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Nº 49 - TOMO 427 - 4 DE OCTUBRE DE 2005

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

48ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES, ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI, SEÑOR SANTIAGO GONZALEZ BARBONI, Y LOS PROSECRETARIOS DOCTOR ERNESTO LORENZO Y ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

- El señor Senador Penadés solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a ANEP, referido a las declaraciones del Vicepresidente del CODICEN y, otro, al Ministerio de Desarrollo Social, con destino al INAU, solicitando el organigrama originario de estructura de cargos y funciones contratadas y detalle de diversas Encargaturas.

- El señor Senador Gallinal solicita se curse un pedido de informes a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland, relacionado con el destino de un empleado de una estación de servicio y su posible incorporación a la empresa DUCSA.

- Varios señores Senadores solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con un artículo periodístico publicado en el diario El País, sobre la lucha antisubversiva desarrollada desde fines de la década de los años 60.

- Los señores Senadores Michelini y Nicolini solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino a la Dirección Nacional de Aduanas, al Banco de Seguros del Estado y al Banco de la República; al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con destino al Instituto Nacional de Colonización; al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con destino a AFE, a la ANP y PLUNA; al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a ANCAP, a la Administración Nacional de Telecomunicaciones y a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas; al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social; al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a la Administración Nacional de Correos y al Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos; al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, al Banco Hipotecario y a Obras Sanitarias del Estado; al Ministerio de Desarrollo Social, con destino al INAU y a los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Salud Pública, Turismo y Deporte, y Defensa Nacional.

- Oportunamente fueron tramitados.

5) Proyectos presentados

- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se autoriza a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados a otorgar concesiones de ejecución de servicios a su cargo por licitación pública.

- Por el que se crea la Empresa Nacional de Combustibles, la Empresa Nacional de Portland y la Empresa Nacional de Alcoholes, que serán personas de Derecho Público no estatal.

- Por el que se transforma la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas en persona de Derecho Público no estatal, que se denominará Empresa Nacional de Energía.

- Por el que se transforma el Banco de Seguros del Estado en una persona de Derecho Público no estatal que se denominará Banco Nacional de Seguros.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

6) Recientes denuncias presentadas a la Justicia Penal por parte del Directorio de OSE

- Por moción del señor Senador Amaro, el Senado resuelve trasladar la exposición que tenía pensado realizar en el día de hoy sobre este tema para el día miércoles 5.

7) Exposición escrita

- El señor Senador Ríos solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y a la Asociación Patriótica del Uruguay, relacionada con el nonagésimo aniversario de la fundación de dicha Asociación.

- Se procederá de conformidad.

8) Recursos para la Corte Electoral

- Por moción del señor Senador Vaillant, el Senado resuelve archivar la Carpeta Nº 308/05, referida a este tema.

9) Inasistencias

- Por Secretaría se da cuenta de las últimas inasistencias registradas a las convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

10, 12, 14, 15, 17, 19, 21 y 22) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Ríos, Baraibar, Michelini, Long, Da Rosa, Rubio y Lara.

- Concedidas.

11, 13, 16, 18 y 20) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento. Las presentan los señores Pintado, Lev, Michelini, Carvalho, Iturralde, Perdomo, Zimmer, el doctor Ramírez, el señor señor Senador Ramírez, y los señores Garat y Bayardi, comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

23) Puerto La Charqueada

- Manifestaciones del señor Senador Penadés.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Relaciones Exteriores; a las Intendencias Municipales de Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja y Maldonado, a las respectivas Juntas Departamentales; al Centro de Navegación; a la Comisión Mixta Brasileño-Uruguaya para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín y a la Asociación de Comerciantes e Industriales del departamento de Treinta y Tres.

24) Preocupación de vecinos de la zona de Melilla

- Manifestaciones del señor Senador Heber.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

25) Debut del basquetbolista Esteban Batista en la NBA

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a sus familiares, al Club Welcome, a la Federación Uruguaya de Básquetbol, al Ministerio de Turismo y Deportes, a ANEP y Centros de Enseñanza Media de Dolores.

26) Consecuencias de la aplicación de la nueva ley sobre el sistema carcelario

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a los Ministerios de Economía y Finanzas, del Interior, de Desarrollo Social y de Transporte y Obras Públicas, con destino a la Policía Caminera.

27) Políticas de afincamiento en el medio rural

- Manifestaciones del señor Senador Camy.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar las palabras de lo expresado en Sala al Consejo Directivo de MEVIR.

28) Fundación de Maldonado

- Por moción del señor Senador Antía, el Senado procede a repartir el proyecto de ley sobre este tema y su inclusión en el Orden del Día de la sesión prevista para el día miércoles cinco de los corrientes.

29) Uruguay y la reforma del sistema de las Naciones Unidas

- Manifestaciones del señor Senador Abreu.

30) Frecuencias de difusión radioeléctrica

- Proyecto de ley por el que se establecen limitaciones para su otorgamiento.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

31) Código Penal

- Proyecto de ley por el que se deroga su artículo 116. (Extinción de determinados delitos por el matrimonio entre ofensor y ofendida.)

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

32) Impuesto a las Ejecuciones Judiciales

- Proyecto de ley por el que se establecen normas relativas a su pago.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

33) Financiación del Seguro para el Control de la Brucelosis

- Proyecto de ley por el que se modifican los literales B) y C) del artículo 2ºde la Ley Nº 17.730.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

34) Telefonía celular

- Proyecto de resolución por el que se prohíbe su uso en la Sala de sesiones de la Cámara de Senadores, en las Salas de sus Comisiones y en las Barras.

- En consideración. Aprobado.

35) Comisión Especial de Deportes

- Proyecto de resolución por el que se la crea por el plazo de un año.

- En consideración. Aprobado.

36) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de sus cargos a dos funcionarios públicos

- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para exonerar de su cargo a un funcionario público y postergó la consideración de los antecedentes contenidos en la Carpeta Nº 262/05 - Repartido Nº 125/05.

37) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 30 de setiembre de 2005.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 4 de octubre a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Exposición del señor Senador Sergio Abreu, por el término de cuarenta minutos, sobre el tema "Uruguay y la Reforma del Sistema de las Naciones Unidas".

Carp. Nº 346/05

2º) Por el que se establecen limitaciones para el otorgamiento de frecuencias de difusión radioeléctrica.

Carp. Nº 304/05 - Rep. Nº 120/05

3º) Por el que se deroga el artículo 116 del Código Penal, que establece la extinción de determinados delitos por el matrimonio del ofensor con la ofendida.

Carp. Nº 283/05 - Rep. Nº 121/05

4º) Por el que se modifican las normas relativas al pago del Impuesto a las Ejecuciones Judiciales.

Carp. Nº 258/05 - Rep. Nº 126/05

5º) Por el que se modifican los literales B) y C) del artículo 2º de la Ley Nº 17.730, de 31 de diciembre de 2003, relacionados con la financiación del Seguro para el Control de la Brucelosis.

Carp. Nº 281/05 - Rep. Nº 127/05

6º) Discusión particular del proyecto de resolución referido al uso de la telefonía móvil en la Sala de Sesiones del Senado, de las Comisiones y en las Barras.

Carp. Nº 290/05 - Rep. Nº 103/05

7º) Discusión particular del proyecto de resolución por el que se crea una Comisión Especial de Deporte por el plazo de un año.

Carp. Nº 343/05 - Rep. Nº 124/05

8º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. (Plazo constitucional vence el 11 de octubre de 2005).

Carp. Nº 249/05 - Rep. Nº 118/05

9º) Mensaje del Poder Ejecutivo relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Plazo constitucional vence el 24 de octubre de 2005. Se incluye en el Orden del Día en cumplimiento del artículo 62 del Reglamento del Cuerpo).

Carp. Nº 262/05 - Rep. Nº 125/05

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alcorta, Amaro, Antía, Bentancor, Brause, Breccia, Camy, Cid, Dalmás, Fernández Huidobro, Gallinal, Heber, Iturralde, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Lorier, Moreira, Nicolini, Penadés, Percovich, Ríos, Sanguinetti, Saravia, Segovia, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Alfie, Baráibar, Couriel, Da Rosa, Long, Michelini y Rubio.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 9 minutos)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- Por el que se concede la autorización establecida en el numeral 12 del artículo 85 de la Constitución de la República, para que la Plana Mayor y tripulantes de la Fragata ROU 03 "Montevideo", el Buque de apoyo logístico ROU 04 "General Artigas" y la Aeronave B-200T participen en el Ejercicio Multinacional UNITAS XLVII, entre el 11 de octubre y el 8 de noviembre de 2005.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

- Por el que se crean normas para atender la problemática de la usura.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

- Por el que se aprueba la MEDIDA 1 (2003) "Secretaría del Tratado Antártico" y su Anexo "Acuerdo de Sede para la Secretaría del Tratado Antártico". Adoptados en la XXVI Reunión Consultiva del Tratado Antártico celebrada en la ciudad de Madrid, Reino de España, del 9 al 20 de junio de 2003.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

El Poder Ejecutivo remite Mensajes comunicando:

- la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se autoriza la salida del territorio nacional, de una Sección de la Brigada de Caballería Nº 1, el día 20 de setiembre de 2005, a efectos de participar en el Desfile de Caballería Gaucha Binacional, a realizarse en la ciudad de Santana do Livramento, República Federativa del Brasil.

- por el que se autoriza la salida del país de una delegación de dieciséis integrantes, Personal Superior del Ejército Nacional, a efectos de participar en el Ejercicio Combinado de Planificación "Ceibo 2005", a llevarse a cabo en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, República Argentina, entre el 19 y 23 de setiembre de 2005.

- por el que se designa "Doctora Paulina Luisi", el Hospital de la Mujer, del Centro Hospitalario Pereira Rossell.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

- Y que dictó una resolución por la que se tributan honores fúnebres a los restos mortales del doctor Augusto Montesdeoca.

- TENGASE PRESENTE.

El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca remite nota solicitando prórroga, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la ley Nº 17.673, de fecha 21 de julio de 2003, a los efectos de brindar la información solicitada por el señor Senador Julio Lara relacionada con la nómina de personas contratadas por este Ministerio a partir del 1º de marzo de 2005.

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR JULIO LARA.

La Oficina Nacional del Servicio Civil envía la respuesta al pedido de informes presentado por el señor Senador Leonardo Nicolini en relación con el régimen de contratación de personas discapacitadas contenido en la Ley Nº 17.216.

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR NICOLINI.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite la respuesta al pedido de Informes del señor Senador Gustavo Penadés relacionado con la política exterior de nuestro país respecto del Acuífero Guaraní.

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR PENADES.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en cumplimiento de lo resuelto por el Senado en sesión del 10 de julio de 2003, remite el informe trimestral de los negocios de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland con las empresas Petrolera del Conosur S.A. y Carboclor S.A.

- HA SIDO REPARTIDO.

La Cámara de Representantes:

- remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se declara a Villa Cardal, ubicada en la 8a. Sección Judicial del departamento de Florida, Capital de la Cuenca Lechera.

- A LA COMISION DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.

- por el que se declara feriado no laborable para la ciudad de Maldonado el día 19 de octubre de 2005, con motivo de conmemorarse los 250 años del proceso de su fundación, y se declara el 19 de octubre de cada año como "Día de Maldonado".

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- por el que se concede una pensión graciable al señor Abel Soria Gil.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- por el que se designa "Ramón Joaquín Vinci Bosco", el Hogar de Ancianos de la ciudad capital del departamento de Salto, dependiente del Ministerio de Salud Pública.

- A LA COMISION DE SALUD PUBLICA.

- y comunica que sancionó los siguientes proyectos de ley:

- por el que se autoriza la salida del país de una delegación compuesta por un Oficial Subalterno y veintisiete Cadetes de la Escuela Militar, a efectos de participar en el desfile a realizarse el día 12 de octubre próximo, con motivo de la Fiesta Nacional en el Reino de España, entre el 5 y el 18 de octubre de 2005.

- por el que se autoriza la salida del territorio nacional, de una Sección de la Brigada de Caballería Nº 1, el día 20 de setiembre de 2005, a efectos de participar en el Desfile de Caballería Gaucha Binacional, a realizarse en la ciudad de Santana do Livramento, República Federativa del Brasil.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

El señor Presidente del Senado comunica a los señores integrantes del Cuerpo que se ha firmado un Convenio Marco de Cooperación Institucional entre el Honorable Senado de la República Oriental del Uruguay y la Honorable Cámara de Senadores de la República del Para-guay.

- TENGASE PRESENTE. REPARTASE.

El señor Senador Juan Justo Amaro, conforme lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento del Cuerpo, solicita realizar una exposición por el término de cuarenta y cinco minutos sobre el tema "Recientes denuncias presentadas a la Justicia Penal por parte del Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado".

- SE VA A VOTAR AL FINALIZAR LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS.

El señor Senador Eduardo Ríos, conforme lo establecido en el artículo 172 del Reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y a la Asociación Patriótica del Uruguay, relacionada con el 90º Aniversario de la fundación de la mencionada Asociación Patriótica.

- HA SIDO DISTRIBUIDA. SE PROCEDERA A VOTAR EL TRAMITE SOLICITADO UNA VEZ FINALIZADA LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informados los siguientes proyectos de resolución:

- Por el que se crea la Comisión Especial de Deporte.

- HA SIDO REPARTIDO. ESTA INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

- Por el que se modifica el artículo 130 del Reglamento del Cuerpo.

- REPARTASE. INCLUYASE EN EL ORDEN DEL DIA DE UNA SESION ESPECIAL.

La Comisión de Hacienda eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- Por el que se modifican normas relativas al pago del Impuesto a las Ejecuciones Judiciales.

- Por el que se modifican los literales B) y C) del artículo 2º de la Ley Nº 17.730, de 31 de diciembre de 2003, relacionados con la financiación del Seguro para el Control de la Brucelosis.

- HAN SIDO REPARTIDOS. ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informado el proyecto de ley por el que se con-cede una pensión graciable al señor José Luis Pomi Miracle.

- REPARTASE. INCLUYASE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE MAÑANA.

La Junta Departamental de Tacuarembó remite:

- con destino a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, copia de las expresiones del Edil señor

Jorge Rodríguez, referidas a la posibilidad de otorgar una línea de crédito por parte del Banco de la República para productores de bajo nivel de endeudamiento.

- A LA COMISION DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.

- copia de la resolución que fuera enviada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que el referido departamento sea tenido en cuenta en lo relativo al trazado de Rutas Nacionales.

- copia de lo expresado por la Edila señora Rosario De León en relación con el régimen de pases en comisión.

- TENGANSE PRESENTES."

4) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, el señor Senador Gustavo Penadés solicita se curse el siguiente pedido de informes: al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la ANEP, referido a declaraciones realizadas por el señor Vicepresidente del CODICEN publicadas en un semanario de nuestra capital.

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO."

(Texto del pedido de informes)

"PEDIDO DE INFORMES

15 de setiembre de 2005.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores,

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de que se remita al Ministro de Educación y Cultura y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la ANEP, de conformidad con el artículo 118 de la Constitución de la República, el siguiente pedido de informes:

1. Si son ciertas las informaciones publicadas por el semanario "Búsqueda" de 8 de setiembre del corriente, que trascribe una entrevista realizada por la publicación "Punto.edu" al señor Vicepresidente del CODICEN.

2. Cuál es el fundamento de las siguientes expresiones del señor Vicepresidente del CODICEN: "Creo que la enseñanza privada puede ser peligrosa".

3. Si pertenecen al señor Vicepresidente del CODICEN las siguientes expresiones transcriptas por la revista "Punto.edu" "…y siempre la he defendido (a la educación pública) pensando que representa mejor los principios de laicidad que cierto tipo de enseñanza privada, como la confesional".

4. Si las declaraciones transcriptas implican cuestionar la existencia de institutos educativos confesiona-les.

5. Si las expresiones del Profesor José Pedro Barrán representan la opinión que respecto a la enseñanza privada tiene el CODICEN.

6. Cuáles son -si es que existen- las iniciativas a estudio del CODICEN en relación a la enseñanza privada.

7. Si es intención del CODICEN establecer algún tipo de limitación, restricción o cualquier tipo de intervención en relación a las instituciones de enseñanza privada, sean éstas confesionales o no.

Gustavo Penadés. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, el señor Senador Gustavo Penadés solicita se curse el siguiente pedido de informes: al Ministerio de Desarrollo Social, con destino al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), solicitando organigrama y estructura de cargos y funciones contratadas del mencionado Organismo, y detalles de las diversas Encargaturas concedidas o renovadas.

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO"

(Texto del pedido de informes:)

"PEDIDO DE INFORMES

20 de setiembre de 2005.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de que se remita al Ministro de Desarrollo Social y por su intermedio al Instituto de la Niñez y la Adolescencia, de conformidad con el artículo 118 de la Constitución de la República, el siguiente pedido de informes:

1. Organigrama y estructura de cargos y funciones contratadas del Organismo.

2. Detalle de la cantidad de Encargaturas, discriminadas por grados y cargos, que fueron concedidas y/o renovadas por el actual Directorio del INAU. Se solicita se remitan todas las resoluciones adoptadas al respecto por el Directorio.

3. Cantidad de Encargaturas de cargos cuyos grados impliquen compensaciones por Supervisión y Dirección, señalando grados y funciones.

4. Si existen Encargaturas con grados y funciones de Supervisión y Dirección otorgadas a funcionarios que carezcan de personal a cargo; indicando sus grados y funciones, así como los motivos de las designaciones.

5. Detallar los cargos y grados que poseen los funcionarios a los cuales se les han asignado Encargaturas, indicando en cada caso los grados y funciones encargadas.

6. Detalle de las Encargaturas que asignadas a funcionarios del Organismo a los que se les bajó de grado en la Encargatura; discriminadas por cantidades, cargos y grados de Encargaturas que poseían y cargos y grados de Encargaturas a las cuales se les bajó. Adjuntar las resoluciones dictadas al respecto así como la relación de cargos y grados que poseen en la estructura orgánica de cargos y funciones del Organismo dichos funcionarios.

7. Detalle de las Encargaturas cesadas, discriminadas por cargos y grados, indicando asimismo los cargos y grados que poseen los funcionarios a los cuales se les cesó la Encargatura, adjuntando las resoluciones dictadas.

8. Explicación de las razones que motivaron el otorgamiento, renovación, baja y cese de Encargaturas. Se desea especialmente conocer si en situaciones diferentes se aplicaron criterios iguales y en situaciones iguales criterios diferentes.

9. Si existen o han existido durante el mandato del actual Directorio situaciones de funcionarios con cargos y grados distintos a los cuales se les hayan asignado Encargaturas de grados iguales. Especificar los cargos y grados de los funcionarios, así como los cargos y grados de las funciones encargadas, haciendo referencia a los criterios que motivaron dichas situaciones.

10. Si en situaciones iguales en cuanto a la jerarquía de los cargos que ostentan los funcionarios en la estructura de cargos y funciones del Organismo se les han otorgado o renovado Encargaturas de distintos grados y/o se les bajó el grado de la Encargatura o cesó. Especificar cuáles fueron los criterios aplicados por el Directorio para la renovación de unas y para el cese o baja de otras.

11. Si el personal que desempeña funciones administrativas o de cualquier otra naturaleza en dependencia directa del Directorio ostenta Encargaturas y/o recibe algún tipo de compensación o beneficio (por ejemplo horas extra, etc.). Especificar la cantidad total de funcionarios, cargos y grados que poseen en el Organismo; así como el detalle de funcionarios a los que les fueron asignadas Encargaturas, los cargos y grados de las mismas; y las horas extras autorizadas, en el caso de que las hubiera.

12. Si el Directorio del INAU tiene asesores directos y en caso de ser ello así: cantidad, grados y cargos que tienen en el Organismo, así como si poseen funciones Encargadas, grados y funciones de las mismas, y si perciben alguna otra compensación y/o beneficio por tales funciones encargadas.

13. Si existen funcionarios que se desempeñan en funciones de asesores del Directorio a los que se les hayan otorgado Encargaturas con cargos y grados de otros servicios pertenecientes al Organismo. Si ello fuera así, detallar los casos.

14. Si el personal de Dirección General cuenta con funcionarios que posean Encargaturas. De ser cierto: se solicita el detalle de la cantidad de funcionarios, cargos y grados que posean en el Organismo.

15. Si el Director General es funcionario del Organismo.

En caso afirmativo, detallar su cargo y grado presupuestal, así como si le fue otorgada alguna Encargatura en anteriores administraciones. Si así hubiera sido: detallar cargo y grado de la Encargatura y período en que usufructuó de la misma.

16. Si existen funcionarios a los que se les hubiera concedido o renovado Encargaturas:

a. que hubieran sido sumariados administrativamente y que hubieran recibido sanciones a consecuencia de los mismos en los últimos ocho años.

b. que hubieran estado sujetos a la Justicia Penal y/o que estuvieran pendientes reclamaciones judiciales por acciones de repetición al amparo de lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución de la República.

En caso de darse dichos extremos se solicita: especificar cargos y grados que poseen los funcionarios en el Organismo, como asimismo cargos, funciones y grados de las Encargaturas que les fueran concedidas o que posean, así como las sanciones aplicadas, las reclamaciones pendientes y los montos de las mismas.

17. Se solicita se informe si existen funcionarios con grados de alta jerarquía cumpliendo funciones en comisión con sumarios administrativos culminados con sanciones y juicios de reclamación pendientes en la órbita del Poder Judicial. Adjuntar la correspondiente resolución; sanción aplicada y monto de la reclamación que se está sustanciando.

18. Si se ha procedido a llamar a concurso para la provisión de todas las Encargaturas que impliquen grados y funciones de Supervisión; como así también entre las de menor grado.

19. Si las vacantes generadas por las Encargaturas que se bajaron de grado y/o cesaron fueron provistas por concurso.

20. Si se ha consultado a la Oficina Nacional del Servicio Civil acerca de los criterios más adecuados para proveer las Encargaturas y/o concursar las mismas. Adjuntar los correspondientes informes.

21. Si se ha consultado a la Oficina Nacional del Servicio Civil acerca de la procedencia de llamar a concurso para la provisión de cargos con carácter transitorio, como en el caso de las Encargaturas.

22. Si es pertinente que el llamado referido en el numeral anterior se haga con carácter general entre funcionarios presupuestados, contratados y eventuales. De haberse consultado al respecto a la Oficina Nacional del Servicio Civil, adjuntar el informe correspondiente.

23. Si se han realizado contrataciones de personal con cargo a fondos del Plan Nacional de las Naciones Unidas-PNUD. En caso afirmativo: detallar los cargos y funciones que contrataron y si el personal contratado cumple funciones en otro organismo público.

24. Explicitar si existen diferencias salariales respecto de los montos correspondientes a las remuneraciones de los grados 10 y 11 en comparación con los grados 12, 13, 14 y 15, con compensaciones, supervisión y dirección de los escalafones A, B, C, D, E y F.

25. Detalle del cuerpo de asesoramiento del Directorio en relación a las renovaciones, baja y cese de Encargaturas; así como sus cargos y grados y especificar si tienen o han desempeñado Encargaturas, cargos, grados y funciones de las mismas.

26. Detalle de quien o quienes asesoran al Directorio del Organismo en el dictado de los actos administrativos y resoluciones relativas a Encargaturas, con detalle del cargo y grado de dichas personas, así como también de los cargos, grados y funciones de dichas Encargaturas.

Gustavo C. Penadés. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"Al amparo de lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, el señor Senador Francisco Gallinal solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, relacionado con el despido de un empleado de una estación de servicio y su posible incorporación a la empresa DUCSA.

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO."

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 20 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

En uso de la facultad que me otorga el Art. 118 de la Constitución de la República, solicito se curse el presente pedido de informes con destino al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y con destino a la ANCAP, a través del Ministerio de Industria y Energía:

El Diario "Ultimas Noticias" en su edición del sábado 17 de setiembre pasado en su página 12, señala que el empleado de una estación de servicio cuyo despido motivó una ocupación y el retiro momentáneo de los comerciantes de los Consejos Salariales, podría ser empleado por la empresa DUCSA, a solicitud del Ministerio de Trabajo promovida ante ANCAP.

Respecto al tema es nuestra intención solicitar la siguiente información:

Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:

1.- ¿Si ha realizado alguna gestión ante ANCAP a efectos que ésta a través de DUCSA proceda a la contratación de algún empleado?

A ANCAP:

2.- ¿Si el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha realizado gestiones ante ese Organismo, de las características referidas?

3.- ¿Si ha ingresado nuevo personal a DUCSA desde el 1º de abril a la fecha, y en caso afirmativo si dichos ingresos fueron por concurso o contratación directa?

Sin otro particular, agradeciendo se dé trámite al presente, le saluda atte.

Dr. Francisco Gallinal. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"Los señores Senadores Jorge Larrañaga, Francisco Gallinal, Ruperto Long, Gustavo Lapaz, Sergio Abreu, Carlos Moreira, Gustavo Penadés y Enrique Antía solicitan, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional relacionado con un artículo periodístico publicado en el Diario "El País" sobre "la lucha antisubversiva que se desarrolló desde fines de la década de 1960 hasta el advenimiento de la democracia.

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO."

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 20 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores,

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

Los Senadores del Partido Nacional, en uso de la facultad que nos otorga el Art. 118 de la Constitución de la República, solicitamos se curse el presente pedido de informes al Poder Ejecutivo, Ministerio de Defensa Nacional.

El Diario "El País" en su edición del domingo 18 de setiembre pasado en su página 11, hace referencia a una publicación en Internet editada por el Ejército Nacional, en la que entre otras cosas se hace referencia a la "lucha antisubersiva que se desarrolló desde fines de la década de 1960 hasta el advenimiento de la democracia en 1985".

Al respecto es nuestra intención solicitar la siguiente información:

1.- ¿Si dicha página es una publicación oficial del Ejército Nacional y por ende del Poder Ejecutivo - Ministerio de Defensa Nacional?

2.- ¿Quiénes son los responsables de la página y los autores de su contenido?

3.- ¿Con qué periodicidad se actualiza la información que contiene la misma?

4.- ¿El Contenido a que hace referencia la nota periodística referida, desde qué fecha figura publicada en la página?

Alberto Gallinal, Ruperto E. Long, Gustavo J. Lapaz, Gustavo Penadés, Enrique Antía, Carlos Moreira, Jorge Larrañaga, Sergio Abreu."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de varios pedidos de informes.

(Se da de los siguientes:)

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, los señores Senadores Leonardo Nicolini y Rafael Michelini solicitan se curse un pedido de informes a los Organismos que se detallan a continuación, para que comuniquen en qué situación se encontraba cada administración mencionada al 1º de marzo de 2005:

- Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Aduanas, Banco de Seguros del Estado y Banco de la República Oriental del Uruguay;

- Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por su intermedio al Instituto Nacional de Colonización;

- Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y por su intermedio a la Administración de Ferrocarriles del Estado, la Administración Nacional de Puertos y Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea;

- Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, la Administración Nacional de Telecomunicaciones y la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas;

- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social, al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a la Administración Nacional de Correos y al Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos;

- Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio al Banco Hipotecario del Uruguay y a Obras Sanitarias del Estado;

- Ministerio de Desarrollo Social con destino al Instituto Nacional del Niño y del Adolescente del Uruguay,

- y a los Ministerios del Interior; de Relaciones Exteriores; de Salud Pública; de Turismo y Deporte y de Defensa Nacional.

- OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS."

(Texto de los pedidos de informes:)

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini, Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ser trasladado a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obras, función Pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ser trasladado al Banco de Seguros del Estado (BSE):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función Pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ser trasladado al Banco de de la República Oriental del Uruguay (BROU):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función Pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función Pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para ser trasladado al Instituto Nacional de Colonización (INC):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para ser trasladado a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para ser trasladado a la Administración Nacional de Puertos (ANP):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para ser trasladado a las Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (PLUNA):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función Pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para ser trasladado a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función Pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para ser trasladado a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para ser trasladado a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para ser trasladado al Banco de Previsión Social (BPS):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Educación y Cultura (MEC):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para ser trasladado a la Administración Nacional de Correos (ANC):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para ser traslado al SODRE:

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) para ser trasladado al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) para ser trasladado a Obras Sanitarias del Estado (OSE):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) para ser trasladado al Instituto Nacional del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio del Interior (MI):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Relaciones Exteriores (MREE):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Salud Pública (MSP):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función Pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Turismo y Deporte (MTD):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

"Montevideo, 28 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 118 de la Constitución de la República, se solicita la tramitación del siguiente PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Defensa Nacional (MDN):

Con el fin de tomar conocimiento general de la situación en que se encontró al Organismo al 01/03/05, solicitamos nos informe de:

1) ¿Se solicitó una auditoría financiera por el período 2000-2004?

2) ¿A qué Organismo de Control se le realizó esta solicitud?

3) ¿En qué etapa se encuentra dicha solicitud?

4) En caso de que haya sido contestada, ¿cuál fue la respuesta?

5) De haberse iniciado la auditoría, ¿en qué etapa se encuentra dicho proceso?

6) ¿Cuándo se estima su finalización?

7) En caso de que la auditoría esté en curso o finalizada, ¿cuáles fueron las irregularidades más importantes detectadas en el Organismo?

8) ¿Qué inconvenientes produjeron las mismas para la gestión?

9) ¿Qué medidas se tomaron para solucionarlas?

10) En caso de que existan irregularidades, ¿serán presentadas a la justicia?

11) ¿Cuál era la situación financiera del Organismo al 01/03/05?

12) ¿Qué dificultades y/o consecuencias relevantes para la gestión del Organismo generó dicha situación financiera?

13) ¿Cuántos funcionarios ingresaron al Organismo a través de contratos de arrendamientos de obra, función pública, becarios y pasantes, u otras formas jurídicas de contratación durante el período 2000-2004?

14) ¿Cuántos contratos se encontraban vigentes al 01/03/05?

15) ¿Cuántos de ellos están legalmente autorizados y cuántos no están legalmente autorizados?

16) ¿Qué porcentaje del total de funcionarios representan dichos contratos?

17) ¿Cuáles son las fechas de finalización de dichos contratos?

Sin otro particular, lo saludamos atte.

Rafael Michelini, Leonardo Nicolini. Senadores."

5) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Los señores Senadores Luis Alberto Heber, Gustavo Penadés y Gustavo Lapaz presentan, con exposición de motivos, el siguiente proyecto de ley:

Por el que se autoriza a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados a otorgar concesiones para la ejecución de servicios a su cargo mediante la modalidad de licitación pública.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACIÓN."

(Texto del proyecto presentado:)

"PROYECTO DE LEY

ENTES AUTONOMOS Y SERVICIOS DESCENTRALIZADOS

Se les autoriza a otorgar concesiones para la ejecución de servicios públicos a su cargo mediante la modalidad de licitación pública

Artículo 1º.- El Poder Ejecutivo y los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados podrán otorgar concesiones para la ejecución de los servicios públicos a su cargo, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 2º.- En todos los casos el concesionario será seleccionado mediante la modalidad de licitación pública de acuerdo a lo previsto en el TOCAF.

Cuando el servicio público cuya ejecución se concede esté a cargo de un Ente Autónomo o Servicio Descentralizado, será necesario que el Poder Ejecutivo autorice dicha modalidad de ejecución, así como los pliegos de condiciones.

Artículo 3º.- El otorgamiento de concesiones se efectuará por un plazo determinado, reservándose la Administración el derecho de contralor que los servicios sean prestados en forma continua, regular y eficiente.

Asimismo el establecimiento de las tarifas estará condicionado a la previa homologación de la autoridad concedente, que tomará en cuenta a tales efectos el costo del servicio de acuerdo a las prácticas contables generalmente aceptadas y los márgenes de utilidad razonables.

La concesión podrá incluir la transferencia de derechos de uso, usufructo y personales, así como la constitución de derechos reales o personales respecto a los bienes necesarios para la ejecución del servicio durante el período de la concesión.

Para la enajenación de bienes inmuebles propiedad de la autoridad concedente, se estará a lo dispuesto en las leyes especiales que rijan al respecto.

Artículo 4º.- En el contrato de concesión se preverán los casos en que la Administración puede ejercer el derecho de rescate ante el incumplimiento del concesionario, así como el derecho de rescate unilateral, estableciéndose la forma en que se calcularán las indemnizaciones que correspondan en este último caso.

Artículo 5º.- La concesión en ningún caso conferirá al concesionario la facultad de expropiar, la que seguirá siendo competencia del Estado o Ente descentralizado que corresponda.

Artículo 6º.- El acto administrativo que otorgue la concesión, así como el contrato respectivo, será publicado en el Diario Oficial y se remitirá copia a la Asamblea General.

Artículo 7º.- El Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, podrán autorizar, contratar o subcontratar con terceros la realización de activida-des de su competencia, siempre que no constituyan co-metidos esenciales del Estado, o servicios públicos o sociales.

En todos los casos la autorización o contratación, se realizará dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º y en el inciso 1º del artículo 3º de la presente ley.

Artículo 8º.- En todos los casos previstos precedentemente, el Estado así como los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, favorecerán la libre concurrencia, adoptando las medidas necesarias para procurar evitar las situaciones de monopolio de hecho.

Artículo 9º.- Comuníquese, publíquese, etc.

Luis A. Heber, Gustavo Penadés, Gustavo Lapaz. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 27 de setiembre de 1991, el Poder Legislativo sancionó la Ley Nº 16.211, comúnmente llamada "Ley de Empresas Públicas". En el año 1992 se interpusieron dos recursos de referéndum parciales contra dicha ley, prosperando el que perseguía la derogación de los artículos 1, 2, 3, 10 y 32.

La discusión pública en torno al referéndum se centró en el tema ANTEL (artículos 10 y 32), resultando, a nuestro juicio, "arrastrados" los otros artículos.

De las normas derogadas presentan especial trascendencia los artículos 1 y 2, en la medida que permitían al Estado, así como a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, optar entre la prestación directa de los servicios públicos (artículo 1º) y actividades que no constituyeran cometidos esenciales ni servicios públicos o sociales (artículo 2º), o la actuación de terceros por la vía de la concesión, permiso, autorización, subcontratación, etc.

El presente proyecto de ley tiene por objetivo replan-tear la cuestión, introduciendo ajustes en el texto derogado, y, lógicamente, buscando superar las principales críticas dirigidas a las normas en las instancias previas al pronunciamiento del Cuerpo Electoral cuando derogó las mismas.

En el artículo 1º, haciendo referencia exclusiva a los servicios públicos, se reitera la facultad general del titular del mismo (sea el Poder Ejecutivo, Entes Autónomos o Servicios Descentralizados) de otorgar concesiones para su ejecución de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Se establece en forma clara en el artículo 2º cuál será el único procedimiento válido para la concesión de estos servicios, que será el régimen de licitación pública previsto en el TOCAF.

Se agrega además, buscando asegurar las mayores garantías en la contratación, que cuando el servicio público cuya ejecución se concede, esté a cargo de un Ente Autónomo o Servicio Descentralizado, será necesario que el Poder Ejecutivo autorice dicha modalidad de ejecución, así como los pliegos de condiciones.

Se reitera en el artículo 3º la solución de las normas legales derogadas (coincidentes con la Constitución), en cuanto a que el otorgamiento de concesiones se efectuará por un lazo determinado, reservándose la Administración el derecho de controlar que los servicios sean prestados en forma continua, regular y eficiente, y que el establecimiento de las tarifas estará condicionado a la previa homologación de la autoridad concedente, que tomará en cuenta a tales efectos el costo del servicio de acuerdo a las prácticas contables generalmente aceptadas y los márgenes de utilidad razonables.

Buscando superar una de las críticas efectuadas a las normas derogadas, se establece en el propio artículo 3º que la concesión podrá incluir la transferencia de derechos de uso, usufructo y personales, así como la constitución de derechos reales o personales respecto a los bienes necesarios para la ejecución del servicio durante el período de la concesión. Pero a continuación se agrega que para la enajenación de bienes inmuebles propiedad de la autoridad concedente, se estará a lo dispuesto en las leyes especiales que rijan al respecto. Esto implica que no podrá existir duda alguna en cuanto a que el texto propuesto no implica una autorización genérica para enajenar (como se sostuvo en el año 1992), sino que se mantiene sin modificaciones el régimen vigente.

En el artículo 4º se incorpora una referencia al derecho de rescate de la autoridad concedente, distinguiendo los casos en que el mismo se ejerce por incumplimiento del concesionario (ejercicio que no compromete la responsabilidad de la autoridad en principio), de los casos en que mediando cumplimiento del concesionario la autoridad concedente entiende conveniente proceder a dicho rescate. En este último caso (de acuerdo a lo previsto en el artículo 24 de la Constitución), se prevé que debe establecerse la forma en que se calcularán las indemnizaciones que correspondan.

Los artículos 5º y 6º del proyecto reiteran que la concesión en ningún caso conferirá al concesionario la facultad de expropiar, la que seguirá siendo competencia del Estado o Ente Descentralizado que corresponda, y que el acto Administrativo que otorgue la concesión, así como el contrato respectivo, será publicado en el Diario Oficial y se remitirá copia a la Asamblea General, a los efectos de la mayor transparencia del procedimiento.

En forma parecida a lo previsto en el artículo 2º de la Ley Nº 16.211, se prevé en el artículo 7º del proyecto que el Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, podrán autorizar, contratar, o subcontratar con terceros la realización de actividades de su competencia, siempre que no constituyan cometidos esenciales del Estado, o servicios públicos o sociales.

Se agrega en la materia la necesidad de licitación pública para la selección del contratante, equiparando este régimen con el previsto para la concesión de servicios públicos. A su vez, en el artículo 8º se establece la obligación del Estado así como de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, de favorecer la libre concurrencia, adoptando las medidas necesarias para procurar evitar las situaciones de monopolio de hecho.

En definitiva, el proyecto implica un nuevo análisis de temas de singular trascendencia, a la luz de lo ocurrido respecto a los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 16.211.

Luis A. Heber, Gustavo Penadés, Gustavo Lapaz. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Los señores Senadores Luis Alberto Heber, Gustavo Penadés y Gustavo Lapaz presentan con exposición de motivos el siguiente proyecto de ley:

Por el que se crean la Empresa Nacional de Combustibles, la Empresa Nacional de Portland y la Empresa Nacional de Alcoholes, las que serán personas jurídicas de Derecho Público no estatal.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION."

(Texto del proyecto presentado:)

"PROYECTO DE LEY

EMPRESA NACIONAL DE COMBUSTIBLES,

EMPRESA NACIONAL DE PORTLAND Y

EMPRESA NACIONAL DE ALCOHOLES

CAPITULO I

De la Naturaleza y la Organización

Artículo 1º.- Créanse la Empresa Nacional de Combustibles, la Empresa Nacional de Portland y la Empresa Nacional de Alcoholes, las que serán personas jurídicas de Derecho Público no estatal.

Cada Empresa se domiciliará en Montevideo, podrá establecer agencias, sucursales, representaciones y similares en el interior o exterior del país, y se regirá por las normas de derecho privado, salvo los casos expresamente establecidos en la presente ley.

Artículo 2º.- Los órganos de cada Empresa son el Director General o el Directorio, y la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 3º.- Las Empresas serán respectivamente administradas por un Director General designado y cesado por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, recayendo la designación en una persona de reconocida solvencia en materia de administración de empresas.

Cuando se proceda a la integración de capital por inversionistas privados, se sustituirá el Director General por un Directorio de tres a cinco miembros. Los representantes del Estado en el Directorio serán designados y cesados en la forma prevista en el inciso anterior.

La sustitución del Director General por un Directorio, así como el aumento del número de miembros del mismo, deberá ser autorizada por el Poder Ejecutivo, luego de producida la primera integración de capital privado.

Los miembros que representarán a los accionistas privados serán designados por éstos. El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento de su elección, sobre la base de que cada accionista tendrá derecho a tantos votos como de acciones sea titular.

Cada Presidente de Directorio será designado por el Poder Ejecutivo de entre los miembros representantes del Estado.

Artículo 4º.- Los Directores tendrán las incompatibilidades establecidas por el artículo 200 de la Constitución.

Artículo 5º.- La Asamblea General de Accionistas, una vez que se produzca, en cada empresa la integración de capitales privados, sesionará por lo menos una vez al año.

Integrada por todos los accionistas públicos y privados, considerará el balance y demás estados contables que le presente el Directorio, pudiendo aprobarlos u observarlos, en cuyo caso, y sin perjuicio de lo que establece la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989 para las sociedades anónimas, dará cuenta al Poder Ejecutivo a los efectos legales correspondientes. Asimismo, fijará la remuneración de los integrantes del Directorio.

Tendrá las mismas facultades que la Ley Nº 16.060, le otorga a las asambleas de las sociedades anónimas, salvo en los casos en que la presente ley establezca soluciones diversas.

Integrada únicamente por los accionistas privados, nombrará a los Directores que los represente y aprobará o desaprobará su gestión, pudiendo removerlos y designar sus sustitutos.

CAPITULO II

De la competencia

Artículo 6º.- La Empresa Nacional de Combustibles tendrá los mismos cometidos y poderes jurídicos con que actualmente cuenta la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), en materia de combustibles.

La Empresa Nacional de Portland tendrá los mismos cometidos y poderes jurídicos con que actualmente cuenta la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), en materia de portland.

La Empresa Nacional de Alcoholes tendrá los mismos cometidos y poderes jurídicos con que actualmente cuenta la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), en materia de alcoholes.

Artículo 7º.- Cada Director General o Directorio en su caso, dentro de su respectiva empresa, tendrá los siguientes poderes jurídicos:

A) Dictar el Reglamento General de la Empresa.

B) Dictar el Estatuto de sus Funcionarios. En todo lo que la presente ley no prevea, regirán las reglas del derecho privado.

C) Designar a sus funcionarios y destituirles con arreglo a las disposiciones del derecho laboral. En uno y otro caso, y luego de instalado el Directorio, se requerirá la mayoría absoluta de votos del cuerpo. La reglamentación procurará que el ingreso de sus funcionarios se realice por el sistema de concurso.

D) Emitir y colocar acciones, las que se cotizarán en el Bolsa de Valores. La reglamentación podrá autorizar su oferta en mercados extranjeros. Asimismo efectuará las colocaciones y las inversiones que constituirán la reserva de la empresa, sin perjuicio de las facultades que en esta materia corresponden a los órganos públicos de contralor.

E) En general, celebrar todos los actos civiles y comerciales, dictar los actos de administración interna, celebrar los controles y realizar las operaciones materiales inherentes a sus poderes generales de administración, con arreglo a los cometidos y dentro del giro que preceptivamente le asigna esta ley.

F) Delegar sus atribuciones por mayoría absoluta de votos del total de componentes y por resolución fundada en funcionarios de jerarquía dentro de la Empresa. No son delegables las atribuciones previstas en los literales A), B), C) y D) de este artículo. Tampoco son delegables las atribuciones del Director General o del Directorio en cuanto a la decisión de asociarse con otras empresas nacionales o extranjeras.

CAPITULO III

Del Régimen Financiero

Artículo 8º.- El patrimonio de cada una de las personas jurídicas de Derecho Público no estatal que se crea, estará constituido, inicialmente por la totalidad de bienes, derechos y obligaciones que le transfiera la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland.

La reglamentación, dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley, determinará los bienes, derechos, obligaciones y funcionarios, que en razón de la actividad a que actualmente están afectados, se transferirán a cada persona jurídica de derecho público no estatal. Las transferencias, deberán hacerse efectivas dentro de los noventa días posteriores al dictado de la reglamentación.

Artículo 9º.- El Capital inicialmente autorizado de cada Empresa será el que surja de la valuación de su patrimonio conforme los criterios que establezca la reglamentación y corresponderá en su totalidad al Estado y se documentará en acciones nominativas.

El capital podrá aumentarse hasta el doble del que surja mediante la venta de acciones que se emitirán y cotizarán en bolsa. A tales efectos se emitirán dos series de acciones, correspondiendo la Serie A al Estado y la B a los privados.

En ningún caso los aportes privados podrán superar a los estatales y necesariamente la mayoría de miembros del Directorio corresponderá a los representantes del Estado. Cualquier aumento de capital que supere lo dispuesto precedentemente deberá ser autorizado por ley.

Artículo 10.- Cada Director General o Directorio en su caso, fijará las condiciones de la emisión de nuevas acciones, el llamado a su suscripción a los interesados, los plazos y modalidades en que se realizará la efectiva integración.

Excepcionalmente podrá enajenar acciones a los funcionarios de la Empresa y si resultara conveniente podrá establecer un sistema de retiro voluntario incentivado de los mismos, recibiendo como única contraprestación acciones de la empresa.

CAPITULO IV

Del Contralor Administrativo, Financiero y Jurisdiccional

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería controlará la labor de cada Director General, pudiendo requerir información, efectuar observaciones y correcciones, así como sustituir libremente al Director.

Una vez que se integre el capital privado y se constituya cada Asamblea de accionistas, el contralor del Directorio será efectuado por este órgano de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 16.060 en lo que a asambleas de sociedades anónimas refiere. Sin perjuicio de lo anterior, el Poder Ejecutivo mantendrá la potestad de sustituir libremente a sus representantes en el Directorio.

Artículo 12.- Cada Empresa tendrá auditorías internas permanentes, sin perjuicio de las externas que podrá exigir un tercio de los miembros del Directorio, para el contralor de la eficiencia, efectividad y economía de su gestión.

Artículo 13.- El Directorio publicará periódicamente sus estados de situación.

CAPITULO V

Disposiciones Generales

Artículo 14.- Las personas que revisten como funcionarios de ANCAP a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, pasarán a actuar como dependientes de una de las personas jurídicas de Derecho Público no estatal que se crea, según establezca la reglamentación, en el régimen de derecho privado.

Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios que renuncien a sus cargos dentro de los ciento veinte días siguientes a la sanción de la reglamentación de la presente ley, tendrán derecho a la siguiente compensación especial:

a) quienes no configuren causal jubilatoria, recibirán una única compensación mensual, equivalente al 75% de sus remuneraciones de naturaleza salarial por el término de dos años.

b) quienes configuren causal jubilatoria, recibirán un subsidio mensual equivalente al 25% de sus remuneraciones de naturaleza salarial, por el término de dos años, siendo el mismo acumulable con la percepción de la pasividad.

Los subsidios referidos precedentemente, se servirán en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones previstas en el artículo 32 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

A los efectos de cubrir los gastos que demande la aplicación del presente artículo, cada Empresa podrá contraer endeudamiento en bancos de plaza, y/o realizar bienes que no sean indispensables para el cumplimiento de su cometido.

Artículo 15.- Los convenios colectivos que puedan encontrarse vigentes a la fecha de sanción de la presente ley, mantendrán su vigencia salvo en lo que puedan resultar incompatibles con el régimen de derecho privado que se crea.

En cualquier conflicto que se suscite entre los funcionarios de cada Empresa y su Directorio, serán competentes los órganos del Poder Judicial con competencia en materia laboral.

Artículo 16.- Los funcionarios comprendidos en el inciso 1 del artículo 15 de la presente ley, que contaren con una antigüedad mínima de tres años en el Ente a la fecha de promulgación de la presente ley, y que sean despedidos por el Director General o Directorio que corresponda, dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, tendrán derecho a una compensación especial equivalente a una indemnización por despido común, la que se determinará de acuerdo al derecho laboral, y que será acumulativa con las indemnizaciones que le correspondan en base al derecho privado.

No tendrán derecho a la compensación especial los funcionarios que sean despedidos por notoria mala conducta, ni los que renuncien a su cargo en forma expresa o tácita.

CAPITULO VI

Disposiciones Transitorias

Artículo 17.- La reglamentación determinará el momento en que entrarán en funcionamiento, en forma simultánea las nuevas empresas, una vez que se completen los procesos de transferencias referidos, lo que deberá producirse dentro del año de sancionada la presente ley.

En forma simultánea con dicha puesta en funcionamiento, desaparecerá el Ente Autónomo Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland.

Artículo 18.- Comuníquese, publíquese, etc.

Luis A. Heber, Gustavo Penadés, Gustavo Lapaz. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proyecto adjunto apunta a la creación de tres personas jurídicas de Derecho Público no estatal que se denominarán Empresa Nacional de Combustibles, Empresa Nacional de Portland y Empresa Nacional de Alcoholes, que tendrán respectivamente los cometidos que, en cada una de esas materias, tiene en la actualidad la ANCAP.

El objetivo perseguido con la iniciativa, es el de crear un marco de actuación más ágil y práctico para el hoy Ente Autónomo y al mismo tiempo, permitir la asociación con capitales privados, así como la participación popular en los capitales.

El proyecto de ley, buscando alcanzar lo anterior, establece que cada empresa se regirá por las normas de derecho privado salvo los casos expresamente establecidos en la ley.

En la administración de cada empresa, se prevé un período durante el cual la misma será administrada por un Director General, designado y cesado por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros.

Se prevé también la integración de capital por inversionistas privados, así como que cuando esto suceda, se sustituirá en cada empresa al Director General por un Directorio de tres a cinco miembros. Los representantes del Estado en cada Directorio serán designados y cesados por el Poder Ejecutivo y necesariamente serán la mayoría del Directorio.

Los miembros que representarán a los accionistas privados serán designados por éstos.

La Asamblea General de Accionistas, que comenzará a sesionar una vez que se produzca la integración de capitales privados, estará integrada por todos los accionistas públicos y privados, y considerará el balance y demás estados contables que le presente el Directorio, pudiendo aprobarlos u observarlos, en cuyo caso y sin perjuicio de lo que establece la Ley Nº 16.060 para las sociedades anónimas, dará cuenta al Poder Ejecutivo a los efectos legales correspondientes.

La Asamblea tendrá las mismas facultades que la Ley Nº 16.060 le otorga a las asambleas de las sociedades anónimas, salvo en los casos en que la presente ley establezca so-luciones diversas. Ejemplo de estas últimas es que integrada únicamente por los accionistas privados, nombrará a los Directores que los representen y aprobará o desaprobará su gestión, pudiendo removerlos y designar sus sustitutos.

Las Empresas, tendrán por cometido la realización de todos los actos y contratos necesarios, vinculados o conexos a su actividad. A estos efectos podrá realizar todo acto o actividad que tienda al mejor desarrollo de su gestión.

Los poderes jurídicos de cada Director General o Directorio en su caso se explicitan en el artículo 7º, debiendo destacarse el dictado del Reglamento General de la empresa y del Estatuto de sus funcionarios, la designación de sus funcionarios y su destitución, la emisión y colocación de acciones, las que se cotizarán en la Bolsa de Valores, etc.

En cuanto al régimen patrimonial y financiero, se prevé que el patrimonio de cada una de las personas jurídicas de Derecho Público no estatal que se crea, estará constituido, inicialmente, por la totalidad de bienes, derechos y obligaciones que le transfiera ANCAP conforme lo dispuesto en el artículo 8º.

El capital inicial será el que surja de la valuación de su patrimonio y corresponderá en su totalidad al Estado y se documentará en acciones nominativas.

Podrá aumentarse el capital hasta el doble del aporte estatal pero en ningún caso podrá superar el mismo. Con esto se asegura la conducción de la empresa a cargo de los representantes estatales que serán mayoría en el Directorio y en la Asamblea.

Las condiciones de la emisión de nuevas acciones, el llamado a su suscripción a los interesados, los plazos y modalidades en que se realizará la efectiva integración serán determinadas por cada Director General o Directorio en su caso, y se prevé que excepcionalmente se podrá enajenar acciones a los funcionarios de cada empresa y si resultara conveniente podrá establecer un sistema de retiro voluntario incentivado de los mismos, recibiendo como única contraprestación acciones de la empresa.

El contralor de las empresas se efectuará en varios niveles:

a) el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, controlará la labor del Director General o de los representantes del Estado en el Directorio, pudiendo requerir información, efectuar observaciones y correcciones, así como sustituir libremente al Director.

b) en un segundo nivel se reconocen los mecanismos de contralor que la Ley Nº 16.060 confiere a las asamblea de las sociedades anónimas.

Se establece que cada Empresa, tendrá auditorías internas permanentes, sin perjuicio de las externas que podrá exigir un tercio de los miembros del Directorio, para el contralor de la eficiencia, efectividad y economía de su gestión.

En el Capítulo V, se establecen disposiciones que refieren a los funcionarios actuales de ANCAP, los que en la forma que establezca la reglamentación serán traspasados a las empresas que se crean. En este sentido se prevé:

a. quienes revisten como funcionarios del Ente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, en forma automática pasarán a actuar como dependientes de las personas jurídicas de Derecho Público no estatal que se crea, en el régimen de derecho privado, según lo disponga la reglamentación.

b. sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios que renuncien a sus cargos dentro de los ciento veinte días siguientes a la sanción de la reglamentación de la presente ley, tendrán derecho a una compensación especial que se establece en el artículo 15.

c. los convenios colectivos que puedan encontrarse vigentes a la fecha de sanción de la presente ley, mantendrán su vigencia salvo en lo que puedan resultar incompatibles con el régimen de derecho privado que se crea.

d. los funcionarios actuales de ANCAP que contaren con una antigüedad mínima de tres años en el Ente a la fecha de promulgación de la presente ley, y que sean despedidos por su Director General o Directorio en su caso, dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, tendrán derecho a una compensación especial equivalente a una indemnización por despido común, que será acumulativa con las indemnizaciones que le correspondan en base al derecho privado. No tendrán derecho a la compensación especial los funcionarios que sean despedidos por notoria mala conducta, ni los que renuncien a su cargo en forma expresa o tácita.

En líneas generales, mediante la confluencia de normas de derecho público y de derecho privado, se busca que los cometidos hoy a cargo de ANCAP se puedan ejercer en un marco jurídico ágil y apto para el mejor desarrollo de los mismos, asegurando asimismo el contralor del Estado sobre su gestión.

Luis A. Heber. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Los señores Senadores Luis Alberto Heber, Gustavo Penadés y Gustavo Lapaz presentan, con exposición de motivos, el siguiente proyecto de ley:

- Por el que se transforma la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) en una persona jurídica de Derecho Público no estatal, que se denominará Empresa Nacional de Energía.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION."

(Texto del proyecto presentado:)

"PROYECTO DE LEY

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

Transformación de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) en persona jurídica de Derecho Público no estatal

CAPITULO I

De la naturaleza y la Organización

Artículo 1º.- Transfórmase la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) en una persona jurídica de derecho público no estatal, que se denominará Empresa Nacional de Energía.

La Empresa se domiciliará en Montevideo, podrá establecer agencias, sucursales, representaciones y similares en el interior o exterior del país, y se regirá, por las normas de derecho privado salvo los casos expresamente establecidos en la presente ley.

Artículo 2º.- Los órganos de la Empresa son el Director General o el Directorio, y la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 3º.- La Empresa será administrada por un Director General designado y cesado por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, recayendo la designación en una persona de reconocida solvencia en materia de administración de empresas.

Cuando se proceda a la integración de capital por inversionistas privados, se sustituirá el Director General por un Directorio de tres a cinco miembros. Los representantes del Estado en el Directorio serán designados y cesados en la forma prevista en el inciso anterior.

La sustitución del Director General por un Directorio, así como el aumento del número de miembros del mismo deberán estar autorizadas por el Poder Ejecutivo, luego de producida la primera integración de capital privado.

Los miembros que representarán a los accionistas privados serán designados por éstos. El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento de su elección, sobre la base de que cada accionista tendrá derecho a tantos votos como de acciones sea titular.

El Presidente del Directorio será designado por el Poder Ejecutivo de entre los miembros representantes del Estado.

Artículo 4º.- Los Directores tendrán las incompatibilidades establecidas por el artículo 200 de la Constitución.

Artículo 5º.- La Asamblea General de Accionistas, una vez que se produzca la integración de capitales privados, sesionará por lo menos una vez al año.

Integrada por todos los accionistas públicos y pri-vados, considerará el balance y demás estados contables que presente el Directorio, pudiendo aprobarlos u observarlos, en cuyo caso, y sin perjuicio de lo que establece la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989 para las sociedades anónimas, dará cuenta al Poder Ejecutivo a los efectos legales correspondientes. Asimismo, fijará la remuneración de los integrantes del Directorio.

Tendrá las mismas facultades que la Ley Nº 16.060 le otorga a las asambleas de sociedades anónimas, salvo en los casos en que la presente ley establezca soluciones diversas.

Integrada únicamente por los accionistas privados, nombrará a los Directores que los representen y aprobará o desaprobará su gestión, pudiendo removerlos y designar sus sustitutos.

CAPITULO II

De la competencia

Artículo 6º.- La Empresa tendrá los mismos cometidos y poderes jurídicos con que actualmente cuenta la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas.

Artículo 7º.- El Director General o el Directorio en su caso tendrá los siguientes poderes jurídicos:

A) Dictar el Reglamento General de la Empresa.

B) Dictar el Estatuto de sus Funcionarios. En todo lo que la presente ley no prevea, regirán las reglas del derecho privado.

C) Designar a sus funcionarios y destituirles con arreglo a las disposiciones del derecho laboral. En uno y otro caso, y luego de instalado el Directorio, se requerirá la mayoría absoluta de votos del Cuerpo.

La reglamentación procurará que el ingreso de sus funcionarios se realice por el sistema de concurso.

D) Emitir y colocar acciones, las que se cotizarán en la Bolsa de Valores. La reglamentación podrá autorizar su oferta en mercados extranjeros.

Asimismo efectuará las colocaciones y las inversiones que constituirán la reserva de la empresa, sin perjuicio de las facultades que en esta materia corresponden a los órganos públicos de contralor.

E) En general, celebrar todos los actos civiles y comerciales, dictar los actos de administración interna, celebrar los contratos y realizar las operaciones materiales inherentes a sus poderes generales de administración, con arreglo a los cometidos y dentro del giro que preceptivamente le asigna esta ley.

F) Delegar sus atribuciones por mayoría absoluta de votos del total de componentes y por resolución fundada en funcionarios de jerarquía dentro de la Empresa. No son delegables las atribuciones previstas en los literales A, B, C y D de este artículo. Tampoco son delegables las atribuciones del Director General o del Directorio en cuanto a la decisión de asociarse con otras empresas nacionales o extranjeras.

CAPITULO III

Del Régimen Financiero

Artículo 8º.- El patrimonio de la persona jurídica de derecho público no estatal que se crea, estará constituido, inicialmente, por la totalidad de bienes, derechos y obligaciones que actualmente tiene la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas.

Artículo 9º.- El capital inicialmente autorizado de la Empresa será el que surja de valuación de su patrimonio conforme los criterios que establezca la reglamentación y corresponderá en su totalidad al Estado y se documentará en acciones nominativas.

El capital podrá aumentarse hasta el doble del que surja por aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior, mediante la venta de acciones que se emitirán y cotizarán en bolsa. A tales efectos se emitirán dos series de acciones, correspondiendo la Serie A al Estado y la B a los privados.

En ningún caso los aportes privados podrán superar a los estatales y necesariamente la mayoría de los miembros del Directorio corresponderá a los representantes del Estado.

Cualquier aumento de capital que supere lo dispuesto precedentemente deberá ser autorizado por ley.

Artículo 10.- El Director General o el Directorio en su caso, fijará las condiciones de la emisión de nuevas acciones, el llamado a su suscripción a los interesados, los plazos, y modalidades en que se realizará la efectiva integración.

Excepcionalmente podrá enajenar acciones a los funcionarios de la Empresa y si resultara conveniente podrá establecer un sistema de retiro voluntario incentivado de los mismos, recibiendo como única contraprestación acciones de la empresa.

CAPITULO IV

Del contralor administrativo, financiero y jurisdiccional

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, controlará la labor del Director General, pudiendo requerir información, efectuar observaciones y correcciones, así como sustituir libremente al Director.

Una vez que se integre el capital privado y se constituya la Asamblea de accionistas, el contralor del Directorio será efectuado por este órgano de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 16.060 en lo que a asambleas de sociedades anónimas refiere. Sin perjuicio de lo anterior, el Poder Ejecutivo mantendrá la potestad de sustituir libremente a sus representantes en el Directorio.

Artículo 12.- La Empresa tendrá auditorías internas permanentes, sin perjuicio de las externas que podrá exigir un tercio de los miembros del Directorio, para el contralor de la eficiencia, efectividad y economía de su gestión.

Artículo 13.- El Directorio publicará periódicamente sus estados de situación.

CAPITULO V

Disposiciones generales

Artículo 14.- Las personas que revisten como funcionarios de UTE a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, en forma automática pasarán a actuar como dependientes de la persona jurídica de derecho público no estatal que se crea, en el régimen de derecho privado.

Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios que renuncien a sus cargos dentro de los ciento veinte días siguientes a la sanción de la reglamentación de la presente ley, tendrán derecho a la siguiente compensación especial:

a) quienes no configuren causal jubilatoria, recibirán una única compensación mensual, equivalente al 75% de sus remuneraciones de naturaleza salarial por el término de dos años.

b) Quienes configuren causal jubilatoria recibirán un subsidio mensual equivalente al 25% de sus remuneraciones de naturaleza salarial, por el término de dos años, siendo el mismo acumulable con la percepción de la pasividad.

Los subsidios referidos precedentemente, se servirán en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones previstas en el artículo 32 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

Artículo 15.- Los convenios colectivos que puedan encontrarse vigentes a la fecha de sanción de la presente ley, mantendrán su vigencia salvo en lo que puedan resultar incompatibles con el régimen de derecho privado que se crea.

En cualquier conflicto que se suscite entre los funcionarios de la Empresa y su Directorio, serán competentes los órganos del Poder Judicial con competencia en materia laboral.

Artículo 16.- Los funcionarios comprendidos en inciso 1º del artículo 15 de la presente ley, que contaren con una antigüedad mínima de tres años en el Ente a la fecha de promulgación de la presente ley, y que sean despedidos por el Director General o Directorio en su caso, dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, tendrán derecho a una compensación especial equivalente a una indemnización por despido común, la que se determinará de acuerdo al derecho laboral, y que será acumulativa con las indemnizaciones que le correspondan en base al derecho privado.

No tendrán derecho a la compensación especial los funcionarios que sean despedidos por notoria mala conducta, ni los que renuncien a su cargo en forma expresa o tácita.

Artículo 17.- Comuníquese, publíquese, etc.

Luis. A. Heber, Gustavo Penadés, Gustavo Lapaz. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proyecto adjunto implica la transformación de UTE en una persona jurídica de Derecho Público no estatal, que se denominará Empresa Nacional de Energía y que se regirá por las normas de derecho privado, salvo los casos expresamente establecidos en la ley.

El objetivo perseguido con la iniciativa, es el de permitir un marco de actualización más ágil para el hoy Ente Autónomo, y buscar la asociación de capitales privados, y facilitar la participación popular en el mismo.

En la administración de la empresa, se prevé un período transitorio durante el cual la misma será administrada por un Director General designado y cesado por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros.

Se prevé también la integración de capital por inversionistas privados, así como que cuando esto suceda, se sustituirá el Director General por un Directorio de tres a cinco miembros. Los representantes del Estado en el Directorio serán designados y cesados por el Poder Ejecutivo y necesariamente serán la mayoría del Directorio.

Los miembros que representarán a los accionistas privados serán designados por éstos.

La Asamblea General de Accionistas, que comenzará a sesionar una vez que se produzca la integración de capitales privados, estará integrada por todos los accionistas públicos y privados, y considerará el balance y demás estados contables que le presente el Directorio, pudiendo aprobarlos u observarlos, en cuyo caso, y sin perjuicio de lo que establece la Ley Nº 16.060 para las sociedades anónimas, dará cuenta al Poder Ejecutivo a los efectos legales correspondientes.

La Asamblea tendrá las mismas facultades que la Ley Nº 16.060 le otorga a las asambleas de las sociedades anónimas, salvo en los casos en que la presente ley establezca soluciones diversas. Ejemplo de estas últimas es que integrada únicamente por los accionistas privados, nombrará a los Directores que los representen y aprobará o desaprobará su gestión, pudiendo removerlos y designar sus sustitutos.

La Empresa, tendrá por cometido la realización de todos los actos y contratos necesarios, vinculados o conexos a su actividad. A estos efectos podrá adquirir carteras de otras empresas, o asociarse con alguna de ellas para su administración, y en general realizar todo acto o actividad que tienda al mejor desarrollo de su gestión.

Los poderes jurídicos del Director General o el Directorio en su caso se explicitan en el artículo 7, debiendo destacarse el dictado del Reglamento General y del estatuto de sus funcionarios, la designación de sus funcionarios y su destitución, la emisión y colocación de acciones, los que se cotizarán en la Bolsa de Valores, etc.

En cuanto al régimen patrimonial y financiero, se prevé que el patrimonio de la persona jurídica de Derecho Público no estatal que se crea, estará constituido, inicialmente por la totalidad de bienes, derechos y obligaciones que actualmente tiene UTE.

El capital inicial será el que surja de valuación de su patrimonio y corresponderá en su totalidad al Estado y se documentará en acciones nominativas.

Podrá aumentarse el capital hasta el doble del aporte estatal pero en ningún caso podrá superar el mismo. Con esto se asegura la conducción de la empresa a cargo de los representantes estatales que serán mayoría en el Directorio y en la Asamblea.

Las condiciones de la emisión de nuevas acciones, el llamado a su suscripción a los interesados, los plazos y modalidades en que se realizará la efectiva integración serán determinadas por el Director General o Directorio en su caso, y se prevé que excepcionalmente se podrán enajenar acciones a los funcionarios y si resultare conveniente podrá establecer un sistema de retiro voluntario incentivado de los mismos, recibiendo como única contraprestación acciones de la empresa.

El contralor de la empresa se efectuará en varios niveles:

a. el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria y Energía, controlará la labor del Director General o de los representantes del Estado en el Directorio, pudiendo requerir información, efectuar observaciones y correcciones, así como sustituir libremente al Director.

b. En un segundo nivel se reconocen los mecanismos de contralor que la Ley Nº 16.060 confiere a las asambleas de las sociedades anónimas.

Se establece que la Empresa, tendrá auditorías internas pemanentes, sin perjuicio de las externas que podrá exigir un tercio de los miembros del Directorio, para el contralor de la eficiencia, efectividad y economía de su gestión.

En el Capítulo V, se establecen disposiciones que refieren a los funcionarios actuales de UTE, estableciendo que:

a. quienes revisten como funcionarios del Ente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, en forma automática pasarán a actuar como dependientes de la persona jurídica de Derecho Público no estatal que se crea, en régimen de derecho privado.

b. Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios que renuncien a sus cargos dentro de los ciento veinte días siguientes a la sanción de la reglamentación de la presente ley, tendrán derecho a una compensación especial que se establece en el artículo 15.

c. Los convenios colectivos que puedan encontrarse vigentes a la fecha de sanción de la presente ley, mantendrán su vigencia salvo en lo que puedan resultar incompatibles con el régimen de derecho privado que se crea.

d. Los funcionarios actuales de UTE, que contaren con una antigüedad mínima de tres años en el Ente a la fecha de la promulgación de la presente ley, y que sean despedidos por el Director General o Directorio en su caso, dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, tendrán derecho a una compensación especial, equivalente a una indemnización por despido común, que será acumulativa con las indemnizaciones que le correspondan en base al derecho privado. No tendrán derecho a la compensación especial los funcionarios que sean despedidos por notoria mala conducta, ni los que renuncien a su cargo en forma expresa o tácita.

En líneas generales, mediante la confluencia de normas de derecho público y de derecho privado, se da a UTE un marco jurídico ágil y apto para el mejor desarrollo de su actividad, asegurando asimismo el contralor del Estado sobre su gestión.

Luis A. Heber, Gustavo Penadés, Gustavo Lapaz. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Los señores Senadores Luis Alberto Heber, Gustavo Penadés y Gustavo Lapaz presentan, con exposición de motivos, el siguiente proyectos de ley:

- Por el que se transforma el Banco de Seguros del Estado en una persona jurídica de Derecho Público no estatal, que se denominará Banco Nacional de Seguros y

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION."

(Texto del proyecto presentado:)

"PROYECTO DE LEY

BANCO NACIONAL DE SEGUROS

CAPITULO I

DE LA NATURALEZA Y LA ORGANIZACION

Artículo 1º.- Transfórmase el Banco de Seguros del Estado en una persona jurídica de derecho público no estatal, que se denominará Banco Nacional de Seguros.

El Banco se domiciliará en Montevideo, podrá establecer agencias, sucursales, representaciones y similares en el interior o exterior del país, y se regirá por las normas de derecho privado salvo los casos expresamente establecidos en la presente ley.

Artículo 2º.- Los órganos del Banco Nacional de Seguros son el Director General o el Directorio, y la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 3º.- El Banco Nacional de Seguros será administrado por un Director General designado y cesado por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, recayendo la designación en una persona de reconocida solvencia en materia de administración de empresas.

Cuando se proceda a la integración de capital por inversionistas privados, se sustituirá el Director General por un Directorio de tres a cinco miembros. Los representantes del Estado en el Directorio serán designados y cesados en la forma prevista en el Inciso anterior.

La sustitución del Director General por un Directorio, así como el aumento del número de miembros del mismo, deberá ser autorizada por el Poder Ejecutivo, luego de producida la primera integración de capital privado.

Los miembros que representarán a los accionistas privados serán designados por éstos. El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento de su elección, sobre la base de que cada accionista tendrá derecho a tantos votos como de acciones sea titular.

El Presidente del Directorio será designado por el Poder Ejecutivo de entre los miembros representantes del Estado.

Artículo 4º.- Los Directores tendrán las incompati-bilidades establecidas por el artículo 200 de la Constitución.

Artículo 5º.- La Asamblea General de Accionistas, una vez que se produzca la integración de capitales privados, sesionará por lo menos una vez al año.

Integrada por todos los accionistas públicos y privados, considerará el balance y demás estados contables que le presente el Directorio, pudiendo aprobarlos y observarlos, en cuyo caso, y sin perjuicio de lo que establece la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989 para las sociedades anónimas, dará cuenta al Poder Ejecutivo a los efectos legales correspondientes. Asimismo, fijará la remuneración de los integrantes del Directorio.

Tendrá las mismas facultades que la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, le otorga a las asambleas de las sociedades anónimas, salvo en los casos en que la presente ley establezca soluciones diversas.

Integrada únicamente por los accionistas privados, nombrará a los Directores que los representen y aprobará o desaprobará su gestión, pudiendo removerlos y designar sus sustitutos.

CAPITULO II

DE LA COMPETENCIA

Artículo 6º.- El Banco Nacional de Seguros, tendrá por cometido la realización de todos los actos y contratos necesarios, vinculados o conexos a su actividad como empresa aseguradora.

A los efectos anteriores podrá adquirir carteras de otras empresas de seguros, o asociarse con alguna de ellas para su administración, y en general realizar todo acto o actividad que tienda al mejor desarrollo de su gestión.

Artículo 7º.- El Director General o el Directorio en su caso tendrá los siguientes poderes jurídicos:

A) Dictar el Reglamento General del Banco.

B) Dictar el Estatuto de sus funcionarios. En todo lo que la presente ley no prevea, regirán las reglas del derecho privado.

C) Designar a sus funcionarios y destituirles con arreglo a las disposiciones del derecho laboral. En uno y otro caso, y luego de instalado el Directorio, se requerirá la mayoría absoluta de votos del cuerpo. La reglamentación procurará que el ingreso de sus funcionarios se realice por el sistema del concurso.

D) Emitir y colocar acciones, las que se cotizarán en la Bolsa de Valores. La reglamentación podrá autorizar su oferta en mercados extranjeros. Asimismo efectuará las colocaciones y las inversiones que constituirán la reserva de la empresa, sin perjuicio de las facultades que en esta materia corresponden a los Organos Públicos de contralor.

E) En general, celebrar todos los actos civiles y comerciales, dictar los actos de administración interna, celebrar los contratos y realizar las operaciones materiales inherentes a sus poderes generales de administración, con arreglo a los cometidos y dentro del giro que preceptivamente le asigna esta ley.

F) Delegar sus atribuciones por mayoría absoluta de votos del total de componentes y por resolución fundada en funcionarios de jerarquía dentro del Banco. No son delegables las atribuciones previstas en los literales A, B, C y D de este artículo. Tampoco son delegables las atribuciones del Director General o del Directorio en cuanto a la decisión de asociarse con otras empresas nacionales o extranjeras en materia de seguros.

CAPITULO III

DEL REGIMEN FINANCIERO

Artículo 8º.- El patrimonio de la persona jurídica de derecho público no estatal que se crea, estará constituido, inicialmente, por la totalidad de bienes, derecho y obligaciones que actualmente tiene el Banco de Seguros del Estado.

Artículo 9º.- El capital inicialmente autorizado del Banco será el que surja de la valuación de su patrimonio - conforme los criterios que establezca la reglamentación y corresponderá en su totalidad al Estado y se documentará en acciones nominativas.

El capital podrá aumentarse hasta el doble del que surja por aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior, mediante la venta de acciones que se emitirán y cotizarán en bolsa. A tales efectos, se emitirán dos series de acciones, correspondiendo la Serie A al Estado y la B a los privados.

En ningún caso los aportes privados podrán superar a los estatales y necesariamente la mayoría de los miembros del Directorio corresponderá a los representantes del Estado.

Cualquier aumento de capital que supere lo dispuesto precedentemente deberá ser autorizado por ley.

Artículo 10.- El Director General o el Directorio en su caso, fijará las condiciones de la emisión de nuevas acciones, el llamado a su suscripción a los interesados, los plazos y modalidades en que se realizará la efectiva integración.

Excepcionalmente podrá enajenar acciones a los funcionarios del Banco Nacional de Seguros, y si resultare conveniente podrá establecer un sistema de retiro voluntario incentivado de los mismos, recibiendo como única contraprestación acciones de la empresa.

CAPITULO IV

DEL CONTRALOR ADMINISTRATIVO,

FINANCIERO Y JURISDICCIONAL

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, controlará la labor del Director General, pudiendo requerir información, efectuar observaciones y correcciones, así como sustituir libremente al Director.

Una vez que se integre el capital privado y se constituya la Asamblea de accionistas, el contralor del Directorio será efectuado por este órgano de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989 en lo que a asambleas de sociedades anónimas refiere. Sin perjuicio de lo anterior, el Poder Ejecutivo mantendrá la postestad de sustituir libremente a sus representantes en el Directorio.

Artículo 12.- Sin perjuicio de lo anterior, el Banco Nacional de Seguros estará sometido a las mismas exigencias y a similar contralor que el que corresponde a las restantes empresas de seguros de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 16.426, de 14 de octubre de 1993.

Artículo 13.- El Banco Nacional de Seguros, tendrá auditorías internas permanentes, sin perjuicio de las extremas que podrá exigir un tercio de los miembros del Directorio, para el contralor de la eficiencia, efectividad y economía de su gestión.

Artículo 14.- El Banco publicará periódicamente sus estados de situación.

CAPITULO V

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 15.- Las personas que revisten como funcionarios del Banco de Seguros del Estado a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, en forma automática pasarán a actuar como dependientes de la persona jurídica de derecho público no estatal que se crea, en el régimen de derecho privado.

Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios que renuncien a sus cargos dentro de los ciento veinte días siguientes a la sanción de la reglamentación de la presente ley, tendrán derecho a la siguiente compensación especial:

a) quienes no configuren causal jubilatoria, recibirán una única compensación mensual, equivalente al 75% de sus remuneraciones de naturaleza salarial por el término de dos años.

b) quienes configuren causal jubilatoria, recibirán un subsidio mensual equivalente de sus remuneraciones de naturaleza salarial, por el término de dos años, siendo el mismo acumulable con la percepción de la pasividad.

Los subsidios referidos precedentemente, se servirán en las mismas condiciones y con las mismas prestaciones previstas en el artículo 32 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

Artículo 16.- Los convenios colectivos que puedan encontrarse vigentes a la fecha de sanción de la presente ley, mantendrán su vigencia salvo en lo que puedan resultar incompatibles con el régimen de derecho privado que se crea.

En cualquier conflicto que se suscite entre los funcionarios del Banco Nacional de Seguros y su Directorio, serán competentes los Organos del Poder Judicial con competencia en materia laboral.

Artículo 17.- Los funcionarios comprendidos en el inciso 1º del artículo 15 de la presente ley, que contaren con una antigüedad mínima de tres años en el Ente a la fecha de promulgación de la presente ley, y que sean despedidos por el Director General o Directorio en su caso, dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, tendrán derecho a una compensación especial equivalente a una indemnización por despido común, la que se determinará de acuerdo al derecho laboral y que será acumulativa con las indemnizaciones que le correspondan en base al derecho privado.

No tendrán derecho a la compensación especial los funcionarios que sean despedidos por notoria mala conducta, ni los que renuncien a su cargo en forma expresa o tácita.

Luis A. Heber, Gustavo Penadés, Gustavo Lapaz. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Por esta iniciativa se transforma al Banco de Seguros del Estado en una persona jurídica de Derecho Público no estatal que se denominará Banco Nacional de Seguros.

El Ente Autónomo que se pretende transformar, fue beneficiario hasta el año 1993 de un monopolio total en varias carteras y parcial en otras.

Desde el inicio de la discusión parlamentaria de la Ley Nº 16.426 de 14 de octubre de 1993, Legisladores de distintos sectores así como directores y funcionarios del propio Banco de Seguros del Estado, manifestaron que el Ente no se encontraba en condiciones de actuar en un régimen de libre competencia, y que se debían adoptar diversas medidas, la mayoría legislativas, a los efectos de dotar al Banco de un marco jurídico que le permitiera un funcionamiento ágil y eficaz, de acuerdo a las nuevas exigencias que le planteara el nuevo régimen.

En ese sentido se han estudiado diversas opciones, hasta concluir que el camino más idóneo para lograr el objetivo perseguido, consiste en la transformación del Ente Autónomo en una persona jurídica de Derecho Público no estatal.

El proyecto de ley establece lo anterior, modificando el nombre de la Institución que pasará a denominarse Banco Nacional de Seguros y que se regirá por las normas de derecho privado salvo los casos expresamente establecidos en la Ley.

En la administración de la empresa, se prevé un período transitorio durante el cual el Banco será administrado por un Director General designado y cesado por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros.

Se prevé también la integración de capital por inversionistas privados, así como que cuando esto suceda, se sustituirá el Director General por un Directorio de tres a cinco miembros. Los representantes del Estado en el Directorio serán designados y cesados por el Poder Ejecutivo y necesariamente serán la mayoría del Directorio.

Los miembros que representarán a los accionistas privados serán designados por éstos.

La Asamblea General de Accionistas, que comenzará a sesionar una vez que se produzca la integración de capitales privados, estará integrada por todos los accionistas públicos y privados, y considerará el balance y demás estados contables que le presente el Directorio, pudiendo aprobarlos u observarlos, en cuyo caso, y sin perjuicio de lo que establece la Ley Nº 16.060 para las sociedades anónimas, dará cuenta al Poder Ejecutivo a los efectos legales correspondientes.

La Asamblea tendrá las mismas facultades que la Ley Nº 16.060 le otorga a las asambleas de las sociedades anónimas, salvo en los casos en que la presente ley establezca soluciones diversas. Ejemplo de estas últimas es que integrada únicamente por los accionistas privados, nombrará a los Directores que los representen y aprobará o desaprobará su gestión, pudiendo removerlos y designar sus sustitutos.

El Banco Nacional de Seguros, tendrá por cometido la realización de todos los actos y contratos necesarios, vinculados o conexos a su actividad como empresa aseguradora. A estos efectos podrá adquirir carteras de otras empresas de seguros, o asociarse con alguna de ellas para su administración, y en general realizar todo acto o actividad que tienda al mejor desarrollo de su gestión.

Los poderes jurídicos del Director General o el Directorio en su caso se explicitan en el artículo 7º, debiendo destacarse el dictado del Reglamento General del Banco y del Estatuto de sus Funcionarios, la designación de sus funcionarios y su destitución, la emisión y colocación de acciones, los que se cotizarán en la Bolsa de Valores, etc.

En cuanto al régimen patrimonial y financiero, se prevé que el patrimonio de la persona jurídica de Derecho Público no estatal que se crea, estará constituido, inicialmente, por la totalidad de bienes, derechos y obligaciones que actualmente tiene el Banco de Seguros del Estado.

El capital inicial será el que surja de la valuación de su patrimonio y corresponderá en su totalidad al Estado y se documentará en acciones nominativas.

Podrá aumentarse el capital hasta el doble del aporte estatal pero en ningún caso podrá superar al mismo. Con esto se asegura la conducción de la empresa a cargo de los representantes estatales que serán mayoría en el Directorio y en la Asamblea.

Las condiciones de la emisión de nuevas acciones, el llamado a su suscripción a los interesados, los plazos y modalidades en que se realizará la efectiva integración serán determinadas por el Director General o Directorio en su caso, y se prevé que excepcionalmente se podrá enajenar acciones a los funcionarios y si resultare conveniente podrá establecer un sistema de retiro voluntario incentivado de los mismos, recibiendo como única contraprestación acciones de la empresa.

El contralor de la empresa se efectuará en varios niveles:

a. el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, controlará la labor del Director General o de los representantes del Estado en el Directorio, pudiendo requerir información, efectuar observaciones y correcciones, así como sustituir libremente al Director.

b. En un segundo nivel se reconocen los mecanismos de contralor que la Ley Nº 16.060 confiere a las asambleas de las sociedades anónimas y

c. En tercer término el contralor público establecido en la Ley Nº 16.426, de 14 de octubre de 1993 para las empresas de seguros, y por supuesto el contralor jurisdiccional cuando corresponda.

Se establece que el Banco, tendrá auditorías internas permanentes, sin perjuicio de las extremas que podrá exigir un tercio de los miembros del Directorio, para el contralor de la eficiencia, efectividad y economía de su gestión.

En el Capítulo V, se establecen disposiciones que refieren a los funcionarios actuales del Banco de Seguros del Estado, estableciendo que:

a. quienes revisten como funcionarios del Ente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, en forma automática pasarán a actuar como dependientes de la persona jurídica de Derecho Público no estatal que se crea, en régimen de derecho privado.

b. Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios que renuncien a sus cargos dentro de los ciento veinte días siguientes a la sanción de la reglamentación de la presente ley, tendrán derecho a una compensación especial que se establece en el artículo 15.

c. Los convenios colectivos que puedan encontrarse vigentes a la fecha de sanción de la presente ley, mantendrán su vigencia salvo en lo que puedan resultar incompatibles con el régimen de derecho privado que se crea.

d. Los funcionarios actuales del Banco, que contaren con una antigüedad mínima de tres años en el Ente a la fecha de promulgación de la presente ley, y que sean despedido por el Director General o Directorio en su caso, dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, tendrán derecho a una compensación especial, equivalente a una indemnización por despido común, que será acumulativa con las indemnizaciones que le correspondan en base al derecho privado. No tendrán derecho a la compensación especial los funcionarios que sean despedidos por notoria mala conducta, ni los que renuncien a su cargo en forma expresa o tácita.

En líneas generales, mediante la confluencia de normas de derecho público y de derecho privado, se da al Banco de Seguros del Estado un marco jurídico ágil y apto para el mejor desarrollo de su actividad, asegurando asimismo el contralor del Estado sobre su gestión.

Luis A. Heber, Gustavo Penadés, Gustavo Lapaz. Senadores."

6) RECIENTES DENUNCIAS PRESENTADAS A LA JUSTICIA PENAL POR PARTE DEL DIRECTORIO DE OSE

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la solicitud formulada por el señor Senador Amaro para realizar una exposición, por el término de cuarenta y cinco minutos, sobre el tema de las recientes denuncias presentadas a la Justicia Penal por parte del Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

SEÑOR AMARO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMARO.- En vista de que mi apreciado colega, el señor Senador Abreu, va a realizar una exposición de cuarenta minutos, solicito que la mía sea trasladada, si el Cuerpo así lo entiende conveniente, para el día de mañana.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud formulada.

(Se vota:)

- 19 en 20. Afirmativa.

7) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Ríos, quien en el día de hoy presentara una exposición escrita dirigida al Ministerio de Educación y Cultura y a la Asociación Patriótica del Uruguay, relacionada con el nonagésimo aniversario de la fundación de dicha Asociación, de lo que se dio cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.

(Se vota:)

- 18 en 20. Afirmativa.

(Texto de la exposición escrita.)

"CAMARA DE SENADORES

Dr. Eduardo J. Ríos

EXPOSICION ESCRITA

14 de Setiembre de 2005.

90º aniversario de la Asociación Patriótica del Uruguay (APU)

Un 14 de Setiembre de 1915, hace ya 90 años, fue fundada la Asociación Patriótica del Uruguay con el fin de cumplir objetivos como:

1. Formar la Conciencia de Nación.

2. Reconstruir la Historia Nacional

3. Fomentar los valores patrióticos dentro de la población

4. Difundir y conservar los símbolos patrios

5. Estudiar y exaltar las figuras de los próceres de la República

6. Fomentar y respetar los principios democráticos, representativos, constitucionales y republicanos del país

Sin lugar a dudas, nobles ideales y objetivos que nos debería impulsar a todos nosotros en cuanto COMPATRIOTAS, a mirar más allá de eventuales diferencias ideológicas, políticas, culturales y sociales; en pos de la construcción de un mejor país para todos, sin exluidos ni marginados.

La APU vio la luz en un momento fermental de nuestra historia. Uruguay hacía menos de un siglo que había obtenido su independencia, y el Estado recién en ese entonces comenzaba a tomar su forma moderna, tal como lo conocemos hoy.

En ese ámbito, la nacionalidad uruguaya y el sentimiento patriótico, era una creación que si bien ya delineada, aun debía completarse, e insertar en la misma a los nuevos elementos que se incorporaban a nuestra sociedad.

En 1920, alrededor de una quinta parte de la población del país, era extranjera y más aun eran descendientes de extranjeros que habían llegado a nuestro país a fines del siglo XIX y principios del XX.

Inmerso en esa realidad, y también a raíz de esa realidad, es que surge el interés en un grupo de ciudadanos por conformar una asociación de carácter patriótico, que difundiera y ayudara a crear los valores nacionales y patrióticos entre la población.

Además, de su ideólogo -Juan Carlos Mullins- otros socios fundadores de la APU fueron: el Dr. Luis Alberto de Herrera, el Dr. Juan Zorrilla de San Martín -el "Poeta de la Patria"-, el Dr. Emilio Frugoni y el Dr. Baltasar Brum.

Otras personalidades nacionales que integraron dicha asociación fueron:

- Dr. José Enrique Rodó

- José Belloni

- Dra. Paulina Luisi

- Dr. Eduardo Acevedo

- Dr. Domingo Arena

- Dr. Carlos Vaz Ferreira

- La poetisa Ma. Eugenia Vaz Ferreira

- Ing. Eladio Dieste

- Mtro. Clemente Estable

- Dr. Alfredo Errandonea

- El escritor Serafín J. García

- La poetisa Juana de Ibarbourou, nuestra querida "Juana de América"

- Dr. Carlos Quijano

- Dr. Carlos Real de Azúa

- Dra. Alba Roballo

En estos nombres de figuras representativas, queremos recordar y honrar a los más de 10.000 socios que la APU ha tenido en sus 90 años de extensa trayectoria.

También algunos presidentes de la República han sabido ser socios de tan distinguida institución. Además del Dr. Baltasar Brum, y solo por nombrar algunos: el Dr. Campisteguy, el Dr. Juan José de Amézaga, el Gral. Gestido y el Dr. Lacalle.

Pero no solo de personas se nutren las instituciones, sino que también necesitan generar hechos para perdurar en el tiempo. Y vaya si en 90 años de existencia la Asociación Patriótica del Uruguay ha generado hechos:

- 18 Congresos Patrióticos, el primero de ellos celebrado el 25 de Agosto de 1916 (10 ya fueron realizados en Montevideo, y 8 en el Interior), donde se han tratado diversos temas referidos a cuestiones sociales e históricas

- 724 conferencias, abarcando diversidad de temas, la mayoría de ellos Históricos.

- Impulso a la erección de 27 monumentos, de los cuales 19 se han concretado, entre ellos se destaca el Mausoleo de Artigas en la Pza. Independencia en 1923.

- La gestión y repatriación de los restos de Florencio Sánchez desde Italia.

- Defensa del posicionamiento de Artigas como héroe nacional y difusión de su accionar e ideario.

- Organización completa de los festejos del Centenario de la Declaratoria de la Independencia, y en forma conjunta con el gobierno de los Festejos del Centenario de la Constitución.

- Creación y manutención de una Escuela para hijos de inmigrantes que funcionó durante la década de 1930.

- Impulso y creación de los Liceos Nocturnos y las Escuelas Industriales.

- 196 peregrinaciones a lugares de interés histórico nacional.

- 82 libros editados.

- 22.000 medallas acuñadas recordando diversos hitos de nuestra historia nacional.

- Más de 20 monumentos recordatorios a nuestros héroes, edificados en el exterior.

Hoy en día, la crisis también ha hecho mella en esta prestigiosa institución, que a lo largo de sus 90 años de vida, tanto ha hecho en la defensa y la construcción de la nacionalidad uruguaya.

Pero no dudamos que a través del denodado esfuerzo de su actual Consejo Directivo, se puedan encontrar los medios que posibiliten la permanencia de esta institución y la prosecución de sus objetivos fundacionales.

Dr. Eduardo Ríos. Senador.

Referido al Artículo 172 de la Cámara de Senadores

Pido se remita: al Ministerio de Educación y Cultura y a la Asociación Patriótica del Uruguay."

8) RECURSOS PARA LA CORTE ELECTORAL

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: solicito que se ponga a votación el archivo de la Carpeta Nº 308/2005, que fuera enviada a la Comisión de Presupuesto dado que su contenido es idéntico al artículo 18 de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2004, que fuera aprobado recientemente por la Cámara de Representantes, aceptando las modificaciones que le había introducido el Senado. Quiero recordar que el proyecto al que hago referencia es el que establecía los recursos para la Corte Electoral a los efectos de la organización de los actos eleccionarios del año 2005.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) INASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a la anterior convocatoria, en caso de que existieran.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del día 14 de setiembre no se registraron inasistencias. En lo que refiere a las inasistencias de los señores Senadores a las respectivas Comisiones, cabe informar que a la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del día 14 de setiembre faltó con aviso el señor Senador Antía; a la sesión de la Comisión de Industria y Energía del mismo día faltaron con aviso los señores Senadores Alfie y Couriel; a la sesión de la Comisión de Transporte y Obras Públicas del mismo día faltaron por asistir a otra Comisión los señores Senadores Moreira y Ríos; a la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 15 de setiembre faltó con aviso el señor Senador Rubio; a la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del mismo día faltó con aviso el señor Senador Saravia; a la sesión de la Comisión de Hacienda del mismo día faltaron con aviso los señores Senadores Heber y Rubio; a la del 22 de setiembre faltaron con aviso los señores Senadores Heber y Larrañaga; y a la del 29 del mismo mes faltaron con aviso los señores Senadores Abreu, Baráibar, Larrañaga y Rubio; a la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del 19 de setiembre faltó con aviso el señor Senador Saravia; a la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del mismo día faltaron con aviso los señores Senadores Heber y Soto; a la del 26 de setiembre fal-taron con aviso los señores Senadores Antía y Heber; y a la del día de ayer faltaron con aviso los señores Senadores Amaro, Da Rosa, Heber y Lorier; a la sesión de la Comisión de Salud Pública del 20 de setiembre faltaron con aviso los señores Sena-dores Xavier y Alfie; a la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 27 de setiembre faltaron con aviso el señor Senador Abreu; y a la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 29 de setiembre faltaron con aviso los señores Senadores Brause y Lara Gilene.

 10) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Michelini solicita licencia por los días 4 al 6 de octubre".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 22 de setiembre de 2005

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente.-

De mi mayor consideración:

Por la presente y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 17.827, solicito a Ud. se me conceda licencia a partir del día 4 de octubre hasta el 6 del mismo mes inclusive, por motivos personales, a fin de poder concurrir a la ciudad de Santiago de Chile, donde participaré respondiendo a una invitación, la cual se adjunta, de la Fundación Chile 21. La misma es para participar realizando una ponencia en el ‘Seminario Internacional Chile 21 piensa el Chile del XXI’ en la mesa Integración: La Experiencia Europea y los Desafíos para América Latina.

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente,

Rafael Michelini. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de dos desistimientos.

(Se da de los siguientes:)

"Los señores Felipe Michelini y Edgardo Carvalho han presentado nota de desistimiento, informando que, por esta única vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto, por lo que se invita a pasar a Sala al señor Ricardo Alcorta, quien ya ha prestado el juramento de estilo".

(Ingresa a Sala el señor Senador Alcorta)

12) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Baráibar solicita licencia los días 4, 5 y 6 de octubre".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 4 de octubre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia por motivos personales los días 4, 5 y 6 de octubre, y se convoque a mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente

Carlos Baráibar. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 20 en 23. Afirmativa.

13) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Enrique Pintado ha presentado una nota de desistimiento, informando que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto, por lo que queda convocado el señor Albérico Segovia, quien ya ha prestado el juramento de estilo y, si se encontrare en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo".

(Ingresa a Sala el señor Senador Segovia)

14) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Long solicita licencia desde el martes 27 de setiembre al viernes 7 de octubre de 2005."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 22 de setiembre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi consideración:

Por intermedio de esta, solicito al Cuerpo licencia por motivos personales desde el martes 27 de setiembre al viernes 7 de octubre de 2005.

Sin otro particular saludo a Ud. cordialmente

Ing. Ruperto Long. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

Queda convocado el señor Pablo Iturralde, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que, si se encontrare en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo".

(Ingresa a Sala el señor Senador Iturralde)

15) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Ríos solicita licencia los días 11, 12 y 13 del corriente".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 11 de octubre de 2005.

Señor Rodolfo Nin Novoa

Presidente del Senado

Presente

De mi consideración:

Por la presente solicito a Usted licencia por actividades fuera del país de orden profesional, los días 11, 12 y 13, sin goce de sueldo de acuerdo a la Ley 17.827, art. 1º.

Asimismo, solicito se cite a mi suplente.

Sin otro particular, lo saluda atentamente,

Dr. Eduardo J. Ríos. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 21 en 23. Afirmativa.

16) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

"El señor León Lev ha presentado una nota de desistimiento, informando que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto, por lo que oportunamente se convocará al suplente respectivo".

17) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Rubio solicita licencia los días 4, 5 y 6 de octubre".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 4 de octubre de 2005.

Sr. Presidente

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

Por este medio solicito al Cuerpo que Ud. preside licencia por razones de enfermedad los días 4, 5 y 6 de octubre de 2005.

Sin otro particular, le saludo a Ud. muy atentamente

Prof. Enrique Rubio. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 21 en 23. Afirmativa.

Oportunamente se citará a su suplente.

18) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Bayardi ha presentado una nota de desistimiento, informando que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto, por lo que, si se encontrare en Antesala, se invita a pasar al Hemiciclo al señor Bentancor, quien ya ha prestado el juramento de estilo".

(Ingresa a Sala el señor Senador Bentancor)

19) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Da Rosa solicita licencia el día 4 del corriente".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente, solicito al Cuerpo, se me otorgue licencia a la sesión ordinaria, convocada para el día 4 de los corrientes. Motivan la presente razones de índole personal.

Asimismo, se gestione la convocatoria de mi suplente correspondiente, de conformidad con la Ley 17.827, artículo 1º, literal D.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con la mayor distinción.

Dr. Eber Da Rosa Vázquez. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 21 en 24. Afirmativa.

20) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de varios desistimientos.

(Se da de los siguientes:)

"Los señores Perdomo, Zimmer, Gandini, Ramírez, Aguirre y Garat han presentado nota de desistimiento, informando que, por esta única vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto, por lo que, si se encontrare en Antesala, se invita a pasar al Hemiciclo al señor Camy, quien ya ha prestado el juramento de estilo".

(Ingresa a Sala el señor Senador Camy)

21) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Couriel solicita licencia por el día de la fecha".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 4 de ocutubre de 2005.

Sr. Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito licencia el día de la fecha.

Motiva dicha solicitud la invitación que recibiera para participar del Seminario Internacional ‘Chile 21 piensa al Chile del siglo XXI’ a realizarse en la Ciudad de Santiago de Chile los días 3 y 4 de octubre.

Solicito dicha licencia al amparo del literal c) del artículo 1º de la Ley 10.618 en la redacción dada por la Ley 16.465. Solicito también se convoque a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda atte.

Alberto Couriel. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 22 en 25. Afirmativa.

En consecuencia, queda convocado el señor Senador Breccia, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que, si se encontrare en antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Breccia)

22) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Lara solicita licencia por el día 11 del corriente mes".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 4 de octubre de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

Por intermedio de la presente me dirijo a usted a los efectos de solicitar licencia por motivos personales para el día 11 del corriente mes.

Sin más, saluda a usted muy atentamente

Julio Lara. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 20 en 25. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

23) PUERTO LA CHARQUEADA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa en la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: en la tarde de hoy quiero distraer la atención del Cuerpo para hablar, en la hora previa, del Puerto Enrique Martínez, comúnmente conocido como Puerto La Charqueada, el cual está ubicado a 60 kilómetros de la ciudad de Treinta y Tres, sobre la Ruta 17 y el Río Cebollatí.

Cabe destacar que este Puerto integra la denominada Hidrovía del Este, formando parte de una propuesta de desarrollo que tiene como objetivo la promoción económica del sudeste uruguayo, a través del transporte de mercaderías nacionales hasta el Puerto de la Charqueada, por la vía del Río Cebollatí y la Laguna Merín, para trasladarlas a la costa por Rio Grande do Sul, en Brasil, y luego por vía marítima para su conexión con los mercados externos de la región.

La utilización del Puerto la Charqueada se intensificaría si se concretara el proyecto de instalación de una terminal de carga que, en la práctica, permitiría la realización de tareas logísticas vinculadas con el transporte de mercaderías para la región que las produce.

El transporte de mercaderías forma parte de los costos que se adicionan a los productos que el país exporta y es por esta razón que la reducción del precio del flete tiene una incidencia económica de importancia en el costo final del producto. Asimismo, el desarrollo del sistema de transporte multimodal que el proyecto brindaría a la región proporcionaría soluciones a la competencia que, por los fletes, se ocasiona cuando la producción maderera y de arroz nacional debe exportarse con destino a Brasil.

Recientemente, se ha creado un grupo de trabajo intergubernamental con el Brasil, a los efectos de analizar la forma de viabilizar, a corto plazo, la reactivación de la Hidrovía que se conforma con la Laguna Merín, por lo que esperamos se pueda avanzar en ello trayendo beneficios a toda esa importante zona de nuestro país.

La reactivación del transporte fluvial a través de la Laguna Merín y sus afluentes requeriría de una inversión importante, a los efectos de mejorar las obras de infraestructura de los Puertos de Santa Vitoria do Palmar, en Brasil, y de la Charqueada, en Treinta y Tres. Esta inversión habilitaría el transporte multimodal entre Montevideo y San Pablo, utilizando la vía carretera, la fluvial y, por último, el transporte ferroviario.

En definitiva, se conformaría un corredor de transporte que conectaría Montevideo con San Pablo, pasando por los departamentos de Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado y Cerro Largo, así como también por los Estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, en Brasil.

De este modo, se dotaría a la región de un sistema de transporte multimodal que combinaría fletes más económicos, permitiendo el transporte de mayores volúmenes de mercadería, trayendo, al mismo tiempo, para estas zonas un desarrollo que daría lugar a la ocupación de mano de obra y generación de cientos de puestos de trabajo, con lo cual se vería reactivada la economía de los departamentos mencionados.

Actualmente, en el lado brasileño se ha dragado el acceso a la Laguna Merín, de la Laguna de los Patos, así como la aproximación al Puerto de Santa Vitoria do Palmar, el cual, junto con el proyecto de la terminal de cargas en La Charqueada, conformaría un sistema de puertos que se puede especializar en cargas diversas.

(Murmullos en Sala)

- Para apreciar la incidencia que la región citada tiene en el comercio exterior del Uruguay, cabe indicar que en el área de Santa Vitoria do Palmar y La Charqueada, por las aduanas terrestres del Chuy y de Río Branco-Yaguarón, pasa más del sesenta por ciento del comercio bilateral uruguayo-brasileño. Con este proyecto se podría ofrecer un corredor alternativo de transporte, más interesante y barato.

(Suena campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa recuerda que hay un señor Senador haciendo uso de la palabra y hay demasiado barullo en el Hemiciclo, por lo que se solicita, respetuosamente, que se haga silencio a los efectos de que podamos seguir escuchando su exposición.

Puede continuar el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- El transporte multimodal a generarse permitiría la existencia de nuevos emprendimientos comerciales que contribuirían al desarrollo económico nacional de esa zona, fundamentalmente. Esto es de particular preocupación para los habitantes del departamento de Treinta y Tres. Sus fuerzas vivas nos han hecho llegar su inquietud en el sentido que este proyecto cuente con el impulso del Gobierno Nacional para poder concretarlo, a los efectos de permitir la radicación de capitales en la zona y, como consecuencia de ello, la generación de cientos de puestos de mano de obra, como ya hemos referido.

También debemos destacar que, dentro de la industria que se debe y se puede promover en el Puerto de La Charqueada, está la de los servicios logísticos, o sea, el desarrollo de tareas y operaciones, tales como el etiquetado, el ensamblado y el "packing" de mercaderías, que proporcionan valor agregado a nuestras exportaciones.

Es tiempo entonces, señor Presidente, de que los proyectos que existen al respecto sean analizados por las autoridades correspondientes, otorgándose a la iniciativa privada el apoyo que precisa para generar la inversión de capitales que la economía nacional tanto necesita. Desde el punto de vista estratégico, sería muy interesante para nuestro país que se pudiera insertar en esa región con un puerto que, rápidamente, le permitiera sacar la producción, de la zona este, a puertos de agua profunda, a costos mucho más baratos, además de reactivar una zona que se encuentra realmente deprimida desde hace largo tiempo.

Por lo tanto, creemos que este proyecto del Puerto de La Charqueada -en el que ya se encuentran capitales interesados en integrarse-, así como el desarrollo de seminarios -en el Parlamento se hizo uno de ellos hace pocos días- han permitido promocionar esa zona. Ello ha contado con la participación de los Intendentes Municipales de esa región, especialmente del jerarca comunal de Treinta y Tres, así como de los representantes nacionales de ese departamento, y también del Intendente Municipal y de los representantes nacionales de Cerro Largo, además de sectores privados, pues están más que interesados en que esta obra se pueda concretar de una vez por todas. Ello permitiría -reitero- el desarrollo de esta zona de nuestro país, que hace mucho tiempo no tiene una inyección de inversión acorde a las necesidades de su población.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a las Intendencias Municipales de Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja y Maldonado, a las Juntas Departamentales de esos departamentos, al Centro de Navegación, a la Comisión Mixta Brasileño-Uruguaya para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín y a la Asociación de Comerciantes e Industriales del departamento de Treinta y Tres.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Penadés.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

24) PREOCUPACION DE VECINOS DE LA ZONA DE MELILLA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: sabido es que nuestro sector político siempre es afín a las medidas de carácter positivo, a las obras que se realizan cuando estas son lo suficientemente serias y estudiadas.

El señor Ministro de Transporte y Obras Públicas ha anunciado la construcción del anillo colector, vía perimetral, de la ciudad de Montevideo. Creo que no hay dos opiniones respecto a que se trata de una obra necesaria que, reitero, ha sido anunciada por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas. Sería necesario realizar expropiaciones para llevar adelante esa obra, que debería ordenar el tránsito y el ingreso a la ciudad. Según el diseño de las rutas de ingreso, ésta aglomera el tránsito en el casco de la ciudad, sin buscar anillos que desconcentren el de carácter pesado, sobre todo el de carga. A propósito, se han realizado distintos estudios sobre la construcción de este anillo perimetral.

Tuve la oportunidad de reunirme, concretamente, con vecinos de la zona de Melilla que viven en el Camino La Redención y Ruta 5. Parece que es en esa circunvalación donde saldría el anillo colector. Lo primero que me ha asombrado del diseño que se ha hecho, es que -casi hasta en forma paralela a la Ruta 5- saldría para atrás, a los efectos de evitar aglomeraciones. Los vecinos de Melilla nos han planteado -creo que con mucha lógica- otras alternativas, que son muy difíciles de narrar en este ámbito de la hora previa, porque tendría que utilizar un mapa y hacer las señalizaciones correspondientes; no obstante ello, trataré de trasmitir su inquietud. Los vecinos están muy preocupados porque al Gobierno ya le ha ido mal con ellos cuando se intentó construir las centrales de energía de ciclo abierto que, a mi juicio, fue un error. Como se recordará, se las quiso llevar a Melilla señalándose, en el seno de la Comisión correspondiente, con mucha contundencia, que ese era el lugar apropiado para instalarlas. Ante ello, los vecinos de esa zona se levantaron en armas y les dijeron a las autoridades de UTE que "ese no era el lugar", por lo que se cambió rápidamente la construcción al predio que se tenía en San José, ya adquirido por ese Organismo, en donde se iba a hacer la planta de ciclo combinado. Quizá por ese lugar se tendría que haber comenzado.

Los vecinos de Melilla y de esa zona están acostumbrados a que se les consulte tardíamente. En este espacio que tengo en la hora previa aspiro a que se dé una explicación al respecto, porque entiendo que los vecinos tienen razón en sus planteos. Primero, dicen que las autoridades correspondientes -como les consta- no han realizado un estudio respecto a lo sobrecargado del tránsito en ese cruce, además de otros inconvenientes que causaría la construcción de un anillo colector en esa zona. Ellos hablan de una alternativa previa, llegando a Montevideo, pues ya hay un camino construido y no es necesario hacer ninguna expropiación. Entonces, uno se pregunta si es necesario que -si se continuara con este proyecto- se pase por medio de una granja frutícola, porque todo el mundo sabe lo que significa arrancar los árboles que le llevó años a un granjero ver crecer. No es lo mismo ensanchar un camino que ya está construido y que recientemente fue asfaltado.

Es más; los vecinos dicen que se concentran, a poca distancia de este cruce, muchas granjas frutihortícolas, avícolas y bodegas, lo que crea una situación de mucha actividad durante la semana. Ellos señalan que la salida natural de la zona rural de Melilla -de las pocas que quedan en Montevideo-, una de las más productivas del país con más de doscientas granjas que se dedican a ese ramo de actividad, se haría por esa rotonda.

Asimismo, señalan que éste es el cruce en el que ocurren más accidentes de tránsito, y que la Intendencia, además, proyecta instalar en un predio vecino a este cruce un nuevo mercado hortifrutícola. Entonces, uno se pregunta si el Ministerio ha tenido en cuenta todos estos elementos.

Lo que plantean es que tal vez sería mejor orientar el anillo colector hacia la rotonda de la Ruta 5 con Camino Melilla o con el tramo que va a La Paz, en donde no sólo se circulará por zonas más abiertas, sino que también permitirá la ampliación de ese anillo en el futuro. Queremos preguntar si esta alternativa planteada por los vecinos del lugar realmente se estudió por parte del Ministerio. Digo esto porque el tema es que hay un camino ya construido, el Camino Melilla y no el Camino de la Redención, por el que transitar sería menos costoso y llevaría menos tiempo. Por otra parte, de este modo no tendrían que hacerse expropiaciones en una de las pocas zonas rurales que tenemos en Montevideo. Me hago eco, pues, de esta preocupación de los vecinos.

Naturalmente, no quiero hacer de esto una telenovela que va siendo entregada en capítulos, pero como ya escuché los anuncios del Ministro de Transporte y Obras Públicas en distintos medios de prensa, me he apurado a traer el tema a Sala mientras espero que me lleguen dos o tres memorándums de FUCVAM, que tiene allí un conglomerado de viviendas. También el padre Popelka tiene una obra social en la zona. Precisamente, el trazado pasaría por este lugar, y no olvidemos que estamos hablando de niños, de muchachos que están en un barrio que quedaría al otro lado del anillo colector.

Creo que todas estas preocupaciones deberían ser tenidas en cuenta por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la hora de hacer el trazado de una obra que nosotros apoyamos, que nos parece importante y respecto a la cual se anuncian financiaciones externas, pero esperamos se corrija en lo que hace a esta parte, porque hemos visto una gran movilización de los vecinos y esperamos que no se nos responda nuevamente que no en el Parlamento y luego, en la asamblea, se diga "Sí, tienen razón, vamos a cambiar el lugar del trazado". Entiendo que los vecinos puedan tener más fuerza que el Senado, sobre todo para el Gobierno, pero yo ahora estoy adelantando la opinión de aquéllos para que no se tenga que esperar a la asamblea de Melilla para después cambiar.

Solicito, señor Presidente, que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que se me contesten estas interrogantes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

25) DEBUT DEL BASQUETBOLISTA ESTEBAN BATISTA EN LA NBA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: este martes 4 de octubre debuta en la famosa Liga Profesional de Baloncesto de los Estados Unidos, NBA, el primer compatriota por ella fichado: Esteban Batista. Distinción en lo personal para el jugador, pero también para el deporte nacional que lo forjó -organización corporativa en donde se han movilizado muchísimos actores que merecen el reconocimiento-, más allá de la satisfacción intransferible de ver al promisorio pivot entre los grandes del mundo. Entre esos actores debemos mencionar, desde la familia que lo vinculó a un club, a sus compañeros, a la Federación Uruguaya de Básquetbol -que por décadas disciplina esta bella y popular manifestación atlética- y a sus diversos entrenadores en la fulgurante carrera que en el medio local y continental desarrolló Esteban Batista tan exitosamente.

Estamos hablando de un triunfo individual, pero también de un comportamiento que prospera como modelo de vida afortunadamente en la mayoría de los ambientes sociodeportivos que apuntan al éxito competitivo, aunque solventándose en normas de salud para el desenvolvimiento de una personalidad que se gesta en el viejo ideal de "mens sana in corpore sano", el vigente estilo de la armonía clásica para que el dualismo del intelecto y del físico tengan la belleza mayor de que son susceptibles. Ello supone, necesariamente, para los jóvenes el alejamiento de la droga y de los tristes paraísos elusivos que contaminan a tantos. Allí existen controles sabios y reflejos frente a eventuales peligrosas desviaciones, que no se conforman tanto en la persuasión declamatoria de una pedagogía de foros, sino en el ejercicio cercano de una pasión "clubística" de recia sociabilidad práctica, sumatoria de la presencia militante y sufragante de muchos, familiares, socios, amigos, aficionados, etcétera, en esas células y escuelas de ética que son los modestos o encumbrados clubes deportivos, articulados en un deseo común afín al sagrado clamor del olimpismo como conducta existencial.

Es por ello que el modelo social que permitió el surgimiento de la figura de Batista debe constituirse en un paradigma que, sea el deporte que sea, atraiga a la gente a colaborar con las entidades, para que el efecto multiplicador se transforme en una usina generatriz de vocaciones deportivas que aíslen a la niñez y a la juventud de la fantasía de las perversiones conocidas.

El sentido de pertenencia de las familias, de amigos y de simpatizantes a una institución, como mediadores entre la misma y el proyecto de un deportista equis, fortalece ese vínculo parental o amistoso que apoya el desarrollo sicoemocional del niño, del adolescente o del joven en ciernes.

Esa comunidad de propósitos es la que protege de desasosiegos o de perniciosas influencias. Quienes cayeron en adicciones o renunciaron a la alegría de vivir en general, lo hicieron porque en momentos cruciales de sus vidas carecieron de esa ligazón balsámica.

El deporte, pues, no enajena ni aliena cuando concede tanta prodigalidad a la ligera y falsa admonición de "andar casi todo el día detrás de la pelota". Esa "pelotita" y su simbología es la que evita que se ande detrás de una "jeringuita contumaz" y ante el "polvillo asesino". Luchemos por el renacimiento y la consolidación de los clubes, escuelas de vida decentes y saludables.

Al respecto, por razones de afinidad conceptual, les digo que este fin de semana los centros de enseñanza media de Dolores, en el departamento de Soriano, organizan la edición Nº 45 de "La Fiesta Nacional de la Primavera", multitudinario y tradicional espectáculo que moviliza a toda la ciudad y la región, con efectos de alta recepción de visitantes desde todo el país. Es una atrapante estudiantina que unifica el corazón y las ganas de todos los habitantes sin excepción. Hubo una respuesta solidaria de las fuerzas más puras de la sociedad de Dolores cuando les tocó defender los valores más queridos en una férrea confraternidad que, hoy por hoy, ha hecho de cada lugareño una celosa trinchera contra la droga.

Invito a todos los colegas del Senado a visitar este fin de semana la ciudad de San Salvador, en cuyas costas moró Tabaré "cuando el Uruguay y el Plata vivían su salvaje primavera" y la poesía de Zorrilla de San Martín encontraba en aquel lugar insuperable fuerza de inspiración.

La "sonrisa de Dios" está más divina aún en este octubre de las Carrozas de la Gran Juventud.

¡Suerte Esteban Batista, y suerte doloreños! ¡Por ustedes y por todos nosotros!

26) CONSECUENCIAS DE LA APLICACION DE LA NUEVA LEY SOBRE EL SISTEMA CARCELARIO

SEÑOR PRESIDENTE.- Para referirse a otro tema, continúa en el uso de la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.-Señor Presidente: luego de una visita al interior del país, realizada la semana pasada, traigo dos preocupaciones que tienen, creo, un paisaje nacional de geografía mayor, anticipando en sendos casos situaciones previsibles que debemos manejar con toda la ponderación para evitar anomalías, más riesgos, desgracias y frustraciones.

En primer lugar, están saliendo en libertad, por ejemplo en Soriano, de acuerdo con la Ley Carcelaria, los ciudadanos beneficiados por la voluntad legislativa. Y, simultáneamente, en la voz de la señora Presidenta del Patronato de Liberados y Encausados local, se lanzó públicamente un clamor de amparo en las últimas horas.

El Patronato carece de recursos para atender las responsabilidades emergentes que la propia ley, con su imperatividad, ordenó. Aún no le han enviado la partida de dinero prometida.

Son estos apoyos materiales y financieros el sostén institucional para que el tema no se desbarranque ya desde el origen.

La Intendencia Municipal de Soriano y su sectorial en la Departamental Partido Nacional, han expresado, cada cual por su lado, que están humanitariamente dispuestos a ayudar, pero no a cargar sobre sus finanzas toda la gestión, que le corresponde por decisión de la propia ley al Gobierno Nacional.

La segunda, pese a que se está en un período algo distante del boom carretero que traerá el fenómeno del transporte forestal, sus consecuencias adelantan premonitoriamente de manera clara, dándonos una lección a leer e interpretar, y luego a accionar, antes de que sea tarde.

No pasa una semana en la que no haya un accidente con pesados vehículos afectados a la carga maderera.

Hay que prever, hay que actualizar normativas, so pena de riesgos indeseables.

Sabemos que el traslado de los rolos a la industria desde los sitios de la cosecha forestal utilizará los caminos del agua, de los rieles o de las carreteras, siendo estas últimas las que estarán en disponibilidad inmediata, especialmente para los tramos inferiores a los 300 kilómetros, escenario luego del ferrocarril o del cabotaje.

Los camiones concentrarán, en tramos cortos y en frecuencias máximas, la recarga del tránsito y la fuerte probabilidad de accidentes, y nos convoca, por lo menos, a una actitud de atención.

Ya, por lo pronto, en un orden conexo, se iniciaron gestiones ante Chile para restaurar un avión Hércules, con la intención de afectarlo al combate de incendios forestales, cabal demostración de un sentido previsor y cautelar, el que también en su momento deberá reactivar los sistemas de emergencia multi-institucionales. Me refiero al Municipio, Policía, Bomberos, Salud y Educación.

Por ejemplo, y respecto a los camiones, ¿existen? ¿Cuáles son los límites habilitantes a sus dimensiones lineales y pesos máximos de carga? ¿Cómo se estiba? ¿Se pueden compartir cargas madereras con humanas? ¿Qué sistemas son necesarios para unir el remolque con el camión tractor? ¿Qué tipo de neumáticos, con o sin reconstrucción, y por cuánto tiempo deben usarse? ¿Qué exigencias deben cubrir los sistemas de frenos? ¿Cuáles el de luces? ¿Cuál es el máximo de velocidad a desarrollar? ¿Deben tener extintores adjuntos, las cargas de combustibles para las plantas industriales? ¿Cuáles son las medidas de los rolos y sus requisitos de amarras? ¿Qué condiciones deben tener los camiones que transportan chips, aserrín o despuntes? ¿Habrá terminal de cargas? ¿Cómo se coordinarán los diferentes sistemas de cargas? ¿Se admitirán excepciones circunstanciales a normas de regularidad habitual de ser necesarias?

Señor Presidente: solicito que, según la especie, la versión taquigráfica de estas palabras pase, en el caso del jugador Esteban Batista y de la Fiesta Nacional de la Primavera de Dolores, a su club, Welcome, a su familia, a la Federación Uruguaya de Básquetbol, al Ministerio de Turismo y Deporte, a ANEP y a los centros de enseñanza media de Dolores; por el alegato del Patronato de Encausados, a los Ministerios de Economía y Finanzas, del Interior y de Desarrollo Social; y por el probable advenimiento de accidentes en el transporte forestal, a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y del Interior y a la Policía Caminera.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa desea destacar la presencia en la Barra de alumnos del postgrado de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de la República, a quienes agradecemos su presencia.

27) POLITICAS DE AFINCAMIENTO EN EL MEDIO RURAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Finalizando la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Camy.

SEÑOR CAMY.- Señor Presidente: en esta oportunidad queremos referirnos a una situación puntual que atañe a una zona específica del departamento de San José, pero vinculándola a una concepción firmemente arraigada, a una convicción muy profunda que nos anima y que tiene que ver con la necesidad de profundizar en políticas concretas dirigidas al afincamiento en el medio rural de la población existente y a la generación de posibilidades fundamentalmente focalizadas para que los jóvenes puedan repoblar la campaña como un instrumento esencial en la construcción de un equilibrio necesario en el desarrollo del país. Puntualmente, me estoy refiriendo a la zona de Carreta Quemada de San José, ubicada en el noreste de ese departamento, próximo a la zona limítrofe con el departamento de Florida.

Esta es una zona particularmente vinculada a las características principales del departamento de San José. Allí el desarrollo agropecuario es el principal motor de su economía y, fundamentalmente, también lo es la cuenca lechera. Precisamente, Florida y San José componen la parte principal de la cuenca lechera tradicional de nuestro país. Eso justifica y explica el porcentaje de población rural, por encima de la media nacional, que con creces tiene el departamento de San José. La producción lechera, como toda producción intensiva, demanda mano de obra, más precisamente, ubicada en el propio predio. También promueve, en tiempos de dificultades como los momentos críticos que ha pasado no hace muchos años este sector del país, la acción de pequeños productores y de la producción familiar que, precisamente, se mantienen por estas características en el medio que habitan. Eso, de manera fundamental, nos llama la atención y nos anima a trabajar, así como también a reivindicar un impulso desde el Gobierno a todas las políticas que tengan que ver con el repoblamiento de la campaña y con el afincamiento de la familia en el medio rural.

Más allá de poder manifestar estadísticas -que podríamos señalar- y de pretender ilustrar esta realidad que conocemos y que seguramente también conocen los Senadores presentes, creo que es importante mostrar ejemplos puntuales y concretos.

En esta zona de Carreta Quemada existen siete escuelas rurales, aun cuando en los últimos diez años, en todo el país y en las distintas regiones que componen el interior de la República, hemos visto que disminuyen estos centros de enseñanza. Esas siete escuelas rurales -la Nº 64, de la Colonia Carriquiri del Instituto Nacional de Colonización; la Nº 84, de Mundo Azul; la Nº 13, de Arroyo de la Virgen; la Nº 10, de Carreta Quemada; la Nº 93, de Paso de Tabarez y la Nº 19, de Paso de Came, y muy particularmente ésta- han logrado potenciar precisamente el desarrollo de esta zona alejada de la capital del departamento de San José. De hecho, esta Escuela Nº 19, en conjunto con los demás centros de enseñanza antes señalados, opera como una de las más exitosas experiencias de lo que vulgarmente llamamos liceo rural, que serían el 7º, 8º y 9º grado de la educación primaria, prolongado a la vez como una suerte intermedia de educación de primer ciclo liceal para el medio rural. Sabemos que esto es exitoso y lo conocemos; también sabemos que las Comisiones pertinentes de este propio Cuerpo han recibido hace poco tiempo a docentes, vecinos y alumnos, con el propósito de tomar conocimiento de una realidad que es realmente exitosa.

Desde hace siete años, esta especie de microclima de desarrollo rural tiene a MEVIR nucleado en Carreta Quemada con 42 viviendas. Hoy nos encontramos con que hay un grupo de treinta jóvenes que, en su totalidad, son peones rurales, básicamente de establecimientos lecheros. También hay de establecimientos ganaderos extensivos, que son los que caracterizan el paisaje de esa zona del departamento de San José. Ellos están planteando la necesidad de ampliar el plan de MEVIR. Reitero que se trata de 30 jóvenes que trabajan en la zona, donde tienen la posibilidad de dar a sus hijos, en una proyección hacia el futuro, educación primaria y secundaria. Esta zona del departamento, pese a estar alejada de su capital, tiene vías de transporte que la comunican con ella y con otros centros poblados de menor tamaño, como Villa Rodríguez, que la Intendencia, con buen criterio, mantiene en buen estado.

Por tanto, nos preguntamos si no son estos los casos en los que debemos priorizar la acción de MEVIR, sobre todo porque estamos en un momento en que el Senado de la República, en su Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, está analizando un proyecto de ley sobre redoblamiento de la campaña, que el 16 de mayo del presente año remitimos junto con el señor Senador Larrañaga. En dicho proyecto vinculamos la existencia de recursos que posibilitan el acceso a 200.000 hectáreas de campo de nuevos colonos, revitalizando ese gran instrumento que tiene el país como es el Instituto Nacional de Colonización a partir de la Ley Nº 11.029 de enero de 1948, dando respuesta a un problema sobre el que la producción intensiva, así como la lechera, reparan cada vez con más intensidad. Me refiero al problema de escala que ¡vaya si el Instituto Nacional de Colonización conoce! Digo esto porque hace 50 años, 50 hectáreas podían servir como una unidad productiva básica para promover los sueños de una familia que quisiera criar tres o cuatro hijos en el campo pero hoy, más allá de cualquier productividad, eficiencia o eficacia en la producción, es imposible.

Nos consta que el Senado de la República está estudiando este proyecto de repoblamiento de la campaña, que también está relacionado a la creación de consejos de colonización que vinculen al actual Instituto Nacional de Colonización con los centros de enseñanza, con los Gobiernos Departamentales y con MEVIR para la instrumentación de medidas posibles para solucionar este tipo de problemas.

Aprovechando la oportunidad de estar en el Senado de la República, quiero elevar al Consejo Directivo de MEVIR mi propuesta en el sentido de que, dentro de las posibilidades presupuestales que está analizando este importante Instituto -sin duda señero en la historia del país en cuanto a promover posibilidades de radicación de nuestra gente en la campaña-, se priorice esta solicitud de ampliación de Carreta Quemada MEVIR para este grupo de treinta jóvenes que, reitero -y subrayo porque no es menor-, son peones en establecimientos lecheros en la zona de Carreta Quemada y aledaños.

Agradezco la atención y el respeto de las señoras Senadoras y de los señores Senadores y solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Consejo Directivo de MEVIR.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

28) FUNDACION DE MALDONADO

SEÑOR ANTIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ANTIA.- Solicito que se haga un repartido sobre el proyecto de ley votado en la Cámara de Representantes referido a los 250 años de la fundación de Maldonado y que se incluya en el Orden del Día de la sesión de mañana.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

29) URUGUAY Y LA REFORMA DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el primer punto del orden día: "Exposición del señor Senador Sergio Abreu, por el término de cuarenta minutos, sobre el tema ‘Uruguay y la reforma del Sistema de las Naciones Unidas’.(Carp. 346/05)"

Tiene la palabra el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: solicito la atención del Senado y pido disculpas por el tiempo que le voy a tomar, pero creía que era importante hacer una exposición breve sobre los aspectos y temas vinculados con la última reunión de la cumbre de Nueva York y de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El motivo de esta intervención no es simplemente reflexionar sobre los temas que han sido tratados, sino aportar al Senado un análisis sobre el contexto global que vivimos que, aunque no queramos, incide sobre la vida del país y de cada uno de sus ciudadanos.

Hace pocos días, con la presencia del señor Presidente de la República, tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas, a 60 años de su creación, lo que ampulosamente se planteaba inicialmente como la cumbre más grande de la historia.

Luego de dos años de preparación y de propuestas, alrededor de 170 Jefes de Estado fueron convocados con el objeto de evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos del milenio e impulsar una reforma sustantiva que devolviera credibilidad a la Organización, luego de que ésta fuera duramente castigada por sucesos internacionales de diversa índole que pusieron en tela de juicio su capacidad para cumplir con los propósitos para los que fuera creada en 1945.

Lamentablemente, los resultados esperados no se alcanzaron. La Cumbre que reformaría las Naciones Unidas, adaptándola a la realidad, estuvo al borde de convertirse en el fracaso diplomático más grande de la historia. Luego de intensas negociaciones en las etapas finales en el grupo de los 32 países, con las horas contadas para poder traducir e imprimir el documento -que incluso sólo pudo ser distribuido en el idioma inglés-, se llegó a un acuerdo de compromiso que mucho se aleja del objetivo primordial que se perseguía.

En la vida internacional muchas veces los textos de compromiso representan un camino válido para avanzar paso a paso. Otras veces, sólo disimula la inoperancia de los actores gubernamentales y la parálisis funcional de los sistemas. El resultado de la Cumbre de Nueva York cae en esta segunda categoría: el documento aprobado por los Jefes de Estado aborda casi todos los temas que se venían negociando, pero evita fijar objetivos específicos y deja abierto los aspectos más contenciosos para ulteriores negociaciones en la Asamblea General. La posibilidad de reformar sustancialmente las Naciones Unidas parece alejarse.

Creemos importante, señor Presidente, que este Parlamento se sienta involucrado, conozca y analice los temas que trató esta Cumbre porque son de dimensión planetaria y deben ser enfrentados en forma colectiva. Nuestro país no es ajeno a estos problemas ni a su solución. Es parte de la comunidad internacional y también es uno de los países que perdió la oportunidad de fortalecer y devolver legitimidad al funcionamiento del foro multilateral más importante a nivel internacional.

No es novedad que el escenario que vio nacer las Naciones Unidas al finalizar la Segunda Guerra Mundial es, obviamente, muy diverso al actual, por lo que es casi elemental encarar la adaptación del Organismo a la nueva realidad. La bipolaridad de la guerra fría ha sido sustituida por una estructura multipolar que se enfrenta al protagonismo militar, económico y político de una única superpotencia. Parecería que el ciclo habitual de equilibrio internacional, que históricamente determina la tendencia a la existencia de una potencia dominante, se vuelve a cumplir.

Por otra parte, la situación geopolítica ha variado sustancialmente. Los nuevos actores que buscan un lugar bajo el sol en la escena internacional, son aquellos derrotados de la Segunda Guerra Mundial: Japón y Alemania. La República Popular China, actor primordial de los próximos años, es la principal acreedora de los Estados Unidos. La India, otra gran potencia emergente, es la primera democracia del mundo. Y, finalmente, la Unión Europea, inexistente en 1945, es un mosaico de intereses con armonía y peso en diversos planos.

Actualmente, un dinámico equilibrio de poder convive con los efectos de los grandes cambios que han transformado al planeta: la revolución tecnológica y del conocimiento, en particular. Los factores determinantes de la riqueza y el poder también se han modificado desde que se crearon las Naciones Unidas. Los avances en el conocimiento han incidido en todos los planos de la vida del mundo: en lo militar, han transformado la tecnología de las armas; en lo social, los nuevos medios de comunicación de masas han reducido la distancia cultural entre los pueblos y, en lo económico, han modificado las reglas de juego del mercado internacional. Hoy, la riqueza y el desarrollo son de quienes poseen tecnologías nuevas, de los que son capaces de innovar, de los que vinculan en la economía de los servicios el relacionamiento interestatal y transnacional y de aquellos que, con recursos y visión geopolítica, aspiran también a controlar los inmensos y ricos recursos naturales que el planeta tiene.

El panorama antes señalado nos muestra que la principal brecha que divide al planeta, hoy ya no es ideológica, como en 1945 y en los años sucesivos; por el contrario, la gran diferencia es entre ricos y pobres, entre un mundo hiperproductivo, planetizado y enriquecido, y otro excluido. Esta brecha social y productiva también está íntimamente vinculada con la del conocimiento. Según la ONG "Salvemos a los Niños", en el mundo hay 103.000.000 de niños de edad escolar que no van a la escuela, de los cuales el 56% son niñas, por lo que dos tercios de los analfabetos de la actualidad son mujeres. Asimismo, las tres cuartas partes de los niños sin escolarizar viven en el Africa negra y en el sudeste de Asia, pero muchos -demasiados- viven en nuestra región.

El planeta ha sobrepasado un umbral de desequilibrio profundo. El 85% de los habitantes del mundo viven en el subdesarrollo y disponen únicamente de un tercio de la riqueza mundial. De cada 106 niños que nacen por segundo, 6 lo hacen en países desarrollados.

Estos aspectos han sido la base de discusión en la Cumbre sobre el cumplimiento de los objetivos del Milenio en materia de desarrollo y de pobreza extrema.

En este marco sintéticamente descripto, las Naciones Unidas siguen siendo el foro multilateral por excelencia, una suerte de gobierno global que intenta administrar el juego de poder de sus Estados miembros siendo, muchas veces, la expresión de los más poderosos y otras, el único instrumento para detener la imposición unilateral y el avasallamiento de los derechos de las naciones más débiles.

Su ineficiencia llevó al planteo de su adaptación a la realidad: inoperancia política y administrativa puesta de manifiesto, en este último caso, con el informe de una Comisión independiente, dirigida por Paul Volcker, antiguo jefe de la reserva federal norteamericana, quien investigó los casos de corrupción en el Programa Petróleo por Alimentos, en Iraq. Su principal conclusión fue que las Naciones Unidas no sólo no están equipadas para administrar programas de magnitud como los que debe enfrentar, sino que además su organización es responsable de errores en su gestión de tal seriedad que su Secretario General, Kofi Annan, fue encontrado "responsable" -aunque no "culpable"- de actos de corrupción personal.

Frente a la reforma del sistema, se plantearon dos visiones, si se quiere antagónicas. Por un lado, la de un pragmatismo absoluto, que impulsa la reforma desde una posición de poder desprovista de base ética; por otro, la de un principismo realista y moderno, que intenta actuar sobre la realidad, previniendo y encauzando la conducta de sus miembros. Desde la primera visión, el pragmatismo excesivo condujo a posiciones paradojalmente coincidentes. Figuras como el Presidente de Venezuela, lanzado a una declarada confrontación con los Estados Unidos, denunció la inutilidad de las Naciones Unidas y propuso, inclusive, que se trasladase su sede a cualquier otra ciudad, por ejemplo, a Jerusalén o a Brasilia. Mientras tanto, los Estados Unidos concentraron su estrategia en un ejercicio de desgaste de la ya desprestigiada estructura, hecho nada sorprendente, teniendo en cuenta que su principal negociador, el Embajador Bolton -impuesto en su cargo durante el receso parlamentario al resultar una personalidad inaceptable para el Congreso norteamericano-, rápidamente transformó la negociación en un ejercicio de posicionamiento personal político y de imposición del poder unilateral norteamericano.

Este pragmatismo también fue practicado por varios países, desde distintos ángulos. Algunos, procurando estar representados en el eventual Consejo de Seguridad ampliado y otros, con el objeto de desestabilizar un posible entendimiento en la profundización de la reforma.

Lo cierto es que tales actitudes, en especial la de los Estados Unidos, tuvieron sus efectos. Se desperdició el resultado de años de trabajo en anteriores cumbres y en la Asamblea General, así como las recomendaciones de diferentes Comisiones de Notables, entre los que figuraba nuestro compatriota Enrique Iglesias en una denominada "el Consejo de los Sabios", y las propuestas presentadas, finalmente, por el Secretario General de las Naciones Unidas.

Se anuló, por tanto, la idea original de la reforma, esto es, la de tratar en conjunto los temas de seguridad y del desarrollo. En su lugar, se reavivó una confrontación Norte - Sur, a todas luces inconducente. Se enfrentó a aquellos que querían un Consejo de Seguridad más eficaz con aquellos que lo querían más representativo; a aquellos que aspiraban al cumplimiento de los compromisos de desarrollo asumidos en la Cumbre del Milenio contra los que querían establecer estándares globales en materia de respeto de los derechos humanos.

El ejemplo más claro del pragmatismo se encontró en la discusión sobre la integración del Consejo de Seguridad.

Actualmente, como saben los señores Senadores, el Consejo de Seguridad está integrado por 15 Estados Miembros, 5 permanentes y 10 rotativos. Como se sabe, los 5 Miembros permanentes son los únicos que tienen poder de veto y lo utilizan, además, para no perderlo.

Lo cierto es que la forma en que ha funcionado el Consejo de Seguridad no ha logrado aumentar su eficacia. Es más, ha exacerbado las críticas y resistencias de los demás países, que se niegan a otorgarle mayor ejecutividad, por considerar que está viciado en su representatividad.

Sucede que el Consejo de Seguridad actual refleja el equilibrio de poder de otra era. Su representación excluye, como se mencionó, a dos de las economías más grandes del mundo, Japón y Alemania, así como también a la India y a dos continentes: Africa y América Latina.

Lamentablemente, su ampliación atrajo la mayor atención y fue centro de luchas de poder por parte de aquellos países que querían integrarlo. El Grupo de los 4 -integrado por Alemania, Japón, India y Brasil- concentró toda su estrategia en alcanzar su objetivo y despertó resistencias de otros Estados, preocupados por el protagonismo que alcanzarían, tales como China respecto de Japón, Argentina en relación con Brasil, e Italia y Francia con Alemania.

La reforma del Consejo de Seguridad, es decir, su ampliación, no se produjo; el resultado fue funcional a los intereses de los Estados Unidos y a los demás miembros del Consejo de Seguridad, con exclusión, con ciertos matices, de la República Popular China, y el tema quedó fuera de la Agenda de la Cumbre, incluso semanas antes de que el "documento Bolton" anulara toda posibilidad de un resultado satisfactorio. Las fórmulas fueron y vinieron, en un ejercicio de individualismo y pragmatismo que hizo imposible superar las rivalidades entre los distintos aspirantes.

La falta de perspectiva de la reforma del Consejo de Seguridad condicionó el resto de las negociaciones y limitó el avance en otros temas. En algún momento se hacía la crítica de que toda la discusión estaba girando alrededor de la reforma del Consejo de Seguridad y que bien podía avanzarse en los otros temas de tanta importancia como el desarme, la proliferación nuclear, las pandemias y todos los aspectos de los derechos humanos. Sin embargo, era y es lógico que cuando el centro de poder no modifica su estructura o su mecanismo de toma de decisiones, no es aconsejable avanzar en otros temas, porque esos temas están condicionados directamente por la forma en que las decisiones se toman en función de un mecanismo cerrado, como en el caso del veto en el Consejo de Seguridad.

Por tanto, señor Presidente, no extraña el resultado de la Cumbre. El Presidente Bush, a diferencia de su antecesor Woodrow Wilson, que propulsó la creación de la Sociedad de las Naciones luego de la Primera Guerra Mundial, en la Paz de Versailles, se guió por un pragmatismo carente de visión de largo plazo y de valores éticos de corte universal. Sin principios orientadores, la suerte de las Naciones Unidas queda librada a la ambición unilateral de dominio. Distintos resultados se hubieran obtenido si desde la posición de un principismo realista y moderno, como se reflejara en los distintos informes de los Grupos de Notables y en el propio documento del Secretario General, hubiera prevalecido un criterio distinto. La base ética que diera sustento a la reforma, reclamaba una adaptación de la organización a las necesidades del Milenio, en un nuevo concepto de seguridad colectiva, en otras palabras, una visión integral que ligara la libertad, el desarrollo y la seguridad en un solo haz de objetivos políticos.

La mayoría de los países coinciden en avanzar en el "aggiornamiento" de los viejos principios que consideran al Estado Nación como el único actor legítimo y supremo de las relaciones internacionales.

En un artículo muy publicitado hace pocos días, el ex Presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, hace un análisis muy preciso de la relación entre la vigencia de los principios del Derecho Internacional y su modificación en función del impulso de la costumbre como fuente del Derecho. Y es cierto. Los principios no son ni deben ser estáticos. Así, es reconocido que la costumbre internacional, en tanto fuente de derecho, puede modificar su contenido cuando concurren dos elementos: el transcurso del tiempo necesario para que se consolide y el consentimiento de la comunidad internacional. Ahora bien; esa costumbre se legitima si en la base de su transcurrir interpreta principios éticos de justicia y equidad, que tiene su expresión máxima en la igualdad de los Estados.

El ejemplo más claro está en el principio de no intervención. Si bien es la suprema garantía de la independencia y de la soberanía de los Estados -y eso lo sabe muy bien el Uruguay y, principalmente, nuestra colectividad política que ha hecho de esto una de sus banderas más importantes-también es indiscutible que los temas que la globalización nos plantea como comunes a la humanidad, habilitan la acción colectiva cuando ella se deriva de normas expresas convencionales habilitantes. En otras palabras, la acción internacional sólo se justifica si tiene respaldo jurídico, por lo que se torna compatible con la aplicación del principio de la no intervención.

Por tanto, si los principios armonizaran su vigencia con el pragmatismo, la orientación de la reforma hubiera surgido con naturalidad -en medio de difíciles negociaciones, sin duda-, pero regida por valores éticos que impulsan la libertad para vivir sin miseria, la libertad para vivir sin temor y la libertad para vivir con dignidad.

Desafortunadamente, en todo este proceso que culmina con los resultados que vamos a comentar, sólo se vio una competencia por alcanzar o negar una silla en el Consejo de Seguridad. Un rígido pragmatismo que deja a las Naciones Unidas sin timón principal. Esto es, sin principios sólidos ni valores éticos que fijen el rumbo.

Los trabajos preparatorios de la Cumbre y las propuestas emanadas de las reuniones de notables y del Secretario General, planteaban una reforma profunda. Básicamente, las áreas clave estaban vinculadas a Desarrollo Sustentable y Erradicación de la Pobreza; Paz, Desarme, Uso de la fuerza y Seguridad Colectiva; Terrorismo; Mantenimiento y Consolidación de la Paz; Derechos Humanos; Intervenciones Humanitarias, a las que se agregaban las propuestas de Fortalecimiento de la Organización.

En materia de desarrollo, se incorporó al concepto del Derecho Internacional la necesaria equidad que pudiera compensar la brecha entre ricos y pobres que ha sobrepasado todos los límites éticos. De tal forma que una semana antes de la Cumbre de Nueva York, el PNUD publicó su Informe de Desarrollo Humano, en el que expresa -lisa y llanamente- que "las promesas de la comunidad internacional están tan desacreditadas por su incumplimiento, que son vistas como algo sin valor." Si bien el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio -reducir a la mitad la pobreza mundial para el año 2015- podría ser obtenido en términos globales, el informe concluye que en la mayoría de los países no será posible alcanzar los objetivos, en algunos casos por márgenes amplísimos. La pobreza extrema, por ejemplo, no será reducida a la mitad en ninguna región, salvo el Este de Asia, y se estima que habrá 380:000.000 de seres humanos devastados por la pobreza para el año 2015 -la mayoría en el continente africano-, a pesar de los compromisos del Grupo de los Ocho y de las propias Naciones Unidas en erradicarla.

Era de esperar que las graves conclusiones de este Informe del PNUD reforzarían la urgencia en introducir reformas sustantivas en el sistema y que las semanas previas a la Cumbre se habrían dedicado a avanzar en forma definitiva en el diseño e implementación de medidas dirigidas a superar los errores que impedían cumplir con los Objetivos del Milenio.

Sin embargo, eso no fue así. Las Naciones Unidas fueron, sí, escenario de frenéticas negociaciones, pero en lugar de concentrarse en la implementación de una reforma efectiva, se insumieron horas y días cruciales para mantener en el papel, promesas y objetivos ya comprometidos cinco años atrás, durante la Cumbre del Milenio, en el Consenso de Monterrey o en el Plan de Johannesburgo. Los Estados Unidos, a través de su nuevo Embajador, John Bolton, exacerbó la crisis presentando 750 propuestas de modificación de último momento al documento de 39 páginas que los Estados venían negociando desde hacía meses. Algunos de los cambios propuestos, lejos estaban de ser "cosméticos" -como se advertía- y afectaron el delicado equilibrio de intereses entre países desarrollados y en desarrollo. Entre otras cosas, el "documento Bolton" requirió la eliminación de toda referencia a los Objetivos del Milenio para el desarrollo, incluyendo el compromiso específico de los países desarrollados de destinar el 0.7% de su Producto Bruto para ese fin.

Luego de intensas gestiones, se admitió la inclusión de referencias a los Objetivos del Milenio en el texto, pero los Estados Unidos dejaron en claro que ellos no se sienten comprometidos por el objetivo de destinar este porcentaje establecido primariamente.

Adicionalmente, las negociaciones se bloquearon en materia de comercio, al rechazar los países desarrollados mencionar la necesidad de reducir los subsidios agrícolas. Aunque no es el foro específico en materia de comercio internacional, pero al hablarse e incluirse el concepto de desarrollo vinculado a la paz y a la libertad, es obvio que el comercio tenía una acción muy importante que desarrollar y era un tema al que había que referirse. En este tema, las noticias que vienen de la Organización Mundial del Comercio tampoco son alentadoras. En la última reunión, hace apenas siete días, del G4 en París -los Estados Unidos, la Unión Europea, India y Brasil-, la Unión Europea y los Estados Unidos ofrecieron recortes en sus aranceles y subsidios agrícolas totalmente insuficientes para destrabar las negociaciones en la OMC. Los dos grandes del comercio mundial se recriminan recíprocamente su inflexibilidad en la negociación agrícola, sin desistir en sus exigencias a los países en desarrollo, de liberar el comercio en bienes industriales y en servicios. A esta altura de los acontecimientos, las señales indican que no podría esperarse grandes resultados -y ojalá nos equivoquemos- de la próxima Reunión Ministerial de la OMC, que tendrá lugar en diciembre, en Hong Kong, arriesgándose incluso un fracaso rotundo como el que se produjo en Cancún. Nada alentador para la necesidad de los países en desarrollo, que difícilmente puedan conformarse con un paquete minimalista en materia agrícola.

Respecto a los temas medioambientales, toda la negociación multilateral se encuentra afectada por la negativa norteamericana de participar en el Protocolo de Kyoto. No es de extrañar, entonces, que la Declaración se limite a reafirmar compromisos y plantear ambiciosos objetivos sin mayor concreción. La Declaración reconoce que el cambio climático es un problema mundial que exige una cooperación y participación internacionales y formula diversos objetivos, promesas y declaraciones, sin llegar a medidas concretas, simplemente porque muchos de los tratados internacionales puestos a disposición de los Estados no son firmados y, en particular, por la gran superpotencia responsable, muchas veces, de parte de esta debacle ambiental a nivel mundial.

En temas de seguridad, la Cumbre puso en evidencia las profundas diferencias existentes entre los Gobiernos en materia de uso colectivo de la fuerza, desarme y no proliferación de armas nucleares. Prácticamente, todos los temas controvertidos fueron retirados de la Declaración.

Resulta preocupante ver cómo, ante problemas de seguridad colectiva, la falta de liderazgo razonable de las principales potencias del mundo, transforma un problema global en un enfrentamiento Norte - Sur. Los Estados Unidos insistieron en los temas de control de armamentos y no proliferación de armas de destrucción masiva, pero sin admitir menciones sobre desarme. Varios países en desarrollo insisten en que los compromisos en materia de no proliferación de armas nucleares deben ser acompañados por compromisos de las principales potencias occidentales de encarar su propio proceso de desarme de armas convencionales. Por otra parte, la reticencia de muchos países -Irán, Corea del Norte, Israel- a suscribir el Tratado de No Proliferación Nuclear y la posición de quienes ya tienen armas nucleares de mantener su exclusividad, no facilitan una negociación colectiva. La posición americana también motivó que fueran eliminados de la Declaración de la Cumbre textos que podrían haber urgido a los países a apoyar un conjunto de órganos y tratados internacionales que Estados Unidos resiste, incluyendo el Tratado de prohibición de ensayos nucleares y la Corte Penal Internacional.

Tampoco fue posible llegar a un acuerdo en materia de seguridad colectiva. Bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, el uso de la fuerza está permitido sólo en el caso de defensa propia o bajo autorización del Consejo de Seguridad. Los Estados Unidos, a partir de la guerra de Irak, argumentan que el derecho de defensa propia debería ser extendido para permitir ataques preventivos contra amenazas latentes o no inminentes y su libertad para usar la fuerza en forma unilateral. La Declaración fue un éxito en cuanto al respaldo que los principios del Derecho Internacional tuvieron en esta instancia.

La propia República Popular China impulsó, desde su propuesta, la necesidad de no modificar el artículo 51 y ni siquiera admitir la posibilidad de su reinterpretación, a los efectos de evitar una flexibilización en su aplicación.

Algo similar sucedió con la declaración sobre el terrorismo. Si bien en ella se condena el terrorismo en todas sus formas, no logró consensuar una definición de esa práctica -que era una cuestión muy importante-, a la que había llegado en un acuerdo el Consejo de los Sabios. En una conferencia pronunciada hace muy poco, el contador Iglesias expuso cómo se había alcanzado una definición de carácter primario, que luego no fue recogida por la Declaración y que fue, obviamente, resistida, no sólo por potencias importantes, sino también por otros países.

El texto sobre el cual se trabajó y que finalmente no quedó plasmado, definía al terrorismo como cualquier acción que intentara causar la muerte o serias heridas a civiles no combatientes. Cuando el propósito de tal acto, por su naturaleza o contexto, fuera intimidar a la población u obligar al gobierno o a una organización internacional a llevar a cabo o abstenerse de cualquier acción, no puede ser en este caso justificado bajo ninguna circunstancia y se constituye un acto de terrorismo.

En las negociaciones previas a la Cumbre, varios países y, en particular, la mayoría de las naciones de religión Islámica, insistieron en la inserción de una cláusula que excluyera los movimientos de liberación nacional que atacan civiles, de ser considerados terroristas. La falta de acuerdo impidió avanzar en una definición que pueda convertirse en el pilar de una Convención internacional sobre el terrorismo, por lo que las negociaciones quedaron pendientes.

Afortunadamente, en el ámbito del mantenimiento y consolidación de la paz, en la Cumbre se logró acordar algo en concreto. Se convino la creación de una Comisión para la Construcción de la Paz, dirigida a prevenir que recaigan en la violencia los países que salen de un conflicto. Precisamente, los grandes problemas que tienen las naciones en sus enfrentamientos domésticos es que luego de restablecido el orden institucional, la tendencia natural es volver nuevamente hacia el conflicto y necesitan de la colaboración para evitar que eso sea un círculo vicioso, de repetición interminable. Se dejó abierto a negociaciones ulteriores los principales lineamientos bajo los cuales funcionará dicha Comisión, en particular, si será controlada por el Consejo de Seguridad -como quieren Estados Unidos y las potencias que tienen un lugar en el Consejo- o por la Asamblea General, como insisten otros. Nuevamente, en esta área, decisiones fundamentales para la operativa del sistema se han visto postergadas por la reticencia que genera la falta de representatividad integral de los miembros que hoy participan del Consejo de Seguridad.

Lo mismo sucede con el establecimiento del Consejo de los Derechos Humanos. Esto fue motivo de una importante discusión y del preestablecimiento de posiciones al respecto. Se trata de uno de los temas más sensibles en el ámbito político del Derecho Internacional. La Comisión de Derechos Humanos está afectada en su credibilidad y, además, está cuestionada en forma permanente por aquellos Estados que se sienten interpelados en función de las decisiones o de declaraciones a las que generalmente se les atribuye intenciones políticas o de formar parte del juego de poder que se produce en el ámbito internacional.

La Declaración resuelve seguir reforzando el mecanismo de protección de los Derechos Humanos y establecer este Consejo, permitiendo que la actual Comisión de Derechos Humanos sea sustituida. Sin embargo, Rusia, China y algunos países en desarrollo insistieron en que los criterios para establecer este nuevo Consejo no fueran resueltos en esta Cumbre, por lo que pasaron a la agenda de la Asamblea General. No olvidemos que en China se sostiene la frase: "No hay Derechos Humanos con estómagos vacíos". Ese es el concepto global que allí se tiene y que para nosotros es muy difícil de entender e interpretar en función de la visión occidental de la libertad y, en particular, de lo que es el concepto del pluralismo político. No hubo acuerdo respecto a esa estructura, incluyendo cuántos miembros tendrá y quiénes podrán estar incluidos o excluidos. Muchos países, en particular Estados Unidos, querían establecer una amplitud por parte de los miembros y, además, establecer una limitación en el sentido de que aquellos que estaban cuestionados en el ejercicio de actos que violaran los Derechos Humanos, no podían estar representados en la Comisión. El objetivo de muchos países era establecer una forma de elección de los miembros que impidiera el ingreso de los países, como acabo de decir. De la misma forma, no ha sido posible rescatar a la Corte Internacional Penal como parte del debate vinculado con la defensa de las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos a nivel de la responsabilidad de los gobernantes.

El capítulo vinculado con las intervenciones humanitarias es, quizás, uno de los más ricos, en el entendido de que va avanzando un concepto de responsabilidad globalizante que, obviamente, va perforando o limitando la aplicación estricta del principio de la no intervención. La Carta de Naciones Unidas prohíbe la intervención en cuestiones de jurisdicción interna de los Estados, pero luego de los genocidios de Biafra, Ruanda y de la guerra de la ex Yugoeslavia, entre otros, o de las crisis de gobernabilidad, que terminaron en desastres humanitarios como los de Somalía o Haití, existe un consenso en el sentido de que dicha Carta no puede servir de excusa para cometer atrocidades. Naciones Unidas debe asumir la responsabilidad de proteger las poblaciones civiles bajo amenaza de genocidio, crímenes contra la humanidad y limpieza étnica.

Evidentemente, señor Presidente, no ha sido materia fácil de negociación la definición y la extensión del nivel de obligación que deberían asumir las Naciones Unidas para realizar intervenciones humanitarias. De cualquier manera, el texto adoptado es bastante sustantivo. A pesar de que Estados Unidos bregó por quitar al texto todo viso de obligatoriedad, el documento afirma que la comunidad internacional, por conducto de Naciones Unidas, tiene la responsabilidad de usar medios pacíficos para proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, adoptando medidas colectivas en los capítulos 6, 7 y 8 de la Carta que habilitan al Consejo de Seguridad a autorizar el uso de la fuerza militar cuando los medios pacíficos fallan. En esta materia, sí ha quedado clara la apuesta al multilateralismo y al respeto por el funcionamiento armónico de la organización frente a los temas domésticos de cada Es-tado.

En materia de reforma de gestión de la organización, las conclusiones de la Comisión que investigó los casos de corrupción en el Programa Petróleo por Alimento, pueden ser vistas como un catalizador para el cambio y los resultados de la Cumbre pueden ser sobrevalorados a los efectos de presentarlos adecuadamente ante la prensa internacional, indicando que representan un pequeño paso, pero un paso importante e indispensable.

En los hechos, la suma de distintos factores en las semanas previas a la Cumbre -no sólo las conclusiones de este informe, sino en buena medida la estrategia americana instrumentada a través de las 750 propuestas de modificación- tuvo un efecto demoledor sobre el frágil equilibrio que pacientemente se había ido negociando en los meses anteriores, reduciendo los resultados a muy poca cosa.

El documento insiste en la necesidad de la reforma, toma algunas decisiones, crea un Comité Asesor en supervisión, de carácter independiente, entre otras cosas, pero no adopta medidas sustantivas que lo implementen. A pocos resultados concretos condujo el pragmatismo del Embajador Bolton. .

A continuación voy a mencionar las conclusiones.

Los resultados de la Cumbre están lejos de ser el relanzamiento de una herramienta eficaz a la que sus promotores aspiraban y que el mundo tan urgentemente necesita. Tampoco queda claro si los mínimos acuerdos existentes en el texto permitirán conducir a una reforma gradual que fortalezca el sistema multilateral.

Las negociaciones tomaron un camino errado que arriesga repetirse, y es el de exacerbar el enfrentamiento Norte - Sur, en lugar de generar ámbitos de acercamiento. Se planteó un paralogismo de falsa oposición - al decir de Vaz Ferreira - en casi todos los temas. Los que querían aumentar los poderes del Consejo de Seguridad, bloquearon toda posibilidad de que el órgano sea más representativo. Aquellos que priorizaban los problemas de seguridad, minimizaron los de desarrollo, como si seguridad y desarrollo fueran problemas que no van de la mano.

Debemos enfatizar que la promoción de valores democráticos en nada se opone al desarrollo económico y provocar este tipo de enfrentamientos únicamente conduce a fracasos como el de esta Cumbre. Si se busca promover una gestión colectiva de los grandes problemas, es esencial que los órganos gestores tengan suficiente representatividad como para que su accionar sea legítimo, así como también es fundamental ser realistas y lograr comprometer a los más poderosos.

Para que futuros esfuerzos sean fructíferos, es necesario plantear una reforma de las NNUU que pueda reconstruir los lazos entre el Norte y el Sur, en lugar de mantener y ampliar la brecha existente. Esto puede hacerse únicamente sobre la base de una revalorización sustantiva del multilateralismo.

Finalmente, la Paz sigue siendo el principal objetivo de la Comunidad Internacional. Pero para llegar a ella es necesaria una mayor justicia e igualdad y el reconocimiento de los países más ricos ya que, de profundizarse la brecha social, cualquier pretexto grande o chico va a derivar en una ruptura de los equilibrios. Institucionalmente, esto implica respaldar la reforma, en especial sus aspectos económicos y vinculados al desarrollo, pues son las emergencias de esta naturaleza las primeras que deben atenderse para garantizar la seguridad colectiva. Ellas son la amenaza a la paz, que es de lo que habla la Carta. En tal sentido, es importante un acuerdo mínimo en materia de derechos humanos, que admita una base común en cuanto al concepto a defender y a los instrumentos para hacerlo. Del mismo modo, es necesaria una definición del terrorismo, lo que aún está pendiente, y de otros aspectos que hacen más a la acción preventiva de las Naciones Unidas que a sus funciones sancionatorias. En este sentido, es de destacar que existe una corriente de opinión, independiente de alineamientos nacionales, que entiende que el sistema de seguridad colectiva debe basarse en el refuerzo de los aspectos preventivos, en lugar de los sancionatorios. Por diversas razones, el Uruguay ha sido un testigo no protagónico de este proceso. Nuestra dimensión no nos exime de responsabilidad y esta falta de presencia, a veces, puede asignársele a la falta de definición. Pensamos que el Uruguay no debe perder el respeto y la consideración que se le tiene en el concierto internacional y debe evitar la tentación de caer en la cómoda y fácil alineación. En cada tema debe hacer escuchar su voz con sentido constructivo, pero con el fundamento necesario para marginarse del anonimato. Nuestro país, por historia y tradición, ha aportado principios como el de la no intervención y autodeterminación que, aun siendo de origen interamericano, se han incorporado al marco político y jurídico de las Naciones Unidas. El Uruguay debería ser la voz latinoamericana capaz de defender los intereses sistémicos de la región, proponiendo ideas, acercando posiciones antagónicas y buscando respuestas regionales que eviten que el único aporte de América Latina sea producto de la competencia por el liderazgo regional de dos o tres países. El Uruguay tiene mucho que decir y lo debe hacer sobre la base del realismo y el principismo. Ambas vías constituyen una doble opción, que le permitirá influir sobre la agenda internacional y posicionarse ante riesgos y oportunidades externos, sin acudir a fáciles alineamientos, sin refugiarse en superados esquemas de confrontación propios de la Guerra Fría planteando, a través de principios inalterables de su política exterior, coincidencias y discrepancias, a partir de sus ideas y no en función de amistades circunstanciales o simpatías políticas.

En suma, señor Presidente, lamentablemente el Uruguay no participó del pequeño grupo de países que negoció el texto final de la Cumbre, porque las decisiones de coyuntura ocupan toda su atención y postergan el posicionamiento que ha caracterizado al país en buena parte de su historia.

Es importante que las posiciones del país se conozcan, que su capacidad de propuesta sea respetada y su participación en la sociedad internacional tenga originalidad, agresividad -en el buen sentido de la palabra- y respaldo político hacia el interior de todo el país. Desde la individualidad de los ciudadanos, pasando por la expresión del Estado - Nación y desembocando en el compromiso de la comunidad internacional, es necesario impulsar una renovada lógica humanista. Esta empieza y continúa todos los días, en la familia, en el trabajo y en la comunidad, para extenderse como una nube del espíritu, destinada a sustituir los excesos de la tecnocracia materialista. Debemos reclamar y asumir más participación en los ámbitos a los cuales pertenecemos. No creo, señor Presidente, estar hablando de algo esotérico o ausente de nuestro contexto y circunstancias. El esfuerzo debe centrarse en el juego equilibrado entre la libertad y la responsabilidad, de modo que la comprensión y la tolerancia tengan, como punto de inicio, la actitud y la conducta humana, que es la expresión individual que se resume colectivamente cuando los países actúan en sistemas democráticos con los representantes que legítimamente han elegido. Fernando Savater da sentido a este concepto al referirse a la diferencia fundamental entre la actitud ética y la política. Las dos son formas de considerar lo que uno va a hacer, es decir, el empleo que va a dar a su libertad. En la ética individual lo que vale es estar de acuerdo con uno mismo y actuar sin demora. En cambio, la actitud política busca el acuerdo con los demás y como se trata de la vida de todos, es imprescindible que quienes actúen convenzan o se dejen convencer por la opinión de los otros.

Es con este espíritu que se definen verdaderas "políticas de Estado", es decir, políticas que vayan más allá de una gestión de gobierno y que fortalezcan la presencia del país. La política de Estado no puede representar un mero esfuerzo consensuado para evitar discrepancias. Debe ser el resultado de aportes y coincidencias acerca de a dónde se quiere ir, que es muchísimo más importante que saber "contra quién" se está. Esta visión nos obliga a trabajar con memoria y con proyección, con ideas personales y con criterio de equipo. Nos obliga a diferenciar la táctica de la estrategia y a hacer de esta última una orientación predecible y continua. Es el hilo conductor que hace a un país respetable y respetado. En otras palabras, significa que el gobierno siempre deberá hacer un esfuerzo por ir más allá de la responsabilidad del minuto, del día, del período de su mandato. Tiene que ser un intérprete de la realidad y, al mismo tiempo, un transformador de realidades, con la serena humildad de reconocer que sus decisiones muchas veces van a ser culminadas por los gobiernos sucesivos.

El Uruguay tiene mucho que decir y aportar, pero sólo valdrá la pena si se sabe empinar sobre las "etiquetas mentales" fáciles o sobre la comodidad de esperar que algún otro Estado indique el camino que debería seguir. Tanto en el ámbito internacional como regional debemos asumir la responsabilidad de efectuar nuestro aporte.

Señor Presidente: con este criterio constructivo y positivo expusimos nuestras ideas, para compartir con los colegas del Senado las inquietudes que nos generara la Cumbre de Nueva York y sus fragilidades.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- El propósito de estas intervenciones es provocar el debate, pero si nadie va a hacer uso de la palabra, continuamos con la consideración del Orden del Día.

30) FRECUENCIAS DE DIFUSION RADIOELECTRICA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se establecen limitaciones para el otorgamiento de frecuencias de difusión radioeléctricas. (Carp. Nº 304/05 - Rep. Nº 120/05)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 304/05

Rep. Nº 120/05

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- El Poder Ejecutivo no podrá otorgar nuevas autorizaciones de uso de frecuencias radioeléctricas a los efectos del servicio de radiodifusión, durante el período comprendido por los doce meses anteriores y los seis meses posteriores a la fecha de las elecciones nacionales establecidas en el numeral 9º del inciso segundo del artículo 77 de la Constitución de la República.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de agosto de 2005.

Nora Castro Presidenta

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- El Poder Ejecutivo durante el período comprendido por los doce meses anteriores y los seis meses posteriores a la fecha de las elecciones nacionales establecidas en el numeral 9º del inciso primero del artículo 77 de la Constitución de la República, no podrá otorgar nuevas autorizaciones de uso de frecuencias radioeléctricas.

Montevideo, 4 de agosto de 1999.

Juan A. Singer, Representante por Montevideo; Brum Canet, Representante por Montevideo; Ricardo Falero, Representante por Canelones; Gabriel Barandiarán, Representante por Montevideo; Felipe Michelini, Representante por Montevideo, Julio C. Matos Pugliese, Representante por Florida; Iván Posada, Representante por Montevideo; Pedro Balbi, Representante por Montevideo; Aelita Moreira, Representante por Montevideo, José Mujica, Representante por Montevideo; Jorge Coll, Representante por Colonia; Daniel Corbo, Representante por Montevideo; Agapo Luis Palomeque, Representante por Canelones; Javier García, Representante por Montevideo; Adolfo Falero, Representante por Durazno; Alem García, Representante por Montevideo; Fernando Saralegui, Representante por Tacuarembó; Enrique Rubio, Representante por Montevideo; Carlos Gamou, Representante por Montevideo; Raquel Barreiro, Repesen-tante por Montevideo; Ruben Obispo, Representante por Paysandú; Luis Fontes, Representante por Salto; Carlos Pita, Representante por Montevideo; Víctor Semproni, Representante por Canelones; Luis Alberto Bolla, Representante por San José; José Mahía, Representante por Canelones; Roque Arregui, Representante por Soriano; Luis José Gallo Imperiale, Representante por Canelones; Roberto Conde, Representante por Canelones; Julio C. Vieytes, Representante por Montevideo; José Pedro Rodríguez, Representante por Montevideo; Guillermo Chifflet, Representante por Montevideo; Guillermo Alvarez, Representante por Montevideo; Enrique Pintado, Representante por Montevideo; Carlos Baráibar, Representante por Montevideo; Daisy Tourné, Representante por Montevideo; Claudia Palacio, Representante por Montevideo; Darío Pérez, Representante por Maldonado; Marisa Solís, Representante por Montevideo; José Bayardi, Representante por Montevideo; Jorge Quartino, Representante por Montevideo.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El espectro radioeléctrico es un bien de la humanidad y su administración corresponde a cada Estado. Los convenios internacionales que en la materia el país ha suscrito apuntan en sus normas a consagrar en la práctica grandes principios como la libertad de opinión y de difusión, el pluralismo y el acceso igualitario a los medios de comunicación. Tal administración estatal así concebida debe contemplar los intereses de la sociedad en su conjunto por encima de lo político-partidario, los empresariales o los de quien ejerza el Gobierno, debe por tanto encontrarse ajena a cualquier influencia de intereses particulares; y responder a una política de medios de comunicación basada en el interés público, atendiendo a los contenidos y alcances de cada proyecto de comunicación.

La norma aquí proyectada establece un límite temporal para el uso de la amplia discrecionalidad que la legislación vigente otorga al Poder Ejecutivo en la materia. Consecuentemente, de ser aprobada, tales facultades las ejercería fuera del período en que se desarrollan las campañas políticas tanto nacional como departamental. Por lo tanto, el proyecto apunta a que en cada período de Gobierno, las nuevas autoridades nacionales electas, aborden el tema y su resolución a pocas semanas de instaladas y en función sólo de los factores sociales y técnicos específicos.

Juan A. Singer, Representante por Montevideo; Brum Canet, Representante por Montevideo; Ricardo Falero, Representante por Canelones; Gabriel Barandiarán, Representante por Montevideo; Felipe Michelini, Representante por Montevideo, Julio C. Matos Pugliese, Representante por Florida; Iván Posada, Representante por Montevideo; Pedro Balbi, Representante por Montevideo; Aelita Moreira, Representante por Montevideo, José Mujica, Representante por Montevideo; Jorge Coll, Representante por Colonia; Daniel Corbo, Representante por Montevideo; Agapo Luis Palomeque, Representante por Canelones; Javier García, Representante por Montevideo; Adolfo Falero, Representante por Durazno; Alem García, Representante por Montevideo; Fernando Saralegui, Representante por Tacuarembó; Enrique Rubio, Representante por Montevideo; Carlos Gamou, Representante por Montevideo; Raquel Barreiro, Repesen-tante por Montevideo; Ruben Obispo, Representante por Paysandú; Luis Fontes, Representante por Salto; Carlos Pita, Representante por Montevideo; Víctor Semproni, Representante por Canelones; Luis Alberto Bolla, Representante por San José; José Mahía, Representante por Canelones; Roque Arregui, Representante por Soriano; Luis José Gallo Imperiale, Representante por Canelones; Roberto Conde, Representante por Canelones; Julio C. Vieytes, Representante por Montevideo; José Pedro Rodríguez, Representante por Montevideo; Guillermo Chifflet, Representante por Montevideo; Guillermo Alvarez, Representante por Montevideo; Enrique Pintado, Representante por Montevideo; Carlos Baráibar, Representante por Montevideo; Daisy Tourné, Representante por Montevideo; Claudia Palacio, Representante por Montevideo; Darío Pérez, Representante por Maldonado; Marisa Solís, Representante por Montevideo; José Bayardi, Representante por Montevideo; Jorge Quartino, Representante por Montevideo.

Comisión de

Defensa Nacional

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Defensa Nacional, ha analizado el proyecto de ley por el cual no se podrá otorgar nuevas autorizaciones de uso de frecuencias radioeléctricas a los efectos del servicio de radiodifusión, entre el período comprendido por los doce meses anteriores y los seis meses posteriores a la fecha de las elecciones nacionales.

El espectro radioeléctrico es un bien de la humanidad y su administración corresponde a cada Estado. Los convenios internacionales que en la materia el país ha suscrito apuntan en sus normas a consagrar en la práctica grandes principios como la libertad de opinión y de difusión, el pluralismo y el acceso igualitario a los medios de comunicación. Tal administración estatal así concebida debe contemplar los intereses de la sociedad en su conjunto por encima de lo político-partidario, los empresariales o los de quien ejerza el Gobierno, debe por tanto encontrarse ajena a cualquier influencia de intereses particulares; y responder a una política de medios de comunicación basada en el interés público, atendiendo a los contenidos y alcances de cada proyecto de comunicación.

La norma aquí proyectada establece un límite temporal para el uso de la amplia discrecionalidad que la legislación vigente otorga al Poder Ejecutivo en la materia. Consecuentemente, de ser aprobada, tales facultades las ejercerían fuera del período citado.

En un principio el proyecto de ley se refería a: "no podrá otorgar autorizaciones de uso de frecuencias radioeléctricas", cosa que en su visita -las anteriores autoridades de la URSEC- expresan que debería decir "autorizaciones de uso de frecuencias radioeléctricas a los efectos del servicio de radiodifusión" porque de lo contrario no se podrían autorizar siquiera una alarma, de ahí la modificación realizada y aceptada por los miembros de la asesora.

Por lo expuesto, se solicita al Plenario la aprobación del proyecto de ley que se adjunta.

Sala de la Comisión, 5 de julio de 2005.

Daniel García Pintos, Javier García Duchini, Jorge Menéndez, Luis Rosadilla.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- El Poder Ejecutivo durante el período comprendido por los doce meses anteriores y los seis meses posteriores a la fecha de las elecciones nacionales establecidas en el numeral 9º) del inciso primero del artículo 77 de la Constitución de la República, no podrá otorgar nuevas autorizaciones de uso de frecuencias radioeléctricas a los efectos del servicio de radiodifusión.

Sala de la Comisión, 5 de julio de 2005.

Daniel García Pintos, Miembro Informante; Javier García Duchini, Jorge Menéndez, Luis Rosadilla.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Defensa Nacional

ACTA Nº 13

En Montevideo, el día lunes doce de setiembre del año dos mil cinco, a las diecisiete horas y quince minutos, se reúne la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, señores Senadores Eleuterio Fernández Huidobro, José Korzeniak, Carlos Moreira, Gustavo Penadés y Jorge Saravia.

Concurre una delegación de Militares destituidos integrada por los señores Enrique Martínez López y Jorge Daniel Lorencio (Capitanes), José Raúl Núñez (Sargento) y José Acuña (Cabo).

Preside el señor Senador Eleuterio Fernández Huidobro, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Alfredo O. Brena, Secretario de la Comisión.

ORDEN DEL DIA:

- CARPETA Nº 304/05. FRECUENCIAS DE DIFUSION RADIOELECTRICAS. Se establecen limitaciones para su otorgamiento.

- CARPETA Nº 315/05. FIESTA NACIONAL EN EL REINO DE ESPAÑA. Se autoriza la salida del país de una Sección, Escolta y Banderas del Ejército Nacional.

- CARPETA Nº 284/05. PERSONAL MILITAR DESTITUIDO. Modificación de los derechos jubilatorios.

Se recibe a una delegación de Militares Destituidos, quienes explican el motivo de su presencia en la Comisión.

RESOLUCIONES:

- CARPETA Nº 304/05. FRECUENCIAS DE DIFUSION RADIOELECTRICAS. Se pone a votación: 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad. Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador Korzeniak.

- CARPETA Nº 315/05. FIESTA NACIONAL EN EL REINO DE ESPAÑA. Se pone a votación: 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad. Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador Moreira.

El señor Senador Penadés solicita que, por intermedio de la Secretaría, se solicite al Cuerpo de Taquígrafos que transcriba la grabación de la audiencia a Militares Destituidos.

A la hora diecisiete y cincuenta y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que firman los señores Presidente y Secretario de la Comisión.

Eleuterio Fernández Huidobro Presidente

Alfredo O. Brena Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: el proyecto de ley que ha venido al Senado está precedido de un informe favorable que cuenta con la unanimidad de los miembros de la Comisión de Defensa Nacional, elaborado hace diecisiete días. Esta iniciativa fue aprobada por todos los miembros de la Cámara de Representantes presentes en aquel momento y su contenido consiste, sencillamente, de un solo artículo por el cual se prohíbe al Gobierno otorgar nuevas autorizaciones para el uso de frecuencias radioeléctricas en el año previo a las elecciones nacionales, es decir, a las de octubre. La justificación contenida en la Exposición de Motivos y en los informes de la Comisión de la Cámara de Representantes, es muy sencilla y elemental. Se trata de evitar que esa potestad discrecional que tiene el Poder Ejecutivo se vea ensombrecida por el uso de la misma con fines de demagogia o de favoritismo político. Es algo muy importante, como es el uso de frecuencias radioeléctricas que tiene que contribuir al pluralismo democrático y no a la concesión, autorización o permiso -la naturaleza jurídica de estos actos no está muy clara-, con fines que no son los propios de un Estado de Derecho. Este es el fundamento muy claro y compartido por todas las fuerzas políticas que han intervenido. Por lo tanto, la Comisión resolvió, por unanimidad, aconsejar al Senado su aprobación.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "Artículo Unico.- El Poder Ejecutivo no podrá otorgar nuevas autorizaciones de uso de frecuencias radioeléctricas a los efectos del servicio de radiodifusión, durante el período comprendido por los doce meses anteriores y los seis meses posteriores a la fecha de las elecciones nacionales establecidas en el numeral 9º del inciso segundo del artículo 77 de la Constitución de la República."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

31) CODIGO PENAL

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el punto que figura en tercer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se deroga el artículo 116 del Código Penal, que establece la extinción de determinados delitos por el matrimonio del ofensor con la ofendida. (Carp. Nº 283/05 - Rep. Nº 121/05)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 283/05

Rep. Nº 121/05

EXTINCION DE DETERMINADOS DELITOS POR EL MATRIMONIO ENTRE EL OFENSOR Y LA OFENDIDA

Derogación del artículo 116 del Código Penal

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Derógase el artículo 116 del Código Penal.

Carlos Baráibar, Alberto Breccia, Alberto Cid, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Eleuterio Fernández Huidobro, José Korzeniak, Eduardo Lorier, Rafael Michelini, Margarita Percovich, Eduardo Ríos, Enrique Rubio, Jorge Saravia, Lucía Topolansky, Víctor Vaillant, Mónica Xavier. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En enero de 2002 el Comité de la Organización de las Naciones Unidas que monitorea la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) formuló duras críticas a nuestro país por diversas faltas de cumplimiento de la Convención.

Entre los señalamientos realizados por el Comité se encuentran varias disposiciones de orden legal que, seguramente por la antigüedad de nuestras normas, no se adecuan a las Convenciones suscritas por nuestro país.

En esa oportunidad, el Comité hizo específica mención del artículo 116 de nuestro Código Penal, que establece la extinción del delito de violación, atentado violento al pudor, estupro y rapto, por el casamiento del ofensor con la ofendida.

Paralelamente ante un pedido de la Senadora Xavier, la Facultad de Derecho informaba sobre un conjunto de normas discriminatorias existentes en nuestra normativa. En dicho informe también se señala la inconveniencia de dicho artículo, subrayando que: "...parece absurdo que pueda entenderse que se preserva el interés de la familia con la base de un matrimonio originado en la violación". Y culminaba señalando la conveniencia de: "...eliminar esta forma de extinción de la responsabilidad criminal".

Hace ya un año que el Senador Correa Freitas ha presentado un proyecto de ley donde se propone la modificación de diversas normas del Código Penal entre las que se incluye la derogación del mencionado artículo, sin que a la fecha haya logrado consideración por la Comisión correspondiente de esa Cámara.

El concepto que subyace en el mencionado artículo del Código Penal es el de la salvación de la honra familiar, propiciando la formación de una familia a la que el violador accederá buscando escapar a la pena por el delito cometido y condenando a la víctima a una convivencia matrimonial donde muy probablemente la violencia doméstica será la tónica de unas relaciones iniciadas de modo tan brutal.

Consideramos que no puede pasar un minuto más sin que la presente norma sea derogada, por lo que estamos proponiendo un proyecto de un solo artículo que deroga dicha disposición.

Carlos Baráibar, Alberto Breccia, Alberto Cid, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Eleuterio Fernández Huidobro, José Korzeniak, Eduardo Lorier, Rafael Michelini, Margarita Percovich, Eduardo Ríos, Enrique Rubio, Jorge Saravia, Lucía Topolansky, Víctor Vaillant, Mónica Xavier. Senadores.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado:

El concepto que subyace en el artículo del Código Penal que se propone eliminar, así como los artículos 22 y 23 del Decreto-Ley Nº 15.032, es el de la salvación de la honra familiar, propociando la formación de una familia a la que el violador accederá, buscando escapar a la pena por el delito cometido y condenando a la víctima a una convivencia matrimonial donde, muy probablemente, la violencia doméstica será la tónica de unas relaciones iniciadas de modo tan brutal.

Esta exención estuvo presente en todos los Códigos Penales de Latinoamérica. El supuesto explícito es que el matrimonio "salva" de la cárcel al que cometió "el delito". Es una vieja concepción que habilita la impunidad a la más flagrante violación de los derechos humanos de la mujer que fue ofendida. Es un rezago de una ideología que hoy, las convenciones de Derechos Humanos y, especialmente el Tratado de Roma (suscripto por nuestro país) han superado largamente.

Se ha esgrimido como argumento que los padres usan este artículo para obligar a formalizar el matrimonio a los varones menores que han tenido relaciones sexuales con las adolescentes. Esta actitud constituye una violación a los derechos humanos de los y las adolescentes. Los derechos humanos se fundamentan en la igualdad y en la universalidad y no se pueden alegar sólo cuando hay una mujer lesionada. También cuando se vulneran los derechos del sujeto directamente, de ella, del niño o niña y de la sociedad entera indirectamente.

Este artículo viola la CEDAW en los artículos 1, 2, 3, 5, 15 y 16. Por ello, el Comité de Expertas de la CEDAW, en el informe que remitió al Estado uruguayo el año 2002 en su vigésimo sexto período de sesiones, dice en su recomendación 28: "El Comité expresa su preocupación por la persistencia en el Código Penal de diversas disposiciones discriminatorias contra la mujer, así como los artículos 116 y 328 referentes al matrimonio del violador con la víctima y las circunstancias atenuantes del aborto". Asimismo, incumple con el artículo 7º de la Declaración Universal de Derechos Humanos; con los artículos 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; con el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; con el artículo 1º del Código de la Niñez y la Adolescencia y con el artículo 8º de la Constitución de la República.

La Facultad de Derecho en un informe sobre un conjunto de normas discriminatorias existentes en nuestra normativa legal realizado al Parlamento ante un pedido de la Senadora Mónica Xavier, señaló la inconveniencia del artículo 116 del Código Penal subrayando que: "...parece absurdo que pueda entenderse que se preserva el interés de la familia con la base de un matrimonio originado en la violación". Y culminaba señalando la conveniencia de: "...eliminar esta forma de extinción de la responsabilidad criminal".

En marzo del año 2002, el Senador Correa Freitas presentó un proyecto de ley donde se propone la modificación de diversas normas del Código Penal entre las que se incluía la derogación del mencionado artículo.

Dando pues cumplimiento a tan fundamentadas sugerencias y en las vísperas de una visita de la Comisión de Derechos Humanos del Sistema Interamericano a nuestro país, proponemos al Cuerpo la derogación de estas obsoletas normas, actualizando en parte nuestra legislación y adecuándola a los compromisos adquiridos por nuestro gobierno a nivel internacional.

Sala de la Comisión, el 23 de agosto de 2005.

Margarita Percovich, Miembro Informante; Alberto Breccia, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Eduardo Ríos, Julio Sanguinetti. Senadores.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

ACTA Nº 22

En Montevideo, el veintitrés de agosto del año dos mil cinco, a la hora catorce y cuarenta y cinco minutos, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten los señores Senadores miembros Alberto Breccia, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Margarita Percovich, Eduardo Ríos y Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso los señores Senadores Sergio Abreu y Rafael Michelini, quienes remiten Notas justificando sus inasistencias.

Concurre el señor Senador Carlos Moreira.

Preside, su titular, el señor Senador José Korzeniak.

Secretaria, la señora Josefina Reissig, Secretaria de la Comisión con la colaboración de la funcionaria Gloria Mederos.

ASUNTOS ENTRADOS:

- CARPETA Nº 286/2005. LOCALES COMERCIALES, INDUSTRIALES O SIMILARES OCUPADOS POR EMPLEADOS, OBREROS O CUALQUIER OTRA PERSONA. Se determinan medidas para su desocupación. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Senadores Enrique Antía y Francisco Gallinal. Disposiciones citadas. Distribuido Nº 352/2005.

- Invitación del Colegio de Abogados del Uruguay al "2do. Coloquio de Derecho Ambiental sobre Aspectos Jurídicos de la Contaminación", a llevarse a cabo los días 23 y 30 de agosto de 2005.

- El doctor Horacio Cassinelli Muñoz remite su opinión sobre el proyecto de ley de responsabilidad penal de los ex- Ministros de Estado.

- El doctor José Korzeniak remite su opinión sobre el proyecto de ley de responsabilidad penal de los ex-Ministros de Estado.

- Solicitudes de audiencia de: Integrantes del Centro Comercial, Industrial y Agrario de Las Piedras, en relación al proyecto de ley que declara dicha ciudad como capital de la uva y el vino; y de varios funcionarios públicos sobre el alcance del proyecto de ley de consolidación de deudas sobre sueldos y pasividades.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

- CARPETA Nº 283/2005. CODIGO PENAL. Se deroga el artículo 116 (Extinción de determinados delitos por matrimonio entre ofensor y ofendida). Proyecto de ley con exposición de motivos de las señoras Senadoras Susana Dalmás, Margarita Percovich, Lucía Topolansky y Mónica Xavier y los señores Senadores Carlos Baráibar, Alberto Breccia, Alberto Cid, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, José Korzeniak, Eduardo Lorier, Rafael Michelini, Eduardo Ríos, Enrique Rubio, Jorge Saravia y Víctor Vaillant y Disposición Citada. Distribuido Nº 342/2005. En consideración. La señora Senadora Margarita Percovich realiza una exposición sobre el proyecto de ley. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich, quien lo hará en forma escrita.

- CARPETA Nº 257/2005. DECLARACION DE AUSENCIA. De personas cuya desaparición forzada resultó confirmada por el Anexo 3.1 del Informe Final que produjo la Comisión para la Paz. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Disposiciones citadas. Informe de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 314/2005. En consideración. El señor Presidente hace referencia al proyecto de ley. Intervención de la señora Senadora Margarita Percovich y de los señores Senadores Alberto Breccia y Jorge Larrañaga. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador José Korzeniak, quien lo hará en forma verbal.

- CARPETA Nº 250/2005. RECURSO DE APELACION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 303 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Reglamentación. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes y Disposiciones Citadas. Informes de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración integrada con la de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 267/2005. En consideración. Intervención del señor Senador Alberto Breccia, quien sugiere modificaciones al texto. Se acuerda repartir las modificaciones propuestas y postergar su consideración hasta la próxima sesión.

- CARPETA Nº 266/2005. SISTEMA CARCELARIO. Se modifican normas. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes y Disposiciones Citadas. Informes de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración integrada con la de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 310/2005. En consideración. Intervención de los señores Senadores Alberto Breccia, Jorge Larrañaga, Margarita Percovich, Julio Sanguinetti, Eduardo Ríos y del señor Presidente. Se resuelve repartir los antecedentes de la Cámara de Representantes; sesionar los días martes 30 y miércoles 31, a partir de la hora 14 y 30, y convocar a: señor Ministro del Interior, Directora del Instituto Nacional de Criminología; Ministros de la Suprema Corte de Justicia y Directora del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.

De lo actuado se procede a toma de la versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en los Distribuidos Nos. 370, 371, 372 y 375 del año 2005, los que forman parte de la presente Acta.

A la hora quince y cuarenta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria.

José Korzeniak Presidente

Josefina Reissig Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: en este caso se trata de un proyecto de ley que en realidad supone la finalización de una historia de otras propuestas presentadas por otros Legisladores y tiene como objetivo eliminar un artículo de nuestro Código Penal. Se trata de una disposición que también ha existido en casi todos los Códigos Penales de los países latinoamericanos y se relaciona con una vieja concepción moral que establecía que en el caso de una violación, si el violador se casaba con la víctima, quedaba eximido del delito. Incluso, varias veces se nos ha llamado la atención a nivel internacional por la existencia en nuestro Código de este delito y, en diferentes oportunidades, tanto el ex Senador Correa Freitas como la Senadora Xavier se han preocupado por este tema, pero nunca habíamos podido concretar la eliminación del artículo al que me refiero.

En esta oportunidad, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado ha culminado la consideración de este proyecto de ley. En lo personal, simplemente quería incorporar una pequeña modificación porque no se trata solamente de la derogación del artículo 116, sino también de un Decreto Ley de la época de la dictadura que tiene la misma conceptualización. En definitiva, el artículo del proyecto de ley que estamos considerando debería decir: "Derógase el artículo 116 del Código Penal y los artículos 22 y 23 del Decreto-Ley Nº 15.032, de enero de 1981." Este punto ya había sido considerado en ocasión de una propuesta del doctor Correa Freitas y nos olvidamos de proponer su inclusión en el texto. De todos modos han sido consultados los demás integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación y acuerdan con este agregado.

Es cuanto tengo que informar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley con la propuesta presentada.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único con el aditivo presentado en Sala.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "Artículo Único.- Derógase el artículo 116 del Código Penal y los artículos 22 y 23 del Decreto-Ley Nº 15.032, de enero de 1981."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO UNICO.- Derógase el artículo 116 del Có-digo Penal y los artículos 22 y 23 del Decreto-Ley N° 15.032, de 7 de julio de 1980."

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Brevemente, quisiera decir que me congratulo de esta votación unánime del Senado en cuanto a derogar estas disposiciones que constituían una flagrante violación a los derechos humanos. Al mismo tiempo, aspiro a que la Cámara de Representantes apruebe este proyecto de ley en el menor tiempo posible, a efectos de salir de este estigma que nuestro país tenía, producto de este tema que no habíamos podido resolver en legislaciones anteriores.

32) IMPUESTO A LAS EJECUCIONES JUDICIALES

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se modifican las normas relativas al pago del Impuesto a las Ejecuciones Judiciales. (Carp. Nº 258/05 - Rep. Nº 126/05)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 258/05

Rep. Nº 126/05

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo Unico.- Modifícase el artículo 482 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 482.- El impuesto se pagará con Timbre de Ejecución Judicial sin el cual no se recibirá el escrito gravado a excepción de lo establecido en los incisos siguientes del presente artículo.

A solicitud de parte, se dará curso al primer escrito que presente el ejecutado o ejecutante, postergando el pago del impuesto del 1% (uno por ciento), siempre que se cumpla lo establecido a continuación:

A) Los que obtengan auxiliatoria de pobreza (artículo 254 de la Constitución de la República).

B) Los escritos presentados con asesoramiento de la Defensoría de Oficio o el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho (UDELAR).

C) Los Jueces podrán, por razones fundadas en forma expresa, hacer lugar a la solicitud realizada por el ejecutado en aquellos casos no previstos en los literales A) y B). De la resolución se dará vista a la contraparte por un plazo perentorio de diez días.

El monto correspondiente al pago del impuesto, se calculará sobre el monto de capital e intereses que surja de la liquidación final de la ejecución, generando un crédito privilegiado con cargo a dicha liquidación".

Sala de la Comisión, 22 de setiembre de 2005.

Enrique Rubio, Miembro Informante; Alberto Couriel, Sergio Abreu, Ricardo Alcorta, Isaac Alfie, Carlos Baráibar, Leonardo Nicolini.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Modificase el artículo 482 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 482:- El impuesto se pagará con Timbre de Ejecución Judicial sin el cual no se recibirá el escrito gravado a excepción de lo establecido en los incisos siguientes del presente artículo.

A solicitud de parte, se dará curso al primer escrito que presente el ejecutado o ejecutante, postergando el control del pago del impuesto del 1% (uno por ciento), siempre que se cumpla lo establecido a continuación:

A) Los que gestionen y los que obtengan auxiliatoria de pobreza (artículo 254 de la Constitución de la Repúbica).

B) Los escritos presentados con asesoramiento de la Defensoría de Oficio o el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho (UDELAR).

Los Jueces podrán, por razones fundadas, hacer lugar a la solicitud realizada por el ejecutado en aquellos casos no previstos en los literales A) y B). Su resolución se tomará sin dar vista a la contraparte y dicha resolución no recibirá recurso alguno.

El monto correspondiente al pago del impuesto, según lo establecido en los incisos precedentes, se hará con cargo a la liquidación final de lo ejecutado siendo este un crédito privilegiado respecto a cualquier otro existente".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 14 de julio de 2005.

Nora Castro Presidenta

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Hacienda ha considerado el presente proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 482 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, permitiendo la recepción del primer escrito que presente el ejecutado o ejecutante, sin el control del pago del impuesto del 1% en casos especiales de personas de bajos recursos.

Es importante plasmar al comienzo de este informe que el citado proyecto de ley ha sido respaldado por la totalidad de la Comisión. A partir de una propuesta presentada por los Legisladores del Partido de Gobierno, contó desde el principio con el acuerdo de los Legisladores de los demás partidos políticos, donde del intercambio de ideas, sobre el proyecto inicial, aprobamos este que ponemos a vuestra consideración.

Entrando ahora a la descripción del proyecto, el cual aborda un aspecto práctico que preocupa a las diferentes organizaciones de deudores y que tiene que ver con el proceso de ejecución judicial; podemos decir que hoy en los artículos 480 a 487 de la Ley Nº 16.170, se crea y regula un tributo denominado "impuesto a las ejecuciones" (reedición del creado por Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 y que posteriormente fuera derogado).

Este impuesto consiste en el pago del 1% sobre el monto de capital e intereses objeto de la ejecución judicial por créditos documentarios comunes, prendarios o hipotecarios; gravando la demanda y también "...el primer escrito que presente el ejecutado".

En la práctica, el tributo se transformó en un escollo insalvable para que el ejecutado comparezca en el juicio. Para un deudor que no está pudiendo hacer frente a sus obligaciones, la exigencia de este desembolso le impide comparecer y articular las defensa que correspondan. Solo a modo de ejemplo, no puede oponer excepción de pago parcial, denunciar el cálculo de intereses que no corresponden, etc.

En definitiva, de mantener el régimen actual de funcionamiento del impuesto, se estará vulnerando principios como los de libre acceso a la justicia, gratuidad, igualdad, etc.

Con el objetivo de subsanar la situación y contribuir con un aporte al problema del endeudamiento interno; en coincidencia con lo expresado en el informe presentado por el Gobierno Nacional ante la Comisión Especial de Endeudamiento de la Asamblea General del 17 de mayo de 2005; el cual plantea "...modificación del impuesto a las demandas que promueven ejecución judicial por créditos ...a efectos de facilitar que los deudores que no tienen recursos para solventar este impuesto puedan igual presentar su acción", se plantea la presente propuesta legislativa.

Al comienzo del trabajo realizado en Comisión se llega al acuerdo de establecer las modificaciones en el artículo 482 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990. Además, se acordó postergar el control del pago del referido 1%, no sólo al ejecutado sino también al ejecutante siempre que se encuadre en alguna de las situaciones descriptas en el proyecto.

La propuesta se funda en modificar el momento del control del pago del impuesto, o sea, trasladar al final del procedimiento el pago del mencionado 1% cuando el ejecutado o el ejecutante se encuentre patrocinado por la Defensoría de Oficio, el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho o los que gestionen y los que obtengan auxiliatoria de pobreza.

Aparte de la enumeración taxativa (literales A y B) de cuando procede postergar el control del pago del 1%, dejamos abierta la posibilidad para que el Juez, por los principios expuestos y razones fundadas, pueda también autorizar el traslado del control del pago, en este caso solo al ejecutado. Se dispone a texto expreso que la resolución del Juez la tomará sin dar vista a la contraparte y la misma resolución no recibirá recurso alguno, evitando la dilación del proceso.

Por último, se plantea que el pago postergando se transforma en un crédito privilegiado respecto a cualquier otro.

Por los argumentos expuestos, se aconseja al Plenario la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 8 de junio de 2005.

Alfredo Asti, Miembro Informante; Eduardo Brenta, Roberto Conde, Jorge Gandini, Carlos González Alvarez, Gonzalo Mujica, Pablo Pérez, Iván Posada, Héctor Tajam, Alejo Umpiérrez.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Modifíquese el artículo 482 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 482.- El impuesto se pagará con Timbre de Ejecución Judicial sin el cual no se recibirá el escrito gravado a excepción de lo establecido en los incisos siguientes del presente artículo.

A solicitud de parte, se dará curso al primer escrito que presente el ejecutado o ejecutante, postergando el control del pago del impuesto del 1% (uno por ciento), siempre que se cumpla lo establecido a continuación:

A) Los que gestionen y los que obtengan auxiliatoria de pobreza (artículo 254 de la Constitución de la República).

B) Los escritos presentados con asesoramiento de la Defensoría de Oficio o el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho (UDELAR).

Los Jueces podrán, por razones fundadas, hacer lugar a la solicitud realizada por el ejecutado en aquellos casos no previstos en los literales A) y B). Su resolución se tomará sin dar vista a la contraparte y dicha resolución no recibirá recurso alguno.

El monto correspondiente al pago del impuesto, según lo establecido en los incisos precedentes, se hará con cargo a la liquidación final de lo ejecutado siendo este un crédito privilegiado respecto a cualquier otro existente".

Sala de la Comisión, 8 de junio de 2005.

Alfredo Asti, Miembro Informante; Eduardo Brenta, Roberto Conde, Jorge Gandini, Carlos González Alvarez, Gonzalo Mujica, Pablo Pérez, Iván Posada, Héctor Tajam, Alejo Umpiérrez."

ACTA Nº 18

En Montevideo, el día veintidós de setiembre de dos mil cinco, a la hora diez y quince minutos, en la Sala de Ministros, se reúne la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

Preside el señor Senador Alberto Couriel.

Asisten los señores miembros Senadores Sergio Abreu, Ricardo Alcorta, Isaac Alfie, Carlos Baráibar, Leonardo Nicolini y Enrique Rubio.

Faltan con aviso los señores Senadores Luis Alberto Heber y Jorge Larrañaga.

Actúa en Secretaría el Secretario de Comisión, señor Walter Alex Cofone con la colaboración de la Jefa de Departamento, señora María Celia Desalvo.

ASUNTOS ENTRADOS:

1) CARPETA Nº 328/2005. INFORMACION SOBRE PERSONAS, EMPRESAS E INSTITUCIONES INCORPORADAS A LOS REGISTROS DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. Se autoriza su difusión bajo determinadas circunstancias. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 436/2005.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1) CARPETA Nº 258/2005. IMPUESTO A LAS EJECUCIONES JUDICIALES. Se modifican normas relativas a su pago. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 311/2005.

Acto seguido, se pone a consideración el proyecto de ley al que se le establecen modificaciones, quedando redactado de la siguiente manera:

"Artículo Unico.- Modifícase el artículo 482 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, el que quedará redactado de la siguiente manera:

‘ARTICULO 482.- El impuesto se pagará con Timbre de Ejecución Judicial sin el cual no se recibirá el escrito gravado a excepción de lo establecido en los incisos siguientes del presente artículo.

A solicitud de parte, se dará curso al primer escrito que presente el ejecutado o ejecutante, postergando el pago del impuesto del 1% (uno por ciento), siempre que se cumpla lo establecido a continuación:

A) Los que obtengan auxiliatoria de pobreza (artículo 254 de la Constitución de la República).

B) Los escritos presentados con asesoramiento de la Defensoría de Oficio o el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho (UDELAR).

C) Los Jueces podrán, por razones fundadas en forma expresa, hacer lugar a la solicitud realizada por el ejecutado en aquellos casos no previstos en los literales A) y B). De la resolución se dará vista a la contraparte por un plazo perentorio de diez días.

El monto correspondiente al pago del impuesto, se calculará sobre el monto de capital e intereses que surja de la liquidación final de la ejecución, generando un crédito privilegiado con cargo a dicha liquidación’".

Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD:

Se designa Miembro Informante al señor Senador Enrique Rubio. Informe verbal.

2) Carpeta Nº 281/2005. FINANCIACION DEL SEGURO PARA EL CONTROL DE LA BRUCELOSIS. Modificación de los literales B) y C) del artículo 2º de la Ley Nº 17.730, de 31 de diciembre de 2003. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 346/2005.

Se pone a consideración. No habiendo objeciones, se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Leonardo Nicolini.

3) Carpeta Nº 220/2005. CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL. Se deroga el Decreto-Ley Nº 14.811, de 11 de agosto de 1978 y se dispone el cese de la exoneración del impuesto, a partir del 1º de enero de 2006, sobre los predios ocupados por los embalses de las represas hidroeléctricas. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 219/2005.

Para el tratamiento de este tema, se resuelve invitar al doctor Bordoli.

RESOLUCIONES:

Para el estudio de la Carpeta Nº 328/2005, se resuelve invitar a la Comisión al Directorio del Banco Central del Uruguay y a la Cátedra de Derecho Comercial de la Universidad de la República.

De lo actuado, se toma versión taquigráfica, cuya copia dactilográfica luce en el Distribuido Nº 457/2005, que forma parte de este documento.

A la hora once y veinte minutos, se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Alberto Couriel Presidente

Walter Alex Cofone Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

El Miembro Informante era el señor Senador Rubio que no está presente y en cuanto a los demás miembros de la Comisión sólo observo presente al señor Senador Alcorta, a quien cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR ALCORTA.- Señor Presidente: el proyecto de ley del Impuesto a las Ejecuciones Judiciales que se propone al Cuerpo es un sustitutivo del aprobado en la Cámara de Representantes, que introduce algunas modificaciones a su redacción y contenido. Al mismo tiempo, no varía la esencia de lo que se pretende al diferir el pago de los timbres de este tributo pues tiende a posibilitar a que aquellos que no tienen la oportunidad de hacer el pago previo, igual accedan a la Justicia para defender sus derechos.

En este caso lo que estamos planteando no es la exoneración, sino postergar el pago del impuesto del 1% a las ejecuciones judiciales en determinados casos como, por ejemplo, el de auxiliatoria de pobreza y el de aquellos que se presentan a través de la Defensoría de Oficio o del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho. También se prevé un caso final, en el cual los Jueces podrán, por razones fundadas, hacer lugar a la solicitud realizada por el ejecutado en aquellos casos no previstos en los literales A) y B) del proyecto de ley, dando el diferimiento en el pago. Con esa resolución fundada deberá dar vista a la contraparte con un plazo perentorio de dos días, de forma que no sea un pretexto de chicana o de diferir el procedimiento judicial.

Finalmente se propone que el monto sobre el cual se calcula el impuesto a liquidar al final del proceso sea sobre el capital e intereses que surjan de la liquidación final en la ejecución. Además, esto genera un crédito privilegiado con cargo a la liquidación.

Entendemos que de esta manera se está dando una mejor redacción, evitando problemas en la aplicación del proyecto de ley que oportunamente vino sancionado por la Cámara de Representantes.

Es cuanto tengo que informar.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Aclaro que no integré la Comisión y simplemente quiero agregar -a modo de apoyo- el punto de vista de un abogado sobre este tema.

En realidad, tanto este proyecto de ley como el que vino de la Cámara de Representantes persiguen una finalidad muy loable que es proteger el derecho de cualquier persona a acceder a la Justicia, es decir, poder litigar aun cuando no tenga medios para pagar. Por ejemplo, supongamos que Juan es demandado por Pedro y aquél no tiene dinero para pagar este impuesto, que es alto. De acuerdo a la ley original, que es del año noventa, hay que pagar sí o sí; de lo contrario, no se puede presentar el escrito. Frente a esto, el proyecto de ley de la Cámara de Representantes, al que se agregan las mejoras que acaba de expresar el señor Senador Alcorta, lo que hace es contemplar situaciones en las cuales esto podría determinar que las personas perdieran uno de los derechos hoy día considerado fundamental y que es el de acceder a la Justicia, tanto por parte de un actor como de un demandado.

En consecuencia, me parece muy loable y bueno que se apruebe este proyecto de ley. Este era el punto de vista que deseaba agregar.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- En ocasión de tratarse en alguna sesión de la Comisión de Hacienda este proyecto de ley y dado que tuve el honor de integrarla, propuse modificaciones a la redacción que fueron aceptadas en principio como válidas, razón por la cual me gustaría que el Cuerpo las volviera a considerar.

Específicamente, se trata de modificaciones menores, pero como expresaré más adelante, pueden hacer a la dinámica del procedimiento. Por ejemplo, en el literal A) del artículo 482 que se modifica, la redacción sustitutiva establece concretamente: "Los que gestionen y los que obtengan auxiliatoria de pobreza…". Ello supone, de acuerdo con el tenor literal del artículo, que la simple gestión de auxiliatoria de pobreza implica obtener la exención del pago del 1% del Impuesto a las Ejecuciones Judiciales, que seguramente no es lo que se busca. Lo que aquí se pretende, tal como está establecido en la Constitución, es que los que no paguen dicho impuesto sean aquellos que litiguen con la auxiliatoria de pobreza.

Disculpe, señor Presidente, pero de acuerdo con lo que me señalan mis compañeros, estoy leyendo un artículo que no corresponde. Pido excusas al Cuerpo.

Muchas gracias.

SEÑOR ALCORTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALCORTA.- Corresponde señalar, como aclaración a la inquietud del señor Senador Breccia, que el planteo que estaba haciendo fue recogido oportunamente por el informe final de la Comisión. Se entendió claramente una de las correcciones del proyecto enviado por la Cámara de Representantes, que fue eliminar lo referente a la gestión porque, de lo contrario, con la simple iniciación del trámite de pobreza, se podía diferir el pago. Reitero que ese planteo fue recogido por la Comisión y, en ese sentido, el texto a que se llegó trató de contemplar los planteamientos de los integrantes de la Comisión, así como los que se hicieron en la Cámara de Representantes, para llegar a la mejor redacción y evitar malas interpretaciones luego de aprobada la ley.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Quienes hemos ejercido la pro-fesión de abogado, sabemos el cambio que significó, en todo lo que tiene que ver con los procesos judiciales, la Ley Nº 16.170 de 28 de diciembre de 1990 y más precisamente sus artículos 480 y siguientes. Conocemos la forma en que estas disposiciones generaron complicaciones en la ejecución para los acreedores, así como las enormes dificultades que creó a los deudores, que la única manera que tenían -y tienen- de defenderse en una situación de estas características, es pagando el monto del impuesto que, en muchos casos, alcanza cifras muy importantes. Se podrá decir que quien ejecuta es un acreedor y que, como tal, tiene una situación más desahogada, pero muchas veces eso no es así. Por su parte, quien es ejecutado, la mayoría de las veces atraviesa una situación problemática que le hace difícil enfrentar sus compromisos, cuanto más asumir un pago de estas características.

Por otro lado, esto no da certezas a la economía y tampoco ayuda a la inversión, porque todo aquello que complique la instrumentación de procesos judiciales y que no dé garantías a los derechos económicos y patrimoniales de aquellos que puedan pleitear ante nuestros Tribunales, obviamente trae dificultades.

En consecuencia, comprendo la razón de justicia que puede llevar a promover una modificación de estas características; es lógica. ¡Cuántas veces se habló de la inconstitucionalidad de esa norma legal, a lo que nunca se hizo lugar! ¡Cuántas veces se chicaneó con el recurso de inconstitucionalidad porque no se le permitía a alguien defenderse y cuántas veces tuvo que fallar el organismo competente!

En el día de hoy se va a votar un proyecto de ley que voy a acompañar y que corrige una desigualdad, que trata de hacer justicia y que le da la oportunidad al ejecutado de defenderse. ¡Bienvenido sea! En ese sentido es que lo vamos a votar. De todos modos, lo lógico sería derogar los artículos 480 y siguientes de la ley que estamos discutiendo. Eso sería lo que tendría que hacer el Parlamento Nacional y es la ley que le debe al Poder Judicial y a la economía del Uruguay: derogar el impuesto del 1%. En su momento, el mismo se estableció con un ánimo recaudatorio y con el propósito de darle recursos al Poder Judicial. En definitiva, nunca supe si esos recursos llegaron a destino, porque la ley establece que el impuesto es recaudado por el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia, pero debe depositarse en el Tesoro Nacional por lo que, muy probablemente, buena parte de ellos se hayan reintegrado a la Suprema Corte de Justicia, aunque no sé si todos.

Me parece que corresponde señalar, más allá del voto afirmativo que daremos a este proyecto de ley, que todos quienes hemos actuado como profesionales, a veces asesorando a ejecutantes y otras a ejecutados, siempre advertimos la injusticia de esta norma y las dificultades que genera, así como el daño que causa a la economía en su conjunto.

En consecuencia, más allá de acompañar con el voto una enmienda o un parche de estas características, dejamos constancia de nuestra aspiración en el sentido de que en algún momento -ojalá sea en el curso de esta Legislatura- se pueda derogar los artículos 480 y siguientes de la ley mencionada.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Quisiera plantear dos breves reflexiones con respecto a este proyecto de ley.

En primer lugar, quiero señalar que comparto enteramente las manifestaciones formuladas por el señor Senador Gallinal. Les haríamos un gran favor a aquellos que utilizan la Justicia, ya sea como acreedor actor o demandado deudor, al quitar estos obstáculos para que puedan acceder a ella.

En segundo término, quiero hacer una muy breve puntualización en cuanto al texto del proyecto. En el literal B) de este artículo que está a estudio del Senado se hace una referencia, con nuestra actual manía de llevar todo a siglas, a algo que dice ser la "UDELAR". Debo confesar que no conozco ninguna institución de la que participe el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho que tenga esa denominación y que, según lo que recuerdo de cuando pasé por allí, era la Universidad de la República.

En consecuencia, formulo moción en el sentido de que se elimine la sigla y se coloque el nombre "Universidad de la República".

SEÑOR KORZENIAK.- Apoyado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los señores Senadores están de acuerdo, se acepta la modificación propuesta por el señor Senador Brause en el sentido de eliminar la sigla y colocar el nombre "Universidad de la República".

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Quisiera suscribir las manifestaciones de los señores Senadores Gallinal y Brause y, además, señalar que coincido con la intención de darle la mayor libertad, tanto al ejecutante como al ejecutado, creo que en un plano de igualdad. Sin embargo, me parece advertir que esta norma redunda en un beneficio mucho mayor para el ejecutado que para el ejecutante en un país donde normalmente se condena a los ejecutantes, que reiteradas veces tienen razón en sus pretensiones y no la tienen los ejecutados.

La excepción que se consagra para los dos, se aplica cuando se obtenga auxiliatoria de pobreza o en aquellos escritos presentados con asesoramiento de la Defensoría de Oficio del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho. Creo prácticamente imposible una hipótesis en la cual un ejecutante recurra a dicho Consultorio Jurídico, menos aun que consiga auxiliatoria de pobreza, salvo que esté ejecutando por cifras irrisorias.

Me parece que esta norma contiene una dosis de injusticia y que está pensada, básicamente, para los ejecutados y no para los ejecutantes. Coincido en que para ponerlos en pie de igualdad sería bueno derogar este impuesto a las ejecuciones judiciales, que no sé cuántos recursos -es algo que ignoro- le ha dado al Poder Judicial.

SEÑOR KORZENIAK.-  Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- De ninguna manera pretendo prolongar el debate, porque he constatado que todo el Senado está de acuerdo en aprobar esta norma con la modificación, tan oportuna, que presentó el señor Senador Brause. Ojalá esa sugerencia se extienda a no poner nunca más "y/o" en las leyes y a no citar el Texto Ordenado en lugar de las normas. Me refiero a todas esas cosas que se han convertido en vicios endémicos del Parlamento. Reitero: ojalá se extienda esa precisión gramatical.

Lo que sí es necesario aclarar es lo siguiente. A lo mejor algún día nos ponemos todos de acuerdo en eliminar este impuesto. Pero está muy claro -por lo menos, desde el punto de vista de los abogados; lo digo aunque no ejerzo la abogacía, pero es la opinión del Colegio de Abogados, de la Asociación de Magistrados, del Poder Judicial y de las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras- que este impuesto no fue creado, por lo menos ostensible o exclusivamente, por razones recaudatorias.

También se habló mucho de evitar las chicanas de los ejecutados y de la mala fe de los ejecutantes que, más de una vez, para presionar gente con documentos falsos -había una lista muy grande que yo vi- iniciaban una ejecución sin costo alguno.

Por consiguiente, a lo mejor, con la opinión del Poder Judicial -que considero básica y elemental, porque sería una reforma muy importante-, estaría de acuerdo en derogar este impuesto. Es un ideal que la justicia sea gratuita para todos, no solo para los declarados pobres con arreglo a la ley. Simultáneamente, el Derecho trata de evitar que los chicaneros hagan sus fiestas en los Juzgados, porque entonces, el Poder Judicial es un semillero de pleitos inútiles, mal concebidos o mal intencionados. Reitero que no voy a polemizar porque, a lo mejor, todos estamos de acuerdo en derogar esta norma, pero no creo que hoy sea la oportunidad para tratarlo. Deberíamos convocar una sesión para estudiar este tema con la opinión, naturalmente, del Poder Judicial.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Comparto lo que ha señalado el señor Senador Korzeniak en el sentido de que creo que debemos buscar la instancia apropiada para eso. También habría que consultar al Ministerio de Economía y Finanzas para ver si está dispuesto a dejar sin efecto un impuesto de estas características, cuya recaudación no debe ser desdeñable.

La pregunta que quería formularle al Miembro Informante o a quien haga las veces de tal, es la siguiente. Partimos de la base de que estamos tratando el proyecto de ley que aparece en la página 1 del repartido Nº 126. Este es el texto sustitutivo que modifica el que fue aprobado por la Cámara de Representantes. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Senador Moreira, a mi juicio, con buen criterio, porque no creo que debamos presuponer o prejuzgar que siempre el que está en situación económica desahogada es el ejecutante o el demandante. El nuevo literal C) del artículo 482 dice: "Los Jueces podrán, por razones fundadas en forma expresa, hacer lugar a la solicitud realizada por el ejecutado en aquellos casos no previstos en los literales A) y B)." Lo que nos ha dicho el señor Senador Moreira es que los literales A) y B) exoneran del pago del impuesto o que lo difieren a una etapa posterior a aquellos que tengan auxiliatoria de pobreza o asesoramiento de la Defensoría de Oficio del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho. En ambos casos es lógico suponer que estamos hablando del ejecutado. De manera que en el literal C) se establece que los Jueces, por razones fundadas en forma expresa, pueden exonerar del pago del impuesto -por lo menos, en la etapa correspondiente- al ejecutado; o sea que sólo se limita a éste. Pero podrían existir razones de un ejecutante que se encuentre en una situación comprometida, ahogada, con dificultades, que requiera ejecutar para poder hacerse de lo que le corresponda, y lo logrará si el Poder Judicial entiende que tiene razón y que lo acompaña un justo título que habilite la demanda. En ese sentido, parecería lógico que en el literal C) se eliminara la referencia al ejecutado o se dejara abierta a cualquiera de las partes, ya que el Juez va a ser quien va a discernir en función de los fundamentos que aporte el que solicite el amparo correspondiente.

La modificación que propongo en el literal C) -si es que interpreté correctamente al señor Senador Moreira- sería la siguiente: "Los Jueces podrán, por razones fundadas en forma expresa, hacer lugar a la solicitud realizada por el ejecutado o el ejecutante" -o "por cualquiera de las partes"- "en aquellos casos no previstos en los literales A) y B)." Consulto al señor Senador Korzeniak si comparte la modificación propuesta.

SEÑOR KORZENIAK.- Sí, señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Por supuesto que, en lugar de "por el ejecutado o el ejecutante", podría decir "por cualquiera de las partes",

SEÑOR BRAUSE.- Estoy de acuerdo, señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- El literal C) del nuevo artículo 482, del artículo único del proyecto de ley sustitutivo, quedaría redactado de la siguiente manera: "Los Jueces podrán, por razones fundadas en forma expresa, hacer lugar a la solicitud realizada por cualquiera de las partes en aquellos casos no previstos en los literales A) y B)", etcétera.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único con las modificaciones propuestas.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Modifícase el artículo 482 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, el que quedará redactado de la siguiente manera:

‘ARTICULO 482.- El impuesto se pagará con Timbre de Ejecución Judicial sin el cual no se recibirá el escrito gravado a excepción de lo establecido en los incisos siguientes del presente artículo.

A solicitud de parte, se dará curso al primer escrito que presente el ejecutado o ejecutante, postergando el pago del impuesto del 1% (uno por ciento), siempre que se cumpla lo establecido a continuación:

A) Los que obtengan auxiliatoria de pobreza (artículo 254 de la Constitución de la República).

B) Los escritos presentados con asesoramiento de la Defensoría de Oficio o el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho (Universidad de la República).

C) Los Jueces podrán, por razones fundadas en forma expresa, hacer lugar a la solicitud realizada por cualquiera de las partes en aquellos casos no previstos en los literales A) y B). De la resolución se dará vista a la contraparte por un plazo perentorio de diez días.

El monto correspondiente al pago del impuesto, se calculará sobre el monto de capital e intereses que surja de la liquidación final de la ejecución, generando un crédito privilegiado con cargo a dicha liquidación’."

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: quisiera hacer una precisión con relación al primer inciso del artículo único. De la lectura que acaba de hacer el señor Secretario pude percibir que, en mi opinión, se podría eliminar la palabra "gravado", porque los escritos no son gravados; en realidad, los gravados son los contribuyentes. De manera que, entonces, esa expresión estaría de más y alcanzaría con que se dijera que el impuesto se pagará con timbres de ejecución judicial, sin el cual no se recibirá el escrito, a excepción de lo establecido. Me parece que con esta corrección el texto no sólo quedaría más claro, sino además correcto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único del proyecto de ley sustitutivo con la modificación propuesta por el señor Senador Brause en el sentido de eliminar el término "gravado".

(Se vota:)

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Artículo Unico.- Modifícase el artículo 482 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 482.- El impuesto se pagará con Timbre de Ejecución Judicial sin el cual no se recibirá el escrito a excepción de lo establecido en los incisos siguientes del presente artículo.

A solicitud de parte, se dará curso al primer escrito que presente el ejecutado o ejecutante, postergando el pago del impuesto del 1% (uno por ciento), siempre que se cumpla lo establecido a continuación:

A) Los que obtengan auxiliatoria de pobreza (artículo 254 de la Constitución de la República).

B) Los escritos presentados con asesoramiento de la Defensoría de Oficio o el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, (Universidad de la República).

C) Los Jueces podrán, por razones fundadas en forma expresa, hacer lugar a la solicitud realizada por cualquiera de las partes en aquellos casos no previstos en los literales A) y B). De la resolución se dará vista a la contraparte por un plazo perentorio de diez días.

El monto correspondiente al pago del impuesto, se calculará sobre el monto de capital e intereses que surja de la liquidación final de la ejecución, generando un crédito privilegiado con cargo a dicha liquidación"."

33) FINANCIACION DEL SEGURO PARA EL CONTROL DE LA BRUCELOSIS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se modifican los literales B) y C) del artículo 2º de la Ley Nº 17.730, de 31 de diciembre de 2003, relacionados con la financiación del Seguro para el Control de la Brucelosis. (Carp. Nº 281/05 - Rep. Nº 127/05)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 281/05

Rep. Nº 127/05

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Modifícase el literal B) del artículo 2º de la Ley Nº 17.730, de 31 de diciembre de 2003, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"B) Mediante el aporte como máximo en pesos uruguayos al equivalente de U$S 0,296 (doscientos noventa y seis milésimos de dólares de los Estados Unidos de América) cada 1.000 (mil) litros de leche recibidos en las plantas elaboradoras".

Artículo 2º.- Modifícase el literal C) del artículo 2º de la Ley Nº 17.730, de 31 de diciembre de 2003, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"C) Mediante el aporte como máximo en pesos uruguayos al equivalente de U$S 0,296 (doscientos noventa y seis milésimos de dólares de los Estados Unidos de América) cada 1.000 (mil) litros de leche que se exporte, recibido para su pasteurización en la planta industrial.

A tales efectos, la Dirección Nacional de Aduanas no autorizará el despacho, sin la presentación del comprobante del depósito correspondiente".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 9 de agosto de 2005.

Daniel Peña Fernández 3er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Ganadería,

Agricultura y Pesca

Ministerio de

Economía y Finanzas

Montevideo, 2 de junio de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a fin de someter a su consideración, el adjunto proyecto de ley, relativo a la modificación de la tasa establecida en los literales B) y C) del artículo 2º de la Ley Nº 17.730, de 23 de diciembre de 2003.

El artículo 1º de la referida ley crea el Seguro para el Control de la Brucelosis (SCB) con destino a complementar el precio obtenido por el animal bovino reaccionante positivo (infectado) enviado a faena, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 12.937, de 9 de noviembre de 1961, y normas reglamentarias vigentes.

En los literales B) y C) de la Ley Nº 17.730, de 23 de diciembre de 2003 se establece la forma de financiar el mencionado Seguro de Control de Brucelosis, a través de aportes, como máximo en pesos uruguayos al equivalente de U$S 0,074 (setenta y cuatro milésimas de dólares americanos) cada 1.000 (mil) litros de leche recibidos en las plantas elaboradoras, e igual aporte por cada 1.000 (mil) litros de leche con destino a la exportación, recibidos en la planta industrial para su pasteurización.

El Area de Administración de Fondos de Seguro de Control de Brucelosis y Tasa de Vacuna Antiaftosa, que funciona en la órbita de la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, vencido el ejercicio 2004, ha realizado un estudio de las cifras de recaudación e indemnización por sacrificio de bovinos con brucelosis.

El análisis de las cifras de recaudación e indemnización por sacrificio de bovinos con brucelosis del último cuatrimestre 2004 demuestra que para el 2005, de mantenerse la misma situación, pagando U$S 250 por vaca lechera sacrificada, se requerirá un desembolso de U$S 276.750, lo que requiere un aporte de US$ 0,296/1000 litros de leche.

Luego de más de un año de ejecución de la Ley Nº 17.730, debe reconocerse que el cálculo originalmente efectuado por el Poder Ejecutivo al enviar el proyecto de ley en el 2003, de U$S 0,074 (setenta y cuatro milésimas de dólares americanos) cada 1.000 (mil) litros de leche, recogiendo la opinión de las gremiales de productores involucradas, se demostró insuficiente para cumplir con las finalidades perseguidas por el Legislador, en cuanto al aporte cada mil litros de leche recibidos en las plantas elaboradoras o exportados, lo que obliga a proponer la modificación de su cuantía, en el presente proyecto de ley, llevando el aporte a US$ 0,296/1000 (doscientos noventa y seis milésimas de dólares americanos) cada 1.000 (mil) litros de leche. Se estima que el aporte que se propone a la aprobación del Poder Legislativo será suficiente para cubrir las indemnizaciones por sacrificios del ganado lechero y la devolución de los fondos utilizados provenientes del Fondo Permanente de Indemnización creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989.

En el aporte del sector carne el cálculo efectuado de U$S 0,26 (veintiséis centésimos de dólar) por la faena de cada vaca o vaquillona mayor de 2 dientes, resultó acertado siendo los fondos recaudados y depositado en la cuenta respectiva suficientes para cubrir los futuros sacrificios de bovinos infectados, por lo que no se revela necesario proponer la modificación de la cuantía del aporte referido en el literal A) del artículo 2º de la Ley Nº 17.730.

Por lo expuesto precedentemente, se entiende necesario la modificación de los literales B) y C) del artículo 2º de la Ley Nº 17.730, de 23 de diciembre de 2003.

TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; José Mujica, Danilo Astori.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Modifícase el literal B) del artículo 2º de la Ley Nº 17.730, de 23 de diciembre de 2003, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"B) Mediante el aporte como máximo en pesos uruguayos al equivalente de U$S 0,296 (doscientos noventa y seis milésimos de dólares americanos) cada 1.000 (mil) litros de leche recibidos en las plantas elaboradoras".

Artículo 2º.- Modifícase el literal C) del artículo 2º de la Ley Nº 17.730, de 23 de diciembre de 2003, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"C) Mediante el aporte como máximo en pesos uruguayos al equivalente de U$S 0,296 (doscientos noventa y seis milésimos de dólares americanos) cada 1.000 (mil) litros de leche que se exporte, recibido para su pasteurización en la planta industrial. A tales efectos, la Dirección Nacional de Aduanas no autorizará el despacho, sin la presentación del comprobante del depósito correspondiente".

Montevideo, 2 de junio de 2005.

José Mujica, Danilo Astori.

Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Hacienda ha considerado el presente proyecto de ley por el cual se propone una modificación en el financiamiento del Seguro para el Control de la Brucelosis, mediante el aumento del aporte que los remitentes de leche realizan a las plantas elaboradoras y pasteurizadoras.

La Ley Nº 17.730, de 23 de diciembre de 2003, creó el Seguro para el Control de la Brucelosis, con el objetivo de compensar a los productores de ganado de carne y de ganado lechero infectados y enviados por lo tanto a faena obligatoria de acuerdo al artículo 12 de la Ley Nº 12.937, de 9 de noviembre de 1961.

Esta ley por la que se crea el Seguro para el Control de la Brucelosis previo en su artículo 3º financiar dicha indemnización, de U$S 250 (doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) por cada vaca lechera y U$S 60 (sesenta dólares de los Estados Unidos de América) por cada vaca de carne faenada en aquellas condiciones, mediante el aporte de los remitentes de res bovina y de los remitentes de leche a los agentes de retención, los establecimientos de faena, las plantas elaboradoras y las pasteurizadoras

La Ley Nº 17.730, en su artículo 2º determinó además que el pago efectivo de las compensaciones estaría sujeto a la disponibilidad de fondos en las cuentas corrientes del Banco de la República Oriental del Uruguay previstas para tal fin. Estudios realizados en la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca han comprobado un déficit en la cuenta corriente que recoge los aportes depositados por los remitentes de leche.

Este proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo propone, con la opinión favorable de las gremiales de productores de leche, un aumento del aporte de los remitentes de leche, de U$S 0,074 (setenta y cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América) cada mil litros de leche fijado por los incisos B) y C) de la Ley Nº 17.730, a U$S 0,296 (doscientos noventa y seis milésimas de dólar de los Estados Unidos de América) cada mil litros de leche. Este aumento permitirá solventar el gasto adicional previsto para indemnizaciones durante el año 2005 y comenzar a reintegrar los fondos que debieron ser utilizados de la cuenta corriente de carne.

Por los argumentos expuestos, se aconseja al Plenario la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 29 de junio de 2005.

Héctor Tajam, Miembro Informante; Alfredo Asti, Eduardo Brenta, Roberto Conde, Jorge Gandini, Carlos González Alvarez, Gonzalo Mujica, Pablo Pérez, Iván Posada, Alejo Umpiérrez."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Nicolini.

SEÑOR NICOLINI.- Señor Presidente: en principio, debo señalar que la brucelosis es una bacteria -zoonosis- que puede afectar a varias especies. La amenaza principal recae sobre el ganado lechero -aunque la zoonosis también ataca al resto del ganado-, que es el que está más expuesto debido a la forma de cría y a sus hábitos propios.

Más allá de la crisis que ocurrió en el departamento de Rocha durante la década del 60 y en los años 2001 y 2002 en el departamento de San José, se creó este Fondo de Financiación del Seguro para el Control de la Brucelosis. El problema radica en que el ganado que va con brucelosis a los frigoríficos se paga como ganado de carne y en el caso del ganado lechero no se contempla el valor genético y de producción animal. Por ese motivo, a nivel de las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca surgió la idea de crear este Seguro. Con ese objetivo, el 23 de diciembre de 2003 se aprobó la Ley Nº 17.730 para compensar a los productores de ganado de carne y de ganado lechero infectado y enviado a faena obligatoria, de acuerdo con la Ley Nº 12.937.

La Ley Nº 17.730, que creó el Seguro, previó en su artículo 2º la forma de financiación. En el literal A) se determinó que el aporte que gravaría la faena de cada res bovina sería como máximo de U$S 0,26, mientras que en el literal B) se estableció un aporte máximo de U$S 0,074 cada mil litros de leche recibidos en las plantas elaboradoras y, en el literal C), se fijó el aporte máximo de U$S 0,074 cada mil litros de leche que se exporte.

Cabe agregar que este artículo establece también la apertura de dos cuentas corrientes en las que aportarán por separado el sector de ganado de carne y el de ganado lechero.

Por su parte, el artículo 3º de la Ley mencionada fija que la forma de financiar la indemnización a los productores será de U$S 250 por cada vaca lechera y de U$S 60 por cada bovino de carne faenado en esas condiciones, mediante el aporte de los remitentes de res bovina y de los remitentes de leche a los agentes de retención, los establecimientos de faena, las plantas elaboradoras y las pasteurizadoras.

Estudios realizados por la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca han comprobado un déficit en la cuenta corriente que recoge los aportes depositados por los remitentes lecheros. La situación se debe a que cuando se comenzaron a realizar los primeros pagos se observó que, de acuerdo con lo que se venía recaudando, el dinero no alcanzaría para hacer frente a las obligaciones generadas. En pocas palabras, faltaba plata. Para que los señores Senadores tengan una idea, puedo decir que en la cuenta de carne a junio de 2005 se tiene U$S 185.000 y lo que habría que pagar es deU$S 18.000 mientras que en la cuenta de leche se tiene U$S 14.000 y se está debiendo aproximadamente U$S 60.000.

Se consideró que este déficit podría deberse a dos causas: una de ellas, podría ser que el cálculo inicial no hubiera estado bien elaborado y, la otra, que la existencia de un plan estratégico para atender la situación de los departamentos de Rocha y San José haya traído como consecuencia la posibilidad de aumentar la detección de esta zoonosis.

En abril de este año se realizaron proyecciones y se llegó a la conclusión de que era necesario modificar el monto que se retiene, llevándolo de U$S 0,074 a U$S 0, 296 por cada mil litros de leche. Es por esta razón que se remite este proyecto de ley en acuerdo con las Gremiales de Productores de Leche -recalco: en acuerdo con las Gremiales de Productores de Leche- proponiendo un aumento de aporte de los remitentes de leche que pasaría, como dije antes, de U$S 0,074 cada mil litros de leche, según los incisos B) y C) del artículo 2º, a U$S 0,296 cada mil litros de leche.

Sólo me resta agregar que este aumento permitiría solventar el gasto adicional previsto para indemnizar durante el año 2005 y comenzar a reintegrar los fondos que debieron ser utilizados en la cuenta corriente mencionada.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Hacienda, por unanimidad, recomienda aprobar este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 1º.- Modifícase el literal B) del artículo 2º de la Ley Nº 17.730, de 31 de diciembre de 2003, el que quedará redactado de la siguiente forma:

‘B) Mediante el aporte como máximo en pesos uruguayos al equivalente de U$S 0,296 (doscientos noventa y seis milésimos de dólares de los Estados Unidos de América) cada 1.000 (mil) litros de leche recibidos en las plantas elaboradoras’."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 2º.- Modifícase el literal C) del artículo 2º de la Ley Nº 17.730, de 31 de diciembre de 2003, el que quedará redactado de la siguiente forma:

‘C) Mediante el aporte como máximo en pesos uruguayos al equivalente en U$S 0,296 (doscientos noventa y seis milésimos de dólares de los Estados Unidos de América) cada 1.000 (mil) litros de leche que se exporte, recibido para su pasteurización en la planta industrial.

A tales efectos, la Dirección Nacional de Aduanas no autorizará el despacho, sin la presentación del comprobante del depósito correspondiente’."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

34) TELEFONIA CELULAR

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del Orden del Día: "Discusión particular del proyecto de resolución referido al uso de telefonía móvil en la Sala de Sesiones del Senado, de las Comisiones y en las Barras. (Carp. Nº 290/05 - Rep. Nº 103/05)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 290/05

Rep. Nº 103/05

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto de resolución responde a la necesidad de preservar el orden de la labor parlamentaria, en tanto el uso de telefonía móvil dentro de la Sala de Sesiones, así como en Salas de Comisiones, produce distorsiones en la misma e impide seguir con la atención debida el desarrollo de los debates.

Por las razones expuestas, los abajo firmantes recomiendan al Cuerpo la aprobación del siguiente

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1º.- Prohíbese el uso de telefonía móvil en la Sala de Sesiones, en las Barras y en las Salas de Sesiones de las Comisiones de la Cámara de Senadores.

Artículo 2º.- El Presidente del Cuerpo, así como los Presidentes de las Comisiones, en su caso, serán responsables de hacer cumplir la precedente prohibición y observarán a los infractores de la misma.

Rodolfo Nin Novoa."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión.

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: entiendo y comparto el objetivo de reglamentar el uso de la telefonía móvil. Ahora bien; me pregunto si no es un exceso prohibir el uso de la telefonía en general, cuando es una facilidad que se nos habilita, diría, a los seres humanos -Legisladores y trabajadores- en el sentido de recibir un aviso de que nos están llamando. Creo que existen posibilidades de uso de la telefonía móvil mediante un aviso que no es sonoro. Me parece que habría que variar o modificar la redacción del proyecto de resolución, porque considero excesivo que no podamos recibir un aviso de llamadas, cuando esta posibilidad está tecnológicamente disponible, más allá de que comparto -y lo he sufrido personalmente- la molestia que producen los reiterados llamados de celulares que se producen en las salas de trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE.- El espíritu del proyecto de resolución es el de que no se hable en Sala. Es por esta razón que expresamente no se incluyó en esta prohibición al ambulatorio, con lo cual se entiende y se acepta pacíficamente que el celular suene pero por los métodos no sonoros que existen y el Legislador se retire de Sala para hablar.

SEÑOR GALLINAL.- Respaldamos a la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de resolución.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

35) COMISION ESPECIAL DE DEPORTES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del Orden del Día: "Proyecto de resolución por el que se crea una Comisión Especial de Deporte por el plazo de un año. (Carp. Nº 343/05 - Rep. Nº 124/05)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 342/05

Rep. Nº 124/05

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Administrativos

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo Unico.- Créase una Comisión Especial de Deporte, por el plazo de un año, que será constituida con seis miembros.

Sala de la Comisión, a 14 de setiembre de 2005.

Julio C. Lara Gilene, Miembro Informante; Carlos Baráibar, Eduardo Rios, Margarita Percovich.

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Administrativos ha resuelto aconsejar al Cuerpo en la creación de una Comisión Especial que tendrá como cometidos el análisis en la problemática del deporte, contribuyendo a asesorar a las autoridades en la coordinación de las actividades deportivas en todo el territorio de la nación, colaborando a elaborar planes y programas así como proyectos de ley u otros relacionados con el fomento del deporte y la integración de nuestros jóvenes a los mismos. Asimismo, asistir a las instituciones que se dediquen a la práctica y el desarrollo del deporte en los aspectos técnicos, sociales, económicos y de infraestructura.

Sala de la Comisión, a 14 de setiembre de 2005.

Julio C. Lara Gilene, Miembro Informante; Carlos Baráibar, Eduardo Ríos, Margarita Percovich.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Administrativos

ACTA Nº 16

En Montevideo, a los catorce días del mes de setiembre del año dos mil cinco, a las doce horas y diez minutos se reúne la Comisión de Asuntos Administrativos de la Cámara de Senadores.

Asisten los señores Senadores miembros Carlos Baráibar, Eduardo Ríos y Margarita Percovich.

Falta con aviso el señor Enrique Antía, quien remite nota justificando su inasistencia.

Preside el señor Senador Julio C. Lara Gilene, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría la Secretaria de Comisión, señora Reina Frías y colabora la funcionaria Susana Rodríguez.

ASUNTOS ENTRADOS. Por Secretaría se da cuenta de los siguientes:

1) CARPETA Nº 323/2005. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando venia para designar en el Directorio del Banco de Previsión Social, en calidad de Director al doctor Armando Pablo Cuervo Gómez. Repartido Nº 110/2005.

2) Carpeta Nº 319/2005. Mensaje de la Suprema Corte de Justicia solicitando aprobación para designar como Ministro del Tribunal de Apelaciones al doctor Angel Manuel Cal Shaban. Distribuido Nº 416/2005.

3) Carpeta Nº 320/2005. Mensaje de la Suprema Corte de Justicia solicitando aprobación para designar como Ministro del Tribunal de Apelaciones a la doctora María Rosina Rossi Albert. Distribuido Nº 417/2005.

4) Carpeta Nº 321/2005. Mensaje de la Suprema Corte de Justicia solicitando aprobación para designar como Ministro del Tribunal de Apelaciones al doctor José Alberto Balcaldi Tesauro. Distribuido Nº 418/2005.

5) Carpeta Nº 334/2005. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando venia para destituir a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública. Distribuido Nº 428/2005.

ASUNTOS TRATADOS.

El señor Presidente propone que los asuntos citados referentes a venias de designación se posterguen para la primera sesión del mes de octubre. Asimismo, la Comisión resuelve que el punto cinco de los asuntos entrados pase a estudio del señor Senador Ríos. Así se resuelve por unanimidad de presentes las dos propuestas mencionadas.

CARPETA Nº 236/2005. Reglamento de la Cámara de Senadores. Creación de una Comisión Permanente de Comercio y Servicios. Proyecto de Resolución con exposición de motivos presentado por los señores Senadores Sergio Abreu, Enrique Antía, Juan Antonio Chiruchi, Eber Da Rosa, Luis Alberto Heber, Francisco Gallinal, Julio Lara Gilene, Jorge Larrañaga, Ruperto Long y Carlos Moreira. Distribuido Nº 243/2005.

Acto seguido, el señor Presidente plantea la consideración de los proyectos presentados relativos a la ampliación de los cometidos de la Comisión de Industria y Energía y la creación de una Comisión Especial de Deporte.

Luego de deliberar, la Comisión aprueba ambos proyectos de resolución por unanimidad de presentes, designándose Miembro Informante para los dos asuntos al señor Senador Julio C. Lara Gilene, quién lo hará en forma escrita.

TEXTO DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCION APROBADOS.

Artículo 1º.- Modifícase el inciso primero del artículo 130 del Reglamento de la Cámara de Senadores el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Estas Comisiones serán diecisiete, a saber: Asuntos Administrativos; Asuntos Internacionales; Asuntos Laborales y Seguridad Social; Ciencia y Tecnología; Constitución y Legislación; Defensa Nacional; Educación y Cultura; Ganadería, Agricultura y Pesca; Hacienda; Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios; Medio Ambiente; Orden del Día; Población, Desarrollo e Inclusión; Presupuesto; Salud Pública; Transporte y Obras Públicas y Vivienda y Ordenamiento Territorial".

Artículo 2º.- Se agrega el artículo 130 lo siguiente:

"Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios.

Asuntos relacionados con la industria, la energía, los combustibles, la minería, el comercio, turismo y servicios".

Artículo Unico.- Créase una Comisión Especial de Deporte, por el plazo de un año, que será constituida con seis miembros.

No habiendo más asuntos en el Orden del Día, siendo las doce y treinta minutos se levanta la sesión. __
Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Julio C. Lara Gilene Presidente

Reina Frías Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Lara Gilene.

SEÑOR LARA GILENE.- Señor Presidente: hemos presentado este proyecto de resolución en el Senado teniendo en cuenta los antecedentes del período pasado en la Cámara de Representantes, donde funcionó muy bien una Comisión Especial designada a los efectos de tratar la problemática del deporte en general.

Voy a hacer una serie de consideraciones sobre el proyecto a modo de fundamento, pues cuenta con la unanimidad de los miembros propuestos, que ya han integrado la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes.

El tema de la problemática del deporte es de preocupación política por la realidad que vivimos en torno a nuestros jóvenes. Actualmente, estamos insertos en una sociedad en donde los adolescentes tienden con facilidad a recurrir a hábitos insanos, como el fumar, el beber alcohol y consumir drogas que, añadidos al sedentarismo precoz, estropean la salud de nuestra juventud. La principal causa por la que los adolescentes practican deporte, no es por el placer ni por el hecho de que resulta beneficioso para su salud; el joven de hoy en día que realiza ejercicios físicos, lo hace basándose en la competitividad y, en la mayoría de los casos, con el objetivo de ser una figura en ese deporte y ganar mucho dinero.

El problema del tabaco, las drogas y el alcohol en los adolescentes debe atajarse, incluso, antes de la llegada a las primeras edades de esta etapa de desarrollo y, sin duda, una de las soluciones más eficaces es instaurar en el niño hábitos saludables como la actividad física.

Estudios realizados en la población en general indican que la práctica de una actividad física regular, estable y moderada, ayuda a mejorar tanto la salud física como psicológica de las personas, incrementando así su calidad de vida. La práctica de ejercicio regular contribuye a instaurar estilos de vida más saludables y a reducir o a eliminar factores de riesgo asociados al sedentarismo. Las investigaciones realizadas en estos años demuestran la necesidad de hacer ejercicio físico en todas las edades por los beneficios que ello indudablemente tiene para la salud. Además, se observa cómo el ejercicio físico en adolescentes funciona como un factor protector ante los hábitos nocivos, como el tabaco, el alcohol y las drogas. Cada día cobra más fuerza la necesidad de buscar en el deporte salud y dejar en un plano secundario la obligación de ganar para poder seguir practicándolo.

Los gobiernos tienen la responsabilidad de solucionar estos problemas con la juventud, ayudando y disponiendo de presupuesto para la construcción de centros deportivos en los suburbios, en los barrios, para ser usados por los niños y la juventud bajo la dirección eficiente de profesores habilitados. Esto evitará, en parte, el flagelo de la delincuencia juvenil. Los gobiernos deben tomar conciencia de los beneficios futuros que la práctica del deporte implica para la juventud. Se trata de una buena solución presente para lograr un mejor porvenir para las generaciones venideras. Un ejemplo claro de todo lo afirmado lo encontramos en lo desarrollado en Europa con relación al fomento del deporte. Con fecha 1º de enero de 2004 comenzó el año europeo de la educación a través del deporte. Durante doce meses y en veintiocho países de la Unión Europea fomentaron la promoción del valor educativo del deporte y que se estreche la relación entre el mundo deportivo y el educativo, mostrando que, además de la pasión y la competitividad, el deporte trasmite valores cívicos y contribuye a mejorar la educación. Uno de los lemas fue: "Mueve el cuerpo, abre la mente".

Por lo expuesto, la Comisión de Asuntos Administrativos entiende de suma importancia la creación de la Comisión Especial de Deporte en la Cámara de Senadores, que tendrá como cometidos -tal como se expresa en el Informe respectivo- "el análisis en la problemática del deporte, contribuyendo a asesorar a las autoridades en la coordinación de las actividades deportivas en todo el territorio de la nación, colaborando a elaborar planes y programas, así como proyectos de ley u otros relacionados con el fomento del deporte y la integración de nuestros jóvenes a los mismos. Asimismo, asistir a las instituciones que se dediquen a la práctica y el desarrollo del deporte en los aspectos técnicos, sociales, económicos y de infraestructura".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado creada la Comisión Especial de Deporte, por el plazo de un año, que será constituida con seis miembros. El Reglamento establece que los sectores políticos deben hacer llegar, en un plazo perentorio, al señor Presidente del Senado los nombres de los señores Senadores propuestos para integrarla, a los efectos de hacer la resolución correspondiente.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Lara Gilene

SEÑOR LARA GILENE.- La integración es de seis miembros y ya se han propuesto los nombres de quienes la conformarán.

36) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA EXONERAR DE SUS CARGOS A DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde pasar a sesión secreta para considerar los asuntos que figuran en octavo y noveno término del Orden del Día.

(Así se hace. Es la hora 18 y 45 minutos)

(Vueltos a sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 18 y 50 minutos)

- Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).- El Senado ha concedido al Poder Ejecutivo la venia solicitada para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General Impositiva y postergó la consideración de la solicitud contenida en la Carpeta Nº 262/05 - Rep. Nº 125/05.

37) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 18 y 50 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Alcorta, Amaro, Antía, Bentancor, Brause, Breccia, Camy, Cid, Gallinal, Heber, Lapaz, Lara Gilene, Lorier, Moreira, Nicolini, Percovich, Ríos, Saravia, Segovia, Topolansky, Vaillant y Xavier.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA PRESIDENTE

Arq. Hugo Rodríguez Filippini - Sr. Santiago González Barboni Secretarios

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.