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Nº 40 - TOMO 427 - 17 DE AGOSTO DE 2005

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

39ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Y EL SEÑOR SENADOR LUIS ALBERTO HEBER Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES, ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI, SEÑOR SANTIAGO GONZALEZ BARBONI Y LA PROSECRETARIA ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyecto presentado

- El señor Senador Long presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas sobre protección integral de personas discapacitadas.

- A la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión.

5) Inasistencias

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

6) Solicitud de licencia

- La formula el señor Senador Nicolini.

- Concedida.

7 y 14) Integración del Cuerpo

- Manifestaciones del señor Presidente.

- Ingresa a Sala el señor Representante Nacional Jorge Gandini, a quien, luego de prestar el juramento de estilo, se le declara investido de su cargo de Senador e incorporado al Senado de la República.

8) Julio Suárez, "Peloduro". Homenaje a su memoria

- Manifestaciones del señor Senador Lorier.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala, a los familiares del ciudadano homenajeado, a la Fundación "Lolita Ruibal" y al Museo del Humor y la Historieta.

9) Problemática de la enfermedad celíaca

- Manifestaciones del señor Senador Penadés.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala, a los Ministerios de Salud Pública, Ganadería, Agricultura y Pesca e Industria, Energía y Minería, a la Asociación de Celíacos y al LATU.

10) Seguro Nacional de Salud

- Manifestaciones del señor Senador Larrañaga.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala, al señor Presidente de la República, a los Ministros de Salud Pública, Economía y Finanzas, a la Federación Uruguaya de la Salud, a la Federación de Funcionarios de Salud Pública, al Sindicato Médico del Uruguay, a FEMI, a la Unión de la Mutualidad del Uruguay, al Plenario de Instituciones Mutuales del Uruguay, a Médica Uruguaya, al CASMU, a COSEM, a la Cámara de Medicina Prepaga de Cobertura Integral, a la Cámara de Emergencias Móviles, a la Mesa de Anestésicos Quirúrgicos, a la Federación de Cooperativas Médicas del Interior y al señor Rector de la Universidad.

11) Situación del Hogar de Varones Nº 5 de Mercedes

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala, al Directorio del INAU y a los Ministerios de Desarrollo Social y Salud Pública, al INAU de Soriano, a la Intendencia Municipal, Junta Departamental y Jefatura de Policía del departamento de Soriano.

12) Declaratoria de nuestra Independencia

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala, a los Ministerios de Educación y Cultura y Defensa Nacional, a la Universidad de la República, al CODICEN y a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas de todo el país.

13) Foro de San Pablo

- Manifestaciones del señor Senador Baráibar.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Embajada de la República Federativa del Brasil en nuestro país.

15) Sesión extraordinaria

- Por moción de varios señores Senadores, el Senado celebrará sesión extraordinaria el día 6 de setiembre a la hora 15, a fin de realizar un homenaje a la señora Cecilia Fontana de Heber, al cumplirse un nuevo aniversario de su desaparición física.

16, 18 y 21) Conmemoración del Día de la Independencia de la República Federativa del Brasil

- Proyecto de ley por el que se autoriza la salida de varios contingentes del Ejército Nacional para concurrir a dicho evento.

- Por moción del señor Senador Fernández Huidobro, el Senado procede al repartido de dicho proyecto, declara su urgencia y su consideración en la presente sesión.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Modificación, Reforma y Enmienda de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

19) Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas

- Proyecto de ley por el que se deroga el numeral 1) literal D) del artículo 31 del Decreto- Ley Nº 14.157, y el inciso segundo del artículo 101 de la Ley Nº16.736.

- Por moción del señor Senador Korzeniak, se procede al repartido de este proyecto.

20, 22, 24, 26, 28 y 30) Servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua para consumo humano

- Proyecto de ley por el que se establece la prestación exclusiva y directa por Personas Jurídicas Estatales.

- Por moción de la señora Senadora Topolansky, el Senado resuelve repartir dicho proyecto, declarar su urgencia y su consideración inmediata.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

23) Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

25) Presencia irregular de Senadores suplentes en las Comisiones

- Manifestaciones del señor Senador Moreira.

- Intervención de varios señores Senadores.

27) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

- Por moción del señor Senador Couriel, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de la presente sesión hasta agotar el tema en debate.

29) Asuntos entrados fuera de hora

31) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 16 de agosto de 2005.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 17 de agosto, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) Por el que se aprueban la Modificación, Reforma y Enmiendas de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Carp. Nº 180/05 - Rep. N° 101/05

2º) Por el que se aprueban el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR y el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, hechos en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 6 de diciembre de 2002.

Carp. Nº 175/05 - Rep. N° 102/05.

3º) Discusión particular del proyecto de resolución referido al uso de la telefonía móvil en la Sala de Sesiones del Senado, de las Comisiones y en las Barras.

Carp. Nº 290/05 - Rep. Nº 103/05

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Antognazza, Baráibar, Couriel, Dalmás, Fernández Huidobro, Gallinal, Gandini, Heber, Korzeniak, Lapaz, Larrañaga, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Nicolini, Núñez, Penadés, Percovich, Ríos, Romero, Rubio, Sanguinetti, Saravia, Topolansky y Vaillant.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Cid, Da Rosa, Lara Gilene y Xavier.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 11 minutos)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- Por el que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita en Mérida, México.

- Por el que reitera la aprobación de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores, suscrita por la República en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado que tuvo lugar en La Paz.

- Por el que se reitera la aprobación de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en la ciudad de Bridgetown (Barbados).

- Por el que se reitera la aprobación del Acuerdo sobre Regularización Migratoria Interna de Ciudadanos del MERCOSUR y el Acuerdo sobre Regularización Migratoria Interna de los Ciudadanos del MERCOSUR, Bolivia y Chile, hechos en la ciudad de Brasilia.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

El Poder Ejecutivo remite Mensaje comunicando la promulgación del proyecto de ley por el que se designa ‘Doctor Alfredo Sanjuán Suárez’ el Centro Auxiliar de Salud Pública de Sarandí Grande del departamento de Florida, dependiente del Ministerio de Salud Pública.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVESE.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- Por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2004.

- A LA COMISION DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA.

- Por el que se autoriza la salida del país de una delegación de efectivos del Ejército Nacional, el día 7 de setiembre de 2005, a efectos de participar en los Desfiles de Conmemoración de la Independencia de la República Federativa del Brasil, a realizarse en las ciudades de Santana do Livramento y de Quaraí.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

- Por el que se dispone que la actualización de las liquidaciones de los trabajadores de Establecimientos Frigoríficos del Cerro S.A. comprendidos en la Ley Nº 16.194, de 12 de julio de 1991, deberá realizarse de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- y comunica que aprobó el proyecto de ley por el que se autoriza la concurrencia de un contingente de cincuenta integrantes del Personal Militar del Cuerpo de Fusileros Navales, un guardacostas, un buque logístico, una aeronave de ala fija y una aeronave de ala giratoria de la Armada Nacional, con sus correspondientes tripulaciones, a la Operación ACRUX II, que se llevará a cabo en la República Argentina, entre los días 21 de agosto y 2 de setiembre de 2005.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVESE.

4) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Ruperto Long presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas sobre protección integral a personas discapacitadas".

- A LA COMISION DE POBLACION, DESARROLLO E INCLUSION.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"PROYECTO DE LEY

NORMAS SOBRE PROTECCION INTEGRAL A PERSONAS DISCAPACITADAS

Ing. Ruperto E. Long. Senador

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Nº 16.095 de fecha 26 de octubre de 1989, determinó un hito en el tratamiento del tema de la discapacidad en el Uruguay. Hasta ese momento, los principios de humanismo y solidaridad sustentados por la sociedad uruguaya, no estaban reflejados por la legislación nacional, en relación con este grupo de personas.

Por tanto, su promulgación marcó un punto muy importante en el desarrollo legislativo nacional, a la que siguieron luego múltiples iniciativas, de las cuales solamente algunas pocas se concretaron en normas jurídicas. Sin embargo, la ausencia de reglamentación de esta Ley, impidió en muchos casos el efectivo goce de los derechos allí consagrados.

Ahora bien, quince años han pasado desde su sanción y el devenir de la sociedad determina la necesidad de adecuación de las normas en ella contenidas. De esta forma se buscará concretar por un lado derechos establecidos pero de difícil ejercicio y por otro adaptar la legislación a las experiencias internacionales exitosas en el tratamiento de este tema.

Las personas que experimentan alguna discapacidad física o síquica, constituyen una importante proporción de nuestros compatriotas, realizando muchas de ellas una labor relevante que  con frecuencia pasa desapercibida.

En efecto, gran parte de dichas personas cumplen tareas o desarrollan acciones relevantes y útiles para la sociedad, superando las limitaciones derivadas de su situación, en un esfuerzo diario que debería ser reconocido y alentado por la sociedad.

A los inconvenientes que enfrentan en razón de su propia discapacidad, se suma con frecuencia la incomprensión de algunos y el desinterés de otros, derivado muchas veces de la ignorancia respecto de lo que son y hacen estos uruguayos cuya manera de encarar la vida debería servir de ejemplo para todos.

No cabe duda de que en una sociedad democrática y participativa, la plena vigencia del principio de igualdad no podrá ser asegurada si no se atiende adecuadamente la situación de las personas discapacitadas, mediante normas especiales que contemplen diferencias que no siempre se pueden evitar pero que pueden ser total o parcialmente contrarrestadas mediante acciones públicas y privadas orientadas a ese fin.

Las limitaciones de orden físico y/o psíquico no deben ser un impedimento para la plena integración social de todos los uruguayos.

Es imprescindible entonces adoptar medidas y establecer incentivos que permitan eliminar o reducir los inconvenientes que puede producir la discapacidad, considerando que si bien existen normas y programas referidos al tema, los mismos han resultado insuficientes.

Nuestro país debería abordar este tema tan trascendente de una manera integral. Es probablemente por no haberlo hecho que los resultados no han sido satisfactorios.

Constituye pues un deber inexcusable el de realizar todas las acciones posibles que tiendan a evitar que las limitaciones de orden físico y/o psíquico se conviertan en un impedimento para el desarrollo de una vida plena por parte de quienes las sufren, o en un obstáculo para su completa incorporación a la obra compartida que realizan día a día todos los miembros de la comunidad nacional.

Tal es así que se proponen, normas relativas al fomento de la cultura y el empleo, facilidades para el transporte, mejoramientos en términos de urbanismo, concesión de incentivos tributarios, entre otras.

Por el artículo primero del presente proyecto de Ley se pretende la incorporación de un Capítulo, cuyas normas hacen a la promoción cultural, y por tanto el acceso de las personas discapacitadas a los espectáculos públicos que, con el patrocinio de los diferentes organismos del Estado, se ejecuten.

En este sentido, se prevé la exoneración de pago de derechos de admisión de toda índole para la persona discapacitada, así como una bonificación porcentual equivalente al cincuenta por ciento del valor normal que debiere abonarse por el acompañante.

Estas normas se enmarcan claramente en el espíritu de integración a la cultura, como un componente más de su inserción efectiva en las actividades de la sociedad.

Las normas contenidas en el Capítulo II crean el Premio Nacional a la Integración.

Estas fueron concebidas en el marco de lo establecido por la Ley N° 16.095 de fecha 26 de octubre de 1989, modificativas y concordantes, y con el mismo espíritu que inspiró a quienes las promovieron y aprobaron, refiere a las personas discapacitadas que, mediante su esfuerzo personal, hayan logrado superar las dificultades derivadas de su situación, y realizar un aporte de significación a la comunidad.

En efecto, resulta necesario apoyar e incentivar a las personas con discapacidad que ejecuten acciones dignas de destaque en el medio social, lo que además de constituir un justo y merecido reconocimiento a su labor, contribuirá seguramente a mejorar su integración en todos los ámbitos en los que actúan.

Se pretende entonces efectuar una contribución al más completo desenvolvimiento de las capacidades, talentos y virtudes de las personas discapacitadas, que representará sin duda un avance en el camino del progreso moral y material de nuestra comunidad.

En el Capítulo III se prevé la creación del Programa de Asistentes Personales para Discapacitados Severos.

A tales efectos es pertinente, considerar lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, en relación con la clasificación generada a partir de la gravedad de las discapacidades: sin ninguna dificultad, con dificultad moderada, con dificultad grave e imposibilidad de realizar la actividad. Las últimas dos son sin dudas las que implican el mayor grado de gravedad y pueden constituirse en verdaderos impedimentos para aquellas personas que las padecen a los efectos de su desenvolvimiento en la vida diaria y el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, lo que se vincula indudablemente con altos grados de dependencia.

La referencia a discapacitados severos, incluye a todas aquellas personas que no pueden cambiar las posiciones de su cuerpo, levantarse y acostarse, moverse dentro de su casa, asearse y alimentarse, entre otras actividades, por si mismas, y que por lo tanto necesitan ayudas de distinto orden. Estas ayudas son de carácter personal y no ayudas técnicas.

La imposibilidad de desarrollar actividades por cuenta propia, hace imprescindible la asistencia de personas calificadas que faciliten el cumplimiento de las necesidades básicas, pero que también colaboren a los efectos de obtener su integración y participación de forma activa en la sociedad.

Es pertinente establecer que el discapacitado severo, con la ayuda de un asistente personal, puede estudiar y/o trabajar, con la consiguiente carga de interacción e integración social que esto implica.

Hasta el momento - con excepción de lo establecido por la Ley Nº 16.095  no se han logrado articular políticas específicamente dirigidas a abordar la discapacidad, sino que siempre se efectúan una serie de actuaciones parciales no siempre acompañadas de los recursos suficientes.

Para este amplio y heterogéneo colectivo, el grado de limitación para la realización de las actividades básicas e instrumentales alrededor de las cuales se organiza la cotidianeidad, es muy importante. Así lo han entendido las legislaciones de diferentes países latinoamericanos y de los países de la Unión Europea, los que desarrollan amplios planes en este sentido.

El siguiente Capítulo denominado Trabajo, estará subdividido y se compondrá de cinco Secciones cuya unidad temática será el empleo.

Una primera Sección, estructurada bajo el nombre de "Actividad en la órbita pública", contendrá normas destinadas a la promoción del trabajo de las personas con discapacidad en concordancia con lo que oportunamente se estableciera en la Ley Nº 16.095, en su redacción original.

Ahora bien, la modificación establecida para el artículo 42 de la Ley N° 16.095 se vincula con la proporción mínima de vacantes que deben ser ocupadas por personas impedidas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo. Así, se ha establecido que el porcentaje debe ser aumentado a un SIETE por ciento.

No se trata de una elevación caprichosa, sino que la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, cuyo informe final fue presentado en el mes de diciembre de 2004, muestra que los índices de discapacidad en el Uruguay alcanzan "al 7.6% de la población total residente en hogares particulares urbanos de localidades de 5.000 habitantes o más". En la misma encuesta se establece que: "En cifras absolutas la población con al menos una discapacidad se estima en 210.400 personas".

Por su parte, el propuesto artículo 15 prevé una norma tendiente a dar estímulo a quienes contraten personas con discapacidad, en tanto, se establece que los diferentes organismos del Estado, frente a igual costo para la adquisición de bienes e insumos, deberán priorizar empresas cuyas plantillas funcionariales incluyan discapacitados.

Los siguientes artículos 16 a 19, establecen un sistema de concesión de permisos de utilización de bienes de dominio público, en los cuales se otorgará prioridad a las personas discapacitadas, en lo que respecta a la explotación de pequeños comercios.

Una segunda Sección de este Capítulo IV, se encuentra estructurada en dos artículos bajo la descripción: "Fomento del empleo de personas con discapacidad".

La determinación que se establece en estos artículos implica una modificación importante del régimen vigente. Con ella se incentiva a los empleadores mediante la reducción en los aportes al Banco de Previsión Social que debieren hacer efectivos por los trabajadores que fueren discapacitados y les prestaren servicios subordinados.

Esta norma promueve la contratación de personas que presentan discapacidades, y que, igualmente estén en condiciones de efectuar las tareas respectivas, en condiciones similares a las de una persona que no las padece. A los efectos de que este beneficio pueda ser concedido los empleadores que cuenten entre sus empleados a personas con discapacidad y pretendan beneficiarse de esta deducción especial, se deberán inscribir en el Registro Nacional de Empleadores de Personas con Discapacidad, el que se estructurará de acuerdo a lo que la reglamentación establezca.

La tercera Sección de este Capítulo está dada por la obligación expresa de admitir acceso a personas discapacitadas en un porcentaje equivalente al 7%, en todos aquellos programas socio laborales que se estructuren con fondos públicos (Programa PANES, por ejemplo).

La Sección cuatro, se estructura bajo el nombre de Talleres de Producción Protegida. Estos talleres son una alternativa para el grupo de personas discapacitadas que transitoria o permanentemente no se encuentran en condiciones de ingresar al mercado laboral competitivo.

El objetivo final es la adaptación de las personas con discapacidad al mercado laboral protegido y no protegido, por lo que resulta de trascendental interés la promoción e incentivo de éstos, a los efectos de habilitar a estos talleres un óptimo cumplimiento de su finalidad tanto económica como social.

En el derecho comparado, se otorga mucha importancia a la orientación e inclusión laboral y profesional de las personas con discapacidad. Ejemplos de lo antedicho, son las legislaciones y reglamentaciones de países como la República Argentina, los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, cuya regulación otorga beneficios para estas modalidades de contratación e integración social, entre las que se incluyen además, no únicamente incentivos fiscales, sino incluso subsidios.

Se considera, en función de lo expuesto, que constituye un aspecto muy importante, la generación de un marco jurídico adecuado, en el cual se establezcan los derechos y las obligaciones que le corresponden a los contratados y a los contratantes, en tanto los Talleres de Producción Protegida, se erigen como un instrumento de la política de empleo activa. El Estado debe, en función de los objetivos a cumplir por éstos, promover el desenvolvimiento y el fortalecimiento de los Talleres de Producción Protegida, dado el rol social fundamental que cumplen en el proceso de rehabilitación integral de las personas con discapacidad.

En la Sección V se consagra el derecho a una licencia especial para la madre trabajadora frente al nacimiento de su hijo con Síndrome de Down.

El nacimiento de un niño o niña con Síndrome de Down, además del impacto emocional que representa para su progenitores, demanda a éstos y en especial, al menos en la práctica, a la madre, la dedicación de mucho tiempo de atención al recién nacido, así como de adaptación a la nueva forma de vida que dicha situación genera.

Es natural entonces que entre otras medidas de protección, deba pensarse en la necesidad de otorgar a la madre una licencia más extensa que la que la legislación vigente concede a las madres en general.

En la legislación comparada, tanto de la Unión Europea como de América Latina, se han establecido diferentes sistemas de protección y garantía para las madres trabajadoras con hijos Down.

En este sentido, cabe mencionar la legislación vigente en la República del Perú que extiende la licencia generada en virtud del nacimiento del niño/a Down, no sólo de la madre sino también del padre.

En nuestro país, y hasta el día de la fecha, la situación mencionada no ha sido contemplada. Mediante la incorporación de estas normas se busca entonces subsanar dicha omisión, aún en el entendido que no es la única situación que debería contemplarse; sin embargo, se ha optado por esta previsión con la aspiración de en un futuro incorporar otras situaciones que revisten igual complejidad.

Según surge del Primer Relevamiento Nacional de Personas con Síndrome de Down 2000 (http://www.ops.org.uy/pdf/down.pdf - acceso verificado con fecha 4/08/2005),  "En Uruguay no existe un registro preciso de las personas con Síndrome de Down que nacen por año. La Dirección de Estadística del Ministerio de Salud Pública no lo tiene, ya que no se anota dicha anomalía en la partida de nacimiento, ni tampoco en las fichas del Sistema Informático Perinatal del Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP, de OPS/OMS). El Instituto Nacional de Estadística tampoco releva esta discapacidad en particular, ni en el Censo Nacional de población ni en la Encuesta Continua de Hogares que se realiza en forma regular a una muestra de la población. En ésta se indaga si en la casa hay alguna persona con discapacidad y sólo se desagrega la discapacidad en tres grandes categorías: física, intelectual y psíquica.

Pese a estas carencias de información se estima que nacen aproximadamente 90 a 100 niños Down por año (de acuerdo a las informaciones proporcionadas por los médicos contactados por la ADDU), y se desconoce cuál es su expectativa real de vida (aunque se estima que hoy es cercana a los 60 años)".

Por otra parte el Dr. Agustín Serés de la Fundación Catalana de Síndrome de Down, ha establecido que la misma situación se da en España y que antes había un Síndrome de Down cada 600 nacidos vivos y ahora la tendencia es inferior a 1/1.500, con tendencia a la reducción del número de nacimientos.

En lo que respecta al Capítulo V, sin perjuicio de las normas programáticas  previstas en la original Ley Nº 16.095, se han agregado normas específicas destinadas a la concreción de la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. Éstas han sido estructuradas de la forma propuesta, dado que es lo que se está verificando usualmente en la legislación comparada de países como la República Argentina y la República de Chile, que han efectuado el mismo tipo de adecuación legislativa.

El Capítulo VI, se refiere al Transporte, dada la importancia que la movilidad reviste y las dificultades, que en la actualidad, los discapacitados experimentan para acceder a los medios de  transporte.

La mayoría de las previsiones establecidas en este Capítulo necesitarán de la reglamentación del Poder Ejecutivo, a los efectos de asegurar concreción al ejercicio de estos derechos.

En este sentido, la gratuidad del transporte para las personas que presentan discapacidad, la obligación de presentar opciones de viaje especiales para personas con movilidad reducida, así como la obligatoriedad de dar a publicidad sus frecuencias, son algunas de las previsiones establecidas.

Por otra parte, se plantea el otorgamiento de facilidades para las empresas que realicen acciones a los efectos de dar concreción a las medidas propuestas.

Asimismo, se plantea una incorporación al Código Penal, en el Capítulo de Faltas, estableciéndose que serán castigados con la aplicación de una multa equivalente a 10 a 100 Unidades Reajustables o prisión equivalente, quienes sin tener la condición de discapacitados ocupen en los estacionamientos de vehículos lugares reservados para éstos.

Finalmente en lo que hace al Capítulo VIII, éste se estructura bajo el nomen iuris de Normas Tributarias.

La Constitución de la República prevé en su artículo 133 que sólo el Poder Ejecutivo podrá proponer exoneraciones tributarias. Por tal motivo, en este proyecto se faculta al Poder Ejecutivo para disponer las exoneraciones previstas, las que constituirán un elemento facilitador a los efectos de la obtención de las diferentes ayudas técnicas que éstos necesitan para su actividad diaria.

Montevideo, agosto 16 de 2005.

Ing. Ruperto E. Long. Senador.

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

PROMOCION CULTURAL

Artículo 1.-  Las personas que sean calificadas como discapacitadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley N° 16.095 de fecha 26 de octubre de 1989, estarán exoneradas del pago de cualquier derecho de admisión en todos los conciertos, muestras, obras teatrales, exposiciones y cualquier otra actividad ejecutada por organismos públicos.

Artículo 2.- Establécese, asimismo, una bonificación equivalente al cincuenta por ciento (50%) del importe de la correspondiente entrada para  el acompañante de la persona discapacitada.

CAPITULO II

CREACION DEL PREMIO NACIONAL A LA INTEGRACION

Artículo 3.- Créase el "Premio Nacional a la Integración" con la finalidad de distinguir a toda persona que de acuerdo al artículo 2 de la Ley Nº 16.095 de 26 de octubre de 1989,  sea considerada discapacitada y que, a través de su esfuerzo personal superare los obstáculos de su situación, desempeñando un papel destacado en beneficio de la sociedad.

Artículo 4.- El premio al que se refiere el artículo anterior consistirá en el pago de una suma de dinero equivalente a diez salarios mínimos nacionales, con cargo a Rentas Generales y un diploma de honor, los que serán entregados anualmente en acto público al que será invitado el Señor Presidente de la República.

Artículo 5.- A los efectos de esta ley, se establecen las tres categorías siguientes:

1) Discapacitados motores.

2) Discapacitados sensoriales.

3) Discapacitados mentales.

Se otorgará un máximo de tres (3) distinciones anuales dentro de cada categoría,  de las cuales al menos una se destinará a un menor de edad.

Artículo 6.- La selección de los postulantes  y la adjudicación de los premios será realizada por una Comisión Especial Honoraria, cuyos miembros serán designados anualmente por el Poder Ejecutivo, y cuya integración y funciones serán las establecidas en la reglamentación correspondiente.

CAPITULO III

SALUD

SECCION I - PROGRAMA DE ASISTENTES PERSONALES PARA DISCAPACITADOS SEVEROS

Artículo 7.- Créase en la órbita del Banco de Previsión Social, el "Programa de asistentes personales para discapacitados severos".

Artículo 8.- A través de este programa quienes acrediten la necesidad de asistencia personal para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria, percibirán del Estado un monto a los efectos de la contratación de asistentes personales.

Artículo 9.- A los efectos de la presente ley, se consideran:

A) Actividades básicas de la vida diaria: levantarse de la cama, higiene, vestido, alimentación, movilización y desplazamiento y trabajo, entre otras.

B) Asistentes personales: personas capacitadas al efecto que desarrollan tareas de asistencia directa y personal a las personas mencionadas en el artículo 8.

Para  ser asistente personal es imprescindible la obtención de certificado habilitante, expedido por la entidad o entidades que determine la reglamentación.

Artículo 10.- El organismo responsable de la administración del programa creado por el artículo 7, será el Banco de Previsión Social, el que deberá:

A) Determinar la discapacidad severa.

B) Determinar al beneficiario.

C) Administrar los recursos del programa.

D) Hacer efectivo el pago de las partidas.

Artículo 11.- La existencia de la discapacidad a que refiere el presente Capítulo, será evaluada en cada caso concreto, a los efectos del acceso a este beneficio, por el Área de Medicina Laboral del Banco de Previsión Social, teniendo en consideración lo establecido en el artículo 2 de la Ley N° 16.095 de fecha 26 de octubre de 1989.

Artículo 12.- Declarada la discapacidad de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, se hará efectivo el pago de la prestación correspondiente, en la persona del beneficiario o de la persona autorizada por éste, mediante poder con certificación notarial, el que deberá asimismo renovarse semestralmente por la escribanía del Banco de Previsión Social, lo que será efectuado en forma gratuita.

Artículo 13.- El monto de la prestación a percibir, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la presente ley, así como el ejercicio del contralor correspondiente a los efectos del cumplimiento de los fines para los que dicho beneficio es estatuido, será establecido por la reglamentación.

CAPITULO IV

TRABAJO

SECCION I  - ACTIVIDAD EN LA ORBITA PUBLICA

Artículo 14.- La proporción mínima de vacantes establecida en el artículo 42 de la Ley N° 16.095 de fecha 26 de octubre de 1989, será de siete por ciento (7%).

Artículo 15.- Los sujetos enumerados en el artículo 42 de la Ley mencionada en el artículo anterior, deberán priorizar, respecto de igualdad de costo la adquisición de insumos y provisiones de empresas que contraten a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacien-temente acreditada, de acuerdo a lo que se establezca por la reglamentación.

Artículo 16.- Siempre que se conceda y otorgue el uso de bienes del dominio público o privado del Estado o de los Gobiernos Departamentales, para la explotación de pequeños comercios, se dará prioridad a los discapacitados que estén en condiciones de desempeñarse en tales actividades en la forma y con los requisitos que determine el Poder Ejecutivo.

Artículo 17.- Será nula toda concesión o permiso otorgado sin observar la prioridad establecida en el artículo anterior.

Artículo 18.- En caso de disponerse la privatización total o parcial de Entes del Estado o la tercerización de servicios prestados por los mismos, en los respectivos pliegos de condiciones se establecerán normas que permitan asegurar las preferencias y beneficios previstos por la presente ley.

Artículo 19.- El Ministerio de Industria, Energía y Minería deberá realizar dentro del plazo de ciento ochenta días de la entrada en vigencia de la presente ley, un inventario de:

1) Lugares disponibles a los efectos de lo dispuesto en el artículo 16;

2) adjudicatarios de los mismos;

3) aspirantes a utilizarlos.

Dicha información deberá ser actualizada mensualmente.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería tendrá a su cargo el dictado de cursos destinados a proporcionar a quienes aspiren a instalar pequeños comercios, los conocimientos necesarios para que los mismos puedan iniciar y desarrollar sus actividades.

SECCION II - FOMENTO DEL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 20.- Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar una deducción especial en los aportes patronales que los empleadores que contraten a personas discapacitadas deben cumplir por éstas, al Banco de Previsión Social, equivalente al setenta por ciento (70 %) del monto que correspondiere abonar.

Se tendrán en cuenta, no sólo las personas discapacitadas que presten servicios directamente en las instalaciones de la empresa del empleador sino también aquéllas que realicen trabajo a domicilio.

Artículo 21.- Los empleadores que participen de este sistema, deberán inscribirse previamente en el Registro Nacional de Empleadores de Personas con Discapacidad, el que estará a cargo de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La reglamentación establecerá la forma y condiciones de funcionamiento del mismo.

SECCION III - DEL ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A PROGRAMAS SOCIOLABORALES FINANCIADOS CON FONDOS PUBLICOS

Artículo 22.- Los programas sociolaborales financiados con fondos del Estado, deberán otorgar acceso a personas discapacitadas en un porcentaje no inferior al siete por ciento (7 %) del total.

SECCION IV - TALLERES DE PRODUCCION PROTEGIDA

Artículo 23.- A los efectos de la presente ley se consideran Talleres de Producción Protegida a las instituciones u organizaciones sin fines de lucro que contando con personería jurídica ejecuten actividades que impliquen la producción de bienes o la prestación de servicios, con la finalidad de otorgar capacitación y generar puestos de trabajo para personas con discapacidad en condiciones especiales, por encontrarse sin posibilidades de ingresar al mercado laboral abierto.

Artículo 24.- La actividad de los Talleres de Producción Protegida se dirige a personas de ambos sexos, que encontrándose en edad laboral, padezcan de alguna alteración funcional - permanente o prolongada, física o mental - que implicare trastornos considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral siempre que la discapacidad haya sido debidamente certificada.

Artículo 25.- La estructura, organización y gestión de los Talleres de Producción Protegida, serán establecidos por la correspondiente reglamentación, sin perjuicio de asumir condiciones similares a las adoptadas por las empresas ordinarias, con las características que hacen al particular objetivo al que deben su existencia.

 Artículo 26.- A los efectos del acceso a los incentivos y beneficios establecidos en la presente ley, será obligación de los Talleres de Producción Protegida, la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad así como la presentación de un plan de negocios que verifique su sustentabilidad.

Artículo 27.- Al menos el setenta y cinco por ciento (75 %) de los trabajadores que desempeñen funciones en los Talleres de Producción Protegida, deberán ser discapa-citados, lo que será acreditado de acuerdo a los criterios establecidos en la Ley Nº 16.095 y concordantes.

Artículo 28.- No se considerará a los efectos del porcentaje establecido en el artículo anterior, a aquellas personas discapacitadas que ejecuten actividades en el marco de un proceso de formación o participen de actividades con la finalidad exclusiva de integrarse socialmente.

Artículo 29.- Sin perjuicio de lo anterior, toda empresa industrial, comercial o de servicios que contrate personas discapacitadas en un porcentaje igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) del personal ocupado, podrá ser exonerada por el Poder Ejecutivo del pago de los aportes patronales correspondientes a todo su personal.

Artículo 30.- Las empresas que no alcancen el porcentaje previsto en el artículo precedente, podrán ser exoneradas por el Poder Ejecutivo, del pago de esos aportes, solamente en relación a las personas discapacitadas que ocupen.

Artículo 31.- El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para que los Ministerios con competencia en la materia presten a los Talleres de Producción Protegidos la máxima colaboración y facilidades para el cumplimiento de sus cometidos. El Poder Ejecutivo establecerá la naturaleza y alcance de dichas medidas dentro del plazo de sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 32.- Aquellas personas con discapacidad que desarrollen actividades como trabajadores dependientes o como aprendices, en los Talleres de Producción Protegida, para los organismos paraestatales y/o para el sector privado, percibirán su correspondiente salario, el que no podrá ser inferior al mínimo salarial de la categoría correspondiente al sector de actividad de que se trate.

SECCION V - LICENCIA DE LA MADRE TRABAJADORA POR NACIMIENTO DE HIJO CON SINDROME DE DOWN

Artículo 33.- Toda trabajadora que dé a luz un hijo o hija afectada por el Síndrome de Down y mientras lo tenga a su cuidado, tendrá derecho a solicitar licencia extraordinaria sin goce de sueldo por un período de seis meses, adicional al correspondiente a la licencia por maternidad.

La comunicación al empleador de dicha circunstancia deberá ser efectuada dentro del plazo de 10 días de verificado el nacimiento, y ser acompañada de un certificado médico que acredite la configuración de la causal.

Artículo 34.- Durante el desarrollo de dicha licencia la trabajadora tendrá derecho a la percepción de un subsidio especial que será igual al setenta y cinco por ciento (75%) del salario que habría percibido si se encontrare en actividad.

Artículo 35.- La prestación establecida en el artículo precedente será percibida en las mismas condiciones y con los mismos requisitos que corresponden al subsidio por maternidad.

CAPITULO V

ARQUITECTURA Y URBANISMO

SECCION I - ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Artículo 36.- Establécese como prioridad la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte que se creen, en los existentes o en los que sean remodelados o sustituidos en forma total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida y mediante la aplicación de las normas contenidas en el presente Capítulo.

A los fines de la presente ley, entiéndese por accesibilidad la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de la actividad de la vida diaria sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparación de oportunidades.

Entiéndese por barreras físicas urbanas las existentes en las vías y espacios libres públicos a cuya supresión se tenderá por el cumplimiento de los siguientes criterios:

A) Itinerarios peatonales: contemplarán una anchura mínima en todo su recorrido que permita el paso de dos personas, una de ellas en silla de ruedas. Los pisos serán antideslizantes sin resaltos ni aberturas que permitan el tropiezo de personas con bastones o sillas de ruedas.

Los desniveles de todo tipo tendrán un diseño, grado e inclinación que permita la transitabilidad, utilización y seguridad de las personas con movilidad reducida.

B) Escaleras y rampas: las escaleras deberán ser de escalones cuya dimensión vertical y horizontal facilite su utilización por personas con movilidad reducida y estarán dotadas de pasamanos. Las rampas tendrán las características señaladas para los desniveles en el apartado A).

C) Parques, jardines, plazas y espacios libres: deberán observar en sus itinerarios peatonales las normas establecidas para los mismos en el apartado A). Los baños públicos deberán ser accesibles y utilizables por personas con movilidad reducida.

D) Estacionamientos: tendrán zonas reservadas y señalizadas para vehículos que transporten personas con movilidad reducida cercanas a los accesos peatonales; señales verticales y elementos urbanos varios: las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación y cualquier otro elemento vertical de señalización o de mobiliario urbano se dispondrán de forma que no constituyan obstáculo para los no videntes y para las personas que se desplacen en silla de ruedas.

E) Obras en la vía pública: estarán señalizadas y protegidas por vallas estables y continuas y luces rojas permanentes, disponiendo los elementos de manera que los no videntes puedan detectar a tiempo la existencia del obstáculo. En las obras que reduzcan la sección transversal de la acera se deberá construir un itinerario peatonal alternativo con las características señaladas en el apartado A).

Artículo 37.- A los efectos de la presente ley, se entiende por barreras arquitectónicas aquéllas existentes en los edificios de uso público y en los edificios de vivienda a cuya supresión se tenderá por la observancia de los criterios contenidos en el presente artículo.

Adaptabilidad implica la posibilidad de modificar en el tiempo, el medio físico con el fin de hacerlo completa y fácilmente accesible a las personas con movilidad reducida.

Practicabilidad implica la adaptación limitada a condiciones mínimas de los ámbitos básicos para ser utilizados por las personas con movilidad reducida.

Visitabilidad implica accesibilidad estrictamente limitada al ingreso y uso de los espacios comunes y un local sanitario que permita la vida de relación de las personas con movilidad reducida.

Edificios de uso público:

a) Deberán observar en general la accesibilidad, posibilidad de uso en todas sus partes por personas de movilidad reducida y en particular la existencia de estacionamientos reservados y señalizados para vehículos que transporten a dichas personas cercanos a los accesos peatonales; por lo menos un acceso al interior del edificio desprovisto de barreras arquitectónicas, espacios de circulación horizontal que permitan el desplazamiento y maniobra de dichas personas al igual que comunicación vertical accesible y utilizable por las mismas mediante elementos constructivos o mecánicos y servicios sanitarios adaptados.

b) Los edificios destinados a espectáculos deberán tener zonas reservadas, señalizadas y adaptadas al uso por personas con sillas de ruedas.

c) Los edificios en que se garanticen plenamente las condiciones de accesibilidad serán identificados con un símbolo indicativo de tal hecho, en su exterior.

d) Las áreas sin acceso de público o las correspondientes a edificios industriales y comerciales tendrán los grados de adaptabilidad a las personas con movilidad reducida en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

Viviendas individuales.

En materia de diseño y ejecución o remodelación, los códigos de edificación  observarán las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.

Viviendas colectivas.

En las viviendas colectivas existentes a la fecha de sanción de la presente ley, deberán desarrollarse condiciones de adaptabilidad y practicabilidad en los grados y plazos que establezca la reglamentación.

Artículo 38.- Las prioridades y plazos de las adecuaciones establecidas en los artículos 36 y 37 relativas a barreras urbanas y en edificios de uso público serán determinadas por la reglamentación, pero su ejecución total no podrá exceder un plazo de tres (3) años desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

En toda obra nueva o de remodelación de edificios de vivienda, la aprobación de los planos requerirá imprescindiblemente la inclusión en los mismos de las normas establecidas en el artículo 36 apartado b), su reglamentación y las respectivas disposiciones municipales en la materia.

CAPITULO VI

TRANSPORTE

Artículo 39.- A los efectos de la presente ley constituyen barreras en los transportes aquéllas existentes en el acceso y utilización de los medios de transporte público terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga distancia y aquéllas que dificulten el uso de medios propios de transporte por las personas con movilidad reducida a cuya supresión se tenderá por  la observancia de los siguientes criterios:

A) Vehículos de transporte público: tendrán dos asientos reservados señalizados y cercanos a la puerta por cada coche, para personas con movilidad reducida. Los coches contarán con piso antideslizante y espacio para ubicación de bastones, muletas, sillas de ruedas y otros elementos de utilización por tales personas. En los transportes aéreos deberá privilegiarse la asignación de ubicaciones próximas a los accesos para pasajeros con movilidad reducida.

B) Estaciones de transportes: contemplarán un itinerario peatonal con las características señaladas el artículo 36 apartado A) en toda su extensión; bordes de andenes de textura reconocible y antideslizantes: piso alternativo o molinetes; sistema de anuncios por parlantes y servicios sanitarios adaptados. En los aeropuertos se preverán sistemas mecánicos de ascenso y descenso de pasaje con movilidad reducida en el caso que no hubiera métodos alternativos.

C) Transportes propios: las personas con movilidad reducida tendrán derecho a libre tránsito y estacionamiento de acuerdo a lo que establezcan las respectivas disposiciones municipales. Estos vehículos serán reconocidos por el distintivo de la identificación - símbolo internacional de acceso, aprobado por la Asamblea de Rehabilitación Internacional, en setiembre de 1969 -.

Artículo 40.- Las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad hacia el destino al que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social.

La reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a las mismas, las características de la documentación que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas en caso de incumplimiento.

Este beneficio será extensivo al acompañante en caso de probada necesidad.

Artículo 41.- Las empresas de transporte colectivo terrestre deberán dar publicidad suficiente, en forma legible y entendible, a las frecuencias de las unidades accesibles para personas con movilidad reducida y una indicación telefónica para la recepción de consultas respecto de esta información.

Artículo 42.- La publicación señalada en el artículo anterior, debe exhibirse en las unidades, terminales y principales paradas de los recorridos que las empresas de transporte colectivo terrestre efectúen.

Artículo 43.- Todas las oficinas de información turística, dependientes del Ministerio de Turismo y/o de las Intendencias Municipales, deberán poseer la información sobre las frecuencias y el número telefónico establecido en el artículo 41.

Artículo 44.- Las adecuaciones establecidas en el transporte público por el artículo 39 apartados a) y b) deberán ejecutarse en un plazo máximo de un año a partir de reglamentada la presente ley. Su incumplimiento podrá determinar la cancelación del servicio.

Artículo 45.- Incorpórase al artículo 365 del Código Penal, el siguiente numeral:

"17º.- El que ocupare los lugares reservados para los discapacitados en los estacionamientos de vehículos sin tener la condición de tal".

CAPITULO VII

NORMAS TRIBUTARIAS

Artículo 46.- Facúltese al Poder Ejecutivo a exonerar el pago del derecho de importación y de las tasas por servicios portuarios, a las importaciones para consumo de medicamentos y demás bienes que no se produzcan en el país y que sean necesarios para uso personal de las personas con discapacidad a los efectos de su tratamiento y/o proceso de rehabilitación y/o capacitación.

Artículo 47.- Facúltese al Poder Ejecutivo a exonerar el pago del derecho de importación y de las tasas por servicios portuarios, a las asociaciones que tengan por objeto la satisfacción de necesidades de las personas con discapacidad y que importen medicamentos y demás bienes que no se produzcan en el país y que sean de uso indispensable para el tratamiento y/o proceso de rehabilitación y/o capacitación de dichas personas, con destino a su posterior distribución entre sus asociados, sin fines de lucro.

Artículo 48.- Establécese un sistema de reintegro de la totalidad de los gravámenes aduaneros que se paguen por la importación de las siguientes ayudas técnicas:

1) Prótesis auditivas, visuales y físicas.

2) Ortesis.

3) Equipos, medicamentos y elementos necesarios para la terapia y rehabilitación de personas con discapacidad.

4) Equipos, maquinarias y útiles de trabajo especialmente diseñados o adaptados para ser usados por personas con discapacidad.

5) Elementos de movilidad, cuidado e higiene personal necesarios para facilitar la autonomía y la seguridad de las personas con discapacidad.

6) Elementos especiales para facilitar la comunicación, la información y la señalización para personas con discapacidad.

7) Equipos y material pedagógico especiales para educación, capacitación y recreación de las personas con discapacidad.

Se consideran ayudas técnicas todos aquellos elementos necesarios para el tratamiento de la deficiencia o discapacidad, con el objeto de lograr su recuperación o rehabilitación, o para impedir su progresión o derivación en otra discapacidad. Asimismo, se consideran ayudas técnicas las que permiten compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o cognitivas de la persona con discapacidad, con el propósito de permitirle salvar las barreras de comunicación y movilidad y de posibilitar su plena integración en condiciones de normalidad.

Artículo 49.- La discapacidad que padezcan las personas que soliciten las exenciones tributarias previstas en los artículos anteriores, deberá ser acreditada mediante certificado médico expedido por profesionales de las instituciones hospitalarias de todo el país, sin cuyo cumplimiento no se autorizará su importación.

Artículo 50.- A los efectos de ser beneficiarios de los beneficios establecidos en este Capítulo, tanto las personas físicas con discapacidad, destinatarias de las ayudas técnicas, cuanto las personas jurídicas a que se refieren los artículos anteriores deberán estar inscriptas en el Registro Nacional de la Discapacidad.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 51.- Sustitúyese el inciso 2º, del numeral 9) del artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado 1996 por el siguiente:

"El Poder Ejecutivo podrá incrementar esta tasa hasta un máximo del setenta y dos por ciento (72%) a efectos de financiar las erogaciones derivadas de la creación del Premio Nacional a la integración y el Programa de Asistentes Personales para Discapacitados Severos, previstos en los Capítulos II y III de la presente ley. Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar tasas diferenciales para los tabacos elaborados para el consumo en los departamentos de frontera terrestre."

Artículo 52.- Comuníquese, publíquese, etc..-

Montevideo, agosto 16 de 2005.

Ing. Ruperto E. Long. Senador."

5) INASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias en caso de que estas existieran.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del día de ayer no se registraron inasistencias, y a la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del mismo día faltó con aviso el señor Senador Ríos.

6) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Nicolini solicita licencia por los días 23 y 24 de agosto".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 17 de agosto de 2005.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a usted tenga a bien gestionar licencia sin goce de sueldo los días martes 23 y miércoles 24 de agosto de 2005.

Sin otro particular, le saluda atentamente:

Leonardo Nicolini. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

7) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Alberto Perdomo comunica que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto".

- Por lo tanto corresponde convocar al señor Jorge Gandini, quien oportunamente ingresará a Sala y se le tomará el juramente de estilo.

8) JULIO SUAREZ "PELODURO". HOMENAJE A SU MEMORIA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Lorier.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: un 15 de agosto de 1965 fallecía, en Montevideo, a los 56 años, Julio Suárez, "Peloduro", dibujante, historietista, ilustrador y caricaturista singular, alguien que puede ubicarse con facilidad entre los principales caricaturistas del mundo.

"Peloduro" había nacido el 26 de setiembre de 1909 en el departamento de Salto; su infancia y primera juventud transcurren allí. En Salto cursó Primaria y Secundaria en el Instituto Politécnico Llerena.

Más tarde, en 1927, como tantos y tantos hombres del interior, se trasladó a Montevideo para estudiar Arquitectura, carrera que abandonó muy pronto.

Dibujante, caricaturista, periodista, libretista y columnista, Julio Suárez trabajó en "El Nacional", "El País", "El Diario", "Época", "El Popular" y, hasta su muerte en 1965, en el Semanario Marcha.

Así como dibujaba, escribía. Hizo los textos de "Peloduro" para las radios, y en los micrófonos de El Espectador se oían las "Charlas con Juan Julio" y "Marieta Caramba", esta última interpretada por la actriz Jebele Sand. Es el autor del "Diccionario del disparate" y de los "Comentarios internacionales de El Pulga".

Sin duda que supo describir muy acertadamente y en pocas palabras el porqué de las alegrías y tristezas, de la idiosincrasia y de la forma de vivir de su pueblo, de la gente de los barrios, de los que trabajan en fábricas, de los peones de la construcción y de los diarieros, a los cuales representó en tan conocidos personajes como la Porota, la Choronga, Peloduro y el Pulga, junto al resto de los protagonistas que lo acompañaban.

La gente del pueblo y la calle eran su inspiración. Por eso logró dejarnos reflejada de un modo tan particular la vida del montevideano de su época.

Sigamos recordando: el 28 de julio de 1943 nace la revista Peloduro. Insignes escritores uruguayos como Serafín García, Carlos Martínez Moreno y Julio César Puppo -El Hachero- colaboraron en ella en los primeros años, sumándose después Mauricio Rosencof y Mario Benedetti, entre otros.

En 1941 recibió el premio de la Comisión Municipal de Cultura por sus cincuenta mil historietas, y un segundo premio por su afiche de Carnaval. En 1956, la Junta Departamental de Montevideo editó un libro de 220 páginas en su homenaje, con varios de sus trabajos más representativos. También incluyó su nombre en el nomenclator de la ciudad de Montevideo.

Entre tanto, había cofundado -como parte de su militancia social- la AIAPE -Asociación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores.

Desde 1996, el Museo del Humor y la Historieta lleva su nombre, así como el Correo, en acuerdo con el Museo Peloduro, ha emitido sellos postales en la serie "Comics Uruguayos" con sus dibujos.

Más cerca en el tiempo, en agosto de 2000, la Fundación "Lolita Ruibal" crea la medalla "Peloduro" para luego, en 2002, en el décimo aniversario del Museo del Humor y la Historieta, convocar a la Primera Edición del Premio Internacional de Humor Gráfico Peloduro.

"Peloduro", un ser singular, no era para nada afecto a los homenajes; decía que prefería que lo recordaran con alegría, con un asado, unas cañas o unas grappas. Así, entonces, respetando su sensibilidad, lo hemos querido recordar en estas breves palabras.

Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a sus familiares, a la Fundación "Lolita Ruibal"y al Museo del Humor y la Historieta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Lorier.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) PROBLEMATICA DE LA ENFERMEDAD CELIACA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Hoy nos queremos referir, distrayendo la atención del Senado, a la enfermedad celíaca, que afecta a las personas que tienen una predisposición genética que les produce una intolerancia permanente al gluten, es decir, a aquella fracción proteica que se encuentra en los cereales tales como el trigo, avena, cebada y centeno. La ingestión de gluten les provoca a las personas afectadas por esta enfermedad, una lesión del intestino delgado, afectando la capacidad de las mismas para absorber los nutrientes de los alimentos. Esta condición es permanente, para toda la vida, por lo que es necesario para los afectados por dicha enfermedad seguir una estricta dieta sin gluten. Algunos de los síntomas de la enfermedad son la pérdida de peso, el retraso en el crecimiento, alteraciones del carácter, distensión abdominal, pérdida de apetito, y existen otras manifestaciones que pueden estar vinculadas a la enfermedad, tales como la esterilidad, abortos recurrentes y osteoporosis. En nuestro país, el 70% de los enfermos son mujeres y el 30% son hombres.

Hace unos años, por el Decreto 76/994, de 23 de febrero de 1994, se legisló sobre la enfermedad celíaca, declarándose de interés nacional el estudio y la investigación relacionados con ella.

La citada norma legal dispuso que los fabricantes expendedores de alimentos, así como aquellos que los fraccionan, envasan y distribuyen, puedan, si así lo desean, solicitar al Ministerio de Salud Pública que verifique si el alimento que comercializan contiene o no gluten. Una vez cumplida la verificación por la autoridad sanitaria nacional, se autoriza a los particulares que hayan recurrido a la misma, a utilizar en los envases, recipientes, envoltorios y etiquetas de esos productos el símbolo internacional del celíaco, pudiendo anunciar en la publicidad comercial la carencia del gluten y el carácter de inocuo para el enfermo celíaco.

Quiero destacar que la problemática de los enfermos celíacos y el etiquetado de los alimentos, no sólo es de importancia para aquellas personas que padecen esta enfermedad, sino que integra los denominados derechos del consumidor.

Uno de los principales derechos del consumidor, señor Presidente, es el derecho a la información, es decir, a saber o conocer qué es lo que se está adquiriendo y consumiendo. La discusión sobre el etiquetado de los alimentos y su relación con el derecho del consumidor a la información del producto que consume, constituye parte de la agenda de debate y de interés de los bloques comerciales y de los organismos internacionales, tratando de promover y encontrar reglas uniformes en la producción y consumo de alimentos.

En consecuencia, vemos cómo la FAO, es decir, el Organismo de las Naciones Unidas que se dedica al estudio y al análisis de la problemática relacionada con la agricultura y los alimentos en el mundo, ha legislado con relación a la seguridad en los alimentos. También lo vemos en el ámbito de la Unión Europea, donde quizás el punto más álgido de dicha temática ha sido la confrontación con los Estados Unidos a nivel del comercio internacional por el etiquetado de alimentos con transformaciones genéticas y el derecho del consumidor a conocer y por ende a utilizar su criterio personal a la hora de decidir cuál alimento adquirir.

El MERCOSUR tampoco ha sido ajeno a esta problemática, y se ha procedido a dictar diversas Resoluciones que han ido actualizando y tratando de armonizar la problemática del etiquetado de los alimentos envasados y, en especial, de la información que dicho etiquetado debería contener. Sin embargo, y como parte de esa discusión que nos debemos sobre el ritmo de la integración en el MERCOSUR, el único de los países que ha incorporado el Reglamento Técnico MERCOSUR para rotulación de alimentos envasados a su ordenamiento jurídico interno, ha sido la República Argentina.

El Reglamento citado, entre otras disposiciones, establece que la rotulación de alimentos envasados deberá presentar obligatoriamente, entre otra información, la relacionada con la denominación de venta del alimento, la lista de ingredientes, los contenidos netos y la identificación del origen.

Si uno desea analizar comparativamente la legislación existente en la materia, aprecia que por ejemplo en los Estados Unidos, a la Agencia del Gobierno que regula la materia, que es la FDA (Food and Drugs Administration) y, en algunos casos, al USDA (United States Department of Agriculture) les interesa garantizar que las etiquetas de los alimentos contengan información fidedigna, que no manipule la opinión pública.

Es interesante apreciar que el Congreso de los Estados Unidos, en el año 2000, presentó un proyecto de ley por el que los alimentos modificados genéticamente se deberían someter durante dos años a pruebas de seguridad en la FDA.

En la Unión Europea, por su parte, existen directivas por las cuales se indican los requisitos específicos en materia de etiquetados y la información que se debe proveer al consumidor. Entre ellas está la composición de los alimentos y, por supuesto, la presencia de modificaciones genéticas en el producto.

Por otra parte, según me agrega el señor Senador Long, debemos manifestar que también en el LATU investigaron el tema durante mucho tiempo y desarrollaron algunos productos a base de arroz sustitutivos de los habituales. Empresas como COOPAR producen y exportan estos productos.

Finalmente, y retomando la problemática que motivó nuestra exposición, entendemos que no sólo los enfermos celíacos se beneficiarían de conocer la composición de los alimentos que consumen, sino que contemplaría el derecho que tenemos todos los habitantes de la República a la salud. Es así que consideramos fundamental y trascendente que se mantenga y se continúe con la línea de investigación para promover este tipo de acciones que permitan conocer a los consumidores uruguayos qué tipo de alimentos están consumiendo.

Por lo expuesto, señor Presidente, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida a los Ministerios de Salud Pública, Ganadería, Agricultura y Pesca e Industria, Energía y Minería, a la Asociación de Celíacos del Uruguay y al LATU.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa desea destacar la presencia de alumnos y cuerpo docente de 6º año de la Escuela Nº 249 de Malvín Alto, de Montevideo. Muchas gracias por estar acá.

10) SEGURO NACIONAL DE SALUD

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: queremos plantear un conjunto de consideraciones y propuestas con respecto a un tema que incumbe a todos los uruguayos, como es la salud pública y el proyecto de ley denominado "Seguro Nacional de Salud", cuyo tratamiento, según se anuncia, se haría por vía del Presupuesto o de una ley separada, aunque en realidad todavía no tenemos exacto conocimiento de cuál va a ser el procedimiento de análisis de este tema.

Hay varios espacios de la vida nacional que, por su trascendencia, profundidad y universalidad, son considerados de Estado, es decir, atinentes a la sociedad toda y creo -al igual que lo deben considerar todos- que la salud lo es. Los uruguayos, desde hace más de cien años, hemos ido construyendo un entramado que permitió alcanzar niveles de salud de los cuales supimos, en su momento, tener orgullo. Hoy, sin duda alguna, el sistema requiere un profundo estudio y una reformulación, preservando seguramente aquello que resultó ejemplo para el mundo y modificando lo que, por distintas circunstancias, debe ser revisado.

Se anuncia por parte de diversas jerarquías del Ministerio de Salud Pública la instalación de un denominado "Seguro Nacional de Salud", y se señala un conjunto de disposiciones, medidas, normas, asignación de roles, modificación de funciones, reasignación de fondos, en fin, una trascendente batería de normas de distinta índole de las cuales no va a escapar ningún habitante del país, de acuerdo con el objetivo que se ha trazado. Ningún prestador de servicios directa o indirectamente vinculado a la salud, ninguna empresa estatal, privada o semiprivada del rubro va a estar ajena a esta situación. Incluso, se señala que esta entidad terminaría manejando una suma del orden de los U$S 1.000:000.000 anuales. Obsérvese que estamos hablando de una mega entidad reguladora que va a ser árbitro del funcionamiento de todo el sistema, va a manejar una cifra de esta magnitud que no recoge antecedentes y va a requerir niveles de capacitación, de experiencia y de conocimientos técnicos, científicos, empresariales y financieros que exceden, a nuestro juicio, en mucho, lo que puedan ser las competencias inherentes del Ministerio de Salud Pública e ingresan en ámbitos reservados a la propia economía del país. Además, debe tenerse en cuenta que se proyecta la modificación de la propia estructura impositiva del país para apoyar un sistema que supone un relevamiento de información individualizada, al extremo de que se controlará uruguayo por uruguayo y hogar por hogar, con un soporte informático nacional de una altísima precisión, transformando el rol de policía sanitaria tradicional del Ministerio de Salud Pública, en uno de policía sanitaria fiscal, de controlador -incluso a través de declaraciones de ciudadanos en general-, mediante empresas de salud en particular.

Sinceramente, creo que estamos ante un tema de la vida de los uruguayos de enorme trascendencia y complejidad. No sería serio de nuestra parte mantenernos, desde el inicio, al margen de la discusión de este tema, sin entrar a considerar si se trata o no de una materia presupuestal o si se requeriría una ley específica. Se trata de una problemática demasiado importante y trascendente para dejarla librada a ser considerada lateralmente, teniendo en cuenta la repercusión que posee y que nos incumbe a todos los uruguayos.

A nuestro juicio, el Parlamento debe tener una actitud que permita el abordaje y el aporte para otorgar la máxima prioridad a una profunda discusión que involucre a todos los actores de la vida nacional., no solamente a los que pueda hacer referencia el propio Ministerio de Salud Pública, sino también a todos los sectores privados y a los soportes de la salud pública y privada que permita lograr nada más y nada menos, que un consenso amplio para impulsar las reformas que se proyectan.

Además, se está generando una enorme inquietud en la sociedad sobre este tema: en actores privados, en prestadores de la salud y en funcionarios públicos y privados de esta área. Algunas empresas del país tienen una percepción de inquietud y una enorme preocupación por este tema. Por ello, nos vamos a permitir proponer al Poder Ejecutivo la posibilidad de crear una comisión multipartita, a los efectos de analizar, estudiar y discutir, la reforma del sistema nacional de salud. Dicha comisión podría estar integrada por representantes, entre otros, de los Ministerios de Salud Pública y de Economía y Finanzas y de las Comisiones de Salud de ambas Cámaras. También podría estar compuesta -lo digo a título de sugerencia- por tres delegados del sector privado, tres representantes por los trabajadores y profesionales del área, por la Universidad de la República y todo otro sector que pueda involucrar al mayor ámbito posible de compatriotas, a fin de buscar los más amplios consensos posibles en torno a un tema que involucra a todos los habitantes de este país.

Tenemos conocimiento de que hay algunas comisiones en el ámbito de salud pública, pero también es nuestra obligación expresar que hemos sugerido la creación de este órgano como un aporte puesto que, en definitiva, pretendemos hacer eso. Hay mucha inquietud en sectores que aparentemente no se sienten consultados en este tema o que piensan que la consulta estaría llegando después de que la columna vertebral del sistema y el proyecto de reforma estén en una órbita que no permitiría su discusión. Pensamos que este asunto debe abrirse a la más amplia discusión de nuestra sociedad, a fin de que el sistema involucre a todos y se generen las reformas que se proyectan realizar.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al señor Presidente de la República, a la señora Ministra de Salud Pública, al señor Ministro de Economía y Finanzas, a la Federación Uruguaya de la Salud, a la Federación de Funcionarios de Salud Pública, al Sindicato Médico del Uruguay, a FEMI, a la Unión de la Mutualidad del Uruguay, al Plenario de Instituciones Mutuales del Uruguay, a Médica Uruguaya, a CASMU, a COSEM, a la Cámara de Medicina Prepaga de Cobertura Integral, a la Cámara de Emergencias Móviles, a la Mesa de Anestésicos Quirúrgicos, a la Federación de Cooperativas Médicas del Interior y al señor Rector de la Universidad de la República.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Larrañaga.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

11) SITUACION DEL HOGAR DE VARONES Nº 5 DE MERCEDES

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: en primer lugar, queremos plantear la difícil situación por la que atraviesa el Hogar de Varones Nº 5 de la ciudad de Mercedes.

Actualmente, la capacidad del Hogar es de 16 lugares, que ya están cubiertos. Además, hay tres jóvenes en sus propios domicilios. Este Hogar cuenta con 6 funcionarios para atender a los jóvenes, cantidad insuficiente para cubrir las veinticuatro horas, en turnos de seis horas cada uno. De esta manera, los funcionarios no pueden tener días libres para su descanso.

Hasta que cerró el Hogar Asencio, departamento de Soriano -en las cercanías de Mercedes-, en el Hogar Nº 5 se atendía a chicos cuyas edades no superaban los 16 años. Pero después del cierre del Hogar Asencio, el Hogar Nº 5 también debió recibir a jóvenes de hasta 18 años.

Actualmente, los allí internados realizan solamente tareas de huerta y deportes, careciéndose de docentes para ayudar a los estudiantes en sus tareas domiciliarias y en otras actividades culturales. Tampoco se cuenta con odontólogo para atender la clínica que fuera inaugurada hace poco tiempo.

Concretamente, estamos reclamando al INAU la reapertura del Hogar Asencio para descongestionar el Hogar de Varones Nº 5 de Mercedes y, a su vez, mejorar el servicio de atención a los adolescentes. Asimismo, sería deseable contar con más personal y docentes, todo lo cual redundará en beneficio de la comunidad.

Solicito que la versión taquigráfica de este planteo relacionado con el Hogar de Varones Nº 5 de Mercedes, sea enviada al Directorio del INAU, a las señoras Ministras de Desarrollo Social y de Salud Pública, al INAU de Soriano y a la Intendencia, Junta Departamental y Jefatura de Policía del departamento de Soriano.

12) DECLARATORIA DE NUESTRA INDEPENDENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa en el uso de la palabra el señor Senador Lapaz para ocuparse de otro tema.

SEÑOR LAPAZ.- Recordemos que estamos en agosto, que es el mes de la Patria, proclamada en la inolvidable Declaración de Independencia de la Florida, con la gallardía de los propósitos magnos enunciados como pacto colectivo en la augusta humildad del rancho de totora que escuchó en su juramento sagrado a la Sala de Representantes de aquel 25 del año 1825.

El lustro que va hasta el 18 de julio de 1830 fue rico en acontecimientos y tuvo su corolario en el nacimiento de un pequeño país platense denominado Estado Oriental del Uruguay. Vivirá su más próximo devenir dentro de alarmantes factores de perturbación nacionales e internacionales que probarían su capacidad para consolidarse como tal o desaparecer, acosado por los mismos vecinos con los cuales había compartido desde 1810 episodios de definición bélica. Todo junto dificultaba la plena madurez de una identidad estatal. Claro que sí. La ecuación era ser o no ser: la Patria o la Tumba, intuyó Francisco Acuña de Figueroa con visión futurista.

Y en estos 180 años -otros dirán ahora 175 tomando como hito de nuestra era el año de 1830 como surgimiento formal del país a partir de la Jura de la Constitución- la gran hazaña de las sucesivas generaciones orientales fue superar las dificultades, a veces en el grado de heroísmo, e ir reafirmando paulatinamente un sentimiento de nación que nos dio personalidad propia en el paisaje geopolítico de la región y del mundo.

Y consolidamos una Patria mediante: un idioma común llevado a glorias expresivas por excelsos escritores y poetisas, la adhesión estética y emocional a un paisaje de costas y penillanuras, sancionamos leyes, reafirmamos el cariño y el respeto a símbolos visuales y musicales que nuestros niños saludaron y cantaron con devoción en aulas públicas y privadas, veneramos a héroes civiles y militares, generamos riqueza en el campo y en las ciudades, nuestros atletas fueron dueños de podios olímpicos y mundiales, fundamos partidos políticos en los que reside el ejercicio representativo de la soberanía, cultivamos tradiciones y ambicionamos fecundos porvenires, soportamos y salimos de cien crisis, siempre tan afines a la aventura de vivir.

Todo eso se llama Patria, hecha en el culto de los muertos y en las esperanzas de los vivos. No existe, pues, una herencia maldita en estos 175... 180 años. Existe un legado bendito que nos seguirá impulsando a tener "dignidad arriba y regocijo abajo".

Este país es una bendición y no debemos hacer caudal ocasional y efímero de lo maldito por contingencias que, como tales, son probanzas a la capacidad de resistirlas, fortalecer los mañanas y comprobar si somos caudal de destinos superiores.

No nos regocijemos de lo pasajero para justificar en nuestros días ciertos temores ocultos sobre la fortaleza interior de nuestras responsabilidades, promoviendo divisiones entre fraternidades gestadas en los tiempos dentro de estas latitudes.

¡Somos hermanos! ¡Si lo seremos! Una película circula hoy por el mundo, insultando a nuestra Patria, a nuestro Presidente, a nuestra conformación democrática, desfigurando nuestro rostro urbano y rural, nuestro idioma. Y la inteligencia emocional por natural reacción del espíritu se sacudió, se indignó, y voceros múltiples clamamos con razón por la reparación de una verdad desfigurada y ofendida frente a la fílmica mentira tajante.

En 175 años, orgullosamente, creamos un país honorable que goza por su dignidad de créditos universales, dicho sea el término -si se quiere- en forma de significado financiero o intangible. No hemos sido embrollones con nuestras deudas; hemos dado en nuestro Uruguay ejemplos individuales y colectivos de talento reconocido.

No renunciemos con pequeñez intelectual a nuestros 175 años como que de una maldición se tratase, si al instante cualquier hecho nos demuestra que todos lo llevamos en esa síntesis de nuestro universo nacional como una gran y profunda condecoración. Seamos siempre nosotros en nuestros lenguajes y discursos, tanto al interior como al exterior de nuestras fronteras. Nada nace de la nada. Lo enseñó Pasteur en el campo de la biología. Pero la premisa es compatible y extensible en el de la sociología.

Estos 175 años forjaron un país decente y honorable. No lo desmerezcamos ni los de aquí ni los de allá... que, ¡con Libertad, no ofendemos ni tememos!

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Educación y Cultura y Defensa Nacional, a la Universidad de la República, al CODICEN, a las Intendencias Municipales y a las Juntas Departamentales y Autónomas de todo el país.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa desea señalar que tanto el señor Senador Lapaz, como quienes lo precedieron en el uso de la palabra, tuvieron que hacer ingentes esfuerzos para hacerse oír, en virtud del murmullo permanente que hay en Sala. En consecuencia, se ruega a las señoras Senadoras y señores Senadores que ocupen sus bancas y, en lo posible, se mantengan en silencio.

13) FORO DE SAN PABLO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: hace poco más de un mes, en los primeros días del mes de julio, participamos en la ciudad de San Pablo, Brasil, de un acto en el cual se conmemoraban los 15 años de fundación del Foro de San Pablo. En esa instancia, tuvimos oportunidad de compartir el acto inaugural con el señor Presidente de Brasil, el compañero y amigo, Luis Ignacio "Lula" Da Silva, quien también fue fundador de dicho Foro cuando convocó a las fuerzas políticas de izquierda a comienzo de los años 90, precisamente, en San Pablo -de ahí, la denominación "Foro de San Pablo"-, para examinar el nuevo cuadro político que emergía de dos circunstancias notorias que América Latina estaba transitando, particularmente a nivel de la izquierda. Una de ellas tenía que ver con la crisis del socialismo real y la nueva situación que se planteaba para América Latina y para las fuerzas políticas de izquierda, a partir de que un referente importante de la izquierda, a nivel internacional y también en nuestro país, había entrado en la crisis que todos conocemos. Además también se analizaban cuáles eran las perspectivas que se planteaban para el futuro de la lucha política en nuestro continente.

Otro gran tema refería a la emergencia del neoliberalismo y la necesidad de conjuntar fuerzas y uniformizar diagnósticos de modo de reunir energías e ideas para plantear una alternativa a dicho neoliberalismo.

En ese acto al que refería y en el cual estuvimos con el compañero, Presidente de Brasil, Luis Ignacio "Lula" Da Silva, tuvimos oportunidad de decirle: "Compañero y amigo ‘Lula’: lo conocemos desde hace muchos años; conocemos su testimonio de lucha; conocemos su compromiso irrenunciable en la lucha popular; conocemos su compromiso irrenunciable en la lucha contra la corrupción...". La crisis por supuesto, se agravó en este mes y medio que ha transcurrido, pero ya estaba planteada en la situación política de Brasil, y creemos que el compromiso de lucha contra la corrupción y su compromiso popular, son un capital político suficiente para campear el vendaval que ya se avizoraba y que sin duda arreció en lo que va de los primeros días del mes de julio al presente.

En algún otro momento pensamos en hacer uso de la palabra, pero leyendo las noticias del diario de hoy, nos sentimos realmente convocados a realizar esta reflexión. Concretamente, nos ha llegado información sobre dos hechos ocurridos en Brasil y que son importantes y trascendentes, por lo que bien vale la pena señalarlos en esta ocasión, aquí en el Senado de la República. El primero de ellos refiere a que la derecha de ese país ha resuelto no impulsar el "impeachment" político al Presidente de la República. Pienso que la correlación de fuerzas que se estaba planteando en el Parlamento brasileño podía haber generado y haber hecho viable un "impeachment" al Presidente de la República con acusaciones de esta naturaleza, pero se resolvió desistir de esta iniciativa. De todas maneras, la intencionalidad con que lo hace nos genera muchas dudas. No dejamos de reconocer que es un hecho positivo; moderadamente positivo y lo nombramos como positivo sin entusiasmo porque, al mismo tiempo, le han hecho saber que esta medida tendría mayor refuerzo y respaldo si el Presidente "Lula" desistiera de postularse a la reelección. Como todos sabemos, de acuerdo al ordenamiento constitucional brasileño, ello es posible y la elección se realizará el próximo año. Sin duda, se trata de una medida ambivalente que no me genera entusiasmo pero, de todas formas, pensando por encima de las circunstancias políticas, creo que es bueno que Brasil, con una democracia que se ha ido afianzando no sin dificultades y frecuentemente con noticias fuertes de corrupción -recordemos que hace unos años sí hubo un "impeachment" que terminó con la Presidencia de la República de Fernando Collor de Mello- y que ha sido atravesada por crisis de distinta naturaleza, no intente transitar de nuevo ese camino que generaría una inestabilidad importante en el panorama político brasileño, máxime teniendo en cuenta el papel que juega y que está llamado a jugar en nuestro continente.

Pero el hecho realmente importante, que sí nos entusiasma, es la concentración -según las agencias internacionales se habla de más de 10.000 personas- que se realizó en el día de ayer en Brasilia, en una reunión en apoyo al Presidente "Lula", a la institucionalidad brasileña y a la lucha contra la corrupción. Tampoco debemos olvidar -porque debemos incluir todos los elementos- la situación de crítica a la política económica que está llevando adelante el Presidente "Lula". Se trató de una convocatoria impulsada por la Coordinadora de Movimientos Sociales, que sabemos que tiene gran poder de convocatoria en Brasil y de la que también forma parte la Central Única de Trabajadores. Precisamente, no es una central única, porque hay otras pero, sin duda, es la más poderosa y tiene un gran poder de convocatoria a nivel de los movimientos de trabajadores en Brasil. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra -MST-, también conocido por su movilización realizada en pro de la reforma agraria y el otorgamiento de tierra a los campesinos, también se congregó en este acto al que hice referencia. Realmente, esto demuestra la presencia de los movimientos sociales, que en Brasil han sido una reserva ética y moral de larga data. Recordemos la lucha de los movimientos sociales cuando no había Parlamento y los Partidos Políticos estaban limitados para expresarse, y lo que fue el pedido de las directas para la apertura democrática en lugar de la apertura muy restringida que estaba planteándose en los últimos años de la dictadura brasileña.

En el Manifiesto se señala que ""Lula" es un símbolo y la relación que ha establecido durante décadas con los movimientos sociales no permite poner en duda su honestidad ni su historia". Esto fue expresado por Joao Felício, Presidente de la CUT.

"No somos oficialistas,…" "Nosotros no buscamos la radicalización, pero no permitiremos que esta crisis sea negociada por los congresistas corruptos," que intentan desestabilizar el sistema. No hay elementos jurídicos ni políticos para impulsar el "impeachment" contra "Lula", dice el dirigente de los estudiantes Vinicius Rassende. Cuando tantas veces se habla de la falta de movilización y de convocatoria de la juventud, de Unión Nacional de Estudiantes, que fue otra de las organizaciones convocantes a este acto realizado en Brasilia en el día de ayer, también señala que "con la marcha de hoy hicimos detonar la movilización popular, vamos a demostrar que el gobierno no está aislado como dicen la derecha y los medios, que quieren la desestabilización para imponer su política económica neoliberal".

Todos estos hechos, señor Presidente, en un país al que tantos lazos nos vinculan, con el que tenemos tantos encuentros por una larga y extensa frontera con el Brasil, fundamentalmente con el Estado de Rio Grande do Sul, nos deben llegar y congratular. Creemos que esta decisión irrestricta de luchar contra la corrupción debe ser un ejemplo, un testimonio y un antecedente del cual todos debemos extraer todas las conclusiones para que esta plaga, que no sólo en Brasil está instalada, no se extienda a nuestro país.

Para finalizar, señor Presidente, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Embajada del Brasil.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa invita al señor Gandini, suplente del señor Senador Da Rosa a pasar a Sala para tomar el juramento de estilo.

Se invita al Senado y a la Barra a ponerse de pie.

Señor Jorge Gandini: "¿Jura usted desempeñar debidamente el cargo de Senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?"

SEÑOR GANDINI.- Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE.- "¿Jura usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?"

SEÑOR GANDINI.- Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda usted investido del cargo de Senador.

(Aplausos en la Sala y en la Barra)

15) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una moción llegada en este momento a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 17 de agosto de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente.-

De nuestra mayor consideración:

Los miembros de este Cuerpo abajo firmantes, solicitamos a Ud. sea convocado el mismo extraordinariamente el próximo 6 de setiembre de 2005 a la hora 15, para realizar una sesión de ‘Homenaje a la Señora Cecilia Fontana de Heber’, al cumplirse veintisiete años del atentado homicida que causara su muerte.

Firman los señores Senadores: Long, Larrañaga, Abreu, Gallinal, Lapaz Correa, Penadés, Moreira, Romero, Michelini, Dalmás, Núñez, Rubio, Topolansky, Alfie, Ríos, Saravia, Percovich, Vaillant, Couriel, Korzeniak, Nicolini, Baráibar, Sanguinetti, Antognazza, Amaro y Lorier".

SEÑOR PRESIDENTE.- Siguiendo el temperamento de las últimas sesiones, el asunto no se somete a votación, pues alcanza con la firma de varios señores Senadores.

16) CONMEMORACION DEL DIA DE LA INDEPENDECIA DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Solicito que se reparta la Carpeta Nº 393 proveniente de la Cámara de Representantes, por la que se autoriza a salir del país, el próximo 7 de setiembre, a diversos contingentes de las Fuerzas Armadas que van a Brasil desde Rivera y Artigas a participar en la conmemoración del Día de la Independencia de los brasileños. Asimismo, solicito que el tema sea tratado en forma urgente y se considere en la presente sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de urgencia formulada por el señor Senador Fernández Huidobro y el reparto de la carpeta correspondiente.

(Se vota:)

- 25 en 27. Afirmativa.

17) MODIFICACION, REFORMA Y ENMIENDA DE LA CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del primer punto del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueban la modificación, reforma y enmiendas de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Carp. Nº 180/05 - Rep. Nº 101/05".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 180/05

Rep. Nº 101/05

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Salud Pública

Montevideo, 9 de mayo de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueban la modificación, reforma y enmiendas de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que a continuación se detallan:

i) modificación de los Artículos 24 y 25, adoptada por la 51ª Asamblea Mundial de la Salud, mediante la resolución WHA51.23 de 16 de mayo de 1998, por la que se aumenta de 32 a 34 el número de miembros del Consejo Ejecutivo, de forma que pueda elevarse a ocho y a cinco, respectivamente, el número de Miembros de la Región de Europa y de la Región del Pacífico Occidental facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo;

ii) reforma del Artículo 74, adoptada por la 31ª Asamblea Mundial de la Salud, mediante la resolución WHA31.18 de 18 de mayo de 1978, en la que se adopta un texto árabe que constituirá el texto árabe auténtico de la Constitución de la OMS;

iii) enmiendas del Artículo 7, adoptada por la 18ª Asamblea Mundial de la Salud, mediante la resolución WHA18.48 de 20 de mayo de 1965, relativa a las sanciones contra un Estado Miembro que deja de cumplir con las obligaciones financieras para con la Organización o cuando hace caso omiso de los principios humanitarios y de los objetivos enunciados en la Constitución, practicando deliberadamente una política de discriminación racial.

Para la entrada en vigor de aquéllas, es necesario que sean aceptadas por dos terceras partes de los Miembros de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales y que se deposite un instrumento formal de aceptación con ese fin, en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Por cuanto actualmente 192 Estados forman parte de la Organización, son necesarias 128 aceptaciones.

Al expresar su interés en la aprobación de las mencionadas modificación, reforma y enmiendas de la Constitución de la OMS, el Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República. Reinaldo Gargano, María Julia Muñoz, Belela Herrera.

Montevideo, 9 de mayo de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébanse la modificación de los Artículos 24 y 25, la reforma del Artículo 74 y la enmienda del Artículo 7 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptadas mediante las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud WHA51.23 de 16 de mayo de 1998; WHA31.18 de 18 de mayo de 1978 y WHA18.48 de 20 de mayo de 1965.

Reinaldo Gargano, María Julia Muñoz, Belela Herrera.

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha sometido para su aprobación un Proyecto de Ley conteniendo la modificación de los artículos 24 y 25, la reforma del artículo 74 y la enmienda del artículo 7 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

1. Consideraciones previas

Las modificaciones, reformas o enmiendas puestas a consideración de este Cuerpo han sido aprobadas por tres diferentes resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS.

Este órgano es el órgano decisorio principal de esa Organización. En el marco de sus funciones, la Asamblea se encuentra en condiciones de promover reformas, modifi-caciones o enmiendas al texto constitutivo de la Organización.

El artículo 73 de la Constitución de la OMS establece que dichas reformas se adoptarán con el voto conforme de dos tercios de los integrantes de la Asamblea y con la ratificación posterior de igual número de miembros, motivo por el cual se está solicitando a los Estados miembros que procedan a la incorporación de las mismas a sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, a efectos de su pronta entrada en vigor.

2. Los cambios propuestos

Las tres resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud (WHA), incluidas en el proyecto de ley, no forman parte de una misma negociación internacional pues no fueron adoptadas en una misma Asamblea sino en reuniones de diferentes años. Por lo demás versan sobre temas muy diferentes y no relacionados entre sí. Puede decirse en consecuencia que la aprobación de estas resoluciones constituye una suerte de puesta a punto de compromisos contraídos desde hace tiempo por nuestro país sobre puntos diversos relativos al mejor funcionamiento de la OMS.

- La primera modificación propuesta, contenida en la resolución de 51.23 WHA del 16 de mayo de 1998, se refiere al aumento del número de miembros del Consejo Ejecutivo de 32 a 34 miembros.

El Consejo Ejecutivo de la OMS, integrado actualmente por 32 miembros, es el órgano ejecutivo de la Organización, encargado, entre otros, de dar cumplimiento a las resoluciones de la Asamblea. Está compuesto por personas de reconocida competencia en materia de salud, designados por los gobiernos de los Estados miembros que integran dicho Consejo Ejecutivo.

De acuerdo al artículo 24 de la OMS se deberá tener en cuenta, al integrar el Consejo Ejecutivo, una repartición geográfica equitativa en función de las organizaciones regionales de la OMS establecidas en cumplimiento del artículo 44.

Este artículo prescribe la necesidad de la existencia de organizaciones regionales de la OMS para mejor cumplir sus cometidos. En la actualidad la organización cuenta con seis oficinas regionales, entre las cuales se encuentra, en nuestra región, la Oficina para las Américas / Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Es esta circunstancia de la repartición acorde a las necesidades regionales que ha motivado la necesidad de ampliar la cantidad de miembros del Consejo Ejecutivo, de forma tal de permitir que se eleven a ocho y a cinco respectivamente, los miembros de las regiones de Europa y del Pacífico Occidental, en función de las realidades regionales existentes en las mismas.

- La segunda reforma, adoptada en 1978 por la resolución 31.18WHA, se refiere a la aprobación de un texto auténtico de la Constitución de la OMS en idioma árabe, lo cual exime de mayores comentarios. El artículo 74 que debe reformarse menciona únicamente a los idiomas español, francés, inglés y ruso como idiomas oficiales de la Organización.

- La tercera enmienda, adoptada en el año 1965 por la resolución 18.48 de la WHA, está referida a lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución de la OMS que en su redacción actual establece la pérdida del derecho al voto y a los servicios a los que tenga derecho un Estado miembro, como sanciones para el caso de no cumplimiento de sus obligaciones financieras con la Organización.

En la redacción que se propone, se agrega como causal para imponer estas sanciones los casos en que un Estado Miembro haga caso omiso de los principios humanitarios y de los objetivos enunciados en la Constitución de la OMS, practicando deliberadamente una política de discriminación racial.

Este extremo, que pese a su enunciado general, tenía con seguridad destinatarios muy concretos en la fecha de adopción de la resolución, sigue manteniendo sin embargo en nuestros días todo su significado, de cara a la prevención de una posible repetición de situaciones similares a las que llevaron a su adopción.

En virtud de lo expuesto se considera beneficioso para nuestro país proceder a la aprobación del Proyecto de Ley a consideración de esta Cámara.

Sergio Abreu, Miembro Informante; Carlos Baráibar, Alberto Couriel, Luis A. Heber, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Enrique Rubio, Julio Ma. Sanguinetti.

Téléphone Central/Exchange: (+41 22) 291.21.11

Direc : (+41 22) 791.26.40

Email :

In reply please refer to : LEG

Priére de rappeler la référence :

La Organización Mundial de la Salud saluda a los Estados Miembros y tiene el honor de referirse a tres modificaciones de la Constitución de la Organización que aún no ha entrado en vigor. Como se recuerda en sus Notas de 7 de marzo de 2002 y 5 de mayo de 2003 sobre la misma cuestión, estas modificaciones, enumeradas a partir de la más reciente, son las siguientes: i) modificación de los Artículos 24 y 25, adoptada mediante la resolución WHA51.23 de 16 de mayo de 1998, en la que se aumenta de 32 a 34 el número de miembros del Consejo Ejecutivo; ii) modificación del Artículo 74, adoptada mediante la resolución WHA31.18 de 18 de mayo de 1978, en la que se adopta un texto árabe que constituirá el texto árabe auténtico de la Constitución; y iii) modificación del Artículo 7, adoptada mediante la resolución WHA18.48 de 20 de mayo de 1965, relativa a las sanciones contra los Estados que practiquen la discriminación racial. Se adjunta una copia de cada una de las resoluciones citadas.

Para llevar a efecto esas modificaciones, es necesario que sean aceptadas por dos terceras partes de los Miembros de la Organización de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales y que se deposite un instrumento formal de aceptación con ese fin en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Puesto que actualmente forman parte de la Organización 192 Estados Miembros, se necesitan 128 aceptaciones. Hasta la fecha de elaboración de la presente Nota, se habían depositado 107 aceptaciones en relación con las modificaciones de los Artículos 24 y 25, 81 en relación con el Artículo 74, y 85 en relación con el Artículo 7.

La Organización tiene asimismo el honor de referirse a su carga circular C.L.23.1998, con fecha de 23 de diciembre de 1998, en la que se recordaba la necesidad de adoptar instrumentos formales de aceptación de esas tres modificaciones pendientes. Se adjunta una copia de esa carta circular a título informativo.

Esta Nota se envía a los Estados Miembros que no han depositado instrumentos de aceptación para las tres modificaciones, a fin de informarles de la situación que acaba de exponerse.

La Organización aprovecha esta oportunidad para reiterar a todos los Estados Miembros el testimonio de su más alta consideración.

GINEBRA, 19 de mayo de 2004.

ANEXOS (4)

WHA31.18 Constitución de la OMS: Adopción del texto en árabe y de la reforma del Artículo 74

La 31ª Asamblea Mundial de la Salud.

1. ADOPTA la reforma del Artículo 74 de la Constitución que se acompaña en anexo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos;

2. ADOPTA el texto árabe de la Constitución que se acompaña en anexo1 como texto que constituirá el texto árabe auténtico de la Constitución a partir de la entrada en vigor de la mencionada reforma de la Constitución.

Man. res., Vol. II (2ª ed), 6.1

Décima sesión plenaria, 18 de mayo de 1978

(Comisión B, segundo informe)

REFORMA DEL ARTICULO 74 DE LA CONSTITUCION

TEXTO EN ARABE

 

 

 

TEXTO EN CHINO

 

 

 

 

 

 

1 Dicho texto se reproduce solamente en la edición árabe de OMS, Actas Oficiales, Nº 247, 1978.

 

 

TEXTO EN ESPAÑOL

Artículo 74 - Sustitúyase por:

Artículo 74

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de esta Constitución serán considerados igualmente auténticos.

TEXTO EN FRANCES

Article 74 - Remplacer par le texte suivant:

Article 74

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de cette Constitution sont considérés comme également authentiques

TEXTO EN INGLES

Article 74 - Delete and replace by:

Article 74

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Constitution shall be regarded as equally authentic.

TEXTO EN RUSO

 

 

WHA18.48 Enmiendas del Artículo 7 de la Constitución

La 18ª Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la propuesta de reforma del Artículo 7 de la Constitución presentada por el Gobierno de la Costa de Mafil;1 y

Advirtiendo que se ha dado el debido cumplimiento a las disposiciones del Artículo 73 de la Constitución, donde se exige que las propuestas de reforma de la Constitución se comuniquen a los Estados Miembros por lo menos seis meses antes de que la Asamblea de la Salud las examine;

I

1. APRUEBA las reformas de la Constitución reproducidas en los anexos a la presente resolución, de la que forman parte integrante y cuyo texto en chino, español, francés, inglés y ruso es igualmente auténtico;

2. RESUELVE que el Presidente de la 18ª Asamblea Mundial de la Salud y el Director General de la Organización Mundial de la Salud refrenden con su firma dos ejemplares de la presente resolución, uno de los cuales se transmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas, depositario de la Constitución, y otro se conservará en los archivos de la Organización Mundial de la Salud;

II

Considerando que dichas reformas entrarán en vigor para todos los Estados Miembros cuando hayan sido aceptadas por las dos terceras partes de éstos de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, según dispone el Artículo 73 de la Constitución,

RESUELVE que cada notificación de aceptación se efectúe mediante el depósito de un instrumento formal ante el Secretario General de las Naciones Unidas, de conformidad con el procedimiento establecido en el Artículo 79 (b) de la Constitución para la aceptación de la misma.

Duodécima sesión plenaria, 20 de mayo de 1965

(Comisión de Asuntos Administrativos

Financieros y Jurídicos, sexto informe)

ANEXO A

TEXTO EN CHINO

 

 

 

ANEXO B

TEXTO EN ESPAÑOL

Artículo 7 - Sustitúyese por:

Artículo 7

a) Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones financieras para con la Organización, o en otras circunstancias excepcionales, la Asamblea de la Salud podrá, en las condiciones que juzgue apropiadas, suspender los privilegios de voto y los servicios a que tenga derecho tal Miembro. La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para restablecer tales privilegios de voto y servicios.

 

1 Act. of. Org. mund. Salud 143, anexo 14.

 

b) Si un Estado Miembro hace caso omiso de los principios humanitarios y de los objetivos enunciados en la Constitución practicando deliberadamente una política de discriminación racial, la Asamblea de la Salud podrá suspender o excluir de la Organización a dicho Miembro.

Ello no obstante, la Asamblea de la Salud podrá restablecer al Miembro de que se trate en el ejercicio de sus derechos y privilegios y, a propuesta del Consejo Ejecutivo, readmitirlo en la Organización si del oportuno informe circunstanciado resultara que el citado Miembro había renunciado a la política discriminatoria sancionada con la suspensión o la exclusión.

ANEXO C

TEXTO EN FRANCES

 

 

ANEXO D

TEXTO EN INGLES

 

 

ANEXO E

TEXTO EN RUSO

 

La Organización también tiene el honor de referirse a las cartas circulares L/98.3 y L/98.4, de 27 de abril de 1998, en las cuales se recordaba a los Estados Miembros que las modificaciones de los Artículos 7 y 74 de la Constitución, adoptadas por la Asamblea de la Salud en las resoluciones WHA18.48 y WHA31.28, respectivamente, todavía no había entrado en vigor porque no se había alcanzado el número necesario de aceptaciones. Se adjuntan asimismo a la presente copias de dichas cartas circulares y de sus anexos, que en aquella ocasión se despacharon solamente a los Estados Miembros que todavía no habían aceptado dichas modificaciones.

El Secretario General de las Naciones Unidas, en su calidad de depositario de la Constitución, ha informado a la Secretaría de la Organización que un número considerable de instrumentos de aceptación recibidos por él no satisfacían los requisitos necesarios para su depósito.

La Organización, asesorada en ese sentido por el Secretario General, tiene el honor de recordar a los Estados Miembros los siguientes requisitos que deben satisfacer los instrumentos de aceptación para que su depósito sea aceptable:

Se deben enviar los originales de los instrumentos.

Los instrumentos deben estar firmados por el Jefe del Estado, el Jefe de Gobierno o el Ministro de Asuntos Exteriores. Los que estén firmados por cualquier otra autoridad, inclusive el Ministro de Salud, no se aceptarán. Tampoco se aceptarán los instrumentos rubricados en lugar de firmados.

En los instrumentos se deben indicar el título del signatario y la fecha y el lugar en que se emitieron.

Los instrumentos deben expresar una aceptación sin ambigüedades de las modificaciones de los Artículos pertinentes de la Constitución y hacer referencia a la resolución correspondiente de la Asamblea de la Salud que las adoptó.

La Organización también tiene el honor de recordar a los Estados Miembros que los instrumentos de aceptación se deben transmitir directamente al Secretario General de las Naciones Unidas y que se debe enviar una copia de los mismos a la Secretaría de la Organización.

La Organización ruega a los Estados Miembros que acepten el testimonio de su más alta consideración.

GINEBRA, 23 de diciembre de 1998.

WHA.51.23 Modificación de los Artículos 24 y 25 de la Constitución

La 51ª Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando la conveniencia de aumentar de 32 a 34 el número de miembros del Consejo Ejecutivo, de forma que pueda elevarse a ocho y a cinco, respectivamente, el número de Miembros de la Región de Europa y de la Región del Pacífico Occidental facultados para designar una persona que forme parte de Consejo Ejecutivo,

1. ADOPTA las siguientes modificaciones de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, quedando entendido que los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso serán igualmente auténticos:

Artículo 24 - Sustitúyese por

El Consejo estará integrado por treinta y cuatro personas, designadas por igual número de Miembros. La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, elegirá a los Miembros que tengan derecho a designar una persona para integrar el Consejo, quedando entendido que no podrá elegirse a menos de tres Miembros de cada una de las organizaciones regionales establecidas en cumplimiento del Artículo 44. Cada uno de los Miembros debe nombrar para el Consejo a una persona técnicamente capacitada en el campo de la salud, que podrá ser acompañada por suplentes y asesores.

Artículo 25 - Sustitúyase por

Los Miembros serán elegidos por un período de tres años y podrán ser reelegidos, con la salvedad de que entre los elegidos en la primera reunión que celebre la Asamblea de la Salud después de entrar en vigor esta reforma de la Constitución, que aumenta de treinta y dos a treinta y cuatro el número de puestos del Consejo, la duración del mandato de los Miembros suplementarios se reducirá, si fuese menester, en la medida necesaria para facilitar la elección anual de un Miembro, por lo menos, de cada una de las organizaciones regionales.

2. DECIDE que el Presidente de la 51ª Asamblea Mundial de la Salud y el Director General de la Organización Mundial de la Salud refrenden con su firma dos ejemplares de la presente resolución, de los que uno se trasmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas, depositario de la Constitución, y otro se conservará en los archivos de la Organización Mundial de la Salud;

3. DECIDE que la notificación de la aceptación de estas reformas por los Miembros, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 73 de la Constitución, se efectúe depositando en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento oficial, según lo establecido para la aceptación de la Constitución en el párrafo b del Artículo 79 de la Constitución.

(Décima sesión plenaria, 16 de mayo de 1998.

Comisión B, cuarto informe)

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA Nº 11

En Montevideo, a los once días del mes de agosto de dos mil cinco, a la hora diecisiete y nueve minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores Sergio Abreu, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Enrique Rubio y Julio María Sanguinetti.

Preside el señor Senador Carlos Baráibar, Presidente de la Comisión.

Concurre el señor Director General de Comisiones, Luis A. Paravís.

Actúa en Secretaría el señor Secretario de Comisión Julio Durán, con la colaboración del Oficial, señor Jorge Fernández.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilográfica luce en el Distribuido Nº 336/205, que consta de siete fojas útiles y forma parte integrante de la presente Acta.

Abierto el acto, se pasa a considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ASUNTOS ENTRADOS:

Nota del señor Director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador Octavio Brugnini, comunicando la concurrencia del señor Ministro de Relaciones Exteriores a la reunión de esta Comisión del día 18 de los corrientes.

CARPETA Nº 278/2005.- SEÑOR NELSON YEMIL CHABEN. Solicitud de acuerdo para acreditarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Corea. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 316/2005.

CARPETA Nº 263/2005.- SEÑOR CARLOS BARROS. Solicitud de acuerdo para acreditarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotencario de la República ante el Gobierno de la República Checa. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 302/2005.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

CARPETA Nº 278/2005.- SEÑOR NELSON YEMIL CHABEN. Solicitud de acuerdo para acreditarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Corea. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 316/2005.

CARPETA Nº 263/2005.- SEÑOR CARLOS BARROS. Solicitud de acuerdo para acreditarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Checa. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 302/2005.

CARPETA Nº 180/2005.- MODIFICACION, REFORMA Y ENMIENDAS DE LA CONSTITUCION DE LA ORGA-NIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.). Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 134/2005.

CARPETA Nº 175/2005. ACUERDO SOBRE RESIDENCIA PARA NACIONALES DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y EL ACUERDO SOBRE RESIDENCIA PARA NACIONALES DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE, HECHOS EN LA CIUDAD DE BRASILIA, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL 6 DE DICIEMBRE DE 2002. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 132/2005.

CARPETA Nº 252/2005.- SEÑORA INES UBICI DE BUSSO. Solicitud de acuerdo para acreditarla en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Arabe de Egipto. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 274/2005.

RESOLUCIONES:

CARPETA Nº 278/2005.- SEÑOR NELSON YEMIL CHABEN. Solicitud de acuerdo para acreditarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotencario de la República ante el Gobierno de la República de Corea. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 316/2005.

La Comisión adopta resolución. Se vota 5 en 5: Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Sergio Abreu.

CARPETA Nº 263/2005.- SEÑOR CARLOS BARROS. Solicitud de acuerdo para acreditarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Checa. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 302/2005.

La Comisión adopta resolución. Se vota 5 en 5: Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Julio María Sanguinetti.

CARPETA Nº 180/2005.- MODIFICACION, RFORMA Y ENMIENDAS DE LA CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.). Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 134/2005.

Se vota: 7 en 7: Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Sergio Abreu. 

CARPETA Nº 175/2005. ACUERDO SOBRE RESIDENCIA PARA NACIONALES DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y EL ACUERDO SOBRE RESIDENCIA PARA NACIONALES DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE, HECHOS EN LA CIUDAD DE BRASILIA, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL 6 DE DICIEMBRE DE 2002. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 132/2005. 

Se vota: 6 en 6: Afirmativa. UNANIMIDAD. 

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Luis A. Heber. 

CARPETA Nº 252/2005.- SEÑORA INES UBICI DE BUSSO. Solicitud de acuerdo para acreditarla en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Arabe de Egipto. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 274/2005.

La Comisión adopta resolución. Se vota 7 en 7: Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Carlos Baráibar.

Asisten especialmente invitados la señora Inés Ubici de Busso, acompañada por el Director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador Octavio Brugnini, quien realiza un informe sobre los lineamientos de trabajo que llevará a cabo en su destino.

A la hora dieciocho y diez minutos se levanta la sesión. 

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión. 

Carlos Baráibar Presidente

Julio Durán Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- La Comisión de Asuntos Internacionales, oportunamente, trató las modificaciones y la reforma de las enmiendas a la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. El órgano máximo de dicha organización es la Asamblea, que en varias instancias ha celebrado reuniones y modificado su Carta Magna a fin de ajustar algunos temas a la dinámica de los tiempos. Por un lado, se ha propuesto el aumento del número de sus miembros -dos, concretamente- para ajustarse a la representación geográfica adecuada, que es uno de los fundamentos de las distintas cartas orgánicas de estos organismos. Por otra parte, a través de una resolución de 1978 incorpora al árabe como el idioma oficial y en 1965 establece como uno de los elementos de pérdida de la calidad de los derechos del voto, aquellas políticas deliberadamente discriminatorias en materia racial, lo cual supone la pérdida de la condición de socio y de la prestación de los servicios de esta Organización. Cabe señalar que en este momento cuenta con 192 miembros y se necesita una mayoría de dos tercios, esto es, 128 socios, para modificar la Carta Orgánica. Luego, sucesivamente, los países van ratificando y depositando los documentos de ratificación a efectos de poner en vigencia este tipo de modificaciones.

En consecuencia, la Comisión de Asuntos Internacionales entiende que el país deberá ratificar este documento vinculado con las modificaciones a la Carta constitutiva de la Organización Mundial de la Salud.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "Artículo Unico.- Apruébanse la modificación de los Artículos 24 y 25, la reforma del Artículo 74 y la enmienda del Artículo 7 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptadas mediante las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud WHA51.23 de 16 de mayo de 1998; WHA31.18 de 18 de mayo de 1978 y WHA18.48 de 20 de mayo de 1965".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

18) CONMEMORACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Formulo moción en el sentido de que se trate como urgente el proyecto de ley que se ha repartido, por el cual se autoriza la salida del país de los Regimientos de Caballería Nº 3 y Nº 10, con asiento en Rivera y Artigas, respectivamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

19) LEY ORGANICA DE LAS FUERZAS ARMADAS

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Solicito que se distribuya la Carpeta Nº 285/05, relativa a un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, que modifica un artículo de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, adelantando que luego solicitaremos que se trate como urgente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Repártase.

20) SERVICIOS PUBLICOS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Solicito que se reparta la Carpeta Nº 248/2005, relativa a los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua para consumo humano. Posteriormente, también solicitaremos que se trate como urgente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Repártase.

21) CONMEMORACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el proyecto de ley cuya urgencia ha sido votada: "Proyecto de ley por el cual se autoriza la salida de varios efectivos del Ejército Nacional a efectos de participar en los desfiles de Conmemoración de la Independencia de la República Federativa del Brasil".

(Antecedentes:)

"CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Autorízase la salida del territorio nacional, de los siguientes efectivos del Ejército Nacional, el día 7 de setiembre de 2005, a efectos de participar en los Desfiles de Conmemoración de la Independencia de la República Federativa del Brasil, a realizarse en las ciudades que se indican:

Banderas con Escoltas y una Sub Unidad del Regimiento General Fructuoso Rivera de Caballería Mecanizado Nº 3, en virtud de los actos a celebrarse en la ciudad de Santana Do Livramento.

Banderas con Escoltas y una Sub Unidad del Regimiento Guayabos de Caballería Mecanizado Nº 10, en virtud de los actos a celebrarse en la ciudad de Quaraí.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 16 de agosto de 2005.

Nora Castro Presidenta

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Fernández Huidobro.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Este proyecto de ley viene aprobado por la Cámara de Representantes. En oportunidad de festejarse, el próximo 7 de setiembre, en Brasil, el Día de la Independencia de la República Federativa del Brasil, se propone autorizar a que Unidades y Subunidades de dos Regimientos de Caballería puedan concurrir a ese evento.

Es cuanto quería informar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Hemos votado afirmativamente este proyecto de ley porque consideramos que, efectivamente, se trata de una situación de carácter grave. La conmemoración es el próximo 7 de setiembre y estamos a escasas tres semanas de esa fecha. Naturalmente, estos efectivos deberán prepararse para ese traslado. En definitiva, ante una urgencia de estas características consideramos que deberíamos acompañar esta iniciativa, máxime cuando no está prevista por el momento una sesión extraordinaria para la próxima semana. Por ese motivo, repito, hemos votado afirmativamente, este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "Artículo Unico.- Autorízase la salida del territorio nacional, de los siguientes efectivos del Ejército Nacional, el día 7 de setiembre de 2005, a efectos de participar en los Desfiles de Conmemoración de la Independencia de la República Federativa del Brasil, a realizarse en las ciudades que se indican:

Banderas con Escoltas y una Sub Unidad del Regimiento General Fructuoso Rivera de Caballería Mecanizado Nº 3, en virtud de los actos a celebrarse en la ciudad de Santana Do Livramento.

Banderas con Escoltas y una Sub Unidad del Regimiento Guayabos de Caballería Mecanizado Nº 10, en virtud de los actos a celebrarse en la ciudad de Quaraí".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley que será enviado al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

22) SERVICIOS PUBLICOS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Formulo moción para que se trate como urgente el proyecto de ley que consta en la Carpeta Nº 248, que fuera repartida recientemente.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- En nombre de la Bancada del Partido Nacional, pedimos un cuarto intermedio de treinta minutos a fin de tomar posición sobre los dos proyectos de ley cuya urgencia acaba de solicitarse.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 27. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por treinta minutos.

(Así se hace. Es la hora 17 y 10 minutos)

(Vueltos a Sala)

23) ACUERDO SOBRE RESIDENCIA PARA NACIONALES DE LOS ESTADOS PARTES DEL MECOSUR, BOLIVIA Y CHILE

SEÑÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Así se hace. Es la hora 17 y 52 minutos)

- El Senado ingresa a la consideración del segundo punto del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueban el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR y el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, hechos en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 6 de diciembre de 2002. (Carp. Nº 175/05 - Rep. Nº 102/05)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 175/05

Rep. Nº 102/05

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 2 de mayo de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueban el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR y el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, hechos en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 6 de diciembre de 2002.

En virtud de los principios, fines y objetivos enunciados en el Traado de Asunción firmado el 26 de marzo de 1991 entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay y del Protocolo de Ouro Preto, sobre la estructura institucional del MERCOSUR, firmado el 17 de diciembre de 1994, por esos mismos Estados, así como también, en concordancia con la Decisión Nº 07/96 (XI CMC - Fortaleza, 17/96), que motivó la necesidad de avanzar en la elaboración de mecanismos comunes para profundizar la cooperación en las áreas de competencia de los respectivos Ministerios del Interior, los Estados Partes convinieron en la suscripción de estos Acuerdos sobre Residencia para Nacionales, reafirmando el deseo de los Estados Partes del MERCOSUR y de los Estados Asociados, en el fortalecimiento y profundización del proceso de integración, como en los fraternales vínculos existentes entre ellos, y enfatizando que la implementación de una política de libre circulación de personas en la región es esencial para la consecución de esos objetivos, buscando solucionar la situación migratoria de los nacionales de los Estados Partes y Asociados, a fin de fortalecer los lazos que unen a la comunidad regional.

El objeto de cada instrumento es que las personas que poseen nacionalidad orginaria de uno de los Estados Partes o nacionalidad adquirida por naturalización desde hace cinco años, podrán obtener una residencial legal en otro Estado Parte, mediante la acreditación de su nacionalidad y presentación de los requisitos allí previstos.

Ambos Acuerdos constan de un preámbulo y dieciséis artículos, con los siguientes epígrafes: Objeto; Definiciones; Ambito de Aplicación; Tipo de residencia a otorgar y requisitos; Residencia permanente; No presentación en término; Intercambio de información; Normas generales sobre entrada y permanencia; Derechos de los inmigrantes y de los miembros de sus familias; Promoción de medidas relativas a condiciones legales de migración y empleo en las Partes; Aplicación de la norma más benéfica; Relación con normativa aduanera; Interpretación y aplicación; Vigencia; Depósito y Denuncia.

Debe tenerse presente que la finalidad del Acuerdo es estrictamente migratoria, no contemplando la regularización de bienes y valores que los inmigrantes hayan ingresado provisoriamente en el territorio de los Estados Partes.

Con la suscripción de ambos instrumentos, los Estados Partes acuerdan facilitar la movilidad de sus ciudadanos, fortaleciendo vínculos y profundizando el espíritu del Tratado de Asunción.

Al expresar su interés en la aprobación de los Acuerdos precedentemente individualizados, el Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, José Díaz, Eduardo Bonomi.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 2 de mayo de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébanse los Acuerdos sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR y sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, hechos en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 6 de diciembre de 2002.

Reinaldo Gargano, José Díaz, Eduardo Bonomi.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo envía a consideración del Parlamento el proyecto de ley por el cual se aprobarán los Acuerdos sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, así como el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, aprobados por la XXIII Reunión del Consejo Mercado Común, realizadas en Brasilia el 5 y 6 de diciembre de 2002.

Estos Acuerdos representan un paso decisivo para la consolidación del MERCOSUR; tal como lo dispone el artículo 1º del Tratado de Asunción, el cual prevé la libre circulación de personas, como uno de los instrumentos pa-ra alcanzar los objetivos previstos por el Tratado; al establecer reglas comunes para la obtención de la residencia legal, en cualquiera de los territorios de los Estados signatarios.

La implementación de una política de libre circulación de personas en la región es esencial para fortalecer y profundizar el proceso de integración, así como los fraternales vínculos existentes, constituyendo estos Acuerdos un paso adelante en ese camino.

Los Acuerdos sobre Residencia, brindan el marco jurídico que permite un efectivo fortalecimiento del proceso de integración, solucionando la situación migratoria de los nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, así como Bolivia y Chile, al mismo tiempo que facilitan el combate al tráfico de personas y al trabajo ilegal de los inmigrantes, por medio de medidas, como la cooperación entre los organismos de inspección migratoria, la sanción de personas que empleen a nacionales de las Partes en condiciones de ilegalidad o promuevan el movimiento ilegal o clandestino de inmigrantes cuyo fin sea su trabajo abusivo.

Se observa así un intento de regularizar la situación migratoria de los nacionales que se encuentran en territorios de otros Estados Partes, de modo de evitar la clandestinidad y otros males que pueden derivarse de esta situación marginal, al prever la posibilidad de solicitar la residencia sin la aplicación de multas u otro tipo de sanciones.

En conclusión, estos Acuerdos buscan:

1. Implementar una política de libre circulación en la Región del MERCOSUR.

2. Solucionar la situación migratoria de muchos nacionales de los Estados Partes y Asociados.

3. Combatir el Tráfico de personas con fines de explotación de mano de obra.

Formalmente ambos instrumentos constan en su parte dispositiva de 16 artículos. Su ámbito de aplicación (Art. 3) prevé la aplicabilidad para los nacionales de una Parte que deseen establecerse en el territorio de otra de las Partes, o para quienes ya se encuentren en el territorio de la otra Parte y desean regularizar su situación, independientemente de la condición con la que hubieren ingresado.

Los interesados podrán solicitar la residencia temporaria de hasta dos años previo cumplimiento de ciertos requisitos como lo son entre otros la acreditación de identidad, nacionalidad, estado civil, y certificado que acredite la carencia de antecedentes judiciales (Art. 4).

Esta residencia temporaria podrá ser transformada en permanente mediante petición a la autoridad migratoria 90 días antes de su vencimiento, presentando documentación en la que conste su residencia temporaria, su identidad, la carencia de antecedentes, así como la acreditación de medios de vida lícitos (Art. 5).

Aquellos que hayan obtenido su residencia tienen derecho a entrar, salir, circular y permanecer en territorio del país de recepción, sin perjuicio de las excepciones permitidas, por razones de orden público y seguridad pública.

Entre los Derechos de los Inmigrantes se destacan los derechos civiles, en particular el derecho a trabajar, el trato igualitario con los nacionales, derecho a transferir remesas, derechos familiares, etc. (Art. 9).

Asimismo se disponen mecanismos de cooperación que involucran a los organismos de inspección migratoria y laboral, como forma de evitar el empleo ilegal de inmigrantes.

Dentro de las cláusulas finales se destaca la posibilidad de aplicar disposiciones internas que sean más favorables, la no inclusión de regularización de bienes o valores que los inmigrantes hayan ingresado provisoriamente, así como la posibilidad de denuncia, la cual producirá efectos 180 días después de formulada.

Sala de la Comisión, 11 de agosto de 2005.

Luis Alberto Heber, Miembro Informante; Carlos Baráibar, Alberto Couriel, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Enrique Rubio, Julio M. Sanguinetti. Senadores.

ACUERDO SOBRE RESIDENCIA PARA NACIONALES DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR.

CONSIDERANDO el Tratado de Asunción firmado el 26 de marzo de 1991 entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay y el Protocolo de Ouro Preto, sobre la estructura institucional del MERCOSUR firmado el 17 de diciembre de 1994 por esos mismos Estados.

EN CONCORDANCIA con la Decisión CMC Nº 07/96 (XI CMC - Fortaleza, 17/96) que motivó la necesidad de avanzar en la elaboración de mecanismos comunes, para profundizar la cooperación en las áreas de competencia de los respectivos Ministerios del Interior o equivalentes.

REAFIRMANDO el deseo de los Estados Partes del MERCOSUR de fortalecer y profundizar el proceso de integración así como los fraternales vínculos existentes entre ellos.

TENIENDO PRESENTE que la implementación de una política de libre circulación de personas en la región es esencial para la consecución de esos objetivos.

BUSCANDO solucionar la situación migratoria de los nacionales de los Estados Partes en la región a fin de fortalecer los lazos que unen a la comunidad regional.

CONVENCIDOS de la importancia de combatir el tráfico de personas para fines de explotación laboral y aquellas situaciones que impliquen degradación de la dignidad humana, buscando soluciones conjuntas y conciliadoras para los graves problemas que asolan a los Estados Partes y a la comunidad como un todo, en consonancia con el compromiso firmado en el Plan General de Cooperación y Coordinación de Seguridad Regional.

RECONOCIENDO el compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración, tal cual fuera dispuesto en el artículo 1º del Tratado de Asunción.

PROCURANDO establecer reglas comunes para la tramitación de la autorización de residencia de los nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR,

ACUERDAN:

Artículo 1

OBJETO

Los nacionales de un Estado Parte que deseen residir en el territorio de otro Estado Parte podrán obtener una residencia legal en este último, de conformidad con los términos de este Acuerdo, mediante la acreditación de su nacionalidad y presentación de los requisitos previstos en el artículo 4º del presente.

Artículo 2

DEFINICIONES

Los términos utilizados en el presente Acuerdo, deberán interpretarse con el siguiente alcance:

"Estados Partes"; Estados Partes del MERCOSUR;

"Nacionales de una Parte": son las personas que poseen nacionalidad originaria de uno de los Estados Partes o nacionalidad adquirida por naturalización y ostentaran dicho beneficio desde hace cinco años;

"Inmigrantes": son los nacionales de las Partes que deseen establecerse en el territorio de la otra Parte;

"País de origen": es el país de nacionalidad de los inmigrantes;

"País de recepción" es el país de la nueva residencia de los inmigrantes.

Artículo 3

AMBITO DE APLICACION

El presente Acuerdo se aplica a:

1) Nacionales de una Parte, que deseen establecerse en el territorio de la otra y que presenten ante la sede consular respectiva su solicitud de ingreso al país y la documentación que se determina en el articulado siguiente;

2) Nacionales de una Parte, que se encuentren en el territorio de otra Parte deseando establecerse en el mismo, y que presenten ante los servicios de migración su solicitud de regularización y la documentación que se determina en el articulado siguiente.

El procedimiento previsto en el párrafo 2 se aplicará con independencia de la condición migratoria con la que hubiera ingresado el peticionante al territorio del país de recepción, e implicará la exención del pago de multas u otras sanciones más gravosas.

Artículo 4

TIPO DE RESIDENCIA A OTORGAR Y REQUISITOS

1. A los peticionantes comprendidos en los párrafos 1 y 2 del artículo 3º, la representación consular o los servicios de migración correspondientes, según sea el caso, podrán otorgar una residencia temporaria de hasta dos años, previa presentación de la siguiente documentación:

a) Pasaporte válido y vigente o cédula de identidad o certificado de nacionalidad expedido por el agente consular del país de origen del peticionante acreditado en el país de recepción, de modo tal que resulte acreditada la identidad y nacionalidad del peticionante;

b) Partida de nacimiento y comprobación de estado civil de la persona y certificado de nacionalización o naturalización, cuando fuere el caso;

c) Certificado que acredite la carencia de antecedentes judiciales y/o penales y/o policiales en el país de origen o en los que hubiera residido el peticionante durante los cinco años anteriores a su arribo al país de recepción o a su petición ante el Consulado, según sea el caso;

d) Declaración jurada de carencia de antecedentes internacionales penales o policiales;

e) Certificado que acredite la carencia de antecedentes judiciales y/o penales y/o policiales del peticionante en el país de recepción, si se tratare de nacionales comprendidos en el párrafo 2 del Artículo 3º del presente Acuerdo;

f) Si fuere exigido por la legislación interna de los Estados Partes de ingreso, certificado médico expedido por autoridad médica migratoria u otra sanitaria oficial del país de origen o recepción, según corresponda, del que surja la aptitud psicofísica del peticionante de conformidad con las normas internas del país de recepción;

g) Pago de la tasa retributiva de servicios, conforme lo dispongan las respectivas legislaciones internas.

2. A los efectos de la legalización de los documentos, cuando la solicitud se tramite en sede consular, bastará la certificación de su autenticidad, conforme a los procedimientos establecidos en el país del cual el documento procede. Cuando la solicitud se tramite ante los servicios migratorios, dichos documentos sólo deberán ser certificados por el agente consular del país de origen del peticionante acreditado en el país de recepción, sin otro recaudo.

Artículo 5

RESIDENCIA PERMANENTE

La residencia temporaria podrá transformarse en permanente mediante la presentación del peticionante ante la autoridad migratoria del país de recepción, dentro de los noventa (90) días anteriores al vencimiento de la misma, y acompañamiento de la siguiente documentación:

a) Constancia de residencia temporaria obtenida de conformidad a los términos del presente Acuerdo;

b) Pasaporte válido y vigente o cédula de identidad o certificado de nacionalidad expedido por el agente consular del país de origen del peticionante acreditado en el país de recepción, de modo tal que resulte acreditada la identidad del peticionante;

c) Certificado que acredite carencia de antecedentes judiciales y/o penales y/o policiales en el país de recepción;

d) Acreditación de medios de vida lícitos que permitan la subsistencia del peticionante y su grupo familiar convivente;

e) Pago de la tasa retributiva de servicios ante el respectivo servicio de migración, conforme lo dispongan las respectivas legislaciones internas.

Artículo 6

NO PRESENTACION EN TERMINO

Los inmigrantes que una vez vencida la residencia temporaria de hasta dos años otorgada en virtud del artículo 4º del presente, no se presentaran ante la autoridad migratoria del país de recepción, quedarán sometidos a la legislación migratoria interna de cada Estado Parte.

Artículo 7

INTERCAMBIO DE INFORMACION

Las Partes se comunicarán sus respectivas reglamentaciones nacionales sobre inmigración, así como, en caso de producirse sus ulteriores modificaciones, y asegurarán a los ciudadanos de los otros Estados Partes que hubiesen obtenido su residencia, un tratamiento igualitario en cuanto a derechos civiles de acuerdo con sus respectivas legislaciones internas.

Artículo 8

NORMAS GENERALES SOBRE ENTRADA Y PERMANENCIA

1. Las personas que hayan obtenido su residencia conforme lo dispuesto en el artículo 4º y 5º del presente Acuerdo tienen derecho a entrar, salir, circular y permanecer libremente en territorio del país de recepción, previo al cumplimiento de las formalidades previstas por éste y sin perjuicio de restricciones excepcionales impuestas por razones de orden público y seguridad pública.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder a cualquier acti-vidad, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, en las mismas condiciones que los nacionales de los países de recepción, de acuerdo con las normas legales de cada país.

Artículo 9

DERECHOS DE LOS INMIGRANTES Y DE LOS MIEMBROS DE SUS FAMILIAS

1. IGUALDAD DE DERECHOS CIVILES: Los nacionales de las Partes y sus familias que hubieren obtenido residencia en los términos del presente Acuerdo gozarán de los mismos derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas de los nacionales del país de recepción, en particular el derecho a trabajar; y ejercer toda actividad lícita en las condiciones que disponen las leyes, peticionar a las autoridades; entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de las Partes; asociarse con fines lícitos y profesar libremente su culto, de conformidad a las leyes que reglamenten su ejercicio.

2. REUNION FAMILIAR: A los miembros de la familia que no ostenten la nacionalidad de uno de los Estados Parte, se les expedirá una residencia de idéntica vigencia de aquella que posea de la persona de la cual dependan, siempre y cuando presenten la documentación que se establece en el artículo 3º, y no posean impedimentos. Si por su nacionalidad los miembros de la familia necesitan visación para ingresar al país, deberán tramitar la residencia ante la autoridad consular, salvo que de conformidad con la normativa interna del país de recepción este último requisito no fuere necesario.

3. TRATO IGUALITARIO CON NACIONALES: Los inmigrantes gozarán en el territorio de las Partes, de un trato no menos favorable que el que reciben los nacionales del país de recepción, en lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral, especialmente en materia de remuneraciones, condiciones de trabajo y seguros sociales.

4. COMPROMISO EN MATERIA PREVISIONAL: Las Partes analizarán la factibilidad de suscribir convenios de reciprocidad en materia previsional.

5. DERECHO A TRANSFERIR REMESAS: Los inmi-grantes de las Partes, tendrán derecho a transferir libremente a su país de origen, sus ingresos y ahorros personales, en particular los fondos necesarios para el sustento de sus familiares, de conformidad con la normativa y la legislación interna en cada una de las Partes.

6. DERECHO DE LOS HIJOS DE LOS INMIGRANTES: Los hijos de los inmigrantes que hubieran nacido en el territorio de una de las Partes tendrán derecho a tener un nom-bre, al registro de su nacimiento y a tener una nacionalidad, de conformidad con las respectivas legislaciones internas.

Los hijos de los inmigrantes gozarán en el territorio de las Partes, del derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad con los nacionales del país de recepción. El acceso a las instituciones de enseñanza preescolar o a las escuelas públicas no podrá denegarse o limitarse a causa de la circunstancial situación irregular de la permanencia de los padres.

Artículo 10

PROMOCION DE MEDIDAS RELATIVAS A CONDICIONES LEGALES DE MIGRACION Y EMPLEO EN LAS PARTES

Las Partes establecerán mecanismos de cooperación permanente tendientes a impedir el empleo ilegal de los inmigrantes en el territorio de la otra, a cuyo efecto adoptarán entre otras, las siguientes medidas:

a) Mecanismos de cooperación entre los organismos de inspección migratoria y laboral, destinados a la detección y sanción del empleo ilegal de inmigrantes;

b) Sanciones efectivas a las personas físicas o jurídicas que empleen nacionales de las Partes en condiciones ilegales: Dichas medidas no afectarán los derechos que pudieran corresponder a los trabajadores inmigrantes, como consecuencia de los trabajos realizados en estas condiciones;

c) Mecanismos para la detección y penalización de personas individuales u organizaciones que lucren con los movimientos ilegales o clandestinos de trabajadores inmigrantes, cuyo objetivo sea el ingreso, la permanencia o el trabajo en condiciones abusivas de estas personas o de sus familiares;

d) Las Partes intensificarán las campañas de difusión e información pública, a fin de que los potenciales migrantes conozcan sus derechos.

Artículo 11

APLICACION DE LA NORMA MAS BENEFICA

El presente Acuerdo será aplicado sin perjuicio de normas o disposiciones internas de cada Estado Parte que sean más favorables a los inmigrantes.

Artículo 12

RELACION CON NORMATIVA ADUANERA

Las disposiciones del presente Acuerdo no incluyen la regularización de eventuales bienes y valores que los inmigrantes hayan ingresado provisoriamente en el territorio de los Estados Partes.

Artículo 13

INTERPRETACION Y APLICACION

Los conflictos que se originen en el alcance, interpretación y aplicación del presente Acuerdo se solucionarán conforme el mecanismo que se encuentre vigente al momento de presentarse el problema y que hubiere sido consensuado entre las Partes.

Artículo 14

VIGENCIA

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la comunicación por los cuatro Estados Partes a la República del Paraguay, informando que se ha dado cumplimiento a las formalidades internas necesarias para la entrada en vigencia del presente instrumento.

Artículo 15

DEPOSITO

La República del Paraguay será depositaria del presente Acuerdo y de las notificaciones de los demás Estados Partes en cuanto a vigencia y denuncia. La República del Paraguay enviará copia debidamente autenticada del presente Acuerdo a las demás Partes.

Artículo 16

DENUNCIA

Los Estados Partes podrán en cualquier momento denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita dirigida al depositario, que notificará a las demás Partes. La denuncia producirá sus efectos a los ciento ochenta (180) días, después de la referida notificación.

Hecho en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los seis (6) días del mes de diciembre de 2002, en un original en los idiomas español y portugués siendo ambos textos igualmente auténticos.

 

 

ACUERDO SOBRE RESIDENCIA PARA NACIONALES DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, Estados Asociados.

CONSIDERANDO el Tratado de Asunción firmado el 26 de marzo de 1991 entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay y el Protocolo de Ouro Preto, sobre la estructura institucional del MERCOSUR firmado el 17 de diciembre de 1994 por esos mismos Estados.

ATENDIENDO la decisión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR Nº 14/96 "Participación de Terceros Paí-ses Asociados en reuniones del MERCOSUR" y la Nº 12/97 "Participación de Chile en reuniones del MERCOSUR".

EN CONCORDANCIA con la Decisión Nº 07/96 (XI CMC - Fortaleza, 17/96) que motivó la necesidad de avanzar en la elaboración de mecanismos comunes, para profundizar la cooperación en las áreas de competencia de los respectivos Ministerios del Interior o equivalentes.

REAFIRMANDO el deseo de los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR de fortalecer y profundizar el proceso de integración así como los fraternales vínculos existentes entre ellos.

TENIENDO PRESENTE que la implementación de una política de libre circulación de personas en la región es esencial para la consecución de esos objetivos.

BUSCANDO solucionar la situación migratoria de los nacionales de los Estados Partes y Asociados en la región a fin de fortalecer los lazos que unen a la comunidad regional.

CONVENCIDOS de la importancia de combatir el tráfico de personas para fines de explotación laboral y aquellas situaciones que impliquen degradación de la dignidad humana, buscando soluciones conjuntas y conciliadoras para los graves problemas que asolan a los Estados Partes y Asociados y a la comunidad como un todo, en consonancia con el compromiso firmado en el Plan General de Cooperación y Coordinación de Seguridad Regional.

RECONOCIENDO el compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración, tal cual fuera dispuesto en el artículo 1º del Tratado de Asunción.

PROCURANDO establecer reglas comunes para la tramitación de la autorización de residencia de los nacionales de los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR

ACUERDAN:

Artículo 1

OBJETO

Los nacionales de un Estado Parte que deseen residir en el territorio de otro Estado Parte podrán obtener una residencia legal en este último, de conformidad con los términos de este Acuerdo, mediante la acreditación de su nacionalidad y presentación de los requisitos previstos en el artículo 4º del presente.

Artículo 2

DEFINICIONES

Los términos utilizados en el presente Acuerdo, deberán interpretarse con el siguiente alcance:

"Estados Partes": Estados miembros y Países asociados del MERCOSUR;

"Nacionales de una Parte": son las personas que poseen nacionalidad originaria de uno de los Estados Parte o nacionalidad adquirida por naturalización y ostentaran dicho beneficio desde hace cinco años;

"Inmigrantes": son los nacionales de las Partes que deseen establecerse en el territorio de la otra Parte;

"País de origen": es el país de nacionalidad de los inmigrantes;

"País de recepción": es el país de la nueva residencia de los inmigrantes.

Artículo 3

AMBITO DE APLICACION

El presente Acuerdo se aplica a:

1) Nacionales de una Parte, que deseen establecerse en el territorio de la otra, y que presenten ante la sede consular respectiva su solicitud de ingreso al país y la documentación que se determina en el articulado siguiente;

2) Nacionales de una Parte, que se encuentren en el territorio de otra Parte deseando establecerse en el mismo, y que presenten ante los servicios de migración su solicitud de regularización y la documentación que se determina en el articulado siguiente.

El procedimiento previsto en el párrafo 2 se aplicará con independencia de la condición migratoria con la que hubiera ingresado el peticionante al territorio del país de recepción, e implicará la exención del pago de multas u otras sanciones más gravosas.

Artículo 4

TIPO DE RESIDENCIA A OTORGAR Y REQUISITOS

1. A los peticionantes comprendidos en los párrafos 1 y 2 del articulo 3º, la representación consular o los servicios de migraciones correspondientes, según sea el caso, podrá otorgar una residencia temporaria de hasta dos años, previa presentación de la siguiente documentación:

a) Pasaporte válido y vigente o cédula de identidad o certificado de nacionalidad expedido por el agente consular del país de origen del peticionante acreditado en el país de recepción, de modo tal que resulte acreditada la identidad y nacionalidad del peticionante;

b) Partida de nacimiento y comprobación de estado civil de la persona y certificado de nacionalización o naturalización, cuando fuere el caso;

c) Certificado que acredite la carencia de antecedentes judiciales y/o penales y/o policiales en el país de origen o en los que hubiera residido el peticionante durante los cinco años anteriores a su arribo al país de recepción o a su petición ante el Consulado, según sea el caso;

d) Declaración jurada de carencia de antecedentes internacionales penales o policiales;

e) Certificado que acredite la carencia de antecedentes judiciales y/o penales y/o policiales del peticionante en el país de recepción, si se tratare de nacionales comprendidos en el párrafo 2 del Artículo 3º del presente Acuerdo;

f) Si fuere exigido por la legislación interna del Estado Parte de ingreso, certificado médico expedido por autoridad médica migratoria u otra sanitaria oficial del país de origen o recepción, según corresponda, del que surja la aptitud psicofísica del peticionante de conformidad con las normas internas del país de recepción;

g) Pago de la tasa retributiva de servicios, conforme lo dispongan las respectivas legislaciones internas.

2. A los efectos de la legalización de los documentos, cuando la solicitud se tramite en sede consular, bastará la certificación de su autenticidad, conforme a los procedimientos establecidos en el país del cual el documento procede. Cuando la solicitud se tramite ante los servicios migratorios, dichos documentos sólo deberán ser certificados por el agente consular del país de origen del peticionante acreditado en el país de recepción, sin otro recaudo.

Artículo 5

RESIDENCIA PERMANENTE

La residencia temporaria podrá transformarse en permanente mediante la presentación del peticionante ante la autoridad migratoria del país de recepción, dentro de los noventa (90) días anteriores al vencimiento de la misma, y acompañamiento de la siguiente documentación;

a) Constancia de residencia temporaria obtenida de conformidad a los términos del presente Acuerdo;

b) Pasaporte válido y vigente o cédula de identidad o certificado de nacionalidad expedido por el agente consular del país de origen del peticionante acreditado en el país de recepción, de modo tal que resulte acreditada la identidad del peticionante;

c) Certificado que acredite carencia de antecedentes judiciales y/o penales y/o policiales en el país de recepción;

d) Acreditación de medios de vida lícitos que permitan la subsistencia del peticionante y su grupo familiar conviviente;

e) Pago de la tasa retributiva de servicios ante el respectivo servicio de migración conforme lo dispongan las respectivas legislaciones internas.

Artículo 6

NO PRESENTACION EN TERMINO

Los inmigrantes que una vez vencida la residencia temporaria de hasta dos años otorgada en virtud del artículo 4º del presente, no se presentaran ante la autoridad migratoria del país de recepción, quedarán sometidos a la legislación migratoria interna de cada Estado Parte.

Artículo 7

INTERCAMBIO DE INFORMACION

Las Partes se comunicarán sus respectivas reglamentaciones nacionales sobre inmigración, así como, en caso de producirse sus ulteriores modificaciones y asegurarán a los ciudadanos de los otros Estados Partes que hubiesen obtenido su residencia, un tratamiento igualitario en cuanto a derechos civiles de acuerdo con sus respectivas legislaciones internas.

Artículo 8

NORMAS GENERALES SOBRE ENTRADA Y PERMANENCIA

1. Las personas que hayan obtenido su residencia conforme lo dispuesto en el artículo 4º y 5º del presente Acuerdo tienen derecho a entrar, salir, circular y permanecer libremente en territorio del país de recepción, previo al cumplimiento de las formalidades previstas por éste y sin perjuicio de restricciones excepcionales impuestas por razones de orden público y seguridad pública.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta propia, como por cuenta ajena, en las mismas condiciones que los nacionales de los países de recepción, de acuerdo con las normas legales de cada país.

Artículo 9

DERECHOS DE LOS INMIGRANTES Y DE LOS MIEMBROS DE SUS FAMILIAS

1. IGUALDAD DE DERECHOS CIVILES: Los nacionales de las Partes y sus familias que hubieren obtenido residencia en los términos del presente Acuerdo gozarán de los mismos derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas de los nacionales del país de recepción, en particular el derecho a trabajar; y ejercer toda actividad lícita en las condiciones que disponen las leyes; peticionar a las autoridades; entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de las Partes; asociarse con fines lícitos y profesar libremente su culto, de conformidad a las leyes que reglamenten su ejercicio.

2. REUNION FAMILIAR: A los miembros de la familia que no ostenten la nacionalidad de uno de los Estados Partes, se les expedirá una residencia de idéntica vigencia de aquella que posea la persona de la cual dependan, siempre y cuando presenten la documentación que se establece en el artículo 3, y no posean impedimentos. Si por su nacionalidad los miembros de la familia necesitan visación para ingresar al país, deberán tramitar la residencia ante la autoridad consular, salvo que de conformidad con la normativa interna del país de recepción este último requisito no fuere necesario.

3. TRATO IGUALITARIO CON NACIONALES: Los inmigrantes gozarán en el territorio de las Partes, de un trato no menos favorable que el que reciben los nacionales del país de recepción, en lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral, especialmente en materia de remuneraciones, condiciones de trabajo y seguros sociales.

4. COMPROMISO EN MATERIA PREVISIONAL: Las Partes analizarán la factibilidad de suscribir convenios de reciprocidad en materia previsional.

5. DERECHO A TRANSFERIR REMESAS: Los inmigrantes de las Partes, tendrán derecho a transferir libremente a su país de origen, sus ingresos y ahorros personales, en particular los fondos necesarios para el sustento de sus familiares, de conformidad con la normativa y la legislación interna en cada una de las Partes.

6. DERECHO DE LOS HIJOS DE LOS INMIGRANTES: Los hijos de los inmigrantes que hubieran nacido en el territorio de una de las Partes tendrán derecho a tener un nombre, al registro de su nacimiento y a tener una nacionalidad de conformidad con las respectivas legislaciones internas.

Los hijos de los inmigrantes gozarán en el territorio de las Partes, del derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad con los nacionales del país de recepción. El acceso a las instituciones de enseñanza preescolar o a las escuelas públicas no podrá denegarse o limitarse a causa de la circunstancial situación irregular de la permanencia de los padres.

Artículo 10

PROMOCION DE MEDIDAS RELATIVAS A CONDICIONES LEGALES DE MIGRACION Y EMPLEO EN LAS PARTES

Las Partes establecerán mecanismos de cooperación permanente tendientes a impedir el empleo ilegal de los inmigrantes en el territorio de la otra, a cuyo efecto adoptarán entre otras, las siguientes medidas:

a) Mecanismos de cooperación entre los organismos de inspección migratoria y laboral, destinados a la detección y sanción del empleo ilegal de inmigrantes,

b) Sanciones efectivas a las personas físicas o jurídicas que empleen nacionales de las Partes en condiciones ilegales. Dichas medidas no afectarán los derechos que pudieran corresponder a los trabajadores inmigrantes, como consecuencia de los trabajos realizados en estas condiciones;

c) Mecanismos para la detección y penalización de personas individuales u organizaciones que lucren con los movimientos ilegales o clandestinos de trabajadores inmigrantes, cuyo objetivo sea el ingreso, la permanencia o el trabajo en condiciones abusivas de estas personas o de sus familiares;

d) Las Partes intensificarán las campañas de difusión e información pública, a fin de que los potenciales migrantes conozcan sus derechos.

Artículo 11

APLICACION DE LA NORMA MAS BENEFICA

El presente Acuerdo será aplicado sin perjuicio de normas o disposiciones internas de cada Estado Parte que sean más favorables a los inmigrantes.

Artículo 12

RELACION CON NORMATIVA ADUANERA

Las disposiciones del presente Acuerdo no incluyen la regularización de eventuales bienes y valores que los inmigrantes hayan ingresado provisoriamente en el territorio de los Estados Partes.

Artículo 13

INTERPRETACION Y APLICACION

Los conflictos que se originen en el alcance, interpretación y aplicación del presente Acuerdo se solucionarán conforme el mecanismo que se encuentre vigente al momento de presentarse el problema y que hubiere sido consensuado entre las Partes.

Artículo 14

VIGENCIA

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la comunicación por los seis Estados Partes a la República del Paraguay informando que se ha dado cumplimiento a las formalidades internas necesarias para la entrada en vigencia del presente instrumento.

Artículo 15

DEPOSITO

La República del Paraguay será depositaria del presente Acuerdo y de las notificaciones de los demás Estados Partes en cuanto a vigencia y denuncia. La República del Paraguay enviará copia debidamente autenticada del presente Acuerdo a las demás Partes.

Artículo 16

DENUNCIA

Los Estados Partes podrán en cualquier momento denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita dirigida al depositario, que notificará a las demás Partes. La denuncia producirá sus efectos a los ciento ochenta (180) días, después de la referida notificación.

Hecho en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los seis (6) días del mes de diciembre de 2002, en un original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- El Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR y el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, hechos en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 6 de diciembre de 2002, fueron suscritos por parte de los Ministerios del Interior. Creemos que es altamente conveniente para los intereses de nuestro país aprobar estos Acuerdos, que ya fueron ratificados por los Parlamentos brasileño y argentino, aunque todavía falta que lo vote el paraguayo.

Se trata de un Acuerdo que tiene 16 artículos y que asegura el libre tránsito, justamente, para regular la fuerza laboral, que para nosotros es fundamental, sobre todo, en las zonas fronterizas. Tanto el señor Senador Romero como quien habla sabemos la importancia que esto tiene por la situación de ilegalidad que existe y de aprovechamiento con respecto a los salarios de los compatriotas y de brasileños que trabajan en nuestra tierra.

Creemos que este Acuerdo es muy importante como avance en la integración del MERCOSUR. Se hablan muchas cosas del MERCOSUR pero pocos Tratados tienen la importancia de este Acuerdo de los Estados Partes más Bolivia y Chile, que participaron y suscribieron el mismo.

En cuanto a la residencia, primero se establece una temporaria por dos años, y en caso que se transforme en permanente, se otorga 90 días de plazo antes del vencimiento de los dos años para que la persona quede realmente radicada.

Personalmente, aconsejo que el Cuerpo sancione este proyecto de ley, sobre todo por lo que dispone en relación con la igualdad de Derechos Civiles y por lo relativo a la legalización del trabajo en los Estados partes. Además de ello, en este proyecto de ley se fijan plazos y se dan certezas para quienes, tanto en la región de frontera como fuera de ella, tienen interés de trabajar en los países que constituyen el MERCOSUR, Bolivia y Chile.

Por lo expuesto, me pongo a las órdenes del Cuerpo para informar con mayor detalle o para evacuar alguna interrogante que les surja a los señores Senadores.

Reitero que aconsejo la sanción de este proyecto de ley.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero saber si el Miembro Informante tiene información acerca de por qué no se ha aprobado este Acuerdo en Paraguay. Me parece que es bueno que el Cuerpo lo sepa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Lamentablemente, no conozco las razones por las que aún no se ha aprobado este Acuerdo en el Paraguay. Además, el mismo Tratado establece que hasta que no sea ratificado por los cuatro países miembros del MERCOSUR, no entra en vigencia. Creo que sería una buena gestión que podríamos hacer a través de la Cancillería, expresar nuestro interés en el sentido de que la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes del Paraguay sancionen rápidamente este Acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "Artículo Unico.- Apruébanse los Acuerdos sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR y sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, hechos en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 6 de diciembre de 2002".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

24) SERVICIOS PUBLICOS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: pido que se declare urgente y se considere en esta sesión la Carpeta Nº 248/2005.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 17 en 31. Afirmativa.

25) PRESENCIA IRREGULAR DE SENADORES SUPLENTES EN LAS COMISIONES

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: como es obvio, hace apenas unos meses que soy Senador de la República y por eso quiero hacer una consulta sobre el funcionamiento de las Comisiones.

La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial ha analizado este tema que ahora vamos a considerar -del cual soy Miembro Informante por la minoría- en dos sesiones. En ellas estuvo presente el suplente del señor Senador Michelini, señor Alcorta; en la primera participó con voz, pero en esa ocasión no se votó, mientras que en la de hoy participó sin hablar. Pregunto si esa práctica es admisible o debemos pedir que salga de Sala. No he leído el Reglamento en esta materia y quisiera preguntar a la Mesa si eso es de recibo o no, porque ha sucedido en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial en dos oportunidades.

SEÑOR PRESIDENTE.- Informo al señor Senador que son las Comisiones las que tienen la potestad de recibir a quienes quieran.

SEÑOR PENADES.- No, señor Presidente. En este caso no se trataba de recibir o no; estaba presente un Senador suplente sin haber sido convocado. La Comisión sesiona irregularmente, y el Senado también, con la presencia de treinta y dos Senadores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pero una vez advertido el problema, la Comisión se lo tiene que hacer saber.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: lo que yo advierto es que este Senado acaba de votar el tratamiento urgente de un proyecto de ley, y ese es el tema que debería estar tratando. Ahora bien; si el señor Senador quiere abordar un tema vinculado al funcionamiento de una Comisión, lo tendrá que plantear allí o hacer un planteo específico en el Senado, para lo que habrá que incluirlo en el Orden del Día o hacer una carpeta, distribuirla y pedir que se trate como urgente. Mientras tanto, pido que se pase a considerar lo que se acaba de votar, que es el proyecto de ley.

Este es el aporte que intentaba hacer y no voy a opinar sobre el tema de fondo.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: yo en cambio considero que es un episodio grave porque hace a la integración del Cuerpo.

El Reglamento del Cuerpo es clarísimo; debe ser aplicado por el Presidente de la Comisión y vigilada su aplicación por parte de la Mesa del Senado. Los Senadores que no son convocados no pueden participar de las sesiones de las Comisiones porque las deslegitiman y porque la Comisión sesiona de forma irregular. Además, al tratarse de una Comisión asesora del Cuerpo, el que sesiona en forma irregular en ese momento también es el Senado de la República y no convalida las decisiones que posteriormente las Comisiones puedan tomar.

Como no es la primera vez que sucede y ha pasado en otras Comisiones, quiero manifestar mi preocupación por la integración del Senado de la República, que tiene 31 miembros: 30 Senadores y el Vicepresidente que ejerce la tarea de Presidente del Senado. Por ende, los Senadores suplentes que no estén convocados debidamente, no hayan prestado el juramento de rigor y no estén en el pleno ejercicio, no pueden participar de las Comisiones porque deslegitiman el funcionamiento del Senado y de las Comisiones. En este caso, el señor Alcorta no puede participar de las Comisiones y mucho menos cuando en el mismo momento el señor Senador Michelini, titular de la Banca, ejercía la presidencia de otra Comisión. ¿Acaso el Senado tiene 31 miembros más el Presidente del Senado?

No es un tema menor; es un tema grave que nos permitimos denunciar para que la Secretaría del Cuerpo dé instrucciones inmediatas a los Secretarios de las Comisiones para que informen al Presidente de la Comisión sobre la situación irregular en la que se encuentra alguien que no debe estar participando. Repito que de esta forma se ponen en tela de juicio las decisiones que las Comisiones pueden llegar a tomar, y ellas pueden ser recurridas en el Senado por ilegales.

Queremos dejar expresa constancia de nuestra profunda preocupación para que no se vuelva a repetir, porque este Cuerpo no es la Junta Departamental de algún departamento en el que se permite que los suplentes entren a las Comisiones y puedan opinar. Este es el Senado de la República y aquí la Constitución es clarísima: debe haber treinta miembros y el Presidente. Los demás son de palo y no pueden participar en las Comisiones, sobre todo sin estar convocados. Pongo énfasis en este tema porque considero que es muy grave. No se puede permitir la participación de Senadores suplentes que no estén debidamente convocados, conforme a lo que establecen la ley y la Constitución.

En ese sentido, esperamos que la Mesa instruya a través de los Secretarios para que este episodio tan lamentable que la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial acaba de vivir, no se reitere en el ámbito de ninguna otra. Digo esto porque la presencia de personas que no tienen la calidad de Senadores y, por lo tanto, nada tienen que ver con la Comisión -salvo que sean invitados o estén contemplados por lo que marca el Reglamento en relación a quienes no son sus miembros-, se ha comenzado a vislumbrar en algunas otras.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: si el tema a que se refiere el señor Senador Penadés va a continuar en discusión, yo haré uso de la palabra; de lo contrario, creo que lo que corresponde es pasar a tratar el proyecto de ley cuya urgencia se acaba de votar y, en ese caso, sencillamente no intervendría. Lo resuelve usted, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Lo resuelve el Cuerpo, señor Senador, porque hay oradores anotados.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Me parece muy bien discutir cómo debe ser la institucionalidad del Cuerpo y cada una de sus Comisiones. En ese sentido, podríamos incluir el tema como primer punto del Orden del Día de las sesiones ordinarias del mes de setiembre para tratarlo con tranquilidad. Me parece bien; pero ahora vamos a pasar a lo que votó el Senado, que es este proyecto cuya consideración se declaró urgente. Formulo moción para que así se proceda, señor Presidente.

(Dialogados)

SEÑOR PRESIDENTE.- Estamos en la misma, señores Senadores. Personalmente, estoy haciendo el máximo esfuerzo para tratar de ordenar un poco la sesión. Hay oradores anotados para hacer uso de la palabra. También hay una moción en el sentido de que se pase a considerar lo que el Cuerpo ha decidido discutir: la urgencia de la Carpeta Nº 248/05, y sin ánimo de coartar la libertad de expresión ni la palabra a nadie.

SEÑOR GALLINAL.- Eso es lo que se está haciendo con esa moción. Se está incendiando la casa y nos dicen que nos tenemos que preocupar por ordenar un libro de la biblioteca. Usted es el Presidente del Senado y de la Asamblea General y nosotros no podemos admitir que en el día de hoy el Senado haya tenido durante algunas horas 32 miembros. Es un atropello de gran magnitud y, sin embargo, se ríen de eso.

(Interrupciones)

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: voy a hacer uso de la palabra en el mismo sentido de lo que decía el señor Senador Gallinal. Aquí no se trata de dilatorias, ya que el Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría tiene las mayorías suficientes para prorrogar la hora y aprobar el proyecto de ley, si tiene voluntad de hacerlo.

Sin embargo, debemos discutir este tema y no tomarlo para la chanza. Me gustaría que los Senadores oficialistas, del Gobierno, pudieran escuchar a la oposición.

SEÑOR COURIEL.- Lo hacemos permanentemente.

SEÑOR HEBER.- Debo decir que tengo muchos años en esta Casa y es la primera vez que veo esto; no sé si hay algún antecedente de que haya en el Cuerpo y en la Casa 31 ó 32 Legisladores, sin tomar en cuenta al Presidente. Insisto en que no tomemos esto con sorna, porque no nos podemos reír de una situación que, a nuestro juicio, es grave. Aquí hubo un Senador titular de la Banca que presidió una Comisión toda la mañana y, al mismo tiempo, en otra Comisión estaba presente su suplente. ¿Cómo puede ser? Estuve toda la mañana con el señor Senador Michelini, quien estaba sentado a mi lado. Por ello me sorprendí cuando en la reunión de Bancada el señor Senador Moreira nos decía que el señor Alcorta opinaba sobre este proyecto de ley. ¿Cómo opinaba? ¿En carácter de invitado? No.

SEÑOR RIOS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Enseguida, señor Senador.

Entonces, señor Presidente, no es un tema baladí para tomar a la risa, ya que se trata del Senado de la República. Hay que admitir que esto fue un error; debería admitirse por parte de la Mesa diciendo que se van a hacer los controles necesarios para que no vuelva a pasar en el Senado, porque invalida una decisión de la Comisión. ¿Cómo puede haber un proyecto que viene supuestamente de una Comisión que funcionó irregularmente esta tarde con el suplente y el titular? ¿O acaso con la mayoría que tiene el Encuentro Progresista van a poner 60 Legisladores? ¿Así van a practicar la democracia? ¿Esa es la democracia? ¿Así la entienden, de esta manera, llevándose el Reglamento o la Constitución por delante? Lo único que acá importa es que se vote lo que quiere el Gobierno sin que cuenten las formas. Así empezamos un día, señor Presidente, sin prestar atención a las formas, y cuando quisimos acordar estábamos todos presos y esta Casa no funcionaba. ¡A cuidar las formas!

Le concedo con mucho gusto la interrupción al señor Senador Ríos.

SEÑOR PRESIDENTE.- No se puede dar interrupciones cuando se está en uso de la palabra para una aclaración, señor Senador.

Lo que quiero decir al Senado es lo siguiente. Se acaba de votar una moción de orden para declarar urgente la consideración de un proyecto. En ese sentido el Reglamento es muy claro a través del artículo 68, que pido a Secretaría le dé lectura.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "Artículo 68.- Cuando un asunto sea declarado urgente, deberá ser tratado de inmediato".

26) SERVICIOS PUBLICOS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fu votada: "Proyecto de ley relativo a los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua para consumo humano. (Carp. Nº 248/2005 - Rep. Nº 104/2005)".

(Antecedentes.)

"Carp. Nº 248/05

Rep. Nº 104/05

Montevideo, 5 de julio de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 3º del artículo 47 de la Constitución de la República, tiene el agrado de enviar a la consideración de ese Cuerpo, el Proyecto de Ley para la reasunción de los Servicios de agua y saneamiento en el departamento de Maldonado.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Proyecto de Ley que se adjunta tiene por objeto dotar al Estado de los instrumentos jurídicos necesarios para realizar la prestación directa de los servicios públicos de saneamiento y de abastecimiento de agua para el consumo humano, en el departamento de Maldonado.

El numeral 3º del artículo 47 de la Constitución de la República establece que "el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales".

El artículo 2º de la Ley Nº 11.907, de 19 de diciembre de 1952 comete a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, "la prestación del servicio de agua potable en todo el territorio de la República" así como "la prestación del servicio de alcantarillado en todo el territorio de la República, excepto en el departamento de Montevideo."

En este marco, y habiéndose dispuesto de acuerdo al Decreto Nº 157/05 la obligación del Estado de asumir todos los servicios de agua potable y saneamiento, que no se encuentren con plazo contractual vigente, es imprescindible tomar todas las providencias legales, reglamentarias y materiales a los efectos de hacerse cargo en el menor tiempo posible de los servicios hasta el momento prestados bajo el régimen de concesión o administración por operadores privados y asegurar en forma eficaz y continua el mantenimiento de la prestación de los mismos.

Por Resolución R/D Nº 760/05 del 1º de junio de 2005 el Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado dispuso la rescisión del contrato con la empresa URAGUA S.A. por culpa de la concesionaria.

Se entiende adecuado, en función de la magnitud de los servicios que se prestan en el departamento de Maldonado, así como la importancia que el adecuado funcionamiento de los mismos tiene para la sustentabilidad económica y social de un departamento que concentra la mayoría de los servicios turísticos que presta el país, mantener, dentro de los límites posibles, la utilización de la actual estructura de funcionamiento y gestión, permitiendo la asunción de los servicios por la empresa pública, sin colisión ni confusión con el resto de la estructura existente.

De esta forma se pueden aprovechar en forma eficiente y fácilmente mensurable las ventajas de una y otra forma de gestión, sin afectar a la población ni crear dificultades en los servicios dentro y fuera del departamento, ni en la estructura funcional de OSE.

Asimismo, en el marco de la descentralización de servicios como mejor forma de gestión, participación y control de la actividad estatal, así como de la promoción de las formas de actuación de las autoridades locales en la gestión de los emprendimientos y manejo de los recursos propios de cada departamento, resulta altamente conveniente dar intervención en la gestión local de los recursos al Gobierno Departamental en forma coincidente con el espíritu de lo establecido en el artículo 262 de la Constitución de la República.

La adecuada continuidad en la prestación de los servicios requiere dotar la nueva estructura funcional que se crea, de los recursos humanos correspondientes, por lo que se entiende conveniente mantener en las funciones en que actualmente se desempeñan, al personal técnico, administrativo y obrero, utilizando para ello, parcialmente, la modalidad prevista en la Ley Nº 17.556, del 18 de setiembre de 2002.

El funcionamiento de las concesiones o de los servicios bajo administración de operadores privados, ha estado basado en una serie de contratos con otras empresas que es imprescindible mantener durante un adecuado período de transición y hasta tanto puedan regularizarse las contrataciones de similares servicios, cuando estos sean necesarios, de acuerdo a las previsiones legales que rigen las contrataciones del Estado.

Asimismo, la Unidad de Gestión a crearse, podrá extender su competencia a todos los servicios de agua potable y saneamiento del departamento de Maldonado, no limitándose a los servicios concesionados contractualmente, sino a la totalidad de los servicios de concesionarias o prestadores privados en cualquier calidad que deba asumir el Estado oportunamente, en función de lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución. El Directorio podrá resolver la transferencia de los servicios que se mantuvieron dentro de la órbita de OSE (caso Aiguá) o mantenerlos en dependencia directa sin integrarlos a la Unidad según la conveniencia técnica o administrativa de una u otra opción.

Saludamos al Señor Presidente muy atentamente,

Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la República; Arq. Mariano Arana, Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

PROYECTO DE LEY PARA LA REASUNCION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MALDONADO

Artículo 1º.- Créase dentro de la estructura funcional de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, una Unidad de Gestión Desconcentrada con el objeto de prestar el servicio público de saneamiento y de abastecimiento de agua para el consumo humano en el departamento de Maldonado.

Dicha Unidad asumirá la prestación de los servicios que fueran concesionados a particulares en aquel departamento, así como todos los que deba asumir en el futuro, en virtud de la aplicación del artículo 47 de la Constitución de la Repúlica, en el departamento de Maldonado.

Asimismo, el Directorio de dicho organismo podrá disponer la incorporación a la Unidad creada de los servicios que en el citado Departamento vienen siendo cumplidos directamente por el mismo, en zonas que no estaban bajo el régimen de concesión o administración por operadores privados.

Artículo 2º.- La Unidad de Gestión Desconcentrada será administrada por una Dirección conformada por el Presidente y el Vice-Presidente de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado y un tercer miembro designado en representación del Intendente Municipal de Maldonado, con anuencia de la Junta Departamental de Maldonado.

La Dirección podrá designar un Gerente General, en carácter de cargo de confianza de acuerdo a las disposiciones de los artículos 15 y 21 de la Ley Nº 11.907, que deberá ser persona de notoria capacidad en la materia, con actuación a nivel jerárquico en empresas del Estado o privadas, y tendrá competencia en la instrumentación y ejecución de la política de la Dirección y en las relaciones que se deriven con organismos estatales y empresas privadas.

La retribución del Gerente General no podrá ser superior al 85% (ochenta y cinco por ciento) de la correspondiente al Gerente General de la OSE.

Artículo 3º.- La Administración de las Obras Sanitarias del Estado mantendrá la contabilidad de la Unidad de Gestión Desconcentrada en forma separada, y su presupuesto operativo y particularmente el monto de inversiones a realizar en el departamento de Maldonado serán dispuestos en el presupuesto de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

Dentro de los 120 (ciento veinte) días de su creación, la Unidad de Gestión Desconcentrada propondrá su reglamento de funcionamiento para ser aprobado por el Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

El citado Directorio podrá delegar en la Unidad de Gestión Desconcentrada todas las atribuciones que considere necesarias para su eficaz funcionamiento.

Artículo 4º.- Autorízase a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a contratar de acuerdo a las necesidades del servicio, a todo el personal técnico, administrativo u obrero que al 1º de junio del año 2005 figurare en la plantilla de personal, o mantuviera relación de dependencia directa, bajo otras modalidades contractuales, de las empresas privadas que hubiesen sido concesionarias o administradoras de los servicios públicos de que se trata, manteniéndose el salario nominal correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 2º de la presente ley.

A los contratos que se realicen en el marco del presente artículo se les aplicarán las disposiciones previstas en los artículos 30, 32 a 37 y 41 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002.

Artículo 5º.- Las contrataciones de personal eventual (zafral) que, en función de los requerimientos del servicio realice la OSE, al amparo del literal Ñ del artículo 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, en la redacción dada por el Art. 19 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, se realizarán mediante llamado público y abierto entre residentes en el departamento de Maldonado, otorgando prioridad a personas que se desempeñaban en la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, en dicho departamento, al 4 de Agosto del año 2000 y continúen residiendo en el mismo.

Artículo 6º.- Autorízase a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, a través de la Unidad de Gestión Desconcentrada creada por la presente ley, a contratar directamente, por un período máximo de 12 (doce) meses, con empresas o subcontratistas de las empresas cuyos servicios debe asumirse, y que al 1º de junio del año 2005 tuvieran contratos vigentes con dichas empresas, siempre que los considere necesarios para la continuación y gestión de los mismos.

Artículo 7º.- El operador privado correspondiente deberá entregar los servicios referidos en el artículo 1º y los bienes afectados al mismo, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a que le sea requerido por la Administración de las Obras Sanitarias del Estado por cualquier medio fehaciente.

En caso de que la entrega no se verificara en la forma prevista y a efectos de asegurar la continuidad de los servicios a los usuarios del departamento de Maldonado, el citado Organismo podrá solicitar la misma ante el Juez competente, quien deberá disponerla sin más trámite y sin perjuicio.

Artículo 8º.- Deróganse en lo pertinente todas las normas legales que se opongan directa o indirectamente a la presente ley.

Mariano Arana."

SEÑOR PRESIDENTE.-Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Topolansky.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- La señora Senadora es la dueña de la palabra, señor Senador; a ella le tiene que pedir una interrupción.

(Dialogados)

SEÑORA TOPOLANSKY.- Solicito al señor Presidente que me ampare en el uso de la palabra.

SEÑOR GALLINAL.- El pronunciamiento de la Comisión es ilegítimo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- En el día de hoy traemos a consideración un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que tiene relación con los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua para consumo humano. La iniciativa está vinculada al traspaso de los servicios de agua y saneamiento de la concesionaria URAGUA a la OSE, en cumplimiento del numeral 3) del artículo 47 de la Constitución, tal como lo expresa la Exposición de Motivos. Para realizar esa transferencia y dado que se dispuso la rescisión del contrato a partir del 1º de junio de 2005, se optó por el camino de la ley en base a algunas razones que el Directorio de OSE nos expresó en su concurrencia a la Comisión.

Este proyecto de ley incorpora como novedad la integración de un representante de la Intendencia Municipal de Maldonado a la Unidad que se crea para la gestión de los servicios de agua y saneamiento del departamento. En virtud de ello, es necesario que la incorporación se haga por ley, al tratarse de un miembro ajeno.

Para que la transición sea fluida, también es necesario un segundo aspecto, que consiste en incorporar a los trabajadores que estaban en la empresa concesionaria y dar continuidad a los servicios por vía de la prórroga de los contratos que están vigentes. Por esas razones, se optó transitar por el camino de la ley y no del decreto, de modo de hacer esa transición.

La urgencia de este proyecto de ley tiene que ver con la próxima temporada turística. A los efectos de prepararla, siempre es necesario hacer una serie de actividades técnicas previas -algunas de suministros y otras de mantenimiento- y distintas obras que permiten que ese servicio, que pasa a multiplicar su cantidad de usuarios -todos sabemos que en baja temporada son muchos menos-, pueda abastecer de agua a una población que se quintuplica por momentos.

Estamos sobre la fecha -es conveniente que esto se haga con unos noventa días de antelación- de comenzar a hacer esos mantenimientos, por lo que se necesita de la aprobación de este proyecto de ley para que la temporada no sufra ningún inconveniente. A todos los uruguayos nos importa que en la principal zona balnearia de nuestro territorio no se presenten inconvenientes de ningún tipo para que el funcionamiento de la temporada no se vea afectado y, por tanto, tampoco los servicios que de ella surgen.

El proyecto de ley crea, en primer término, una Unidad de Gestión Desconcentrada dentro de la OSE para la administración y el funcionamiento del saneamiento y del abastecimiento de agua en el departamento. Esa Unidad puede, a su vez, asumir los otros servicios que la OSE aún desarrolla en el departamento. Por supuesto que estamos hablando de las concesiones que están fuera de contrato. Cabe recordar que la rescisión del contrato con Aguas de la Costa fue pedida por incumplimiento en las obras de saneamiento.

El artículo 2º informa sobre la reforma administrativa que va a tener la Unidad de Gestión Desconcentrada. Allí incorpora al representante de la Intendencia Municipal de Maldonado, con anuencia de la Junta Departamental, inaugurando una nueva forma de administración, en que la participación municipal aparece dentro de la Dirección de la Unidad de Gestión Desconcentrada. También se nombra un Gerente General para la misma Unidad.

El artículo 3º explica la forma de contabilidad de la creación -es decir las disposiciones administrativas-, el funcionamiento y el plazo para su reglamentación.

El artículo 4º autoriza a la OSE a contratar el personal técnico, administrativo u obrero que figuraba en la plantilla de personal de la concesionaria saliente. Esto tiene su punto fuerte de fundamento en la continuidad de servicio, que tratamos que sea lo más armónica posible de modo que los usuarios no se vean afectados.

El artículo 5º refiere a la contratación de los zafrales, lo cual siempre es preciso hacer en alta temporada.

El artículo 6º autoriza a la continuación de los contratos vigentes con empresas que brindaban servicios a la concesionaria saliente.

El artículo 7º explicita la forma en que deberá ser entregada la concesión.

El artículo 8º prevé algunas derogaciones.

Como fue un poco accidentada la discusión de este proyecto de ley en la Comisión, hay algunas modificaciones al articulado que vamos a proponer en Sala, en la medida en que se vayan considerando los artículos. A su vez, vamos a plantear un texto sustitutivo del artículo 7º -que, a nuestro juicio, mejora su redacción- así como la eliminación del artículo 8º porque, a nuestro entender, es innecesario.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Moreira, como Miembro Informante por la minoría.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: el informe de la Comisión -que tomamos en la tarde de hoy- tuvo tres votos a favor del proyecto de ley, tal cual venía redactado del Poder Ejecutivo -por ese motivo, me alegró que se le pudieran introducir modificaciones en el Plenario-, y uno por la minoría, que se opuso por su contenido -ya habíamos adelantado nuestra opinión contraria frente a algunas de sus disposiciones- y, fundamentalmente, por el planteamiento que hicieron los representantes del oficialismo en ese ámbito, en cuanto a que debía ser tratado en la sesión de la tarde de hoy, con carácter urgente.

Señalamos, pues, que no entendíamos las razones de urgencia que mediaban en este caso, ya que estamos hablando de un proyecto de ley que contiene disposiciones muy relevantes. Además, consideramos que alimenta una situación de controversia pasada, actual y futura entre el Estado uruguayo y la firma concesionaria URAGUA, como consecuencia de hechos preexistentes y, básicamente, de la reforma constitucional prevista en los artículos 47 y 188 de la Constitución vigente.

El miércoles de la semana pasada, recibimos en la Comisión a representantes de AFURAGUA, a trabajadores de empresas tercerizadas y de empresas subcontratistas de URAGUA -son, aproximadamente, doscientas personas-, quienes nos señalaban la conveniencia de aprobar los artículos 4º a 6º para preservar la fuente de trabajo y asegurar la continuidad de los servicios.

Hoy, el señor Senador Ríos expresó, nos exhibió y leyó una carta recibida por el Directorio de OSE en el día de ayer que, ante un planteamiento de poder acceder a información o a instalaciones de la planta, da una respuesta negativa de la firma URAGUA.

Prevengo que este no es un tema que se ha planteado hace quince o veinte días y no compartimos la urgencia que media en esta instancia. Hoy se nos hablaba de esa carta, que mandó ayer URAGUA al Directorio de OSE -que señala una actitud de esa firma-, y de la temporada de verano. Este tema está presente mucho antes, incluso, de la vigencia de la reforma constitucional del 31 de octubre de 2004, porque ya hubo negociaciones y modificaciones de algunas de las condiciones del contrato entre URAGUA y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por alteraciones en los términos de la ecuación económica del contrato. Básicamente, el 31 de octubre cobró vigencia la reforma constitucional y produjo efectos, cualquiera sea la interpretación: sea retroactiva o no, o de aplicación inmediata, como dice la tesis del Tribunal de Cuentas. Hablamos, pues, de un tema que nace el 31 de octubre y se ha prolongado hasta hoy, 17 de agosto. El Gobierno anterior del doctor Batlle dictó un decreto en el cual se hablaba de un período de transición en la prestación de los servicios, lo cual fue recurrido por URAGUA. Lo cierto es que los servicios de saneamiento y de agua potable nunca se interrumpieron. No creo que con esos antecedentes y la situación jurídica que se plantea en la actualidad a alguien se le ocurra que mañana o pasado URAGUA pueda cortar el agua a Punta del Este o no se haga cargo del mantenimiento del saneamiento de ese balneario, porque hasta ahora nada permite prever que eso vaya a suceder.

La necesidad de esta ley podría pasar por el hecho de que OSE tendrá que asumir estos servicios, ya que así lo dispone la reforma de la Constitución que dice que el saneamiento y el agua potable tendrán que prestarse por personas públicas estatales, lo que significa que no podrán ser prestados por empresas, sobre todo en este caso, en que OSE ha planteado una rescisión con fecha 1º de julio, que ha sido observada por la Sala de Abogados del Tribunal de Cuentas y por el propio Tribunal de Cuentas de la República por defectos en la forma y en el fondo. Pero por la vía de la rescisión, de la interpretación de la reforma constitucional o la que sea, OSE por sí misma o mediante esta Unidad de Gestión Desconcentrada, va a tener que asumir esos servicios y a nadie le puede caber ninguna duda de eso.

Podemos coincidir en la Unidad de Gestión o en que se tome a los funcionarios, pero no estamos de acuerdo con la urgencia de que esto sea tratado en el día de hoy por el Plenario, cuando la inmensa mayoría de los Senadores aquí presentes no tienen información acabada ni hay informe de la Comisión -ya que únicamente hay posiciones en mayoría y en minoría- como para tratarlo hoy. Además, el proyecto de ley respectivo acaba de ser repartido y muchos Senadores no lo conocen.

Nos encontramos en una situación en la cual -seguramente- va a haber una controversia judicial -ya la hay, porque se ha planteado una conciliación, por parte de URAGUA, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o al Estado uruguayo-, una litis en la que se van a presentar reclamaciones por decenas de millones de dólares. Nosotros señalábamos la preocupación porque, cuando al Estado uruguayo le van a reclamar cifras varias veces millonarias, sin conocer el proyecto de ley, el Senado de la República quiera estudiarlo y debatirlo hoy, aquí y -sin duda- aprobarlo por la mayoría que, ya adelantó, va a hacer pesar el partido de Gobierno.

¿Por qué tenemos que tratarlo con carácter urgente y aprobarlo en el día de hoy? Sería aprobado, como ya dije, por la mayoría que tiene el partido de Gobierno pero, a mi juicio, este procedimiento no corresponde porque el tema es demasiado importante como para considerarlo esta tarde sin informe de la Comisión y dado que contiene varios artículos que son manifiestamente inconstitucionales.

Por lo tanto, no me parece prudente ni responsable que el Senado apruebe o desapruebe, corrija o modifique hoy este proyecto de ley que tiene una importancia vital. No creemos que pase nada si el tema se prorroga quince o veinte días.

Con respecto a lo que se mencionaba acerca de la temporada de verano, revisando la versión taquigráfica de la Comisión encontré declaraciones -que quisiera leer- del doctor Uriarte, asesor, y del propio Presidente de OSE, el señor Colacce, al referirse a la necesidad y urgencia de esta ley. El señor Uriarte decía, textualmente: "El tema de la necesidad de la ley no es por el hecho de asumir, sino por la forma, la posibilidad de hacer los contratos y, también, la de quedarnos con los contratos tercerizados". Aquí no habla de urgencia, sino de otras razones, como asumir y tomar a los funcionarios. Y esto no lo dice el Senador Moreira del Partido Nacional, sino el señor Colacce, Presidente de OSE.

A continuación, el señor Uriarte, asesor de OSE, expresa: "En esa medida, lo que más nos preocupa es la eventualidad de que la empresa pueda tomar medidas que vayan en desmedro de los bienes que son de OSE. Digo esto porque no hay que olvidar que la empresa es una concesionaria y que los bienes que tiene son de OSE" -no sé si todos los bienes son de OSE, porque esta norma prevé desapoderar de bienes que son de URAGUA; serán de OSE las cañerías, pero los camiones, el "software" y demás deben ser de URAGUA- " y, en la medida que estos bienes se vayan deteriorando, ya que no nos dan garantías -no sólo son bienes inmuebles, hay camiones y maquinaria..." Supongo que en esta concesión habrá fianzas y todo lo demás, pero no conozco los términos de la concesión.

A su vez, el señor Nopidsch, Vicepresidente de OSE, señala: "Disculpen que sea tan pragmático" -esa es una de las razones que da para que se vote este proyecto de ley- "pero quiero explicar las dos posiciones que hay acá. Tanto la empresa como nosotros estamos de acuerdo en que el servicio lo debe tomar la OSE. Entonces, ¿qué es lo que está planteado acá? Un problema económico. "Si nosotros rescindimos nos quedamos con la garantía que, originalmente, era de U$S 20:000.000 y como ahora está en Bonos del Tesoro, son aproximadamente U$S 15:000.000 y el pliego dice que tenemos que devolver a la empresa el 85% de las inversiones realizadas en el departamento. ¿Qué está pasando acá? En la medida en que ellos se están quedando con el canon, ya pasaron cinco meses donde no abonaron los U$S 700.000, es decir, que tienen U$S 3:500.000 a favor". Quiere decir que la urgencia está en razones económicas y no en que se aproxime la temporada. "A medida que pase el tiempo, se nos acorta cada vez más la posibilidad de resarcirnos de lo que dice el pliego. Por esa razón queremos la toma inmediata y también por eso la empresa no tiene ningún interés de hacerlo inmediatamente, pues todos los meses está embolsando U$S 700.000 en el bolsillo, lo que le permitirá ganar plata en la transacción".

Me parece que toda la legislación vigente que tiene el Uruguay y una Justicia independiente puede garantizar un buen resultado para el Estado uruguayo, sin necesidad de modificar un procedimiento sumario, establecido en el artículo 7º, lo que deroga todas las garantías del debido proceso. ¿Por qué la OSE no recurre a la normativa vigente para desapoderar a la empresa URAGUA cuando dicha empresa y el propio Tribunal de Cuentas están reconociendo que el objeto de la concesión es ilícito porque está prohibido por la Constitución de la República? ¿Qué problema tiene la empresa que tiene que recurrir, sobre todo, a los dos últimos artículos de una ley que dejan sin asunto a la empresa, donde la desapoderan y le confiscan todos los bienes sin necesidad de que deba ser oída? ¿Dónde están las normas del debido proceso? ¿La urgencia nos asiste para imponer un artículo 7º que puede hacer incurrir al Estado uruguayo en irresponsabilidad por acto legislativo? ¿Acaso nosotros no estamos derogando un montón de normas que configuran la esencia del sistema normativo que rige las concesiones? Como perla final, el artículo 8º de la ley, con enorme despreocupación y generalidad dice: "Deróganse en lo pertinente todas las normas legales que se opongan directa o indirectamente a la presente ley". ¿Cuáles son esas normas? ¿Son las del debido proceso o las que establecen los procedimientos judiciales vigentes, para que terminen cuando la rescisión fue observada por el Tribunal de Cuentas por unanimidad o con un voto discorde?

Tengo la enorme preocupación de que hoy, con esta urgencia, estemos abordando un proyecto de ley en el que están comprometidos no sólo los servicios esenciales de saneamiento y agua potable de Maldonado -que hasta el momento se vienen prestando perfectamente, porque hasta los propios trabajadores de URAGUA dicen que la gestión de la empresa ha mejorado los servicios y no creo que nadie tenga la preocupación de que mañana Punta del Este amanezca sin agua o no tenga más saneamiento-, sino que también estamos modificando procedimientos que son de precepto en nuestro Ordenamiento Jurídico Positivo, en una sesión plenaria del Senado de la República.

Sinceramente, me opongo a la forma y al fondo porque discrepo con varios artículos de este proyecto de ley y voy a argumentarlo durante la discusión particular. Lo que básicamente objeto, dados los bienes comprometidos en este caso, es el procedimiento, es decir que hoy, después de haber escuchado en una Comisión al Directorio de OSE que ha expresado lo que mencioné anteriormente -que, por cierto, son cosas bastantes ligeras, y no ha recurrido a la razón de urgencia que hoy manifestaba el señor Senador Ríos, sino que ha hablado del canon, de la plata y de las chicanas que podría interponer la empresa URAGUA, en actitud de cierto desdén hacia la Justicia uruguaya y a sus procedimientos-, concluyamos aprobando este proyecto de ley, sin más. Creo que esto hubiera requerido un debate en la Comisión para enriquecer y modificar el proyecto. Nosotros estábamos dispuestos a hacerlo, pero no en la tarde de hoy, en una hora y media. No nos parecía pertinente, porque los bienes en juego son bastante importantes. Además, considerábamos que era una falta de respeto al Cuerpo que la Comisión mandara este proyecto, sin informe, para que hoy lo tratara el Senado de la República y lo aprobara, aun modificándolo, en una misma tarde.

No es la primera vez que esto sucede en el Senado. Ya hemos discrepado con el oficialismo por estas urgencias que luego, en la ejecución, no son tales. Nos pasó con el plan del Ministerio de Desarrollo Social, ¡y todavía está por verse mucha de la distribución que aquí votamos, a marcha forzada, porque se decía que el proyecto había que votarlo en una tarde! Nos va a pasar lo mismo con esto, y todavía le va a costar decenas de millones de dólares al Estado uruguayo. No estoy dispuesto a acompañar eso.

Me parece que si entramos en este tipo de procedimientos no nos va a ir bien, no ya en el relacionamiento entre las distintas bancadas -es decir, entre los opositores y el oficialismo-, sino al país y a la función legislativa. ¿Tanto apuro para qué? Esto viene de atrás; la reforma se aprobó en forma de democracia directa el 31 de octubre y hoy, 17 de agosto, inexorablemente tiene que aprobarlo el Senado, después de que a la hora 14 pasó por la Comisión, donde escuchamos al Directorio de OSE decir cosas que no nos convencieron. Estos hechos son demostrativos de que no están muy seguros. No sé si es un tema económico o del verano; no sé de qué se trata la urgencia de hoy, pero creo que es muy mala y discrepo con ello.

Por ese motivo, los integrantes de la Comisión, que también habíamos tomado contacto…

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- ¿Cuánto tiempo lleva este proyecto en Comisión? Obsérvese que está fechado el 5 de julio y estamos a 17 de agosto; no se trata de un proyecto que ingresó antes de ayer. No estoy informado sobre cómo trabajó la Comisión, pero confieso que me gustaría saberlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- La Comisión incluyó este tema en el Orden del Día y comenzamos a considerarlo la semana pasada, cuando recibimos la solicitud de audiencia de AFURAGUA y del Directorio de OSE, que concurrieron en la misma jornada. En ese momento empezamos el análisis del proyecto, que hoy continuamos en una reunión que, como lo decía la señora Senadora Topolansky, fue bastante accidentada, no pudiendo ingresar al estudio del articulado. Incluso, la propuesta fue discutirlo en el Plenario. De modo que la Comisión consideró este asunto, aproximadamente una semana, a pesar de que yo recibí antes el proyecto y ya lo había leído. De todas formas, aclaro que no existe informe de la Comisión. De modo que, reitero, comenzamos a trabajar en el tema la semana pasada.

SEÑOR ANTÍA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ANTIA.- Hubo una sola reunión, en la que participé precisamente interesado como habitante de Maldonado y como representante de ese departamento en el Senado de la República, por considerar que el tema es trascendente para el departamento y para todo el país. En esa reunión, el propio Presidente de OSE reconoció su demora en presentar este proyecto, diciendo que aún no estaban preparados para presentarlo, ya que debían esperar a que asumiera el Intendente Municipal electo a fin de obtener de éste cierta autorización para realizar la integración como figura en el proyecto. Por tanto, fue el propio Gobierno, el Poder Ejecutivo, que se demoró en la presentación, cuando creo que es él el interesado en su aprobación y en marcar los tiempos.

Participamos con gusto de esa reunión y con un criterio positivo, porque hay muchas coincidencias entre este proyecto y el que nosotros presentáramos. Pero en una sesión se acuerda conversar y, en la otra, ¡a votar a rajatabla! No creo que prestigie al Senado de la República, y mucho menos a la mayoría del Gobierno en este Cuerpo, tratar de esta manera temas de importancia. Es lo que reclamábamos en la Comisión: respeto por las minorías y, a su vez, por la importancia de este tema, que debe ser tratado al más alto nivel en el Senado de la República y no legislando en Sala, como tantas veces hemos visto y se está transformando en costumbre en este Cuerpo. No tengo experiencia en esto; escucho, nada más, y me doy cuenta de que vamos por un mal camino, que incluso conduce a dificultades de relacionamiento, lo cual tampoco es bueno para la democracia de este país.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- A mayor abundamiento, debo decir que esto ha sido todo un proceso de resoluciones y decretos. Concretamente, en un decreto del Gobierno anterior se plasmó una interpretación de la reforma constitucional, y uno del actual Gobierno avala la contraria y resuelve que las concesiones con plazo se mantienen.

Además, no podemos olvidar lo que decía hace unos instantes: la Resolución 760 de OSE, del 1º de junio de 2005, fundada en el Decreto Nº 157, resuelve rescindir por incumplimiento contractual de URAGUA el contrato de concesión. Recién el 29 de junio de este año -estamos cerca de esa fecha- el Tribunal de Cuentas dicta resolución observando, en la forma y en el fondo, la resolución de OSE y el dictado de la rescisión. Entonces, estamos ante un hecho de una gran complejidad jurídica, que vamos a laudar con un proyecto de ley que aprobaremos a marcha forzada.

Reitero, pues, que me parece que esto, por su importancia, hubiera merecido una consideración mucho más profunda. Es necesario introducirle modificaciones, porque compartimos algunos de los aspectos del proyecto pero no otros, que a nuestro juicio son inconstitucionales e inconvenientes. Me parece que no se perdía nada tratando de buscar una solución de consenso entre todas las bancadas, porque todos sabemos que OSE, por una cosa u otra, va a tener que asumir el servicio de saneamiento y agua potable en Punta del Este; lo sabemos y en ello coincide todo el mundo, independientemente de la interpretación que se tenga de los artículos 47 y 181. Considero que podríamos habernos tomado más tiempo para mejorar esto. Hemos votado en contra del criterio que lleva a que hoy estemos analizando algo que la mayoría de los señores Senadores nunca vio y que es muy importante para el Uruguay.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Quisiera enfocar el tema que está a estudio del Senado desde dos ángulos -a mi gusto, tan importante uno como el otro-: desde el punto de vista formal y desde el punto de vista sustancial o del contenido del proyecto.

Cuando al comienzo de esta sesión el Partido Nacional solicitó un cuarto intermedio de treinta minutos ante el anuncio de que se iba a pedir el tratamiento urgente de este proyecto de ley, tuvo en cuenta el tema formal, porque sus integrantes estamos tremendamente preocupados por la gravedad de la situación que se ha generado en el Senado de la República, tanto en el día de hoy como la semana pasada. Efectivamente, como se señaló por parte del señor Senador Penadés, por unas horas del día de hoy, y la semana pasada por otro tanto, el Senado de la República tuvo 32 miembros, contraviniendo, violando groseramente la Constitución de la República, en una situación fáctica que no podemos tolerar como Partido Nacional y que no puede tolerar ninguno de los integrantes de este Cuerpo. Es bueno que el señor Presidente de la Asamblea General y del Senado conozca esta situación, porque tenemos la impresión de que se desayuna en Sala sobre lo ocurrido en el día de hoy y lo sucedido la semana pasada, porque lo conocemos y sabemos que jamás va a tolerar que pueda llegar a repetirse una situación de estas características, y porque creemos -por eso pedimos el cuarto intermedio y hacemos este planteamiento- que lo que hoy está a consideración del Senado, con un presunto informe en mayoría y un presunto informe en minoría, está absolutamente invalidado por el vicio insubsanable que significa la presencia en la Comisión de una persona extraña al Cuerpo durante el transcurso de la discusión de este tema. La gravedad de esto supera lo que nosotros habíamos avizorado cuando los señores Senadores Moreira, Lapaz y Antía nos relataron esta situación, porque más grave aún que el hecho de que el señor Alcorta estuviera presente en esos días -y no es cualquier ciudadano, sino el suplente del señor Senador Michelini, que ha ingresado al Cuerpo en cada circunstancias en que éste ha pedido licencia, y lo hará si ello se repitiera-, es que se trata de un ciudadano del departamento de Maldonado, que fue candidato a la Intendencia Municipal por la fuerza política que representa el señor Senador Michelini y que, por supuesto, está en conocimiento directo e involucrado en la temática en cuestión.

A esto debemos agregar que el señor Alcorta, en la sesión de la Comisión de la semana pasada, hizo uso de la palabra. El señor Presidente del Senado puede pedir al Director General del Cuerpo de Taquígrafos que le envíe la versión original y fiel de lo que sucedió en esa circunstancia y se va a encontrar con que efectivamente estaba presente el señor Alcorta e hizo uso de la palabra. Por su parte, el señor Senador Moreira, Presidente de la Comisión, en aras de proteger la Institución y su regular funcionamiento, le solicitó al Secretario de la misma que se obviara esa barbaridad, no recogiendo en las actas la presencia del señor Alcorta, por tratarse de una presencia ajena y extraña a la integración -esto es gravísimo- y, por ende, al normal funcionamiento de la misma.

SEÑOR MICHELINI.- Es gravísimo lo planteado por el señor Senador Moreira.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: es gravísimo que ahora pretendan, además de los 17 Senadores legítimamente electos en las urnas, tener 18, y quizás mañana 19, porque en realidad no sabemos dónde puede llegar a parar esto.

Entonces, se hace este planteamiento para proteger la Institución, los intereses del Senado y del Parlamento en general, y para no caer en el desprestigio que va a significar frente a la opinión pública que en el día de mañana se sepa que en una Comisión se sancionó un proyecto de ley que había sido discutido la semana anterior con la presencia de un ciudadano más. Con esto cae la representatividad y, por supuesto, la Constitución de la República, que ha sido bastante golpeada en el transcurso de todos estos tiem-pos.

No puedo admitir, el Partido Nacional no puede aceptar ni tolerar -y, por sobre todas las cosas, no puede creer- que este hecho pase por Sala graciosamente y que aquí se diga que, de repente, en alguna sesión del próximo mes se incluya en el Orden del Día un tema de estas características.

Se nos dice, además, que no tenemos derecho a discutir esto porque en el día de hoy el Senado está abocado a analizar otro tema. ¡No! Se está discutiendo un tema que forma parte de él y que hace a su esencia, a su definición. ¡El primero que se tiene que poner en contra frente a una circunstancia de este tipo es el propio Presidente del Senado, y detrás de él, todos nosotros! Por lo pronto, está toda la bancada del Partido Nacional para respaldarlo, a efectos de que efectivamente se respete la Constitución de la República y el Senado funcione normalmente, sin ese tipo de excepcionalidades.

El artículo 5º del Reglamento de la Cámara de Senadores, dice: "Todo Senador podrá reclamar la observancia del Reglamento y el Presidente lo hará cumplir, si a su juicio es fundada la reclamación". El Partido Nacional, en cumplimiento de dicha disposición, ha decidido preguntar al señor Presidente del Senado si, a su juicio, es fundada esta reclamación.

Por otra parte, el artículo 6º establece: "Si fuere cuestionada la correcta aplicación del Reglamento, no se proseguirá en la consideración de asuntos sin resolverse previamente la cuestión planteada".

A su vez, el artículo 7º expresa: "Si se estimase que se contraviene el Reglamento, el Presidente por sí o por moción de un Senador, lo pondrá a votación de la Cámara autorizando una discusión previa en la cual cada Senador podrá usar de la palabra por una sola vez y por diez minutos, a efectos de fundamentar su opinión".

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Luis Alberto Heber)

- En consecuencia, como Partido Nacional -iba a decir en aplicación del artículo 5º del Reglamento, lo cual es mezquino porque en realidad es en aplicación de la Constitución de la República- es que hacemos este planteamiento. ¿Cuántos miembros tiene la Cámara de Senadores?

SEÑOR VAILLANT.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto se la concederé más adelante.

Parto de la base de que el señor Presidente comparte con nosotros que es fundada la reclamación y miro a quien la ciudadanía eligió para que fuera Presidente de este Senado y, por tanto, es nuestro Presidente.

Quiero volver a leer el artículo 6º que dice: "Si fuere cuestionada la correcta aplicación del Reglamento, no se proseguirá en la consideración de asuntos sin resolverse previamente la cuestión planteada". Nosotros queremos que se resuelva la cuestión planteada y que el Senado de la República diga que no la acepta, que no es reglamentaria, y que no va a permitir ni tolerar el ingreso a las Comisiones ni la participación en ellas de ciudadanos o personas en las condiciones en las que se produjo el hecho que hoy estamos denunciando.

Precisamente, solicitamos que el Senado se pronuncie en ese sentido, y que posteriormente continuemos con la discusión del tema a consideración, para que quien habla, así como los demás integrantes del Partido Nacional y el resto de los señores Senadores, puedan ingresar al análisis conceptual, marcar sus diferencias y sus coincidencias. Adelanto que estamos dispuestos a votar algún artículo, de acuerdo con lo que nos sugieren los señores Senadores Moreira y Lapaz, porque entendemos que algunas situaciones se deben amparar. Sin embargo, antes de ingresar al análisis conceptual y de fondo, queremos ingresar al problema formal, porque estamos ante una situación totalmente anómala y grave, que el Senado no puede tolerar, menos aún ante algunas de las expresiones que tuvimos que escuchar cuando con sumo respeto se trajo este tema a la consideración del Cuerpo por parte de los señores Senadores Moreira y Penadés.

Al amparo del Reglamento decimos que esto merece una definición previa, que permita a los once Senadores del Partido Nacional cerrar filas junto al Presidente del Senado y de la Asamblea General, para que estos hechos nunca más se vuelvan a repetir, porque estamos arriesgando demasiado por un tema absolutamente menor. Además, imaginamos que la bancada mayoritaria no necesitará de un auxilio de estas características para ganar en argumentos en la aprobación de un proyecto de ley y en la discusión de un tema como éste, que sin duda es fundamental.

Reitero que el artículo 7º del Reglamento expresa: "Si se estimase que se contraviene el Reglamento, el Presidente por sí o por moción de un Senador, lo pondrá a votación de la Cámara autorizando una discusión previa en la cual cada Senador podrá usar de la palabra por una sola vez y por diez minutos, a efectos de fundamentar su opinión". ¡Vaya si había campo y posibilidades de discutir este tema sin que se nos amordazara, como de alguna manera se pretendió diciendo "vamos a discutir otro día qué fue lo que pasó, que alguien entró a una Comisión del Senado y opinó"! No votó y no sé por qué; lo sabrán explicar quienes estuvieron ese día en la Comisión. Lo único que faltaba era que además hubiera votado; entonces ya estábamos completos, señor Presidente.

No podíamos pasar por alto una consideración como esta. Pedimos, señor Presidente, que aplique el Reglamento a partir del artículo 5º, de manera que podamos escuchar una expresión del Cuerpo respecto a hechos de estas características, para dar al Partido Nacional la oportunidad de cerrar filas detrás del señor Rodolfo Nin Novoa, Presidente del Cuerpo, nuestro Presidente.

Este es el planteamiento que queríamos efectuar.

SEÑOR VAILLANT.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- Puede interrumpir el señor Senador Vaillant.

SEÑOR VAILLANT.- Con franqueza, no intervendría en este tema si no fuera porque callar podría significar aceptar como real lo que se ha afirmado, y es tan grave lo que se ha afirmado, que mañana en los titulares de los diarios podría leerse -tomando parte de lo que aquí se dijo- que el Senado de la República funcionó con 32 Senadores. Y eso no es así. Entonces, me siento obligado a hacer algunas aclaraciones.

Cuando se dice "participó" en la reunión, eso puede ser leído, desde el punto de vista del significado, como que participó con los derechos de un Senador, esto es, que hizo uso de la palabra, que votó y que, además, sus expresiones quedaron registradas en el acta. Si la palabra "participación" se refiere a ello, eso no es lo que sucedió. Si participar se lo comprende como haber estado presente en la reunión, eso sí sucedió, pero eso no es participar de la reunión como Senador, sino estar presente en la reunión de Comisión. Y yo quiero informar -para quienes de pronto no lo conocen- que en varias Comisiones -por lo menos en varias de las que yo participo- los Senadores hemos resuelto, luego de votar, que cada uno de los miembros que en ellas participan pueda concurrir acompañado de un asesor. Así sucede en algunas de esas Comisiones y, personalmente, varias veces concurro acompañado por un asesor. Asimismo, Legisladores de otros sectores políticos, también del Partido Nacional, concurren acompañados de asesores. Esa es una decisión que no está permitida ni prohibida por el Reglamento, y la debe adoptar en cada circunstancia la Comisión por medio de sus integrantes. Y eso hoy sucede. El hecho de que el asesor con el que se concurre pueda ser suplente o no, eso no tiene nada que ver; es el asesor que uno elige y no está mal que se elija para ser asesorado a aquel que eventualmente lo tiene que suplantar y que está siguiendo el tema.

Me importa señalar esto porque, entonces, se trata de dos cosas distintas. El señor Senador Alcorta, que no está en este momento en uso de su cargo, ha concurrido a la Comisión como asesor que es del titular. Estuvo presente, no en su condición de suplente en ejercicio de la función de Senador, sino, reitero, participando como asesor en una Comisión. Debo decir, de la misma manera que acabo de afirmar esto, que si ese asesor en momentos en que estuvo presente en ese Cuerpo hizo uso de la palabra, eso sí es incorrecto. Digo esto porque no puede hacer uso de la palabra, pero sí estar presente como asesor en la medida en que los integrantes de la Comisión así lo permitan y lo resuelvan.

Pueden plantearse distintos enfoques sobre esto, pero creo que en función de lo que acabo de señalar queda demasiado grosero plantear que lo que realmente sucedió fue que el Senado de la República funcionó durante horas o por un período determinado con 32 Senadores, porque eso no es cierto. Si así fuera, tendríamos que decir que funcionó con 33, 34 ó 35 en varias circunstancias anteriores cuando en distintas Comisiones los Senadores del Encuentro Progresista-Frente Amplio- Nueva Mayoría y también del Partido Nacional -por lo menos recuerdo a algunos- concurrieron acompañados por sus asesores.

Nada más, muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- Continúa en el uso de la palabra, en aplicación del artículo 5º del Reglamento, el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Las expresiones del señor Senador Vaillant no hacen más que reafirmarme en los conceptos que acabo de emitir, porque aparentemente el señor Alcorta -que ahora nos enteramos que no solamente es suplente del señor Senador Michelini, sino que, además, es asesor de la bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría en materia de vivienda y ordenamiento territorial, cosa que no sabíamos y que, por otra parte, no ha sido comunicado al Cuerpo ni a ninguna de las Comisiones-, además de contador debe ser arquitecto, esto es, si realizó algún curso en esa materia, lo que hoy lo hace especialista en esos asesoramientos. Pero bienvenido sea, porque entonces quiere decir que el campo de conocimientos del señor Alcorta, a quien el señor Senador Vaillant llama Senador -y ahí tenemos otra discrepancia, porque sólo lo es ocasionalmente y cuando le toca ingresar en lugar del señor Senador Michelini, titular de la banca-, es muy amplio. Como decía, las expresiones anteriores me ratifican de todo lo que acabo de decir, porque el señor Alcorta en la sesión de la Comisión de la semana pasada, además de estar presente, hizo uso de la palabra. Por eso solicité y le manifesté al señor Presidente del Senado que se pusiera en contacto con el Director General del Cuerpo de Taquígrafos para que nos haga llegar, a nosotros o al señor Presidente, la versión taquigráfica original en la que constan las palabras expresadas por quien es -hoy tomamos conocimiento de ello- asesor de la bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría o del señor Senador Michelini quien, además, no estaba en esta temática.

SEÑOR PENADES.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- Puede interrumpir el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: ahondando aún más en la intervención que ha hecho el señor Senador Gallinal con relación a estos episodios, debo manifestar también mi sorpresa ante la interpretación que el señor Senador preopinante, en uso de una interrupción, hacía del hecho de que un Senador suplente no convocado y en situación irregular estuviera presente en una Comisión.

Las Comisiones del Cuerpo se regulan por el Reglamento de la Cámara de Senadores. Claramente, el artículo 141 del Reglamento dice quiénes son los miembros de las Comisiones y en ningún momento el Cuerpo habilita la presencia de otras personas que no sean los Legisladores, los secretarios de las Comisiones y el personal que sirve o concurra a ellas en calidad de asistencia en las más diversas expresiones. La innovación de que cada Legislador pueda comparecer con un asesor, también es irregular y no se debe seguir llevando adelante. Si se quiere seguir llevando adelante -a lo que no nos oponemos- debemos modificar el Reglamento del Senado, y nosotros no tendríamos ningún inconveniente de que eso así suceda. De la misma manera, me adelanto a decir que estamos a favor de que muchas sesiones de Comisiones sean públicas, a fin de que la prensa pueda estar presente en ellas. En este caso en especial, se violentó la Constitución de la República y el Reglamento de la Cámara de Senadores. Además, en el argumento se sostiene que esa persona es asesora de un señor Senador que en ese momento no estaba presente en Sala porque estaba presidiendo otra Comisión. Entonces, ¿los asesores van a poder comparecer sin la presencia del asesorado? Preparémonos para que las próximas sesiones del Senado sean en el Estadio Centenario porque todos iremos con asesores de todas las Comisiones.

Este hecho es de una irregularidad tan flagrante y grave, que puede deslegitimar todo proceso legislativo, porque tanto la Constitución como el Reglamento del Senado son muy claros en este aspecto. Otro elemento que hay que tener en cuenta es la tradición. El Cuerpo ha sostenido durante mucho tiempo -los funcionarios hacen de esto especial hincapié- la condición de que una cosa es ser Legislador y otra, no serlo. No se puede entrar y salir de las Comisiones como si fuera un boliche; se trata del Senado de la República. Acá no viene cualquiera y opina, porque la degradación conceptual sobre las instituciones es parte fundamental del deterioro de la democracia. No es un tema menor que haya entrado un ciudadano, sin ser convocado, a dar su opinión. Las Comisiones se reglamentan claramente en función del Reglamento, en cuanto a cómo deben recibir en calidad de invitados a quienes quieren escuchar y a cuál es el procedimiento para su funcionamiento. Por esa razón, el planteo es absolutamente de recibo y reglamentario. La Mesa no aplicó debidamente el Reglamento y no asesoró debidamente al Presidente sobre los artículos 5º, 6º y 7º, cuando se tendría que haber suspendido el debate central para dar lugar a esta discusión, claramente determinada en un Reglamento que muchas veces, por no leerlo, desconocemos, por lo que es bueno que lo leamos para desconocerlo menos, pues es parte del Derecho Positivo por el que se regula esta Casa, y eso hace a la democracia.

Repito que no es en calidad de asesor que un Senador suplente puede participar en una Comisión; incluso ni los asesores pueden participar, porque el Reglamento así lo establece en el artículo 141. Esto sucedió con un señor, ante las licencias votadas oportunamente por el Senado y luego de haber cumplido los requisitos legales correspondientes en cuanto a haber prestado juramento ante la Cámara. Las licencias regulan los tiempos de permanencia, con todos los derechos y las obligaciones que estos ciudadanos tienen.

Por lo tanto -y con esto termino, agradeciendo al señor Senador Gallinal la interrupción-, este no es un episodio menor ni la oposición lo trae a cuenta para distorsionar el debate, sino que lo hace en la defensa de la ley, que es a lo que se debe dedicar esta Institución.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: las cosas deben tener su justa medida. Cuando se exponen de una forma que no corresponde, se descalifica el propio planteo.

Creo que este es un hecho menor, pero admitamos que para otros sea mayor. Razonémoslo de la siguiente forma. ¿Vamos a juzgar la conducta de un ciudadano -sea Alcorta o cualquier otro- que entra a una Comisión, y en una oportunidad hace uso de la palabra, mientras que en otra sólo escucha? Estoy tratando de razonar del mismo modo en que lo hace el Partido Nacional. ¿Vamos a juzgar con severidad a cada uno de los miembros de la Comisión respectiva porque no hizo notar al Presidente de la misma que había un ciudadano que tenía la calidad de Senador y que en la sesión de la semana pasada hizo uso de la palabra y en la de hoy no lo hizo, pero sí estuvo presente? ¿Vamos a juzgar con severidad al Presidente de la Comisión por no aplicar el Reglamento ni llamar al Presidente del Senado, la semana pasada, para decirle que había un hecho irregular? ¿Se está cayendo la democracia porque nos venimos a enterar de que el señor Senador Moreira, como Presidente de la Comisión, transmitió que iba a borrar ciertas intervenciones porque eso no correspondía y no informó al Presidente del Senado? ¿No correspondía que el Partido Nacional, con la gravedad que da a este hecho -aunque para mí es un hecho menor-, la semana pasada le hubiera comunicado al Presidente del Senado su preocupación? ¿No correspondía que hoy mismo, señor Presidente, al empezar esta sesión, antes de que se votara la urgencia de este asunto, se hubiera hecho este planteo? Repito que para mí es un suceso menor, mientras que para otros tiene mayor dimensión. Me parece que las cosas van por otro carril. Entre los partidos políticos ocurren hechos que pueden pasar todos los días, y este fue debido a la inexperiencia no del ciudadano Alcorta o del Senador Alcorta cuando me suple, sino del señor Senador Moreira que, como Presidente de la Comisión, no hizo cumplir el Reglamento como corresponde, pero a mí no me pasa por la cabeza llamarlo al orden. Digo esto con sinceridad: las cosas tienen su justa ponderación. Incluso para aquellos que creen que este es un hecho de importancia, debieron plantearlo de otra forma para que algunos, quizás suspicaces como yo, un poco desconfiados, no pensáramos que algunos Senadores quieren hacer de esto más circo que mejorar el funcionamiento del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- Quiero informar al Cuerpo que estamos mezclando dos tipos de discusiones. El Senado había ingresado a la consideración del proyecto de ley, pero la intervención del señor Senador Gallinal se hace en el marco de los artículos 5º, 6º y 7º del Reglamento. El artículo 5º dice: "Todo Senador podrá reclamar la observancia del Reglamento y el Presidente lo hará cumplir, si a su juicio es fundada la reclamación". Por su parte, el artículo 6º, señala: "Si fuere cuestionada la correcta aplicación del Reglamento, no se proseguirá en la consideración de asuntos sin resolverse previamente la cuestión planteada". Finalmente, el artículo 7º, reza: "Si se estimase que se contraviene el Reglamento, el Presidente por sí o por moción de un Senador, lo pondrá a votación de la Cámara autorizando una discusión previa en la cual cada Senador podrá usar de la palabra de una sola vez y por diez minutos, a efectos de fundamentar su opinión". Quiere decir que hemos llegado al artículo 7º, en cuanto a que el Presidente -en este caso el Vicepresidente- cree que se ha ingresado en un cuestionamiento al Reglamento. Por lo tanto, el Senado es quien decide si entra a considerar el asunto, en donde los Legisladores pueden hablar por una sola vez y por diez minutos.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- No puedo devolverle la palabra porque en este momento tenemos que definir este punto.

SEÑOR GALLINAL.- Yo estaba haciendo uso de la palabra, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- La tenía en la discusión general del proyecto de ley. Permítanme ser imparcial en la aplicación del Reglamento. Además, el señor Presidente del Senado ha bajado a ocupar una banca con el fin de discutir este tema.

SEÑOR GALLINAL.- Por favor, señor Presidente, ¿me permite hacer uso de la palabra?

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- Para una aclaración, tiene la palabra el señor Senador. Perdonen que sea duro con los nuestros, pero eso me permite tener autoridad moral.

SEÑOR GALLINAL.- No es para una aclaración, señor Presidente; estoy en uso de la palabra sobre el asunto de fondo. Aquí estamos considerando el proyecto de ley y, como lo anuncié al comenzar, lo estaba enfocando desde dos puntos de vista: desde el ángulo formal y desde el sustancial. Para esto tengo treinta minutos con la posibilidad de una prórroga por otro tanto, y así lo estaba encarando. Concretamente, estaba reclamando la aplicación del artículo 5º, que no se había aplicado; se me concedió la palabra para hablar sobre el tema de fondo, y sobre él me vengo expresando, porque para mí y para el Partido Nacional, señor Presidente -que juntos integramos-, están indisolublemente unidos el tema formal y el sustancial en esta circunstancia. Por otra parte, no podemos permitir que ahora se pretenda apuntarle al señor Presidente de la Comisión, cuando el intruso, el elemento extraño fue quien se metió en una Comisión porque entendió que tenía el derecho de hacerlo, en la medida en que alguna vez había ocupado una banca aquí en el Senado, y además hizo uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- Si me permite el señor Senador Gallinal, voy a tratar de ordenar el debate. El señor Senador sostiene que está interviniendo en el marco de la discusión del proyecto y todavía no se ha aplicado el artículo 7º, en lo que tiene razón. Pero se le acaba de terminar el tiempo y el señor Senador Larrañaga solicita que se le prorrogue por treinta minutos más. Por lo tanto, corresponde votar dicha propuesta.

Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 25 en 28. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- No voy a hablar por mucho tiempo más, y seguramente cuando ingresemos a la consideración del fondo, de la sustancia, tendré que acudir a la vía de la interrupción. Y digo que no me voy a extender mucho más por una razón muy sencilla: porque mi Partido se siente honrado de que el señor Presidente del Senado haya bajado de la Presidencia para ocupar una banca, obviamente para hacer uso de la palabra. Por lo tanto, queremos escuchar lo que tiene para decir, para ponernos detrás del señor Presidente.

Pero quería hacer una última reflexión, que me parece muy importante, porque este hecho no es nuevo ni sucedió por casualidad. No estamos hablando de un asesor; pienso que ni quien lo dijo cree que el señor Alcorta sea asesor en esa materia. En el día de ayer, en momentos en que sesionaba la Comisión de Constitución y Legislación, el señor Senador Breccia solicitó, dado que finalizaba su período de actuación como Senador, que se le permitiera participar en las sesiones de la Comisión en el transcurso de los próximos días, porque se va a considerar el proyecto de ley sobre el sistema carcelario, del cual no sé si es autor, pero por lo menos trabajó en él y tiene conocimientos muy profundos al respecto. La Presidencia de la Comisión expresó que no tenía ningún reparo en que ese hecho se concretara en el transcurso de los próximos días. Ibamos a pasar a otro punto del Orden del Día y tuve que asumir el rol del malo de la película para señalar que, a mi juicio, esto era totalmente inaceptable. En ese momento manifesté que el señor Senador Breccia es un caballero, que con él hemos tenido el gusto de compartir varias sesiones del Senado y de la Comisión y que, si bien hemos tenido discrepancias, trabaja en forma por demás respetuosa y es un conocedor de los temas sobre los que opina, pero que ni él ni nadie puede estar participando del trabajo de las Comisiones por el hecho de ser Senador suplente si no está en el ejercicio de la titularidad. Incluso sostuvimos que a nuestro juicio lo mejor sería que el propio Senador Breccia o su fuerza política retirara esa moción, para no colocarnos en la violencia de tener que votar en contra, y que quizás el problema se solucionaría muy fácilmente si algún señor Senador de su sector pidiera una licencia, para que tengamos el honor de tener al señor Senador Breccia compartiendo las sesiones del Senado cuando se trate ese tema. Creo que este procedimiento se habría podido aplicar también en este caso, porque si tanta especialidad tiene el señor Alcorta en materia de agua, de saneamiento y de recorrer un camino distinto al que establece el artículo 32 de la Constitución de la República -y la verdad es que me gustaría que me lo explicaran-, hubiera sido bienvenido.

De todas maneras, insisto en que todo lo dicho termina ante el hecho fundamental de que el señor Presidente del Senado ha pasado a ocupar una banca, seguramente con el propósito de ilustrarnos a todos sobre su opinión y el alcance del artículo 5º del Reglamento de la Cámara de Senadores.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- La Mesa simplemente desea señalar que vamos a interrumpir la discusión del proyecto de ley para aplicar el artículo 7º del Reglamento, según el cual los señores Senadores tienen diez minutos para fundar su posición.

Tiene la palabra el señor Presidente del Senado.

SEÑOR NIN NOVOA.- La verdad es que al Presidente del Senado no le cuesta bajar al llano, como se dice habitualmente, para defender lo que cree que es justo cuando se siente aludido por manifestaciones de algún señor Senador o señora Senadora, en el caso de que así ocurriera, o cuando es cuestionado por inobservancia del Reglamento. Y no tengo ningún empacho en afirmar que los hechos tal cual están siendo contados constituyen una alteración de una gravedad relativa al funcionamiento normal de la Cámara de Senadores. Pero el Reglamento se puede violar por acción o por omisión. No le voy a cargar las tintas al señor Presidente de la Comisión, porque, como él mismo lo ha dicho, hace poco tiempo que está en el Senado y tal vez no tuvo el asesoramiento adecuado de los secretarios, de los funcionarios o de otros Senadores, quienes podrían haberle advertido esa irregularidad. Puedo decir, sin ningún lugar a dudas, que en episodios similares fueron los propios Senadores -y esto lo cuento con evidencia empírica propia- los que advirtieron irregularidades de este tipo. Cuando hay alguien que no es titular en el Senado, habitualmente son los propios señores Senadores quienes hacen la observación y la persona en cuestión debe retirarse. Pero me parece tremendamente injusto que se pretenda achacar esa responsabilidad al Presidente del Senado, en el sentido de que nosotros tendríamos que asegurar, de una manera casi omnipresente, la observancia del Reglamento en cada una de las Comisiones que funcionan en el Senado. Esto es una insensatez absoluta y total.

El señor Senador Gallinal -le pido disculpas por aludirlo- se refiere a un presunto incumplimiento del Reglamento. Para mí el Reglamento es muy claro, y todos saben el esfuerzo que hago para cumplirlo y hacer que se cumpla; a todos les consta que los señores Senadores son amparados en el uso de la palabra, independientemente del partido al que pertenezcan. Me parece que en este punto no hay mayor discusión. Ahora bien, cuando un Senador reclama la observancia del Reglamento, naturalmente que el Presidente debe hacer que se cumpla. Entonces, enterado de este hecho, que no es atribuible al Presidente, se hará cumplir, sin ningún lugar a dudas. Pero lo que quiero es que el Senado se exprese en el sentido de si el Presidente aplicó bien el Reglamento en lo que significa el normal desarrollo de esta sesión. Lo que hizo el Presidente fue aplicar el artículo 68 del Reglamento, dado que establece fehaciente e inequívocamente que cuando se vota una cuestión de orden, ésta tiene que ser pasada a considerar sin más trámite. El desarrollo de la sesión a la que aludió el señor Senador Gallinal también es correcto, porque hace referencia al fondo y a la forma del proyecto de ley, introduciendo esta apreciación. Reitero que me gustaría que el Senado de la República se exprese acerca de si en el transcurso de esta sesión el Presidente hizo cumplir o no el Reglamento.

SEÑOR LARRAÑAGA.- ¿Me permite una interrupción, señor Presidente del Senado?

SEÑOR NIN NOVOA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: creo que queda absolutamente claro que con la misma franqueza con que se ha procedido a reconocer que en las sesiones en donde ingresa un Senador suplente no se está cumpliendo con el Reglamento, también corresponde que nosotros expresemos que no hemos hecho más que aludir citando los artículos 5º, 6º y 7º con respecto a una irregularidad en una Comisión. De esto no hacemos responsable al señor Presidente porque en caso de ser así, hubiéramos elegido el camino de cuestionar a la Mesa y no lo hemos hecho. Reitero que hemos acudido a los artículos 5º, 6º y 7º del Reglamento para que quede claro en el Senado de la República que no pueden ingresar Senadores suplentes a las Comisiones.

El señor Presidente del Senado ha dado una respuesta que, en definitiva, satisface al Partido Nacional y así como se reconoce que hubo una inobservancia reglamentaria en una Comisión del Senado de la República, nosotros decimos que no hemos cuestionado su proceder. Repito que acudimos a los artículos 5º, 6º y 7º para alertar de esta circunstancia, a los efectos de que no se reitere y evitar así seguir perdiendo el tiempo en un tema de estas características. Sin embargo, tenemos la obligación de plantearlo porque queremos llevar adelante un proceso que profundice el debate parlamentario y el diálogo democrático. Lamentablemente, a raíz del procedimiento que se ha seguido al traer -en su legítimo derecho porque lo ampara la mayoría- el tratamiento urgente de este tema por parte del Senado, surgió el otro tema.

Cabe destacar que en la misma sesión de la Comisión de Constitución y Legislación a la cual aludió el señor Senador Gallinal, nosotros tuvimos una intervención en el sentido de que el tema no quedara como un planteamiento de objeción a la solicitud del señor Senador Breccia y que se pudiera resolver en el ámbito de su fuerza política. Supongo que esto estará en la memoria de los integrantes de la Comisión vinculados a la Bancada de Gobierno.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- Puede continuar el señor Presidente del Senado.

SEÑOR MOREIRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Presidente del Senado?

SEÑOR NIN NOVOA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- Advierto al señor Presidente del Senado que sólo le restan 3 minutos.

SEÑOR NIN NOVOA. - En ese caso, continúo en el uso de la palabra hasta finalizar mi exposición.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- Puede continuar el señor Presidente del Senado.

SEÑOR NIN NOVOA.- Señor Presidente: naturalmente que esta es una discusión que nos lleva a todos a una reflexión más lejana. En primer lugar, la Presidencia y la Secretaría del Senado instruirán adecuadamente, tanto a los funcionarios como a los Presidentes de las Comisiones, a los efectos de que el Reglamento se aplique tal cual este Cuerpo ha decidido que se haga.

En segundo término, considero que también es bueno hacer una suerte de autocrítica respecto del conocimiento del propio Reglamento. Digo esto porque hemos asistido muchas veces a presuntas solicitudes de palabra de manera antirreglamentaria por personas que hace muchos años están en el Parlamento. Todos sabemos, por ejemplo, que en la hora previa no se puede fundamentar el voto, que en el uso de las interrupciones no se puede pedir, a su vez, interrupciones, etcétera. Entonces, también es bueno que haciendo una retrospectiva analicemos, estudiemos y leamos el Reglamento, para no tener que caer en situaciones desagradables, que no terminan llevando a buen fin una discusión que debe ser, sin lugar a dudas, fundamentada y seria. Lo importante es ir al centro de las cosas que el país tiene que resolver.

SEÑOR MICHELINI.- Apoyado.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- En pleno agosto hemos tenido una tormenta de verano, y después de algunos rayos y centellas, finalmente escampó.

Luego de las intervenciones del señor Presidente del Senado y del señor Senador Larrañaga, creo que el tema está concluido por cuanto el Presidente y la Secretaría harán las advertencias del caso y no tendremos que vivir más este tipo de irregularidades que han generado ciertas violencias en más de una Comisión. Recuerdo que hasta un futuro Senador que aún no había jurado, asistió en cierta oportunidad a una Comisión. Se trata de cosas que han ido pasando por malas prácticas que se han desarrollado.

Lo importante es que las cosas están aclaradas y se me ocurre que con esas instrucciones que todos asumimos ahora como una resolución del Cuerpo y -sobre todo- como una interpretación razonable, este asunto se termina aquí.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: he sido aludido por el señor Senador Michelini y parece que quien habla fuera responsable de esta situación.

En definitiva, lo único que hice fue formular una pregunta porque me di cuenta de una situación que no advertí inicialmente en la primera reunión y tal vez debería haberlo hecho antes. Lo hice hoy porque la reunión de la Comisión tuvo lugar media hora antes de la sesión del Senado y no hubo en ello ninguna intención de cuestionar a la Presidencia del Senado; simplemente, solicité la aclaración del caso. Es cierto que he sido Legislador por unos meses y que he tenido otros cargos en mi vida política, por lo que tengo experiencia en algunas cosas y en otras tal vez no. Pero reitero que hice el planteamiento con la mejor buena voluntad e incluso di cuenta en la Comisión de esta circunstancia, a lo cual el señor Senador Ríos me contestó que si había algún problema…A veces uno actúa con cortesía aunque tal vez el Reglamento no la tenga en cuenta. El Reglamento es el Reglamento y la cortesía es la cortesía.

SEÑOR RIOS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RIOS.- Me parece que tenemos un problema político de fondo que derivó tangencialmente en otro asunto. Creo que el tema está acabado y el Senador Moreira está haciendo referencia a ciertas cosas que sucedieron en la interna de la Comisión.

A mí me parece que en la vida cotidiana de la Comisión y en algunos temas políticos existen ciertos códigos de conducta. Este Senador confía plenamente en la Presidencia de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que ocupa el señor Senador Moreira, pero de la misma forma cree que todos debemos cumplir códigos de conducta y mantener silencio. El silencio es sólo silencio y el que calla sólo calla, y no otorga.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: no entiendo la reflexión del señor Senador Ríos. En mi vida siempre he tenido códigos de conducta, por lo que no creo haber traicionado a nadie ni que tenga necesidad de guardar silencio. Cuando tengo que dar mi opinión, la doy con total claridad. Simplemente digo que no hemos cuestionado a la Mesa, sino que hemos planteado una cuestión para que se nos aclare. Reitero que siempre he observado el código de conducta y nadie me puede dar consejos en esa materia.

27) PRORROGA DE LA HORA DE FINALIZACION DE LA SESION

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: concuerdo plenamente con las palabras expresadas con anterioridad en cuanto a que la intervención del Presidente del Senado y de la Asamblea General, el reconocimiento del señor Senador Larrañaga y los gestos del señor Senador Gallinal, sin ninguna duda, dan por terminado este episodio. Creo que tenemos que seguir con el tema cuya urgencia ha sido votada, correspondiente a la Carpeta Nº 248 y, por tanto, siendo las 19 y 36 minutos sería bueno solicitar la prórroga de la hora hasta el término de la consideración de este tema.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 23 en 29. Afirmativa.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: en el mismo sentido que los señores Senadores Larrañaga y Gallinal, manifestamos nuestra complacencia y la confirmación de que las palabras del señor Presidente del Senado demuestran la ecuanimidad con que, confiamos, aplicará el Reglamento. A su vez, parafraseando al señor Senador Gallinal, quiero decir que confiando en ese cumplimiento fiel del Reglamento y en las instrucciones que en el futuro dará a funcionarios y Presidentes de Comisiones para que no se vea más esta irregularidad, cerramos filas detrás del Presidente del Senado.

28) SERVICIOS PUBLICOS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- Continúa la discusión del proyecto relativo a Servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua para consumo humano.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- Tiene la palabra el señor Senador.

(Campana de orden)

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: realmente lamentamos que un proyecto de esta trascendencia venga sin informe y se nos imponga la necesidad de pronunciarnos de un modo abrupto. El Partido Colorado no está en condiciones de discutir este tema con propiedad. Es un tema complejo, difícil, que supone reclamaciones muy importantes contra el Estado uruguayo. La propia ley puede generar reclamaciones de la misma naturaleza, dada la somera lectura que he procedido a hacer. No estamos en condiciones de discutirlo hoy, aunque naturalmente la Cámara es soberana de imponérnoslo. No por eso dejamos de expresar nuestra preocupación de que un asunto de esta magnitud se discuta sin informe. Además, de la simple lectura de la ley, advierto que hay un problema de quórum sobre el cual también debería pronunciarse la propia Presidencia: ¿cuántos son los votos requeridos para votar normas de este tipo? Digo esto porque acá se está creando un nuevo organismo. Se usa la palabra "desconcentrado", que es una expresión no demasiado precisa. Antes, nuestra Constitución distinguía muy bien entre Ente Autónomo y Servicio Descentralizado, pero hoy no tanto. Luego de la reforma de 1967 esto no quedó definido, porque se dice que los servicios industriales y comerciales del Estado serán administrados por Directores o Directorios que tendrán el grado de autonomía que fije la ley. Por tanto, no se trata de categorías fijas y precisas como antes: Ente Autónomo, Servicio Descentralizado o Servicio Desconcentrado, cuando se suponía que era un proceso progresivo de descentralización de la decisión dentro de la Administración.

(Ocupa la Presidencia el señor Nin Novoa)

-Aquí se crea una entidad jurídica nueva que, sin ninguna duda, tiene la naturaleza de un Ente Autónomo, ya que se dedica a la explotación de un servicio industrial o comercial. Por más que se diga que esto funciona dentro de OSE, en realidad, tiene un Directorio propio compuesto no sólo por dos Directores de OSE, sino además por una figura ajena totalmente a la Administración Central y a la administración descentralizada, como es una Intendencia. De modo que se está constituyendo una nueva persona jurídica, a la que se le autoriza -creo que en el artículo 7º o en el 8º- a realizar contrataciones. Mal podría atribuírsele esa capacidad si no tuviera personería jurídica. Entonces, si estamos creando un organismo de este tipo, se requeriría dos tercios de votos.

En realidad estoy improvisando y no sustentando dogmáticamente una tesis doctrinaria profunda como una verdad revelada. El tema se nos vino encima y su lectura rápida nos arroja muchas dudas. Una de ellas es ésta y quizás debamos discutir sobre ella, porque el propio artículo 1º nos está planteando la perplejidad de la cuestión. Se inicia con el claro propósito de decir que esto no es un organismo nuevo, pero cuando se lee todo el desarrollo se encuentra que es una nueva persona jurídica dedicada a una explotación de tipo comercial. Según la Constitución, debe ser definido por ley su grado de descentralización, lo que aquí se hace, y eso requeriría dos tercios de votos. Me parece que el tema no es menor. Tampoco lo son todas las implicancias que puede tener esta ley desde el punto de vista de una norma constitucional novedosa que se ha interpretado de modo muy distinto. Hay unos decretos que han sido impugnados de inconstitucionales y unas reclamaciones que están en curso en tribunales del país y en tribunales arbitrales. Realmente lamento que hoy tengamos que tratar esto de este modo y en este nivel, para nosotros, de improvisación. Lo que acabo de decir, desde el punto de vista jurídico, es una improvisación, pero la duda es razonable y me ha asaltado: ¿qué estamos haciendo en este caso?

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: interpreto que se le ha formulado una pregunta a la Mesa y no sé si esto va a derivar en otra discusión sobre las mayorías.

Lo que quiero decir, señor Presidente, es que la naturaleza jurídica de esta unidad que se crea es desconcentrada, según lo que allí dice. En el Uruguay nadie tiene dudas sobre qué quiere decir un órgano desconcentrado, y hay montones. Me atrevo a decir que es muy difícil que haya un ente u organismo que no tenga dentro organismos desconcentrados o poderes.

Como aporte reglamentario -sin tomar el Reglamento, como tal, del Senado, sino desde el punto de vista de las mayorías necesarias- quisiera expresar que la única exigencia de dos tercios que hay en la Constitución, ni siquiera es para crear un servicio descentralizado. Esa es, precisamente, una de las diferencias que subsisten entre entes autónomos y servicios descentralizados, aparte de qué recursos administrativos caben y otra sobre el estatuto de los funcionarios. Eso es lo que dice la Constitución. Para crear nuevos entes autónomos o para suprimir los existentes, se requieren dos tercios de votos. Se podrá discutir todo lo que se quiera, pero que no se está creando un ente autónomo es muy claro, ya que ni siquiera la OSE lo es. En fin, la exigencia o la duda de si se requiere una mayoría especial, no la tengo, y me parece razonable no tenerla.

Por otra parte, en la Constitución se establece que para crear nuevos entes autónomos o para suprimir los existentes, se requieren dos tercios. Por lo tanto, para crear un órgano o un organismo que no sea un ente autónomo, no se requieren dos tercios.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa se ve en la obligación de aclarar que cuando la Presidencia era ejercida por el señor Senador Heber y hacía uso de la palabra el señor Senador Gallinal, a éste le fue votada una prórroga que cedió en determinado momento ante una interrupción de quien habla. Por lo tanto, la Mesa quiere aplicar el Reglamento de la manera más ecuánime posible y considera que el señor Senador Gallinal dispone aproximadamente de unos 25 minutos para realizar la segunda parte de su exposición.

Tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: yo quería apuntar ahora al otro ángulo, el conceptual, al análisis de fondo del proyecto de ley que tenemos a consideración.

El Partido Nacional va a proponer que la iniciativa vuelva a la Comisión para su correcto estudio, ya que adolece de carencias y errores absolutamente inaceptables y porque, además, contiene algunos artículos que son groseramente inconstitucionales, que exponen al país a reclamaciones económicas que mucho nos tememos puedan prosperar, y por montos varias veces millonarios.

La confusión conceptual del proyecto es tan grande, que surge de su propia exposición de motivos. Obsérvese que la exposición de motivos dice que el numeral 3º del artículo 47 de la Constitución de la República establece que "el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales". Esta reforma constitucional fue aprobada conjuntamente con la elección nacional del 31 de octubre del año pasado. Agrega que el artículo 2º de la Ley Nº 11.907 comete a la OSE "la prestación del servicio de agua potable en todo el territorio de la República". Y señala que en ese marco y habiéndose dispuesto, de acuerdo al decreto Nº 157/05, la obligación del Estado de asumir todos los servicios de agua potable y saneamiento que no se encuentren con plazo contractual vigente, es imprescindible tomar todas las providencias legales, reglamentarias y materiales, a los efectos de hacerse cargo en el menor tiempo posible de los servicios hasta el momento prestados bajo el régimen de concesión o administración por operadores privados y asegurar en forma eficaz y continua el mantenimiento de la prestación de los mismos.

Ese es el fundamento del proyecto de ley, que se basa en el decreto Nº 157/05, y este, que reglamenta la reforma constitucional, establece que ese ingreso de la persona jurídica -en este caso, la OSE- debe realizarse en aquellos casos en que no exista plazo pendiente. Y precisamente, en el caso que estamos considerando -el de URAGUA-, hay un plazo pendiente.

Quiere decir que a través de este proyecto de ley, basándose en la reforma constitucional, artículo 47, y en el decreto Nº 157/05, pretenden aplicarle esa solución -a juicio del Gobierno, constitucional- a URAGUA. Si hay alguien que está amparado por la interpretación que el Gobierno hace a través del decreto Nº 157/05 de la reforma constitucional, son URAGUA y Aguas de la Costa, que tienen plazo contractual pendiente.

Es un error absolutamente inaceptable que, además, abre el flanco cada vez más grande para la demanda millonaria que se va a resolver contra el Estado. Por otra parte, según tenemos entendido -porque así lo dijo el Poder Ejecutivo en más de una oportunidad, el señor Presidente de la OSE y la unanimidad de los actuales integrantes de su directorio-, lo que se está haciendo en el caso de URAGUA es aplicarle las cláusulas correspondientes de rescisión del contrato vigente con plazo pendiente por incumplimiento.

Entonces, si ese es el camino que se va a seguir -en el caso de que se lleve adelante en forma legal y con fundamento-, para evitarnos una indemnización de las características y del monto que, más o menos, todos nos imaginamos, está bien, pero no pueden cometer un error conceptual de tal magnitud, como el de reglamentarlo en la reforma constitucional, a mi juicio en forma arbitraria y equivocada, ya que me parece que no es esa la interpretación correcta, pero la hace el Poder Ejecutivo y en su legítimo derecho, porque tiene atribuciones para reglamentar. Creemos que eso se debería haber hecho por ley, tal como lo establece la Constitución de la República, porque es el camino que ofrece mayores garantías y nos ponía a salvo de ulteriores demandas; sin embargo, se hizo por Reglamento. Se hizo así en una interpretación que no compartimos, pero también damos por superada esa instancia. Y ahora, después que interpretan de determinada forma la reforma constitucional del 31 de octubre, la aplican de otra totalmente distinta, precisamente la contraria, con lo cual están sirviendo en bandeja a URAGUA los fundamentos para que realice una demanda multimillonaria. ¿No había dicho el Gobierno que la OSE no entendía que en el caso de URAGUA había un incumplimiento y que, en consecuencia, correspondía promover la rescisión? Entonces, si correspondía promover la rescisión, ¿cómo le van a aplicar una reforma constitucional que a juicio del propio Gobierno no alcanza a aquellas concesiones que tienen -como la de URAGUA y Aguas de la Costa- un plazo contractual pendiente de cumplimiento? Me parece que ese solo argumento es suficiente para decir que hay que bajar la pelota y volver el proyecto a la Comisión para estudiarlo en profundidad, que se acelerará si es necesario, que se trabajará con mayor intensidad y se convocará a la Comisión todos los días. Pero no cometamos este error garrafal, porque entonces sí nos vamos a ver enfrentados a un lío tremendo, con el que seguramente cargarán las futuras generaciones, porque va a haber demandas que llevarán su tiempo.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: me parece que no es lo que se desprende de la exposición de motivos, porque se establece con mucha claridad que por resolución del directorio Nº 760/05 se procedió a la rescisión del contrato con URAGUA por culpa de la concesionaria, o sea, por incumplimiento.

En el marco de lo que establecen la reforma constitucional, la legislación vigente y el Decreto, OSE asume directamente la gestión de este asunto. Creo que no tiene otra complejidad que la que se desprende del propio texto y de las decisiones tomadas.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: de acuerdo con la interpretación que estamos tratando de realizar, en este caso hay un andarivel un tanto contradictorio entre el Decreto del Poder Ejecutivo y este proyecto de ley porque, aun cuando persigue el mismo objetivo, va por caminos diferentes, incluso en algunas de sus disposiciones con una clara violación, desde nuestro punto de vista, del principio de separación de Poderes.

El Decreto del Poder Ejecutivo que reglamenta la reforma dice: "Cométese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la adopción inmediata de las medidas conducentes a asumir, en forma directa y exclusiva, la prestación de servicios públicos de saneamiento y de servicios públicos de abastecimiento de agua para el consumo humano, que al presente estén siendo suministrados por prestadores no estatales sin plazo contractual o con carácter precario". Me hago cargo de la observación que también ha hecho el señor Senador Gallinal sobre este tema.

Este proyecto de ley va directamente en contra de lo que establece el Decreto porque, sin perjuicio de esta disposición del artículo 2º en que se comete al Poder Ejecutivo la adopción inmediata de todas las medidas para asumir en forma directa y exclusiva la prestación de estos servicios, en el artículo 7º, se indica: "El operador privado correspondiente deberá entregar los servicios referidos en el artículo 1º y los bienes afectados al mismo, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a que le sea requerido por la Administración de las Obras Sanitarias del Estado por cualquier medio fehaciente". Esto es de una generalidad y de una decisión de carácter administrativo que se va a tomar en función de la ley que, evidentemente, no tiene ningún tipo de límite con respecto a los derechos y al funcionamiento de los operadores que están en este momento, aun sin perjuicio de la interpretación que se pueda tener sobre el alcance de la reforma constitucional. Es más; en el segundo inciso del artículo 7º, se señala: "En caso de que la entrega no se verificara en la forma prevista y a efectos de asegurar la continuidad de los servicios a los usuarios del departamento de Maldonado, el citado Organismo podrá solicitar la misma ante el Juez competente, quien deberá disponer sin más trámite y sin perjuicio". Parecería que la continuidad de los servicios se asegura por la vía legislativa estableciendo, entre otras cosas, la violación del principio del debido proceso. Quien está afectado por esto, no tiene posibilidad de contestar y, además, ingresa en el ámbito del Poder Judicial y se le dice al señor Juez que deberá disponer sin más trámite y sin perjuicio. ¿Cómo es posible que por la vía legislativa tengamos que decir al Juez cómo tiene que dictaminar y pronunciarse en un procedimiento judicial que está en la órbita de su propia autonomía como parte del Poder del Estado. Creo que es importante reflexionar sobre esto. Con este antecedente, más allá de los derechos que existen, estamos habilitando a una controversia en donde el propio operador privado, que está afectado desde el punto de vista legal -porque la reforma constitucional así lo dispuso-, pueda plantear recursos ante la Administración y lograr resultados positivos.

Me parece que con este tipo de antecedente y esta visión de cómo se aplica la ley con cinco días y con instrucciones claras sobre cómo debe actuar el Juez, esta iniciativa debería tener un poco más de discusión con la participación de algunos juristas y profesores que opinen sobre este tema. Digo esto porque, más allá de la urgencia política que pueda existir, estamos ingresando directamente en el ámbito del Poder Judicial, dictaminando claramente sobre cómo debe proveer el Juez en cada circunstancia sin tener la posibilidad el mismo de analizar, en función de su autonomía, cuáles son los elementos que están vinculados a su función jurisdiccional.

Creo que este tema ha sido y sigue siendo manejado con urgencias que no son aconsejables para la actividad legislativa, máxime teniendo en cuenta que el propio Gobierno y las mayorías parlamentarias existen para aprobarlo en forma regimentada sin tener una discusión mínima, a lo que sí aspiramos nosotros para poder mejorar y asegurar que la Administración no se vea enfrentada a circunstancias que después terminen siendo perjudiciales no sólo para ella, sino también para los usuarios, que son quienes terminan pagando los errores judiciales o los errores políticos de los Gobiernos.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: la pregunta que me realizo y que formulo a los señores Senadores del oficialismo tiene que ver con lo siguiente. Imagino que cuando impulsaron la reforma constitucional sabían que se iban a enfrentar con problemas de estas características. También les consta que la responsabilidad primera de quien tiene la obligación y el deber de manejar recursos ajenos, es la de cuidarlos.

Personalmente no voté la reforma ni aconsejé apoyarla, alineándome con mis compañeros de Partido en cuanto a la interpretación para el caso de que se aprobara. Hoy estoy aquí tratando de ayudar a darle un marco legal adecuado, es decir, el marco jurídico que esto se merece. De lo contrario, esta multinacional nos va "a hacer un agujero" enorme y todavía le estamos dando los argumentos, con las leyes que se pretenden aprobar, con una urgencia que no logro explicarme. Acá no hay enemigos ni un adversario para la definición de este tema, sino alguien dispuesto a ayudar con fundamentos, porque entendemos que se cometen unos errores conceptuales que son verdaderamente alarmantes y preocupantes.

Como no dispongo de mucho tiempo más, quiero agregar otro concepto que me parece fundamental que deberíamos cuidar para evitar la inconstitucionalidad de la ley que, por este medio, le estaríamos sirviendo en bandeja a los futuros demandantes. Se trata de lo que acaba de señalar el señor Senador Abreu respecto al artículo 7º del proyecto de ley, que en su inciso primero dice: "El operador privado" -léase URAGUA, en este caso- "correspondiente deberá entregar los servicios referidos en el artículo 1º y los bienes afectados al mismo, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a que le sea requerido por la Administración de las Obras Sanitarias del Estado por cualquier medio fehaciente". Con esto se está quitando a los administrados -en este caso con nombre y apellido, aunque no lo dice el proyecto de ley- toda posibilidad de defensa porque, lisa y llanamente, deben entregar los servicios allí referidos. A continuación, viene lo más grave, que es lo que se establece en el inciso segundo: "En caso de que la entrega no se verificara en la forma prevista y a efectos de asegurar la continuidad de los servicios a los usuarios del departamento de Maldonado, el citado Organismo podrá solicitar la misma ante el Juez competente, quien deberá disponer sin más trámite y sin perjuicio". Pregunto qué pasó con el artículo 32 de la Constitución de la República, pues aquí estamos hablando de algunos bienes del Estado que están en concesión y, por ende, URAGUA está legalmente habilitada a utilizarlos, pero también hay otros que son propios de esa firma. Además, en los términos de la concesión está establecido que, a su finalización, recién pasan a propiedad del Estado. El artículo 32 de la Constitución de la República, señala: "La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación." -este podría ser el caso de necesidad pública o de utilidad pública establecido por una ley, pero este proyecto no lo dice- "Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación; incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda". Quiere decir que el Estado tiene la obligación de indemnizar a esa firma en función de los daños y perjuicios que sufriere en razón de la duración del proceso expropiatorio. Cabe imaginar, entonces, la obligación de indemnizarla y la responsabilidad que le va a caber al Estado por aplicarle "manu militari", así como por quitarle los bienes en función de una ley que está flagrantemente en contra de lo que dispone la Constitución de la República.

Creo que tiene fundamento y sentido que, en estas circunstancias, una vez más se escuche a la oposición, se le evite un daño al Estado y se remita el proyecto de ley a la Comisión nuevamente. Nosotros estamos dispuestos a ayudar, aunque no lo necesita el Gobierno, porque tiene asesores más que suficientes. Basta con que se tomen tres o cuatro días más de trabajo y se elabore un proyecto de ley debidamente estructurado, respetando la Constitución y estos principios fundamentales y tradicionales.

Es más: aquí se les está haciendo un daño enorme a las posibilidades de inversión futuras. ¿Quién va a venir a invertir en el Uruguay si a uno que invirtió en su momento le hacemos esto? Quizás se demuestre su incumplimiento, pero eso será nada al lado de esto que hoy se está elaborando aquí y que, lamentablemente, si dicho incumplimiento existe -eso no lo sé- le va a terminar dando la razón a quien no la tiene, por lo menos desde el punto de vista jurídico. Cuando sea enviado al Tribunal Arbitral -que es donde se dirime esto-, no será materia de jurisdicción del Poder Judicial uruguayo. Está pactado expresamente en el contrato que las diferencias entre las partes se resuelven ante un Tribunal Arbitral. Con todo este cúmulo de errores -por usar el adjetivo más benigno para las circunstancias-, le estamos dando la posibilidad, ya no de triunfo en la demanda que va a promover, sino de lograr una indemnización que va a ser absolutamente injusta y que le va a hacer un daño enorme al patrimonio nacional. Nos va a hacer perder no solamente millones de dólares, sino también el respeto de los inversores que el Uruguay quiere construir y a los que la fuerza política que hoy tiene la responsabilidad de conducir el destino del país está invocando permanentemente.

El país necesita desesperadamente llegar, por lo menos, a una relación producto-inversión o inversión-producto del orden del 20%, para pensar en márgenes razonables de reactivación económica en el mediano plazo. Estamos muy lejos de esto y condenándonos a no tener inversión extranjera directa o inversión nacional directa si damos ejemplos con estas características y aprobamos leyes de este tenor que, repito, solamente pueden ser aprobadas porque a la fuerza política se le ocurre decir que va a aplicar la mayoría a rajatabla, que no va a aceptar lo que le diga la oposición, que le importa poco lo que dispone el artículo 32 de la Constitución de la República y que lo va a hacer igual, porque quiere hacerlo.

Nosotros les decimos: "Si quieren hacerlo," como decía el maestro, "vamos a hacerlo bien". Estamos dispuestos a colaborar para hacerlo bien, a aportar redacciones que den las soluciones jurídicas perfectas porque, si efectivamente el Directorio de OSE ha comprobado, como lo ha señalado con el respaldo del Poder Ejecutivo, un grave incumplimiento por parte de URAGUA -lo que a nosotros no nos consta, pero hacemos fe en que efectivamente es así-, es razón de más para aprobar una ley como la gente, razón de más para actuar como hay que actuar porque, de esa manera, estaríamos evitando el daño que le van a hacer al país, que tiene una dimensión y unas consecuencias que hoy es difícil imaginar; razón de más para que el proyecto vuelva a la Comisión y quizás el jueves de la próxima semana se cite a una sesión extraordinaria para introducirle las modificaciones necesarias, pero no a los ponchazos, no de esta manera, porque ni siquiera se ha argumentado ni se han levantado, no ya las críticas, sino los defectos que estamos señalando a la luz de los textos constitucionales y legales.

¿Qué necesidad tiene el país de ingresar en un camino con estas características? ¿Por qué pasar de largo la Constitución de la República en una temática de esta dimensión y de esta importancia? Además, atrás de la incorrecta aplicación de la Constitución, de la reforma constitucional y de la ley, vienen los demás, es decir, otras empresas concesionarias que van a terminar haciendo reclamaciones, no sé si con las mismas características y por iguales montos, pero con fundamentos que van a surgir de los propios errores que se van cometiendo, tanto en el trámite de los decretos como en la implementación de las leyes complementarias.

Por lo expuesto, señor Presidente, cuando se ingrese a la discusión general, en nombre del Partido Nacional, dejamos planteada la moción de que el proyecto de ley vuelva a Comisión con la mejor disposición de nuestra parte a ayudar en todo lo que el Gobierno entienda pertinente que se pueda ayudar, porque solamente se puede ayudar a quien se deja ayudar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- La intervención del señor Senador Gallinal, en su parte final, básicamente apuntó a donde yo pensaba hacerlo.

Quisiera referirme a dos cuestiones. Personalmente, nunca vi y no existe una unidad desconcentrada de un Ente Autónomo o un Servicio Descentralizado. Sólo puede ser desconcentrada siempre y cuando el Directorio tenga el mando total, pero acá hay un nuevo Directorio con personas ajenas; estamos creando un Ente nuevo. A mi juicio, eso es bien claro y, por lo tanto, se debe aplicar el artículo 189 de la Constitución. Eso es así. Las otras empresas no tienen unidades desconcentradas con Directorios distintos; a veces, tienen sociedades anónimas autorizadas por ley, pero el mando es siempre el mismo Directorio. Acá tenemos un Directorio nuevo con gente de otro lado, en este caso, de la Intendencia de Maldonado. Más allá de este punto, que me parece clave -sería ya una interpretación muy sui géneris de la Constitución-, y con este criterio, las empresas públicas podrían hacer cualquier cosa, crear las unidades que quisieran y como lo desearan. Además, elegirían a los Directores que quisieran del organismo público que quisieran.

Hay dos cosas que me parecen relevantes. Voy a empezar por el artículo 7º del que tengo exactamente las mismas dudas que expresó el señor Senador Gallinal y se lo comenté al señor Presidente aparte. Nosotros vamos a hacer un juicio por la expropiación de los servicios. Es bastante dudoso, porque los informes de la Comisión de aplicación decían que URAGUA estaba cumpliendo el contrato y que había otros problemas que no eran de dicha empresa, sino que derivaban de que no se definía por dónde pasaba el caño colector, por dónde tenían que salir las emisiones y demás.

Con este artículo, con este avasallamiento sobre los derechos, estamos dándole toda la argumentación para decir que no importa si es dudoso o no es dudoso; que al país se le ocurrió hacer un juicio sumario, sacarnos todos los bienes sin el juicio normal de expropiación, los nuestros y los que le pertenecían al país, y eso no tenemos forma de ganarlo, no existe en ningún lugar del mundo, no lo ganamos ni en la Justicia uruguaya por más buena voluntad que los Jueces quieran tener.

Por lo tanto, como decía el señor Senador Gallinal, me parece que este artículo es darle todo para que tenga un argumento tan de peso al final, que los daños y perjuicios se van a multiplicar y la indemnización justa que podríamos llegar a pagar en caso de no tener razón en cuanto al cumplimiento de la concesión -que el país sostiene que no se cumplió-, quede de lado y venga una "astreinte", por decirlo de alguna manera, aunque no es el término jurídico exacto.

Aclaro que he dicho lo anterior con cierto conocimiento de cómo funcionan estos tribunales arbitrales -en este caso, iríamos al CIADI-, que tienen normas internacionales y específicas, y valoran mucho qué hace o no hace el país. Después del respeto que Uruguay tiene y de haberse comportado tal como lo hizo, que nos comparen con algún otro país que hizo cualquier cosa me parece que no tiene sentido, máxime, por algo que es menor y se puede hacer de otra manera, quizás, en un tiempo mayor. Además, no va a cambiar la sustancia porque, hasta ahora, la empresa siguió prestando los servicios porque el Poder Ejecutivo le dijo que hasta que no terminara de hacer la toma de posesión, debía seguir haciéndolo. Así continúa trabajando y, a mi juicio, a satisfacción.

El artículo 6º habla de que se autoriza a esta Unidad de Gestión Desconcentrada a contratar directamente con empresas, o subcontratistas de éstas, cuyos servicios debe asumirse y que al 1º de junio del año 2005 tuvieran contratos vigentes con dichas empresas, siempre que los considere necesarios para la continuación y gestión de los mismos. Aquí tenemos un problema porque el artículo 47 de la Constitución dice que los servicios serán prestados directamente por el Estado. En este caso, autorizamos -y de hecho vamos a hacerlo- a que empresas privadas presten los servicios que la Constitución manda prestar por el Estado. Mientras estamos en la etapa de transición y no asumimos, puede ser, pero cuando el Estado asume ¡no puede contratar servicios de privados para cumplir una tarea que debe hacer directamente por la modificación constitucional! Entonces, es una nueva inconstitucionalidad al nuevo marco constitucional que tenemos.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: en primera instancia, me alegro de que el Senado haya discutido el aspecto reglamentario y en el tono que corresponde dialogar, no a los gritos, como habíamos comenzado. Asimismo, me alegro de que no se haya interpretado esto por parte del oficialismo como una intención de dilatar el pronunciamiento del Senado sobre este proyecto de ley.

Realmente, suscribo casi todo lo dicho por nuestros Senadores. Sé que desde el oficialismo existe la voluntad de votar este proyecto de ley cuanto antes, pero creo que nos merecemos una respuesta, y no solamente los Senadores que estamos de este lado, sino también toda la opinión pública. Uno puede intentar que al Gobierno le vayan las cosas bien y creer que este proyecto lo ayuda. Pero hay temas gruesos que se han mencionado en la tarde de hoy, que no han merecido ni la atención de algunos señores Senadores para poder darle respuesta.

SEÑORA PERCOVICH.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: quería hacer algún comentario sobre algunas de las cosas que se han dicho, por ejemplo, las dudas con relación al incumplimiento de URAGUA. Realmente me sorprende, porque el Partido Nacional ha integrado el Parlamento durante los últimos años, desde que se hizo el contrato con URAGUA, y figuran en actas las quejas amargas de la Presidencia de OSE con relación al incumplimiento. El Partido Nacional integraba ese Directorio y, además, este Parlamento, donde se detallan con mucha justeza los incumplimientos de la empresa. Realmente me sorprenden esas dudas de parte de integrantes del Partido Nacional.

Con relación a otro tema acerca del cual se han planteado dudas, con justeza, también me sorprende que no se hayan trasladado las preguntas que se efectuaron, justamente, por parte de un integrante del Partido Nacional -que conoce la situación en el departamento- con relación a los bienes de URAGUA y a qué va a pasar con todo ello para evitar reclamos posteriores. Con relación a los bienes que son de la empresa -específicamente, el señor Senador Antía señaló cuáles eran-, el Presidente de OSE respondió que hay una cantidad de equipos y de software que están totalmente asociados a la gestión. Expresó el Presidente Colacce: "Nosotros interpretamos que esos bienes son parte de la concesión. Es más; en el pliego está previsto que, en este caso, a raíz de la rescisión del contrato, nos quedamos con la concesión y esos bienes pasan a ser retribuidos a la empresa descontándoseles de la garantía. Es decir que el 85% de inversión no amortizable estaría traducido en equipamiento". Creo que estas cosas fueron claramente contestadas por parte de la actual Dirección de la empresa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑORA ANTIA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER. - Antes de conceder la interrupción al señor Senador Antía, deseo indicar que me importa que intervenga la señora Senadora Percovich ya que, de alguna manera, da un punto de vista, sobre el que se podrá coincidir o no. De todos modos esta es la discusión que debemos tener. Desde ya adelanto que tengo algunas preguntas para plantear.

Con mucho gusto, concedo la interrupción al señor Senador Antía.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑORA ANTIA.- Con respecto a la pregunta que le hice al señor Presidente de OSE, me referí a cuál va a ser el destino de los bienes que hoy son instrumentos de la concesión y pertenecen a la empresa. Por ejemplo, hice mención a un bien que vale mucho dinero, como es el de un camión desobstructor -OSE tiene uno para todo el país- que hay en Maldonado y vale más de U$S 250.000. También me referí al software de la empresa que fue reconocido por todo el Directorio de OSE como un instrumento valiosísimo para la buena gestión que hoy es aceptada. El señor Senador Gallinal hacía referencia al peligro de una ley que tiene un artículo 7º y que nos expone a riesgos en momentos de tomar mano de todo lo que hay en URAGUA, porque sí, y en cinco días pedirle al Juez que nos permita hacer cargo de todo, sin saber qué pasa con esos bienes que son de la empresa. Nos asombra que el propio Presidente Colacce diga: "No, pero eso forma parte de la concesión". No es así. Expresa claramente: "Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que hay una serie de equipos y también un software que está totalmente asociado a la gestión. Interpretamos que esos bienes son parte de la concesión". ¡No, son de la empresa que hace la gestión!

SEÑORA PERCOVICH.- ¿Está leyendo, señor Senador?

SEÑOR ANTÍA.- Sí, señora Senadora. Estoy leyendo lo mismo que usted leyó, pero nos preocupa que ya lo consideren como parte de la concesión, porque no es así, puesto que son parte de la empresa. En caso de aplicarse el artículo 7º, esos bienes serían privados de "manu militari", tal como expresaba el señor Senador Moreira.

Era cuanto deseaba indicar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑORA GALLINAL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- No me constan -porque no formamos parte del Directorio de OSE, ni ejercemos en este momento ningún contralor sobre esta entidad, al menos, en forma directa- las irregularidades que pueda haber cometido URAGUA en lo que refiere al cumplimiento de la concesión. Pero dije algo más. Expresé: "Supongamos que efectivamente las cometió". Y agregué: "Supongamos que son de una gravedad tal -no tengo por qué creer que no es así, porque el Directorio de OSE lo cree y ellos están en el tema-, de una dimensión, que ameritan y fundamentan la rescisión del contrato".

Por lo tanto, razón demás para no aprobar esto porque le estaríamos dando los argumentos de que carece. Le estamos dando los instrumentos que no tiene. Si efectivamente hubo un importante incumplimiento, no le dé ahora el Parlamento o el Gobierno por vía de ley o de decreto los instrumentos en función de los cuales mañana pueda llevarse una enorme indemnización en forma absolutamente injusta. Esa es la referencia que nosotros hicimos al incumplimiento del que se habla por parte de URAGUA.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR MOREIRA.- ¿Me permite una interrupción señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto pero ésta será la última que concedo, porque de otra manera no voy a poder hacer uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Con respecto a los incumplimientos, quisiera reiterar lo que señalábamos en cuanto a que la rescisión por eventuales incumplimientos de URAGUA -re-solución administrativa de fecha 1º de junio-, fue observada expresamente por el Tribunal de Cuentas por defectos en la forma y en el fondo, así como también fue recurrida por URAGUA. O sea que está firme la resolución de rescisión y hay una observación concreta del Tribunal de Cuentas por aplicación de la reforma constitucional. Dicho Tribunal dice que se ha extinguido la relación contractual a partir del 31 de octubre del año pasado y, por lo tanto, ni siquiera corresponde la rescisión. En consecuencia, estamos en un marco diferente. Los incumplimientos se dan en la fase correspondiente pero, de cualquier modo, si partimos de la opinión del Tribunal de Cuentas como válida, la OSE puede sin necesidad de la ley asumir la prestación de los servicios y en acatamiento de las normas generales de nuestro ordenamiento jurídico. Esto va más allá de los eventuales incumplimientos que creo que atañen al rubro inversiones. Por otra parte, se señaló en la comparecencia del Directorio de OSE en la Comisión de que URAGUA, inclusive, estaba en mora. En ese sentido, tenemos manifestaciones de otras fuentes que nos dicen que esto no es así. Lo que el Tribunal de Cuentas sostiene es otra cosa absolutamente distinta, es decir que observa a OSE por la forma como rescinde la relación contractual y aclara que está extinguida.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: me parece que los argumentos de tipo jurídico que se han hecho son incontrastables y ninguno de ellos ha sido rebatido. Y creo que eso le hace mal al Senado que es quien debe discutir en profundidad este tema.

Tengo un enfoque, quizás por no tener una formación jurídica, que tiene un punto de vista político y que también lo quiero traer a la discusión.

La señora Senadora Percovich hacía referencia a las actitudes del Partido Nacional pero no cuestionando URAGUA. Eran decisiones que en su momento el Poder Ejecutivo quería tomar y nuestro representante en el Directorio de OSE no acompañó porque creyó que no ameritaba generar una de las reformas del contrato que se establecían. Pero lo cierto es, señor Presidente, que esta empresa concesionaria empezó a tener problemas a partir de junio de 2002 durante la crisis económica que vivió el país y no se escapó a esa situación. Esta concesión fue puesta en el banquillo de los acusados desde el momento en que se decidió la misma. Hubo todo un planteo político contra esta concesión, pero no lo hubo tanto hacia la de Aguas de la Costa, la cual se otorgó en el Gobierno del Partido Nacional. Creo, señor Presidente, que ésta fue una mala forma de hacer una concesión. El Poder Ejecutivo de entonces entendió necesario que todas las inversiones fueran puestas en el año cero para que luego de realizadas las mismas se empezara a cobrar la ganancia, es decir, la renta natural que se había pactado en la concesión y, por supuesto, la recuperación de dicha inversión. Estamos hablando de una zona privilegiada de Maldonado porque incluye la Barra de Maldonado y la costa hasta José Ignacio, en donde eran muy pocos los habitantes y la inversión era muy grande. Esto fue utilizado por los actores políticos como ejemplo, pero nunca utilizaban el de URAGUA cuando se realizó la campaña electoral en contra de las concesiones. Reitero, se ponía el ejemplo de Aguas de la Costa, sobre la cual ya había una movilización de vecinos. Y aunque ésta empezó a atender a la población de menores recursos -subsidiándo-la-, y a la que vivía hace años en la zona, que no eran veraneantes o no tenían el dinero suficiente para pagar el saneamiento o la conexión de agua, se utilizaban en su contra sus recibos -lo pudimos apreciar en la televisión- aunque, el que estaba en el banquillo de los acusados era URAGUA. No hubo un plebiscito cuando se otorgó la concesión de Aguas de la Costa. No; comenzó el plebiscito y la inquietud del gremio y, por supuesto, de la fuerza política que está ahora en el Gobierno, a partir de la concesión de URAGUA. Y acá el malo de la película siempre fue URAGUA cuando, a mi juicio, no fue buena la forma de realizar la concesión por parte del Partido Nacional en el sentido de exigir toda la inversión en el año cero para luego empezar a cobrar su renta y la inversión, la cual resultó cara. Si el Partido Nacional hubiera gobernado los otros cinco años, no hubiéramos hecho ese tipo de concesión. Por eso me parece mejor la concesión que se hizo con URAGUA que la de Aguas de la Costa.

Entonces, señor Presidente, el problema era URAGUA -que era quien estaba en el banquillo de los acusados- y no Aguas de la Costa. A mi juicio, tuvo mala suerte porque se le cambiaron las ecuaciones del negocio en el año 2002, como también al Uruguay, a sus ciudadanos y a todas las empresas. ¡Al Uruguay, señor Presidente, se le cambió la ecuación del negocio! ¿Cómo no entender esa situación? Esto sucedió con algunos actores que en su momento no quisieron entenderlo. No se trataba del Partido Nacional ya que éste no quería cambiar o realizar un nuevo contrato, estando dispuesto a aceptar las observaciones que en su momento se hacían porque la ecuación del negocio no daba. Pero, repito, el malo de la película era URAGUA. Entonces, fuimos a un plebiscito contra URAGUA y no contra Aguas de la Costa, si no lo hubiéramos hecho antes. Y menos en contra de las cooperativas de Canelones las cuales estaban funcionando maravillosamente, dando agua potable donde no llegaba OSE. Por lo tanto, no eran las cooperativas sino los extranjeros, los españoles que tenían la concesión de agua en Maldonado.

El señor Senador Antía hoy me expresaba que el plebiscito en Maldonado no logró apoyo en los lugares donde prestaba el servicio, porque justamente opinaban quienes disfrutaban del servicio. El 70% apoyaba la gestión de URAGUA, y realmente no entiendo por qué en todo este proceso el Poder Ejecutivo pone en el banco de los acusados a esta empresa y no a las demás. Esto es contra URAGUA y la verdad es que no lo entiendo, no lo comprendo.

Señor Presidente: tengo en mi poder la versión taquigráfica de la Comisión de la Cámara de Representantes a la que concurrió el sindicato de URAGUA. Con respecto a una entrevista que tuvieron con el Gerente Regional de OSE, el ingeniero Pais, se señala lo siguiente: "él nos preguntaba qué cosas entendíamos nosotros que se estaban haciendo bien en URAGUA y que no deberían cambiar. Yo me apoyaba un poco en la reunión que mantuvo esta Comisión con el Directorio de OSE, en la que se habló de proyectos futuros de OSE, y muchos de esos aspectos ya están cubiertos por URAGUA. Por ejemplo, ellos hablaban de un software vetusto, y actualmente URAGUA está manejando tres sistemas informáticos diferentes que hacen que todo el proceso comercial y operativo esté funcionando ‘on line’."

Entonces, ¿por qué tenemos a URAGUA en el banquillo de los acusados? Todavía no lo entiendo, pero la tuvimos.

Más adelante, en esa misma sesión de la Comisión se dijo: "También planteaban los porcentajes de agua facturada sobre la producida, y URAGUA tiene mejores promedios que los que maneja actualmente OSE". Quizás ese sea el problema de URAGUA, que es mejor que OSE.

Luego, se dijo: "Asimismo, se planteaba la idea de crear laboratorios regionales por parte de OSE, y URAGUA tiene un laboratorio de primera línea que podría abarcar toda la zona este. También se trató el tema del promedio de edad de los funcionarios de OSE, que es de 47 años, mientras que en URAGUA la mayor parte de la gente es joven. Hay muchas cosas que ya están funcionando en esta empresa y la forma de que se puede mantener la gestión o mejorarla es intentando preservar este modelo para trasmitirlo a otros sectores del Estado, ya que se está proponiendo crear una unidad ejecutora independiente".

Esto lo dicen los trabajadores. Y son tan trabajadores los funcionarios de URAGUA como los de OSE; no son mejores los de OSE que los de URAGUA, ni son más trabajadores los que realizan sus tareas en OSE que en URAGUA; son tan uruguayos unos como otros, y dicen esto. Muchos de ellos provenían de OSE porque cobraron un retiro incentivado y se fueron a URAGUA, pero ahora los tomamos de vuelta, privilegio que tienen estos funcionarios a quienes se les mantiene su condición.

El Diputado Patrone, del Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, dice que el problema de URAGUA no es un problema de gestión. El Diputado Darío Pérez señaló en la Comisión que "Indudablemente, la experiencia de URAGUA -en lo que tiene que ver con lo manifestado por los funcionarios- fue muy buena para el departamento de Maldonado; se utilizaron métodos innovadores en varias áreas".

Señor Presidente: la verdad es que la estamos echando, pero no veo cuáles son las observaciones para dejar sin efecto la concesión. Por mi parte, tengo algunas preguntas para formular, aunque no sé si se me van a responder; creo que no, porque esa es la actitud del Poder Ejecutivo o de la bancada oficialista. Vuelvo a decir que no tengo formación jurídica, pero no entiendo...

SEÑOR RIOS.- Se nota.

SEÑOR HEBER.- ¿Qué dijo, señor Senador?

Es bastante atrevido; cuando me pida una interrupción se la daré con mucho gusto y podrá manifestar con voz clara y alta su atrevimiento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por favor, señores Senadores, diríjanse a la Mesa y no dialoguen.

Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Esa es la característica del señor Senador, que no contesta; cuando se llega al grado de atrevimiento es porque realmente no se tienen argumentos. Pero ya que el señor Senador quiere hablar, puede contestarme. ¿Cómo se hace un proyecto de ley para un departamento? ¿Cómo se puede hacer un proyecto de ley que, a mi juicio, implica violar los principios de igualdad? Este es un proyecto para las concesiones del departamento de Maldonado. Reitero que no tengo formación jurídica y en ese sentido es mucho más formado el señor Senador Ríos, quien puede contestar sobre el tema para el país. ¿Cómo se puede hacer un proyecto de ley para Maldonado y no para Canelones, donde también hay concesiones? ¿Cómo se pueden hacer diferencias entre empresas, entre URAGUA y Aguas de la Costa, dentro del mismo departamento? Unas continúan y otras no y uno se tiene que preguntar por qué ocurre eso y por qué hay diferencias entre estas dos empresas, máxime cuando una mantiene tarifas parecidas a OSE y en la otra se dispararon. La empresa en la que se dispararon las tarifas sigue, pero la que tiene coordinación en el tema de tarifas es URAGUA.

Entonces, voy a cambiar de interlocutor; anteriormente me estaba respondiendo la señora Senadora Percovich, pero ahora el señor Senador Ríos tiene la oportunidad de contestar esta pregunta, que creo que debería responder al país. ¿Es verdad que el señor Mario Areán, ex secretario privado del arquitecto Arana, es representante institucional -así dice ser- de la empresa francesa que está haciendo una importante consultoría de gestión de OSE? ¿Es verdad que esa misma empresa francesa es accionaria principal de la empresa propietaria de Aguas de la Costa, concesionaria en el departamento de Maldonado y que, por casualidad, su concesión no cayó tal cual había sido estipulado por el decreto? ¿Por qué el señor Legislador no responde a estas preguntas? ¿Es verdad o no que ese señor es representante institucional -como figura en las tarjetas que tenemos en nuestro poder- justamente de la empresa cuya concesión no cae en el departamento de Maldonado? Esa sigue; la que cae es URAGUA, que no tiene a Mario Areán, no está metida en OSE, que no está asesorando a OSE.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: con sorpresa y asombro estoy escuchando al señor Senador Heber, aunque hoy podemos tener sorpresa y asombro con respecto a muchas cosas.

En primer lugar, estamos dando a OSE un instrumento para que actúe, con todas sus potestades y a pleno derecho, sobre empresas concesionarias que estén en incumplimiento. OSE, la ley, la Justicia o lo que sea, determinará cuáles están en incumplimiento, pero nosotros estamos otorgando un instrumento.

En segundo término, anteriormente el señor Senador Heber también hizo insinuaciones sobre el tema energético y después se tuvo que callar; mencionó tantas empresas, dijo tantas cosas y generó tantas sospechas, pero después señaló que todo el Partido Nacional estaba apoyando al Gobierno y al Ministro Lepra, lo cual me alegra porque es un buen Legislador y es bueno que de alguna forma reflexione. Ahora está diciendo que hay una empresa que asesora a OSE y que un ciudadano que forma parte de esa empresa está haciendo tráfico de influencias. Señor Presidente: ¡que ponga las pruebas y vamos a la Justicia! Ahora bien, no corresponde que pregunte a varios de los aquí presentes si sabemos lo que hace Areán o cualquier otra persona. Si hay tráfico de influencias, vamos arriba: nosotros somos transparentes y vamos con todo contra eso. No queremos que se ponga, no a nuestro Gobierno, sino al Gobierno y a las instituciones bajo sospecha; en eso vamos hasta el final.

Queremos saber si tienen las pruebas, porque no es cuestión de solamente insinuar. A su vez, recuerdo que todos los ciudadanos de este país son inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Espero que no haga lo mismo que hoy de mañana, cuando insinuó que aparentemente algún integrante del Gobierno -aunque señaló que no debía interpretarse así- estaba apoyando a tal o cual empresa y después se dio cuenta de que había aspectos técnicos que avalaban las decisiones tomadas, motivo por el cual reconoció que lo habían convencido. En definitiva, hubiese preferido que hubiera estudiado antes de hacer ciertas insinuaciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Veo que, rápidamente, pasamos a la reunión de la Comisión de Industria y Energía celebrada en la mañana de hoy; es una manera de no contestar. Además, no dije que acá hubo tráfico de influencia, sino que simplemente hice una pregunta. ¿Es verdad, o no? Es verdad.

Ahora bien; sobre lo que sucedió hoy en la Comisión de Industria y Energía, aconsejo al señor Senador Michelini que lea la versión taquigráfica y así podrá darse cuenta de que no es como él dice; no dimos ningún apoyo y quedó demostrado que el Gobierno no tiene rumbo en materia energética. De todos modos, ese es otro tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Disculpe que lo interrumpa, señor Senador, pero ha llegado a la Mesa una moción del señor Senador Larrañaga solicitando que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Reitero que me hago responsable por mis dichos en cuanto a que no entiendo cuál es la visión del Poder Ejecutivo con respecto a las empresas concesionarias, de acuerdo con la reforma de la Constitución.

(Intervención del señor Senador Gallinal que no se escucha)

- No; ya sugerí al señor Senador Michelini que lea la versión taquigráfica para que recuerde qué fue lo que sucedió hoy de mañana, porque quizás su mente o su suplente no estaban en esa Comisión; probablemente, se haya desdoblado el señor Senador y de esa manera habrá asistido a dos Comisiones al mismo tiempo.

Las interrogantes que tenemos nos parecen importantes porque son útiles para despejar los inconvenientes que fueron anunciados por los señores Senadores hoy de tarde en cuanto a los problemas que vamos a tener en el futuro. Consideramos que este proyecto de ley no es conveniente para el país ni tampoco como un instrumento como para poner en orden las concesiones en función de la última reforma constitucional sancionada por la ciudadanía.

Como dije, señor Presidente, no he tenido respuestas ante preguntas capitales. Tampoco entendemos a qué se debe el encono porque, tal como he reiterado en varias oportunidades, no estamos acá para confiar sino para desconfiar. Esa es la actitud de la oposición. Necesitábamos explicaciones que esta tarde no tuvimos y hubo preguntas que no se respondieron, relativas a la conexión y a la actitud del Poder Ejecutivo al aplicar distintos criterios a situaciones similares.

Muchas gracias.

29) ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de varios asuntos entrados fuera de hora.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes a los que acompaña los siguientes proyectos de ley:

- por el que se crea el Sistema Nacional de Acreditación de Veterinarios de libre ejercicio en la órbita de la Dirección General de Servicios Ganaderos, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para el desempeño y ejecución de actividades profesionales y técnicas de apoyo, que los servicios refieren conforme a procedimientos, condiciones y requisitos que establezca la reglamentación.

- A LA COMISION DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.

- por el que se interpreta el artículo 1º de la Ley Nº 16.492, de 2 de junio de 1994, referida a lo recaudado por el Banco de la República por concepto de comisión de importaciones, a efectos de esclarecer la incertidumbre planteada en cuanto al régimen jurídico de la referida comisión sobre las importaciones.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

- por el que reitera la solicitud de aprobación del Convenio de Santa Cruz de la Sierra, constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana, suscrito en la ciudad de La Paz, República de Bolivia, el 17 de junio de 2004.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES."

30) SERVICIOS PUBLICOS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la discusión general sobre el tema del agua, tiene la palabra el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR ANTIA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LARRAÑAGA.- Con mucho gusto, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Antía.

SEÑOR ANTIA.- El señor Senador Heber hacía referencia a diferentes grados de conformidad con la gestión de URAGUA y, en ese sentido, quiero recordar en este Recinto ciertas opiniones coincidentes de los tres miembros del Directorio.

En estos años hubo un gran doble discurso y en los últimos meses se atacó y descalificó la gestión de URAGUA. Sin embargo, ahora se dice todo lo contrario. Por lo tanto, es importante remarcar en esta instancia que existe una gran conformidad por parte de los directores actuales de OSE. Incluso, en la sesión pasada de la Comisión manifestaron críticas de los propios gerentes del Ente, preguntándose cómo es que están hablando bien y, sin embargo, van a tomar medidas en el sentido de apuntalar la gestión de URAGUA.

Como decía, la intervención del señor Senador Heber me habilita a hacer referencia a dos o tres apreciaciones. El Presidente del Ente, señor Colacce dijo: "De acuerdo con la información que tenemos, el servicio de URAGUA es aceptable en el departamento e, incluso, tiene buenos indicadores en la opinión pública". Por eso es que quieren aprovechar la estructura actual de funcionarios, de los cargos e, incluso, de todos los procesos posibles. En la defensa del proyecto de ley se hace referencia a esto y también a los contratos de las empresas tercerizadas, que forman parte de esa buena gestión.

Por su parte, el Vicepresidente, señor Nopitsch expresó que también debía señalar que la gestión había sido positiva. A su vez, hizo referencia al buen desempeño de los funcionarios y de los métodos de aplicación de su gestión. Al defender este proyecto de ley, aclaró que la OSE no estaría en condiciones de llevar adelante los procesos de saneamiento y que era necesario generar una unidad descentralizada para poder acceder a un fideicomiso o a otros métodos de financiamiento. Dejó en claro que la OSE no podría realizar el saneamiento, tema que nosotros habíamos planteado en ocasión de presentar un proyecto de ley alternativo, el cual ni siquiera fue estudiado por este Senado de la República.

El señor Uriarte, asesor del Directorio, sostiene: "Desde el punto de vista comercial, aparentemente -digo ‘aparentemente’ porque nos faltan datos-, la gestión no ha sido mala. O sea que el sistema de gestión aparentemente es bueno. Queremos analizar la situación, de alguna forma hacer un espejo con el sistema actual de OSE que presenta importantes déficit a nivel de gestión, que reconocemos y estamos estudiando para ver la forma de solucionarlos. Lo que decía era que la propia gestión de OSE tiene déficit en materia de gestión comercial". Agregó que esperaban que esto sirviera para comparar y que pudiera ser aplicado después en otros departamentos.

Hace unos meses hablaban de que era un desastre la gestión y pedían que cayeran los servicios. Fue así que confundieron a la población apoyando el plebiscito, que terminó sembrando dudas acerca de a dónde va a ir a parar la inversión del saneamiento en Maldonado. Lo puedo decir claramente porque no acompañamos ni votamos el plebiscito y siempre hemos sido coherentes y hemos denunciado la falta de coherencia del actual Gobierno en este tipo de temas. El propio Gobierno, con los tres integrantes que nos acompañaron en la Comisión, ha defendido una gestión que en Maldonado ha sido bien evaluada por la población.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Voy a ser muy breve, señor Presidente; simplemente, voy a decir que es la hora 20 y 55, y los Senadores que no integran esta Comisión conocen este proyecto desde hace solamente cuatro horas. Esto es -indiscutiblemente- así, más allá de los mecanismos que reglamentariamente se puedan establecer en una iniciativa de estas características. Con toda franqueza, quiero decir -aunque sea, para la versión taquigráfica- que esta forma de discutir un proyecto de estas características no enaltece el debate democrático. La forma como hemos venido llevando adelante el análisis de este proyecto no enaltece para nada a este Senado de la República, porque la verdad es que estamos en el marco de la más absoluta de las improvisaciones. En efecto, improvisa el Gobierno al enviar esta iniciativa con un escaso estudio jurídico de las consecuencias que puede tener; improvisa la bancada de Gobierno al procurar dar respuesta a la OSE con respecto a la urgencia que tiene en aprobar esta iniciativa; y la verdad es que también estamos improvisando nosotros, Legisladores de la oposición, que hemos tenido acceso a este proyecto de ley hace apenas cuatro horas.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LARRAÑAGA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Quiero referirme, justamente, a lo que el señor Senador Larrañaga acaba de señalar, en cuanto a que estamos improvisando en algunos temas. En mi caso, tenía alguna idea de que el contrato de concesión establecía la posibilidad de la intervención por parte de OSE ante determinadas circunstancias. Entonces, pedí que se me informara sobre este tema, y ahora me traen el informe, en el que se dice que, aparentemente, en el literal K) del artículo 351 se establece expresamente la facultad de intervenir por emergencia sanitaria u operativa declarada por el Poder Ejecutivo. Hasta esa potestad tiene la Administración, si tan graves son los incumplimientos de parte de la concesionaria. Entonces, me pregunto: ¿qué necesidad hay de abrir un flanco de estas características, a través de una ley absolutamente inconstitucional? Si a juicio del Gobierno y de la Administración de OSE son tan graves los incumplimientos, puede aplicarse el artículo 351, es decir, el Poder Ejecutivo puede declarar una emergencia operativa e intervenir. Incluso, el artículo dice: "sin perjuicio de la responsabilidad de la concesionaria". De manera que tiene mucha razón el señor Senador Larrañaga cuando dice que no estamos jerarquizando el ejercicio de la democracia con un actuar tan presuroso.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Decía, señor Presidente, que se está improvisando de manera total en este tema. Es de público conocimiento que quien habla y una parte del Partido Nacional fuimos votantes de la reforma del agua. El problema, a nuestro juicio, es que se está aplicando mal esa reforma constitucional aprobada por la ciudadanía y esta iniciativa lo está demostrando, lamentablemente. El Partido Nacional le propuso al Gobierno, cuando todavía no había asumido, que se impulsara una ley interpretativa sobre la reforma constitucional, que hubiera zanjado los aspectos vinculados a cómo debía interpretarse.

Mis compañeros de Bancada han ingresado en este texto legal con acierto, propiedad y mayor capacidad que quien habla, de manera que no voy a volver sobre el tema, pero sí voy a decir que esto es la antología del disparate jurídico. Yo soy un abogado de cuarta, si los hay, pero van a precisar varios Korzeniak, varios constitucionalistas, varios administrativistas para poder defender este texto legal. En el artículo 1º se crea un instituto jurídico absolutamente especial; el artículo 7º atropella en forma total el artículo 32 de la Constitución de la República; y el artículo 8º es un "bombón jurídico", por calificarlo de alguna manera, porque atropella todo el resto del ordenamiento jurídico.

No sé cómo está la lista de oradores, pero quiero formular moción en el sentido de que este tema vuelva a la Comisión para que transite la discusión debida, a efectos de subsanar estas improvisaciones que van a acarrear graves perjuicios para el país.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa debe poner a consideración del Cuerpo la moción de orden que acaba de formular el señor Senador Larrañaga, sin perjuicio de advertir que hay varios Senadores inscriptos para hacer uso de la palabra.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Mi propuesta es que la moción se vote cuando se agote la lista de oradores, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- En ese caso, tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- A esta altura, uno tiene la sensación de que, quizás, lo único que estará haciendo es tener la oportunidad, en el futuro, de poder decir que participó en una sesión del Senado en la que se advirtió a la Bancada oficialista -y, por ende, al Gobierno- de los serios perjuicios que a la ciudadanía en su conjunto le va a ocasionar la aprobación de este proyecto de ley. No cabe la menor duda de que el Uruguay en el futuro se verá sometido a una serie de reclamos que tendrán como consecuencia el pago de cifras millonarias en dólares, por los perjuicios que se ocasionen a los actores privados, que tienen ya, sin la aprobación de esta ley, los suficientes argumentos como para hacer difícil la tarea de la defensa de la posición de nuestro país, pero ahora tendrán todos los argumentos como para que el Uruguay en el futuro se vea seriamente comprometido. Si fuera integrante de los Directorios de algunas de las empresas que se verán damnificadas por la aprobación de esta ley -e incluso por la reforma constitucional a la que nos opusimos-, estaría festejando con "champagne" que el Senado de la República y el Poder Legislativo dé esta herramienta al Poder Ejecutivo para cometer las barbaridades jurídicas que se van a llevar a cabo. Realmente, me cuesta creer que el Senado de la República pueda convalidar con un acto legislativo, como es la sanción de una ley, una barbaridad jurídica como la que -parecería ser- se va a convalidar. Esto va a traer para el Uruguay perjuicios gravísimos, no sólo en lo que a esta ley se refiere, sino también en cuanto al futuro, a la credibilidad, a la seriedad jurídica y a la seguridad en las inversiones, que hasta el propio Gobierno a veces manifiesta tener ante la necesidad de que vengan a radicarse a nuestro país como generación de riqueza y de trabajo para nuestros compatriotas.

Francamente, creo que va a ser difícil la justificación jurídica de la creación de una Unidad de Gestión Desconcentrada dentro de un servicio, para poder llevarla adelante. Además, tendrá la función de administrar y no de dirigir, conceptos muy diferentes, si los hay, en el Derecho Administrativo en cuanto a que las mismas figuras estarán integradas por las mismas personas, con la salvedad de que la Unidad de Gestión Desconcentrada tendrá también la representación inédita de un representante de un Gobierno Departamental. Creo que, quizás, estamos permitiendo la fundación de la OSE de Maldonado, mañana será la OSE de Artigas, pasado la de Paysandú, la que seguramente contará con el apoyo y el respaldo del señor Senador Larrañaga. Así, quizás veamos cómo, en la subversión del derecho más elemental de administración, tendremos serios perjuicios para con ella.

En cuanto a la redacción del proyecto de ley, vemos que se crea un cargo de Gerente General, de particular confianza, y que no se solicita ningún tipo de exigencia a esta Unidad de Gestión Desconcentrada. Pensar que en la OSE no haya absolutamente nadie capaz de llevar adelante esta gestión, es algo que nos debe sorprender. También se fija en el proyecto -como un saludo a la bandera y a la tribuna, a la que se le habla muchas veces sin ton ni son- el salario del Gerente General diciendo que no puede ser mayor al 85% del salario del Gerente General de OSE. Además, esta Unidad de Gestión, presupuestalmente estará dentro del presupuesto de la OSE, pero en forma independiente. Esta es una metodología difícil de creer en cuanto a cómo van a ser llevadas las decisiones de la administración de una Dirección, con respecto a la fijación de un presupuesto que estará supeditado al presupuesto que deberán fijar dos de los tres integrantes de esa dirección en el Directorio del organismo. Asimismo, me gustaría saber cómo se va a contabilizar el ingreso de los usuarios del agua de Maldonado. ¿Estará dentro del presupuesto de la OSE o dentro del de la Unidad de Gestión Desconcentrada? Más allá de que sea una u otra, ¿cómo se podrá pensar en la devolución de la inversión en el departamento de Maldonado? Lo que queremos hacer es trasmitir con claridad, al usuario del barrio Casabó de Montevideo, que dentro de poco tiempo va a empezar a financiar las obras de saneamiento del barrio Cantegril de Punta del Este. El usuario del agua y del saneamiento -ya que en Montevideo el saneamiento depende del Gobierno Departamental- de alguna ciudad o pueblo del interior se verá afectado por las condiciones y la calidad, no sé si del agua, pero sí del saneamiento que muchas de estas tienen porque, quizás, las obras de inversión de estos departamentos se verán detenidas por algo que es comprensible -y es lo que buscaba la concesión para tratar de salvar de un problema que aqueja a Maldonado y a Punta del Este-, como es estar sentado arriba de una bomba -no digo de qué elementos- que, cuando explote, puede llegar a afectar la principal terminal turística de nuestro país.

Además de eso, se establece un mecanismo que podría estar amparado también a la reglamentación de la ley y que dispone que el personal eventual de URAGUA pasará a ser personal de OSE. El señor Senador Heber ya mencionaba que a muchos se les incentivó para que se fueran, luego los contrató URAGUA y ahora vuelven a la OSE. ¿Vuelven a la OSE o a la Unidad de Gestión Desconcentrada? La Carta que regula todo lo que tiene que ver con la relación funcional, ¿será también para estos funcionarios? En otras palabras, ¿estos funcionarios comenzarán a ser, directamente, funcionarios de OSE? ¿No se está contraviniendo, con esta disposición, la prohibición de ingreso de funcionarios públicos a la Administración Pública, que tiene como objetivo la racionalización? ¿No hay otros mecanismos, tal cual los mencionaba el señor Senador Gallinal? Me acuerdo que en la Administración anterior, el Directorio de OSE con la anuencia del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, declaró el alerta sanitario en el departamento de Maldonado porque había encontrado un coliforme en el agua potable de un ramal terminal del balneario Punta del Este. Recuerdo que hubo una situación de conmoción en la que se anunciaba la intervención próxima y pronta del Estado, en cuanto al monitoreo y contralor que debe ejercer, como policía sanitaria en relación con el agua de la OSE, para que se cumpliera con los estándares básicos de calidad. Rápidamente, esto fue solucionado por la empresa. Conste que aquí no estamos defendiendo a la empresa URAGUA en particular, sino intentando transmitir al Senado y de convencer -como lo hicieron los otros señores Senadores del Partido Nacional- acerca del desatino que puede llegar a ser la aprobación de este proyecto de ley tal cual viene de la Comisión. Entendemos que esta iniciativa traerá perjuicios enormes, especialmente, por lo que dicen sus artículos 7º y 8º, aunque la señora Miembro Informante señalaba que éste último se había retirado por parte de la bancada oficialista. Veo que la señora Senadora Topolansky asiente con la cabeza, y así será. En todo caso, el artículo 7º va en contra de toda normativa jurídica, Derecho Positivo Constitucional y demás, que en el Uruguay ha existido, atentando contra la propiedad privada. Con esta acción confiscatoria, se está dando un mensaje a los inversores que les hará pensar, no ya dos o tres veces, sino nueve, diez o ni siquiera pensarán en venir a radicar inversiones en el Uruguay en razón de la inseguridad jurídica en la que se está cayendo. Estos serán los cimientos sobre los cuales el Gobierno pretende construir este proyecto de ley. Esperamos que la bancada de Gobierno, en una reflexión final, resuelva enviar nuevamente este proyecto a Comisión a los efectos de trabajarlo y mejorarlo. De esa forma, quizás con el voto unánime del Senado, se va a dar un mensaje claro a los inversores y también a quienes irán, en definitiva, contra los intereses y litigarán contra el Uruguay en tribunales arbitrales, a los que hoy también se hacía referencia. En consecuencia, aquellos a quienes les toque defender la posición de Uruguay van a tener algún argumento que nos permita no salir tan perjudicados como -lamentablemente- todo parece indicar que saldremos en esta aventura.

SEÑOR MOREIRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PENADES.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Deseo hacer una breve reflexión en cuanto a lo que venía desarrollando el señor Senador Penadés en torno a la prestación de los servicios. Aquí se crea una Unidad de Gestión Desconcentrada con el objeto de prestar el servicio público de saneamiento y abastecimiento de agua para el consumo humano en el departamento de Maldonado. Por su parte, el artículo 1º establece que dicha unidad asumirá la prestación de los servicios que fueron concesionados a particulares en aquel departamento.

Creo que el tema básico es que este proyecto no dice nada sobre las inversiones a realizarse sobre el tema de saneamiento. Acá se ha hablado mucho del incumplimiento de URAGUA y estos tenían que ver con su plan de inversiones en materia de saneamiento. Entonces, si bien en el artículo 3º se dice que el monto de inversiones a realizar será dispuesto en el presupuesto de la administración de la OSE, creo que el tema esencial -estoy seguro de que el ex Intendente Antía coincide conmigo- y el gran peligro para el turismo del departamento de Maldonado no es el agua potable -en realidad, el país no tiene problemas de agua potable ni siquiera en Artigas; el 99% de la población tiene servicios de agua potable por OSE o por alguna otra empresa- sino el saneamiento. A pesar de ello, en este proyecto ese aspecto se menciona solamente en forma muy vaga y ambigua ya que se dice que serán dispuestos en el presupuesto.

Si bien discrepo con muchas disposiciones de este proyecto, por lo menos me habría gustado que se nos hubiera preanunciado la voluntad política del Gobierno, del Ministerio y de la OSE, de cumplir un cronograma similar al que, según se dice, incumplió URAGUA. Para el futuro turístico del departamento de Maldonado es de vida o muerte contar con un servicio de saneamiento para el que hay que hacer inversiones cuantiosas. El agua potable requiere una inversión pequeña y el saneamiento una cuantiosa, que no obtiene luego la recompensa económica. Por eso, cuando se dieron estas concesiones se pagaba la de saneamiento con la de agua potable; es el agua potable la que financia el saneamiento, pero en este caso no sabemos qué va a hacer OSE.

Este es un tema que debe preocuparnos tanto como el de asegurar la continuidad de los servicios que, a mi entender, no están en peligro como se ha dicho. En definitiva, quisiera saber qué va a hacer el Gobierno con el saneamiento de Maldonado ahora que esta unidad desconcentrada lo toma y va a estar en el presupuesto de OSE. Me parece que esta no es una cuestión menor.

SEÑOR RIOS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PENADES.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RIOS.- Señor Presidente: simplemente deseo aportar algunos temas a la discusión. A nosotros nos importa sobremanera la situación de la empresa URAGUA y la de todos los habitantes de Maldonado, así como toda la riqueza que genera a través del turismo.

Es verdad que hubo un subsidio, pero no es ahora que el barrio Casabó va a tener que solventar el tema de Maldonado, porque antes de darle la concesión a la empresa URAGUA, la sociedad uruguaya invirtió en el departamento U$S 75:000.000, los que habilitaron que -entre comillas- "ese servicio del agua potable fuera prudente".

El Gobierno ha tomado la opción de la rescisión por incumplimiento, en una interpretación de la reforma Constitucional que podrá ser compartida o no. Los señores Legisladores tienen derecho a no compartirla, pero es la posición que ha tomado esta fuerza política en la medida que para nosotros la reforma constitucional es hacia el futuro y no hacia el pasado.

La empresa URAGUA ha caído en incumplimiento, nosotros la hemos constituido en mora, se han iniciado las acciones judiciales y la litis que tiene pendiente con OSE no es fruto de esta ley, sino de una concesión jurídicamente dada con poca profundidad de estudio y del incumplimiento de la empresa. Supongo que cuando los señores Senadores dicen que tenemos que respetar la inversión privada lo hacen genéricamente porque ninguno -y me consta- va a defender la situación de incumplimiento que una empresa privada pueda llevar adelante en el país, porque esas no son las inversiones que queremos, ni el Gobierno ni la oposición.

Hay un factor que es importante y es saber el nivel de fricción que existe entre la interpretación de la empresa, que ha declarado que su contrato es inexistente, y una interpretación jurídica a la que no me voy a referir. Según la interpretación del Poder Ejecutivo, por esta ley tiene que cumplir el servicio que le fue encomendado por la población. No debemos olvidar lo que informó la señora Miembro Informante de que el canon lo está cobrando la empresa y tenemos un juicio de rescisión de contrato donde ella -perdóneseme la expresión- se está embolsando el cobro.

Respecto al saneamiento, el Presidente de la OSE confirmó que había un contrato abierto con la empresa Tajam que no tenía destino propio y otro con la empresa CCI, ambas consultoras. Uno de estos contratos fue dirigido para el plan de saneamiento y agua potable en la Costa de Oro y el otro será para la adaptación del plan director de saneamiento que hoy tiene la Intendencia Municipal de Maldonado. Es voluntad del Gobierno adaptarlo a una nueva realidad técnica y económica un poco más austera, sin necesidad de suprimir los servicios tan importantes que debe cumplir una empresa de esta naturaleza, como decía el señor Senador Penadés. Con esta ley no va a ser sancionado el Estado y acá no nace la causa de la litis, sino de una concesión que no fue controlada en forma adecuada.

Esta bancada de Gobierno va a defender a los inversores y está dispuesta a que vengan. Creo que nadie en esta Sala va a defender a quienes incumplen con las normas contractuales que se obligaron, por lo que es responsabilidad del Gobierno actuar.

Me quedan por contestar algunos otros puntos, pero quedarán para otra oportunidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: no voy a hacer referencia a la interpretación que el Gobierno tiene del artículo 47 de la Constitución, pero le voy a solicitar al señor Senador Ríos que lea lo que piensa la FFOSE, que fue una de las promotoras de la inclusión de la reforma constitucional, y los movimientos que en muchas oportunidades han exigido al Gobierno que haga una interpretación correcta de lo que establece la Constitución y de lo que se dijo durante la campaña. Con mucho gusto vamos a poder discutir en el momento que se crea oportuno -esta no es la instancia para hacerlo- sobre esa interpretación tan particular de la no retroactividad de las normas constitucionales.

Con relación a la inversión en el departamento de Maldonado a que hace referencia el señor Senador Ríos, le digo que fue esa y va a tener que ser mucho mayor en el futuro. Si queremos que el turismo siga siendo una de las entradas fundamentales en la economía del Uruguay y si el sector de los servicios -tantas veces criticado y denostado y hoy necesitado porque es una pieza clave del funcionamiento de la economía nacional- pretende tener en Maldonado su expresión más viva, anuncio que la inversión que va a tener que ser llevada adelante allí va a ser cuantiosa. Me aventuro a decir, además, que con esa interpretación tan ecléctica que se ha dado a la Constitución de la República con relación a lo establecido en el artículo 47, vamos a ver en un futuro no muy lejano que empresas privadas se van a hacer cargo de las obras de saneamiento, a pesar de que en la campaña se decía que eso no iba a suceder sino que la OSE se iba a encargar de todo. Es más, vamos a tener que verlas porque si no vamos a vivir una explosión de contaminación no solamente en el departamento de Maldonado -que ojalá no suceda porque sería una tragedia nacional-, sino también en otras zonas del país en donde es imperiosa la inversión. Sin embargo, OSE no está en condiciones de hacerla con lo que hoy cobra de tarifa y por el presupuesto que tiene, salvo que el Gobierno esté pensando en un aumento desmesurado del costo del agua ya que no sé de dónde va a sacar el dinero, salvo de la concesión. Creo que esa sigue siendo la herramienta más inteligente y ha sido utilizada por la fuerza política de Gobierno desde la Intendencia Municipal de Montevideo. Allí hemos visto, no la concesión sino la privatización de todo, incluso de un hotel que todavía no terminaron. Hace cinco años que sigue estando ahí; la crisis del 2002 lo afectó igual que a URAGUA, pero le cambiaron las condiciones. Pasaron todo a moneda nacional, le dieron una mayor participación en los casinos municipales y ahora están trabajando con cuatro o cinco obreros para ver si terminan la obra.

Esa no es la concesión que yo quiero para el país, pero supongo que el señor Senador Ríos tampoco la debe querer. Sin duda, el señor Senador debe tener más influencias que yo para exigirle al Gobierno que haga cumplir los requerimientos que esa fuerza hace cinco años no exige en Montevideo, bajo la vieja consigna "haz lo que yo digo pero no lo que yo hago".

Entonces, creemos que es imprescindible que la Bancada del oficialismo revea este proyecto de ley, porque las consecuencias negativas que puede tener son absolutamente atentatorias contra los intereses nacionales. A su vez, permitiría hacernos creer nuevamente que la vocación de la mayoría del Senado no es la de la aplicación regimentada de mayorías que no permitan el debido cumplimiento y análisis de la ley, retrotrayéndonos a épocas en las cuales aquí no existían ni mayorías ni un Parlamento, sino que había un Consejo de Estado y se votaba lo que algunos querían.

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más oradores anotados, corresponde votar la moción de orden en el sentido de que el proyecto sea enviado nuevamente a la Comisión.

(Se vota:)

- 9 en 25. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley en general.

(Se vota:)

- 16 en 26. Afirmativa.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Yo no quise intervenir en el debate, ya que me pareció que se iba a prolongar excesivamente. De todas maneras, quiero decir que este proyecto es absolutamente consistente. Se han realizado algunas observaciones que van a ser recogidas con relación al artículo 7º y con la supresión del artículo 8º; pero ha habido un conjunto de afirmaciones de terrible tremendismo que, además, creo que no tienen absolutamente nada que ver con los textos. Nuestras empresas públicas y nuestras Intendencias contratan con empresas privadas, pero el servicio lo hace la empresa pública.

Considero que se podrían hacer otras consideraciones, que quizás realice en la discusión particular.

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: hemos votado esta iniciativa que, en lo personal, conocí en el momento en que fue distribuida en la mesa, con lo cual estoy diciendo que no lo he estudiado y no tengo a su respecto una posición de fondo. Asimismo, hemos escuchado las observaciones formuladas por todos los partidos, fundamentalmente las del Partido Nacional.

Reconozco también lo que ha dicho el señor Senador Rubio en el sentido de que hubo mucho de efectismo; como pocas veces he asistido a una exposición que, junto con los argumentos de fondo consistentes que se esgrimieron, también hubo mucho de escenario en la presentación del tema. En alguna medida, eso también hace su efecto y por eso queremos sacarle significación rápidamente. Pasado el tiempo, al leer la letra fría de la versión taquigráfica, sabremos separar la paja del trigo. Asimismo, como estamos en un régimen bicameral, lo que este proyecto haya planteado y las observaciones formuladas por el Partido Nacional y el Partido Colorado serán examinados por nuestros compañeros de Bancada en la Cámara de Representantes.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: he votado el proyecto con pleno convencimiento para dar a OSE los instrumentos a fin de que asuma la tarea en Maldonado y porque estoy convencido de que ahora sí vamos a tener saneamiento en ese departamento y vamos a defender una de las principales riquezas del país, que es el turismo. Reitero: ahora sí vamos a tener saneamiento en Maldonado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se suprime la lectura del artículo 1º.

(Se vota:)

- 18 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 27. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: quiero expresar que por razones de economía de procedimiento parlamentario no he hecho uso de la palabra, pero ese silencio no debe ser interpretado como que he aceptado cualquiera de las dudas planteadas sobre la naturaleza jurídica de la unidad desconcentrada que se crea, expresión que está hace años en el Uruguay en una cantidad de otras normas. Asimismo, quiero decir que me parece una excelente idea que se haya optado por hacerlo como una unidad desconcentrada dentro de OSE, que ya es el organismo especializado en el tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 2º.

(Se lee)

- En consideración.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Queremos plantear una modificación a este artículo. Donde dice: "y un tercer miembro designado en representación del Intendente Municipal de Maldonado", proponemos que diga: "y un tercer miembro designado en representación de la Intendencia Municipal de Maldonado".

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 2º con la modificación propuesta.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "Artículo 2º.- La Unidad de Gestión Desconcentrada será administrada por una Dirección conformada por el Presidente y el Vicepresidente de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado y un tercer miembro designado en representación de la Intendencia Municipal de Maldonado, con anuencia de la Junta Departamental de Maldonado.

La Dirección podrá designar un Gerente General, en carácter de cargo de confianza de acuerdo a las disposiciones de los artículos 15 y 21 de la Ley Nº 11.907, que deberá ser persona de notoria capacidad en la materia, con actuación a nivel jerárquico en empresas del Estado o privadas, y tendrá competencia en la instrumentación y ejecución de la política de la Dirección y en las relaciones que se deriven con organismos estatales y empresas privadas.

La retribución del Gerente General no podrá ser superior al 85% (ochenta y cinco por ciento) de la correspondiente al Gerente General de la OSE."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º con la modificación planteada.

(Se vota:)

- 17 en 26. Afirmativa.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Hemos votado en contra los artículos 1º y 2º y también el proyecto en general. Votamos negativamente en general porque, como ya lo dijimos, no hemos tenido la oportunidad de analizarlo y es muy difícil opinar sobre una iniciativa tan compleja y llena de implicancias jurídicas.

Insisto en que, a mi juicio, se está creando una estructura autonómica peculiar, particular, sin otros ejemplos análogos en nuestra Administración. En los Entes no ha habido ningún proceso de desconcentración de este tipo, y mucho menos un Directorio nuevo, que es lo que está indicando la existencia de un organismo con una cierta autonomía.

El hecho de que algo se denomine "desconcentrado", no quiere decir que esa sea su naturaleza jurídica exacta. Por otra parte, en nuestra legislación no está tan precisamente definido el concepto "desconcentración"; no hay una ley que diga cuál es la diferencia exacta de él con las otras formas de autonomía. De modo que cada ley interpreta cuál es el grado de desconcentración, y en este caso creo que es más que una desconcentración, por cuanto se crea un Directorio nuevo con la presencia de un miembro de un órgano público electivo. No es algo tan simple, pues se trata de un Directorio nuevo designado por un ente público electivo ajeno al Poder Ejecutivo, al cual se le atribuyen, además, algunas facultades de contratar y de designar.

Estas razones, a mi juicio, invalidan la regularidad jurídica de estos artículos.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: en el mismo sentido que el señor Senador Sanguinetti, quiero plantear dudas razonables -y opinables, por cierto- sobre la constitucionalidad en lo que refiere al régimen de mayorías que debe imperar para crear esta Unidad Desconcentrada, por la eventual aplicación de este artículo, que prevé mayorías especiales. Esto forma parte de la premura con que estamos tratando este proyecto de ley, para el cual no nos damos los tiempos necesarios como para, por lo menos, llegar a conclusiones definitivas sobre un punto que no es menor.

Por otra parte, el inciso segundo de este artículo cae nuevamente en la designación de un Gerente General con cargo de confianza. Nos parece innecesario crear un nuevo cargo de confianza cuando se podría prever que se realizara un concurso en el que participaran funcionarios de la OSE, quienes seguramente deben tener una reconocida capacidad en estos temas del saneamiento y del agua potable, que son los cometidos que la propia Ley Orgánica asigna al Ente. Además, con la creación de un nuevo cargo de confianza, se aumenta la burocracia y se hace incurrir al Estado en un gasto innecesario.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 3º.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos 3º y 4º, manteniendo su consideración en forma separada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 19 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 26. Afirmativa.

SEÑOR ANTIA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ANTIA.- Señor Presidente: he votado afirmativamente este artículo porque tiene una gran coincidencia con una solución planteada por quien habla al Senado en ocasión de pretender municipalizar totalmente esos servicios.

Nos parece importante que la gestión económica de esta Unidad Desconcentrada quede a la vista, porque sabemos claramente que en Maldonado la operación del agua y del saneamiento es rentable, y así lo dijo en la Comisión el señor Presidente de OSE. No queremos que los recursos que se generen en Maldonado se vayan después para el resto del país y no aparezcan las contrapartes de inversión necesaria para llevar adelante programas de saneamiento. Pretendemos que la contabilidad esté a la vista y después pueda ser motivo de control por parte de la población y de este Senado.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 25. Afirmativa.

SEÑOR ANTIA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ANTIA.- Señor Presidente: he votado afirmativamente este artículo porque entiendo que el personal técnico, administrativo y obrero que lleva adelante la gestión del agua y del saneamiento es muy eficiente. Esto quedó demostrado en el transcurso de la gestión previa de URAGUA pero, a su vez, fue reconocido por las actuales autoridades de OSE, no así por el Partido de Gobierno que la atacó duramente en ocasión de la discusión del plebiscito constitucional. Además, si esto no se hace, OSE no estaría en condiciones de llevar nada adelante; a pesar de que en la mencionada instancia se dijo que estaba preparado para asumirlo, ahora ha reconocido que no lo está, y esta necesidad de contratación confirma a las claras lo que estoy señalando. En ocasión de discutirse el plebiscito constitucional y de la toma de decisiones, hubo un claro doble discurso.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: me parece un verdadero acierto que se utilice el régimen de los contratos a término para resolver la transición en esta situación, porque se desmontó y se sustituyó lo que había, se incumplieron los contratos y las inversiones, pero hubo una gestión que cumplió con determinados servicios. Nadie dijo que todo fuera un fracaso. Puede ser que alguien escribiera una consigna, como sucede en todas las campañas electorales, pero en este caso tuvimos una visión discriminada sobre el particular. Reitero que creo que es un verdadero acierto el uso del régimen de contratos a término para salvar esta situación.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: el incumplimiento en el plan de inversiones que hace caducar algunos de estos contratos, no significa que el personal que actuaba en otras áreas no sea eficiente. Además, es buena cosa que el proyecto de ley no tome a los trabajadores de rehenes, porque nada tienen que ver con las inversiones que no llevó a cabo una de estas empresas.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 5º.

(Se lee)

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Miembro Informante.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: el artículo 5º refiere a la contratación de personal eventual, zafral, porque durante la temporada se precisa reforzar el Call Center, la Planta de Punta de Salinas y las cuadrillas de reclamo. Se prevé que ello se haga mediante un llamado público y abierto entre residentes en el departamento de Maldonado, otorgando prioridad a personas que se desempeñaban en la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, en dicho departamento, al 4 de agosto del año 2000 y continúen residiendo en el mismo.

El personal de URAGUA que concurrió a la Comisión nos planteó la posibilidad de incluir a funcionarios zafrales de la empresa URAGUA, que también eran contratados para el refuerzo de esos servicios durante el verano. Por esa razón proponemos en este artículo el siguiente agregado: "y a funcionarios zafrales de la empresa cuyo servicio debe asumirse".

SEÑOR MICHELINI.- Apoyado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo tal como quedaría redactado.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "Artículo 5º.- Las contrataciones de personal eventual (zafral) que, en función de los requerimientos del servicio realice la OSE, al amparo del literal Ñ del artículo 4º de la Ley Nº 16.127 de 7 de agosto de 1990, en la redacción dada por el artículo 19 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996, se realizarán mediante llamado público y abierto entre residentes en el departamento de Maldonado, otorgando prioridad a personas que se desempeñaban en la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, en dicho departamento, al 4 de agosto del año 2000 y continúen residiendo en el mismo y a funcionarios zafrales de la empresa cuyos servicios deben asumirse".

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Quisiera hacer una pregunta al Miembro Informante o a cualquier integrante de la mayoría. ¿Se tiene conocimiento de cuántos son los funcionarios que involucra la contratación que se establece en los artículos 4º y 5º de este proyecto de ley?

SEÑOR PRESIDENTE.- Para una aclaración, tiene la palabra la señora Miembro Informante de la mayoría.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Esa misma pregunta la hicimos en Comisión a los invitados comparecientes y contestaron: "Se trata de 10 ó 15 personas que se contrataban para reforzar la parte de atención al público -ya que el Call Center funciona las veinticuatro horas-, las cuadrillas de reclamos y, sobre todo, el trabajo en la planta en Punta de Salinas, en plena Península, que se pone en funcionamiento durante el verano -no se usa en el resto del año- para el tratamiento de los líquidos residuales. En este último caso, todo el personal -se trata de seis o siete casos más- que trabaja en la planta es zafral".

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Quisiera que me aclararan por qué se fija la fecha de agosto del año 2000.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Miembro Informante.

SEÑORA TOPOLANSKY.- El artículo dice: "otorgando prioridad a personas que se desempeñaban en la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, en dicho departamento, al 4 de agosto del año 2000", porque ese es el momento en que dejan de desempeñarse allí, dado que comienza a operar la concesión.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Según tenemos entendido, esos funcionarios que se fueron de OSE para URAGUA cobraron algún tipo de remuneración por tal motivo, y ahora son retomados por OSE.

SEÑOR MICHELINI.- Estos son los funcionarios zafrales.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Me refiero a los funcionarios que estén en la condición a que estoy aludiendo en la pregunta, es decir, los que se fueron de OSE para URAGUA y ahora retornan, en esta "operación retorno" de la ley. Quiero saber específicamente cuántos son y si, en definitiva, cobraron en su momento los incentivos que la OSE dio, precisamente, para pasar a la empresa privada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Miembro Informante.

SEÑORA TOPOLANSKY.- El artículo 5º refiere a los funcionarios zafrales, que son funcionarios de temporada y tienen otro régimen. Cuando se estableció la concesión, OSE dio dos opciones a los funcionarios que revistaban en la plantilla de Maldonado: seguir en la plantilla de OSE, en cuyo caso algunos podían tener, incluso, un destino fuera del departamento, o pasar a la plantilla de la empresa concesionaria; esos funcionarios sí recibieron un incentivo de retiro. No tengo acá el número de funcionarios involucrados, pero podría averiguarlo.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Tengo aquí la versión taquigráfica y puedo decir que personalmente planteé esa pregunta y el señor Ungari respondió: "Los funcionarios que venían de OSE eran 70 y los otros eran alrededor de 45". Lo dijo uno de los trabajadores.

SEÑOR KORZENIAK.- Estos no son los zafrales.

SEÑOR MOREIRA.- El señor Senador Larrañaga preguntaba por los funcionarios que venían de OSE y se desempeñan en URAGUA en forma directa, no por los zafrales, que son 15.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5º.

(Se vota:)

- 20 en 26. Afirmativa.

Léase el artículo 6º.

(Se lee)

- En consideración.

Tiene la palabra la señora Senadora Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Este artículo autoriza a OSE, a través de la Unidad de Gestión Desconcentrada, a contratar directamente, por un período máximo de doce meses, con empresas contratistas y subcontratistas que ya estén prestando servicios al momento de asumir nuevamente la gestión. Acá existe un problema de temporada; para que no cayera justo al inicio de la siguiente temporada, convenía alargar el plazo a dieciocho meses. Por lo tanto, proponemos cambiar "doce" por "dieciocho".

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 6º con la modificación propuesta por la señora Senadora Topolansky.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "Artículo 6º.- Autorízase a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, a través de la Unidad de Gestión Desconcentrada creada por la presente ley, a contratar directamente, por un período máximo de 18 (dieciocho) meses, con empresas o subcontratistas de las empresas cuyos servicios debe asumirse, y que al 1º de junio del año 2005 tuvieran contratos vigentes con dichas empresas, siempre que los considere necesarios para la continuación y gestión de los mismos".

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Me gustaría recibir una explicación sobre este artículo para saber a quién se involucra. Realmente, aquí estamos en un proceso de tercerización fenomenal, tan rechazado, tan criticado, tan vilipendiado. Tantas veces se ha hablado de las tercerizaciones, que queremos ver qué es este cambio tan fenomenal y abrupto en la intención y en la voluntad filosófica e ideológica del Gobierno. Quisiera que me expliquen qué contenido tiene este instrumento fenomenal que se impulsa por el artículo 6º.

SEÑOR RIOS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIOS.- No sé si voy a poder satisfacer al señor Senador Larrañaga con las explicaciones sobre la premisa de la que él parte. Sí puedo decirle que creemos que la ejecución de ciertos trabajos por parte de empresas privadas, como el mantenimiento puntual de algunas cosas, para nosotros no implica privatización ni salir del campo de decisión de la Administración Pública; en los servicios públicos, los mantenimientos pueden venir de la contratación de la anterior empresa con otras que hacen mantenimiento y que, con vistas a la temporada, es imprescindible mantenerlas para poder brindar un servicio.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Justamente, con motivo de la visita del Directorio de OSE y de su asesor, el doctor Uriarte, planteamos esa interrogante, preguntando principalmente cuál era el fundamento de crear la Unidad, y una de las razones que dio fue la contratación de los funcionarios. Con respecto a los subcontratos agregó: "Un tercer aspecto que nos preocupa es asegurar la continuidad de los servicios. El tema es que los usuarios, de un día para el otro tienen que pasar de ser atendidos por la concesionaria a ser atendidos por OSE sin que sientan la diferencia, al menos, al principio, porque lo que pretendemos es que la diferencia se vea después, es decir que la calidad de los servicios sea mejor. En principio, queremos que no se resientan para nada". Eso implicaba, entonces, mantener los contratos de una serie de empresas subcontratistas de forma que el servicio continúe ininterrumpidamente para luego, cuando haya que renovarlos, entrar a aplicar las disposiciones del TOCAF, que es lo que nos corresponde como empresa pública. Si nosotros diéramos continuidad a esos contratos sin una excepción legal, estaríamos eventualmente violentando las normas del TOCAF, que es lo que queremos evitar. Se podría decir, de pronto por razones de urgencia, que éste prevé determinadas excepciones que nos habilitarían, pero justamente queremos evitar ese tipo de discusión o eventuales observaciones del Tribunal de Cuentas, a los efectos de dar la mayor transparencia y cristalinidad a este proceso". Reitero que esto es lo que dijo el doctor Uriarte. Como hay un apartamiento de las disposiciones del TOCAF, lo modificamos vía esta excepción legal para este caso concreto. Esta es la explicación que se dio en Comisión y por eso la he traído a colación.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: creo que este artículo no es constitucional. La nueva norma incorporada a la Constitución establece que el servicio se debe prestar exclusiva y directamente por la empresa pública y estas son empresas privadas.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: quien va a prestar el servicio es la Unidad Desconcentrada. La titular de todo el servicio que se presta y la que lo administra es OSE. Estamos hablando de tareas que permiten continuar con el mantenimiento del servicio. Supongamos que al otro día de que se toma el servicio, se necesitan ciertas camionetas que están contratadas por la empresa a la cual se le asume el servicio. OSE podrá decir que va a llamar a licitación para ese servicio, pero que necesita que durante cuatro meses más estén esas camionetas, tal como lo hacen UTE y ANTEL en estos momentos. Quizás haya una situación vinculada con el mantenimiento de caños y demás. Esto es absolutamente imprescindible en un Directorio que no improvisa. Si me dan esta tarea para desarrollar, al año o al año y medio estoy en condiciones de atender todo lo necesario. Si es necesario licitar algunas cosas, me voy a basar en el TOCAF. Mientras tanto, tengo que hacer una transición entre que asumo el servicio en el día de hoy hasta que se logre la legalidad normal que va a tener que llevar esa unidad en la contratación de todos los servicios. Ninguna empresa tiene por sí y ante sí todos los servicios. Sería imposible. Es como decirle a OSE que como es ella la que da el agua, debe construir sus propias cubiertas para sus autos. Es ilógico. Quien da el servicio, lo cobra, pone la cara y es responsable, es OSE a través de la Unidad. El resto -como lo constituye y lo construye- lo hace a través de proveedores. Se le da un plazo a estos proveedores -al principio era de 12 meses y ahora hemos combinado en que sea de 18 - para que no caiga en la segunda temporada y haya un problema de desajuste. Me parece bien y sensato; de esa manera, no se improvisa.

SEÑOR ANTIA.- Me permite una interrupción, señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ANTIA.- Simplemente, deseo recordar en Sala la opinión del señor Uriarte, que en la Comisión expresó lo siguiente: "Tenemos subcontratos de varios tipos, es decir, desde aspectos técnicos hasta servicios tercerizados. Por ejemplo, hoy mencionaba los toma-consumos; también hay proveedores de suministros continuos, así como también la parte que se encarga de los cortes y aperturas de zanjas. En este sentido quiero señalar que hay instrumentado un sistema bastante bueno. La capacidad de respuesta del sistema de gestión de URAGUA es mucho mejor -reconozcámoslo- que la de OSE". Es bueno que se tenga en cuenta en este momento.

Continúa señalando: "Olvidé señalar que hoy estamos centrados en el tema de URAGUA, pero en realidad el proyecto es para todos los servicios de Maldonado donde, por ejemplo, hay alguna pequeña cooperativa y la eventualidad de tener que asumir las otras concesiones grandes".

Por tanto, echar mano a las empresas privadas, a la gestión privada, va a ser uno de los objetivos de este Directorio. Queremos resaltarlo en este momento porque nosotros lo vivimos como un gran avance para Maldonado, porque cuando OSE se hizo cargo de la administración, eran un desastre la gestión de agua, de saneamiento, las roturas de calles, las demoras en la reapertura de servicios y en las conexiones, entre otros. Por lo menos, en esta etapa, esto es un reconocimiento a toda una gestión de pequeñas empresas de muy buena gestión del departamento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6º.

(Se vota:)

-17 en 26. Afirmativa.

Correspondería considerar el artículo 7º.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: hemos propuesto una redacción sustitutiva del artículo 7º, que hacemos entrega a la Mesa en este momento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la redacción sustitutiva del artículo 7º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "Artículo 7º.- El operador privado correspondiente deberá proceder a la entrega de los bienes afectados a la prestación de los servicios referidos en el artículo 1º, dentro del término de 5 (cinco) días hábiles siguientes a que la misma le sea requerida por la Administración de las Obras Sanitarias del Estado por cualquier medio fehaciente.

En caso de que la entrega no se verificara en la forma prevista en el párrafo anterior y a los efectos de asegurar la continuidad de los servicios a los usuarios del Departamento de Maldonado, el citado Organismo podrá solicitar la misma al Juez competente, que será el Juez Letrado de Primera Instancia del lugar en que se hallaren ubicados los bienes de que se trate.

Efectuada la solicitud de entrega, el Juez la dispondrá sin más trámite y sin perjuicio. La entrega se decretará sin conocimiento ni intervención del operador privado requerido. Ningún incidente o petición planteada por éste podrá detener su cumplimiento. La providencia que recaiga a tales efectos será recurrible mediante reposición y apelación, las que no tendrán efectos suspensivos".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Este trámite parlamentario no va a tener desperdicio. ¡Un proyecto de ley que se repartió hace cinco horas y un artículo nuevo, importante, que ni siquiera se reparte y simplemente es leído por Secretaría! Esto es el colmo de la improvisación y también es una forma muy especial, novedosa y reiterada de terminar votando sobre planchas, arrastrando todo lo que significa el mínimo de respeto a los partidos de la oposición.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Nosotros llevamos la redacción sustitutiva del artículo a la Comisión, pero el trámite de ésta fue engorroso y no se pudo discutir. Hoy, cuando hicimos el fundamento del informe del proyecto, anunciamos este artículo sustitutivo. De modo que si el señor Senador estaba prestando atención, no se tiene que llamar a sorpresa.

SEÑOR MOREIRA.- Solicito que se lea de nuevo o que se distribuya.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se están tomando los recaudos para eso, señor Senador. De todos modos, no hay ningún inconveniente en leerlo de nuevo.

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "Artículo 7º.- El operador privado correspondiente deberá proceder a la entrega de los bienes afectados a la prestación de los servicios referidos en el artículo 1º, dentro del término de 5 (cinco) días hábiles siguientes a que la misma le sea requerida por la Administración de las Obras Sanitarias del Estado por cualquier medio fehaciente.

En caso de que la entrega no se verificara en la forma prevista en el párrafo anterior y a los efectos de asegurar la continuidad de los servicios a los usuarios del Departamento de Maldonado, el citado Organismo podrá solicitar la misma al Juez competente, que será el Juez Letrado de Primera Instancia del lugar en que se hallaren ubicados los bienes de que se trate.

Efectuada la solicitud de entrega, el Juez la dispondrá sin más trámite y sin perjuicio. La entrega se decretará sin conocimiento ni intervención del operador privado requerido. Ningún incidente o petición planteada por éste podrá detener su cumplimiento. La providencia que recaiga a tales efectos será recurrible mediante reposición y apelación, las que no tendrán efectos suspensivos".

SEÑOR RIOS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIOS.- Es verdad que este artículo fue motivo de conversaciones en la Comisión y no sería honesto si aquí en Sala no dijera que era un tema que me preocupaba, aunque partía de un supuesto diferente al de los otros señores Senadores. Para mí, el hecho del incumplimiento nace con anterioridad a este proyecto de ley y estamos buscando de qué forma el Estado, bajo su responsabilidad, se hace de los bienes para cumplir un servicio público. Como he sido Director de Saneamiento, he tratado de rescatar una experiencia anterior y precisamente advertí en algunos países problemas de concesiones. Acá estamos ante un doble problema de hecho, fáctico. Por un lado tenemos una litis entre una empresa privada y el Estado y, por otro, una serie de circunstancias que agravan la relación para que el Estado se pueda hacer de los bienes, y por eso hoy en la Comisión repartí una nota del día de ayer donde se demuestra cuál es la única forma que tiene la Administración de hacerse de las cosas, con la intención de buscar un proceso legal, sumarísimo, para poder cumplir con el servicio público, entendiendo que el juicio principal tiene otra causa, con otro contenido y así lo manifestamos en la Comisión.

No sé si con estas expresiones satisfacemos lo que los otros integrantes de la Comisión querían, pero es lo que hemos podido construir buscando el equilibrio entre las dos circunstancias.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: con referencia a este artículo simplemente quiero decir que estoy muy conforme con su texto. Quiero además aprovechar para decir que se trata de un artículo que establece lo que se llama en la doctrina del Derecho Procesal un procedimiento monitorio. Se trata de un tema muy viejo en el Uruguay.

El proceso monitorio en el desalojo significa que el actor pide el desalojo, el Juez examina la situación decretando el mismo, si corresponde, sin darle vista a la otra parte. Eso se llama juicio monitorio. Lo mismo sucede en el juicio ejecutivo; cuando se pide un embargo, el Juez no le da vista a la contraparte antes de decretar el embargo y después la otra parte tiene derecho a defenderse. Al respecto podemos encontrar muchos ejemplos y esto ya figuraba en el viejo Código Civil.

Por otro lado, quiero decir que con motivo del desalojo y en general, según lo entendió la Suprema Corte de Justicia en más de una oportunidad, para chicanear -a veces justificado moralmente-, el desalojado empezaba por impugnar la constitucionalidad de la Ley de Desalojo por establecer un procedimiento monitorio. En ese caso, la persona decía que se decretaba el desalojo antes de que tuviera vista del mismo. La Suprema Corte de Justicia siempre rechazó esa impugnación por inconstitucionalidad. De manera que acá tenemos una finalidad bien loable, es decir, el mantenimiento de un servicio público -deber del Estado- y el establecimiento de un procedimiento monitorio que no niega las defensas posteriores porque permite que se establezcan los recursos.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: honestamente, me parece que este artículo está peor que el anterior, porque dice lo mismo pero con más detalle. La otra disposición dejaba el texto más librado a la imaginación del lector y del intérprete de la norma. Sin embargo, en este artículo el debido proceso no existe, está absolutamente ausente y me parece que esto tiene poco que ver con un embargo con citación de excepciones que procede, por ejemplo, en los juicios ejecutivos donde hay un título valor y una ley de títulos valores. Quiere decir que se procede al embargo pero se cita de excepciones al deudor y se le da la oportunidad de oponer las que por derecho les corresponda; y de repente logra levantar el embargo, pero esto que tenemos a la vista es ilevantable. Acá no se levanta nada. Acá los "levantan" a los de la firma URAGUA. Esa es la verdad. Esta disposición establece que el operador privado correspondiente deberá entregar los servicios dentro de los cinco días hábiles siguientes. Además, no se escucha a la otra parte. Por otro lado, se habla de Juez competente, pero ¿qué competencia tiene el Juez? Ninguna, ya que se establece que se decretará sin conocimiento ni intervención del operador privado requerido. Antes decía "sin más trámite y sin perjuicio". Esto es más largo, pero es lo mismo o peor. Aquí se agrega, para que no quede ninguna duda, lo siguiente: "Ningún incidente o petición planteada por éste podrá detener su cumplimiento". Habitualmente los embargos que se traban se pueden levantar cuando el deudor se presenta y aduce que es nulo y que la causa es ilegítima, quizás, porque la firma está falsificada. En este caso se ejecuta y punto; se desapodera y punto, se confisca y punto y no hay derecho al pataleo.

Entonces, me pregunto por qué para este caso tenemos que modificar y nos quejamos de que nuestra justicia es lenta y tarda en resolver. En todo caso, establezcamos un régimen general para todas las concesiones que comprometen servicios esenciales como las prestaciones de agua y saneamiento, pero no podemos legislar en seis horas cambiando los principios generales y aprobando una norma que no le da ninguna garantía a la otra parte y que va a terminar haciendo un juicio. Reitero que podemos incurrir en responsabilidad por actos legislativos porque esto es una barbaridad. Que URAGUA haya incumplido no lo sé, no me consta, no estuve en la OSE y no conozco. Lo que sí sé es que el Tribunal de Cuentas observó la rescisión a la OSE y eso es real. De modo que la rescisión fue recurrida y ni siquiera está firme la resolución porque se interpuso un recurso.

Por otra parte, capaz que la aprobación de este proyecto de ley demora 48 horas en la Cámara de Representantes y no 24 horas como acá. Pero en el Senado, la providencia que recaiga será recurrible pero sin efecto suspensivo. ¿Va a haber juicio posterior? No hay ninguna duda de ello. Incluso ya hay una citación a conciliación y no podríamos evitar una reclamación a través del Derecho común o un Tribunal arbitral, teniendo en cuenta que hay un Tratado de inversiones con España y este tema ya ha sido denunciado.

Como dije, esto es una barbaridad y no mejora nada. Incluso, si los integrantes de la minoría lo recuerdan, el señor Senador Ríos en algún momento, en el brevísimo preacuerdo al que quisimos arribar, dijo que iban a retirar los artículos 7º y 8º. Al respecto, nosotros dijimos que no nos parecía pertinente que se tratara hoy y objetamos el procedimiento de la urgencia. Manifestamos que si nos dejaban hacer las consultas podíamos llegar a un acuerdo. Precisamente, el otro día habíamos planteado la eliminación de estos artículos, pero esta nueva redacción del artículo 7º sinceramente no mejora nada. Se trata del mismo procedimiento sin garantías para un caso concreto y me parece que no se debe legislar para un caso en particular modificando las normas generales. Discrepo con esa forma, así como también con la redacción.

Por esos motivos no hemos votado ninguno de los artículos de la ley.

SEÑOR RIOS.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIOS.- Antes de hablar del texto, quiero decir que se está aludiendo al Tribunal de Cuentas cuando antes no se lo había nombrado. En realidad, el Tribunal de Cuentas lo único que manifestó fue una observación dado que consideraba que las elecciones eran un elemento constitutivo y la nulidad era retroactiva. Además, no se observa la actuación del Directorio de OSE, porque tengo precisamente un informe de una consulta externa pedida por dicho Organismo al doctor Delpiazzo, Grado 5 de la Facultad, quien manifestó que el punto central del tema del Tribunal de Cuentas se basa en dos ejes: uno, realizado por el Directorio de OSE al disponer la rescisión del contrato de incumplimiento de la concesión y otro, por el Tribunal de Cuentas al observar dicha rescisión por entender que las concesiones cayeron por el acto eleccionario del que hemos hablado tantas veces. Entonces, podrá haber algún recurso administrativo de la empresa, pero no está en observación el acto de rescisión por ser violatorio de una norma jurídica, sino por una interpretación que hace a otro aspecto del tema y no al asunto central. Sé que varias cosas son difíciles para los abogados, entre ellas, el hecho de declarar sumarísimos procesos; eso es verdad, pero también tenemos que percibir que, en el caso de las concesiones, no estamos desapoderando a la empresa de sus bienes propios, sino de bienes propios de la sociedad. La empresa se compuso, en la mayoría de sus bienes, de bienes de la sociedad. Cuando en el artículo se utiliza la expresión "sin perjuicio", entendemos que ello permite a la empresa hacer las acciones legales que correspondan emergentes de ese artículo, pero de nada sirve si nosotros no tomamos los bienes que el Estado le dio al concesionario, y los retomamos rápido para prestar el servicio. Ese es el concepto, que puede o no ser compartible.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- El tema tiene dos variantes desde el punto de vista constitucional, porque se está hablando de la recuperación de bienes propios, pero puede haber otros bienes -y seguramente los hay- que no son del Estado, sino de la empresa concesionaria. Allí es donde este procedimiento resulta confiscatorio y violatorio del derecho de propiedad establecido por el artículo 32.

No tenemos ninguna información al respecto porque, como dijimos hace un rato, no hemos podido estudiar este tema, pero habrá bienes que sí son del Estado, y habrá otros que no lo son. Entonces, ahí ya no estamos en el tema del proceso monitorio o abreviado, sino que estamos en el caso en el que se está realizando una apropiación de un bien que no es propio, más allá de las garantías a la propiedad que estipula el artículo 32. Y este es un vicio de constitucionalidad muy fuerte para este artículo.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ANTIA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Antía.

SEÑOR ANTIA.- Solamente deseo recordar al señor Senador Sanguinetti que un solo bien -estoy hablando de un camión que existe y que fue reconocido por el señor Presidente- vale más de U$S 250.000. Ese bien es de la empresa y no de la concesión. Debe haber otros bienes, pero ese sólo vale más de U$S 250.000.

Muchas gracias por la interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: hay una forma jurídica y constitucional de entrar al tema, pero reconozco que hay otros señores Senadores que están mucho más capacitados que quien habla para abordarlo, y de eso no hay duda. Sí digo que ingreso al tema desde otra perspectiva. No creo que haya ninguna oportunidad de que esta empresa no haga todos los litigios y pleitos posibles con este articulado o con el que podríamos haber elaborado junto con la oposición si, quizás, desde el principio, cuando ingresó este proyecto de ley, se hubiera conversado sobre el tema. No creo que la empresa esté buscando quedarse con el servicio, sino que me parece que es la primera que aplaudió el resultado del 31 de octubre con respecto al tema del agua. A su vez, la empresa hace la definición más radical de todas porque, de esa forma, tapa el incumplimiento. La empresa dice que está cumpliendo bien y que la soberanía afirma que el servicio lo tiene que cumplir OSE. Perfecto, pero le están revocando un contrato por vía de los hechos y, en función de eso, naturalmente que va a pleitear. Esta no es la interpretación que hace el Gobierno, ni la que ha hecho algún sector o alguna figura del Partido Nacional, que comparten con nosotros el hecho de que el resultado del plebiscito va de aquí en adelante y de que estamos haciendo una rescisión por incumplimiento. No obstante, señor Presidente, nos permite brindar el servicio. Sé que la empresa va a hacer pleitos acá y donde sea, va a recurrir a todos los tratados que puedan estar firmados por el Uruguay, va a jugar en todas las canchas y va a defender su posible renta o su ganancia. Me pongo en la cabeza de ella y lo entiendo pero, como Estado tengo que dar y asegurar el servicio. Sé que hay algunos camiones y otros elementos y también sé que hace seis o siete meses la empresa no paga el canon de U$S 700.000. Sé que acá hay un conflicto y que lo vamos a tener, pero quiero darle el instrumento al Estado para que no haya perjuicio para los usuarios. No me quiero encontrar con el hecho de que mañana no pueda asumir el servicio y que haya zonas de Maldonado a las que el servicio sí les llega cuando la empresa quiere. Quiero asumir el compromiso y hacerme responsable y después la Justicia dirá si hay una situación de perjuicio económico para la empresa, en los ámbitos que sea, y se compensarán los perjuicios de un lado y del otro. Pero, reitero, tengo que ser responsable y asegurar el servicio que va a dar OSE.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: en ocasión de la discusión en general ya habíamos adelantado nuestra valoración absolutamente crítica sobre este artículo y habíamos señalado la gravedad de su inconstitucionalidad y la forma en que se da de bruces con el artículo 32 de la Constitución de la República, lo que no tiene solución. Obviamente sin la intención de actuar de esa manera, creo que se está jugando a favor del concesionario, a quien se le está dando todos los elementos para que se esté llevando una recompensa con la que ni siquiera soñó en ningún momento de las distintas etapas por las que ha atravesado la ejecución de este contrato. En algún momento, al concesionario en cuestión, URAGUA, como consecuencia de su imprevisión, porque no previó ni estableció en el contrato ninguna suerte de compensación o equilibrio como consecuencia de una eventual devaluación como la que se produjo en el año 2002, que le significó perjuicios económicos importantes porque tenía que invertir en dólares y estaba cobrando en pesos, y, en consecuencia, estaba absolutamente en situación crítica, pronta para irse, para entregar la concesión porque estaba pidiendo agua por señas -valga la expre-sión-, se lo resucitó con la reforma constitucional. Y ahora se le termina de dar mayor campo de acción y mayor alegría y felicidad a través de esta ley. Eso es lo que hemos expresado en más de una oportunidad en el transcurso de esta sesión. Cuanto más grave haya sido el incumplimiento, cuanto menos haya cumplido con sus obligaciones contractuales, cuanto mayor sea el atraso en el pago del canon, más argumentos y fundamentos tiene el Estado para recorrer el camino de la rescisión del contrato y no tener que acudir a una norma de estas características que nos hace absolutamente vulnerables en todos los campos.

Entonces, en esta circunstancia de la votación en particular, queremos resaltar esta fundamentación, porque creemos que las cosas hay que decirlas antes. El día que haya que pagar una indemnización millonaria -ojalá que no- como consecuencia de esa reforma constitucional, de este decreto reglamentario y de esta ley, ya sabemos quién es el responsable.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º en la redacción sustitutiva leída por Secretaría y que los señores Senadores miembros del Cuerpo tienen en sus bancas.

(Se vota:)

- 17 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 8º.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: vamos a solicitar que se elimine este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo 8º.

(Se vota:)

- 0 en 25. Negativa.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Siguiendo con el argumento planteado por el señor Senador Michelini, quiero destacar que aquí hay una responsabilidad del Estado, de la nueva administración de la empresa porque, en primer lugar, tiene que brindar el servicio y, en segundo término, debe dar la seguridad sanitaria que hoy no otorga la empresa en cuestión, ya que no permite que esta nueva administración realice el control de calidad del agua. Por último, considero que se trata de una solución creativa que contempla la descentralización y la integración del gobierno local en esta nueva forma de administrar.

Por lo tanto, me congratulo de haber votado esta iniciativa.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: hemos mantenido silencio voluntariamente durante la discusión particular, porque creemos que el estilo y la forma en que se consideró este proyecto de ley -al igual que otros que han venido y, seguramente, que vendrán- no es el más constructivo para la salud legislativa del país. Es una reflexión jurídica sobre una serie de observaciones de toda naturaleza que tenemos sobre el articulado de este proyecto de ley, aun cuando compartimos la preocupación por buscar mejores soluciones, en particular, para servicios tan importantes como es el del saneamiento en el departamento de Maldonado. Hasta como por una especie de catarsis debo decir que, desde mi punto de vista, esto desalienta la actividad legislativa. La forma en que se viene legislando, la manera en que se imponen los criterios y la falta de flexibilidad para escuchar no contribuyen a la filosofía de trabajar en conjunto sino, simplemente, a buscar que las urgencias terminen siendo la antesala de la arbitrariedad. Precisamente, el tema de la arbitrariedad que está planteado desde el punto de vista jurídico, tendrá serias consecuencias para el Estado cuando los reclamos estén fundados.

Espero -y no lo digo con ánimo de polémica, sino como una reflexión personal- que cambiemos este estilo, porque el día en que el Gobierno no cuente con todas las mayorías, necesitará buscar con humildad otra forma de relacionamiento político.

Muchas gracias.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: quiero decir que he votado con convicción este proyecto de ley y no acepto, en absoluto, que contenga normas que comprometan la responsabilidad del Estado. Diría que si hay litigios -como probablemente ocurra- no será en nuestras expresiones ni en el texto de la ley en que se basarán los defensores de la contraparte. Me parece que hemos procedido con la prudencia y la cautela necesarias.

SEÑOR RIOS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIOS.- Señor Presidente: nos parece que hemos dado un paso importante para poder prestar el servicio de agua y saneamiento en el departamento de Maldonado, previo a la temporada estival. Confieso que no me gustan las discusiones con poco tiempo, ya que prefiero que las leyes estratégicas tengan una base de apoyo que vayan más allá de la de la fuerza política de gobierno, esto es, que involucre a otros partidos políticos y actores sociales. No obstante ello, todos los que estamos aquí somos seres políticos y sabíamos que las diferencias políticas sobre cómo encarar la reforma constitucional respecto al agua, ya estaban marcadas en la agenda política.

Este proyecto de ley estuvo a estudio de la Comisión respectiva y no podemos negar que la discusión política hace mucho más tiempo que está instaurada. En definitiva, lo único que hizo el Poder Ejecutivo fue llevar adelante su postura política, conociendo la de los Partidos Colorado y Nacional con mucha antelación. Quiere decir que ha existido una discusión política con anterioridad y un debate sobre los términos del proyecto de ley, en función de las necesidades de la gente. Por eso, hemos votado a favor esta iniciativa con mucha convicción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO 1°.- Créase dentro de la estructura funcional de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, una Unidad de Gestión Desconcentrada con el objeto de prestar el servicio público de saneamiento y de abastecimiento de agua para el consumo humano en el departamento de Maldonado.

Dicha Unidad asumirá la prestación de los servicios que fueran concesionados a particulares en aquel departamento, así como todos los que deba asumir en el futuro, en virtud de la aplicación del artículo 47 de la Constitución de la República, en el departamento de Maldonado.

Asimismo, el Directorio de dicho organismo podrá disponer la incorporación a la Unidad creada de los servicios que en el citado departamento vienen siendo cumplidos directamente por el mismo, en zonas que no estaban bajo el régimen de concesión o administración por operadores privados.

ARTICULO 2º.- La Unidad de Gestión Desconcentrada será administrada por una Dirección conformada por el Presidente y el Vicepresidente de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado y un tercer miembro designado en representación de la Intendencia Municipal de Maldonado, con anuencia de la Junta Departamental de Maldonado.

La Dirección podrá designar un Gerente General, en carácter de cargo de confianza de acuerdo a las disposiciones de los artículos 15 y 21 de la Ley Nº 11.907, que deberá ser persona de notoria capacidad en la materia, con actuación a nivel jerárquico en empresas del Estado o privadas, y tendrá competencia en la instrumentación y ejecución de la política de la Dirección y en las relaciones que se deriven con organismos estatales y empresas privadas.

La retribución del Gerente General no podrá ser superior al 85% (ochenta y cinco por ciento) de la correspondiente al Gerente General de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

ARTICULO 3º.- La Administración de las Obras Sanitarias del Estado mantendrá la contabilidad de la Unidad de Gestión Desconcentrada en forma separada, y su presupuesto operativo y particularmente el monto de inversiones a realizar en el departamento de Maldonado serán dispuesto en el presupuesto de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

Dentro de los 120 (ciento veinte) días de su creación, la Unidad de Gestión Desconcentrada propondrá su reglamento de funcionamiento para ser aprobado por el Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

El citado Directorio podrá delegar en la Unidad de Gestión Desconcentrada todas las atribuciones que considere necesarias para su eficaz funcionamiento.

ARTICULO 4º.- Autorízase a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a contratar de acuerdo a las necesidades del servicio, a todo el personal técnico, administrativo u obrero que al 1º de junio del año 2005 figurare en la plantilla de personal, o mantuviera relación de dependencia directa, bajo otras modalidades contractuales, de las empresas privadas que hubiesen sido concesionarias o administradoras de los servicios públicos de que se trata, manteniéndose el salario nominal correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 2º de la presente ley.

A los contratos que se realicen en el marco del presente artículo se les aplicarán las disposiciones previstas en los artículos 30, 32 a 37 y 41 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002.

ARTICULO 5º.- Las contrataciones de personal eventual (zafral) que, en función de los requerimientos del servicio realice la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, al amparo del literal Ñ del artículo 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, en la redacción dada por el artículo 19 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, se realizarán mediante llamado público y abierto entre residentes en el departamento de Maldonado, otorgando prioridad a personas que se desempeñaban en la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, en dicho departamento, al 4 de agosto del año 2000 y continúen residiendo en el mismo y a funcionarios zafrales de la empresa cuyos servicios deben asumirse.

ARTICULO 6º.- Autorízase a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, a través de la Unidad de Gestión Desconcentrada creada por la presente ley, a contratar directamente, por un período máximo de 18 (dieciocho) meses, con empresas o subcontratistas de las empresas cuyos servicios debe asumirse, y que al 1º de junio del año 2005 tuvieran contratos vigentes con dichas empresas, siempre que los considere necesarios para la continuación y gestión de los mismos.

ARTICULO 7º.- El operador privado correspondiente deberá proceder a la entrega de los bienes afectados a la prestación de los servicios referidos en el artículo 1º, dentro del término de 5 (cinco) días hábiles siguientes a que la misma le sea requerida por la Administración de las Obras Sanitarias del Estado por cualquier medio fehaciente.

En caso que la entrega no se verificara en la forma prevista en el párrafo anterior, y a los efectos de asegurar la continuidad de los servicios a los usuarios del departamento de Maldonado, el citado organismo podrá solicitar la misma al Juez competente, que será el Juez Letrado de 1ª Instancia del lugar en que se hallaren ubicados los bienes de que se trate.

Efectuada la solicitud de entrega, el Juez la dispondrá sin más trámite y sin perjuicio. La entrega se decretará sin conocimiento ni intervención del operador privado requerido. Ningún incidente o petición planteado por éste, podrá detener su cumplimiento. La providencia que recaiga a tales efectos, será recurrible mediante reposición y apelación, las que no tendrán efectos suspensivos."

31) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos para considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 22 y 30 minutos, presidiendo el señor Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Antía, Antognazza, Baráibar, Dalmás, Korzeniak, Núñez, Percovich, Ríos, Rubio, Saravia, Topolansky y Vaillant.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini - Sr. Santiago González Barboni Secretarios

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.