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Nº 38 - TOMO 426 - 10 DE AGOSTO DE 2005

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

37ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Y EL SEÑOR SENADOR LUIS ALBERTO HEBER Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI Y SANTIAGO GONZALEZ BARBONI Y LOS PROSECRETARIOS DOCTOR ERNESTO LORENZO Y ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Inasistencias

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y sus Comisiones.

5 y 17) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Nicolini y Cid.

- Concedidas.

6) Informe sobre los efectos de la aplicación de agroquímicos

- Manifestaciones del señor Senador Lorier.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala, a Redes-Amigos de la Tierra, a la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina, al Programa Uruguay Sustentable, a la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a los Programas de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Para el Desarrollo y a Inter Press Service.

7) Consejo Honorario Consultivo de Lucha Contra la Violencia Doméstica

- Manifestaciones de la señora Senadora Percovich.

- Por moción de la propia señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala, a los Ministerios del Interior, de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Social, al Consejo Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica y a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes.

8) Necesidad de información sobre el alcance de los acuerdos comerciales con la República de Venezuela

- Manifestaciones del señor Senador Gallinal.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala, a las Comisiones de Hacienda, de Constitución y Legislación y de Asuntos Internacionales del Cuerpo.

9) Contribución inmobiliaria rural. Exoneración

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz, presentando un proyecto de ley al respecto.

10) Extensión de la línea férrea hasta Nueva Palmira

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala, a la Presidencia de la República, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a AFE, a la Administración Nacional de Puertos y a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas de todo el país.

11) Asuntos entrados fuera de hora

12) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de su cargo a dos funcionarios públicos

- Por moción del señor Senador Lara Gilene, el Senado resuelve declarar la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- El Senado, en sesión secreta, concedió venias al Poder Ejecutivo para exonerar de su cargo a dos funcionarios públicos.

13) Importación de determinados bienes muebles usados

- Proyecto de ley por el que se la prohíbe.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

14 y 16) Consejo de Economía Nacional

- Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se le crea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 de la Constitución de la República.

15) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

- Por moción de los señores Senadores Fernández Huidobro y Korzeniak, el Senado resuelve prorrogar la hora de la presente sesión hasta que culmine su exposición el señor Senador Baráibar y continuar con los demás puntos del Orden del Día.

18) Proyectos presentados

- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establece que el Poder Ejecutivo deberá abonar a las Intendencias Municipales una suma de dinero equivalente a las que percibirían por concepto de la contribución inmobiliaria rural.

- A la Comisión de Hacienda.

- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se deroga el artículo 116 del Código Penal.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

19) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir ascensos al grado de Capitán de Navío a varios señores Capitanes de Fragata de la Armada Nacional

- Por moción del señor Senador Fernández Huidobro, el Senado resuelve devolver los antecedentes al Poder Ejecutivo para que proceda a su ampliación.

20) Se levanta la sesión

- Por moción del señor Senador Penadés, el Senado resuelve levantar la sesión.

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 9 de agosto de 2005.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 10 de agosto, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DE DIA

1º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se prohíbe la importación de determinados bienes muebles usados.

Carp. Nº 189/05 - Rep. Nº 86/05

2º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se crea el Consejo de Economía Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 de la Constitución de la República.

Carp. Nº 88/05 - Rep. Nº 90/05

3º) Discusión particular del proyecto de resolución por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente al Ejercicio 2004, de la Cámara de Senadores.

Carp. Nº 211/05 - Rep. Nº 94/05

4º) Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando venia para conferir los ascensos al grado de Capitán de Navío de la Armada Nacional, con fecha 1º de febrero de 2005, a varios señores Capitanes de Fragata, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la República.

Carp. Nº 216/05 - Rep. Nº 95/05

5º) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a:

- una funcionaria del Ministerio de Salud Pública. (Plazo Constitucional vence el 13 de setiembre de 2005).

Carp. Nº 212/05 - Rep. Nº 91/05

- un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Plazo constitucional vence el 27 de setiembre de 2005).

Carp. Nº 230/05 - Rep. Nº 92/05

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Aguirrezabala, Alfie, Antía, Baráibar, Breccia, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Fernández Huidobro, Gallinal, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Penadés, Percovich, Ríos, Rubio, Sanguinetti, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Amaro y Nicolini.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 12 minutos)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Cámara de Representantes remite:

- aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se crea el Registro Unico de Créditos Financieros.

- por el que se modifican los literales B) y C) del artículo 2º de la Ley Nº 17.730, de 31 de diciembre de 2003, relacionados con la financiación del seguro para el control de la brucelosis.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

- y nota comunicando que aprobó el proyecto de ley por el que se designa ‘Doctor Alfredo Sanjuán Suárez’ el Centro Auxiliar de Salud Pública de Sarandí Grande del departamento de Florida, dependiente del Ministerio de Salud Pública.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVESE.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería remite copia de la Resolución por la que se confirma la destitución de un funcionario presupuestado de la Unidad Ejecutora 004, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

- TENGASE PRESENTE.

La Junta Departamental de Montevideo remite copia de la versión taquigráfica de las palabras del Edil Fitzgerald Cantero, referidas a la problemática de los accidentes de tránsito.

- TENGASE PRESENTE.

La Junta Departamental de Canelones remite:

- con destino a la Comisión de Salud Pública, copia de la versión taquigráfica de las palabras del Edil Víctor Farías, relacionadas con la creación de una Brigada de Autoayuda Civil para los Hospitales de Las Piedras, Pando y Canelones.

- A LA COMISION DE SALUD PUBLICA.

- y con destino a la Comisión de Educación y Cultura, copia de lo expresado por la Edila Lyliám Espinosa, proponiendo designar con el nombre ‘Escribano Hildebrando Berenguer’ la Escuela Nº 136 del Balneario Salinas.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

La Junta Departamental de Rivera remite:

- con destino a la Comisión de Defensa Nacional, las palabras del Edil Carlos Fontes, referidas a los efectivos del Ejército Nacional que participan en las Misiones de Paz, expresando la iniciativa para que se realice un homenaje denominado ‘Soldado de la Paz’.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

- con destino a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, copia de lo expresado por la Edila Yolanda Machado, solicitando se incrementen las pasividades de Industria y Comercio y Rural.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL."

4) INASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a la anterior convocatoria, en caso de que existieran.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- En la sesión ordinaria del día de ayer no se registraron inasistencias. En lo que refiere a las inasistencias de los señores Senadores a las respectivas Comisiones, cabe informar que a la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del mismo día, faltó con aviso el señor Senador Abreu.

5) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Nicolini solicita licencia desde el día 10 hasta el 16 de los corrientes".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 10 de agosto de 2005

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a usted tenga a bien gestionar licencia sin goce de sueldo desde el día 10 de agosto de 2005 al 16 de agosto de 2005.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Leonardo Nicolini. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-13 en 13. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Senador Breccia, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que, si se encontrara en la Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Breccia)

6) INFORME SOBRE LOS EFECTOS DE LA APLICACION DE AGROQUIMICOS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Lorier.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: en el mes de junio se presentó en el Parlamento una investigación realizada por un equipo multidisciplinario en la que se presentaban denuncias sobre graves efectos de la aplicación de agroquímicos en Bella Unión. El equipo integrado por médicos, neumopediatras, toxicólogos, genetistas y psicólogos sociales, apoyados por Redes-Amigos de la Tierra, Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, el Programa Uruguay Sustentable y la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación -UITA-, informaron de los resultados del proyecto iniciado en el año 2003, que buscaba comprobar el daño que provocan los agrotóxicos en la salud humana, estudiando la prevalencia de distintas enfermedades agudas y crónicas en la ciudad y alrededores de Bella Unión.

Las patologías detectadas señalan muchas enfermedades de la piel, ojos, enfermedades de huesos en general, reumas muy precoces, cáncer y nacidos mal formados en una alta proporción.

Para llegar a estas conclusiones, se trabajó con una muestra inicial de 200 personas. El nivel de enfermedades encontradas en forma desmedida con relación a otras poblaciones semejantes del interior fue comprobado por la doctora María Liria Martínez.

La causa de tales enfermedades es que en los químicos utilizados en las plantaciones de Bella Unión hay más de 20 principios activos tóxicos diferentes. Recordemos que en las plantaciones de arroz, la fumigación es por vía aérea, mientras que en los cultivos de caña, los herbicidas son distribuidos con "mochilas". A ello debe agregarse que los propios pequeños productores locales trabajan con pesticidas en sus invernaderos. Y por si esto fuera poco, hay que sumar la deriva de la fumigación de Brasil, que recorre muchos kilómetros.

A lo anterior, debe agregarse que generalmente no se respeta la distancia reglamentaria que establece el decreto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de mayo de 2004, el que exige 500 metros de distancia de cualquier centro urbano o suburbano para los cultivos de pulverización aérea y 300 metros para la pulverización terrestre.

No está de más repasar que en el Uruguay, en el año 2000, se comercializaban 43 plaguicidas prohibidos por distintos gobiernos. Asimismo, la principal causa de personas intoxicadas, de acuerdo al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico -CIAT- de la Facultad de Medicina, es la contaminación por agrotóxicos, que a su vez ocupa el segundo lugar en la estadística general de intoxicaciones.

Por último y a nuestro juicio, lo más relevante de esta investigación que aún continúa es que los niños son los más afectados. Así, se encontró que el 63% de los niños menores a 5 años padecen patologías respiratorias. También son comunes las patologías cutáneas, así como los abortos espontáneos.

Sin embargo, los habitantes de la localidad y comunidades cercanas no vinculaban las distintas patologías con la utilización de agroquímicos. Esto conduce a la necesidad de educar e informar a esta población en contacto con agroquímicos.

Otra conclusión importante del trabajo es la necesidad de que se aplique el Convenio 184 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. En el mismo se indica que no se puede fumigar ni echar plaguicidas a menos de 500 metros de las poblaciones.

También queremos aprovechar esta intervención para saludar los 10 años de Tierramérica en el mundo. Se trata de una plataforma multimedia de comunicación para el Desarrollo Humano Sostenible y el Ambiente. Es un proyecto conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA- y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, con Inter. Press Service -IPS-, como agencia de ejecución.

En concreto, se trata de la elaboración y divulgación semanal de contenidos en toda la región, con independencia de criterio, intentando favorecer el intercambio, el debate participativo y la formación en torno a los grandes temas del Desarrollo Humano Sustentable y el Ambiente en América Latina y el Caribe. Es de destacar que participan personalidades de la cultura, la ciencia y la política, incluyendo a varios premios Nobel. También es de destacar la próxima incursión en radio, en cuñas televisivas y en Internet para extender la divulgación de los trabajos a millones de personas, contribuyendo a la reflexión en temas que nos afectan a todos a largo plazo.

Hoy, que está en juego, por ejemplo, la conservación de la Amazonia -diezmada por la voraz tala indiscriminada- o de los recursos del acuífero Guaraní, se vuelve más necesario que nunca que los medios masivos de comunicación tengan espacios que traten la problemática medioambiental de la región y que contribuyan en la tarea de educación ambiental desde la misma escuela.

Señor Presidente: culmino solicitándole que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a Redes-Amigos de la Tierra, Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, al Programa Uruguay Sustentable, a la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación -UITA- y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Asimismo, al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA-, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- y a Inter. Press Service, IPS.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-16 en 18. Afirmativa.

7) CONSEJO HONORARIO CONSULTIVO DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: en estos meses en los que se van instalando organismos de consulta con las nuevas integraciones institucionales en los distintos Ministerios o reparticiones del Estado, quiero rescatar que ha comenzado a funcionar el Consejo Honorario Consultivo de Lucha Contra la Violencia Doméstica.

Este Consejo, creado por la Ley Nº 17.514, integrado interinstitucionalmente con representantes de los distintos Ministerios, del Poder Judicial, de las Intendencias Municipales y de las Organizaciones de la Sociedad Civil y presidido por el Instituto Nacional de la Mujer, elaboró en la Legislatura anterior, bajo la Presidencia de la señora Ana María Balparda, un Plan Nacional de Prevención y Tratamiento de la Violencia Doméstica, que esta Administración debe poner en marcha.

En ese Plan se especifican acciones concretas a llevar a cabo en todo el país, capacitación de la población y del funcionariado del Estado, pero también campañas de sensibilización.

El Plan no incluye un programa de reducción de la tenencia de armas pero, sin embargo, es acerca de eso que quisiera hacer llegar a los colegas de ambas Cámaras y al Poder Ejecutivo una preocupación y una aspiración.

Este año, en el marco del 25 de Mayo, Día Internacional de Lucha Contra la Violencia Doméstica, Amnistía Internacional recordaba que las mujeres pagan un precio cada vez más alto por el comercio de armas pequeñas, un negocio que mueve miles de millones de dólares y peligrosamente exento de cualquier regulación.

En la actualidad, se calcula que hay en el mundo casi 650:000.000 de armas pequeñas, la mayoría en manos de hombres, y casi el 60% en poder de ciudadanos particulares. Las mujeres y las niñas sufren directa e indirectamente la violencia armada. La probabilidad de que una agresión con arma de fuego tenga resultados mortales es doce veces mayor a la de una agresión perpetrada con cualquier otro tipo de arma.

En Sudáfrica, una mujer muere cada 18 horas por disparos realizados por su pareja o ex pareja. En Francia, una de cada tres mujeres que pierden la vida a manos de sus parejas muere por arma de fuego; en Estados Unidos, la proporción es dos de cada tres. En el Uruguay, sobre 58 casos de muerte por violencia doméstica en la estadística que se hiciera hasta el año pasado, de enero a noviembre de 2004, 30 fueron con armas de fuego, lo que representa un 52%. Veremos qué datos da ahora el nuevo observatorio montado en el Ministerio del Interior.

Los homicidios en el ámbito familiar son una categoría en la que el número de víctimas femeninas supera al de víctimas masculinas; por lo general, el perpetrador es la pareja o un familiar varón.

Las mujeres corren el riesgo concreto de ser objeto de determinados delitos debido a su sexo, como la violencia en el ámbito familiar y la violación. Teniendo en cuenta que las mujeres casi nunca son las compradoras, propietarias o usuarias de las armas pequeñas, sufren de una forma totalmente desproporcionada la violencia armada. Con frecuencia se afirma que las armas de fuego son necesarias para proteger a las mujeres y a sus familias, pero la realidad es muy diferente. Las mujeres desean que las armas desaparezcan de sus vidas.

Recuerdo lo realizado hace dos años en una encuesta elaborada por las Comisarias Cristina Domínguez y Graciela López, quienes fueron las que comenzaron este relevamiento en la Dirección de Prevención del Delito. Dicho análisis también incluía a todos los familiares muertos con armas en casos de violencia doméstica, incluyendo a niños y también ancianos.

Desde hace tres años, nuestro Parlamento tiene un proyecto que busca el mismo objetivo que hoy se discute en las Naciones Unidas con la concreción de un Tratado internacional sobre el comercio de armas, especialmente buscando el control de las armas pequeñas.

Se trata de un proyecto que crea un Sistema Nacional de Armas en la órbita del Ministerio del Interior, que pasa a identificar y registrar las 600.000 armas que circulan en el país, como una forma de evitar que ese 90% que está en manos de la población que no es militar ni policial, sea identificada y disminuida. Se busca unificar la multiplicidad de reglamentos y normas en un solo instrumento legal.

Este proyecto de la Diputada Daisy Tourné, que está radicado en la Cámara de Representantes, colaboraría con blanquear una situación de informalidad que, a nuestro entender, es mucho más peligrosa que la económica.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios del Interior, de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores -porque tiene que ver con el Convenio de las Naciones Unidas-, al de Desarrollo Social -que integra el Instituto Nacional de la Mujer-, al Consejo Consultivo de la Lucha Contra la Violencia Doméstica, que funciona en su órbita, y a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, que tiene incluida en su lista este proyecto para su consideración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 20 en 22. Afirmativa.

Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Solicito hacer uso de la palabra en la próxima sesión.

8) NECESIDAD DE INFORMACION SOBRE EL ALCANCE DE LOS ACUERDOS COMERCIALES CON LA REPUBLICA DE VENEZUELA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: como es de público conocimiento, a fines del mes pasado una delegación de autoridades nacionales, incluso departamentales, y también empresarios de nuestro país, se trasladaron a Venezuela con el propósito de llevar adelante un conjunto de negociaciones que ya habían tenido una antesala o una etapa previa de carácter comercial. Dicha delegación fue presidida en esa circunstancia, precisamente, por el Vicepresidente de la República, Presidente de la Asamblea General y del Senado, señor Rodolfo Nin Novoa, a quien además pusimos en antecedentes del planteamiento que hoy estamos realizando ante el Senado de la República.

Esta delegación viajó a esa Nación con el propósito de profundizar la posibilidad de encontrar acuerdos comerciales, y precisamente en estas horas se encuentra en nuestro país el Presidente Hugo Chávez, respondiendo a lo que fue aquella visita y, aparentemente, pretendiendo complementar algunas etapas referidas a la misma.

Para nosotros es de sumo interés conocer el alcance de lo que significó la presencia de la delegación uruguaya en Venezuela en aquellos días. Informaciones previas de prensa, para mostrar la dimensión de la visita -o, por lo menos, la expectativa que se había generado- señalaban que habría 954 citas de negocios en Macro-Rueda Uruguay - Venezuela. También se sostenía lo siguiente: "El Presidente Hugo Chávez visitará el Uruguay el 10 de agosto y un día antes de iniciar la Macro-Rueda de negocios, Venezuela ya abrió licencia para 300 toneladas de quesos uruguayos". Otra información de prensa consignaba que se acordaría la venta de 300 toneladas de quesos y 3.000 de leche en polvo y se sostenía: "Macro-Rueda de negocios entre Uruguay y Venezuela intenta triplicar intercambio".

Por otro lado, otras circulares de prensa señalaban: "Encabezada por el Vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, se encuentra desde ayer en Venezuela una delegación de 160 empresarios uruguayos que participan de la primera Macro-Rueda de Negocios entre ambos países. Se aguarda que el encuentro pueda triplicar el comercio bilateral, en tanto el mes próximo visitará Uruguay el Presidente Hugo Chávez para refrendar los acuerdos." Asimismo, se indicaba: "Los contactos preliminares que mantuvieron ayer en Caracas empresarios y jerarcas del gobierno de Uruguay y Venezuela, en el marco de una rueda de negocios entre ambos países que se iniciará formalmente hoy, dieron varios resultados concretos como el levantamiento de las trabas para la exportación de lácteos uruguayos y avances en la apertura del mercado venezolano para el ingreso de ganado en pie.

Además, Venezuela tiene interés en adquirir neumáticos, en principio para el sector rural, fabricados por FUNSA, dijeron a El Observador en Caracas fuentes empresariales.

El Ministro de Ganadería, José Mujica, señaló que pudo destrabarse la exportación de lácteos a Venezuela asegurando el negocio hecho por CONAPROLE y CALCAR de Melo por siete mil toneladas de leche en polvo. También se aseguró ‘las licencias para las ventas de quesos uruguayos’."

Otra información de esos días destacaba lo siguiente: "ANCAP estudia dos ofertas de empresas internacionales para construir una boya petrolera en el Río de la Plata, cerca de la refinería de La Teja, reveló a El Observador en Caracas el presidente del Ente, Daniel Martínez. El jerarca señaló que se está en una primera etapa ‘de sondear costos y la tasa de retorno’ que tendría el emprendimiento que se ubicaría en algún lugar del estuario donde haya una profundidad mínima de 48 pies.’

Martínez, acompañado por el vicepresidente de ANCAP, Raúl Sendic, avanzó en las gestiones iniciadas con PDVSA para asociar a ambas empresas en negocios conjuntos. PDVSA sondea ampliar la planta de La Teja, refinar allí su petróleo y abastecer con productos terminados al mercado de Paraguay y Argentina".

Es más; según trascendió, en la visita que hoy realiza el señor Presidente Chávez al Uruguay, estaría recorriendo la planta de ANCAP, la refinería de La Teja, seguramente acompañado de técnicos, entre los que imaginamos a representantes de PDVSA, a los efectos de seguir avanzando en estas negociaciones.

En otros apuntes vinculados a este intercambio se señala: "Negocios por U$S 46:600.000 en un solo día. El primer día de la Macro Rueda de Negocios entre Uruguay y Venezuela dejó como resultado acuerdo por U$S 46,6 millones, ya sea en intercambio comercial o en asociaciones estratégicas, dijo ayer a El Observador Mario Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio binacional. Álvarez destacó que U$S 23,6 millones son negocios de compraventa y U$S 23 millones son asociaciones estratégicas. De los U$S 23,6 millones en transacciones, la balanza comercial se inclina a favor de Uruguay. Las empresas uruguayas concretaron ventas por U$S 14,2 millones y las venezolanas por U$S 9,4 millones."

En otra parte se destaca: "El gobierno de Venezuela está dispuesto a pisar firme en el MERCOSUR y eligió como pista de aterrizaje a Uruguay con la concreción de millonarios negocios en el área petrolera y la compra de toneladas de cemento portland.

El presidente Hugo Chávez, a través de la estatal PDVSA, está dispuesto a invertir U$S 600 y U$S 1.000 millones en la ampliación de la refinería de ANCAP en La Teja, anunció en Caracas a El Observador el Presidente de la petrolera uruguaya, Daniel Martínez.

El proyecto consiste en preparar la planta para que pueda procesar ‘crudos muy pesados’ que son los que mayoritariamente posee Venezuela en sus yacimientos y desde La Teja, PDVSA exportar y cumplir con los compromisos de abastecimiento que tiene con la Argentina, Brasil y Paraguay.

Martínez dijo que otro de los beneficios para Uruguay será que el país ‘podrá acceder a petróleo venezolano más barato’.

Chávez, que en los primeros días de agosto estará en Montevideo, firmará una carta de intención con el Presidente Tabaré Vázquez, donde se especificará, en un marco general, los trabajos proyectados para ampliar la refinería, que en principio insumirán entre cuatro a cinco años.

Martínez, junto al Vicepresidente de ANCAP, Raúl Sendic y dos gerentes del Ente petrolero, se reunieron ayer con el titular de PDVSA, Rafael Ramírez, y el número dos de esa compañía, Alejandro Granado."

También han circulado informaciones referidas al interés de empresas venezolanas por la asociación con PLUNA. En fin, señor Presidente, me he referido a un conjunto de informaciones de muy importante valor que, como puede comprobar el Cuerpo, a nosotros nos llegan a través de la prensa nacional. Creemos que pueden ser muy buenas noticias, porque, ¿quién más interesado que Uruguay en incrementar sus intercambios comerciales, y más aún si éstos son de las características beneficiosas que se señalan por quienes formaron parte de la delegación?

Entendemos que sería saludable que la oposición estuviera oficialmente informada de este tipo de temas -sobre todo cuando tienen esta jerarquía, importancia y valor- por lo que significan en sí mismos y, además, porque en algunos de ellos, en el día de mañana, eventualmente se podría necesitar la aprobación de alguna legislación que viabilice las asociaciones que se están negociando o que se intentaría llevar adelante. Me refiero, particularmente, a las que tienen relación con ANCAP o con PLUNA que, sin duda, podrían requerir una ley que las habilite.

En ese sentido, señor Presidente, y tal cual se lo manifestamos en el transcurso de los últimos días, consideramos que podría ser muy ilustrativo para el Senado que su Presidente -Presidente también de la Asamblea General y Vicepresidente de la República-, además en su condición de titular de la delegación que se trasladó a Venezuela, informara en la instancia que considere oportuna y a través del instrumento pertinente, cuáles fueron los alcances de los avances que se registraron en esta negociación, en este viaje, en este intercambio. Sería muy bueno para la oposición tener una voz oficial de parte del Gobierno que nos hiciera saber cuáles son las características principales de los negocios que se están estudiando y, eventualmente, los aportes que el Parlamento tendría que realizar en el día de mañana para habilitarlos.

Por todo lo expuesto, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a las Comisiones de Hacienda y de Constitución y Legislación, que en nuestra opinión están directamente vinculadas con estos temas. No necesitamos que esta solicitud se haga extensiva respecto del señor Presidente del Senado, pero sí que se habilite un mecanismo en función del cual en alguna de estas Comisiones que he mencionado -en su caso, integrada con la de Asuntos Internacionales- podamos recibir de parte del Presidente de la delegación la información correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si el Cuerpo lo entiende pertinente, acordaremos con el señor Senador Gallinal la forma de comparecencia que el Cuerpo ha avalado.

9) CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL. EXONERACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Lapaz Correa.

SEÑOR LAPAZ - Señor Presidente: tal como habíamos anunciado ayer, entregamos hoy a la Secretaría del Senado el proyecto de ley relacionado con la contribución inmobiliaria rural y la exoneración que marca el artículo 63 del Título III del Texto Ordenado de 1996 a los productores forestales.

Hemos mencionado que esta circunstancia debe analizarse en el marco de la situación financiera general de los Municipios que, como es notorio, se ha ido deteriorando progresivamente, no sólo como consecuencia de factores económicos y la crisis del año 2002, sino también por la incidencia de decisiones políticas como, por ejemplo, la reducción del impuesto a los semovientes y otras de similar alcance.

Por ende, consideramos de elemental justicia que ese importe por el cual resultan perjudicadas las Comunas les sea restituido por el Poder Ejecutivo como una forma de restablecer una ecuación equitativa y de permitir con ello un relativo alivio en las finanzas municipales.

Por otra parte, y atento al propósito de no descuidar la infraestructura indispensable para el mantenimiento de la cadena productiva generada, se entiende adecuado establecer como obligación correlativa para los Municipios la de destinar, en forma obligatoria y exclusiva, el importe recibido a título de Contribución a obras de caminería rural, que obviamente tienen incidencia preponderante en el desarrollo forestal.

10) EXTENSION DE LA LINEA FERREA HASTA NUEVA PALMIRA

SEÑOR PRESIDENTE.- Para referirse a otro tema, continúa en uso de la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- En otro orden, el Ministro de Transporte y Obras Públicas, señor Víctor Rossi, ha manifestado el interés de reflotar los servicios de AFE, actual dependencia de su Cartera, tanto a nivel de carga como de pasajeros, insuflándole apoyos económicos situados por los cien millones de dólares, una más acentuada reconversión ideológica, pues la realidad alienta dejar de lado esquemáticos pudores para encontrar, ahora, compatibilidades con la asociación a capitales privados.

Además, se vería con inicial agrado, por ejemplo, el retorno de la administración ferrocarrilera a una condición de Ente Autónomo o Servicio Descentralizado.

(Murmullos en Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa ruega a los señores Senadores que están haciendo reuniones paralelas a la exposición del señor Senador Lapaz, que tomen asiento en sus bancas y que respeten el tiempo de los oradores.

Puede continuar el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Muchas gracias, señor Presidente.

El ferrocarril cumplió desde sus orígenes una función civilizadora al promover un notorio crecimiento en volúmenes y velocidad de los bienes transportados, siendo decisivo factor para abrirle las "puertas a la tierra" mediante estaciones postas que echaron las bases fundacionales de nuevos poblados que tanto crecieron como decrecieron al ritmo de las locomotoras. A su turno desarrolló modelos de puntualidad, no siempre integrados por los criollos latinos como actitud de hábitos cotidianos.

No interesa al momento ingresar en la razón de los ingleses para invertir en esa actividad, que no solo promovía lucros como transportadora de haciendas y de personas sino que, lateralmente, favorecía las pólizas de seguro, las financiaciones bancarias, la gestión industrializadora exportadora de los frigoríficos anglosajones, todo lo cual restaba renta al producto nacional agropecuario. Y menos aún recordar la anécdota de si el itinerario de las vías, tan serpenteante, respondía a razones topográficas o catastrales, o a una artificiosa disposición de ingeniería para hacer más largos los trayectos y por ende más onerosos los fletes. Tampoco si el posterior pasaje al dominio estatal con la compra de los servicios a sus propietarios ingleses, de repente por el envejecimiento de los materiales, y la disminución de las ganancias ante la competencia de transporte carretero, fue circunstancia benéfica o perjudicial. Creemos que antes de juzgar, mejor es comprender las coyunturas en que se gestaba la negociación.

La vieja ecuación de nuestra historia por los profesores Reyes Abadie, Tabaré Melogno y Oscar Bruschera daba precedencia a tres factores, al interpretar el rostro y los gestos del devenir nacional en el tiempo; sean estos: Frontera, Pradera y Puerto. El ferrocarril unió la "Pradera" del interior con el "Puerto" metropolitano y exportador. Por eso todas las líneas, como un abanico abierto, convergen desde la campaña hacia Montevideo, donde estaba la "Estación Central", a pasitos de los muelles y grúas porteños. El Puerto concentró la gente; la Pradera, vacas... y los tenaces productores y jinetes, y una mínima localización de pequeños comerciantes minoristas y burócratas oficiales a cargo de las crecientes dependencias públicas, habitantes de ciudades y pueblos de "Tierra Adentro".

El ferrocarril marcó la vida de las comunidades, y cuando irrumpieron las carreteras, por lo menos en Soriano, siguieron un trazado paralelo a los rieles. Tal es así que el espacio geográfico y humano que corta en diagonal al departamento desde Cardona, la ciudad más sureña, a la capital Mercedes, se le sigue denominando La Línea, paráfrasis de "línea del ferrocarril" conformada por Cardona, Santa Catalina, Rodó, Risso, Egaña, Palmitas y Mercedes. Después el puente sobre el Río Negro, y en el departamento homónimo, Estación Ombucitos, tan cerca de M’Bopicuá y Botnia.

Además es perentorio extender un ramal desde el Bajo Litoral Suroeste, cárnico, cerealero y maderero, a Nueva Palmira -corto en extensión, pero de importancia estratégica mayúscula- que es imprescindible lo conecte con la portuaria ciudad coloniense noroeste, punto vital de la Hidrovía del MERCOSUR que nos enlaza con el mismo corazón de la América total. Los últimos veinte años del ferrocarril son historia reciente y conocida y, por ende, dejémosla momentáneamente a un lado.

Vemos con expectativa el salvataje de los convoyes, tras estudios serios de la inserción que tendrán en el vigente sistema de transporte para un ajuste que sea sustentable y compatible con los medios hoy existentes. También la dinámica de sociabilidad, a refundar con respecto a los viejos tiempos, la que se gestará fundamentalmente hacia las nue-vas generaciones que nacieron y crecieron sin vivencias de trenes. Será el renacer reconvertido de historias de durmientes, barreras, sirenas, pitazos de partida con crono-métrica precisión, acaso sólo conocidas por el deprimente estado actual de hibernación de los andenes, galpones, es-taciones gemelas con primorosos techos a dos aguas similares a los de Kent, Canterbury o Greenwich, y vagones soli-tarios, fantasmas decrépitos de un pasado de esplendor.

Pero creemos también que la restauración del ferrocarril debe integrarse a un plan regulador de las poblaciones que toque, para animar, según conveniencias sentidas y deseables, acercamientos o separaciones con los respectivos cascos urbanos, y perdónesenos que insistamos en la extensión de un ramal hasta Nueva Palmira.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sobre el ferrocarril y su extensión hasta Nueva Palmira pase a la Presidencia de la República, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a AFE, a la Administración Nacional de Puertos, a las Intendencias Municipales y a las Juntas Departamentales y Autónomas de todo el país.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Lapaz.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de dos asuntos entrados fuera de hora.

(Se da de los siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- por el que se modifican los derechos jubilatorios del Personal Militar destituido, en situación de reforma o similares por razones políticas o ideológicas, reparación y reconstrucción escalafonaria.

- por el cual se derogan el numeral 1) del literal D) del artículo 31 del Decreto-Ley Nº 14.157 (Orgánico de las Fuerzas Armadas), de 21 de febrero de 1974 y el inciso 2º del artículo 101 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL."

12) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA EXONERAR DE SU CARGO A DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

SEÑOR LARA GILENE.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARA GILENE.- Señor Presidente: como integrante de la Comisión de Asuntos Administrativos, quiero solicitar que se altere el Orden del Día y se trate de inmediato el asunto que figura en quinto término, relacionado con solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública y a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si bien la Mesa considera que hay un plazo prudencial para tratar estas venias de destitución, ya que una vence el 13 de setiembre y la otra el 27 de setiembre de 2005, se va a votar la moción formulada en el sentido de modificar el Orden del Día y que se pase a considerar de inmediato el asunto que figura en quinto término.

(Se vota:)

- 24 en 26. Afirmativa.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada, por lo que corresponde pasar a sesión secreta.

(Así se hace. Es la hora 16 y 50 minutos)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 17 y 10 minutos)

- Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- La Cámara de Senadores, actuando en sesión secreta, concedió las venias solicitadas para destituir de sus cargos a la funcionaria del Ministerio de Salud Pública, señora Sonia Lyliam Richard Suárez, y al funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, señor Alejandro Sbarbaro Arralde.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunicará al Poder Ejecutivo.

13) IMPORTACION DE DETERMINADOS BIENES MUEBLES USADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en primer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se prohíbe la importación de determinados bienes muebles usados (Carp. Nº 189/05 - Rep. Nº 86/05)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 189/05

Rep. Nº 86/05

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el literal C) del artículo 2º de la Ley Nº 12.670, de 17 de diciembre de 1959, prohíbese por cuarenta y ocho meses la importación de los bienes muebles usados que se mencionan a continuación:

A) Automóviles y vehículos comerciales livianos (hasta 1.500 kilogramos de capacidad de carga).

B) Omnibus.

C) Camiones.

D) Camiones tractores para semirremolques.

E) Chasis con motor o sin motor.

F) Remolques o semirremolques.

G) Carrocerías y/o cabinas.

H) Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin él, sidecares, así como las partes y accesorios usados de dichos vehículos.

Artículo 2º.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo podrá autorizar excepciones a esta prohibición admitiendo su importación, en tanto no violen acuerdos internacionales firmados por Uruguay, siempre que medie previo otorgamiento de un certificado de necesidad por parte de los Ministerios de Industria, Energía y Minería y de Transporte y Obras Públicas y que se refieran a los siguientes bienes:

A) Vehículos especializados que no resulte posible ensamblar en el país.

B) Donaciones recibidas desde el exterior, de unidades con un destino perfectamente determinado sin fines de lucro.

C) Cabinas para vehículos comprendidos en las actuales partidas 8704.22, 8704.23 y 8704.32 correspondientes a la tercera enmienda del sistema armonizado de codificación de mercaderías.

D) Vehículos considerados deportivos o clásicos, con más de veinte años de antigüedad, cuyo destino exclusivo sea exhibición o participación en competencias y de acuerdo a la reglamentación que dicte el Ministerio de Industria, Energía y Minería a estos efectos.

E) Vehículos especiales para el transporte de personas en campos deportivos.

La propiedad y/o tenencia de los bienes así importados no podrá trasmitirse en modo alguno por el término de cuarenta y ocho meses.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 17 de mayo de 2005.

Nora Castro Presidenta

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

La Comisión de Hacienda recomienda a la Cámara de Representantes la aprobación del presente proyecto de ley, que establece la prohibición por el término de cuarenta y ocho meses, para la importación de ciertos bienes muebles usados, como excepción a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 12.670, de 17 de diciembre de 1959. Cabe destacar que la prohibición que se dispone, una vez vencido el plazo de vigencia de la ley proyectada, quedará nuevamente sujeta al régimen establecido en la mencionada Ley Nº 12.670 que garantiza la libre importación.

Según el régimen actualmente vigente, la prohibición de importar todas las clases de mercaderías, artículos, productos y bienes solo puede establecerse por períodos no mayores a los seis meses, siempre y cuando el Poder Ejecutivo lo disponga para lo que está facultado. El ejercicio de ésta, se ha puesto en garantía, desde hace años, específicamente para restringir el ingreso de determinados vehículos usados, tanto de transporte de pasajeros como de carga. La mencionada prohibición se ha reiterado en mérito a razones de seguridad ambientales, de protección a la industria y al comercio establecido en representaciones de marcas, al riesgo en el que incurren los empresarios del transporte cuando invierten en unidades nuevas, en fin, todos aspectos vinculados fuertemente con la política automotriz, para la que los Estados en general tienen especial cuidado.

El MERCOSUR ha avanzado en la formulación de una política común en materia automotriz, por la decisión 70/00 el Consejo del Mercado Común, aprobó el Acuerdo sobre Política Automotriz del MERCOSUR (PAM), la que se protocolizó en ALADI, en el ámbito del ACE Nº 18.

Posteriormente, ante la falta de incorporación del Acuerdo a los ordenamientos jurídicos nacionales, Argentina, Brasil y Uruguay celebran acuerdos entre sí, que serán protocolizados en la ALADI e internacionalizados debidamente a fin de contar con instrumentos que respeten en todos sus términos lo acordado oportunamente en materia de comercio automotor y los vinculen hasta tanto se implemente el Acuerdo sobre Política Automotriz del MERCOSUR. Se trata del ACE 57 entre Argentina y Uruguay, y del Sexagésimo Protocolo Adicional al ACE 2 entre Brasil y Uruguay. Ambos acuerdos incorporan las disciplinas de la PAM del 31 Protocolo. La PAM incluye disciplinas claras que prohíben que en el MERCOSUR se comercialicen vehículos automotores usados, incluidos los camiones, salvo casos excepcionales previstos en el Acuerdo.

Es así que el artículo 3, al definir el ámbito de aplicación de la PAM, en su primer párrafo dispone:

"Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo serán de aplicación al intercambio comercial de los bienes listados seguidamente, en adelante denominados Productos Automotores, siempre que se trate de bienes nuevos, comprendidos en los códigos de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) que, con sus respectivas descripciones figuran en el Apéndice I."

La lista que sigue incluye: a) automóviles y vehículos comerciales livianos (hasta 1500 kg. de capacidad de carga); b) ómnibus; c) camiones; d) camiones tractores para semi-remolques; e) chasis con motor; f) remolques y semi-remolques; g) carrocerías y cabinas; h) tractores agrícolas, cosechadoras y maquinaria agrícola autopropulsada; i) maquinaria vial autopropulsada y j) autopartes.

Esta prohibición, está vigente en Uruguay por aplicación del 60 Protocolo Adicional al ACE 2 y del ACE 57, y constituye el fruto de años de negociación y de esfuerzos hacia la construcción de un consenso desarrollado en el MERCOSUR.

En el Título VI denominado "Disposiciones Generales", indica que alcanza en forma general a todo el comercio intra-zona como al proveniente de extra-zona, el artículo 46 establece en materia de importación de productos automotores usados:

"No se admitirá la importación de Productos Automotores usados para los territorios de los Estados Partes, excepto en las condiciones especiales previstas en las Legislaciones de cada Estado Parte y en los casos previstos en este Acuerdo."

El artículo 47 permite a Uruguay la importación de tractores agrícolas, cosechadoras y maquinaria agrícola autopropulsada y maquinaria vial autopropulsada, y bajo ciertas limitaciones. Si bien la decisión 70/00 no ha sido incorporada a los ordenamientos jurídicos internos de los Estados Parte del MERCOSUR, ha sido protocolizada a nivel de la ALADI a través del Trigésimo Primer Protocolo Adicional al ACE 18, el cual en su artículo segundo dispuso: "El presente Protocolo rige a partir del 1º de febrero de 2001 y mantiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2006".

Entendemos que, conforme con los principios de Derecho Internacional Público y a lo dispuesto por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados la PAM se encuentra vigente. En consonancia con esta opinión, la propia ALADI informa en su página web que el protocolo está vigente en los términos de su artículo 2º.

En virtud de estos antecedentes, la Comisión comparte el criterio de establecer por la vía legal disposiciones que acompañen las decisiones que han adquirido regularidad por la sanción de sucesivos decretos en el marco de la Ley Nº 12.670, prohibiendo la importación de los mencionados bienes usados, así como poner en aplicación los alcances de la Política Automotriz del MERCOSUR.

Asimismo, ha requerido la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas el que se ha expresado favorablemente a la aprobación del proyecto, dejando expresa constancia que luego del vencimiento del plazo establecido por el mismo, o sea cuarenta y ocho meses, regirá plenamente para estos casos la disposición del artículo 2º, de la Ley Nº 12.670. También ha expresado su acuerdo en el sentido de que en el término de la vigencia de la ley, se analice y apruebe una disposición de carácter permanente que garantice en lo referido a la introducción al territorio nacional de vehículos automotores de transporte, aspectos de seguridad, ambientales y de promoción de la calidad en el transporte.

En virtud de lo precedentemente expuesto esta Asesora recomienda a la Cámara la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 4 de mayo de 2005.

José Carlos Cardoso, Miembro Informante; Alfredo Asti, Eduardo Brenta, Roberto Conde, Jorge Gandini, Gonzalo Mujica, Pablo Pérez, Iván Posada, Héctor Tajam.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley Nº 12.670

Artículo 2º.- Declárase la libre importación de toda clase de mercaderías, artículos, productos y bienes.

Facúltase al Poder Ejecutivo:

A) Para exigir depósitos previos a la importación;

B) Para establecer recargos no superiores al 300% (trescientos por ciento) del precio CIF de las mercaderías, artículos, productos y bienes prescindibles, suntuarios y/o competitivos de la industria nacional;

C) Para prohibir con carácter general o particular, por un plazo no mayor de seis meses, la importación total o parcial de toda clase de mercaderías, artículos productos y bienes prescindibles, suntuarios y/o competitivos de la industria nacional. Dicha prohibición podrá reiterarse por nuevos pronunciamientos.

Dentro de los sesenta días de promulgada la presente ley, el Poder Ejecutivo establecerá las normas a las que deberá ajustarse la calificación de prescindibles, suntuarios o competitivos de la industria nacional para los artículos a importarse, debiendo incluirse en dichas normas la consulta a las instituciones más representativas del comercio y la industria.

Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Nº 57 suscrito entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay

Primer Protocolo Adicional

Los Plenipotenciarios de la República Argentina y de la República Oriental del Uruguay acreditados por sus respectivos Gobiernos según poderes que fueron otorgados en buena y debida forma, depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

CONVIENEN:

Artículo 1º.- En materia de origen, salvo lo dispuesto en los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del Anexo al Acuerdo de Complementación Económica Nº 57 (AAP.CE Nº 57), será de aplicación el Régimen de Origen del MERCOSUR, incorporado al Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Nº 18 (AAP.CE Nº 18).

Artículo 2º.- A los efectos de la solicitud de certificación, se utilizará el Formulario de Certificación del MERCOSUR vigente en el AAP.CE Nº 18.

Artículo 3º.- Para el caso de las reglas de origen aplicables al intercambio de productos del sector automotor entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, el Certificado de Origen en su campo 13 deberá decir:

1. Cuando se trate de Productos Automotores incluidos en los incisos "a" a "i" del Artículo 3, así como los conjuntos y subconjuntos de autopartes -según lo definido en el Artículo 2 del Anexo al AAP.CE Nº 57- del inciso "j" del Artículo 3 del Anexo al AAP.CE Nº 57:

- Los bienes originarios de la República Argentina y aquellos originarios de la República Oriental del Uruguay, que hayan optado por el inciso a) del Artículo 5 del Anexo al AAP.CE Nº 57

Identificación del requisito: Artículo 8 del Anexo al AAP.CE Nº 57

- Los bienes originarios de la República Oriental del Uruguay, que hayan optado por el inciso b) del Artículo 5 del Anexo al AAP.CE Nº 57

Identificación del requisito: Artículo 9 del Anexo al APP.CE Nº 57

2. Cuando se trate de Productos Automotores incluidos en el inciso "a" a "i" del Artículo 3, así como los conjuntos y subconjuntos de autopartes -según lo definido en el Artículo 2 del Anexo al AAP.CE Nº 57- del inciso "j" del Artículo 3 del Anexo al AAP.CE Nº 57, amparados en el concepto de modelo nuevo, tal como se lo define en el Artículo 13 del Anexo al AAP.CE Nº 57, se certificará:

- Los bienes originarios de la República Argentina

Identificación del requisito: Artículo 11 del Anexo al AAP.CE Nº 57

- Los bienes originarios de la República Oriental del Uruguay

Identificación del requisito: Incisos a) o b) del Artículo 12 del Anexo al AAP.CE Nº 57, según la empresa haya optado por el Inciso a) o b) del Artículo 5, respectivamente.

3. Cuando se trate de piezas incluidas en el inciso "j" del Artículo 3 del Anexo al AAP.CE Nº 57, tal como se las define en el Artículo 2 del mismo, Identificación del requisito: Artículo 10 del Anexo al AAP.CE Nº 57

Artículo 4º.- El respectivo Certificado de Origen, en su Campo 15, deberá decir: Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Nº 57 (AAP.CE Nº 57).

Artículo 5º.- Las Autoridades de Aplicación de las Partes serán las encargadas de controlar la utilización de los respectivos cupos de importación, así como la asignación de los cupos de exportación entre las empresas instaladas en el territorio de cada Parte.

Artículo 6º.- En el caso de exportaciones a la República Argentina, cuando se trate de bienes que hayan optado por el inciso b) del Artículo 5 del Anexo al AAP.CE Nº 57 1, el importador deberá tramitar el respectivo Certificado de Importación, que será emitido por la Autoridad de Aplicación.

Artículo 7º.- A los efectos de lo dispuesto en el Artículo 16 del Anexo al Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Nº 57, la Autoridad de Aplicación de cada Parte ejercerá la representación nacional en la Comisión Monitora Bilateral.

Artículo 8º.- Para los fines dispuestos en el presente Acuerdo, se designa como Autoridad de Aplicación en la República Argentina, la Dirección Nacional de Industria de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, y en la República Oriental del Uruguay, la Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Artículo 9º.- El presente Protocolo Adicional rige desde el 1º de mayo de 2003.

Artículos Transitorios

 

1    Acta de Rectificación de 14 de julio de 2003.

 

Primero.- Los Certificados de origen emitidos hasta el 30 de abril de 2003 al amparo del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Nº 1 (Ex CAUCE), se mantendrán vigentes por 180 días a contar de la fecha de su emisión y se considerarán válidos para importaciones realizadas al amparo del presente Acuerdo.

Segundo.- Los Gobiernos de las Partes darán instrucción a las respectivas autoridades aduaneras y entidades de certificación, a efectos que las certificaciones que se extiendan a partir del 1º de mayo de 2003, se ajusten a lo dispuesto en el presente Protocolo.

Tercero.- En la imputación de los cupos establecidos en el presente Acuerdo para el año 2003, deberán computarse los montos utilizados desde el 1º de enero hasta el 30 de abril de 2003, al amparo del Vigésimo Séptimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Nº 1 (Ex CAUCE).

La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos signatarios.

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, el primero de mayo de dos mil tres en un original en idioma español. (Fdo.) Por el Gobierno de la República Argentina: Juan Carlos Olima; Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay: Julio Giambruno.

ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA

Nº 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL,

PARAGUAY Y URUGUAY

Trigesimoprimer Protocolo Adicional

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, acreditados por sus respectivos Gobiernos según poderes que fueron otorgados en buena y debida forma, depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

VISTO La Decisión Nº 70/00 del Consejo del Mercado Común, y los textos finales y sus anexos acordados en la V Reunión Ordinaria del Comité Automotor,

CONSIDERANDO La necesidad de establecer un régimen que permita la adecuación definitiva del sector automotor a la Unión Aduanera;

CONVIENEN:

Artículo 1º.- Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 el "Acuerdo sobre la Política Automotriz del MERCOSUR", que se registra en anexo y que forma parte del presente Protocolo.

Artículo 2º.- El presente Protocolo rige a partir del 1º de febrero de 2001 y mantiene su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2006. El Acuerdo sobre la Política Automotriz del MERCOSUR sustituye, para la República Argentina y para la República Federativa del Brasil, las disposiciones del Trigésimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 14, con excepción del Artículo 33 del mismo, cuyos términos quedan ratificados, al igual que el ajuste acordado entre ambos países signatarios el 21 de noviembre de 2000.

La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos signatarios.

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los once días del mes de octubre de dos mil uno en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos. (Fdo.:) Por el Gobierno de la República Argentina: Carlos Onis Vigil; Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil; Alfonso José Sena Cardoso; Por el Gobierno de la República del Paraguay; José María Casal; Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay; Elbio Rosselli Frieri.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

ACTA Nº 12

En Montevideo, el veintiuno de julio del año dos mil cinco, a la hora diez y diez minutos, en la Sala de Ministros, se reúne la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

Preside el señor Senador Alberto Couriel.

Asisten los señores miembros Senadores Sergio Abreu, Isaac Alfie, Luis Alberto Heber, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini y Albérico Segovia.

Faltan con aviso los señores Senadores Jorge Larrañaga y Enrique Rubio.

Actúa en Secretaría el Secretario de Comisión, señor Walter Alex Cofone con la colaboración de la Jefe de Departamento, señora María Celia Desalvo.

ASUNTO CONSIDERADO:

CARPETA Nº 189/2005. IMPORTACION DE DETERMINADOS BIENES MUEBLES USADOS. Prohibición. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 165/2005.

Se recibe al Presidente y directivos de la Asociación de Empresas Automotrices del MERCOSUR (ADEAM), señor Johnny Linder, ingeniero Pablo Ramos, señor Miguel del Castillo y señor Gustavo Quartino, respectivamente.

Acto seguido, el señor Presidente pone a consideración de los señores Senadores el proyecto de ley a estudio, no mereciendo objeciones, se pone a votación. Se vota: 6 en 7. Afirmativo.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Sergio Abreu. Informe verbal. El señor Senador Alfie fundamenta su voto negativo y manifiesta que en el momento de considerarse en el Plenario del Senado, se referirá al tema.

Se suspende la toma de la versión taquigráfica.

De la exposición realizada en Sala e intercambio de opi-niones con los señores Senadores, se toma versión ta-quigráfica, cuya copia dactilográfica luce en el Distribuido Nº 279/2005, que forma parte de este documento.

RESOLUCIONES:

1) CARPETA Nº 189/2005. IMPORTACION DE DETERMINADOS BIENES MUEBLES USADOS. Prohibición. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 165/2005.

Se aprueba.

2) CARPETA Nº 220/2005. CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL. Se deroga el Decreto-Ley Nº 14.811, de 11 de agosto de 1978 y se dispone el cese de la exoneración del Impuesto, a partir del 1º de enero de 2006, sobre los predios ocupados por los embalses de las represas hidroeléctricas. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 219/2005.

Se resuelve invitar a integrantes de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y al Directorio de UTE.

3) Se resuelve invitar al economista Arturo Porcecanski, con el propósito de exponer sobre los mercados financieros internacionales, su repercusión en el Uruguay.

A la hora once y cuarenta y cinco minutos, se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Alberto Couriel Presidente

Walter Alex Cofone Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- La Comisión de Hacienda analizó el proyecto que está a consideración del Senado, respecto de la prohibición de importación de vehículos usados y que detalla cada uno de los artículos o productos que en él están incluidos.

Básicamente, el proyecto establece, por un lado, la prohibición por 48 meses de la importación de automóviles, vehículos comerciales livianos, ómnibus, camiones, tractores para semirremolques, chasis con o sin motor, remolques o semirremolques, carrocerías y/o cabinas, motocicletas, velocípedos equipados con motor auxiliar, sidecar y partes o accesorios usados en motocicletas y velocípedos. Por otra parte, en el artículo 2º establece algunas de las excepciones expresamente fijadas a fin de que esta norma de carácter general pudiera tener la flexibilidad necesaria.

En el análisis de este proyecto en la Comisión, se recibió la visita de representantes de la Cámara de Industriales Automotores del Uruguay, del Automóvil Club del Uruguay, de la Cámara de Autopartes del Uruguay, de la Federación Uruguaya de Automovilismo Deportivo, de la Intergremial del Transporte Profesional de Carga del Uruguay y también del Ministerio de Industria, Energía y Minería, en las personas del señor Ministro, del señor Subsecretario y del Director Nacional de Industria.

Este proyecto de ley, analizado en forma aislada, podría tener algunas dificultades de interpretación, porque es parte de una visión de carácter global y sectorial, que es importante que el Senado considere, a fin de abordar una solución de tipo jurídico y político.

En los últimos tiempos, el sistema de suspensión de importación de automóviles usados y de todos los demás vehículos mencionados en el articulado, se realizó con prórrogas mensuales, de seis meses. A fin de dar un horizonte con una proyección adecuada, el proyecto de ley dispone una prohibición de la importación de estos vehículos usados durante cuatro años, de forma tal que durante ese lapso los actores económicos y comerciales vinculados a este sector tengan la suficiente certidumbre.

Este tema está vinculado a dos aspectos. Por un lado, están las obligaciones internacionales que el país asume en el ámbito del proceso de integración y, por otro, está la definición de una política con aspectos puntuales respecto de los incentivos o los estímulos que determinados sectores de la economía deben recibir o reciben, en función de prioridades que se fijan a nivel del Poder Ejecutivo.

En nuestra realidad regional, el sector automotor junto con el azucarero son los dos que han quedado fuera del programa de liberación comercial del proyecto de integración del MERCOSUR y, por tanto, ingresaron en un régimen de comercio administrado, es decir, con reglas especiales, con reglamentaciones y con normas que custodian la sensibilidad de cada uno de estos sectores sin involucrarlos con las otras obligaciones de carácter general asumidas en el Tratado de Asunción. Allí se establecía que todo lo relativo a los artículos, productos y demás aspectos que pertenecieran al programa de liberación se realizara en forma automática, progresiva, lineal, en una determinada secuencia establecida en el Tratado, pero estas normas no eran aplicables a los sectores automotor y azucarero, por lo que debían ser negociadas en forma autónoma en el ámbito regional.

Se planteó esto porque, precisamente, en estos temas hay una gran sensibilidad. El Senado conoce muy bien el tema del azúcar porque, entre otras cosas, se han presentado proyectos y ha habido discusiones muy profundas al respecto.

Como decía, el tema del azúcar tiene una cercanía con el sector automotor en cuanto a su sensibilidad, aunque está muy distante respecto a sus características. Por su lado, el sector automotor es muy importante porque ha sido parte del esfuerzo que realizaron los países por desarrollar sectores industriales. En el caso del Uruguay, precisamente, al ingresar en el régimen común del MERCOSUR, las normas que se han asumido son parte de su esfuerzo por desarrollar un sector industrial con mayor valor que pudiera insertarse en la región, rescatando para el país un posicionamiento más allá de lo que significan sus exportaciones en materias primas o de "commodities", en el ámbito de lo que significa un aporte a la tecnología y a la modernidad, en este caso del sector automotor. Por ello se ha ido configurando una negociación que empezó en 1994 y que luego se renegoció hasta el año 2000, oportunidad en que se realiza un importante avance en el sector automotor. Esa negociación involucra, básicamente, a Argentina y a Brasil, cuya competencia es conocida por la radicación de inversiones en la región y, en particular, porque las marcas en las inversiones extranjeras en la región están muy vinculadas a los grandes mercados y, en forma marginal, participan o no en mercados pequeños como el nuestro.

El Uruguay, repito, con un gran esfuerzo, ha insertado una estrategia para desarrollar el sector automotor, que está compuesto no sólo por los armadores, sino también por el sector de autopartes. De esta forma, la pequeña y mediana empresa estarían vinculadas al sector armador que, con su visión regional, podría tener una presencia activa en el ámbito del comercio de la región.

Esas negociaciones fueron creando las condiciones establecidas por los grandes socios en particular, de modo tal que ellos mismos, al tener una radicación de inversiones importantes, pudieran alcanzar un mercado adicional -como sería el caso de Uruguay o de Paraguay- en lo que es la política común del MERCOSUR, en cuanto al sector automotor. El Uruguay negoció una inserción activa, aunque no sucedió lo mismo con Paraguay, que ha quedado marginado de este sector automotor y recién comienza a tener una inquietud incipiente en participar.

En consecuencia, tanto el sector armador, desde los convenios bilaterales, como el sector de autopartes, han tenido una importante presencia en la región. De modo tal que el sector automotor participa no sólo en el armado de autos, sino también en el de camiones, así como en otros rubros adicionales a este sector, incipientes y aún inexistentes. Esto es parte de la preocupación del país por insertarse en un sector industrial cada día más competitivo y exigente.

Por lo expuesto, se analizaron todas las variables y, obviamente, hay posiciones diferentes. Por un lado, están las obligaciones en común con los cuatro países, porque es obvio que Argentina y Brasil, al desarrollar a partir del año 2000 en la política automotriz común un sentido único en la estrategia, en definitiva, lo que han tratado de hacer es tener un arancel muy alto para que los productos o los automóviles de terceros Estados no ingresaran con preferencias adecuadas -lo mantienen en un 35%- y para que, además, dentro del propio MERCOSUR sus producciones de autos, autopartes y de camiones pudieran beneficiarse de esas preferencias y se alimentaran de esa competencia natural que existen entre el territorio brasileño y argentino para la radicación de inversiones de las marcas.

El Uruguay no ha quedado ajeno a esto; ha realizado negociaciones muy intensas desde aquella época y, por tanto, ha intentado desarrollar un sector incipiente -aunque ya ha registrado en algún momento exportaciones importantes- para poder permanecer en el ámbito del comercio internacional. En este sentido, hay un elemento que creemos del caso poner a consideración del Senado y que refiere a las visiones que se tiene en la economía sobre el desarrollo de los sectores. Una de ellas es, simplemente, que el mercado asigna en forma automática los recursos para que subsistan o no aquellas empresas que son eficientes; la otra se plantea si en determinados sectores como éste, es viable o no la existencia de subsidios, incentivos o políticas especiales que hagan posible una competencia aun en el ámbito del comercio administrado.

De eso se trata la filosofía de este proyecto. Por tanto, al establecer la prohibición del ingreso de automóviles, camiones usados y demás productos, se está creando un marco de regionalización para que el sector automotor uruguayo pueda tener una cuña de inserción regional y participar en cadenas de producción en ámbitos donde la tecnología es muy avanzada y la transnacionalización de la economía está muy presente. No podemos olvidar que en el mundo hay nueve grandes empresas nacionales, que tienen distintas marcas y van radicando las inversiones en forma estratégica, compitiendo con los mercados y beneficiándose por su acceso a los procesos de integración. Esas grandes empresas ponen el dinero directamente en grandes mercados, por lo que quieren asegurarse el de Argentina y el de Brasil. No sucede lo mismo con Uruguay; todas las empresas que aquí existen son de capitales nacionales con marcas facilitadas o prestadas para poder tener sus beneficios. No se trata de inversiones que el país haya atraído, porque no es un mercado atractivo por su tamaño ni por sus posibilidades de inserción. Entonces, Uruguay ha desarrollado esa estrategia para poder insertarse en un ámbito en que el sector automotor y las autopartes son importantes. Esto es así, incluso, en el interior del país, donde muchas inversiones pequeñas se han radicado para abastecer los insumos que necesita el sector automotor.

Con ese criterio es que acompañamos este proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes.

Hay dos temas que se discutieron pero que quedaron pendientes a solicitud del propio Ministerio de Industria, Energía y Minería. Uno es el de los repuestos usados. Se discutió en forma intensa y la información fue muy importante, porque se abordó la informalidad de la economía y una serie de instrumentos que se utilizan para soslayar las exigencias de la formalidad, así como algunos temas puntuales vinculados a los vehículos deportivos. En ese sentido hubo una especial preocupación en cuanto a que no quedaran incluidos en esta prohibición de forma que este tipo de actividad que tiene sus características especiales pudiera preservarse.

Obviamente, hay distintas posiciones al respecto. Actualmente, la política automotriz no está vigente, pero sí lo están los dos convenios que hicimos con Argentina y Brasil. En un futuro cercano, se está planteando una nueva negociación en la órbita automotriz, tanto por parte de Brasil como de Argentina, la que se resiste a que la liberalización del comercio total prevista en la política automotriz del MERCOSUR para el año 2006, se produzca. Precisamente, se está pidiendo un acuerdo bilateral de mercado administrado para poder sustraerse a la sangría permanente de sus inversores, que se van al Brasil, bajo la queja permanente de los industriales y operadores comerciales argentinos. Muchos de ellos se quejan de este proceso de integración por entender que ha sido perjudicial a sus intereses.

En este ámbito es que nos vemos enfrentados en los aspectos de definición particular para ingresar en la negociación común, pero sobre la base de que esta política tiene que estar en sintonía con la preocupación del país respecto a si va a seguir adelante con los convenios del MERCOSUR. Si así va a ser, se necesita un entendimiento de esta naturaleza para buscar un mejor posicionamiento en otros aspectos que están absolutamente comprometidos.

Con esa visión es que ha ido incorporando esta prohibición de importar vehículos usados, a fin de poder seguir negociando en el ámbito regional. Como decía, queda la duda de qué es mejor, si el mercado asignado en forma automática o con instrumentos particulares de carácter puntual que ayuden a determinados sectores productivos a ser más competitivos en la región. Como se trata de diferentes visiones y apreciaciones sobre cómo manejar la economía del país, hacemos hincapié en que acompañamos ese proyecto de ley con esa filosofía.

Antes de finalizar, quisiera hacer mención a la comparecencia del señor Ministro de Industria, Energía y Minería y del Director Nacional de Industria, quien decía con mucha fuerza que en cuanto al planteo quería dejar constancia que el Uruguay tiene una excelente negociación dentro del MERCOSUR en lo que respecta a la industria automotriz. A su vez, decía que debía reconocer a la gente que participó y, especialmente, a su antecesor, el ingeniero Washington Durán, quien tuvo una intervención muy activa en este tema logrando una excelente negociación. Por tanto, partimos de una negociación muy buena y acá hay una gran oportunidad para el país.

Esto ayuda, entre otras cosas, para los entendimientos de las líneas de conexión. Pienso que 170 años no pueden haber pasado en vano y podemos tener coincidencias con políticas anteriores, dando continuidad a lo que tiene que ver con los sectores productivos del país.

Con este espíritu es que anunciamos que en la Comisión votamos favorablemente la aprobación de este proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Representantes.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Como bien decía el señor Senador Abreu, la Comisión votó por mayoría el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, con la única oposición de quien habla. Tal como habíamos convenido, voy a hacer el informe en minoría aquí en Sala.

En términos generales, lo que expresó el señor Senador Abreu son básicamente hechos objetivos. Hizo relatos precisos sobre la negociación, sobre objetivos internos de las negociaciones en la política automotriz del MERCOSUR -PAM-, que nunca llegó a ser internalizada por desavenencias entre Argentina y Brasil.

Nosotros estamos en contra del proyecto de ley, porque, en nuestra opinión, presenta una serie de inconvenientes intrínsecos y a la luz de lo que pasa realmente, que hace que se desaconsejen estas prohibiciones.

En primer lugar, quiero recordar las expresiones del señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Astori, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes cuando se trató este proyecto. Expresó que conceptualmente está en desacuerdo con limitar tan severamente la libertad de comercio, pero no son solamente estas razones las que están en juego cuando se analiza una iniciativa de este tipo. También están en juego reglas que han estado vigentes en el país durante un período importante de tiempo.

El razonamiento hecho en abstracto es plenamente compartible; cuando se alteran las reglas, es bueno anunciarlo con anticipación, en aras de la transparencia y la seguridad jurídica. Pese a ello, es por todos conocido que alcanza que el Poder Ejecutivo no renueve la prohibición de importación -como ha sucedido en más de una oportunidad- para que el comercio sea absolutamente libre. Más allá de eso, el principio constitucional es el de la libertad. El ar-tículo 10 de la Constitución de la República lo establece en forma genérica, y el artículo 36 habla específicamente de la libertad de comercio y de trabajo. Así lo refleja la ley vigente; en cambio, el proyecto de ley en consideración consagra el principio opuesto, es decir, el de la prohibición. Nuestra Carta Magna admite la limitación de la libertad únicamente mediante una ley dictada por razones de interés general. En este caso no se advierten las poderosas razones de interés general que inspiren el proyecto. Por tanto, el argumento para no aplicarla en esta ocasión nos parece extraordinariamente débil.

El Poder Ejecutivo nos dice, a través del señor Ministro de Economía y Finanzas, que no comparte la limitación, pero la impone, y esta vez lo hace por ley, nada menos que por cuatro años. La pregunta es por qué. Básicamente, porque se trata de proteger a algunas personas que han estado a la sombra de una protección absurda durante largo tiempo; ahora, en lugar de otorgárseles un plazo corto por la vía reglamentaria, se emite una ley extendiendo este plazo. Estamos hablando de una ley que, a nuestro criterio, es tan absurda como la protección, mucho más porque en determinado momento se dice que va a ser la libertad lo que va a regir. Por lo tanto, si lo único que hace la norma es estirar una agonía, creemos que no tiene mucho sentido.

Se puede decir que esta prohibición está vigente por la vía de los hechos desde hace más de treinta años. Esto es cierto, pero repito que existieron intervalos cortos en los cuales no rigió la prohibición.

A nuestro juicio, la verdadera historia es otra. Al inicio, se podría haber admitido el manido argumento de la industria incipiente o naciente, como justificativo. Pero luego de más de treinta años, la industria jamás nació. Entonces, ¿por qué pagamos más caro prácticamente todo lo que consumimos, a la vez que afectamos la productividad de la producción local? Con el pretexto de proteger a la industria, en realidad se transfiere una renta, esto es, dinero, desde la sociedad hacia algunos otros agentes económicos que luego detallaremos en forma precisa.

A continuación, vamos a referirnos a algunos hechos recientes que, en realidad, dieron lugar a la ley como tal.

En octubre del año 2003, el Gobierno dejó libre la importación de maquinaria usada para el sector rural. La medida fue todo un éxito, al punto de que pocos meses después se quiso extenderla a los camiones. Allí comenzaron los problemas que dieron origen a esta ley. Se estaba hablando de un proceso paulatino, donde se comenzaba por los camiones, para luego incorporar los vehículos de transporte colectivo de pasajeros -básicamente, ómnibus-, dejando para el final, una vez ganada la experiencia, la decisión -no tomada hasta ese momento- sobre los vehículos individuales de pasajeros. Naturalmente, todo estaba pensado con las debidas garantías, los certificados de calidad originales y una antigüedad máxima de cinco años, en lo que respecta a la importación de estos bienes de transporte usados.

Algo similar, aunque en menor escala, había ocurrido cuando se habilitó la importación de maquinaria para el sector rural, cuyo proceso y resultado fueron muy elocuentes. Obviamente, cuando se tomó la medida, había gente perjudicada y gente beneficiada; el punto es poder cuantificarlo y decidirlo éticamente. Hoy, en ese sector existe competencia. Se traen cosechadoras, sembradoras y segadoras usadas, que benefician a alguien. ¿A quién? Benefician al Uruguay productivo, al Uruguay productivo de verdad, a centenas de miles de compatriotas a quienes les ha aumentado el ingreso genuino proveniente de su trabajo, así como se ha reducido el costo para otras centenas de miles de compatriotas.

A propósito de esto, hay un ejemplo muy claro que queremos mencionar. Se comenzó a traer tractores y cosechadoras desde Alemania, de una famosísima marca, con tres años de antigüedad, a mitad de precio que las provenientes de Brasil y con una tecnología mucho más avanzada, aún no disponible en los vehículos nuevos fabricados en la región. ¿Quién ganó? El Uruguay productivo, que sacó ventaja a sus competidores de la región pero, en el fondo, ganamos todos los habitantes del país. El menor dinero pagado queda entre la gente, entre todas las personas que con él pueden consumir o invertir en otras cosas.

Creemos que algunas cifras pueden ilustrar lo que estamos diciendo. La industria del armado de vehículos en Uruguay -no de las autopartes, que son otra cosa- tienen un triste historial, que se resume en un solo número. El subsidio que recibe el sector para exportar, que se ubica aproximadamente en un 13%, supera al valor agregado bruto de producción. Quiere decir que los recursos que la sociedad transfiere a la empresa para que arme unidades, supera a la totalidad de los sueldos, las cargas sociales, los alquileres, los intereses, la depreciación y la utilidad de la em-presa. Aunque parezca un contrasentido, cada vez que se arma un vehículo en el país, se está destruyendo riqueza y no creándola. En términos de costos totales sociales, es más económico repartir el dinero de los salarios entre los empleados, sin que realicen ninguna tarea, que producir.

La antigüedad media del parque de camiones en el país -que es el tema de fondo de este proyecto de ley- es prácticamente de 20 años. Si dejáramos de importar vehículos de hasta cinco años, con un precio de alrededor de una cuarta parte de uno nuevo, pero con una calidad similar o superior a éstos, ¿aumentaría o disminuiría la antigüedad del parque automotor? ¿Mejoraría o empeoraría la calidad del parque automotor que circula por nuestras vías de tránsito? Y en tal caso, ¿qué sucedería con los costos de uso y mantenimiento? Me refiero al costo de los neumáticos, de los repuestos, de los días perdidos en taller y del consumo de combustible por tonelada transportada. Personalmente, no tengo dudas de que la antigüedad media del parque automotor caería bruscamente. A su vez, la calidad mejoraría y los costos de funcionamiento y, como se dice técnicamente, de quiebra del servicio -es decir, la no prestación del servicio- caerían dramáticamente.

Nosotros, los parlamentarios, que tenemos el privilegio de conocer otras realidades y ver el avance de la ciencia en el automóvil, no podemos dudar. La reducción del consumo de combustible por unidad de carga transportada es sustancial; todo el mundo está asistiendo a eso, y no sólo en camiones, sino en vehículos de pasajeros. El menor desgaste de las nuevas máquinas hace que estén menos días paradas, disminuyendo el gasto en repuestos. Así, por las menores imperfecciones de las máquinas disminuye también el gasto en neumáticos y todo los demás costos asociados. Lo nuevo tiene otra tecnología y en esta industria, como en otras tantas, en los últimos 20 años, ha habido una revolución.

Por lo tanto, más allá de que el cálculo directo del costo del capital haría reducir el del flete entre un 10% y un 15%, ¿cuánto mayor sería esa cifra si adicionáramos el ahorro de repuestos, la menor cantidad de días con las máquinas paradas, el interés del capital necesario, el ahorro del combustible, el menor gasto del seguro -al ser más económica la reposición-, y tantas otras cosas?

Algunas cifras que se nos han acercado y que hemos podido estudiar sugieren que meramente el ahorro de combustible de los camiones más nuevos por tonelada transportada efectiva, comparado con lo que consume el parque promedio, compensaría sin problema los dos recientes últimos aumentos del costo del gas oil -ni que hablar del resto de los costos- y, en especial, la inversión de capital, que caería en una cuarta parte.

Otra argumentación que se esgrime por parte de los interesados del sector privado para que se prohíba la importación, es que existe suficiente stock de camiones en el mercado. Ahora bien, con ese criterio prohibimos todo y dejamos que algún genio nos indique qué comprar y qué no. De algo de eso se oyó hablar durante un largo tiempo en el mundo, pero la historia demostró que estaba atado con alambre. No podemos despreciar el raciocinio de la gente, ni su leal saber y entender acerca de qué es lo que más le conviene. Creo firmemente que la historia ya laudó al respecto.

Señor Presidente: cuando se vota una ley de este estilo, estamos incidiendo clara, deliberada y discrecionalmente en la libertad de la gente y, cuando hacemos esto, hay ganadores y perdedores. En general, lo hacemos siempre; el tema es conocer quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores y si se justifica o no la medida. Obviamente, esto se estudia y es una materia que modernamente suele llamarse "Economía y Finanzas Públicas". Al respecto existe un sinnúmero de textos, pero no es el tema de nuestra actual discusión, así que vamos a lo concreto.

¿Quiénes son los ganadores? Los ganadores son dos empresarios que tienen planta de montaje de camiones o camionetas, cuya producción para el mercado doméstico es ínfima -en el último semestre conocido no había pasado las veinte unidades- y su exportación, como dijimos, destruye valor. Otros ganadores son cuatro importadores de camiones nuevos de Brasil, que representan marcas. Y nadie más. Hasta el transportista que recién compró su vehículo, si bien se le mantiene el peso de su deuda, sabe que el valor de reposición de su bien de capital es mucho más barato. Si somos generosos, podemos incorporar a este grupo de ganadores a algún dependiente de estos beneficiarios, que puede sentirse beneficiado, pero sólo en el cortísimo tiempo, porque en realidad una industria que no tiene dinamismo, no puede generar mejores condiciones para el futuro.

En resumen, podemos decir que habrá -generosamente- un par de centenas de personas que podrían ganar con esta iniciativa.

¿Quiénes son los perdedores? Seguimos sobrecargando los costos de producción y los de transporte y, por ende, impidiendo la mejora de la capacidad de competencia sin alteraciones del tipo de cambio nominal, eso que tantas veces se dice cuando se habla de mejorar la productividad y no devaluar más. Pues bien, esta es una manera de mejorar la productividad y la competitividad. Quedó demostrado, sin devaluar, mejorando genuinamente el ingreso de la gente. Y lo hacemos sencillamente para estirar un monopolio o un pequeño oligopolio de representantes de marcas. San Pablo, agradecido; nosotros, los ciudadanos uruguayos, castigados.

El otro factor que pierde es la productividad de la economía, que no es otra cosa que la contracara del salario y la pasividad real de nuestros compatriotas. El salario real y, por ende, la pasividad, son la contracara de cuán productivos somos.

Otros perdedores son los sectores más desprotegidos porque, entre otras cosas, no se podrá reducir el precio del boleto por una baja del bien de capital vehículo de transporte. Los recursos que hay que dedicar para mantener el costo de capital del sector se pierden. En un país como Uruguay, donde las distancias son cortas y los tiempos muertos son enormes en función de lo que insume efectivamente prestar el servicio -costo que proporcionalmente incide en forma significativa-, el costo de capital y el interés sobre el costo de capital pesan mucho más. No es lo mismo cubrir distancias de 300, 400 ó 500 kilómetros -como en Uruguay-, que recorrer 2.000 kilómetros o más. Al final, el tiempo de carga y descarga es parecido, pero el tiempo muerto pesa mucho más por kilómetro total efectivamente transportado. ¡Qué importante sería que el costo de capital fuera el 25% del actual!

En resumen, la teoría económica es clara y nuestra Constitución, sabia. El Legislador debe evaluar muy bien los costos y beneficios de cualquier regulación. El principio es la libertad, y regular sólo se justifica en la medida en que los beneficios sociales superen los costos de la intervención. Por cierto que este no es el caso.

Con la libre importación de estos vehículos usados -ahora estamos hablando, en especial, de camiones y ómnibus-, se benefician miles de productores, transportistas, mayoristas, pequeños comerciantes, usuarios del transporte colectivo de pasajeros y consumidores finales, es decir, todos. Con este proyecto de ley, en cambio, en nuestra opinión se benefician dos empresas ensambladoras y cuatro representantes de marcas, nadie más. Esto quiere decir que se benefician algunos pocos y 3.250.000 compatriotas -que, por un lado, producen a costos más elevados, perjudicando sus ingresos, y, por otro, todos los días pagan más caro los bienes y servicios que consumen- resultan afectados.

Por estas razones, señor Presidente, es que nuestro Partido no va a acompañar la iniciativa.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: la Comisión de Hacienda trabajó mucho sobre este proyecto de ley y lo hizo sin preconceptos, estudiando el tema, sin tomar en cuenta que venía con media sanción y que la mayoría parlamentaria que sustenta a este Gobierno podría haber pensado que luego de recibir la aprobación de una Cámara y el respaldo del Poder Ejecutivo, lo votaría sin más trámite. Sin embargo, trabajamos, y lo hicimos con esmero; entre otras cosas, porque cuando se establece una regulación, se afecta la libertad de comercio y se genera una renta adicional. Queríamos saber qué costos tenía esa renta, quién la terminaba pagando y a quién beneficiaba.

Por otro lado, en alguno de los temas -no todos- que incluye este proyecto, se vinculaba a ese Uruguay productivo que nosotros estamos impulsando y defendiendo con mucha fuerza. Entonces, antes de votar, fuimos a pedir la mayor cantidad de opiniones, para solicitar finalmente la presencia del Ministerio y formularle todas las preguntas y observaciones que correspondía, no antes para que marcara la línea, por decirlo así. Personalmente, luego de haber sido uno de los más críticos del proyecto, me terminé convenciendo de que, por lo menos en esta circunstancia y en este momento, hay que acompañar y respaldar la iniciativa proveniente de la Cámara de Representantes y estudiar con mucha tranquilidad cuál va a ser la política vinculada al tema de los camiones, los automóviles, los ómnibus y demás.

Deseo hacer una acotación. Parecería que algunos de los que vamos a votar este proyecto de ley lo hacemos para beneficiar a un sector de armadores en el Uruguay, como si estuviéramos vinculados a esas empresas.

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- No es así, señor Senador; ni siquiera lo insinué, porque además estoy convencido de que no es así. Solamente expresé quiénes, en mi opinión, ganan y quiénes pierden. Nada más. No tome eso como una insinuación ni nada que se le parezca. Por favor.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Agradezco la aclaración del señor Senador, porque entonces me evita profundizar en el tema.

Digo, sí, que los armadores existentes en el país tienen una participación muy pequeña en el mercado, independientemente del hecho de que sus productos o sus rentas estén vinculados a un reintegro que da el Uruguay por exportación. Estamos hablando de vehículos que se exportan, que no tienen nada que ver con vehículos usados que entran en el mercado interno y que, en el peor de los casos para esas empresas, la entrada de camiones usados afectaría muy tangencialmente su participación en el mercado.

En lo que respecta a las marcas que traen camiones nuevos, se nos dijo con toda claridad que no se arman camiones; que se trata de automotoras vinculadas a buenas marcas que van a traer vehículos usados pertenecientes a las mismas, lo que no les va a afectar en absoluto. Por lo tanto, debo decir que este proyecto no está vinculado a esa circunstancia.

Lo que quiero expresar es que la libertad de comercio, tema respecto del cual todos hemos aprendido mucho, y el hecho de defender que no haya rentas para un sector en detrimento de otro, producto de una ley, no significa que la realidad no sea más compleja, que estemos tratando este tema desde hace más de treinta años -salvo algún período intermedio muy breve- y que haya, incluso, quienes esgrimen distintos conceptos teóricos, con los que en algunos aspectos podemos estar de acuerdo. Por eso, en la Comisión respectiva estudiamos todos los componentes del tema, sobre el que se han firmado, tanto por parte del Presidente como del Ministro de Economía y Finanzas, en reiteradas oportunidades, decretos que amparaban estas circunstancias.

Hay un caso que hemos estudiado con mucho detenimiento; es el referido al sector agrícola. Quien haya leído el proyecto con atención verá que este Gobierno no incluye al sector agrícola. No se dice que el sector agrícola se va a incorporar, aunque la experiencia con maquinaria usada, si bien es corta, es relativamente buena. Pienso que la experiencia de la maquinaria agrícola usada no se puede transportar a otros vehículos. En Comisión nadie planteó que el tema de los vehículos -me refiero a los automóviles-, ya sea por ley o por decreto, no siga en este régimen. Reitero que nadie lo hizo.

Muchos se pueden preguntar qué va a pasar con los precios si hoy se abre la posibilidad de traer autos usados. Algunos pensamos que no va a pasar nada significativo. Actualmente, hay una caída de todo el comercio automotor, por más que en los últimos meses el mismo ha sufrido una mejoría, con unidades nuevas a precios accesibles y con un parque de autos usados muy importante, lo que hace que el precio esté decaído. Asimismo, nadie planteó el tema respecto de las motocicletas. Sin embargo, parecería lógico que en este campo todo lo que entre sea nuevo, a fin de evitarnos problemas.

Hay un tema respecto del cual varios Legisladores pensamos que era necesario estudiarlo a fondo. Me refiero al de los camiones, por dos circunstancias. Una, porque tenemos un parque de camiones relativamente envejecido y uno podría preguntarse qué va a pasar si se aplica determinada norma. Otra, no menor y conectada a la anterior, es la relativa a que se podría tener camiones a precios más accesibles y, por lo tanto, empezar a abaratar el transporte carretero. Estos fueron temas que la Comisión estudió a fondo. Quien consulte las versiones taquigráficas podrá ver que el precio que regula el mercado es el de los camiones nuevos. Los usados que entrasen tendrían el precio de los usados actuales, de los cuales hay una oferta más que importante. Frente a la crisis, más de un empresario, urgido económicamente, podría haber bajado el precio de sus camiones para que los transportistas se viesen beneficiados por la baja de los precios; sin embargo, eso no sucedió y seguramente no va a ocurrir. El precio de los camiones usados sería un 10% menor y quizás lo que se lograría es que algún camión usado que se diera en pago por una compraventa, estuviera un 2% ó un 3% por debajo de su precio.

Estas son las cifras que nos han dado. Por lo tanto, le estaríamos sacando renta al sector productivo -renta que estaríamos pagando todos los uruguayos- en detrimento de las dos empresas armadoras, si esto se liberara. Reitero que la participación de dichas empresas en el mercado es menor y aquellas que importan camiones se pasarían a los usados de su misma marca. Por lo tanto, la abultada renta que estaríamos pagando todos los uruguayos -luego de la lectura, de la información, de lo que se nos presentó por parte de los entendidos, incluso por parte del Ministerio correspondiente- no tiene el atractivo inicial que tenía cuando empezamos a estudiar el tema. Lo que sucede es que el señor Senador Abreu, en la presentación del informe, quizás por lo que él conoce de la industria automotriz en su versión más amplia, abundó mucho en toda la relación con el MERCOSUR. Nosotros podríamos estar entregando elementos de negociación muy importantes, incluso para que más tarde Uruguay sea sólo un proveedor de autopartes. Así, estaríamos entregando una posición dentro del MERCOSUR que, de lo contrario, no tendríamos. Ahí, algunos que queríamos hacer la experiencia respecto de la maquinaría agrícola, aunque sabíamos que la renta en este caso no era menor -naturalmente, excluyendo los autos, las motos y los ómnibus-, respecto de este tema de los camiones, nos fuimos convenciendo -el informe del señor Senador Abreu es objetivo y claro al respecto- de que acá hay una negociación global que es necesario hacer. La misma puede llevar un par de años e, incluso, puede haber una renta relativa a pagar por parte del pueblo uruguayo, que en mi opinión es insignificante, de acuerdo con lo que dicen los expertos. Obviamente, cuando uno regula, afecta intereses. Eso no lo puede discutir nadie, pero nos puede colocar en una posición de discusión estratégica no despreciable a nivel de todo el MERCOSUR. Incluso, señor Presidente, para generar simetrías, si tenemos un parque importante de camiones usados en oferta y abrimos el mercado uruguayo para camiones usados del exterior -se podría hablar de cinco años, que es una de las cifras que mencioné y el señor Senador Alfie acota que ya lo había pensado antes, porque uno no quiere que haya camiones de hace diez o quince años que son más difíciles de controlar; pensamos que en cinco años los riesgos están acotados, aunque siempre puede haber algún problema aun con un camión nuevo-, pregunto si no nos llenaremos de camiones usados brasileños y argentinos y no podremos colocar la oferta de nuestros camiones usados en esos países. No hay una negociación para hacer. No hay construcción de una política en cada uno de estos temas por parte del Ministerio que, en su oportunidad, ha demostrado que está tratando de armarla con mucha seriedad.

Naturalmente, cambiará la política impositiva y vamos a discutir una nueva antes de fin de año. Asimismo, habrá que revisar mucho de lo que se está haciendo con respecto al tema de las exportaciones, pero la posibilidad de que los camiones de una marca muy conocida que están entrando en Chile procedentes de Francia ahora ingresen desde Uruguay, no se debe sólo a la renta de reintegros que hace nuestro país. Por supuesto que la marca internacional puede decir que en vez de mandarlos desde Francia los envía desde Uruguay y con ello pagará menos transporte y tendrá una serie de virtudes, y puede haber una "apropiación", beneficio, privilegio o renta del Estado uruguayo. Estamos hablando de un 10%, que según algunos después queda en 7%, luego de hacer los préstamos del Banco de la República. Alguien dirá que un préstamo es un préstamo y que el reintegro es del 10%, pero lo cierto es que si ese camión entra en Chile, que es un mercado exigente, es porque también es de calidad ya que, de lo contrario, no ingresa. Allí hay uruguayos trabajando y haciendo calidad.

No me puedo llevar todo por delante abriendo el mercado sin importar lo que hacen los vecinos ni las experiencias que se están haciendo acá. No dejamos de reconocer que la Comisión estudió el tema con seriedad. Mucho de lo que dijimos, no sólo quien habla sino todos los Senadores del oficialismo que plantearon preguntas y trajeron gente para informarnos, fue con seriedad para determinar si de algo de lo que se decía con respecto a la libertad de comercio y a la renta que se podría estar direccionando de alguna forma por una ley hacia un sector, se podría hacer una lectura más afinada. Si alguno de sus componentes pudiera estar fuera de la ley, quizás hoy estaríamos votando el mismo proyecto sin alguno de sus literales. Lo cierto es que nos terminamos convenciendo de que hay que votar el proyecto tal como viene de la Cámara de Representantes, sin desconocer las experiencias agrícolas anteriores que no fueron incorporadas. Reitero que hay una experiencia breve, pero relativamente exitosa. Si no la incorporamos, sigue caminando y acepto con mucha humildad la crítica que se pueda hacer.

El Poder Ejecutivo nos ha pedido una ley a cuatro años, pero debemos considerar que así llegamos al año electoral y eso tiene cierta vulnerabilidad. No tengo ningún problema en decir que reconozco esto, pero uno acompaña al Poder Ejecutivo que ha estudiado con seriedad el tema. Contiene todo el capítulo sobre el que el señor Senador Abreu ha hablado con solvencia y solidez, porque lo conoce desde que era Ministro.

Espero haber trasmitido con mucha honestidad las dudas que teníamos y el convencimiento de que, dentro del panorama que se nos presenta, es bueno votar el proyecto de ley, dar estas certidumbres y estudiar cómo va a quedar la política automotriz dentro de cuatro años.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Quisiera saber cuál es el régimen para hacer uso de la palabra en este caso.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Miembro Informante dispone de una hora para hacer el informe, puede intervenir mediante el mecanismo de las aclaraciones y cuenta con media hora más al final, cuando ya no queden oradores anotados.

Por lo tanto, tiene la palabra el señor Senador Abreu para hacer una aclaración.

SEÑOR ABREU.- El interés general no es la libertad de comercio como objetivo, sino el interés que desarrolla el país en el marco de la Constitución y las leyes, y está limitado, obviamente, en función de la norma. Reitero que la ley es lo que limita el interés general y eso está establecido en la Constitución de la República. Pero ello no quiere decir que el interés general sea la libertad de comercio como objetivo absoluto, porque aunque la queramos, no existe ni en los países con mayor dogmatismo en el pensamiento liberal de la economía.

De otra manera, en el Gobierno que integraron los Ministros Alfie y Aguirrezabala no hubiera existido la posibilidad del Fondo para el arroz, para la leche y para el azúcar, es decir, participación directa incidiendo sobre la renta por parte del Poder Ejecutivo, por determinadas inquietudes puntuales y sectoriales que son la expresión natural de una preocupación del que tiene responsabilidad de Gobierno, que tiene que dirigir políticas y, por lo tanto, se preserva la libertad en función de las limitaciones que establece la ley.

La segunda aclaración que quiero realizar es que, habiendo tomado textualmente lo que dijo el señor Senador Alfie, estamos protegiendo a algunas personas, absurda protección que se ha manejado durante mucho tiempo con reintegros. Él ya aclaró que no hay ningún tipo de ánimo, sino que simplemente estamos tratando de defender visiones de ese interés general en función de una estrategia de país.

¿Cuál es la estrategia de país? Simplemente, se trata de decirles a nuestros amigos argentinos y brasileños que el Uruguay también tiene vocación industrial y que no es un Estado de servicios ni exclusivamente un país con vista al mar y con ganado, que es lo que generalmente intentan mostrar nuestros hermanos cuando imponen nuestras políticas con restricciones y una visión totalmente diferencial en el ámbito industrial.

Según nuestra visión, la cadena agroindustrial y nuestra política industrial son parte de un esfuerzo y de una estrategia de país que se inserta para que algunos sectores subsidiados -digo esta palabra aunque no guste a algunos- tengan, como sucede en tantas naciones, la posibilidad de ser más competitivos y de insertarse en forma dinámica en ámbitos donde, por la vía natural, por el tamaño del Estado o por la conducta comercial de los socios más grandes de alrededor, no podrían hacerlo.

En tercer lugar, considero que es distinto el sector agrícola que el de los camiones. Para el sector agrícola, que emplea los usados, se permitió el ingreso. Conozco esa discusión, entre otras cosas, porque lo que estamos debatiendo hoy con mucha altura y profundidad, ya lo conversamos siendo Ministro y discrepando con el Ministro de Economía y Finanzas, que tenía la misma posición que el Ministro Alfie, con respecto a que estos temas deberían ser desmantelados y que la importación es la que define quién sobrevive en el mercado. Otra era la visión de país productivo que teníamos nosotros y la seguimos manteniendo.

Con esa visión, decimos que el sector agrícola es dis-tinto porque el productor rural es individual y necesita mantener renovación constante en la maquinaria que utiliza. No ocurre lo mismo con empresas vinculadas al transporte, que se regulan por normas internacionales referidas a la calidad y a la inserción. Debemos preservar esto, entre otras cosas, para que no nos suceda lo mismo que le ocurrió a otros países que, por ingresar sin racionalidad en el ámbito de los vehículos usados, terminaron afectando la calidad del servicio y, sobre todo, incentivando la informalidad, que es uno de los temas que más preocupa a la economía nacional.

El tema renta, mirado desde el punto de vista de esa visión económica, puede ser analizado y compartido, o no, pero el interés general es una definición política. Esa definición política -y lo digo en nombre de mi Partido- es lo que nosotros proyectamos, incluso, en el Gobierno de coalición, discrepando con el señor Presidente de la República y con el señor Ministro de Economía y Finanzas, cuando eliminaron los subsidios, los reintegros y la devolución de impuestos en discordancia con nuestro pensamiento respecto a la visión del sector productivo nacional.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Básicamente, quisiera hacer una aclaración.

Creo que cada uno está planteando su posición y su pensamiento en un tono conciliador, por decirlo de alguna manera, como corresponde.

El señor Senador Michelini señalaba hoy que el precio iba a ser un 10% menos. Obviamente, eso lo dijo una persona muy interesada que, si mal no recuerdo, fue el representante de las marcas que se importaban desde el MERCOSUR. Eso no es así y, además, todos los demás actores hablan de algo muy diferente. Debemos tener en cuenta que los camiones usados no vendrán del MERCOSUR, sino de otro lugar y por ello van a bajar los precios.

Por otro lado, los representantes pueden o no ser los mismos, porque desde el momento en que hay un vehículo usado, ya existen otras organizaciones que se dedican a comprarlo, ponerlo a punto, certificarlo y reexportarlo, que es lo que sucede en el mundo. Esta sería una primera aclaración.

Una segunda aclaración de concepto -por lo menos en nuestra opinión- apunta a que no tiene nada que ver el hecho de que nosotros ahora podamos estar exportando a Chile determinadas cosas -o, si fuera del caso, camiones, que parecería ser que se van a empezar a exportar-, con permitir que se importen camiones usados. Una cosa no quita la otra, porque un proyecto neto de exportación no es para el mercado interno; es de lo que estamos hablando ahora: es para afuera. Es otra historia.

Otro tema que Uruguay siempre tiene que considerar es el siguiente. Ayer, la Bancada de Gobierno defendía el hecho de adelantar la caída de un subsidio. Nosotros estábamos de acuerdo en que dicho subsidio debía caer, y ya dimos los argumentos, porque por U$S 1:000.000 no valía mucho la pena adelantarlo, pero no importa. De todos modos, los subsidios como tales tienen su costo y acá representan un 13%, porque tenemos un 10% de subsidio más un 3% de devolución de impuestos.

SEÑOR ABREU.- Algunos. No todos, señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Tiene razón, señor Senador pero, por lo general, el porcentaje es de casi un 13%. En este caso, dados los valores, cualquier cifra representa fácilmente algunas decenas de millones de dólares. El problema es que las mismas decenas de millones de dólares, en valor absoluto lo son para Uruguay y para otros países, pero la Tesorería de nuestro país, aunque sea en términos absolutos, es mucho más débil.

Otro punto en el que a mi entender radica la fortaleza o no en la negociación frente a los demás actores, debe ser visto justamente al revés. Si nosotros queremos forzar una negociación y tener cierta parte del proceso industrial de los automóviles que se producen en la región -de hecho, en cierto modo lo tenemos con las autopartes, pero deseamos más-, creo que es mucho más fácil lograrlo desde un mercado donde los demás no tengan participación o la tengan en forma muy limitada, que lograrlo en el mercado actual donde lo tienen igual ganado contra la nada. Respeto que son posiciones que se pueden interpretar para un lado y para el otro, pero creo que la correlación de fuerzas es al revés: "Mirá que te puedo dar algo porque no lo tenés." Desde el otro ángulo, con la situación actual, se puede decir: "No, hoy ya lo tengo". San Pablo ya sabe que es el dueño.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Aguirrezabala.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Señor Presidente: decidí terciar en esta discusión porque, en el día de ayer, hablamos de las transferencias y señalamos que era muy importante que estas tuvieran un límite. Del mismo modo, dijimos que los subsidios o transferencias establecidas por alguna protección, también tuvieran un límite porque, en definitiva, las pagábamos todos. Como dijo la señora Senadora Topolansky, esto suponía poner un bastón a alguien para ayudarlo a incorporarse y que después pudiera transitar solo. Me sorprende que sigamos poniendo andador a este niño que ya tiene algo más de 30 años. Lo que realmente se establece en forma clara es que esta estrategia no es idónea para el desarrollo de ese niño.

Entonces, si hubiera que hacer algo, quizás habría que copiar algunas de las opciones y consideraciones que se hicieron en el día de ayer con respecto al sector forestal y discutir en este ámbito cómo podría, eventualmente, desarrollarse tal o cual industria. En todo caso, si Uruguay definiera la industria automotriz como prioritaria para ese desarrollo y todos los uruguayos pusiéramos unos pesos de nuestros bolsillos para contribuir a fabricar ese bastón con el cual la industria madurara, quizás serviría para establecer mayores fuentes de trabajo y mejor bienestar para los uruguayos. Creo que en este caso lo que estamos haciendo es ni siquiera poner límites, porque estamos votando por cuatro años una prohibición, una transferencia pero, a la vez, no decimos que al cabo de ese plazo la postura general, en conjunto, de las fuerzas políticas de nuestro país, sea la de que esto debería ser de otra forma. Por lo tanto, estamos estableciendo esto por cuatro años, pero no damos ninguna señal de que después de ese lapso deje de existir.

Lamento que el señor Senador Michelini haya claudicado en su intención inicial manifestada aquí, en el sentido de liberalizar nuevas áreas vinculadas fundamentalmente al transporte de pasajeros y a los camiones. De hecho hay situaciones exitosas.

Cuando estudiamos el tema de la maquinaria agrícola, también analizamos un poco el tema del transporte y vimos que, notoriamente, en Chile, hay una serie de especificaciones y controles de calidad por los cuales se permite la importación de usados. De hecho existe una particularidad adicional, y es que a esos usados hay que armarlos en Chile; es decir que se pueden importar, pero desarmados. En todo caso, pueden ser distintos pasos, pero en este caso no estamos dando ninguno hacia adelante; es más, estamos consolidando y asegurando esa renta, esa transferencia de la sociedad hacia un núcleo de empresarios. Aclaro que no estoy aquí discutiendo si es bueno o no que se produzcan esas transferencias. De hecho, en el día de ayer, valoramos muy positivamente que la sociedad haya hecho esto en el sector forestal y haya consolidado un crecimiento que va a ser de gran beneficio para todos.

Digo que no creo que esto aporte algún beneficio general importante. Cuando hablo del interés general no me refiero a la libertad de comercio, sino al hecho de que los bienes y servicios para los uruguayos sean más baratos y, de ese modo, puedan acceder a mejores fuentes de trabajo y mejor calidad de vida.

Pienso que la experiencia de la maquinaria agrícola, si bien no es absolutamente transportable -mucho menos en general-, sí lo es en el sector del transporte en una porción muy importante. Además, abarataría sensiblemente, aunque no me preguntaría cuánto; porque aquí nos estamos preguntando, pero creo que estamos invirtiendo la carga de la prueba. Estamos diciendo: "¿Quién me prueba cuánto se va a abaratar?" ¿Hay alguien que pueda probar que no se va a abaratar? Nadie. En todo caso, frente a eso, en vez de votar la transferencia de los recursos de todos los bolsillos de los uruguayos a un grupo de empresas, quizás sería mejor vo-tar por la libertad. Ante la duda, en vez de votar el proyec-to prohibiendo -en definitiva, lo que plantea el señor Senador Michelini es una duda-, ¿por qué no votamos por la libertad?

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- No voy a descalificar opiniones muy sensatas y dudas que también tuvimos. De todos modos, ante la libertad, puedo proponer liberalizar los automóviles, pero todos dicen que no. También puedo proponer hacer lo mismo con las motocicletas y la respuesta será: "No, las motocicletas tampoco". Otro ejemplo sería el de los ómnibus y, a propósito de ello, me enteré en Sala que había una preocupación al respecto. En su momento, no se habló demasiado sobre los ómnibus pero, de todos modos, dejémoslo de lado.

En cuanto al tema de los camiones, me pregunto si alguien cree que los camiones usados que vengan van a ser más caros que los nuevos. No; no parece lógico que los usados sean más caros que los nuevos. ¿A cuánto se comercializan acá los usados de tres o cuatro años? A cierto precio y, en cuatro o cinco años, se van a vender a esos precios. Si los costos no dan, entonces, no se traerán. Así es el comercio; y si los costos de transporte no dan, pues no dan. Dicho de otro modo, si en su origen esos camiones usados se adquieren a un precio mayor de lo que puede pagar la plaza, no vendrán.

Por cierto, no estamos hablando de un mercado absolutamente cerrado. Si alguien se quiere instalar con una marca nueva, lo puede hacer. No se trata de que haya que elegir entre el mundo y nosotros. Por el contrario, estamos ante un proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo, según el cual lo que se plantea es modificar lo que se hacía cada seis meses inclusive por parte de gobiernos de los que hoy hay aquí Senadores que fueron Ministros, poniendo en práctica una experiencia relativamente exitosa, que respetamos y no incluimos.

Tenemos por delante una negociación para concretar en el MERCOSUR y se nos dice que lo mejor sería proponer "mañana te puedo entregar", o sea, desandar, si es que acá se liberalizara el mercado. En ese caso, entonces, no nos propongan el tema de camiones, que es poco importante en el Uruguay, y vayamos a los autos. Dejemos entrar autos usados y cuando discutamos el tema automotriz en San Pablo planteemos que podemos cortar el mercado de autos usados que vienen desde afuera en función de la negociación que se haga. Pero, entonces, no se trata del tema camiones; en mi opinión, con respecto a este tema, San Pablo se ríe.

Por otro lado, las diez compañías que existen acá, obviamente se pasarán a los usados. De modo que no se trata de generar una renta en forma direccional y con todo propósito; no es ese el objetivo. Pensamos que en cuatro años se van a estar llevando adelante las negociaciones del MERCOSUR y que este tema se va a estudiar. Pienso también que con respecto a los camiones se podría hacer un estudio más importante y esa idea de que, "ante la duda, abrámoslo", es más fácil plantearla desde la oposición que desde el Gobierno que respalda este proyecto.

En síntesis, el Gobierno plantea una política, la estudiamos con seriedad, nos convencimos y la respaldamos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Aguirrezabala.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Quisiera encarar el razonamiento desde otro ángulo: quizás, ese ángulo pragmático de la región en que estamos viviendo.

Lamentablemente, no estamos viviendo en una región abierta y dispuesta a competir en régimen de libertad, buscando la situación en que los mejores industriales puedan valerse por sí mismos sin ayuda del Gobierno, ni de muletas ni de bastones. Estamos viviendo en una región que se protege, a la que se le impide el ingreso a determinados mercados.

El señor Senador Alfie señalaba: "Serán dos"; sí, son dos nuestros, que precisan bastones. Preferiría que no fuera así. Coincido con la línea de razonamiento que plantea que es mejor que la sociedad en su conjunto no tenga que hacer ningún tipo de transferencia; por cierto, está por verse en qué forma y qué magnitud tendrá.

Lo cierto es que estamos en un mundo que está peor que en la década del noventa. Pertenecemos a un sector y a un Partido Político que cuando tuvo la oportunidad de gobernar, planteó a muchos industriales que no debían valerse de bastones para competir. Estábamos inmersos en una región que acompañaba y que voluntariamente manifestaba que quería bajar las barreras arancelarias, que buscaba la integración y que se pudiera competir leal y francamente.

Ahora bien, ¿ese es el mundo que tenemos hoy? Por el contrario, estamos en situaciones en las que hemos retrocedido a décadas que no deberíamos haber vivido; tenemos dificultades para ingresar productos terminados uruguayos al mercado argentino; existen barreras no arancelarias -barreras al fin- que muchas veces son más severas. Sabemos que Chile se rige mucho por este tipo de normas que dejan en claro que no es cierta la apertura en muchos rubros del comercio. Naturalmente, me gustaría estar viviendo una situación como la de Chile, con barreras arancelarias bajas, producto de que los industriales y los productores pueden competir en ese marco. Pero esa no es la región en la que estamos viviendo.

Tenemos dos o diez, pero son nuestros. Si hoy precisan bastones, démoselos, para no tener cero. Tal como decía el señor Senador Abreu, no admito esa visión del MERCOSUR según la cual se nos asigna un rol que no estoy dispuesto a cumplir, sobre todo cuando esa asignación proviene de otro. En todo caso, me gustaría que esa asignación partiera de nosotros y no que los países industriales solamente sean el Brasil y la Argentina, mientras que nosotros simplemente lo que hacemos es producir materia prima. Seguramente, tendremos la industria genuina que queramos. Y si ahora tenemos un proceso, aunque sea embrionario, que precisa grandes bastones, lo prefiero, para que de una vez por todas podamos pasar los mensajes que nos están llegando desde la propia región.

Este tema me preocupa mucho y debería ser preocupación también del Senado; debería ser objeto de una discusión profunda para analizar a qué nos está llevando el MERCOSUR. En mi opinión, no es a ganar mercado, comercio y relaciones económicas porque, precisamente, está totalmente desvirtuado y ha generado situaciones en las que nuestros clientes, que deberían ser de la región, están lejos, tal como se señalaba los otros días en ocasión de debatir sobre un Tratado que teníamos a consideración en el Cuerpo.

Debemos tener esa visión, pues por encima del ideal, tenemos una región que no es ideal, sino proteccionista, que busca bastones y que pelea con nosotros. En este marco, se nos asigna un rol que, como blanco y nacionalista, no estoy dispuesto a aceptar, sobre todo cuando es impuesto por quienes dicen querer integrarse con nosotros.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Aguirrezabala.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- En principio, quiero decir que, en mi opinión, esta ley no significa ninguna herramienta de negociación. He participado bastante en la negociación y puedo decir que estas disposiciones servirían relativamente para muy poco en una negociación que, notoriamente, se ha llevado adelante por decreto desde hace treinta años. De modo que, reitero, en mi opinión, esto no implica ninguna herramienta que favorezca la negociación.

No obstante, me parece que podría ser una buena herramienta para favorecer la negociación y para autoposicionarse en el MERCOSUR. Dicho de otro modo, podría representar una política clara automotriz o de cualquier otra forma industrial que se corresponda, que tuviera una serie de instrumentos que establecieran los tiempos de duración y que dispusieran de bastones efectivos. Digo esto, porque en los hechos, este andador, más allá de eventuales coincidencias en el sentido de que a veces debe utilizarse y de que hay que defender lo nuestro frente al resto -lo que deberíamos hacer todos-, significa elegir en qué vamos a gastar el dinero de los uruguayos. Acá no estamos gastándole el dinero a la industria automotriz brasileña o argentina, sino que estamos gastando el dinero de los consumidores uruguayos y, sobre todo, el de los costos que requeriría la producción de bienes y servicios que el país tendría que producir y exportar, que es de lo que vive.

En realidad, el tema radica en disminuir nuestros costos y no en que la región esté o no dispuesta a competir. Somos nosotros los que debemos generar nuestra propia competitividad disminuyendo nuestros costos para que la renta quede en nuestra gente. Ese es el desafío. No se trata de una represalia contra Brasil o Argentina, sino de que, en la medida en que seamos capaces de bajar nuestros costos de producción, vamos a competir mejor y a vivir mejor. Ayudar a una industria que es esencialmente competitiva o que se puede desarrollar a corto plazo para que defienda después el trabajo de los uruguayos en el mundo, ¡enhorabuena!. Eso es lo que hicimos en el caso de la forestación, y estoy de acuerdo con que las transferencias en ese rubro algún día tienen que terminar, sobre todo cuando se evalúan como exitosas y que cumplieron sus objetivos. Hace treinta años que estamos haciendo lo mismo que lo que este proyecto de ley propone hacer cuatro años más tarde, por lo que entiendo que estamos dotando nuevamente del mismo bastón a alguien que demostró que con él no camina.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Quisiera formular una pregunta al Miembro Informante de esta iniciativa, para que quede bien claro lo relativo a la posibilidad de importar vehículos usados con destino a personas discapacitadas. A mi entender, el literal A) del artículo 2º lo permite, al referirse a vehículos especializados que no resulte posible ensamblar en el país. Deseo que quede registrado en la versión taquigráfica si efectivamente esos vehículos pueden estar exceptuados de la prohibición de importación, ya que es un tema importante para mucha gente.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Esta excepción está contemplada no sólo en esta iniciativa, sino también en la ley vigente sobre discapacitados, donde se permite exonerar de tributos la importación de determinados vehículos con condiciones especiales respecto de su situación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar en general el proyecto de ley venido de la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción para que se suprima la lectura del artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 18 en 22. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º.

(Se vota:)

- 20 en 22. Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción para que se suprima la lectura del artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado.)

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: hemos votado favorablemente, y la fundamentación es la que figura en el informe del proyecto de ley en mayoría. Sin embargo, queremos dejar constancia del aporte que realizamos como Partido Político a una estrategia de país que fortalezca los sectores productivo e industrial. De esta forma queda abierta la posibilidad de que en los próximos cuatro años el Poder Ejecutivo concrete lo que entiende debe desarrollar como estrategia de país, porque eso es lo que ha postulado durante mucho tiempo. Nosotros simplemente hemos mantenido la misma posición que tuvimos siempre y la respaldamos sin perjuicio de otro tipo de cambio de opinión que ha quedado expuesta claramente en Sala.

Hacemos este fundamento de voto que, además, dejamos como un crédito para

que el Gobierno pueda cumplir lo que aspira y promete con respecto a que el sector productivo nacional tenga estos instrumentos.

Es cuanto quería manifestar.

14) CONSEJO DE ECONOMIA NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se crea el Consejo de Economía Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 de la Constitución de la República. (Carp. Nº 88/05 - Rep. Nº 90/05)".

(Antecedentes: ver 36ª SO)

- Continúa la discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: como redacté un informe donde intenté relatar todo lo acontecido en la Comisión, no voy a abundar en el tema y, simplemente, me voy a referir a algunas preguntas formuladas en la sesión pasada.

Creí interpretar -porque no pude contar con la versión taquigráfica completa de la sesión, sino sólo de mis palabras- que la primera pregunta, realizada por el señor Senador Heber, era por qué crear un órgano consultivo. La respuesta es muy sencilla: lo es porque la Constitución dice que el Consejo de Economía Nacional es un órgano consultivo y honorario. Por lo tanto, reitero, es consultivo porque así lo establece la Constitución y una ley no puede decir lo contrario. Quizás la pregunta no iba dirigida al carácter de consultivo, sino al porqué de la creación de este órgano. La respuesta es que es una opción legislativa; la Constitución establece que se puede crear y se tomó esa opción política. La otra posibilidad era no reglamentar el artículo, como ha ocurrido desde 1934 hasta ahora. Sin embargo, nuestro Partido Político anunció, durante todo el año electoral y más de una vez lo practicó de manera empírica en algunos actos -el del Gaucho fue muy conocido-, que iba a tomar esta opción. Quiere decir que si bien la Constitución de 1934 fue la primera que lo estableció, las Cartas sucesivas, incluyendo la vigente, reiteraron esa posibilidad, por lo que el Legislador puede optar políticamente por crear o no ese órgano.

Por otra parte, recuerdo dos preguntas relativas a la conformación de este Consejo. Una, cuestionaba la cantidad de dos trabajadores representando a los pasivos en el Consejo. La respuesta es que ese fue el acuerdo de la Comisión. Para demostrar lo difícil que es que haya criterios previstos con antelación, en el borrador original que elaboró quien habla, los miembros eran once; en el redactado por el señor Presidente eran treinta y tres; y en el que aprobó la Comisión de común acuerdo quedaron cuarenta.

Es muy difícil dar una respuesta, tan difícil como decir por qué la edad para votar es 18 años y no 19 ó 17. Está fijada en 18 años, porque así lo resolvieron una vez en el artículo 80 de la Constitución.

Hubo otra pregunta que creo tenía un contenido más de pedido de información. El señor Senador Heber decía que sería bueno que el Ministerio de Economía y Finanzas hubiera adelantado algunas pautas, o que le gustaría saber cómo funcionará la reglamentación prevista en este proyecto de ley. La respuesta es que algunas de esas pautas el Ministerio las adelantó por medio del Ministro cuando concurrió a la Comisión. Olvidé relatar que la propuesta de que el contador Astori asistiera a la Comisión antes de tratarse el proyecto tardó mucho tiempo en cumplirse, por los viajes que aquél tenía programados de antemano. Fue por ello que quien habla propuso que en lugar del Ministro pudiera venir el Subsecretario para ir ganando tiempo, pero a la Comisión no le pareció bueno el criterio.

Decía que el Ministro dio alguna pauta, pero el tema es que la reglamentación va a establecer esas pautas que, como explicamos ya, van a ser consultadas con los organismos privados interesados en el tema. De manera que se puede hacer el adelanto; es bastante sencillo. ¿Qué organizaciones son las más reconocidas en materia empresarial? Son las que todos conocemos, aquellas con las que todos conversan a la hora de hablar con los empresarios. ¿Qué organizaciones son las más representativas de los trabajadores? Quién no sabe que es el PIT - CNT. Cuando se habló del sector cooperativo, se planteó la siguiente pregunta: ¿Cuáles cooperativas? ¿Las de consumo? ¿Las de crédito? Son tres; se ponen tres para que las dos o tres categorías que hay puedan estar representadas a los efectos de evitar pujas -que seguramente igual habrá- para obtener tal representación.

Estas son las preguntas que fueron formuladas y que a mí me pareció debía contestar con carácter informativo.

Por otra parte, para responder a la pregunta inicial -in-terpretada como creo que debiera hacerse aunque no surgía así de la gramática usada al interrogar- de por qué crear, cuál es el motivo, ya que no está explicitado, digo que no sólo está explicitado en la exposición de motivos, sino también en el propio texto del proyecto de ley. En el artículo 1º, cuando se habla de los objetivos principales, se dice por qué, para qué se crea esto, lo cual en la técnica ortodoxa de la construcción legislativa -o sea, de redacción de normas- no es usual. Estas frases son más bien para una exposición de motivos, pero los modernos estudiosos de cómo se construye mejor una ley aconsejan que, por ejemplo, los objetivos o las metas que se persigan no sólo estén contenidas en la exposición de motivos, sino también en su propio texto. Me refiero a las razones por las cuales se entiende que es necesario dictar esa ley. Eso está aquí cuando se dice que los objetivos principales consisten en dar carácter ordenado e institucionalizado al diálogo entre el Estado y la sociedad civil. Esa es la razón básica de la creación de este organismo. Efectivamente, sin ley también se puede hacer consultas a organismos privados de intereses económicos y sociales. Por otra parte, ya está previsto en la Constitución la existencia de Comisiones Sectoriales, como señalaba el señor Senador Sanguinetti, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Pero la opción política fue hacer una ley para institucionalizar, racionalizar ese tipo de diálogo, es decir, darle un carácter algo menos errático. La explicación inicial usaba esa palabra.

Era cuanto quería informar.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: hoy me aludió el señor Senador Korzeniak, y también en el día de ayer lo hizo, muy agradablemente, la señora Senadora Percovich.

El Partido Nacional tuvo su Miembro Informante, el señor Senador Gallinal, a quien yo -no sé si los demás- escuché muy atentamente. Básicamente -y hago un resumen, porque la exposición del señor Senador fue mucho más importante- dijo: "¿Quieren este instrumento? Se los damos. No sabemos si sirve para mucho, pero si el Gobierno lo quiere, tómenlo". Es una postura positiva, pero que también refleja incomprensión, al menos la misma incomprensión que tengo al no escuchar ni un solo argumento de peso que fundamente la necesidad -que no se desprende del artículo- y la importancia de un Consejo consultivo del que hace décadas viene hablando una fuerza política que aquí nos dice: "Bueno, se nos ocurrió". No pregunté el carácter consultivo de este órgano; no sé, por tanto, por qué el señor Senador Korzeniak contesta a algo que no pregunté. No hablé del carácter del Consejo de Economía Nacional, que sé es consultivo, y así lo establece la ley.

Concretamente, preguntaba cuáles son los argumentos por los que el Ministerio de Economía y Finanzas dice: "Es preciso, es imperioso para nosotros movernos y trabajar en esto". Según se me señaló, el Ministro Astori vino a la Comisión de Constitución y Legislación a presentar el proyecto; pero no estuvo ni siquiera cinco minutos allí. Entonces, pregunto: ¿Era tan importante para el Ministro, que ni siquiera se tomó un tiempo como para justificar lo que hace décadas la fuerza que integra el oficialismo viene reclamando como un tema primordial? Se señala: "Para nosotros es importantísimo, porque en uno de los artículos de este proyecto se habla del carácter ordenado para institucionalizar el diálogo". Pregunto al Gobierno si el diálogo que está planteado hoy con el PIT - CNT no es ordenado, no está institucionalizado y hay que crearlo en este Consejo de Economía Nacional. También nosotros, señor Presidente, creemos en el diálogo; no estamos en contra de que el Gobierno dialogue. Es más: nos parece que está dialogando poco, que justamente por eso, quizá, entienda necesario la creación del Consejo de Economía Nacional.

Pregunté por qué doce representantes de los activos y sólo dos de los pasivos. Creo que la fuerza pasiva económica es muy importante en nuestro país como para darle sólo dos representantes en catorce. ¿Sólo dos a setecientas mil personas? Pero resulta que el señor Senador Korzeniak viene y nos dice "se nos ocurrió" o "se le ocurrió al Gobierno".

SEÑOR KORZENIAK.- No, señor Senador; fue a la Comisión.

SEÑOR HEBER.- Bien, se le ocurrió a la Comisión.

Se me comentó que algún integrante de la Comisión propuso que fueran seis. Preguntaba, entonces, por qué dos representantes de los pasivos, de esa fuerza tan importante, y por qué doce de los trabajadores.

También pregunté algo que no se me contestó por parte de quienes entusiastamente abrazan esta idea como una de las palancas del diálogo nacional: ¿Cómo se van a elegir los representantes de los tres usuarios y consumidores? ¿Se va a hacer una elección? ¿Qué son los usuarios? ¿Usuarios de qué? ¿Consumidores de qué? ¿De carne, de pan, o consumidores en términos generales? ¿Vamos a hacer un plebiscito o una elección en los supermercados para ver quiénes van a ser los tres representantes de los usuarios y consumidores?

Hice estas preguntas porque quienes no integramos la Comisión, no participamos de la discusión ni tuvimos oportunidad de preguntar al señor Ministro en los cinco fugaces minutos que estuvo en ese Cuerpo, y pretendemos tener más información. Los miembros informantes o quienes abrazan esta idea deberían intentar convencernos de la importancia de esta iniciativa. Naturalmente, formulé algunas interrogantes con ironía, pero también con incredulidad, esperando, por lo menos, que alguien tratara de hacer un esfuerzo de convencimiento. Veo que ese esfuerzo no existe porque se tiene la mayoría; entonces, vótenlo.

Confieso que estaba dispuesto a acompañar a mis compañeros de Bancada, pero como hice preguntas y no se me respondió, me enojo y no voy a apoyar este proyecto de ley porque me parece que ni siquiera quieren tener este instrumento con el respaldo de una mayoría especial.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: aclaro que no me voy a enojar, porque puedo cambiar de opinión en el camino.

En la Comisión trabajamos con mucha profundidad y discutimos las distintas visiones sobre este organismo; además, hicimos alguna mención sobre la necesidad o no de crearlo en este momento, sin perjuicio de coincidir con la importancia que tiene el diálogo político. Es cierto que un Gobierno necesita un sistema de toma de decisiones relativamente ordenado, que no disperse la participación de determinados actores, ni le signifique alguna limitación a esa fuerza de decisión en los tiempos adecuados. Pero si incorporamos un organismo de esta naturaleza, con algunas de las características que se reconocen en el proyecto de ley, lo estaremos creando, en mi opinión, dislocado de la función básica que establece la Constitución de la República. Ésta señala que es un organismo consultivo y, en nuestra interpretación, la iniciativa propia para tomar y emitir opinión no está habilitada, porque la relación de consulta es entre un consultante y un consultado; si existe un consultado es porque hay un consultante que le hace determinada consulta a los efectos de tener la opinión de ese órgano.

Hicimos algún tipo de referencia sobre este aspecto y creemos que el artículo 206 es muy claro. Incluso, formulamos algunas consultas a connotados y conocidos constitucionalistas, e invocamos la opinión de un catedrático de Derecho Constitucional sobre el alcance de la palabra "consultivo" en este concepto. El doctor Gonzalo Aguirre responde a una solicitud nuestra diciendo que "no puede emitir dictámenes por iniciativa propia". El punto puede ser opinable, pero estima que no es habilitante la condición de tener iniciativa sin ser consultado, porque distorsiona el sentido y la orientación de la Constitución de la República.

Por su parte, el doctor Cassinelli Muñoz en "Derecho Público", página 84, señala: "Consultivo quiere decir que sus pronunciamientos tendrán carácter de dictámenes de expresión de opinión emitidas cuando se lo consulte sobre algún tema. En principio, no podrá actuar, pues, ni en forma decisoria ni en forma espontánea, sino que actuará expresando opinión cuando sea consultado".

A su vez, el propio Sayagués Laso establece que la consulta o el asesoramiento previo consiste en la obligación impuesta a un órgano de Administración de requerir la opinión de otro antes de dictar un determinado acto administrativo.

Entonces, sin perjuicio de participar de la filosofía del diálogo y de la incorporación de actores a órganos en los cuales la propia sociedad civil está representada de manera diversa, creemos que la interpretación que recoge el proyecto de ley no es la adecuada, en tanto permite las iniciativas que el propio órgano tenga en materia de emitir opiniones; a nuestro juicio, sólo podrá hacerlo cuando sea consultado, tal como lo establece la Constitución de la República. En todas las actividades públicas y privadas, los dictámenes se emiten a requerimiento del consultante y es de orden lógico y sentido común que no pueda haber órgano consultado si antes no hay un órgano consultante.

Por otro lado, debo decir que también efectuamos una serie de aportes al articulado, sobre todo en el artículo 6º, porque el proyecto de ley permite que este órgano elabore anteproyectos de ley para ser remitidos al Poder Ejecutivo. Consta a los miembros de la Comisión que la Constitución de la República no prevé la figura del anteproyecto de ley, ni autoriza su presentación a órgano alguno. Todo lo relativo a la elaboración de las leyes tiene rango constitucional, tal como lo disponen los artículos 133 a 146 de la Carta. Por lo tanto, no parece posible -y no lo es- que una ley otorgue esta facultad a un órgano consultivo. En todo caso, podrá elaborar una idea, pero no remitir anteproyectos de ley, porque la figura no existe ni está prevista en la Constitución de la República.

Estos son dos de los aspectos a los cuales hicimos mención en la Comisión, sin perjuicio de compartir con el señor Senador Gallinal la preocupación de la consulta preceptiva, que fue recogida por el Cuerpo, a fin de no incorporar un elemento que entendíamos no era ajustado a la ley, ya que la propia Constitución de la República establece en forma taxativa quiénes tienen una participación preceptiva en la elaboración del Presupuesto.

Esa era la contribución que deseábamos hacer a efectos de que este proyecto de ley tuviera los ajustes necesarios y no desvirtuara su naturaleza consultiva, que es la que recoge la propia Constitución de la República; por una interpretación excesivamente amplia podría incorporarse un órgano que emite opinión sin ser consultado y, en consecuencia, agregar una descentralización y un desorden al ámbito del funcionamiento estructural de la Administración.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: frente a las dos últimas intervenciones, creo que es importante destacar que se requiere voluntad política para abrir el espacio de consulta a la sociedad civil con relación a las políticas que se ejecutan. Me parece que este es el espíritu con el cual estamos creando por ley este instrumento, para dar la seguridad de su existencia. Después, todo dependerá de que sea convocado y de los temas que se pongan a su consideración.

Tener miedo al conflicto de intereses hace que se empobrezcan las políticas públicas de un Gobierno, en tanto no se abren los espacios de consulta. Esto es muy rico y realmente lamento que no exista el reconocimiento de que tenemos un Gobierno con esa voluntad política.

Por otro lado, en lo que tiene que ver con las objeciones que hacía el señor Senador Abreu, que son pertinentes, me parece que lo importante es que la sociedad civil pueda presentar iniciativas al Poder Legislativo. En la propia Comisión de Constitución y Legislación, no hace tanto, recibimos de un conjunto de actores de una asociación de derechos humanos un anteproyecto de ley sobre refugiados. Luego, los señores Senadores decidimos presentarlo porque nos pareció una buena iniciativa. ¿Cómo es posible que le neguemos eso a una sociedad organizada? Constitucionalmente, nosotros podemos tomar ese proyecto y ponerlo a consideración del Parlamento, del Poder Ejecutivo o del resto de nuestros compañeros. Me parece que cerrarse a esto, repito, es lo que hace que se empobrezca la actividad política y, sobre todo, el interés de los conciudadanos de participar en la política que, en definitiva, creo que es lo que a todos nos importa.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BRECCIA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: sería de interés que los miembros informantes aclararan los alcances del artículo 6º, relativo a las atribuciones a que refería la señora Senadora Percovich, porque nos ilustraría respecto del debate que hubo en Comisión en relación con esta cuestión que planteó el señor Senador Abreu.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dejaríamos para luego lo que solicita el señor Senador, pues quien está en uso de la palabra es el señor Senador Breccia.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: voy a hacer una confesión. Me seduce particularmente el estilo oratorio del señor Senador Heber. Lo confieso con sinceridad, porque me gusta su forma de expresarse, incluso cuando lo hace en forma irónica.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Senador: no se pueden hacer alusiones.

SEÑOR BRECCIA.- Lo digo con todo respeto y además lo estoy elogiando.

SEÑOR PRESIDENTE.- Las alusiones siempre son alusiones.

SEÑOR BRECCIA.- Cuando haga una alusión personal, el señor Senador Heber me la contestará. Por otra parte, esta ha sido una sesión bastante atípica, y ahora voy a tratar de contestarle con su mismo estilo.

Este proyecto de ley no hace otra cosa que recoger lo que se encuentra preceptuado y establecido en la Constitución de la República desde hace décadas. Sin embargo, no ha sido instrumentado por los sucesivos Gobiernos que, como todos los colegas del Cuerpo sabrán, no correspondieron precisamente a nuestra fuerza política. En consecuencia, hoy nosotros estamos cumpliendo, nada más ni nada menos, con el mandato constitucional. Entonces, me pregunto: ¿alguno de los colegas que formulan objeciones aquí se oponen a que cumplamos con la Constitución? Creo que la respuesta negativa se impone; espero que sea así.

Además, este Consejo de Economía Nacional ha sido reiteradamente propuesto por nuestra fuerza política en su programa y creo que cada uno de los Legisladores aquí presentes pretende que, si su fuerza política llega al Gobierno, se cumplan los programas que se prometieron desde el llano. Nosotros no estamos haciendo otra cosa que cumplir con lo reiteradamente anunciado en nuestro programa de Gobierno. Entonces, yo pregunto, sin ironía: ¿es que alguien puede reprocharnos esto cuando hemos sido apoyados por más del 50% de la ciudadanía? De modo que esas objeciones, aun planteadas en forma irónica, se responden solas.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BRECCIA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Quería recordar al señor Senador Breccia que en la sesión de ayer -en la que estuvo presente-, cuando nos tocó fundamentar el voto afirmativo que con poco entusiasmo vamos a otorgar a este proyecto de ley en la discusión general señalamos, en primer lugar, que se trata de una norma que está en la Constitución de la República, y que el Parlamento simplemente se está limitando a reglamentarla; y, en segundo término, que la necesidad de la creación de un Consejo de Economía Nacional fue un tema de campaña electoral y algo que en los últimos años fue tratado en forma insistente por la fuerza política que integra el señor Senador. Además, se presentaron proyectos de ley reglamentándolo y, en el transcurso de la última campaña electoral, se asumió una suerte de compromiso ante la ciudadanía.

Por lo tanto, estamos dando una respuesta más que positiva al cumplimiento de la Constitución, e intentamos acompañar una idea que no es nuestra y que, seguramente, si nos hubiera tocado la responsabilidad de conducir los destinos del país, no sé si la hubiéramos implementado.

Agrego algo más; no fue solamente por ironizar que el señor Senador Heber se refirió a la comparecencia del señor Ministro en la Comisión. El Ministro de Economía y Finanzas habló de este tema por aproximadamente un minuto y medio. Fue de una elocuencia, una convicción y un entusiasmo tan profundo, que le alcanzó un minuto y medio para redondear una idea que el equipo económico abraza, o el entusiasmo no fue tan grande y vino a cumplir con un compromiso que obviamente había asumido. Personalmente, hubiera preferido interpretar lo primero, es decir, que su elocuencia y entusiasmo fueron de tal magnitud que tuvo un destello de capacidad como para que en ese breve lapso pudiera decir que había descubierto una verdad revelada. Reitero que eso hubiera sido muy bueno, pero creo que no fue así.

En la Comisión comentábamos con los señores Senadores Larrañaga y Abreu, con quienes la integramos, que si esto se hubiera hecho más rápidamente y se hubiera trabajado con mayor convicción, se habría logrado -ahora tengo la impresión de que no era lo que se quería- el objetivo principal -que era el que nosotros estábamos dispuestos a acompañar-, es decir, que se aplicara este instituto en ocasión de este Presupuesto Nacional, que es la gran ocasión de aplicarlo, mucho más que en las Rendiciones de Cuentas. Me temo que no van a llegar, salvo que se apruebe en el día de hoy aquí, en la Cámara de Representantes se le dé el trámite que tuvieron otros proyectos, se transforme en ley y rápidamente se logre cumplir con el artículo 2º, que es bastante complicado, ya que se refiere a la integración del instituto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Breccia.

SEÑOR BRECCIA.- Con respecto a la actitud del señor Ministro de Economía y Finanzas, no me corresponde a mí, en este momento, catalogarla ni calificarla. Seguramente, desde que este proyecto cuenta con iniciativa del Poder Ejecutivo, el entusiasmo del señor Ministro de Economía y Finanzas contribuyó para la configuración de la voluntad de dicho Poder. Dado que adhiero fervorosamente a la teoría de la separación de Poderes, las explicaciones las dará el mencionado Poder.

En cuanto a lo que manifestaba el señor Senador Abreu, aclaro que comparto lo expresado por la señora Senadora Percovich en el sentido de que, más allá de la eventual pequeña modificación de texto que se pudiera introducir en este caso al inciso 2º, lo que queda claro es que la sociedad civil organizada, a través de este Consejo de Economía Nacional, puede emitir los informes que están previstos en la Constitución de la República en su artículo 207.

En cuanto a que esos informes contengan anteproyectos de ley o de reglamentos y esto viole de alguna manera la iniciativa privativa que en esa materia pueden tener los Poderes Legislativo o Ejecutivo, en su caso, lamento no compartir la posición del señor Senador Abreu, ya que entiendo que lo que se establece en el artículo es que dichas opiniones podrán contener anteproyectos que posteriormente sean recogidos por aquel organismo que requiera la información para realizar la iniciativa correspondiente, de acuerdo con el trámite que la Constitución prevé para la aprobación de las leyes.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador Heber no ha sido realmente aludido.

Tiene la palabra el señor Senador Moreira.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- En realidad, se me ha aludido en una forma gentil, y creo que es una invitación a discutir con un poco de ironía, lo que le da un cierto sabor y algo de pimienta a la discusión parlamentaria. Por esa razón, recibo los argumentos del señor Senador Breccia con respeto.

Digo, sí, que vista la actitud del señor Ministro en los cinco minutos -incluso creo que le llevó más tiempo saludar a los distintos miembros de la Comisión que exponer y defender este proyecto- que compareció a la Comisión, me da la sensación -lo digo con mucho respeto y también con ironía- de que no le parece que este sea un instrumento de la izquierda moderna. Me da la sensación de que el señor Ministro entiende que este es un proyecto de la vieja izquierda, porque tiene setenta y pico de años; es de la Constitución de 1934. En esto, señor Presidente, coincido con el señor Ministro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Simplemente deseo hacer un par de reflexiones.

Vamos a acompañar este proyecto de ley del que se ha hablado reiteradamente. Incluso, en el día de ayer se hizo alusión al contexto histórico que rodeó a la Constitución de 1934 y a esta disposición del artículo 206. El propio texto del artículo 206 así lo recoge porque alude -me parece que en un sentido más limitado- a la representación de grupos económicos y profesionales.

Estábamos hablando del corporativismo que tiñó un poco el origen de esta norma. Hoy estamos hablando de un Consejo de Economía Nacional que va a incursionar y a tener representatividad muy amplia, en el cual van a estar cooperativas, usuarios y consumidores. Va a participar activamente prácticamente todo el Estado uruguayo a través del Poder Ejecutivo, de los Entes Autónomos, de los Gobiernos Departamentales y de los Servicios Descentralizados, por lo que vamos a tener un órgano de una composición muy heterogénea y vasta.

Realmente, creo que nadie puede decir, en el Uruguay de hoy, que está en contra de institucionalizar el diálogo social y económico entre los sectores de la sociedad civil y el Gobierno. Pienso que nadie podría sostener que el espíritu de la norma no es sano. Sin embargo ayer, justamente, el señor Senador Sanguinetti decía que tenemos en nuestro texto constitucional normas que amparan la participación de sectores, por ejemplo, a nivel de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la proyección del Presupuesto. Al respecto cabe citar a la Comisión Sectorial de Descentralización, que fue creada, precisamente, por la última reforma constitucional y reglamentada por ley, que he tenido oportunidad de integrar. Esta Comisión Sectorial, por encargo de la ley, tiene determinadas competencias para opinar en materia de inversiones de los distintos Ministerios. El 75% del Fondo de Desarrollo del Interior -que es muy importante desde el punto de vista presupuestal para las Intendencias Municipales- está a cargo de los Ministerios. Realmente, desde que integro esa Comisión, no he visto que haya tenido alguna incidencia en la elaboración de los Presupuestos y en la priorización de las inversiones en el interior de la República, y por eso me temo que este Consejo de Economía Nacional tenga un camino similar, porque considero que muchas veces las normas recogen cosas que luego la realidad se encarga de no confirmar.

El señor Senador Gallinal decía hace un momento que la principal atribución establecida en el artículo 6º para este Congreso es ser oído por el Poder Ejecutivo en oportunidad de los Presupuestos. En este Presupuesto Quinquenal, esta Comisión no va a ser oída; lo será para el 2010. Entonces, vamos a tener que esperar cinco años para que este Consejo sea oído, y está bien que así sea porque esto fue creado recientemente y no se puede remediar. Espero, sí, que sea oído luego en las Rendiciones de Cuentas, las que van a incluir nuevas previsiones presupuestales, redistribución de las asignaciones efectuadas y todo aquello que puedan contener, siempre que no sean de un solo artículo, como hemos tenido en el Uruguay. Reitero que espero que este Consejo sea efectivamente oído.

Me temo que hay canales de diálogo y de participación que están funcionando hoy en el Uruguay, que quizás se dupliquen. Si los temas salariales vienen por la vía de los Consejos de Salarios, tal vez todo esto venga a susti-

tuirlos y puede ser un modo legítimo de hacerlo. Pero me parece que una composición tan heterogénea no le va a asegurar peso en el diálogo ni en las decisiones, aunque sin duda debe estar en el espíritu de quienes propiciaron esta iniciativa y de quienes desde mi Partido también la apoyaron.

Espero que este Consejo, que va a contar con nuestro voto, tenga el mayor de los éxitos que asegure esa participación y ese diálogo; pero pretendo que pueda arribar a decisiones reales, sobre todo en un país que hoy tiene un Partido de Gobierno con las mayorías que le aseguran todas las votaciones, tal como ha venido sucediendo. Nosotros también hemos estado apoyando muchas de las votaciones y, reitero, le deseamos el mayor de los éxitos al Partido de Gobierno; sin embargo, me parece que dada la heterogénea integración de este Consejo -luego veremos qué es lo que dice la reglamentación en materia de quiénes estarán allí porque, tal como irónicamente planteaba el señor Heber, sería bueno saber cuáles van a ser los consumidores, dónde los van a ir a buscar y quiénes van a ser los cooperativistas-el Poder Ejecutivo tendrá la dosis de ponderación y de inteligencia para que estén los más representativos y que luego el diálogo sea fecundo.

No hay duda de que la competencia de emitir informes sobre temas económicos y sociales solicitados por entidades públicas o privadas es muy genérico, porque le pueden requerir opinión sobre cualquier tema. Entonces, pretendo que luego esto no termine en un desgaste de este instituto por inoperancia, por no ser escuchado o por estar opinando sobre tantos temas que al final no concluya con ninguno. Esta es una prevención que tengo y espero que la realidad no lo confirme, pero este texto, por su generalidad y porque además tiene que ser debidamente reglamentado, no nos permite asegurar que esto luego tenga un buen efecto de institucionalidad y de diálogo. A pesar de ello, lo estamos apoyando y ojalá que todo resulte bien.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: creo que el señor Senador Moreira ha puesto claramente de manifiesto la buena disposición, y hasta diría la generosidad con la que llegamos a Sala para acompañar un instituto de estas características. Reconocemos que nos hubiera gustado muchísimo la aplicación de este instrumento en este Presupuesto. Más aún, quizás se nos transforme en un "boomerang", porque tal vez en el próximo Presupuesto Nacional -por lo menos vamos a trabajar para ello- seamos nosotros los que tengamos que estar consultando al Consejo de Economía Nacional sobre qué es lo que quieren en materia presupuestal. Tal vez seamos nosotros quienes inauguremos este instituto, porque quizás el gran escenario hubiera sido este Presupuesto Nacional, del que ya tuvimos un aperitivo y un adelanto interesante el miércoles pasado en la ciudad de Pando.

SEÑOR PRESIDENTE.- Solicito al señor Senador que se circunscriba al tema.

SEÑOR GALLINAL.- Me estoy refiriendo al tema, señor Presidente.

Como decía, en oportunidad de desarrollarse el acto político a que hacía referencia, nosotros votamos un cuarto intermedio en el Senado a los efectos de que pudieran participar los señores Senadores integrantes de la fuerza política de Gobierno en el Consejo de Ministros.

Por último, deseo agregar otro elemento de carácter personal: debería votar en contra este proyecto porque es una herencia del Golpe de Estado de 1933 impuesta por el señor Terra. En realidad, quien debería votar a favor es el señor Senador Heber, pero como se enojó y va a votar en contra, y yo quiero ser generoso, me van a ver no siendo consecuente con lo que deberíamos hacer.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR RIOS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Ríos.

SEÑOR RIOS.- Señor Presidente: he escuchado en varias oportunidades a varios señores Senadores hablar de una duplicación de lugares de coordinación y de rela-cionamiento con la sociedad civil. En realidad, creo que cuando hablamos de algunos temas, como el del Consejo de Salarios, no tenemos claro el contenido de la ley de 1943 y la adaptación que le dio este Gobierno. Esta ley establece que se trabajará sobre salarios mínimos y categorías salariales.

Creemos que la sociedad civil se representa por otros estamentos que no son los partidos políticos, y lo que queremos es que el organismo consultivo haga que esa sociedad civil representada opine sobre los temas de toda la sociedad.

Entonces, no es que estemos haciendo una duplicación. Aquí hay roles diferentes en lo que refiere a la forma en que nuestra fuerza política ve que la sociedad civil debe relacionarse con el Gobierno. No sé si le doy tranquilidad al señor Senador Moreira pero, en lo personal, tengo la tranquilidad de saber que este organismo consultivo va más allá de los institutos de relación con la sociedad civil que hoy existen. Ellos son complementarios, porque tienen funciones diferentes, sin perjuicio de que este organismo consultivo pueda prosperar o no; es decir, las funciones de este último son totalmente diferentes a las de los Consejos de Salarios y otros estamentos que tienen una tarea específica, de acuerdo con la ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR PENADES.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.-Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: me gustaría que el señor Senador Ríos, en la oportunidad que entienda conveniente, aclarara si la sociedad civil debe tener, para su representación, mecanismos distintos al de los partidos políticos. Asimismo, quisiera que me explicara a quién represento yo aquí porque, francamente, si no represento a la sociedad, no sé a quién represento. Quizás la suya sea una interpretación corporativista muy interesante, que podríamos debatir en su momento. En alguna oportunidad, hubo gente que empezó diciendo esas cosas y terminó entendiendo que las representaciones las ejercen las corporaciones. Por mi parte, sigo reivindicando la idea de que los partidos políticos somos los grandes representantes, no de la sociedad civil -que es un término sobre el que un día me gustaría discutir porque, realmente, quisiera saber qué quiere decir "sociedad civil"-, sino de la sociedad. En ese sentido, reitero -agradeciendo al señor Senador Moreira que me haya concedido esta interrupción- que me gustaría que en algún momento se me explicara eso de la representación de la sociedad civil y el rol que los partidos políticos cumplimos en esa tarea que desde hace tanto tiempo se llama democracia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.-Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: siguiendo la argumentación del señor Senador Moreira, quisiera plantear lo siguiente.

Es importante que el órgano que se está creando -y que seguramente resultará aprobado, más allá de algunas reflexiones que estamos haciendo en el camino y del humor que estamos manejando- tenga realmente una función definida. Si no restringimos este tema consultivo, ese órgano, más allá de sus competencias en la economía y en la sociedad, se transformará en un órgano deliberativo en el que cada una de las fuerzas representativas podrá decir, por ejemplo, que le gustaría que el Consejo de Economía Nacional se pronunciara sobre tal o cual tema; como no tiene limitaciones en la consulta, cualquiera podría pedir que se pronunciara sobre un tema que le pareciera adecuado. Entonces, ¿en qué se transformaría el órgano consultivo que se suponía iba a emitir su opinión a requerimiento del Estado o de otro tipo de organización, si simplemente, a iniciativa de un representante de alguno de los intereses, comenzara a discutir, en cada oportunidad, temas que entendiera que deberían plantearse como discusión de carácter general, sin que existiera la debida consulta ni el debido requerimiento por parte de los distintos órganos del Estado?

Entonces, considero necesario reflexionar sobre ese aspecto y, de hecho, dejo planteada esta reflexión en voz alta. Pensemos en que, aun creando este Consejo de Economía Nacional, podríamos crear un órgano deliberativo que, al no tener limitaciones -o al no tener consultivamente limitada su actividad-, simplemente va a pronunciarse o a discutir cada vez que algún representante de un interés, en el ámbito del Consejo, lo entienda conveniente. Esta sería una contribución, más que a la necesaria coordinación de los órganos que participan en las decisiones del Estado, a la descoordinación organizativa y administrativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: quisiera realizar algunas puntualizaciones.

Ante todo, señalo que estas normas que prevé la Constitución en los artículos 206 y 207, fueron introducidas por primera vez en la Constitución de 1934. Claro que después hubo varias reformas constitucionales, por lo menos tres de ellas muy importantes: las de los años 1942, 1952 y, particularmente, la de 1967. Precisamente ésta última es la que, en términos básicos, nos ha regido hasta el presente, más allá de las reformas que todos conocemos y que se han introducido sobre la marcha.

Aquí nadie planteó hacer algo muy sencillo: suprimir dos artículos de un capítulo -suprimiéndose, por lo tanto, el capítulo- sobre un tema que se podía entender que tenía validez en el año 1934 -en el momento en que se introdujo-, pero que 30 ó 40 años después puede ser innecesario, porque la historia ha transitado por otros carriles. Sin embargo, se mantuvieron porque según la visión del Legislador, no era buena cosa emitir a la sociedad, a la opinión pública en general, el mensaje de que un capítulo de la Constitución simplemente era suprimido.

Los Consejos de Economía Nacional tuvieron -y diría que tienen- una larga trayectoria en Europa Occidental. Son expresión de todas las concepciones en boga posteriores a la Segunda Guerra Mundial que se engloban, en forma muy genérica, dentro de lo que fue el desarrollo de institutos que apostaban a fortalecer el funcionamiento de la sociedad en el marco del sistema capitalista, dentro de las orientaciones de lo que era la economía de bienestar. En Europa Occidental, en Italia, Alemania, Francia y Bélgica, por ejemplo, hay muchos institutos -muchos más de los que nosotros tenemos- y toda una serie de leyes sociales que ahora se están reflotando en nuestro país. Me refiero a las iniciativas que se están planteando en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Precisamente, una de ellas es el Consejo de Economía Nacional, en el marco del desarrollo de la economía de bienestar. Personalmente, creo que en el año 1967 todavía estaban en boga algunas de estas ideas, que tenían mucha fuerza; recordemos que dos años antes se había creado la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) y, en definitiva, todo el instituto de la planificación.

Si hoy entráramos a discutir cuál es el valor de la planificación, seguramente ello ameritaría disquisiciones de todo tipo y especie; pero lo cierto es que todo esto está contemplado en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, aterrizando después en finalidades más específicas y concretas, pero con una proyección muy amlia, donde las ideas provenientes de la CEPAL -que dio lugar a la creación de la CIDE y luego a la mencionada Oficina-, apostaban a una visión de la sociedad donde el Estado cumplía un rol protagónico. Este es un elemento central.

Luego de todo este período de auge de las economías de bienestar, todas las ideas tuvieron amplia difusión en el proceso de estructuralismo "cepaliano", de los años de Raúl Previch, de Osvaldo Sunkel -figuras legendarias de la economía latinoamericana- y del propio Fernando Henrique Cardoso, con todas sus teorías de la CEPAL. Realmente en la visión del estructuralismo prouesto por CEPAL, apostaba a una organización de la sociedad donde el Estado claramente debía cumplir un papel protagónico en el funcionamiento de los distintos ámbitos de la vida social, particularmente en el ordenamiento del aparato productivo y las relaciones entre la economía, el capital, el sector empre-sarial, el trabajo y también las distintas formas de propiedad.

Recordemos esa clásica diferenciación del sistema de propiedad, donde se ubican el sistema estatal puro, al estilo de nuestras empresas públicas, la propiedad social, expresión de los modelos cooperativos -de lo cual tenemos en nuestro país mucha experiencia- y la propiedad privada, cuya finalidad es el lucro dentro de determinadas pautas y conductas, con respecto al cual dentro del mundo empresarial también hay matices en lo que tiene que ver con el carácter que debe tener la empresa privada.

Pasada la época de la economía de bienestar, en América Latina irrumpió con mucha fuerza, allá por los años 1989 y 1990, el pensamiento de John Williamson, que sistematizó el denominado Consenso de Washington. En ese momento se planteó el decálogo de las ideas, que luego se difundieron en el mundo y, muy especialmente, en nuestra América Latina, en lo que significa el pensamiento y la ideología neoliberal. Eso es lo que sucedió en la década de 1990 y en buena parte de estos primeros cinco años del si-glo XXI.

Ahora bien, hace poco leí un reportaje realizado a Enrique Iglesias, insigne figura del pensamiento latinoamericano, quien decía que estamos en una ola de progresismo. Recomendaría leer ese reportaje, porque es muy profundo y recoge una percepción muy fina del clima y del momento, así como del significado de este concepto de la ola de progresismo que él visualizaba en América Latina. La ola de progresismo constituye un pensamiento con el que nuestra fuerza política se siente profundamente consustanciada. No hay un modelo único de progresismo, porque el que nosotros impulsamos y levantamos en la campaña que llevó a la Presidencia al doctor Tabaré Vázquez es la expresión uruguaya de un proyecto que recoge determinados sentimientos. Otro distinto, pero igualmente progresista, es el modelo que está llevando adelante Ricardo Lagos en Chile; también lo es, con sus peculiaridades y el reconocimiento de su historia, el proyecto del justicialismo en la Argentina, que conduce el Presidente Kirchner; y lo mismo ocurre con el que propone el hoy visitante oficial de nuestro país, el Presidente Chávez, y el de "Lula" en Brasil. Dejo la lista por acá, aunque podría mencionar otras experiencias.

Esto es como el cruce de dos corrientes o la desembocadura de un río en el mar, puesto que se cruzan las corrientes. En este caso estamos en el cruce de dos grandes correntadas ideológicas.

Hoy planteábamos claramente apostar a que este proyecto tuviera fuerza y se convirtiera en ley en nuestro programa, lo que fue dicho en forma reiterada por nuestro candidato a la Presidencia y por todos los que, en alguna medida, colaboramos en la campaña. Cuando lo hacíamos, éramos conscientes de que estábamos en un cruce de dos tendencias muy fuertes, una de las cuales, la neoliberal, ha estado instalada en América Latina con experiencias diversas, ya que la de Uruguay ha sido diferente a la de la Argentina de Menem, o a la de Fujimori, al responder cada una a sus realidades específicas. La otra, descrita por Enrique Iglesias como "ola de progresismo", se presenta como una fuerza de mucha significación, vista por quienes seguimos atentamente el devenir de los acontecimientos contemporáneos en América Latina.

Recordemos que un texto sin un contexto -hemos empleado esta frase muchas veces- se puede transformar en un pretexto. Personalmente, creo que este es un texto que tiene un contexto y ese contexto se cruza con el año 1934. ¿Qué tienen que ver hoy el Uruguay y el mundo con el año 1934? ¿Qué tienen que ver el Uruguay y el mundo del año 1967, cuando se aprobó la última reforma? En realidad, estamos en otro mundo, en el mundo de la era globalizada, de las economías abiertas, de la caída de las barreras proteccionistas y de la teoría de la sustitución de importaciones y de las economías cerradas.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Apoyado.

SEÑOR BARAIBAR.- Agradezco su apoyo al señor Senador Larrañaga, cuyas opiniones son siempre para mí de mucha importancia y atiendo muy especialmente. Así lo manifiesto, para que quede constancia de ello en la versión taquigráfica, y declaro que no lo puedo tomar más que en serio y sin dejo alguno de ironía.

Lo cierto es que tenemos que mirar hacia afuera, hacia ese mundo en el que nos tenemos que insertar, pero también tenemos que mirar hacia adentro.

Y bien, en este modelo progresista hay un elemento central, absolutamente central, que consiste en juntar lo político con lo económico, en el entendido de que ambos constituyen dos pilares para alcanzar un objetivo que es también central en nuestra visión progresista, es decir, el fortalecimiento de la democracia. Y quiero ser bien claro en señalar que no hago aquí diferencias con ninguno de los partidos políticos de este Parlamento, ya que todos somos democráticos por igual. Quienes tuvimos uso de razón política y actuamos con vigor en la vida política antes de la dictadura, sabíamos que en este país, la democracia representativa, ésta que nos hace representantes en el Senado de la República, estaba descaecida.

15) PRORROGA DE LA HORA DE FINALIZACION DE LA SESION

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BARAIBAR.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Por vía de la interrupción, quisiera formular una moción de orden en el sentido de que se prorrogue la hora de finalización de la sesión, debido a que sería necesario, de ser posible, votar hoy el punto que figura en cuarto término del Orden del Día. Sucede que como ya es la hora 19 y 40, corremos el riesgo de que el Senado no se vuelva a reunir hasta el martes que viene.

Muchas gracias, señor Senador y señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Baráibar.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BARAIBAR.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Voy a proponer que se prorrogue la hora hasta que el compañero señor Senador Baráibar finalice su alocución y que luego se trate el punto a que refería el señor Senador Fernández Huidobro. Me parece que deberíamos continuar con el trámite del estudio de este proyecto de ley en una próxima sesión, ya que si en el planteo general esta iniciativa ha insumido dos días, en el análisis particular demandará unos cuantos más.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Hago mía esa moción, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Fernandez Huidobro complementada por el señor Senador Korzeniak

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

16) CONSEJO DE ECONOMIA NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado continúa con la consideración del proyecto de ley por el que se crea el Consejo de Economía Nacional.

Continúa en el uso de la palabra el señor Senador Barái-bar.

SEÑOR BARAIBAR.- Estaba hablando, señores Senadores, de un tema que es central: el fortalecimiento de la democracia. Hoy estamos viendo en América Latina, aunque felizmente en Uruguay no, que la democracia re-presentativa está en riesgo. ¿O acaso no lo hemos adver-tido permanentemente en esta ola que acaba de surgir en otros países, tales como Bolivia, Ecuador y Nicaragua, pa-ra citar algunos? No quiero tomar por ese lado, que no considero relevante porque los ejemplos son más que notorios.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Heber)

- ¿Cuál es la causa de ese descaecimiento y el meollo de la situación? Que las crisis y las situaciones de convulsión social muy importantes ocurridas en esos tres países, han provocado que su democracia representativa esté hoy algo a la deriva, para decir lo menos, más allá de que en todos ellos ha habido elecciones libres, con determinadas garantías. ¿Y por qué? Precisamente, porque hoy no alcanza con generar en el ordenamiento constitucional e institucional del país, la posibilidad de que cada cuatro o cinco años, a la uruguaya, haya elecciones.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BARAIBAR.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- ¿Acaso el señor Senador está sugiriendo que la salvación de la democracia representativa está en este proyecto de ley que estamos considerando?

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis Alberto Heber).- Puede continuar el señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: quiero decir rotunda y claramente que no; me negaría a mí mismo si cometiera esa desconexión entre la realidad y los órganos. De todos modos, quiero decir al señor Senador que esto va en el camino y en el destino de lo que vengo diciendo en mi exposición. La jerarquía de este instituto que estamos considerando y que el Senado y la Cámara de Representantes van a votar en su oportunidad, va a depender en gran medida de la propia dinámica que le den los actores que a él se integren.

El señor Senador Heber planteaba una serie de interro-gantes y debo decir que hoy no estoy en condiciones de darle una respuesta definitiva, porque creo que no ha llegado el momento. Estamos frente a un organismo nuevo sobre el que hay poca experiencia en nuestro continente -es más, diría que es nula-, aunque en Europa hay mucha; estamos ante un reglamento a aprobar oportunamente que va a tener mucha injerencia en este tema, pero después la vida misma y el organismo funcionando van a demostrar cuánto significa este Consejo en la vida del país. Eso en cuanto al futuro, pero ahora estamos creando el instrumento, las condiciones básicas para que los actores -básicamente, la sociedad civil- puedan participar.

Con este instituto que hoy estamos analizando y mediante el protagonismo de la sociedad civil, ¿podremos crear un instrumento idóneo para fortalecer nuestra vida democrática? Hoy puedo hacer presunciones, pero no quiero hacerlo porque sencillamente entiendo que los márgenes de incertidumbre son altos. Sí creo que es bueno para la democracia hacer el esfuerzo y el experimento de generar estas condiciones. No veo contraindicaciones, por decirlo de alguna manera, en la experiencia que estamos intentando poner en práctica; veo potencialidades de fortalecimiento democrático.

En nuestro programa hemos dicho -no estoy comprometiendo en esto a los demás partidos, ni siquiera al Partido Nacional, que va a acompañar esta iniciativa- que creemos en la democracia representativa. Por ello, en alguna medida quiero reflexionar en torno a la pregunta que hace instantes formuló el señor Senador Penadés: ¿qué representamos nosotros? Nosotros representamos a la ciudadanía, que nos eligió democráticamente en un sistema de partidos políticos, como el uruguayo, que diría que a esta altura, si no es ejemplar en América Latina, por lo menos se ubica entre los de mejor estructuración. Es representativo del imaginario colectivo que se expresa electoralmente cada cinco años. Seamos conscientes y miremos otras experiencias cercanas, como la boliviana, donde los partidos po-líticos y el sistema electoral no logran incorporar, continentar, por así decirlo, todas las inquietudes de la sociedad; frecuentemente se están produciendo desbordes hacia otras modalidades, que podrán ser diferentes, pero que sin duda son poco democráticas. Creo que el riesgo del autoritarismo -sin importar el signo- va de la mano de cualquier experiencia que se quiera apartar del proceso democrático.

Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. ¿Podemos decir ya hoy que nos sentimos conformes con nuestra democracia, porque ya tenemos todo lo que este texto prevé y que alcanza con administrar lo previsto en la Constitución? No olvidemos que el proyecto de ley que hoy estamos considerando refiere a un instituto también previsto en la Constitución. Pero, ¿nos alcanza? No, estimados señores Senadores; debemos realizar un atento seguimiento, porque creo que el golpe de Estado de 1973 se produjo porque muchos creímos que en este país la democracia se sostenía sola. Todos le tiramos piedras y, en definitiva, la democracia cayó. Por lo tanto, hoy todos tenemos que apostar por ella, cada uno a su manera, y sería deseable que esta iniciativa contara con el acuerdo de todos los partidos políticos o, al menos, de una amplia mayoría del Parlamento Nacional.

Este es un mensaje hacia la ciudadanía, hacia la sociedad civil, en el sentido de que estamos creando un instrumento para darle la posibilidad de expresarse, de opinar. No se trata sólo de pedir la opinión de la ciudadanía cada cinco años, tal como hicimos en octubre del año pasado en oportunidad de las elecciones nacionales; pedimos el voto de los ciudadanos, pero además queremos que en el quinquenio que transcurre entre dos elecciones, nos den su opinión, porque ella cuenta. Claro que debemos recordar que este no es un órgano resolutivo; no va a sustituir -en esto debemos ser claros- el funcionamiento del Poder Legislativo. Reitero que no lo va a sustituir; no debería hacerlo. Recuerdo muy bien que tuvimos esa misma preocupación cuando realizamos la experiencia de la Concertación Nacional Programática. En esa oportunidad nos propusimos de una forma estricta que ésta finalizara el 1º de marzo de 1985. ¿Qué se quiso hacer de esa manera? Se quiso expresar de un modo simbólico que ese ámbito, que yo he denominado -y es mi opinión exclusivamente- el Parlamento de la transición, tenía que finalizar una que vez que se instalara el Parlamento Nacional, tal como sucedió el 1º de marzo de 1985.

Hoy el Parlamento y las otras instituciones están funcionando bien, pero me parece que no tenemos que limitarnos a pensar que alcanza con lo que tenemos. Todos sabemos que el descreimiento en los partidos políticos, si bien el de Uruguay se ubica en niveles inferiores a los de otras experiencias de América Latina, de todas maneras tiene un signo creciente. Debemos apostar a revertir esa situación, y este es un intento, un instrumento. Estamos creando las condiciones. El sistema político está enviando el mensaje de que no se abroquela, de que no considera que lo que tiene alcanza. No estamos diciendo a los ciudadanos que se queden tranquilos porque ya nos eligieron y los vamos a representar bien; no estamos diciendo a la ciudadanía que se limite a participar en las elecciones cada cinco años. No; ahora, en el primer año y en los primeros meses les estamos diciendo que queremos contar también con su opinión para que nos ayuden a gobernar. Consideramos que el aporte de la ciudadanía ayuda al Gobierno y al Parlamento a orientarse y genera el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, lo que constituye un instrumento importante para esa concepción que tenemos. Ya hemos dicho que junto con la democracia representativa -en la que, por supuesto, creemos y a la que defendemos- está la demo-cracia participativa. ¿Qué es la democracia participativa?

Es aquella que genera instrumentos, oportunidades, escenarios para que la gente, además de participar -no "en lugar de", sino "junto con"- en las elecciones, ocupe un lugar en aquellos ámbitos que les permitan defender sus intereses.

Para finalizar -agradezco las mociones presentadas por los señores Senadores Fernández Huidobro y Korzeniak-, quiero leer alguna frase que sintetice lo que he tratado de exponer por medio de estas ideas. Me voy a remitir a la exposición de motivos del Mensaje del Poder Ejecutivo. Creo que el señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, en una forma que, por lo menos, tuvo interpretaciones diversas y apreciaciones variadas, se sintió interpretado por lo establecido en la exposición de motivos, cuyas primeras firmas -¡oh casualidad!- son las del señor Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, y del señor Ministro Astori.

En el referido Mensaje se expresa claramente: "Pensamos que precisamente la idea del Constituyente uruguayo al prever la existencia de este Consejo fue esencialmente crear un ámbito de relacionamiento entre las estructuras públicas y la comunidad civil en asuntos que interesan a la economía nacional. El proyecto pretende que quede claro que es la sociedad civil la representada por el Consejo de Economía Nacional buscando articular un ámbito privilegiado de relación con lo público."

(Ocupa la Presidencia el señor Rodolfo Nin Novoa)

- El último párrafo de la exposición de motivos dice: "Además de los objetivos expresamente establecidos por el proyecto en su Art. 1º la existencia de este Consejo de Economía Nacional permite en sí mismo canalizar en forma plural" -¡oh palabra!- "y transparente" -¡oh palabra! Si con esto estamos constituyendo un organismo plural que, además, es transparente, le estamos brindando un importante servicio al fortalecimiento de la vida democrática- "las relaciones, opiniones y propuestas entre los económicos y sociales y los organismos públicos."

Quiero referirme a algo que también hace a la cosa. Con respecto a la integración de este Consejo, se ha dicho que la representación de los jubilados es poca. Los jubilados representan, básicamente, a los pasivos que trabajaron en distintas ramas de la actividad. Se ha señalado que éstos son muchos pero, en definitiva, su carácter es de pasivos y parece razonable que haya dos representantes en la medida en que, si bien son muchos, los intereses que representan son bastantes similares y tienen que ver, precisamente, con su condición de pasivos.

Por otra parte, se da una mayor participación a los trabajadores que, efectivamente, expresan experiencias de trabajo distintas según la rama de inserción laboral que tengan; ellos pueden ser -menciono solamente las ramas que el proyecto señala- industriales, comerciales, agropecuarios o de otros servicios.

Luego integra a los empresarios. ¡Qué buena cosa que los trabajadores y los empresarios se encuentren en un ámbito institucional con la necesidad, uno y otro, de sistematizar los procedimientos de elección para designar a sus candidatos!

En cuanto a los cooperativistas, tienen sus organizaciones, tales como FUDECOP, FECOVI y FUCVAM, entre otros, que son las más que representativas.

Los profesionales universitarios, por supuesto, tienen sus organizaciones.

(Intervención del señor Senador Heber que no se oye.)

- Le doy la razón al señor Senador Heber con respecto a que no sé cómo se va a elegir el representante de los usuarios y los consumidores. Si me da alguna idea, la tomo, pero no creo que haga mucho a la cosa, porque se trata de uno en cuarenta. Por lo tanto, no sabemos cómo se va a elegir el representante de los usuarios y consumidores. Personalmente, no tengo una respuesta, pero reconozco que habrá que buscarla. De repente es bueno el procedimiento propuesto por el señor Senador Heber -supongo que lo planteó en serio, porque no me parece que en este lugar se pueda estar haciendo chistes- en cuanto a ir a las puertas de los supermercados, pero habría que ver cómo se lo reglamentaría. No lo veo factible y me parece poco prác-

tico y poco representativo, pero si el señor Senador Heber lo plantea, propone un reglamento y aporta algunas ideas al respecto, quizá pueda convencernos de que sea bueno. Le damos la iniciativa y le decimos que le tomamos la palabra.

Finalizo, diciendo que creo que es un proyecto bueno, que estamos cumpliendo con el mandato que comprometimos ante la ciudadanía y aclaro que no lo vamos a hacer nosotros, que no será tutelado por el poder político y que le estamos dando a la sociedad civil, a los sectores organizados, un escenario para que tengan, orgánicamente, un vínculo con el Poder Ejecutivo para plantear sus puntos de vista y, a su vez, escuchar las políticas que el Poder Ejecutivo les plantée.

17) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Cid solicita licencia los días 15, 17 y 18 de los corrientes."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 10 de agosto de 2005.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

PRESENTE

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente, quien suscribe solicita al señor Presidente se le conceda licencia por razones políticas al Cuerpo por el próximo lunes 15 de agosto del corriente.

En tal sentido, solicito se proceda a la convocatoria del suplente correspondiente.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar al señor Presidente con mi más alta estima y consideración.

Alberto Cid. Senador."

"Montevideo, 10 de agosto de 2005

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

PRESENTE

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente, quien suscribe solicita al señor Presidente se le conceda licencia por razones políticas al Cuerpo por el lapso comprendido entre los días miércoles 17 y jueves 18 de agosto del corriente.

En tal sentido, solicito se proceda a la convocatoria del suplente correspondiente.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar al señor Presidente con mi más alta estima y consideración.

Alberto Cid. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

18) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otros asuntos llegados fuera de hora.

(Se da de los siguientes:)

"Los señores Senadores Gustavo Lapaz, Luis Alberto Heber y Gustavo Penadés presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establece que el Poder Ejecutivo deberá abonar a las Intendencias Mu-nicipales una suma de dinero equivalente al importe de la Contribución Inmobiliaria Rural, que dejen de percibir por la aplicación de la exoneración dispuesta por el artículo 39 de la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987, y el artículo 90 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"PROYECTO DE LEY

CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL

Artículo 1º.- Establécese que el Poder Ejecutivo debe-rá abonar a las Intendencias Municipales una suma equiva-lente al importe de la contribución inmobiliaria rural, que las mismas dejaren de percibir, como consecuencia de la aplicación de la exoneración de la contribución inmobiliaria rural dispuesta por el numeral 1º del Artículo 63º del Texto Ordenado 1996 (Artículo 39º de la Ley Nº 15.939 de 28 de diciembre de 1987 y Artículo 90º de la Ley Nº 16.002 de 25 de noviembre de 1988). La reglamentación determinará la forma y oportunidades en que se realizará el referido pago.

Artículo 2º.- Las sumas que perciban las Intendencias Municipales como consecuencia de lo dispuesto en el artículo precedente, serán preceptivamente destinadas a obras de construcción o reparación de caminería rural, en forma íntegra. La reglamentación instrumentará medios de contralor que aseguren el cumplimiento efectivo del destino asignado a dicha contribución.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.

Montevideo, 10 de agosto de 2005

Gustavo J. Lapaz, Luis Alberto Heber, Gustavo Penadés. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Antecedentes. El Artículo 63º del Título 3 del Texto Ordenado 1996 (cuyas fuentes son los Artículos 39º de la Ley Nº 15.939 de 28 de diciembre de 1987 y 90º de la Ley Nº 16.002 de 25 de noviembre de 1988) exonera del tributo de contribución inmobiliaria rural a "Los bosques artificiales existentes o que se planten en el futuro, declarados protectores según Artículo 8º de la Ley Nº 15.939 de 28 de diciembre de 1987, o los de rendimiento en las zonas declaradas de prioridad forestal y los bosques naturales declarados protectores de acuerdo al mencionado artículo, así como los terrenos ocupados o afectados directamente a los mismos…".

2. Fundamentos. La referida normativa ha sido apro-bada por el Legislador, en el marco de la competencia que le atribuyó la Constitución de la República (Artículo 85, inciso 3º) en lo relativo a "expedir leyes relativas………al fomento de la ………agricultura, industria, comercio interior y exterior". Dicha exoneración fue sancionada en el marco de una política de promoción del desarrollo forestal, que -con el transcurso del tiempo- ha logrado excelentes resultados; pero cuyo costo ha debido ser soportado esencialmente por los Municipios, ya que como consecuencia de ella, éstos dejan de percibir sumas de considerable importancia.

Esta circunstancia debe analizarse además en el marco de la situación financiera general de los Municipios, que -como es notorio- se ha ido deteriorando progresivamente, no sólo como consecuencia de factores económicos (crisis del año 2002, etc.), sino también debido a la incidencia de decisiones políticas, como la reducción del impuesto a los semovientes, y otras de similar alcance.

Consideramos, por ende, de elemental justicia, que ese importe en el que resultan perjudicadas las Comunas, sea restituido a éstas, por el Poder Ejecutivo, como una forma de restablecer una ecuación equitativa, y de permitir con ello un relativo alivio en las finanzas municipales.

Por otra parte, y atento al propósito de no descuidar la infraestructura indispensable para el mantenimiento de la cadena productiva generada, se entiende adecuado establecer, como obligación correlativa para los Municipios, la de destinar el importe recibido a título de contribución, en forma obligatoria y exclusiva, a obras de caminería rural, que -obviamente- tienen incidencia preponderante en el desarrollo forestal.

Montevideo, 10 de agosto de 2005

Gustavo J. Lapaz, Luis Alberto Heber, Gustavo Penadés. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto de ley presentado.

(Se da del siguiente:)

"Las señoras Senadoras Margarita Percovich, Lucía Topolansky, Susana Dalmás y Mónica Xavier y los señores Senadores Rafael Michelini, Alberto Couriel, Jorge Saravia, Víctor Vaillant, Eduardo Lorier, Enrique Rubio, Eleuterio Fernández Huidobro, Eduardo Ríos, José Korzeniak, Alberto Breccia, Carlos Baráibar y Alberto Cid presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el cual se deroga el artículo 116 del Código Penal que extingue por el matrimonio la responsabilidad ante determinados delitos".

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

(Texto del proyecto presentado:)

"EXTINCION DE DETERMINADOS DELITOS POR EL MATRIMONIO ENTRE EL OFENSOR Y LA OFENDIDA

Derogación del artículo 116 del Código Penal

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Derógase el artículo 116 del Código Penal.

Margarita Percovich, Lucía Topolansky, Susana Dalmás, Mónica Xavier, Rafael Michelini, Alberto Couriel, Jorge Saravia, Víctor Vaillant, Eduardo Lorier, Enrique Rubio, Eleuterio Fernández Huidobro, Eduardo Ríos, José Korzeniak, Alberto Breccia, Carlos Baráibar, Alberto Cid. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En enero de 2002 el Comité de la Organización de las Naciones Unidas que monitorea la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) formuló duras críticas a nuestro país por diversas faltas de cumplimiento de la Convención.

Entre los señalamientos realizados por el Comité se encuentran varias disposiciones de orden legal que, seguramente por la antigüedad de nuestras normas, no se adecuan a las Convenciones suscritas por nuestro país.

En esa oportunidad, el Comité hizo específica mención del artículo 116 de nuestro Código Penal, que establece la extinción del delito de violación, atentado violento al pudor, estu-pro y rapto, por el casamiento del ofensor con la ofendida.

Paralelamente ante un pedido de la Senadora Xavier, la Facultad de Derecho informaba sobre un conjunto de normas discriminatorias existentes en nuestra normativa. En dicho informe también se señala la inconveniencia de dicho artículo, subrayando que: "…parece absurdo que pueda entenderse que se preserva el interés de la familia con la base de un matrimonio originado en la violación". Y culminaba señalando la conveniencia de: "… eliminar esta forma de extinción de la responsabilidad criminal".

Hace ya un año que el Senador Correa Freitas ha presentado un proyecto de ley donde se propone la modificación de diversas normas del Código Penal entre las que se incluye la derogación del mencionado artículo, sin que a la fecha haya logrado consideración por la Comisión correspondiente de esa Cámara.

El concepto que subyace en el mencionado artículo del Código Penal es el de la salvación de la honra familiar, propiciando la formación de una familia a la que el violador accederá buscando escapar a la pena por el delito cometido y condenando a la víctima a una convivencia matrimonial donde muy probablemente la violencia doméstica será la tónica de unas relaciones iniciadas de modo tan brutal.

Consideramos que no puede pasar un minuto más sin que la presente norma sea derogada, por lo que estamos proponiendo un proyecto de un solo artículo que deroga dicha disposición.

Gustavo J. Lapaz, Luis Alberto Heber, Margarita Percovich, Lucía Topolansky, Susana Dalmás, Mónica Xavier, Rafael Michelini, Alberto Couriel, Jorge Saravia, Víctor Vaillant, Eduardo Lorier, Enrique Rubio, Eleuterio Fernández Huidobro, Eduardo Ríos, José Korzeniak, Alberto Breccia, Carlos Baráibar, Alberto Cid. Senadores."

19) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA CONFERIR ASCENSOS AL GRADO DE CAPITAN DE NAVIO A VARIOS SEÑORES CAPITANES DE FRAGATA DE LA ARMADA NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con lo resuelto, se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: "Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando venia para conferir los ascensos al grado de Capitán de Navío de la Armada Nacional, con fecha 1º de febrero de 2005, a varios señores Capitanes de Fragata, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la República (Carp. Nº 216/05 - Rep. Nº 95/05)."

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.-Tiene la palabra el señor Senador Fernández Huidobro.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: la Comisión de Defensa Nacional del Senado decidió

por unanimidad -por eso este trámite debe pasar otra vez por el Plenario- enviar nuevamente a la órbita del Poder Eje-cutivo la Carpeta que contiene las solicitudes de venia para el ascenso al grado de Capitán de Navío de varios Oficiales de la Armada Nacional. Como todos recordarán, no hace mucho estuvimos votando aquí las venias de ascenso para los grados equivalentes de la Fuerza Aérea y el Ejército.

El motivo de esta decisión que ha tomado la Comisión de Defensa Nacional es que tenemos dudas con relación a algunos de los Oficiales allí incluidos y sobre la información que obra en nuestro poder; por eso, queremos pedir una ampliación de la misma.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor Senador Fernández Huidobro en el sentido de devolver los antecedentes al Poder Ejecutivo.

(Se vota:)

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

20) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Faltan tres minutos para la hora de finalización de la sesión.

SEÑOR PENADES.- Mociono para que se levante la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 19 y 57 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Abreu, Aguirrezabala, Alfie, Antía, Baráibar, Breccia, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Fernández Huidobro, Gallinal, Heber, Korzeniak, Lapaz, Larrañaga, Lorier, Moreira, Penadés, Percovich, Ríos, Rubio, Sanguinetti, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini - Sr. Santiago González Barboni Secretarios

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.