adicional para el dirigente sindical. Estamos hablando del Gobierno del Partido Colorado.

Además, los catedráticos añadieron: "No establece la mejor ni la máxima protección posible. Diría que establece una protección media, adecuada, apropiada, suficiente, aceptable, aprobado sin nota, diría el profesor, o aprobado con bueno, tal vez".

Respecto de la carga de la prueba, el profesor Hermida Uriarte señala: "No está claro que el proyecto la establezca. Si lo hiciera estaría repitiendo la solución del proyecto del Poder Ejecutivo del año 1986, que establecía la presunción de que todo acto que perjudicara al dirigente sindical o trabajador por razones sindicales, era antisindical, y agregaba que el empleador deberá probar una causa diferente. Si lo hiciera, el proyecto estaría acatando recomendaciones y convenios de la OIT: el Convenio Nº 158 y la Recomendación Nº 166". Y agregaba: "Si el demandado, el empleador dice: ‘No, yo lo despedí, pero no fue por sindicalista’, tiene que probar cuál fue el motivo real. Quien tiene que probar es quien tiene la posibilidad de hacerlo, quien dispone del medio probatorio. Si yo lo tengo en mi gaveta, no es lícito que diga: ‘No lo aporto y tienes que probarlo tú’. Uno puede presentar esto como inversión de la carga de la prueba, pero es mucho más moderno presentarlo como teoría de las cargas dinámicas."

A su vez, Barbagelata expresaba: "En lo que me es personal, pienso que la legislación laboral siempre ha considerado que la prueba justificativa del despido tiene que ser aportada por el empleador. En este caso estamos en la misma situación: el empleador tiene que probar que hay un factor que podríamos llamar de notoria mala conducta que justifique que se haya prescindido del trabajador, a pesar de que pudiese tener la condición de sindicalista o de haber participado de actos sindicales".

Y respecto de la amplitud de la protección de la ley y las quejas del sector empresarial, nos dijo: "Evidentemente, se trata de una queja equivocada, porque esa amplitud no la da esta ley sino el Convenio Internacional aprobado en 1953 (Nº 98). El Convenio es el que hace referencia, no meramente a la actividad de dirigentes sindicales, sino a cualquier tipo de manifestación de la actividad sindical".

Señor Presidente: por todas estas consideraciones es que vamos a apoyar con mucha fuerza y muchas ganas este proyecto de ley de libertades sindicales.

Muchas gracias.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: queremos dejar claramente expresada nuestra opinión respecto de este proyecto de ley, porque entendemos que esta decisión que se encamina a tomar el Senado es sumamente equivocada y de efectos muy graves para la gestión del actual Gobierno, con énfasis especial en algunos aspectos como los del empleo y la inversión.

Al igual que lo expresaron muy bien mis colegas y compañeros, los señores Senadores Gallinal y Larrañaga, considero muy importante defender los derechos de los trabajadores, pero también me parece indispensable defender los derechos de quienes invierten sus recursos y sus ahorros en nuestro país, de aquellos que creen en el Uruguay productivo. No hay que simplificar esta afirmación y asociarla con prejuicios, como si se tratara de grandes empresas o de multinacionales. La realidad de nuestro país, con unas 130.000 unidades productivas, es que el 98% de ellas son micro, pequeñas o medianas empresas, con muy poco número de trabajadores pero que, en su conjunto, generan la amplia mayoría del empleo. Por lo tanto, el equilibrio nos parece absolutamente indispensable para que el Uruguay productivo avance y camine como todos deseamos. En lo que tiene que ver con la generación de empleo, con la rigidez y la flexibilización laboral, coincidimos con el señor Senador Lorier en el sentido de que no es un único factor que condiciona al otro, sino que es un conjunto de aspectos lo que en definitiva impulsa el desarrollo de un país. Pero sin duda hay un componente de flexibilidad laboral en los países de desarrollo económico reciente.

El señor Senador Alfie explicó el caso de Chile con cierto detalle, pero hay otros casos. A propósito, hace apenas un par de años hicimos un seminario en la Fundación Ciudad de Montevideo al que concurrió William Roche que es, justamente, quien representó una parte de los intereses laborales durante los debates del Partenariado Social en Irlanda a partir del año 1987. Las reuniones que mantuvimos con él, así como sus conferencias, mostraron las relaciones laborales en el modelo irlandés y demostraron claramente que la flexibilización fue un factor que existió, junto a una serie de otros. Por supuesto, eso sólo no alcanza -nuevamente me remito a lo que se dijo antes-, sino que por el contrario, puede no tener efecto alguno; sin embargo, dentro de un conjunto de ingredientes necesarios para el desarrollo éste existe. Por supuesto, cuando hablamos de flexibilización para nada pensamos en decir que el empleador haga lo que quiera, sino en reglas de juego acordadas entre las partes, por ejemplo, en temas como la polifuncionalidad en que el Uruguay ha ido, de alguna forma, avanzando lentamente. Sin embargo, creo que aquí vamos por otro camino.

Me voy a permitir referir simplemente a algunos artículos para no entrar en tanto detalle. En el último literal del artículo 1º se extiende el tema a absolutamente todos los trabajadores que puedan efectuar alguna acción tendiente a la constitución de organizaciones sindicales, dentro o fuera de los lugares de trabajo. A nuestro juicio, es de una gran vaguedad que va a traer problemas y dificultades. Pero mucho más aún las traerá el numeral 2 del artículo 2º donde se establece un proceso de tutela especial que distingue varios casos: el de los dirigentes sindicales, el de los delegados o representantes de los trabajadores en organismos bipartitos o tripartitos, el de los representantes en negociaciones colectivas y, finalmente, en su literal d) se refiere a "los trabajadores que hubieran realizado actividades conducentes a constituir un sindicato o la sección de un sindicato..." Vayamos a la realidad del Uruguay y analicemos cuál es el número de incluidos en la categoría de la tutela especial. Las empresas en nuestro país normalmente tienen 5, 10, 20, 30 ó 40 empleados, por encima de ese número son poco frecuentes y existen muy pocas que tienen más allá de 200 empleados. La gran mayoría de las 130.000 empresas a las que me referí, tienen ese número de trabajadores. Entonces, si tomamos, por pocos que sean, los integrantes de la directiva del sindicato, más los suplentes, supongamos que son siete, más siete suplentes, son catorce, más algunos delegados, sumarían una veintena, más algunas personas que hayan contribuido a la creación de ese sindicato, redondearíamos una treintena de personas. En definitiva, estamos incluyendo al total de los integrantes y al total de la fuerza laboral en el Uruguay dentro de la tutela especial. Eso genera un problema grande para el funcionamiento práctico de las relaciones laborales. La gran mayoría de los empleados van a estar amparados dentro de la tutela especial y si le sumamos el último inciso que se ha denominado "de inversión de la carga de la prueba", por el cual el empleador debe demostrar que la medida que ha tomado -puede ser el cese del trabajador o una sanción- frente a una persona no es por razones gremiales, la cosa se complica más. Imaginemos este caso en una organización de diez o quince funcionarios. Normalmente, en este tipo de empresas, en el Uruguay, no se registra si una persona llega tarde un día, si tuvo una dificultad familiar o si se retrasó por una causa de su responsabilidad, lo que es considerado un tema menor, ni si utiliza los bienes de la empresa, como por ejemplo la computadora, para su racional uso personal, etcétera. En el universo práctico de nuestro país a nadie se le ocurre registrar estas cosas como un mal antecedente. Pero ya hemos visto que a las micro, pequeñas y medianas empresas se les está aconsejando que registren todo, porque hoy o mañana no saben si frente a la reiteración de un problema, el empresario tendrá que adoptar una medida contra esa persona quien, si es un dirigente gremial, va a aducir otra causa y, por lo tanto, el empleador va a tener que demostrar que la medida la adoptó por otra razón. Esto va a traer un deterioro del clima laboral y un cambio en el funcionamiento de las relaciones, reitero, de la inmensa mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas en el Uruguay.

Ante todo esto podríamos sumar la incidencia de la licencia gremial referida en el artículo 4º, la que se establece con un grado de gran vaguedad, no se la vincula al número de empleados y no adopta un criterio en relación con el número de trabajadores.

Estas razones nos llevan a las siguientes reflexiones finales. En primer lugar, a nuestro juicio, esta ley va a perjudicar, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas, también podrá traer dificultades a las empresas mayores, pero estas tienen su departamento de recursos humanos con sus asesores y, sin duda, lograrán manejarse en esta nueva realidad con menos dificultad que las primeras que van a tener que enfrentarse a un tema totalmente nuevo que les generará problemas de diverso tipo.

En segundo término, nos parece que va a afectar el crecimiento del empleo. El señor Senador Ríos señalaba que siempre que hay un avance social se utiliza este argumento y eso seguramente sea cierto. Pero en estos días, en el Uruguay, he conversado con muchas personas que tienen sus emprendimientos pequeños y medianos, y observo que el emprendedor va a hacer todo lo posible por no contratar nuevo personal y disminuir el que ya tiene. Eso es lo que sentimos; van a mirar con enorme cuidado la posibilidad de contratar una persona nueva y si por razones de mayor tecnificación o por la adquisición de algún equipo nuevo pueden reducir su plantilla, y considero que lo van a hacer. Es decir, no va a favorecer el crecimiento del empleo.

En tercer lugar, creemos que va a generar mayores conflictos y va a deteriorar el clima laboral y en muchos casos va a cambiar el funcionamiento normal de las empresas en nuestro país y va a introducir nuevos factores de conflicto.

Vamos a votar en contra de este proyecto de ley, reitero, más allá de que creemos que las libertades sindicales son importantes. Como ya se ha expresado, el Uruguay tiene una vasta historia en la lucha por la defensa de las libertades sindicales en las cuales, entre otros, nuestro partido ha estado sumamente activo desde muy temprano en la historia. El señor Senador Lorier mencionó el caso del año 1905, con Herrera y Roxlo, enseguida de la Revolución de 1904. Pero antes aún, en las épocas de Oribe ya se registran antecedentes de legislación laboral muy interesantes y valiosos. Pero nos preocupa enormemente el futuro del país y cada uno votará de acuerdo a su conciencia y nosotros lo vamos a hacer acorde a la nuestra, porque creemos que se está tomando una decisión equivocada. Pensamos que el país va a vivir los perjuicios, lamentablemente más temprano que tarde, porque estamos en un mundo sumamente competitivo y todas estas cosas traen consecuencias en forma rápida.

Es cuanto deseábamos expresar y reiteramos que los hechos luego dirán cuáles van a ser las consecuencias de esta decisión y cada uno deberá asumir sus responsabilidades.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Tiene la palabra la señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: comienzo por pedir disculpas a mis colegas por hacer uso de la palabra a esta hora tan avanzada de la sesión y a mi Bancada, que estaba tratando de disminuir la lista de oradores, pero me es imposible mantenerme al margen de esta discusión en el día de hoy.

SEÑOR MICHELINI.- Apoyado.

SEÑORA DALMAS.- Realmente, confieso que recién en este momento, luego de que han pasado varias horas de discusión y de escuchar en la mañana de hoy las posiciones, tanto del sector empresarial como de los trabajadores, me doy cabal cuenta de la magnitud y la importancia de este proyecto de ley que estamos votando en el día de hoy.

Este es un hito histórico en la vida del Uruguay que me doy cuenta que viene a subsanar una gran omisión parlamen-taria que data, nada más ni nada menos, que de hace más de 50 años. Efectivamente, en el año 1953 se ratificó el Convenio 98 de la OIT por una ley del país. Pero si ha habido, o hay en el país, los llamados progresos de papel, este ha sido uno de ellos. En efecto, la libertad sindical se ha conseguido -y esto no lo he dicho yo, sino los señores Senadores preopinantes-, fundamentalmente, en base a la fuerza, al tesón, a la convicción y al compromiso de los militantes sindicales de este país y no a la ley que los ampara.

Más que a la descripción del proyecto -que ya se ha hecho en forma muy detallada-, me voy a dedicar a hacer algunas apreciaciones acerca de lo que se ha manifestado en Sala durante la discusión. Una de las cuestiones que se ha reclamado con la expresión de la "carreta delante de los bueyes" es la falta de marco que tiene este proyecto de protección de la libertad sindical. Por mi parte, digo que eso no es exacto. Tal vez este marco no es el que desearían todos los señores Senadores, pero el Gobierno que hoy rige en el Uruguay, mi Gobierno, el 19 de mayo de este año hizo pública una convocatoria a un compromiso nacional por el empleo, los derechos y las obligaciones, en el marco de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, dirigido a todos los sectores sociales involucrados. En el documento se expresa: "Dicho Compromiso Nacional pretende contemplar intereses diferentes y compatibilizarlos en torno a un proyecto estratégico nacional, al tiempo que el gobierno pone de manifiesto su voluntad de otorgar un rol protagónico a los sectores sociales en la formulación de las políticas públicas, estimulando un proceso orientado al mejor cumplimiento de los grandes objetivos que se ha trazado la administración, mediante la activa búsqueda de acuerdos y compromisos.

La participación de los actores sociales, orientada hacia la búsqueda de objetivos comunes, asumiendo responsabilidades conjuntas y compartiendo información, redundará en la mejor calidad de las políticas públicas."

Más adelante, se señala: "El ‘Compromiso Nacional para el Empleo, los Ingresos y las Responsabilidades’ no debilita ni mucho menos reemplaza el ámbito de discusión parlamentaria, elemento básico del ordenamiento democrático de nuestro país, sino que pretende reforzar la necesidad de alcanzar acuerdos de amplia base para comprometer al país en una estrategia de desarrollo común. El Gobierno será uno de los signatarios del Compromiso, y se compromete a reflejar lo acordado en la implementación de las políticas, respetando el marco legal vigente."

Esta pequeña cita de un documento me parece que resume el marco político en el cual se plantea la ley de libertad sindical como una propuesta al Parlamento.

Señor Presidente: es evidente que existe un marco y también es cierto, como aquí se ha afirmado, que existe la libertad sindical. Existe la libertad sindical lograda a fuerza de luchas y de sacrificios durante muchísimos años y también, por qué no decirlo, acompañada, en alguna medida, por la legislación y por el Poder Judicial. Pero también es verdad que hasta ahora no se ha logrado garantizar el derecho pleno a la libertad sindical, porque creo que ha habido sólo un par de casos donde se ha logrado por parte de la justicia la reinstalación de un trabajador que ha sido discriminado en sus derechos.

Entonces, ¿por qué la reinstalación es un tema central de este proyecto de ley para todos los casos? Porque es la única manera -y eso ha quedado demostrado a lo largo de la vida- de que efectivamente se vea tutelado el derecho a la libertad sindical que debería tener todo trabajador en este país. Este no puede ser sustituido, en manera alguna -ni por un tema de principios, ni por un tema práctico-, por una indemnización pecuniaria, que es lo único que habitualmente se da. Lo único que efectivamente puede proteger ese derecho a cabalidad es la reinstalación del trabajador, que es lo que propone este proyecto de ley.

A esta altura de los acontecimientos y después de lo que he escuchado, señor Presidente, hasta tentada me veo de volver a proponer el proyecto que viene de la Cámara de Representantes. El marco político de compromiso de dar protagonismo a los actores sociales es lo que llevó a la Bancada de Senadores del Frente Amplio a aceptar la solicitud del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -y por eso demoramos en el tratamiento de este tema en el Senado- de disponer de 60 días para poner esta iniciativa sobre la mesa e intentar el logro de un acuerdo entre las distintas partes afectadas. Ese acuerdo no fue posible y, tal vez de una forma un poco idealista, pretendimos y pretendió el Ministerio recoger de ese ámbito de negociación algunos de los puntos que parecían ser de acuerdo de ambas partes. Si bien me quedó claro en la mañana de hoy que ambas partes, trabajadores y empresarios -sobre todo los segundos-, tenían la filosofía de que si no se aprobaba el conjunto, no había acuerdo en la globalidad.

Señor Presidente: porque creo que la libertad sindical debe ser garantizada no en el papel, sino en los hechos, es que estoy absoluta y fervientemente convencida de que hay razones fundamentales para votar este proyecto de ley y, por supuesto, así lo voy a hacer en forma afirmativa. Se trata también de razones de justicia, porque aquí se consagra el derecho efectivo a organizarse y a reclamar los derechos inherentes a los trabajadores.

Comparto el estado de perplejidad del señor Senador Rubio, quien manifestaba anteriormente: "Nunca pensé que a tal extremo escandalizara la garantía del derecho de los trabajadores a la actividad sindical". Por ejemplo, hoy de mañana el sector empresarial, en su argumentación negativa hacia el proyecto presentado, efectuó apreciaciones tales como: "Es un golpe al poder de dirección del empresario, que va a implicar que alguno quede como gerente de recursos humanos de un sindicato." También se decía con horror: "Las denuncias de los despidos antisindicales en los últimos tres años anteriores a éste no llegaron a diez; en lo que va desde marzo de 2005 hasta hoy, son cincuenta." Quiere decir que el clima existente hoy a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hace que los trabajadores que se sienten lesionados tengan un grado importante de libertad, de garantía y de amparo para efectuar la denuncia ante el Ministerio correspondiente.

Asimismo, se dijo con cierto horror que aumentaron dos veces y media los afiliados al PIT-CNT y a los distintos sindicatos y que hay, nada más ni nada menos, que 383 nuevos sindicatos.

A continuación, voy a esgrimir la segunda razón que me inspira a apoyar calurosamente este proyecto de ley. Estamos, señor Presidente, frente a un hecho que ayuda y que da una nueva fuerza a la profundización y al perfeccionamiento de la democracia. Esto se alinea con los principios y con las grandes estrategias marcadas por este Gobierno, que fue votado por más de la mitad de los uruguayos. Hablo de la profundización y del perfeccionamiento de la democracia, que aspiraría a que llegara a todos los sectores de la sociedad y no solamente a los trabajadores organizados sindicalmente, que llegara también a los ámbitos organizados gremialmente del sector empresarial y, reitero, a todos los sectores de la sociedad. Actualmente, el 98% de los gremios elige sus representantes cada dos o tres años promedialmente y en el 98% de los casos es por voto secreto. ¡Ojalá esa realidad existiera en todos los niveles sociales y en todas las organizaciones sociales!

A este respecto, digo al señor Senador Alfie, que planteaba como un ejemplo importante a tener como referencia la ley chilena -y esta es una digresión-, ¡ojalá también tuviéramos como ejemplo a emular a los chilenos en cuanto a la cuota de participación que han dado a las mujeres en los lugares preferenciales de acceso a la dirección política!, lo que en el Partido Colorado ha disminuido, para nuestra tristeza.

Quiero decir, señor Presidente, que este proyecto de ley no va contra del trabajador, como aquí se ha mencionado. En realidad, si se propone, si se instaura la legitimación activa para el trabajador en conjunto con su sindicato, es para reclamar discriminación sindical. No conozco trabajador alguno que sienta violada su actividad sindical y no pertenezca a un sindicato. De todas maneras, si eso fuera así, el trabajador tendría, como cualquier ciudadano de este país, los procedimientos normales para poder reclamar por sus derechos vulnerados.

Creo entonces que, al contrario de lo que algunos señores Senadores opinan aquí, el hecho de que la legitimación activa la tengan las dos partes en conjunto se constituye en un seguro para ambas, porque no hay trabajador que milite sindicalmente sin sindicato. Acá no se oficializa un sindicato de una empresa; puede haber dos o tres, pero el hecho es que el trabajador vaya en conjunto con su sindicato. Además, también se ha dicho que se prevé la posibilidad de que un trabajador haga un reclamo tergiversando el espíritu de esta protección en forma solitaria sin que su sindicato lo avale. Quienes hemos militado en el movimiento sindical sabemos que hay casos de trabajadores que cometen faltas de otra índole y que intentan hacer sus reclamos, al igual que los empleadores muchas veces intentan disfrazar despidos. Los trabajadores no somos perfectos y a veces caemos en una defensa por vulnerar los derechos sindicales cuando, en realidad, ellos han vulnerado reglas disciplinarias de la empresa. Esto puede evitarse mediante el aval del sindicato, que es el que defiende, antes que nada, a la institución. Si la dirección del sindicato no defiende a la institución, su prestigio y su credibilidad, seguramente en dos o tres años como máximo ya no estará ejerciendo esa función, como también ha ocurrido.

Aquí se ha manifestado que algunos trabajadores que fueran despedidos por cualquier razón podrían reclamar este derecho. Dado lo expresado anteriormente, no creo que en estos casos se pueda dar un reclamo de esa índole.

Diría que este proyecto de ley, que como decía un señor Senador, rompe el equilibrio, apenas intenta volver la situación al equilibrio. No sé si lo logra totalmente, pero de ello me convencí -si es que algo me faltaba- escuchando la opinión de las gremiales empresariales.

Si bien el señor Ministro manifestó en el día de hoy no ser responsable de la redacción de esta iniciativa, es suscrita ampliamente por el Ministerio en cuanto a su contenido. Si leen la versión taquigráfica, podrán comprobar que el señor Ministro Bonomi, cuando se hablaba específicamente de alternativas de frases, dijo que la redacción concreta del proyecto era responsabilidad de los señores Senadores, cosa que tenía razón.

Este no es un proyecto de ley de afiliación sindical obligatoria que volverá un negocio afiliarse a un sindicato. Acá ya se ha dicho abundantemente -pero quiero reafirmarlo- que es evidente que cualquier ciudadano de este país puede ir a la justicia a reclamar sus derechos. Si sus derechos han sido vulnerados a la acción sindical libre, deberá ir acompañado por su sindicato pero, reitero una vez más, aquí no se establece cuál es el sindicato oficial ni la obligación a estar afiliado a algún sindicato.

En lo que tiene que ver con la retención de la cuota sindical, confieso que hasta tuve mis dudas. Creo que este es un avance importante porque gran parte de este proyecto de ley va dirigido a los pobres trabajadores del sector privado con gremios que no han adquirido fuerza; este proyecto no está dirigido a los sindicatos del sector público ni del sector financiero -por lo menos, hasta hace poco tiempo-, ni a aquellos que han adquirido una gran fuerza a través de su lucha, de su gran cantidad de afiliados y del mantenimiento de sus fuentes de trabajo. Al respecto, tengo mis dudas porque he escuchado -aunque no en esta Sala- denuncias de empleadores -incluso hasta del propio Estado- que, habiendo retenido la contribución a las Administradoras de Fondos de la Seguridad Social, no la volcaron a los respectivos lugares. Imaginen que si alguien es capaz de hacer eso, probablemente pueda hacer lo mismo con la cuota sindical por más que la retenga. Espero que quede sentado en esta sesión que eso no será permitido, porque al igual que cualquier otra retención, tiene un sentido y es importante que se vierta para mantener la actividad o los derechos que ella implica.

En cuanto a la licencia sindical, acá se decía con razón que no estaba especificado su ejercicio y repito lo que expresé en la Comisión: el ejercicio de la licencia sindical no debe estar especificado en esta ley; debe estar consagrado como un derecho en esta ley, pero no especificado su ejercicio, porque hay una gran variedad y diversidad de situaciones y de soluciones de ejercicio del derecho de licencia sindical que se establecen -así deberá seguir siendo sin duda alguna- por la vía de un convenio entre empresarios y trabajadores. Incluso en el propio Estado, donde hace unos cuantos años existe ese derecho consagrado, quedó librada al convenio realizado en cada una de las empresas públicas, como lugares de trabajo, la forma de llevar a la práctica el ejercicio de ese derecho. Cada realidad es diferente; se trata de ejercer la libertad sindical tratando de distorsionar lo menos posible el funcionamiento de la empresa, y eso es interés tanto de los patronos como de los trabajadores. Por ende, deberá ser convenido en forma específica, al igual que otra cantidad de libertades sindicales que se reclama que no están plasmadas en esta ley porque eso no estaba pensado.

Felicito -por algo formo parte de la Bancada de este Gobierno- al señor Ministro y al Gobierno todo por haber tomado el camino del trabajo tripartito. Creo que desde su lanzamiento en mayo, este compromiso nacional ha implicado muchísimo trabajo, muchísima paciencia y tolerancia, pero sus resultados sin duda serán mejores que la toma de decisiones absolutamente unilateral por parte del Gobierno. Es en esa dirección que, como alguien dijo acá con mucha razón -no recuerdo quién-, estamos ayudando a construir una de las partes de ese diálogo y de esa negociación colectiva y tripartita. Efectivamente, una de las partes estaba absolutamente desprotegida y creo que, de alguna manera, estamos logrando de nuevo el equilibrio, pese a los augurios catastróficos que hoy he escuchado por parte del sector empresarial, como la paralización de la generación de nuevos puestos de trabajo y la afectación de las inversiones que, como alguien expresó acá, no vienen al país cambiemos o no la legislación laboral.

Algo que me resultó realmente sorprendente, señor Presidente, fue que un señor representante de una gremial empresarial dijera: "Esta ley va a afectar más a las empresas nacionales" ¿Por qué? Porque los inversionistas extranjeros de las multinacionales que seguramente vendrán -y contamos con ello- proceden de un contexto en el que ya tienen reglamentaciones de este tipo. Quiere decir que nosotros estamos reconociendo que esos inversores extranjeros que ya están viniendo al país están acostumbrados a reglamentaciones como esta porque pertenecen al Primer Mundo y nos estamos resignando al atraso que significa no tener protecciones como esta en forma reglamentada y legislada acorde con el mundo moderno. Los inversores extranjeros vienen del mundo moderno y nosotros estamos convencidos de que en ese mundo moderno hay nuevos equilibrios. En el Primer Mundo se ha avanzado enormemente en el terreno de las nuevas relaciones laborales y nuestro pequeño país, el Uruguay, también pretende ir en esa dirección, en primer lugar, por una razón de justicia como dije antes y, en segundo término, por una razón de modernización de nuestras relaciones laborales. Todo lo que tenga como objetivo la promoción de la sindicalización de la que algunos se escandalizan, estamos convencidos de que va a abonar en la dirección de la estabilidad social, del clima de negocios, de la baja de la conflictividad y de todo aquello que hace a un clima adecuado y a un desarrollo democrático de un país que quiere estar cada vez más lejos de la confrontación y de la violencia.

Felicito por esta vía a los dirigentes sindicales -entre los que no me cuento porque en aquellos años todavía era una militante de base- que, a pesar de todos los pesares y contando con muchos derechos consagrados en el papel y no en los hechos, lograron hazañas como crear sindicatos y ramas de sindicatos que hoy representan a más de 500.000 trabajadores -alguien también se escandalizaba de esto- y que han llegado al extremo político no partidario de haber defendido a ultranza la democracia de la que gozamos hoy en el Uruguay con una histórica huelga general de quince días cuando el país entero estaba bajando los brazos -y ahí sí me incluyo, aunque era una militante de base- para enfrentar a los oscuros elementos autoritarios que luego se encaramaron en el poder en este país. Hasta para eso dio la libertad sindical o la fuerza sindical creada en la acumulación de tantísimos años.

Es para esos dirigentes sindicales que este hito his-tórico se está dando. Es para todos los trabajadores del país -aunque muchos sostienen que no deberían ser amparados por esta ley- y también para aquellos dirigentes sindicales que hoy no están, o que si están, probablemente estén sufriendo la persecución o por lo menos atrasándose en su carrera laboral por la militancia sindical que llevan adelante.

Para finalizar mi intervención, quiero decir que formalmente desmiento en forma terminante y absoluta -tengo credenciales para eso porque le pregunté personalmente- que el Ministro Danilo Astori haya afirmado en algún momento la frase que aparece en la primera página del diario "El País" que mencionaba el señor Senador Larrañaga. Si el señor Senador Larrañaga hubiera leído todo lo que figura en esa crónica, diría también que fueron fuentes políticas las que informaron a ese periodista que Astori había afirmado esa frase. Quiero decir enfáticamente que eso me fue desmentido personalmente por el señor Ministro Astori.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone la señora Senadora.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

Puede continuar la señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Muchas gracias.

Voy a manifestar algo en defensa del periodista que no debió entrecomillar unas palabras que no escuchó con sus propios oídos. En realidad, debe haber sido la versión de alguna persona que trasladó con esa frase un supuesto pensamiento del señor Ministro Astori.

Quiero decir al Cuerpo, al señor Senador Larrañaga y a esa fuente política que trasmitió esa frase, que si defender el derecho inalienable de los trabajadores a la actividad sindical, absolutamente libre; si proteger el derecho a ser reinstalado cuando se ha sido objeto de un despido exclusivamente por haber actuado en función de la defensa de los derechos de los trabajadores; si ese elemento significa, en alguna medida, pertenecer a la vieja izquierda, me declaro, en ese aspecto, muy orgullosamente, perteneciente a la vieja izquierda. Creo que de la vieja izquierda este Frente Amplio, que hoy está en el Gobierno, ha tomado las mejores tradiciones y los mejores principios. En mi opinión, ser moderno no es, en todos los casos ni nunca, vulnerar esos principios. Además, cambiar los instrumentos para llegar a los mismos objetivos que tuvimos siempre en nuestras utopías y para llevar adelante lo que creemos nos conduce a los mismos objetivos, no es vulnerar los principios y no es, en medida alguna, pertenecer a la vieja izquierda. De todas maneras, si de rotular se trata, a mí no me escandaliza.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Puede interrumpir el señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: escuché con mucha atención las palabras de mi apreciada colega Susana Dalmás y ella utilizó, en varias ocasiones, la expresión de que frente a este proyecto de ley algunas personas se escandalizaban o se preocupaban y, en algunos casos, seguramente por razones no defendibles o vaya a saber por qué.

Quiero reivindicar, no sólo en el caso que me corresponde, sino también de las palabras de otros colegas, que algunos lo que estamos expresando aquí es una muy sincera y honesta preocupación por los efectos de una determinada disposición legal. En lo que es mi caso personal, he dedicado mucho de los últimos quince años a tratar de entender qué es lo que hace que los países se desarrollen y qué es lo que lo impide. He observado -como lo hemos hecho todos- las enormes dificultades de los países para encontrar un camino de avance económico que, a su vez, sea equitativo desde el punto de vista social, es decir, crecimiento con equidad. La sensación que hoy tenemos es que esta medida no contribuye a ello. En un momento en el cual el Uruguay dificultosamente está avanzando, con muchos problemas y con una enorme crisis reciente, de apenas ayer, cuando todavía hay una infinidad de nubarrones en el ámbito nacional e internacional, creemos que esta medida va a causar más perjuicios que beneficios. Aclaro que entendí perfectamente lo que expresaba la señora Senadora de otros ejemplos a los que se refirió, donde había una reacción de escándalo. Pero lo que nos causa esto a nosotros es legítima preocupación porque nos parece que no va a lograr los objetivos que se buscan. Es decir que por más que entendamos muy loables las motivaciones que están detrás de esta iniciativa, pensamos que no va a lograr esos efectos. Nosotros podemos creer que las razones que están detrás son las mejores, pero discrepamos en cuanto al instrumento, porque nos parece que este no va a causar esos efectos sino que, por el contrario, va a sumar una serie de problemas al difícil camino que el Uruguay está recorriendo.

Esa es, en definitiva, nuestra posición al respecto.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: en la sesión de la Comisión de la mañana de hoy escuchamos a los representantes de las gremiales empresariales y las de trabajadores, al propio señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, así como la posición de las distintas Bancadas en este Senado de la República, y he podido advertir que existen opiniones discordes en muchos aspectos, aunque coincidentes todas en el sentido de que, de acuerdo con una larga tradición en el Derecho uruguayo por la aprobación por ley de los Convenios 98 y 87 de la OIT, de otros, de muchas leyes que se han dictado y de una Justicia especializada que tenemos, en el Uruguay somos contestes en que deben evitarse y sancionarse los actos de discriminación sindical. En lo que discrepamos es en el alcance y en qué forma lo hacemos. Como ya se ha dicho aquí, ¿se debe obligar a reinstalar a un trabajador discriminado o despedido? ¿Se debe reinstalar la situación anterior a ese hecho? ¿O podría optarse por otro camino, por ejemplo, como el de presentarse a la Justicia competente y exigir un previo pronunciamiento de su parte, cuando todos la reconocemos como especializada e independiente? Este podría ser el camino para superar el tema de esas indemnizaciones especiales que hoy están vigentes. Asimismo, he escuchado opiniones en el sentido de que hay una larga historia de persecuciones sindicales en el Uruguay, y debo decir que me muestro bastante discrepante con eso. También se ha dicho que ha habido un desequilibrio muy grande entre lo que es la distribución entre determinado sector empresarial y los trabajadores, con una transferencia de recursos un tanto mala de unos hacia otros. Pero me reconforta escuchar ahora a mi distinguida coterránea, la señora Senadora Dalmás, cuando habla de que aun sin ley -ella le adjudica los méritos, naturalmente, a la militancia sindical-, en el Uruguay ha habido libertad sindical, por fortuna, y con excepción de la época de la dictadura.

Se ha señalado aquí algo que manifestaron hoy las gremiales empresariales en cuanto a la diferencia de números de las denuncias respecto de las discriminaciones sobre dirigentes sindicales entre los años 2004 y 2005. ¿Cuál es la verdad de esta historia? ¿Se adecuan a la realidad las diez denuncias del año 2004, o son reales porque hay persecución sindical, las crecientes denuncias de este año 2005? ¿Acaso estas situaciones no podrían encubrir casos que no sean de persecución sindical y que se están dando por el clima propicio que se ha creado, entre otras cosas, por este proyecto de ley? Como decía el Miembro Informante de la mayoría, sin duda, desde su instalación, el Gobierno ha tomado medidas concretas para establecer la negociación colectiva. Esto no es original en el país, porque en el Gobierno del doctor Sanguinetti también existió y se restablecieron los Consejos de Salarios. El propio catedrático de Derecho Laboral dice que era más tuitivo que éste. De manera que tampoco estamos haciendo cosas tan originales en el Uruguay, ni tampoco estamos restableciendo la vigencia de libertades que muchos señores Senadores reconocen que existen porque, por suerte, aquí tenemos leyes y una Justicia independiente. Quienes somos abogados sabemos que siempre se ha considerado como la parte más débil a los trabajadores, pero también es cierto que ha jugado el principio de "in dubio pro operario", tanto desde la acción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como de la Justicia especializada, manifestándose, ante la duda razonable, a favor del trabajador.

Se afirma que las empresas extranjeras están más acostumbradas que las uruguayas a la aplicación de normas tuitivas y que son más respetuosas de los derechos de las organizaciones sindicales, pero no sé si eso es verdad. Conozco muchas empresas uruguayas que respetan muchísimo a las organizaciones sindicales y que aun pagan salarios por encima de los laudos.

El señor Senador Long ha hablado con mucha claridad de cuán diferentes son las grandes empresas que tienen plantillas de 300, 500 ó 1.000 trabajadores de aquéllas como, por ejemplo, la de ese gallego que tiene dos empleados.

Entonces, me pregunto si realmente podemos establecer y aplicar algunas de las disposiciones de este proyecto de ley sobre esos microemprendimientos que constituyen más del 90% de la realidad económica de nuestro país. ¿No será que nos estamos pasando de desconfiados respecto de los empresarios uruguayos y tanto éstos como los actores políticos y los trabajadores estamos haciendo como que nos miramos de reojo? ¿No hubiera sido mejor haber llegado a un consenso sin necesidad de escuchar opiniones discordes como las que plantearon los empresarios sembrando dudas y los trabajadores defendiendo este proyecto de ley?

Es cierto que los sindicatos han tenido momentos de mayor o menor gloria, pero pienso que eso no ha dependido de la persecución sindical, sino de otras razones. Tal como señalaba la señora Senadora Dalmás, el sindicato de los empleados bancarios como el de los funcionarios de las empresas públicas, a veces por mayores ingresos, mejor organización y posibilidad de retención de la cuota social, han gozado de mejor salud que otros sindicatos, algunos de los cuales en otra época han llegado a su mínima expresión y que ahora están recuperando su vigor. En mi opinión, en este escenario político, donde la fuerza política Frente Amplio tiene la mayoría de los votos en el Parlamento -pues obtuvo la legítima mayoría en las urnas- nadie podría pensar que los empresarios comenzaran a hacer una persecución sindical, sobre todo, porque existe una notoria comunión o, por lo menos, coordinación con las autoridades de Gobierno. Por supuesto, son legítimos todos los comentarios que se han hecho hoy acá, pero cabe preguntarse si en verdad hoy estaríamos en peligro de que exista persecución sindical en este estado de situación política que vive nuestro país. ¿No estaremos inclinando la balanza demasiado hacia el otro lado permitiendo la aplicación de normas muy genéricas y, tal como dice el catedrático, es discutible que este proyecto establezca la famosa inversión de la carga de la prueba? El señor Senador Ríos manifestó que estaba incluida la inversión de la carga de la prueba en cuanto a la tutela especial y extraordinaria. Pero el catedrático dice que es discutible, porque en ningún momento el proyecto de ley la menciona como tal. También agrega que en la exposición de motivos se hace una clara referencia a otra cosa: la teoría de las cargas dinámicas, que es un concepto muy parecido, pero diferente y, al final, es más o menos lo mismo. Realmente, quienes somos abogados sabemos que le va a resultar muy difícil a un empleador probar las circunstancias previstas en ese artículo en el que se habla de causas razonables con un sentido muy genérico. Es probable que se acceda a las tutelas extraordinarias en la mayoría de los casos en que se plantee y me parece que va a suceder lo propio con el procedimiento que se establece en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso. Estos artículos dicen que si correspondiere el Tribunal podrá disponer el cese inmediato de los actos discriminatorios, cuando a su juicio los hechos sean notorios. En mi opinión, esta es una expresión muy general y tuitiva. Quizás, en el futuro, puede conducir a situaciones de injusticia e inclinar la balanza hacia una de las dos partes. No debemos olvidar que el empresariado uruguayo tampoco vive una situación de bonanza y tampoco pensemos que solamente los trabajadores sufrieron el embate de la crisis del año 2002, cuando se fundieron miles de empresarios, muchos de los cuales integran los cinturones marginales de las ciudades del interior y de Montevideo. Por cierto, no sólo los trabajadores están viviendo en esas condiciones, pues hay muchos pequeños empresarios que se fundieron y se quedaron sin su medio de vida. En general, sus ingresos eran inferiores al de muchos tra-bajadores. Esa es una realidad muy uruguaya y muy del interior del país, que debemos considerar y no perder de vista.

En definitiva, me parece que en algunos sentidos en esta iniciativa se va excesivamente lejos y que se inclina la balanza un poco hacia una de las partes.

SEÑORA DALMAS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Quiero decir que esa expresión que acaba de utilizar el señor Senador Moreira acerca de los "hechos notorios" se debe a situaciones que se consideran absolutamente claras y por eso está bien que se incline la balanza hacia ese lado. Se ha puesto como ejemplo el caso público de una trabajadora de un supermercado de una firma conocida, que da la casualidad tuve la oportunidad de presenciar, porque ocurrió en la localidad donde vivo actualmente. Concretamente, un 1º de mayo, esa funcionaria, por supuesto, fuera de su horario, leyó una proclama escrita para todos los trabajadores reunidos para celebrar esa fecha por el PIT - CNT frente a su local de trabajo. Cuando retomó su actividad, inmediatamente fue despedida por el motivo de haber leído esa proclama.

Lo dispuesto en este proyecto de ley se refiere a hechos muy claros y notorios, que efectivamente se pueden juzgar con rapidez y establecer que le asiste derecho y razón.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- No discuto que se puedan producir casos de ese tipo, pero el señor Senador Gallinal también señalaba un ejemplo absurdo como es el de la estación de servicio, que se manejó en base a ese famoso decreto, el cual se podrá opinar que está bien o que está mal. En términos generales, la policía para desalojar establecimientos, lo hacía previa consulta con el Juez; no era un procedimiento que se hiciera "manu militari". Pero esto también tiene que ver porque los conceptos de discriminación y persecución forman parte del enfoque y de las medidas que ha adoptado el Gobierno.

Sin embargo, se podría haber incursionado en los mecanismos de prevención de conflictos o en la reglamentación del derecho de huelga. Digo esto porque acá se hace mención al artículo 57 de la Constitución de la República, el cual no sólo dice: "La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias", sino que también establece: "Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje.

Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad". También cabría mencionar lo que tiene que ver con la reglamentación de la acción sindical y su democratización, sobre todo, porque mucho se dice que es democrática pero ello no surge de ninguna norma.

Podríamos avanzar por ese camino y sería muy útil instalar aquí un debate sobre esos temas y no sólo respecto de estos asuntos. Sería muy adecuado que este Cuerpo se abocara al estudio de esos temas y se tomara el tiempo debido para ello.

Por todas estas razones, creyendo que debe ampararse la actividad sindical, pero también considerando que aquí no ha habido un pandemónium de persecución sindical, queremos dejar sentada nuestra opinión en el sentido de que la aprobación de este proyecto de ley puede dar lugar a un fenómeno de desconfianza y no incentivar la inversión nacional, que nos importa tanto como la extranjera.

Hoy parece que el desiderátum fuera la inversión extranjera, cuando hay miles de millones de dólares de uruguayos que están en el "colchón bank" que, quizás, se podrían invertir en el país, como lo ha hecho Botnia, ENCE o cualquier inversor extranjero. El Uruguay se ha asentado mucho más sobre la inversión nacional que sobre la extranjera, es decir, sobre el ahorro de los uruguayos, hecho que debemos tener muy en cuenta a la hora de sancionar y de aplicar estas normas.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Intentaré hacer tres cosas: primero, ser breve -porque me lo está señalando el señor Senador Couriel con su mirada admonitoria-; segundo, no reiterar conceptos ya vertidos a lo largo de esta discusión y, tercero, por aquello que dijo el viejo maestro de "venceréis, pero no convenceréis", procuraré convencer a algunos Legisladores de la oposición para que nos acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.

En el Decreto Nº 93, de 1968, que lleva la firma del entonces Presidente Jorge Pacheco Areco, se dice que queda terminantemente prohibido: a) sujetar el empleo de un trabajador o el mantenimiento en el cargo a la condición de que se afilie o no se afilie a un sindicato u organización de trabajadores determinado, o dejar de ser miembro de los mismos; b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo o de su condición de dirigente sindical.

(Ocupa la Presidencia el señor Rodolfo Nin Novoa)

- Este decreto Nº 93 establecía claramente la prohibición de actividades antisindicales por parte de las empresas. En primer lugar, significa, de alguna manera, un homenaje que los Legisladores de la oposición han reclamado y que nosotros aceptamos realizar a las conquistas que se han concretado a partir de normas para la protección de la actividad sindical en este país, no precisamente por el Gobierno del Frente Amplio que recién inauguramos.

En segundo término, nos muestra claramente la distancia sideral que existe entre las normas y los hechos. Todos sabemos lo que fue después el Gobierno del señor Jorge Pacheco Areco con relación a los trabajadores.

Se ha hablado mucho en este ámbito de que este proyecto de ley incidiría en la pérdida de empleo. Todos recordamos que en este país, durante los últimos veinte años, se ha procedido a la flexibilización laboral más profunda e intensa. Sin perjuicio de ello, todos conocemos los guarismos de desempleo que se han alcanzado. Todos recordamos la Ley de Inversiones, si mal no recuerdo, Nº 16.906, en cuyo artículo 29 se estableció, nada más ni nada menos, la reducción del plazo, de diez a dos años, que los trabajadores tenían para reclamar sus créditos laborales contra la empresa. ¿Acaso eso trajo un aumento en la tasa de empleo que, precisamente, se buscaba en esa Ley de Inversiones? Los hechos y los guarismos hablan por sí solos.

Asimismo, se ha manifestado, por parte de los señores Senadores de la oposición, la falta de una norma de prevención de conflictos. Debo comunicarles que dicha norma existe, que el actual Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -que ha actuado con absoluta ponderación y equilibrio como, justo es decirlo, lo han reconocido los señores Senadores de la oposición- dictó un decreto, con fecha octubre de este año, que en su artículo 1º establece, precisamente, que a los efectos de la prevención y solución de controversias de carácter colectivo, los empleadores y/o sus organizaciones y las organizaciones sindicales, deberán recurrir a los mecanismos de consulta previa y de negociación. Seguidamente, en los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º, se establece un proceso de negociación sumario tendiente, precisamente, a la prevención de conflictos que, también es bueno hacerlo saber, se encuentra absolutamente operativo. La Comisión Técnica Tripartita creada por este Decreto está funcionando en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la negociación de un conflicto ocasionado específicamente en una curtiembre.

De forma tal que existen las normas de prevención de conflictos. Se ha avanzado en ese terreno y estamos contestes de que debe avanzarse aún más. Por ese motivo, se está en la redacción de un proyecto de ley de negociación colectiva, que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene entre sus objetivos. Entonces, no se acuse a este Gobierno de conductas en las que no ha incurrido.

Se coincide por parte de los señores Senadores de la oposición con el reintegro de todos los trabajadores, postulándose un doble procedimiento. Es exactamente lo que establece el proyecto de ley; es una de las innovaciones que se introdujeron con respecto al que tiene media sanción de la Cámara de Representantes.

En homenaje a la brevedad, procederé a aclarar algunas dudas sobre el último inciso del artículo 1º del texto sustitutivo que traemos a consideración del Cuerpo, puestas de manifiesto por el señor Senador Gallinal.

Efectivamente, este último inciso, en cuanto establece que las garantías prescritas en la presente disposición alcanzan a los trabajadores que efectúen actuaciones tendientes a la constitución de organizaciones sindicales, resulta absolutamente claro si se lo lee en conjunto con el resto de la norma. En efecto, en el mismo artículo 1º, literal A), se establece que es absolutamente nula cualquier acción u omisión que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato. Esto parte de la base de sindicatos que ya se encuentran constituidos. Por su parte, en el literal B) del mismo artículo, se establece que es absolutamente nula cualquier acción u omisión que tenga por objeto despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, dando por supuesto de que se trata de sindicatos también ya constituidos.

En consecuencia, en el contexto totalmente claro de dicho artículo 1º, su último inciso hace referencia a los actos de discriminación con respecto a trabajadores que efectúen actuaciones tendientes a la constitución de organizaciones sindicales, esto es, que refieren a una hipótesis diversa. Mientras los literales A) y B) refieren a sindicatos ya constituidos, el último inciso lo hace respecto de organizaciones sindicales en vías de constitución.

De todas maneras, adelanto mi opinión favorable a que en dicho inciso, y a los efectos de dejar absolutamente clara esta interpretación -que, desde mi punto de vista, resulta cristalina a partir del texto-, se incluya, antes del verbo "alcanzan", la palabra "también".

El literal B) del artículo 3º refiere a la legitimación activa, de la que se ha hecho caudal a los efectos de criticar negativamente este proyecto de ley. En este caso, se trata de establecer una discriminación positiva a favor de los trabajadores que pretendan el amparo de esta ley, lo cual no significa en manera alguna que el resto de los trabajadores, inclusive compareciendo sin hacerlo en conjunto con su organización sindical, no puedan recurrir al amparo frente a actos que entiendan de discriminación sindical por el procedimiento común, esto es, el preceptuado por el Código General del Proceso. ¿Qué sucedería en ese caso? El trabajador se presentaría en forma aislada, individual, no con su sindicato, y entablaría un juicio ordinario en el cual reclamaría por actos de discriminación antisindical. ¿Qué tendría esto como ventaja? Que una vez aprobado este proyecto de ley, resultará claramente establecido por nuestra legislación interna que dichos actos discriminatorios por motivos sindicales resultan total y absolutamente nulos. Por lo tanto, nada impide que cualquier trabajador, al amparo del proceso común -reitero, preceptuado por el Código General del Proceso-, se presente en forma individual para reclamar contra dichos actos discriminatorios.

¿Por qué, entonces, la legitimación activa que hemos establecido en forma conjunta? En primer lugar -ya se ha dicho acá y no lo voy a reiterar-, para garantizar la seriedad de los reclamos. Al mismo tiempo, hay un efecto, quizás secundario, en el que debería repararse. Muchas veces hemos escuchado a empresarios individuales o cámaras empresariales que refieren a los casos en que las denuncias efectuadas por trabajadores, por cualquier circunstancia, resultan posteriormente no amparadas por la justicia de trabajo. En consecuencia, el empleador reclama en cuanto a no tener contra quién ir, a partir de los daños y perjuicios que le ha ocasionado dicho reclamo.

Pues bien, en el caso de que la organización sindical comparezca conjuntamente -como aquí está preceptuado- para amparar el reclamo de un trabajador individual y que la reclamación no sea amparada, los empresarios tendrán la posibilidad de reclamar contra el trabajador y contra la organización sindical que lo ha acompañado en su reclamo, los consiguientes daños y perjuicios por la acción incoada, en ese caso, en forma improcedente. Inclusive, pueden reclamar por los costos y costas que el proceso les pudiere haber generado.

Por lo tanto, consideramos absolutamente positiva esta disposición.

SEÑOR ALFIE.-¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BRECCIA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Me parece, señor Senador Breccia, que está equivocado en lo que dice, porque basta leer el literal G) del propio artículo 3º. Justamente, allí dice que la parte demandante -es decir, el trabajador o el mismo en conjunto con la organización sindical- estará exonerada del pago de tributos y costas. Sólo se los condena al pago de las costas en el caso que usted dice, señor Senador, es decir, si existe mala fe, premeditación y demás.

Por lo tanto, señor Senador, no es como usted dice.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Breccia.

SEÑOR BRECCIA.- No desearía ocupar el tiempo de esta Sala en polémicas, pero realmente no entiendo la observación que realiza el señor Senador Alfie; lo digo con absoluta honestidad intelectual.

Si el trabajador amparado por su organización sindical realiza una reclamación que la sede competente estima improcedente e, inclusive, establece la condena en costos y costas, en el caso de que éste concurra individualmente, sabemos que en los hechos dicha responsabilidad no puede ser hecha efectiva por cuanto el trabajador, en general, no tiene un patrimonio como para que la empresa le reclame por ese concepto. Lo mismo sucede respecto de los daños y perjuicios que se puedan haber ocasionado. Sin perjuicio de ello, en este caso la organización sindical debería responder.

SEÑOR ALFIE.-¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BRECCIA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Es correcto lo que usted dice, señor Senador. Lo que sucede es que la propia ley elimina la posibilidad, en cualquier caso, de las costas. Lo dice el literal G) del artículo 3º).

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Breccia.

SEÑOR BRECCIA.- A los efectos aclaratorios, para que conste en la versión taquigráfica y que mañana se establezca como una interpretación a partir de la discusión legislativa, quiero señalar que lo que aquí se establece es la disposición común que se encuentra en todos los procesos laborales: la parte demandante está exonerada del pago de tributos y costas. Eso no quiere decir que, posteriormente, no se le liquiden, en caso de ser condenada, costos y costas, inclusive daños y perjuicios.

En cuanto a la inversión de la carga probatoria, tal como lo ha manifestado aquí el señor Senador Moreira, dicha inversión, si se quiere, no es a la luz de la jurisprudencia, ni siquiera de la Suprema Corte de Justicia y de la doctrina más caracterizada, una novedad específica por cuanto existe en el proceso laboral la teoría de las cargas dinámicas probatorias, esto es, que todas las partes en el proceso deben contribuir a dilucidar la verdad material de lo que allí se ventila.

Por lo tanto, una empresa o empleador al que el trabajador hoy, sin la sanción de este proyecto de ley, realice una reclamación por un presunto acto de discriminación antisindical, no puede ampararse diciendo: "Lo he echado porque no me gusta su cara", sino que obviamente el Juez le va a reclamar a la misma empresa o empleador que colabore con la dilucidación de la verdad material de ese reclamo. Por lo tanto, la empresa va a tener necesariamente que contribuir con la carga probatoria que le corresponde.

Considerando que se han aclarado algunas de las dudas planteadas, debemos decir que nosotros estamos de acuerdo con este proyecto de ley porque protege la libertad sindical como derecho humano por el único medio posible de proteger esa actividad sindical, que es la reinstalación. Esto lo dijimos cuando ingresó y se discutió este proyecto de ley en la Cámara de Senadores; seguramente, los colegas Senadores habrán de recordar que pintamos con un spray imaginario las paredes de la Sala Ramírez y dijimos que el eje, el núcleo de esta iniciativa y la madre de todas las batallas iba a estar dado en torno a la reinstalación. Sin reinstalación o reincorporación del trabajador despedido en violación de su libertad sindical, no existe verdadera protección de la libertad sindical. Estamos a favor de este proyecto de ley porque no admite la discriminación entre afiliados y dirigentes, precisamente para evitar la consolidación de castas dirigentes.

Por último, nos preguntamos lo siguiente. Todos quienes aquí han hablado, obviamente desde el Gobierno, pero también desde la oposición, están a favor de la libertad sindical. Algunos señores Senadores han intentado, permanentemente, señalar en otros casos las aparentes contradicciones del Partido de Gobierno. Frente a esto, preguntamos: ¿por qué no se aprobó el proyecto de 1986 presentado por el hoy Senador del Gobierno, Senador Vaillant? ¿Gobernaba entonces el Frente Amplio, o lo hacía el Partido Colorado? ¿Por qué se eliminaron los Consejos de Salarios en 1992 procediéndose a la flexibilización del mercado laboral que todos deben reconocer fue de consecuencias nefastas? ¿Gobernaba el Frente Amplio, o lo hacía el Partido Nacional?

SEÑOR PENADES.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BRECCIA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Me gustaría que el señor Senador Breccia nos pudiera explicitar mucho más sobre cuáles son las consecuencias nefastas de las políticas llevadas a cabo durante la Administración del Partido Nacional, cuando está comprobado por la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, y reconocido por organismos internacionales, que ese fue el período con la más baja tasa de desempleo en toda la década y también en lo que va de ésta. Asimismo, en ese momento hubo una recuperación salarial del sector público y privado.

Además, esto no se condice con el reconocimiento que hace unos días el señor Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, hiciera en relación al ex-Presidente de la República, doctor Luis Alberto Lacalle, cuando en un acto público le dijo que había sido un gran Presidente de nuestro país.

Por todo esto, me gustaría que el señor Senador Breccia se explayara un poco más en el concepto de "catastrófico" cuando, por ejemplo, el índice de reducción de la pobreza en el país, controlado por la CEPAL y por Naciones Unidas, demuestran que se redujo a la mitad. Pregunto cómo eso puede estar englobado dentro del concepto de "catastrófico" del que en su interesante intervención nos estaba dando cuenta en el Senado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Breccia.

SEÑOR BRECCIA.- Le agradezco al señor Senador Penadés los conceptos acerca de lo interesante de mi exposición.

Con respecto a las consecuencias nefastas, de la misma manera que aquí se ha atribuido ligeramente a este proyecto de ley la posibilidad de que genere una disparada de las inversiones, que los inversores huyan despavoridos de nuestras plazas en las que han desembarcado en masa en los últimos años -parece que hemos tenido que contenerlos porque se ha producido una superpoblación de ellos en el país-, de la misma manera que ustedes han hecho eso con este proyecto de ley, yo le digo señor Senador Penadés -pi-do excusas por referirme a usted, pero el tema es que fue usted quien me solicitó una interrupción para hacer una aclaración- que presencié las listas negras, nadie me las contó. Yo presencié las filas de 250 ó 300 trabajadores desocupados, en las que los empresarios les decían "si tú no aceptas este ingreso, tengo 300 más que están detrás de ti"; yo presencié los despidos masivos, nadie me los contó; yo presencié la persecución sindical, nadie me lo contó, y los trabajadores no tenían siquiera la protección, la posibilidad de recurrir a los Consejos de Salarios que durante el año l985 se instalaron en este país, por lo menos para tener el derecho -valga la expresión vulgar- "al pataleo". A eso me refería cuando hablaba de las consecuencias nefastas.

Los índices macroeconómicos son por demás interesantes y seguramente creíbles, pero yo voy a lo micro: yo vi las colas de trabajadores, vi trabajadores despedidos y perseguidos sindicalmente.

¿Por qué se aprobó el artículo 29 de la Ley Nº 16.906 y se redujo el tiempo de reclamo de los trabajadores de 10 a 2 años? ¿Gobernaba el Frente Amplio o el Partido Colorado? Cuando se aplicó el régimen de capitalismo más salvaje, en el que, como acabo de señalar al señor Senador Penadés, se mostraba a los trabajadores las colas de desocupados para obligarlos a aceptar condiciones de trabajo indignas, ¿gobernaba el Frente Amplio?

Entonces, hagamos serio este debate, bajemos la voz y reforcemos los argumentos.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Pedí la palabra porque no se encontraba en Sala el señor Senador Gallinal, quien acaba de ingresar a este Recinto, por lo que voy a dejar, si la Presidencia lo permite, que aclare una intervención que el Miembro Informante realizó en su momento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Es una aclaración que creo corresponde que se realice, porque fui sorprendido en mi buena fe con una intervención del señor Senador Ríos que, como todas las verdades dichas a medias, terminan siendo mentira en este caso y en todos los otros en que las cosas se dicen por la mitad y por molestar.

Fui al Diario de Sesiones para averiguar a qué Gallinal se refería con relación a la ley de ocho horas. Ya sé de qué Gallinal se trata y si él quiere saberlo, que venga por aquí que se lo vamos a explicar. Se nota que del pasaje por el Partido Nacional ha perdido hasta la memoria, le quedó poco; pero, bueno, en todo caso es problema de él. Repito que si quiere, venga por aquí que se lo vamos a explicar.

Más allá de esto, que en definitiva es secundario, se lee un párrafo de las expresiones del Senador doctor Alejandro Gallinal en ocasión de la aprobación de la ley de las ocho horas de la sesión del 18 de octubre de l915, pero no se leen unas cuantas páginas del Diario de Sesiones en donde hay, a mi juicio, una brillante exposición en defensa de esa ley. Para que quede definitivamente claro cuál era la posición, el Senador Gallinal termina diciendo: "Así que dejo fundado, con lo poco que he dicho entre lo mucho que decir podría, mi voto que desdoblo, señor Presidente, si se me permite: afirmativo, por la determinada intervención del Estado en la limitación de la jornada obrera; negativo, por la uniformidad de esa misma jornada. Voto por la afirmativa. He terminado", y siguen otras consideraciones.

Es lo que quería señalar, señor Presidente, porque me parece de total justicia que quedaran claras estas apreciaciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 17 en 29. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- En primer lugar, solicito que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se procederá, señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- En segundo término, quiero decir que en el último inciso del artículo 1º el señor Senador Breccia propuso agregar, antes de la expresión "alcanzan a los trabajadores", la palabra "también", con lo cual quedaría "también alcanzan", etcétera.

SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER FÜLGRAFF.- Hemos leído con atención este artículo 1º y por ello queremos hacer la siguiente pregunta al Miembro Informante o a los Senadores que trabajaron en la Comisión. El literal B) establece: "Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo". Y continúa: "Las garantías prescritas en la presente disposición alcanzan a los trabajadores que efectúen actuaciones tendientes a la constitución de organizaciones sindicales, dentro o fuera de los lugares de trabajo". Digo "dentro, con consentimiento del empleador o fuera de los lugares de trabajo", ¿podría ser así?

SEÑOR KOZENIAK.- No, señor Senador.

SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- No es así porque dice "dentro o fuera"; eso queda, por tanto, a discreción del trabajador. Propondría, entonces, que se dijera; "dentro, con consentimiento del empleador o fuera de los lugares de trabajo", como una nueva redacción.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Me parece que lo que está claro aquí es que en el tema de las horas de trabajo, para que rija el derecho, tiene que ser con consentimiento del empleador. Es así; esa es la única explicación. Es más, no creo que haya otra.

El señor Senador Heber Füllgraff pregunta si "dentro o fuera de los lugares de trabajo" supone alcanzar también a los trabajadores que realicen actuaciones tendientes a la constitución de organizaciones sindicales. Lo que prevé eso es que aún dentro de los locales de trabajo quedan amparadas por este artículo las actuaciones destinadas a constituir organizaciones sindicales. No hay otra explicación, eso es así. Se podrá o no compartir esto, pero eso es lo que dice el texto.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Que yo sepa, la media hora de descanso, en el comedor del trabajo o en otra parte del local, es el momento en el que muchas veces los trabajadores comienzan a trasmitir su inquietud. Entonces, no sería lógico que si se juntan fuera del local para constituir, por ejemplo, junto a un abogado que los asesore, una organización sindical, la ley los amparara, pero no lo hiciera en las horas de descanso en su lugar de trabajo. Otra cosa distinta es cuando el sindicato ya está constituido y a veces con consentimiento del empleador, el dirigente va de sección en sección informando sobre las actividades gremiales. Me parece que esto está claro y que simplemente hay que agregar, insisto, la palabra "también", y nada más.

SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- Entiendo perfectamente lo que está escrito y lo que dice el señor Senador Michelini acerca de "dentro de las horas de descanso", es una apreciación hecha con mucha buena voluntad, pero está claro que esto se refiere a cuando no está constituido el sindicato y hay una actividad para constituirlo. Si es o no en horas descanso, nunca se podrá saber. Lo que digo es que como en el párrafo anterior -a mi criterio con acierto- se pone "dentro de las horas de trabajo, con consentimiento del empleador", si es dentro del lugar de trabajo, también se tendría que haber puesto "con consentimiento del empleador".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, en primer lugar, la supresión de la lectura de los artículos, solicitada por el señor Senador Michelini.

(Se vota:)

- 27 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º.

(Se vota:)

- 27 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 29. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Es para solicitar que, a continuación de "discriminado", se agregue "se". Es un error gramatical. Eso figura en la segunda línea del artículo 2º.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 19. Afirmativa.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: no hemos acompañado este artículo en virtud de que, si bien entendemos que no está mal la licencia sindical -está bien que exista-, no queda nada claro -y tenemos varios temores- quién va a pagarla. A nuestro modo de ver, debería pagarla el sindicato; después si se consigue alguna contribución empresarial, es aparte. El problema se puede dar con las pequeñas empresas y repito el argumento que manejé hoy: si una empresa de cuatro o cinco empleados tiene que pagar la licencia sindical de uno de ellos, se acabó la empresa.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 9º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 27 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 10º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 11º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará inmediatamente a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO 1º. (Nulidad de los actos discrimina-torios).- Declárase que, de conformidad con el artículo 57 de la Constitución de la República, con el artículo 1º del Convenio Internacional del Trabajo Nº 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949) aprobado por la Ley Nº 12.030, de 27 de noviembre de 1953, y con los literales a) y b) del artículo 9º de la Declaración sociolaboral del MERCOSUR, es absolutamente nula cualquier discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo.

En especial, es absolutamente nula cualquier acción u omisión que tenga por objeto:

A) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato.

B) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

Las garantías prescritas en la presente disposición, también alcanzan a los trabajadores que efectúen actuaciones tendientes a la constitución de organizaciones sindicales, dentro o fuera de los lugares de trabajo.

ARTICULO  2º. (Procedimiento).-

1) (Proceso general). La pretensión de reinstalación o de reposición del trabajador despedido o discriminado se tramitará por el proceso extraordinario (artículos 346 y 347 del Código General del Proceso). El tribunal dispondrá, si correspondiere, el cese inmediato de los actos discriminatorios cuando a juicio de dicho tribunal los hechos sean notorios.

2) (Proceso de tutela especial). La tutela especial procederá en caso de actos discriminatorios contra:

a) los miembros (titulares y suplentes) de los órganos de dirección de una organización sindical de cualquier nivel;

b) los delegados o representantes de los trabajadores en órganos bipartitos o tripartitos;

c) los representantes de los trabajadores en la negociación colectiva;

d) los trabajadores que hubieran realizado actividades conducentes a constituir un sindicato o la sección de un sindicato ya existente, hasta un año después de la constitución de la organización sindical;

e) los trabajadores a los que se conceda tutela especial mediante negociación colectiva.

En estos casos, se aplicará el procedimiento y los plazos establecidos para la acción de amparo (artículos 4° a 10 de la Ley N° 16.011, de 19 de diciembre de 1988), con independencia de la existencia de otros medios jurídicos de protección.

El trabajador deberá fundamentar por qué sostiene que fue despedido o perjudicado por razones sindicales.

Corresponderá al empleador, debidamente notificado del contenido de la pretensión de amparo, probar la existencia de una causa razonable, relacionada con la capacidad o conducta del trabajador, o basada en las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, u otra de entidad suficiente para justificar la decisión adoptada.

ARTICULO  3º. (Disposiciones comunes a ambos procedimientos):

a) En todo caso que la sentencia a recaer constate la violación a cualquiera de las garantías prescritas en el artículo 1° de la presente ley, se dispondrá la efectiva reinstalación o reposición del trabajador despedido o discriminado, generándose en consecuencia a favor de éste el derecho a percibir la totalidad de los jornales que le hubiere correspondido cobrar durante el período que insuma el proceso de reinstalación y hasta que ésta se efectivice.

b) En los procedimientos a que refiere el artículo 2° de la presente ley, la legitimación activa corresponderá al trabajador actuando conjuntamente con su organización sindical.

c) El proceso se ajustará a los principios de celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales.

d) Serán competentes los tribunales que, en su respectiva jurisdicción, entiendan en materia laboral.

e) El tribunal dispondrá de las facultades previstas en los numerales 3° y 5° del artículo 350 del Código General del Proceso.

f) Las sanciones o conminaciones pecuniarias previstas en el artículo 374 del Código General del Proceso, serán independientes del derecho a obtener el resarcimiento del daño y su producido beneficiará a la parte actora.

g) La parte demandante estará exonerada del pago de tributos y costas.

ARTICULO 4º. (Licencia sindical).- Se reconoce el derecho a gozar de tiempo libre remunerado para el ejercicio de la actividad sindical. El ejercicio de este derecho será reglamentado por el Consejo de Salarios respectivo o, en su caso, mediante convenio colectivo.

ARTICULO  5º. (Sanciones administrativas).- El producido de la multa que aplique la Inspección General del Trabajo, por la infracción a las disposiciones de la presente ley, deberá destinarse a la implementación de la ley y a programas a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, orientados a la erradicación del trabajo infantil, a la no discriminación en el empleo, a la formación profesional asociada a la generación de trabajo y al fortalecimiento de la Inspección General del Trabajo.

ARTICULO  6º. (Retención de la cuota sindical).- Los trabajadores afiliados a una organización sindical tendrán derecho a que se retenga su cuota sindical sobre los salarios que el empleador abone, debiendo manifestar su consentimiento por escrito en forma previa.

El monto a descontar será fijado por el sindicato y comunicado, fehacientemente, a la empresa o institución, la que verterá a la organización los montos resultantes en un plazo perentorio a partir del efectivo pago del mes en curso.

ARTICULO  7º. (Orden de retención).- Agrégase al artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, el siguiente inciso:

"La cuota sindical se ubicará, en el orden de prioridades, inmediatamente después de las retenciones solicitadas por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto".

ARTICULO  8º. (Facilidades para el ejercicio de la actividad sindical).- Los representantes de los trabajadores, que actúen en nombre de un sindicato, tendrán derecho a colocar avisos sindicales en los locales de la empresa en lugar o lugares fijados de acuerdo con la dirección de la misma y a los que los trabajadores tengan fácil acceso.

La dirección de la empresa permitirá a los representantes de los trabajadores que actúen en nombre de un sindicato, que distribuyan boletines, folletos, publicaciones y otros documentos del sindicato entre los trabajadores de la empresa. Los avisos y documentos a que se hace referencia deberán relacionarse con las actividades sindicales normales, y su colocación y distribución no deberán perjudicar el normal funcionamiento de la empresa ni el buen aspecto de los locales.

ARTICULO 9º. (Tripartismo).- Cométese al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la instrumentación de mecanismos tripartitos con fines de consulta, contralor y seguimiento de la aplicación de la presente ley.

ARTICULO 10. (Reglamentación).- Las disposiciones que anteceden no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación, sin perjuicio de lo cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dispondrá de un plazo de sesenta días a tales efectos.

ARTICULO  11. (Vigencia).- La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo."

26) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 22, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Antognazza, Breccia, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallinal, Heber Füllgraff, Korzeniak, Lapaz, Larrañaga, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Núñez, Penadés, Percovich, Ríos, Rubio, Saravia, Topolansky y Vaillant. )

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Sra. Claudia Palacio Prosecretaria

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.