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Nº 58 - TOMO 428 - 15 DE NOVIEMBRE DE 2005

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

57ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LA PROSECRETARIA ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4 y 11) Proyectos presentados

- El señor Senador Penadés presenta, con exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo la iniciativa para conceder una pensión graciable al señor Alberto Camilo Velázquez Aguilar.

- A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se interpreta el alcance de los artículos 1º a 4º de la Ley Nº 15.848.

- A la Comisión de Constitutión y Legislación.

5) Inasistencias

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Senado y de sus Comisiones.

6 y 10) Solicitudes de licencia

- Las formulan el señor Presidente del Cuerpo y el señor Senador Amaro.

- Concedidas.

7 y 9) Personal militar destituido

- Proyecto de ley por el que se modifican sus derechos jubilatorios.

8, 14 y 16) Ingreso de Servicios Municipales a predios particulares

- Proyecto de ley por el que se autoriza el ingreso de los servicios departamentales a predios particulares a fin de proceder al retiro de las malezas caídas en ocasión del temporal del 23 de agosto del año en curso.

- Por moción del señor Senador Couriel, el Senado resuelve proceder al repartido del mencionado proyecto, declarar su urgencia y su consideración una vez agotado el tema en debate.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

12) Elgar Alfredo Baeza. Pensión graciable

- Proyecto de ley por el que se le concede una pensión graciable.

- Por moción del señor Senador Saravia, el Senado resuelve remitir nuevamente este proyecto a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

13 y 15) Ascensos al Grado de General del Ejército Nacional

- Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 135 del Decreto-Ley Nº 15.688, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 15.848.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 14 de noviembre de 2005.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria a solicitud de varios señores Senadores, el próximo martes 15 de noviembre, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) por el que se establecen normas a efectos de modificar los derechos jubilatorios del Personal Militar destituido, en situación de reforma o similares, por razones políticas o ideológicas, y procurar la reparación y reconstrucción escalafonaria.

Carp. Nº 284/05 - Rep. Nº 159/05

2º) por el que se sustituye el artículo 135 del Decreto-Ley Nº 15.688, de 30 de noviembre de 1984, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, relativo a los ascensos al grado de General del Ejército Nacional.

Carp. Nº 359/05 - Rep. Nº 160/05

3º) por el que se concede una pensión graciable al señor Elgar Alfredo Baeza.

Carp. Nº 91/05 - Rep. Nº 158/05

Claudia Palacio Prosecretaria - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abdala, Alfie, Amaro, Antía, Baráibar, Camy, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Fernández Huidobro, Gallinal, Heber, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, Lorier, Michelini, Penadés, Percovich, Ríos, Rubio, Saravia, Singlet, Tajam, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Abreu, Moreira, Nicolini y Sanguinetti.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 9 minutos)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se establece la compatibilidad con el goce de otra jubilación o retiro a la jubilación por edad avanzada de los afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- por el que se designa "Doctora Alba Roballo" la Sala Nº 15 del Edificio José Artigas, anexo al Palacio Legislativo.

- por el que se establece el Estatuto del Refugiado.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- por el que se aprueba el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor y Declaraciones Concertadas relativas al mismo, suscrito en la ciudad de Ginebra, el 8 de enero de 1997.

- por el que se aprueba el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, adoptado el 23 de mayo de 1997, en la VII Reunión de los Estados Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- por el que se designa "Enfermera Ana Packer de Davison" el Centro Auxiliar de Salud Pública de Minas de Corrales, 5ª Sección Judicial del departamento de Rivera, dependiente del Ministerio de Salud Pública.

- A LA COMISION DE SALUD PUBLICA.

- por el que se designa "Maestro Carlos Chassale" la Escuela Nº 276 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

- por el que se designa "Eduardo Víctor Boga" la Escuela Nº 120, Jardín de Infantes, de la ciudad de Cardona, departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

La Cámara de Representantes remite a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial, copia de la exposición escrita presentada por el señor Representante Nacional Jaime Mario Trobo, el 4 de noviembre de 2005, referida al Sistema de Garantía de Alquileres del Estado.

- A LA COMISION DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca remite respuesta al pedido de informes solicitado por el señor Senador Julio Lara, relacionado a la nómina de personas contratadas, evaluación sobre ejecución del PREDEG y política que desarrollará el mencionado Ministerio en relación a las semillas transgénicas.

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR JULIO LARA.

El Ministerio del Interior remite la información solicitada por los señores Senadores Leonardo Nicolini y Rafael Michelini relacionada con la situación en que se encontraba esa Secretaría de Estado, al 1º de marzo de 2005.

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA A LOS SEÑORES SENADORES.

La Suprema Corte de Justicia remite nota manifestando su interés en ser oída durante el tratamiento del proyecto por el que se crean normas para atender la problemática de la Usura.

La Junta Departamental de Soriano remite copia de la resolución referida al proyecto de ley presentado por el Representante Nacional Horacio Yáñez y el Grupo de Trabajo Pluri - Institucional de Seguridad Vial sobre la creación del Consejo Nacional de Seguridad Vial.

La Junta Departamental de Colonia remite copia de la resolución manifestando su acuerdo con la tipificación del delito de desaparición forzada como un delito permanente.

La Junta Departamental de Canelones remite copia de la resolución por la cual declara de Interés Cultural para el departamento de Canelones el evento "I Jornada Uruguaya de Taquigrafía Parlamentaria" a realizarse entre los días 28 y 30 de octubre del corriente año.

- TENGANSE PRESENTES.

La Junta Departamental de Durazno remite copia de la versión taquigráfica de las palabras expresadas por el Edil José Pedro Rodríguez haciendo referencia a las demandas presupuestales de la Corte Electoral.

- A LA COMISION DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA."

4) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Gustavo Penadés presenta, con exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo la iniciativa sobre un proyecto de ley otorgando una pensión graciable al señor Alberto Camilo Velázquez Aguilar."

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

(Texto del proyecto presentado:)

"EXPOSICION DE MOTIVOS

El señor Alberto Camilo Velázquez Aguiar es un ciudadano que ha dedicado su vida al deporte del ciclismo, tanto como atleta, técnico, mecánico o compañero.

Desde 1946, año en que se iniciara en las lides ciclísticas y guiado por un incondicional amor al deporte, un sostenido espíritu de superación y la más férrea voluntad, Alberto Camilo Velázquez destinó su mejor esfuerzo al entrenamiento y a la competición hasta su retiro de la actividad como atleta, en el año 1963. Así, en casi veinte años de carrera ganó, entre otras competencias, veintiocho Campeonatos Nacionales, ocho Campeonatos Federales y cuatro Campeonatos de la República. Por su parte, a nivel internacional obtuvo una destacadísima posición al obtener trece medallas de oro, ocho medallas de plata y tres medallas de bronce tanto en Campeonatos Americanos como Panamericanos, completando así una distinguida carrera a nivel nacional e internacional y dejando siempre en altísimo sitial al deporte nacional, siendo el deportista uruguayo que más medallas ha obtenido.

A lo largo de su carrera vistió y defendió con éxito la camiseta celeste, tanto en territorio nacional como en el extranjero, logrando victorias deportivas en Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, México, EE.UU, Alemania e Italia, por mencionar algunos ejemplos.

Posteriormente a su alejamiento de la práctica deportiva de competición, Alberto Camilo Velázquez siguió colaborando con el desarrollo del ciclismo nacional y con la formación de nuevos deportistas uruguayos, desempeñándose así en diversas instituciones como el "Club Ciclista Maroñas", la "Escuela de Ciclismo", el "Club Nacional de Fútbol" y la propia Federación Ciclista del Uruguay. Así, como Director Técnico del equipo uruguayo en el Campeonato Panamericano Juvenil en México 1977, logra con solo cuatro corredores la obtención de seis medallas, entre ellas, las logradas por Gerardo Bruzzone y Federico Moreira. En 1978, en el Panamericano Juvenil de Montevideo, se obtiene el primer puesto contrarreloj por equipos, el primer puesto en medio fondo y en ruta, y un tercer lugar por equipos en ruta, dirigiendo a Walter Sasen, Waldemar Varnera, Julio Castro, Federico Moreira, Alcides Etcheverry, Daniel de Brum y Sergio Sartore.

Finalmente, en 1982, actuando como técnico en un nuevo Campeonato Panamericano realizado en la capital, se obtiene el primer lugar en ruta (Nazario Pedreira) y el tercer lugar en la misma modalidad (José Maneiro). Además, fue ayudante técnico del señor Ildefonso Soler entre 1972 y 1988, dirigiendo en la misma época la Escuela Ciclista Uruguaya, dentro de la cual se formaron deportistas de la talla de Gerardo Bruzzone, Alcides Etcheverry, Fernando Britos, Sergio y Oscar Sartore, Federico Moreira, Sergio Tesitore, Gregorio Bare y Milton Wynants.

En la actualidad, luego de toda una vida obteniendo lauros para el deporte nacional, tanto en su carácter de atleta como de técnico, y desempeñándose para ello siempre y sin excepciones en forma honoraria, el señor Alberto Camilo Velázquez subsiste únicamente con una muy magra jubilación apenas apta para satisfacer los más básicos requerimientos.

Los mejores hombres que nuestro país ha tenido en el deporte amateur, y a los que les debe gran parte de su brillante historia deportiva, muchas veces resultan relegados por la sociedad por el mero transcurso del tiempo, y olvida ella asistirlos cuando luego de una vida de entrega desinteresada, se les hace imprescindible que se les retorne algo de lo mucho que han dado, como reconocimiento, aun parcial, de su trayectoria de triunfos.

En definitiva, al constituir el objetivo de este planteo materia privativa del Poder Ejecutivo, y de acuerdo a las disposiciones constitucionales vigentes, entendemos que es procedente remitir la presente minuta de comunicación, la cual consideramos se sustenta en razones de estricta justicia y constituye por ello un requerimiento razonable y atendible.

Montevideo, 8 de noviembre de 2005.

Gustavo C. Penadés. Senador."

5) INASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento, dese cuenta de las inasistencias a la anterior convocatoria, en el caso de que las mismas hubieran existido.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

En la sesión extraordinaria del Senado citada a la hora 15 del día 8 de noviembre, faltaron sin aviso los señores Senadores Eleuterio Fernández Huidobro y Gustavo Penadés, y en la sesión extraordinaria citada a la hora 16 del mismo día, no se registraron inasistencias.

En lo que respecta a las inasistencias de los señores Senadores a sus respectivas Comisiones, cabe informar que: a las sesiones de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del 9 de noviembre, faltó con aviso el señor Senador Larrañaga; a la sesión matutina del 10 del mismo mes, faltaron con aviso los señores Senadores Baráibar, Gallinal, Larrañaga y Penadés, y a la vespertina del mismo día, faltaron con aviso los señores Senadores Gallinal y Larrañaga; a la del 11 del mismo mes, faltaron con aviso los señores Senadores Heber y Gallinal; y a la del 14 del mismo mes, faltaron con aviso los señores Senadores Da Rosa y Penadés. A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del 10 de noviembre, faltaron con aviso los señores Senadores Saravia y Singlet.

6) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Presidente del Senado solicita licencia por los días 21 y 22 de noviembre."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 15 de noviembre de 2005.

Sr. Presidente del Senado

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente, comunico al Cuerpo que he recibido una invitación del Presidente del Congreso del Paraguay para concurrir a dicho país en visita oficial en mi condición de Presidente de la Asamblea General. La fecha de la misma fue acordada para los días 21 y 22 de noviembre. Por este motivo, solicito licencia por estos dos días al Senado.

Sin otro particular lo saluda.

Rodolfo Nin Novoa. Presidente."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 21 en 23. Afirmativa.

7) PERSONAL MILITAR DESTITUIDO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del asunto que figura en primer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se establecen normas a efectos de modificar los derechos jubilatorios del Personal Militar destituido, en situación de reforma o similares, por razones políticas o ideológicas, y procurar la reparación y reconstrucción escalafonaria. (Carp. Nº 284/05 - Rep. Nº 159/05)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 284/05

Rep. Nº 159/05

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 8 de agosto de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

Doctor Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo cumple en remitir el presente Proyecto de Ley, por el que se procura la modificación de los derechos jubilatorios del Personal Militar destituido, en situación de reforma o similares por razones políticas o ideológicas, reparación y reconstrucción escalafonaria.

En tal sentido, a través del presente proyecto se trata de reconstruir el haber jubilatorio de los servidores de las Fuerzas Armadas o sus causahabientes, que fueran perjudicados por oponerse al llamado régimen autoritario o el gobierno de facto, que fueran pasados a situación de reforma, dados de baja, que renunciaran o desertaran por presiones indebidas.

Asimismo aquellos que por motivo de oponerse al golpe de estado, por la defensa de las instituciones democráticas, por oponerse a la tortura o por no acatar órdenes que excedían la obediencia debida, se les haya postergado en su carrera militar o funcional.

Estos ciudadanos fueron expresamente excluidos en la Ley de Amnistía y Pacificación y restituirles su estado militar así como reconocer que su honor no ha sido afectado por sanciones y tratamientos degradantes sufridos en prisión es una deuda que tiene la sociedad con ellos.

Es entonces hacer justicia, y cumplir con el artículo 8º de la Constitución, ya que no devolverles lo que esta ley pretende darles sería discriminatorio.

Esta ley pretende resarcir a los militares, asimilados, equiparados y a los reservistas. Muchos de ellos, la mayoría personal subalterno y también oficiales.

Por los fundamentos expuestos, se solicita la atención de ese Cuerpo al Proyecto de Ley que se acompaña, cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General, atentamente.

Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la República; Azucena Berrutti, Danilo Astori, Eduardo Bonomi.

PROYECTO DE LEY

Modificación de los derechos jubilatorios del personal militar destituido, en situación de reforma o similares por razones políticas o ideológicas, reparación y reconstrucción escalafonaria.

Artículo 1º.- Establécese a los solos efectos jubilatorios y pensionarios y demás beneficios sociales, el derecho de todas las personas que prestaron servicios en cualquiera de las tres Fuerzas, Aérea, Armada y Ejército y que entre el 1º de enero de 1968 y el 28 de febrero de 1985, inclusive hubieran sido destituidas, desvinculadas, dadas de baja, o pasado a situación de reforma o similares, por motivos políticos o ideológicos, a acogerse a la modificación de los derechos jubilatorios que se establece en la presente ley.

Queda también establecido que el personal militar comprendido en esta ley determinó su conducta en cumplimiento de su juramento de fidelidad a las instituciones democráticas y ningún tratamiento degradante padecido pudo afectar su honor, su buen nombre y el respeto ganado ante la sociedad toda.

PROCEDIMIENTO

Artículo 2º.- Los beneficios establecidos en la presente ley solo surtirán efecto en cada caso particular, a partir de la resolución fundada del Poder Ejecutivo, que reciba la petición de cada interesado o sus causahabientes. Los mismos tendrán efecto, de futuro. Por ello y a los solos efectos de esta ley se establece la ficción de la reconstrucción de la carrera de cada interesado aplicándose de la siguiente manera y con los siguientes criterios:

a.- El Poder Ejecutivo estudiará cada una de las solicitudes que se presenten en el plazo que establece esta ley analizando si existe mérito suficiente para acceder a las mismas.

b.- Para ello se establecerá una comisión designada por el Poder Ejecutivo, la que funcionará y tendrá asiento en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional; la misma se compondrá de tres miembros asesores del Poder Ejecutivo y será presidida por el Ministro de Defensa Nacional. Con el legajo a la vista de cada interesado, o sus antecedentes, más la prueba que se aportare establecerá la pertinencia de cada solicitud. Serán admitidos todos los medios de prueba.-

c.- Quienes aspiren al beneficio que se establece en la presente ley dispondrán de 90 (noventa) días corridos, a partir de la entrada en vigencia de la misma, para presentarse por sí o por apoderado ante el Ministerio de Defensa Nacional en papel simple, manifestando su pretensión y estableciendo domicilio a los efectos de las notificaciones. En el caso de personas fallecidas sus causahabientes podrán ejercer la petición.

d.- En el caso de personas residentes en el exterior, harán llegar su petición, ante la representación más cercana del país estableciendo su domicilio a estos efectos en la República.

Sin perjuicio de ello, los interesados o sus causahabientes deberán acreditar a criterio del Poder Ejecutivo, los extremos requeridos en el artículo 1º de la presente ley.

e.- Podrán presentarse con asesoramiento letrado, en este caso la sola firma del escrito inicial otorgará la representación establecida en el artículo 82 del Decreto 500/991. La resolución que recaiga será notificada al interesado personalmente o en el domicilio constituido. En caso de denegatoria podrán los interesados interponer los recursos administrativos que por derecho correspondan.

Artículo 3º.- A los efectos de la presente ley se considerarán los tiempos mínimos de ascensos, se tomarán en cuenta los años reconocidos acorde a cada resolución del Poder Ejecutivo, emanadas como consecuencia del acuerdo de la Comisión de Defensa del Senado de la República y el Ministerio de Defensa Nacional del día 22 de abril de 1991. Se asegurará para el personal Superior y Subalterno el máximo de la jerarquía a la que se pueda acceder en función de lo antedicho.

Ante la duda se aplicará el criterio más beneficioso para el administrado.

Artículo 4º.- En ningún caso los beneficios de esta ley implican modificación de la carrera militar, ni derecho a la reincorporación al servicio. Sin perjuicio de ello, la persona beneficiada por la presente tendrá derecho al usufructo de los beneficios de la sanidad militar, en el grado y escalafón militar que corresponda, de acuerdo al decreto que dicte el Poder Ejecutivo, y el uso de costumbre del grado establecido y demás honores del mismo, así como ser considerado militar o asimilado en retiro, recuperando su estatus de militar en retiro, así como la eliminación de su legajo personal de las constancias indebidas, en todo aquello que corresponda.

Artículo 5º.- Al personal que se encontraba en situación de retiro en el momento de sufrir cualquier tipo de sanción de las referidas en el artículo 1º de la presente y dentro del período de tiempo allí mencionado se le reconoce como años de antigüedad el período comprendido entre la imposición de la sanción y el 24 de diciembre de 1997 y con efectos de futuro a partir de la entrada en vigencia de esta ley, para el cómputo de un nuevo haber jubilatorio.

Artículo 6º.- A los solos efectos de lo previsto por esta ley, se habilita al Poder Ejecutivo a reformular el cómputo de los años de servicio, sin que ello genere derecho al cobro de haberes anteriores. El tiempo transcurrido se computará fictamente, tal cual si se hubieran prestado servicios en forma continuada desde la fecha de acaecimiento de las circunstancias previstas en el artículo 1º de esta ley hasta la fecha presunta del pase a retiro o fallecimiento en su caso.

Para el cómputo del haber de retiro y del estado militar se considerará el grado que habría correspondido al peticionante, de haber permanecido vinculado en forma ininterrumpida a la fuerza respectiva.

El grado, categoría y denominación a considerar resultará de la aplicación de las normas vigentes.

Como resarcimiento por los daños y perjuicios, el haber de retiro se incrementará en el 25% (veinticinco por ciento) desde el Decreto del Poder Ejecutivo que acoja la petición, a modo de renta vitalicia y sin transmisión por el modo sucesión, a los herederos, ni en las pensiones que los sucesores reciban.

Los importes se detallarán en el recibo con mención expresa de esta ley en forma separada del beneficio que corresponda.

Los militares amparados por esta ley recibirán por única vez una indemnización cuyo monto ascenderá a 24 veces el haber de Retiro o pensión correspondiente al mes de julio de 2005, pagadera de acuerdo a lo que establezca la reglamentación correspondiente.

Artículo 7º.- En los casos de beneficiarios de esta ley que hubieran fallecido, sus causahabientes tendrán derecho a pensión, del grado que aquél hubiera podido alcanzar.

Artículo 8º.- En los casos en que los cargos de que fueron alejados los beneficiarios no tuvieran en la actualidad denominación coincidente, la comisión determinará su analogía, previos los asesoramientos que estime necesarios.

Artículo 9º.- Las pasividades concedidas o reformadas por esta ley, serán beneficiarias de los aumentos que se acuerden a partir de su promulgación, como así también de los adelantos a cuenta de los mismos.

A estos efectos, se considerará en forma ficta como fecha de cese o de configuración de la causal, el día de promulgación de esta ley o el que resulte de la aplicación del cómputo respectivo o fallecimiento en su caso.

Artículo 10.- El acogerse el interesado a la presente ley implica la renuncia a todo procedimiento en curso ante cualquier jurisdicción.

Artículo 11.- No se aplicará esta ley, en caso de que establezca desmejora de los haberes jubilatorios comparados con los que percibía el interesado al momento de efectuar la reforma del haber jubilatorio aplicándose el cómputo más beneficioso para el jubilado o pensionista, sin perjuicio de los demás beneficios establecidos en la misma, los que así serán aplicados.

En ningún caso percibirán los beneficiarios haberes inferiores a los que perciban a la fecha de la resolución del Poder Ejecutivo referida en el artículo 2º de esta ley.

La Caja Militar deberá aplicar la Resolución del Poder Ejecutivo reformando la cédula jubilatoria sin más trámite por mandato de esta ley. Sin perjuicio de ello, podrá formular las observaciones que considere pertinentes las que serán analizadas y resueltas por el Poder Ejecutivo en forma posterior.

Artículo 12.- En ningún caso esta ley beneficiará al personal que hubiese sido procesado por delitos comunes, por cuestiones ajenas al artículo 1º de la presente ley, por delitos económicos o referidos a derechos humanos, probados que sean ante la autoridad competente, sin perjuicio que los mismos hayan prescripto o se encuentren acogidos por la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. En el caso de posterior comprobación de estos extremos el beneficio caducará de pleno derecho cuando exista sentencia que haya pasado en autoridad de cosa juzgada.

Artículo 13.- Amplíase el plazo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 16.440, el que será desde el 1º de enero de 1968.

Artículo 14.- Las erogaciones resultantes de la presente Ley serán de cargo de Rentas Generales.

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley.

Azucena Berrutti, Danilo Astori, Eduardo Bonomi.

Comisión de Defensa Nacional

ACTA Nº 19

En Montevideo, el día once de noviembre del año dos mil cinco, a la hora dieciséis, se reúne la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, señores Senadores Eleuterio Fernández Huidobro, José Korzeniak, Gustavo Penadés, Jorge Saravia y Manuel Singlet.

Preside el señor Senador Eleuterio Fernández Huidobro, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Alfredo O. Brena, Secretario de la Comisión, asistido por la señora María José Morador. __
ORDEN DEL DIA:

CARPETA Nº 359/2005. ASCENSOS AL GRADO DE GENERAL DEL EJERCITO NACIONAL - Se modifica el artículo 135 del Decreto-Ley Nº 15.688 de 30 de noviembre de 1984, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 15.848, de 23 de diciembre de 1986- Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 501/2003.

CARPETA Nº 284/2005. PERSONAL MILITAR DESTI-TUIDO. Modificación de los derechos jubilatorios. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 340/2005.

RESOLUCIONES:

CARPETA Nº 359/2005. ASCENSOS AL GRADO DE GENERAL DEL EJERCITO NACIONAL. Se vota: 3 en 5. AFIRMATIVA. Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador José Korzeniak.

CARPETA Nº 284/2005. PERSONAL MILITAR DESTITUIDO. Se vota: 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad. Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador José Korzeniak.

A la hora dieciséis y veinte minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que firman los señores Presidente y Secretario de la Comisión.

Eleuterio Fernández Huidobro Presidente

Alfredo O. Brena Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Este proyecto de ley ha venido con Mensaje del Poder Ejecutivo el 8 de agosto de 2005, y ha sido considerado en la Comisión de Defensa Nacional con la comparecencia de la señora Ministra y el señor Subsecretario de Defensa. Previamente, esta iniciativa fue objeto de una elaborada conversación en la cual, al margen de la participación del Consejo de Ministros habitual, hubo intervención muy específica del Ministerio de Economía y Finanzas y, naturalmente, del Ministerio de Defensa Nacional.

En el seno de la Comisión del Senado se planteó, desde el primer momento, que se quería escuchar la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas. En tal sentido, dicha Cartera envió una nota señalando que está de acuerdo con este proyecto de ley, que los gastos que puede generar no son de una magnitud relevante, que ya los estudió y, por último, aclara que participó en su elaboración. Quiere decir, entonces, que esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas.

Por otra parte, señor Presidente, quiero decir que este proyecto no es una innovación relevante respecto al tratamiento de la situación de militares que hubieran sido sancionados por razones políticas o ideológicas. El artículo 1º establece la recomposición de la carrera de aquellos militares que hubieran sido destituidos, desvinculados, dados de baja, pasados a reforma o similares, por motivos políticos o ideológicos.

Este proceso de reivindicación o de reconocimiento estatal de los militares de carrera de las tres armas se produjo tanto bajo la Administración del Partido Nacional -comandada por el doctor Lacalle-, como durante las dos Presidencias del doctor Sanguinetti. La etapa que falta es la que contiene el proyecto que se presenta bajo esta Administración del gobierno de izquierda.

La primera etapa que, repito, se dio bajo la conducción del país del doctor Lacalle y actuando como Ministro de Defensa Nacional el doctor Mariano Brito, culminó con un acuerdo de la Comisión de Defensa Nacional del Senado que firmamos con el doctor Mariano Brito. En esa etapa se logró que, una vez estudiados los casos uno por uno, el Estado resolviera que los años que algunos de estos militares hubieran permanecido separados de sus funciones -ya sea estando presos, en situación de baja, de reforma, etcétera- se computaran como si hubieran estado en actividad. O sea que hubo un reconocimiento de la ilegalidad de la sanción aplicada por los motivos que habían sido dados. Esa fue la primera etapa que, como se comprenderá, fue muy trabajosa, porque estábamos más cerca del período de dictadura militar que había tenido el Uruguay. De todas formas, culminó con una decisión acordada entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Comisión de Defensa del Senado. Se puede decir que el carácter jurídico de eso es un acto no ortodoxo, porque no se trata de una ley, ni de un decreto, ni de una resolución del Poder Ejecutivo; simplemente fue un acuerdo entre la Comisión y el Ministerio.

Pero para aplicar las pautas aprobadas, en el año 1991 el Poder Ejecutivo debió emitir una resolución específica en cada caso, para declarar que cada persona estaba comprendida en ellas. Si bien se reconoció que esos años se consideraban como en actividad, no se cambió la naturaleza de los haberes que cobraba la persona, que en su mayoría eran de reforma. Aclaro que en el lenguaje de las normas militares, el haber de reforma es lo que cobra una persona que tiene la más grave de las sanciones, con prohibición de usar el uniforme, de acceder al Hospital Militar y de una serie de cosas.

Pediría que el rumoreo fuera un poco más bajo, a los efectos de poder hilar los pensamientos con algo más de tranquilidad. Concretamente, solicito al señor Coordinador y al señor Velarde que bajen la voz.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia no va a cejar en su esfuerzo casi apostólico de pedir a los miembros de este Cuerpo que hagan el esfuerzo de escucharse mutuamente.

Continúa en uso de la palabra el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Gracias, señor Presidente. Corro el riesgo de oírme a mí mismo, lo cual siempre me produce una gran tristeza.

Pasada la etapa en que las resoluciones del Poder Ejecutivo decían que los haberes de las personas que estaban reformadas -o sea, muy sancionadas- dejaban de ser tales para pasar a ser de retiro, hubo una serie de gestiones de interesados y de muchos parlamentarios -no olvidemos que desde el punto de vista de un militar, ser considerado en situación de reforma es algo que afecta su sensibilidad y su honor- para que esa situación se corrigiera.

Luego, en el último año de mandato del gobierno del doctor Sanguinetti, se produce una decisión muy importante por la que otro de los partidos de los grandes lemas del Uruguay dispone que esos militares ya no estén en situación de reforma, sino de retiro, lo cual, obviamente, para un militar es una compensación honorífica que tiene connotación en la sensibilidad personal y familiar. Esto se produjo en dos etapas. Primero, el Poder Ejecutivo del doctor Sanguinetti dictó un decreto y, si mal no recuerdo, quedaron sin enumerar ocho o nueve militares que ya habían fallecido; por ello, se cumplió una etapa más, en la que se logró que los familiares de aquellos fallecidos reivindicaran su memoria, ya que actualmente se les menciona como militares en situación de retiro y no de reforma.

Paralelamente, señor Presidente, había otro grupo de militares que no fueron objeto de sanciones de esta gravedad, que no habían sido procesados, no los pusieron presos, no los torturaron, ni los pasaron a reforma, sino que, por una disposición que muchos de los que estaban en estos temas recordarán, se decidió que aquellos que filosóficamente no adherían a la dictadura pasaran a retiro obligatorio, con lo cual, naturalmente, se les cortaba la carrera, ya que no podían ascender. Popularmente fueron llamados "los del Inciso G", porque se trataba del inciso de un artículo de un decreto-ley elaborado por la dictadura, en el cual se decía que aquellos que no compartían la filosofía de la dictadura -naturalmente, no decía "dictadura", sino que hablaba de los mandos- tenían que pasar a retiro obligatoriamente, aunque no tuvieran edad personal ni el Grado para retirarse, que son dos causales por las que se pasa a retiro en la vida militar.

El entonces Senador Garat presentó un proyecto de ley para rehabilitar o recomponer la carrera de "los militares del Inciso G", como se les conocía en las carpetas que teníamos acá. Ese proyecto fue objeto de una larga discusión en la Comisión de Defensa Nacional, fue apoyado por nosotros y finalmente se aprobó, con lo cual se les recompuso la carrera a todas las personas a las que se habría obligado a retirarse por no compartir la filosofía del "Proceso", como lo llamaban quienes no querían decir dictadura. Esas personas habían sufrido una sanción muy injusta, aunque menos grave que las de aquéllos, que habían sido acompañadas de prisión y pase a reforma, lo que implicaba un pase a retiro obligatorio. En ambos casos, el retiro obligatorio disponía que los que estaban en retiro no ascendían más. Por consiguiente, la ley tuvo que repararlos.

Como dije, el proyecto de ley presentado por el señor Senador Garat se aprobó, aunque hubo una discusión acerca de su constitucionalidad y sobre otros aspectos, que luego fueron solucionados.

Diría que este proyecto de ley no hace más que completar un proceso de rehabilitación, que en el caso de los funcionarios públicos sancionados por la dictadura se dio en una sola ley, llamada "de pacificación". A través de esa norma, a quienes se había expulsado por razones políticas o ideológicas, se les reponía en su lugar, se les indemnizaba y, además, se recomponía su carrera. Este último aspecto es el único elemento que falta en el caso de los funcionarios militares, porque ya les fueron reconocidos los años que estuvieron "desvinculados" -llamémosle así-, como si hubieran estado trabajando, Se les reconoció que ya no estaban en reforma, sino en retiro. Como dije, ahora falta que se les recomponga la carrera, es decir, que se produzcan los ascensos que hubieran tenido si esas sanciones, ilegales e injustas, no se hubieran aplicado.

En este caso, pensamos -porque es el indicio que tuvimos en la Comisión de Defensa Nacional- que este proyecto va a contar con la aquiescencia de todos los partidos.

Como se recordará, cuando se dictaron las reglas para los funcionarios públicos en general, al salir de la dictadura, se estableció un artículo expreso que excluía a los militares y decía que iban a tener una ley especial, que recién ahora viene a complementarse, aunque ya hubo etapas de reconocimiento por parte de los Gobiernos anteriores.

A los militares pasados a retiro obligatorio, ya se les recompuso la carrera. Es claro que, si se admite la recomposición de carrera de los que tuvieron una sanción como el pase a retiro obligatorio, con mayor razón o "a fortiori" -como les gusta decir a los abogados- debe recomponerse la carrera de aquellos cuya sanción fue más grave, como puede ser el caso de los que pasaron a situación de reforma, de los que se les dio la baja, de aquellos a quienes se sancionó con prisión o con procesamiento y, en muchos casos, con tortura.

Este proyecto de ley no incorpora una frase que aparecía en el caso de los funcionarios públicos en general y que decía: "sancionados por razones políticas, ideológicas o por mera arbitrariedad". Esta frase no está en este proyecto de ley, en primer lugar, porque el Ministerio de Defensa Nacional no estaba de acuerdo con que figurara. En segundo término, los propios interesados se preocuparon de hacer saber su opinión con respecto a lo que ellos entendían que era el agravio: las razones políticas e ideológicas. En tercer lugar, agrego una razón jurídica. Cuando la arbitrariedad fue una ilegalidad ajena a estos temas políticos e ideológicos, cualquier persona puede recurrir, como lo hizo un General que, estando en actividad, le ganó un juicio al Estado -creo que era de Maldonado y de apellido Presa-, ante la Suprema Corte de Justicia, porque había sido sancionado ilegalmente. La mera arbitrariedad quiere decir que se actúa al margen del Derecho, siempre que se trate de un acto que debió ser reglado.

Entonces, señor Presidente, aunque ha habido algunos planteos en este sentido, hemos escuchado a funcionarios militares sancionados que alegan que fue arbitraria la sanción. Precisamente, esos casos son de resolución judicial, no por ley. Algunos de ellos -lo recuerdo perfectamente porque la Comisión recibió a todas las delegaciones que lo solicitaron- dijeron que la arbitrariedad consistió en una persecución ideológica o política. Ese caso, si la persona lo prueba, estaría dentro de la ley. Si la arbitrariedad consiste en que hay una persecución ideológica o política, sin duda, queda dentro de la ley.

Para abreviar el informe, quiero decir que este proyecto declara, en su artículo 1º, que en esos casos se recompone la carrera -porque supone que en otras circunstancias la persona no hubiera tenido esa sanción ilegítima, ilegal e injusta-, y se le asciende al Grado que le hubiera corres-pondido si no hubiera sido sancionado, tal como se hizo con los funcionarios públicos, que fueron repuestos en sus cargos.

Por otro lado, existe una idea bastante clara acerca de quiénes y cuántos son, porque en la etapa cumplida bajo la Administración del Partido Nacional, así como en el período transcurrido durante la administración del doctor Sanguinetti, se depuró, caso a caso, con informes jurídicos del Ministerio de Defensa Nacional, quiénes habían sido sancionados. De manera que, en líneas generales, ya hay una idea de cuántos pueden ser. Precisamente, eso permitió decir al Ministerio de Economía y Finanzas, luego de algunos estudios, que no había ningún problema económico. Además, no se solicitó ninguna reivindicación para que se les indemnice desde el día en que fueron ilegalmente sancionados, ni la ley confiere ese derecho. Por vía indemnizatoria sólo se establece una suma vinculada a lo que hubieran percibido como jubilación correcta, en el mes de julio de este año, que es cuando llegó este proyecto de ley al Parlamento. Por lo tanto, repito, aquí no hay un problema económico, sino de recomposición de la carrera o de Grado.

Parecería que esto es, casi, de una lógica incontrastable, porque es lo único que faltaba en un larguísimo proceso. Se trata de un grupo de funcionarios que desde la época de la dictadura militar, con una enorme tranquilidad, sin actitudes sonoras desde el punto de vista mediático, han ido reclamando sus derechos, aceptando lentamente los acontecimientos. Esto ha pasado en otros países, como en España, donde la primera reivindicación de un militar se produjo recién a los 14 años de la caída de Franco. Aquí llevamos ya unos cuantos años, en lo que es un proceso parecido al que recién mencioné.

Entonces -me permito agregar esto porque lo he vivido desde la primera etapa de reivindicación, de Mariano Brito, desde el Ministerio de Defensa Nacional-, son militares que, con prisión, con un sacrificio muy grande de sus vidas y de sus carreras, corriendo riesgos a nivel personal -algunos de ellos sufrieron graves torturas de sus propios camaradas de armas-, contribuyeron mucho, como todos los uruguayos -de todos los partidos-, a que se restableciera la democracia en este país. Por eso, me parece tremendamente justo que, así como a través de una ley se reconoció, a quienes habían pasado a retiro obligatorio, el grado que les habría tocado si no hubiera existido esa arbitrariedad política o ideológica, ahora se haga lo propio con estos militares, es decir, que a quienes sufrieron muy duramente, se les reconozca la recomposición de su carrera militar.

Es muy importante aclarar que ninguno de estos militares va a volver a la actividad; la mayoría de ellos, porque no está en condiciones de hacerlo por razones de edad; y otros, porque ya están fallecidos. Finalmente, ninguno de ellos quiere que alguien pueda pensar -ni remotamente- que tienen algún propósito revanchista. Por lo tanto, reitero que ninguno volverá a la actividad, tal como lo establece el proyecto de ley. Simplemente, se trata de una reparación de su honor, de su memoria y de su recuerdo -en el caso de los que están fallecidos-, así como también de un reconocimiento del Estado a lo valioso que fue el sacrificio que hicieron.

Señor Presidente: haremos llegar a la Mesa un artículo sustitutivo del artículo 5º referido a las personas que estaban retiradas en el momento que recibieron su sanción. Para decirlo muy claramente, se trata de tres o cuatro casos de personas, que ya eran Oficiales Retirados cuando se produjo el golpe de Estado -por mi parte, recuerdo algunos nombres-, que pudieron haberse quedado en sus casas, como retirados, y manifestado su opinión, aunque con los cuidados que debe tener un militar porque aun los retirados están sometidos a disciplina. Sin embargo, se incorporaron al combate cívico contra la dictadura y fueron objeto de tremendas sanciones, a pesar de estar retirados. Pasaron a reforma, se les dio la baja y estuvieron en prisión. Personalmente, recuerdo a algunos militares retirados que sufrieron prisión durante más de ocho años, por oponerse a la dictadura. Entonces, la redacción del artículo 5º de este proyecto de ley, tal como viene del Poder Ejecutivo, resulta un poco alambicada.

Los Ministerios de Defensa Nacional y de Economía y Finanzas, y todas las personas que han intervenido en este tema comparten la opinión de que, así como en el caso de aquellos que fueron pasados a retiro obligatorio no se distinguió si estaban en retiro o no y se les recompuso la carrera, con mayor razón, a los militares que estaban retirados en el momento en que fueron puestos presos o sancionados, se les debe recomponer también la carrera. Reitero que se trata de tres o cuatro personas, señor Presidente.

Entonces, para facilitar la comprensión de este punto, me he permitido redactar un artículo, muy sencillo, que sustituye el artículo 5º del proyecto que viene del Poder Ejecutivo. Concretamente, el texto expresa que el personal que se encontraba en situación de retiro en el momento de sufrir cualquier tipo de sanción por los motivos previstos en el artículo 1º -es decir, por razones políticas e ideológicas- y dentro del lapso allí mencionado, quedará amparado por las normas de la presente ley. Esto es, para que no se pueda argüir que, como estaban retirados, no podían haber ascendido; este fue uno de los puntos que se resolvió en el mismo sentido que esta norma con los militares que fueron reparados a través del proyecto Garat, como fue conocido en el Senado. Reitero, pues, que haré llegar a la Mesa el texto de este artículo sustitutivo cuando finalice mi exposición.

Quiero expresar un deseo que -me consta- es compartido por todos los que han impulsado esta iniciativa, es decir, los interesados y los familiares de muchos de los militares fallecidos: que este proyecto de ley reciba el consenso más amplio de este Cuerpo, que no sea un proyecto atribuible a un solo partido. Aquí la izquierda empieza por admitir que esta es la tercera y última de las etapas de un reconocimiento al valor de esta gente -y al valor de la democracia- que fue hecho también por el Partido Nacional y por el Partido Colorado. En el caso de los funcionarios públicos en general, el proceso se hizo en una sola ley y ahora, por la naturaleza especial de este tipo de función, ha llevado más tiempo.

Señor Presidente: finalmente, agrego que la ley, además de crear los criterios a través de los cuales se decide recomponer la carrera a aquellos que tuvieron esas sanciones por motivos políticos e ideológicos, y de fijar las reglas especializadas para los ascensos militares, prevé la creación de una Comisión especial, honoraria, compuesta por tres miembros más la presidencia de la titular del Ministerio de Defensa Nacional. Esta Comisión analizará caso por caso, es decir, cada persona se deberá presentar en el plazo de 90 días establecido por la ley, a los efectos de verificar de una manera racionalmente convincente -de acuerdo con las reglas de la sana crítica, según las cuales actúan los Jueces- que se trata de una persona que fue sancionada por motivos políticos o ideológicos. Se anuncia que esa Comisión será plural; es más, el primer miembro que estaba nominado para integrarla pertenece al Partido Nacional. Se trata de alguien que me consta que conoce el tema, por mil razones; entre otras, por haber ejercido la defensa de varios militares sancionados injustamente. Entonces, a las otras fuerzas políticas se les pedirá también que nominen a una persona para que, efectivamente, esa Comisión pueda ser plural. De esta manera, se trata de asegurar que las cosas se hagan bien, con rigor, con firmeza y con justicia. Pero, a su vez, se trata de evitar que ocurran algunos fenómenos que sucedieron, por ejemplo, en oportunidad de considerarse la ley general de empleados públicos, pues se dice que sociológicamente existe cierta convicción en cuanto a que algunas puertas fueron abiertas para personas que no habían sufrido ninguna persecución, aunque allí estaba también la causal de la mera arbitrariedad. De todas maneras, hay algunos casos que han sido criticados por esa razón.

Es cuanto tenía para informar. La Comisión de Defensa Nacional, en su última sesión, sin votos discordes, estuvo de acuerdo en que el Plenario aprobara este proyecto de ley, sin perjuicio de lo que aquí se manifieste.

8) INGRESO DE SERVICIOS MUNICIPALES A PREDIOS PARTICULARES

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: solicito que se distribuya el proyecto de ley correspondiente a la Carpeta Nº 376, que viene de la Cámara de Representantes, por el cual se autoriza a los Gobiernos Departamentales a ingresar en predios de propiedad de particulares para la remoción de troncos y de malezas que se hubieren acumulado como consecuencia de la tormenta del día 23 de agosto de 2005. Como esta iniciativa tiene un plazo, quisiéramos que se repartiera para que fuera tratado como grave y urgente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Repártase dicho proyecto de ley, para poder votar luego su tratamiento como grave y urgente.

La Mesa anuncia que hoy nos acompañan en la Barra -lo que mucho agradecemos- alumnos y docentes del Colegio Armenio Nubarian.

9) PERSONAL MILITAR DESTITUIDO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del proyecto de ley sobre Personal Militar Destituido.

SEÑOR PENAD ES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: voy a ser muy breve porque este proyecto de ley, que la Comisión de Defensa Nacional remite a la consideración del Senado, viene con el voto unánime de todos sus integrantes. Así, los señores Senadores del Partido Nacional que integramos dicha Comisión -el señor Senador Singlet y quien habla- votaremos también afirmativamente esta iniciativa.

Como bien relataba el Miembro Informante, señor Senador Korzeniak, a través de ella se logra completar una serie de reconocimientos que el Estado ha ido brindando a militares que fueron sustituidos o pasados a situación de reforma o similares, por razones políticas o ideológicas. Entonces, de esta forma se logra la reparación y la reconstrucción escalafonaria de dichos ciudadanos.

Votamos afirmativamente dicho proyecto, señor Presidente, con la certeza de que trae justicia y logra finalizar -como bien lo decía el señor Senador Korzeniak- la marcha que se emprendiera durante el Gobierno del Partido Nacional y continuara en las sucesivas Administraciones, y por considerar, repito, que es un elemento de justicia. Sin perjuicio de ello, también queremos dejar constancia a título personal de que, por supuesto, la inmensa mayoría de los casos que han sido relatados merecen nuestro mayor respeto y consideración. Nosotros valoramos especialmente a aquellos oficiales que en todos estos casos sufrieron las medidas que se relataban, pero también queremos destacar el profundo respeto que nos merecen los militares que el propio 27 de junio de l973, conocido el avasallamiento a las instituciones que en ese momento se producía, no dudaron ni un minuto y pasaron a retiro en ese mismo instante, manifestando así su contrariedad y oposición rotunda. Entre ellos, quiero homenajear a uno que hoy es General, y que en aquel momento era Coronel y Jefe de la Brigada de Infantería de Ejército Nº1, ubicada en Camino Maldonado. Me refiero al Coronel Venancio Caballero, único militar que ese mismo 27 de junio comunicó su pase a retiro inmediato cuando se le ordenó no rendir honores al entonces Ministro de Defensa Nacional, General Francese.

Es así, entonces, señor Presidente, que el Partido Nacional vota afirmativamente este proyecto de ley y espera que en el futuro el Gobierno pueda analizar y contemplar también los casos de quienes fueron destituidos por mera arbitrariedad, tal como lo estamos haciendo en la tarde de hoy con las actuales situaciones.

SEÑOR AMARO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMARO.- Señor Presidente: nuestro Partido va a votar en forma favorable este proyecto de ley por el que se procura la modificación de derechos jubilatorios de personal militar destituido, en situación de reforma o similares, por razones políticas o ideológicas, reparación o reconstrucción escalafonaria. Estamos convencidos de que así como votamos esta iniciativa, también votaríamos toda aquella que pueda reparar los daños que el gobierno de facto causó al país.

En consecuencia, señor Presidente, la Bancada del Partido Colorado da su voto favorable a este proyecto de ley por considerarlo de estricta justicia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley en general.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR KORZENIAK.- Mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos, menos la del artículo 5º.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 27 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 9º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 10.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 11.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 13.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 14.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 15.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 26 en 28. Afirmativa.

Léase el artículo 5º, sustitutivo, del proyecto de ley.

(Se lee:)

"Artículo 5º.- El personal que se encontraba en situación de retiro en el momento de sufrir cualquier tipo de sanción por los motivos previstos en el artículo 1º y dentro del lapso allí mencionado, quedará amparado por las normas de la presente ley."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO  1º.- Establécese a los solos efectos jubilatorios y pensionarios y demás beneficios sociales, el derecho de todas las personas que prestaron servicios en cualquiera de las tres Fuerzas, Aérea, Armada y Ejército y que entre el 1º de enero de 1968 y el 28 de febrero de 1985 inclusive hubieran sido destituidas, desvinculadas, dadas de baja, o pasado a situación de reforma o similares, por motivos políticos o ideológicos, o acogerse a la modificación de los derechos jubilatorios que se establece en la presente ley.

Queda también establecido que el personal militar comprendido en esta ley determinó su conducta en cumplimiento de su juramento de fidelidad a las instituciones democráticas y ningún tratamiento degradante padecido pudo afectar su honor, su buen nombre y el respeto ganado ante la sociedad toda.

PROCEDIMIENTO

ARTICULO 2º.- Los beneficios establecidos en la presente ley sólo surtirán efecto en cada caso particular, a partir de la resolución fundada del Poder Ejecutivo, que reciba la petición de cada interesado o sus causahabientes. Los mismos tendrán efecto, de futuro. Por ello y a los solos efectos de esta ley se establece la ficción de la reconstrucción de la carrera de cada interesado aplicándose de la siguiente manera y con los siguientes criterios:

a.- El Poder Ejecutivo estudiará cada una de las solicitudes que se presenten en el plazo que establece esta ley analizando si existe mérito suficiente para acceder a las mismas.

b.- Para ello se establecerá una comisión designada por el Poder Ejecutivo, la que funcionará y tendrá asiento en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional; la misma se compondrá de tres miembros asesores del Poder Ejecutivo y será presidida por el Ministro de Defensa Nacional. Con el legajo a la vista de cada interesado, o sus antecedentes, más la prueba que se aportare establecerá la pertinencia de cada solicitud. Serán admitidos todos los medios de prue-ba.

c.- Quienes aspiren al beneficio que se establece en la presente ley dispondrán de 90 (noventa) días corridos, a partir de la entrada en vigencia de la misma, para presentarse por sí o por apoderado ante el Ministerio de Defensa Nacional en papel simple, manifestando su pretensión y estableciendo domicilio a los efectos de las notificaciones. En el caso de personas fallecidas sus causahabientes podrán ejercer la petición.

d.- En el caso de personas residentes en el exterior, harán llegar su petición, ante la representación más cercana del país estableciendo su domicilio a estos efectos en la República.

Sin perjuicio de ello, los interesados o sus causahabientes deberán acreditar a criterio del Poder Ejecutivo, los extremos requeridos en el artículo 1º de la presente ley.

e.- Podrán presentarse con asesoramiento letrado, en este caso la sola firma del escrito inicial otorgará la representación establecida en el artículo 82 del Decreto 500/991. La resolución que recaiga será notificada al interesado personalmente o en el domicilio constituido. En caso de denegatoria podrán los interesados interponer los recursos administrativos que por derecho correspondan.

ARTICULO 3º.- A los efectos de la presente ley se considerarán los tiempos mínimos de ascensos, se tomarán en cuenta los años reconocidos acorde a cada resolución del Poder Ejecutivo, emanados como consecuencia del acuerdo de la Comisión de Defensa del Senado de la República y el Ministerio de Defensa Nacional del día 22 de abril de 1991. Se asegurará para el personal Superior y Subalterno el máximo de la jerarquía a la que se pueda acceder en función de lo antedicho.

Ante la duda se aplicará el criterio más beneficioso para el administrado.

ARTICULO 4º.- En ningún caso los beneficios de esta ley implican modificación de la carrera militar, ni derecho a la reincorporación al servicio. Sin perjuicio de ello, la persona beneficiada por la presente tendrá derecho al usufructo de los beneficios de la sanidad militar, en el grado y escalafón militar que corresponda, de acuerdo al Decreto que dicte el Poder Ejecutivo, y el uso de costumbre del grado establecido y demás honores del mismo, así como ser considerado militar o asimilado en retiro, recuperando su estatus de militar en retiro, así como la eliminación de su legajo personal de las constancias indebidas, en todo aquello que corresponda.

ARTICULO 5º.- El personal que se encontraba en situación de retiro en el momento de sufrir cualquier tipo de sanción por los motivos previstos en el artículo 1º y dentro del lapso allí mencionado, quedará amparado por las normas de la presente ley.

ARTICULO 6º.- A los solos efectos de lo previsto por esta ley, se habilita al Poder Ejecutivo a reformular el cómputo de los años de servicio, sin que ello genere derecho al cobro de haberes anteriores. El tiempo transcurrido se computará fictamente, tal cual si se hubieran prestado servicios en forma continuada desde la fecha de acaecimiento de las circunstancias previstas en el artículo 1º de esta ley hasta la fecha presunta del pase a retiro o fallecimiento en su caso.

Para el cómputo del haber de retiro y del estado militar se considerará el grado que habría correspondido al peticionante, de haber permanecido vinculado en forma ininterrumpida a la fuerza respectiva.

El grado, categoría y denominación a considerar resultará de la aplicación de las normas vigentes.

Como resarcimiento por los daños y perjuicios, el haber de retiro se incrementará en el 25% (veinticinco por ciento) desde el Decreto del Poder Ejecutivo que acoja la petición, a modo de renta vitalicia y sin transmisión por el modo sucesión a los herederos, ni en las pensiones que los sucesores reciban.

Los importes se detallarán en el recibo con mención expresa de esta ley en forma separada del beneficio que corresponda.

Los militares amparados por esta ley recibirán por única vez una indemnización cuyo monto ascenderá a 24 veces el haber de retiro o pensión correspondiente al mes de julio de 2005, pagadera de acuerdo a lo que establezca la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 7º.- En los casos de beneficiarios de esta ley que hubieran fallecido, sus causahabientes tendrán derecho a pensión, del grado que aquel hubiera podido alcanzar.

ARTICULO 8º.- En los casos en que los cargos de que fueron alejados los beneficiarios no tuvieran en la actualidad denominación coincidente, la comisión determinará su analogía, previos los asesoramientos que estime necesarios.

ARTICULO 9º.- Las pasividades concedidas o reformadas por esta ley, serán beneficiarias de los aumentos que se acuerden a partir de su promulgación, como así también de los adelantos a cuenta de los mismos.

A estos efectos, se considerará en forma ficta como fecha de cese o de configuración de la causal, el día de promulgación de esta ley o el que resulte de la aplicación del cómputo respectivo o fallecimiento en su caso.

ARTICULO 10.- El acogerse el interesado a la presente ley implica la renuncia a todo procedimiento en curso ante cualquier jurisdicción.

ARTICULO 11.- No se aplicará esta ley, en caso de que establezca desmejora de los haberes jubilatorios comparados con los que percibía el interesado al momento de efectuar la reforma del haber jubilatorio aplicándose el cómputo más beneficioso para el jubilado o pensionista, sin perjuicio de los demás beneficios establecidos en la misma, los que sí serán aplicados.

En ningún caso percibirán los beneficiarios haberes inferiores a los que perciban a la fecha de la Resolución del Poder Ejecutivo referida en el artículo 2º de esta ley.

La Caja Militar deberá aplicar la Resolución del Poder Ejecutivo reformando la cédula jubilatoria sin más trámite por mandato de esta ley. Sin perjuicio de ello, podrá formular las observaciones que considere pertinentes las que serán analizadas y resueltas por el Poder Ejecutivo en forma posterior.

ARTICULO 12.- En ningún caso esta ley beneficiará al personal que hubiese sido procesado por delitos comunes, por cuestiones ajenas al artículo 1º de la presente ley, por delitos económicos o referidos a derechos humanos, pro-bados que sean ante la autoridad competente, sin perjuicio que los mismos hayan prescripto o se encuentren acogidos por la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. En el caso de posterior comprobación de estos extremos el beneficio caducará de pleno derecho cuando exista sentencia que haya pasado en autoridad de cosa juzgada.

ARTICULO 13.- Amplíase el plazo establecido en el artículo 1º de la ley Nº 16.440, el que será desde el 1º de enero de 1968.

ARTICULO 14.- Las erogaciones resultantes de la presente ley serán de cargo de Rentas Generales.

ARTICULO 15.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley."

10) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Amaro solicita licencia por los días 21 y 22 del corriente".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 15 de noviembre de 2005.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores

Señor Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

Cúmpleme dirigirme a usted a los efectos de solicitar licencia, al amparo del artículo 1º de la Ley Nº 17.827, literal c), durante los días 21 y 22 de noviembre del corriente, por haber sido invitado por el Presidente del Cuerpo a integrar una delegación parlamentaria que viajará a Paraguay, convocándose a sus efectos al suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

Juan Justo Amaro. Senador"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 28 en 29. Afirmativa.

11) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente:)

"Las señoras Senadoras Lucía Topolansky, Mónica Xavier, Susana Dalmás y Margarita Percovich, y los señores Senadores Rodolfo Nin Novoa, Carlos Baráibar, Alberto Cid, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, Eduardo Ríos, José Korzeniak, Eduardo Lorier, Rafael Michelini, Héctor Tajam, Enrique Rubio, Jorge Saravia y Víctor Vaillant presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara por vía interpretativa el alcance de los artículos 1º al 4º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de l986."

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

(Texto del proyecto presentado)

"EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente Proyecto de Ley procura establecer la interpretación auténtica de diversos extremos contemplados por la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, que han suscitado dudas respecto de su verdadero alcance.

En primer lugar, el texto proyectado esclarece defini-tivamente que el informe a emitirse por el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de lo preceptuado por el Art. 3º de la Ley Nº 15.848, no constituye un acto de carácter discrecional, sino un acto administrativo estrictamente reglado por las pautas legales consignadas en la propia disposición que viene de mencionarse.

En tal sentido, el Art. 3º, del proyecto enuncia los presupuestos exigidos para que opere la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que ya aparecen requeridos en el texto originario del Art. 1º de la Ley Nº 15.848. Por consiguiente, para emitir su pronunciamiento, el Poder Ejecutivo debe verificar la concurrencia simultánea de todos los requisitos contemplados en la norma originaria: ha de tratarse de un ilícito cometido durante el período de facto, delimitado entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985, realizado por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados, por móviles políticos, en ocasión del cumplimiento de sus funciones y de acciones ordenadas por los mandos respectivos.

En el Art. 4º del proyecto se enuncian las hipótesis de exclusión, vinculadas a supuestos donde el delito cometido perseguía el logro de un provecho económico y, en segundo lugar, a la situación de los mandos que impartieron las órdenes cumplidas por los funcionarios subordinados. Asimismo, se excluyen los delitos extraterritoriales, donde prevalece la pretensión penal del Estado extranjero en cuya jurisdicción se haya materializado el ilícito, así como los delitos de privación de libertad y los delitos de sustracción o retención de menores que hubieran continuado consumándose con posterioridad al 1º de marzo de 1985, luego de la restauración democrática.

Finalmente, el Art. 5º del proyecto dispone que, en todos aquellos casos donde se hubiere decretado la clausura de una investigación en base a un informe del Poder Ejecutivo de carácter discrecional y que no haya contemplado la verificación de los extremos impuestos por la Ley Nº 15.848 -y reiterados en los Arts. 3º y 4º, de este proyecto de ley interpretativa-, corresponde proceder a la reapertura de la indagatoria presumarial, por cuanto en tales condiciones no se ha configurado la cosa juzgada, ni existe pronunciamiento judicial ejecutoriado.

Lucía Topolansky, Mónica Xavier, Susana Dalmás, Margarita Percovich, Rodolfo Nin Novoa, Carlos Baráibar, Alberto Cid, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, Eduardo Ríos, José Korzeniak, Eduardo Lorier, Rafael Michelini, Héctor Tajam, Enrique Rubio, Jorge Saravia, Víctor Vaillant. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárese por vía interpretativa que el alcance de los artículos 1º a 4º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, es el que se establece en las disposiciones siguientes.

Artículo 2º.- El informe que debe emitir el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 3º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, constituye un acto reglado que exige la previa verificación de todos los presupuestos subjetivos, objetivos y temporales reclamados en la referida ley para ampararla declaración de caducidad de la pretensión punitiva del Estado.

Artículo 3º.- Constituyen presupuestos de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado que el delito se haya cometido concurriendo, simultáneamente, las siguientes circunstancias:

1) durante el período de facto, lapso que abarca el tiempo transcurrido entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985;

2) por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados;

3) por móviles políticos;

4) en ocasión del cumplimiento de sus funciones;

5) en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto.

Artículo 4º.- Quedan excluidos de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, los siguientes delitos:

1) Los delitos que se hubieren cometido con el propósito de lograr, para su autor o para un tercero, un provecho económico;

2) Los delitos que hubieran cometido los civiles y los mandos militares o policiales que actuaron durante el período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985, cualquiera fuere su cargo.

3) Los delitos cometidos fuera del territorio nacional.

4) Los delitos de privación de libertad y los de sustracción o retención de menores que hubieran continuado consumándose con posterioridad al 1º de marzo de 1985.

Artículo 5º.- La clausura y el archivo de los antecedentes presumariales, que hubieren sido decretados sobre la base de un informe del Poder Ejecutivo que no haya contemplado los presupuestos exigidos en los artículos 2º, 3º y 4º de la presente ley, habilita la reapertura del presumario respectivo, según lo dispuesto por el artículo 112 del Código del Proceso Penal, por no haberse configurado cosa juzgada en los términos previstos por el artículo 215 del Código General del Proceso y el artículo 6º del Código del Proceso Penal.

Lucía Topolansky, Mónica Xavier, Susana Dalmás, Margarita Percovich, Rodolfo Nin Novoa, Carlos Baráibar, Alberto Cid, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, Eduardo Ríos, José Korzeniak, Eduardo Lorier, Rafael Michelini, Héctor Tajam, Enrique Rubio, Jorge Saravia, Víctor Vaillant. Senadores."

12) ELGAR ALFREDO BAEZA. PENSION GRACIABLE

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería proceder a repartir las bolillas de votación para la consideración del proyecto por el que se concede una pensión graciable al señor Elgar Alfredo Baeza.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARAVIA.- Formulo moción para que este tema de la pensión graciable vuelva a Comisión para que sea objeto de un mayor análisis y que, por consiguiente, no se repartan las bolillas de votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el pase a Comisión del tercer punto del Orden del Día, referido a la pensión graciable.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

13) ASCENSOS AL GRADO DE GENERAL DEL EJERCITO NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el punto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 135 del Decreto-Ley Nº 15.688, de 30 de noviembre de 1984, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, relativo a los ascensos al grado de General del Ejército Nacional. (Carp. Nº 359/05 - Rep. Nº 160/05)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 359/05

Rep. Nº 160/05

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Sustitúyese el artículo 135 del Decreto-Ley Nº 15.688, de 30 de noviembre de 1984, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, por el siguiente:

"ARTICULO 135.- Todas las vacantes en el grado de General serán provistas por el sistema de selección, a cuyos efectos el Poder Ejecutivo seleccionará los candidatos de entre los Coroneles que por estar en condiciones de ascenso figuren en la lista de méritos confeccionada por el Tribunal Superior de Ascensos y Recursos, integrado a esos efectos además, por el Comandante en Jefe que lo presidirá y tendrá voto decisivo en caso de empate. Los Coroneles propuestos que sean elegidos por el Poder Ejecutivo serán ascendidos al grado de General, previa venia de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso.

La lista de méritos referida en el inciso precedente, estará constituida por todos los Coroneles en condiciones de ascenso que hayan sido calificados de "muy apto" o "apto".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 4 de octubre de 2005.

Beatriz Argimón 1ª Vicepresidenta

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 20 de julio de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo G. Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el agrado de someter a consideración de ese Cuerpo, acorde a lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 168 de la Constitución de la República, el adjunto Proyecto de Ley por el cual se modifica el artículo 135 del Decreto-Ley Nº 15.688, de 30 de noviembre de 1984, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986.

El presente proyecto preserva criterios consagrados, sobre cuya pertinencia no parece del caso dudar, como son los requisitos fundamentales de mínimos de antigüedad en el grado y la evaluación de aptitud para ascender en términos de "apto" y "muy apto", que se encuentran incluidas en el ordenamiento vigente: a esos presupuestos responde el texto cuando alude, genéricamente en su artículo 1º a las "condiciones de aptitud para ascender", con cuya formulación se evita innovar al respecto, tal cual lo refrenda el inciso primero de la norma, in fine.

Concomitantemente, se procura equilibrar la distribución funcional de las responsabilidades decisorias en la asignación de los ascensos, combinando en una más adecuada proporción el papel que deben desempeñar en esa declaración de voluntad del Estado los distintos órganos involucrados en esta articulación de competencias. Así, se establece el carácter preceptivo del asesoramiento técnico y profesional del que, como insumo para la adopción de esas definiciones, emanarán los elementos de juicio imprescindibles, aunque, tratándose de una apoyatura de la que deberá nutrirse la formación de esa voluntad, aparece correlativamente privada de carácter vinculante.

Se establecen atribuciones y potestades ínsitas en el ejercicio del mando supremo de las Fuerzas Armadas, que recae en el Poder Ejecutivo, y que rigieron pacíficamente en el país a lo largo de la mayor parte de su historia institucional. Merced a ellas, se suprimen limitaciones, a la aplicación de aquellas facultades (como ser, reducir la capacidad de selección a una parte predeterminada de los candidatos seleccionados) y se vuelve a una configuración ampliamente respaldada por la normativa y la práctica histórica.

Por los fundamentos expuestos, se solicita la atención de ese Cuerpo al adjunto Proyecto de Ley, cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General, atentamente.

Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la República; Azucena Berrutti, José Díaz, Jorge Brovetto.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Sustitúyese el texto del artículo 135 del Decreto-Ley Nº 15.688 de 30 de noviembre de 1984 en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986 por el siguiente:

"ARTICULO 135.- Todas las vacantes en el grado de General serán provistas por el sistema de selección, a cuyos efectos el Poder Ejecutivo seleccionará los candidatos de entre los Coroneles que por estas en condiciones de ascenso figuren en la lista de méritos confeccionada por el Tribunal Superior de Ascensos y Recursos, integrado a esos efectos además, por el Comandante en Jefe que lo presidirá y tendrá voto decisivo en caso de empate. Los Coroneles propuestos que sean elegidos por el Poder Ejecutivo serán ascendidos al grado de General, previa venia de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente en su caso.

La lista de méritos referida en el precedente inciso, estará constituida por todos los Coroneles en condiciones de ascenso que hayan sido calificados de "muy apto" o "apto".

Azucena Berrutti, José Díaz, Jorge Brovetto."

SEÑOR PRESIDENTE. Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Voy a hacer el informe de un proyecto de ley cuyo contenido se puede resumir muy rápidamente, pero que no recibió la unanimidad en la Comisión de Defensa Nacional. Me apresuro a advertirlo porque, así como ocurrió en la Cámara de Representantes -de donde viene aprobado-, también hubo discrepancias en el seno de la Comisión de Defensa de este Cuerpo senaturial.

El contenido del proyecto es muy elemental. A partir de un par de leyes que están citadas al comienzo del artículo único, los ascensos a General en el sistema vigente hasta hoy -es decir, antes de que esto se apruebe y espero que así ocurra, tal como lo aconseja la Comisión de Defensa Nacional- deben ser dispuestos por el Poder Ejecutivo de entre un tercio de los Coroneles en actividad, no de entre todos los Coroneles en actividad, con buenas calificaciones. En términos militares, sus calificaciones son de "aptos" o "muy aptos". Ese tercio proviene de una lista que se va formando dentro de las Fuerzas Armadas, sin participación de su mando superior, que es el Poder Ejecutivo, esto es, el Presidente de la República actuando con uno o varios Ministros, o el Presidente de la República actuando con el Consejo de Ministros. Este es el mando superior de las Fuerzas Armadas y no el Comandante en Jefe o el Presidente de la República, como se dice a veces. Cada Fuerza tiene su Comandante en Jefe, pero por arriba de las tres está el Poder Ejecutivo, es decir, lo que la Constitución llama "el mando superior". Excepcionalmente, ese mando superior puede ser un delegado del Poder Ejecutivo -un tema específico que no vale la pena tratar acá-, pero como el Poder Ejecutivo tiene la facultad de delegar las atribuciones que estime conveniente bajo su responsabilidad política, puede hacerlo hacia el mando superior de las Fuerzas Armadas, cosa que nunca se ha hecho en el Uruguay, aunque sí hay delegación bastante frecuente en la figura del Ministro o de la Ministra de Defensa Nacional, como es nuestro caso, si nos refiriéramos al género.

Es así, señor Presidente, que el Poder Ejecutivo ha enviado este proyecto -en ese sentido, nuestra Bancada lo consultó y está de acuerdo con lo elaborado-, por el que se propone que el Poder Ejecutivo seleccione y nombre a los Generales -cuando se producen las vacantes por razones legales- entre todos los Coroneles que están en condiciones de ser ascendidos. Estos figuran en una lista de méritos confeccionada por el Tribunal Superior de Ascensos y Recursos. Estas personas tienen que haber sido calificadas como "aptas" o "muy aptas", porque si no es así, no estarían en la lista; y como además, si las colocaran sin tener esas calificaciones habría que destituir a los miembros de ese Tribunal por ineptos, nadie lo hace.

Entonces, señor Presidente, hay una opción que se ha discutido en las Comisiones de ambas Cámaras. En la Comisión de la Cámara de Representantes, la señora Ministra Azucena Berrutti expuso durante seis horas sobre el tema; y el otro día, en una reunión mucho más expeditiva, solicitada por el señor Senador Penadés, se le hicieron las preguntas pertinentes y se escuchó la exposición de la señora Ministra, en una reunión que fue muy eficaz, tanto para quienes quedaron convencidos de que esto no es una mejora, como para nosotros, que estamos absolutamente convencidos de que sí lo es. Se dieron argumentos de un lado y del otro. Están quienes dicen que esto se podría aprobar pero manteniendo un sistema mixto. Particularmente, el Partido Nacional ha propuesto algunas de estas consideraciones y que se mantenga un sistema de concursos.

Quiero aclarar que, de ninguna manera, el Poder Ejecutivo pretende partidizar la cosa; al contrario, pretende que los ascensos a General se hagan teniendo a la vista todos los Coroneles "aptos" o "muy aptos" a ese rango. Por otro lado, se dice, muy bien, que nadie piensa que se intenta partidizar el tema, pero se señala -tal como escuché los otros días en la sesión- que esto podría sensibilizar a algún Coronel más antiguo si se nombrara a uno con una antigüedad menor. En el lenguaje y en la presencia cotidiana de la vida militar, el que es menos antiguo considera que el otro merece mayor respeto. Creo, incluso, que con un año de diferencia se tratan de "usted" y con un año más se tratan de "tú". Son costumbres militares no siempre bien conocidas por los civiles. Entonces, se dice que puede ocurrir que al designarse un General que no sea de la derecha de un Coronel, éste se pueda sensibilizar y pedir el retiro. Puede ocurrir; es más: ha ocurrido en nuestro país y no bajo este Gobierno. No quiero establecer una polémica dura, pero conozco muy de cerca cómo se han producido unos ascensos en las Fuerzas Armadas. En muchos casos se ha ascendido a los mejores, y en otros, la vida ha demostrado que no eran los mejores. Por ejemplo, los que llegaron a General y luego fueron golpistas. Esos fueron los peores que hemos tenido y que cometieron toda clase de tropelías. Sin embargo, fueron seleccionados y nombrados Generales. Obviamente, no estoy diciendo con esto que los partidos tradicionales que los nombraron fueron responsables -o el sistema legal que los ascendía- del golpe de Estado. De ninguna manera. Esos partidos no fueron golpistas, por lo menos en su enorme mayoría.

Se trata de una opción, y la que este Gobierno ha hecho es la de decir que se puede elegir entre todos los Coroneles calificados, conforme a las reglas actuales de calificación y a los tribunales de calificación actuales, que estén en condiciones de ser ascendidos porque son "aptos" o "muy aptos". Como toda resolución, será fundada; y se considerarán todos los méritos.

Quiero agregar -esto no se va a encontrar en la exposición de motivos que es, básicamente, esta- que en la oposición al proyecto, en la búsqueda de otras soluciones, se han señalado algunas características que son muy valoradas dentro de las calificaciones militares. Siempre se entendió muy bueno que un militar de las fuerzas de tierra hubiese estado al mando de tropas, es decir, que hubiese dirigido cuarteles o batallones, que no hubiese sido un militar "de escritorio", siempre en cargos administrativos y sin saber dar órdenes. Así, un marino debe saber navegar y capitanear un buque, pero hay quienes llegaron a las máximas jerarquías sin nunca haberlo hecho. Personalmente, pensamos que eso es malo. Lo bueno es que los militares -esto está dirigido, principalmente, a las fuerzas de tierra- hayan tenido mando de tropas. Nosotros compartimos esta posición. El otro día lo expresó la señora Ministra, diciendo que este es uno de los elementos que hay que considerar como mérito muy importante. Es decir, entre todos aquellos que están calificados como aptos, este es un mérito, reitero, muy importante para el ascenso.

Otro aspecto de la vida militar que tanto en la teoría como en la práctica -en parte, porque hay veces en que la práctica no se corresponde con la teoría- tiene valor, es el hecho de haber realizado cursos de Estado Mayor, dado que generan una mejor preparación teórica. Debemos decir que el Poder Ejecutivo también comparte este argumento, que tiene racionalidad y fue presentado como un elemento de mérito a tener en cuenta. Asimismo, debemos decir que en el sistema actual -que el Poder Ejecutivo quiere modificar- no siempre las Fuerzas Armadas de tierra siguieron los criterios allí determinados. A propósito de esto, la señora Ministra, en su comparecencia, dejó en la Comisión de Defensa Nacional un material que demuestra que de los 41 Coroneles que están en el tercio hoy vigente hasta que se modifique, hay un 56% que nunca comandó un regimiento. Además, hay un 51% que nunca comandó tropas, dado que hicieron sus carreras frente a los escritorios, trabajando en la contabilidad del Ministerio, etcétera. No digo que esto sea ilegal; hicieron sus carreras legalmente. Por otra parte, un 77% de esos Coroneles que están en el tercio al que el Ejecutivo tendría que ajustarse para hacer la elección, nunca comandó una brigada. Esto es grave. No lo es desde el punto de vista del Estado de Derecho, vamos a no dramatizar; lo es en cuanto al razonamiento, y no podemos defender a ultranza -por lo menos nosotros- un sistema de este tipo, cuando dio estos resultados. Por otro lado, quiero decir que desde que defendí a los militares presos -siempre recuerdo a Seregni y a Licandro, Generales en la época de la dictadura-, se hacían listas con los nombres de los que llegaban; la mayoría eran hijos de los que habían llegado mucho tiempo antes. Eso aún sigue vigente. Por lo tanto, el sistema vigente no parece ser el mejor.

Esta es una opinión y se admite que puede haber otra, que la hay. Al respecto, debo decir que en el seno de la Comisión de Defensa Nacional, la opinión respecto de este tema -para nosotros, lamentablemente- no fue unánime, dado que hay partidarios de mantener este sistema o hacerle algunas modificaciones. Sin embargo, nosotros entendemos que la propuesta del Poder Ejecutivo es muy seria. Ahora bien; si el Poder Ejecutivo dispone de una cantidad mayor que este tercio de Coroneles disponible para elegir a quienes van a ser Generales, y después actúa mal, fundamenta una cosa cuando en realidad está pensando otra -lo que en Derecho se llama desviación de poder- o da argumentos ilegítimos, obviamente eso se podrá criticar.

Con sinceridad y tratando de no echar leña al fuego, voy a dar un ejemplo. Cuando el doctor Lacalle fue Presidente de la República, ascendió al Grado de Contraalmirante de la Marina al señor Coates, quien estaba en el vigesimonoveno lugar, y en seguida lo nombró Comandante en Jefe de la Marina. Personalmente, critiqué este hecho. No lo hice públicamente porque, ¿quién era yo para decir que eso estaba mal? Sin embargo, quiero decir que con el tiempo conocí a ese Comandante en Jefe de la Armada, le escuché dos discursos, de esos clásicos de los Días de la Armada -creo que hoy es el Día de la Armada-, y debo decir que de todos los discursos de los Comandantes en Jefe, de 1985 en adelante, fue el mejor, porque fue el único que claramente no reivindicó para nada, ni directa ni indirectamente, el golpe de Estado. En consecuencia, me reconcilié con esa persona. Reitero que en todos los discursos, los Comandantes en Jefe hablaban de las Fuerzas Armadas, de la Constitución y la ley y, de alguna manera, tiraban un cabito para justificar el golpe de Estado, hecho que para mí es injustificable. En consecuencia, me llevé una impresión muy buena de este Comandante en Jefe, que se encontraba en el lugar 29 de la lista de candidatos. Tengo entendido que como consecuencia de su ascenso, algunos marinos se retiraron, por sensibilidad.

En el seno de la Comisión de Defensa Nacional se expuso el régimen argentino. Lo estuve estudiando y, aunque no es tan drástico, cuando se realizan determinados nombramientos haciendo caso omiso de la antigüedad, se da, en algunos casos, el deber de retiro de los no seleccionados. Reitero que son situaciones no generales, pero que hay cierta sensibilidad personal al respecto. Es lo mismo que se da en la Administración Pública, en cualquier oficina, cuando se estudia a los más calificados para un ascenso. Muchas veces, tres o cuatro funcionarios, que tal vez hace cincuenta años que están en el puesto y que nunca hicieron nada o hicieron mucho, se resienten contra las medidas adoptadas. Aquí mismo, en el Palacio Legislativo, en la Administración del Partido Nacional hubo concursos. Se valoraron méritos y, en otros casos, hubo pruebas de oposición y, como consecuencia de ello, ascendieron algunos y otros no. Esto siempre genera algún tipo de sensibilidad. En materia militar, por una cuestión casi tradicional, puede ser que esa sensibilidad sea mayor, aunque no ha sido la tradición uruguaya en muchos casos. Los pedidos voluntarios de pase a retiro por sensibilidad personal, en general han tenido otro origen.

Estas son las razones, señor Presidente, por las que consideramos que el sistema actual no ha dado resultado. En última instancia, depende del acierto con que el mando superior elija a quienes van a ser los Generales, ya que se trata de un grupo mínimo. Ahora las vacantes creo que son cuatro. Además, quiero referirme a la urgencia de este proyecto. No se trata de un capricho, ya que el 30 de noviembre de este mes se cierra lo que en la jerga se llama el año militar, o sea, que las calificaciones se hacen con esa fecha, en la que recién se sabrá la lista de los Coroneles que están en condiciones de ser nominados para ascender a Generales.

No estoy muy seguro de si las vacantes que hay son cuatro o cinco. El otro día, el señor Senador Penadés, que es miembro de la Comisión de Defensa Nacional, decía que a lo mejor había alguna otra, porque si algún General se sintiera herido, podría pedir el retiro. No estoy enterado de que sea así, pero puede pasar, aunque personalmente creo que no va a ocurrir. De todas maneras, señor Presidente, la señora Ministra de Defensa Nacional lo admitió -nosotros también lo hicimos- en la Comisión respectiva, con toda lealtad. Se trata de un criterio -y no decimos que este es un criterio democrático y los otros no-, de una opción que, en términos militares, la debe hacer el mando superior de las Fuerzas Armadas, que es el Poder Ejecutivo. En tal sentido, nos ha remitido un proyecto de ley que ha sido analizado y compartido en nuestra Bancada, por lo que solicitamos al Senado que lo apruebe. Sería ideal que tuviera un consenso muy grande, pero si no es así, se aplicarán las reglas de la democracia -reglamentaria, también-, que no sólo se forma con la Constitución, las leyes, los reglamentos y el respeto a todo ello, sino con lo que, en definitiva, llamamos estado de Derecho.

Es cuanto tenía para informar y quedo a la orden si hay preguntas o aclaraciones para hacer.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: en este caso, no vamos a acompañar con nuestro voto el proyecto de ley que está a consideración del Senado y que fue remitido por la Comisión de Defensa Nacional, relacionado con los ascensos al grado de General del Ejército Nacional.

Los Senadores del Partido Nacional no lo vamos a hacer, por varios motivos que voy a tratar de exponer en Sala, relacionados con razones de oportunidad y de mérito, y aquellas que tienen como eje central una afirmación que hace que, en momentos en los que estamos tratando el Presupuesto Nacional, en que se inicia una nueva gestión de Gobierno y, además, se está ante circunstancias particulares desde el punto de vista político institucional de nuestro país, vengamos nuevamente a manifestar y a denunciar nuestra sorpresa ante la remisión de un proyecto de ley que modifica sustantivamente la política de ascensos en el Ejército Nacional.

Este no es un tema menor, de rutina, ni meramente reglamentario, sino que este proyecto de ley trastoca absolutamente toda la carrera militar, desde que se egresa de la Escuela Militar hasta que se pasa a situación de retiro, en cualquiera de sus grados o escalafones. Además, se trastoca, nada más y nada menos, que la forma en la cual se procede a la elección de los Generales del Ejército Nacional.

Por otra parte, denunciamos con preocupación -y lamentamos que sea así- que este proyecto se descuelgue de ese tan anunciado debate que el Gobierno Nacional convocaría el año que viene para analizar el tema de la Defensa Nacional y el rol que en la misma deberían cumplir las Fuerzas Armadas. Decimos esto, señor Presidente, porque consideramos muy inconveniente el hecho de que el Gobierno haya anunciado la invitación a que podamos discutir un tema tan delicado como este -que hace a la vigencia, al rol y a las funciones, que incumbe la profesión y la vocación de muchos compatriotas-, así como temas presupuestales de mucha delicadeza y que hablan de un asunto estratégico que, como en tantos otros, el Uruguay tiene una asignatura pendiente que decidir, y antes de proceder a llevarse adelante ese debate, traiga este proyecto de ley al seno del Senado de la República.

Creemos que se está adelantando un tema que tiene que ver con la política de ascensos, nada más y nada menos, de quienes tendrán a su cargo la conducción del Ejército Nacional, y esto se hace antes de hablar de qué tipo de Ejército y Fuerzas Armadas queremos; antes de discutir si el rol que en la Defensa Nacional les cabe es el que están cumpliendo, y antes de discutir si el Uruguay necesita 16 Generales y 200 Coroneles. Es decir que, antes de discutir sobre todas esas cosas que hacen a la esencia de un debate -que cuando fue anunciado lo recibimos con mucha expectativa y esperanza, en el sentido de que se pudiera llevar adelante sin que el mismo produjera cambios que lograran aplicarse a través del consenso de las fuerzas políticas que en nuestro país conducen al Uruguay democrático-, el Gobierno remite este proyecto de ley al Senado de la República.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia quiere amparar en el uso de la palabra al señor Senador Penadés, por lo que solicita por tercera vez a las señoras Senadoras y a los señores Senadores, que bajen el nivel de los murmullos.

Puede continuar el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: realmente nos preocupa que este tema se plantee. Pero, además, se introduce una preocupación mayor cuando esto se plantea antes -y todos lo sabemos- del próximo 1º de febrero, cuando se produzcan cinco vacantes en el grado de General, que deben ser llenadas por el Poder Ejecutivo. Entonces, el hecho de que precisamente sea en este momento que se remita este proyecto de ley, introduce una cuota de duda lógica y legítima en los partidos de oposición, porque no entendemos por qué habría que cambiar las reglas de juego sobre un proceso absolutamente democrático; por supuesto, no es perfecto, sino perfectible, pero fue sancionado a la salida de la dictadura en nuestro país y estuvo incluido, nada más y nada menos, que en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Además, el mecanismo que el Uruguay se dio para ascender al Grado de General a Coroneles del Ejército Nacional, deberá incluirse, por supuesto, en el marco de un gran debate nacional que se debe llevar adelante con relación al rol de las Fuerzas Armadas.

Pero creo que llama a preocupación proponer el proyecto antes de que haya un cambio de casi un tercio de los Generales que deberán ser designados en nuestro país por parte del mando superior, es decir, el Poder Ejecutivo, con previa venia del Senado o de la Comisión Permanente. Esta es una preocupación sobre algo que el Partido Nacional reivindica -como lo ha hecho en el pasado-, como es la profesionalización absoluta de las Fuerzas Armadas, prescindiendo -aunque no fue así en el pasado, en muchas instancias de la historia de nuestro país- del color político que el Oficial tuviera en el momento de ser designado General del Ejército Nacional, por el mando superior.

Como reivindicamos ese proceso de profesionalización, así como que el mecanismo del mismo debe ser el que tenemos que estimular y promover, queremos señalar que creemos que la modificación de las reglas de juego antes de un debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas y antes de que se proceda al ascenso de cinco nuevos Generales, nos genera dudas y desconcierto por lo que, como ya dijimos, nos decepciona que dicho proyecto se traiga al Senado de la República en estas circunstancias. Mucho más aun: esta preocupación debería ser institucional, porque esta iniciativa va a ser aprobada por un solo partido político, aunque eso sea legal y legítimo.

En un tema tan delicado como el de las Fuerzas Armadas, que no se haya buscado el acuerdo de los demás partidos políticos es un ingrediente que no le hace bien a la política de Defensa Nacional que el Gobierno pueda llevar adelante. Entonces, señor Presidente, si realmente coincidimos en que se debe debatir sobre el rol de las Fuerzas Armadas, cuando vemos en el Presupuesto Nacional lo que la actual Administración puede destinarles, el estado en que las mismas se encuentran, el debate impostergable que se impone sobre despliegue, logística, mecanismos de funcionamiento, de ascensos, etcétera, así como sobre resoluciones y consensos que aseguren políticas de Estado, nos sentimos desestimulados y preocupados. En este tema, como en tantos otros, lo que debemos garantizar es que con la llegada de cada Gobierno no se cambien las reglas de juego sobre los mecanismos de ascenso en las Fuerzas Armadas.

Asimismo, esto da lugar -no lo decimos nosotros- a interpretaciones incorrectas e inconvenientes sobre el motivo por el cual se modifica la política de ascensos. Todos las hemos escuchado. No las hago mías ni las comparto, pero creo que no hace bien cambiar un mecanismo de ascenso a Generales cuando se dice que esto tiene nombre y apellido, que va a estar destinado a tal o cual Oficial que no reunía condiciones como para encontrarse en el tercio superior, ni tenía calificación de apto o muy apto para poder ascender dentro de dicho tercio. Es más, tampoco hace bien que pongamos en tela de juicio a los Tribunales de Cali-ficación, que reivindicamos como una herramienta válida hasta ahora y que debería ser válida también en el futuro.

Me permito decir con toda claridad y énfasis que el Partido Nacional planteó en la Cámara de Representantes y también en la Cámara de Senadores que era necesario promover que se llenara por concurso una cuota parte de las vacantes que se generaran en el grado de General. Establecimos la necesidad de ciertos requisitos que fueron compartidos por la señora Ministra de Defensa Nacional, tal como recién señalaba el señor Senador Korzeniak. Nuestros Generales, señor Presidente, son Generales de División. Un General de dos estrellas es un General de División, que tiene a su mando brigadas de todas las Armas que componen el Ejército Nacional. Dichas brigadas están compuestas de la siguiente manera: en Caballería, por Regimientos; en Artillería, por Grupos; y en Infantería, Comunicaciones e Ingeniería, por Batallones.

Quien asciende al grado de Coronel -aquí se indicaban las cifras, que demuestran que debemos rever la estructura de las actuales Fuerzas Armadas- viene de su Arma. Cada uno viene de sus diferentes Armas y no conoce las otras -porque en su carrera no han tenido contacto- hasta el grado de Coronel. El exigir que tuvieran el curso de Estado Mayor -algo imprescindible- fue compartido, pero no se incorporó en el proyecto de ley. La necesidad de que los Generales tuvieran mando de tropa y otros requisitos tales como que hayan participado en misiones de paz, que hayan hecho los cursos que brindan el CALEN y el IMES, y la necesidad de un concurso, alientan y estimulan la profesionalización, y ese es el mecanismo que debemos llevar adelante para tratar de desterrar -aunque no hay mecanismos perfectos- lo que todos sabemos que en algún momento puede haber pasado en el seno de las Fuerzas Armadas de nuestro país.

Los primeros que quieren la profesionalización son los propios militares y me parece correcto que eso sea así. Sin embargo, con esta cantidad de asignaturas pendientes, a las que se suman los temas de carácter presupuestal y los que tienen que ver con el despliegue táctico y estratégico, así como con la ausencia de políticas de defensa -que no son responsabilidad de este Gobierno, vamos a decirlo, y por eso creímos oportuno el gran debate nacional-, nos parece que proponer este proyecto de ley ha sido inconveniente y contradictorio con los anuncios realizados oportunamente.

Por otra parte, señor Presidente, no podemos cambiar temas tan delicados como éste, donde se pueden lesionar derechos adquiridos. Hay una cantidad de tradiciones de carácter militar que aunque para los civiles no son comprensibles, hacen al funcionamiento de estas Fuerzas. No se ha medido las consecuencias y, por lo tanto, hay que estar preparados para que éstas puedan lesionar el funcionamiento de unas ya deterioradas Fuerzas Armadas.

Es por eso que el Partido Nacional no va a votar este proyecto de ley. Realmente lo considera perjudicial. Se nos ha dicho que sería -hablo en condicional- decisión del Poder Ejecutivo no modificar en demasía en los próximos ascensos la política, de buscarlos en el tercio que hoy ya se conoce. Si esto es así, ¿para qué vamos a aprobar este proyecto de ley que, sin los debates a los que hacíamos referencia, introduce una cuota de disenso político que justamente hoy, en un tema tan delicado como el de la defensa, como el de las Fuerzas Armadas, el Uruguay no lo necesita?

Por lo expuesto, reitero que vamos a votar en contra. Además, todas las propuestas que elevamos a la señora Ministra y las preguntas que le formulamos fueron compartidas por ella hacia el futuro. Eso nos augura que quizás este mecanismo de ascensos tampoco tenga larga vida; si no la tiene como producto de que ese tan prometido y anunciado debate sobre Defensa Nacional en el mes de marzo pueda producir cambios muy profundos en el seno de las Fuerzas Armadas, tal vez ello implique una nueva modificación. Sin tocar reglamentos, leyes orgánicas de cada Fuerza, o la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y sin una decisión de carácter estratégico nacional en la que es imprescindible la participación de todas las fuerzas políticas para darle duración, carácter, solidez y sedimento de política de Estado, me parece que este proyecto de ley realmente no debería ser acompañado en la tarde de hoy por los integrantes de este Cuerpo.

No existen mecanismos perfectos y este tampoco lo es. Creo que no es feliz la afirmación de la exposición de motivos en el sentido de que democratiza la decisión, porque los procedimientos que fueron utilizados hasta ahora han sido acordes a la ley. Por consiguiente, pensamos que esa afirmación no es de recibo, que introduce una cuota parte de duda sobre la posible partidización o politización de las Fuerzas Armadas que el Poder Ejecutivo ha rechazado de plano; a su vez, las consideraciones que acabamos de hacer nos generan dudas de que en el futuro no puedan ser aplicadas en un tema tan delicado como este, en el que el Uruguay todavía tiene mucho camino por transitar.

Se hacía referencia a políticas de ascenso en otras Armas en el pasado. Eso es verdad, se hicieron acorde a la ley, porque los mecanismos de ascensos en la Armada Nacional y en la Fuerza Aérea Uruguaya a los grados de Almirantes, Contralmirantes, Vicealmirantes o Brigadieres Generales son diferentes a los del Ejército. La designación durante el gobierno del Partido Nacional del Almirante James Coates como Comandante en Jefe de la Armada Nacional fue absolutamente legítima, legal y acorde a la normativa vigente en aquel momento. Debemos también reivindicar para ese Comando y para ese Partido Nacional la inversión más importante que haya conocido la Armada Nacional en su historia desde que fuera designada por el General Artigas, al otorgar la primera patente de corso, ya que se incorporaron a la Armada Nacional dos fragatas, tres barreminas, un buque científico y un buque antártico. Reitero que se procedió a la reforma y a la inversión más grande que la Armada Nacional recuerde en la historia de nuestro país. Entonces, señor Presidente, me parece que la comparación con relación a la situación que estamos atravesando en esta circunstancia, no es de recibo.

Es así que reivindicamos el mecanismo de concurso, propusimos que se hiciera por mitades y que se considerara otra serie de requisitos -el propio Ejército, por supuesto, no tiene que opinar sobre este tema-, reivindicamos la legalidad y legitimidad del Poder Ejecutivo en la aplicación de este proyecto de ley, aunque no lo compartimos. No estamos de acuerdo con él y creemos que el tema de la Defensa Nacional amerita una impostergable y urgente discusión que el Uruguay se debe desde hace ya mucho tiempo y que este Gobierno, con acierto -debemos reconocerlo-, anunció llevar adelante el año que viene. Ante la puerta de ese gran debate, nos parece que modificar mediante este proyecto de ley la política de ascensos, no le hace bien al Gobierno ni, en este caso, al Ejército nacional. Auguramos corta vida para este mecanismo y esperamos que se dé ese debate que deseamos logre encauzar la construcción de políticas de Estado que este proyecto de ley no reúne. De esa manera, el consenso político dará la solidez y los tiempos que se necesitan para la construcción de una verdadera política de defensa que nuestro país hoy urgentemente clama.

Por tanto, señor Presidente, vamos a votar en contra de este proyecto de ley, reivindicando las propuestas que se hicieron en las Cámaras de Representantes y de Senadores, y entendiendo que es inconveniente el tiempo, la forma y el contenido de la iniciativa, así como también el momento en que lo plantea el Poder Ejecutivo. Por ende, recomendamos que el Senado vote en contra de este proyecto de ley.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- En carácter de Miembro Informante, señor Presidente, quiero hacer un breve comentario que, según el Reglamento, no puede pasar de cinco minutos.

En primer lugar, parto de la base de que ha quedado claro -y si no es así, vamos a tener una larga polémica- que nadie atribuye a este Poder Ejecutivo la intención de partidizar las Fuerzas Armadas. He interpretado que eso que algunos han dicho en las Fuerzas Armadas -y ello me consta- no es compartido por el señor Senador Penadés, tal como lo ha expresado. Debo señalar que tengo en mi despacho un informe sobre la fiesta que hace la Armada Nacional, donde se dice todo lo que se gastó en el día de ayer, cuántas cajas de whisky, cuántas de champagne, etcétera. Estos datos surgieron de las Fuerzas Armadas, de la Marina. Vamos a no creer eso del monolitismo, eso que es una retórica. Desde luego que también hay gente en las Fuerzas Armadas que dice que esto servirá para ascender a un comunista o a un tupamaro, ¡vaya a saber para qué! No lo descarto, pero no hago una polémica porque el señor Senador ha aclarado que no es esa la intención.

En segundo término, sobre los concursos, quisiera decir que lo que se modifica es el régimen de ascenso a General y se lo hace para que sólo estén en condiciones de ascender aquellos que integran la lista de "aptos" y "muy aptos", elaborada por el Tribunal Superior de Ascensos y Recursos, que no es integrado por el Gobierno. No es que se diga que el Poder Ejecutivo va a elegir a quien quiera, no. El Tribunal Superior de Ascensos y Recursos, contra el que nadie ha despotricado, configura una lista de Coroneles "aptos" y "muy aptos", y a partir de ahí, el Poder Ejecutivo decide.

En tercer lugar, los ascensos por concurso son muy difíciles en materia militar, así como lo es la Justicia Militar. No sé si los señores Senadores saben que los Jueces militares procesan o no por orden del Comandante en Jefe y no porque entiendan que deben hacerlo. No sé si saben que para armar un Tribunal de Honor hay que pedir permiso al Comandante en Jefe y si él decide que no, no se integra. Estas cosas están mal y algún día habrá que arreglarlas. Mientras tanto, no quería dejar pasar el tema del concurso.

En esta Sala, cuando mi inolvidable amigo Hugo Batalla era Presidente y estaba sentado donde hoy está ubicado el compañero Nin Novoa, llegó al Senado una propuesta de ascensos, y no voy a dar los nombres porque la sesión era secreta. En esa oportunidad, el señor Presidente Hugo Batalla señaló que como todos conocíamos su historia en la materia, sólo iba a votar a los que venían propuestos por concurso. Por mi parte, recordé al doctor Hugo Batalla que iba a votar a un Coronel que venía propuesto por concurso -conozco cómo se hizo dicho concurso-, que le había puesto una bomba en su casa y lo había querido matar, lo que él no sabía. En virtud de que ante esto el señor Hugo Batalla rectificó su voto, Jorge Batlle -que estaba sentado en la banca que hoy ocupa el señor Senador Saravia-, desde su banca, le pegó un reto absolutamente injusto; me pareció muy dura la manera como lo destrató y se lo reproché. No obstante, se había realizado un concurso. Cabe acotar que en esos concursos sucede lo mismo que pasa con todos los mecanismos, y en materia militar eso amerita una revisión muy profunda. Aquí solamente se trata de si para ascender a General sólo participa un tercio de los Coroneles de una lista elaborada por las propias Fuerzas Armadas o si intervienen todos los Coroneles calificados como "aptos" o "muy aptos". Esa es la opción.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de concederle la palabra, la Mesa exhorta a los señores Senadores -en general y no a nadie en particular- a que no entren en el régimen de las alusiones.

Tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: quizás la exhortación debería haberse hecho antes, porque quien aludió a vivos, muertos, presentes y ausentes no fui yo.

No puedo permitir que se ponga de manifiesto -como señala el señor Senador Korzeniak- la intencionalidad con la que se transmite que los concursos no son ajustados a regla y a Derecho, que se democratizan cosas que no se democratizan y que nada más se amplían listas. A su vez, se pone en tela de juicio toda la estructura de funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Eso no es de recibo ni corresponde al debate de la tarde de hoy.

Francamente, creo que el Poder Ejecutivo se equivoca al modificar la política de ascenso a Generales cuando hay que ascender a cinco de ellos. La conclusión a la que uno podría arribar, acerca de por qué la propuesta se plantea justamente ahora, es porque quizás quieran designar como Generales a personas más amigas. No lo sé porque todavía no conozco los nombres, pero todos sabemos que hay nombres en danza.

Me parece que todo eso enrarece e invalida la modificación de la política de ascensos. Por tanto, creemos que es inconveniente plantearla ahora. Tampoco pensamos que este sea el momento o la oportunidad para poner en tela de juicio lo que ya se ha hecho antes, criticando los concursos y poniendo cierto manto de duda -al mejor estilo del señor Senador Korzeniak, que dice medias verdades-, sobre las políticas de ascensos y de concursos. Por otra parte, el señor Senador nos acota los costos de no sabemos qué gastos de la Armada Nacional y no dice qué es. No es así como se llevan adelante los debates de cierto grado de seriedad.

En este caso, reivindicamos el hecho de que no creemos conveniente y además no hace bien a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, que se ponga a toda la política de ascensos -concursos, tribunales y calificaciones- cierto sesgo que, por lo menos a quien habla, no le consta que así sea.

Nos equivocamos si entramos en ese camino, y por eso también vamos a votar en contra este proyecto de ley.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: también vamos a votar en contra del proyecto de ley, partiendo de los argumentos que esgrimió el señor Senador Penadés y entendiendo algunos de los que señaló el señor Senador Korzeniak. Es claro que todo es perfectible; todos los sistemas lo son, por algo somos humanos, pero creo que la terminología, la semántica o los adjetivos calificativos no hacen que las cosas sean mejores o peores.

Hablar de un proceso de democratización donde lo único que se hace es ampliar una lista, creo que no es adecuado, porque eso no un proceso de democratización, sino una banalización absoluta del término "democracia".

No entendemos por qué en estos momentos, previo a un debate general, se propone este proyecto de ley que queda como descolgado del marco. Quizás pueda ser bueno; no estoy seguro si es mejor o peor que el que está, pero sí me consta que cambia gran parte de todo el andamiaje y la carrera de ascensos. También estoy seguro de que, en estas circunstancias, las sospechas de partidización se vuelven más grandes. Se dice que de lo único que no cambia una persona es de cuadro de fútbol, ya que sí lo hace en todo lo demás; se cambia de mujer, de religión y hasta de sexo. Entonces, cambiarse de partido político es lo de menos.

Para mí el tema no es que pueda haber sospechas; en lo personal, creo que el tema de fondo es el relativo a la jerarquía y al orden dentro de las Fuerzas Armadas. Cuando se elige ese tercio -que lo eligen las propias Fuerzas-, de hecho se está optando por aquellas personas que tienen mayor ascendencia sobre las demás, por los líderes naturales, por aquellos a los que se escucha naturalmente más que a otros. Creo que este es el tema fundamental en toda organización, y en las Fuerzas Armadas lo es mucho más.

Lamentablemente, hoy estamos asistiendo a un proceso por el cual las Fuerzas Armadas -que es la primera institución de la Patria- están viviendo un período de pérdida de incentivos o de decaimiento de su moral. Esta es otra gota más u otro empujón en ese sentido, y creo que ello no es bueno para el país.

Por lo tanto, nos preocupa sobremanera este proyecto de ley que, adelanto, vamos a votar en contra, no sólo por un disenso político sino, básicamente, porque introduce otro ruido más en las Fuerzas Armadas y es otro factor de desmoralización de una Fuerza que está muy castigada, lo que no es bueno para el país.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: he oído los argumentos de los señores Senadores Korzeniak y Penadés, y si bien no soy un experto en la materia, conozco bastante lo que es el cambio organizacional. Si es cierto todo lo que ha dicho el señor Senador Korzeniak en el sentido de los diversos problemas que hay que abordar dentro de las Fuerzas Armadas y de la Defensa Nacional, me parece que es razón de más para proceder con mucha prudencia, hacer efectivamente ese debate que se anuncia correctamente para el año próximo y luego tomar las decisiones importantes. Como esta es una decisión importante, creo que tomarla en forma adelantada a ese debate, atendiendo solamente a uno solo de los puntos que pudiera preocupar, lo único que hace es llenar de suspicacias este tema.

Estuve preguntando a algunos colegas y a otras personas cuáles eran las razones para tomar esta decisión ahora y qué se gana con ello fuera del hecho de que estamos en las vísperas de la elección de cinco Generales. Reitero: ¿qué otra razón hay? No hay un argumento de fondo para un proceso de cambio de una organización que creo debe tenerlo, y lo que han dicho los colegas va en esa dirección. Lo que hay es una toma de decisión descolgada, previa a otra decisión muy importante. Me parece que esto genera dudas, suspicacias y el temor de la partidización que, por más que el señor Senador Korzeniak pretenda que nadie lo piense, es lo primero que todo el mundo piensa. Cualquier uruguayo, cuando se entera de esto, diría "Zas, acá hay gato encerrado". Esto es lo que lógicamente piensa la gente.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LONG.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: quiero saber si el señor Senador Long también piensa que este proyecto de ley se presenta para partidizar el nombramiento de los Generales.

Reitero que he interpretado que el Partido Nacional no lo ha dicho, pero la expresión "todo el mundo piensa", ¿qué significa exactamente?, ya que puede ser genérica. Quiero saber cuál es el alcance exacto de esa expresión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Respondo que sí.

Aclaré que no conozco el tema y que no soy experto, pero como un uruguayo más, cuando veo una decisión de este tipo, creo que no le hace bien al Poder Ejecutivo porque introduce una duda en la gente, y por supuesto en todos nosotros, en cuanto a cuál es la razón. Reitero que el proceso de cambio de una organización -cualquiera sea-, sobre todo de una compleja como el Ministerio de Defensa Nacional, requiere de todo un trabajo extenso, tal como se quiere abordar en otras instancias. Entonces, aprobar este proyecto de ley en forma separada, reitero que lo único que hace es introducir una cantidad de dudas a un tema sumamente delicado. Es más; pienso que perjudica a todos y no debería ser votado.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: como había una especie de interpelación, quiero hacer algunas aclaraciones.

No teníamos la intención de hacer uso de la palabra porque nos sentimos total y absolutamente representados por lo que ha expresado el señor Senador Penadés -con brillantez y conocimiento extenso-, sobre lo que significa este tema tan complejo que hace, precisamente, a nuestras Fuerzas Armadas. Nos sentimos plenamente reconfortados por las expresiones vertidas por el señor Senador Penadés.

Sobre la pregunta -hecha ya en dos oportunidades- de si nos animábamos a atribuir propósitos políticos al Poder Ejecutivo, respondemos al señor Senador Korzeniak con un rotundo "sí". ¿Por qué? Porque da la impresión de que esta reforma tiene nombre propio; si se modifica el sistema poco antes de tener que usarlo, es evidente que hay una intencionalidad política. Lo dijo con absoluta firmeza el señor Senador Penadés cuando manifestó que este proyecto de ley tiende a la politización de las Fuerzas Armadas y no a su profesionalización. Esto es muy claro.

Como en definitiva soy lector de diarios -porque es lo que me queda-, voy a leer un "diarito" que anda en la vuelta. Dijo nuestro compañero del Senado, el señor Senador Fernández Huidobro, el día viernes 31 de octubre de 2003, en un diario de la capital: "En los casinos de Oficiales, los Coroneles deben estar viendo que para ascender hay que afiliarse a tal o cual club político. Es así como después ascienden a cualquier panzón inservible, en lugar de ascender a los más aptos". Interrogado acerca de qué criterio seguirá el Frente Amplio para los ascensos en las Fuerzas Armadas en caso de llegar al gobierno, el señor Senador sostuvo que "el Congreso de la coalición de izquierda definió que los Generales lograrán sus cargos en función a concurso y méritos, y que ante un caso de igualdad de puntaje se recurrirá a la antigüedad."

Esto es clarísimo; lo que estamos, de alguna forma, calificando es el cambio. Además, el señor Senador Fernández Huidobro no es cualquier interlocutor del Gobierno; es uno de los interlocutores más calificados, y lo digo sin sorna y sin burla. Lo digo expresamente: es un calificado vocero en el área de las Fuerzas Armadas.

Un poco antes de esas declaraciones que acabo de leer, en un artículo muy extenso del periodista Sergio Israel, titulado "Las Fuerzas Armadas y la Izquierda", publicado en el semanario "Brecha" el 28 de junio de 2002, el señor Senador Fernández Huidobro reflexionaba: "De sargento para arriba los efectivos deben ser profesionales." Luego, en el mismo artículo, agrega: "También afirmo que hace falta desterrar la idea de que con mucha yerba, buena salud y tiempo se llega a Coronel." Me permito expresar que mediante este proyecto de ley, con mucha yerba, con buena salud y con algunos contactos, de alguna manera, va a ser más sencillo llegar a General.

En consecuencia, contestamos con un "sí" muy grande a la interrogante planteada por el señor Senador Korzeniak. Sí, atribuimos intencionalidad política al Poder Ejecutivo en este proyecto de ley.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra para contestar una evidentísima alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- En primer lugar, para mí es un honor sentirme tan leído por el señor ex candidato a la Presidencia de la República, don Jorge Larrañaga, y me congratulo por ello.

En segundo término, pienso que corre un riesgo la afirmación que acaba de hacer el señor Senador Larrañaga; un solo riesgo corre, y es el de que los ascensos de los cinco Generales sean elegidos por tercios. Ello derrumbaría toda la argumentación del Partido Nacional, y cuando llegue ese momento voy a acordarme de lo que se dijo hoy en Sala para hacer las aclaraciones pertinentes.

El Reglamento del Senado prohíbe adjudicar intenciones, y contando con la complacencia que sé me va a otorgar el señor Senador Larrañaga, creo que la intención de aludirme es prolongar el debate todo lo más que se pueda; pero yo no voy a entrar en ese juego.

14) INGRESO DE SERVICIOS MUNICIPALES A PREDIOS PARTICULARES

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: solicito que se declare urgente el proyecto de ley repartido con el fin de que los Gobiernos Departamentales puedan ingresar a predios de propiedad de particulares y se considere luego de terminar con la votación del tema que está siendo analizado en este momento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud formulada por el señor Senador Couriel.

(Se vota:)

- 26 en 29. Afirmativa.

15) ASCENSOS AL GRADO DE GENERAL DEL EJERCITO NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 135 del Decreto-Ley 15.688, de 30 de noviembre de 1984, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, relativo a los ascensos al grado de General del Ejército Nacional."

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley recientemente debatido.

(Se vota:)

- 17 en 29. Afirmativa.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Simplemente quiero dejar una constancia. Si este proyecto de ley no es utilizado en los próximos ascensos a Generales y se decide aplicar solamente el tercio, como era la norma hasta este momento, se estaría demostrando que la argumentación del Partido Nacional era correcta y que el Gobierno entendió que por serlo no debe regirse por una ley que volvemos a reivindicar como inconveniente.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- En mi opinión, si una vez aprobado este proyecto de ley, el Poder Ejecutivo entiende, luego de analizar todos los casos que están para ascensos, que debe elegir a los mejores y estos están en el primer tercio, entonces, sí eligió a los mejores.

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Sustitúyese el artículo 135 del Decreto-Ley Nº 15.688, de 30 de noviembre de 1984, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, por el siguiente:

‘Artículo 135.- Todas las vacantes en el grado de General serán provistas por el sistema de selección, a cuyos efectos el Poder Ejecutivo seleccionará los candidatos de entre los Coroneles que por estar en condiciones de ascenso figuren en la lista de méritos confeccionada por el Tribunal Superior de Ascensos y Recursos, integrado a esos efectos además, por el Comandante en Jefe que lo presidirá y tendrá voto decisivo en caso de empate. Los Coroneles propuestos que sean elegidos por el Poder Ejecutivo serán ascendidos al grado de General, previa venia de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso.

La lista de méritos referida en el inciso precedente, estará constituida por todos los Coroneles en condiciones de ascenso que hayan sido calificados de ‘muy apto’ o ‘apto’.’ "

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 30. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que será comunicado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- Hemos escuchado un debate importante sobre un tema trascendente, pero lo que quiero manifestar con preocupación es que la inmensa mayoría de los argumentos que se han esgrimido tenía suposición de intenciones. A mi criterio, no es buena cosa examinar un tema tan delicado como el de los ascensos a General de las Fuerzas Armadas basándonos, fundamentalmente, en atribuir intenciones sobre lo que se va a hacer o dejar de hacer a partir de lo que hoy aprobamos.

Quiero decir ante el Senado de la República …

SEÑOR GALLINAL.- Está aludiendo al señor Senador Korzeniak y no se pueden hacer alusiones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Senador Gallinal: está haciendo uso de la palabra el señor Senador Baráibar.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- Gracias, señor Presidente.

Como dije hace pocos días en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, jamás he escuchado, mucho menos escrito ni mucho menos asumido, que en nuestra fuerza política exista la intención de politizar a las Fuerzas Armadas. Jamás lo he escuchado.

Asimismo, tal como también dije en la Comisión, trabajé veinte años con el General Seregni; siete años como su persona de confianza -entre otras- y, sin duda, siempre le escuché reafirmar el principio de la profesionalidad y el carácter nacional de las Fuerzas Armadas, doctrina a la cual nuestra fuerza política se adhiere en forma indeclinable.

A los señores Legisladores que hoy no votaron este proyecto de ley y que actúan con legítimo derecho, pero en forma inconveniente, quiero señalarles que supusieron que el mismo se hace en función de determinadas expectativas; tienen derecho a hacerlo, pero es una situación que no es la deseable e incluso el Reglamento no la habilita.

Quiero decir que si algún día llego a tener la personal convicción de que algo de lo que ellos dijeron no va a ocurrir, sino que ocurrió, voy a venir a este Senado a señalar que no estoy de acuerdo con lo que ocurrió. Mientras tanto, hago confianza en este proyecto de ley que el Poder Eje-cutivo nos ha enviado y que hemos votado favorablemente.

16) INGRESO DE SERVICIOS MUNICIPALES A PREDIOS PARTICULARES

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se autoriza a los Gobiernos Departamentales a ingresar a los predios particulares".

(Antecedentes:)

"CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Autorízase hasta el 31 de diciembre de 2005, en carácter de excepción, a los Gobiernos Departamentales, a través de las unidades ejecutoras correspondientes, a ingresar, durante el día, a los predios de los inmuebles de particulares cuando ello sea necesario para el cumplimiento de operaciones de limpieza de troncos y de maleza, que se hubiesen acumulado, como consecuencia de la tormenta registrada en la noche del 23 al 24 de agosto de 2005 y que constituyan un riesgo potencial para la propagación del fuego u otro tipo de riesgo público, en igualdad de condiciones a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Nº 15.896, de 15 de setiembre de 1987.

Artículo 2º.- Estará permitido el ingreso del personal y su maquinaria debidamente encomendado y acreditado por la autoridad municipal competente, en la fracción del inmueble donde sea necesaria su limpieza; estando particularmente excluidas de ello las construcciones con destino a uso habitación, comercial, industrial o cualquier otro destino, que estuvieran debidamente cerradas.

Artículo 3º.- El material recogido, luego de efectuadas las tareas de limpieza necesarias, quedará a disposición de los respectivos Gobiernos Departamentales, y tendrá el destino que surja de las reglamentaciones departamentales adoptadas en cumplimiento de la presente ley.

Artículo 4º.- En caso de ser necesaria, para las actuaciones de limpieza, la rotura de cerramientos exteriores en los inmuebles o predios, los Gobiernos Departamentales están facultados a ello, debiendo tomar las precauciones necesarias a los efectos de que se produzca el menor daño posible y, luego de efectuadas las tareas necesarias reparar los daños causados por las mismas.

Artículo 5º.- Previa constatación de la necesidad de realizar los servicios y que a la fecha no hayan sido efectuados por los propietarios, las respectivas Intendencias Municipales quedarán facultadas para actuar, siguiendo los procedimientos establecidos en la presente ley, así como en las disposiciones reglamentarias que a tales efectos se dispongan.

Artículo 6º.- Los Gobiernos Departamentales podrán resarcirse de los gastos ocasionados por las tareas de limpieza realizadas en la forma y condiciones que adopte la reglamentación a tales efectos. Dicha reglamentación deberá contemplar las situaciones referidas a exoneraciones y demás beneficios que otorguen los Gobiernos Departamentales a los pequeños contribuyentes.

Una vez evaluados los gastos ocasionados, las Intendencias Municipales notificarán al propietario de los mismos, otorgándose un plazo de diez días hábiles para oponerse o efectuar los descargos que estime pertinentes.

Lo indicado en el inciso anterior, estará consignado en el emplazamiento público a que se hace referencia en el artículo 7º de la presente ley.

Artículo 7º.- Las Intendencias Municipales, con el Cuerpo de Bomberos del departamento, realizarán un relevamiento previo de las situaciones donde sea necesaria la intervención, dejándose constancia mediante acta suscripta por ambos organismos.

La necesidad de intervención y la facultad de resarcimiento económico a que hacen mención el artículo anterior y el inciso primero del presente artículo, se harán conocer a través de emplazamiento público.

Ejecutada la intervención que se considere necesaria, se dejará expresa constancia de los recursos empleados, mediante acta suscripta por escribano público, así como de la conformidad del propietario o sus dependientes que se encontraran presentes al momento de efectuarse las tareas, o de la negativa a hacerlo en caso de que así lo manifestasen.

Artículo 8º.- Los organismos públicos asistirán con vehículos, máquinas, herramientas y recursos humanos, a los Gobiernos Departamentales cuando éstos los requieran, para actuar en las situaciones enmarcadas en la presente ley, contribuyendo, en aras de un interés público superior, a evitar la propagación de incendios o el combate de siniestros, a vía de ejemplo, cuya magnitud supere las posibilidades de los recursos humanos y materiales de los servicios municipales actuantes en el territorio afectado.

Artículo 9º.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 3 de noviembre de 2005.

Nora Castro Presidenta.

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Tajam.

SEÑOR TAJAM.- Señor Presidente: este proyecto de ley ha ingresado -al igual que lo sucedido en la Cámara de Representantes- con la característica de urgente y lo ponemos a consideración de este Senado con la carátula de "Autorización para ingresar en terrenos de propiedad privada". Su urgencia está avalada por la propia situación particular que el mismo contempla y, además, por su vigencia, que está contemplada hasta el 31 de diciembre del corriente año. Dicha situación particular que fundamenta su urgencia también radica en el interés general.

Quizás ya hemos tenido un ejemplo reciente vinculado con este tema y es el referido al incendio forestal ocurrido en Jaureguiberry. Digo esto porque tiene que ver con una situación peligrosa que se ha ido acumulando desde el temporal ocurrido el día 23 de agosto próximo pasado y que, en muchos departamentos, además de crear problemas de sanidad, acarrea el peligro, sobre todo, de incendios que podrían ocurrir en la temporada turística y veraniega que se avecina. Precisamente, es por esto que dicho proyecto de ley autoriza, con carácter de excepción, a los Gobiernos Departamentales a intervenir en estas situaciones particulares. Esto estaría dirigido a aquellos predios privados en los que habitualmente, por diversas causas, el dueño no puede entrar, por ejemplo, porque reside en otro lugar o directamente no puede hacerlo. En esas circunstancias, se habilita a las Intendencias a que puedan proceder en ese sentido hasta el 31 de diciembre.

En consecuencia, hasta la citada fecha y en carácter de excepción, tal como lo establece el artículo 1º, los Gobiernos Departamentales, a través de las unidades ejecutoras correspondientes, podrán ingresar durante el día a los predios de los inmuebles de particulares cuando ello sea necesario para estos fines, es decir, para ir evitando el peligro que señalábamos. Cuando decimos "necesario", diría que tenemos que saltearnos hasta el artículo 7º que es donde se establece que las Intendencias Municipales, con el Cuerpo de Bomberos del Departamento, realizarán un relevamiento previo de las situaciones donde sea necesaria la intervención. Quiere decir que aquí no hay una intervención discrecional de los Municipios, sino que la acción está avalada por el Departamento de Bomberos, actuando en la situación que se pretende enmendar referida a aquellos terrenos de propiedad privada a los que se pretende ingresar. Además, por las características que se prevén con relación a algunas situaciones particulares, el artículo 4º establece que en caso de ser necesaria para las actuaciones de limpieza, puede haber rotura de cerramientos exteriores en los inmuebles o predios, y los Gobiernos Departamentales estarían facultados para ello, así como también tendrán la obligación de reparar los daños causados.

Por otro lado, el artículo 5º dispone que las respectivas Intendencias Municipales quedarán facultadas para actuar siguiendo los procedimientos establecidos en la presente ley, así como en las disposiciones reglamentarias que a tales efectos se dispongan.

En este proyecto de ley también se avala a las Intendencias, a los Gobiernos Departamentales, a resarcirse de los gastos ocasionados por las tareas de limpieza. Es decir que en el caso de aquellas Intendencias que tienen presupuestos muy ajustados, esta iniciativa contemplaría que en algunas situaciones pueda resarcirse de dichos gastos. También hay que tener en cuenta que el mismo artículo establece que dicha reglamentación deberá contemplar las situaciones referidas a exoneraciones y demás beneficios que otorguen los Gobiernos Departamentales a los pequeños contribuyentes. Es decir que hay una asociación, una equiparación de situaciones en las cuales este resarcimiento contempla a pequeños contribuyentes que no puedan hacerlo y, en ese caso, el Erario deberá intervenir.

Pensamos que si bien este proyecto de ley está solicitando al Senado una autorización, nada menos que para ingresar en terrenos de propiedad privada y actuar allí de determinada manera, también está incluyendo en sus diversos artículos las necesarias garantías para todos. Además, se contemplan situaciones particulares de predios donde se acumulan desechos que representan peligros que pueden terminar ocasionando accidentes como los del año pasado y como el ocurrido hace pocos días en Jaureguiberry.

También debemos tener en cuenta que a estas garantías se suma lo que dijimos al principio con relación a la propia vigencia de la ley, que sería hasta el 31 de diciembre del corriente año. Creemos que su vigencia es corta y lo que se pretende es dar herramientas a las Intendencias Municipales para actuar en este tipo de situaciones.

Es todo cuanto teníamos para informar, señor Presidente, recomendando al Plenario la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: por lo que veo, el proyecto que acaba de ingresar a consideración del Senado con carácter de urgente, no ha pasado por ninguna Comisión, que me parece que es lo que corresponde, sobre todo ante una potestad de las características de la que se pretende otorgar -según surge del proyecto de ley- a los Gobiernos Departamentales, es decir, a las Intendencias Municipales y a las Juntas Departamentales, que son los dos órganos que los integran. Aquí está en juego un conjunto de disposiciones de rango constitucional, que ameritan el más amplio amparo y respeto, lo que se ve debilitado por lo dispuesto en el artículo 1º: facultar, autorizar -por breve que sea el lapso- a un Gobierno Departamental a ingresar a una propiedad particular para hacer lo que entienda conveniente. Creo que esto es un disparate, una barbaridad que bajo ningún concepto podemos autorizar por ley, empezando por lo que dispone el artículo 11 de la Constitución de la República, que entiendo es el primero que tenemos que tener presente al estudiar un tema de estas características. Dice: "El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley." Aquí se pretende, por ley, facultar a los Gobiernos Departamentales para que alguno de sus funcionarios -vaya a saber cuál, porque tampoco se especifica- pueda ingresar a los predios de los inmuebles particulares, con lo cual se estaría violando lo dispuesto en el artículo 11 de la Constitución de la República, pero también la sensatez, la lógica y la privacidad, que en estos casos corresponde que sea el criterio que tengamos presente para una definición de estas características.

Por otra parte, la posibilidad de precaver incendios, de evitarlos y de ingresar a predios -obviamente, se descuenta que no se va a ingresar al hogar propiamente dicho, aunque de aquí no surge que eso esté prohibido; no lo dice en ninguna parte del articulado- está previsto en otra ley, justamente a la que se hace referencia aquí: la Nº 15.896. Esta no sólo da esa potestad, sino que atribuye la obligación y la responsabilidad de precaver incendios a la Dirección Nacional de Bomberos, precisamente actuando en la forma en que se señala en este proyecto de ley. Pero el tema es que esto se hace a través de la Dirección Nacional de Bomberos y no de cualquier funcionario de una Intendencia Municipal. Eso también es importante. ¿Quiénes van a entrar a estos predios? No se sabe; no surge del proyecto de ley a quién se va a dar esa facultad. Obviamente, es a los Gobiernos Departamentales, como se dice en una parte; sin embargo, en otra se expresa que las Intendencias Municipales, y no ya de Gobiernos Departamentales, autorizarán a cualquiera.

SEÑOR TAJAM.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR TAJAM.- Habíamos dejado bien en claro que en estos casos la fundamentación primera es el interés general. Eso no quiere decir que en algún momento este proyecto de ley someta a los ciudadanos a que el cumplimiento de determinadas actividades pueda llevar a violar su propiedad. Esto está especificado concretamente en el artículo 2º, que establece: "Estará permitido el ingreso del personal y su maquinaria debidamente encomendado y acreditado por la autoridad municipal competente, en la fracción del inmueble donde sea necesaria su limpieza; estando particularmente excluidas de ello las construcciones con destino a uso habitación, comercial, industrial o cualquier otro destino, que estuvieran debidamente cerradas." Creo que con esto se contempla el problema que planteaba el señor Senador, puesto que se alude directamente al foco peligroso al que atiende este proyecto de ley: la acumulación de desechos que en otras ocasiones ha desencadenado incendios y problemas sanitarios.

Muchas gracias al señor Senador por concederme esta interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Creo que la exclusión a que hace referencia el artículo 2º, en definitiva parecería que está excluyendo absolutamente todo; no se puede entrar a ningún lado, lo que se contrapone con lo que dice el artículo 1º. En ningún lado se puede entrar, insisto, porque aquí se habla del destino "uso habitación" -entendiendo por esto el hogar-, "comercial, industrial o cualquier otro". Entonces, o se puede entrar a todos, como dispone el artículo 1º, o no se puede entrar a ningún lado, como dispone el artículo 2º a través de las exclusiones.

El artículo 3º dice: "El material recogido, luego de efectuadas las tareas de limpieza necesarias, quedará a disposición de los respectivos Gobiernos Departamentales, y tendrá el destino que surja de las reglamentaciones departamentales adoptadas en cumplimiento de la presente ley." O sea que no solamente pueden entrar durante el día sin justificación ni causa alguna, sino que además el material que recojan pasará a ser propiedad de los Gobiernos Departamentales, lo que significa una expropiación que, obviamente, no se ajusta a las disposiciones legales vigentes.

Pero por si esto fuera poco, en el artículo 6º se establece: "Los Gobiernos Departamentales podrán resarcirse de los gastos ocasionados por las tareas de limpieza realizadas en la forma y condiciones que adopte la reglamentación a tales efectos." Más adelante, en su inciso segundo se agrega: "Una vez evaluados los gastos ocasionados, las Intendencias Municipales" -ya no los Gobiernos Departamentales, que pueden resarcirse- "notificarán al propietario de los mismos, otorgándose un plazo de diez días hábiles para oponerse o efectuar los descargos que estime pertinente."

Creo que con estos pocos argumentos que hemos puesto a consideración del Cuerpo tenemos elementos más que suficientes como para, por lo menos, enviar por unos días el proyecto de ley a un mínimo estudio de alguna de las Comisiones del Senado -tal vez la Comisión de Constitución y Legislación o, en su caso, la que ahora estudia los asuntos municipales-, para de esa manera darle prolijidad, ajustarlo a la Constitución de la República y establecer las garantías para los vecinos, a fin de que se respeten los derechos de todos y no se traigan a consideración este tipo de iniciativas. Se me dice que fue aprobada con el voto de todos los sectores en la Cámara de Representantes, pero eso no es garantía de nada. Vamos a entendernos: seguramente se trabajó con mucha rapidez, pero no se tuvieron en cuenta estos mandamientos que son fundamentales en temas de esta naturaleza. Además, tampoco se nos puede venir con urgencias cuando estamos hablando de la tormenta de la noche del 23 al 24 de agosto. ¿Recién ahora se dieron cuenta de que se necesitaba una disposición de estas características para poder actuar? ¿La Dirección Nacional de Bomberos no ha hecho nada durante todo este tiempo? ¿No ha cumplido con sus responsabilidades? Si ha cumplido -como probablemente así sea-, ¿para qué se necesita una norma excepcional, a mi juicio grave, de estas características?

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Nadie va a desconocer que el proyecto podía tener otra pluma. Ahora bien, que podemos tener incendios, es una realidad. Ya los tenemos. Notoriamente, la Dirección Nacional de Bomberos está trabajando; eso es algo indiscutible. Es más, este proyecto de ley ha sido presentado, porque los bomberos no dan abasto. Los Gobiernos Departamentales quieren dar una mano y cuando se encuentran con gente en los hogares, ingresan porque los vecinos solicitan su ayuda para sacar los árboles y las ramas. Entonces, ¿para qué es este proyecto de ley? Para aquellos casos en los cuales la Dirección Nacional de Bomberos y los propios vecinos alertan de que hay un problema porque, por ejemplo, si bien el árbol cayó en un predio vecino, está al lado de una casa. Por lo tanto, con esta iniciativa pretendemos dar instrumentos. Naturalmente, tiene algunas salvedades, y comprendo que en el aspecto jurídico quizás le falte pluma. De todos modos, debemos actuar con cierta urgencia, entre otras cosas, señor Presidente, porque se establece una fecha límite. Además, con esta norma no se apunta directamente al Gobierno Departamental de Montevideo sino, fundamentalmente, a aquellos de la franja costera donde, ante el comienzo de la temporada turística, pueden producirse incendios. Estoy seguro de que los mismos propietarios de esas viviendas estarán de acuerdo porque, en definitiva, es su casa la que se está cuidando.

En lo personal, no tendría inconveniente en enviar este proyecto de ley a una Comisión para que sea objeto de una pluma sumamente exigente -naturalmente, la del señor Senador Gallinal sería la mejor-, si no fuera porque de esa manera seguiremos perdiendo días para que la Dirección Nacional de Bomberos y los Gobiernos Departamentales puedan actuar contra el fuego.

No creo bueno que el Parlamento sea una caja de cristal; la realidad me pesa y está ahí. Como esta iniciativa cuenta con media sanción, aprobémosla y confiemos en que los trabajadores de los Gobiernos Departamentales y de la Dirección Nacional de Bomberos actuarán correctamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: yo no confío; me parece una barbaridad que se deposite la confianza en quien, además, ni siquiera está preparado para eso. En todo caso, existen ordenanzas municipales que prevén situaciones de estas características, así como existe la posibilidad de lograr acuerdos y entendimientos entre la Dirección Nacional de Bomberos y las administraciones municipales para trabajar en esta materia.

Vamos a entendernos; no es la primera vez que sucede esto en el país. Sin embargo, nunca se presentó un proyecto de ley que autorice a ingresar a los predios privados durante el día sin autorización del Juez.

(Interrupción del señor Senador Korzeniak que no se escucha)

- Si quieren establecer medidas prontas de seguridad, díganlo; quizás esa es la idea del señor Senador Korzeniak. Comparo esta iniciativa con esas medidas porque tiene, más o menos, las mismas características.

A fin de establecer un mínimo de garantías para el usuario, para el vecino y para el contribuyente, entre otras cosas, en el artículo 1º debió haberse agregado alguna frase que dijera, por ejemplo, "con noticia del Juez competente" o "con autorización de la sede competente, que deberá ser expedida dentro de las 72 horas de solicitada". Es el mínimo de garantía que se debe dar a cualquier vecino, compatriota o no. No olvidemos que aquí también están en juego los derechos de una cantidad de turistas que recibimos todos los años con los brazos abiertos. Probablemente muchos de esos predios sean de ciudadanos de otros países que llegan a veranear al Uruguay y que mantienen cerradas sus propiedades. Si bien se ha dicho lo contrario, considero que es posible notificarlos o ponerlos en aviso de que se hace necesario ingresar a esos predios. Además, la Dirección Nacional de Bomberos tiene potestades -otorgadas por ley- para hacerlo bajo determinados extremos. Decir lisa y llanamente que los Gobiernos Departamentales -que todos sabemos como están constituidos- y las Intendencias Municipales pueden hacer lo que en otras circunstancias requiere de una autorización del Juez, me parece que no es conveniente. Por breve que sea el lapso -se habla de que sería hasta el 31 de diciembre-, considero que lo mejor es enviar el proyecto de ley a una Comisión para que le introduzca un poco de sensatez y de cordura y que, además, dé garantías en beneficio del contribuyente. Posteriormente, podremos aprobar alguna norma que otorgue potestades extraordinarias -con el concurso de la Justicia- que permitan actuar en una situación excepcional de estas características. Tal como está, este proyecto es una barbaridad y no estamos dispuestos a acompañarlo porque ese no es el país que queremos.

A su vez, imaginamos que los proponentes del proyecto de ley estarán de acuerdo con estas condiciones porque -vamos a entendernos- no les estamos atribuyendo la intención de pasar por arriba de la Constitución de la República ni de quitar garantías a los contribuyentes, aunque eso es lo que se está haciendo. Entonces, en aras de esos principios fundamentales, y teniendo en cuenta que el hogar es un sagrado inviolable, busquemos un mínimo de trabajo en alguna Comisión -elegida por los proponentes- que nos permita mejorar el proyecto y establecer algún procedimiento que genere esas garantías.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: en realidad, el señor Senador Gallinal se refirió a una parte de nuestro planteo. Nosotros íbamos a pedir que el proyecto pasara a Comisión porque no se trata de un tema menor autorizar, por ley, a ingresar en la propiedad privada. Evidentemente, no estamos hablando de algo sencillo. Además, vamos a ser claros: esta problemática ya tiene tres meses y supongo que el asunto pasa porque algunos particulares no disponen de dinero para limpiar sus predios.

SEÑORA TOPOLANSKY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ALFIE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: hay que tener en cuenta que, fundamentalmente, hablamos de toda la costa uruguaya hasta la Barra del Chuy. Hay muchos predios totalmente arbolados que son ofrecidos a la venta por inmobiliarias o que fueron adquiridos por alguna persona que en un futuro pensaba edificar una vivienda, y que no están en las mejores condiciones de limpieza en lo que tiene que ver con árboles caídos. Entiendo que la Intendencia correspondiente debe velar porque allí no se produzca un incendio como consecuencia de las ramas y árboles caídos, que pueden potenciarlo. Debe quedar claro que no estamos pensando en zonas absolutamente urbanizadas. Hay lugareños que conocen mejor que yo esas zonas y saben a lo que nos referimos. Tampoco podemos desconocer que todo se originó en un temporal bastante atípico para el Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Es cierto lo que dice la señora Senadora Topolansky. Hay muchos lugares en la costa de Rocha y al este de Piriápolis que son descampados y que están a la venta. Más allá de eso, me parece totalmente fuera de lugar establecer un procedimiento sumario, como el que se plantea, para ingresar a una propiedad privada. En todo caso, deberíamos habilitar algunos mecanismos que respeten mejor los derechos de las personas, como por ejemplo, comunicarles que se ingresará a sus predios con determinados plazos y las garantías que establece el artículo 11 de la Constitución de la República.

Lo cierto es que en estas circunstancias no me convence votar esto. Comprendo las razones, pero me queda la impresión de que el argumento no tiene suficiente peso como para no postergar uno o dos días más el procedimiento, inclusive aquí, a fin de dar mayores garantías para los ciudadanos de este país en sus derechos de propiedad. No olvidemos que estamos hablando de los derechos individuales, tan caros en toda sociedad democrática.

SEÑOR ANTIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ANTIA.- La Ley Nº 15.896 establece disposiciones referentes a la competencia, prevención y combate del fuego y siniestros. Precisamente, el artículo 1º establece lo siguiente: "Compete al Poder Ejecutivo, por intermedio de la Dirección Nacional de Bomberos dependiente del Ministerio del Interior, la función de policía del fuego en sus fases preventiva y ejecutiva." Por su parte, el artículo 3º dice: "Compete al Ministerio del Interior por intermedio de la Dirección Nacional de Bomberos el estudio, disposición, supervisión y certificación de todas las medidas y dispositivos concretos de prevención y defensa contra siniestros y de seguridad, destinados a evitar el surgimiento o la propagación de incendios o el agravamiento de las consecuencias de otros siniestros."

De acuerdo con este proyecto de ley, al 31 de diciembre estaríamos pasando por encima de la ley que da competencia a la Dirección Nacional de Bomberos. Además, entiendo que ese plazo no está bien porque el momento en que se da la mayor cantidad de incendios en el país no es en esa fecha, y ni siquiera lo es en enero. En realidad, estos incendios se dan en febrero, marzo y abril, es decir, a fines del verano y principios del otoño. Veo una gran urgencia por votar antes del 31 de diciembre -fecha de vencimiento-, pero lo cierto es que los predios también habría que limpiarlos después de esa fecha.

Creo que este proyecto de ley es perfectible y no veo mal que se den instrumentos para una coordinación entre la Dirección Nacional de Bomberos y los Municipios para tareas de prevención. En lo personal también nos tocó realizar tareas de prevención junto a esa Dirección durante muchos años y con muy buen resultado. Nunca lo hicimos por nuestra cuenta y jamás tuvimos problemas para ingresar a un predio privado a limpiar para prevenir incendios; en cuatro años nadie se opuso. Sin embargo, sí se dan dificultades después con el cobro de los trabajos de limpieza. Aquí hay un problema y quiero alertar a este Cuerpo sobre las dificultades que van a sobrevenir en situaciones de estas características. El artículo 6º de la ley que mencioné autoriza a resarcirse de los gastos y hasta se puede terminar expropiando terrenos por operativos mal diseñados o por falta de control en ellos. Es cierto que esto puede ocurrir y es muy común no tener claros los controles en situaciones de estas características. Por lo tanto, me gustaría dar las mayores garantías a los propietarios.

Estimo que habría que incluir una autorización de la Dirección Nacional de Bomberos para coordinar tareas de este tipo o, por ejemplo, un aviso por medio de la Justicia, como decía el señor Senador. Hay ordenanzas municipales a las que se les estaría pasando por arriba. Concretamente, en Maldonado hay un decreto del año 1999 que autoriza a ingresar a los predios baldíos para hacer limpieza por razones de higiene, pero se otorga un plazo y se debe notificar por la prensa a los propietarios a fin de que se hagan cargo de la limpieza. En caso de no hacerlo se les dan garantías y se les notifica que se va a ingresar, cobrándoles un porcentaje en la Contribución Inmobiliaria. Creo que si se autoriza a cobrar costos de limpieza, también deberíamos analizar la posibilidad de que haya predios que sean recargados en casi su valor por este concepto. No digo que ocurra, pero puede suceder, y tal vez debería haber una cláusula que permita topear hasta cierto monto del valor, o referirlo a la Contribución Inmobiliaria. Hay que dar al propietario las máximas garantías y no salir como locos a aprobar un proyecto de ley que valga solamente por este mes, porque esto vence el 31 de diciembre. Me parece que responde más a una necesidad de financiación de una tarea que a buscar una solución de fondo a los problemas.

Por otro lado, quiero alertar a este Cuerpo que la Intendencia Municipal de Maldonado -este proyecto tiene mucho que ver con ese departamento, porque es donde se aplicaría con mayor intensidad; además, fue propuesto por un Diputado de esa zona-, con su maquinaria no ha podido completar las tareas y está contratando maquinaria particular para realizar tareas de limpieza en todas las áreas, algunas en conjunto con el Ejército. Es sabido que en Maldonado los valores de contratación de la maquinaria, de los camiones y de las tareas supera ampliamente los valores de mercado, y a veces hasta los duplica. Inclusive, se sobrepasan los valores que el propio Municipio tiene para sus licitaciones públicas. Lo cierto es que ha debido contratar a valores del doble y triple porque en situaciones de emergencia muchos aprovechan para cotizar por encima, lo que genera grandes problemas en los casos en que se debe hacer una limpieza compulsiva, tal como habilitaría esta ley.

Quiero alertar sobre las dificultades que vienen y también me parece peligroso para el derecho de los inversores en este país. Por supuesto que está bien que se limpien los terrenos y que se prevengan los incendios, pero creo que hay que dar las máximas garantías. No tendría inconveniente en dar más plazo para la limpieza pero, a su vez, con las garantías necesarias, porque habría que limpiar durante seis meses y no durante un mes y diez días, que es lo que queda para hacer operativo esto.

Por lo tanto, estoy planteando que este proyecto vaya a Comisión para buscar las máximas garantías.

SEÑOR PRESIDENTE.- Primero hay que votar el proyecto tal como viene de la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 25. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- La intención del proyecto de ley fue explicada y, en tal sentido, todos sabemos de qué se trata.

Por otro lado, dejo la constancia de que estimo que el artículo 2º del proyecto de ley fue incorporado, precisamente, para excluir lo que podría considerarse hogar de la persona, que es la referencia que tiene el artículo 11, donde se exige siempre orden judicial. Es decir que de noche no se puede entrar y, de día, en los casos que determine la ley. A mi juicio, este artículo excluye el hogar, con lo cual estoy interpretando que en el hogar nunca se puede entrar sin orden judicial.

En cuanto a que haya leyes vigentes que establecen otra cosa, puedo decir que no hay una sino diez mil, pero ésta modifica lo que establecen las anteriores que sean incompatibles con ella.

Creo, señor Presidente, que el artículo 7º en algún caso no ha sido leído con detenimiento, ya que expresamente establece la coordinación de las Intendencias con el Cuerpo de Bomberos y fija de antemano cuáles son los lugares en los que se puede hacer la entrada.

Finalmente, en cuanto al resarcimiento que puede establecer el Municipio, quiero decir que una propiedad inmueble, en el estado actual, vale equis cantidad dinero, pero si se retiran los árboles caídos que tiene en el patio y la basura amontonada con riesgo de incendio, aumenta su valor. Además, según el artículo 297 de la Constitución, es potestad tributaria de los Gobiernos Departamentales crear lo que se llama técnicamente "contribuciones por mejoras", cuando se hacen obras que generan un aumento del valor de la propiedad; la Constitución lo autoriza expresamente.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Voto este proyecto por su urgencia. Comparto algunos de los argumentos que se han dado -especialmente, por el señor Senador Antía- en el sentido de que el plazo es insuficiente, puesto que esta iniciativa se autoderoga el 31 de diciembre y las posibilidades de incendio van a ir en aumento. Precisamente, vivo en la zona y no sé qué Intendencia o qué Cuerpo de Bomberos será capaz de sacar todo lo que hay tirado, que se seca cada vez más; a medida que vaya aproximándose el verano, va a aumentar el riesgo de incendio debido a esa yesca que se está formando con el sol.

No tengo claro en este momento si la Comisión Permanente puede elaborar una ley, pero a lo mejor el tiempo que se solicitaba para mejorar este texto está dado por el hecho de que es muy probable de que antes del 31 de diciembre tengamos que votar una ley que sustituya a ésta para darle más plazo. No hago la propuesta ahora porque, si lo hiciera, este proyecto debería volver a la Cámara de Representantes, motivo por el cual lo voté así como estaba.

SEÑOR LAPAZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: en primer lugar, debo decir que he votado en contra este proyecto de ley porque creo que viola las autonomías de los Gobiernos Departamentales, de acuerdo con el artículo 283 de la Constitución de la República.

En segundo término, considero que el tiempo de que se dispone es muy breve, porque primero hay que hacer evaluaciones e inspecciones. Aquí se ha previsto el ingreso a los distintos predios para la limpieza, pero no para las inspecciones, que es lo que habría que hacer en primer lugar para luego poder trabajar -de acuerdo con lo que establece el artículo 7º- en coordinación con el Cuerpo de Bomberos del departamento. A nivel de las Intendencias, normalmente se notifica a los propietarios de los distintos predios, dándoles la facultad de que realicen las tareas por ellos mismos, teniendo en cuenta los costos más ventajosos que puedan conseguir en relación con los de las Intendencias Municipales.

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: hemos votado favorablemente, porque si había alguna duda de que estábamos frente a una situación de emergencia, creo que el incendio bastante importante que se produjo en el día de ayer, demostró que la gravedad del tema así lo amerita. Tal vez, los montevideanos no sentimos de cerca estos hechos, pero la gente que vive en los departamentos donde éstos se dieron, perciben esa urgencia.

Acepto que se han hecho observaciones interesantes e importantes. En ese sentido, para que no nos quedemos en la hora del discurso, pido que tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, que tienen una preocupación por el rigor jurídico y la defensa de algunas normas esenciales, elaboren un proyecto de ley sobre el tema que corrija esos errores. Como este es un proyecto que va a durar poco tiempo, lo que acaba de manifestar el señor Senador Fernández Huidobro me iluminó en cuanto a que la otra posibilidad es que se trabaje elaborando un proyecto alternativo que, una vez que haya transitado todas las instancias parlamentarias, derogue el que vamos a votar ahora que, aparentemente, tiene imperfecciones, pero mientras tanto permitirá que se vayan haciendo las cosas.

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Dado el carácter del proyecto de ley y los fundamentos de voto que se han dado, formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos y se voten en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Rubio.

(Se vota:)

- 16 en 23. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 1º al 9º, inclusive.

(Se votan:)

- 16 en 23. Afirmativa.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado.)

17) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo otros asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 18 y 52 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Amaro, Antía, Baráibar, Camy, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Fernández Huidobro, Korzeniak, Lapaz, Larrañaga, Michelini, Percovich, Ríos, Rubio, Saravia, Singlet, Tajam, Topolansky, Vaillant y Xavier.

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA PRESIDENTE

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.