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N° 3288 - 15 DE SETIEMBRE DE 2005

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

51ª SESIÓN

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES   MAESTRA NORA CASTRO Presidenta
JUAN JOSÉ BENTANCOR 2do. Vicepresidente
Y CARLOS VARELA NESTIER 4to. Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR MARTI DALGALARRONDO AÑÓN Y DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO Y
LOS PROSECRETARIOS DOCTORA MARGARITA REYES GALVÁN Y DOCTOR GUSTAVO SILVEIRA

 

Texto de la citación

 

Montevideo, 13 de setiembre de 2005.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, el próximo jueves 15, a la hora 8, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º. - Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Primer Período de la XLVI Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

2º.- Abel Soria Gil. (Pensión graciable). (Carp. 4125/004). (Informado). Rep. 165 y Anexo I

3º.- Convenio de Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana. (Aprobación). (Carp. 450/005). Rep. 405

4º.- Ramón Joaquín Vinci Bosco. (Designación al Hogar de Ancianos de la ciudad de Salto). (Carp. 373/005). (Informado). Rep. 368 y Anexo I

5º.- Doctora Paulina Luisi. (Designación al Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell). (Carp. 302/005). Rep. 326

6º.- Servicio de agua potable y saneamiento en el departamento de Maldonado. (Se crea una Unidad de Gestión Desconcentrada en la Administración de las Obras Sanitarias del Estado para su prestación). (Carp. 416/005). Rep. 385

7º.- Subsidio a la actividad forestal. (Eliminación). (Carp. 388/005). (Informado). (EN DISCUSIÓN). Rep. 370 y Anexo I

MARTI DALGALARRONDO AÑÓN  JOSÉ PEDRO MONTERO

S e c r e t a r i o s

S U M A R I O

 

1.- Asistencias y ausencias

2 y 33.- Asuntos entrados

3 y 34.- Proyectos presentados

4 y 6.- Exposiciones escritas

5.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

7.- Solicitud de que se adopten medidas para incentivar el desarrollo del puerto de Juan Lacaze, departamento de Colonia.

— Exposición del señor Representante González Álvarez

8.- Paralización de las obras de ampliación del Liceo Nº 4 de la ciudad capital del departamento de Paysandú.

— Exposición del señor Representante Doti Genta

9.- Beneficios de la actividad forestal.

— Exposición del señor Representante Cardozo Ferreira

10.- Disminución de la tasa de mortalidad infantil en el Uruguay en el año 2004.

— Exposición del señor Representante García

11.- Actividad desarrollada por el Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes.

— Exposición del señor Representante Toledo Antúnez

12.- Conveniencia de que la proyectada planta destiladora de alcohol para la producción de biocombustibles se instale en Bella Unión, departamento de Artigas.

— Exposición del señor Representante Caram

CUESTIONES DE ORDEN

14.- Aplazamiento

13, 22, 29 y 31.- Integración de la Cámara

13, 22, 29 y 31.- Licencias

27.- Prórroga del término de la sesión

28.- Rectificaciones de trámite

17, 19 y 36.- Urgencias

VARIAS

39.- Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda. (Autorización para reunirse simultáneamente con la Cámara)

ORDEN DEL DÍA

15 y 26.- Abel Soria Gil. (Pensión graciable).

Antecedentes: Rep. Nº 165, de abril de 2005, y Anexo I, de setiembre de 2005. Carp. Nº 4125 de 2004. Comisión de Seguridad Social.

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

16, 21 y 23.- Convenio de Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana (Aprobación).

Antecedentes: Rep. Nº 405, de setiembre de 2005. Carp. Nº 450 de 2005. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

— Se resuelve que la versión taquigráfica de lo expresado en Sala sea enviada a la Secretaría General Iberoamericana, a la Oficina del BID en Montevideo y a la Presidencia del BID en Washington.

18.- Desfile de Caballería Gaucha Binacional. (Se autoriza la salida del país de una Sección de la Brigada de Caballería Nº 1).

Antecedentes: Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Proyecto aprobado por el Senado.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

20.- Fiesta Nacional en el Reino de España. (Se autoriza la salida del país de una delegación compuesta por un Oficial Subalterno y veintisiete Cadetes de la Escuela Militar).

Antecedentes: Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Proyecto aprobado por el Senado.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

24.- Ramón Joaquín Vinci Bosco. (Designación al Hogar de Ancianos de la ciudad de Salto).

Antecedentes: Rep. Nº 368 , de agosto de 2005, y Anexo I, de setiembre de 2005. Carp. Nº 373 de 2005. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

25.- Doctora Paulina Luisi. (Designación al Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell).

Antecedentes: Rep. Nº 326, de julio de 2005. Carp. Nº 302 de 2005. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

30, 32, 35 y 38.- Servicio de agua potable y saneamiento en el departamento de Maldonado. (Se crea una Unidad de Gestión Desconcentrada en la Administración de las Obras Sanitarias del Estado para su prestación).

Antecedentes: Rep. Nº 385, de setiembre de 2005. Carp. Nº 416 de 2005. Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

37.- 250 años de la fundación de la ciudad de Maldonado. (Se declara feriado no laborable el día 19 de octubre de 2005).

Antecedentes: Rep. Nº 366, de agosto de 2005. Carp. Nº 371 de 2005. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

40.- Subsidio a la actividad forestal. (Eliminación).

(Ver 50a. sesión)

Nuevos antecedentes: Anexo I al Rep. Nº 370, de setiembre de 2005. Carp. Nº 388 de 2005. Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

1.-      Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Pablo Abdala, Washington Abdala, Álvaro Alonso, Pablo Álvarez López, José Amorín Batlle, Beatriz Argimón, Roque Arregui, Miguel Asqueta Sóñora, Alfredo Asti, Manuel María Barreiro, Ariel Barrios, Luis Batalla, Juan José Bentancor, Bertil R. Bentos, Daniel Bianchi, Gustavo Borsari Brenna, Sergio Botana, Eduardo Brenta, Diego Cánepa, Rodolfo Caram, Germán Cardoso, José Carlos Cardoso, Julio Cardozo Ferreira, Américo Carrasco, Federico Casaretto, Alberto Casas, Nora Castro, Hebert Clavijo, Roberto Conde, Juan Curbelo, Mauricio Cusano, Richard Charamelo, Silvana Charlone, Guillermo Chifflet, Juan José Domínguez, David Doti Genta, Carlos Enciso Christiansen, Gustavo A. Espinosa, Martín Fernández, Julio César Fernández, Luis E. Gallo Cantera, Carlos Gamou, Jorge Gandini, Javier García, Daniel García Pintos, Nora Gauthier, Carlos González Álvarez, Rodrigo Goñi Romero, Gustavo Guarino, Uberfil Hernández, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, Liliam Kechichián, Fernando Longo Fonsalías, Jorge Lladó, Guido Machado, José Carlos Mahía, Daniel Mañana, Rubén Martínez Huelmo, Pablo Martins, Carlos Mazzulo, Artigas Melgarejo, Jorge Menéndez, Gonzalo Mujica, Julio Musetti, Gonzalo Novales, José Quintín Olano Llano, Jorge Orrico, Edgardo Ortuño, Ivonne Passada, Jorge Patrone, Daniela Payssé, Daniel Peña Fernández, Adriana Peña Hernández, Alberto Perdomo Gamarra, Aníbal Pereyra, Esteban Pérez, Darío Pérez Brito, Pablo Pérez González, Mario Perrachón, Enrique Pintado, Iván Posada, Jorge Pozzi, Edgardo Rodríguez, Nelson Rodríguez Servetto, Jorge Romero Cabrera, Luis Rosadilla, Javier Salsamendi, Tomás Sánchez, Víctor Semproni, Carlos Signorelli, Juan C. Souza, Héctor Tajam, Hermes Toledo Antúnez, Daisy Tourné, Mónica Travieso, Jaime Mario Trobo, Carlos Varela Nestier y Horacio Yanes.

Con licencia: José L. Blasina, Juan José Bruno, Alba M. Cocco Soto, Álvaro Delgado, Sandra Etcheverry, Luis José Gallo Imperiale, Tabaré Hackenbruch Legnani, Luis Alberto Lacalle Pou, Álvaro F. Lorenzo, Carlos Maseda, Álvaro Vega Llanes y Homero Viera.

2.-     Asuntos entrados.

"Pliego Nº 50

PROMULGACIÓN DE LEYES

El Poder Ejecutivo comunica que ha promulgado las siguientes leyes:

-    Archívense

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General remite el proyecto de presupuesto período 2005 – 2009 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. C/415/005

-     A la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda

DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores remite los siguientes proyectos de ley, aprobados por dicho Cuerpo:

-    A la Comisión de Defensa Nacional

-     A la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda

La citada Cámara comunica que, en sesión de 13 de setiembre de 2005, sancionó el proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de una delegación de dieciséis integrantes del Personal Superior del Ejército Nacional, a efectos de participar en el Ejercicio Combinado de Planificación "Ceibo 2005", a llevarse a cabo en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, República Argentina, entre el 19 y el 23 de setiembre de 2005. C/308/005

-     Téngase presente

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca se expide sobre el proyecto de ley por el que se elimina el subsidio establecido por el artículo 45 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, relativo a la actividad forestal. C/388/005

-     Se repartió con fecha 13 de setiembre

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se expide sobre los siguientes proyectos de ley:

La Comisión de Seguridad Social se expide sobre el proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable a la señora Adelina Pérez. C/2073/002

La Comisión de Asuntos Internacionales se expide sobre el proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de Santa Cruz de la Sierra Constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana, suscrito en la ciudad de La Paz, República de Bolivia, el 17 de junio de 2004. C/450/005

-     Se repartirán

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Departamental de Maldonado remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, sobre la significación histórica del Partido Nacional, fundamentalmente en momentos de inestabilidad política y social. C/24/005

-    A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

La Junta Departamental de Canelones remite copia del texto de la exposición realizada por dos señores Ediles, relacionada con la prevención de accidentes de tránsito en diversas rutas y avenidas de la Ciudad de la Costa, departamento de Canelones. C/145/005

-    A la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas

El Club Atlético Peñarol remite fax acerca de las condiciones de seguridad a ser analizadas previamente a los encuentros que dispute, en el futuro, dicha institución. C/314/005

-    A la Comisión Especial para el Deporte

La Oficina Nacional del Servicio Civil contesta el pedido de informes del señor Representante Gonzalo Novales, relacionado con las vacantes generadas en la Administración Pública que hayan sido cubiertas con personas con discapacidad de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, y normas concordantes. C/340/005

Varios señores ciudadanos remiten nota relacionada con el proyecto de ley por el que se designa "Químico Farmacéutico Roque Massetti" el Liceo de la ciudad de Aiguá, departamento de Maldonado. C/4113/004

La Secretaría de la Presidencia de la República acusa recibo de las siguientes exposiciones realizadas en sesión de 1º de setiembre de 2005:

-     A sus antecedentes

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Educación y Cultura contesta los siguientes pedidos de informes:

El Ministerio de Economía y Finanzas contesta el pedido de informes del señor Representante Edgardo Rodríguez, acerca de varias irregularidades presuntamente ocurridas en el casino estatal de Tacuarembó. C/393/005

El Ministerio del Interior contesta los siguientes asuntos:

El citado Ministerio acusa recibo de la exposición realizada por el señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou, en sesión de 4 de agosto de 2005, referidas al fallecimiento del ex Representante Marino Irazoqui. S/C

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta el pedido de informes del señor Representante David Doti Genta, relacionado con la realización de inspecciones de seguridad vial en un puente ubicado en la Ruta Nacional Nº 4, en el departamento de Paysandú. C/192/005

-     A sus antecedentes

COMUNICACIONES REALIZADAS

La Comisión de Educación y Cultura solicita se remita al Ministerio correspondiente, a los efectos de lo dispuesto por el artículo 202 de la Constitución de la República, el texto de los siguientes proyectos de ley:

-     Se cursaron con fecha 14 de setiembre

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Carlos Maseda solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social, sobre la nómina de personas inscriptas como aspirantes a las viviendas que otorga dicho Banco, en el departamento de Artigas. C/453/005

El señor Representante Jorge Lladó solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con la política fiscal y de comercialización de la carne ovina a implementarse por dicha Secretaría de Estado. C/454/005

El señor Representante José Carlos Mahía solicita se cursen los siguientes pedidos de informes, acerca de los gastos de funcionamiento del Directorio, de publicidad, donaciones y otros aspectos financieros y operativos de los siguientes Entes Autónomos y Servicios Descentralizados:

El señor Representante José Amorín solicita se cursen los siguientes pedidos de informes sobre los estudios batimétricos relativos a la profundidad de las aguas de la Laguna Merín en nuestro territorio y las posibilidades de utilización de la misma como hidrovía para el transporte de carga:

-     Se cursaron con fecha 13 de setiembre

PROYECTOS PRESENTADOS

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se dictan normas relativas a los títulos habilitantes para el ejercicio de la docencia en educación primaria, secundaria, técnico-profesional y formación docente. C/469/005

El señor Representante Darío Pérez Brito presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa "Maestra Blanca Margarita Barbé Montobbio" la Escuela Nº 98 de la ciudad de San Carlos, departamento de Maldonado. C/470/005

-    A la Comisión de Educación y Cultura

Los señores Representantes Darío Pérez Brito y Fernando Longo Fonsalías presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se eleva a la categoría de pueblo la localidad de Monte Hermoso, también conocida como Barrio Hipódromo, ubicada en la Ruta Nacional Nº 39 entre las ciudades de San Carlos y Maldonado. C/471/005

-   A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

El señor Representante José Carlos Cardoso presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se determina, a los efectos conmemorativos, el día 1º de setiembre de 1874 como fecha fundacional de la ciudad de La Paloma, departamento de Rocha. C/472/005

-     A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración".

3.-     Proyectos presentados.

A) "TÍTULOS HABILITANTES PARA EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA EN EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA, TÉCNICO PROFESIONAL Y FORMACIÓN DOCENTE. (Normas).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Dispónese que el título habilitante para el ejercicio de la docencia en Educación Primaria, Secundaria, Técnico-Profesional y Formación Docente podrá ser expedido, indistintamente, por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República o las instituciones privadas autorizadas de acuerdo con lo previsto por el ordinal 14) del artículo 13 de la Ley Nº 15.739, de 28 de marzo de 1985, o Decreto-Ley Nº 15.661, de 29 de octubre de 1984, y sus respectivas reglamentaciones.

Artículo 2º.- Sustitúyese el ordinal 11 del artículo 13 de la Ley Nº 15.739, de 28 de marzo de 1985, por el siguiente:

"11) Organizar y realizar, a nivel superior y universitario, de grado y de posgrado, en todo el territorio de la República, la formación y perfeccionamiento docente. A esos efectos, podrá realizar convenios con la Universidad de la República y con las instituciones privadas autorizadas a cumplir actividades de esa naturaleza con arreglo a la normativa vigente".

Artículo 3º.- Declárase que los títulos habilitantes para el ejercicio de la docencia en las áreas a que refiere el artículo 1º, expedidos por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) u otras entidades estatales o privadas habilitadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, poseen igual nivel superior que los provenientes de las instituciones universitarias mencionadas en dicha disposición.

Montevideo, 13 de septiembre de 2005.

JOSÉ CARLOS CARDOSO, Representante por Rocha, GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo, JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo, LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones, PABLO ABDALA, Representante por Montevideo, RODOLFO CARAM, Representante por Artigas, ALBERTO CASAS, Representante por San José.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El título habilitante para el ejercicio de la docencia en la Enseñanza Pública Primaria, Media y Técnico-Profesional es extendido por la Administración Nacional de Educación Pública y existe prácticamente un monopolio de la Administración sobre la formación docente (aunque existen antecedentes de habilitación del ejercicio de la docencia por egresados de instituciones privadas).

A la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), cuyo jerarca es el Consejo Directivo Central (CODICEN), compete organizar la formación y el perfeccionamiento docente, de acuerdo a lo establecido por el inciso once del artículo 13 de la Ley Nº 15.739, de 28 de marzo de 1985.

En el caso de la educación primaria, sólo el título habilitante magisterial permite el ejercicio docente, mientras que, dada la relativa escasez de docentes con formación, en las ramas Secundaria y Técnico-Profesional de ANEP, el título docente constituye un título preferencial, pero no excluyente.

Por distintos motivos que no corresponde analizar aquí, los cambios sociales y culturales de las últimas décadas han determinado que los certificados educativos de la formación docente, como los demás niveles educativos, estén afectados de una relativa desvalorización, mientras que son crecientes las demandas sociales por educación. Es el fenómeno llamado de la "fuga hacia delante", por la cual son requeridas cada vez más credenciales: si antes para cumplir determinada función era suficiente el requisito del grado de licenciatura, hoy se requiere el posgrado, la maestría o el doctorado.

En este contexto contradictorio, los egresados de la formación docente oficial uruguaya, de carácter terciario aunque no universitario, se encuentran en peores condiciones para competir a nivel regional e internacional con otros egresados de la región, que cuentan con diplomas de formación magisterial y profesoral, de carácter universitario o equivalente.

Por otra parte, la Universidad de la República, en su Facultad de Humanidades forma Licenciados en Educación (una de cuyas orientaciones es la docencia) cuyo título no es habilitante para el ejercicio de la docencia de la ANEP, pese a los intentos que se realizaron en el pasado para coordinar en este sentido a ambos entes autónomos.

Recientemente, se ha constituido un nuevo subsistema de educación superior en el país: las universidades e institutos universitarios privados los cuales no podrían contribuir a la formación de docentes que el país requiere en el nivel medio, en función del monopolio público (de ANEP) en la posibilidad de extender la titulación habilitante.

Esta suerte de escisión entre formación universitaria y formación docente y entre gestión pública y privada en orden al ejercicio de la docencia, es superada por el proyecto de ley que se presenta.

Por la vía de este proyecto, se declara que el título habilitante podrá ser extendido indistintamente por ANEP, la Universidad de la República y por las Universidades (e instituciones) privadas autorizadas en función del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 308/95, que reglamenta el Decreto-Ley Nº 15.661.

La formación de docentes de alta calificación es un aspecto estratégico para el desarrollo exitoso de un proceso educativo óptimo en la educación obligatoria y en el bachillerato y no debería estar sujeta forzosamente a un solo circuito institucional, a riesgo de comprometer la calidad o la cantidad de los egresados y en consecuencia de la docencia impartida en los demás niveles del sistema.

El proyecto en cuestión no hace, por otra parte, sino reconocer la realidad ya operante en cuanto a la existencia de una oferta privada de formación universitaria.

No hay razón para que ésta no contribuya con el subsistema formación docente de ANEP. El paradigma que guía al proyecto no es la "privatización", la competencia u oposición entre el subsistema público y el subsistema privado, pues ambos contribuyen a la formación de un bien público. Lo que varía es la modalidad de gestión.

Es más, concebimos a ambos subsistemas operando de manera convergente, para superar lo que constituye una limitación "de larga duración" en el sistema educativo uruguayo, por el cual el déficit de docentes titulados para hacer frente a la expansión y democratización de la matrícula se mantiene desde hace una centuria.

En verdad, ese déficit es en sí mismo un límite a la democratización y opera en un sentido cultural y socialmente restrictivo.

Se abre expresamente para la Dirección de Formación y Perfeccionamiento de ANEP la posibilidad de convenios con las Universidades e instituciones privadas, a fin de facilitar la complementación de saberes entre las diversas instituciones educativas.

Las ventajas del proyecto son de al menos tres órdenes:

- Contribuye a la progresiva conformación de un sistema educativo nacional, integrado y coherente, en el que la ANEP, la Universidad de la República y las instituciones privadas cooperen en el logro de objetivos educativos nacionales de alta relevancia, como lo son:

- suficiente oferta de docentes graduados,

- suficiente calidad de la formación docente, educación de alta calidad y equidad que alcance a todos los niños y jóvenes del país y se proyecte a un sistema de educación abierto y a lo largo de la vida.

- Estimulará la diversidad en los enfoques, así como una sana complementación de saberes y de aportes, más allá del carácter público o privado.

El modo de administración público o privado es, en definitiva, un aspecto meramente formal, que no implica necesariamente mayor o menor calidad.

Así, es posible pensar en que el sistema educativo nacional, a través de la acción de la Comisión Coordinadora y, en su seno, del protagonismo de los entes de enseñanza, establezca con carácter indicativo un marco curricular nacional, un núcleo de valores, competencias y saberes que se estima han de formar parte necesaria del perfil de egreso de todo docente uruguayo, mientras que, más allá de ese núcleo duro, de ese marco curricular nacional, sea posible una plena libertad cultural, enfoques diversos, innovadores y enriquecedores de una formación que cada vez más debe afrontar exigencias de heterogeneidad, de internacionalización, de multiculturalidad, de interdisciplinariedad.

Es más, al igual que en la Ley Nº 15.739, este proyecto señala expresamente la realización de convenios, como vía idónea de colaboración, que permita evitar cualquier riesgo de segmentación.

A través del diseño de sistemas de créditos educativos, que permitan cursar diversos créditos académicos en instituciones diferentes a aquella en la que se cursa principalmente la formación; a través de formas innovadoras de financiamiento, por medio de becas de manutención o de matrícula, será posible la participación de alumnos del subsistema público en el privado y viceversa, así como la formación en cursos universitarios, para los alumnos de la formación docente de ANEP.

La práctica pedagógica, una fortaleza del sistema público (que no tiene por qué perderse porque se reconozca el nivel universitario de la formación docente pública) podría ser tomada por alumnos privados en instituciones públicas, sin perjuicio de la prioridad de los alumnos de instituciones públicas.

A vía de ejemplo, el sector universitario puede aportar la perspectiva de la investigación, mientras que el subsistema de ANEP podría aportar su mayor tradición didáctica, siendo perfectamente imaginable la eventualidad de convenios que establezcan títulos habilitantes dictados en forma conjunta por ANEP y por instituciones privadas, por ANEP y por la Universidad de la República, o por ésta y por las Universidades privadas.

El proyecto no se introduce en estos aspectos, pero ese es el medio ambiente educativo e institucional en el que podría operar perfectamente.

Un esquema dinámico, innovador, moderno, capaz de tomar en cuenta las fortalezas y oportunidades de las instituciones uruguayas, públicas o privadas, sin oponerlas en una visión reduccionista y estéril. El proyecto en cuestión no se propone tampoco dar respuesta a todos los problemas de la formación de nuestros maestros y profesores, una vasta temática que requiere un diagnóstico de fondo y el establecimiento de políticas educativas específicas.

Solamente pretende asumir un aspecto del problema y facilitar de manera práctica el desarrollo de nuevas modalidades, capaces de elevar la calidad de la formación de formadores que el Uruguay requiere para dar continuidad a la amplia renovación educativa iniciada tras la recuperación del sistema democrático.

Finalmente, el proyecto hace justicia con los educadores nacionales egresados de los Institutos de Formación Docente oficiales, que no han tenido hasta el presente el reconocimiento del carácter universitario de sus títulos, no obstante haber cumplido un proceso de educación superior cuya complejidad e importancia es de las más altas en el sistema educativo nacional.

Montevideo, 13 de septiembre de 2005.

JOSÉ CARLOS CARDOSO, Representante por Rocha, GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo, JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo, LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones, PABLO ABDALA, Representante por Montevideo, RODOLFO CARAM, Representante por Artigas, ALBERTO CASAS, Representante por San José".

B) "MAESTRA BLANCA MARGARITA BARBÉ MONTOBBIO. (Designación a la Escuela Nº 98, de la ciudad de San Carlos, departamento de Maldonado).

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Desígnase "Maestra Blanca Margarita Barbé Montobbio", la Escuela Nº 98, de la ciudad de San Carlos, departamento de Maldonado, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Montevideo, 13 de septiembre de 2005.

DARÍO PÉREZ BRITO, Representante por Maldonado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La maestra Blanca Margarita Barbé Montobbio, nació el 14 de noviembre de 1897 en la ciudad de San Carlos, departamento de Maldonado, sus padres fueron Juan Barbé y María del Carmen Montobbio Alvariza. Fue bautizada en la Iglesia San Carlos Borromeo, siendo su padrino don Florencio María Alvariza.

Inicia el liceo en el año 1921, cuando se crea el mismo en San Carlos, siendo una de las primeras alumnas de dicho centro.

En 1927 se recibe de maestra de enseñanza primaria, luego de haber aprobado con las máximas notas todo el curso que fue impartido por el Instituto Normal de Señoritas María Stagnero de Munar, en Montevideo.

Contrae nupcias en el año 1928 con el señor Luis Cestaro Coiro, con el cual tuvo cinco hijos, quedando viuda en el año 1967.

Inicia sus actividades docentes en el año 1927 como maestra de la Escuela Nº 3, con grupos de alumnos de 5º y 6º año.

Cumple funciones como tal hasta el año 1944, donde pasa a desempeñarse como subdirectora hasta 1946, a partir de 1947 se acoge a los beneficios jubilatorios.

En su casa particular, ese mismo año, comienza a preparar para el ingreso a magisterio a futuros maestros, impartiendo cursos en todas y cada una de las áreas requeridas por ese entonces a los efectos.

Ante la necesidad de organizarse para dar un futuro concreto a esta etapa, se inicia un movimiento de vecinos quienes con la ayuda de doña Margarita concretan la creación del Instituto Normal, único y primero del departamento de Maldonado, en el año 1948.

Nombrada como Directora por la mayoría total de los socios fundadores, trabaja durante once años consecutivos.

Ejerce como docente y Directora acompañada por un grupo solidario de docentes y profesionales, como profesores de las diferentes materias que el magisterio nacional exigía.

En el período de exámenes para pasar de grado, concurrían a San Carlos las mesas examinadoras, las que con personal especializado también recorrían distintos puntos del país, para tomar las pruebas a los estudiantes magisteriales.

Desde sus principios el Instituto Normal fue un centro docente para estudiantes de magisterio que funcionaba sin fines de lucro, con profesores solidarios y alumnos que no debían pagar cuota por sus estudios.

Se mantenía con los recaudos de los socios colaboradores e importantes donaciones, sobre todo de los familiares de los alumnos y amigos de la obra.

Manifestaban los integrantes de la mesa examinadora, que el nivel de los aspirantes a maestro de San Carlos era el mejor de todo el país.

Deja la docencia y la dirección del Instituto a fines del año 1957.

El 17 de octubre de 1959, en el local del Instituto Normal de San Carlos, en sentida ceremonia se le ofrece un reconocimiento por su esfuerzo y amor por la obra.

Doña Margarita Barbé fallece en Montevideo el día 26 de mayo de 1977.

El día 22 de setiembre de 1987, Día del Maestro, se le rindió homenaje con un acto en la Escuela Nº 3 y en el cementerio local por parte del Grupo Independiente de Artes y Letras de San Carlos.

Por lo expuesto y su brillante trayectoria en el ámbito de la educación en la ciudad de San Carlos y en el departamento de Maldonado, es que consideramos como justo homenaje que la Escuela Nº 98 de la ciudad de San Carlos lleve el nombre de esta prestigiosa maestra carolina.

Montevideo, 13 de septiembre de 2005.

DARÍO PÉREZ BRITO, Representante por Maldonado".

C) "LOCALIDAD DE MONTE HERMOSO (BARRIO HIPÓDROMO), UBICADA EN LA RUTA NACIONAL Nº 39 ENTRE LAS CIUDADES DE SAN CARLOS Y MALDONADO. (Elevación a la categoría de pueblo).

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Declárase pueblo la localidad de Monte Hermoso, conocido como "Barrio Hipódromo", ubicado en la Ruta Nº 39 entre las ciudades de San Carlos y Maldonado, departamento de Maldonado.

Montevideo, 13 de septiembre de 2005.

DARÍO PÉREZ BRITO, Representante por Maldonado, FERNANDO LONGO FONSALÍAS, Representante por Flores.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Monte Hermoso (Barrio Hipódromo) es una de las zonas con más crecimiento poblacional según el último Censo Nacional del Instituto Nacional de Estadística, este centro poblado ubicado sobre la Ruta Nº 39 se encuentra en una zona suburbana, está separado de sus ciudades más próximas, San Carlos y Maldonado, por padrones rurales y varios kilómetros de distancia de una y de otra, literalmente se encuentra en el medio.

Esta comunidad tuvo sus orígenes en la década del 50 y sus primeros pobladores adquirieron los primeros boletos de compromiso al señor Cairo Medina, se construyó el Hipódromo y su primer proyecto de fraccionamiento fue en 1961.

El territorio fraccionado es de doscientos veintiocho solares, más calles, espacios libres y ochavas, estamos hablando de un área aproximada de 25 hectáreas, sin tener en cuenta el padrón rural donde está instalado el Hipódromo; en este espacio territorial viven hoy aproximadamente 2.500 personas en diversas situaciones según el censo hecho por Salud Pública y la Comisión de Vecinos.

Dicha localidad cuenta con luz eléctrica, agua potable, teléfono, transporte departamental e interdepartamental con varias frecuencias diarias, cuenta con un servicio médico de Salud Pública que funciona en la Parroquia Padre Domingo, a un kilómetro y medio se encuentra la Escuela Nº 66 Dionisio Díaz y a cinco kilómetros cuenta con un Liceo de Primer Ciclo de Enseñanza Secundaria; en materia comercial cuenta con varios almacenes, panadería, carnicería y el Hipódromo, pero la mayoría de sus habitantes trabajan en Maldonado y Punta del Este.

Monte Hermoso, más conocido como Barrio Hipódromo, ya tiene prácticamente cincuenta años de vida, esta comunidad de origen humilde y de gente trabajadora, que día a día con esfuerzo construye su identidad y su proyecto de vida en ese retazo de tierra entre el arroyo Maldonado y la Ruta Nº 39, merece ser declarado pueblo.

Montevideo, 13 de septiembre de 2005.

DARÍO PÉREZ BRITO, Representante por Maldonado, FERNANDO LONGO FONSALÍAS, Representante por Flores".

D) "FECHA FUNDACIONAL DE LA CIUDAD DE LA PALOMA. (Se determina, a los efectos conmemorativos, el día 1º de setiembre de 1874).

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Determínase a efectos conmemorativos y de l declaración legal de días feriados y de asueto locales, que la fecha fundacional de la ciudad de La Paloma, ubicada en el departamento de Rocha, corresponde al día 1º de septiembre de 1874.

Montevideo, 14 de septiembre de 2005.

JOSÉ CARLOS CARDOSO, Representante por Rocha.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ciudad de La Paloma, elevada a tal categoría desde la de "pueblo" por obra del Decreto-Ley Nº 15.333, de 12 de octubre de 1982, y a ésta de su calidad de "balneario" por disposición de la Ley Nº 9.888, de 8 de noviembre de 1939, receptora de un importantísimo caudal turístico y comercial que reporta al departamento de Rocha y a la República significativos beneficios de carácter financiero, numerosas fuentes de trabajo, así como el desarrollo de la cultura y de la actividad social en general, carece, paradójicamente, de fecha fundacional definida.

De acuerdo a certeras investigaciones y a documentos históricos de la época, la construcción del Faro del Cabo de Santa María (faro de la ciudad de La Paloma) se inicia en 1872, pocos años después de promulgada la ley que autorizara su construcción (sancionada el 25 de junio de 1869), finalizando la obra con la puesta en marcha de su linterna, el día 1º de septiembre de 1874. El faro, por sí mismo, marca los más remotos antecedentes de La Paloma, ya que no solamente representa una pieza clave en el avance de la navegación de cabotaje (puesto que el propio proceso de construcción estimuló su desarrollo) sino que se advierte como el eje central de la concentración demográfica derredor, en tanto debido a su levantamiento y puesta en marcha, allí se afincaron obreros, técnicos, fareros, marinos, trabajadores portuarios, del ferrocarril, etcétera, dando inicio a la conjunción humana, geográfica, edilicia, comercial y cultural que a lo largo de la historia se transformaría en una de las más hermosas ciudades de nuestro país. El faro, en efecto, aún en nuestros días legitima su permanencia y renombre, en tanto resulta evidente su identificación emblemática con la ciudad y en cuanto aún es hoy marco de referencia imprescindible para la navegación deportiva y comercial, y por cierto, orgullo de los habitantes de La Paloma y objeto de admiración de sus visitantes. Por tanto, la fecha de su inauguración reviste un significado intrínseco e indivisible con el nacimiento de dicha ciudad, no debiendo ésta quedar inadvertida o relegada al hermetismo de archivos inconclusos, de cuya documentación felizmente algunos ciudadanos han logrado desentrañarla.

De acuerdo a lo expuesto, en recuerdo de la fecha de inauguración del Faro del Cabo de Santa María, la memoria de quienes habitan La Paloma, tanto continua como temporalmente, o bien la de sus visitantes ocasionales, podrá encontrar un punto de referencia histórico, real y certero, en torno al cual identificar el momento preciso en el que se da inicio a la cadena de acciones y relaciones humanas que sustentan el presente y se proyectan en el futuro de la ciudad oceánica. Así, la determinación del 1º de septiembre de 1874 como fecha fundacional de la propia ciudad de La Paloma, no es caprichosa ni arbitraria, sino que responde a la realidad y al sentido de la historia de nuestro país, donde el emprendimiento y el afán de desarrollo confunden en un mismo esfuerzo la comunión de las voluntades individuales.

Montevideo, 14 de septiembre de 2005.

JOSÉ CARLOS CARDOSO, Representante por Rocha".

4.-     Exposiciones escritas.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Está abierto el acto.

(Es la hora 9 y 51)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Darío Pérez Brito solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, para su remisión al Consejo de Educación Primaria, sobre la situación de la Escuela Nº 78 de Pan de Azúcar, departamento de Maldonado. C/22/005

El señor Representante Federico Casaretto solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionada con la posibilidad de organizar la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado prevista para el mes de octubre de 2006, en la ciudad de Punta del Este, departamento de Maldonado. C/22/005

El señor Representante Gustavo Guarino solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, acerca de la difusión de un convenio de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para proyectos ganaderos. C/22/005"

——Se votarán oportunamente

5.-      Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Martes 13 de setiembre

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Con aviso: José Quintín Olano Llano.

TURISMO

Con aviso: Germán Cardoso y Rodrigo Goñi Romero.

Miércoles 14 de setiembre

ASUNTOS INTERNACIONALES

Con aviso: Daniel Peña Fernández.

INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Con aviso: Fernando Longo Fonsalías.

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: Adriana Peña Hernández.

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN integrada con la de SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Con aviso: Miguel Asqueta Sóñora".

6.-     Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Darío Pérez Brito al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, para su remisión al Consejo de Educación Primaria, sobre la situación de la Escuela Nº 78 de Pan de Azúcar, departamento de Maldonado.

"Montevideo, 13 de setiembre de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y al Consejo de Educación Primaria. Vecinos de la ciudad de Pan de Azúcar, del departamento de Maldonado, nos hicieron llegar las siguientes inquietudes respecto a la situación de la Escuela Nº 78 de esa localidad. Dicha escuela presenta una serie de carencias que afectan su funcionamiento y que, a continuación, detallaremos. Además, los vecinos están preocupados por el posible cierre de ese centro educativo ya que tienen entendido que está proyectada la construcción de otro en la zona. Tal eventualidad los inquieta, por entender que la Escuela Nº 78 tiene un gran arraigo en la localidad. Consideran muy importante, como elemento de identificación cultural, que sus puertas permanezcan abiertas y que las nuevas generaciones, como lo hicieron sus mayores, puedan concurrir a ella. Las carencias de la Escuela Nº 78 son las siguientes: A) De recursos humanos: se requieren dos maestros, un asistente social y un psicólogo, ya que es una escuela de contexto crítico. B) De infraestructura: urge la necesidad de construir dos aulas (una clase funciona en el comedor, otras clases poseen entre 48 y 50 alumnos), un salón multiuso y espacio para actividades físicas. C) De vajilla en general. D) De juegos didácticos y recreativos. Como información ampliatoria, con respecto a las dificultades edilicias los vecinos señalan, como posible solución, la existencia de un terreno lindante, no utilizado, el que se podría destinar para los fines requeridos, así como para realizar otras actividades como una huerta orgánica. Señalan, asimismo, la existencia de una importante cantidad de vecinos desempleados que se ofrecen para trabajar, en forma cooperativa, para efectuar las modificaciones en la construcción que sean necesarias. Solicitamos, que en la medida de lo posible, se considere la solución de esos problemas; los aportes de los vecinos para dicho fin, así como la permanencia de una institución tan positivamente valorada por los habitantes de la ciudad de Pan de Azúcar. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. DARÍO PÉREZ BRITO, Representante por Maldonado".

2) Exposición del señor Representante Federico Casaretto a la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionada con la posibilidad de organizar la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado prevista para el mes de octubre de 2006, en la ciudad de Punta del Este, departamento de Maldonado.

"Montevideo, 13 de setiembre de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores. El próximo 27 de setiembre, el señor Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, participará en la ciudad de Madrid de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Durante el desarrollo de la misma, el señor Presidente deberá definir en qué ciudad de nuestro país se realizará la próxima Cumbre, prevista para el mes de octubre de 2006. Motiva esta exposición escrita, plantear al señor Presidente, la conveniencia, para nuestro país, de que la Cumbre de 2006 se lleve a cabo en la ciudad de Punta del Este, del departamento de Maldonado, por las siguientes razones: A) Cuenta con la mejor infraestructura de hotelería y de servicios de nuestro país, infraestructura que, en gran parte, se encuentra ociosa en los meses de invierno. B) Su seguridad se encontraría garantizada en virtud de la escala de la ciudad, la que es fácil de cercar, controlar y mantener protegida. Se diferencia de Montevideo, donde, por su extensión territorial y densidad poblacional, es mucho más difícil instrumentar un operativo de seguridad, acorde a los requerimientos de ese tipo de eventos. C) Las experiencias anteriores de realización de eventos similares fueron exitosas, la más reciente fue la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) en la década del 80. Debemos recordar también, que en los años 60 se celebró, con éxito, una cumbre de Presidentes de América en nuestro principal balneario, así como también las reuniones del Grupo Contadora. D) Sería una excelente forma de promocionar al principal destino turístico de nuestro país, haciendo que sus atractivos sean reconocidos a nivel americano y mundial. E) Ayudaría a dinamizar la economía del departamento, en baja temporada, generando actividad comercial e importante cantidad de puestos de trabajo, como ser choferes, guardias de seguridad, guías turísticos, traductores y otros. En definitiva, cuando tanto se habla de desestacionalizar la temporada, ésta es una imperdible oportunidad de hacer algo concreto en tal sentido, lo que sin dudas va a contar con el apoyo de todas las fuerzas vivas del departamento de Maldonado. Por lo expuesto, opino que la ciudad de Punta del Este es el lugar ideal para un evento de esa magnitud política, por lo que considero oportuno el planteamiento de esta propuesta ante las autoridades de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, en su próxima edición. Saludo a la señora Presidenta muy atentamente. FEDERICO CASARETTO, Representante por Maldonado".

3) Exposición del señor Representante Gustavo Guarino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, acerca de la difusión de un convenio de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para proyectos ganaderos.

"Montevideo, 14 de setiembre de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Adjunto a la presente el Oficio Nº 418/05, de la Junta Departamental de Cerro Largo, y fotocopia del planteamiento realizado ante dicha Junta por el señor Edil Alberto Saner, el 2 de setiembre del año en curso, documentación que he recibido en el día de la fecha, por el que solicita mayor información con respecto al Convenio de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para proyectos ganaderos. Por entender de interés que la Junta Departamental de Cerro Largo y, en particular, la Comisión de Desarrollo conozca en profundidad el proyecto ganadero, solicito al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que envíe copia del mismo a dicha Junta y, de ser posible, a la brevedad, que coordine con la Comisión específica y con las gremiales agropecuarias del departamento, la realización de una charla sobre este tema en la ciudad de Melo. Saludo a la señora Presidenta muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

MEDIA HORA PREVIA

7.-      Solicitud de que se adopten medidas para incentivar el desarrollo del puerto de Juan Lacaze, departamento de Colonia.

——Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado González Álvarez.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Señora Presidenta: en estos últimos días, en el departamento de Colonia, fundamentalmente en alguna prensa con gran tiraje y difusión, como es el semanario "Noticias", se está publicando con grandes titulares cierta advertencia a las autoridades de la Administración Nacional de Puertos en cuanto a que, con algunas medidas que se están tomando, se estaría perjudicando al puerto de Juan Lacaze. Inclusive, este semanario, que tiene gran aceptación y es muy leído en medios políticos y empresariales, ha titulado que la decisión de la Administración Nacional de Puertos liquidará al puerto de Juan Lacaze, beneficiando a López Mena.

En notas interiores de este mismo semanario se hace una narración muy interesante, que en parte voy a leer porque es fruto del trabajo de algún periodista con gran conocimiento del tema. Dice lo siguiente: "Por años el Puerto de Juan Lacaze solo sirvió para la descarga de combustibles de ANCAP a través de los buques que llegan 3 ó 4 veces al mes para abastecer la planta de distribución en esta localidad. A partir de 1994 con la instalación de la rampa que permitía cargar y descargar camiones, tres empresas navieras intentaron sucesivamente establecer una línea J. Lacaze-Buenos Aires, para el transporte de cargas.- La medida fue alentada por autoridades de la ANP que procuraron reducir el tráfico de camiones por Colonia, puerto dedicado al importante tráfico de pasajeros y donde los espacios para camiones son escasos y los choferes de estos vehículos, que deben permanecer muchas horas esperando embarcar, no tienen las menores condiciones, ni siquiera un baño".

(Murmullos)

——Esto es algo que compartimos. Creemos que a los tres grandes puertos del departamento de Colonia -Nueva Palmira, Colonia y Juan Lacaze- habría que especializarlos.

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- La Mesa solicita al Cuerpo el silencio correspondiente para poder escuchar la intervención del señor Diputado.

Puede continuar, señor Diputado.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- El puerto de Nueva Palmira debería destinarse al tráfico de ultramar -lo que se ha venido logrando en los últimos años- y el de Colonia al transporte de pasajeros. Por momentos parecería que esto se va logrando, porque hace pocos días el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas anunció que se va a hacer una terminal de pasajeros en Colonia, mediante una inversión de US$ 5:000.000 o US$ 6:000.000.

Parecería que habría que seguir impulsando al puerto de Juan Lacaze para que por él se canalice el tráfico de los camiones de carga. Si todos los vehículos de este tipo fueran por el puerto de Juan Lacaze, estaríamos ahorrando un recorrido de 40 kilómetros por carretera a esos pesados camiones que, al transitar entre la radial de Juan Lacaze y Colonia, van destruyendo esa ruta.

Esta es la crítica que se está haciendo en los medios de prensa.

Por otra parte, también la Agencia para el Desarrollo Económico de Juan Lacaze nos ha hecho llegar una advertencia en cuanto a que las tarifas del puerto de Juan Lacaze hacen peligrar el transporte de pasajeros.

Queremos que las autoridades de la ANP revean las tarifas del puerto de Juan Lacaze, que las bajen más para que sea competitivo y especializado en el tráfico de camiones. Sabemos lo importante que es eso.

Continúa diciendo el mencionado semanario: "Sin embargo se planteó un prolongado enfrentamiento entre los operadores de carga de Colonia y Juan Lacaze [...]". Creemos que no es necesario llegar a eso; hay que evitar esta oposición entre dos puertos del mismo departamento. Se debe instalar en un puerto como el de Colonia una gran terminal que se especialice en el transporte de pasajeros y no privar a la ciudad de Juan Lacaze de este incipiente puerto que está funcionando.

Por otra parte, sin duda en los próximos meses Juan Lacaze va a poder empezar a desarrollar el parque industrial, una obra estupenda que se hizo durante la Intendencia del hoy Senador Carlos Moreira, quien realizó negociaciones con el Banco de la República; la mitad de lo que antes era la fábrica de Campomar se va a utilizar como un parque industrial. Ya se habla de que varias empresas estarían interesadas en instalarse en Colonia, por lo que lograr que el tráfico entre Buenos Aires y Juan Lacaze sea fluido y económico resultaría muy beneficioso.

Nosotros estamos abocados a que las autoridades de la ANP adopten medidas de incentivo para que el puerto de Juan Lacaze se siga desarrollando, como ha tratado de hacerlo en los últimos años.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Administración Nacional de Puertos, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Colonia y a la Agencia para el Desarrollo Económico de Juan Lacaze, que también está interesada en este tema.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

8.-      Paralización de las obras de ampliación del Liceo Nº 4 de la ciudad capital del departamento de Paysandú.

Tiene la palabra el señor Diputado Doti Genta.

SEÑOR DOTI GENTA.- Señora Presidenta: en estos cinco minutos de la media hora previa que nos corresponden, vamos a hacer mención a un tema recurrente y que es muy conocido por los compañeros Diputados por Paysandú que están en Sala: la no culminación y paralización, desde el mes de marzo, de las obras del Liceo Nº 4 de la capital departamental.

Este liceo -cuya situación no se debe, por supuesto, a esta Administración, sino a las anteriores- ha tenido mala suerte. En una primera etapa se hizo una licitación, pero la empresa incumplió y también hubo un conflicto con los trabajadores. En el año 2003, en virtud de un convenio, la obra pasó a la órbita de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Días pasados estuvimos con padres de alumnos del liceo, quienes nos dijeron que la obra de ampliación seguía interrumpida. Por ello, hablamos con la Directora del instituto, quien nos hizo saber que había recibido un oficio del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública en el que se informaba que, según la Resolución Nº 1, de 14 de junio de 2005, luego de vistos y considerandos, en el quinto numeral de la parte resolutiva se decidía, previa intervención del Tribunal de Cuentas, transferir a la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas la cantidad de US$ 136.413 para la culminación de estas obras.

Se dijo que probablemente las obras se reiniciarían en agosto, pero ya estamos en la segunda quincena de setiembre y no ha sido así. Es justo resaltar que, en la víspera, en el diario "El Telégrafo" se hace mención a estos incumplimientos que -reitero- vienen de Administraciones anteriores.

Lo más preocupante es cómo afecta esto a la comunidad educativa, a los profesores y a los alumnos, que, debido a que la ampliación no está terminada, desarrollan sus clases en un galpón ubicado frente al actual local del Liceo Nº 4. Este galpón tiene un solo baño. Teniendo en cuenta que en el turno matutino hay 140 alumnos y en el de la tarde 129, la situación es verdaderamente preocupante.

Para nosotros es de suma importancia resaltar lo que hicieron los anteriores legisladores por Paysandú, así como también las autoridades municipales y los Ediles para que se terminaran estas obras. También es de destacar que, hace poco más de dos meses, los legisladores por el departamento se reunieron con la APAL, la Dirección y los profesores -lamentablemente, no pude concurrir- para tratar de encontrar una solución a este problema.

El dinero está; lo que falta es apurar los trámites para que la obra sea concluida y los educadores y educandos puedan acceder a un local con las características apropiadas para impartir y recibir enseñanza.

Solicitamos que la versión taquigráfica de estas palabras se pase al CODICEN, al Consejo de Educación Secundaria, a la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Junta Departamental de Paysandú y a la Dirección y la APAL del Liceo Nº 4 de Paysandú.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cincuenta y nueve en sesenta: AFIRMATIVA.

9.-     Beneficios de la actividad forestal.

Tiene la palabra el señor Diputado Cardozo Ferreira.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Señora Presidenta: vamos a referirnos a algunos aspectos de temas que se han tratado en los últimos días en la Cámara, que tienen que ver, fundamentalmente, con la actividad forestal.

En el día de hoy seguramente se eliminará en forma definitiva el subsidio forestal y hace pocas horas, con el fin de que el Partido Nacional diera su respaldo a lo actuado por el país con respecto a las plantas de celulosa que se instalarán en el litoral, también se votó aquí el llamado a Sala a los Ministros correspondientes.

Ante estos dos acontecimientos que tendrán lugar en las próximas horas en el Parlamento, creemos que es importante destacar también otros ribetes de la actividad forestal en el país, que tienen que ver, sobre todo, con los departamentos del norte y con otros del litoral. Quiero referirme específicamente a los emprendimientos madereros de empresas muy importantes de Rivera y Tacuarembó.

En el departamento de Tacuarembó hay dos grandes empresas instaladas. Una de ellas ya está trabajando y exportando productos terminados. Actualmente procesa unos 2.000 metros cúbicos y proyecta aumentar su producción a 5.000 metros cúbicos mensuales, o sea, 60.000 metros cúbicos anuales. Es la empresa Urupanel, que emplea directamente a más de 300 personas; y seguramente empleará más gente en pocos meses. La otra empresa -Colonvade y Los Piques S.A.- que se está instalando va a llegar a cantidades de producción de madera terminada muy superiores, hecho que para nuestro departamento y otros vecinos significa el empleo de muchísima gente -tres mil empleos directos- porque, como dije, esta firma tiene previsto instalarse en el corredor de las Rutas Nos. 5 y 26, entre Rivera y Paysandú, sobre todo en nuestro departamento y, específicamente, en la ciudad de Tacuarembó, con una producción de 410 metros cúbicos diarios de paneles de madera.

Hay que destacar estas cosas por el esfuerzo que se hizo en el país con la aprobación de la ley forestal y el subsidio correspondiente, que fue muy criticado en su época -me incluyo entre los críticos; a veces, uno no comprende o no tiene la paciencia suficiente para esperar y ver qué significa determinado proyecto-, pero aumentó la generación de puestos de trabajo y dio importancia al sector agroindustrial maderero.

Hace un tiempo, la Asociación Rural del Uruguay dio a conocer que en el país había más de 360.000 puestos de trabajo derivados del sector agroindustrial, desde la producción primaria hasta la industrial. Si a esto le sumamos los que se están generando a través de la industria de la madera, podemos decir que estamos dando un buen ejemplo de utilización de productos naturales, o sea, materia prima agregando valor a la misma.

De todos modos, es evidente que esto tiene otras connotaciones. Más allá de que esas empresas se instalan porque el país les ofrece condiciones realmente favorables, no podemos dejar de tener la capacidad de responder inmediatamente controlando esos puestos de trabajo para asegurarnos de que ofrezcan condiciones adecuadas para nuestros obreros. Este es otro tema que debemos tener en cuenta.

En definitiva, hoy por hoy, la actividad forestal está empleando muchísima mano de obra y seguramente empleará más, si se dan las condiciones para que se instalen, como se hará, las industrias respectivas. Para nuestros departamentos esto es muy importante en lo que hace a la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, pero también implica comprobar que muchas veces el Estado genera emprendimientos, pero no prevé aspectos paralelos. Por ejemplo, en nuestros departamentos está presente la problemática de la caminería rural, cuyo estado implica un tránsito lento y que se destruye fácilmente porque no está hecha para soportar el peso de la carga de madera que transportan estos camiones. Además, los Intendentes no reciben los recursos necesarios por parte del organismo central del Estado para reparar rápidamente las vías de transporte, de modo de contar con estructuras adecuadas que soporten el peso que significa el transporte de estas mercaderías. Asimismo, tendríamos que preparar a nuestra gente -a nuestros hombres de trabajo y a nuestros jóvenes- para ocupar esos puestos nuevos que se están generando; esto es, dar capacitación adecuada.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Además, está el mercado del carbono, que, de ser utilizado, significaría para el Uruguay US$ 100:000.000. Hoy estamos contribuyendo con la forestación a reducir la emisión de gases que están complicando el hemisferio sur; me refiero a gases con efecto invernadero. Todos estos aspectos que están relacionados con la forestación significan trabajo y fuente de divisas para el país.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- La Mesa solicita al señor Diputado que redondee su exposición porque ha finalizado su tiempo.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Decía que todo esto es lo que nos lleva a trabajar para que estos proyectos sigan adelante y se mejoren.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Industria, Energía y Minería y de Economía y Finanzas y a la Junta Departamental de Tacuarembó.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Sesenta y dos en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA.

10.-     Disminución de la tasa de mortalidad infantil en el Uruguay en el año 2004.

Tiene la palabra el señor Diputado García.

SEÑOR GARCÍA.- Señora Presidenta: quiero utilizar estos minutos para dar una noticia que nos enorgullece como uruguayos y que, lamentablemente, no ha tenido difusión oficial hasta el momento.

En el año 2004 Uruguay registró la tasa de mortalidad infantil más baja de su historia, que fue de 13‰; es decir que pudieron vivir aproximadamente cien niños más de los que hubieran podido vivir en 2003, cuando la tasa de mortalidad infantil rondó el 15‰.

Esta es una gran noticia que -reitero-, lamentablemente, no ha sido difundida por el Ministerio de Salud Pública, y no sabemos cuál es la razón. Es más: hace muy pocos días, concretamente el 24 de agosto, se nos contestó un pedido de informes que habíamos hecho el 22 de junio al Ministerio de Salud Pública, en el que solicitábamos las cifras de la tasa de mortalidad infantil de los años 2003 y 2004. La respuesta mostraba la cifra correspondiente al año 2003, y la nota que adosó la señora Ministra de Salud Pública, con información proporcionada por la Directora del Departamento de Información Poblacional, dice textualmente: "La información correspondiente al año 2004, aún no ha sido terminada de procesar, pero se enviará de inmediato en cuanto esté pronta".

Sin embargo, mientras a un legislador no se le contesta un dato fundamental en la vida del país, es decir, cuántos niños más viven por año con respecto al anterior -cifra a partir de la cual se diseñan las políticas para tratar de bajar aún más esa tasa, cosa por la que se pelea año tras año-, en los documentos que están circulando -aquí tengo uno con el que están trabajando el Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud- se informa que en 2004 la tasa de mortalidad infantil fue del 13‰. En el borrador de un documento denominado "Estrategia de Cooperación País. Uruguay 2006- 2011. Salud en el Uruguay y Desafíos a la Cooperación de OPS/OMS con el País", se informa lo que acabo de relatar.

Lo que más importa es esta alegría de que en Uruguay hayamos tenido a fines de 2004 la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia. Debería ser un motivo de regocijo y ameritaría que el propio Ministerio informara oficialmente al respecto.

Nosotros accedimos a esta información en el mes de setiembre, cuando habitualmente estos datos se procesan en el mes de mayo. Al tiempo que nos enteramos de esta información, el Ministerio de Salud Pública nos contestó que aún no la tenía procesada. No quisiera pensar que el motivo de este silencio sea político: que no se nos quiera informar de algo que debiera enorgullecernos a todos; que haya intención de no dar a luz datos que no pueden vincularse con una utilización política. El Gobierno que terminó a fines del año pasado no era de mi Partido, pero me enorgullezco de que haya culminado con esta cifra de mortalidad infantil. Este tipo de resultados debe convocar a la alegría de todos los uruguayos y de todos los que trabajaron para ello.

Sinceramente, no entendemos por qué a esta altura del año no se informa sobre esto y, si se quiere, por qué se oculta. Reitero que mientras a un legislador no se le contesta un pedido de informes, los borradores de documentos que maneja el Ministerio con los organismos de cooperación internacional revelan cuál fue la realidad al final del año pasado.

Con extrema alegría doy a conocer estas cifras y lo hago no como Diputado, sino simplemente como uruguayo. En nuestro país, al final del año pasado logramos que vivieran cien niños más que en 2003.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Salud Pública y al Instituto Nacional de Estadística.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

La Mesa solicita a los integrantes del Cuerpo que suspendan las reuniones parciales.

11.-     Actividad desarrollada por el Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes.

Tiene la palabra el señor Diputado Toledo Antúnez.

SEÑOR TOLEDO ANTÚNEZ.- Señora Presidenta: en momentos en que el Gobierno Nacional hace ingentes esfuerzos para aclarar definitivamente una etapa de nuestra historia, tratando de saldar un problema con la sociedad, especialmente con los familiares de los desaparecidos por razones políticas, coexisten otras situaciones con características a veces similares y otras diferentes, pero que tienen algo en común: que cargan de dolor y angustia a muchas familias uruguayas. Se trata del problema representado por personas que un día salieron de su casa y que, por diversas razones, no regresaron más.

El de Silvia Fregueiro Yacobazo es un caso quizás emblemático. En diciembre de 1994 viaja desde su ciudad olimareña a Maldonado en busca de trabajo. Luego de algunos días surge un manto oscuro de incertidumbre y no hay respuesta. Silvia no vuelve al lugar del que salió. Su madre, sus hijos y demás familiares, así como sus amigos, salen a buscar datos, investigan, preguntan, acuden a las autoridades y golpean todas las puertas posibles. Las esperanzas se minan y la voluntad afloja. Todos los años, en diciembre, se la recuerda; su madre y los seres más queridos mantienen la lucha y la esperanza de conocer su destino.

Otro caso es el de Valerio Mancuello, un peón de campo. En febrero de 1998, la oscuridad de la noche en un establecimiento rural de Pirarajá se vuelve cómplice para que desaparezca. Hoy, su hija y su anciana madre siguen esperando una respuesta.

Por último, voy a mencionar el caso de Chigliasa, quien estuvo años trabajando en una empresa de bebidas y recorriendo los barrios y los pueblos de Treinta y Tres. Muy próximo a jubilarse, la enfermedad y la vejez lo cercan. Sale a hacer un mandado en la esquina, en un barrio de Maldonado, y no regresa. De esto hace ya algunos años.

¿Cuántos son los uruguayos, niños, adolescentes y mayores en esta situación? ¿Cuáles son las causas?

El 20 de setiembre -dentro de muy pocos días- se cumplirá un año de la creación del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, que funciona en la órbita del Ministerio del Interior y que el actual Ministro, doctor José Díaz, ha convalidado según resolución del 22 de marzo de 2005.

Dicho Departamento, que tuvo su origen en la falta de respuestas y ámbitos donde plantear y canalizar la búsqueda en casos como los mencionados anteriormente, trabaja con mucho entusiasmo, pero también con dificultades. Desde su creación cuenta con la dirección del Comisario psicólogo Robert Parrado, a quien lo acompañan el Subcomisario Pedro Jesús Montero, la asistente social Mariela Fernández, las licenciadas en psicología Vanesa Rodríguez y María Laura Meringolo, y la administrativa Paola Nardone Araújo.

Definimos como ausente a una persona que desaparece de los lugares habituales en los que vive y se desenvuelve sin haber dado a conocer su intención de hacerlo. Las ausencias pueden ser voluntarias o involuntarias; estas últimas se producen cuando las personas no tienen opciones y, de alguna manera, son obligadas a hacer eso y no pueden manifestarlo. Muchas pueden ser las causas de las ausencias: manipulación, seducción, engaños, conflictos familiares, acciones delictivas, etcétera.

Quisiera aportar algunos datos que graficarán la magnitud de la situación, para muchos desconocida. Hasta hoy, habiéndose iniciado el protocolo de registro y búsqueda de personas ausentes, 647 niños, niñas y adolescentes faltan de sus hogares, llámese INAU u hogar familiar. Estos son datos del interior del país.

Si a esto le sumáramos los adultos y los adultos mayores, las cifras treparían en forma considerable.

Como comentario quiero decir -seguramente es un dato no imaginado por los señores Diputados- que desde 1980 a la fecha, en Uruguay hay 481 personas sepultadas como NN, y que el trabajo para lograr identificarlas es muy arduo. Además, el caso más antiguo data de 1971.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se solicita al señor Diputado que redondee su pensamiento.

SEÑOR TOLEDO ANTÚNEZ.- Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio del Interior, al Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, a la Secretaría de la Presidencia de la República, a las Jefaturas de Policía del interior del país, a las Juntas Departamentales y a las Intendencias Municipales.

Antes de finalizar, quiero decir que todo el esfuerzo realizado no es suficiente y que se puede hacer más; bastaría con un mayor conocimiento de lo que se hace y con más coordinación entre los organismos públicos. Quizá también fuera bueno contar con el amparo de una ley.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

12.-      Conveniencia de que la proyectada planta destiladora de alcohol para la producción de biocombustibles se instale en Bella Unión, departamento de Artigas.

Tiene la palabra el señor Diputado Caram.

SEÑOR CARAM.- Señora Presidenta: en momentos en que el Poder Ejecutivo analiza una nueva política sucro-alcoholera y su consecuente y posterior producción de biocombustibles, entendemos que nuestro departamento de Artigas no puede quedar ajeno al tratamiento de este tema, porque Bella Unión es pionera en la producción de caña de azúcar; y cuando se habla de alcohol, en todo el mundo y en Uruguay se habla también de caña de azúcar.

En Bella Unión hace más de cuarenta años que se cultiva e industrializa caña para la producción de azúcar destinada al consumo humano. Y no es casualidad que en su momento la industria se instalara en esta zona, porque ella es, desde el punto de vista natural, una de las más ricas de todo el país, ya que reúne numerosas ventajas agroclimáticas en comparación con el resto del territorio nacional al tener una combinación de suelo y clima realmente privilegiada. Por otra parte, al reunir estas condiciones no solo es apta para el cultivo de caña de azúcar, sino para muchos otros cultivos; el área agrícola en que se realiza el cultivo tiene excelentes tierras, con riego sistematizado.

Bella Unión tiene su trayectoria agroindustrial, y seguramente esa combinación es la que más rédito ha dado a la actividad más noble, que es la agrícola. Cuando hacemos coincidir y reunir en una sola región la producción y la industrialización, se está materializando otro privilegio muy importante que tiene Bella Unión.

Este pueblo tiene una cultura de trabajo, de producción y de conocimiento del cultivo como nadie en ninguna otra región del país.

La planta industrial, con una capacidad de producción cuatro veces mayor a la que procesa hoy, está asentada en una región que tiene más de un cuarto de la población del departamento de Artigas. Básicamente, la actividad económica gira en torno a la producción de caña de azúcar y, de alguna forma, todas las otras actividades son consecuencia o derivadas de ese cultivo, ya sea por el proceso de reconversión productiva que se generó hace unos años o por el proceso industrial, con las empresas que conocemos, que generan productos conocidos en todo el Uruguay.

La inversión que ha realizado el país en Bella Unión es muy importante -lo cual reconocemos-, y se responde con la intensa actividad generada en la región. Hay una situación que es similar en todo el mundo, donde la producción de azúcar, aunque muchas veces es protegida con grandes subsidios, asegura el consumo interno y la actividad socioeconómica de una importante cantidad de compatriotas. En nuestro caso, se trata de una colectividad con un fuerte arraigo cultural vinculado a la producción e industrialización de la caña, con conocimientos que se adquieren cuando se desarrolla esta actividad pero que no se pueden recibir en ningún proceso de formación educativa; esto es un patrimonio cultural de la región y de nuestro país. El manejo del cultivo y de la industrialización es trasmitido de una generación a otra y, además, se ha incorporado mucha tecnología a todo el sistema agroindustrial, con profesionales especializados del mejor nivel en el país y la región, muchos de los cuales asesoran en el exterior, tanto a nivel de cultivo como de la industria azucarera o alcoholera.

Entendemos que no es necesario hacer referencia a la importancia social que tiene la permanencia y la ampliación del área de cultivo y su consecuente industrialización. Este es un aspecto conocido por todos, en el sentido de que hace a la propia existencia de esa zona del país. Es un hecho reconocido por nuestras autoridades, que son conscientes, que saben muy bien qué significa y que han generado una gran expectativa con anuncios orientados a alentar la producción de caña.

Por lo tanto, es conveniente recordar el tratamiento que se ha dado al tema a nivel del Poder Ejecutivo: en el discurso del 1º de marzo de 2005 del señor Presidente de la República, al asumir su cargo, menciona este tema como prioritario para su Gobierno; se habla de él en el Congreso de Ministros en Bella Unión; el señor Presidente se compromete a aumentar este año el área de siembra en 1.500 hectáreas. También están las palabras del señor Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en su visita a nuestro país, cuando hace referencia a la instalación de una planta destiladora de alcohol en Bella Unión, y las palabras del señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica, en Baltasar Brum, cuando dice que el dinero para la instalación de una planta ya viene en la panza de un barco.

Como Representante por nuestro departamento, queremos manifestar nuestro reclamo respecto a que se debe tener en cuenta a Bella Unión cuando se analiza la instalación de una destilería de alcohol para la producción de biocombustibles. Podemos realizar importantes aportes técnicos para la discusión del tema con profesionales reconocidos a nivel internacional. Tenemos todo lo necesario: tierra, riego, cultura de producción del cultivo, recursos humanos, bienes de capital y la planta industrial. Es válido recordar que el cultivo de caña de azúcar es biológicamente más eficiente en la producción de azúcares con respecto a todos los otros sacarígenos, y que hasta hace poco tiempo se llegaron a sembrar más de 10.000 hectáreas.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se solicita al señor Diputado que redondee su pensamiento.

SEÑOR CARAM.- En el marco de una nueva matriz energética, de una política sucro-alcoholera, funciona una Comisión de biocombustibles que tiene a su cargo un profundo análisis de estos temas. A esta Comisión dentro de pocos días se integrará un representante de nuestra zona para realizar aportes que seguramente enriquecerán la discusión y determinarán el lugar más adecuado para la instalación de la destilería.

No quisiéramos ingresar a analizar la conducta comercial y de pago de las dos empresas que operan en el ramo, porque tenemos información sobre el comportamiento de ambas y podemos afirmar que en este aspecto ninguna es mejor que la otra.

Desde nuestro lugar demandamos al Poder Ejecutivo que cumpla con los compromisos asumidos, y decimos que el lugar indicado para la instalación de la destilería de alcohol es la planta industrial de Bella Unión.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al señor Presidente de la República; a los señores Ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Industria, Energía y Minería; al Directorio de ANCAP; a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Artigas, y a la Junta Local Autónoma y Electiva de Bella Unión.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Ha finalizado la media hora previa.

13.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Carlos Maseda, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de setiembre de 2005, convocándose al suplente siguiente, señor Pablo Martins.

Del señor Representante Álvaro Vega Llanes, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de setiembre de 2005, convocándose al suplente siguiente, señor Tomás Sánchez.

Del señor Representante Juan José Bruno, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de setiembre de 2005. Habiéndose agotado la nómina de suplentes la Corte Electoral proclama nuevos suplentes y se convoca por el día 15 de setiembre al suplente siguiente, señor Jorge Lladó.

Del señor Representante Hermes Toledo, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 16 y 23 de setiembre de 2005, convocándose al suplente siguiente, señor Víctor Barragán.

Del señor Representante Álvaro Delgado, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de setiembre de 2005, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Martín Fernández.

De la señora Representante Silvana Charlone, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir al I Foro Parlamentario Iberoamericano, a realizarse en la ciudad de Bilbao, Reino de España, por el período comprendido entre los días 27 de setiembre y 6 de octubre de 2005, convocándose al suplente siguiente, señor Jorge Pandolfo".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 14 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente le solicito que de acuerdo a la Ley Nº 17.827, tenga a bien tramitar mi licencia por motivos personales por el día jueves 15 de setiembre de 2005.

Sin otro particular la saluda atentamente,

CARLOS MASEDA
Representante por Artigas".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Artigas, Carlos Maseda.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de setiembre de 2005.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de setiembre de 2005, al señor Representante por el departamento de Artigas, Carlos Maseda.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 15 de setiembre de 2005, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 77 del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Pablo Martins.

Sala de la Comisión, 15 de setiembre de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por el día 15 de setiembre del presente año, por motivos personales.

Asimismo solicito se convoque al suplente respectivo.

Sin más saluda atentamente,

ÁLVARO VEGA LLANES
Representante por Florida".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Florida, Álvaro Vega Llanes.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de setiembre de 2005.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de setiembre de 2005, al señor Representante por el departamento de Florida, Álvaro Vega Llanes.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 15 de setiembre de 2005, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Tomás Sánchez.

Sala de la Comisión, 15 de setiembre de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

"Montevideo, 1º de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia el día 15 de setiembre de 2005, por motivos personales.

Sin más, la saluda atentamente.

JUAN JOSÉ BRUNO
Representante por Durazno".

"Corte Electoral

Montevideo, 12 de setiembre de 2005

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
maestra Nora Castro

2902/2005

Señora Presidenta:

Pongo en su conocimiento que la Corte Electoral en acuerdo celebrado del día de hoy, visto que el Representante Nacional por el departamento de Durazno, Juan José Bruno electo por la hoja de votación número 2 del lema Partido Nacional, ha solicitado licencia por el período comprendido entre los días 13 y 15 del setiembre, y al haber declinado por esta vez la convocatoria los suplentes correspondientes, resolvió proclamar Representante Nacional al segundo candidato Sr. Jorge Lladó y suplentes a los señores Carlos Torres, Jorge Mejeses y Ana Laura Gadea. Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal desde el día de la fecha y por el término de la licencia concedida al Representante Nacional señor Juan José Bruno en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas en el artículo 116 de la Constitución de la República, por la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, con la redacción dada en su artículo primero, por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y por el inciso 3º del mismo artículo.

Saludo a la señora Presidenta con mi más distinguida consideración.

CARLOS A. URRUTY
Presidente

ALFONSO MARIO CATALDI
Secretario Letrado".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Durazno, Juan José Bruno por el día 15 de setiembre de 2005.

RESULTANDO: Que los suplentes correspondientes siguientes, señores Pablo Langone, Yamandú Triñanes y Daniel Landon, no aceptan por esta vez la convocatoria de que fueron objeto.

CONSIDERANDO: Que habiéndose agotado la nómina de suplentes la Corte Electoral a solicitud de la Cámara, proclamó a los señores Jorge Lladó, Carlos Torres y Jorge Mejeses y señora Ana Laura Gadea, como suplentes, lo que comunicó por Oficio Nº 2902/05, de 12 de setiembre de 2005.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de setiembre de 2005, al señor Representante por el departamento de Durazno, Juan José Bruno.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Durazno, por el día 15 de setiembre de 2005, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2, del Lema Partido Nacional, señor Jorge Lladó.

Sala de la Comisión, 15 de setiembre de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito a usted, se sirva concederme el uso de licencia por motivos personales entre los días 16 al 23 de setiembre de 2005.

Pido se convoque al suplente respectivo.

Saluda atentamente,

HERMES TOLEDO
Representante por Treinta y Tres".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Treinta y Tres, Hermes Toledo.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 16 y 23 de setiembre de 2005.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 16 y 23 de setiembre de 2005, al señor Representante por el departamento de Treinta y Tres, Hermes Toledo.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 4090 del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Víctor Barragán.

Sala de la Comisión, 15 de setiembre de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Nora Castro.

Presente.
De mi consideración:

Por la presente solicito licencia por motivos personales por el día 15 de setiembre de 2005 y se convoque a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saludo atentamente.

ÁLVARO DELGADO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Álvaro Delgado.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de setiembre de 2005.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de setiembre de 2005, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Álvaro Delgado.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 15 de setiembre de 2005, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 33 del Lema Partido Nacional, señor Martín Fernández.

Sala de la Comisión, 15 de setiembre de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2005.

Sra. Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro

Presente.
De mi mayor consideración:

Motiva la presente solicitud de licencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º literal C) de la Ley Nº 10.618 en la redacción dada por la Ley Nº 17.827, entre los días 27 de setiembre y 6 de octubre de 2005, a los efectos de concurrir en misión oficial al Foro Parlamentario Iberoamericano organizado por el Congreso y el Senado del Reino de España.

Sin más saludo a Ud. atentamente.

SILVANA CHARLONE
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2005.

Sra. Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria que me fuera realizada por esa Cámara para integrar dicho Cuerpo, no acepto por esta única vez.

Sin más saludo a usted muy atentamente.

Gabriel Courtoisie".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2005.

Sra. Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria que me fuera realizada por esa Cámara para integrar dicho Cuerpo, no acepto por esta única vez.

Sin más la saluda atentamente.

Jorge Mazzarovich".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Silvana Charlone, para participar en el I Foro Parlamentario Iberoamericano, a realizarse en la ciudad de Bilbao, Reino de España.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 27 de setiembre y 6 octubre de 2005.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto, los suplentes correspondientes siguientes, señores Gabriel Courtoisie y Jorge Mazzarovich.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Silvana Charlone, por el período comprendido entre los días 27 de setiembre y 6 de octubre de 2005, para participar en el I Foro Parlamentario Iberoamericano, a realizarse en la ciudad de Bilbao, Reino de España.

2) Acéptanse las renuncias presentadas, por esta única vez, por los suplentes siguientes, señores Gabriel Courtoisie y Jorge Mazzarovich.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90, del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Jorge Pandolfo.

Sala de la Comisión, 15 de setiembre de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

14.-     Aplazamiento.

——Se entra al orden del día.

En mérito a que no han llegado a la Mesa las respectivas listas de candidatos, si no hay objeciones corresponde aplazar la consideración del asunto que figura en primer término: "Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Primer Período de la XLVI Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución)".

(Murmullos)

——Si las señoras legisladoras y los señores legisladores me permiten, voy a desarrollar la sesión.

15.-      Pensión graciable.

El asunto que figura en segundo término del orden del día refiere al otorgamiento de una pensión graciable al señor Abel Soria Gil.

Corresponde tomar la votación por cédulas, la cual se efectuará a partir de este momento y hasta la hora 10 y 30. La Mesa recuerda a los señores legisladores que deben firmar las tirillas de los sobres y que el voto es secreto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111 de la Constitución de la República.

16.-     Convenio de Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana. (Aprobación).

Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Convenio de Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep.Nº405

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 16 de agosto de 2005.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con el Artículo 168, numeral 20) de la Constitución de la República, a fin de reiterar el mensaje de fecha 31 de diciembre de 2004, Asunto Nº 473a/04 que se adjunta, por el cual se solicitó la aprobación del Convenio de Santa Cruz de la Sierra Constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana, suscrito en la ciudad de La Paz, República de Bolivia, el 17 de junio de 2004.

Al mantenerse vigentes los fundamentos que en su oportunidad dieron mérito al envío de aquel mensaje, el Poder Ejecutivo se permite solicitar la pronta aprobación del mencionado instrumento multilateral.

El Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ, REINALDO GARGANO, MARIO BERGARA, JORGE BROVETTO.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Convenio de Santa Cruz de la Sierra Constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana, suscrito en la ciudad de La Paz, República de Bolivia, el 17 de junio de 2004.

Montevideo, 16 de agosto de 2005.

REINALDO GARGANO, MARIO BERGARA, JORGE BROVETTO.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 31 de diciembre de 2004.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7º) y 168, numeral 20) de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el "Convenio de Santa Cruz de la Sierra Constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana" que consta de preámbulo, 14 artículos y disposiciones transitorias.

El antecedente inmediato de este Acuerdo es el párrafo 5º de la Declaración de Bávaro, suscrita en ocasión de la XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que encargó al entonces Presidente de la República Federativa del Brasil, Fernando Henrique Cardoso para que luego de concluido su mandato, presidiera un grupo de trabajo que reflexionara sobre las medidas e iniciativas concretas, con los objetivos de conseguir una mayor cohesión interna en el seno de la Comunidad Iberoamericana y una amplia presencia en el ámbito internacional, que pudiera significar una mayor institucionalización del Sistema de Conferencias, considerando la posibilidad de elevar el rango de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB), para la creación de una Secretaría Permanente.

Con relación a la tarea encomendada, el ex Presidente brasileño presentó su informe en la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Santa Cruz de la Sierra, que decidió aprobarlo, expresando en esa ocasión los Jefes de Estado y de Gobierno su decisión de crear la Secretaría General Iberoamericana.

Finalmente, el texto que se adjunta al presente fue convenido en una reunión celebrada en mayo del 2004 en San José de Costa Rica en donde se decidió que quedara abierto a la firma de los estados miembros de la Conferencia Iberoamericana en la ciudad de La Paz, Bolivia.

El instrumento multilateral recoge la voluntad de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Iberoamericanos, de dar un impulso político y una adecuada institucionalización al Sistema de Conferencias Iberoamericano, que favorezca la cohesión interna en el seno de la Comunidad Iberoamericana y le de mayor presencia internacional y consistencia política y operativa.

En la Cumbre de Santa Cruz de la Sierra, se destacó que éste era un paso absolutamente necesario para el fortalecimiento de la identidad de la comunidad iberoamericana que tiene una base civilizadora de valores comunes.

El actual mecanismo de una Secretaria Pro-Témpore no garantiza estabilidad ni adecuado seguimiento de los temas. El perfeccionamiento de este mecanismo permitirá una mayor eficacia.

La nueva estructura contribuirá a focalizar mejor las reuniones de la Cumbre y permitirá optimizar sus resultados políticos.

El artículo 1º establece que se crea la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), organismo internacional dotado de personalidad jurídica propia y capacidad para celebrar los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con los principios y objetivos de la Conferencia Iberoamericana. La Secretaria General tendrá su sede en Madrid.

Los objetivos de la Secretaria General Iberoamericana están establecidos en el artículo segundo y son los siguientes:

a) Contribuir al fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana y asegurarle una proyección internacional.

b) Coadyuvar a la organización del proceso preparatorio de las Cumbres y de todas las reuniones iberoamericanas.

c) Fortalecer la labor desarrollada en materia de cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana, promoviendo la cooperación de conformidad con el Convenio de Bariloche.

d) Promover los vínculos históricos, culturales, sociales y económicos entre los países iberoamericanos, reconociendo y valorando la diversidad de sus pueblos.

Las funciones de la Secretaría General Iberoamericana serán fijadas en un Estatuto, que será aprobado por los Jefes de Estado y de Gobierno (artículo 3º).

También las funciones, competencias y el procedimiento de selección del Secretario General serán definidos en la normativa estatutaria de la Secretaría General Iberoamericana. No obstante, en el Convenio queda ya establecido que será nombrado por consenso por los Jefes de Estado y de Gobierno a propuesta de la Reunión Plenaria de Ministros de Relaciones Exteriores. Su mandato tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser renovado por una sola vez (artículo 4º).

También se prevé la creación de sendos cargos de Secretario Adjunto y un Secretario para la Cooperación Iberoamericana, nombrados por la Reunión Plenaria de Ministros de Relaciones Exteriores. Sus mandatos también tendrán una duración de cuatro años pudiendo ser renovados por una sola vez y sus funciones estarán definidas en la normativa estatutaria de la Secretaria General (artículo 5º).

La Secretaría General se financiará a través de contribuciones de los Estados miembros según la escala de cuotas que acordará la Reunión Plenaria de Ministros de Relaciones Exteriores con base en las recomendaciones formuladas por los Coordinadores Nacionales y los Responsables de Cooperación Iberoamericana (artículo 7º).

El Convenio tendrá una duración indefinida, pudiendo ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante notificación escrita al Depositario (artículo 12).

Se incluyeron dos Disposiciones Transitorias que se refieren al procedimiento de aprobación del Estatuto y a la creación de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana, la cual continuará ejerciendo sus funciones hasta la entrada en vigor del presente Convenio, cuando sus atribuciones sean asumidas por la Secretaría General Iberoamericana. A todos los efectos legales, la Secretaría General Iberoamericana sucede a la Secretaria de Cooperación Iberoamericana (SECIB) en sus derechos y obligaciones.

Inspirado en el propósito de contribuir a la consolidación de la Comunidad Iberoamericana, mediante la institucionalización de una vigorosa Secretaría General Permanente, que contribuya a fortalecer la credibilidad del sistema y sea idónea para generar resultados tangibles, el Poder Ejecutivo manifiesta su interés en la aprobación legislativa del Acuerdo, haciendo propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, DIDIER OPERTTI, ISAAC ALFIE, JOSÉ AMORÍN.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Convenio de Santa Cruz de la Sierra Constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana, suscrito en la ciudad de La Paz, República de Bolivia, el 17 de junio de 2004.

Montevideo, 31 de diciembre de 2004.

DIDIER OPERTTI, ISAAC ALFIE, JOSÉ AMORÍN.

TEXTO DEL ACUERDO

Los Estados miembros de la Conferencia Iberoamericana

Considerando,

Que la I Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Guadalajara, en julio de 1991, constituyó la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno con la participación de los Estados soberanos de América y Europa de lengua española y portuguesa;

Que las afinidades históricas y culturales y la riqueza de nuestra expresión plural nos unen en torno al objetivo común de desarrollar los ideales de la comunidad iberoamericana con base en el diálogo, la cooperación y la solidaridad;

Que en las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno celebradas en Guadalajara, Madrid y Salvador, Bahía, de carácter fundacional, se reconoce que nuestra relación se basa en la democracia, en el respeto de los derechos humanos, a las libertades fundamentales, y se orienta por los principios de soberanía, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de cada Estado y por el derecho de cada pueblo a construir libremente en la paz, estabilidad y justicia su sistema político y sus instituciones;

Que la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno es la máxima instancia de la Conferencia Iberoamericana que se apoya en los acuerdos alcanzados durante las Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores, de los Coordinadores Nacionales y Responsables de Cooperación, así como en las reuniones ministeriales sectoriales del ámbito iberoamericano;

Que el Convenio para la Cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana suscrito en San Carlos de Bariloche, el 15 de octubre de 1995, estableció un marco institucional que regula las relaciones de cooperación entre sus miembros, con el propósito de dinamizar el progreso económico y social, estimular la participación ciudadana, fortalecer el diálogo y servir como expresión de la solidaridad entre los pueblos y los Gobiernos Iberoamericanos;

Que con el Convenio de Bariloche se impulsó un amplio número de programas de cooperación, así como la constitución de redes de colaboración entre instituciones de los Estados Iberoamericanos;

Que los Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos acordaron crear en la VIII Cumbre Iberoamericana de Oporto la Secretaría de Cooperación Iberoamericana;

Que en la IX Cumbre Iberoamericana, celebrada en la ciudad de La Habana, se adoptó el Protocolo al Convenio para la Cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana para la constitución de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB), el cual expresa la voluntad de los Jefes de Estado y de Gobierno de reforzar el marco institucional creado por el Convenio de Bariloche;

Que en la XII Cumbre Iberoamericana celebrada en Bávaro se acordó elaborar un estudio sobre medidas e iniciativas concretas para elevar el nivel de institucionalización de la Conferencia Iberoamericana, mejorar los mecanismos y procedimientos de cooperación, así como asegurarle mayor cohesión interna y proyección internacional;

Que es necesario contribuir a la mayor articulación y a una adecuada coordinación de los trabajos de las reuniones ministeriales sectoriales y los que realizan los organismos iberoamericanos reconocidos por la Conferencia Iberoamericana;

Que en la XIII Cumbre Iberoamericana celebrada en Santa Cruz de la Sierra, los Jefes de Estado y de Gobierno expresaron su decisión de crear la Secretaría General Iberoamericana;

Convienen lo siguiente:

Artículo 1º Creación de la Secretaría General Iberoamericana

Se crea la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), organismo internacional dotado de personalidad jurídica propia y capacidad para celebrar los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con los principios y objetivos de la Conferencia Iberoamericana.

La Secretaría General tendrá su sede en Madrid.

Artículo 2º Objetivos de la Secretaría General Iberoamericana

La Secretaría General Iberoamericana, como órgano de apoyo de la Conferencia Iberoamericana, tiene los siguientes objetivos:

a) Contribuir al fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana y asegurarle una proyección internacional.

b) Coadyuvar a la organización del proceso preparatorio de las Cumbres y de todas las reuniones iberoamericanas.

c) Fortalecer la labor desarrollada en materia de cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana, promoviendo la cooperación, de conformidad con el Convenio de Bariloche.

d) Promover los vínculos históricos, culturales, sociales y económicos entre los países iberoamericanos, reconociendo y valorando la diversidad de sus pueblos.

Artículo 3º Funciones

La Secretaría General Iberoamericana tendrá las funciones fijadas en su normativa estatutaria, que será aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno, a fin de dar apoyo institucional, en estrecha coordinación con la Secretaría Pro-Tempore, a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno y a las demás instancias de la Conferencia Iberoamericana.

Artículo 4º El Secretario General

La Secretaría General Iberoamericana contará con un Secretario General nombrado por consenso por los Jefes de Estado y de Gobierno a propuesta de la Reunión Plenaria de Ministros de Relaciones Exteriores. Su mandato tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser renovado por una sola vez. El Secretario General no podrá ser sucedido por una persona de la misma nacionalidad.

Las funciones, competencias y el procedimiento de selección del Secretario General serán definidos en la normativa estatutaria de la Secretaría General Iberoamericana.

Artículo 5º Del Secretario Adjunto y del Secretario para la Cooperación lberoamericana

La Secretaría General lberoamericana contará con un Secretario Adjunto y un Secretario para la Cooperación Iberoamericana, nombrados por la Reunión Plenaria de Ministros de Relaciones Exteriores. Sus mandatos tendrán una duración de cuatro años pudiendo ser renovados por una sola vez y sus funciones, competencias y procedimiento de selección estarán definidos en la normativa estatutaria de la Secretaría General.

En la selección del personal de la Secretaría General se garantizará la representación geográfica equitativa, el equilibrio de idioma, así como la incorporación de la perspectiva de género.

El Secretario General, el Secretario Adjunto y el Secretario para la Cooperación Iberoamericana deberán ser nacionales de países diferentes.

Artículo 6º Independencia en el cumplimiento de deberes

En el cumplimiento de sus deberes, el Secretario General, el Secretario Adjunto, el Secretario para la Cooperación Iberoamericana, así como el resto del personal de la Secretaría, no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún Gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Conferencia Iberoamericana, y se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la Conferencia.

Artículo 7º Financiación

La Secretaría General se financiará a través de las contribuciones de los Estados miembros, según la escala de cuotas que acordará la Reunión Plenaria de Ministros de Relaciones Exteriores con base en las recomendaciones formuladas por los Coordinadores Nacionales y los Responsables de Cooperación Iberoamericanos.

La Secretaría General Iberoamericana se regirá por las disposiciones de carácter financiero y presupuestario establecidas en su normativa estatutaria.

Artículo 8º Privilegios e inmunidades

La Secretaría General y su personal gozarán de los privilegios e inmunidades reconocidos en el Acuerdo de Sede entre la Secretaría General y el Estado anfitrión, además de aquellos internacionalmente reconocidos a los funcionarios de los Organismos Internacionales necesarios para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los ordenamientos jurídicos de los países miembros de la Conferencia Iberoamericana.

Artículo 9º Idiomas oficiales y de trabajo

Los idiomas oficiales y de trabajo de la Secretaría General serán el español y el portugués.

Artículo 10 Firma, ratificación y entrada en vigor

El presente Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados miembros de la Conferencia Iberoamericana en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Bolivia.

El presente Convenio será ratificado de conformidad con las normas internas de cada Estado Parte y entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el séptimo instrumento de ratificación.

Para el Estado que ratifique el Convenio después de haber sido depositado el séptimo instrumento de ratificación, el Convenio entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación

Artículo 11 Enmiendas

El presente Convenio podrá ser enmendado a propuesta de cualquier Estado Parte. Las propuestas de enmienda serán comunicadas al Secretario General quien las notificará a las demás Partes para su inclusión, por la Secretaría Pro-Témpore, en la agenda de la siguiente Cumbre.

Una vez aprobadas por consenso de los Jefes de Estado y de Gobierno, las enmiendas entrarán en vigor, para todos los Estados Parte de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 10.

Artículo 12 Duración y denuncia

El presente Convenio tendrá una duración indefinida, pudiendo ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante notificación escrita al Depositario.

La denuncia surtirá efecto, en relación con los programas y proyectos en curso, una vez transcurrido el plazo de un año desde la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Depositario.

El aviso de denuncia no eximirá de la obligación del pago de las cuotas pendientes.

Artículo 13 Interpretación

Las diferencias de interpretación de este Convenio serán examinadas por los Coordinadores Nacionales y elevadas, en su caso, a los Ministros de Relaciones Exteriores para la resolución por consenso de los Jefes de Estado y de Gobierno.

Artículo 14 Depositario

El presente Convenio, cuyos textos en español y portugués son igualmente auténticos, y sus instrumentos de ratificación se depositarán en los Archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Bolivia.

Disposiciones Transitorias

Primera. El Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana, previamente negociado por los Coordinadores Nacionales, será elevado por los Ministros de Relaciones Exteriores a la aprobación por consenso de los Jefes de Estado y de Gobierno en la XIV Cumbre Iberoamericana.

Segunda. La Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB) continuará ejerciendo sus funciones hasta la entrada en vigor del presente Convenio, cuando sus atribuciones sean asumidas por la Secretaría General Iberoamericana, de conformidad con el Convenio para la Cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana y el Protocolo al Convenio para la Cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana para la constitución de la SECIB.

A todos los efectos legales, la Secretaría General lberoamericana sucede a la Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB) en sus derechos y obligaciones.

La entrada en vigor del presente Convenio no afectará la continuidad de los programas de cooperación que se encuentren en ejecución entre los Estados Parte del Protocolo al Convenio para la Cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana para la constitución de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana.

Firmado en la ciudad de La Paz, Bolivia.

(SIGUEN FIRMAS)

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Convenio de Santa Cruz de la Sierra Constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana, suscrito en la ciudad de La Paz, República de Bolivia, el 17 de junio de 2004.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 7 de septiembre de 2005.

VÍCTOR VAILLANT
Presidente

SANTIAGO GONZÁLEZ BARBONI
Secretario".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑORA CHARLONE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA CHARLONE.- Señora Presidenta: el convenio que hoy nos ocupa ya tiene media sanción del Senado y fue aprobado por la unanimidad de sus miembros.

La creación de la Secretaría General Iberoamericana, que es lo que estamos tratando hoy, se realiza en el marco de la Conferencia Iberoamericana, que es un foro de consulta y de concertación política donde se reúnen anualmente Jefes de Estado y de Gobierno de las veintidós naciones de habla hispana y portuguesa de América Latina y Europa, cuyo objetivo es reflexionar sobre los desafíos del entorno internacional e impulsar la cooperación, la coordinación y la solidaridad regionales.

Este foro se inició en el marco de la conmemoración de los quinientos años de América, a instancias del Reino de España, y se planteó la iniciativa de convocar a una Cumbre Iberoamericana. Esta idea fue recogida por México, que propuso dar a la Cumbre un sentido político, con vistas a identificar espacios comunes para lograr una mayor coordinación y cooperación entre los países iberoamericanos.

En la primera Cumbre que se realizó en México se acordaron los objetivos de esta Conferencia Iberoamericana: examinar los grandes retos de las naciones iberoamericanas en un mundo en transformación; concertar las voluntades políticas de nuestras naciones para mejor afrontar esos retos, transformando el conjunto de afinidades históricas y culturales que ellas poseen en un elemento de unidad y desarrollo basado en el diálogo, la cooperación y la solidaridad; contribuir a un futuro de paz, bienestar e igualdad social, y, por último, constituir la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados soberanos de América y Europa de habla hispana y portuguesa.

De esta forma, se han venido realizando anualmente las Cumbres de Jefes de Estado en los diferentes países integrantes de la Conferencia. La temática central suele ser propuesta por el país anfitrión y en la Cumbre se delibera y se adoptan las declaraciones políticas del caso.

En cuanto al Convenio de Santa Cruz, que hoy nos ocupa, queremos decir que tiene su antecedente inmediato en el quinto párrafo de la Declaración de Bávaro, que se suscribió en la XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en República Dominicana. En esa ocasión se encargó al entonces Presidente de la República Federativa del Brasil, Fernando Henrique Cardoso -para luego de concluir su mandato presidencial-, que presidiera un grupo de trabajo para reflexionar acerca de las medidas e iniciativas concretas, con el objetivo de conseguir una mayor cohesión interna en el seno de la Comunidad Iberoamericana y de ampliar su presencia a nivel internacional.

Era necesaria una mayor institucionalización de este sistema de conferencias, y empieza a considerarse la posibilidad de elevar el rango de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana a una Secretaría General permanente.

El informe fue presentado en la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Santa Cruz de la Sierra en 2003, que decidió aprobarlo. En esa ocasión, los Jefes de Estado y de Gobierno expresaron su decisión de crear la Secretaría General Iberoamericana -asunto que hoy nos ocupa-, adoptándose el texto definitivo en 2004, en la XIV Cumbre, realizada en San José de Costa Rica.

En la Cumbre de Santa Cruz de la Sierra se destacó que este era un paso absolutamente necesario para el fortalecimiento de la identidad de la comunidad iberoamericana, que tiene una base civilizadora de valores comunes. Era necesaria una mayor institucionalización, ya que el actual mecanismo de la Secretaría Pro Tempore no garantizaba estabilidad ni un adecuado seguimiento de los temas. Se entiende que esta nueva estructura que se crea va a contribuir a focalizar mejor las reuniones de la Cumbre y que, naturalmente, permitirá optimizar los resultados políticos.

No voy a recorrer en general el articulado, que los señores Diputados tienen en sus carpetas, sino a referirme a algunos aspectos centrales.

El artículo 1º establece que se crea la Secretaría General Iberoamericana, organismo internacional dotado de personalidad jurídica propia y capacidad para celebrar los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con los principios y objetivos de la Conferencia Iberoamericana. La Secretaría General tendrá su sede en Madrid.

Los objetivos de la Secretaría General Iberoamericana son los siguientes: contribuir al fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana y asegurarle su proyección internacional; coadyuvar a la organización del proceso preparatorio de las Cumbres y de todas las reuniones iberoamericanas; fortalecer la labor desarrollada en materia de cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana, promoviendo la cooperación de conformidad con el Convenio de Bariloche, y promover los vínculos históricos, culturales, sociales y económicos entre los países iberoamericanos, reconociendo y valorando la diversidad de sus pueblos.

Las funciones y competencias, así como el procedimiento de selección del Secretario General, van a ser definidos en la normativa estatutaria de la Secretaría General Iberoamericana. Sin embargo, ya en el Convenio queda establecido que será nombrado por consenso de los Jefes de Estado y de Gobierno a propuesta de la Reunión Plenaria de Ministros de Relaciones Exteriores, con un mandato de cuatro años, renovable por una sola vez por otros cuatro años. Esta Secretaría General se va a financiar a través de las contribuciones de los Estados miembro, según la escala de cuotas que acordará la Reunión Plenaria de los Ministros de Relaciones Exteriores, con base en las recomendaciones formuladas por los coordinadores nacionales y los responsables de la cooperación iberoamericana.

Inspirados en el propósito de institucionalizar esta Secretaría General permanente a fin de que contribuya a la consolidación de la comunidad iberoamericana -ya vemos la importancia que tiene la institucionalización de los organismos en los distintos procesos y también en el MERCOSUR- y a fortalecer la credibilidad del sistema, como mecanismo idóneo para alcanzar los objetivos que se plantean, recomendamos al Cuerpo la aprobación del Convenio.

También queremos informar -este es un orgullo y un honor para el país- que la institucionalización plena de esta Secretaría se producirá al realizarse la XV Cumbre Iberoamericana en Salamanca, España, los días 14 y 15 de octubre, en la que va a ser proclamado el primer Secretario General, y por la unanimidad de los veintidós países que la integran se propone al contador Enrique Iglesias. De esta forma, además de crearse un elemento fundamental para el desarrollo de estas conferencias, tendremos el honor y el privilegio de que sea un uruguayo el designado por el voto unánime de todos los allí representados.

Con esto terminamos nuestro informe, y solo nos resta solicitar a la Cámara la aprobación de este Convenio.

(Murmullos)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- La Mesa solicita a los y a las integrantes del Cuerpo que tengan la amabilidad de suspender las reuniones, las charlas y los comentarios para poder escucharnos y pensar con toda la responsabilidad que nos corresponde.

Tiene la palabra el señor Diputado Enciso Christiansen.

SEÑOR ENCISO CHRISTIANSEN.- Señora Presidenta: hemos pedido la palabra para fundamentar nuestro voto afirmativo a la ratificación de este Convenio que viene a dar forma institucional a la Comunidad Iberoamericana de Naciones, a través de la constitución de su Secretaría General permanente. No se trata de un tema menor, desde que a partir de este instrumento se constituye un nuevo organismo internacional que viene a dar institucionalidad al iberoamericanismo.

Este es un gran paso en el derrotero histórico de nuestros pueblos, que hunde sus raíces aun antes de las luchas independentistas, con el surgimiento del "iberismo", aquel movimiento que los liberales portugueses y españoles emprenden reivindicando su identidad cultural en Europa y que tiene en la Constitución de Cádiz su punto de encuentro. Se trata de una Constitución que, desde el punto de vista filosófico, viene a amalgamar la modernidad política de las revoluciones francesa y norteamericana con la tradición cultural representada en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. La Constitución de Cádiz es un punto de encuentro, tomado como modelo tanto por los portugueses como por las nuevas Repúblicas americanas, que se constituye en una marca de identidad político-cultural de nuestros pueblos.

Es bueno recordar, por ejemplo, algún discurso magistral sobre el tema del latinoamericanismo pronunciado por Wilson Ferreira Aldunate, quien en su época de exilio hacía referencia a este bagaje político-cultural.

La historia de las naciones latinoamericanas es la historia de los encuentros y desencuentros. Los resabios de las luchas independentistas y la leyenda negra de la conquista española, por un lado, y la inequívoca identidad cultural y de origen de nuestras naciones, por otro, han sido los factores que han marcado esa historia.

A fines del siglo XIX estas concepciones encontradas hallan expresión en lo que son los antecedentes del panamericanismo, impulsado por los Estados Unidos. Así, en 1890, las naciones de la región formaron la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, que devino en la Unión Panamericana.

Por la misma época, el iberoamericanismo también comienza a surgir con fuerza, teniendo en el gran pensador portugués Oliveira Martins a uno de sus mayores impulsores. Es a impulso de este movimiento que, por primera vez desde la independencia de las Repúblicas americanas, se realiza en 1892 una conferencia entre estas naciones, conmemorando el cuarto centenario del descubrimiento de América, de la que participaron insignes pensadores de la época como el propio Oliveira Martins y Unamuno. De este movimiento iberoamericano forma parte nuestra generación del novecientos y, en particular, José Enrique Rodó y su obra "Ariel". En dicha conferencia nuestro país estuvo representado por don Juan Zorrilla de San Martín, quien en su discurso hizo referencia a "la gran Nación Iberoamericana".

En 1900 se pretendió dar continuidad a este esfuerzo integrador, convocando al Primer Encuentro Económico Iberoamericano. Esta convocatoria fracasó, en parte debido a que las potencias económicas y los ejes comerciales de la época estaban ya en otros centros de poder. Así, el movimiento que tuvo en Rodó su figura emblemática fue perdiendo fuerza y recibió su golpe de gracia con las consecuencias de la Guerra Civil española y la reconfiguración del mapa político mundial luego de la Segunda Guerra Mundial, ayudado por la constitución de la OEA.

Es a partir de 1989, con el fin de la Guerra Fría, que las formas de integración y cooperación trascienden la lógica de la confrontación ideológica para constituirse en mecanismos de impulso al desarrollo. Ese cambio se hace patente en nuestra región a partir de la transformación del Grupo de Contadora en el Grupo de Río. Tampoco es casualidad que por esta misma época se constituyera nuestro MERCOSUR.

Es entonces, en 1991, que se convoca a la primera Reunión Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Guadalajara, México, preparatoria de los festejos del quinto centenario del descubrimiento de América, "El encuentro de dos mundos", como se lo denominó. Desde entonces, y tras sucesivas reuniones cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, así como de responsables de cooperación y de Ministros de Relaciones Exteriores, se ha venido institucionalizando esta Conferencia Iberoamericana, que hoy asume su mayoría de edad con la creación de este importante organismo de integración y cooperación.

Apoyamos, pues, este importante paso, que viene a cumplir un anhelo anclado en nuestras profundas raíces históricas. En este caso, nuestra satisfacción es doble, dado que en esta histórica instancia, en un acto pleno de significación, se ha elegido para encabezar la Secretaría a un gran ciudadano uruguayo, nacido en España, quien durante tantos años ha sido la voz de los países latinoamericanos en el mundo: el contador Enrique Iglesias.

Creemos que este ámbito -la Secretaría General Iberoamericana- servirá de instrumento de cooperación y, por qué no, de solución de problemas concretos y coyunturales como, por ejemplo, el de la migración, con respecto al cual hoy hay alguna discusión con el Reino de España. Asimismo, hay que tener en cuenta los temas de educación, comerciales, económicos y culturales, que también deben tener su concreción en este ámbito tan importante.

En nombre de nuestro sector, Correntada Wilsonista, del Partido Nacional, expresamos nuestro apoyo a este proyecto y obviamente esperamos que el nuevo órgano tenga un buen desempeño en el futuro, por el bien de los países integrantes y del iberoamericanismo en general.

Muchas gracias, señora Presidenta.

17.-      Urgencias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por la señora Diputada Tourné y los señores Diputados José Carlos Cardoso, Washington Abdala, Cardozo Ferreira, Alonso y Posada.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de una sección de la Brigada de Caballería Nº 1, el 20 de setiembre de 2005, a efectos de participar en el Desfile de Caballería Gaucha Binacional a realizarse en la ciudad de Santana do Livramento, República Federativa del Brasil (Carpeta Nº 468/005)".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y uno en setenta y dos. AFIRMATIVA.

18.-      Desfile de Caballería Gaucha Binacional. (Se autoriza la salida del país de una Sección de la Brigada de Caballería Nº 1).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Desfile de Caballería Gaucha Binacional. (Se autoriza la salida del país de una Sección de la Brigada de Caballería Nº 1)".

(ANTECEDENTES:)

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio del Interior
Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 29 de agosto de 2005.

Señor Presidente de la Asamblea General,
Rodolfo G. Nin Novoa

El Poder Ejecutivo tiene el agrado de remitir el presente proyecto de ley, a efectos que ese Cuerpo conceda la autorización establecida en el numeral 12 del artículo 85 de la Constitución de la República, para que efectivos de nuestro Ejército participen en el Desfile de Caballería Gaucha Binacional que se enmarca en los festejos de la "Semana Farroupilha-Semana del Patrimonio", a celebrarse el día 20 de setiembre de 2005, en la ciudad de Santana do Livramento, República Federativa del Brasil.

La presente gestión se funda en los históricos lazos de integración que existen con la República Federativa del Brasil y en que tal participación constituirá para el Ejército Nacional un elemento más, de las múltiples actividades que desarrolla para la preservación y afianzamiento de su imagen institucional.

A tales efectos, se solicita autorización para la salida del territorio nacional, de una Sección de la Brigada de Caballería Nº 1.

Por los fundamentos expuestos, se solicita la atención de ese Cuerpo al proyecto de ley que se acompaña y cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General, atentamente.

TABARÉ VÁZQUEZ, AZUCENA BERRUTTI, JOSÉ E. DÍAZ, REINALDO GARGANO.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Autorízase la salida del territorio nacional, de una Sección de la Brigada de Caballería Nro. 1, el día 20 de setiembre de 2005, a efectos de participar en el Desfile de Caballería Gaucha Binacional, a realizarse en la ciudad de Santana do Livramento, República Federativa del Brasil.

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese y archívese.

AZUCENA BERRUTTI, JOSÉ E. DÍAZ, REINALDO GARGANO.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores, en sesión de hoy ha sancionado el siguiente proyecto de ley

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Autorízase la salida del territorio nacional, de una Sección de la Brigada de Caballería Nro. 1, el día 20 de setiembre de 2005, a efectos de participar en el Desfile de Caballería Gaucha Binacional, a realizarse en la ciudad de Santana do Livramento, República Federativa del Brasil.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 13 de setiembre de 2005.

ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO
Presidente

HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI
Secretario".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Setenta y cuatro en setenta y cinco. AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y cuatro en setenta y cinco: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR VARELA NESTIER.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y tres en setenta y cinco: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al aprobado por el Senado)

19.-     Urgencias.

——Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por la señora Diputada Tourné y los señores Diputados Cardozo Ferreira, Washington Abdala, José Carlos Cardoso, Posada y Alonso.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de una delegación compuesta por un Oficial Subalterno y veintisiete Cadetes de la Escuela Militar, desde el 5 y hasta el 18 de octubre de 2005, para participar en el Desfile a realizarse el 12 de octubre de 2005 con motivo de la Fiesta Nacional en el Reino de España".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y cinco en setenta y siete: AFIRMATIVA.

20.-      Fiesta Nacional en el Reino de España. (Se autoriza la salida del país de una delegación compuesta por un Oficial Subalterno y veintisiete Cadetes de la Escuela Militar).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Fiesta Nacional en el Reino de España. (Se autoriza la salida del país de una delegación compuesta por un Oficial Subalterno y veintisiete Cadetes de la Escuela Militar)".

(ANTECEDENTES:)

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio del Interior
Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 29 de agosto de 2005.

Señor Presidente de la Asamblea General,
Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo cumple en remitir el presente proyecto de ley, a efectos que ese Cuerpo conceda la autorización establecida en el numeral 12 del artículo 85 de la Constitución de la República, a fin de que una Sección, Escolta y Banderas del Ejército Nacional, concurran al Desfile a efectuarse el 12 de octubre de 2005, a rendir Honores con motivo de la Fiesta Nacional en el Reino de España, entre el 5 y el 18 de octubre de 2005.

Conforme surge de la invitación cursada por la Consejería de Defensa de la Embajada de España en Buenos aires, la misma comprende a una Sección, abanderado y escolta, en total entre veinticinco y treinta personas.

La autorización que se gestiona no ocasionará erogación alguna al Estado, pues los gastos de alojamiento y manutención del Personal, como también el transporte aéreo, se encontrarán a cargo del país anfitrión.

El Reino de España estima que la presente es una magnífica oportunidad para visualizar el común compromiso de ambos países, por una comunidad de historia, valores y futuro compartido.

Por los fundamentos expuestos, se solicita la atención de ese Cuerpo al proyecto de ley que se acompaña, cuya aprobación se encarece.

Saluda a usted atentamente.

TABARÉ VÁZQUEZ, AZUCENA BERRUTTI, JOSÉ E. DÍAZ, REINALDO GARGANO.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Autorízase la salida del país de una Sección, Escolta y Banderas del Ejército Nacional, compuesta por cuatro Oficiales y veinticuatro Personal Subalterno, a efectos de participar en el Desfile a realizarse el día 12 de octubre próximo, con motivo de la Fiesta Nacional en el Reino de España, entre el 5 y el 18 de octubre de 2005.

AZUCENA BERRUTTI, JOSÉ E. DÍAZ, REINALDO GARGANO.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha sancionado el siguiente proyecto de ley

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Autorízase la salida del país de una delegación compuesta por un Oficial Subalterno y veintisiete Cadetes de la Escuela Militar, a efectos de participar en el desfile a realizarse el día 12 de octubre próximo, con motivo de la Fiesta Nacional en el Reino de España, entre el 5 y el 18 de octubre de 2005.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 14 de setiembre de 2005.

ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO
Presidente

HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI
Secretario".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Setenta y cinco en setenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y cinco en setenta y seis: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR VARELA NESTIER.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y cinco en setenta y siete: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al aprobado por el Senado)

21.-     Convenio de Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana. (Aprobación).

——Continúa la discusión del asunto relativo a la aprobación del Convenio de Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana.

Tiene la palabra el señor Diputado Trobo.

SEÑOR TROBO.- Señora Presidenta: vamos a acompañar el proyecto de ley que fuera remitido por el Senado.

Nos parece que el paso que da la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno es importante para su institucionalización. Además, como se sabe, en la última reunión de esa Conferencia se resolvió por unanimidad proponer al contador Enrique Iglesias para ocupar la Secretaría General de la Conferencia Iberoamericana.

Se trata de un uruguayo, de un compatriota del que todos nos sentimos orgullosos, que ha desarrollado una gran gestión como Canciller de la República en oportunidad del restablecimiento democrático y una impecable labor a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo. Tuvo la responsabilidad de conducir un cambio cualitativo dentro del organismo, al que buscó comprometer en los temas de desarrollo social y en el financiamiento de las infraestructuras para el desarrollo de la comunidad. Asimismo, buscó estimular la responsabilidad que los Estados tienen en la formulación de políticas económicas sanas, responsables, no voluntaristas y dirigidas al crecimiento de la economía como elemento sustantivo para el desarrollo social.

Es, entonces, gratificante esta instancia en la que aprobamos este Convenio, no solamente por el hecho de que la Conferencia Iberoamericana constituye un puente entre América, España y Portugal, sino también porque en lo referente a las instituciones se termina de consagrar una asociación que existe en función de factores culturales y de identidades comunes. Es por ello que este paso nos parece importante. Sin perjuicio de ello, queremos hacer otra reflexión.

Este es otro organismo internacional que se crea y reúne a los países de la región. Desde hace unos cuantos años, el Grupo de Río tiene una estructura de funcionamiento permanente y ahora se establece un mecanismo de integración latinoamericano con cooperación de dos países europeos. Creo que debemos trasmitir a la opinión pública, no solo nuestra voluntad de integrarnos en organizaciones o estructuras supranacionales como esta, sino también de que ellas sean eficaces en su funcionamiento. Aspiramos a que esto ocurra con la Secretaría General Iberoamericana y a que la conducción del contador Iglesias la encamine hacia una estructura que funcione, que sea poco burocrática, que tenga pocos costos y, además, que sea eficaz en el cumplimiento de los compromisos que los países han asumido en cada una de las cumbres, sobre todo la celebrada en 1996 en Viña del Mar. Esta fue una reunión muy importante, a la que asistieron todos los Jefes de Estado de los países de Iberoamérica, y allí se aprobó un compromiso de gobernabilidad, democracia y participación. En ese compromiso hay elementos que son sustantivos para el desarrollo democrático de nuestros países, y algunos de sus capítulos están vinculados con la participación política plural en la sociedad para asumir las responsabilidades.

América Latina tiene un déficit democrático en algunos de sus países, y la Conferencia Iberoamericana tendrá la responsabilidad, en la práctica, de revisar la vigencia de los acuerdos a los que llegó anteriormente y también de hacer un seguimiento del cumplimiento de esos acuerdos.

Tenemos la esperanza de que este sea, no un organismo burocrático más, sino un ámbito de concertación, con bajos costos y gran eficiencia, así como también de que se revisen, analicen y actualicen los acuerdos asumidos y de que todos los países de Latinoamérica cumplan plenamente, en particular, con el acuerdo de Viña del Mar, en el que se reconoce la necesidad de que exista pluralidad política en todos los países de la región. Los señores Representantes y el mundo entero saben que no todos los países de Latinoamérica cumplen con la regla de la participación política plural necesaria para el verdadero sustento de una democracia.

Además, creo que la oportunidad es propicia para plantear a la Cámara una propuesta que formularemos en un proyecto de resolución. Cumplida la gestión del contador Enrique Iglesias como Presidente del BID, es un buen momento para que la Cámara le haga un reconocimiento público y realice una sesión especial en la que demos a este compatriota, hijo de inmigrantes, nuestro aplauso y reconocimiento por la tarea que ha cumplido, además de expresar el orgullo que nos ha hecho sentir a los uruguayos por haber ocupado con eficiencia un cargo de gran responsabilidad durante los últimos años.

En este sentido, en la instancia en que se institucionaliza la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, en la que sabemos que su primer Secretario General, surgido de este acuerdo, será nuestro compatriota Enrique Iglesias, la oportunidad es propicia para que la Cámara asuma el compromiso de rendirle un reconocimiento en vida, porque ha sido mucho lo que ha hecho. Y seguramente desde esta nueva posición, importante también, será mucho lo que hará por Iberoamérica y -¿por qué no decirlo?- por Uruguay, por ese especial aprecio que le tiene.

Muchas gracias.

22.-      Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Tabaré Hackenbruch, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por los días 15, 18, 19 y 27 de setiembre y 4 a 6, 11 a 13 y 18 a 20 de octubre de 2005, convocándose al suplente siguiente, señor Julio M. Musetti.

De la señora Representante Nora Castro, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir al I Foro Parlamentario Iberoamericano, en su calidad de Presidenta de la Cámara de Representantes, a realizarse en la ciudad de Bilbao, Reino de España, por el período comprendido entre los días 27 de setiembre y 4 de octubre de 2005, convocándose a la suplente siguiente, señora Beatriz Costa".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y ocho en setenta: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 15 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.


De mi mayor consideración.

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por los días 15, 18 y 19 de setiembre inclusive.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI
Representante por Canelones".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi mayor consideración.

Por la presente comunico a usted que por esta única vez no he de aceptar la convocatoria a integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Heber Duque".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi mayor consideración.

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por el día 27 de setiembre del presente año.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI
Representante por Canelones".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi mayor consideración.

Por la presente comunico a usted que por esta única vez no he de aceptar la convocatoria a integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Heber Duque".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi mayor consideración.

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por los días 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de octubre del año en curso.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI
Representante por Canelones".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi mayor consideración.

Por la presente comunico a usted que por esta única vez no he de aceptar la convocatoria a integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Heber Duque".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Tabaré Hackenbruch.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por los días 15, 18, 19 y 27 de setiembre y 4 a 6, 11 a 13 y 18 a 20 de octubre de 2005.

II) Que por esta única vez no acepta las convocatorias de que ha sido objeto el suplente siguiente, señor Heber Duque.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por los días 15, 18, 19 y 27 de setiembre y 4 a 6, 11 a 13 y 18 a 20 de octubre de 2005, al señor Representante por el departamento de Canelones, Tabaré Hackenbruch.

2) Acéptase por esta única vez la renuncia presentada por el suplente siguiente, señor Heber Duque.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por los días mencionados, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2005 del Lema Partido Colorado, señor Julio M. Musetti.

Sala de la Comisión, 15 de setiembre de 2005

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2005.

Señora Vicepresidenta de la
Cámara de Representantes,
Beatriz Argimón.

Presente.
De mi consideración:

Solicito a usted, licencia en carácter de misión oficial por el período comprendido entre el 27 de setiembre y el 4 de octubre inclusive del presente año, a efectos de asistir al Primer Foro Parlamentario Iberoamericano en la ciudad de Bilbao.

Saluda a usted, muy atentamente.

NORA CASTRO
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por la señora Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca.

Sin más, saluda atentamente.

Julio Battistoni".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Nora Castro, para participar en su calidad de Presidenta de la Cámara de Representantes, en el I Foro Parlamentario Iberoamericano, a realizarse en la ciudad de Bilbao, Reino de España.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 27 de setiembre y 4 octubre de 2005.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto, el suplente correspondiente siguiente, señor Julio Batisttoni.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, en su calidad de Presidenta de la Cámara de Representantes, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Nora Castro, por el período comprendido entre los días 27 de setiembre y 4 de octubre de 2005, para participar en el I Foro Parlamentario Iberoamericano, a realizarse en la ciudad de Bilbao, Reino de España.

2) Acéptase la renuncia presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente, señor Julio Battistoni.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señora Beatriz Costa.

Sala de la Comisión, 15 de setiembre de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

23.-     Convenio de Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana. (Aprobación).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: en nombre del Partido Independiente, quiero expresar mi total acuerdo con este proyecto de ley a través del cual nuestro país consagrará la aprobación del Convenio que crea la Secretaría General Iberoamericana.

Este Convenio determina notoriamente el fortalecimiento de los lazos y vínculos que unen a las naciones de Iberoamérica, ya que da a la comunidad iberoamericana una estructura administrativa. Sin duda, ello redundará en un mejor relacionamiento histórico, cultural, social y aun económico, lo cual supone la consolidación a la que nos referíamos.

Además, no puede pasar inadvertido el hecho de que el primer Secretario General será el contador Enrique Iglesias, un compatriota que se ha destacado y se sigue destacando como Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, al frente del cual ha realizado una gran gestión, reconocida por todos los países que conforman el organismo. Por lo tanto, es realmente una distinción para el Uruguay que él ocupe ese cargo.

Por cierto, creo que es muy oportuno el planteamiento que formuló el señor Diputado Trobo. Dada la designación del contador Enrique Iglesias al frente de la Secretaría General Iberoamericana, es realmente un buen momento para tributarle el homenaje que se merece como embajador de nuestro país, un embajador permanente en la medida en que ha representado los intereses y la cultura de Uruguay en el mundo.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Setenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: solicito que la versión taquigráfica de este debate sea enviada a la Secretaría General Iberoamericana, a la Oficina del BID en Montevideo y a la Presidencia del BID en Washington.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Setenta y tres en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

SEÑORA CHARLONE.- ¿Me permite, señora Presidenta?

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA CHARLONE.- Solicito que el proyecto sancionado se comunique de inmediato.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y tres en setenta y cinco: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al aprobado por el Senado)

——La Mesa tiene el gusto de informar que en el día de hoy estamos celebrando un aniversario. Hoy es el cumpleaños -no voy a decir cuántos años cumple, aunque son muchos- del colega y compañero Diputado Guillermo Chifflet.

(Aplausos)

SEÑOR CHIFFLET.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señora Presidenta: agradezco a los colegas. Es un acto de fraternidad que se da inclusive entre adversarios. De todas formas, les quiero decir que desde hace tiempo en estas fechas hago un minuto de silencio.

24.-      Ramón Joaquín Vinci Bosco. (Designación al Hogar de Ancianos de la ciudad de Salto).

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Ramón Joaquín Vinci Bosco. (Designación al Hogar de Ancianos de la ciudad de Salto)".

(ANTECEDENTES:)

Rep.Nº 368

"PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Desígnase "Don Ramón Joaquín Vinci Bosco," al Hogar de Ancianos de la ciudad de Salto, dependiente del Ministerio de Salud Pública.

Montevideo, 9 de agosto de 2005.

MANUEL MARÍA BARREIRO, Representante por Salto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 27 de febrero de 1955 quedó inaugurado oficialmente el "Hogar para Ancianos y Convalecientes" en la ciudad de Salto, luego de la reparación, adaptación y modificación establecidas al vetusto edificio de Lazareto, construido en el año 1887 al impulso del Jefe Político y de Policía del departamento, entonces Coronel Don Teófilo Córdoba.

Por espacio de muchos años, el Lazareto cumplió su misión de centro de aislamiento para los enfermos infecto-contagiosos. Durante varias décadas, su abandono lo fue convirtiendo casi en ruinas, hasta que -desde su cargo de Administrador del Hospital Regional Salto- Don Ramón Vinci proyectó transformar aquellas paredes semidestruidas en un hogar para los ancianos desvalidos, fundamentalmente aquellos sin familiares ni medios de vida, un refugio para aquellos viejecitos vencidos por los años.

Su iniciativa y perseverante dedicación, a la que se sumó el generoso aporte privado y el apoyo que desde la titularidad del Ministerio de Salud Pública otorgó el doctor Federico García Capurro, permitieron que una obra de ese tipo fuera la primera en levantarse en el interior del país.

Una conceptuosa exposición realizada en la anterior Legislatura de la Junta Departamental de Salto por el entonces Edil Antonio Bordagaray Duarte, elevada a este Legislador y a la Comisión de Salud Pública de esta Cámara, propone que el Hogar de Ancianos dependiente del Centro Departamental de Salud Pública de Salto lleve el nombre de Ramón Vinci.

Don Ramón Joaquín Vinci Bosco nació en Salto el 16 de julio de 1910. Egresado del Instituto Normal de Montevideo ejerce el Magisterio desde 1928 al 33, declarado entonces cesante por el régimen de Gabriel Terra. En 1938 inicia su actividad periodística siendo Director del diario "La Campaña" y luego fundador de "El Imparcial".

Dirige CW 23 Radio Cultural desde 1939. En 1946 es designado Inspector de la Administración de Loterías dependiente entonces del Ministerio de Salud Pública, cargo que lo convierte en 1953 en Administrador de los Centros Asistenciales del Departamento. Al año de ocupar el cargo impulsa y funda el Hogar de Ancianos. Ese mismo año es electo Consejal Departamental, cargo que no ocupó manteniéndose hasta su renuncia en 1959 en aquel cargo administrativo. Nuevamente electo Consejal en 1962 ejerce la Presidencia del Cuerpo Ejecutivo Salteño desde mayo de 1964 como consecuencia del fallecimiento del arquitecto Armando I. Barbieri. Es electo Intendente Municipal de Salto por el período 1966-1971.

Fue también Presidente del Comité Delegado del Consejo del Niño, Presidente de la Comisión Citrícota de Salto y miembro del Comité Internacional para la construcción de la Represa de Salto Grande, presidiendo la Delegación Uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de la misma desde 1985 a 1990.

Falleció el 30 de setiembre de 1990 rodeado del reconocimiento y el afecto de su pueblo, fundamentalmente de los más necesitados a quienes dedicó los mayores esfuerzos durante su dilatada actividad pública.

Señora Presidenta: Estamos compartiendo e impulsando la iniciativa de designar el Hogar de Ancianos del Ministerio de Salud Pública de la ciudad de Salto con el nombre de Don Ramón Joaquín Vinci Bosco, como humilde reconocimiento a su labor en pos de su concreción, y como homenaje a una vida dedicada siempre a aquellos semejantes que necesitaban más ayuda y protección.

A tales efectos estamos elevando el correspondiente proyecto de ley para su tratamiento en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de ésta Cámara que -de estimar procedente la iniciativa- permitirá culminar un acto de estricta justicia para con su persona.

Montevideo, 9 de agosto de 2005.

MANUEL MARÍA BARREIRO, Representante por Salto".

Anexo I al
Rep. Nº 368

"Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración

I N F O R M E

Señoras y señores Representantes:

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración recomienda al pleno de la Cámara de Representantes la aprobación del proyecto de ley por el que se designa "Ramón Joaquín Vinci Bosco" el Asilo de Ancianos de Salto.

Ramón Joaquín Vinci nació en Salto el 16 de julio de 1910. Culminados sus estudios secundarios ingresó al Instituto Normal. Desempeñó luego el magisterio en diversas escuelas públicas del departamento de Artigas hasta que, instalada en el país la dictadura de Gabriel Terra, fue destituido por motivos políticos.

En el año 1938 inicia sus actividades periodísticas en el diario "La Campaña", luego en "El Imparcial", y en "Radio Cultural", pasando en 1939 a formar parte de la sociedad de ésta última.

Siempre vinculado al Partido Colorado, ocupa diversos cargos electivos de carácter municipal hasta que, en las elecciones de 1966 es electo Intendente Municipal de Salto.

Hombre profundamente vinculado con su medio, fue Presidente del Club de Leones, Presidente de la Comisión Citrícola de Salto e integrante del Comité Internacional para la Represa de Salto Grande.

Gracias al tesón de Ramón Joaquín Vinci Bosco, el vetusto y derruido lazareto salteño fue convertido en el Hogar de Ancianos de Salto.

Nada más justo entonces, que el referido asilo lleve el nombre de quien tanto hizo por su existencia.

Sala de la Comisión, 31 de agosto de 2005.

JORGE ORRICO, Miembro Informante, ÁLVARO ALONSO, GUSTAVO BORSARI BRENNA, JAVIER CHA, LUIS ALBERTO LACALLE POU, ÁLVARO F. LORENZO, JAVIER SALSAMENDI, DAISY TOURNÉ.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Desígnase "Ramón Joaquín Vinci Bosco", el Hogar de Ancianos de la ciudad de Salto, dependiente del Ministerio de Salud Pública.

Sala de la Comisión, 31 de agosto de 2005.

JORGE ORRICO, Miembro Informante, ÁLVARO ALONSO, GUSTAVO BORSARI BRENNA, JAVIER CHA, LUIS ALBERTO LACALLE POU, ÁLVARO F. LORENZO, JAVIER SALSAMENDI, DAISY TOURNÉ".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señora Presidenta: en primer lugar, creo que es necesario destacar la actuación que tuvo el señor Diputado Barreiro, proponente de este proyecto. En mis once años en la Cámara no había visto algo tratado con tanta prolijidad como este proyecto de ley. El señor Diputado no solo vino personalmente a informarnos acerca de las razones por las que consideraba que había que designar con el nombre de Ramón Vinci al Hogar de Ancianos de la ciudad de Salto, sino que nos entregó un dossier con artículos de prensa y otros elementos que permitieron a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración tomar esta decisión con absoluta convicción y mucha claridad.

Creo que a veces tomamos muy a la ligera el hecho de poner nombres a las instituciones. Esos nombres quedan allí y es importante que quienes tuvimos esa responsabilidad, la hayamos asumido con todos los elementos con que se podía contar.

Ramón Vinci estuvo siempre profundamente vinculado al departamento de Salto. Nació allí en el año 1910. Se dedicó a la docencia; era maestro. Fue un hombre profundamente demócrata y consustanciado con las ideas batllistas. Sostener dichas ideas le trajo como consecuencia que la dictadura de Terra, al instaurarse en 1933, lo destituyera como maestro.

Como a veces pasa en la vida, de pronto la dictadura le hizo un favor. Eso le permitió desarrollarse en otros niveles de actividad, en los que realmente descolló. Fue un hombre profundamente vinculado al periodismo. En algún momento fue la personalidad principal y uno de los propietarios de ese fenómeno tan particular que fue para la radiotelefonía nacional la Radio Cultural de Salto.

Además, su militancia política lo llevó a ocupar distintos cargos, que culminó cuando fue electo Intendente Municipal de Salto.

Fue un hombre vinculado a todo el quehacer salteño. También formó parte del Club de Leones y de otras organizaciones.

A partir de un lazareto que estaba prácticamente abandonado, construyó hace muchos años un asilo de ancianos del que todavía sigue gozando la población salteña.

Los recortes periodísticos que leímos destacaban que fue gracias a la constancia, al tesón y al trabajo de don Ramón Vinci que ese lazareto derruido se transformó en un excelente asilo de ancianos.

Por lo tanto, esta denominación aparece como una cuestión muy justa.

Por último, deseo finalizar por donde empecé: destacando la gran claridad que tuvo la Comisión en cuanto a lo que estaba haciendo, gracias a la actividad y a la actitud del señor Diputado proponente.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Barreiro.

SEÑOR BARREIRO.- Señora Presidenta: tanto en la exposición de motivos que acompañó el proyecto de ley que presentamos en la Cámara como en nuestra comparecencia ante la correspondiente Comisión -a cuyos integrantes agradecemos la favorable y unánime acogida que tuvo esta norma- destacamos la trayectoria pública de don Ramón Joaquín Vinci en el departamento de Salto.

Ya ha sido mencionado que ocupó importantes cargos públicos. Además de administrador del Centro Departamental de Salud, cargo desde el cual impulsó la creación del Hogar de Ancianos -que es el tema que nos ocupa en el día de hoy-, fue Concejal departamental, Intendente Municipal de Salto y Presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

Pero no es esa destacada labor la que nos impulsó a presentar este proyecto de ley, sino una que está mucho más cerca de las necesidades de la gente: la creación del Hogar de Ancianos en el año 1955, primer Hogar de Ancianos del interior del país, localizado en la ciudad de Salto.

En la documentación que aportamos a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración figura una publicación de la época, de los funcionarios de Salud Pública, quienes hacen referencia a este hecho importante en la historia de la salud pública de Salto.

Dice así: "La 'Voz del Funcionario de Salud Pública', se adhiere en forma total y sincera a la obra emprendida por las autoridades del Centro Departamental de Salud Pública de Salto, con la eficiente colaboración material de comerciantes y amigos de tan digna causa, con motivo de la reciente inauguración del Hogar de Ancianos de esa prestigiosa ciudad. No podía este órgano periodístico, permanecer en silencio ante una obra tan generosa, útil, humana y provechosa, sin exponer su simpatía y su franca adhesión, máxime cuando se han puesto de manifiesto voluntades, esfuerzos de autoridades y particulares en tan magna y dignísima obra [...]".

Más adelante, continúa diciendo: "También nuestro homenaje a todos los colaboradores materiales y morales que han aportado su esfuerzo para que esta altruista obra, idea de nuestro dilecto amigo Sr. Ramón J. Vinci, cristalizase para bien de tantos menesterosos y desvalidos".

Seguidamente, expresa: "Los hombres se continúan, la historia queda. Pero hay hombres que quedan en la historia de los pueblos y ciudades, cuando dan a estas todo su dinamismo y ponen el impulso de su voluntad al servicio de los pueblos.- En los pueblos y ciudades de tierra adentro, se destacan hombres de un espíritu especial para la lucha por el bienestar colectivo y para el engrandecimiento social.- [...] Y en Salto esa hermosa ciudad del litoral, acariciada por el majestuoso Uruguay, donde el vértigo de las grandes metrópolis está contagiando su verbo agitado y exhaustivo, Ramón J. Vinci, el Administrador del Centro Departamental de Salud Pública de Salto, Hospital Regional del Norte y Director de la CW 23 Radio Cultural de Salto, es posiblemente el hombre más apreciado y conocido de esa ciudad. Se le conoce por su dinamismo, y por sus virtudes de excepción de hombre emprendedor, inteligente, ágil, voluntarioso, para el cual no hay nada difícil ni imposible.- [...] A su tesonero esfuerzo se le debe la obtención de importantes donaciones para el mejoramiento y remozamiento del establecimiento asistencial que administra y la ejecución de las importantes obras realizadas en este Centro de Salud Pública, la habilitación del vetusto y derruido Lazareto, convertido en el Hogar de Ancianos de Salto, donde se cobijan desvalidos seniles y enfermos crónicos [...].- En cuanto a su función de Administrador del Centro Departamental, merece los más plausibles elogios y ha aportado su sapiencia y su experiencia para que los servicios que presta tan importante casa de salud, sean cada día más eficientes, más completos de acuerdo a las exigencias de la terapéutica moderna. No podemos dejar estas líneas sin expresar nuestra satisfacción por tener la burocracia tan elocuente elemento de seguridad para la salud pública y felicitar a las autoridades competentes por contar con tan destacado y eficiente colaborador".

Señora Presidenta: creemos que es un acto de estricta justicia la designación del Hogar de Ancianos dependiente del Centro Departamental de Salud Pública de Salto con el nombre de don Ramón Joaquín Vinci Bosco. En tal sentido, agradecemos el informe que ha brindado la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de esta Cámara, que aconseja la aprobación del proyecto que nos aprestamos a votar en el día de hoy.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Batalla.

SEÑOR BATALLA.- Señora Presidenta, señores Diputados: no podemos permanecer ajenos cuando se propone el nombre de don Ramón J. Vinci para designar al Hogar de Ancianos de Salto.

Tenemos que destacar que don Ramón J. Vinci -como lo conocíamos todos- fue un hombre que siempre estuvo al servicio de la gente, como Director del hospital, como político, como integrante del Concejo Departamental -allá por los años 1959, 1960 y un poco más- y después como Intendente, con la nueva Constitución de 1966.

Este hombre ocupó diversos cargos, pero no dejó de estar en contacto con la gente que lo seguía; esto hay que reconocerlo. Era un hombre que hacía permanentemente aquello que distingue a la persona con el nombre de "gaucho"; don Ramón J. Vinci hacía muchas gauchadas, como decimos en el campo.

Su papel como político es conocido, pero queremos destacar el papel que jugó la Radio Cultural de Salto, CW 23, bajo su dirección. Esa radio estuvo permanentemente al servicio de la gente. Podía ir cualquiera, aunque más no fuera con una armónica en el bolsillo, y le pedía permiso para tocar, para pasar unos avisitos y hacerse de unos pesos, ya que don Ramón siempre le decía que sí. Esas cosas no son muy comunes.

También quiero destacar el papel que jugó la radio CW 23 en la época negra de la dictadura. Todos los días esta emisora hacía referencia a aquello por lo que estábamos pasando, pero también a lo que se añoraba: el advenimiento de la democracia.

Fue muy importante el papel que jugó esa radio y, por supuesto, su Director, quien en ningún momento permitió que se dejaran de decir las cosas que tanto bien nos hacían cuando andábamos trabajando de mañana y escuchábamos Radio Cultural; a veces estábamos trabajando y a veces haciendo algunas cosas que hoy se pueden decir, pero en aquel momento no.

Nosotros adherimos -y creo que todo el pueblo de Salto también- a esto que con seguridad se va a votar. No tenemos más que alegrarnos de que se reconozcan las virtudes de este, para nosotros, gran hombre.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Machado.

SEÑOR MACHADO.- Señora Presidenta: queremos adherir a este homenaje que realiza la Cámara a través de la votación afirmativa de este proyecto de ley, que consideramos de estricta justicia.

Además, queremos decir que la figura de don Ramón Vinci trascendió los límites del departamento de Salto. Fue una figura verdaderamente vigorosa e influyente en toda la región norte del país. Se destacó como un maestro que tuvo una actitud valiente y decidida frente a la dictadura de Terra y por sus fuertes convicciones democráticas y su profundo amor a la libertad. Luego, su trayectoria como político fue verdaderamente destacada, y no solo honró las filas de nuestro Partido Colorado, sino que fue de esas figuras que prestigian al sistema político uruguayo. Como gobernante tuvo una profunda sensibilidad social, volcando su esfuerzo y su acción a favor de quienes más lo necesitaban. Prueba de ello es esta obra del Hogar de Ancianos, que verdaderamente apunta a solucionar el problema de la gente que en la tercera edad a veces no tiene ni siquiera dónde vivir y está abandonada, por las circunstancias de la vida o por la familia, y encuentra en ese lugar un ámbito social donde pasar sus últimos años. Eso habla claramente de la disposición, del ánimo y de la perspectiva de este hombre que volcó su vida a realizar, con enorme esfuerzo, una obra social desde su departamento que, reitero, trascendió los ámbitos departamentales.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Bentancor)

——Creo que este tipo de homenaje verdaderamente trata de dejar indeleble en el tiempo la acción de los hombres que han pasado por este mundo. El Parlamento hace muy bien en dejar marcadas a fuego las acciones que realizó don Ramón Vinci desde su departamento de Salto, como lo estamos haciendo hoy con la aprobación de este proyecto de ley.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y nueve en sesenta y uno: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR MACHADO.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y dos en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

25.-     Doctora Paulina Luisi. (Designación al Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: "Doctora Paulina Luisi. (Designación del Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 326

"CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Desígnase con el nombre de doctora Paulina Luisi, el Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 6 de julio de 2005.

RODOLFO NIN NOVOA
Presidente

HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI
Secretario".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA TOURNÉ.- Señor Presidente: esta Cámara ya supo hacer un gran reconocimiento a la doctora Paulina Luisi, primera médica uruguaya, al designar a la Sala 17 con su nombre. Por lo tanto, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, al informar este proyecto, recoge el mismo espíritu de la Cámara de Diputados, el mismo que reunió a la Cámara de Senadores al aprobar por unanimidad esta iniciativa que hoy tenemos a consideración, y recomienda al plenario la designación al Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell con el nombre de la doctora Paulina Luisi.

Creemos que la doctora Paulina Luisi ha sido una de las mujeres más brillantes de la historia uruguaya contemporánea, que en épocas adversas y difíciles para las mujeres reunió las condiciones para ser la primera médica del país.

Ya a los doce años Paulina estudiaba para ser maestra. Al poco tiempo comienza el segundo grado y luego el tercer grado de maestra. A pesar de que era una cosa rara que una mujer estudiara en aquella época, se decide por su vocación de médica e ingresa a la Facultad de Medicina en 1893, después de recibirse de maestra de segundo grado. En 1908 se transforma en la primera médica uruguaya.

No sé si cobramos conciencia de lo que era la sociedad de la época. Traje algunos artículos para ilustrar a los colegas. Por ejemplo, cuando en 1879 la señorita -como se decía en aquella época- Luisa Domínguez solicitó rendir exámenes de Bachillerato, el doctor Antonio Vigil, en representación del Consejo Universitario, contestaba a este pedido con las siguientes palabras: "Hacer cocido y hacer calceta: la olla y la aguja: he ahí el horizonte obligado de nuestras mujeres, cualquiera sea su posición social, sus tendencias y aptitudes". Esta era la lógica de aquellas épocas. Entonces, imaginen lo que representó el hecho de que una mujer ingresara a la Facultad de Medicina.

Hay un maravilloso artículo, un testimonio de Amalia Polleri, que quisiera traer a Sala porque demuestra la brutal fuerza interior que Paulina Luisi tenía al enfrentar los obstáculos que permanentemente se le ponían. Amalia Polleri decía: "Cuando Paulina Luisi estudió medicina tuvo seis años de lucha incesante, porque salvo el apoyo de los padres, sobre todo de la madre que era de origen polaco, toda la sociedad estuvo en contra, ¡cómo esa mujer, se mete ahí en la Facultad de medicina con hombres a ver cuerpos desnudos, a tocar enfermos, a auscultar, a palpar, cómo esa mujer se mete en esas cosas con compañeros hombres, qué vergüenza! qué van a pensar de ella y de la familia, que es una loca... todos los días encontraba un miembro masculino cortado en la túnica". También encontraba distintas pintadas en las paredes de la Facultad que repudiaban su presencia como mujer en ese recinto universitario.

Imagínense lo que fue la lucha de esa impresionante uruguaya para poder terminar con éxito su carrera universitaria con esta afrenta y violencia permanente ejercida sobre ella por ser mujer y atreverse, como mujer, a querer ser médica en esa época. Ahora nos resulta muy difícil concebir esas cosas, cuando en la matrícula universitaria hay un 63% de mujeres, pero en aquella época doña Paulina Luisi tuvo que enfrentar con fortaleza y convicción estos obstáculos, agresiones y violencia para recibirse de médica.

A pesar de estas cosas, después de estudiar y recibirse, en su diploma consta que Paulina Luisi fue exonerada del pago de derechos por resolución del Consejo Universitario de fecha 11 de marzo de 1908, como premio a las condiciones de inteligencia y carácter -no tengo dudas de que tenía carácter- reveladas durante sus estudios.

Creo que este proyecto, presentado por las señoras Senadoras Xavier, Percovich y Dalmás y aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores, tiene la virtud de articular esta condición de mujer luchadora por los derechos de la mujer, de feminista sufragista de primera época -con un enorme compromiso social y de justicia social-, con la condición de primera médica uruguaya.

El Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell hoy atiende a nuestras mujeres más humildes, las que aún padecen las cosas que Paulina denunciaba durante su vida, como la doble moral sexual del Uruguay, que sigue vigente, las condiciones de muerte por abortos de riesgo, que siguen vigentes, el desprecio y el incremento de las madres solteras de la época; hoy, el 27% de los nacimientos en el Hospital Pereira Rossell son de madres adolescentes, la gran mayoría de ellas sin pareja.

Me parece absolutamente pertinente que este Hospital reciba el nombre de esta gran uruguaya, la doctora Paulina Luisi.

Fíjense que ella, vanguardista como era, luego de hacer un estudio en París sobre dermatología y enfermedades venéreas, publica un aviso en la revista "Página Blanca", que dice: "Doctora Paulina Luisi.- Primera médica cirujana.- Especialista en enfermedades de señoras, niños y partos". Esa especialidad no existía y, sin embargo, ella la adopta, en una conducta vanguardista, y publica este aviso, sobre el que me gustaría reflexionar porque tiene dos mensajes. Ubiquémonos en aquella época.

Por un lado, ella hace la opción de dedicarse a las mujeres, a los niños y a los partos y, por otro, de vivir sola; una mujer soltera viviendo sola, dando su dirección, en aquella época...

Todo esto nos va poniendo sobre el tapete la enorme dimensión de la figura de doña Paulina Luisi, que además conquistó logros internacionales. Como ya mencioné, en la oportunidad del homenaje que hizo esta Cámara en la Legislatura pasada a doña Paulina Luisi, se decía que en otra época -y ojalá en esta también- existió la grandeza de que, a pesar de que doña Paulina era fundadora del Partido Socialista, el Presidente de la República de la época, don Luis Batlle Berres, la nombró representante del Uruguay en enormes e importantes eventos, como figura femenina destacadísima.

Esa grandeza de la Política, con mayúscula, también es recogida a la hora en que esta Comisión recomienda a la Cámara la votación de este proyecto. Espero que no sea solo en esta ocasión que lo demostremos, sino que sepamos ejercer la política con mayúscula, reconociendo a las grandes figuras del Uruguay, que han pasado a ser prestigio y propiedad del país entero, por encima de las pertenencias partidarias.

Repito que creo absolutamente pertinente que se haya elegido al Hospital de la Mujer para esta denominación, porque tiene que ver con la vida, con la lucha, con la trayectoria de doña Paulina y porque sigue atendiendo a las mujeres que ella defendió en vida; allí siguen estando.

Por último, quiero agradecer muy especialmente a todos los partidos políticos representados en la Cámara que hayan permitido el ingreso de este proyecto en el orden del día de hoy, y quiero explicar por qué lo solicitamos. El 22 de setiembre próximo se cumplirán ciento treinta años del nacimiento de doña Paulina Luisi, y por eso nos pareció pertinente aprobar este proyecto en el día de hoy.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Tiene la palabra la señora Diputada Kechichián.

SEÑORA KECHICHIÁN.- Señor Presidente: sin duda, comparto todas y cada una de las palabras expresadas por la señora Diputada Tourné. De cualquier manera, para nosotros es muy importante dejar claramente expresado nuestro apoyo a la decisión que hoy estamos tomando de designar con el nombre de la doctora Paulina Luisi al Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell.

La historiadora Asunción Lavrin decía: "La carrera profesional de Luisi fue casi un estereotipo de la actividad intensa y apasionada que desarrollaron las mujeres de la primera generación profesional en América Latina".

Como bien se dijo aquí, Paulina fue maestra, profesora de la escuela normal, médica, profesora de higiene social en la escuela normal, y tuvo dos honores más en su brillante carrera que podemos destacar: fue la primera mujer encargada de una cátedra en la Universidad de la República -como tan bien describió la señora Diputada Tourné- y la primera mujer que integró un tribunal de concurso en la misma Universidad de la República, en esa sociedad que hoy se describía.

Con respecto al trabajo femenino, esa generación que Paulina integró sostuvo siempre el principio de "igual remuneración a igual rendimiento" y denunció la legislación especial "protectora" por sus efectos contrarios a los intereses de las trabajadoras; pero, sin duda, una parte esencial de sus movilizaciones estuvo dedicada al logro del sufragio y de la igualdad civil, es decir, a los derechos de las mujeres casadas, al manejo de sus bienes, a la patria potestad, etcétera.

En agosto del año 1919, la revista "Mundo Uruguayo" la describió así: "Luchadora infatigable, es alma máter del Movimiento Feminista Uruguayo. Y si el Uruguay contara con unos cuantos cerebros privilegiados como el de Paulina Luisi, pronto estaría colocado entre los países más adelantados del mundo".

Una frase demuestra el espíritu de avanzada que también guiaba a Paulina en lo profesional, al optar clara y pioneramente por la medicina preventiva y no por la curativa, que se reconocía ampliamente en esos años. Ella decía que los esfuerzos de la práctica médica deben tender a prevenir las enfermedades y la misión del médico debe ser, cada vez más, la de prevenir y tener como objetivo cada vez menos curar. Realmente, esto sigue teniendo una vigencia extraordinaria.

Luisi fue diferente a casi todas las feministas de la época, al negar la validez de la exención de las mujeres de ocupaciones peligrosas. Ella hizo mucho hincapié en eso. Fue una idea muy nueva y nada popular en su momento. Analizando su significado, percibimos que Luisi estaba proponiendo ideas cuyo significado apenas hoy, en el siglo XXI, comienzan a ser aceptadas. La igualdad del hombre y de la mujer, llevada a su conclusión, implica que si la mujer necesita protección, también la necesita el hombre. Y si una mujer decide aceptar el riesgo de un trabajo como expresión de su libre voluntad, no debe impedírselo ninguna ley. La decisión de qué hacer consigo misma en materia de trabajo, educación o matrimonio, para Paulina era la libertad.

Como es obvio, ella estuvo claramente en contra de la dictadura de Terra, lo que le trajo una serie de situaciones realmente paradojales. En diciembre del año 1932 se aprueba el sufragio femenino por el que Paulina tanto luchó; pero cuando llegó el momento de votar por primera vez en su vida, dada la situación política de excepción -la dictadura-, prefirió no hacerlo, fiel a sus principios, mucho más caros para ella que el ejercicio del voto.

Por lo tanto, hoy, con enorme alegría, estamos votando el proyecto que designa con el nombre de Paulina Luisi al Hospital de la Mujer, que -como hoy se dijo- sigue atendiendo a las mujeres más pobres de todo el país, y que también recibe en su seno a un altísimo porcentaje de adolescentes que van a parir a ese Hospital solas y desprotegidas.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑORA TOURNÉ.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al aprobado por el Senado)

26.-     Abel Soria Gil. (Pensión graciable).

——Ha finalizado la recepción de votos con respecto a la pensión graciable para el señor Abel Soria Gil.

Se va a dar cuenta del resultado de la votación.

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº165

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 23 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la Asamblea General.

El Poder Ejecutivo tiene el alto honor de dirigirse a ese Cuerpo con el objeto de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se concede una pensión graciable al señor Abel Soria en reconocimiento a su relevante y larga trayectoria artística en la música nacional, a través de la que ha contribuido a difundir las costumbres típicas de nuestro país y de nuestra cultura en general, poniendo especial énfasis en temas de interés público tales como la lucha contra el SIDA y el cólera, entre otros.

Asimismo, a efectos de la tramitación ante el Banco de Previsión Social, se expresa que la cédula de identidad del beneficiario tiene el Nº 2.691.253-4.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General con su más alta consideración.

LUIS HIERRO LÓPEZ, LEONARDO GUZMÁN, ISAAC ALFIE.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Concédese una pensión graciable al señor Abel Soria Gil, cédula de identidad Nº 2.691.253-4, equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

Artículo 2º.- Precísase que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Montevideo, 23 de setiembre de 2004.

LEONARDO GUZMÁN, ISAAC ALFIE.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Concédese una pensión graciable al señor Abel Soria Gil, cédula de identidad Nº 2.691.253-4, equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

Artículo 2º.- Precísase que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 1º de diciembre de 2004.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

Anexo I al
Rep. Nº 165

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Seguridad Social

INFORME

Señores Representantes:

El señor Abel Soria nació el 26 de enero de 1937 en Los Cerrillos, 3ra. sección del departamento de Canelones de la República Oriental del Uruguay.

Hijo de chacareros, participó de las labores del campo desde niño, donde su espíritu de observación lo llevó a captar en plenitud las costumbres, el sentir y el modo de expresarse de nuestros paisanos. En 1956 se radica en San José de Mayo donde estudia solfeo y guitarra, su pasión.

Cursó dos años de secundaria en el liceo nocturno, es en ese año que ingresa en la cruzada gaucha de payadores e inicia su actividad radial en la audición "bajo el alero".

Además de locutor fue también mozo de bar, enfermero por concurso en el hospital nuevo, peón albañil, etc., en ese mismo año (1956) escribió su primer libro de versos titulado "primeros vuelos", incursionó además en la pintura artística, fue galardonado con el "palenque de oro", el "charrúa de oro" y la "pluma de plata".

Se destacó fundamentalmente como payador, recorriendo escenarios dentro y fuera del país con predomino de una exquisita veta humorística, pero lo que más se destaca de su personalidad es su actitud docente. Muchos de sus poemas sin perder su estilo humorístico, instruyeron al paisanaje en medidas profilácticas y en la prevención de diversas enfermedades, influido indudablemente por su profesión de enfermero y su profundo espíritu de observación, que le hicieron notar la falta de información sanitaria en la gente de nuestra campaña.

Pero hay otro perfil que lo define en lo más profundo de su riqueza humana, la solidaridad. Este hombre para quien hoy estamos solicitando una pensión graciable, vivió corriendo con su guitarra al hombro a cuanto lugar se lo solicitó: escuelas, ollas populares, trabajadores en conflicto, lucha contra el sida, etc.

Es hora de que la sociedad retribuya lo que tanto brindó Abel, el hombre se encuentra anciano, enfermo y en una situación de penuria económica.

En el período anterior a solicitud del Poder Ejecutivo, el Senado votó afirmativamente su pensión graciable, en este período hemos consultado al señor Ministro de Educación y Cultura, ingeniero químico Jorge Brovetto y al señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, ambos han manifestado que no existe objeción al respecto.

Por lo anteriormente expuesto, creemos que sería de estricta justicia el otorgamiento de una pensión graciable que le permita vivir un poco mejor en reconocimiento de su trayectoria y aporte a la cultura popular uruguaya.

Sala de la Comisión, 20 de julio de 2005.

ESTEBAN PÉREZ, Miembro Informante, PABLO ABDALA, DANIEL BIANCHI, JOSÉ LUIS BLASINA".

——Dese cuenta del resultado de la votación del artículo 1º del proyecto.

(Se lee:)

"Han sufragado ochenta y ocho señores Representantes: ochenta y seis lo han hecho por la afirmativa, uno por la negativa y hubo un voto en blanco".

——El resultado es: AFIRMATIVA.

Léase el artículo 2º.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado en la Legislatura anterior)

27.-     Prórroga del término de la sesión.

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por la señora Diputada Tourné y los señores Diputados Posada, Alonso, Cardozo Ferreira, Washington Abdala y José Carlos Cardoso.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se prorrogue el término de la sesión".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

28.-      Rectificaciones de trámite.

Dese cuenta de una moción de orden, presentada por los señores Diputados Asti, Mañana, Guarino y Mazzulo.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se rectifique el trámite de las Carpetas Nº 134/995, 'Ley Orgánica Municipal. (Aprobación)', y Nº 871/000, 'Miembros de las Juntas Locales no Electivas', radicadas en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, y se destinen a la Comisión Especial de Asuntos Municipales y Descentralización".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y nueve en sesenta: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de otra moción de orden, presentada por los señores Diputados Asti, Guarino, Mazzulo y Mañana.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se rectifique el trámite de la Carpeta Nº 881/000, 'Patente de Rodados', radicada en la Comisión de Hacienda, y se destine a la Comisión Especial de Asuntos Municipales y Descentralización".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

29.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Daniel Bianchi, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir al I Foro Parlamentario Iberoamericano, a realizarse en la ciudad de Bilbao, Reino de España, por el período comprendido entre los días 27 de setiembre y 4 de octubre de 2005; habiéndose agotado la lista de suplentes, solicítase a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

Del señor Representante Jorge Orrico, en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir en calidad de expositor a la Conferencia Internacional "Proceso Penal y Derechos Humanos", a realizarse en la ciudad de Montevideo, por el día 21 de setiembre de 2005, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Zás Fernández.

De la señora Representante Ivonne Passada, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir al I Foro Parlamentario Iberoamericano, a realizarse en la ciudad de Bilbao, Reino de España, por el período comprendido entre los días 27 de setiembre y 7 de octubre de 2005, convocándose al suplente siguiente, señor Hugo Arambillete.

Del señor Representante José Carlos Cardoso, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir a la IV Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de San José, República de Costa Rica, por el período comprendido entre los días 4 y 9 de octubre de 2005, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Mary Pacheco".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En consecuencia, quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas, y se oficiará a la Corte Electoral en el caso pertinente.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 15 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia (Misión Oficial) al amparo de lo establecido en la Ley Nº 17.827, los días 27 de setiembre a 4 de octubre del año en curso.

La presente solicitud se fundamenta en la invitación recibida para concurrir al Foro Parlamentario que se celebrará en Bilbao, España los días 30 de setiembre a 1º de octubre próximos con el objetivo de elaborar conclusiones en relación a la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno que se celebrará en Salamanca en el mes de octubre.

Saluda a usted muy atentamente,

DANIEL BIANCHI
Representante por Colonia".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente
De mi consideración:

Habiendo sido convocada en mi calidad de suplente del Diputado Daniel Bianchi, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Claudia Allietti".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente
De mi consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente del Diputado Daniel Bianchi, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

José Di Paulo".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente
De mi consideración:

Habiendo sido convocada en mi calidad de suplente del Diputado Daniel Bianchi, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Edgardo Rostán".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Colonia, Daniel Bianchi, para participar en el I Foro Parlamentario Iberoamericano, a realizarse en la ciudad de Bilbao, Reino de España.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 27 de setiembre y 4 octubre de 2005.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señora Claudia Alietti y señores José Di Paulo y Edgardo Rostán.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, al señor Representante por el departamento de Colonia, Daniel Bianchi, por el período comprendido entre los días 27 de setiembre y 4 de octubre de 2005, para participar en el I Foro Parlamentario Iberoamericano, a realizarse en la ciudad de Bilbao, Reino de España.

2) Acéptanse las renuncias presentadas por esta única vez por los suplentes siguientes, señora Claudia Alietti y señores José Di Paulo y Edgardo Rostán, de la hoja de votación Nº 2015, del lema Partido Colorado.

3) Ofíciese a la Corte Electoral.

Sala de la Comisión, 15 de setiembre de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi mayor consideración.

Por la presente solicito a la Cámara que usted preside, licencia por el día 21 del corriente mes por razones inherentes a mi representación, con motivo de haber sido invitado, en mi carácter de Representante Nacional a participar como expositor en la Conferencia Internacional "Proceso Penal y Derechos Humanos" a llevarse a cabo los días 20 y 21 de setiembre del corriente año, organizada por el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y la Fundación Honrad Adenauer.

Saluda a usted atentamente,

JORGE ORRICO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Orrico, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, a efectos de asistir en calidad de expositor a la Conferencia Internacional "Proceso Penal y Derechos Humanos", a realizarse en la ciudad de Montevideo.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 21 de setiembre de 2005.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y el literal D) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Orrico, por el día 21 de setiembre de 2005, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, a efectos de en calidad de expositor a la Conferencia Internacional "Proceso Penal y Derechos Humanos", a realizarse en la ciudad de Montevideo.

2) Convóquese para integrar la referida representación por el día 21 de setiembre de 2005, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Jorge Zas Fernández.

Sala de la Comisión, 15 de setiembre de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, literal C), solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia entre el 27 de setiembre y el 7 de octubre por ausentarme del país en representación oficial.

Saluda atentamente,

IVONNE PASSADA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente
De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por la señora Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca.

Sin más, saluda atentamente.

Julio Battistoni".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Ivonne Passada, para participar en el I Foro Parlamentario Iberoamericano, a realizarse en la ciudad de Bilbao, Reino de España.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 27 de setiembre y 7 octubre de 2005.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto, el suplente correspondiente siguiente, señor Julio Battistoni.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Ivonne Passada, por el período comprendido entre los días 27 de setiembre y 7 de octubre de 2005, para participar en el I Foro Parlamentario Iberoamericano, a realizarse en la ciudad de Bilbao, Reino de España.

2) Acéptase la renuncia presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente, señor Julio Battistoni.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Hugo Arambillete.

Sala de la Comisión, 15 de setiembre de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

"Montevideo, 17 de marzo de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Nora Castro.

Presente.
De mi consideración:

Al amparo del literal C) del Art. 1º de la Ley Nº 17.827, solicito licencia entre los días 4 y 9 de octubre del año en curso, para asistir en misión oficial a la Reunión IV de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano, en mi carácter de presidente de la referida Comisión.

Dicho evento tendrá lugar, los días 6 y 7 de octubre en San José, Costa Rica, según agenda cuyo detalle adjunto a la presente.

Sin otro particular, saluda atentamente

JOSÉ CARLOS CARDOSO
Representante por Rocha".

"Rocha, 15 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Nora Castro.

Presente.
De mi consideración:

Por intermedio de la presente, quien suscribe Dr. Alejandro Umpiérrez, comunica que por esta única vez no podré asumir la banca por el Departamento de Rocha en carácter de suplente del Diputado Mtro. José Carlos Cardoso.

Atentamente,

Alejandro Umpiérrez".

"Rocha, 15 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Nora Castro.

Presente.
De mi consideración:

Por intermedio de la presente, quien suscribe Prof. Marta Cánova, comunica que por esta única vez no podré asumir la banca por el Departamento de Rocha en carácter de suplente del Diputado Mtro. José Carlos Cardoso.

Atentamente,

Marta Cánova".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Rocha, José Carlos Cardoso, para participar de la IV Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de San José, República de Costa Rica.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 4 y 9 de octubre de 2005.

II) Que por esta única vez no aceptan las convocatorias de que han sido objeto los suplentes siguientes, señor Alejo Umpiérrez y señora Marta Cánova.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, al señor Representante por el departamento de Rocha, José Carlos Cardoso, por el período comprendido entre los días 4 y 9 de octubre de 2005, para participar de la IV Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de San José, República de Costa Rica.

2) Acéptanse las negativas presentadas por esta única vez por los suplente siguientes, señor Alejo Umpiérrez y señora Marta Cánova.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71, del Lema Partido Nacional, señora Mary Pacheco.

Sala de la Comisión, 15 de setiembre de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

30.-      Servicio de agua potable y saneamiento en el departamento de Maldonado. (Se crea una Unidad de Gestión Desconcentrada en la Administración de las Obras Sanitarias del Estado para su prestación).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: "Servicio de agua potable y saneamiento en el departamento de Maldonado. (Se crea una Unidad de Gestión Desconcentrada en la Administración de las Obras Sanitarias del Estado para su prestación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 385

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

Montevideo, 5 de julio de 2005.

Señor Presidente de la Asamblea General
Rodolfo Nin Novoa

El Poder Ejecutivo en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 3º) del artículo 47 de la Constitución de la República, tiene el agrado de enviar a la consideración de ese Cuerpo, el proyecto de ley para la reasunción de los servicios de agua y saneamiento en el departamento de Maldonado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto de ley que se adjunta tiene por objeto dotar al Estado de los instrumentos jurídicos necesarios para realizar la prestación directa de los servicios públicos de saneamiento y de abastecimiento de agua para el consumo humano, en el departamento de Maldonado.

El numeral 3º) del artículo 47 de la Constitución de la República establece que "el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales".

El artículo 2º de la Ley Nº 11.907, de 19 de diciembre de 1952, comete a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, "la prestación del servicio de agua potable en todo el territorio de la República" así como "la prestación del servicio de alcantarillado en todo el territorio de la República, excepto en el Departamento de Montevideo".

En este marco, y habiéndose dispuesto de acuerdo al Decreto Nº 157/05 la obligación del Estado de asumir todos los servicios de agua potable y saneamiento, que no se encuentren con plazo contractual vigente, es imprescindible tomar todas las providencias legales, reglamentarias y materiales a los efectos de hacerse cargo en el menor tiempo posible de los servicios hasta el momento prestados bajo el régimen de concesión o administración por operadores privados y asegurar en forma eficaz y continua el mantenimiento de la prestación de los mismos.

Por Resolución R/D Nº 760/05 del 1º de junio de 2005 el Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado dispuso la rescisión del contrato con la empresa URAGUA S.A. por culpa de la concesionaria.

Se entiende adecuado, en función de la magnitud de los servicios que se prestan en el departamento de Maldonado, así como la importancia que el adecuado funcionamiento de los mismos tiene para la sustentabilidad económica y social de un departamento que concentra la mayoría de los servicios turísticos que presta el país, mantener, dentro de los límites posibles, la utilización de la actual estructura de funcionamiento y gestión, permitiendo la asunción de los servicios por la empresa pública, sin colisión ni confusión con el resto de la estructura existente.

De esta forma se pueden aprovechar en forma eficiente y fácilmente mensurable las ventajas de una y otra forma de gestión, sin afectar a la población ni crear dificultades en los servicios dentro y fuera del departamento, ni en la estructura funcional de OSE.

Asimismo, en el marco de la descentralización de servicios como mejor forma de gestión, participación y control de la actividad estatal, así como de la promoción de las formas de actuación de las autoridades locales en la gestión de los emprendimientos y manejo de los recursos propios de cada departamento, resulta altamente conveniente dar intervención en la gestión local de los recursos al Gobierno Departamental en forma coincidente con el espíritu de lo establecido en el artículo 262 de la Constitución de la República.

La adecuada continuidad en la prestación de los servicios requiere dotar la nueva estructura funcional que se crea, de los recursos humanos correspondientes, por lo que se entiende conveniente mantener en las funciones en que actualmente se desempeñan, al personal técnico, administrativo y obrero, utilizando para ello, parcialmente, la modalidad prevista en la Ley Nº 17. 556 del 18 de setiembre de 2002.

El funcionamiento de las concesiones o de los servicios bajo administración de operadores privados ha estado basado en una serie de contratos con otras empresas que es imprescindible mantener durante un adecuado período de transición y hasta tanto puedan regularizarse las contrataciones de similares servicios, cuando estos sean necesarios, de acuerdo a las previsiones legales que rigen las contrataciones del Estado.

Asimismo, la Unidad de Gestión a crearse, podrá extender su competencia a todos los servicios de agua potable y saneamiento del departamento de Maldonado, no limitándose a los servicios concesionados contractualmente, sino a la totalidad de los servicios de concesionarias o prestadores privados en cualquier calidad que deba asumir el Estado oportunamente, en función de lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución. El Directorio podrá resolver la transferencia de los servicios que se mantuvieron dentro de la órbita de OSE (caso Aiguá) o mantenerlos en dependencia directa sin integrarlos a la Unidad según la conveniencia técnica o administrativa de una u otra opción.

Saludamos al señor Presidente muy atentamente,

TABARÉ VÁZQUEZ, MARIANO ARANA.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.-  Créase dentro de la estructura funcional de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, una Unidad de Gestión Desconcentrada con el objeto de prestar el servicio público de saneamiento y de abastecimiento de agua para el consumo humano en el departamento de Maldonado.

Dicha Unidad asumirá la prestación de los servicios que fueran concesionados a particulares en aquel departamento, así como todos los que deba asumir en el futuro, en virtud de la aplicación del artículo 47 de la Constitución de la República, en el departamento de Maldonado.

Asimismo, el Directorio de dicho organismo podrá disponer la incorporación a la Unidad creada de los servicios que en el citado departamento vienen siendo cumplidos directamente por el mismo, en zonas que no estaban bajo el régimen de concesión o administración por operadores privados.

Artículo 2º.-  La Unidad de Gestión Desconcentrada será administrada por una Dirección conformada por el Presidente y el Vicepresidente de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado y un tercer miembro designado en representación del Intendente Municipal de Maldonado, con anuencia de la Junta Departamental de Maldonado.

La Dirección podrá designar un Gerente General, en carácter de cargo de confianza de acuerdo a las disposiciones de los artículos 15 y 21 de la Ley Nº 11.907, de 19 de diciembre de 1952, que deberá ser persona de notoria capacidad en la materia, con actuación a nivel jerárquico en empresas del Estado o privadas, y tendrá competencia en la instrumentación y ejecución de la política de la Dirección y en las relaciones que se deriven con organismos estatales y empresas privadas.

La retribución del Gerente General no podrá ser superior al 85% (ochenta y cinco por ciento) de la correspondiente al Gerente General de la OSE.

Artículo 3º.-  La Administración de las Obras Sanitarias del Estado mantendrá la contabilidad de la Unidad de Gestión Desconcentrada en forma separada, y su presupuesto operativo y particularmente el monto de inversiones a realizar en el departamento de Maldonado serán dispuestos en el presupuesto de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

Dentro de los 120 (ciento veinte) días de su creación, la Unidad de Gestión Desconcentrada propondrá su reglamento de funcionamiento para ser aprobado por el Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

El citado Directorio podrá delegar en la Unidad de Gestión Desconcentrada todas las atribuciones que considere necesarias para su eficaz funcionamiento.

Artículo 4º.- Autorízase a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a contratar de acuerdo a las necesidades del servicio, a todo el personal técnico, administrativo u obrero que al 1º de junio del año 2005 figurare en la plantilla de personal, o mantuviera relación de dependencia directa, bajo otras modalidades contractuales, de las empresas privadas que hubiesen sido concesionarias o administradoras de los servicios públicos de que se trata, manteniéndose el salario nominal correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 2º de la presente ley.

A los contratos que se realicen en el marco del presente artículo se les aplicarán las disposiciones previstas en los artículos 30, 32 a 37 y 41 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002.

Artículo 5º.-  Las contrataciones de personal eventual (zafral) que, en función de los requerimientos del servicio realice la OSE, al amparo del literal Ñ del artículo 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, en la redacción dada por el artículo 19 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, se realizarán mediante llamado público y abierto entre residentes en el departamento de Maldonado, otorgando prioridad a personas que se desempeñaban en la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, en dicho departamento, al 4 de agosto del año 2000 y continúen residiendo en el mismo.

Artículo 6º.- Autorízase a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, a través de la Unidad de Gestión Desconcentrada creada por la presente ley, a contratar directamente, por un período máximo de 12 (doce) meses, con empresas o subcontratistas de las empresas cuyos servicios debe asumirse, y que al 1º de junio del año 2005 tuvieran contratos vigentes con dichas empresas, siempre que los considere necesarios para la continuación y gestión de los mismos.

Artículo 7º.- El operador privado correspondiente deberá entregar los servicios referidos en el artículo 1º y los bienes afectados al mismo, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a que le sea requerido por la Administración de las Obras Sanitarias del Estado por cualquier medio fehaciente.

En caso de que la entrega no se verificara en la forma prevista y a efectos de asegurar la continuidad de los servicios a los usuarios del departamento de Maldonado, el citado organismo podrá solicitar la misma ante el Juez competente, quien deberá disponerla sin más trámite y sin perjuicio.

Artículo 8º.-  Deróganse en lo pertinente todas las normas legales que se opongan directa o indirectamente a la presente ley.

Montevideo, 5 de julio de 2005.

MARIANO ARANA.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Créase dentro de la estructura funcional de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, una Unidad de Gestión Desconcentrada con el objeto de prestar el servicio público de saneamiento y de abastecimiento de agua para el consumo humano en el departamento de Maldonado.

Dicha Unidad asumirá la prestación de los servicios que fueran concesionados a particulares en aquel departamento, así como todos los que deba asumir en el futuro, en virtud de la aplicación del artículo 47 de la Constitución de la República, en el departamento de Maldonado.

Asimismo, el Directorio de dicho organismo podrá disponer la incorporación a la Unidad creada de los servicios que en el citado departamento vienen siendo cumplidos directamente por el mismo, en zonas que no estaban bajo el régimen de concesión o administración por operadores privados.

Artículo 2º.- La Unidad de Gestión Desconcentrada será administrada por una Dirección conformada por el Presidente y el Vicepresidente de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado y un tercer miembro designado en representación de la Intendencia Municipal de Maldonado, con anuencia de la Junta Departamental de Maldonado.

La Dirección podrá designar un Gerente General, en carácter de cargo de confianza de acuerdo a las disposiciones de los artículos 15 y 21 de la Ley Nº 11.907, que deberá ser persona de notoria capacidad en la materia, con actuación a nivel jerárquico en empresas del Estado o privadas, y tendrá competencia en la instrumentación y ejecución de la política de la Dirección y en las relaciones que se deriven con organismos estatales y empresas privadas.

La retribución del Gerente General no podrá ser superior al 85% (ochenta y cinco por ciento) de la correspondiente al Gerente General de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

Artículo 3º.- La Administración de las Obras Sanitarias del Estado mantendrá la contabilidad de la Unidad de Gestión Desconcentrada en forma separada, y su presupuesto operativo y particularmente el monto de inversiones a realizar en el departamento de Maldonado serán dispuestos en el presupuesto de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

Dentro de los 120 (ciento veinte) días de su creación, la Unidad de Gestión Desconcentrada propondrá su reglamento de funcionamiento para ser aprobado por el Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

El citado Directorio podrá delegar en la Unidad de Gestión Desconcentrada todas las atribuciones que considere necesarias para su eficaz funcionamiento.

Artículo 4º.- Autorízase a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a contratar de acuerdo a las necesidades del servicio, a todo el personal técnico, administrativo u obrero que al 1º de junio del año 2005 figurare en la plantilla de personal, o mantuviera relación de dependencia directa, bajo otras modalidades contractuales, de las empresas privadas que hubiesen sido concesionarias o administradoras de los servicios públicos de que se trata, manteniéndose el salario nominal correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 2º de la presente ley.

A los contratos que se realicen en el marco del presente artículo se les aplicarán las disposiciones previstas en losartículos 30, 32 a 37 y 41 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002.

Artículo 5º.- Las contrataciones de personal eventual (zafral) que, en función de los requerimientos del servicio realice la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, al amparo del literal Ñ del artículo 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, en la redacción dada por el artículo 19 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, se realizarán mediante llamado público y abierto entre residentes en el departamento de Maldonado, otorgando prioridad a personas que se desempeñaban en la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, en dicho departamento, al 4 de agosto del año 2000 y continúen residiendo en el mismo y a funcionarios zafrales de la empresa cuyos servicios deben asumirse.

Artículo 6º.- Autorízase a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, a través de la Unidad de Gestión Desconcentrada creada por la presente ley, a contratar directamente, por un período máximo de 18 (dieciocho) meses, con empresas o subcontratistas de las empresas cuyos servicios debe asumirse, y que al 1º de junio del año 2005 tuvieran contratos vigentes con dichas empresas, siempre que los considere necesarios para la continuación y gestión de los mismos.

Artículo 7º.-  El operador privado correspondiente deberá proceder a la entrega de los bienes afectados a la prestación de los servicios referidos en el artículo 1º, dentro del término de 5 (cinco) días hábiles siguientes a que la misma le sea requerida por la Administración de las Obras Sanitarias del Estado por cualquier medio fehaciente.

En caso que la entrega no se verificara en la forma prevista en el párrafo anterior, y a los efectos de asegurar la continuidad de los servicios a los usuarios del departamento de Maldonado, el citado organismo podrá solicitar la misma al Juez competente, que será el Juez Letrado de 1a. Instancia del lugar en que se hallaren ubicados los bienes de que se trate.

Efectuada la solicitud de entrega, el Juez la dispondrá sin más trámite y sin perjuicio. La entrega se decretará sin conocimiento ni intervención del operador privado requerido. Ningún incidente o petición planteado por éste, podrá detener su cumplimiento. La providencia que recaiga a tales efectos, será recurrible mediante reposición y apelación, las que no tendrán efectos suspensivos.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 17 de agosto de 2005.

RODOLFO NIN NOVOA
Presidente

HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI
Secretario".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR PÉREZ BRITO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PÉREZ BRITO.- Señor Presidente: antes de exponer el informe en mayoría, quiero hacer varias consideraciones personales.

En primer lugar, deseo agradecer a los compañeros del Frente Amplio integrantes de la Comisión, señora Diputada Travieso y señores Diputados Patrone y Hernández, que me hayan designado como miembro informante. Sé que para ello se tomaron en cuenta varios factores y, según lo interpreto, es también un reconocimiento para los habitantes de Maldonado, quienes en los últimos años han sufrido y luchado por cambiar el destino de la gestión del agua y del saneamiento, sin que esto tenga un corte estrictamente partidario.

En segundo término, siento que se empieza a cerrar un capítulo, en un tiempo históricamente corto de la vida del país, en el que me he visto intensamente involucrado, y la vida me permite comenzar a cerrarlo. Digo "comenzar", porque en la fundamentación de voto, cuando hable en forma individual, daré mi opinión personal con respecto a aspectos que han generado mucha discusión a nivel departamental y nacional.

En tercer lugar, quiero recordar cómo empezó a pensarse esta solución, que tuvo muchos padres. Después de la última elección nacional, en varias visitas del arquitecto Mariano Arana a diferentes lugares del departamento, en particular al domicilio del arquitecto Pieri, y en reuniones con funcionarios de Uragua, se fue gestando esta solución que, a nuestro juicio, permite terminar con varias dificultades que se tenían para la reasunción del servicio de agua y saneamiento en el departamento de Maldonado.

En cuarto término, teniendo en cuenta que hoy nos visita una delegación de funcionarios de Uragua, quiero manifestar la inmensa satisfacción que siento porque el compromiso asumido por nuestra fuerza con los trabajadores -no solo de nuestra parte, sino también de otros actores políticos del departamento- se está cumpliendo: mantener las fuentes de trabajo.

Señor Presidente: vuestra Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente aconseja aprobar el siguiente proyecto de ley, por el que se comienza a cerrar un capítulo muy importante en la vida del país, que tiene que ver con la concesión de la gestión de servicios brindados por organismos del Estado a empresas privadas en el área del agua y del saneamiento.

En lo que refiere estrictamente a la gestión del recurso del agua y del saneamiento, el departamento de Maldonado fue un laboratorio para las experiencias precitadas, con resultados que muestran insatisfacción total o parcial por parte de la población. En el caso que nos ocupa, el de Uragua, la concesión fue precedida por una fuerte inversión y puesta a punto a través de la Licitación Nº 1008, como resultado de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo de US$ 70:000.000, por el cual nuestro país y la Administración de las Obras Sanitarias del Estado deben amortizar US$ 700.000 mensuales.

El presente proyecto de ley pretende sortear una serie de obstáculos que podríamos resumir en cuatro puntos; en primer lugar, el mantenimiento de la fuente de trabajo y el funcionamiento de la empresa con el mismo personal, tal como lo venía haciendo hasta el día de hoy en el marco de las Leyes Nos. 17.556 y 16.127; en segundo término, por razones de servicio, de continuidad, de calidad y de normativa legal aplicable a las empresas del Estado, el mantenimiento de contrataciones vigentes con empresas suministradoras de servicios o bienes de consumo; en tercer lugar, la creación de la Dirección de la nueva Unidad de Gestión Desconcentrada con un Directorio que incorpora a un representante del Gobierno Departamental, situación legalmente no prevista; y, en cuarto término, la urgencia de la pronta puesta a punto necesaria antes del comienzo de la temporada turística en virtud de la problemática existente, que incluye la planta de purificación de agua en Laguna del Sauce, reparaciones en diferentes áreas, como plantas de bombeo, etcétera.

Debemos tener en cuenta que estamos parados frente a una empresa, Uragua, en situación de beligerancia con OSE y el Estado uruguayo, la cual no ha hecho las necesarias inversiones de mantenimiento, a lo que se suma el no pago del canon de US$ 631.000 mensuales a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado desde hace seis meses, poniéndola en situación de echar mano a sus propios recursos para cumplir con la amortización del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, según la Licitación Nº 1008.

En cuanto al problema de fondo, que es, fundamentalmente, la construcción del saneamiento necesario y largamente esperado, cabe destacar que OSE ya trabaja en esos aspectos, redireccionando recursos y destino de consultoras que mantienen relación con el organismo, así como la instalación de la discusión en el departamento acerca de soluciones para la disposición final de las aguas residuales.

El proyecto de ley que se propone tiene por objeto dotar al Estado de los instrumentos jurídicos necesarios para realizar la prestación directa de los servicios públicos de saneamiento y de abastecimiento de agua para el consumo humano en el departamento de Maldonado.

Con respecto a situaciones particulares -relacionadas, primero, con la concesión y, luego, con la rescisión del contrato con el concesionario por incumplimiento del pliego de condiciones de la licitación-, el espíritu de la presente iniciativa tiene en cuenta los aspectos positivos de gestión de la concesionaria y permite una mayor autonomía del servicio a crear, que tiene como norte la construcción de obras de saneamiento, tantas veces dilatadas y en las que el Estado, antes de concesionar el servicio, invirtió US$ 70:000.000.

El numeral 3) del artículo 47 de la Constitución de la República establece: "El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales". El artículo 2º de la Ley Nº 11.907, de 19 de diciembre de 1952, comete a OSE la prestación del servicio de agua potable en todo el territorio de la República, así como la prestación del servicio de alcantarillado en todo el país, excepto en el departamento de Montevideo.

En este marco, y habiéndose dispuesto, de acuerdo con el Decreto Nº 157/05, la obligación del Estado de asumir todos los servicios de agua potable y saneamiento que no se encuentren con plazo contractual vigente, es imprescindible tomar todas las providencias legales, reglamentarias y materiales a los efectos de hacerse cargo en el menor tiempo posible de los servicios prestados hasta el momento por operadores privados bajo el régimen de concesión o administración, asegurando en forma eficaz ycontinua el mantenimiento de sus prestaciones.

Por Resolución Nº 760, de 1º de junio de 2005, el Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado dispuso la rescisión del contrato con la empresa Uragua S.A. por culpa de la concesionaria. En función de la magnitud de los servicios que se prestan en el departamento de Maldonado, así como de la importancia que tiene su adecuado funcionamiento en la sustentabilidad económica y social de un departamento que concentra la mayoría de los servicios turísticos que presta el país, se entiende adecuado mantener, dentro de los límites posibles, la utilización de la actual estructura de funcionamiento y gestión, permitiendo la asunción de los servicios por la empresa pública sin colisión ni confusión con el resto de la estructura existente.

Para quien mire a través del paso del tiempo, cabe señalar la importancia práctica que tiene la promulgación de esta ley con respecto al momento del año y a los ciclos económicos nacionales y departamentales en lo que tiene que ver específicamente con el turismo y sus actividades afines, así como la pérdida por parte de OSE y, en definitiva, del Estado, de la recepción en los últimos seis meses del canon estipulado, lo que ronda los US$ 4:000.000, haciendo evidente la urgencia de la toma de este servicio por parte del Estado. De esta manera, se pueden aprovechar de forma eficiente y fácilmente mensurable las ventajas de uno y otro modo de gestión sin afectar a la población ni crear dificultades en los servicios dentro y fuera del departamento ni en la estructura funcional de OSE.

Asimismo, en el marco de la descentralización de servicios como mejor forma de gestión, participación y control de la actividad estatal, así como de la promoción de las formas de actuación de las autoridades locales en el manejo de los emprendimientos y de los recursos propios de cada departamento, resulta altamente conveniente la intervención del Gobierno Departamental en la gestión local de los recursos, en forma coincidente con el espíritu de lo establecido en el artículo 262 de la Constitución de la República.

En el Senado se reformuló el artículo 2º original, y el tercer miembro del Directorio de la empresa actuará en representación de la Intendencia Municipal de Maldonado, con anuencia de la Junta Departamental de ese departamento.

Los artículos 3º y 4º se mantienen como en el proyecto original. El artículo 3º explica que mantendrá en forma separada la contabilidad de la nueva Unidad de Gestión Desconcentrada, dejando para OSE su presupuesto operativo y particularmente el monto de inversiones a realizarse en el departamento de Maldonado, incluyéndolo en el Presupuesto quinquenal. Además, a través de este artículo se establece que OSE puede delegar a la gestión desconcentrada las atribuciones que considere necesarias para su eficaz funcionamiento.

La adecuada continuidad de la prestación de los servicios requiere dotar a la nueva estructura funcional que se crea de los recursos humanos correspondientes. A estos efectos se entiende conveniente mantener en las funciones en que actualmente se desempeñan al personal técnico, administrativo y obrero, utilizando parcialmente la modalidad prevista en la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002. De esta manera se da satisfacción a la aspiración de un amplio abanico de actores políticos y sociales y a los propios funcionarios en cuanto a mantener las fuentes de trabajo, arribando así a una resolución feliz.

El artículo 5º, que tiene que ver con la contratación de personal zafral -de capital importancia por el impresionante aumento del trabajo en temporada, así como por el manejo y operación de plantas de bombeo-, termina redondeando las aspiraciones de los trabajadores en su conjunto y el mantenimiento de sus fuentes de trabajo. Este es uno de los principales ejes -entre otros- que motivaron este proyecto.

El funcionamiento de las concesiones o de los servicios bajo administración de operadores privados ha estado basado en una serie de contratos con otras empresas, lo cual es imprescindible mantener durante un adecuado período de transición y hasta tanto puedan regularizarse las contrataciones de similares servicios cuando estos sean necesarios de acuerdo con las previsiones legales que rigen las contrataciones del Estado. Esto ha sido contemplado en el artículo 6º, con modificaciones de su texto original, ampliándolo de doce a dieciocho meses, incluyendo así dos temporadas turísticas y el tiempo necesario para plantearse las modificaciones acordes con las leyes, decretos y tratados que enmarcan el accionar del Estado.

Asimismo, la Unidad de Gestión a crearse podrá extender su competencia a todos los servicios de agua potable y saneamiento del departamento de Maldonado, no limitándose a los servicios concesionados contractualmente, sino a la totalidad de los servicios de concesionarios o prestadores privados en cualquier calidad que deba asumir el Estado oportunamente, en función de lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución de la República.

El Directorio podrá resolver la transferencia de los servicios que se mantuvieron dentro de la órbita de OSE, como en el caso de Aiguá, o mantenerlos en dependencia directa sin integrarlos a la unidad, según la conveniencia técnica o administrativa de una u otra opción.

El artículo 7º asegura la entrega del servicio de agua y saneamiento y los bienes afectados a la prestación al Estado y a Obras Sanitarias del Estado, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que ha tenido el organismo en su relacionamiento con la empresa: no cumplimiento del canon, negativa a la inspección por parte del organismo rector, necesidad de utilizar recursos judiciales para inventariar los bienes tangibles e intangibles como el software y gestión comercial.

Finalmente, podemos decir que el presente proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo -que sufrió escasas modificaciones en el Senado de la República, no por ello menos importantes- tiene la virtud de solucionar diversos obstáculos, trabas legales y asuntos prácticos particulares y estrictamente relacionados con la situación de los servicios de agua y saneamiento en régimen de concesión al oeste del arroyo Maldonado, en el departamento del mismo nombre.

Creemos que solo mediante esta ley se pueden contemplar las complejidades de reasumir rápidamente el control del servicio de agua y saneamiento del departamento de Maldonado, asegurando los servicios y la pronta puesta en marcha, previa planificación, de las anheladas y largamente esperadas obras de saneamiento.

Fuera del informe en mayoría, quiero hacer una consideración sobre el espíritu que lo guió. Podríamos habernos enfrascado en hacer largas historias sobre las dificultades que se vivieron durante estos cinco años pasados en relación con el servicio de agua y saneamiento en el departamento de Maldonado y los múltiples conflictos que se vivieron, tanto con la población como por el no cumplimiento de lo estipulado en el pliego de concesión en cuanto al cronograma de obras. Sin embargo, con nuestros compañeros hemos preferido centrarnos concretamente en las bondades de la propia ley y apostar hacia el futuro.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- La Mesa solicita que los señores Diputados hagan silencio porque no se puede oír al colega legislador.

Tiene la palabra el señor Diputado Mazzulo.

SEÑOR MAZZULO.- Señor Presidente: la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente trabajó mucho en este tema. En dos oportunidades recibimos al Directorio de OSE y también a los funcionarios de Uragua para tratar este asunto con la delicadeza que requería. Una vez que tuvimos todos los informes correspondientes y la documentación que entendíamos necesaria, la representación del Partido Nacional en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, luego de considerar el proyecto de ley para la reasunción de los servicios de agua y saneamiento en el departamento de Maldonado, resolvió votar negativamente el proyecto en general, así como los artículos 1º, 2º, 3º, y 7º. Sin embargo, se resolvió votar en forma afirmativa los artículos 4º, 5º y 6º, que refieren a la toma de personal de Uragua por parte de OSE. A su vez, votando estos artículos habilitamos a que se hagan las contrataciones zafrales en la temporada estival.

Esta decisión está basada en el convencimiento de que la regularización que se incluye en el presente proyecto de ley es absolutamente innecesaria y también, por qué no, inconveniente para el Estado, salvo -como dije- en lo que se refiere a habilitar el ingreso de nuevos funcionarios a OSE y a poder realizar determinado tipo de contrataciones.

Hemos votado negativamente los artículos 1º al 3º por los motivos siguientes. El numeral 3º del artículo 47 y el artículo 188 de la Constitución de la República establecen claramente que la gestión y prestación de los servicios de abastecimiento de agua para el consumo humano y el saneamiento público deben estar a cargo de personas jurídicas estatales, de naturaleza autónoma o descentralizada, de capital público en su totalidad. Hasta el presente, según el artículo 2º de la Ley Nº 11.907, de 19 de diciembre de 1952, esta responsabilidad ha sido asignada a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado en el ámbito nacional. Existe una excepción que es de público conocimiento: el alcantarillado, que ha sido otorgado al Gobierno Departamental de Montevideo.

El artículo 1º de este proyecto nos propone la creación de una Unidad Desconcentrada, dependiente de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, que tendrá por objeto la prestación del servicio público de saneamiento y abastecimiento de agua para el consumo humano en el departamento de Maldonado. De ello se deduce que asumirá todos los servicios -sin exclusión alguna- que fueran concesionados a particulares en virtud de lo dispuesto por el artículo 47 de la Constitución de la República y, a su vez, los que presta la Administración de las Obras Sanitarias del Estado y resuelva incorporar a dicha unidad de gestión. Por lo tanto, el objeto señalado por la norma proyectada innova y contradice el singular criterio sustentado por el actual Poder Ejecutivo en el Decreto Nº 157, de 20 de mayo de 2005, que establece la continuación de la prestación de servicios por parte de concesionarios con contratos celebrados antes del 31 de octubre de 2004 hasta el vencimiento de los plazos pautados. De esta forma, pensamos que este proyecto de ley convalida la resolución del Tribunal de Cuentas del 29 de junio de 2005, que señala que, de acuerdo con el numeral 3) del artículo 47 de la Constitución de la República, el servicio público de saneamiento y abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Por lo tanto, las referidas autorizaciones y concesiones existentes al 31 de octubre de 2004 dejan de tener vigencia, derogando la interpretación que pretendiera imponer el Decreto Nº 157, de 2005. Estamos seguros de que a partir de la promulgación de esta ley cesarán todos los contratos de concesión en el departamento de Maldonado y de que cualquier interesado podrá reclamar su extinción y el resarcimiento económico pertinente en los tribunales de Justicia que correspondan.

Por otra parte, a nuestro juicio, la creación de la Unidad de Gestión Desconcentrada no agrega nada; tampoco implica una mayor descentralización material o territorial. De todas formas, creemos que no es necesario crear una unidad por ley -lo dijimos en la Comisión; se lo dijimos al Directorio de OSE-, ya que las estructuras de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado son aprobadas siempre mediante decretos del Poder Ejecutivo, que es el máximo orden en cuanto a los servicios públicos. Por eso decimos que la ley no era necesaria; pero así están las cosas.

El artículo 2º del proyecto de ley dispone la exclusión de un integrante del Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado en la administración de la Unidad, lo que creemos que no tiene fundamento alguno. Esto se agrava en virtud de lo dispuesto por el numeral 3) del artículo 3º proyectado, que, a nuestro entender, genera cuestionamientos constitucionales en función de lo establecido por el artículo 185 de la Constitución de la República, que no habilita la delegación de atribuciones.

A la Unidad se integra un tercer miembro, designado en representación de la Intendencia Municipal de Maldonado, con anuencia de la Junta Departamental. Cabe resaltar en este punto la complejidad que se plantea para interpretar si se integra a un funcionario de ese Gobierno Departamental o a cualquier persona física, aun ajena a los cuadros funcionales, lo que perfectamente se puede dar, porque el Intendente tiene la facultad para designar a cualquier persona siempre y cuando cuente con el aval de la Junta Departamental. Este punto es relevante y tiene gran trascendencia en cuanto a los derechos y obligaciones de este integrante. En lo que refiere a su responsabilidad funcional, ¿tendrá responsabilidad por su gestión ante el Poder Ejecutivo, ante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, o será irresponsable en tanto depende de una jerarquía institucional ajena a ese ámbito? En cuanto a sus derechos, ¿podrá reclamarlos frente al Gobierno Municipal del cual es funcionario, o tendrá que hacerlo frente a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, de la cual depende la Unidad de Gestión Desconcentrada? En este punto, se desconocen claramente los límites y competencias del ordenamiento administrativo central y territorial previsto en la Constitución de la República.

En el segundo inciso del artículo 2º se proyecta constituir una Gerencia General -lo que también dio lugar a un extenso debate en la Comisión y nos llevó a munirnos de la documentación correspondiente para hacer esta exposición- que estará encargada de los servicios que se prestan en el departamento de Maldonado. Esa Gerencia General bien podría constituirse por resolución de la propia Administración de las Obras Sanitarias del Estado; hay antecedentes de que así se ha procedido. La necesidad de la ley surge de pretender calificar como personal de confianza a quienes ocupen ese cargo; creemos que es pura y exclusivamente por eso que esto se incluye.

Hay que tener en cuenta que los artículos 15 y 21 de la Ley Nº 11.907, de 19 de diciembre de 1952, no previeron la calificación de cargos de particular confianza para los de Gerente General, Secretarios y asesores del Directorio en función de lo estipulado por el artículo 60 de la Constitución de la República de 1952, que actualmente mantiene su redacción. Por otra parte, si se tiene en consideración que Maldonado cuenta con 75.000 conexiones, dar el rango de Gerente General al responsable técnico de ese departamento generaría una descompensación en las estructuras del resto del país, dado que hay Gerencias Regionales -en el sur, este, centro y litoral- que cuentan con muchas más conexiones y más red de saneamiento bajo su responsabilidad. Por eso no entendemos que se pretenda crear este cargo de Gerente General con estas características. En realidad, sí lo entendemos: será una designación directa.

Lo que se establece en el artículo 7º reviste una gravedad que merece que todos prestemos mucha atención; a mí y a mi Partido nos sorprendió el hecho de que se decidiera recurrir a la Justicia en caso de que la concesionaria incurriera en omisión en la entrega de los bienes y servicios en los cinco días posteriores a su notificación; para nosotros esto es gravísimo. Según se indica, efectuada la solicitud de entrega, el Juez competente la dispondrá sin más trámite y sin perjuicio.

Quiero que quede claro que este artículo establece una clara violación de las normas del debido proceso. Tengo experiencia en expropiaciones del período en que fui Intendente; tenía que cumplir con todo el proceso para que se aprobara la expropiación solicitada. En este caso no es así; inclusive, no existe audiencia de la contraparte ante el tribunal. De ese modo se viola el artículo 32 de la Constitución de la República, y lo que resulta más alarmante es la superposición de Poderes independientes que se manifiesta en este artículo, que también es irrebatible.

Lo dijimos en la Comisión y lo reiteramos aquí, en el plenario: lo que hacemos es alertar acerca de este último artículo. Lo hemos dicho permanentemente: creemos que esto abre las puertas para que en los próximos años se presenten demandas importantes, millonarias contra el Estado. Ojalá no suceda. Cuando el Directorio de OSE fue invitado a la Comisión, nos aseguró que no ocurriría, pero -nobleza obliga- hay que alertar al respecto.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Para terminar, diré que las normas proyectadas que refieren a autorizaciones para la Administración de las Obras Sanitarias del Estado no merecen objeciones sustanciales -como ya mencioné, son los artículos 4º, 5º y 6º-, sin perjuicio de señalar que el hecho de contratar a funcionarios dependientes o contratados por las empresas concesionarias de los servicios, manteniendo el salario nominal correspondiente, bajo la modalidad de contrato renovable, sin que adquieran la calidad de funcionarios públicos, devengará en distorsiones salariales significativas, absolutamente desaconsejadas tratándose de personas que desarrollan la misma tarea.

Agradezco a la Mesa que me haya permitido continuar haciendo uso de la palabra a pesar de que el tiempo de que disponía ha finalizado. Era necesario que hiciera esta exposición y reitero lo que dije en la Comisión: queremos colaborar, pero alertamos sobre la problemática que se puede presentar al Gobierno, al país y a nuestra gente si este proyecto se aprueba así.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Antes de dar la palabra al señor Diputado Signorelli, la Mesa quiere dejar claro cuál es el criterio a seguir para hacer uso de la palabra. Cada legislador va a disponer de quince minutos para su exposición, en virtud de que el proyecto no ha sido formalmente informado.

Se va a leer el artículo 134 del Reglamento, que aclara esta situación.

(Se lee:)

"El informe será acompañado de un proyecto de ley o de resolución, en su caso, redactado en la forma que deba ser sancionado y firmado por la mayoría. Esta exigencia no se aplicará cuando la Comisión acepte sin modificaciones el texto del proyecto que informa. Todo miembro tendrá derecho a firmar con salvedades respecto de todo o parte del proyecto; pero en caso de discordia, deberá fundarla en el mismo informe o presentar un informe y proyecto sustitutivo, los que se consignarán a continuación del de la mayoría".

——Tiene la palabra el señor Diputado Signorelli.

SEÑOR SIGNORELLI.- Señor Presidente: no vamos a votar el proyecto en general porque está basado en el Decreto Nº 157/05, que desde nuestro punto de vista es inconstitucional e incumple con el mandato popular expresado en las urnas el 31 de octubre de 2004.

Decimos esto porque en el numeral 3) del artículo 47 de la Constitución se establece que el servicio público de abastecimiento de agua para consumo humano será prestado exclusiva y directamente por personas públicas estatales. La Constitución no admite la diferencia que hace el decreto referido entre contratos vigentes y contratos vencidos.

Realizada esta constancia, que consideramos fundamental, debemos expresar que, con excepción del artículo 7º, vamos a votar todos los artículos de este proyecto de ley puesto que, dentro del marco irregular señalado, merecen nuestra aprobación por considerar que son una buena alternativa para asegurar la continuidad del servicio de agua potable y saneamiento en el departamento de Maldonado.

Antes de ingresar al estudio del articulado queremos dejar una pequeña constancia con el fin de que se estudie en los próximos días, durante la consideración del proyecto de Presupuesto. El artículo 47 de la Constitución tiene una incidencia directa en la gestión de la Dirección Nacional de Hidrografía, puesto que crea una categoría de aguas superficiales no recogida en la anterior legislación. Este artículo de la reforma constitucional necesita una reglamentación adicional que se centre exclusivamente en los aspectos que inciden en su gestión: la consideración del ciclo hidrográfico, la dominabilidad de las aguas y el otorgamiento de derechos de uso. En este artículo 47 aparecen marcadas inconsistencias entre la normativa anterior y la actual, por lo que se torna imperiosa su aclaración a efectos de posibilitar una gestión adecuada y no interrumpida, así como la prevención de posibles juicios contra el Estado. En otras palabras: el artículo 47 de la Constitución contiene marcadas incongruencias normativas con el Código de Aguas en cuanto a la categorización de las aguas. Por lo que pude apreciar en el Presupuesto, esta incongruencia no se soluciona o, por lo menos, fue mal solucionada con el proyecto de creación de la DINASA dentro de la órbita del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

El proyecto de ley para la reasunción de los servicios de agua y saneamiento en el departamento de Maldonado consta de ocho artículos. El artículo 1º establece: "Créase dentro de la estructura funcional de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, una Unidad de Gestión Desconcentrada con el objeto de prestar el servicio público de saneamiento y de abastecimiento de agua para el consumo humano en el departamento de Maldonado.- Dicha Unidad asumirá la prestación de los servicios que fueran concesionados a particulares en aquel departamento, así como todos los que deba asumir en el futuro, en virtud de la aplicación del artículo 47 de la Constitución de la República, en el departamento de Maldonado.- Asimismo, el Directorio de dicho organismo podrá disponer la incorporación a la Unidad creada de los servicios que en el citado departamento vienen siendo cumplidos directamente por el mismo, en zonas que no estaban bajo el régimen de concesión o administración por operadores privados".

Del análisis del texto surge la creación de una Unidad de Gestión Desconcentrada dentro de la estructura de la administración central de OSE. En ese sentido, me parece importante hacer algunas aclaraciones respecto a lo que significa una unidad desconcentrada. En administración pueden distinguirse tres modelos tipo: la centralización, la descentralización y la desconcentración. Estos son principios básicos de toda administración.

Podemos decir que existe un régimen de centralización administrativa cuando los órganos se agrupan colocándose unos respecto a otros en una situación de dependencia tal que entre todos ellos existe un vínculo que, partiendo del órgano situado en el más alto grado, los vaya ligando hasta el órgano de ínfima categoría, a través de diversos grados en los que existen ciertas facultades. La relación jurídica que liga a los diversos órganos colocados en la situación que se acaba de describir se denomina relación de jerarquía. Mediante esa relación se explica cómo se mantiene la unidad del poder administrativo, a pesar de la diversidad de órganos que lo forman.

Con el término desconcentración se suelen definir modelos de organización administrativa que, aunque coinciden en unos principios genéricamente comunes, presentan en la práctica diferencias significativas. La desconcentración está dentro del cuadro de la centralización, ya que en todos los casos supone la existencia de una administración centralizada que opta voluntariamente, pero mediante un soporte legal, por atribuir determinadas funciones a otros órganos que guardan con ella una relación de dependencia jerárquica más o menos intensa.

O sea que debemos considerar que la desconcentración consiste en la atribución, dentro del propio ordenamiento jurídico, de una competencia o función a órganos que no ocupan la cúspide en la jerarquía administrativa. En otros términos puede decirse que, según este concepto de desconcentración, el reparto cae sobre competencias funcionales, no sobre competencias normativas, y se lleva a cabo por razones prácticas organizativas de eficiencia y simplificación de los procesos administrativos, en último término, con vistas a un mejor servicio a los administrados.

En la desconcentración así entendida, el reparto no atiende necesariamente a intereses o razones políticas, sino a capacidades técnicas de los órganos, a los que se encomienda de modo permanente el desempeño efectivo de determinadas funciones y se les encarga determinados cometidos y la realización de determinadas tareas.

Los órganos que en razón de su supuesta capacidad o competencia técnica asumen la realización de determinadas funciones en virtud de una norma de estructuración orgánica de la Administración, que constituyen el ámbito de sus competencias administrativas en sentido objetivo, gozan de su correspondiente margen de autonomía funcional y, por lo mismo, dentro de este cuentan con verdadera capacidad decisoria, ya que de lo contrario resultarían frustrados los objetivos de agilización y eficacia a los que la desconcentración pretende servir, sin perjuicio del sometimiento de su actividad y de sus resoluciones al control de legalidad y a cuantos otros considere necesarios el órgano del que dependa.

Así pues, desde un punto de vista objetivo, puede considerarse que una Administración responde al criterio de organización desconcentrada, en primer lugar, cuando crea unidades que, aunque estén vinculadas jerárquicamente a la administración central, en este caso a OSE, tienen atribuidas competencias propias.

En segundo término, es importante recalcar que la Unidad Desconcentrada carece de personería jurídica y de patrimonio propio.

En tercer lugar, cuando la atribución se ha efectuado mediante norma o ley, lo cual confiere un determinado carácter de permanencia o continuidad a esta figura, se requiere de otra norma que modifique o derogue la anterior.

Esta delimitación de la desconcentración que acabo de exponer permite suficientemente su diferenciación de la descentralización -esto es muy importante-, al menos desde una perspectiva formal, ya que la descentralización implicaría que los organismos que se crearen con esta modalidad quedarían fuera de la relación jerárquica del poder central, que en este caso sería OSE.

En resumen, en este primer artículo se crea una Unidad de Gestión Desconcentrada que, de acuerdo con lo expuesto, no es un órgano descentralizado ni un ente autónomo, ya que carece de personería jurídica y patrimonio propio, dos de las condiciones que dijimos que deben darse para que esa Unidad sea un organismo desconcentrado.

Por otra parte, esta Unidad Desconcentrada que se crea reconoce la existencia de un órgano superior, que en este caso es OSE, al que se le otorgan determinadas atribuciones y funciones y que a su vez guardará con OSE una dependencia jerárquica intensa.

El objeto de la creación de esta Unidad Desconcentrada también es claro: acercar la prestación del servicio al domicilio del usuario con economía para él y, a la vez, descongestionar la administración central de OSE.

Dijimos anteriormente que la Unidad Desconcentrada tiene atribuciones funcionales en cuanto a prestar el servicio de agua y saneamiento al departamento de Maldonado y a incorporar servicios en zonas que no estaban bajo el régimen de concesión.

A nuestro entender, y luego de haber aclarado el concepto de Unidad Desconcentrada, la creación de la misma permitirá al Estado, a través de OSE, llevar adelante en forma inmediata la reasunción de la tarea de brindar los servicios de agua potable y saneamiento que por sus características no permitirían interrupciones en su prestación.

Además, esta Unidad Desconcentrada no solo permitirá preservar la continuidad del servicio, sino también la preservación de las fuentes laborales y el resguardo de los bienes involucrados en la prestación.

Considero, por último, que no existe un impedimento constitucional para crear este organismo desconcentrado ni se necesitan mayorías especiales para hacerlo, ya que la Constitución de la República exige dos tercios de votos solo para el caso de supresión o de creación de organismos autónomos existentes, y este no sería el caso.

En el artículo 2º se establece: "La Unidad de Gestión Desconcentrada será administrada por una Dirección conformada por el Presidente y el Vicepresidente de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado [...]"; voy a resumir la lectura del artículo 2º -creo que todos tienen sobre sus bancas el articulado de este proyecto- porque quiero dedicarme a su análisis.

Este artículo refiere a la composición de la Unidad Desconcentrada. Si bien no existen casos iguales en nuestro país, tomando como ejemplo la legislación comparada en la materia en Argentina, Chile, España y México, puede observarse que en esos países la conformación de los organismos desconcentrados es muy similar: tres miembros -un Presidente y dos Vicepresidentes- elegidos por el órgano central o por el Ejecutivo Nacional, que ejercen sus funciones con la jerarquía de Directores. En el caso de España, uno de los miembros de ese Directorio siempre pertenece al Ayuntamiento en el que la Unidad Desconcentrada presta sus servicios; o sea, es muy similar a lo que se pretende hacer acá.

Otro ejemplo puntual es la creación de la Unidad Administradora Desconcentrada para manejar el Correo argentino una vez que se produjo la quita de la concesión al grupo Macri.

En cuanto a la facultad que tiene esta Unidad Desconcentrada para designar un Gerente General, que tendrá competencia en la instrumentación y ejecución de la política de la Dirección y en las relaciones con organismos estatales y empresas privadas, sería bueno aclarar que todo organismo desconcentrado tiene atribuciones decisorias y autonomía para: nombrar Gerentes que se harán cargo de llevar adelante las funciones que se les encomienden; dictar su reglamento de funcionamiento interno; mantener las condiciones operativas del servicio oportunamente pactadas en el contrato de concesión; cumplir con el pago de las obligaciones derivadas de los vínculos laborales del personal perteneciente al servicio, incluidas la totalidad de las remuneraciones y beneficios previsionales; realizar los actos que sean necesarios para garantizar el mantenimiento de las fuentes de trabajo afectadas a la prestación del servicio -en ese caso, de agua y de saneamiento-; mantener los bienes muebles, inmuebles e inmateriales que integran el inventario afectado a la concesionaria en las condiciones que los reciba, salvo el desgaste natural ocasionado por el transcurso del tiempo y su buen uso y efectuar las reparaciones que requieran la conservación de tales bienes, y recepcionar de manos del ex concesionario la documentación técnica y administrativa propia del funcionamiento del servicio.

SEÑOR PATRONE.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SIGNORELLI.- Discúlpeme, señor Diputado; no puedo hacerlo porque no me va a alcanzar el tiempo para exponer.

SEÑOR PATRONE.- Permítame, señor Diputado.

SEÑOR SIGNORELLI.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- La Mesa informa al señor Diputado Signorelli que le resta un minuto de su tiempo.

Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PATRONE.- Señor Presidente: mociono para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- De acuerdo con el asesoramiento que ha recibido la Mesa, no es posible acceder a su pedido. En todo caso, tendremos tolerancia para que el señor Diputado pueda redondear su intervención.

Puede continuar el señor Diputado Signorelli.

SEÑOR SIGNORELLI.- Gracias, señor Presidente.

Todas estas funciones fueron llevadas a cabo por organismos desconcentrados creados a fin de rescindir contratos a concesionarios de servicios, principalmente en Argentina y Chile.

Por lo expuesto, votaríamos afirmativamente el artículo 2º.

El artículo 3º establece: "La Administración de las Obras Sanitarias del Estado mantendrá la contabilidad de la Unidad de Gestión Desconcentrada en forma separada, y su presupuesto operativo y particularmente el monto de inversiones [...]", etcétera.

De acuerdo con el tiempo de que dispongo, voy a tratar de referirme a lo más importante.

En cuanto a este artículo, es correcto que la Unidad Desconcentrada lleve en forma separada su contabilidad, ya que eso responde a lo que se expuso anteriormente en cuanto a que el manejo de la contabilidad está dentro del ámbito de sus competencias administrativas y del correspondiente margen de autonomía funcional.

El hecho de que el presupuesto operativo y de inversiones sea dispuesto por la Administración de las Obras Sanitarias del Estado -esto es muy importante- no hace otra cosa que ratificar la dependencia de esta Unidad respecto a la administración central de OSE.

Con esto reafirmamos que no se está creando un ente autónomo.

El hecho de que se deleguen atribuciones a la Unidad de Gestión Desconcentrada es otro testimonio de la autonomía funcional con la que debe contar todo organismo descentralizado, lo que se expuso en oportunidad de analizar el artículo 2º. Pero no debemos olvidar que una de las principales funciones o atribuciones -como se prefiera llamar- es, como su nombre lo indica, la confección del reglamento interno de funcionamiento.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Los artículos 4º y 5º son, sin duda, la esencia de la creación de esta Unidad Desconcentrada que, como se expuso anteriormente, además de continuar con el servicio, preserva las fuentes de trabajo. Por lo tanto, proponemos votarlos por la afirmativa.

El artículo 6º hace referencia a otra de las atribuciones que todo organismo desconcentrado tiene: efectuar un análisis de los contratos en curso de ejecución que se hubieran celebrado con anterioridad a la rescisión que se dispone, y en el caso de aquellos servicios tercerizados, disponer su prórroga, si se estima conveniente. También podrá contratar nuevos servicios.

Todo esto tiene como fin impedir la interrupción del servicio de agua potable y saneamiento en el departamento de Maldonado.

Por todo esto, vamos a votarlo afirmativamente.

Sin embargo, votaremos en forma negativa el artículo 7º porque, de acuerdo con los contactos que hemos mantenido, principalmente nos quedan dudas con respecto a si existe o no expropiación de los bienes de la empresa inversora. Entendemos que el término "expropiación" no está claramente definido, especialmente si tenemos en cuenta que uno de los temas en boga en el ámbito del derecho internacional es el de "expropiación indirecta", así como también el de las denominadas "medidas asimilables o equiparables a la expropiación". Estos términos suelen incluirse en el articulado de la mayoría de los tratados bilaterales y multilaterales vigentes en materia de protección y promoción de inversiones extranjeras, con la particularidad de no que no se establece en los respectivos acuerdos internacionales una definición o, por lo menos, no se indica cuál es el contenido o alcance de estos conceptos, motivo por el cual se dificulta conocer a ciencia cierta cuándo una medida, conducta o decisión estatal puede ser considerada de esa naturaleza. Ante esto, y dado que el artículo 7º constituye una confiscación de los derechos de propiedad, nos quedan dudas sobre si no estamos exponiendo al país al pago de futuras indemnizaciones, de acuerdo con lo que establece claramente el artículo 32 de la Constitución.

Agradezco al señor Diputado Patrone la intención y al señor Presidente por la tolerancia.

Por último, creemos de fundamental importancia que este proyecto se vote lo antes posible, teniendo en cuenta la problemática que enfrenta hoy Maldonado debido a los daños sufridos por el tornado. Sabemos que se acerca la temporada turística, que es de vital importancia no solo para el departamento, sino para todo el país.

Por lo tanto, nuestro Partido está dispuesto a votar este proyecto de ley, con la excepción hecha del artículo 7º.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Tiene la palabra el señor Diputado Mañana.

SEÑOR MAÑANA.- Señor Presidente: voy a tratar de no extenderme demasiado porque el compañero Diputado Mazzulo ha sido muy preciso con relación a la posición de nuestro Partido en cuanto a la inconveniencia de la aprobación de este proyecto.

Como integrantes de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, a pesar de ser reiterativos en algunos puntos, queremos expresar nuestra posición y hacer algunas consideraciones.

En Comisión votamos negativamente en general este proyecto, y en particular hemos votado de manera afirmativa los artículos 4º, 5º y 6º por considerar oportuno mantener la fuente laboral de los funcionarios, aun de aquellos que, habiendo sido empleados de OSE, se retiraron cobrando subsidios. Entendemos que es de vital importancia para el buen funcionamiento de los servicios poder contar con la idoneidad y la experiencia de estos funcionarios.

Hemos votado negativamente los artículos 1º, 2º y 3º en el entendido de que no es necesaria la creación de una estructura como la que se propone por vía de una ley solo con la finalidad de mantener el buen funcionamiento y la gestión que se viene desarrollando en Maldonado.

En ese sentido, consideramos innecesaria la incorporación de un Gerente General para esta Unidad, porque bastaría con mantener la figura jerárquica con la que cuenta OSE en la actualidad. Además, consideramos que esta figura gerencial no estaría haciendo justicia con la labor que cumplen los Gerentes regionales, quienes tienen que atender más conexiones de agua potable y de saneamiento por cada área bajo su responsabilidad. A su vez, no tendrían la jerarquía necesaria.

También consideramos innecesaria la incorporación de un Director en representación de la Intendencia Municipal de Maldonado, ya que si bien entendemos que es importante la participación de las autoridades locales, esta es posible a través de los convenios de cooperación para coordinar acciones. OSE viene desarrollando estos convenios desde hace varios años y coopera con las Intendencias Municipales en el marco del desarrollo departamental. Esto también nos genera dudas en cuanto a los derechos y las obligaciones y, por ende, en cuanto a su responsabilidad funcional, aspecto que ha detallado el compañero Diputado Mazzulo con mayor precisión.

Por otro lado, nos preocupa que en la exposición de motivos se sostenga que se ha rescindido el contrato con Uragua. Se expresa: "Por Resolución R/D Nº 760/05 del 1º de junio de 2005 el Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado dispuso la rescisión del contrato con la empresa Uragua S. A. por culpa de la concesionaria". Consideramos que esto no es correcto porque la resolución de OSE ha sido recurrida y además impugnada por el Tribunal de Cuentas.

Es de conocimiento público un diferendo entre el Estado y Uragua, y mientras este no se resuelva no se puede presumir el desenlace que menciona la exposición. Aun en el supuesto de que el contrato se hubiera rescindido a causa del incumplimiento del concesionario, el propio contrato estipula la forma de proceder, incluyendo el pago de indemnizaciones. El artículo 7º del proyecto -que también votamos negativamente- estaría modificando por ley un contrato vigente.

A nuestro criterio, este proyecto pretende solucionar, creemos que en forma equivocada y por medio de la ley, un diferendo entre el Estado y una empresa privada. Entendemos que la redacción del proyecto, tal como está formulada en el artículo 7º, es aplicable a todas las concesiones del departamento de Maldonado, ya que hace referencia a los "servicios referidos en el artículo 1º", y este habla de los "servicios que fueron concesionados a particulares en aquel departamento". Por si alguna duda cabe acerca de la interpretación aludida, el 7 de setiembre pasado la propia OSE emitió un comunicado por el que pretendió dar una interpretación oficial del texto, solo que no tiene facultades para ello. Si se quisiera hacer valer la interpretación de que el texto del proyecto de ley no se aplica a todas las concesiones, en algún lugar debería indicar cuáles sí y cuáles no.

Pero lo más preocupante de este artículo es que OSE puede requerir la entrega de los bienes sin expresión de causa y, peor aún, puede ordenar a un Juez que decrete el desapoderamiento sin que este pueda negarse o siquiera asegurarse de que estaría actuando conforme a derecho. Por lo tanto, entendemos que se estaría violando el artículo 32 de la Constitución en lo que refiere al derecho de propiedad. Y lo que resulta más alarmante es la superposición entre Poderes que se manifiesta en este artículo. Este deja abiertas las puertas para que futuras demandas se puedan resolver contra el Estado, invirtiendo la posibilidad de que este, legítimamente y ajustado a derecho, recurra ante la Justicia por el supuesto incumplimiento de la empresa concesionaria.

Por último, creemos que hacerse de los bienes de una empresa en función de una ley no solamente va en contra de la Constitución de la República, sino que pone en riesgo la posibilidad de futuras inversiones, que son tan necesarias para alcanzar la tan anhelada reactivación económica.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MAÑANA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señor Presidente: me gustaría hacer dos consultas al miembro informante o a algún integrante de la Comisión respecto a un par de temas. Específicamente, me refiero a las relaciones laborales de los trabajadores, quienes, siendo ahora funcionarios de Uragua, pasan a ser empleados de esta nueva forma jurídica. ¿Van a ser empleados públicos o privados? ¿Cómo se los va a clasificar? ¿Van a aportar a la Caja Civil como funcionarios públicos o van a perder, por tanto, algunos derechos que hasta ahora tenían como empleados privados, como por ejemplo el salario vacacional?

Además, si la contratación se hace al amparo de la Ley Nº 17.556, es por doce meses. Quiere decir que en doce meses esta nueva forma jurídica va a quedar en condiciones de renovar toda su plantilla. ¿Quién los despide? ¿Cómo se despide a estos funcionarios? Digo esto porque en doce meses, la Ley Nº 17.556, que es la que se apela, deja a los funcionarios en condiciones de contratados a término y, por lo tanto, pueden perder su contrato dentro de un año. ¿Esa es la idea? ¿Cómo se prevé esto?

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Puede continuar el señor Diputado Mañana.

SEÑOR MAÑANA.- He finalizado mi exposición, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Tiene la palabra el señor Diputado Patrone.

SEÑOR PATRONE.- Señor Presidente: comparto el informe en mayoría de la Comisión leído por el señor Diputado Pérez Brito y debo expresar que en la cuestión sustancial del tema que estamos tratando hay unanimidad de criterios; es decir, hay un acuerdo en lo sustancial, y es que el Estado se haga cargo de los servicios de agua y de saneamiento. Entonces, la pregunta surge meridianamente. En la propia Comisión ya vivimos esto. ¿Dónde radican las diferencias? ¿Cuáles son las diferencias que llevan a que en Comisión el Partido Nacional y el Partido Colorado voten en contra de este proyecto de ley en general, o sea., a que no estén de acuerdo con la Unidad de Gestión Descentralizada? ¿Dónde están las diferencias? ¿Cuáles son las razones? Pregunto esto porque a nivel del articulado encontramos que hay coincidencias en los artículos 4º, 5º y 6º por parte del Partido Nacional y en los artículos 1º a 6º por parte del Partido Colorado. Quiere decir que en lo medular de lo que nos enfrenta en estos momentos, que es el proyecto de creación de una Unidad de Gestión Desconcentrada, estamos de acuerdo. Sin embargo, en general se vota en contra.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PATRONE.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señor Presidente: venía escuchando con mucha atención al señor Diputado que estaba haciendo uso de la palabra, y si bien no integro la Comisión y, por tanto, no participé en el análisis de esta cuestión, entiendo -por haber leído el informe en minoría y haber escuchado la exposición muy bien fundamentada del señor Diputado Mazzulo- que la situación es al revés de como el señor Diputado Patrone expresa.

El Partido Nacional está en contra del objeto de este proyecto de ley -nos vamos a referir al tema cuando nos toque hacer uso de la palabra- porque hay una diferencia de sustancia y de esencia. Además, creemos que este proyecto no cumple con los extremos previstos en la Constitución de la República o, en todo caso, los cumple en parte, y a nuestro juicio de allí deviene una forma de inconstitucionalidad.

Estuve leyendo el proyecto y debo confesar que me asaltó una enorme duda, que hasta ahora no se me ha podido despejar, porque no se aclara cuáles son los servicios de agua y saneamiento que se asumen. ¿Son solo los de Maldonado? ¿Son todas las concesiones que hoy están vigentes en el país? ¿Son algunos de los servicios de Maldonado, pero otros no? De la exposición de motivos del Poder Ejecutivo parecería desprenderse que son solo una parte de los servicios concesionados en el departamento de Maldonado, pero del artículo 1º surgiría que son todos.

Creo que esa imprecisión que hoy se nos propone como fórmula legislativa en este proyecto de ley, en particular en el artículo 1º, es verdaderamente temeraria. Por eso el Partido Nacional está en contra. Aquí, claramente, hay una actitud contradictoria del Poder Ejecutivo, pues el proyecto tiene un vicio de origen que es la mala aplicación o el incumplimiento -digámoslo claramente- del mandato popular expresado en el artículo 47 de la Constitución, plebiscitado el pasado 31 de octubre. Me da la impresión de que lo que se pretende en esta oportunidad -dando un barniz legislativo a esta situación- es tratar de resolver un trauma que se arrastra desde esa oportunidad y que tiene que ver, por un lado, con pedir perdón por no cumplir la reforma en todos sus términos y, por otro, hacerse los distraídos, ya que de esta manera, por lo menos en parte, se están estatizando estos servicios, a pesar de que claramente -aunque nosotros no apoyamos la reforma- el mandato constitucional establece que todas las concesiones de servicios de agua potable deben caer, porque así lo dispuso el soberano el 31 de octubre. A mi juicio, allí radica la diferencia sustantiva, esencial, raigal, que el Partido Nacional tiene con respecto a este proyecto de ley.

Por supuesto que abundaremos y profundizaremos en estos conceptos cuando nos toque hacer uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Puede continuar el señor Diputado Patrone.

SEÑOR PATRONE.- Señor Presidente: de alguna manera el señor Diputado preopinante ha expresado la opinión del Partido Nacional, que ya había sido manifestada por el señor Diputado Mazzulo, lo que me ha evitado que fuera yo quien la mencionara para aclarar este tema.

Por otra parte, como los Representantes del Partido Nacional hicieron uso de la palabra, quisiera poder recuperar estos tres minutos que he perdido porque si no, como cuento con tan escaso tiempo, no voy a poder desarrollar adecuadamente mi pensamiento.

Hemos entrado en una discusión a la que nos invitó el señor Diputado preopinante, y a pesar de que el informe del Partido Nacional manifiesta que este proyecto es innecesario e inconveniente, podemos expresar por qué es necesario. Esta ley es necesaria porque, entre otros elementos, bajo la concepción de desconcentración y descentralización incorporamos el Gobierno Departamental. Pero vamos a no ser contradictorios. El propio Partido Nacional, en su momento, durante la campaña electoral departamental, tuvo un proyecto de ley en el que esta Unidad de Gestión Desconcentrada no era tal, sino que se trataba de una Unidad propia del departamento de Maldonado, propiedad exclusiva de esa Intendencia Municipal. Si se nos dice que estamos procediendo de una forma inconstitucional porque esta Unidad de Gestión Desconcentrada no es la persona jurídica estatal de naturaleza autónoma, descentralizada, de capital público en su totalidad -como se dice en el informe-, debemos expresar que está claramente establecido que esa Unidad depende de OSE, que es el servicio descentralizado al que hace referencia la Constitución de la República. Esto es de una claridad meridiana.

Ahora bien: reconozco la incapacidad que hemos tenido como bancada de Gobierno para persuadir o convencer a la oposición con la argumentación, porque todos estos elementos los hemos manejado y discutido en profundidad en la Comisión. Es obvio que, tal como está planteada hoy la situación, nuestra capacidad de convencimiento no es suficiente para llegar a un acuerdo con respecto a estos temas.

Esta ley es necesaria porque incorpora al personal de Uragua. ¿Cómo lo incorpora? El señor Diputado José Carlos Cardoso preguntaba cuál era la relación laboral de estos funcionarios de Uragua que pasan a la Unidad de Gestión Desconcentrada. Eso también es de una claridad meridiana: son contratados. En estos momentos no existe forma de incorporar personal a la Administración Central porque está explícitamente prohibido por ley.

SEÑOR TROBO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PATRONE.- Se la concedo, señor Diputado, si usted es generoso con su tiempo para que yo pueda desarrollar mi pensamiento.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: no voy a utilizar más de un minuto.

Podría reformular la pregunta del señor Diputado José Carlos Cardoso con algo que creo que es muy importante que se diga hoy aquí. A nuestro juicio, con la aplicación de la norma jurídica que la Cámara está aprobando hoy, los empleados de Uragua que pasan a trabajar a la OSE -en la condición en que pasen- pierden derecho a reclamar el despido a Uragua. Esta norma está quitándoles ese derecho a los funcionarios. Uragua no los va a despedir y, por tanto, a pesar de los juicios laborales que los funcionarios le quieran hacer a la empresa, no van a poder percibir el despido. Digo esto porque resulta que, si a los doce meses OSE no necesita a esos funcionarios -lo que es probable, porque aquí no se dice que quedan para toda la vida-, ese día esos pobres funcionarios, con su voluntad de trabajo a cuestas, van a ir a reclamar a alguien porque quieren que les paguen el despido. Pero OSE no les va a pagar el despido, y habrán perdido el derecho de reclamárselo a Uragua. Esa es otra de las perlas que tiene esta muy mala solución.

Aquí tiene que decirse hoy cómo es que los funcionarios de Uragua van a mantener el derecho a reclamar la indemnización de despido. De lo contrario, la empresa se va a llevar el beneficio de no tener juicios laborales en contra. Esperamos una respuesta en este sentido.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Puede continuar el señor Diputado Patrone.

SEÑOR PATRONE.- Señor Presidente: la pregunta formulada es interesante porque nos introduce en el derecho laboral. Evidentemente, por ser arquitecto, no soy especialista en derecho laboral, y no sé si el señor Diputado Trobo es abogado o especialista en derecho laboral. Por lo que uno conoce por haber estado treinta o cuarenta años en la actividad privada -esta es la primera Legislatura en que ingresamos como Diputados-, sabemos que en esta situación no hay un cese de la relación laboral. Es la Unidad de Gestión Desconcentrada la que asume al personal de Uragua y no hay un corte. Por lo tanto, después de transcurridos los dieciocho meses que se aseguran por esta ley de contratación -aunque sabemos que van a ser más meses en función de su capacidad, idoneidad y necesidad del servicio-, se instrumentaría la posibilidad de que cualquier persona cesada en su relación laboral recurra a la vía legal correspondiente. Obviamente, podrán existir otras opiniones desde el punto de vista del derecho laboral y no voy a seguir con lo mismo.

Quiero insistir en que es necesario que este proyecto se plasme en ley porque no solo está la posibilidad de incorporar al personal de Uragua a esta Unidad de Gestión Desconcentrada, sino también la necesidad de mantener los contratos de personal y de servicios que aseguren su continuidad. O sea que existe otra serie de relaciones que vinculan a la empresa en la actualidad con personal o servicio para lograr que no haya ningún tipo de inconvenientes.

Además -después nos vamos a referir especialmente al cuestionado artículo 7º-, por este proyecto se permite el reclamo de la entrega de bienes ante el Poder Judicial. En este sentido, me gustaría repetir las palabras vertidas por el señor Senador Korzeniak, quien de este tema sabe más que yo, y que hacen referencia al artículo 7º. Él expresó: "Señor Presidente: con referencia a este artículo simplemente quiero decir que estoy muy conforme con su texto. Quiero además aprovechar para decir que se trata de un artículo que establece lo que se llama en la doctrina del Derecho Procesal un procedimiento monitorio. Se trata de un tema muy viejo en el Uruguay.- El proceso monitorio en el desalojo significa que el actor pide el desalojo, el Juez examina la situación decretando el mismo, si corresponde, sin darle vista a la otra parte. Eso se llama juicio monitorio. Lo mismo sucede en el juicio ejecutivo; cuando se pide un embargo, el Juez no le da vista a la contraparte antes de decretar el embargo y después la otra parte tiene derecho a defenderse. Al respecto podemos encontrar muchos ejemplos y esto ya figuraba en el viejo Código Civil.- Por otro lado, quiero decir que con motivo del desalojo y en general, según lo entendió la Suprema Corte de Justicia en más de una oportunidad, para chicanear -a veces justificado moralmente- el desalojado empezaba por impugnar la constitucionalidad de la Ley de Desalojo por establecer un procedimiento monitorio. En ese caso, la persona decía que se decretaba el desalojo antes de que tuviera vista del mismo. La Suprema Corte de Justicia siempre rechazó esa impugnación por inconstitucionalidad. De manera que acá tenemos una finalidad bien loable," -no nos olvidemos de que estamos hablando de una concesión en la que los bienes y el patrimonio son de OSE y del Estado- "es decir, el mantenimiento de un servicio público -deber del Estado- y el establecimiento de un procedimiento monitorio que no niega las defensas posteriores porque permite que se establezcan los recursos". Esto expresó en Sala el señor Senador Korzeniak. Creo que ante las dudas que pudieran existir a este respecto, con esto quedan suficientemente aclaradas.

Este punto adquiere relevancia considerando fundamentalmente el artículo 47 de la Constitución, el Decreto Nº 157, del 20 de mayo, y la resolución de rescisión del contrato Nº 760/05 del Directorio de OSE. Todo esto está inmerso en el marco de la negativa de la empresa Uragua en cuanto a admitir algún tipo de actuación inspectiva, señalando que solo aceptará reunirse para traer soluciones amigables, según lo expresó al Directorio de OSE el 6 de agosto. Todos sabemos que fue necesaria la intervención judicial para el acceso a la sede de Uragua por parte de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

Entonces, cuando estamos diciendo que no es necesaria una ley y ninguna actividad extra para que esta transición se produzca felizmente, nos encontramos con que no es así. Está vigente el artículo 47 de la Constitución y también el pedido de rescisión. Sin embargo, la empresa se niega rotundamente a que se realicen tareas inspectivas y es necesario recurrir a la Justicia.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Por otra parte...

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Ha expirado su tiempo y le pedimos que redondee.

SEÑOR PATRONE.- Lamentablemente, mi tiempo es absolutamente insuficiente porque he concedido interrupciones que espero sean devueltas con la gentileza que corresponde.

Con relación a la convalidación del Tribunal de Cuentas en virtud de la impugnación hay un espléndido trabajo del doctor Delpiazzo, en el que se manifiesta acerca del valor jurídico de la interpretación constitucional -en alguna oportunidad lo podremos desarrollar- y concluye diciendo: "Me parece claro que se impone responder negativamente a la pregunta" -la pregunta es si era correcta la interpretación del Tribunal de Cuentas- "teniendo en cuenta para hacerlo la clase de interpretación de que se trata, el objeto con el que se realiza, y la enseñanza de la doctrina constitucionalista al respecto. Además, no surge de ninguna parte de la Constitución que cualquier interpretación normativa realizada en ejercicio de la función administrativa pueda resultar de mayor valor que otra". Estos conceptos vertidos por el doctor Delpiazzo refieren, precisamente, a la interpretación y a la validez jurídica de lo actuado por el Tribunal de Cuentas.

Lamentamos no tener el tiempo suficiente para completar la exposición. Como miembros de la Comisión y en el entendido de que los informes -que era lo que iba a plantear el señor Diputado Pérez Brito- habían llegado en tiempo y forma a este plenario, supusimos que íbamos a disponer de treinta minutos para desarrollar el tema.

Agradezco la tolerancia y la benevolencia de la Presidencia.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Tiene la palabra el señor Diputado Germán Cardoso.

SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Señor Presidente: como ya lo ha manifestado en su informe mi compañero de sector, el señor Diputado Signorelli, no vamos a acompañar en general este proyecto de ley, basándonos fundamentalmente -de alguna manera contesto la alusión de la cual fue objeto mi Partido por el señor Diputado preopinante- en las diferencias que tenemos en cuanto a la naturaleza jurídica de este proyecto.

Hablando en términos jurídicos, porque no todos tienen por qué tener formación en ese campo, como bien dijo el señor Diputado preopinante, las normas de convivencia de la sociedad uruguaya están reguladas por un orden jurídico. Creo que en el liceo se nos enseñó a todos -y lo aprendimos sin haber ido a la facultad- ese orden jurídico mediante un dibujito de lo que es la pirámide de Hans Kelsen. Allí se ordena y se da prioridad a la escala jurídica de aplicación en esta sociedad, que rige las normas de convivencia. La primera en orden de jerarquía es la Constitución. En segundo lugar, están las leyes y los decretos, después vienen los reglamentos, etcétera. Lo que está claro es que nunca una norma de menor jerarquía puede contradecir a la de mayor jerarquía dentro de esa escala de valores.

Cuando el señor Diputado preopinante habla de un acuerdo en Comisión entre los Diputados de los distintos partidos, realmente no nos queda claro qué es lo que se plantea. ¿Un acuerdo de voluntades en Comisión? ¿Y la Constitución? ¿Y la Constitución de la República, que ha sido reformada por una ciudadanía que fue convocada por el que hoy es el partido de Gobierno y ejerce los destinos del Poder Ejecutivo?

El 31 de octubre pasado la ciudadanía fue convocada para reformar la Constitución, a fin de que todas las concesiones del servicio de saneamiento y agua potable del territorio nacional volvieran a manos del Estado.

SEÑOR ASTI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CARDOSO (don Germán).- No, señor Diputado. Las interrupciones las concederé al final de mi intervención.

Realmente, en este tema hay varios aspectos a analizar.

Queremos ser coherentes con las actitudes políticas que hemos adoptado en este tiempo y en estos años. Cuando uno escucha al miembro informante destacar virtudes y la eficiencia en la ejecución del servicio de Uragua y de la empresa concesionaria del servicio en el departamento de Maldonado, nos llama poderosamente la atención y nos indica que, de algún modo, el tiempo nos ha dado la razón.

Estuvimos en contra del plebiscito del 31 de octubre; es público y notorio que dimos batalla en todo el departamento de Maldonado, en todos los medios. Inclusive, tuvimos oportunidad de debatir sobre la concesión de servicios de agua potable con el actual Intendente Municipal de Maldonado, señor Óscar de los Santos, cuando ambos éramos candidatos a Diputados. Recuerdo perfectamente cuando le dije al actual Intendente de Maldonado, en algunos pasajes de la discusión, que tenía la convicción de que, si se aprobaba el plebiscito -como era muy probable, de acuerdo con las encuestas- y el Encuentro Progresista accedía al Gobierno, se vería en el brete de extender los contratos y no podría finiquitarlos, ya sea el de Uragua o el de Aguas de la Costa. Además, el Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, siendo candidato a la Presidencia, pocos meses antes de la elección se había reunido en España con los dueños de la concesión, a quienes les aseguró que las empresas concesionarias del departamento de Maldonado que tuvieran contrato seguirían operando y no caerían. Esto es paradójico, porque en mi departamento -puedo hablar con propiedad, porque vivo y provengo de allí, y este es un tema que hace específicamente a lo que ha sucedido en Maldonado-, en todos estos años la dirigencia del Encuentro Progresista-Frente Amplio, desde la mayor a la menor jerarquía, hizo campaña para correr y sacar prácticamente a patadas a Uragua y a Aguas de la Costa. Tanto es así que hace unos años hubo un plebiscito trucho, propiciado por actores y dirigentes de izquierda en Maldonado. En ese momento, prácticamente trasmitían a la gente la convicción de que si abrían la canilla el agua salía como "envenenada"; utilizo este término porque era realmente lo que se hacía sentir a la gente, por cuanto el servicio lo estaba prestando una empresa privada. Salieron en bicicleta por los barrios para llevar adelante un plebiscito que no tuvo la más mínima supervisión de la Corte Electoral, aunque fue puesto en conocimiento de la ciudadanía por todos los dirigentes locales de la izquierda.

SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Ya dije que las interrupciones las concederé después que termine mi intervención.

Decía que los dirigentes y actores de izquierda salieron a recorrer el departamento en bicicleta, con una urna para votar en un plebiscito trucho. Digo trucho porque no tuvo ningún tipo de control y se podía votar una, cinco o diez veces; nadie llevó un control real de cuántas fueron las voluntades que se manifestaron en contra de la concesión.

Se anduvo todo ese camino y se llegó a la instancia plebiscitaria, donde se alentó al sindicato de la OSE a recorrer el departamento e ir a los lugares puntuales al este del arroyo Maldonado.

Este proyecto de ley nada soluciona y hoy persiste la problemática de la tarifa diferencial de agua en el departamento de Maldonado. Lo que se entendía era que si triunfaba la izquierda, se ganaba el plebiscito y se irían todas las empresas privadas del territorio nacional. Esto es lo que no ha ocurrido y lo que el Gobierno no ha hecho.

Cuando se envía al Parlamento un proyecto de ley con la firma del doctor Tabaré Vázquez y del arquitecto Mariano Arana en representación del Poder Ejecutivo, que tiene iniciativa en esta materia, y en su exposición de motivos se señala que "El numeral 3) del artículo 47 de la Constitución de la República establece que 'el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales'", tácitamente se demuestra que el Presidente de la República y el señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente una vez más reconocen que han violado y siguen violando la Constitución de la República.

Afirmo esto basado en que en este proyecto no se soluciona nada con respecto a la empresa concesionaria ni al usuario que vive al este del arroyo Maldonado, que es donde persiste el problema económico y la diferencia tarifaria en el suministro del servicio.

Al parecer, se actúa de una manera para una cosa y de otro modo para otra. Evidentemente, el Gobierno propone este proyecto para justificar lo injustificable y seguir adelante con ese capricho de violar la Constitución y no acatar la decisión popular. Nosotros dimos la batalla y discrepamos en su momento, y a pesar de haber estado en contra de la reforma, fuimos de los primeros en acatar cuando la ciudadanía se pronunció, porque los fallos populares son inapelables. Cuando el Poder Ejecutivo continúa encaprichado en violar la Constitución y, mediante un decreto, hace un chicle de la Constitución y de lo que resolvió la gente, decimos que este proyecto emparcha la situación y de ningún modo la resuelve.

Si tuviéramos la convicción de que en este proyecto de ley está contemplada la gente que vive al este del arroyo Maldonado -hablo de los tres mil usuarios, que en realidad son alrededor de doce mil personas-, tal vez votaríamos en general -¡cómo no!- este proyecto de ley, porque de algún modo se solucionaría esa situación dispar y desigual que el Gobierno actual mantiene. Sin embargo, no se da respuesta a esa gente, a la que se alentó a apoyar el plebiscito y que hoy se siente decepcionada, desilusionada.

SEÑOR HERNÁNDEZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Sin duda, como adelantó mi compañero de bancada, el señor Diputado Signorelli, acompañaremos la mayor parte del articulado de este proyecto de ley, porque se debe dar respuesta a una serie de situaciones que a partir del plebiscito generan un montón de incertidumbres y de inseguridades, que alcanzan a los funcionarios que hoy ven amenazada su fuente laboral. En ese sentido, existe un gran vacío y no se sabe qué sucedería. La apreciación del señor Diputado Trobo no fue para nada desacertada, por cuanto en este proyecto se da garantía a los funcionarios por dieciocho meses.

Votaremos parte de este articulado porque es mejor eso que nada, pero dentro de dieciocho meses el Gobierno analizará la situación y procederá de acuerdo con sus propias evaluaciones, lo que sin duda no es una solución ni una seguridad definitiva en esta situación, que ha sido pura y exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo y de Alianza Nacional, porque nobleza obliga a decir que los sectores que integran el Gobierno no fueron los únicos que impulsaron este plebiscito, ya que también contó con el apoyo del candidato a la Presidencia del Partido Nacional, actual Senador Jorge Larrañaga. Esto debe quedar claro, y cuando se habla de que a partir de la aprobación del plebiscito se generó un montón de situaciones que no estaban previstas y que se debe aprovechar las estructuras de la empresa privada, se desnuda la realidad de que se tuvo un doble discurso y que la empresa privada no era tan mala. Inclusive, se dice que algunas modalidades de la empresa privada deben ser adoptadas por la OSE, con lo que el Gobierno y quienes alentaron este plebiscito están reconociendo tácitamente que la empresa privada tiene mayores virtudes de gestión que la empresa pública.

Lo que sí está claro es que confiábamos en que quienes alentaron esta instancia plebiscitaria para reformar la Constitución de la República y provocaron que se tuvieran que retirar las empresas privadas de este país -como es natural, las empresas concesionarias responsablemente ya habían definido cuál iba a ser el criterio para hacerse cargo de todo este proceso que se ha puesto en marcha después del plebiscito- tuvieran todo resuelto cuando el Estado asumiera la ejecución de los servicios y se pusieran al frente de toda esta situación generada a raíz del plebiscito, porque así lo quiso toda la gente.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PÉREZ BRITO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PÉREZ BRITO.- Señor Presidente: en primer lugar, aprovecho para decir que no me mencionen como miembro informante porque la Mesa decidió que el régimen fuera otro.

En segundo término, me parece muy dura la forma en que el señor Diputado Germán Cardoso habla de lo que fue la culminación de una movilización popular. En el departamento de Maldonado nos habíamos vacunado con Aguas de la Costa. Esto hizo que hubiera una intensa movilización popular, que terminó en un llamado a plebiscito, que no fue trucho y que, entre otras cosas, generó que se modificaran muchos de los artículos del pliego de licitación que tenían como abanderado al señor Moller, Vicepresidente de OSE. Además, aseguró la igualdad de la tarifa con la de OSE. Todo esto sucedió por la movilización de los ciudadanos.

En cuanto a las contradicciones, probablemente existan muchas en la vida política, pero en lo que concierne a este dirigente de izquierda, que ha trabajado intensamente para que cayeran estas concesiones, seguirá pensando que todas las concesiones deben caer. Además, sé que tanto el Directorio de OSE como el Poder Ejecutivo están trabajando para asegurar la igualdad de tarifas para los ciudadanos que viven al este del arroyo Maldonado y para que, en cuanto se pueda, retorne esa área a la gestión del Estado.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Señor Presidente: estoy totalmente de acuerdo con lo planteado por el señor Diputado Pérez Brito con respecto al plebiscito.

Quiero dejar claro en la Cámara -a fin de que llegue también a la población de Maldonado- que fue una manifestación de más de treinta mil personas que participaron en esa especie de plebiscito popular que el señor Diputado Germán Cardoso considera trucho; esa manifestación popular se realizó porque no había otra forma de hacerlo con la celeridad necesaria para modificar las condiciones del pliego.

Dejo planteado que el ex Diputado Fernández Chaves también adhirió, junto con otros legisladores de Maldonado, a la propuesta de derogar el artículo 750 introducido en el Presupuesto Nacional, cuando en el plebiscito de 1992 se negó la privatización de las empresas públicas. El Gobierno de ese entonces votó este artículo en la Rendición de Cuentas y nosotros trabajamos para derogarlo.

(Interrupción del señor Representante Germán Cardoso)

——Esta Cámara se negó a considerarlo. Luchamos hasta el final y el propio Gobierno colorado no se animó a realizar la privatización y la tuvo que hacer el Gobierno de Jorge Batlle en los primeros días de su mandato. Esto es lo que tiene que saber la población de Maldonado. La experiencia que vivíamos de la privatización de Aguas de la Costa hizo necesaria la movilización del pueblo.

En homenaje a esas decenas de miles de personas, a los cientos de compañeros que se movilizaron en la Comisión de Defensa del Agua de Maldonado y a las decenas de miles de personas que en aquellos años supieron alertar acerca de lo que representaban estas privatizaciones, es que vamos a votar con mucha satisfacción en el día de hoy la posibilidad de que OSE se haga cargo de los servicios de agua potable a través de esta unidad ejecutora y de que mantengamos las fuentes de trabajo, lo cual es fundamental y lo que estamos tratando de hacer por medio de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BOTANA.- Señor Presidente: quiero precisar al señor Diputado Germán Cardoso que nuestro movimiento político entendió necesario hacer esto por ley y así lo expresó en la campaña electoral, al apoyar este plebiscito. Además, manifestó también como principio que no se legisla hacia atrás.

Por último, quiero decir que nuestro movimiento actúa con responsabilidad y prevé cada una de las consecuencias de las posiciones que asume.

Muchas gracias.

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- La Mesa entiende que el señor Diputado quiere contestar una alusión realizada en una respuesta de alusión. Entonces, como bien sabe el señor Diputado, la Mesa no puede cederle la palabra.

(Interrupción del señor Representante Amorín Batlle)

——La Mesa entiende que no corresponde responder una alusión en esas condiciones. Sí le concede la palabra al señor Diputado para realizar una aclaración.

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Agradezco enormemente, señor Presidente, la flexibilidad que ha tenido. Me parece importante que las cosas se traten así. Por lo tanto, voy a bajar el tono que pensaba utilizar para terminar con este tema de alusiones de alusiones.

Sí quiero decir algo. Me parece que la mejor forma de respetar las movilizaciones populares, la mejor forma de respetar por lejos a más de un millón de personas que votaron una reforma constitucional que nosotros no apoyamos, es respetar la Constitución y no violarla a través de un decreto.

SEÑOR TROBO.- ¡Apoyado!

SEÑOR PRESIDENTE (Bentancor).- Tiene la palabra el señor Diputado Hernández.

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señor Presidente: me sumo al planteo formulado por el señor Diputado Amorín Batlle de bajar el tono porque, en última instancia, la vida nos exige a todos los legisladores tratar de legislar en este ámbito para el que nos eligió la población, y aunque parezca inconstitucional, buscar los máximos acuerdos, conciliar las diferencias -si se me permite la expresión- y ver claramente cuáles son, a fin de perseverar en las ideas de los distintos partidos que serán planteadas por los diferentes Representantes.

Es cierto que habríamos preferido que este tema hubiera pasado por la Comisión de la Cámara de Representantes, porque es un ámbito que nos permite discutir sin un sentido de piel, utilizando las neuronas y no las hormonas.

De hecho, en el marco de otras contradicciones, en el Senado nos encontramos con una discusión de tono no saludable al tratar estos temas en forma urgente. El proyecto ingresa a nuestra Comisión y comenzamos su discusión rápidamente, llamando a los involucrados: los trabajadores y el Directorio de OSE. Algún partido nos pidió el tiempo necesario para sustanciar las cosas en su interna, ya que se podrían hacer aportes con seriedad, no de a caballo -me parece que no es serio discutir de a caballo-, y sabemos que los distintos integrantes de los diferentes partidos representados en esa Comisión lo pensaron. Podremos estar de acuerdo en algunas cosas o tener diferencias en otras; no importa. En última instancia, esta ha sido la lucha de este Parlamento, con mayorías que se han movido de determinada forma y hoy están dadas así. No nos enojemos con la realidad. Acá se ha dicho: "Estamos dispuestos a hacer lo posible para resolver el tema de la gente". Bienvenido sea; en eso estamos todos.

Decía que el proyecto venía del Senado con una situación bastante conflictiva, con opiniones contrarias por parte de la minoría, pero también con opiniones a favor en algunos aspectos que acá se dice que no corresponden, desde el punto de vista del marco institucional, a la jerarquía máxima. Empezamos a discutir y llegamos a lo que llegamos.

Quiero plantear acá que hubo un momento en el que quedamos empatados cuatro a cuatro; no había posibilidad de pasar los informes a este plenario. ¡Era una cosa increíble! Con lo que significan las mayorías en este plenario, que tenían una posición, desde el punto de vista reglamentario no podían traer el informe al plenario. Eso nos cuestionó en algún momento, porque en última instancia el Reglamento lo hace este plenario y no nos obliga una actitud -que no vamos a mencionar- que vino del Partido Nacional y que permitió que no hubiera situaciones no deseadas para nadie.

(Interrupción del señor Representante Trobo)

——Nos dicen que fue una actitud del Herrerismo. Es cierto. Sin querer menoscabar al Herrerismo, saludo públicamente a uno de los integrantes de la Comisión, señor Diputado Caram, quien pertenece al Herrerismo y al honorable Partido Nacional.

Si nosotros no resolvemos esas situaciones, que parecen estar lejos, mediante conversaciones entre los tres partidos, en cada caso vamos a tropezar con esto. No sé si no tendremos que encontrar los caminos políticos necesarios para que eso no suceda más. Hemos encontrado mucho respeto por nuestra seriedad y nosotros también hemos respetado la idea del Partido Nacional y del Partido Colorado. Sabemos que a veces no es fácil, porque siempre algo hay que llevar a la asamblea, ya que nos comen en los pasillos; ¡somos tan mezquinos!

Quisiera contestar algunos aspectos de ciertas preguntas, pero lo haré con mucho gusto solicitando interrupciones. Sin embargo, quiero decir brevemente cómo veo este problema.

(Ocupa la Presidencia la señora Representante Castro)

——Para nosotros, este proyecto busca cinco objetivos principales: "a) asegurar el tránsito de los servicios que actualmente presta la concesionaria URAGUA en el departamento de Maldonado, sin ningún tipo de perjuicio ni inconvenientes para los usuarios en forma segura y eficaz.- b) aprovechar la estructura de funcionamiento vigente en materia operacional, evitando además la desocupación del personal que hoy se encuentra ocupado lo que afectaría en forma importante al departamento". Este proyecto de ley no se hizo en un pasillo ni en una oficina; se hizo en contacto muy fluido con los trabajadores. Si los señores Diputados lo consideran necesario, podemos leer algunas expresiones de las actas.

Continúo enumerando los objetivos del proyecto: "c) permitir evaluar en forma independiente la gestión en el Departamento y confrontarla con la gestión global, obteniendo e intercambiando experiencias en uno y otro caso". Si de acuerdo con la información que tenemos hay que decir que los servicios son buenos, lo diremos.

Prosigo: "d) Integrar a la gestión local del servicio la participación del gobierno departamental, dándole cristalinidad y acceso inmediato a las necesidades locales.- e) dar estricto cumplimiento al artículo 47 de la Constitución de acuerdo a la Reforma aprobada, en el marco de la reglamentación dispuesta por el Decreto Nº 157/05 del Poder Ejecutivo".

No nos olvidemos de una larga sesión de interpelación, en la que esta Cámara, que es el marco de democracia en el que están hechas la Constitución y las leyes en este país, se dio por satisfecha con las explicaciones del señor Ministro y su Gabinete.

A continuación, la exposición de motivos plantea: "En tal sentido el artículo 1º autoriza a crear una Unidad de Gestión Desconcentrada para hacerse cargo de los servicios que en forma inmediata OSE debe asumir -URAGUA y las cooperativas-, preparando una organización adecuada para asumir en el futuro los servicios de Aguas de la Costa, cuando deba hacerlo en función del vencimiento del plazo contractual vigente o ante la eventualidad de que se diera alguna de las hipótesis de rescisión o culminación anticipada del contrato.- Integra al Directorio de la nueva Unidad al Presidente y Vicepresidente de OSE, asegurando el control directo de la misma, junto a un integrante del Gobierno Departamental" -adviertan que digo Gobierno, no Intendencia-, "lo que significa un avance en el proceso de descentralización territorial y la participación del Gobierno local, en interés directo de los vecinos usuarios de los servicios.- En lo que respecta al personal autoriza a contratar la totalidad del personal dependiente de URAGUA, por un plazo prudencial que asegura a estos la fuente de trabajo pero permite evaluar las necesidades de personal y el compromiso de los mismos con la gestión en forma adecuada, sin que ello implique la incorporación de funcionarios públicos en sentido estricto tal como lo define la Ley Nº 17.556.- Asimismo, la excepción a las normas de contratación del Estado que se propone, tiene como objetivo asegurar la continuidad del servicio durante el plazo necesario para que se adopten las medidas definitivas, retornando luego a las directivas propias de las formalidades de la Administración.- Por último cabe destacar que la norma prevista en el artículo 7º asegura a la Administración la toma de posesión de los bienes y servicios que le pertenecen en su condición de concesionaria evitando que la empresa URAGUA pueda interponer recursos administrativos o judiciales que dilaten la entrega con el consecuente servicio para los usuarios. Esto no significa en medida alguna alterar las garantías del debido proceso, ya que en ninguna forma permite prejuzgar sobre el fondo del litigio entre el Estado y la empresa.- Debe señalarse que la controversia existente hoy entre OSE y URAGUA, se basa exclusivamente en las razones jurídicas por las cuales la primera debe asumir los servicios.- OSE ha fundado su decisión de los incumplimientos que entiende constatados de acuerdo con los informes jurídicos y técnicos con los que cuenta, mientras que la empresa sostiene que debe asumirlos en función de la interpretación que realiza de la aplicación de la reforma constitucional".

Por lo tanto, no existen dudas de que la Administración debe asumir los servicios y la discusión se remite exclusivamente al monto y la naturaleza de las indemnizaciones. Cabe señalar, además, que la empresa concesionaria no está pagando el canon desde el mes de abril de este año, lo que significa una pérdida de ingresos para el Estado.

Por otra parte, todos sabemos que los trabajos de preparación e inversiones para la temporada deben comenzarse en forma inmediata.

Para nosotros, todo esto hace plenamente justificada la medida prevista, que solo tiende a asegurar los bienes del Estado y la correcta prestación de los servicios.

Nos habría gustado tener el tiempo necesario para seguir discutiendo este proyecto. Habríamos querido ampliar la experiencia que vivimos en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, perseverando en recabar las opiniones de la gente interesada y que conoce el tema; y no para hacer una discusión mezquina, sino la que están esperando todas las vecinas y todos los vecinos, los ciudadanos de este país, que quieren que administremos y legislemos en función de las necesidades concretas que tiene la gente, con el equilibrio necesario. Indudablemente, este Parlamento está formado por distintos sectores de la sociedad, a la que la atraviesan todos los partidos horizontalmente; y sabemos que esos intereses se contraponen, pero que, a la vez, se conjugan en la lucha por esta nación, por la necesidad de crear fuentes de trabajo y de salir de este pozo en el que estamos.

Por lo tanto, el tiempo que necesitamos no es porque tengamos dudas acerca de lo acertado de este proyecto, sino por la necesidad, que tenemos cada vez más, de que todos entremos en la discusión, pero que no lo hagamos de a caballo, sino pensando.

SEÑOR SALSAMENDI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR SALSAMENDI.- Señora Presidenta: quiero reafirmar algunas cosas. En primer lugar, la naturaleza jurídica de la Unidad que se crea es la de un organismo desconcentrado, lo que es ampliamente conocido en el derecho uruguayo. Para poner un ejemplo de algo que existió en su momento, puedo mencionar al viejo Consejo del Niño. Esta Unidad no va a depender del Gerente General de OSE, sino directamente del Directorio, como ocurre con la Inspección General del organismo y con la Dirección General de Secretaría; en esto no hay innovación.

Con relación al tema de los trabajadores, el asunto es que ninguno de los que dependan de Uragua va a perder el derecho a realizar los reclamos que entienda pertinentes respecto a esta empresa; absolutamente ninguno. Esta discusión que se dio objetivamente, desde el punto de vista del derecho laboral, no está correctamente planteada. Acá no hay transformación de una empresa ni de un contrato, en la cual se esté señalando que existe una continuidad determinada, sino que objetivamente hubo un rompimiento del vínculo laboral que ameritaría realizar las acciones judiciales pertinentes a quien lo deseara.

31.-      Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Enrique Pintado, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir a la I Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana, a realizarse en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, por el período comprendido entre los días 26 y 30 de setiembre de 2005, convocándose a la suplente siguiente, señora María Eloísa Moreira.

Del señor Representante Gustavo Borsari Brenna, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 16 y 30 de setiembre de 2005, convocándose al suplente siguiente, señor Diego Guadalupe.

Del señor Representante Juan José Domínguez, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para participar con la Mesa Ejecutiva del Uruguay de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, con el Parlamento Andino, de la Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana, a realizarse en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, por el período comprendido entre los días 27 y 30 de setiembre de 2005, convocándose al suplente siguiente, señor Gustavo Rombys".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y cuatro en treinta y seis: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 14 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi mayor consideración.

Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside licencia por los días 26 al 30 de setiembre inclusive; convocando a mi suplente correspondiente, de conformidad con la Ley Nº 17.827 inciso C).

Durante esos días participaré en la I Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones, que se realizará en la ciudad de Brasilia, Brasil.

Saluda atentamente,

ENRIQUE PINTADO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Enrique Pintado, para participar en la I Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones, que se realizará en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 26 y 30 de setiembre de 2005.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, por el período comprendido entre los días 26 y 30 de setiembre de 2005, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Enrique Pintado, para participar en la I Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones, que se realizará en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil.

2) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121, del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señora María Eloísa Moreira.

Sala de la Comisión, 15 de setiembre de 2005

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito se me autorice licencia por motivos personales del 16 al 30 de setiembre, debiéndose convocar a mi suplente.

Sin otro particular, saluda a usted cordialmente.

GUSTAVO BORSARI BRENNA
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Borsari Brenna.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 16 y 30 de setiembre de 2005.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 16 y 30 de setiembre de 2005, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Borsari Brenna.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71 del Lema Partido Nacional, señor Diego Guadalupe.

Sala de la Comisión, 15 de setiembre de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi consideración:

Por la presente solicito se me concedan cuatro (4) días de licencia para cumplir con una misión oficial, desde el martes 27 al viernes 30 de setiembre del presente año, con motivo del viaje de la Mesa Ejecutiva Uruguay de la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC) del MERCOSUR a la ciudad de Brasilia al encuentro de la CPC con el Parlamento Andino en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado de Sudamérica.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ
Representante por Paysandú".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi consideración:

Me dirijo a usted a efectos de informarle, que por esta única vez, no acepto la convocatoria a la integración de ese Cuerpo en mi calidad de suplente del Diputado Sr. Juan José Domínguez.

Saluda atentamente,

Mario Córdoba".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi consideración:

Me dirijo a usted a efectos de informarle, que por esta única vez, no acepto la convocatoria a la integración de ese Cuerpo en mi calidad de suplente del Diputado Sr. Juan José Domínguez.

Saluda atentamente,

Ricardo Mello".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud complementaria de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Paysandú, Juan José Domínguez, para participar con la Mesa Ejecutiva del Uruguay de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, con el Parlamento Andino, de la Cumbre de Jefes de Estado de Sudamérica, a realizarse en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 27 y 30 de setiembre de 2005.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señores Mario Córdoba y Ricardo Mello.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, por el período comprendido entre los días 27 y 30 de setiembre de 2005, al señor Representante por el departamento de Paysandú, Juan José Domínguez, para participar con la Mesa Ejecutiva del Uruguay de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, con el Parlamento Andino, de la Cumbre de Jefes de Estado de Sudamérica, a realizarse en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil.

2) Acéptanse las negativas presentadas, por esta única vez por los suplentes siguientes, señores Mario Córdoba y Ricardo Mello.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Gustavo Rombys.

Sala de la Comisión, 15 de setiembre de 2005

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

32.-     Servicio de agua potable y saneamiento en el departamento de Maldonado. (Se crea una Unidad de Gestión Desconcentrada en la Administración de las Obras Sanitarias del Estado para su prestación).

——Continuando con la consideración del tema en debate, tiene la palabra el señor Diputado Caram.

SEÑOR CARAM.- Señora Presidenta: no hemos acompañado el proyecto en general, en nombre de nuestro sector y en el de nuestro Partido, porque tenemos una visión política diferente y pensamos distinto. No entendemos que esta sea la forma conveniente para zanjar este problema relativo al suministro de agua en el departamento de Maldonado.

Pensamos que no es necesaria la vía de la ley para zanjar este problema porque existen otros mecanismos jurídicos para resolver el diferendo que existe entre una de las empresas y OSE. Seguramente, nuestro marco jurídico permite resolver esta situación, de acuerdo con lo establecido por la Constitución de la República.

Estamos preocupados porque nos consta que en muchos centros poblados del interior de nuestra campaña existen suministros de agua potable de carácter público pero no estatal, realizados a través de las Comisiones de Vecinos; estas han resuelto el tema, como única forma de zanjar esa dificultad importante que existe cuando el Estado no puede hacer la inversión correspondiente.

Sabemos de muchas localidades del interior de nuestro departamento en las que sucede esto. En algún momento hemos recibido la preocupación de esas comunidades pequeñas, de doscientos o trescientas casas, ante la posibilidad de que OSE asumiera el suministro de agua potable, debido al incremento en el gasto que ello ocasionaría. Pero este es un tema colateral.

También entendemos que es poco recomendable la instrumentación de esta unidad ejecutora porque agrega burocracia a todo el sistema estatal e implica la creación de nuevos cargos de confianza, que no quedan claramente definidos en lo que hace a las normas y al cumplimiento de los derechos y obligaciones que tienen esos funcionarios nuevos. Consideramos que este procedimiento no es el mejor.

Tenemos visiones políticas diferentes. No hay buenos ni malos; simplemente, somos diferentes. Seguramente, cuando unos interpretan una solución creen que hacen lo mejor. Sabemos que esto es así, pero pedimos que nos respeten cuando decimos que esta no es la forma más conveniente de resolver esta situación.

Por otra parte, tenemos una preocupación importante con respecto a lo que se denomina la violación de contratos preestablecidos. Más allá del cumplimiento o no, existe una norma jurídica que contempla todas esas situaciones y nos parece un poco compulsivo que por vía de la ley se resuelva ese diferendo, cuando seguramente vamos a violar determinados contratos.

En ese mismo orden, contemplando a los funcionarios, a la gente que trabaja, queremos anunciar que vamos a votar los artículos 4º, 5º y 6º. Queremos dar a los funcionarios de esta empresa -cuyos servicios seguramente caerán en pocas horas- la posibilidad de que sigan trabajando; de ninguna manera queremos obstaculizar su fuente laboral.

SEÑOR HERNÁNDEZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CARAM.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señora Presidenta: quiero brindar información acerca de algunas cosas que se preguntaron, porque podría ayudar a tener otra opinión.

El 10 de agosto de 2005 la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado recibió a Directores y trabajadores de OSE; les daremos la versión taquigráfica de la sesión con mucho gusto, para que puedan contar con más elementos.

Voy a leer un fragmento de la intervención del Secretario General de OSE, doctor Daoiz Uriarte, contestando por qué tenía que votarse el proyecto para proteger a los trabajadores. Hay que tener en cuenta que todo es una unidad; no es que se haga por esta cuestión y por otra no; todas las situaciones tienen que contemplarse en la ley. El doctor Daoiz Uriarte dice: "El segundo aspecto por el cual precisamos una ley es que entendemos que la fórmula jurídica para incorporar a estos trabajadores" -a los de Uragua- "-sobre todo, para despejar toda duda acerca de que la idea es incorporar nuevos funcionarios públicos al margen de la ley- es la prevista en la Ley Nº 17.556. Estamos hablando de contratos especiales que se crearon y que si bien son con el Estado, expresamente se dice en la ley que no serán considerados funcionarios públicos. No obstante, esa ley tiene una previsión que dice que hay que hacer un llamado público.- En estas condiciones nosotros no podemos hacerlo, porque la intención es tomar la estructura de la empresa concesionaria tal como está. No tenía sentido, entonces, hacer un llamado público. Además, teníamos que prever la posibilidad de que al tomar a estas personas, cada una mantenga el nivel jerárquico y remunerativo en que hoy se encuentran. Eso, si no se hace mediante un aval legal, significaría violatorio de las disposiciones de la Ley Nº 17.556".

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Caram.

SEÑOR ASTI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CARAM.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: el tono de la exposición del señor Diputado fue lo que me permitió solicitarle esta interrupción.

Varios señores Diputados se refirieron a que había violación de la Constitución, tanto en el decreto sobre el que se basa esta resolución como en esta propia ley. En mi carácter de uno de los cientos de miles de constituyentes que firmaron y votaron el proyecto, que luego se concretó en la reforma de la Constitución, quiero decir que entiendo -así lo voté en oportunidad de la interpelación al señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente- que las concesiones que al 31 de octubre del 2004 estaban contractualmente vigentes y, por lo tanto, no habían incumplido y tenían un plazo de finalización, no caen. Me baso en el propio texto del artículo 47 de la Constitución de la República, tal como quedó reformado por el proyecto votado el 31 de octubre. Reafirmo la constitucionalidad de la solución amparada por la existencia y ubicación del inciso final del numeral 1) del artículo 47 de la Constitución, que dice: "Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejada sin efecto". Si este párrafo final del numeral 1) está es porque era necesario aclarar que había algunas concesiones que deberían caer; de lo contrario, no hubiera sido necesaria su existencia.

Pero cabe preguntarse por qué este párrafo está ubicado al final del numeral 1), que habla de la política nacional de agua y saneamiento, y no luego del numeral 3), que establece: "El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales". Acá no lo vuelve a decir; o sea que lo dice para un caso: para cuando se violen disposiciones de una política, hasta entonces no confirmada, de agua y saneamiento. No lo dice cuando se refiere al caso en que es prestado por el servicio público. O sea que la propia redacción nos da pie para reafirmar que la interpretación del Estado que ha sido tenida en cuenta en el decreto y hoy en esta iniciativa, es la correcta.

Además, aclaro que esta interpretación no fue ocultada a la ciudadanía, dado que esta posición fue sustentada por dos ciudadanos que en total obtuvieron más del 85% de los votos el 31 de octubre de 2004.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Caram.

SEÑOR CARAM.- Señora Presidenta: quisiera hacer dos puntualizaciones más.

En primer lugar, vemos con preocupación que la vía de la ley que se utiliza en este caso, seguramente se vaya a habilitar la interposición de demandas -no sabemos por qué montos- por parte de la empresa que dejará de prestar sus servicios. Nos preocupa muchísimo que el Estado pueda ser demandado por cifras millonarias. Esto es un aspecto relevante, por lo que tenemos la obligación de estar atentos a este tipo de situaciones y de controlar, porque vamos a utilizar dinero de todos los uruguayos para pagar demandas que seguramente estarán en puerta.

En segundo término, otro aspecto a tener en cuenta es que a través de un comunicado del Directorio de OSE, del 7 de setiembre, se dictamina que va a ser Uragua la que va a dejar de prestar los servicios. Vemos eso con preocupación porque todavía el proyecto estaba en tratamiento de la Comisión, y el Directorio de OSE, por la regionalización que utiliza cuando informa cuáles serían los servicios que caerían, a través de esa resolución le está poniendo nombre y apellido a la empresa que va a dejar de prestar servicios.

SEÑOR CARDOSO (don Germán).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CARAM.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Señora Presidenta: aquí se ha mencionado la suma porcentual que han obtenido los candidatos presidenciales que apoyaron la reforma constitucional. Pero no se trata de que porque hayan reunido el 85% de los votos se les dé potestades monárquicas y se pueda hacer lo que se quiera. Habría que recurrir a aquel refrán referido al hornero: "Se arregla con el pico lo que se embarra con las patas". Lo dicho, dicho está, y buena cosa sería que quienes sostienen que el espíritu de la ley era el de preservar las empresas que tenían contrato y mantenérselo, se lo explicaran a los habitantes que viven al este del arroyo Maldonado y, fundamentalmente, a connotados dirigentes de la izquierda que viven allí y que han hecho caminatas -los Diputados de mi departamento saben de lo que estoy hablando- desde la Barra hasta Montevideo para pedir que se cumpla la Constitución, que se está violando, y que se vaya Aguas de la Costa.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Caram.

SEÑOR CARAM.- He finalizado, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Casas.

SEÑOR CASAS.- Señora Presidenta: creo que estamos asistiendo a un eslabón más de un tema que hace mucho tiempo concita la opinión de los uruguayos. Este tema no ha sido tratado con la prolijidad que hubiésemos deseado. Inclusive, si el Poder Ejecutivo de la época hubiera optado por tomar medidas en cuanto al control fehaciente de las concesiones, creo que no habríamos asistido a la reforma constitucional.

Consideramos que la concesión es un mecanismo loable para llevar adelante obras para las que el país no tiene recursos, pero, evidentemente, ello no amerita que se tolere a las empresas concesionarias sin hacerles aplicar rigurosamente lo previsto en los contratos.

Adelantaré mi fundamento de voto respecto de este proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, que votaré en general en forma negativa, así como cuando se discuta en particular.

Comparto el informe en minoría, que establece que el proyecto no es necesario y que, además, es inconveniente. Creemos que el único beneficio que establece es el de ajustar la situación fáctica existente en Maldonado a la actual previsión constitucional.

Conforme a lo previsto en nuestro actual ordenamiento constitucional, la gestión y la prestación de los servicios de agua potable para el consumo humano y el saneamiento debe estar a cargo de personas jurídicas estatales de naturaleza autónoma o descentralizada, de capital público en su totalidad; así surge de lo dispuesto en el numeral 3) del artículo 47 y en el artículo 185 de la Constitución de la República. La ley ya había asignado dicha responsabilidad a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado en el ámbito nacional, salvo el saneamiento en el departamento de Montevideo, que lo realizó el Gobierno Departamental.

Por tanto, de acuerdo con las normas constitucionales y legales referidas, esta situación es la que debería imperar desde el 31 de octubre de 2004. También creo que el alcance de la norma proyectada debe haber pasado inadvertido para sus redactores, dado que no ha sido el criterio hasta ahora sustentado por el Poder Ejecutivo.

De acuerdo con el artículo 1º, como única forma de interpretación, el objeto de la Unidad de Gestión Desconcentrada dependiente de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado es la prestación del servicio público de saneamiento y abastecimiento de agua potable para el consumo humano en el departamento de Maldonado. Y como la norma proyectada no contiene exclusión de situación jurídica o de determinado ámbito territorial, lo que dispone abarca todos los servicios que fueron concesionados a particulares. Por tanto, el objeto señalado en el artículo 1º proyectado respeta lo dispuesto en el numeral 3) del artículo 47 de la Constitución de la República, en cuanto a que todos los servicios de agua potable y de saneamiento deberán ser prestados por entidades estatales.

Lo expuesto implica la derogación lisa y llana de lo dispuesto en el Decreto Nº 157/05, de 20 de mayo de 2005, que establece la continuación de los concesionarios con contratos celebrados antes del 31 de octubre de 2004 hasta el vencimiento de los plazos pactados. Luego discriminaba a los prestadores con contratos celebrados formalmente, como consecuencia de procedimientos de contratación -Uragua y Aguas de la Costa-, a quienes se aceptó que continuaran prestando servicios, de otros prestadores que no tenían contrato formal -me refiero a aquellos emprendimientos que se fueron perfeccionando, sobre todo en la costa del departamento de Canelones-, a los que se les retiró la autorización para seguir haciéndolo.

Consideramos, por tanto, aun cuando nos consta que no lo ha querido formular así el Poder Ejecutivo, que la solución a que se arriba es la de respetar el alcance actual de lo dispuesto por la Constitución de la República y se respeta su criterio, así como lo expuesto por el Tribunal de Cuentas en su resolución del 29 de junio de 2005, que señala que, de acuerdo con el numeral 3) del artículo 47 de la Constitución de la República, todo servicio público de saneamiento y de agua potable para el consumo humano debe ser prestado directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales, por lo que las referidas autorizaciones y concesiones existentes al 31 de octubre de 2004 dejaron de tener vigencia.

También comparto el informe en minoría cuando establece que la creación de la Unidad de Gestión Desconcentrada nada agrega; no implica mayor descentralización material o territorial, aun cuando se le pretenda otorgar dicho significado. Por el contrario, constituye una solución que se prevé para determinada coyuntura y época, lo cual queda plasmado en el artículo 2º, que excluye a un integrante del Directorio de OSE de la administración de la Unidad. Dicha exclusión no tiene fundamento alguno ni se comprende, y se agrava por la delegación que el Directorio de OSE podrá realizar a favor de la Unidad de Gestión Desconcentrada, conforme es autorizado por el inciso tercero del artículo 3º proyectado. Esta delegación genera cuestionamientos constitucionales en virtud de lo dispuesto por el artículo 185 de la Constitución de la República, que no habilita delegación de atribuciones.

Asimismo, estoy de acuerdo con el informe en minoría en cuanto al artículo 2º proyectado, que integra un tercer miembro a la Dirección que tendrá a su cargo la administración, quien será designado en representación de la Intendencia Municipal de Maldonado, con anuencia de la Junta Departamental de Maldonado. Corresponde señalar la complejidad de interpretación de la norma proyectada, por cuanto no se sabe si implica la integración de un funcionario perteneciente a ese Gobierno Departamental o de cualquier persona física -aun ajena a los cuadros funcionales de aquel- que designe el Intendente. La distinción es relevante, ya que tiene trascendencia respecto de los derechos y obligaciones del funcionario y de la entidad en la que cumplirá funciones. También tiene relevancia para determinar quién debe reclamarlos y ante quién, así como la forma de hacerlo. ¿La contraprestación económica por sus servicios será de cargo de la Unidad Desconcentrada o de la Intendencia Municipal de Maldonado? ¿De qué manera se resuelven los aspectos de la responsabilidad funcional de la persona designada de tan original manera? ¿Es responsable y puede reclamar sus derechos frente al Gobierno Departamental del cual es funcionario? ¿Y si no lo es? ¿O debería hacerlo frente a OSE, de la cual depende la Unidad de Gestión Desconcentrada? Consideramos que este proyecto de ley está llamado a tener una función de resolución y de pacificación, para lo cual no debe generar dificultades de interpretación como las que se señalan.

También consideramos que no se requiere una ley para lograr la participación de un delegado del Gobierno Departamental de Maldonado o de su Intendente. Si esa participación fuera necesaria, ya se encuentra habilitada. En efecto, los Gobiernos Departamentales pueden acordar con los entes autónomos y servicios descentralizados la organización y la prestación de servicios y actividades propias o comunes, tanto en sus respectivos territorios como en forma regional o interdepartamental, al amparo de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución de la República, sin necesidad de ley alguna que lo habilite.

También comparto con el informe en minoría que no se requiere una ley para constituir una Gerencia General en la Unidad de Gestión Desconcentrada; esta puede constituirse por resolución del Directorio de OSE. Asimismo, se pretende que ese cargo sea de confianza, y nos preguntamos: ¿es que ello es saludable para la mejor prestación de los servicios? ¿Es que se acepta que el mejor criterio es la amovilidad absoluta? ¿Es que se ha decidido que primen los intereses de las jerarquías políticas, no siempre técnicas? Así se desconoce que solo podrán declararse de carácter político o de particular confianza aquellos cargos designados por determinadas mayorías especiales, conforme exige el inciso cuarto del artículo 60 de la Constitución de la República. Por lo tanto, no compartimos dicha calificación ni la referencia a los artículos 15 y 21 de la Ley Nº 11.907, ya que los cargos indicados no tienen ese carácter. Y ello, entre otras razones, es así porque los funcionarios de OSE solo pueden ser destituidos por ineptitud, omisión o delito -tal como lo establece el inciso 1º del artículo 21 de la presente ley- y porque la Constitución consagra un régimen de estabilidad en la función pública y de derecho al cargo de los funcionarios presupuestados, según el artículo 58 y siguientes. Esa referencia nada aporta al sistema.

Las siguientes normas proyectadas refieren a autorizaciones a OSE y también merecen objeciones sustanciales.

A través del artículo 4º se habilita a contratar dependientes o contratados por las empresas concesionarias, manteniendo el salario nominal correspondiente, bajo la modalidad de contratos a término renovables, sin adquirir la calidad de funcionarios públicos. No resulta conveniente proceder a dichas contrataciones, ya que existen funcionarios de OSE que podrían asumir la responsabilidad del servicio del departamento. Y con respecto a los zafrales, se los podrá contratar de conformidad al régimen general. Se prevé el mantenimiento del salario nominal de las personas que se contraten, lo cual generará distorsiones salariales significantes y absolutamente desaconsejables para personas que desarrollan la misma tarea en el mismo lugar, acentuándose situaciones contrarias a toda razonabilidad y a una política responsable en la gestión de los recursos humanos de una entidad pública.

Por el artículo 6º se habilita a contratar directamente a empresas contratistas o subcontratistas de las concesionarias que al 1º de junio tuvieran contratos vigentes con dichas empresas. La norma proyectada no establece condición alguna con respecto a las nuevas contrataciones, sean técnicas o económicas, lo cual es violatorio de todas las normas de contratación estatal existentes y de los principios que ellas consagran.

El artículo 7º pretende modificar disposiciones de derecho procesal civil, y ello no corresponde por ser contrario al principio de que las normas no deben ajustarse a situaciones particulares y por vulnerar principios constitucionales como el de protección del derecho a la propiedad. Se pretende la entrega de la concesión por un procedimiento sumarísimo sin intervención de la parte contra quien se pretende ejercer la medida, lo cual vulnera el principio de defensa y el del debido proceso.

Ha quedado demostrado que el actual Poder Ejecutivo considera que la participación de privados en los servicios de las empresas públicas, así como las concesiones, son instrumentos útiles para el mejor desarrollo de los servicios y actividades del Estado. Ello genera inversiones a un ritmo o en épocas en que no lo permiten los recursos públicos. Pero durante la campaña por el plebiscito que se desarrolló el 31 de octubre de 2004 dijeron otra cosa; dijeron lo que actualmente está en la Constitución. Y como el voto soberano es mandato sagrado, debe respetarse en todos sus términos; inclusive quienes no están dispuestos a ello, deben hacerlo, y aun cuando consideren que no es conveniente para el país y su población. Si pretenden modificar la situación, deberán realizar una nueva campaña de reforma constitucional para ajustar la situación a su criterio. Pero jamás se debe desconocer el pronunciamiento del soberano. Graves e insospechadas consecuencias puede generar tamaña actitud; sin duda, al menos una: el descreimiento de la sociedad civil respecto de las autoridades nacionales.

Nuestro criterio siempre ha sido el mismo: habilitar todos los mecanismos jurídicos posibles para lograr una mejora de la calidad de vida de la población. Aun siendo concesiones, lo que siempre nos importó fue hacer respetar los contratos.

Hemos tenido una actuación muy crítica con respecto a lo actuado por la anterior Administración en cuanto al contrato de concesión en Maldonado. Exigimos, y propusimos exigir, el cumplimiento del contrato en todos sus términos. Nos opusimos a realizar modificaciones a los términos contractuales. Ello está documentado en nuestras intervenciones en el Directorio de OSE.

Nuestro criterio también fue avalado por el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, a través de la resolución del 19 de marzo de 2003 acerca de la modificación del contrato de diciembre de 2002. Dicho Tribunal sostuvo que las modificaciones introducidas constituyen apartamientos con respecto a lo establecido por el pliego, a la garantía de cumplimiento del contrato, el pago del canon y la tasa por los servicios de control, y que las modificaciones contravienen el principio legal de inmutabilidad de los contratos. De acuerdo con ello y dado que el contrato rechaza toda posibilidad de modificación por circunstancias ajenas a las establecidas en este, que no garantiza una rentabilidad determinada y establece que la explotación es por cuenta y riesgo del concesionario y que la concesión está basada en el principio del riesgo empresario, el 2 de abril de 2003 propusimos que se dejara sin efecto la modificación de contrato celebrada.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el señor Diputado.

SEÑOR CASAS.- Termino, señora Presidenta.

Anteriormente, y en múltiples oportunidades, propusimos una actividad de control de mayor eficiencia -conforme surge de las actas del Directorio, como, por ejemplo, la del 3 de abril de 2002- y hasta la renuncia de los integrantes de la Comisión de Contralor de la concesión.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Trobo.

SEÑOR TROBO.- Señora Presidenta:...

SEÑOR HERNÁNDEZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR TROBO.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señora Presidenta: quiero hacer una precisión que me parece importante y tiene que ver con la reunión de una Comisión de la Cámara de Senadores realizada el día 10 de agosto y con la sesión celebrada el 29 de agosto en la Comisión correspondiente de la Cámara de Diputados. Pretendo con estas dos miradas demostrar el espíritu más que la discusión.

En la reunión del 10 de agosto, el Presidente de la Comisión, el señor Senador Moreira, en medio de su intervención hizo una pregunta. Dijo: "Por ejemplo, en el artículo 1º se está previendo una unidad desconcentrada, no solo para el tema Uragua, sino para Aguas de la Costa en el futuro, y para algunas poblaciones del departamento que hoy atiende directamente OSE". El señor Nopitsch le contesta: "Tal es el caso" -habla de otras poblaciones del departamento- "de Bella Vista, de Solís y algunas municipales como Cerros Azules". Luego, el Presidente pasa al artículo 2º.

En la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados, el doctor Uriarte hizo una afirmación: "En caso de que tuviéramos que asumir la concesión de Aguas de la Costa, en la medida en que hubiera una resolución jurídica en tal sentido, o bien porque Aguas de la Costa incurriera en tales incumplimientos que la coloquen en la misma situación que URAGUA, en el artículo 1º se prevé que la unidad desconcentrada se hará cargo de los servicios".

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Trobo.

SEÑOR TROBO.- Señora Presidenta: en primer lugar, quiero felicitar las exposiciones que han hecho los colegas del Partido Nacional, señores Diputados Mazzulo, Mañana, Caram y, recientemente, el señor Diputado Casas, quienes han hecho un análisis de este asunto que será muy importante en el futuro, pues pensamos que esta ley va a traer muchos problemas para Uruguay, como, por ejemplo, juicios que son la consecuencia de una actitud que en este Gobierno parece ser habitual y que puede calificarse de voluntarismo: "Como yo creo que las cosas tienen que ser así, las cosas son así".

El voluntarismo empezó al reformar la Constitución y establecer una norma que no compartimos. Estamos de acuerdo en que el recurso agua es fundamental, esencial, principal, así como también en su mejor utilización; no lo estamos con la afirmación de que el único que lo utiliza bien es el Estado. Esta es una concepción estatista que no compartimos y que está fuertemente vinculada con ideologías extremas, de izquierda o de derecha; hay estatistas fascistas y hay estatistas marxistas. Nosotros tenemos una concepción liberal; creemos que la sociedad tiene capacidades y fuerzas, y que si las administra dentro de las reglas jurídicas puede desarrollarse con mayor potencialidad.

Digo esto porque la cuestión de las reglas jurídicas tiene mucho que ver con la convivencia en la sociedad. En la jornada de hoy, si es que se llega a tratar también el último punto del orden del día, la Cámara va a tomar por mayoría dos decisiones que están bastante emparentadas en aquello de la previsibilidad y la igualdad jurídica. Ahora estamos tomando una decisión caprichosa, que establece la conclusión de determinados procedimientos jurídicos por ley y, como se ha fundado, la expropiación sin más trámite de bienes de terceros; dentro de un rato vamos a terminar abruptamente con un proceso que a Uruguay le ha dado la posibilidad de crecer en su economía en forma destacada, como fue el subsidio forestal, que estaba previsto que existiera hasta dentro de un año y, como hay un compromiso electoral de terminar con el subsidio, se va a acabar con él aunque tenga un costo insignificante.

Esas dos cuestiones tienen mucho que ver con lo que tenemos que cuidar en el país. En primer lugar, que las normas jurídicas que amparan la relación de la sociedad, entre los uruguayos, tienen una jerarquía que debe ser para todos inquebrantable. Por supuesto que es importante que la Constitución establezca hoy en día que este tipo de servicios los tiene que prestar el Estado; por supuesto que tenemos que cumplir eso, pero no puede ser que lo hagamos violando los principios esenciales que tiene la Constitución. La Carta tiene principios que no se pueden reformar, que son esenciales a la condición de Estado independiente, de nación, que tiene Uruguay. Alguien mañana podría querer reformar el artículo que refiere a la libertad de enseñanza o los artículos que establecen el cuidado de los derechos humanos y la libertad de expresión; por más que se los reforme con el 90% de la población, esa reforma sería ilegítima, porque más allá de la legitimidad de la voluntad de la sociedad uruguaya, de la sociedad oriental, hay ciertos principios que no pueden ser reformados por mayorías circunstanciales.

Acá se está violando uno de los principios fundamentales de la Constitución, que garantiza las relaciones en la sociedad: el derecho de propiedad. ¿Por que se está haciendo esto? Porque existe la necesidad urgente de resolver un problema, no de cumplir la Constitución. Si el artículo dice que los servicios de agua potable y saneamiento deben ser prestados por el Estado, esto debe cumplirse bajo el imperio de aquellas normas principales que mencionaba. Más acá o más allá, hay que hacerlo conjugando la lógica de las disposiciones constitucionales y respetando los derechos esenciales establecidos en nuestra Constitución.

Hay una mayoría: cincuenta y dos votos; la ley va a salir, y los artículos que son inconstitucionales eventualmente serán reclamados ante la Suprema Corte de Justicia, que dictaminará. Cuando los funcionarios vayan a reclamar a Uragua por su despido, esta no les va a pagar y la Justicia no la va a condenar. Eso va a ocurrir después de hoy, o sea que quienes están aquí, por más explicaciones que den sobre las consecuencias de estos artículos, seguramente no van a resolver el problema de futuro.

Con esto se está cometiendo un grave error, porque se está legislando con nombre y apellido. Pero se está legislando con nombre y apellido, no para beneficiar, sino para perjudicar, lo que traerá como consecuencia que los perjudicados se van a agarrar de esta legislación para reclamar al Estado uruguayo una indemnización que no van a pagar los que votan la ley, porque aquello de la responsabilidad legislativa patrimonial no existe, pero seguramente pesará sobre sus conciencias en el futuro.

¿Que hay que hacer cumplir la Constitución? Fuimos los primeros que lo dijimos. La primera interpelación de este período de Gobierno fue hecha por el Partido Nacional. ¿Se recuerda cuál fue el reclamo? Igual para todos. No que Aguas de la Costa se quede y Uragua se vaya. ¡Igual para todos! Porque si la Constitución dice que los servicios no los pueden prestar privados, no los pueden prestar privados. Reitero lo del principio: esta es una ley con nombre y apellido. Tiene por objeto tomar una determinación, intervenir en un contrato entre el Estado y el sector privado. Esa intervención legislativa en un contrato entre el sector público y el sector privado -del mismo modo, si fuera entre dos partes del sector privado-, es también una violación a la jurisdicción que tiene para la resolución de estos casos la Suprema Corte de Justicia, de la que no tenemos que acordarnos solamente cuando debemos designar a los Ministros o, en todo caso, cuando escuchamos sus reclamos presupuestales. Tenemos que recordar que existe y que tiene una competencia legítima, fundada en el equilibrio de los Poderes, y que es el único órgano del Estado que puede juzgar en un litigio. Y aquí hay un litigio entre el Estado y una empresa privada. El Estado entiende que hay un incumplimiento, y en el contrato había una serie de cláusulas que establecían cómo se debía resolver la cuestión del incumplimiento. Está muy mal que establezcamos en la ley la conclusión de un juicio que tiene que estar radicado en el ámbito del Poder del Estado que corresponde, que es el Poder Judicial.

Comprendo que la mayoría, que los Diputados de la coalición de Gobierno se sientan especialmente motivados por la necesidad de resolver estos temas con urgencia. No es el primer asunto que viene al Parlamento a ser resuelto con urgencia; diría que todos los temas importantes que ha tratado el Parlamento han sido resueltos con urgencia. Pero la prudencia en la legislación, el análisis en profundidad de las consecuencias de una ley, sobre todo de esta, que puedo decir que tiene consecuencias a modo de metralla sobre la seriedad y la seguridad del país desde el punto de vista jurídico, son cosas con las que tenemos que tener mucho cuidado. Acá están en juego no solamente los legítimos reclamos de quienes han tenido una concesión del Estado uruguayo -en todo caso, debe resolverse en un litigio si la cumplieron o no-, sino también la vigencia de un tratado de protección recíproca de inversiones con un país, con un Estado, con una potencia amiga, como dice la Constitución de la República cuando califica este tipo de acuerdos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Así que nosotros estamos dictando una ley como consecuencia de la cual se viola un tratado que ha "mutualizado" los respetos para los empresarios uruguayos y españoles. Eso también hay que pensarlo. No he escuchado ni una palabra del miembro informante al respecto. Estos son los temas de los que tenemos que hablar.

Por cierto que la Constitución dice esto, y hay que hacerlo. Pero no hay que hacer cualquier cosa; hay que hacer lo que hay que hacer. Y hay que ser responsables, sobre todo para tomar una determinación de estas características.

Lo que salta a la vista y llama la atención es lo que señalaba: es una legislación dirigida a resolver un litigio. La determinación de un procedimiento de expropiación está establecido en la ley y va a en contra del principio del derecho de propiedad consagrado en la Constitución de la República. Por supuesto que alguien caprichosamente me puede decir: "Bueno, pero hay que seguir prestando el servicio y la única forma es quedándonos con los bienes del individuo que lo estaba haciendo". Una cosa es el fluido que va por dentro de los caños y otra son los caños, el software, los tractores, las máquinas de escribir, las bombitas y los funcionarios. Este procedimiento expropiatorio linda con las prácticas que los voluntarismos políticos han usado en muchos lugares del mundo: "En mérito al interés de la sociedad, la propiedad privada tiene que estar sometida"; por tanto, lo único que importa es el interés de la mayoría, y la minoría que se aguante. Así se han expropiado patrimonios a lo largo y ancho del mundo en regímenes totalitarios de izquierda y de derecha. No estoy calificando al Gobierno de totalitario; estoy diciendo que por algún lado se empieza. Estoy diciendo que una visión maniquea, una visión que parte del concepto de que lo bueno es lo que yo pienso y está mal lo que piensan los demás, puede llevar por el camino de la soberbia y el autoritarismo.

Para concluir, yo creo que en este proyecto de ley hay tres elementos que son de gravísima afectación de los principios de la Constitución. Por supuesto que ese tema se va a resolver en otro ámbito, en el Poder Judicial, pero cuando se legisla se lo debe hacer bajo la responsabilidad de las consecuencias que pueden tener medidas de estas características. Es una legislación parcial dirigida a resolver un conflicto jurídico entre una empresa y el Estado, que expropia bienes contraviniendo el principio del derecho de propiedad establecido en la Constitución de la República y resuelve muy mal la vigencia del artículo constitucional que se incluyó en el plebiscito de octubre, porque lo resuelve para un caso y no para los demás.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Casaretto.

SEÑOR CASARETTO.- Señora Presidenta: este tema nos atañe directamente por ser, al igual que otros señores legisladores, Representantes por el departamento involucrado.

Queremos adelantar nuestro voto en contra en general a este proyecto y dejamos sentada la salvedad de que vamos a acompañar en particular los artículos 4º, 5º y 6º, que en parte refieren a la estabilidad laboral de los funcionarios. Vamos a hacer esto por varias razones. En primer lugar, porque han sido rehenes de una situación ajena a su actividad funcional. En segundo término, porque no queremos seguir aumentando la desocupación en el departamento de Maldonado por errores del Estado o por decisiones de organismos gubernamentales departamentales o nacionales. En tercer lugar, porque desde el primer momento en que surgió este planteo asumimos con todos los funcionarios que tuvieron instancias de diálogo con nosotros el compromiso personal de buscar una solución para este tema.

Con respecto al tema de fondo, debo confesar que uno se ve tentado a recrear el debate que se dio aquí con motivo de la interpelación al señor Ministro Arana por este tema. Es muy difícil escapar a aquellos argumentos, porque sigue estando el mismo tema; pero vamos a tratar de referirnos exclusivamente a este proyecto. No sé si lo lograremos.

Aquí se ha dicho que no se quiere que OSE o que el Estado asuman los servicios que hoy cumple Uragua. Nada más lejos de la realidad. Quienes no acompañamos el plebiscito del agua con la firma ni con el voto, hasta el momento en el que la ciudadanía se pronunció teníamos una posición; después de que el soberano se pronuncia, no caben espacios para ningún tipo de interpretación. Si en algún lado se plantea que el Estado no debe asumir el servicio es, precisamente, en el decreto dictado hace un tiempo, que establece excepciones al cumplimiento de la Constitución de la República.

Comparto lo aquí sostenido en cuanto a que la Constitución no se interpreta: se cumple. El artículo constitucional es muy claro y dice que los servicios serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Hago una primera advertencia en cuanto a la desprolijidad que se pone de manifiesto, porque aquí hay que empezar a hablar del ejemplo que estamos dando hacia afuera. En definitiva, todos sabemos que esto se va a dirimir en un tribunal arbitral internacional, porque así está pautado en el contrato. Aquí empiezan a aparecer los flancos débiles, los puntos vulnerables que van a hacer correr riesgos a este Estado, de los cuales yo no voy a ser responsable con mi voto.

Entonces, señora Presidenta, lo primero es mantener las fuentes de trabajo; lo segundo, cumplir con la Constitución.

No compartimos que haya que crear una Unidad de Gestión Desconcentrada para cumplir con la Constitución, que se debería haber cumplido desde el 31 de octubre de 2004. ¡Y estamos en setiembre de 2005!

Tampoco compartimos el argumento de que hay insatisfacción en la gente con respecto al cumplimiento de los servicios, ya no digo solo de Uragua, sino de las concesiones privadas. En todo el tiempo que han durado las concesiones no he oído críticas graves al servicio. Por supuesto que hemos hecho críticas graves los actores responsables de aprobar -aunque indirectamente, porque lo hicieron nuestros partidos políticos-, por ejemplo, la pésima concesión que significa Aguas de la Costa, y que hoy este Gobierno, teniendo la posibilidad de derribarla que le da la Constitución, la mantiene. Pero las quejas son por las tarifas, no por el servicio.

En el caso de Uragua, es lo mismo. Se han hecho encuestas de opinión que así lo demuestran y, además, lo dijo el propio Presidente de OSE, el señor Colacce, cuando compareció en la Comisión del Senado: "De acuerdo con la información que tenemos, el servicio de Uragua es aceptable en el departamento e, incluso, tiene buenos indicadores en la opinión pública [...]".

Entonces, no es cierto lo que se ha dicho sobre el ejemplo de concesión de la empresa Uragua, y quiero aclarar que para mí podría ser Chicagua o Paragua. No estoy defendiendo una empresa -como legislador no puedo hacerlo, no debo hacerlo-, sino un servicio que para Maldonado fue bueno. Hoy, quienes condujeron a la voluntad popular a manifestarse en un sentido, están enfrentados a un problema sobre el cual habíamos advertido: ¿después qué?

Acá hay un tema que nadie ha tratado -lo planteamos nosotros cuando vino el señor Ministro Arana-, que es central: ¿quién va a hacer el saneamiento en el departamento de Maldonado, con los costos que implica? Los propios jerarcas de OSE han dicho en las distintas Comisiones, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, que los montos que esta obra requiere son imposibles de afrontar por el organismo estatal. ¿Acaso nos olvidamos de por qué surgió la posibilidad de concesionar este servicio en Maldonado? No fue por el servicio de agua, sino porque era una obra que extralimitaba los recursos del Estado y porque había un organismo estatal que no estaba a la altura de las circunstancias. Eran evidentes los incumplimientos, las colas de reclamos, las demoras en arreglar las roturas. Por eso se dio el clima favorable para intentar el camino de una concesión. Nadie ha tratado aquí el tema central: ¿quién va a hacer el saneamiento?

Quiero referirme a lo que decía el señor Diputado Caram, que es mucho más preocupante y hace al fondo del asunto. El resultado del plebiscito nos impide llevar adelante la monstruosa obra que requiere completar el saneamiento de todo el país. Se necesita más de US$ 1.000:000.000 para realizar ese 48% que no se ha hecho, para cumplir con la población que no lo tiene.

SEÑOR PATRONE.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CASARETTO.- No voy a conceder interrupciones hasta que termine.

Eso es lo que hoy nos aprisiona y no nos deja ver cuál es la solución. Hablo en este caso en forma egoísta -debo reconocerlo-, buscando el beneficio para el departamento que represento, pero no solo para mi departamento sino para todo el país, porque es notorio que el saneamiento de Punta del Este, el principal balneario del Uruguay, afecta directamente la economía de todo el país.

Ayer, en la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, el señor Ministro de Turismo y Deporte hablaba de los US$ 506:000.000 que representan la industria turística y de los dos millones de personas que entran anualmente al país, muchas de las cuales pasan por las costas de Maldonado. Todos sabemos de las picas que surgen previamente a la temporada; ahora se llaman plantas de celulosa, antes se llamaban de otra manera, pero van a generarnos problemas. Ahora también debemos agregar el argumento de que no estamos capacitados para construir el saneamiento en la perla del Uruguay.

Hay temas de los que no se habla, pero si este problema no se soluciona no estaremos lejos de encontrar una playa contaminada, y todos sabemos lo que eso puede representar para la imagen turística del país. Nadie va a lugares que no tengan saneamiento y condiciones de salubridad y de vida que garanticen la salud. Este es el gran tema; con este proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo se están abriendo las puertas a muchos problemas para nuestro país.

Cuando decíamos que no seríamos responsables de lo que pueda venir -que, sin duda, vendrá- dando nuestro voto a este proyecto, nos referíamos a lo que ha sido este proceso. Hablamos de un país que, por manifestación popular, se ha dado una obligación constitucional que impide al Estado estar por fuera de estos servicios. Pero inmediatamente después se dictó un decreto que establece que esto no es aplicable en el caso de las empresas que tienen contrato vigente. Este fue el primer error: enmendamos con una norma inferior -como decía un señor Diputado- nada más y nada menos que la Constitución de la República. Además, por resolución del Directorio de OSE se rescinde el contrato, lo que es observado por el Tribunal de Cuentas y motiva el recurso de Uragua.

Entonces, ¿qué nos está preocupando? No es que el Estado se haga cargo del servicio de agua y saneamiento en Maldonado -nosotros también lo queremos y nos sentimos obligados a ello por la Constitución-, sino que se transiten prolijamente los caminos correctos, de modo de impedir que nuestro país enfrente males mayores.

Este proyecto de ley, que resultará aprobado tal como está -pero no con nuestro voto-, sin ningún lugar a dudas provocará un fallo en contra por parte del tribunal arbitral. No tengan dudas de ello; ocurrirá por todas estas cosas que complican y generan dificultades en el relacionamiento contractual. Pero no se trata solo de tener un fallo en contra porque, además, deberemos pagar una indemnización. Ya se han tirado cifras; todos las hemos visto. Se habla de US$ 24:000.000. Y hay algo peor; no solo se trata del fallo en contra y de la indemnización monetaria que habrá que pagar, sino que, además, hay un riesgo tal vez mayor, y es la pérdida de respeto a nuestro país por el manejo de este tipo de situaciones.

SEÑOR PATRONE.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CASARETTO.- Señora Presidenta: creo que hay Diputados que no han entendido que no voy a conceder interrupciones hasta que termine, y cada vez que levantan la mano pretenden distraerme del hilo conductor; por suerte, hasta ahora no lo han logrado.

(Interrupción del señor Representante Patrone)

——No voy a conceder interrupciones hasta el final.

(Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Continúe, señor Diputado.

SEÑOR CASARETTO.- Esto es lo más grave para nuestro país, señora Presidenta: este capital que costó mucho construir y que costará mucho más volver a conseguir después de haberlo echado abajo. Todos sabemos que países como los nuestros superan sus dificultades solo mediante mayores inversiones, y para eso hay que tener reglas claras.

Por último, voy a referirme a lo que creo que es el mayor atropello de este proyecto: el artículo 7º, según el cual la legislación vigente y la Justicia independiente parecen no ser suficientes para resolver este tipo de problemas. Parece que hay que generar normas que avasallen la legalidad con la cual, hasta ahora, hemos resuelto en nuestro país todo este tipo de coyunturas.

Entonces, tenemos que sumar un procedimiento desprolijo, un fallo contrario, el pago de una indemnización, la pérdida de respeto y la demostración de falta de confianza en las normas legales que tenemos para dirimir estas situaciones. Todo esto hace imposible que nosotros votemos hoy este proyecto. No es más que eso. No he utilizado en esta intervención ningún argumento de chicana política, y tendría muchos para citar en cuanto a las responsabilidades de haber llegado a esto. Podríamos hablar de las responsabilidades de quienes embarcaron a la población en esta situación sin advertir qué pasaría el día después, sin hablar del "¿Y después qué?".

Hay quienes hoy están poniendo de rehén a un departamento que mucho le da cada año a la economía del país -me despojo de lo que puedo sentir por el terruño- sin valorar lo que significa el riesgo sanitario, el riesgo de pérdida de inversiones y el riesgo de tener normas legales poco claras.

Muchas gracias, señora Presidenta.

33.-      Asuntos entrados fuera de hora.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Machado y Musetti.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y tres en cuarenta y seis: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora.

(Se lee:)

"PROYECTOS PRESENTADOS

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo se incluyan en el Plan de Atención Nacional de Emergencia Social (Programa de Ingreso Ciudadano) a los funcionarios de los Ministerios de Defensa Nacional e Interior que revistan en el último grado del escalafón presupuestal. C/474/005

-     A la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social".

34.-     Proyecto presentado.

"FUNCIONARIOS DE LOS MINISTERIOS DE DEFENSA NACIONAL E INTERIOR QUE REVISTAN EN EL ÚLTIMO GRADO DEL ESCALAFÓN PRESUPUESTAL. (Se solicita al Poder Ejecutivo se incluyan en el Plan de Atención Nacional de Emergencia Social - Programa de Ingreso Ciudadano).

MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo que se incluyan en el PANES (Programa de Ingreso Ciudadano) implementado por el Ministerio de Desarrollo Social, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio del Interior que revistan en el último grado del escalafón presupuestal.

Montevideo, 15 de septiembre de 2005.

JULIO M. MUSETTI, Representante por Canelones, CARLOS SIGNORELLI, Representante por Artigas, MANUEL MARÍA BARREIRO, Representante por Salto, GUIDO MACHADO, Representante por Rivera, GERMÁN CARDOSO, Representante por Maldonado, GUSTAVO A. ESPINOSA, Representante por Canelones, WASHINGTON ABDALA, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la fundamentación de la creación del Ministerio de Desarrollo Social y en la descripción de sus programas, el Poder Ejecutivo indicaba que: "Las condiciones de extrema vulnerabilidad social en que se encuentra una parte significativa de la población uruguaya, determina el imperativo ético y político de abordar con urgencia todas aquellas medidas tendientes a resolver de inmediato las necesidades básicas insatisfechas, muy especialmente aquellas vinculadas a la alimentación y la salud. A tales efectos se habrá de ejecutar el presente Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social que -además de articular y canalizar el esfuerzo solidario de la sociedad- disponga de los Programas Públicos Estatales imprescindibles para dar respuesta al conjunto de los problemas sociales encuadrados en la emergencia social. La pobreza y la indigencia constituyen profundas heridas abiertas en el corazón de nuestra sociedad, que exigen del gobierno cumplir con el mandato soberano de la ciudadanía, para actuar con respuestas contundentes y comprometidas. Los destinatarios del Plan son sujetos de derecho y nunca deben ser considerados objetos de beneficencia, concepción de la cual se desprende el imperativo de fomentar la participación activa de los ciudadanos involucrados en los diversos Programas Sociales".

Compartiendo este criterio, consideramos de suma importancia tener en cuenta también a sectores de funcionarios que están sometidos a condiciones de suma precariedad como lo son los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio del Interior que revistan en el último grado del escalafón presupuestal.

A simple modo de ejemplo, sin pretender realizar un diagnóstico socio económico del personal de ambos Ministerios, creemos interesante señalar algunas cifras, del Ministerio de Defensa Nacional, que hablan por sí mismas:

- El 10% de sus cuadros vive en asentamientos.

- El nivel educativo de los hijos del personal militar indica que un 40% solo tiene primaria, solo un 5% llega al nivel terciario y un 22% desierta del sistema educativo formal.

- El ingreso del 100% de los Soldados de 2ª y el 75% de los Soldados de 1ª está por debajo de la línea de indigencia.

- El ingreso del 100% de los Sargentos, Cabos de 1ª y Cabos de 2ª está por debajo de la línea de pobreza (Montevideo).

- 1883 efectivos militares se inscribieron en el PANES.

- 1677 efectivos militares están inscriptos en el MIDES, de los cuales 38 ya han sido visitados, y 4 ya están percibiendo el PANES.

Por lo expuesto, consideramos de gran valor el lograr el apoyo de todos los sectores parlamentarios para poder aprobar a la brevedad la presente minuta de comunicación.

Montevideo, 15 de septiembre de 2005.

JULIO M. MUSETTI, Representante por Canelones, CARLOS SIGNORELLI, Representante por Artigas, MANUEL MARÍA BARREIRO, Representante por Salto, GUIDO MACHADO, Representante por Rivera, GERMÁN CARDOSO, Representante por Maldonado, GUSTAVO A. ESPINOSA, Representante por Canelones, WASHINGTON ABDALA, Representante por Montevideo".

35.-     Servicio de agua potable y saneamiento en el departamento de Maldonado. (Se crea una Unidad de Gestión Desconcentrada en la Administración de las Obras Sanitarias del Estado para su prestación).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

SEÑOR CASARETTO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CASARETTO.- Señora Presidenta: quiero pedir una aclaración porque quizás el que está equivocado soy yo.

No sé si el legislador tiene obligación de conceder interrupciones, máxime cuando no le sobra tiempo. A mí no me ha sobrado tiempo. Entonces, no puedo aceptar amenazas -como las que hubo aquí- en el sentido de que nunca más se me darán interrupciones porque yo no las he concedido. El que no me las quiera dar, que no me las dé; yo creo proceder de acuerdo a derecho. Cuando tengo cosas para decir dispongo de un tiempo para hacerlo y, si me sobra, concedo las interrupciones correspondientes; lo he hecho más de una vez. De modo que conmigo las amenazas no van.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Desde el punto de vista reglamentario, es potestad del legislador otorgar o no las interrupciones que se le solicitan; pero no alcanza el acuerdo entre los legisladores, se debe solicitar autorización a la Mesa.

Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señora Presidenta: vamos a hacer algunas reflexiones en adhesión a los comentarios que han formulado nuestros compañeros de bancada y, en particular, quienes actuaron en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, que creo han sido concluyentes desde el punto de vista de los argumentos que, inequívocamente, nos llevan a oponernos en forma sistemática a este proyecto de ley que la Cámara está considerando en el día de hoy.

Este proyecto contiene una serie de impurezas, imperfecciones y defectos desde el punto de vista formal, sustancial y de su legalidad o ilegalidad que, invariablemente, nos llevan no solo a oponernos, sino a hacer uso de la palabra en una actitud militante en contra de lo que creemos que es un pésimo precedente que, como aquí se ha dicho -yo lo comparto-, habrá de generar dificultades al Estado.

(Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Disculpe, señor Diputado.

La Presidencia y el Cuerpo saludan con mucho gusto a la delegación de legisladores italianos que nos acompaña desde la primera barra.

Puede continuar el señor Diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Gracias, señora Presidenta.

Como decía, en la medida en que este proyecto resulte aprobado -como lamentablemente creo que ocurrirá en función de la ecuación política representada en este Parlamento-, habrá de generar perjuicios al Estado por la vía de reclamaciones judiciales que, a esta altura, es absolutamente inevitable advertir como imperiosas y previsibles.

En uso de una interrupción dijimos que en el trasfondo de este proyecto sin ninguna duda está el andar errático que el Poder Ejecutivo y el Gobierno Nacional en su sentido más amplio han tenido con relación a esta cuestión y, en particular, al incumplimiento del artículo 47 de la Constitución de la República, de acuerdo con la reforma plebiscitada el 31 de octubre.

A mi juicio, en el artículo 1º hay una demostración irrefutable de que en el fondo el Gobierno se sabe en falta con la Constitución. Creo que este tema no se puede escindir del debate que la Cámara realizó en ocasión de la interpelación al señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en la que, desde nuestro punto de vista, quedó demostrado que se había pregonado algo en la campaña preelectoral -en función de lo cual se indujo al cuerpo electoral a votar el plebiscito de la reforma en determinado sentido-, pero después, a la hora de las responsabilidades de Gobierno y de la aplicación de la reforma constitucional, todo aquello cayó en saco roto.

Este artículo 1º es una prueba más, porque pocas veces he visto un proyecto de ley que esté en disonancia con su exposición de motivos. En la exposición de motivos de la iniciativa del Poder Ejecutivo se hace referencia a la necesidad de legislar en función de un presunto incumplimiento o culpa de la empresa concesionaria. Sin embargo, en el artículo 1º, en lugar de hablarse de culpa, se hace referencia al artículo 47. En definitiva, esto termina de demostrar que el artículo 47 se aplica o se deja de aplicar según la conveniencia coyuntural, la necesidad episódica, la urgencia o la emergencia que se deba atender. Además, se hace de una pésima manera porque se pretende aprobar una ley para resolver una situación particularísima, no del departamento de Maldonado, sino de una parte de él.

Todos sabemos que en el trasfondo de esta iniciativa están los presuntos incumplimientos de Uragua, pero de esa empresa no se habla, sino de las concesiones en general. ¿Qué ocurriría si el día de mañana se generara una situación similar a esta con relación a la otra concesionaria? ¿Se nos va a pedir que aprobemos otra ley para atender esa situación particular? ¿Qué pasaría si el día de mañana las dificultades sobrevinieran con relación a las demás concesiones vigentes, no en el departamento de Maldonado, sino en el resto del país, por ejemplo en el departamento de Canelones? ¿Vamos a aprobar una nueva ley a los efectos de contemplar esa situación, como si fuéramos cumpliendo la Constitución en cómodas cuotas, como si fuera posible diferir la Constitución desde el punto de vista de su observancia y de su aplicación?

SEÑOR SALSAMENDI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR SALSAMENDI.- Señora Presidenta: francamente, no logro entender el razonamiento del señor Diputado porque, en primer lugar, la única concesión que queda es la de Aguas de la Costa y no hay otra posible interpretación. Por lo tanto, el resto del razonamiento parte de una hipótesis falsa.

En segundo término, ¿qué otra interpretación puede hacerse a partir de esta constatación de hecho? Desde el punto de vista fáctico hay una hipótesis -que debemos asumir- que corresponde al hecho de que hay una sola concesión. Por lo tanto, con el mayor de los respetos digo que el razonamiento es errado en cuanto a los hechos, no ya con respecto a la interpretación jurídica, porque a partir de los hechos existentes no puede haber otra interpretación posible. Entonces, en este punto me permito discrepar fuertemente.

Quiero plantear otro tema sin que tenga mayores implicancias. Efectivamente, se está atendiendo a una situación determinada, entre otras cosas para lograr contemplar todos los objetivos que anteriormente expresó el señor Diputado Casaretto, que en lo personal comparto y creo que compartimos todos. El problema es que si no hacemos algunas cosas -el razonamiento es exactamente el contrario-, como aprobar este proyecto, los objetivos que planteaba el señor Diputado Casaretto para el departamento de Maldonado no se van a poder cumplir.

Insisto -lo digo con el respeto de siempre- que no logro entender cuál es la hipótesis fáctica en la que se basa el planteo. ¿Cuáles son las otras concesiones vigentes en el departamento de Maldonado o en el resto del país?

Con respecto a la necesidad de elaborar otra ley, es posible que existan aspectos particulares que tengan que ver con la concesión de Aguas de la Costa. Precisamente, en el segundo inciso del artículo 1º se prevé la posibilidad a la que se refiere el señor Diputado Pablo Abdala.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señora Presidenta: agradezco mucho al señor Diputado preopinante que me haya ayudado a trasmitir mi pensamiento y que me haya interpretado adecuadamente. Digo esto porque las preguntas que el señor Diputado me trasladaba son las mismas que planteé. Por lo tanto, mal pueden ser respondidas cuando son reformuladas en términos diferentes. En todo caso, estamos planteando la misma inquietud, la misma duda.

Está claro que la iniciativa que se propone que hoy aprobemos refiere a las concesiones de una jurisdicción territorial específica que es el departamento de Maldonado. Este departamento no es Canelones; supongo que el señor Diputado Salsamendi lo habrá advertido.

En consecuencia, es claro que lo que hay en el fondo de todo esto es un incumplimiento o una inobservancia del artículo 47 de la Constitución, tal como quedó redactado después del pronunciamiento popular del 31 de octubre. Lo que no se termina de asumir, lo que sin ninguna duda a esta altura está pesando como un cargo de conciencia, como una necesidad imperiosa de pedir perdón o de disimular por parte del Poder Ejecutivo, es que hubo una reforma aprobada por el cuerpo electoral -que está vigente- que estableció que los servicios de agua potable y de saneamiento solamente pueden ser cumplidos por personas jurídicas estatales, y eso no está ocurriendo. En función de esa debilidad intrínseca -detrás de todo esto hay una enorme debilidad de carácter conceptual-, el Gobierno no encuentra mejor expediente que el de disfrazar una situación fáctica que se da en el departamento de Maldonado con apariencia de legalidad y de constitucionalidad.

También fue inconstitucional el procedimiento del Gobierno al aprobar el Decreto Nº 157/05, que pretendió interpretar la Constitución. Creo que allí quiso saltearse la instancia parlamentaria que, más allá de contar con los votos, habría permitido dejar en evidencia el accionar inconstitucional que en esta materia se estaba aplicando. Así quedó demostrado en la interpelación al señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y en la jornada de hoy.

La Constitución no la interpreta el Poder Ejecutivo, sino la ley, de acuerdo con lo que establece la propia Constitución. Claramente, ha habido inconstitucionalidad en la actuación administrativa de OSE cuando rescindió la concesión de la empresa Uragua. Esta rescisión resultó observada por el Tribunal de Cuentas, y aquí no valen argumentaciones de carácter político en cuanto a la actual integración del Tribunal de Cuentas o cosas que se le parezcan porque su accionar está sustentado en un informe unánime de la Sala de Abogados, en el sentido de que en ese caso correspondía la previa intervención del Tribunal de Cuentas, que no se verificó.

Todo esto describe claramente la situación a la que estábamos haciendo referencia.

SEÑOR PATRONE.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Sí, señor Diputado.

Pido disculpas al señor Diputado Hernández porque antes me concedió una interrupción y me comprometí a devolverle la atención.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado Patrone.

SEÑOR PATRONE.- Gracias, señora Presidenta y señor Diputado, por esta cortesía.

Señora Presidenta: creo que estamos volviendo al mismo tema porque, cuando en una anterior oportunidad manifestaba mis opiniones, el señor Diputado me observaba acerca de este asunto.

Creí que la lectura de un dictamen del doctor Delpiazzo acerca de la validez jurídica de la interpretación de la actuación del Tribunal de Cuentas había sido suficientemente clara, porque allí se expresaba que la interpretación hecha por un órgano administrativo tenía el mismo tenor y validez que la de cualquier otro organismo administrativo de la Administración Central, es decir que no tenía ninguna fuerza. Efectivamente, el Tribunal de Cuentas se había excedido en sus apreciaciones porque no hacía a la cuestión de fondo, sino que estaba interpretando una cuestión política.

Y no importa cómo estaba integrado el Tribunal de Cuentas porque fue la manifestación de una Sala de Abogados acerca de la cual no tengo conocimiento de su parcialidad política. Se supone que es una opinión técnica, que no es vinculante. Por lo tanto, podemos asumir que así como existe esa opinión técnica, también existen otras en contrario que dicen que no es competencia ni potestad del Tribunal de Cuentas expedirse en ese sentido.

Por otra parte, de la exposición del señor Diputado preopinante y de las de otros legisladores surge un contenido altamente ideologizado -en el sentido correcto del término- con relación a ese tema; prácticamente, no hay una discusión de fondo, en serio, acerca del proyecto de ley, sino que en general nos estamos remitiendo a algo que para nosotros está laudado.

En oportunidad de realizarse la interpelación al señor Ministro Arana, todos estos temas estuvieron sobre el tapete. Estamos reeditando la discusión que se dio en aquella ocasión; los argumentos son los mismos. Recién estaba leyendo el Diario de Sesiones de ese llamado a Sala y encontré que se manejaban exactamente los mismos argumentos.

Por último, quisiera señalar que el saneamiento es un punto clave, que es parte de los incumplimientos de la empresa Uragua, y que esta Administración sí se va a hacer cargo. He aquí una diferencia fundamental, y no vamos a ingresar en otro tipo de consideraciones.

Agradezco la tolerancia y cortesía del señor Diputado Pablo Abdala.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Pablo Abdala, a quien le restan dos minutos de su tiempo.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Gracias, señora Presidenta.

Se me ha ido el tiempo, pero quiero realizar algunas anotaciones muy específicas.

En primer lugar, con relación a lo que se acaba de expresar, debo decir que si algún contenido o concepción ideologizada tiene la posición del Partido Nacional, es la del cumplimiento irrestricto e integral de la Constitución de la República. Los contratos que no se cumplen ni siquiera necesitan de una ley para hacerlos valer, porque alcanza con las cláusulas rescisorias que siempre se establecen para fijar el orden que corresponde. Pero la Constitución está para cumplirla, aun cuando no nos guste, sobre todo cuando desde el punto de vista político pedimos el voto a la ciudadanía -lo cual creo que entraña una responsabilidad moral- para que nos acompañe en determinadas enmiendas que poco tiempo después no estamos dispuestos a llevar a la práctica ni a cumplir como corresponde.

Me voy a referir a algunos aspectos particulares del proyecto de ley.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Voy a pedir un poco más de tiempo para redondear...

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Redondee, señor Diputado.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- He concedido algunas interrupciones, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Señor Diputado, usted conoce el Reglamento. Redondee.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- En ese caso, voy a redondear diciendo que nos quedaremos en las consideraciones generales; lamento que después tenga que interrumpir porque los argumentos que pensábamos plantear con relación a las distintas disposiciones serán formulados durante la discusión particular.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Pérez González.

SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Señora Presidenta:...

SEÑOR HERNÁNDEZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señora Presidenta: voy a salir un poco de la letra; digo esto porque tenía todo preparado debido a lo que significa este tema, la chicana jurídica, y todo lo que está en juego. Voy a tratar de salir de esta lid, de meter palo en la rueda, para entender que el Gobierno tiene necesidad de asumir esta tarea.

Se trata de una necesidad ciudadana: como partido político, como partido de Gobierno debe tener los instrumentos para poder hacerlo, y bien, y por eso se crea esta Unidad de Gestión Desconcentrada, integrada con dos Directores de OSE, y no excluye a nadie, como en algún informe se dice. Quizás cuando se integre con tres miembros pueda existir algún tipo de exclusión.

También se nombra a un Gerente a efectos de que se encargue de eso; integra a los trabajadores porque sería imposible hacer una tarea a cabalidad si no se cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios; establece las garantías respecto a las empresas tercerizadas, pues si Uragua no entregara el servicio podrá reclamarlo a través de la Justicia.

Sinceramente, confío en la capacidad negociadora de este Gobierno para que se terminen todos los temas que hacen a los intereses.

Además, hay otro aspecto que realmente me preocupa: Uragua debe pagar al Gobierno US$ 700.000 por mes por concepto de alquiler y hace seis meses que no paga.

Puede haber opiniones distintas respecto al marco jurídico, pero debemos entender que es una responsabilidad. De no ser así, en las próximas sesiones se nos criticará por las cosas que no hemos hecho y debimos hacer. El partido de Gobierno entiende que esta futura ley habilitará a una tarea histórica porque en caso de incumplimiento o cesación de contrato con Aguas de la Costa también podrá aplicarse, y si no habilita más, es porque no hay más concesiones.

Esto es claro, pero estamos dispuestos a respetar la idea de los demás señores legisladores.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Pérez González.

SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Señora Presidenta: voy a apoyar este proyecto de ley. Estoy totalmente de acuerdo con lo planteado por los compañeros que han hecho el informe en mayoría. Solo quiero manifestar dos o tres elementos que me parecen importantes.

En el día de hoy se han cuestionado algunos aspectos del proyecto de ley, y si bien estrictamente no voy a entrar en el tema jurídico, sí voy a decir que tiene un objetivo fundamental: tratar de realizar el tránsito de los servicios de agua potable y saneamiento a cargo de Uragua al Estado uruguayo. En ese sentido se ha elaborado este proyecto de ley: para tratar de que ese tránsito sea lo más favorable posible para los intereses de la población de Maldonado. En definitiva, ese es el motivo principal que inspira esta solución.

En primer lugar, es fundamental que no se vea resentido el servicio y que la población de Maldonado pueda seguir recibiendo los servicios de agua potable normalmente, lo que nos permitirá abordar en buenas condiciones la próxima temporada de verano, que está muy cercana. En segundo término, está el interés que tenían el Gobierno uruguayo y esta fuerza política en cuanto a dar una solución favorable a los trabajadores de Uragua. De más está decir que la situación era complicada.

Es de conocimiento público que muchos de los trabajadores que revistan en la plantilla de Uragua eran funcionarios de OSE, y que era necesario mantener ese equipo por el resultado del trabajo de estos empleados a lo largo de los años; ellos lograron una eficiencia en el servicio que nosotros queríamos mantener. Deseábamos contar con el mismo equipo de funcionarios y mantener el trabajo, su fuente laboral, a fin de no crear una situación social no deseada. Por todo esto, era necesario crear una ley y hacer posible la contratación de estos trabajadores.

Por otra parte, en este proyecto de ley está planteada la posibilidad real de que participe la Intendencia Municipal de Maldonado. En este caso, no es porque sea de Maldonado, sino porque queremos que la Intendencia participe en la resolución del problema del saneamiento, que es el fundamental, y en la de los servicios en el departamento; esa es una de las preocupaciones principales que he escuchado aquí y durante decenas de años. Este es un problema para el que Gobiernos anteriores nunca encontraron una solución y ni siquiera iniciaron un camino para resolverlo. La única experiencia que intentaron realizar fue la privatización, que se frustró. Los resultados están a la vista. Uno de los problemas fundamentales de la caída de la concesión de Uragua es el incumplimiento del contrato en lo que tiene que ver con las inversiones. Este no es un problema nuestro, de esta fuerza política ni de este Gobierno, sino de la empresa y del camino que eligieron otros Gobiernos para resolver este asunto, que fue un fracaso. Sobre la base de la realidad que se creó y se transformó a raíz de la aplicación de estas experiencias frustradas, es que estamos tratando de recoger lo bueno y de instrumentar un mecanismo a través de la ley para poder resolver este problema hacia el futuro.

Por tanto, entendemos fundamental la participación de la Intendencia, porque de alguna manera debemos empezar a dar participación a los gobiernos locales en los elementos que nos parezcan trascendentes. Es necesaria esta participación por la cercanía de los problemas; no es necesario abundar en ello.

Doy mi aprobación total a esta salida que ha instrumentado OSE, con la anuencia y el trabajo de nuestros compañeros legisladores en la Comisión y que hoy han informado en esta Cámara.

SEÑOR PATRONE.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PATRONE.- Señora Presidenta: en realidad, quiero ir dando respuestas a algunas interrogantes planteadas durante esta sesión que, por su característica particular, dado que no ha existido la posibilidad de desarrollar los informes, se ha tornado un tanto desordenada. De esta manera van quedando aspectos pendientes que nunca son aclarados.

Cuando se dice que a partir de la promulgación de este proyecto de ley cesan todos los contratos de concesión en el departamento de Maldonado y que cualquier interesado podrá reclamar su extinción y el resarcimiento económico correspondiente en los tribunales de Justicia que corresponda, nos referimos exclusivamente a Uragua. Por ejemplo, Aguas de la Costa y Sol y Agua tienen litigios a nivel judicial en un sentido absolutamente contrario. Este tema ya lo desarrollamos en ocasión de la interpelación al señor Ministro Arana. Otra vez estaríamos planteándonos la misma situación, y eso es lo que expresamos precedentemente.

Si consideramos la reforma constitucional aprobada el 31 de octubre y que el numeral 3) del artículo 47 de la Constitución está vigente, tuvimos distintas respuestas de los actores involucrados. Por un lado, mientras Uragua reclamaba que el contrato estaba extinguido y, por lo tanto, pretendía ser beneficiaria de la indemnización, eludiendo lo establecido por la Comisión de Aplicación en el año 2002 -que nunca se aplicó-, por otro, empresas como Aguas de la Costa o Sol y Agua planteaban un recurso ante la Justicia en un sentido absolutamente contrario, que tenía que ver con la no retroactividad de la aplicación de esa reforma constitucional. Se pretendía el mantenimiento del contrato y la vigencia de la concesión. Entonces, frente a un mismo hecho, este Gobierno se encontró con dos situaciones equilibradas en cuanto a su concepción. Por un lado, estaban quienes sostenían con sus argumentos jurídicos que se producía la extinción y reclamaban una indemnización y, por otro, estaban quienes sostenían absolutamente lo contrario. Por eso en aquel momento ya hablábamos de la responsabilidad que tiene esta Administración como administradora de los bienes del Estado y que no podía embarcarse en soluciones apresuradas que significaran al erario pérdidas millonarias, con absoluta irresponsabilidad. Legalmente, existían concepciones diametralmente opuestas. Esto no era solo una visión del Estado, sino que las mismas visiones opuestas surgían desde el punto de vista de las empresas privadas.

Por lo tanto, podemos decir que no existía una única situación. Recuerdo claramente que en aquel momento sosteníamos que era por lo menos temerario acusar de flagrante violación de la Constitución a las acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo, en la medida en que estaban avaladas a su vez por una profusa bibliografía y por destacados juristas.

También se ha dicho que dar rango de Gerente General al responsable técnico de esta Unidad de Gestión Desconcentrada crearía una descompensación en las estructuras del resto del país.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Entendemos que este es un concepto erróneo, falaz, porque se está comparando el mismo cargo pero para estructuras de organización absolutamente diferentes, con una escala distinta de acción en el territorio. Es como decir...

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Señor Diputado: terminó su tiempo.

Puede continuar el señor Diputado Pérez González.

SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Señora Presidenta: entendemos que la aprobación de este proyecto va a significar un gran logro para aquellos militantes que en una oportunidad, en la década del noventa, luego de la privatización realizada al este del arroyo Maldonado, iniciaron en Maldonado un movimiento que está dando sus primeros frutos con la vuelta de los servicios de agua potable y saneamiento al Estado en ese departamento.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: por cierto que este es un tema recurrente, y también es consecuencia de lo que para nosotros fue una irresponsabilidad política en la cual incurrieron aquellos sectores -en particular del actual partido de Gobierno y de la fracción que hoy es mayoría dentro del Partido Nacional- que apoyaron una iniciativa popular que absolutamente todos sabíamos que iba a generar graves problemas al Estado uruguayo.

Advertimos en aquella circunstancia que el Estado se iba a exponer a una serie de juicios, que es lo que está ocurriendo. También advertimos que quienes iban a ser los "paganini" de todos estos problemas generados por la iniciativa que pretendía reformar la Constitución -y que en definitiva lo logró- iban a ser, precisamente, los usuarios de OSE. Tal como señaló el señor Subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, es intención del actual Gobierno que esos juicios que se van a realizar contra el Estado sean pagados a través del incremento de las tarifas.

Lamento fundamentalmente que aquellos sectores políticos que apoyaron esta iniciativa no se hagan cargo de las consecuencias. Por lo menos la bancada de Gobierno está proponiendo una iniciativa que podrá ser criticada, pero es la única que está sobre la mesa. En ese sentido, tenemos que reconocerle que se está haciendo cargo de las dificultades que generaba esa incorporación, que a nuestro juicio ha sido un verdadero dislate.

Está claro, en opinión del Partido Independiente, que la Constitución de la República solo puede ser interpretada a través de las leyes. En consecuencia, el decreto dictado por el Poder Ejecutivo, que en realidad hace una interpretación de la Constitución, es notoriamente inconstitucional. Así quedó sentado en la oportunidad en que el señor Diputado Lacalle Pou planteara la interpelación al señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecto Mariano Arana.

De lo que se trata ahora, en cualquier caso, es de cumplir con la Constitución, y en ese sentido es notorio que OSE debe asumir la prestación del servicio, ya sea por la aplicación directa de la reforma constitucional o por la interpretación que ha hecho OSE de que no se ha cumplido con el contrato y, en consecuencia, lo ha rescindido. En cualquiera de los dos casos, lo que no puede estar en discusión es que se debe asumir la prestación del servicio. Inclusive, según nuestra interpretación, se debería asumir no solo los servicios prestados por Uragua, sino también los prestados por Aguas de la Costa, pero de lo que no hay duda es de que esos servicios deben ser prestados por OSE.

En el proyecto se plantea la creación de una Unidad Desconcentrada, lo que a nuestro juicio es una alternativa válida para tratar de dar solución al tema y, en el fondo, implica de alguna manera un reconocimiento por parte de la bancada de Gobierno y del Poder Ejecutivo de que la prestación de esos servicios en el departamento de Maldonado había mejorado notoriamente en su calidad.

La consecuencia directa de esto es que si OSE -Administración de las Obras Sanitarias del Estado- reasume la prestación del servicio tal como hace en otros lugares del país, los usuarios de Maldonado van a percibir una baja en la calidad del servicio. Entonces, el Poder Ejecutivo, consciente de esa realidad, plantea esta solución de generar una Unidad Desconcentrada en la que da participación a los propios usuarios. Solo de esa forma puede interpretarse la inclusión en la gestión de un representante de la Intendencia Municipal de Maldonado, lo que me parece un planteo novedoso que, en todo caso, supone mantener una gestión de servicio que los propios usuarios han destacado como muy buena, realizada por la empresa Uragua.

Dejamos fuera la discusión relativa a la adjudicación de esa concesión. Es conocida la opinión que hemos mantenido en el pasado con relación a este tema, que dejamos claramente establecida en la interpelación aludida. Por lo tanto, reitero que la alternativa que tenemos planteada por parte del Poder Ejecutivo es la única que está sobre la mesa y nos parece válida. Se ha señalado que su aplicación supone que el Estado se va a exponer a otros juicios además de los que eventualmente puedan surgir de la aplicación de la reforma constitucional, pero creo que aquel tiene la perspectiva -lo señalamos antes de que se pusiera a consideración de la ciudadanía esta iniciativa- de perder todos y cada uno de los juicios que se le planteen.

En todo caso, la iniciativa que tenemos a consideración -más allá de que plantea reasumir el servicio- establece en el artículo 7º que el Juez competente deberá decretar su entrega sin más trámite, y a continuación establece una expresión que no es menor: "sin perjuicio".

¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que refiere a las reclamaciones que se hagan al Estado por otro tipo de incumplimientos sigue corriendo por los distintos carriles que se estaban planteando. En consecuencia, más allá de que se reasume el cumplimiento de los servicios, en los hechos los juicios que se inician contra el Estado seguirán su curso habitual y, según nuestro criterio -repito-, con la perspectiva de que se perderán como consecuencia del dislate que ha sido la aprobación de la reforma constitucional del 31 de octubre pasado.

Entonces, señora Presidenta, frente a ese tema que se ha planteado, quiero decir que acá no se corren mayores riesgos que cuando se estableció esa reforma de la Constitución. Repito: no solo el partido de Gobierno la apoyó; no se habría aprobado esa reforma constitucional si otros partidos o sectores, como el partido que ahora es la primera minoría, hubieran apoyado, como el Partido Independiente proponía, una alternativa razonable en materia de reforma constitucional. Eso habría significado claramente un enriquecimiento para la ciudadanía. No la hubo, entre otras cosas, porque los Diputados y Senadores del ahora partido de Gobierno y algunos Diputados y Senadores del Partido Nacional no permitieron que hubiera quórum en la Asamblea General para que se aprobara un proyecto de reforma constitucional alternativo.

Entonces, hay que hacerse cargo. En este tema no tenemos ninguna responsabilidad, pero sí la tenemos desde el punto de vista institucional. Creemos que institucionalmente tenemos que hacernos cargo de lo que aprobó la ciudadanía, aun de lo que no votamos. Por esa razón es que vamos a acompañar con nuestro voto este proyecto de ley, porque institucionalmente, a los efectos del funcionamiento de lo que es la democracia, nos tenemos que hacer cargo de que eso se votó y, en consecuencia, OSE tiene que tener algún instrumento para reasumir el cumplimiento de estos servicios.

Se podrá decir que este no es el mejor instrumento. Creo que para los ciudadanos del departamento Maldonado es el mejor de los que están arriba de la mesa, porque va a posibilitar que se cumpla el servicio a través de esta Unidad, cuyo funcionamiento desconcentrado por lo menos va a permitir que esa mejora en la gestión que hubo en el pasado se mantenga. Por lo menos, ese es el desafío.

Así que vamos a acompañar en general este proyecto y a votar los siete artículos que lo componen porque, en definitiva -como recién señalábamos-, nosotros asumimos las responsabilidades institucionales en función de lo que decidió la ciudadanía.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra la señora Diputada Travieso.

SEÑORA TRAVIESO.- Señora Presidenta: no vamos a extendernos demasiado porque por parte de nuestros compañeros que integran la Comisión se ha dicho todo.

Observando el espíritu del proyecto de ley...

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Señoras y señores Diputados: ¿serían tan amables de tomar asiento? Sucede que tenemos problemas para el conteo. También les solicito que no usen celulares en Sala.

Puede continuar la señora Diputada Travieso.

SEÑORA TRAVIESO.- Señora Presidenta: decía que no vamos a extendernos demasiado porque por parte de nuestros compañeros que integran la Comisión se ha dicho todo.

Queríamos destacar el espíritu del proyecto de ley y también -¿por qué no?- el ámbito de corrección, colaboración y respeto que hubo en el trabajo de la Comisión.

Tomando en cuenta lo que manifestaban los integrantes de la Comisión en cuanto a contribuir al avance del proyecto -ese era el espíritu-, no entraremos en detalles técnicos ni jurídicos porque no somos idóneos. Solo queremos referirnos a la importancia del presente proyecto de ley no solo para el departamento de Maldonado, sino para el país, al igual que para sus trabajadores.

Sabemos que el departamento de Maldonado -no es ninguna novedad- tiene el mayor flujo turístico del país y, por lo tanto, los servicios son cruciales. Hoy hablamos nada más y nada menos que del servicio de agua y saneamiento, tema "grosso", como dicen los jóvenes, y también de la culminación de una larga lucha del pueblo de Maldonado.

Somos muy optimistas y votaremos afirmativamente este proyecto con mucho beneplácito. También apostaremos a tener en ese departamento un excelente servicio y una excelente temporada, lo que significa una mejora importantísima para el país.

SEÑOR HERNÁNDEZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA TRAVIESO.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señora Presidenta: estamos pidiendo muchas interrupciones. En el momento en que alguien está hablando lo interrumpimos, y eso no nos gusta hacerlo porque, de alguna forma, lo distraemos de su enfoque.

De todos modos, sí vamos a volver ahora a algunas apreciaciones que se hicieron -inclusive, hubo algunas escritas en el informe-, sobre todo en cuanto a la creación del cargo de Gerente General.

En la sesión de la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del 29 de agosto, el señor Colacce, Presidente de OSE, deslindaba algunas cosas: "Nunca hemos pensado en un nombre para ocupar el cargo de Gerente General. Simplemente, es una herramienta más, otra vez con el mismo espíritu: minimizar cualquier riesgo. Varios artículos del proyecto de ley están enfocados en ese sentido; por más que tratamos de prever todos los posibles escenarios, frente al más adverso que aún se pueda dar por una situación imprevisible, queremos tener una herramienta superior para cubrir ese problema. De ahí surge esa figura que parecía traída de los pelos, pero constituye una fuerte herramienta para cubrir las circunstancias problemáticas que se pudieran dar".

También quería decir que por el proyecto de ley se habilita al Directorio a crear o nombrar un Gerente General. En otro momento de la misma reunión, el doctor Uriarte dice algo íntimamente relacionado con la confianza: "La ley no los identifica como cargos de confianza porque data de 1952 y en ese entonces no existía esa definición. De todas maneras, la Oficina Nacional del Servicio Civil ha reiterado desde 1988 que casi todos los nombramientos de Secretario General, asesores y Gerente General -incluiría al Gerente General de OSE- están previstos de acuerdo con ese artículo que dice que serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Directorio. El Directorio los propone y el Poder Ejecutivo los designa; a su vez, la remoción será dispuesta por el Directorio. La Oficina Nacional del Servicio Civil siempre ha sido clara en el sentido de que a estas personas se las debe considerar como personal de confianza porque no ingresan en el último grado del escalafón, ni tienen carrera administrativa, como sí ocurre con los funcionarios. Además, son destituidas por resolución fundada del Directorio y no por causales como ineptitud o comisión de delitos, como se prevé para los funcionarios de carrera.- Quiero aclarar que cuando se dice 'de confianza' no se lo hace en los términos que maneja el TOFUP," -Texto Ordenado de Normas sobre Funcionarios Públicos- "como el caso de los Directores de OSE; lo que se quiere decir aquí es que se trata de personal de designación directa y que no tiene carrera administrativa. En estos términos es que se designa el Gerente General, al Secretario General y a los asesores del Directorio".

Gracias, señora Diputada.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar la señora Diputada Travieso.

SEÑOR SALSAMENDI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA TRAVIESO.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR SALSAMENDI.- Señora Presidenta: en primer lugar, quiero aclarar que este proyecto propone una solución particular a una situación particular. Con o sin reforma constitucional, lo que acá se planteó fue una situación de incumplimiento que ameritó la rescisión de un contrato. Por ende, con o sin reforma, este problema igual estaría planteado.

En segundo término, con relación a la manida interpretación del inciso segundo del artículo 1º, hay frases que no tendrían sentido alguno si la interpretación fuera diferente a la que en este caso estamos dando. No tendrían sentido las frases "lo que deba asumir en el futuro", "En virtud del artículo 47 de la Constitución de la República", o "en el departamento de Maldonado". Obviamente, las leyes se interpretan, se integran y se razonan desde el punto de vista lógico. Por lo tanto, insisto, en este caso no puede caber ninguna interpretación diferente.

La expresión "sin perjuicio", incluida en el artículo 7º -me voy a permitir humildemente discrepar con el señor Diputado Posada-, no refiere a que se puedan continuar otros juicios, porque esto va de suyo. Si la ley hubiera tenido esa pretensión -ahí, en mi opinión, sin duda manifiestamente inconstitucional- de detener algún juicio en curso, en este caso, entre la empresa Uragua y el Estado, debió haberlo establecido expresamente. Lo que quiere decir la expresión "sin perjuicio" es que, obviamente, la empresa podrá articular las defensas que entienda pertinentes si cree que su derecho ha sido afectado en este caso por la actuación que eventualmente se promueva.

Finalmente, quiero decir -lo señaló el señor Diputado Hernández; no es un anuncio, porque francamente desconozco el estado actual de la situación- que no descartamos en absoluto la posibilidad de generar un acuerdo efectivo con la empresa Uragua que permita solucionar de algún modo este diferendo a través de una solución amigable para ambas partes.

Sin embargo, estoy absolutamente convencido de que sería una irresponsabilidad no aprobar este proyecto de ley en este momento para atender una cantidad de situaciones que acá fueron planteadas; entre otras, la de comenzar efectivamente a generar la posibilidad real de atender el acuciante problema de saneamiento en el departamento Maldonado.

Muchas gracias, señora Diputada.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar la señora Diputada Travieso.

SEÑORA TRAVIESO.- Señora Presidenta: solo quiero ratificar nuestro apoyo a este proyecto y espero fervientemente que colme las esperanzas del departamento de Maldonado.

Nada más.

Muchas gracias.

36.-      Urgencias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por la señora Diputada Tourné y el señor Diputado Casaretto.

(Se lee:)

"Mocionamos para se declare urgente y se considere de inmediato la Carpeta Nº 371/005: '250 años de la Fundación de la Ciudad de Maldonado. (Se declara feriado no laborable el día 19 de octubre de 2005)'".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y ocho en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

37.-     250 años de la fundación de la ciudad de Maldonado. (Se declara feriado no laborable el día 19 de octubre de 2005).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "250 años de la fundación de la ciudad de Maldonado. (Se declara feriado no laborable el día 19 de octubre de 2005)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 366

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase feriado no laborable para la ciudad de Maldonado, el 19 de octubre de 2005, con motivo de conmemorarse los 250 años de su fundación.

Artículo 2º.- Otórgase goce de licencia paga durante la fecha indicada en el artículo 1º a los trabajadores de la actividad pública y privada, nacidos o radicados en la ciudad de Maldonado.

Artículo 3º.- Declárase el 19 de octubre de cada año como "Día de Maldonado".

Montevideo, 5 de agosto de 2005.

FEDERICO CASARETTO, Representante por Maldonado

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Junta Departamental de Maldonado, a iniciativa del Edil Departamental Eduardo Elinger, y basándose en el informe de los prestigiosos historiadores doctor Fernando Cairo, doctor Mario Scasso y profesora Amelia Díaz de Guerra recordando la Real Orden del 19 de octubre de 1594 emitida por el Rey de España, Felipe II, que disponía poblar la "Isla de Maldonado" (actualmente "Isla Gorriti"); resolvió con fecha 8 de junio de 2004 designar los días 19 de octubre de cada año, como la fecha de conmemoración y homenaje del "Día de Maldonado" (exp. 158/04).

Esta fecha, adoptada por la Junta Departamental de Maldonado como el Día del Departamento, fue sugerida por la Comisión integrada por los historiadores anteriormente mencionados. Esta fecha se refiere al nombre de Maldonado, que es el de nuestro departamento. Es de los primeros nombres geográficos de nuestro país. Estas denominaciones surgen de los marinos que pasaban frente a nuestra costa y señalaban puntos de ella como referencias trasladadas a la cartografía. Desde los primeros descubridores en el siglo XVI llegan nombres que aún existen: la Isla de Lobos, el Cabo Santa María (referido a Punta del Este que luego se trasladara en el siglo XVIII a la costa de Rocha), el Cerro Pan de Azúcar, el Río de la Plata y el de Maldonado. Junto a estos están los nombres de las islas de Castillos y de Torres en Rocha, la Isla de Flores, las barrancas de San Gregorio en San José, las islas San Gabriel y Martín García y el río San Salvador. Todos ellos tienen casi 500 años de antigüedad.

¿Qué significado tiene el nombre de Maldonado? En primer lugar, señalaba una isla y un puerto. Nos hemos olvidado el significado de esta zona como puerto, era el primero en la entrada del Río de la Plata. El primero en el que se podían anclar barcos a vela, al ser un lugar seguro protegido del oleaje, por las puntas rocosas de Punta del Este y la Ballena y la Isla Gorriti y sus restingas.

No era un mecanismo sencillo bajar de los barcos barricas de madera donde se conservaba el agua, a botes amarrados junto a los navíos, que tenían que arribar a la costa, que en este lugar era de fácil acceso, pues era arenosa y acceder a la laguna que formaba la cañada de la Aguada entre Dunas, donde se cargaban las barricas, que se llevaban a los botes haciéndolas rodar en forma lateral sobre la arena, subirlas al bote embicado en la playa y luego remar hasta el barco e izar la barrica desde el bote amarrado junto a él. El agua era lo que más rápido se alteraba en un viaje marítimo prolongado, máxime teniendo en cuenta el calor del verano, ya que las expediciones partían en el otoño europeo y luego de un viaje no menor de cuatro a cinco meses llegaban aquí en verano.

En toda la costa del este y en la de Río Grande hasta la Isla de Santa Catalina no había un lugar donde se pudiera hacer este proceso, ya que la costa es arenosa, con puntas e islas rocosas, con arrecifes en su entorno y con lagunas litorales alejadas de la orilla, difíciles de acceder.

En el año 1527 llega la expedición de Sebastián Gaboto, que era un marino de origen veneciano, al servicio de España. Uno de los integrantes de la expedición se llamaba Francisco Maldonado, Teniente Alguacil de la nave capitana Santa María del Espinar, fue bajado en esta bahía. Existen varias hipótesis que pueden formularse para este desembarco. Puede haberlo hecho con fines de exploración o como aviso a los barcos rezagados de la flota, por tormentas por ejemplo, alguien esperaba en el fondeadero a la espera de su arribada, para informar sobre la dirección tomada por el resto de los navíos. Puede haberse hecho por motivos disciplinarios, alguien que estaba causando problemas en el barco se lo bajaba en un lugar con agua y alimentos hasta que se volviera a recoger, esto era un hecho habitual. Alejandro Selkirk el inspirador de Daniel Defoe para su novela Robinson Crusoe, fue abandonado en una isla por insubordinación.

También podría ser como integrante de una expedición para conseguir alimentos frescos, o pescar inclusive. No hay que olvidar que la primera causa de mortalidad de los marinos en estos prolongados viajes marítimos, cuya base de alimentación consistía en carnes saladas y galletas, era el escorbuto. En algunos viajes se tiene conocimiento que el 50% moría por esta causa. Es la carencia de vitamina C, lo cual se desconocía y era además algo novedoso, porque la navegación alejada de las costas, no hacía 100 años que se realizaba, pero se daban cuenta que alguna relación tenía con el consumo de alimentos frescos, que por otra parte no podían conservar. La vitamina C es hidrosoluble, no se fija en las grasas, por lo tanto no se puede almacenar en el organismo y está ampliamente distribuida en los alimentos vegetales frescos, es destruida por la cocción, el almacenamiento prolongado y la desecación. Casi todos los marinos luego de 90 días de navegación, sujetos a la dieta antedicha sufrían de inflamación, hemorragias y úlceras infectadas en las encías, con aflojamiento y caída de los dientes, lo que imposibilitaba masticar los alimentos en su mayor parte secos y duros, lo que provocaba un marcado adelgazamiento. Sufrían hemorragias espontáneas musculares por los esfuerzos, sobre todo al caminar por los cordajes en la maniobra de las velas y principalmente en las pantorrillas, lo que provocaba grandes dolores al caminar. Presentaban hematomas cutáneos al mínimo traumatismo y estaban particularmente expuestos a enfermedades infecciosas intercurrentes como respiratorias y diarreas.

Pero existe otra explicación posible que es la de abandonar aquí a un miembro de la familia de los Maldonado, hidalgos de Salamanca, que se habían sublevado contra el Rey Carlos I en la rebelión popular y de la baja nobleza castellana, llamada de las comunidades de Castilla (1520-1521). Esta sublevación culminó en la batalla de Villalar, donde fueron derrotados por las tropas reales los comuneros. Luego de la batalla fueron ejecutados los jefes de las tropas, entre ellos Francisco Maldonado (1521) y al año fue ejecutado su pariente, Pedro Maldonado, otro de los caudillos de la rebelión salmantina. Actualmente en Salamanca se mantiene el recuerdo de la relación entre la famosa "Casa de las Conchas" y sus iniciales propietarios, la familia Maldonado y su actitud revolucionaria frente a la recién entronizada dinastía de los Habsburgo.

El desembarco de Francisco Maldonado podría estar ocasionado por la represión desencadenada por el Rey contra los comuneros, seis años antes, celoso guardián de sus regias prerrogativas y de la independencia y libertad de acción del poder real. Esto estaría en relación con la referencia que cuando Gaboto regresó a España, no lo llevó permaneciendo en la región. No se sabe aún si existe alguna relación familiar entre él y los de Salamanca.

El hecho es que por alguna causa este hombre fue bajado y permaneció aquí por algún tiempo. Esto motivó que a la zona, inicialmente a la isla que luego se llamaría de Gorriti y al puerto (a la bahía) se la denominara de Maldonado.

Este nombre se extendería a la región, al arroyo e incluso en algunos mapas portugueses y franceses de los siglos XVI y XVII a las "montañas de Maldonado", probablemente la Sierra de las Ánimas. Más de 200 años de estos hechos denominaría a la población y desde 1817 al departamento de Maldonado. Sin olvidar que el primer nombre de la población de San Carlos fue Maldonado Chico.

Ahora bien, ¿por qué el 19 de octubre? Porque por primera vez se nombra en un documento oficial a Maldonado como una denominación geográfica.

"El Rey. A mi gobernador de las Provincias del Río de la Plata.

Yo he sido informado que convenía poblar un pueblo en esas provincias en la Isla de Maldonado. Porque de ordinario se pierden allí muchos navíos y los naturales capturan la gente y que haciendo allí la dicha población se recogieran los dichos navíos y se guarecería la gente y habiéndose hablado sobre ello en mi Consejo de la Indias fue acordado de remitíroslo y así os mando como quien lo tiene presente lo veáis y proveáis a 19 de octubre de 1594".

Se trata de una comunicación de mano de Felipe II, Rey de España a Fernando de Zárate, Gobernador en Asunción de Paraguay.

Esta orden tiene un significado especial, ya que quien nombra a Maldonado, como un lugar geográfico, es nada menos que Felipe II, un personaje de la historia mundial. Es el hijo de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, el primer hombre en cuyos dominios "no se ponía el sol", bisnieto de los Reyes Católicos, unificadores de España, el de la "Armada Invencible" en su enfrentamiento con Inglaterra, no solo por razones religiosas sino por el dominio de las rutas marítimas, en el enfrentamiento inacabado por los mercados mundiales. Es el unificador de la Península Ibérica al anexarse a Portugal, el que hizo de Madrid la capital de España, el constructor de El Escorial, admirador de El Greco y El Bosco, se enfrentó a los turcos en el Mediterráneo, uno de sus hermanos fue el vencedor de la batalla de Lepanto, por él las Islas Filipinas se llaman así.

Otro aspecto a destacar es la época en que surgió esta denominación, fue en la que se inició el descubrimiento y colonización de los países de la Cuenca del Plata. Por este puerto entró la civilización mediterránea: la cultura de la cual somos hijos, nuestra lengua, nuestra religión judeocristiana, a toda la región. El agua color amarronado que vemos en nuestras playas, baja de los Andes Bolivianos por el Río Pilcomayo, viene desde el Mato Grosso, desde el Pantanal por el Río Paraguay, desde el Planalto Brasileño por el Río Paraná, desde la Serra Do Mar por el Río Uruguay. Esta agua no solo pasa delante de nosotros sino que fue la vía de entrada a Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil y nuestro país.

Este vínculo es el que debemos resaltar en nuestra vocación turística con todo nuestro entorno y debe ser parte de nuestro patrimonio. Patrimonio es lo que recibimos, lo que proviene de nuestros padres. Nuestra identidad lo es en forma concertada con la de nuestros vecinos, por aquí entraron los que exploraron, fundaron y poblaron Buenos Aires, Asunción, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz de la Sierra. Esto tiene que ser parte de los puntos de enlace que nos unen con nuestros vecinos, los puentes que nos relacionan con ellos. Tenemos que destacar este contacto primigenio con ellos, que tengamos además de un significado turístico, un significado que nos integre a su propia identidad.

Este puerto fue el de entrada y salida del Río de la Plata hasta la aparición de la navegación a vapor a mediados del siglo XIX, debiendo rescatar el significado profundo común.

Recién estamos en un proceso de rescatar nuestra identidad, integrando los que han participado en nuestra designación, formación y constitución. El proceso de determinación de los nombres geográficos de nuestra zona, se constituyó a lo largo de varios cientos de años. Los nombres de la costa los colocaron los marinos, pero existen nombres guaraníes en el departamento. No hubo indios guaraníes cuando se asentaron en el siglo XVII, los pusieron los jesuitas que venían con partidas de indios de ese origen en busca del ganado a la "Vaquería del Mar", que es la actual Cuenca de la Laguna Merín (Merín viene de "Mini", "pequeña", en guaraní, en relación a la "grande" de los Patos). Los jesuitas cartografiaban las zonas que transitaban, de allí los nombres que les ponían en el idioma de los indígenas: Carapé, Aiguá.

Desde el siglo XVII también están los nombres de los faeneros porteños y santafecinos que venían a hacer los arreos de ganado en los rincones fluviales y lacustres apropiados, por ejemplo Garzón , o portugueses de Río Grande o de la Colonia del Sacramento, probablemente José Ignacio. Los piratas en busca de los cueros, dejaron también algún puerto donde operaban, por ejemplo el de Piriápolis (denominado como el del Inglés). Cuando llegó el ganado desde el litoral traído por Hernandarias en la primera década del siglo XVII y desde las misiones donde fue llevado por los jesuitas y tras él los faeneros, ya existía el nombre de Maldonado.

Luego llegaron desde mediados del siglo XVIII los pobladores coloniales, así tenemos el Alférez, el Rincón de Aparicio, el Renegado y los nombres reales asociados a las poblaciones fundadas y el santoral, San Fernando, San Carlos. También la playa San Rafael, isla de Gorriti. Los pobladores del siglo XIX dejaron también sus nombres: Abra de Perdomo, Castellanos, arroyo Valdivia o playa Manantiales.

Existen nombres de fines del siglo XIX y principios del XX: playas las Delicias, Piriápolis, playa del Barco (Montoya), Gregorio Aznárez, Las Flores. Ahora diremos I`marangatú, Bikini, La Olla, Brava, Pinares, Hermosa, Verde, Bella Vista, etcétera, pero Maldonado precede a todos ellos en el tiempo. Cuando se utilizó el nombre en forma oficial fue 67 años después que había desembarcado Francisco Maldonado, seguramente se designaba así la zona desde varias décadas atrás. Es el nombre que engloba a toda la zona, a este departamento que fue creado en la época artiguista, uno de los seis de la Patria Vieja y después uno de los nueve de la Provincia Oriental y de los iniciales de la República.

Es decir es un nombre de largo arraigo que identifica a todos los maldonadenses. Esto es lo que recuerda el 19 de octubre.

Montevideo, 5 de agosto de 2005.

FEDERICO CASARETTO, Representante por Maldonado".

——Léase el proyecto informado por la Comisión, que no ha sido repartido.

(Se lee:)

"Artículo 1º.- Declárase feriado no laborable para la ciudad de Maldonado, el 19 de octubre de 2005, con motivo de conmemorarse los 250 años del proceso de su fundación.- Artículo 2º.- Otórgase goce de licencia paga durante la fecha indicada en el artículo 1º a los trabajadores de las actividades pública y privada, nacidos o radicados en la ciudad de Maldonado.- Artículo 3º.- Declárase el 19 de octubre de cada año como 'Día de Maldonado'".

——En discusión general.

SEÑOR CASARETTO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CASARETTO.- Señora Presidenta: voy a ser breve porque queremos resolver cuanto antes el asunto que estábamos tratando.

El motivo de presentar en forma urgente este proyecto es que el 19 de octubre se cumplen los doscientos cincuenta años de la fundación de la ciudad de Maldonado y, de no tratarse en la Cámara en el día de hoy -es la última sesión ordinaria del mes-, no darían los plazos para que este proyecto pase al Senado.

Debería hacer uso de la palabra el miembro informante de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, pero en virtud del desarrollo de esta sesión, me voy a permitir explicar brevemente de qué trata este proyecto.

Esta iniciativa tiene tres artículos. El artículo 1º declara feriado no laborable para la ciudad de Maldonado el 19 de octubre de 2005, con motivo de conmemorarse los doscientos cincuenta años de su fundación.

Quiero hacer algunas precisiones. No existe fecha exacta de la fundación de la ciudad de Maldonado, porque fue un proceso fundacional que llevó más de un mes. Lo que sí existe es una orden del año 1754 por la cual el Rey Felipe II ordena poblar la isla de Maldonado, hoy isla de Gorriti. En virtud de esa noticia, la Junta Departamental, por medio de un decreto, votó a partir del año pasado el 19 de octubre como Día de Maldonado. Dado que este año se cumplen los doscientos cincuenta años del proceso fundacional, que llevó más de un mes -fue entre agosto y octubre- y que comenzó un año después de la orden real, y puesto que existe un Día de Maldonado, los historiadores fernandinos, los Ediles departamentales y las fuerzas vivas se han puesto de acuerdo en celebrar el 19 de octubre los doscientos cincuenta años de la ciudad de Maldonado.

El artículo 3º declara el 19 de octubre de cada año como Día de Maldonado, que hasta ahora fue establecido a través de un decreto departamental y por la vía de la ley pretendemos institucionalizarlo.

De esto trata el proyecto. Pido disculpas por la brevedad, pero hace al interés de todos nosotros, por lo que agradecería que se votara.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Setenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR PINTADO.- ¡Qué se suprima la lectura de todos los artículos y se voten en bloque!

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar la propuesta del señor Diputado.

(Se vota)

——Setenta y ocho en setenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 1º, 2º y 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque.

(Se vota)

——Setenta y ocho en setenta y nueve: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR RODRÍGUEZ SERVETTO.- ¡Qué se comunique de inmediato!

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y nueve en ochenta: AFIRMATIVA.

SEÑOR PÉREZ BRITO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PÉREZ BRITO.- Señora Presidenta: con la misma brevedad que el señor Diputado Casaretto, quiero decir que hemos apoyado esta sorpresiva, apabullante y fulminante votación de este proyecto de ley que no conocíamos. ¡Vamos arriba! ¡Todo sea por Maldonado!

Muchas gracias.

SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Señora Presidenta: el señor Diputado Casaretto nos había informado que se iba a solicitar el trámite urgente de esta iniciativa, teniendo en cuenta los plazos. Quiero decir que estamos totalmente de acuerdo.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo 1º.- Declárase feriado no laborable para la ciudad de Maldonado, el 19 de octubre de 2005, con motivo de conmemorarse los 250 años del proceso de su fundación.

Artículo 2º.- Otórgase goce de licencia paga durante la fecha indicada en el artículo 1º a los trabajadores de la actividad pública y privada, nacidos o radicados en la ciudad de Maldonado.

Artículo 3º.- Declárase el 19 de octubre de cada año como "Día de Maldonado".

38.-      Servicio de agua potable y saneamiento en el departamento de Maldonado. (Se crea una Unidad de Gestión Desconcentrada en la Administración de las Obras Sanitarias del Estado para su prestación).

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Continúa la consideración del asunto que estaba en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Rodríguez Servetto.

SEÑOR RODRÍGUEZ SERVETTO.- Señora Presidenta: no me voy a referir en profundidad al proyecto de ley que estamos considerando en el día de hoy, más allá de adelantar que vamos a votar negativamente en general -al igual que los señores Diputados preopinantes del Partido Nacional- y que sí vamos a votar afirmativamente los artículos 4º, 5º y 6º a fin de preservar las fuentes de trabajo de los funcionarios que hoy están dependientes de Uragua.

Creo que, por sobre todas las cosas, la población de Maldonado se merece una reflexión. En otros ámbitos diríamos que tendríamos que hacer una autocrítica.

Si bien quien habla trabajó en contra de esta reforma constitucional, también es cierto que hay actores políticos de nuestro departamento que trabajaron fuertemente a favor, no ya en el tramo final de la campaña, sino durante muchos años, a fin de que cayeran las concesiones de las empresas privadas en el departamento de Maldonado.

Más allá de las consideraciones que se han hecho sobre el aspecto violatorio de la reforma constitucional del Decreto Nº 157/05, lo que sí sé, y estoy seguro -en mi departamento lo saben y también están seguros; hablo por mi departamento-, es que la gente se siente traicionada por estos actores políticos de mi departamento que hicieron promesas cuando pidieron el voto en favor de la reforma constitucional.

En las distintas reuniones y actos políticos, lo que se le decía a la gente -esto no lo puede desmentir nadie- es que Aguas de la Costa se iba y que Uragua también. "¡Y que se van, se van!". Estas eran las expresiones más populares que se hacían en nuestro departamento.

Entonces, queda clara la intencionalidad política que tuvo toda esta movilización que durante tanto tiempo inquietó a muchos dirigentes políticos en nuestro departamento, persiguiendo un fin electoral, más allá de las buenas intenciones que pudieran tener en cuanto a la caída de las concesiones.

Indudablemente -lo hemos conversado con distintos actores políticos de nuestro departamento, que no son de mi Partido-, tienen algo atragantado porque saben que le mintieron a la gente y no por su propia voluntad; le mintieron a la gente porque estaban convencidos de lo que estaban haciendo y de que una vez votada la reforma constitucional, Aguas de la Costa, que era la más discutida de todas, se iba. Básicamente, estaban convencidos de que las concesiones en efecto caían. Hoy, más allá de que no lo puedan decir o de que no tengan este lugar de expresión, no tienen más remedio que ponerse detrás de esta ley, apoyarla y sacarla adelante. La realidad es que la gente votó que OSE se hiciera cargo de todos los servicios de agua y saneamiento en todo el país.

Preocupa muchísimo -lo hemos reclamado y también lo han hecho otros legisladores de mi Partido- el hecho de que no surja en ningún lado quién va a hacer la obra de saneamiento en Maldonado y cómo se va a llevar adelante. Ya no hablo del país, sino de Maldonado, teniendo en cuenta las características especiales que tiene nuestro departamento. Más allá de lo discutible que pueda ser la actividad llevada adelante por la empresa Uragua, específicamente en cuanto a la construcción del saneamiento, por lo menos algún caño se veía y se colocó. No tenemos muchas expectativas de que esta obra pueda continuar en el futuro.

Por otro lado, reitero que la caída de la concesión no se debe a los malos servicios, porque tanto al este del arroyo Maldonado como en las ciudades de Maldonado y Punta del Este las empresas tiene un altísimo reconocimiento de parte de la población. Lo que sí estaba en discusión al este del arroyo Maldonado eran las tarifas.

La Comisión de Defensa del Agua, que tanto trabajó en el departamento de Maldonado para que estas concesiones cayeran y que últimamente ha organizado marchas a pie hasta Montevideo para que se cumpla con la Constitución, no va a ver colmadas sus expectativas.

SEÑOR CASAS.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RODRÍGUEZ SERVETTO.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CASAS.- Señora Presidenta: recientemente se leyó parte de las expresiones del Secretario General de OSE dichas en la Comisión, con referencia a los cargos de confianza. La ley no los identifica como cargos de confianza porque data de 1952 y, en ese entonces, esa definición no existía. La Constitución de 1952 ya estaba vigente desde principios de ese año, en tanto la Ley Orgánica de OSE es de fines de 1952, y establecía en su redacción los cargos de particular confianza. Solamente eran así calificados los declarados por la ley por determinadas mayorías. Los cargos de Gerente General, Secretarios y asesores técnicos del Directorio, que están en la Ley Orgánica de OSE, no son de particular confianza porque la propia ley no los estableció expresamente así. La Constitución de 1952, bajo cuya vigencia se dicta la Ley Orgánica de OSE, ya lo preveía.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Rodríguez Servetto.

SEÑOR RODRÍGUEZ SERVETTO.- Señora Presidenta:...

SEÑOR HERNÁNDEZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RODRÍGUEZ SERVETTO.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR HERNÁNDEZ.- Señora Presidenta: manteniendo el estilo, no le vamos a contestar al señor Diputado preopinante que nos concede la interrupción, pero sí vamos a aclarar algunos temas a los que han hecho referencia otros señores Diputados que no concedían interrupciones, por lo que no la pedimos anteriormente.

Siguiendo con los fragmentos de la intervención del doctor Uriarte en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente del 29 de agosto -página 12 de la versión taquigráfica-, vamos a entrar en el tema de la contabilidad que figura en el artículo 3º y que también fue incluido en un informe en minoría.

Dice el doctor Uriarte: "En cuanto a la contabilidad separada, creemos que la podríamos decidir administrativamente, pero ya que estamos definiendo la ley queríamos que quedara claramente establecida la unidad desconcentrada. ¿Cuál es la forma de tener una contabilidad por separado? Todo el manejo de administración contable se lleva por la propia unidad desconcentrada. Entonces, lo que recibe y controla la OSE es la regularidad de esa contabilidad y, finalmente, incluye los resultados contables; o sea, las utilidades pasan a OSE, pero el régimen de compra, de retribuciones personales, se maneja en forma autónoma. En esto no encontramos que se nos pueda generar mayores problemas desde el punto de vista contable; por lo menos es lo que arrojan las consultas que hemos hecho al Tribunal de Cuentas. Se va a manejar como empresa pública, y creemos que ni siquiera va a generar un problema como el que tuvo el Tribunal de Cuentas con respecto a las subsidiarias de ANCAP en el exterior. Queda bien claro que son unidades desconcentradas de OSE. La contabilidad general de la OSE va a integrar la contabilidad de la unidad desconcentrada".

Más adelante, expresa: "Si la OSE tiene que abastecer de determinado insumo, por ejemplo, bauxita a la unidad desconcentrada porque lo necesita, le hace un remito, y viceversa; el costo lo carga la unidad desconcentrada en su contabilidad, como una deuda que tiene con la OSE central".

Por último, en otro momento de la misma intervención dice: "La contabilidad separada y la unidad desconcentrada nos permite valorar las virtudes y los defectos de esa actividad".

Gracias, señor Diputado; gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Rodríguez Servetto, a quien le restan cuatro minutos.

SEÑOR RODRÍGUEZ SERVETTO.- Señora Presidenta: quiero redondear la idea con respecto a lo que se ha mencionado acá acerca de las expectativas que tienen los vecinos del departamento de Maldonado.

Los vecinos de Maldonado van a ver colmadas sus expectativas cuando sucedan dos cosas. Primero, cuando se cumpla con lo que se prometió. Fundamentalmente, la gente quiere que se cumpla con lo que se le prometió cuando se le pidió el voto para reformar la Constitución y para que el agua fuera gestionada por el Estado. Segundo, cuando se comience efectivamente y se culmine de una vez por todas o se dé continuidad a la obra de saneamiento, tan necesaria para nuestro departamento.

Quiero dejar una constancia para el futuro porque en algún momento de las exposiciones he escuchado que alguien, creo que de OSE, manifestaba que no se manejaba ningún nombre para el puesto de Gerente General a crearse y nosotros decimos que sí, que estamos completamente seguros de que se maneja un nombre. Estamos completamente seguros de que uno de los nombres que se maneja es de alguien de nuestro departamento. No lo vamos a adelantar ahora, pero ya se está manejando en el departamento de Maldonado quién va a ser ese Gerente General; no nos vamos a llevar ninguna sorpresa.

SEÑOR CASARETTO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RODRÍGUEZ SERVETTO.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado Casaretto. Informo al señor Diputado Rodríguez Servetto que le restan dos minutos.

SEÑOR CASARETTO.- Señora Presidenta: vamos a dar nuestra visión con respecto a algunos argumentos que aquí se han expuesto. Cuando se habla de que se busca esta solución ahora como forma de evitar que se resienta el servicio y para que se desarrolle con total normalidad la temporada de verano, creo que es una falacia. Nunca ha estado en discusión el cumplimiento del servicio ni la temporada de verano. Si hubiese habido alguna intencionalidad en eso, adviertan que entre el 31 de octubre, cuando entró en vigencia esta reforma, y el día de hoy -en el mes de setiembre del año 2005-, ¡vaya si hubiese habido instancias en las cuales, de ser esa la voluntad de la empresa, se hubiese realizado el corte de servicios, el abandono de las funciones y, ahí sí, la puesta en juego del futuro en materia de temporada de turismo!

También quiero recordar -porque se ha insistido en el tema del incumplimiento- que las posturas políticas en contra de las concesiones se dan después del incumplimiento, pero también se dieron sistemáticamente antes del incumplimiento. Por eso es que nosotros decimos que esto tiene también un bagaje ideológico muy importante. No somos los integrantes del Partido Nacional los que aplicamos ideología a esto, sino que hay planteamientos ideológicos fuertes, respetables, pero no compartidos en esta materia. Reitero: no se compartían antes del incumplimiento de la empresa Uragua las posturas políticas en contra de las concesiones en Maldonado.

Muchas gracias.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el señor Diputado Rodríguez Servetto.

Tiene la palabra el señor Diputado Semproni.

SEÑOR SEMPRONI.- Señora Presidenta: dado que trabajé por la Comisión que impulsó el plebiscito sobre el agua, porque junté firmas y hablé en actos, quiero decir que lo que se ha afirmado en cuanto a que todo debía estar en manos de OSE, es cierto. Pero nunca le di a nadie ninguna fecha a partir de la cual eso iba a ocurrir.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en setenta: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

SEÑOR GAMOU.- ¿Me permite, señora Presidenta?

Mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA TOURNÉ.- Señora Presidenta: en virtud de los acuerdos que hemos venido conversando con los distintos partidos políticos, vamos a proponer un sistema de votación para este proyecto.

En primer lugar, vamos a proponer el desglose de los artículos 1º, 2º, 3º y 7º, con los cuales hay algunas diferencias, y de esta manera habilitaremos que estas se expresen. Esta coordinadora aspira a que sea lo más brevemente posible, porque creo haber escuchado ya elocuentísimas fundamentaciones de los pensamientos de los señores legisladores y las señoras legisladoras.

En segundo término, vamos a proponer que los artículos 4º, 5º y 6º se voten en bloque y que se suprima su lectura; en esto también hay acuerdo.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- ¿El señor Diputado Gamou mantiene su criterio?

SEÑOR GAMOU.- No, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Voy a volver a exponer la propuesta: se desglosarían los artículos 1º, 2º, 3º y 7º y se votarían en bloque los artículos 4º, 5º y 6º, con la supresión de la lectura.

SEÑOR RODRÍGUEZ SERVETTO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ SERVETTO.- Señora Presidenta: creo entender que la idea es suprimir la lectura de todos los artículos.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA TOURNÉ.- Señora Presidenta: estábamos de acuerdo en la supresión total de la lectura. Simplemente, pedimos el desglose -a fin de que los legisladores puedan manifestar su voluntad en contra o a favor- de los artículos 1º, 2º, 3º y 7º, y votaríamos en bloque los artículos 4º, 5º y 6º, todos con la lectura suprimida. Creo que ese es el acuerdo general.

SEÑOR SIGNORELLI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SIGNORELLI.- Señora Presidenta: estamos totalmente de acuerdo con lo manifestado por la señora Diputada Tourné.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: entiendo que desglosar un artículo significa que se va a poner a consideración al final. Comenzaríamos a considerar los artículos 4º, 5º y 6º, si es que aprobamos la moción de la señora Diputada Tourné.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- No. Cuando hay una propuesta de desglose que recae en el artículo 1º, corresponde votarlo desglosado de los otros, pero no quiere decir que pase al final. Quizás exista alguna confusión porque habitualmente la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, pasa los artículos desglosados a la Subcomisión de Desglose, pero en el trámite común en el plenario el término desglose tiene ese otro significado.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: simplemente interpreto que desglosar supone posponer la consideración de ese artículo. Si lo que queremos es agilitar, parece lógico que debemos posponer la discusión de los artículos 1º, 2º, 3º y 7º y votar aquellos en los que estamos de acuerdo.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Considero que el criterio del señor Diputado es diferente y también lo vamos a considerar.

SEÑOR PÉREZ BRITO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PÉREZ BRITO.- Señora Presidenta: a la marcha que vamos para entender esta situación, si hubiésemos empezado a votar los artículos de a uno ya habríamos terminado de hacerlo.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- ¿Me permite, señora Presidenta?

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señora Presidenta: iba a mocionar en el exacto sentido de lo que acaba de decir el señor Diputado Pérez Brito. Creo que esta discusión nos ha insumido mucho más tiempo de lo que nos hubiese insumido votar tres artículos que, según todo indica, van a ser aprobados por unanimidad.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar la supresión de la lectura.

(Se vota)

——Setenta y cuatro en setenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y nueve en setenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y nueve en setenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en setenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y cinco en setenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y dos en setenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y cuatro en setenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en setenta y seis: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑORA TOURNÉ.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y uno en setenta y seis: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al aprobado por el Senado)

39.-     Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda. (Autorización para reunirse simultáneamente con la Cámara).

——Dese cuenta de una moción presentada por la señora Diputada Tourné y los señores Diputados Bianchi, Machado, Posada, Alonso y Cardozo Ferreira.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se autorice a la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, a reunirse durante el transcurso de esta sesión".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y tres en setenta y ocho: AFIRMATIVA.

40.-      Subsidio a la actividad forestal. (Eliminación).

Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: "Subsidio a la actividad forestal. (Eliminación)".

(NUEVOS ANTECEDENTES:)

Anexo I al
Rep. Nº 370

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca

I N F O R M E

Señores Representantes:

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley, por el que se elimina el subsidio a la forestación establecido por el artículo 45 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, que cuenta con el apoyo unánime de los miembros de esta Asesora.

Dicho proyecto responde a una iniciativa del Poder Ejecutivo enviada al Parlamento en el mes de julio del presente año y que fuera aprobado con modificaciones en el Senado el día 9 de agosto de 2005.

A los efectos de tener una clara idea del tema, se detalla los antecedentes del mismo:

El inciso primero del artículo 45 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, autorizó al Fondo Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a otorgar la prestación de un subsidio de hasta el 30% o el 50% del costo ficto de plantación, según la categoría de contribuyente que ostentaron los productores con proyectos presentados, y que fueran aprobados por la Dirección Forestal.

El Decreto 931/88, de 30 de diciembre de 1988, estableció que el pago del subsidio se efectuará tomando en cuenta el costo ficto de la forestación correspondiente al ejercicio en que se realizó la explotación reajustado por el Índice de los Precios del Consumo (IPC) entre la fecha de vigencia de dicho costo y el mes en que se emita la orden de pago.

Posteriormente, el inciso primero del artículo 251 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, elevó el subsidio hasta el 50% del costo ficto en todos los casos.

Luego la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, estableció que los contribuyentes de IRA y del IRIC solo podrán deducir como gastos del ejercicio fiscal el 50% de los gastos de implantación de bosques cuando éstos se hubieran amparado al subsidio forestal.

Por el artículo 43 de la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002, se aprobó un cronograma de reducción del subsidio en forma gradual, que significaba un 25% en 2004, un 50% en 2005 y de un 75% en 2006, estableciéndose su eliminación definitiva a partir del 1º de enero de 2007.

Con la aprobación de la presente ley se estaría adelantando este cronograma, llevando la eliminación definitiva a partir de la promulgación de esta ley.

En el Mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña el proyecto de ley, se realiza un exhaustivo análisis de lo ocurrido en estos dieciséis años desde el inicio del subsidio forestal y las dificultades que se han tenido para cubrirlo.

Debemos saber que el subsidio forestal se sustentaba en partidas presupuestales aprobadas con destino al Fondo Forestal creado por la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988.

Este subsidio se estableció posteriormente a la aprobación de la Ley Forestal, por lo que el Fondo dependió casi exclusivamente de las partidas que el Poder Ejecutivo le asignara en las leyes de presupuesto, con el inconveniente que el nivel del gasto por avance de la forestación resultaba difícil de prever.

Lo anterior, junto a un auge en la forestación, superior a las metas fijadas cuando se pensó la Ley Forestal -originalmente se estimó en una superficie de 200.000 hectáreas de nuevas plantaciones para fomentar la industrialización posterior, hoy se superan las 700.000 hectáreas- ha llevado a un creciente endeudamiento del Estado con los plantadores forestales.

Si se consideran todas las solicitudes de subsidios presentadas ante la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hasta el mes de noviembre de 2004, el monto adeudado a pagar por concepto de subsidio asciende a $ 747.632.714 correspondiente a 228.943 hectáreas de bosque; en ese mismo año la disponibilidad financiera para atender dichas erogaciones fue solo de $ 236.077.677, por lo que el déficit generado es del entorno de los U$S 20.000.000.

Recordamos que en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2004, se aprobó una partida para hacer frente a dicho déficit de $ 692.875.313.

La voluntad manifiesta del Poder Ejecutivo es la de cumplir rigurosamente los compromisos asumidos por el Estado.

Hacemos mención a esta situación para comprender las dificultades existentes y la magnitud de los compromisos, no obstante no es este el único motivo por el que se propone la eliminación anticipada del subsidio forestal.

Sin duda que las dificultades financieras del Estado, para seguir soportando el peso que supone el subsidio inciden, pero también hay coincidencia en todos los actores del sector forestal en que el subsidio, si bien en las primeras etapas cumplió un papel importante, hoy no es un estimado sustancial para los nuevos emprendimientos.

Además de seguir en pie los otros estímulos de la Ley Forestal, lo principal es que ya existe una masa crítica tanto de superficie forestada como de recursos humanos y materiales que robustecen la cadena forestal.

Si bien el subsidio no es el estímulo que decide un nuevo emprendimiento forestal, lo cierto es que ningún empresario se niega a cobrarlo y que si no se lo retira ahora es probable que al influjo de la instalación de las nuevas plantas para celulosa, así como de otras industrias de tableros y de conversión mecánica y ante el seguro levantamiento del subsidio en el año 2007, muchos proyectos se presentan en lo que queda de 2005 y 2006, pudiendo generar esto una mayor dificultad al ya mencionado retraso para cumplir con lo adeudado.

Por lo tanto, es de interés general para el país adelantar el ritmo pautado en el año 2002 y eliminar el subsidio desde ahora.

El artículo 1º dispone la eliminación del subsidio establecido por el artículo 45 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988 y la eliminación del Fondo creado para ese fin, con la excepción de lo establecido en el artículo 3º.

El artículo 2º establece que el referido subsidio se mantendrá para los productores que hubieran presentado proyectos forestales ante la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para su aprobación con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley y que esos proyectos, de ser aprobados, se regirán por el artículo 43 de la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002.

Esta fue una modificación introducida en el Senado, ya que el Mensaje original del Poder Ejecutivo hablaba de la fecha de presentación del proyecto (julio del año 2005).

El artículo 3º también fue introducido como un aditivo en el Plenario del Senado y refiere a que un 10% del monto resultante de la partida que hoy destina al subsidio y que esta ley deroga, se destinara a brindar asistencia técnica a proyectos de alto valor agregado en el sector forestal, para la manufactura de la madera.

Esta suma será administrada conjuntamente por la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; la Dirección de Industria del Ministerio de Industria, Energía y Minería; el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

Sala de la Comisión, 6 de septiembre de 2005.

GUSTAVO GUARINO, Miembro Informante, ALBERTO CASAS, RICHARD CHARAMELO, CARLOS ENCISO CHRISTIANSEN, CARLOS MASEDA, ANÍBAL PEREYRA, JORGE ROMERO CABRERA, HERMES TOLEDO ANTÚNEZ, HOMERO VIERA".

——Continúa la discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Guarino.

SEÑOR GUARINO.- Señora Presidenta: finalmente, vamos a poder considerar este tema que se inició en la sesión anterior; lamentablemente, lo vamos a hacer después de una larga jornada...

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Solicito a las colegas y a los colegas que están en reuniones particulares que tengan la amabilidad de suspenderlas.

Puede continuar el señor Diputado Guarino.

SEÑOR GUARINO.- Señora Presidenta: seguramente, ello no va a contribuir a un amplio debate, pero es necesario que lo antes posible se sancione este proyecto; para que se convierta en ley solo falta tramitarlo en esta Cámara, por lo que es conveniente que lo hagamos en el día de hoy.

El informe de la Comisión dice lo siguiente: "La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley, por el que se elimina el subsidio a la forestación establecido por el artículo 45 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, que cuenta con el apoyo unánime de los miembros de esta Asesora.- Dicho proyecto responde a una iniciativa del Poder Ejecutivo enviada al Parlamento en el mes de julio del presente año y que fuera aprobado con modificaciones en el Senado el día 9 de agosto de 2005.- A los efectos de tener una clara idea del tema, se detallan los antecedentes del mismo: El inciso primero del artículo 45 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, autorizó al Fondo Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a otorgar la prestación de un subsidio de hasta el 30% o el 50% del costo ficto de plantación, según la categoría de contribuyente que ostentaron los productores con proyectos presentados, y que fueran aprobados por la Dirección Forestal.- El Decreto 931/88, de 30 de diciembre de 1988, estableció que el pago del subsidio se efectuará tomando en cuenta el costo ficto de la forestación correspondiente al ejercicio en que se realizó la explotación reajustado por el Índice de los Precios del Consumo (IPC) entre la fecha de vigencia de dicho costo y el mes en que se emita la orden de pago.- Posteriormente, el inciso primero del artículo 251 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, elevó el subsidio hasta el 50% del costo ficto en todos los casos.- Luego la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996," -disculpen que haga referencia a todos estos antecedentes, pero creo que a los efectos de la versión taquigráfica y por el proceso de este proyecto de ley, es importante registrar todas estas leyes que dieron origen al proceso del subsidio forestal- "estableció que los contribuyentes del IRA y del IRIC" -Impuesto a las Rentas Agropecuarias e Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio- "solo podrán deducir como gastos del ejercicio fiscal el 50% de los gastos de implantación de bosques cuando estos se hubieran amparado al subsidio forestal.- Por el artículo 43 de la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002, se aprobó un cronograma de reducción del subsidio en forma gradual, que significaba un 25% en 2004, un 50% en 2005 y un 75% en 2006, estableciéndose su eliminación definitiva a partir del 1º de enero de 2007". Quizás esta sea la ley que más se recuerde porque se aprobó en la Legislatura pasada, en el año 2002, y muchos Diputados que hoy estamos aquí participamos del debate y de la sanción de esa ley.

La filosofía de eliminación del subsidio ya estaba presente en esa norma; desde aquel momento quedaba claro que el subsidio cumplía un papel de estímulo a la forestación cada vez menor. Por ese motivo, se optó por eliminarlo de manera gradual, fijando los porcentajes a que hicimos referencia y llegando a su total eliminación en el año 2007.

El informe continúa diciendo: "Con la aprobación de la presente ley se estaría adelantando este cronograma, llevando la eliminación definitiva a partir de la promulgación de esta ley.- En el Mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña el proyecto de ley, se realiza un exhaustivo análisis de lo ocurrido en estos dieciséis años desde el inicio del subsidio forestal y las dificultades que se han tenido para cubrirlo.- Debemos saber que el subsidio forestal se sustentaba en partidas presupuestales aprobadas con destino al Fondo Forestal creado por la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988.- Este subsidio se estableció posteriormente a la aprobación de la Ley Forestal, por lo que el Fondo dependió casi exclusivamente de las partidas que el Poder Ejecutivo le asignara en las leyes de Presupuesto, con el inconveniente que el nivel del gasto por avance de la forestación resultaba difícil de prever.- Lo anterior, junto a un auge en la forestación, superior a las metas fijadas cuando se pensó la Ley Forestal -originalmente se estimó en una superficie de 200.000 hectáreas" -esta cifra aparece en reiterados informes y estudios de aquella época, en la fundamentación de la ley- "de nuevas plantaciones para fomentar la industrialización posterior, hoy se superan las 700.000 hectáreas- ha llevado a un creciente endeudamiento del Estado con los plantadores forestales".

Hubo diferentes fases en el crecimiento de la forestación. A partir de la aprobación de la ley, a finales de la década de los ochenta, había aproximadamente 14.000 hectáreas forestadas, y en 1990 había 45.000 hectáreas. Hubo un empuje fuerte a mediados de la década del noventa y, luego de una fase de crecimiento, en el año 2000 se llegó a 565.000 hectáreas. Si bien esa cifra decayó, fruto de la crisis del año 2002, después se siguió con una tendencia creciente, que hoy nos permite decir que se han superado las 700.000 hectáreas, plantación con una superficie importante que, además, ya está en condiciones de ser cortada.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Varela Nestier)

——Luego, el informe expresa: "Si se consideran todas las solicitudes de subsidios" -que generaron este crecimiento de la forestación- "presentadas ante la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hasta el mes de noviembre de 2004, el monto adeudado a pagar por concepto de subsidio asciende a $ 747:632.714 correspondiente a 228.943 hectáreas de bosque; en ese mismo año" -o sea, en el año 2004- "la disponibilidad financiera para atender dichas erogaciones fue solo de $ 236:077.677, por lo que el déficit generado es del entorno de los US$ 20:000.000", cifra que hoy el Estado, mediante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es el ejecutor de la política forestal, está debiendo a los productores que han llevado adelante estos emprendimentos.

Prosigue el informe: "Recordamos que en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2004," -la tratamos hace pocos meses y, seguramente, la volveremos a analizar cuando retorne del Senado- "se aprobó una partida para hacer frente a dicho déficit de $ 692:875.313". Más bien se trataba de un crédito presupuestal y, de alguna manera, representaba asumir la responsabilidad de pagar lo convenido, lo estipulado por la ley de subsidio -el nuevo Gobierno asume esa responsabilidad plenamente-, pero notoriamente muestra las dificultades que tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para hacer frente a esto.

El informe continúa diciendo: "Hacemos mención a esta situación para comprender las dificultades existentes y la magnitud de los compromisos, no obstante no es este el único motivo por el que se propone la eliminación anticipada del subsidio forestal.- Sin duda que las dificultades financieras del Estado, para seguir soportando el peso que supone el subsidio inciden, pero también hay coincidencia en todos los actores del sector forestal en que el subsidio, si bien en las primeras etapas cumplió un papel importante, hoy no es un estímulo sustancial para los nuevos emprendimientos".

Hoy siguen en pie los otros estímulos de la ley forestal, como las exoneraciones impositivas, el no pago de la Contribución Inmobiliaria Rural, temas que van a ameritar un debate próximo; quizás haya que rever todo, ya que las Intendencias están sufriendo la falta de recursos debido a las superficies que tienen exoneraciones, frutos de esta ley. Esto fundamentalmente sucede en departamentos muy grandes; todos somos conscientes de que el sector forestal, la extracción de la madera de los bosques, quizás sea una de las actividades que más utilización haga de la caminería rural.

Además, hay otros estímulos; el fundamental es haber llegado a una masa crítica en el sector forestal que le permite funcionar de forma integrada, que tenga tanto la superficie suficiente para que la cadena funcione, como la experiencia humana, los recursos materiales. Esto, conjuntamente con la perspectiva de la instalación de dos plantas procesadoras de celulosa -como todos sabemos, están en el horizonte cercano del país-, de otros sectores industriales de procesamiento de la madera en Tacuarembó, de importantes empresas procesadoras de maderas compensadas, de elaboración de tableros o los procesamientos del chipeado para la exportación o la misma exportación con canales fluidos que hoy existen, quizás sean los estímulos fundamentales que determinen la instalación de nuevos emprendimientos forestales.

Si bien el subsidio que nosotros pretendemos derogar no es un estímulo necesario, también es cierto que ningún empresario va a dejar de cobrarlo si tiene la posibilidad de hacerlo, y esto está pesando negativamente sobre las finanzas. Entonces, habrá que analizar si es necesario aplicar una política de subsidios hacia otros sectores de la forestación que incorporen más mano de obra o que permitan el procesado, fundamentalmente, en carpintería, en tableros.

Si no adelantáramos esa fecha establecida para 2007, es probable que, al influjo de estos nuevos proyectos, en lo que queda del año 2005 y en el año 2006 se presenten una cantidad de iniciativas importantes que agraven más todavía la situación de endeudamiento que el Estado tiene con el sector. Por lo tanto, es de interés general para el país adelantar el ritmo pautado en 2002 y eliminar el subsidio desde ahora.

Quiero destacar algo que es importante. Cuando se elimina algo que estaba preestablecido, siempre queda la duda con respecto a si ello podría dañar la imagen del país, dando la visión de un país que cambia las reglas de juego. En este caso, por la magnitud de las reglas que se cambian y, además, porque ello significa el adelantamiento de una norma cuyo cambio ya estaba pautado, no va a incidir tanto como influye hoy el retraso en los pagos del subsidio. Si bien el compromiso del Estado es pagar, el hecho de que se esté haciendo con cuatro, cinco y seis años de retraso tal vez esté incidiendo más en la imagen del país que adelantar la fecha de eliminación de ese subsidio.

Una lección que nos deja esto para cuando se legisle sobre futuros estímulos en otras áreas es que siempre es bueno tener en cuenta que en la legislación se deben establecer períodos, fechas de vigencia de esos subsidios, para que después no sea necesario pasar por situaciones como esta por la que estamos atravesando hoy. Siempre es más fácil, si es necesario seguir apuntalando a un sector, prorrogar la fecha que eliminar anticipadamente un beneficio.

Por otra parte, el artículo 1º dispone la eliminación del subsidio establecido por el artículo 45 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, y la eliminación del Fondo creado para ese fin, con la excepción de lo establecido en el artículo 3º de la misma ley.

El artículo 2º establece que el referido subsidio se mantendrá para los productores que hubieran presentado, para su aprobación, proyectos forestales ante la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley y que esos proyectos, de ser aprobados, se regirán por el artículo 43 de la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002.

Esta fue una modificación introducida en el Senado, ya que el mensaje original del Poder Ejecutivo hablaba, para la eliminación de esos subsidios, de la fecha de presentación del proyecto -julio del año 2005-, no de la fecha de promulgación.

El artículo 3º también fue introducido como un aditivo en el plenario del Senado y refiere a que un 10% del monto resultante de la partida que hoy se destina al subsidio que esta ley deroga se destinará a dar asistencia técnica a proyectos de alto valor agregado en el sector forestal, para la manufactura de la madera. Este porcentaje -es decir, el 10% del monto destinado al subsidio- será administrado conjuntamente por la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por la Dirección de Industria del Ministerio de Industria, Energía y Minería, por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay.

Esto se hace con la idea de incentivar proyectos que utilicen mano de obra intensivamente. Cabe destacar que si bien estos proyectos de industrialización de plantas de celulosa ocupan mano de obra y son importantes inversiones, hay otro modelo de desarrollo forestal que se debe acompasar con este, que ocupa mucha más mano de obra.

El Fondo se crea para incentivar ese tipo de emprendimientos. Hoy se habló del que hay en Tacuarembó. Se trata de una inversión del orden de los US$ 15:000.000, para fabricación de lo que antes llamábamos madera compensada, que genera entre doscientos y trescientos empleos. En el caso de las plantas de celulosa, con US$ 1.600:000.000 o US$ 1.800:000.000 de inversión entre las dos, generarán alrededor de seiscientos empleos. Esto da una idea de la magnitud de distintos modelos que no son antagónicos, que hay que complementar, pero en los que quizás tengamos que poner el énfasis. Por eso, este artículo 3º fue introducido en el Senado a propuesta del señor Senador Long, precisamente para incentivar estos proyectos.

Con lo expuesto creemos haber reflejado los aspectos principales de la discusión llevada a cabo en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado Botana.

SEÑOR BOTANA.- Señor Presidente: el país tiene muy buen trabajo realizado en el campo de la forestación, con un antecedente que nos gustaría situar en aquella investigación acerca de los mecanismos para el desarrollo económico del Uruguay que hizo la CIDE en la década del sesenta y que fue coordinada, desde el Ministerio de Ganadería y Agricultura, por el señor Wilson Ferreira Aldunate, contándose entre los técnicos con los contadores Enrique Iglesias, Danilo Astori y Alberto Couriel, figuras altamente conocidas y reconocidas de la política nacional.

De las siete leyes que se promulgaron para promover el progreso agropecuario, una fundamental era la referida al desarrollo del complejo forestal. Tuvimos que esperar a que retornara la democracia para que el país volviera a discutir mecanismos a fin de desarrollar este complejo sustantivo para la economía nacional.

En el Gobierno blanco hubo un incentivo tremendo a la política forestal; me animo a decir con tranquilidad y certeza que es el único ejemplo de política de Estado en materia de crecimiento económico que ha visto el país en los últimos años. En ese proceso trabajó el Gobierno, dando impulso; también trabajó la Dirección Nacional de Trabajo, dando capacitación y realizando controles. Hubo preocupación de ANTEL, que trató de llegar con la telefonía y creó en aquella etapa la telefonía rural del país, a mejores precios y con mejor tecnología. Fue la época del fuerte impulso de la electrificación rural en Uruguay. En todos lados hubo preocupación por la caminería y por mejorar la infraestructura para la extracción de la madera. Hubo trabajo y preocupación por la actividad portuaria y tuvimos -y tenemos- buen producto de todo eso en el funcionamiento actual de nuestros puertos. También MEVIR se preocupó por el tema. El sistema bancario se preparó para estos nuevos fenómenos. En el entorno de la forestación se impulsaron formas de ahorro que, sinceramente, el país desconocía bastante. Seguramente, en materia forestal había antecedentes de ahorro de bancarios y profesionales escribanos -bueno es decirlo-, que constituyeron un muy buen precedente para el desarrollo de la política forestal y una muy buena forma de capitalizar sus ahorros y asegurar su futuro.

El país también conoció otros modos de generar ahorro privado. Se crearon fondos, se generó la venta de parcelas y de parte de los montes o de las empresas con el fin de plantar y de explotar este recurso.

Como consecuencia de esta política, el país recibió inversión extranjera privada de maneras en que no había venido a ningún sector del país. Muchos ríos de tinta hemos escrito todos en este país reclamando la llegada de la inversión extranjera privada productiva. Todo esto ocurrió a la luz de una política determinada y, seguramente, por el uso de este formidable instrumento que es el subsidio a parte de la producción, como forma de alentarla.

Ahora nos encontramos con que de toda esa política comprometida por el Estado en distintas áreas y de toda la infraestructura necesaria, falta mucho, muchísimo. El país avanzó bastante, es verdad, pero todavía falta una enormidad. Falta mucho trabajo de coordinación de gastos que ya se hacen, pero también faltan capitales, por ejemplo, para hacer toda la caminería imprescindible y las obras necesarias para extraer toda la madera.

Las empresas nacionales tienen enormes dificultades para concretar los niveles de inversión requeridos con plazos realmente breves, altamente exigentes y que comprometen la suerte de todas las inversiones realizadas. Las empresas internacionales que están trabajando en el complejo forestal tienen la capacidad de desarrollar esas inversiones. Seguramente, el país tendrá que establecer mecanismos para permitir que estas empresas creen los instrumentos que necesiten y puedan invertir en infraestructura, a efectos de que tengan el retorno correspondiente por haber invertido en un área en la que, en este país, le corresponde invertir al Estado. Pero, si el Estado no puede hacerlo, es bienvenida la inversión privada para la generación de infraestructura pública. Eso sí, tendremos que generar los mecanismos para que la inversión sea compensada.

Este fue el desafío que, en el día de ayer, planteó al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas la Comisión de Transporte y Obras Públicas de esta Cámara, que se reunió con él para considerar varios temas. Entre otras cosas, le mencionamos lo que le habíamos trasmitido a las empresas forestales del país, a las que les dijimos: "Si el Uruguay no puede completar la infraestructura necesaria, seguramente tendrán que crearla ustedes, con inversión privada, y entre todos buscaremos los mecanismos para compensar la inversión que deban realizar. Lo que no puede pasar es que nos demos el lujo de que Uruguay pierda la posibilidad de explotar todos estos montes".

El complejo forestal se ha desarrollado con fuerza y vigor en el norte del país, en el litoral oeste. Pero nuestro departamento de Cerro Largo es el que tiene la mayor cantidad de hectáreas de prioridad forestal. Sin embargo, por carencias en la infraestructura de caminería, por falta de electrificación rural y de comunicaciones, las empresas que hacen las mayores inversiones, al inicio del proceso, no se instalaron en esas áreas de nuestro departamento. Lo están haciendo ahora, en este tiempo. Entonces, sinceramente, no me gustaría acompañar este proyecto en este momento.

Si el país prevé algunos mecanismos y estos dan resultado; si mucha gente cree en ellos y durante muchos años se genera ese brutal complejo que ha traído inversión y el trabajo que supone la industria -que ahora puede caminar por sí sola-, sería bueno que también en este campo respetáramos las reglas de juego. Resulta que ahora no podemos modificar los contratos ni las reglas de juego cuando se trata de salvar a los bancos, pero sí podemos hacerlo si se trata de los productores de un complejo que está generando trabajo y mano de obra para hoy y para el futuro del país.

Además, no podemos cortar el proceso de crecimiento y de incentivo al crecimiento en zonas del país que solo van a poder salvarse y cambiar su destino a través del desarrollo de la actividad forestal. En las Secciones 7ª, 8ª y 9ª de nuestro departamento se viene creciendo a una tasa del 3% acumulativo anual en lo que es la implantación de bosques. Sinceramente, nos gustaría aprovechar hasta el último minuto el subsidio comprometido. Es fundamental para nosotros que lleguen las empresas importantes, aquellas que por sí solas puedan generar la infraestructura en la que el Estado no puede invertir. Por esa razón, voy a votar en forma negativa este proyecto.

Tampoco creo en el argumento de que lo atrasado sea menos que nada. Entiendo que es preferible que los subsidios lleguen con el retraso que es previsible, a que no lleguen. Esto es fundamental para zonas como la de la Sección 9ª de Cerro Largo, de altísima prioridad forestal. Por eso es bueno que allí se termine de armar el complejo forestal y que alcance niveles de plantación que justifiquen de por sí una explotación rentable en estas zonas olvidadas del Uruguay.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BOTANA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Señor Presidente: quiero dar un matiz a la reflexión del señor Diputado. Entiendo que quizás haya que preguntarse por qué no han ido a Cerro Largo. No creo que sea por la falta de servicios, porque seguramente el señor Diputado conoce el departamento de Tacuarembó y sabrá que las zonas forestadas son las más atrasadas porque no hay caminería, los puentes se caen -el señor Diputado Cardozo Ferreira lo puede certificar-, faltan la luz y los teléfonos; sin embargo, allí hay mucha forestación. Por lo tanto, no debe ser solo un problema de infraestructura, que precisamente es la gran ausente en muchos lugares donde se ha forestado.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Puede continuar el señor Diputado Botana.

SEÑOR BOTANA.- Señor Presidente: conozco las zonas forestadas del departamento de Tacuarembó y por eso invito al señor Diputado a que considere la enorme diferencia que tienen en cuanto a la cercanía de las vías para la extracción y en lo que tiene que ver con la infraestructura en caminería, con las de las zonas de prioridad del departamento de Cerro Largo.

En todo caso, creo que la reflexión que aporta el señor Diputado Rodríguez sirve, precisamente, para eso porque señala que en el departamento de Tacuarembó ya se ha logrado consolidar un complejo en zonas que estaban absolutamente atrasadas, rezagadas y sin infraestructura. Allí habrá empleo y explotaciones que permitan mejorar el trabajo y el ingreso de la gente. Por eso le pido que consideremos la posibilidad de que el complejo se complete en aquellos lugares del país en los que todavía no se ha completado porque, como dije en mi exposición, venimos creciendo a una tasa del 3%. Seguramente, si se consigue un crecimiento mayor y consolidar un número suficiente de hectáreas plantadas, podría resultar atractivo para el establecimiento de aquellas empresas con autosuficiencia de inversión en las infraestructuras imprescindibles para el desarrollo del complejo y la generación de empleo y de ingreso.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado Enciso Christiansen.

SEÑOR ENCISO CHRISTIANSEN.- Señor Presidente: previamente, pido disculpas por el malentendido, ya que, en momento en que estaba en la Mesa el Presidente anterior, me había anotado para hacer uso de la palabra después del señor miembro informante.

Voy a hacer unas breves reflexiones porque en la Comisión votamos el proyecto junto con los colegas compañeros del Partido y, además, porque el señor miembro informante ha hecho una clara exposición de los fundamentos de la votación que tuvo lugar en el Senado y del articulado.

Voy a hacer referencia a algún pequeño aditivo complementario de estos conceptos que reivindican la visión de futuro que tuvo en los años 1987 y 1988 el miembro informante -que representaba al Partido Nacional- del proyecto original, el entonces Senador Alberto Zumarán, que habilitó luego, durante el Gobierno blanco, su consideración en el Parlamento, donde aportó su ímpetu y argumentos. En la década del ochenta se planteó la importancia que hoy está teniendo este sector estratégico y es de honor reconocerlo, en función de que el ex Senador Zumarán representaba al Movimiento Por la Patria y al Movimiento Nacional de Rocha. Este proceso tuvo un hilo conductor en la década del noventa, durante el Gobierno del doctor Lacalle. Por entonces, ya había una tendencia a nivel mundial que avizoraba que uno de los factores de desarrollo en los países europeos era la actividad forestal.

Hoy la cantidad de hectáreas plantadas ha superado largamente las expectativas que en aquel momento se avizoraban como algo positivo. Se hablaba de 200.000 hectáreas. Según datos comprobados en los últimos meses, se contabilizan 714.000 hectáreas forestadas en el país. Reitero que se han superado las expectativas que ya en aquel momento se consideraban positivas, aunque eran muchas menos las hectáreas productivas. Hoy, el sector forestal puede calificarse de pujante y tal vez, después del sector cárnico, tenga el desafío de ser el que a nivel productivo genera más divisas y más perspectivas de inversión y de trabajo en el país.

Creemos que el argumento del subsidio tuvo un encaje muy importante en la temporalidad, pero hoy, sin dejar de reconocer que puede haber casos específicos que todavía sean importantes, creemos que el volumen empresarial en el sector está en un nivel tal que puede prescindir de él.

(Ocupa la Presidencia la señora Representante Castro)

——En la Comisión señalamos que en el futuro sería más importante tratar el tema de la exoneración del impuesto a nivel municipal de la Contribución Inmobiliaria Rural, lo que tal vez hoy tenga más importancia económica para el sector forestal que el propio subsidio. Ese es un debate que, como bien decía el señor Diputado Guarino, debemos darnos a corto plazo. Tal vez el desafío sea la ecuación entre la rentabilidad de los inversores -para que siga fomentándose esta actividad- y el derecho inherente de los Municipios a tener sus carreteras bien mantenidas sin que ello signifique una carga pesada, como hemos visto en algunos departamentos, como el nuestro; en Florida, esto también atenta contra el buen mantenimiento de los caminos vecinales y de las rutas.

Consideramos que debemos centrar la discusión en esa ecuación, a fin de llegar a una solución con buen término entre los intereses de los Municipios y los intereses legítimos de los inversores privados.

Nuestro departamento ha tenido en Cerro Colorado una impronta importante en materia de trabajo durante estos últimos años. Por los datos que nos dan los lugareños y según las estadísticas, sabemos que la desocupación en toda esa zona y en la propia localidad ha bajado a guarismos importantísimos, y eso se debe especialmente a la inversión forestal extranjera y también nacional, que en nuestro departamento supera las 40.000 hectáreas.

Sin desconocer los argumentos a favor de seguir manteniendo el subsidio, por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que este proyecto vino del Senado votado por unanimidad -hecho que valoramos-, como miembros de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca y del sector Correntada Wilsonista, apoyamos esta derogación a fin de llevar a buen puerto este tema. Evidentemente, el artículo 13 es un buen aporte para que, con el valor agregado necesario, dentro del sector siga habiendo, de manera indirecta o directa, un apoyo y un subsidio estatal para que siga teniendo la participación necesaria también en temas de tecnología de punta.

Estos argumentos, a lo que se suman los emprendimientos de Botnia y Ence, ratifican la importancia de este sector en el presente y con miras al futuro. Tal vez se relativice el tema puntual de hoy, relativo al subsidio como un factor de incentivo para la inversión, que ya existe, teniendo en cuenta que si estas grandes empresas, en alguna medida, "se dan el lujo" -entre comillas- de prescindir de financiamientos y de créditos millonarios -a pesar de las presiones del Gobierno argentino y de los organismos internacionales-, evidentemente la suspensión del subsidio no les hace mella ni les dificulta seguir invirtiendo en este sector estratégico para el país.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- La Presidencia quiere pedir disculpas al señor Diputado Enciso Christiansen, porque efectivamente hubo una aclaración anterior en el sentido de que al abordarse este tema, luego del señor miembro informante, él iba a hacer uso de la palabra. El problema se suscitó porque, debido a ser una sesión tan larga, hubo cambios lógicos en la Presidencia y no recibimos adecuadamente el mensaje.

Tiene la palabra el señor Diputado Machado.

SEÑOR MACHADO.- Señora Presidenta: vamos a ceñirnos concretamente al contenido del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se propone adelantar la eliminación del subsidio forestal previsto por el artículo 45 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988. En tal sentido, queremos manifestar lo que hemos expresado en la Comisión en cuanto a que estamos en absoluto desacuerdo con los alcances de este proyecto de ley. Pese a que solo somos delegados de sector en la Comisión, lo dejamos claramente establecido. Esto, que parece un matiz -porque el subsidio se termina en 2007-, nos parece un aspecto cualitativo sumamente importante para la imagen del país.

Personalmente, somos partidarios de los subsidios como instrumentos válidos para promover el desarrollo, pero deben ser explícitos y acotados en el tiempo. Este era sin duda un subsidio explícito, pero que carecía del valor de estar acotado en el tiempo. Esto se hizo en 2002, frente a la más terrible de las crisis económico-financieras por las que ha atravesado esta nación. Si en ese momento extremadamente duro para todos los uruguayos -no vamos a relatar los alcances de la crisis- el país tuvo la ponderación de ir a la gradualidad en la extinción de este subsidio, reconociendo los plazos largos de maduración del proceso forestal, vemos como un profundo error esta señal que se da desde el Poder Ejecutivo, y no vamos a acompañarla.

Sinceramente, creemos que es un error en lo que tiene que ver con la imagen de país previsible que el Uruguay necesariamente debe dar al exterior y a las inversiones extranjeras, tan necesarias para madurar el desarrollo nacional. Somos el país que, por lejos, menos inversión extranjera per cápita tiene en la región; y estas cosas no van en la dirección correcta, máxime cuando este Parlamento votó una ley que extingue totalmente este subsidio en el año 2007. Entre otras cosas, este subsidio fue importante -no fundamental- para el desarrollo de un sector que no existía en el Uruguay. Lo logrado ha sido una demostración cabal del éxito de una política activa como la forestal, implantada en la ley de 1987, durante el primer Gobierno del doctor Sanguinetti, cuando el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca era el ingeniero agrónomo Bonino.

Creo que hoy estamos dando una señal equivocada, porque estamos frente a un nuevo proceso, que es el de dar valor agregado a la madera que hoy ya está en todos los campos uruguayos. Estas 700.000 hectáreas -inversión importante por parte del sector privado en el Uruguay- no representan nada frente a la inversión que necesita nuestro país para procesar esa madera y darle el valor agregado adecuado, lo que representa muchísimo trabajo y divisas. Esta señal va en el sentido contrario de la que debe dar un país serio, responsable y previsible.

No vamos a acompañar este proyecto de ley y desde ya adelantamos nuestro voto contrario acerca de esta equivocada iniciativa.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señora Presidenta: dado lo avanzado de la hora, muy brevemente queremos dejar algunas constancias en el momento de la discusión general -casi por la vía del fundamento de voto anticipado-, en el sentido de que vamos a acompañar este proyecto de ley. A fuer de sinceros, queremos trasmitir al Cuerpo que votaremos afirmativamente sin demasiado entusiasmo. Lo hacemos más bien para concretar el respaldo que creemos corresponde a nuestro compañero de sector, el señor Diputado Casas, que en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca acompañó la consecución de esta iniciativa, y lo hizo -no lo estamos contradiciendo- con argumentos bastante parecidos a los nuestros, es decir, sin mucho entusiasmo y sin mucha convicción anímica, sino, en todo caso, por razones de disciplina partidaria, en función de lo que resultó el comportamiento del Partido Nacional en el Senado, ya que este proyecto tiene media sanción legislativa.

En definitiva, lo que hoy estamos consagrando es una norma jurídica de alcance bastante inocuo, de sentido bastante difícil de interpretar o de definir y, por lo tanto, bastante innecesaria e inútil desde el punto de vista de su eficacia. Como se ha dicho, estamos en un proceso de reducción gradual del subsidio vigente desde el año 1987; en base a la ley que se aprobó en el año 2002, quedará sin efecto el estímulo e incentivo a la actividad forestal a partir del 1º de enero de 2007.

Sin embargo, creo que adelantar la caída del subsidio, como se propone en este proyecto de ley, cuyo impacto económico y financiero será prácticamente nulo o muy reducido porque estamos hablando de suspender el estímulo o el incentivo el último año de su vigencia, generará un efecto que supongo no es el buscado por quienes han promovido esta iniciativa, que es dar una señal. A mi juicio, es negativa o, en todo caso, inútilmente riesgosa en un momento en que la enorme mayoría de los sectores involucrados, en particular uno que sin duda es el principal protagonista, el propio Gobierno Nacional, están impulsando la concreción de inversiones millonarias relacionadas con la madera, emprendimientos que desde el punto de vista del volumen de la inversión y del impacto que generarán en el mercado de trabajo, pocos o casi ningún antecedente tienen, por lo menos en la historia más reciente del país.

Como aquí se ha dicho -y por eso es bueno que dejemos estas constancias-, el país en esta materia ha seguido una línea de acción, una política de Estado que creo que ha sido exitosa. Por lo tanto, hoy, cuando se está emitiendo esa señal, a mi juicio equívoca, es bueno que intentemos por lo menos despejar las malas interpretaciones y que, en definitiva, esta señal que hoy se está dando no termine por demonizar lo que, reitero, fue un camino que el país escogió hace casi veinte años y que notoriamente ha sido beneficioso para los intereses nacionales.

Creo que la ley forestal del año 1987 -no somos especialistas en la materia- fue una decisión de Estado acertada, que fue acompañada por todos los partidos políticos representados en el Parlamento en aquella oportunidad y, por ende, representados también en el actual. A partir de allí se generaron inversiones de enorme importancia en la forestación, que los entendidos en la materia sitúan hoy en más de US$ 1.000:000.000 en el decurso de esta casi veintena de años en que esta política se ha venido desarrollando.

Además, como decíamos hace un rato, creo que esta política encuentra su punto culminante en 2005, ante la perspectiva de los próximos cinco años con las inversiones que están a punto de concretarse, si Dios quiere, en Fray Bentos. De todo esto hizo referencia completa y acabada el señor Diputado Cardozo Ferreira en la media hora previa, y yo quiero suscribir sus conceptos porque presté debida atención a los planteamientos del colega en términos del acierto que, sin ninguna duda, el país ha registrado a la hora de definir las decisiones administrativas, políticas y de gobierno con relación a este sector de la economía que, a esta altura de las circunstancias, es y será uno de los pilares fundamentales de la organización económica nacional.

El viernes pasado estuvimos junto con algunos compañeros del Cuerpo, en particular integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo, en el departamento de Río Negro, procurando recoger de primera mano la información relativa a las inversiones que allí se están proyectando. Vinimos llenos de entusiasmo y esperanzados después de haber comprobado la enorme, real y cierta expectativa que a nivel de todos los partidos políticos, de la Intendencia Municipal, de la Junta Departamental, de las fuerzas vivas y de la sociedad civil se ha generado con relación a los dos proyectos de inversión para la construcción de las plantas de celulosa. También allí se espera una inversión histórica, de más de US$ 1.000:000.000, para la construcción de las dos plantas, así como la generación de fuentes de trabajo como jamás se había dado en el país hasta este momento. Se trata de miles de empleos para la construcción de las plantas y cientos de plazas laborales de carácter permanente una vez que estas estén en funcionamiento. Seguramente, habrá muchas más en forma indirecta por toda la actividad concatenada que generará la industrialización de la celulosa.

Por estos motivos es que vamos a votar este proyecto. Lo hacemos por razones de carácter político; esas razones que muchas veces nos llevan a adoptar actitudes en tono y en clave de duda, sin demasiada convicción. Sin embargo, por condicionantes político-partidarias, que naturalmente están inmersas en nuestra actividad en forma permanente, muchas veces concluimos en la necesidad de tener que acompañar iniciativas que en otro contexto o en otra circunstancia política no acompañaríamos, no porque se trate -reitero- de una decisión que en última instancia vaya a generar un daño grave, pero sí por aquello de que lo que no es indispensable más vale no concretarlo, cuando de su concreción puede devenir la generación de un riesgo inútil y una exposición en materia de lo que el país tiene que concretar, respecto a lo cual no se debe especular ni asumir situaciones que a nada positivo nos conducen.

SEÑOR PATRONE.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Con mucho gusto, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PATRONE.- Señora Presidenta: con relación al subsidio, pensamos que se trata de una herramienta, y que bien usada cumple la finalidad para la cual ha sido creada. Por ejemplo, creemos que, efectivamente, en el campo forestal, ha dado los resultados esperados y, quizá, aún más. Ha superado largamente las estimaciones previstas cuando, allá por 1987 -como bien decía el señor Diputado Pablo Abdala-, todos los partidos políticos apoyamos la ley forestal.

Lo que sí nos preocupa es el tema de las señales porque, en realidad, una mala señal es que el Estado asuma compromisos y no pueda cumplirlos. En estos momentos tenemos una deuda de aproximadamente US$ 20:000.000 por concepto de subsidio forestal. En el año 2002 no se retiró este subsidio, pero fuimos generando una deuda. Reitero que no es una buena señal que el Estado uruguayo no cumpla con estos compromisos que ha asumido. A su vez, por el ajuste del IPC y el cambio de valor de la moneda, con un dólar que no tiene otra valoración que su deflación a nivel internacional, nos encontramos con que vamos aumentando una deuda y que va siendo oneroso para el Estado el mantenimiento de este subsidio. Por otra parte, los operadores vinculados al tema lo han descartado como uno de los elementos hoy día determinantes para la necesidad de inversión.

Creemos que la inversión forestal ha llegado a una madurez tal -compartimos todo lo expresado por el señor Diputado Pablo Abdala en cuando a lo que significa- que hoy, por el buen uso del subsidio, le permite caminar sin el andador. A su vez, como Gobierno apostamos a una política maderera con un grado de complejidad mayor y que no solo apunte a una política de extracción de madera con destino a la celulosa. Y por haber sido apoyados mediante estos instrumentos, estos objetivos que se complementan hoy tienen una fortaleza que nos permite mirar con optimismo la continuidad de su desarrollo.

Muchas gracias, señor Diputado Pablo Abdala.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señora Presidenta: yo había concluido mi exposición, pero, en función de los planteamientos estimulantes que formula el señor Diputado Patrone, quisiera hacer un breve comentario final.

Por supuesto que no escapan a nuestro análisis los retrasos en los pagos que el señor Diputado menciona. Entiendo que eso no sería escollo suficiente o excusa válida para sostener que por esa sola causa debería terminarse el subsidio, porque, entre otras cosas, estamos frente a una actividad que no es deficitaria sino superavitaria, que no es perdidosa sino gananciosa. Además, lo es en términos prácticamente geométricos, dado que todos los años registra un aumento en los volúmenes de exportación en forma sostenida y espera, en lo inmediato, inversiones sin ninguna duda millonarias que se agregan a las que el país ya ha concretado en materia industrial, por ejemplo en el área del chipeado.

Por lo tanto, creo que esta actividad está llamada a generar tal magnitud y multiplicación de recursos de los que el Estado podrá servirse como para cumplir y honrar los compromisos y las obligaciones legales que, por imperio del subsidio, hoy lo encuentran en una situación de retraso que, reitero, es absolutamente soluble. Por lo tanto, sin ninguna duda, eso no admitiría ser una excusa suficiente como para sostener que por esa causa tenemos que eliminar la vigencia de un subsidio abruptamente, teniendo en cuenta que esa vigencia está acotada en el tiempo para dentro de un año y pocos meses más.

SEÑOR MELGAREJO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR MELGAREJO.- Señora Presidenta: voy a tratar de no entreverarme yo también.

El tema del subsidio es muy claro, pero no podemos entreverar el volumen de madera que tenemos en el país con el de las plantas de celulosa; creo que son dos cosas diferentes. Las plantas de celulosa van a requerir unos centenares de puestos de trabajo, si bien para su construcción se necesitarán miles. De cualquier manera, tenemos que tener claro que lo de Ence es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. De todos modos, aún no se han encontrado los inversores para esta planta de celulosa y bastante más avanzado estaría el proyecto de Botnia.

Tampoco debemos confundirnos en cuanto a que lo que se tenía previsto para Ence era la explotación de 150 kilómetros cuadrados de forestación en el entorno de la planta. Supongamos que lo de Botnia era bastante más, pero la cantidad de madera que ha producido el país necesita de un marco legal para que se le vaya agregando valor a ese producto, a fin de convertirnos en una potencia en el plano de la industrialización de la madera. Eso es algo que no hemos hecho y el proyecto señala que un 10% sería volcado a esa actividad, es decir, a trabajar científicamente...

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Ha finalizado el tiempo del señor Diputado Pablo Abdala; le pedimos que redondee.

SEÑOR MELGAREJO.- Le agradezco, señora Presidenta.

Se necesita tecnificar, enseñar y, de alguna manera, ponernos nuevamente al tope de lo que es una industria que ha sido punta en el país y que hoy por hoy, desgraciadamente, no tiene los medios necesarios para avanzar.

Por lo tanto, creemos que al apoyar este proyecto de ley estamos votando para que podamos encajar en ese marco que todos queremos para el desarrollo de un país productivo, que es el objetivo final de todo esto.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Longo Fonsalías.

SEÑOR LONGO FONSALÍAS.- Señora Presidenta: quiero hacer dos o tres puntualizaciones que nos parecen conducentes y del caso.

Hoy escuchaba atentamente la excelente exposición del señor Diputado Guarino sobre el tema. Hay casi 800.000 hectáreas plantadas en el país y en la mañana escuché al Presidente de la Asociación de Productores Forestales que decía que aspiraban a cubrir el cupo de los 3:000.000 de hectáreas que hay en el Uruguay con prioridad forestal.

De madrugada, cuando me dirigía al Parlamento, venía escuchando por la radio la respuesta del Presidente de la Asociación, ante la pregunta de si era necesario este subsidio para la producción forestal. Precisamente, él indicaba que a esta altura de los acontecimientos ya no incidía para nada este subsidio en la producción, que el país había tomado una expresión muy grande en cuanto a la producción forestal, que existía mentalidad forestal y, por lo tanto, lo que menos importancia tenía era el subsidio. Eso lo dijo el Presidente de la Asociación de Productores Forestales. Según tengo entendido, cuando vinieron los productores a la Comisión también se les preguntó sobre esto y ninguno hizo cuestión sobre el tema. Entonces, cuando los involucrados en la situación no ponen objeciones al levantamiento de este subsidio, ¿qué podemos decir nosotros en ese sentido?

Además, y en función de esto, quería decir que un subsidio de esta naturaleza podría ir por otros caminos. Creo que no es la forestación la que necesita el subsidio, teniendo en cuenta el tamaño, la envergadura con la que hoy cuenta. Hoy estamos ante un Instituto Nacional de Colonización desfinanciado, mientras que hay miles y miles de familias uruguayas, productores rurales, que han sido despojados de sus tierras y que quisieran tener un predio donde trabajar. No hablo de familias de gran riqueza, sino de productores que han labrado la tierra durante años y hoy se ven despojados de sus tierras por las crisis y por un sinfín de situaciones. En nuestros departamentos del interior lo vemos todos los días; hay aspirantes a colonos en todos ellos. Lamentablemente, el Instituto de Colonización y la ley de colonización no han podido cubrir las apetencias y las necesidades de la gente. Es un Instituto casi hueco porque, por falta de recursos, no ha podido cumplir con la finalidad para la que ha sido creado.

Entonces, cuando hablamos de subsidios, ¡qué bueno sería si pudiéramos ayudar económicamente al Instituto para que la gente nuevamente se asiente en el campo y pueda producir mucho mejor!

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra la señora Diputada Gauthier.

SEÑORA GAUTHIER.- Señora Presidenta: la situación que vive la República respecto de la temática forestal es la resultante de una serie de medidas, para cuyo origen debemos remontarnos a la segunda mitad de los años ochenta, momento en el que se definieron lineamientos políticos que establecieron el enfoque productivo del área forestal, generando políticas de Estado en las que, como en toda decisión política, se privilegiaron unos intereses en detrimento de otros. Estos intereses tenían la clara intencionalidad de transformar parte del modelo agropecuario actual, en el que el aspecto de ganancia económica de los sectores implicados fuera claramente privilegiado, sobre todo a través de subsidios consagrados por ley, pensando en un país productor de pulpa de papel, diferente del modelo de producción agropecuaria tradicional y otorgando a estos emprendimientos forestales una ventaja comparativa incontestable. Estos subsidios, junto con medidas de otra naturaleza, prepararon un escenario a futuro.

Sería completamente ingenuo pensar que quienes promovieron estas iniciativas, este proyecto de país, no conocían ni preveían las consecuencias de ella -de índole ambiental, social, económica y política-, las condiciones laborales derivadas y, por supuesto, la ganancia económica que esto entrañaba.

Estos subsidios y estímulos favorecieron la enajenación de la tierra y los intereses empresariales de la forestación y sus tercerizadoras. Ahora bien: ¿conocía el resto de la sociedad a fines de los ochenta las consecuencias de esta política forestal? Seguramente no. ¿Conocían las consecuencias de esta política quienes la impulsaron? Seguramente sí, ya que en la lógica de la inversión, ya sea productiva o de otro tipo, lo más predecible es su rentabilidad.

Seguramente, estas políticas se vieron como positivas en su momento, como fomento de la actividad productiva en el agro, pero, evidentemente, en este momento son varias las voces que ven esta situación desde otra óptica. Los emprendimientos no trajeron consigo los empleos prometidos y desplazaron a los trabajadores rurales con salarios tan malos como los que ellos tenían. Además, seguimos teniendo departamentos como Río Negro tapados de eucaliptos, con mucho desempleo en el área rural y muchos que trabajan solo para lograr apenas sobrevivir, en malísimas condiciones laborales, porque no les compete a las instituciones financieras que realizan estos negocios la situación social de los pequeños productores ni tampoco la de quienes allí dejan su sudor y su esfuerzo a cambio de casi nada.

Por eso, son los Gobiernos los que deben preocuparse de resolver estos problemas que hacen a la vida misma de todos y no solo de quienes, con leyes a favor y mucho respaldo interno y externo, llevan adelante esta colosal tarea de mejorar sus inversiones. Por esta razón, apoyamos este primer paso legislativo que deroga los subsidios forestales.

Esperamos que este sea un escalón en las soluciones que buscamos, pues cuando hablamos de las empresas contratadas que no se responsabilizan de sus trabajadores, estamos buscando resolver estos problemas con leyes que se hagan cumplir y también que la sociedad toda se pueda beneficiar de los logros que la forestación ha tenido, en gran parte por el apoyo que todo el pueblo uruguayo le ha dado en subsidios, exoneraciones de impuestos, créditos, infraestructura vial y poco control de las condiciones laborales.

Por último, debemos decir que estamos sacrificando el "país natural" en aras de un país pulpero. Si vale la pena haber elegido este camino y no buscar junto con esta otras formas de desarrollo sustentable con equidad, es una pregunta para la que solo el tiempo tiene una respuesta definitiva.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Cardozo Ferreira.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Señora Presidenta: los señores Diputados preopinantes han sido más que claros, brindando cada uno sus puntos de vista sobre este tema. El Partido Nacional ha apoyado en el Senado la eliminación de este subsidio con una modificación sobre el 10% dedicado a proyectos de primer nivel. Evidentemente, ante lo actuado por la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, vamos a respetar el criterio, aunque consideramos que lo que se había estipulado en el año 2002 daba muestras de pasos serios en cuanto a la eliminación paulatina del subsidio.

De todas maneras, he escuchado a algunos de los principales empresarios decir que la eliminación del subsidio no los va a afectar, por una simple razón: ya gran parte de la inversión está hecha en el país. Es muy importante decir esto. En el tema forestal hay un componente que es el transporte de la madera en rolos, que es muy caro. Hoy, ante el establecimiento de las industrias en zonas donde están enclavadas las mayores producciones de madera, el costo de traslado hacia el puerto para la exportación en rolos -que no dejaba prácticamente ninguna ganancia- se va a traducir en menores costos de transporte de madera, al ser industrializada en Tacuarembó, Rivera, Paysandú o Río Negro. Evidentemente, el subsidio poco va a afectar.

También entendemos la situación de los costos que tiene para el Estado no haber pagado en tiempo y forma el subsidio. De esa manera, lo que hoy estamos destinando para pagar el subsidio es lo que le estamos negando al Instituto Nacional de Colonización para que el señor Ministro Mujica pueda comprar lo que quiere: va a tener que salir a buscar el dinero fuera del país para poder comprar tierras para pequeños productores. Quiere decir que una cosa trae la otra.

Asimismo, es importante señalar que por algo los países industrializados del norte y los europeos subsidian las actividades agropecuarias. Allí está la clave de por qué persiste la mano de obra y el trabajo en el medio rural. Por alguna razón, Brasil está en el primer lugar en la producción de pollos y cerdos -hoy escuché a un productor quejarse de lo poco que le dejaba la producción de cerdos, y el señor Diputado Rodríguez se ha referido al tema-, porque de forma hábil ha subsidiado esas explotaciones, muchas veces en desmedro de nuestros productores.

El subsidio no es una mala palabra, si se sabe emplear bien y en beneficio del país.

Estas cosas hay que dejarlas en claro.

Cuando se empezó a hablar de la eliminación de los subsidios en el año 2002, junto con los señores ex Diputados Arrarte Fernández y Argenzio, previmos que iba a haber una expansión rápida de plantaciones forestales en zonas agrícolas de altísimo valor para otras actividades, como destacaba la señora Diputada Gauthier. Por ello, redactamos un proyecto de ley, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente. Este año pedimos que fuera retirado del archivo, porque no fue aprobado por la Cámara.

Este proyecto de ley, en su artículo único, modifica el artículo 5º de la Ley Nº 15.939. Dice así: "No son terrenos forestales aquellos que, arbolados o no: A) Por sus condiciones de suelo, aptitud productiva y demás características similares, integran áreas especialmente aptas para la agricultura, de acuerdo a la categorización de suelos y a la determinación de su potencialidad agrícola que, según las normas legales y reglamentarias vigentes, realiza el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.- B) Por sus cualidades geográficas, su clima, ubicación y características similares, integran áreas o zonas de aptitud especial para el desarrollo turístico, que determinará el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Turismo.- C) Por su vinculación directa a la historia del país o por haber sido escenario de episodios de importante significación en la historia de Uruguay. Esta calificación de área no forestable tendrá que ser declarada de interés histórico por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Educación y Cultura".

Tuvimos el gusto de recibir en la Comisión al ingeniero Ligrone, quien es un especialista en temas forestales. Él entendía que muchas zonas del país estaban siendo objeto del avance de la forestación y, a pesar de que el productor no precisaba el subsidio o no lo utilizaba, nadie le podía decir que no podía comprar tierras para forestar.

Son áreas por las que, nosotros los legisladores, debemos velar y decir claramente cuándo son buenas y cuándo son malas.

Nosotros hablamos en favor de esa importante obra que utiliza madera para la fabricación de paneles destinados a la construcción y a la exportación. Inclusive, nos puede cambiar la realidad en cuanto a viviendas para las personas necesitadas. Sin embargo, debemos adaptar a la cultura del uruguayo este tipo de soluciones.

Pero también es importante señalar -lo hemos dicho en muchas ocasiones- que cuando se sancionó esta ley de forestación, quienes teníamos funciones de gobierno olvidamos que había que prever la caminería rural, la enseñanza rural, la atención de los predios rurales y de los peones rurales y la enseñanza adecuada para utilizar esa mano de obra en los lugares en que hoy se está reclamando.

Entonces, el proyecto nació rengo, pero aún estamos a tiempo de lograr esos cursos terciarios, teniendo en cuenta la famosa descentralización de la enseñanza. Aprovechando esa materia prima de excelente calidad que tenemos, que se llama madera, podremos dar ocupación a nuestros jóvenes con un sueldo adecuado a sus necesidades, a sus estudios y a su capacitación.

Eso era lo que quería expresar sobre este proyecto, que vamos a apoyar, porque el Partido Nacional lo hizo en su momento, pero tendríamos mucho para hablar. El Parlamento sigue en deuda respecto al tema agropecuario y sobre todo con el de los subsidios, que bien le vendría a algunos sectores de la agropecuaria de los cuales nunca nos hemos acordado.

SEÑOR RODRÍGUEZ SERVETTO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ SERVETTO.- Señora Presidenta: me quedé pensando en la intervención de un Diputado preopinante, que decía que no iba a votar este proyecto de ley y que reclamaba la continuidad de los subsidios, especialmente para algún departamento. Creo que podría ser de esa manera. Cuando intervine quizás no pude explicarlo con la soltura necesaria, pero creo que algunos departamentos no recibieron mayor inversión forestal, no necesariamente por la cuestión de la caminería, de la electricidad rural o de la telefonía. Se me ocurre que puede tener más que ver con la distancia a la que están de los puertos, de las vías de salida de la madera.

Comparto totalmente lo expresado por el señor Diputado Cardozo Ferreira de principio a fin. Tenemos que ir viendo a qué modelo forestal apostamos y reflexionar, a esta altura, sobre la política forestal del país. En ese sentido, los subsidios pueden retornar a la forestación y en el futuro tendríamos la oportunidad de volver a instaurarlos, focalizándolos en determinadas situaciones. Si decidimos, por ejemplo, que Cerro Largo debe tener mayor desarrollo forestal, apliquemos instrumentos concretos que permitan el desarrollo de la forestación en ese departamento. Seguramente, el señor Diputado Guarino tendrá opinión formada sobre estos temas. Creemos que este es un momento de inflexión; cumplimos una etapa y ahora vendrá el tiempo de analizar puntualmente el modelo de forestación hacia el que queremos avanzar. Hay suelos que todavía se pueden ocupar para la forestación -el señor Diputado Cardozo Ferreira lo explicó bien- y a esos suelos tenemos que apuntar, pero no tenemos que permitir que aquellos que son de excelente calidad para la ganadería o la agricultura se sigan utilizando para plantar eucaliptos. Es ahí donde tenemos que afinar la puntería. Me parece que hay que seguir profundizando este tema.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Cardozo Ferreira.

SEÑOR BOTANA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BOTANA.- Señora Presidenta: aquí se mencionó la consulta realizada a las organizaciones que han forestado y su asentimiento respecto a la medida que se va a tomar. Esto es lo mismo que preguntar a los ricos acerca de las políticas sociales. Se le pregunta a quien ya recibió el beneficio si se lo puede extender a los demás o no. La respuesta es bastante obvia. Dijeron: "No, para mí con lo otorgado ya basta". Esa ha sido la respuesta lógica. Además, hay que tener en cuenta que la respuesta tiene el incentivo de que una cuota parte del beneficio que se quita va a ser destinada a la creación de infraestructura en beneficio de aquellas zonas que ya han implantado los bosques.

Por otra parte, me parece muy buena la iniciativa del señor Diputado Rodríguez, de Tacuarembó, y cuento con los votos del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría para otorgar, no con el 100% sino con el 90% del subsidio restante, un subsidio focalizado a esa zona de Cerro Largo, donde no podemos desperdiciar las 30.000 hectáreas ya implantadas. Es cierto que están más lejos de los bosques, pero esa infraestructura se hará y con este incentivo se implantarán los bosques, justificaremos mejor los emprendimientos forestales y tendremos trabajo y los mismos beneficios que el resto del país.

Sinceramente, me alegro por esta iniciativa, la agradezco y en los próximos días estaremos elaborando el proyecto que deberá tener iniciativa del Poder Ejecutivo, porque se trata del otorgamiento de un subsidio, pero con la voluntad mayoritaria de la bancada no tengo dudas de que así será.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Cardozo Ferreira.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- He terminado, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Menéndez.

SEÑOR MENÉNDEZ.- Señora Presidenta: no pude hacer uso de la palabra antes porque no me encontraba en Sala, debido a que estaba desarrollando otras actividades políticas referentes a este Parlamento.

Apoyamos fervientemente el proyecto presentado en Sala por la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Creemos que el tema del subsidio ya ha llegado a su fin y que este proyecto que cuenta con el aval del Poder Ejecutivo nos sitúa en el desarrollo forestal de nuestro país al día de hoy. Queremos decir que en nuestro departamento existen en este momento 40.000 hectáreas forestadas, un 3% de la superficie total del departamento. Existen 333.347 hectáreas de aptitud forestal en un departamento de 1:145.000 hectáreas, donde se ha pagado prácticamente un 50% de los subsidios forestales proyectados por parte de la División Forestal. Este 50% de subsidios forestales ha generado la incorporación de inversiones muy importantes en el medio rural, un incremento marcado de la mano de obra ocupada, una capacitación en diferentes tareas rurales, formación de cooperativas de productores y trabajadores, un importante desarrollo indirecto del medio y una mejora creciente de condiciones laborales; se han potenciado nuevos caminos en zonas que antes estaban despobladas y hay proyectos de emprendimientos industriales que están a estudio. Pero no debemos olvidar que la política del Gobierno, referente a dejar algunos beneficios para incidir en la orientación del proyecto nacional forestal, es de suma importancia, tanto en lo territorial como en el tipo de suelo, las variedades y los sistemas de cultivo y de explotación.

Es de destacar que nuestro Gobierno, a través de la Dirección Forestal, cuenta con una serie de elementos que se pueden aplicar para incentivar la forestación en determinadas zonas -planteadas por algunos señores Diputados preopinantes- que no implican la implementación de un subsidio, sino el manejo de otras situaciones. En definitiva, decimos que en el departamento de Durazno estas 40.000 hectáreas han tenido un peso cualitativo y cuantitativo importante y que ha llegado a su término el subsidio forestal. Sin embargo, con los elementos que tienen el Gobierno y las Intendencias Municipales y algunos otros que vamos a plantear en su momento -relativos al transporte de la madera en los distintos departamentos-, pensamos que el incentivo a la forestación, de acuerdo con la ley vigente, se puede seguir manteniendo y se le podrá dar una orientación selectiva por parte del Gobierno con respecto a las distintas áreas del país, no solo en lo que tiene que ver con las áreas plantadas y forestadas, sino con los recursos cualitativos que tienen nuestras tierras.

SEÑOR MELGAREJO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MENÉNDEZ.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR MELGAREJO.- Señora Presidenta: quiero agregar que, en la Legislatura anterior, Representantes de distintos partidos presentaron proyectos relativos a la industrialización de la madera, introduciéndose directamente en el tema de la forestación. El señor Diputado Cardozo Ferreira hizo mención a un proyecto que está en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente. Asimismo, el ex Diputado Vener Carboni y el señor Diputado Machado presentaron otro proyecto, como así también la bancada del Partido Socialista.

Todos esos proyectos fueron consultados con los agentes de la industria de la madera y de la forestación. En todas las conversaciones estuvo presente el tema del subsidio como un elemento que, de alguna manera, pesaba en esa realidad. Hoy, al eliminarse este subsidio, se permite que esos proyectos mejorados u otros tengan un andamiento lo más ágil posible para dar al sector de la madera lo que está necesitando. Pretendemos que la madera salga no solamente por medio de una planta de celulosa, con poco valor agregado, sino industrializándola directamente, con mucho valor agregado, para que la industria de la madera vuelva a ser lo que fue, lo cual lograremos si se sigue adelante con esta política.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Menéndez.

SEÑOR MENÉNDEZ.- Señora Presidenta:...

SEÑOR PEREYRA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MENÉNDEZ.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PEREYRA.- Señora Presidenta: quiero hacer dos precisiones. Una de ellas está relacionada con los ámbitos de consulta que se desarrollaron para que el Ministerio y el Poder Ejecutivo determinaran este proyecto de ley. Los ámbitos de consulta no se remiten únicamente a las empresas vinculadas al área forestal. El ejemplo más claro se desprende de las palabras vertidas por el Director del área forestal en la Comisión. En esa oportunidad, quedó claro que muchos productores del área forestal directamente decidieron no acogerse a la ley, por entender que los mecanismos de devolución del subsidio eran lentos, y en algunos casos -como bien explicó el señor Diputado Guarino- recién se está instrumentando la previsión del dinero para pagar esos subsidios. Por lo tanto, entendemos que en todas las instancias de diálogo con respecto a la vida agropecuaria que mantuvo el Ministerio -semanalmente las ha tenido- se trataron estos temas.

El segundo elemento que quiero destacar tiene que ver con los suelos accesorios, tema al que muchos señores Diputados hicieron referencia. A través de un decreto complementario que se aprobó en 1990, se determinó que los suelos accesorios que tenían capacidad productiva beneficiosa para otras producciones, podían ser forestados. Por lo tanto, el Decreto Nº 333/90, que no es muy conocido, forma parte de una de las modificaciones. Este Gobierno lo dejó sin efecto, teniendo en cuenta lo que decía el señor Diputado Guarino en cuanto a que no se trata de tomar ideas aisladas, sino decisiones políticas que apunten al desarrollo del área forestal, lo que no solo implica plantar madera para pulpas, sino también incentivar la elaboración de medidas alternativas que generen mayor valor agregado y más mano de obra.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Menéndez.

SEÑOR MENÉNDEZ.- Señora Presidenta: solo deseo reafirmar que si bien el Gobierno deja de lado este mecanismo, cuenta con otros tantos para manejar e incidir en las áreas que mencionó el señor Diputado Pereyra. En ese sentido, podemos mencionar la Contribución Inmobiliaria y otros; el Gobierno cuenta con un arsenal muy amplio y está dispuesto a seguir incidiendo desde el punto de vista cuantitativo, pero fundamentalmente desde el punto de vista cualitativo, en cuanto a la explotación forestal de nuestras tierras.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en cuarenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR GUARINO.- ¿Me permite, señora Presidenta?

Mociono para se suprima la lectura de todos los artículos y para que se voten en bloque.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y tres en cuarenta y seis: AFIRMATIVA.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BOTANA.- Señor Presidente: solicitamos que se desglose el artículo 2º. Hacemos esta solicitud porque deseamos proponer un aditivo para el mantenimiento de los subsidios en aquellas zonas del país en las que no se hubiera alcanzado la masa crítica que justifique la rentabilidad de la explotación de los montes.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- La Mesa entiende que no se necesita desglosar el artículo 2º, porque luego de la votación se puede someter a consideración el aditivo que se presente.

En discusión los artículos 1º, 2º y 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en cuarenta y siete: AFIRMATIVA.

Léase un aditivo al artículo 2º, presentado por la señora Diputada Peña Hernández y el señor Diputado Botana.

(Se lee:)

"Asimismo, será mantenido para las zonas declaradas de prioridad forestal que no hubieran alcanzado los volúmenes que a juicio de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sean suficientes para una explotación rentable de los bosques".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Ocho en cuarenta y seis: NEGATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR PEREYRA.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- La Cámara no tiene quórum suficiente para votar esa propuesta.

(Texto del proyecto sancionado:)

"Artículo 1º.- Con la salvedad de lo dispuesto por el artículo 3º, elimínase la partida dispuesta por el artículo 219 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, destinada a atender los beneficios previstos por el artículo 52 de la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987, y el subsidio establecido por el artículo 45 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988.

Artículo 2º.- El referido subsidio se mantendrá para los productores que hubieren presentado proyectos forestales ante la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para su aprobación, con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley.

Dichos proyectos, en caso de resultar aprobados, quedarán comprendidos en el artículo 43 de la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002.

Artículo 3º.- El diez por ciento (10%) del monto resultante de la eliminación de la partida referida en el artículo 1º, se destinará a brindar asistencia técnica a proyectos de alto valor agregado en el sector forestal, para la manufactura de la madera.

Dicha suma será administrada conjuntamente por la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación".

——Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Es la hora 17 y 11

Mtra. NORA CASTRO

PRESIDENTA

 

Dr. José Pedro Montero

Secretario Relator
Dr. Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.