Retorno a página principal

Nº 37 - TOMO 426 - 9 DE AGOSTO DE 2005

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

36ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR SENADOR ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO Presidente en ejercicio

Y EL SEÑOR SENADOR LUIS ALBERTO HEBER Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI Y SANTIAGO GONZALEZ BARBONI Y LOS PROSECRETARIOS DOCTOR ERNESTO LORENZO Y ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Inasistencias

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y sus Comisiones.

5) Solicitudes de licencia

- Las formulan el señor Presidente del Cuerpo, señor Nin Novoa, y el señor Senador Lara Gilene.

- Concedidas.

6) Carencias en la 5ª Sección Judicial del departamento de Cerro Largo

- Manifestaciones del señor Senador Penadés.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al CODICEN, a la Inspección Departamental de Cerro Largo, a los Consejos Desconcentrados, a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental del mismo departamento y al Directorio de ANTEL.

7) Informe sobre la explotación de la infancia

- Manifestaciones de la señora Senadora Percovich.

- Por moción de la propia señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Economía y Finanzas y de Relaciones Exteriores, al MIDES, al INAU y al Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil.

8) Indices de emigración de uruguayos

- Manifestaciones del señor Senador Lorier.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Dirección de Servicios Consulares y, por su intermedio, a las organizaciones de emigrados existentes.

9) Acuerdos realizados en el Club Naval

- Manifestaciones del señor Senador Baráibar.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales.

10) Regulación del funcionamiento de los hogares de ancianos

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la Dirección Nacional del Trabajo, al Banco de Previsión Social, a la Federación Uruguaya de la Salud, al Ministerio de Salud Pública, a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales de todo el país y a la Asociación Nacional de Hogares de Ancianos.

11) Informe del Instituto Nacional de Estadística

- Manifestaciones del señor Senador Lara Gilene.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a los Ministerios de Educación y Cultura, de Desarrollo Social y de Salud Pública.

12) Subsidio forestal

- Proyecto de ley por el que se elimina el creado por el artículo 45 de la Ley Nº 16.002.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

13) Operación ACRUX II

- Proyecto de ley por el que se autoriza la concurrencia a dicha Operación de un contingente del personal del Cuerpo de Fusileros Navales, un guardacosta, un buque logístico, una aeronave de ala fija y otra de ala rotatoria de la Armada Nacional, con sus respectivas tripulaciones.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

14) Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15) Importación de determinados bienes muebles usados

- Proyecto de ley por el que se la prohíbe.

- Por moción del señor Senador Couriel, el Senado resuelve postergar la consideración de este tema e incluirlo como primer punto del Orden del Día de la sesión prevista para el día miércoles 10 de los corrientes.

16 y 18) Consejo de Economía Nacional

- Proyecto de ley por el que se le crea en aplicación del artículo 206 de la Constitución de la República y se determina su integración y cometidos.

- En consideración.

17) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

- Por moción del señor Senador Korzeniak, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de la presente sesión hasta que culmine su exposición la señora Senadora Percovich y continuar con la consideración del tema en debate en el día de mañana.

19) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 5 de agosto de 2005.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 9 de agosto, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

 ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) Por el que se elimina el subsidio forestal creado por el artículo 45 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988.

Carp. Nº 244/05 - Rep. N° 87/05

2º) por el que se autoriza la concurrencia de un contingente de 50 (cincuenta) efectivos del Cuerpo de Fusileros Navales, un guardacosta, un buque logístico, una aeronave de ala fija y una aeronave de ala rotatoria de la Armada Nacional con sus correspondientes tripulaciones, a la Operación ACRUX II que se llevará a cabo en la República Argentina (Zárate) entre los días 21 de agosto y 2 de setiembre de 2005.

Carp. Nº 234/05 - Rep. Nº 89/05

3º) por el que se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Carp. Nº 155/05 - Rep. N°93/05

4º) por el que se prohíbe la importación de determinados bienes muebles usados.

Carp. Nº 189/05 - Rep. Nº 86/05

5º) por el que se crea el Consejo de Economía Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 de la Constitución de la República.

Carp. Nº 88/05 - Rep. Nº 90/05

6º) Discusión particular del proyecto de resolución por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente al Ejercicio 2004, de la Cámara de Senadores.

Carp. Nº 221/05 - Rep. Nº 94/05

7º) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a:

- una funcionaria del Ministerio de Salud Pública.

Carp. Nº 212/05 - Rep. Nº 91/05

- un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Carp. Nº 230/05 - Rep. Nº 92/05

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Aguirrezabala, Alfie, Antía, Baráibar, Breccia, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallinal, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Nicolini, Penadés, Percovich, Ríos, Rubio, Sanguinetti, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Amaro, y el señor Presidente del Senado.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 04 minutos.)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"El Ministerio de Relaciones Exteriores remite las respuestas a los siguientes pedidos de informes:

- del señor Senador Luis Alberto Heber, relacionado con acuerdos  y convenios suscritos con los países árabes.

- del señor Senador Isaac Alfie, referido a la participación de nuestro país en la sociedad venezolana TELESUR.

- OPORTUNAMENTE LES FUERON ENTREGADAS A LOS SEÑORES SENADORES HEBER  Y  ALFIE.

 La Cámara de Representantes remite nota comunicando que aprobó el proyecto de ley por el que se reconoce, define, regula, promueve y facilita la participación solidaria de los particulares en actuaciones de voluntariado social en instituciones públicas, directamente o a través de organizaciones privadas sin fines de lucro.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVESE.

 La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informado el proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La Comisión de Presupuesto eleva a consideración del Cuerpo el proyecto de Resolución por el que aprueba la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al Ejercicio 2004.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informada la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y una funcionaria del Ministerio de Salud Pública.

- HAN SIDO REPARTIDOS. ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Comisión de Defensa Nacional eleva la solicitud de venia para conferir los ascensos al grado de Capitán de Navío de la Armada Nacional a efectos de que sea remitida al Poder Ejecutivo para ampliación de antecedentes.

- REPARTASE. INCLUYASE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE MAÑANA.

La Intendencia Municipal de Río Negro acusa recibo de la versión taquigráfica de las palabras del Señor Senador Gustavo Lapaz relacionadas con el aniversario de la Revolución Francesa.

Las Juntas Departamentales de Soriano y Cerro Largo comunican su adhesión a la inquietud manifestada por el Congreso Nacional de Ediles en relación con la urgente actualización de la Ley Orgánica Municipal Nº 9.515, de 18 de octubre de 1935.

La Junta Departamental de Flores remite copia de lo expresado por el Edil Ramiro Tourreilles  manifestando su inquietud para que se redacte un proyecto de Decreto reglamentario del Código de Minería.

- TENGANSE PRESENTES.

 La Junta Departamental de Canelones remite copia de la versión taquigráfica de las palabras del Edil Washington Machín, referidas al mal estado de las Rutas Nos. 12  y  81 en los tramos comprendidos entre San Ramón y Tala  y  Migues-Ruta 5, respectivamente.

- A LA COMISION DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS."

4) INASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias, en caso de que estas existieran.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- En la sesión extraordinaria del 4 de agosto, faltó con aviso el señor Senador Aguirrezabala.

En lo que refiere a las inasistencias de los señores Senadores a las respectivas Comisiones, cabe informar que a la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 4 de agosto, faltaron con aviso los señores Senadores Gallinal y Saravia; a la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del mismo día, faltaron con aviso los señores Senadores Antognazza, Long y Sanguinetti; y a la sesión de la Comisión de Hacienda del mismo día, faltó con aviso el señor Senador Baráibar.

5) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Presidente del Senado solicita licencia por el día de la fecha."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 9 de agosto de 2005.

Señor

Presidente del Senado

Presente

De mi consideración:

Por la presente solicito licencia por el día de hoy por motivos particulares.

Sin otro particular, lo saluda atentamente.

Rodolfo Nin Novoa."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde convocar al señor Alberto Breccia, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que, si se encontrara en Antesala, se le invita pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Breccia)

- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Lara Gilene solicita licencia desde el 15 al 18 de los corrientes."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 8 de agosto de 2005.

Sr. Secretario de Secretaría de Senado

Don Hugo Rodríguez Filippini.

Presente

Por intermedio de la presente, me dirijo a usted a los efectos de solicitar licencia entre los días lunes 15 de agosto de 2005 al jueves 18 del mismo mes inclusive, ya que en estos días voy a concurrir a un seminario de ASAPRA, que actualmente organizan la Unión Nacional de Corredores de Aduana de Panamá (UNCAP) y la Asociación de Agentes Profesionales de Aduana de las Américas, donde depondré acerca del agente aduanal como aspecto del Comercio Internacional.

Solicito tenga a bien acoger mi solicitud.

Sin más, saluda a Ud. muy atentamente

Julio C. Lara Gilene. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

6) CARENCIAS EN LA 5ª SECCION JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: en el día de hoy queremos hacer referencia a un cúmulo de situaciones que afectan a nuestros compatriotas que residen en la 5ª Sección del departamento de Cerro Largo.

Estamos hablando de una extensa zona del este de nuestro país en la que, lamentablemente, sus habitantes carecen, en muchos casos, de los mínimos elementos para el desarrollo de una vida digna. Hay carencias, por ejemplo, en materia educativa, y estas son notorias en el Jardín de Infantes Nº 143 de Villa Noblía donde, hacinados en dos aulas, reciben educación más de cien niños. Repito que allí hay dos salones y dos baños para cien niños. Por su parte, el liceo rural de Noblía está necesitando cuatro salones de clase más para alojar a los jóvenes que con gran esfuerzo de sus familias se trasladan hasta allí. A esto se debe agregar el hecho de que durante largas semanas no se dispone del ómnibus que traslada a los chicos y chicas a dicho centro de estudios.

En materia de salud, podemos afirmar que en la 5ª Sección del departamento de Cerro Largo existe sólo una ambulancia para trasladar a la capital departamental a aquellos vecinos que lo requieren, apelándose en muchos casos a la voluntad de los más pudientes, quienes ponen a su disposición sus vehículos.

Asimismo, la policlínica de Noblía no cuenta con médico residente y se torna verdaderamente dificultoso, tanto para los lugareños como para los vecinos de la 5ª Sección, poder acceder a las especialidades médicas.

Salud y educación son, tal vez, los mayores problemas de todos los uruguayos, pero en la 5ª Sección del departamento de Cerro Largo este problema se acrecienta aun mucho más por la inferioridad de condiciones en las que vive la gente allí. El mismo Estado, que en cualquier lugar de Montevideo o en muchos departamentos brinda una multiplicidad de servicios educativos y médicos -como son las bibliotecas, el acceso a Internet, especialidades médicas, asistencia odontológica, etcétera-, mantiene una presencia mínima y casi testimonial en esta zona del departamento de Cerro Largo.

Sabemos -como lo ha dicho algún jerarca de la Administración- que existen muchos Noblía en todo el interior del país. Pero es necesario que empecemos ya a solucionar los problemas de algunos de ellos.

¿Qué horizonte tienen, señor Presidente, los niños y los jóvenes que, si han visto una computadora en esta zona del país, ha sido por televisión? ¿Qué harán esos jóvenes que a temprana edad son víctimas de enfermedades de transmisión sexual o cargan con la responsabilidad de ser padres por ignorancia? ¿No podrán evaluar las autoridades de la ANEP la posibilidad de instalar, por ejemplo, una escuela agraria en la Escuela Nº 128 de Punta de Minas, que hoy permanece cerrada? Cuando hoy uno de los desafíos es reducir la brecha digital, ¿no podrá instalarse en el liceo un punto de formación en informática, con actividad gratuita en Internet?

Señor Presidente: tenemos perfecta conciencia de que los problemas y situaciones que venimos a plantear no son únicos ni fáciles de solucionar, pero somos conscientes también de que nuestra obligación es ponerlos de manifiesto y presionar a quines sí tienen la responsabilidad de solucionarlos. Por lo tanto, solicitamos que estas palabras sean remitidas al Ministerio de Salud Pública, al Consejo Directivo Central (CODICEN), Inspecciones Departamentales del departamento de Cerro Largo, Consejos Desconcentrados, Intendencia Municipal y Junta Departamental de Cerro Largo y también a ANTEL, puesto que creemos que fácilmente podría donar una computadora y determinar un acceso a Internet gratuito para que los muchachos que concurren al liceo del lugar puedan acceder, justamente, a Internet y, en consecuencia, al resto del mundo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

7) INFORME SOBRE LA EXPLOTACION DE LA INFANCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: en estos meses, en el Parlamento Europeo se estudia la aprobación sobre un informe sobre la explotación de la infancia, fundamentalmente centrado en el trabajo infantil.

El informe parlamentario solicita a la Comisión Europea la puesta en marcha de un etiquetado "libre de trabajo infantil", que sería obligatorio para todos aquellos bienes o productos importados por la Unión Europea, con el fin de ser consecuentes entre las políticas comerciales del Organismo y la obligación de proteger y promover los derechos de los niños.

Este informe y este Comité también solicitan a la Organización Mundial del Comercio que introduzca este tipo de etiquetado, pues quieren que juegue un papel a la hora de asegurar la prohibición del trabajo infantil en el comercio. Los miembros del Comité que han participado en la elaboración del informe recuerdan que la implementación de los estándares laborales es parte de todos los acuerdos de comercio bilateral y asociaciones estratégicas, que incluyen la incorporación de una cláusula de prohibición de trabajo infantil y, en especial, referencias al respeto de la edad mínima para trabajar.

Por último, el informe hace un llamamiento a la responsabilidad corporativa con respecto al uso del trabajo infantil y recomienda el establecimiento de un mecanismo europeo para identificar y perseguir a los importadores europeos que fomentan la violación de las normas de la Organización Internacional del Trabajo.

El uso del trabajo infantil en cualquier parte de la cadena de producción debería ser bastante para constituir una violación.

Este informe también sugiere ofrecer incentivos a los importadores, con el fin de que jueguen un papel activo contra el trabajo infantil. Además, las empresas transnacionales son requeridas a fin de que adapten sus prácticas empresariales -como corresponde-, así como también los gobiernos de las empresas matrices, a fin de que controlen e informen sobre la contribución de estas compañías a la abolición del trabajo infantil y la implementación de los estándares de la Organización Internacional del Trabajo.

Nos parece que esta es una iniciativa más que interesante y coherente. Muchas de las estrategias de competitividad y expansión de las grandes empresas multinacionales pasan no sólo por la disminución salarial de los trabajadores adultos, ya que la mano de obra barata y no organizada de los menores, forma parte de las tercerizaciones y descentralizaciones de las plantas en el tercer mundo. Es por ello que esta propuesta de etiquetado "libre de trabajo infantil" me parece una excelente iniciativa.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Economía y Finanzas y de Relaciones Exteriores -y por intermedio de éste, a nuestra delegación ante la Organización Mundial del Comercio-, así como también al MIDES, al INAU y al Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora Senadora Percovich.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

8) INDICES DE EMIGRACION DE URUGUAYOS

SEÑOR PRESIDENTE.- En la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Lorier.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: en los últimos 40 años se fueron del Uruguay casi 500.000 ciudadanos. Los datos, provenientes del Instituto Nacional de Estadística, revelan que desde l963 hasta el 2004 abandonaron el país 498.600 compatriotas y, particularmente entre l996 y 2004, emigraron 122.000 uruguayos. Esta cifra casi duplica la del período censal anterior, comprendido entre los años l985 y l996. Dicha diáspora, de acuerdo con el recién creado Departamento 20 de la Cancillería, se divide entre 13 países, aunque se concentra mayoritariamente en España, Argentina y Estados Unidos.

Digamos, siguiendo a la demógrafa Adela Pelegrino, que Uruguay presenta uno de los índices de emigración más elevados de América Latina. En efecto, el 14% de la población nacida en Uruguay está viviendo fuera del país, lo que nos ubica como una de las naciones con mayor porcentaje de emigrantes. Sin embargo, lo más preocupante no es lo anterior; lo más grave es que los emigrantes recientes son, en su mayoría, jóvenes con un alto nivel educativo, superior al del promedio de quienes residen aquí.

La selectividad por educación nos hace entrar de lleno en el problema conocido como fuga o drenaje de cerebros. En este tema, compartimos plenamente, de acuerdo a estimaciones de OCDE, de 2002, que la emigración de personal calificado constituye una pérdida enorme para los países subdesarrollados y que el drenaje de cerebros no solamente existe, sino que ha aumentado en los últimos años en el mundo.

Pero estos procesos no son una casualidad: los países desarrollados implementan políticas selectivas de emigración, con miras a captar a los individuos más capacitados de países empobrecidos, y no pobres que, por su parte, hacen grandes esfuerzos por formarlos.

Si miramos el proceso desde el Norte, observamos que se producen enormes presiones de la industria de alta tecnología de Estados Unidos para que el Congreso incremente la concesión de visas tipo H-1B para extranjeros. Son visas válidas por seis años y destinadas a trabajadores especializados: analistas de sistemas, ingenieros de computación y programación, etcétera.

La idea manejada en 1998 era elevar el número de visas de 65.000 -techo fijado por la Ley de Migración de 1990- a 115.000 por año fiscal. Tal incremento se produjo, pero no alcanzó. En mayo de 2000 se propuso un nuevo incremento para pasar a 200.000 permisos anuales a partir de 2001. En el caso de Alemania, los planes para el 2000 eran abrir sus puertas a 20.000 expertos en informática, con permisos de residencia por un período máximo de cinco años. Estas políticas de atracción de nuestros expertos van a seguir incrementándose. Estados Unidos tenía un déficit de 300.000 vacantes en puestos calificados y Alemania uno de 75.000 especialistas.

Como se observa, los países centrales desarrollan políticas que favorecen explícitamente la inmigración de profesionales contra otras categorías de inmigrantes, y lo hacen eliminando totalmente o disminuyendo las barreras para el ingreso de personal especializado extranjero. Así, del conjunto de los extranjeros residentes en Estados Unidos, un 22% son profesionales y gerentes y, aproximadamente el 20% tiene doce años de estudio o más, lo que revela claramente las enormes dimensiones de la llamada "selectividad migratoria" hacia ese país.

Si visualizamos el proceso desde el Sur, veremos que la fuga de cerebros desde los países latinoamericanos hacia Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, se aproximaba a 1:200.000 profesionales a comienzos de 2000. Haciendo una estimación económica, a un costo de U$S 25.000 por la preparación de cada profesional, llegamos a la fabulosa suma de U$S 30.000:000.000, lo que "es ocho veces la inversión regional en ciencia y tecnología que hace el BID", como asevera el científico Fernando Lema. Y conste que no están incluidos como destino los restantes países europeos.

El Informe Mundial sobre la Ciencia de 1998 de la UNESCO, calcula que el 30% de los científicos africanos y el 60% de los de algunos países de América Latina, trabajan fuera de la región.

Nos parece necesario acercarnos al grado de fuga de cerebros que sufre nuestro país, tanto hacia los países centrales como a nivel regional, y también al valor económico aproximado de dicha fuga. Para comenzar, los uruguayos que emigran hacia Estados Unidos tienen un mayor nivel educativo que la población uruguaya en general, algo que también es válido para los otros países latinoamericanos. Datos del Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE, oficina especializada de la CEPAL, revelan que el 60% de los orientales censados en Estados Unidos tenían doce años de estudios o más, contra sólo 9,1 años de educación que presenta el grupo de edad con mayor nivel de educación viviendo en nuestro país, o sea, el de 20 a 25 años.

En la categoría de profesionales y técnicos -es decir, los habitantes que se consideran más capacitados-, tenemos que en la década de los ochenta el 10% de ellos residía en los demás países del continente americano, según estimaciones de Adela Pellegrino. Por su parte, César Aguiar estimó que había emigrado el 14% de nuestros profesionales, sobre la base de una encuesta realizada por la ex Dirección General de Estadística y Censos, en 1982. En el caso de los emigrantes uruguayos en Estados Unidos, en 1990 ascendían a 18.211, de los cuales 14.787, es decir, el 81,2%, tenían más de diez años de estudio. Del total, 3.842 eran profesionales y técnicos, o sea, el 21.1%. Además, Uruguay sufre una importante emigración de profesionales y técnicos hacia otros países de la región, donde residen 17.413 compatriotas con ese nivel educativo.

En conclusión, Uruguay tenía desparramados por el mundo unos 31.882 profesionales y técnicos, mientras que aquí existen 35.000 profesionales universitarios que aportan para el Fondo de Solidaridad. Para evaluar aproximadamente el nivel económico de dicha exportación de capital humano, podemos movernos entre dos valores extremos. Según el científico Fernando Lema, puede calcularse en U$S 25.000 el costo mínimo de formación de cada profesional. A su vez, para Rodolfo Lémez, sociólogo y ex director general del Ministerio de Educación y Cultura, el costo por egresado, utilizando un indicador llamado "proxy", era de U$S 42.519 en 1996. De esta manera, llegamos a que el país ha exportado entre U$S 797:000.000 y U$S 1.355:000.000 en el mal llamado "capital humano", sin que nadie nos haya pagado nada por ello. Por el contrario, debemos pagarle, por ejemplo, derechos sobre la propiedad intelectual, mientras se nos acusa de piratería intelectual, justamente a nosotros que somos sus acreedores por la utilización de miles de nuestros científicos y técnicos sin que nos abonen un solo vintén.

Por último, queremos decir que nos parece central la creación, en la Cancillería, de la Dirección de Servicios Consulares y de Vinculación con los Uruguayos en el Exterior, conocida como "Departamento 20". Es la primera vez que se institucionaliza dentro del Estado un ámbito para tratar el tema de la emigración y, sobre todo, para establecer nuevos lazos con los residentes en el exterior, la llamada "patria peregrina". A tales efectos, y según palabras de su Director, Alvaro Portillo, en este nuevo vínculo que se va a construir se trata de abordar aspectos económicos, políticos y culturales en el ámbito de la reafirmación de la identidad, la articulación de la presencia de Uruguay en el mundo desde el punto de vista comercial y la resolución de problemas cotidianos de la colectividad que puedan ser minimizados por el Estado. Para ello, las apoyaturas estarán en el servicio exterior, en un registro de emigrados y en consejos consultivos a crear en los lugares de residencia.

Con el deseo de que se logren los objetivos, vitales para el Uruguay productivo, planteados a altos niveles de calidad y con justicia social que tenemos en el horizonte, solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a la novel Dirección y, por su intermedio, a las organizaciones de emigrados existentes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) ACUERDOS REALIZADOS EN EL CLUB NAVAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: confieso que voy a hacer uso de la palabra en circunstancias muy especiales, porque en el día de hoy enterré a mi hermano.

Quiero referirme a un hecho que no podemos silenciar y que debe formar parte de nuestra vida ciudadana más destacada, con el respeto y la enorme consideración que debemos tener por todos los actores que en aquel momento tuvieron un papel protagónico y percepciones distintas sobre este episodio. Cabe recordar que en la última sesión no pudimos hacer uso de la palabra sobre este tema porque, en virtud de que debíamos participar de una importante actividad, solicitamos acortar la sesión, lo cual fue acordado por todos los partidos políticos. Voy a referirme, pues, a los acuerdos del Club Naval tema que, a mi juicio, deberíamos desclandestinizar y ubicar en el punto justo. Como ahora estamos haciendo una revisión de muchos aspectos de la vida de aquellas épocas, debemos hacerlo formar parte de nuestra historia, a fin de que para nuestros hijos y las futuras generaciones constituya una referencia de un hito importante en la vida nacional.

En aquella época trabajaba con el General Seregni, y me ubico entre quienes creímos que los acuerdos del Club Naval recogían el acuerdo posible; creo que no se podía aceptar menos, pero tampoco era factible obtener más. Considero que primó una enorme sabiduría al entender que ese era el máximo acuerdo posible. Quienes fuimos actores de esa circunstancia -de reparto, pero actores al fin- sabemos que en aquel entonces había opiniones, absolutamente respetables, que sostenían que debía apostarse a una salida distinta a la que se negoció en el Club Naval que, como todos sabemos, fundamentalmente apuntó a eso, a la negociación. Muchas veces nos ha tocado comentar estos hechos, tanto a nivel nacional como internacional; creo que debemos clarificar los blancos y negros que puede tener la realidad y ubicarla en el término de los grises porque, naturalmente, no era una solución ideal ni tampoco absolutamente rechazable.

Pero recordemos las experiencias de otros países, cercanos todos ellos -cada uno con una modalidad que respondió a realidades también distintas-, que ambientaron las características que tuvo la salida uruguaya. Me refiero, concretamente, a un capítulo de la salida, ya que la misma tuvo muchos: sin duda, el 27 de noviembre de 1983 fue uno de ellos y el plebiscito de 1980, de la reforma constitucional, fue otro capítulo en el que el pueblo uruguayo, en momentos en que estaba absolutamente prohibido manifestarse, en silencio fue y votó que no quería esa Constitución. Ante este episodio, los militares, en un hecho que hasta ahora he indagado pero en relación con el cual no he encontrado segundas versiones, aceptaron el veredicto de las urnas y, a partir de ese año 1980, comenzaron su retiro. Esto tuvo un capítulo importante en el año 1982, con las elecciones de todos los Partidos, en las que nuestra fuerza política, el Frente Amplio -fuerza que estuvo proscripta, así como miles y miles de ciudadanos y muchos exiliados- colaboró de dos formas -las dos importantes, mirándolas en perspectiva-: con el voto en blanco, que impulsó el General Seregni y en el que trabajé activamente, junto con muchos compañeros, en aquella famosa Comisión del Voto en Blanco, y también con el voto de los ciudadanos que entendieron que había que apostar a una solución que ayudase a las mejores opciones que se podían presentar -que, básicamente, pertenecían al Partido Nacional, al Partido Colorado y a la Unión Cívica-, haciendo que en los dos Partidos históricos triunfaran las opciones democráticas que apostaban a un pronto restablecimiento pleno de las garantías constitucionales.

Anteriormente dije que nuestra salida fue distinta a la de Chile y a la de Argentina, para citar las más cercanas. En Argentina, los militares habían sido derrotados militar y políticamente en 1982, en la Guerra de las Malvinas y se fueron de esa manera, derrotados. En Chile, el 11 de setiembre de 1973 hubo un enfrentamiento de militares, pero también de civiles, que hizo que el movimiento revolucionario de Pinochet -verdadero movimiento contra la revolución popular de Allende, con la que nos sentíamos plenamente identificados y solidarios- tuviese respaldo popular, respaldo de masas, que lo mantuvo durante muchos años y que generó una salida híbrida que se prolongó, haciendo que la reforma constitucional de 1980 fuera mayoritaria. En 1989, con Patricio Aylwin, vuelve el gobierno democrático, pero recién ahora se deroga aquella Constitución que tenía muchos contenidos claramente no democráticos.

La salida del Uruguay fue distinta y no tuvo ese grado de violencia. Quienes estuvimos en Chile pocos días después del 11 de setiembre, vimos el Palacio de la Moneda bombardeado y humeante. Comprobamos físicamente lo que fue la barbarie de ese bombardeo al Palacio de Gobierno, y supimos de los miles y miles de ciudadanos de todos los países asesinados en lo que fue una represión a mansalva que se dio en esa confrontación de vida o muerte.

Como ya dije, los hechos en Uruguay habían sido distintos, así como también fueron distintos el tránsito y la salida. No es de menor importancia que el Presidente que había sido electo constitucionalmente fuera la cabeza del movimiento cívico - militar que estuvo al frente del régimen de facto. También tuvimos una salida a la uruguaya, negociada con unas Fuerzas Armadas que estaban dispuestas a irse, pero si ello se realizaba en determinadas condiciones y características. Ese elemento fue distintivo y llevó a que la solución negociada fuera la posible -ni la mejor ni la peor-, sabiendo que había ciudadanos de jerarquía, de relevancia, definidores de la vida política nacional, que estaban proscriptos y que no pudieron estar en las elecciones de 1984. Me refiero, por ejemplo, a Wilson Ferreira Aldunate, líder histórico del Partido Nacional, y al General Seregni, líder histórico del Frente Amplio. Esas elecciones se dieron en términos razonablemente democráticos, aunque con proscripciones. Pese a que sabíamos que había ciudadanos y partidos políticos proscriptos, apoyamos el proceso democrático que se daba, con aquella fórmula del doctor

Juan José Crottogini y de José D´Elía, que permitió que el doctor Sanguinetti ganara las elecciones y que, a partir del 1º de marzo, comenzara un proceso de restablecimiento pleno de la democracia, con la salida de los presos políticos por la Ley de Amnistía -que culminó a mediados de marzo del 85- , que fue negociada en la Concertación Nacional Programática (CONAPRO), instalada luego del Club Naval.

Vemos que así, con luces y sombras, se produjo esa salida de la que hablaba. Respecto de esto, sabemos que el Partido Nacional no tiene mucho para festejar, porque así lo sienten, cosa que respetamos profundamente. Sabemos también que en nuestra fuerza política mucha gente se opuso a la solución que se alcanzó en el Acuerdo del Club Naval. Sin embargo, para la mejor historia, la que debemos dejar a las futuras generaciones, este episodio debe ser analizado. Tal vez el devenir de la historia lo irá determinando de una manera distinta, pero en los aspectos esenciales, esa salida a la uruguaya, es lo que debemos recordar.

Este era el tema al que quería hacer referencia en la sesión de la semana pasada.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe al Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales, a la espera de recibir algún comentario sobre lo que he expresado, ya que me gustaría intercambiar opiniones con ellos, pues en aquellas circunstancias fui un actor -de reparto, pero actor al fin- que conoció la historia muy de cerca, por lo que estoy en condiciones de aportar puntos de vista que considero valederos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) REGULACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS HOGARES DE ANCIANOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: por estos días se procesan encuentros tripartitos entre estamentos de trabajadores, empresarios y representantes gubernamentales para negociar, dentro de términos de justicia y realismo, las relaciones laborales a nivel de los hogares de ancianos. En la lógica de contemplar cada cual para sí sus mejores expectativas, al momento no se han producido compatibilizaciones en los sectores más directamente involucrados en el asunto: por un lado, las Comisiones Administrativas de los Hogares y, por el otro, quienes prestan servicios sanitarios pertenecientes a la Federación Uruguaya de la Salud (FUS).

El estado de la situación es el siguiente. Los Hogares de ancianos, asociaciones civiles sin fines de lucro, están incluidos en el Grupo 15, que corresponde a "Servicios de Salud y Anexos", según el Decreto Nº 138/05, de fecha 19 de abril, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y ello genera implicancias que afectan al personal que allí trabaja en específicas tareas laborales y de funcionamiento.

La FUS, si se contemplasen los deseos de los Hogares, vería reducidos los jornales de los afiliados que se desempeñan en estos establecimientos para adultos mayores y, por ende, defiende el "statu quo" laboral, sin que ello suponga una descalificación de la actitud de los hogares de ancianos, lo que es comprensible dadas las circunstancias.

El hecho genera una oposición no querida, pero al fin y al cabo real, entre legítimos intereses que coliden.

Los Hogares de ancianos están diseminados por todo el país y algunos han alcanzado un fuste muy significativo por su evolución edilicia, en servicios fundamentalmente de alojamiento integral y asistencia médica, o por el número elevado de huéspedes, etcétera, administrándose con aportes oficiales, de los propios residentes y de la tradicional filantropía asistencial y generosa de las respectivas comunidades de enclave, siempre dadivosas a la voz de los reclamos.

Detrás de cada una de estas venerables instituciones de bonhomía, se guardan los bienes de tradicionales actos de amor fundacional, encarados por personas y grupos que captaron, por la nobleza de sus objetivos, a todo el resto de las vecindades, fuesen éstas de alta, media o baja densidad demográfica, las que ofrecieron su coparticipación en el origen y en un posterior y muy tenaz desarrollo, lastimado actualmente por las dificultades de nuestros días.

La situación vigente de los adultos mayores no ha obtenido todavía la respuesta justiciera de nuestra sociedad y, en ese sentido, los hogares han cubierto -dentro de sus posibilidades- soluciones emergentes a muchas historias cargadas de tristezas humanas, lesionantes del cuerpo y del espíritu de tantos componentes de una franja etaria que en los cercanos últimos tiempos -por el cambio social, por diferentes axiologías en la valorización de las edades y por variables en los usos y costumbres, en la desintegración de la familia nuclear, etcétera- ha visto con dramatismo y dolor la caducidad de sus existencias particulares.

No se considere este alegato como una toma de partida a favor de los hogares frente a los funcionarios, pues en el caso no existe la fractura de una rivalidad que nadie imagina, sino la accidental concurrencia de una colisión de propuestas entre quienes, en definitiva, son -por vivencias muy cercanas en el mundo de los afectos y de las responsabilidades contractuales, o de la donación de sus benéficas horas- gente que se ha encontrado en torno a una meta común y plena de misericordia solidaria hacia el cariño más noble por los viejitos.

El área de Prestaciones Sociales del Banco de Previsión Social no está asesorando a los hogares de ancianos, como lo cita el convenio de 1986 de la Ley Nº 15.800 del BPS.

¿Cuál será la política para los hogares de ancianos y cuál su futuro, viendo la realidad del por ahora infatigable voluntariado de nuestro país, que está realizando todo para que estas instituciones continúen trabajando y dando bienestar a nuestros adultos mayores?

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras pasen al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Nacional de Trabajo -DINATRA-, Banco de Previsión Social, Federación Uruguaya de la Salud, Ministerio de Salud Pública, Intendencias y Juntas Departamentales de todo el país, y a la Asociación Nacional de Hogares de Ancianos.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Lapaz.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) INFORME DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Lara Gilene.

SEÑOR LARA GILENE.- Señor Presidente: en el día de hoy nos vamos a referir a un artículo que salió publicado en el diario "El Observador", que dice que los uruguayos seguirán siendo pocos, urbanos, y que habrá cada vez más viejos. En dicho artículo se hace una referencia a un análisis del Instituto Nacional de Estadística sobre la realidad de nuestro país, afirmándose, entre otras cosas, que en el año 2025 nuestro país tendrá aproximadamente 3:500.000 habitantes.

Como ya hemos hecho referencia a este tema en forma superficial, hoy queremos aportar algunos números más. Del último censo de 1996 a la fecha, nuestro país ha aumentado su población en 79.000 habitantes; sin embargo, lo que, .obviamente, no se dice en este tipo de trabajo, es que se han ido 128.000 personas, a lo que agrego que el promedio de edad que se registra es de entre 20 y 39 años.

Hemos tomado nota de cinco temas fundamentales que queremos tratar: la proyección demográfica y la baja tasa de natalidad, el crecimiento demográfico desparejo -de cuyo estudio surge que las capas más marginales tienen un promedio de natalidad mucho más alto que el de las más pudientes-, la expectativa de vida alta, la emigración de los más jóvenes, en general, y de los más capacitados, en particular, y, por último, la casi nula entrada de inmigrantes.

En cuanto al primer tema, podemos decir que Uruguay tiene la más baja tasa de natalidad de América Latina, donde en los últimos 45 años la población ha aumentado de 2:600.000 personas a 3:200.000, manteniéndose la misma tasa. En nuestro país nacían por año 56.000 niños, aproximadamente, mientras que ahora esa cifra ha bajado a 50.000.

Por otra parte, se dice que hay un crecimiento demográfico desparejo y, en ese sentido, los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística indican que el promedio de nacimientos en familias de clase media hacia arriba es de 1.8%, de modo que no se llega a 2 hijos por mujer. No obstante, en familias y, sobre todo, en mujeres que viven situaciones de mayor carencia, la cifra es de 5.9% o, para redondear, de 6 hijos. Este hecho marca claramente que el crecer poco y desparejo tiene consecuencias de diversa naturaleza, tanto sociales como económicas. Tendemos a ser un país cada vez más despoblado y fragmentado socialmente, lo que no hace más que profundizar la crisis de identidad nacional.

En tercer lugar, existe una expectativa de vida más alta. Actualmente, la expectativa de vida en el mundo está en un promedio de 66 años y en el 2025 se ubicará aproximadamente en 77. Esta tasa en nuestro país es hoy muy alta, ya que estamos hablando de 78 años para la mujer y 70 para el hombre, de lo que surge un promedio de 74 años, como el que tiene Europa.

Queremos destacar, asimismo, que entre 1996 y el 2004, emigraron 122.000 personas, 69.540 varones -el 57%- y 52.460 mujeres. Este volumen de emigración es similar al observado entre los años 1975 y 1985, a diferencia del período comprendido entre 1985 y 1996, en que el número de emigrantes se redujo a 68.170. La concentración etaria es de 15 a 29 años y el 66% de los emigrantes se encuentra entre los 20 y 30 años.

En lo que tiene que ver con los inmigrantes, todos sabemos que no sólo no tenemos inmigrantes desde hace muchísimo tiempo sino que, además, los uruguayos que se han ido al exterior no han regresado.

Todo este fenómeno, desde el punto de vista demográfico, nos lleva a dudar de un futuro venturoso para nuestro país.

La baja tasa de natalidad comenzó a manifestarse en Europa hace treinta años. España presenta la menor tasa de natalidad a nivel mundial, que se ubica en un promedio de 1,1 nacimientos por matrimonio. En Asia, en los últimos veinticinco años, el promedio fue bajando de 5,1 a 2,8, mientras que en América Latina se pasó de 5 hijos a 3.

En Europa y, sobre todo, en España -sociedad que ha elegido no tener hijos, como lo indica la tasa de natalidad-, muchos trabajos van a tener que ser desempeñados por extranjeros que ya se están preparando e, indudablemente, muchos de ellos van a ser uruguayos.

Entonces, tenemos un país envejecido, más empobrecido y con recursos humanos menores; un país más fraccionado y con un sistema jubilatorio sumamente amenazado. Aunque muchas veces sigamos ignorando la gravedad del tema, está en juego la sobrevivencia del país como entidad independiente en las próximas décadas.

Hay tres o cuatro puntos que tendríamos que seguir profundizando. En primer lugar, deberíamos promover la inmigración; en segundo término, ejercer un control de natalidad en los sectores más pobres y, finalmente, generar oportunidades de trabajo para los jóvenes. A esto ten-dríamos que agregar un análisis de la reforma en las ca-rreras universitarias, pues si se observa la cantidad de contadores, escribanos y abogados egresados en el último año, veremos que son novecientos, en cambio, los ingenieros agrónomos son ciento dieciséis y los ingenie-ros agrimensores solamente cinco. Esto muestra en forma clara y contundente que la Universidad da la espalda al campo.

Creo -y con esto termino mi exposición- que entre los temas más preocupantes está el de la emigración de los jóvenes. Con mucho esfuerzo -hablo como padre-, se trata de que los hijos tengan una carrera, pero después que se reciben, lamentablemente, en lugar de devolverle al país lo que ellos han aprendido, tienen que irse al exterior. Las cifras de la emigración no han bajado en los últimos meses y, por lo tanto, considero que este es uno de los temas más importantes en el que tenemos que trabajar durante estos años.

Por todo lo expuesto, solicito que la versión taquigrá-fica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Educación y Cultura, de Desarrollo Social y de Salud Pública.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Antes de ingresar a la consideración del Orden del Día, la Mesa quiere hacer llegar sus condolencias a los señores Senadores Baráibar y Abreu, quienes han sido gol-peados por dolorosas pérdidas familiares en las últimas horas.

12) SUBSIDIO FORESTAL

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en primer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se elimina el subsidio forestal creado por el artículo 45 de la Ley Nº. 16.002, de 25 de noviembre de 1988. (Carp. Nº 244/05 - Rep. Nº 87/05)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 244/05

Rep. Nº 87/05

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Ganadería,

Agricultura y Pesca

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- Elimínase la partida dispuesta por el artículo 219 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, destinada a atender los beneficios previstos por el artículo 52 de la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987 y el subsidio establecido por el artículo 45 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988.

Artículo 2º.- El referido subsidio se mantendrá para los productores que hubieren presentado proyectos forestales ante la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para su aprobación, con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley.

Dichos proyectos, en caso de resultar aprobados, quedarán comprendidos en el artículo 43 de la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002.

Sala de la Comisión, a 28 de julio de 2005.

Francisco Gallinal, Miembro Informante; Eber Da Rosa, Gustavo Lapaz, Eduardo Lorier, Jorge Saravia, Lucía Topolansky. Senadores.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Ganadería,

Agricultura y Pesca

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, eleva a consideración del Senado de la República el adjunto proyecto de ley que cuenta con el respaldo unánime de los miembros de la Comisión, y que responde a una iniciativa enviada a consideración del Parlamento el pasado 5 de julio por el Poder Ejecutivo, por el que se deroga el subsidio a la forestación creado por el artículo 45 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988.

En virtud de lo dispuesto en el proyecto se adelanta la eliminación del subsidio que por ley anterior se había fijado para el año 2007, no solamente por considerar ya agotado el efecto que se pretendía alcanzar en virtud de su establecimiento, sino también porque la falta de pago del mismo generándose una deuda superior a los 20 millones de dólares, ha significado que dicho subsidio haya dejado de ser un incentivo para la producción forestal.

En efecto, tan alto ha sido el impacto de la legislación en materia forestal que se han afectado a la producción de madera una superficie que supera las 714.000 hectáreas, lo que representa aproximadamente el 4% del territorio nacional.

En el norte del Uruguay se encuentra la mayor parte de las plantaciones forestales y los proyectos más voluminosos, con planes de inversión en cosecha e industria de enorme cuantía.

Básicamente el país está hoy en condiciones de ofrecer al mercado: madera de pinos para aserradero, también madera redonda de eucaliptos para aserradero y laminación, libre de nudos o de inferior calidad, madera para impregnación, biomasa para producción de energía y trozas para la producción de pulpa de celulosa o trituración.

Como consecuencia de este fenómeno las exportaciones de productos forestales en menos de 10 años han crecido en más de un 2000%, pasando de exportar 5 millones de dólares a más de 160 en el año 2004.

Queda claro entonces el desarrollo del sector y en tanto se mantienen otros beneficios e incentivos, incluso de mayor importancia, es dable esperar un mayor crecimiento aún para los próximos años. De allí que la derogación que se propone carezca de real incidencia en la temática.

Por el artículo primero se dispone lisa y llanamente la eliminación del subsidio, y la simultánea derogación del fondo creado, lo que operará a partir de la aprobación misma de la ley.

Por el artículo segundo se establece la posibilidad de continuar otorgando el subsidio a los proyectos que se aprueben por la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca siempre y cuando sean presentados antes de la fecha de la promulgación de la ley. Dicho beneficio se instrumentará, se otorgará, conforme a los términos definidos por el artículo 43 de la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002, artículo que eliminaba el subsidio a partir del 1º de enero de 2007, fecha que se adelanta a la sanción del presente proyecto.

En función de los fundamentos expresados se aconseja al Senado de la República la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Francisco Gallinal, Miembro Informante; Eber Da Rosa, Gustavo Lapaz, Eduardo Lorier, Jorge Saravia, Lucía Topolansky. Senadores.

Ministerio de Ganadería,

Agricultura y Pesca

Montevideo, 5 de julio de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Alto Cuerpo el Proyecto de Ley que se adjunta, en base a los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes.

La regulación legal de la forestación debe enmarcarse dentro de la materia que el constituyente le confirió en exclusividad al Legislador de expedir leyes relativas al fomento de la ilustración, agricultura, industria, comercio interior y exterior (Constitución de la República, artículo 85, Nº 3).

El artículo 45 inciso 1º de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, autorizó al Fondo Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a otorgar la prestación de un subsidio de hasta el 30% o el 50% del costo ficto de plantación, según la categoría de contribuyente que ostentaran los productores que hubieren presentado proyectos de bosques de protección o de rendimiento, aprobados por la Dirección Forestal, con los certificados administrativos que justifiquen tanto la implantación del bosque como el previo cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

El artículo 3 del decreto reglamentario Nº 931/88 del 30 de diciembre de 1988 estableció que el pago del subsidio se efectuará tomando en cuenta el costo ficto de la forestación correspondiente al ejercicio en que se realizó la explotación reajustado por IPC entre la fecha de vigencia de dicho costo y el mes anterior en que se emita la orden de pago.

Con posterioridad, el inciso 1º del artículo 251 de la Ley Nº 16.170 de 28 de diciembre de 1990 llevó el subsidio hasta el 50% del costo ficto de plantación en todos los casos. El artículo 651 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 impidió que los contribuyentes del IRA y del IRIC dedujeran como gastos del ejercicio fiscal los correspondientes a la implantación de bosques protectores o de rendimiento que se hubieran beneficiado del otorgamiento del subsidio forestal, fijándose reglamentariamente el tope del 50% (Decreto 212/997 del 18 de junio de 1997, artículo 1º).

El artículo 43 de la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002 aprobó un cronograma gradual de reducción del subsidio forestal en forma escalonada de un 25% en el 2004, de un 50% en el 2005 y de un 75% en el 2006, estableciéndose su eliminación a partir del 1º de enero de 2007.

En suma, se han verificado reiteradas disposiciones legales, que se hallan espaciadas en el tiempo, que regularon la cuantía del subsidio forestal, la última de las cuales estableció un proceso gradual de reducción hasta su eliminación total a partir del 1º de enero de 2007.

2.- Las dificultades financieras para cubrir el subsidio forestal.

Durante los 16 años que han transcurrido desde el nacimiento del subsidio forestal, las partidas que lo soportaban provenían de partidas presupuestales aprobadas con destino al Fondo Forestal, que la ley había instituido con el fin de atender las erogaciones que demande su ejecución. Debe recordarse que el Legislador estableció el subsidio con posterioridad a la aprobación de la Ley Forestal, por lo que el Fondo, dependió casi exclusivamente de las sumas que el Poder Ejecutivo le asignara de acuerdo a las leyes de presupuesto (artículo 52 de la Ley Nº 15.939, del 28 de diciembre de 1987) para soportar un volumen de gasto público que el Legislador de 1987 no había podido prever.

El Legislador dispuso una derogación gradual del subsidio en el año 2002, pues estimó que no era necesario mantenerlo en los niveles anteriores, ya que se estaba próximo a alcanzar el objetivo principal de impulso y de consolidación de la forestación. En esa oportunidad se optó por una solución de carácter gradualista, según se desprende del tenor literal del propio artículo 43 de la Ley Nº 17.453 y de consideraciones expresas incluídas en la Exposición de Motivos del Proyecto oportunamente presentado por el Poder Ejecutivo, luego transformado en ley, lo que halla fundamento en la finalidad de permitir una adaptación por parte del sector privado.

3.- Justificación de la eliminación del subsidio forestal.

La solución legal gradualista adoptada en el 2002 procuró no afectar la adaptación de los productores forestales a una nueva situación sin subsidio forestal. Luego de transcurridos tres años, las metas del programa forestal tenidas en cuenta por el Legislador de 1988 pueden considerarse plenamente alcanzadas con un programa que ha durado casi diecisiete años. Originalmente se planteó una superficie base de 200.000 hectáreas de nuevas plantas para promover los procesos de industrialización posteriores. Hoy se han superado las 700.000 hectáreas y ya se han establecido grandes proyectos industriales tanto en industrias de producción de celulosa como de conversión mecánica y tableros. Estas mismas empresas están dispuestas a aumentar sus áreas forestadas para asegurarse un patrimonio forestal que les permita un flujo de materia prima que asegure su proceso industrial.

Por lo tanto, consulta el interés general disponer la eliminación del subsidio forestal, por lo que considera conveniente la modificación legal del ritmo pautado en el 2002, adelantando el cese del subsidio forestal previsto a partir del 1º de enero de 2007. Al respecto inciden tanto las dificultades presupuestales del Estado para seguir soportando la carga financiera que supone el financiamiento del subsidio, lo que sumado al desarrollo auto-sostenido de las empresas que actúan en la actividad forestal, lleva al Poder Ejecutivo a proponer la eliminación del subsidio forestal, ya que se considera cumplidos los objetivos de promoción de un proceso de desarrollo sectorial, pues la cadena productiva se halla integrada y en pleno funcionamiento.

4.- Situación deficitaria del Fondo Forestal.

Considerando todas las solicitudes de subsidios presentadas ante la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hasta el mes de noviembre de 2004, el monto adeudado a pagar a los productores por concepto de subsidio forestal asciende a $ 747.632.714, correspondientes a 228.943 hectáreas de bosque. En ese mismo año, las disponibilidades financieras para atender dichas erogaciones fueron de solo $ 236.077.677, por lo que se ha generado un déficit cercano a los U$S 20:000.000 (veinte millones de dólares USA), que aumenta la brecha entre las disponibilidades financieras y el monto adeudado por concepto de subsidio, que se reajusta mensualmente por IPC. Se adjunta un gráfico que describe el costo del subsidio forestal y las disponibilidades financieras del Estado para afrontarlo.

 

Por lo tanto, la carga financiera que implica el pago del subsidio forestal para el Estado, deberá tenerse en cuenta para eliminar para el futuro el subsidio forestal.

5.- Eliminación del subsidio forestal para las situaciones definidas como posterioridad a la consideración de este Proyecto de Ley.

Se propone que la eliminación del subsidio no afecte situaciones jurídicas ya definidas, por lo cual la norma que se propone, excluye de la eliminación a quienes han presentado proyectos forestales con anterioridad a la fecha de envío a la Asamblea General de este proyecto de ley.

Por lo expuesto precedentemente se entiende necesario dispone por ley la eliminación del subsidio forestal creado por el artículo 45 inciso 1º de la Ley Nº 16.002 del 25 de noviembre de 1988 y consecuentemente la derogación expresa de dicha norma legal.

TABAREZ VAZQUEZ, Presidente de la República; José Mujica, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Elimínase a partir de la entrada en vigencia de esta ley el subsidio forestal creado por el artículo 45 de la Ley Nº 16.002, del 25 de noviembre de 1988, el que por esta ley se deroga en forma expresa.

Artículo 2º.- El referido subsidio se mantendrá para los productores que hubieren presentado proyectos forestales ante la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para su aprobación, con anterioridad a la fecha de remisión del respectivo Mensaje del Poder Ejecutivo a la Asamblea General conteniendo el proyecto de ley.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.

José Mujica

Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca trae a consideración del Senado el proyecto de ley en función del cual se elimina el subsidio a la forestación, vigente desde el año l988. Lo hace en una decisión adoptada por unanimidad de sus miembros, recogiendo una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo a comienzos del mes de julio en acuerdo del Presidente de la República con el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y considerando los elementos que se desprenden de la exposición de motivos que acompaña su Mensaje.

En el informe de la Comisión se hace referencia al desarrollo importante que ha tenido la forestación en el transcurso de todos estos años y a la importancia que tuvo la acción de Gobierno desarrollada durante los años 1987 y 1988, así como también a la iniciativa parlamentaria, teniendo en aquellos tiempos, como Miembro Informante de los proyectos relativos a la forestación en nombre del Partido Nacional, al ex Senador doctor Alberto Zumarán, a quien corresponde recordar en una circunstancia de estas características. Allí se establece cómo aquel objetivo planteado a fines de la década de los ochenta, tendiente a alcanzar la plantación de aproximadamente 200.000 hectáreas, fue largamente superado, al punto que al día de hoy tenemos 714.000 hectáreas forestadas.

El proyecto de ley que llega a consideración del Cuerpo es, en alguna medida, complementario o accesorio de una ley que fue aprobada en el año 2002, en la que se dispuso la eliminación del subsidio a la forestación a partir del 1º de enero de 2007 y se estableció también una escala de progresivas reducciones del monto del subsidio para los años 2004, 2005 y 2006, correspondiendo un 25% al primer año, un 50% al segundo año y un 75% al tercer año. En este momento, esta ley es la que está vigente y los subsidios que se están otorgando son en función de estos parámetros establecidos por el artículo 43 de la Ley Nº 17.453.

Entonces, quiere decir que, en realidad, a través del proyecto que hoy tenemos a consideración del Cuerpo se adelanta la fecha del 1º de enero de 2007 a la fecha de vigencia de la ley, siempre y cuando ambas Cámaras den su aprobación a esta iniciativa. De este modo, a partir de su promulgación, se elimina definitivamente dicho subsidio, que iba a ser eliminado el 1º de enero de 2007 y, además, se hace una referencia expresa, a través del artículo 2º, a las situaciones que puedan estar pendientes de definición.

Como es de público conocimiento, se ha generado una deuda importante de parte del Estado con quienes han llevado adelante estos emprendimientos, pues dicho subsidio se ha pagado mal y tarde en el transcurso de todos estos años. Concretamente, la deuda del Estado con quienes han invertido en este rubro - de acuerdo con las pautas y definiciones establecidas en las leyes vigentes- llega a aproximadamente U$S 30:000.000. Tenemos entendido que es intención del Poder Ejecutivo regularizar esa situación a partir de la aprobación de la Ley de Rendición de Cuentas -que, en estos momentos, está a consideración de la Cámara de Representantes-, donde se establece una partida del orden de los U$S 30:000.000 con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, precisamente para que el Estado pueda dar cumplimiento a esa obligación pendiente.

En la discusión llevada a cabo en Comisión, en primer lugar, se propuso invitar al señor Ministro de esa Cartera para que explicara los alcances del proyecto de ley y también se recibió al Director Forestal, quien fundamentó cuáles eran sus características y hacia qué apuntaba el Poder Ejecutivo a través de su derogación.

Se habló con el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca para plantearle una preocupación -que fue llevada al seno de la Comisión por el señor Senador Gustavo Lapaz- en el sentido de que muchos Gobiernos Departamentales reclaman al Poder Ejecutivo alguna suerte de compensación por otro de los beneficios que hoy alcanza a la forestación: se trata de la exoneración en materia de Contribución Inmobiliaria Rural, que ahora está a cargo, pura y exclusivamente, de los Gobiernos Departamentales. Aspiran a que el Poder Ejecutivo, a través de Rentas Generales, compense a esas Administraciones por lo que dejan de cobrar como consecuencia de la exoneración de la Contribución Inmobiliaria Rural, o bien -es la otra posibilidad que existe- que se derogue dicha exoneración. Cabe aclarar que este no es el único beneficio, pues también hay otros en materia de forestación, en lo que tiene que ver con el Impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Renta.

El señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca manifestó su disposición a buscar una solución a esta temática y a ver de qué manera se pueden obtener recursos para compensar a esos Gobiernos Departamentales en la merma de recaudación que han tenido en el transcurso de todos estos años, pero básicamente pensándolo hacia el futuro.

Consideramos muy importante traer este tema en el informe de la Comisión que hacemos al Cuerpo porque, sin duda, el gran beneficio que existe en el área de la forestación es la exoneración en materia de Contribución Inmobiliaria Rural. El subsidio se paga por una sola vez en ocasión de la plantación, en cambio la exoneración de la Contribución Inmobiliaria Rural es de carácter permanente, pues se realiza cada año a los beneficiarios correspondientes.

En el seno de la Comisión también conversamos -es bueno traerlo a consideración del Senado- sobre que no sería buena noticia señalar, de la noche a la mañana, que se elimina el subsidio a la forestación -si bien esto está absolutamente atemperado por el hecho de que ya está eliminado a partir del 1º de enero de 2007-, a la vez que se hace lo propio con la exoneración de la Contribución Inmobiliaria Rural y que se están estudiando cambios en lo que tiene que ver con el Impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Renta. Digo esto porque, teniendo en cuenta las referencias que se hacen permanentemente desde todos los sectores políticos en el sentido de cuidar la inversión -para el inversor es fundamental tener reglas claras y certezas en el transcurso de los próximos años-, si de la noche a la mañana se eliminara, por ejemplo, la exoneración en materia de Contribución Inmobiliaria Rural, no estaríamos dando ningún beneficio a la inversión -no sólo en esta área, sino en todas-, porque pueden temer que reglas de juego preestablecidas lleguen a ser cambiadas abruptamente en el correr de los años venideros.

En virtud de ello, en los distintos diálogos que mantuvimos con representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en ocasión del tratamiento de esta iniciativa, les manifestamos que había que tener mucho cuidado con los anuncios que se hicieran. Asimismo, les señalamos que era una visión de futuro en el sentido de que, en el día de mañana, eventualmente se podría establecer un subsidio en un área en especial, lo que no consideramos mala palabra ni pensamos que sea negativo. Quizá sería bueno, desde el mismo momento en que el subsidio se establece, que se fijara un período de vigencia, de manera tal que las expectativas quedaran absolutamente consolidadas desde el arranque.

Esa es la idea fundamental que manejamos en la discusión de este tema, porque consideramos que a todos nos preocupan definiciones de esas características.

SEÑOR MOREIRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: suscribo la legitimidad de lo que ha manifestado el señor Senador respecto a la exoneración de la Contribución Inmobiliaria Rural, pero quiero agregar que, por otra parte, esa ley sería violatoria del artículo 297 de la Constitución de la República, que señala: "Serán fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administrados por estos: 1º) Los impuestos sobre la propiedad inmueble, urbana y suburbana, situada dentro de los límites de su jurisdicción, con excepción, en todos los casos, de los adicionales nacionales establecidos o que se establecieren. Los impuestos sobre la propiedad inmueble rural serán fijados por el Poder Legislativo, pero su recaudación y la totalidad de su producido, excepto el de los adicionales establecidos o que se establecieren, corresponderá a los Gobiernos Departamentales respectivos". Vale decir que, en este caso, la ley estaría contraviniendo lo que señala claramente el inciso primero del artículo 297 de la Constitución. De modo que esto no sólo ha privado de importantes recursos a los Gobiernos Departamentales, sino que, además, les ha impuesto una serie de erogaciones muy importantes en lo que hace al mantenimiento de la caminería rural. Sabido es que la extracción de la madera y los tonelajes que se transportan provocan daños muy importantes a la caminería rural, que luego deben ser soportados por las finanzas departamentales sin ninguna contrapartida.

Reitero que suscribo plenamente lo señalado por el señor Senador Gallinal en ese sentido.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Gracias, señor Presidente.

SEÑOR LAPAZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: sobre este tema, en el día de mañana vamos a presentar un proyecto de ley relacionado con el Impuesto de Contribución Inmobiliaria Rural que han dejado de percibir los Municipios. Vamos a proponer en ese proyecto -para que sea iniciativa del Poder Ejecutivo- que de esas partidas de dinero que han dejado de recibir las Intendencias Municipales por la exoneración de la Contribución Inmobiliaria Rural, se haga cargo el Gobierno nacional, vertiéndolas a los Municipios a cambio de que estos las destinen a la reparación de los caminos departamentales. Entendemos que de esa manera también se hace justicia en cuanto a que, donde hay más hectáreas forestadas con Índice Coneat -que, en definitiva, permite la exoneración de la Contribución Inmobiliaria Rural-, los departamentos más castigados serían los que más dinero recibirían del Gobierno nacional porque, a su vez, tienen los caminos departamentales en peores condiciones. Además, ello se haría en proporción a la cantidad de hectáreas forestadas y a lo que dejan de percibir por concepto de Contribución Inmobiliaria Rural.

Reitero, señor Presidente, que mañana vamos a presentar ese proyecto de ley.

Es cuanto quería manifestar. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: con las intervenciones de los señores Senadores Moreira y Lapaz -que están más legitimados que quien habla porque, en su momento, ostentaron la calidad de Intendentes Municipales y, en consecuencia, conocen sobradamente las circunstancias obrantes-, creo que quedan muy claros, sin desdeñar el valor que puede haber tenido el subsidio, la enorme importancia y el incentivo que significa, en materia de inversión forestal, la exoneración de la Contribución Inmobiliaria Rural. Asimismo, queda claro el problema que tenemos por delante y que hemos trasladado a conocimiento del Poder Ejecutivo; me refiero a la aspiración de los Gobiernos Departamentales de ser compensados por las bajas que tienen en la recaudación en materia de Contribución Inmobiliaria Rural como consecuencia de este incentivo.

Pero, a su vez, como de parte del señor Ministro se mostró muy buena disposición, creo que esa es una buena noticia, sobre todo teniendo en cuenta lo que acaba de señalar el señor Senador Lapaz Correa: si el Poder Legislativo quisiera en el día de mañana derogar la exoneración de Contribución Inmobiliaria Rural, necesitará una iniciativa del Poder Ejecutivo. El Parlamento, por sí y ante sí, no está en condiciones de proceder a esa derogación. Por eso, antes de llegar a Sala con un tema de estas características, era bueno dejarlo planteado a nivel del Poder Ejecutivo, en el entendido de que en el transcurso de estos tiempos se va a empezar a dialogar y a negociar la búsqueda de soluciones alternativas que, a su vez, no atenten contra las buenas señales en materia de inversión que cada vez, con mayor intensidad, es necesario generar.

El proyecto de ley consta de dos artículos. Por el artículo 1º se elimina el subsidio, con lo cual tendrá vigencia a partir de la fecha de aprobación de la ley, y por el 2º se modifica la redacción original enviada por el Poder Ejecutivo, que establecía que dicho subsidio se mantendría para los productores que hubieren presentado proyectos forestales ante la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para su aprobación con anterioridad a la fecha de remisión al Poder Legislativo -no tengo aquí el texto del artículo, por lo que estoy hablando de memoria-, que era el 5 de julio. El Director del Área Forestal señaló que era necesario poner un límite de estas características porque en el transcurso de estas últimas semanas se han incrementado los pedidos de subsidio en función de la inminencia de la eliminación, pero también al amparo de la normativa anterior, es decir, el subsidio limitado hasta determinado porcentaje. Y se proponía establecer como fecha el 5 de julio, repito, que fue el día de ingreso al Parlamento.

Consideramos -así lo explicamos al Poder Ejecutivo, que entendió y compartió el razonamiento- que teníamos que despejar todo tipo de suspicacia y que, en definitiva, la mejor manera de dar transparencia absoluta al corte, en alguna medida abrupto, que se va a producir, era fijar el plazo de la fecha de promulgación de la ley. Sin duda, podrán presentarse nuevos proyectos, que tendrán que ser aprobados por la Dirección Forestal, cumplir con todas las condiciones, y en caso de ser aprobados, el beneficio que recibirán será un porcentaje del subsidio original, que para el año 2005 se ubica en el 50 % del original.

Muchas gracias.

SEÑOR SANGUINETTI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Sanguinetti.

SEÑOR SANGUINETTI.- Es simplemente para preguntar al señor Senador si se ha hecho una estimación aproximada de cuál es el ahorro que se estaría produciendo por esta derogación. Dada la rebaja que ya existe y que quedan exceptuados de esta eliminación los proyectos en curso -que, por lo que se ha estado diciendo, deben ser bastantes-, da la impresión de que no estamos ante un ahorro sustantivo. Lo cual es importante a efectos de evaluar cuánto estamos sacrificando por un lado y, por otro, cuánto vale -que también lo vale- el hecho de cambiar las reglas de juego en un tema tan trascendente como éste.

La pregunta es -insisto- si hay una idea cuantitativa de lo que se estaría sacrificando.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- El planteamiento fue realizado al Director del Área Forestal, quien en esa circunstancia no supo estimarlo. Sin duda que todos coincidimos en que es de menor cuantía, es decir, no tiene una significación de trascendencia; pero, además, tampoco se podía estimar a partir del momento en que cambiábamos la redacción del artículo 2º. Es decir que una vez promulgada la ley, hasta tanto no se sepa qué proyectos de forestación se han presentado a conocimiento de la Dirección Forestal, no habrá posibilidades de realizar una estimación de esas características.

Sí fue señalado, no sólo en Comisión, por parte del invitado, sino también en consultas que hemos realizado en ámbitos directamente vinculados a esta materia, que el ahorro que se hace por esta vía es de menor cuantía, y que el ahorro significativo se dio en oportunidad de la aprobación de la Ley del año 2002. Básicamente, también se pretende poner fin, cortar una deuda que aparentemente empezaría a saldarse a partir de la aprobación de la Rendición de Cuentas que, como he señalado, establece una partida para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del orden de U$S 30:000.000, para que pueda dar cumplimiento a la deuda pendiente que el Estado tiene con estos inversores.

Señalaba, señor Presidente, que de acuerdo con el artículo 2º ,se cambia la fecha, llevándola a la de la promulgación de la ley, pero en el segundo inciso del artículo 2º se hace una referencia específica a que, en caso de resultar aprobados esos proyectos que se presentan con anterioridad a la fecha de promulgación de la ley, quedan absolutamente comprendidos en el artículo 43 de la Ley Nº 17.453, es decir, en la disminución del porcentaje de subsidio establecido a través de esa norma.

Estas son las consideraciones generales que estamos en condiciones de realizar en relación con un tema de estas características, que adquiere especial importancia en estos tiempos, en función de algunas inversiones que se están realizando en el país.

Más allá de algunos aportes que han sido vistos positivamente por parte de los integrantes de la Comisión aunque fueron realizados luego de que ésta culminara su actuación en torno a esta temática, en especial por el señor Senador Long -quien será el encargado de presentar algún aditivo que se entendió positivo-, nos permitimos aconsejar al Senado la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR VAILLANT.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Vaillant.

SEÑOR VAILLANT.- Es, simplemente, para hacer una pregunta aclaratoria.

Si no entendí mal, cuando el señor Senador Gallinal hacía referencia a la ley que determinó la exoneración de la Contribución Inmobiliaria Rural, planteó que para que fuera derogada -y con ella se levantaran las exoneraciones- se requería de la iniciativa del Poder Ejecutivo. ¿Es así?

SEÑOR GALLINAL.- Sí, señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- A pesar de que puedo ser yo el equivocado, creo que es un error, porque no se necesita iniciativa del Poder Ejecutivo para derogar la ley que dispone las exoneraciones, aunque sí se la precisa para establecerlas. Por lo tanto, en función de lo que entiendo, el Poder Legislativo está en condiciones de derogar esa ley sin que para ello, repito, se requiera de la iniciativa del Poder Ejecutivo. Me parecía importante señalar esto porque entiendo que el artículo 133 de la Constitución, en sus incisos segundo y tercero, es claro en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Mire, señor Presidente, me quedo con la interpretación del señor Senador Vaillant y no con la mía, y prefiero trabajar los próximos cinco años sobre la hipótesis de que no se necesita iniciativa del Poder Ejecutivo. Creo que en materia de exoneraciones de estas características -estamos hablando de tributos- sí se requiere iniciativa del Poder Ejecutivo. Pero no tenemos ningún inconveniente en tomar, repito, la interpretación que hace el señor Senador Vaillant y, en consecuencia, aplicarla en el transcurso de los próximos años.

(Hilaridad)

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Voy a empezar refiriéndome a este último tema. Me parece que el señor Senador Vaillant tiene razón, porque se trata de levantar una exoneración y no de establecerla; el establecimiento de una exoneración sí requeriría la iniciativa del Poder Ejecutivo, pero su derogación no la requiere. Si no entendí mal, el caso planteado por el señor Senador Lapaz sí podría requerir iniciativa del Poder Ejecutivo, en todo caso establecer la financiación, porque habría que compensar un impuesto que se deja de percibir.

En cuanto al proyecto de ley específico, señor Presidente, estamos de acuerdo en que llega un momento en que el subsidio ha cumplido su función y debe eliminarse, tal como coincidimos en que la exoneración de la Contribución Inmobiliaria, en este caso rural, tiene que ser derogada. De hecho, el subsidio ya se eliminó en el año 2002. Todos recordamos la situación en que se encontraba el país cuando en febrero de 2002 se elaboró la primera ley de ajuste de las cuentas públicas. Basta leer en los diarios cómo estaba la Argentina desde octubre o noviembre de 2001, y el Uruguay desde mediados de enero de 2002, para saber lo que se estaba viviendo. Sin embargo, pese a que en ese momento el monto que se generaba por el subsidio era de aproximadamente U$S 8:000.000 ó U$S 9:000.000 anuales por la cantidad de tierra que se plantaba y porque se trataba del subsidio pleno, a pesar de la acuciante situación del país se pensó que no se podía eliminar de un plumazo, porque se habían dado determinadas condiciones de largo plazo.

Por lo tanto, no se eliminó en el año 2002 ni en el 2003 -ese es más o menos el plazo en que se preparan estas cosas-; se eliminó un 25% en el 2004, para llegar al 50% en el 2005, el 75% en el 2006 y, a partir de 2007, se acabaría el subsidio. Creemos que, dada la situación actual, que por suerte no muestra ni por casualidad las pasadas penurias, no resulta conveniente adelantar la última eliminación de un 25%, con una cuantificación que -según acaba de expresar el propio señor Senador Gallinal- en realidad no se sabe cuál es, porque los servicios especializados no supieron decirlo. De todos modos, me atrevería a hacer un cálculo, que es bastante sencillo: el 25% de U$S 140 es, aproximadamente, U$S 35, y como se están plantando 30.000 hectáreas por año, tendríamos un monto de U$S 1:050.000, menos los proyectos que se pueden adelantar, según me acota el señor Senador Sanguinetti.

Entonces, proceder a esta eliminación por U$S 1:000.000, no recurrentes, sino por una sola vez, en un país que gasta U$S 4.000:000.000 por año, y modificar una regla de juego tan estable y de tan largo plazo, sinceramente me parece que no es conveniente para el país. Considero que es un error, que es un apresuramiento. Pienso que se vio la deuda y se dijo "Vamos a cortar la sangría", pero ésta ya estaba cortada desde hace tres años. La señal que se estaría enviando sería que nosotros somos iguales o parecidos a todos los demás; cambiamos las reglas de juego cuándo y cómo queremos y ni siquiera tenemos una excusa como la que se pudo tener en el año 2002, cuando podíamos decir que lo suspendíamos -o lo diferíamos- porque nos estábamos ahogando y precisábamos un flotador.

Nos parece que no es conveniente, en este caso, eliminar este subsidio tan pequeño y que ya se encuentra en su último año, porque mientras el trámite se remite a la Cámara de Representantes y, seguramente, con el apresuramiento que deben tener todos los particulares, no va a quedar nadie que no vaya a tener el 50% del subsidio.

Con respecto a las reglas, en general creo que hay que tener mucho cuidado. No podemos cambiarlas según el precio de la papa en el mercado. Es cierto que el sector parece estar bien, que ha logrado captar inversiones importantes y que va a tener un flujo razonable de desarrollo y de posibilidades de aquí en adelante. Eso fue lo que se quiso lograr. Pero ya se sabe que eso cae y creo que no tiene sentido, ni siquiera por el monto, anticipar la caída del subsidio. Además, le hace daño al país y a la inversión en términos generales porque, aunque parezca mentira, alguien en algún momento va a decir que, al final, por U$S 1:000.000 el país cambió todo de apuro, aunque no lo precisaba para gran cosa.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Sin ánimo de ser repetitivo, creo que la política forestal constituye uno de los éxitos más rotundos de políticas activas del Estado en el desarrollo de un nuevo sector en el Uruguay. Pienso que la piedra angular de esa política forestal fue la Ley Forestal votada por todos los sectores en este Parlamento, que debería ser un ejemplo a seguir en los casos en que, efectivamente, se quiera desarrollar algunos sectores novedosos para el país. De hecho, seguramente por muchos años más vamos a seguir recibiendo beneficios muy relevantes de aquella iniciativa que enviara el Poder Ejecutivo presidido por el doctor Sanguinetti, y firmada por el Ministro Bonino, a quien quiero rendir un homenaje especial en este momento, porque fue quien impulsó realmente esta Ley que hoy brinda al país un conjunto de posibilidades de desarrollo humano de capital importancia para el futuro.

Más allá de sus costos, esta norma ha tenido una altísima rentabilidad fiscal y social. Las estimaciones son importantes, y muchas de ellas aún siguen considerando que se quedan cortas al momento de analizar el impacto futuro en función del valor agregado que van a tener todas estas instancias de desarrollo, no sólo en lo que hoy parece más conspicuo, que es la instalación de las plantas de celulosa, sino en otros aspectos que se pueden ver en diferentes áreas del país. Estoy mirando al ex Intendente de Tacuarembó, porque creo que la zona de Tacuarembó y Rivera ha tenido y seguirá teniendo un desarrollo fundamentalísimo en lo que hace a maderas de aserrío; asimismo, esta actividad tendrá un impacto muy importante en el este del país.

Creo que es un ejemplo de una política de Estado y, como tal, me parece que debería ser sostenida a ultranza por cualquiera de los gobiernos. El señor Senador Gallinal decía que probablemente el único error que tiene es no haberle puesto fin al subsidio o a los beneficios en algún momento. Comparto esto; me parece una buena reflexión.

Ahora bien, menuda reflexión hacemos si, luego de escribir con la mano, borramos con el codo la validez de ese razonamiento, cuando eliminamos un año antes los beneficios cuya derogación fue, justamente, planificada de una forma muy responsable y secuencial.

Personalmente, estuve en la discusión interna del Poder Ejecutivo, cuando se analizó la caída y eliminación del subsidio; es más, nosotros mismos fuimos quienes sugerimos la eliminación gradual para mantener, precisamente, un cuadro de señalamiento claro, indicando hacia dónde iba la política forestal.

Pienso que estamos frente a un error -aunque no de magnitud o desde el punto de vista cuantitativo- cuando se propone votar este proyecto de ley, pues no es eso lo relevante; sí lo es la reflexión sobre cómo una herramienta muy apropiada y bien diseñada puede ser un instrumento valioso de desarrollo y cómo deberíamos ser extremadamente cuidadosos al modificarla. En realidad, lo que le estamos diciendo a la gente es que las reglas se pueden cambiar, cuando lo que deberíamos estar señalando -sobre todo cuando tenemos herramientas exitosas- es que las reglas no se cambian y que las mantenemos porque esa es la forma de asegurar a quienes invierten que su inversión está garantizada. Esto, sobre todo, vale para los pequeños y medianos productores porque, en definitiva, son ellos quienes tienen menos capacidad para modificar sus planes de plantación, o de lo que fuere, a efectos de adaptarse a un cambio de esta naturaleza. Para un productor pequeño , que se financia por sí o a través de un banco, es mucho más difícil que para una gran empresa, cambiar un ritmo de plantación y plantar el doble de lo que debería en un año, para así poder acogerse a este beneficio. De hecho, las grandes empresas no se van a ver afectadas en lo más mínimo por esta caída y probablemente, tampoco sean de mayor magnitud las consecuencias que sufran el resto de los productores.

De todos modos, sí me parece relevante intentar no modificar las reglas -salvo que existan razones de fuerza mayor- e insistir, de alguna forma -tal como lo decía al principio el señor Senador Gallinal-, en que esas políticas de largo plazo tengan un fin anticipado con tiempo, pero no anticipado y luego cambiado. De lo contrario, eliminamos la validez de ese razonamiento.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: si la discusión con el señor Senador preopinante o con el señor Senador Alfie fuera "subsidio sí o subsidio no", sería bien válida. En definitiva, el subsidio es lo que ha permitido que hoy se instalen empresas de magnitud; por lo tanto, la palabra subsidio no es tan mala. Incluso, es bien interesante que el señor Senador Alfie defienda ese concepto.

De todos modos, cabe señalar que las reglas de juego, en todo caso, se cambiaron en el año 2002. Esto se hizo con suavidad, preanunciando, y está bien porque el Estado uruguayo entendió que el subsidio había cumplido su meta y el pensamiento fue: "Muchachos, de ahora en adelante va un 25% menos, año a año o cada dos años".

¿Qué es lo que propone ahora el nuevo Gobierno? ¿Cambiar esas reglas para los proyectos que se presenten? ¿Cambiar esas reglas para todos los proyectos que se presenten de aquí hasta que se apruebe la ley? No. Lo que estamos planteando es que una vez aprobada la ley, todos los proyectos van a tener el financiamiento o el subsidio con las cuotapartes de menos correspondientes, aprobadas en el 2002. Por su parte, algún proyecto que se quisiera presentar en el 2007 ya va a tener reglas diferentes. En consecuencia, no estamos cambiando las reglas de juego a los que se presentaron o a los que se presenten; sí se las estaríamos cambiando a alguien que, en algún momento, piense presentarse, quien, cuando vaya a estudiar el orden jurídico, se encontrará con que las cosas son diferentes. Se podrá decir que hay gente que viene planificando las inversiones; está bien, pues cuando se trata de empresas grandes a veces se piensa en la posibilidad de tomar el subsidio y plantar más en determinado año. Quizás las inversiones más pequeñas no estén en condiciones de hacer eso y aquí la idea no es complicar las reglas de juego.

Reitero, entonces, que no hay interés en cambiar las reglas de juego porque, en definitiva, ya se cambiaron en el año 2002. Así pues, no nos digan a nosotros que las estamos cambiando. Lo que sí sostenemos es que en algún momento hay que terminar con el subsidio; ustedes dicen que será en el 2007 y nosotros decimos que todos los que se presenten tienen el subsidio con las modificaciones que se introdujeron en el año 2002. Incluso esto es para todos los que se presenten desde ahora y hasta que se apruebe la ley.

Además, hay una exhortación del señor Senador Gallinal -ahora con la potestad del señor Senador Vaillant- en el sentido de comenzar a analizar el tema de la Contribución Inmobiliaria Rural, cosa que también tendremos que hacer con tranquilidad, a efectos de que las Intendencias recuperen ingresos, sin tener que estar cambiando las reglas de juego en forma abrupta.

De todos modos, lo cierto es que a nadie que tenga un proyecto de ley presentado se le van a cambiar las reglas.

Por otro lado, propósitos y deseos podrá haber muchos, pero decimos que quienes los concreten antes de que se promulgue la ley, no van a tener problemas. Somos cui-dadosos en el cambio de ese tipo de reglas, pues ya hubo una modificación en el año 2002 y se puede discutir - aunque no este proyecto de ley- si en su oportunidad fue bueno o si habría que seguir con el subsidio. Esta es una discusión relevante, en mi opinión, porque en parte tenemos las inversiones que tenemos en función del subsidio, pero el cambio de reglas de juego no viene por este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Aguirrezabala.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Aparentemente, determinado cambio de reglas de juego no se computa como tal.

Creo que el razonamiento del señor Senador Michelini es equivocado; a mi entender, esto notoriamente significa un cambio de las reglas de juego. Otro cambio es también establecer o pretender modificar la situación de exoneración de la Contribución Inmobiliaria Rural. Hay quienes invirtieron, entre otras cosas, en función de una exoneración de Contribución Inmobiliaria, y esa sí se produce todos los años. Esto es lo mismo que decir que no hay un cambio de reglas de juego si, de aquí para adelante, planteamos modificaciones a las exoneraciones sobre el Impuesto a la Renta o al Patrimonio. Realmente, me animaría a decir que sería una barbaridad.

Creo que el planteo que se hace de parte de las Intendencias, en el sentido de que no sean sus arcas las que de alguna forma sustenten el subsidio o la transferencia que significa el no cobro de la Contribución Inmobiliaria por parte de las áreas afectadas a la forestación, es potencialmente una aspiración razonable. Esto es así puesto que dejan de percibir algo que anualmente requieren o necesitan para hacer algunas de sus obras.

En definitiva, lo que me parece que no se puede decir, bajo ningún concepto, es que ese planteo, si se carga sobre las áreas forestadas, no constituiría un cambio de las reglas de juego, pues claramente constituiría un cambio.

Desde mi punto de vista, está bien eliminar el tema del subsidio porque ha cumplido un rol y, en ese aspecto, comparto la iniciativa que tiene el Poder Ejecutivo en el sentido de establecer su eliminación. Me parece que no está bien que, una vez que fue eliminado, se adelante este procedimiento. Insisto en que, a mi juicio, el razonamiento más correcto hubiera sido - como sugería, en algún momento, el señor Senador Gallinal- poner fin al momento de establecerlo. Este es el esfuerzo que la sociedad quiere y pretende hacer para desarrollar este sector, pero, en su momento, esto no se hizo.

En plena crisis del 2002, se entendió que la sociedad no debía continuar haciendo ese esfuerzo en pro del desarrollo de ese sector, porque ya tenía determinada masa crítica para funcionar, tal como lo demuestran las inversiones industriales que se están efectuando en esa área. Por lo tanto, se estableció una cadencia para eliminar ese subsidio. Ahora, un año antes, y por poco monto, se da una señal que, en realidad, es casi como el saludo a la bandera: es irrelevante desde el punto de vista cuantitativo y, cualitativamente, se está diciendo al sector forestal que se le pueden cambiar las reglas.

Además, en este Recinto se habla de eliminar la exoneración de la Contribución Inmobiliaria, de manera que se está dando una nueva señal de cambio de las reglas. En este caso, lo que se está haciendo es doblemente malo porque estamos cambiando las reglas y, además, no le decimos al sector: "Estas son las nuevas reglas por un período largo." Si quisiéramos cambiar las pautas, desde mi punto de vista, lo correcto sería establecer el conjunto de reglas nuevas y, a partir de ello, plantear una cadencia razonable a tales efectos. Estimo que no sería adecuado votar leyes pequeñas, de corto alcance que, en realidad, lo único que hacen es dar señales contrapuestas.

SEÑOR LORIER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Lorier.

SEÑOR LORIER.- Con respecto al cambio de reglas, deseo indicar lo siguiente.

Hace unos instantes pensaba en que algunos acreedores deben U$S 30:000.000 y han comprometido determinados pagos o sacado un crédito en base a que se iba a cumplir en tiempo y forma con el pago de los subsidios; para ellos también significa un cambio de reglas desde el punto de vista de la formalidad y de lo que más duele, que son los contenidos concretos. Debe haber mucha gente que, en estos momentos, tiene problemas, quizás, con algún banco, en especial, si hablamos de los pequeños y medianos productores. Creo que esta situación viene de lejos y no es un fenómeno novedoso.

Era cuanto deseaba indicar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Aguirrezabala.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Creo que no se ha interpretado correctamente la intención de mis palabras, que no es la de reprochar o establecer por qué sí y por qué no. La intención es contribuir a que Uruguay siga teniendo una política forestal estable, que facilite la afluencia de inversiones y el desarrollo del trabajo nacional.

Es notorio que lo que dice el señor Senador Lorier es correcto. La deuda asumida por el Estado uruguayo con el sector forestal ha sido reconocida todas las veces que ha sido necesario por parte de todos los Gobiernos, incluyendo el actual. Claramente, es una falta que en el momento más crítico de la economía del país no hayamos podido mantener el ritmo de pago de los subsidios al sector forestal. ¡Menuda tarea habríamos hecho, si hubiésemos priorizado ese pago frente a otros, en un momento claramente crítico! Más allá de reconocer la deuda que tiene el Estado con el sector, en ese contexto crítico, creo que no deberíamos haber hecho otra cosa que reconocerla, para honrarla. En todo caso, frente a la existencia de otras erogaciones, habría que priorizarla.

Es notorio que durante ese período fue necesario atender a una red de contención social muy relevante que, entre otras cosas, fue lo que permitió a Uruguay salir de la crisis, si se quiere, en una forma ejemplar y alcanzar una sanidad desde el punto de vista de nuestro sistema democrático, como la que ha permitido que hoy estemos aquí sentados, discutiendo sobre el posible futuro del subsidio forestal.

Es correcto lo que dice el señor Senador Lorier en cuanto a que no es bueno deberle lo que se le adeuda al sector forestal. Pero, dadas las dificultades que tuvimos que enfrentar, ¿por qué incorporar también otras cuando, en realidad, cuantitativamente, no tienen relevancia y la situación actual del Erario no es la misma que la que llevó al cambio de reglas?

Aclaro que no deseo entablar una discusión eterna sobre este tema. Creo que sobre este asunto, materialmente, no se puede hacer una discusión eterna, a pesar de lo cual he querido fundamentar explícitamente mi voto contrario a este proyecto de ley.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: habíamos presentado un artículo aditivo -que está en manos de la Mesa- sobre el cual habíamos hablado con el Presidente de la Comisión de Ganadería y Agricultura, el señor Senador Gallinal, y con otros integrantes de la misma, como ser la señora Senadora Topolansky.

Concretamente, propusimos incluirlo como artículo 2º -después del 1º-, de manera que el que antes ocupaba este lugar, pasaría a ser 3º. En dicha disposición se plantea lo siguiente: "El diez por ciento (10%) del ahorro resultante de la eliminación de la partida referida en el artículo anterior, se destinará a brindar asistencia técnica a proyectos de alto valor agregado en el sector forestal.

Dicha suma será administrada conjuntamente por la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Dirección de Industria del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación."

Esta propuesta se basa en lo siguiente. Como antecedente, podemos decir que hemos tenido la oportunidad de participar, hace ya unos cuantos años, de la creación de la Mesa Permanente de la Madera, integrada por los cuatro organismos mencionados, así como por el sector privado: la Asociación de Exportadores de la Madera, la Cámara de Industriales de la Madera y la Asociación Forestal del Uruguay. Esto permitió llevar adelante muchos proyectos exitosos, combinando la participación pública y la privada. Sin embargo, el problema recurrente fue la escasez de recursos en la materia. Por tanto, muchas experiencias positivas que se pudieron haber llevado adelante -tomando en cuenta lo realizado en Chile y otros países con desarrollo forestal reciente, que han llegado a niveles de sofisticación importante-, no lograron concretarse.

En la Mesa Permanente de la Madera siempre se consideró que, cuando el desarrollo del sector forestal lo permitiera y se llegara a reconsiderar el subsidio forestal, los recursos se podrían verter en ciertos sectores de la cadena forestal en los que hubiera un contenido de mayor valor agregado.

Ahora bien, surge con mucha claridad de la exposición del Presidente de la Comisión que, además de considerar que los objetivos del subsidio se han alcanzado en una gran medida, también hay un tema financiero, una escasez de recursos para atender las obligaciones ya generadas. Por tanto, lo que se propone en este caso, consistente con ese objetivo financiero, es destinar solamente el 10% del ahorro -de lo que deriva que, desde la fecha de promulgación de la ley, por el resto del año 2005 y durante el 2006, la partida no se va a ver afectada- a un Fondo de las características que ya mencionamos: brindar asistencia a aquellos proyectos de mayor valor agregado, también dentro del sector forestal. A su vez, el Fondo será administrado por las organizaciones que ya mencionamos.

A nuestro juicio, la creación de este Fondo tiene efectos benéficos, por varias razones. En primer lugar, es un recurso aplicado en el lugar de mayor sensibilidad, donde su efecto multiplicador es mayor. Estamos convencidos -y lo hemos hablado muchas veces en la Comisión de Ciencia y Tecnología- de que la aplicación de recursos destinados directamente a la transferencia de conocimiento al sector productivo, tiene un efecto multiplicador sumamente importante. Si se aplicara como un subsidio, podría tener un resultado menor, pero al aplicarse a la asistencia técnica, tiene un efecto muchísimo mayor.

En segundo término, si bien podría pensarse que el monto es pequeño, no lo es para este destino que mencionamos. Además, puede verse incrementado si su reglamentación lo combina con el aporte privado correspondiente. Según la experiencia en la materia, es posible obtener una contraparte del sector privado de entre un 30% y un 70%. Si tomamos como promedio el 50%, podríamos decir que por cada peso que destinamos con este fin, vamos a tener una contraparte de otro peso del sector privado para aplicar a estos proyectos.

En tercer lugar, más allá de la magnitud de los aportes, nos parece que es una buena señal el cooperar con la inversión en este momento en que, en el sector primario y en el industrial de bajo valor agregado, ya se ha alcanzado un desarrollo razonable, estando debidamente consolidados. Creo que es bueno aplicar recursos al sector de mayor valor agregado, ya que en el caso de la madera hay muchísimo para realizar, por ejemplo, en los rubros de mueblería y exportación de productos de alto valor agregado. Por otra parte, es allí donde se crea empleo de mayor calidad y magnitud.

Por lo tanto, señor Presidente, nos permitimos plantear un aditivo que ya está en poder de la Mesa y que he fundamentado en estos momentos. Además, lo he consultado con la Comisión correspondiente y también con la Dirección Forestal.

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: el hecho de que la Comisión haya resuelto dar su aprobación a este proyecto de ley, responde -si bien es cierto lo que expone el señor Senador Aguirrezabala en cuanto a su importancia desde el punto de vista teórico- a la idea de que no es buena cosa dar señales que generen inestabilidad o reglas de juego poco claras para la inversión. Creo que el sistema político ya ha dado señales, desde el año 2002, en el sentido de una progresiva reducción de este subsidio. Teniendo en cuenta la escasa variación de la transferencia a las empresas forestales, si se aplica el criterio de la Ley del 2002 o el de este proyecto de ley, la Comisión se ha inclinado a favor de seguir los lineamientos solicitados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y proceder a la derogación del subsidio.

Por otra parte, nos consta que muchos empresarios vinculados al sector no manifiestan una mayor preocupación, a esta altura de los acontecimientos, por el mantenimiento o la derogación de este subsidio forestal. De cualquier manera, creo que es muy importante -ya en Sala varios señores Senadores se han referido al tema- destacar este proceso que ha estado pautado por el subsidio y, además, por las exoneraciones de la contribución inmobiliaria rural, así como otra serie de beneficios a nivel fiscal para las empresas forestales. Todo esto en su conjunto significó un aliento muy importante para el desarrollo de una actividad que en su momento generó enorme resistencia. Recuerdo que cuando asumí la Intendencia de Tacuarembó en el año 1995, había mucha resistencia desde el punto de vista cultural a esta actividad, dado que es un departamento de economía básicamente ganadera. Hoy, cuando empezamos a apreciar inversiones importantes de sectores industriales en Tacuarembó, valoramos estos emprendimientos que, en gran medida, posibilitan que inversores trascendentes en la industria de la madera, estén llegando a nuestro departamento, a Rivera y, sobre todo, a Río Negro, que tiene un proceso mucho más largo que los del norte del país y que hoy está en boga y en las tapas de los medios de prensa, por las famosas inversiones irlandesas y españolas referidas a la instalación de plantas de celulosa sobre el río Uruguay. Sin duda, consideramos que estos son elementos positivos porque generan trabajo. Precisamente, en la tapa de uno de los principales matutinos de nuestro país, se publicaron hoy cifras provenientes del Instituto Nacional de Estadística que indican que en los próximos veinte años el interior estaría perdiendo un 30% de su ya magra y disminuida población. Este tipo de hechos debería preocupar mucho más al sistema político y consideramos que son buenas este tipo de iniciativas porque estos subsidios significan una transferencia del Gobierno Central o de las Intendencias a las empresas forestales.

No tenemos que olvidar el esfuerzo que han hecho Intendencias como las de Rivera, Río Negro, Tacuarembó o Paysandú en el norte del país porque, realmente, ha sido muy grande y ha significado una disminución muy trascendente de los recursos anuales en lo que refiere a las responsabilidades y cometidos que tienen con respecto a la población y a su respectivo departamento.

Entonces, cuando apreciamos esa realidad y asistimos a un proceso de progresiva disminución de la población en la zona del interior -proceso que lleva ya cincuenta o sesenta años en la vida del Uruguay- y de mayor concentración sobre la costa del Río de la Plata, vemos que en otro tipo de emprendimientos y actividades -que generan, sobre todo, trabajo y oportunidades laborales-, este tipo de instrumentos son bien válidos como elementos idóneos y útiles para comenzar a revertir un proceso que, sin duda, es malo para el país y que, en los próximos años, va a traer más funestas consecuencias de las que ya ha traído en estos tiempos. Si este proceso se sigue agravando, señor Presidente, no tengo dudas de que en los próximos años, cada período de Gobierno que se inicie va a tener que hacerlo con un nuevo Plan de Emergencia, porque la concentración de población y los bolsones de pobreza van a ser cada vez mayores. Justamente, este es uno de los aspectos fundamentales en el que, necesariamente, todo el sistema político -con política y visión de Estado, por encima de la visión pequeña del Partido o del sector- debe pensar sincera y seriamente. Reitero, debemos pensar en la transformación del país y en el proyecto que queremos llevar adelante.

Muchas gracias.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: como dijo el señor Miembro Informante, este proyecto de ley, con la nueva redacción que le dio la Comisión, fue aprobado por unanimidad en ese ámbito, en concordancia con el Ministerio.

Creemos que del intercambio que se está dando esta tarde en Sala surge la necesidad de que en algún momento el Parlamento analice en profundidad y haga un balance sobre la Ley Forestal, que se votó en determinada fecha y al día de hoy ya tiene su historia. En consecuencia, tal vez deberíamos hacer un alto para balancear todos sus efectos, los pros y los contras, las cosas que habría que agregarle y analizar todo el resultado de una ley que, notoriamente, cambió la geografía del país. En mi opinión, nos debemos esa reflexión y ese análisis, por lo que ha significado la forestación en estos últimos años. No es mi intención hablar en este momento porque no es el tema, pero reitero que, a mi entender, este es un debe del Senado de la República.

Quisiera detenerme un minuto en el tema de la Contribución Inmobiliaria, asunto que fue largamente discutido en Comisión, entre otras cosas porque la integran varios ex Intendentes que tienen dolorosamente claro este problema. Pienso que esta exoneración la debemos mirar desde dos ángulos. Por un lado, la recaudación de las Intendencias se basa, fundamentalmente, en dos "patas": la Contribución Inmobiliaria y la Patente de Rodados, y esta exoneración afecta a una de ellas.

Por otro lado, el traslado de los troncos procedentes de la forestación produce un deterioro en la caminería rural, en la departamental y en la nacional. Incluso, ese deterioro afecta a departamentos que no están forestados, entre otras cosas porque los camiones llegan a puertos, a plantas chipiadoras, etcétera. En este sentido, el ingeniero Berterreche nos informaba, en oportunidad de asistir a la Comisión, que desde el Ministerio se estaba pensando en cómo cuantificar o medir la trayectoria de un camión y los distintos departamentos que va afectando con las toneladas que carga. Indudablemente, es algo que hay que pensar muy bien para evaluar el perjuicio general que se ocasiona.

A su vez, las Intendencias, en buena ley, recaudan recursos por distintas vías, y uno de ellos es la Contribución Inmobiliaria, que no sólo se destina a caminería rural, sino que va a una bolsa para el presupuesto municipal. Quería hacer esta aclaración porque no hay una línea absoluta.

¿Qué es lo que el Ministerio ve con buenos ojos? Que se piense en el tema de la Contribución Inmobiliaria, pero no quiso incluirlo en este proyecto de ley porque es complicado. Esto también fue dicho en Comisión, y si bien no conozco el texto elaborado por el señor Senador Lapaz, tal vez sea el disparador de una discusión que también debe darse, aunque lo básico sería discutir todo el tema forestal. Pasaron tantos años, aplicamos determinadas medidas y ahora corresponde hacer un balance, lo que considero necesario para el país.

El otro asunto al que quería referirme es que el aditivo presentado por el señor Senador Long fue analizado por la Dirección Forestal, la que no le hizo ninguna objeción. En definitiva, todo lo que sea en bien de favorecer el valor agregado que le debemos poner a nuestras materias primas, creo que debería ser una preocupación nacional por que, finalmente, ello significa trabajo para nuestra gente.

En cuanto a lo que se manifestó respecto a que el subsidio en realidad ya venía extinguiéndose y esto apresura ese proceso, quería dejar una pequeña reflexión. Los subsidios no son buenos cuando se vuelven eternos. No estoy de acuerdo con que se subsidie de por vida, puesto que considero que se trata de bastones, de ayudas, probablemente para el arranque de algunos procesos, pero necesariamente hay un momento en que el proyecto debe caminar por sí mismo porque, de lo contrario, tiene alguna falencia o no cierra en algún punto. Conceptualmente, esto es lo que pienso de los subsidios.

No integraba el Parlamento cuando se trató la Ley Forestal, por lo que desconozco cómo se dio la discusión; pero pienso que si acordamos hacer un balance de esa norma, tendríamos que ver por qué en su momento no se le hizo un caminito de extinción. De todos modos, ese subsidio, reitero, no puede ser eterno y, en ese mismo concepto, las exoneraciones tampoco pueden serlo. Evidentemente, ellas son válidas y siempre vamos a tener que recurrir a ellas, por muchísimas razones; pero también debemos tener una perpetua revisión de estas cosas, porque cuando se hacen costumbre y se incorporan a determinadas modalidades de recaudación o de operación, finalmente son perjudiciales. Entonces, creo que a nadie puede ofender, en su negocio o emprendimiento, que estas cosas se discutan y revisen en forma permanente. Es más, creo que, justamente, esto habla de la seriedad del país ante inversores que vengan del exterior y, a su vez, de reglas claras para los nacionales.

Por último, como es de conocimiento de los señores Senadores, se ha derogado un decreto que ampliaba los lugares a forestar y, en tal sentido, se piensan rever todos los suelos realmente forestales porque ha habido errores en la relación suelo-variedad, lo cual ha llevado al fracaso de algunos emprendimientos. Por ejemplo, en el departamento del señor Senador Da Rosa se dio el caso de que la variedad de eucalipto elegida no tuvo andamiento en ese microclima y todo se transformó en una pérdida. Es así que el ingeniero Berterreche nos informó que se revisará todo el tema de las variedades y de los suelos. Precisamente, el Ministerio está haciendo un balance de estos años de la Ley Forestal y, a mi juicio, sería bueno que también lo hiciera el Parlamento. Eso nos podría llevar a construir lo que señalaba el señor Senador Aguirrezabala, es decir, que este tipo de empren-dimiento constituyera una política de Estado. Considero que estas discusiones de fondo son las que realmente importan.

En definitiva, hoy tenemos a consideración un modesto proyecto de ley que trata de poner punto final a un problema y a una deuda que, como sabemos, si continúa se transformará en impagable. A su vez, el Gobierno ha manifestado su voluntad de saldarla porque, como bien decía el señor Senador Lorier, algunos productores quizás tuvieran previsto el cobro del subsidio para alguna otra parte de su inversión.

Nada más.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: a modo de constancia, debo decir que me encuentro comprendido por el artículo 97 del Reglamento, dado que con mi familia tenemos campos forestados. Por tal motivo, en el pasado no he votado el artículo 43 de la Ley Nº 17.453, no participé de la discusión y me retiraré de Sala en el momento en que se vote este proyecto.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: quiero manifestar nuestra disposición en el sentido de incorporar el artículo que propone el señor Senador Long, pero se nos ocurre que correspondería que fuera como artículo 3º con una pequeña modificación en la redacción; en vez de decir "referida en el artículo anterior" deberá expresar "referida en el artículo 1º".

Por otro lado, debo aclarar que fui yo quien señaló en el transcurso de la primera exposición que no sólo estaba totalmente de acuerdo con los subsidios, sino que me parecían fundamentales. Además, sería muy tonto tolerar que en el mundo capeen los subsidios y que nosotros, en áreas que pueden necesitar ese empujón inicial, no estemos dispuestos a otorgarlos. Como reflexión general -les consta que tenemos problemas en algún sector de la vida económica nacional que hoy está subsidiado- señalaba que si no establecemos, al aprobar el subsidio, una fecha de finalización, luego es muy difícil convencer a los sectores beneficiados de la necesidad de su derogación.

Quisiera agregar que la cuantía es mucho menor de la que, incluso, estimó el señor Senador Alfie. El proyecto no descarta que plantaciones que se realicen en el transcurso de 2006 -que según la ley de 2002 es el último año en el cual gozarían del beneficio del subsidio- sean subsidiadas. El artículo 2º establece que deben ser merecedores del subsidio aquellos proyectos aprobados por la Dirección General Forestal antes de la promulgación de la ley. Entonces, bien pueden realizarse las plantaciones en el transcurso del año que viene si así lo autoriza dicha Dirección. A mi juicio, puede constituir un factor acelerador el invitar a invertir en la materia antes de que se promulgue la ley y, precisamente, por tal motivo en la Comisión coincidimos en cambiar la fecha. En vez de tomar como referencia la del envío del proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo, a fin de evitar suspicacias y para que existan reglas de juego muy claras -aprovechando la discusión que necesariamente habrá de darse en ambas Cámaras-, nos parece correcto que comience a regir una vez que sea promulgada la ley. En lo partidario, el objetivo principal que nos planteábamos lo hemos alcanzado. Como decíamos, a esta altura el subsidio no importa mayormente, y mucho menos a los pequeños productores que fueron quienes se sintieron más damnificados cuando no pudieron cobrarlo, siendo que para ellos era muy importante, no así seguramente para las grandes empresas, al menos en el arranque.

Creo que hemos traído el gran tema a consideración del Senado, que es la posibilidad de realizar modificaciones en materia tributaria respecto a inversiones que cambien necesariamente las reglas de juego. Hoy estamos prendiendo una luz roja de alerta que está dirigida, fundamentalmente, al gran beneficio. Cuando se informó a algunos sectores involucrados que había intención de adelantar en el tiempo la eliminación del subsidio forestal, de inmediato consultaron si lo mismo iba a ocurrir con la Contribución Inmobiliaria Rural, a lo cual respondimos que por el momento, no.

También queremos dejar de manifiesto lo que muy oportunamente planteó el señor Senador Lapaz en la discusión que se dio a nivel de la Comisión. Las Intendencias están muy preocupadas por esto. Tal como señaló el señor Senador Moreira, es muy probable que la ley original tenga visos de inconstitucionalidad, ya que priva a las Intendencias de este recurso. Efectivamente, como señalaba el señor Senador Vaillant, no se requiere iniciativa del Poder Ejecutivo para derogar esas exoneraciones, ya que el texto constitucional habla de "para determinar exoneraciones". De todos modos, la solución que intentan llevar adelante muchos intendentes municipales, en el sentido de que el Poder Ejecutivo compense lo que las Intendencias dejan de percibir por ese concepto, requiere voluntad de dicho Poder para que se concrete una definición de esas característi-cas.

En conclusión, señor Presidente, queda hecha el alerta porque también hemos escuchado hablar -y el Parlamento lo discutirá en su momento- acerca de la posibilidad de establecer impuestos en esta materia.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 23 en 26. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "Artículo 1º.- Elimínase la partida dispuesta por el artículo 219 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, destinada a atender los beneficios previstos por el artículo 52 de la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987 y el subsidio establecido por el artículo 45 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: si bien compartimos el artículo, luego de algunas consultas se nos ocurre que puede plantearse una contradicción entre el artículo 1º y el 2º que luego se agrega. Digo esto porque en el artículo 1º eliminamos una partida y en el segundo utilizamos una parte de ella.

A los efectos de asegurar la simultaneidad del acto legislativo, proponemos agregar, al comienzo de este artículo 1º: "Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2º, elimínase la partida", de manera que quede claro. Me refiero al nuevo artículo 2º, propuesto por el señor Senador Long, que pasará a ser 3º.

SEÑOR PRESIDENTE.- El artículo aditivo propuesto por el señor Senador Long está establecido como artículo 2º. Me consta que algunos Senadores consideran que sería mejor que fuera artículo 3º; sin embargo, a la Mesa le parece más razonable seguir considerando este artículo aditivo como posible artículo 2º. El otro pasaría a ser 3º. En ese caso, la frase que ahora desea agregar el señor Senador Vaillant sería un aditivo al artículo 1º y diría: "Sin desmedro de lo establecido en el artículo 2º".

SEÑOR VAILLANT.- Exactamente, así lo propongo, señor Presidente.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Me parece más adecuado que el artículo referido al fondo del 10% que resulta de un ahorro, sea el 3º. En realidad, el artículo 1º elimina el subsidio y el artículo 2º limita eso para los nuevos proyectos. O sea, que ambos artículos están encadenados. En cambio, el otro se refiere a los ahorros, por lo que habría que decir "sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3º".

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Deseo expresar que, en definitiva, el lugar en que quede el artículo aditivo no hace al fondo del proyecto. Por lo tanto, compartimos lo propuesto por el señor Senador Rubio.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Quiero decir que, por parte de algunos compañeros, se me consultó con respecto a la nueva redacción a dar al artículo 1º. Con relación a ese "sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 2º" -o 3º, depende del lugar en que quede el artículo aditivo- creo que es más exacto, desde el punto de vista de la técnica legislativa, establecer en la nueva redacción: "con la salvedad de lo dispuesto por el artículo", etcétera.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar todo el artículo 1º con el agregado de la frase propuesta.

(Se vota:)

- 25 en 28. Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "Artículo 2º.- El referido subsidio se mantendrá para los productores que hubieren presentado proyectos forestales ante la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para su aprobación, con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley. Dichos proyectos, en caso de resultar aprobados, quedarán comprendidos en el artículo 43 de la Ley Nº 17.453 de 28 de febrero de 2002."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 3º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "Artículo 3º.- El diez por ciento (10%) del ahorro resultante de la eliminación de la partida referida en el artículo 1º, se destinará a brindar asistencia técnica a proyectos de alto valor agregado en el sector forestal.

Dicha suma será administrada conjuntamente por la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Dirección de Industria del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Deseo preguntar al señor Senador proponente: ¿a qué se refiere el artículo, cuando dice "brindar asistencia técnica a proyectos de alto valor agregado en el sector forestal"? Quisiera saber cuáles serían los rubros, cuáles las actividades y qué significa "alto valor agregado". También deseo saber de qué tipo de empresas se trata y cuál es el estudio que hay detrás, para saber cuáles son las que realmente necesitan asistencia técnica. Podríamos seguir preguntando, pero sería bueno que el señor Senador proponente nos diera una explicación al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para una aclaración, tiene la palabra el señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Aquí nos referimos a sectores como el de la mueblería, el de las casas prefabricadas, a elementos para la fabricación de las mismas y a toda una gama de procesos que caen, claramente, en el tramo final de la cadena de desarrollo del sector forestal.

En este sentido, hay una cantidad de campos que Uruguay todavía debe explorar. No incluye, obviamente, aquellos proyectos industriales de tipo tradicional como podría ser el caso de las plantas de celulosa -para poner un ejemplo diferente-, pero sí una serie de campos en los que nuestro país tendrá que entrar gradualmente.

En lo personal, considero que se ha consolidado el sector primario como, por ejemplo, la plantación, así como el sector industrial de bajo valor agregado, como las plantas de celulosa. Ha habido cierto desarrollo en un sector industrial medio, como son las plantas de aserrado, pero falta lo que sería el remate respecto de un conjunto de actividades que requieren de un componente de conocimientos muy importante.

A mi juicio, la asistencia técnica se tiene que brindar, en todos los casos, por un mecanismo de aporte del sector privado, a la par que lo haga este Fondo, a través de organismos reconocidos, como la Dirección Forestal, la Dirección de Industrias, el INIA y el LATU. Podría ser por un mecanismo de concurso, pero eso tendrá que establecerlo la reglamentación. Hay que destacar que se trata, típicamente, de un fondo sectorial que considero que debe encarar solamente aquellos proyectos de alto valor agregado. Por supuesto, la definición habría que afinarla un poco más, a nivel de la reglamentación.

Creo que con estas palabras he dejado bien claro el hecho de que nos estamos refiriendo a aquellos que realmente tienen un componente de mano de obra calificada, de conocimientos y de diseño. Para terminar, deseo dar un solo ejemplo. El tema de la mueblería, en el que Uruguay puede tener posibilidades importantes, tiene aspectos muy complejos desde el punto de vista de la naturaleza de la madera, ya que el eucalipto, que es una de las maderas que más producimos, es prácticamente desconocido en el ámbito internacional. Además, hay aspectos de diseño y de relacionamiento con la venta, que son sumamente complejos.

Países como Chile, que han tenido éxito en esta materia, ha debido hacer un trabajo extraordinario de penetración de mercados. Ha logrado armar una cadena muy compleja y sofisticada, y actualmente produce para Estados Unidos y Europa, a pedido. Según la demanda de las cadenas de colocación de productos en los lugares de destino, va acomodando el diseño y, por ende, también la selección de las maderas. Estoy pensando en ese tipo de cosas.

Creo que Uruguay tiene una capacidad técnica im-portante, pero a veces, tal como señalé anteriormente, faltan recursos y coordinación. Aquí vamos a tener algo de recursos, pero ubicados en un sector muy sensible; y vamos a tener coordinación, tal como lo establece el proyecto.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Esto lo habíamos hablado con el señor Senador Long, pero para que quede más clara toda la explicación que él dio, voy a proponer un pequeño agregado: "...para la manufactura de la madera." Creemos que de esta manera quedará claro a qué va dirigida la asistencia técnica. De esta forma, la redacción sería la siguiente: "Se destinará a brindar asistencia técnica a proyectos de alto valor agregado al sector forestal para la manufactura de la madera."

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Estoy de acuerdo, y me parece que esto acota más el destino; estamos hablando de manufactura, o sea, de madera procesada y de alto valor agregado.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: voy a proponer una modificación al primer inciso de este artículo 3º. Allí se señala que el diez por ciento del ahorro resultante de la eliminación de la partida referida en el artículo 1º, se destinará a brindar asistencia técnica a proyectos de alto valor agregado en el sector forestal. Comparto la filosofía de esta propuesta del señor Senador Long; sin embargo, sin desconocer el objetivo final que compartimos -lo reitero-, no podemos ignorar el informe que el Poder Ejecutivo elevó al Cuerpo señalando que ya existe un déficit evaluado en U$S 20:000.000, de modo que hablar de ahorro significa, por lo menos, dar una imagen que no condice con la realidad.

En consecuencia, para no atarnos a una redacción taxativa, sugiero que en vez de "se destinará", se establezca una fórmula un poco más relativa que diga "se podrá brindar asistencia técnica a proyectos de alto valor agregado en el sector forestal". Digo esto, pensando en que no hay un ahorro real. El Poder Ejecutivo está señalando que el subsidio forestal asciende a más de $ 717:000.000 y que solamente las erogaciones fueron de $ 236:000.000. Entonces, se generó un déficit de U$S 20:000.000 y, por eso, hablar de ahorro es algo que -como dije- no se ajusta a la realidad económica. Así, más allá de que comparto los objetivos que se buscan, quisiera condicionar el artículo a algo que relativice esa cláusula taxativa, tal como está señalada en el primer inciso.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa entiende que este artículo 3º quedará redactado, entonces, de la siguiente manera: "El diez por ciento del ahorro resultante de la eliminación de la partida referida en el artículo 1º, se podrá destinar a brindar asistencia técnica a proyectos de alto valor agregado en el sector forestal para la manufactura de la madera."

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Me preocupa la sugerencia del señor Senador Cid en el sentido de que la expresión "se podrá destinar" suene a algo que, en definitiva, no se va a realizar. Entiendo que de la otra forma se establecía un destino muy claro. De todas maneras, quiero insistir en el tema del ahorro, señor Senador, en este sentido. Desde el día de la promulgación de la ley, la partida desaparece. Por lo tanto, hay una cuota parte de la partida correspondiente al año 2005 y el cien por ciento de la partida del año 2006, que desaparece. Por lo tanto, allí hay, efectivamente, un ahorro. Lo que se está proponiendo mediante la redacción sugerida -muy acertadamente- por los señores Senadores Vaillant y Breccia: " con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 3º" -hay que consultar el texto original-, es que de esa partida, que desde el momento de la promulgación de la ley no se tocaría más, conservaríamos un 10% con este destino. Ahora bien, lo ya devengado -que, ciertamente, generó un déficit-, tiene que ser cubierto de otra manera, porque esa partida desaparecerá después de la promulgación de la ley. Para cubrirlo está la partida hasta el día de la promulgación, más -como decía el Presidente de la Comisión y Miembro Informante- lo que se obtendría de otras fuentes, como la partida que estaría incluida en la Rendición de Cuentas. En fin, para cubrir ese déficit ya generado, se va a recurrir a otros elementos y no a la partida en el tramo que va entre la fecha de la promulgación de la ley y el 1º de enero de 2007, porque ella desaparece.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa entiende que hay dos propuestas presentadas. Por un lado, la que formuló el señor Senador Cid sugiriendo que se diga que se podrá brindar asistencia técnica, etcétera. Por otra parte, está la que sostiene el señor Senador Long, por la cual se establece que se destinará a brindar asistencia técnica, etcétera.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARAVIA.- Creo que la propuesta del señor Senador Long es correcta y habría que votarla tal como está, sin la sugerencia del señor Senador Cid. Es como dice el señor Senador Long: el ahorro va a estar a partir del momento en que se elimine la partida.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase, en primer lugar, la propuesta presentada por el señor Senador Long.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "El diez por ciento del ahorro resultante de la eliminación de la partida referida en el artículo 1º, se destinará a brindar asistencia técnica a proyectos de alto valor agregado en el sector forestal para la manufactura de la madera. Dicha suma será administrada conjuntamente por la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Dirección de Industria del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación".

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. -Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: con el ánimo de brindar un aporte y a riesgo de que, de pronto, el significado no sea exactamente el mismo y para contemplar a quienes no desean calificar de ahorro algo que está cuestionado como tal, voy a proponer la siguiente redacción: "El diez por ciento resultante de la eliminación de la partida", etcétera, sin calificarlo de ahorro dado que puede estar en discusión si es, o no, otra cosa.

SEÑOR LONG.- "El diez por ciento del monto resultante..."

SEÑORA DALMAS.- Correcto, señor Senador, "El diez por ciento del monto resultante..."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase tal como quedará redactado.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "El diez por ciento del monto resultante de la eliminación de la partida referida en el artículo 1º, se destinará a brindar asistencia técnica a proyectos de alto valor agregado en el sector forestal para la manufactura de la madera".

SEÑOR PRESIDENTE.- El resto de la redacción queda, obviamente, como está.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Comprendo que, en general, estas discusiones pueden ser tediosas, pero hay que tener en cuenta que terminan en leyes que alguien deberá aplicar. Con toda franqueza, aunque todavía no tengo una alternativa para plantear al Cuerpo, me parece que no se puede establecer que se destinará el 10% del monto resultante de la eliminación de una partida, puesto que el 10% de cero, es cero.

Entonces, invito a los señores Senadores a que reflexionemos por unos minutos en esta redacción, en cuyo espíritu todos estamos de acuerdo, pero que desde el punto de vista literal puede ser bastante incongruente para quien luego la lea. Además, temo que con su aprobación, quienes estamos aquí presentes, podamos atribuirnos cierta incompetencia que, en lo que me es personal, no admitiría.

Muchas gracias.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: voy a tratar de hacer un aporte rápido.

En primer lugar, quiero destacar que, desde el punto de vista filosófico, hay consenso en este Cuerpo en agregar este aditivo.

En segundo término, entiendo que el señor Senador Cid no quiso emplear el término "ahorro" porque en la propia exposición de motivos del texto propuesto por el Poder Ejecutivo se decía que había un déficit. Hubo una explicación del señor Senador Long que considero correcta, pues desde el punto de vista contable, como ficción legal, existe un ahorro, pero la fórmula propuesta por el señor Senador Cid no elimina la palabra "ahorro" y, por lo tanto, el problema persiste. Por esa razón, me pareció más convincente la redacción sugerida por la señora Senadora Dalmás a la que se agrega el aporte gramatical del señor Senador Long. O sea, que se hablaría de "monto" y no de "ahorro".

Por otro lado, quiero decir que me parecen adecuadas las preocupaciones planteadas por el señor Senador Breccia, pues siempre es bueno elaborar los textos lo mejor posible desde el punto de vista jurídico; sin embargo, ¿para qué se incluyó en el artículo 1º la expresión "con las salvedades establecidas"? Precisamente, para que no se plantee la circunstancia a que hizo referencia el señor Senador Breccia. Quiere decir, entonces, que la eliminación de la partida del artículo 1º es una especie de 90% restando, entonces, se trata del 10%.

De manera que, en mi opinión, no hay ninguna incongruencia legal y que hemos llegado a una fórmula perfeccionada, que habría que pasar a votar.

Desde ya aclaro que digo esto como un aporte y con mucho respeto por el esfuerzo que se hace para que las leyes queden redactadas de la mejor manera posible.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase tal como quedaría el primer inciso del artículo 3º.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "Artículo 3º.- El 10% del monto resultante de la eliminación de la partida referida en el artículo 1º se destinará a brindar asistencia técnica a proyectos de alto valor agregado en el sector forestal para la manufactura de la madera."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR CID.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

- 26 en 27. Afirmativa.

En consecuencia, ha quedado aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:

"ARTICULO 1º.- Con la salvedad de lo dispuesto por el artículo tercero, elimínase la partida dispuesta por el artículo 219 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, destinada a atender los beneficios previstos por el artículo 52 de la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987 y el subsidio establecido por el artículo 45 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988.

ARTICULO 2º.- El referido subsidio se mantendrá para los productores que hubieren presentado proyectos forestales ante la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para su aprobación, con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley.

Dichos proyectos, en caso de resultar aprobados, quedarán comprendidos en el artículo 43 de la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002.

ARTICULO 3°.- El diez por ciento (10%) del monto resultante de la eliminación de la partida referida en el artículo primero, se destinará a brindar asistencia técnica a proyectos de alto valor agregado en el sector forestal, para la manufactura de la madera.

Dicha suma será administrada conjuntamente por la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Dirección de Industria del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación."

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: por supuesto, estamos de acuerdo con el espíritu de esta disposición, pero quiero señalar que hemos acompañado este texto con muchas dudas, pues el Poder Ejecutivo plantea, por un lado, que se debe bajar el déficit y ahora resulta que no lo bajamos lo suficiente. De cualquier manera, son montos pequeños que se van a trasladar a la investigación y a la elaboración de madera con tecnología de punta.

En definitiva, quiero decir que compartimos el espíritu de lo que aquí se dispone. No obstante, no quisiera que hoy o mañana, en otra circunstancia y con otro monto, se nos reclame que debemos votarlo porque hoy estamos aprobando esto. Dicho de otro modo, no creo que estemos habilitados para votar cualquier otro monto en otras circunstancias.

SEÑOR LAPAZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: quiero señalar que, en mi opinión, en el artículo 2º no están amparados los proyectos que ya han sido aprobados y que en esa disposición se hace referencia solamente a los proyectos que se presenten y que queden a estudio. Reitero: los proyectos ya aprobados parecería que no están contemplados en este texto.

Además, me parece que el espíritu de la Comisión -pien-so que no quedó plasmado en este texto- era que los proyectos que ya estuvieran presentados y contemplados por lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Nº 17. 453, a los que gradualmente se les va a ir disminuyendo el subsidio, se mantuvieran y, al mismo tiempo, los nuevos proyectos que se presenten antes de la fecha de la promulgación, quedarían también amparados gradualmente por el artículo 43 de esa ley. Sin embargo, reitero, en la redacción del artículo 2º no se hace referencia a este tipo de proyecto.

13) OPERACION ACRUX II

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se autoriza la concurrencia de un contingente de 50 (cincuenta) efectivos del Cuerpo de Fusileros Navales, un guardacosta, un buque logístico, una aeronave de ala fija y una aeronave de ala rotatoria de la Armada Nacional con sus correspondientes tripulaciones, a la Operación ACRUX II que se llevará a cabo en la República Argentina (Zárate) entre los días 21 de agosto y 2 de setiembre de 2005. (Carp. Nº 234/ 05 - Rep. Nº 89/05)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 234/05

Rep. Nº 89/05

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 27 de junio de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo cumple en remitir el presente proyecto de ley, a efectos que ese Cuerpo conceda la autorización prevista en el numeral 12 del artículo 85 de la Constitución de la República a fin de que un contingente de 50 (cincuenta) Personal Militar del Cuerpo de Fusileros Navales, un guardacosta, un buque logístico, una aeronave de ala fija y una aeronave de ala rotatoria de la Armada Nacional con sus correspondientes tripulaciones concurran a la Operación ACRUX II, que se llevará a cabo en la República Argentina (Zárate), entre los días 21 de agosto y 2 de setiembre de 2005.

La Operación ACRUX se ha venido desarrollando anualmente como ejercicio de planificación y "juego de cartas" desde 1999.

La misma comprende, en un escenario fluvial típico de las hidrovías centrales del MERCOSUR, la realización de ejercicios combinados de Operaciones Fluviales y Ribereñas, de Vigilancia, Interdicción, Seguridad y de Búsqueda y Rescate.

En ese contexto se ejercita el Comando, Control y Comunicaciones de las Fuerzas Combinadas Regionales.

Participan del Ejercicio las Armadas de los países miembros del MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los cuales, rotativamente, planifican y ofician de anfitriones del mismo, ejerciendo con ese criterio, el comando de los Grupos de Tarea que integran la Fuerza Regional de ejercicio.

En el presente año, finalizada la etapa mencionada de "juego de cartas", se pasará a ejecutar el ejercicio en el terreno con la participación efectiva de fuerzas; Argentina (país anfitrión) y Brasil ya han confirmado su participación.

La situación general anteriormente explicitada, así como la ubicación de Area de Operaciones prevista (Zárate, República Argentina), las características de su escenario y su proximidad a nuestro territorio, hacen especialmente propicia la ocasión para que nuestro país, a través de su Armada, participe con los tres componentes operativos de dicha fuerza.

Esta participación permitirá a nuestra Institución aportar a la Fuerza Combinada, toda la experiencia acumulada en Operaciones Fluviales y Ribereñas reales, realizadas en jurisdicción nacional y durante el cumplimiento de Misiones de Paz (Camboya y República Democrática del Congo), así como ejercer el Comando del Grupo de Tarea Aeronaval, integrante de la Fuerza Operativa.

Lo mencionado precedentemente mejorará la interoperatividad con las fuerzas navales de los países del MERCOSUR y el adiestramiento en un Teatro de Ope-raciones muy específico y sensible para la seguridad regional, incrementando a su vez, las medidas de confianza mutua con las Fuerzas Armadas de los países participantes.

Más allá de ello se destaca que, de acuerdo a la rotación ya señalada, en el año 2006 correspondería a Uruguay la organización de la Operación, responsabilidad que se vería sustentada con una activa participación en el presente año.

Por los fundamentos expuestos, se solicita la atención de ese Cuerpo al Proyecto de Ley que se acompaña y cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General, atentamente.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Azucena Berruti. Belela Herrera, José Díaz.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Autorízase la concurrencia de un contingente de 50 (cincuenta) Personal Militar del Cuerpo de Fusileros Navales, un guardacosta, un buque logístico, una aeronave de ala fija y una aeronave de ala rotatoria de la Armada Nacional con sus correspondientes tripulaciones a la Operación ACRUX II que se llevará a cabo en la República Argentina (Zárate) entre los días 21 de agosto y 2 de setiembre de 2005.

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese y archívese.

Azucena Berrutti, Belela Herrera, José Díaz.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Defensa Nacional

ACTA Nº 8

En Montevideo, el día lunes primero de agosto del año dos mil cinco, a las diecisiete horas y cinco minutos, se reúne la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, señores Senadores Eleuterio Fernández Huidobro, José Korzeniak, Carlos Moreira, Gustavo Penadés y Jorge Saravia.

Preside el señor Senador Eleuterio Fernández Huidobro, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Alfredo O. Brena, Secretario de la Comisión, asistido por la señora María José Morador.

ASUNTOS ENTRADOS:

Nota remitida por el Espacio "Memorias para la Paz", solicitando ser recibidos por la Comisión.

ORDEN DEL DIA:

1.- CARPETA Nº 234/2005 - OPERACION ACRUX II. Se autoriza la salida de un contingente de personal militar del Cuerpo de Fusileros Navales, un Guardacosta, un Buque Logístico, una Aeronave de Ala Fija y una Aeronave de Ala Rotatoria de la Armada Nacional. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 234/2005.

2.- CARPETA Nº 216/2005. ASCENSOS AL GRADO DE CAPITAN DE NAVIO DE LA ARMADA NACIONAL.

RESOLUCIONES:

1.- CARPETA Nº 234/2005 - OPERACION ACRUX II. Se pone a consideración de la Comisión. Se vota: 5 en 5: Afirmativa. Unanimidad. Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador Jorge Saravia.

2.- CARPETA Nº 216/2005. Se posterga su consideración.

3.- Tratar como primer punto del Orden del Día de la próxima sesión la CARPETA Nº 194/2005.

A la hora dieciocho se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que firman los señores Presidente y Secretario de la Comisión.

Eleuterio Fernández Huidobro Presidente

Alfredo O. Brena Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: la Comisión de Defensa Nacional ha aprobado este proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo por el cual se autoriza la salida de un contingente de 50 (cincuenta) efectivos del Cuerpo de Fusileros Navales, un guardacosta, un buque logístico, una aeronave de ala fija y una aeronave de ala rotatoria de la Armada Nacional con sus correspondientes tripulaciones, a la Operación ACRUX II que se llevará a cabo en la República Argentina (Zárate) entre los días 21 de agosto y 2 de setiembre de 2005. Cabe agregar que el año próximo nuestro país estaría en condiciones de realizar estas operaciones que se efectúan en conjunto con las Armadas del MERCOSUR.

En tal sentido, sugerimos al Cuerpo que apruebe la salida de este contingente y de este grupo logístico.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "Artículo 1ro.- Autorízase la concurrencia de un contingente de 50 (cincuenta) Personal Militar del Cuerpo de Fusileros Navales, un guardacosta, un buque logístico, una aeronave de ala fija y una aeronave de ala rotatoria de la Armada Nacional con sus correspondientes tripulaciones a la Operación ACRUX II que se llevará a cabo en la República Argentina (Zárate) entre los días 21 de agosto y 2 de setiembre de 2005."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

14) PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. (Carp. Nº 155/ 05 - Rep. Nº 93/05)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 155/05

Rep. Nº 93/05

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 8 de abril de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a fin de someter a su consideración de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168 numeral 20 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.

El mencionado Protocolo consta de un Preámbulo y 37 artículos.

ANTECEDENTES

En 1991, la representación de Costa Rica presentó a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas la iniciativa de adoptar un nuevo instrumento internacional de derechos humanos, adicional a la Convención Internacional contra la Tortura.

Para el análisis del texto se creó un Grupo de Trabajo ad hoc, integrado por los Estados miembros de la Comisión. Uruguay en coordinación con la mayoría de los países latinoamericanos que integran el GRULAC tuvo activa participación en la discusión del texto del Protocolo.

Finalmente, en el 58 período de sesiones durante el año 2002 el texto del protocolo fue adoptado por la Comisión de Derechos Humanos por resolución 2002/33, del 22 de abril de 2002. Posteriormente, el Protocolo fue remitido por el ECOSOC y la resolución 57/199 del 9 de enero de 2003 de la Asamblea General de las Naciones Unidas lo aprobó quedando abierto a la firma, adhesión y ratificación.

ASPECTO SUSTANTIVO DEL PROTOCOLO

El Protocolo facultativo tiene como objetivo asistir a los Estados Partes a implementar las obligaciones que emergen de la Convención contra la Tortura. En tal sentido, puede decirse, que la naturaleza jurídica del instrumento es claramente adicional a las obligaciones internacionales preexistentes, respecto de los Estados ratificantes de la Convención.

A partir de dicho instrumento, se crea un nuevo mecanismo de prevención contra la tortura, basado en un sistema de visitas "in situ", que en líneas generales sigue el modelo instaurado por el Comité europeo para la prevención de la tortura.

Sin embargo, y en ello radica la especificidad y la innovación de este instrumento, el régimen de monitoreo internacional a través de visitas es subsidiario de los mecanismos nacionales. En este caso, el principio de subsidiariedad, la columna vertebral del sistema de protección internacional de los derechos de la persona humana, tiene consagración expresa en el instrumento referido.

En síntesis puede sostenerse que el instrumento contiene dos obligaciones principales a cargo de los Estados. La primera obligación se puede resumir en lo siguiente: crear en el ámbito interno un organismo independiente que tenga como cometido sustantivo regular un sistema de visitas a los centros de detención, o a todo lugar donde se sospeche que puede haber personas detenidas.

El artículo 18 de Protocolo establece las condiciones que debe reunir este mecanismo nacional:

a) independencia funcional

b) integración con miembros cuyas capacidades y conocimientos profesionales justifiquen su designación

c) recursos financieros y humanos que permitan desarrollar su labor.

El artículo 12 del Protocolo establece una obligación accesoria de cooperación a cargo del Estado, a efectos de permitirle a dicho Sub-comité el ingreso al país con fines de monitoreo.

Luego de la visita, el Sub-comité emitirá un informe en consulta con las autoridades del país concernido, que se publicará en forma conjunta con los comentarios que el Estado referido desee realizar acerca del mismo.

En casos extremos de registrarse una deliberada falta de cooperación con el Sub-comité, éste constituirá un informe público sin necesidad de contar con el consentimiento del Estado.

Finalmente, vale señalar que el instrumento no admite reservas de tipo alguno.

URUGUAY Y LA NEGOCIACION DEL PROTOCOLO

El Estado uruguayo participó activamente en la redacción del Protocolo, aceptando la procedibilidad subsidiaria de un mecanismo internacional de monitoreo sobre las condiciones de detención como herramienta de prevención respecto de la aplicación de la Tortura, partiendo de la base de que es responsabilidad primaria del Estado proteger los derechos humanos y prevenir su violación.

Por cuanto la Ley Nº 17.684 del 29 de agosto de 2003 instituyó la creación de un Comisionado Parlamentario con el cometido de controlar la situación de las personas privadas de libertad por proceso judicial y realizar visitas a los Centros Carcelarios (Art. 2), a juicio del Poder Ejecutivo la República está en condiciones de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, por lo que se solicita al Poder Legislativo la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

TABAREZ VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, José Díaz, Jorge Brovetto.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 8 de abril de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, aprobado por resolución 57/199, de 9 de enero de 2003 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Reinaldo Gargano, José Díaz, Jorge Brovetto.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

Al Senado:

INFORME

El Poder Ejecutivo envía a consideración del Parlamento el proyecto de ley por el cual se aprobará el Protocolo Facultativo contra la Tortura y otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, aprobado por resolución 57/199 de 9 de enero de 2002 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Jueza costarricense Elizabeth Odio, que fuera Presidenta del Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de las UN que elaboró el Protocolo, y que es hoy Jueza de la Corte Penal Internacional dice: "La tortura constituye la más grave de las violaciones de los derechos fundamentales de los seres humanos. Destruye su dignidad al degradar su cuerpo y causa heridas, muchas veces irreparables, en la mente y el espíritu de las personas. Las nefastas consecuencias de esta atroz violación de los derechos humanos se extiende a la familia de las víctimas y a todo su entorno social. Los valores y principios sobre los que se asientan la democracia y toda forma de convivencia humana pierden significado y vigencia".

El texto cuya aprobación se solicita tiene, en consonancia con la declaración de la Conferencia Mundial en Viena en junio de 1993, un enfoque centrado en que los esfuerzos para erradicar la tortura deben concentrarse ante todo en la prevención, profundizando en ese sentido, las medidas que establece la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las UN, de la que el Uruguay es ratificante.

El Texto que se somete a aprobación, en su Preámbulo precisa el objetivo fundamental: la obligación de los Estados Parte de tomar una serie de medidas para prevenir la tortura y otros malos tratos.

En la Parte I, Principios generales, se establecen los mecanismos previstos.

En el Art. 1º se establece un sistema de visitas periódicas a cargo de organismos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren las personas privadas de libertad. Años de labor en este tema han demostrado que los mecanismos de visita son los que mejor pueden trabajar de forma constructiva con las autoridades del Estado en materia de prevención.

En los artículos siguientes se explicitan los mecanismos, con una concepción muy especial y nueva a nivel internacional: en el Art. 2º se establece el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, como órgano encargado de cumplir las funciones previstas en el Protocolo, en el Art. 3º se pide al Estado que designe, a nivel nacional, los órganos de visita, que podrán ser uno o varios, y que en la práctica, son Ombudsman, Comisionados de Derechos Humanos, Comisiones parlamentarias, Comisiones de Derechos Humanos, Organizaciones no Gubernamentales, etc. En la Parte IV se establecerán los criterios que estas organizaciones deberán cumplir. En el Art. 4º se establece la obligación del Estado de permitir las visitas a los lugares de detención, adoptándose una definición amplia sobre lo que este protocolo considera que son lugares de detención. Para la realización de las visitas a los lugares de detención no se necesitará de consentimiento previo del Estado, sino que se considera que este al ratificar el Protocolo, extiende per se una invitación para permitir las visitas tanto a un órgano nacional como a un órgano internacional. Este es un enfoque sin precedentes, en realidad es el primer instrumento adoptado en el marco de las UN que establece una disposición con este contenido.

En la Parte II, El Subcomité para la Prevención, Arts. 5 a 10, se describen en detalle el establecimiento del Subcomité, la elección de sus miembros, expertos, relatores y funcionarios, de su Mesa: Presidente, Vicepresidente y de su reglamento.

En la Parte III, Mandato del Subcomité para la Prevención, se detallan por un lado las competencias del Subcomité, que comprenden:

a) Las visitas a los centros de detención, no como fin en sí, sino con la finalidad de hacer recomendaciones a los Estados respecto a la protección de las personas privadas de libertad, y

b) El asesoramiento a los Estados y a los mecanismos nacionales de protección.

A la vez se establecen los compromisos de los Estados signatarios de recibir a los miembros del Subcomité, compartir la información y analizar las recomendaciones que se le hagan. Y la salvaguardia fundamental ante cualquier tipo de sanción o represalia de alguna autoridad o funcionario contra organizaciones o individuos por haber mantenido comunicación con el Subcomité.

Por último, si el Estado se niega a cooperar con el Subcomité (no recibirlos cuando se presentan para las visitas, no cooperar, no analizar las recomendaciones, etc.), el Comité contra la Tortura (establecido en la Convención de las UN contra la Tortura), a instancia del Subcomité, luego de haber hecho conocer al Estado Parte sus opiniones, podrá hacer una declaración pública sobre la cuestión.

En la Parte IV, Mecanismos Nacionales de prevención, se establecen las obligaciones de los Estados con respecto a los mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura, que podrán ser comisiones de derechos humanos, comisionados parlamentarios, Organizaciones no Gubernamentales, etc., estableciéndose las competencias y facultades que deben tener estos mecanismos, que pueden ser uno o varios, por zonas geográficas, etc.

Es de interés el Art. 23 que impone a los Estados Partes el compromiso de publicar y difundir los informes anuales de los mecanismos nacionales de prevención.

En la Parte V, Declaración, se establece la posibilidad de que los Estados luego de ratificado el Protocolo, puedan hacer una declaración aplazando la aplicación de sus obligaciones por un período determinado.

En la Parte VI, Disposiciones Financieras, se establece el origen de los fondos para el cumplimiento de las actividades establecidas en el Protocolo: las Naciones Unidas.

En la Parte VII, Disposiciones Finales, se establecen disposiciones importantes relativas a la entrada en vigor del Protocolo, fecha y número de ratificaciones, la no admisión de reservas, la no afectación de obligaciones que puedan haber contraído los Estados Partes en virtud de convenciones regionales, las formalidades de denuncia del Protocolo y las enmiendas que podrán presentarse.

Es importante lo establecido por el Art. 35 que establece que a los miembros del Subcomité y de los mecanismos nacionales de prevención se les otorgarán las prerrogativas e inmunidades que sean necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones. Los miembros del Subcomité deberán, además de observar las leyes y los reglamentos del Estado visitado, abstenerse de toda acción o actividad incompatible con el carácter imparcial e internacional de sus funciones.

Sala de la Comisión, 28 de julio de 2005.

Rafael Michelini, Miembro Informante; Sergio Abreu, Carlos Baráibar, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Enrique Rubio, Julio María Sanguinetti. Senadores.

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

PREAMBULO

Los Estados Partes en el presente Protocolo,

Reafirmando que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes están prohibidos y constituyen violaciones graves de los derechos humanos,

Convencidos de la necesidad de adoptar nuevas medidas para alcanzar los objetivos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante denominada la Convención) y de fortalecer la protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

Recordando que los artículos 2 y 16 de la Convención obligan a cada Estado Parte a tomar medidas efectivas para prevenir los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo territorio bajo su jurisdicción,

Reconociendo que los Estados tienen la responsabilidad primordial de aplicar estos artículos, que el fortalecimiento de la protección de las personas privadas de su libertad y el pleno respeto de sus derechos humanos es una responsabilidad común compartida por todos, y que los mecanismos internacionales de aplicación complementan y fortalecen las medidas nacionales,

Recordando que la prevención efectiva de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes requiere educación y una combinación de diversas medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otro tipo.

Recordando también que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos declaró firmemente que los esfuerzos por erradicar la tortura debían concentrarse ante todo en la prevención y pidió que se adoptase un protocolo facultativo de la Convención destinado a establecer un sistema preventivo de visitas periódicas a los lugares de detención,

Convencidos de que la protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes puede fortalecerse por medios no judiciales de carácter preventivo basados en visitas periódicas a los lugares de detención,

Acuerdan lo siguiente:

PARTE I

Principios generales

Artículo 1

El objetivo del presente Protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 2

1. Se establecerá un Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Comité contra la Tortura (en adelante denominado el Subcomité para la Prevención) que desempeñará las funciones previstas en el presente Protocolo.

2. El Subcomité para la Prevención realizará su labor en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y se guiará por los propósitos y principios enunciados en ella, así como por las normas de las Naciones Unidas relativas al trato de las personas privadas de su libertad.

3. Asimismo, el Subcomité para la Prevención se guiará por los principios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad.

4. El Subcomité para la Prevención y los Estados Partes cooperarán en la aplicación del presente Protocolo.

Artículo 3

Cada Estado Parte establecerá, designará o mantendrá, a nivel nacional, uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (en adelante denominado el mecanismo nacional de prevención).

Artículo 4

1. Cada Estado Parte permitirá las visitas, de conformidad con el presente Protocolo, de los mecanismos mencionados en los artículos 2 y 3 a cualquier lugar bajo su jurisdicción y control donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, bien por orden de una autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito (en adelante denominado lugar de detención). Estas visitas se llevarán a cabo con el fin de fortalecer, si fuera necesario, la protección de estas personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

2. A los efectos del presente Protocolo, por privación de libertad se entiende cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente.

PARTE II

El Subcomité para la Prevención

Artículo 5

1. El Subcomité para la Prevención estará compuesto de diez miembros. Una vez que se haya registrado la quincuagésima ratificación del presente Protocolo o adhesión a él, el número de miembros del Subcomité para la Prevención aumentará a veinticinco.

2. Los miembros del Subcomité para la Prevención serán elegidos entre personas de gran integridad moral y reconocida competencia en la administración de justicia, en particular en materia de derecho penal, administración penitenciaria o policial, o en las diversas materias que tienen que ver con el tratamiento de personas privadas de su libertad.

3. En la composición del Subcomité para la Prevención se tendrá debidamente en cuenta una distribución geográfica equitativa de los miembros y la representación de las diferentes formas de civilización y sistemas jurídicos de los Estados Partes.

4. En esta composición también se tendrá en cuenta la necesidad de una representación equilibrada de los géneros sobre la base de los principios de igualdad y no discriminación.

5. El Subcomité para la Prevención no podrá tener dos miembros de la misma nacionalidad.

6. Los miembros del Subcomité para la Prevención ejercerán sus funciones a título personal, actuarán con independencia e imparcialidad y deberán estar disponibles para prestar servicios con eficacia en el Subcomité para la Prevención.

Artículo 6

1. Cada Estado Parte podrá designar, de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo, hasta dos candidatos que posean las calificaciones y satisfagan los requisitos indicados en el artículo 5, y, al hacerlo, presentarán información detallada sobre las calificaciones de los candidatos.

2. a) Los candidatos deberán tener la nacionalidad de un Estado Parte en el presente Protocolo;

b) Al menos uno de los dos candidatos deberán tener la nacionalidad del Estado Parte que lo proponga;

c) No se podrá proponer la candidatura de más de dos nacionales de un Estado Parte;

d) Un Estado Parte, antes de proponer la candidatura de un nacional de otro Estado Parte, deberá solicitar y obtener el consentimiento de éste.

3. Al menos cinco meses antes de la fecha de la reunión de los Estados Partes en que deba procederse a la elección, el Secretario General de las Naciones Unidas enviará una carta a los Estados Partes invitándoles a que presenten sus candidaturas en un plazo de tres meses. El Secretario General presentará una lista por orden alfabético de todos los candidatos designados de este modo, indicando los Estados Partes que los hayan designado.

Artículo 7

La elección de los miembros del Subcomité para la Prevención se efectuará del modo siguiente:

a) La consideración primordial será que los candidatos satisfagan los requisitos y criterios del artículo 5 del presente Protocolo;

b) La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de la entrada en vigor del presente Protocolo;

c) Los Estados Partes elegirán a los miembros del Subcomité para la Prevención en votación secreta;

d) Las elecciones de los miembros del Subcomité para la Prevención se celebrarán en reuniones bienales de los Estados Partes convocadas por el Secretario General de las Naciones Unidas. En estas reuniones, para las cuales el quórum estará constituido por los dos tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos miembros del Subcomi-té para la Prevención los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.

2. Si durante el proceso de selección se determina que dos nacionales de un Estado Parte reúnen las condiciones establecidas para ser miembros del Subcomité para la Prevención, el candidato que reciba el mayor número de votos será elegido miembro del Subcomité para la Prevención. Si ambos candidatos obtienen el mismo número de votos se aplicará el procedimiento siguiente:

a) Si sólo uno de los candidatos ha sido propuesto por el Estado Parte del que es nacional, quedará elegido miembro ese candidato;

b) Si ambos candidatos han sido propuestos por el Estado Parte del que son nacionales, se procederá a votación secreta por separado para determinar cuál de ellos será miembro;

c) Si ninguno de los candidatos ha sido propuesto por el Estado Parte del que son nacionales, se procederá a votación secreta por separado para determinar cuál de ellos será miembro.

Artículo 8

Si un miembro del Subcomité para la Prevención muere o renuncia, o no puede desempeñar sus funciones en el Subcomité para la Prevención por cualquier otra causa, el Estado Parte que haya presentado su candidatura podrá proponer a otra persona que posea las calificaciones y satisfaga los requisitos indicados en el artículo 5, teniendo presente la necesidad de mantener un equilibrio adecuado entre las distintas esferas de competencia, para que desempeñe sus funciones hasta la siguiente reunión de los Estados Partes, con sujeción a la aprobación de la mayoría de dichos Estados. Se considerará otorgada dicha aprobación salvo que la mitad o más de los Estados Partes respondan negativamente dentro de un plazo de seis semanas a contar del momento en que el Secretario General de las Naciones Unidas les comunique la candidatura propuesta.

Artículo 9

Los miembros del Subcomité para la Prevención serán elegidos por un mandato de cuatro años. Podrán ser reelegidos una vez si se presenta de nuevo su candidatura. El mandato de la mitad de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección, el Presidente de la reunión a que se hace referencia en el apartado d) del párrafo 1 del artículo 7 designará por sorteo los nombres de esos miembros.

Artículo 10

1. El Subcomité para la Prevención elegirá su Mesa por un mandato de dos años. Los miembros de la Mesa podrán ser reelegidos.

2. El Subcomité para la Prevención establecerá su propio reglamento, que dispondrá, entre otras cosas, lo siguiente:

a) La mitad más uno de sus miembros constituirán quórum;

b) Las decisiones del Subcomité para la Prevención se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes;

c) Las sesiones del Subcomité para la Prevención serán privadas.

3. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la reunión inicial del Subcomité para la Prevención. Después de su reunión inicial, el Subcomité para la Prevención se reunirá en las ocasiones que determine su reglamento. El Subcomité para la Prevención y el Comité contra la Tortura celebrarán sus períodos de sesiones simultáneamente al menos una vez al año.

PARTE III

Mandato del Subcomité para la Prevención

Artículo 11

El mandato del Subcomité para la Prevención será el siguiente:

a) Visitar los lugares mencionados en el artículo 4 y hacer recomendaciones a los Estados Partes en cuanto a la protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

b) Por lo que respecta a los mecanismos nacionales de prevención;

i) Asesorar y ayudar a los Estados Partes, cuando sea necesario, a establecerlos;

ii) Mantener contacto directo, de ser necesario confidencial, con los mecanismos nacionales de prevención y ofrecerles formación y asistencia técnica con miras a aumentar su capacidad;

iii) Ayudar y asesorar a los mecanismos nacionales de prevención en la evaluación de las necesidades y las medidas destinadas a fortalecer la protección de personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

iv) Hacer recomendaciones y observaciones a los Estados Partes con miras a reforzar la capacidad y el mandato de los mecanismos nacionales para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

c) Cooperar, para la prevención de la tortura en general, con los órganos y mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas así como con instituciones u organizaciones internacionales, regionales y nacionales cuyo objeto sea fortalecer la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 12

A fin de que el Subcomité para la Prevención pueda cumplir el mandato establecido en el artículo 11, los Estados Partes se compromenten a:

a) Recibir el Subcomité para la Prevención en su territorio y darle acceso a todos los lugares de detención definidos en el artículo 4 del presente Protocolo;

b) Compartir toda la información pertinente que el Subcomité para la Prevención solicite para evaluar las necesidades y medidas que deben adoptarse con el fin de fortalecer la protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

c) Alentar y facilitar los contactos entre el Subcomité para la Prevención y los mecanismos nacionales de prevención;

d) Examinar las recomendaciones del Subcomité para la Prevención y entablar un diálogo con éste sobre las posibles medidas de aplicación.

Artículo 13

1. El Subcomité para la Prevención establecerá, primeramente por sorteo, un programa de visitas periódicas a los Estados Partes para dar cumplimiento a su mandato de conformidad con el artículo 11.

2. Tras celebrar las consultas oportunas, el Subcomité para la Prevención notificará su programa a los Estados Partes para que éstos puedan, sin demora, adoptar las disposiciones prácticas necesarias para la realización de las visitas.

3. Las visitas serán realizadas por dos miembros como mínimo del Subcomité para la Prevención. Estos miembros podrán ir acompañados, si fuere necesario, de expertos de reconocida experiencia y conocimientos profesionales acreditados en las materias a que se refiere el presente Protocolo, que serán seleccionados de una lista de expertos preparada de acuerdo con las propuestas hechas por los Estados Partes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Centro de las Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito. Para la preparación de esta lista, los Estados Partes interesados propondrán un máximo de cinco expertos nacionales. El Estado Parte de que se trate podrá oponerse a la inclusión de un determinado experto en la visita, tras lo cual el Subcomité para la Prevención propondrá el nombre de otro experto.

4. El Subcomité para la Prevención, si lo considera oportuno, podrá proponer una breve visita de seguimiento después de la visita periódica.

Artículo 14

1. A fin de que el Subcomité para la Prevención pueda desempeñar su mandato, los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a darle:

a) Acceso sin restricciones a toda la información acerca del número de personas privadas de su libertad en lugares de detención según la definición del artículo 4 y sobre el número de lugares y su emplazamiento;

b) Acceso sin restricciones a toda la información relativa al trato de esas personas y a las condiciones de su detención;

c) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 infra, acceso sin restricciones a todos los lugares de detención y a sus instalaciones y servicios;

d) Posibilidad de entrevistarse con las personas privadas de su libertad, sin testigos, personalmente o con la asistencia de un intérprete en caso necesario, así como con cualquier otra persona que el Subcomité para la Prevención considere que pueda facilitar información pertinente;

e) Libertad para seleccionar los lugares que desee visitar y las personas a las que desee entrevistar.

2. Sólo podrá objetarse a una visita a un determinado lugar de detención por razones urgentes y apremiantes de defensa nacional, seguridad pública, catástrofes naturales o disturbios graves en el lugar que deba visitarse, que impidan temporalmente la realización de esta visita. El Estado Parte no podrá hacer valer la existencia de un estado de excepción como tal para oponerse a una visita.

Artículo 15

Ninguna autoridad o funcionario ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna para una persona u organización por haber comunicado al Subcomité para la Prevención o a sus miembros cualquier información, ya sea verdadera o falsa, y ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de ningún tipo por este motivo.

Artículo 16

1. El Subcomité para la Prevención comunicará sus recomendaciones y observaciones con carácter confidencial al Estado Parte y, si fuera oportuno, al mecanismo nacional de prevención.

2. El Subcomité para la Prevención publicará su informe, juntamente con las posibles observaciones del Estado Parte interesado, siempre que el Estado Parte le pida que lo haga. Si el Estado Parte hace pública una parte del informe, el Subcomité para la Prevención podrá publicar el informe en su totalidad o en parte. Sin embargo, no podrán publicarse datos personales sin el consentimiento expreso de la persona interesada.

3. El Subcomité para la Prevención presentará un informe público anual sobre sus actividades al Comité contra la Tortura.

4. Si el Estado Parte se niega a cooperar con el Subcomité para la Prevención de conformidad con los artículos 12 y 14, o a tomar medidas para mejorar la situación con arreglo a las recomendaciones del Subcomité para la Prevención, el Comité contra la Tortura podrá, a instancias del Subcomité para la Prevención, decidir por mayoría de sus miembros, después de que el Estado Parte haya tenido oportunidad de dar a conocer sus opiniones, hacer una declaración pública sobre la cuestión o publicar el informe del Subcomité para la Prevención.

PARTE VI

Mecanismos nacionales de prevención

Artículo 17

Cada Estado Parte mantendrá, designará o creará, a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Protocolo o de su ratificación o adhesión, uno o varios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional. Los mecanismos establecidos por entidades descentralizadas podrán ser designados mecanismos nacionales de prevención a los efectos del presente Protocolo si se ajustan a sus disposiciones.

Artículo 18

1. Los Estados Partes garantizarán la independencia funcional de los mecanismos nacionales de prevención, así como la independencia de su personal.

2. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias a fin de garantizar que los expertos del mecanismo nacional de prevención tengan las aptitudes y los conocimientos profesionales requeridos. Se tendrá igualmente en cuenta el equilibrio de género y la adecuada representación de los grupos étnicos y minoritarios del país.

3. Los Estados Partes se comprometen a proporcionar los recursos necesarios para el funcionamiento de los mecanismos nacionales de prevención.

4. Al establecer los mecanismos nacionales de prevención, los Estados Partes tendrán debidamente en cuenta los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos.

Artículo 19

Los mecanismos nacionales de prevención tendrán como mínimo las siguientes facultades:

a) Examinar periódicamente el trato de las personas privadas de su libertad en lugares de detención, según la definición del artículo 4, con miras a fortalecer, si fuera necesario, su protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

b) Hacer recomendaciones a las autoridades competentes con objeto de mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de su libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en consideración las normas pertinentes de las Naciones Unidas;

c) Hacer propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los proyectos de ley en la materia.

Artículo 20

A fin de que los mecanismos nacionales de prevención puedan desempeñar su mandato, los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a darles:

a) Acceso a toda la información acerca del número de personas privadas de su libertad en lugares de detención según la definición del artículo 4 y sobre el número de lugares de detención y su emplazamiento;

b) Acceso a toda la información relativa al trato de esas personas y a las condiciones de su detención;

c) Acceso a todos los lugares de detención y a sus instalaciones y servicios;

d) Posibilidad de entrevistarse con las personas privadas de su libertad, sin testigos, personalmente o con la asistencia de un intérprete en caso necesario, así como con cualquier otra persona que el mecanismo nacional de prevención considere que pueda facilitar información pertinente;

e) Libertad para seleccionar los lugares que deseen visitar y las personas a las que deseen entrevistar;

f) El derecho a mantener contactos con el Subcomité para la Prevención, enviarle información y reunirse con él.

Artículo 21

1. Ninguna autoridad o funcionario ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna contra una persona u organización por haber comunicado al mecanismo nacional de prevención cualquier información, ya sea verdadera o falsa, y ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de ningún tipo por este motivo.

2. La información confidencial recogida por el mecanismo nacional de prevención tendrá carácter reservado. No podrán publicarse datos personales sin el consentimiento expreso de la persona interesada.

Artículo 22

Las autoridades competentes del Estado Parte interesado examinarán las recomendaciones del mecanismo nacional de prevención y entablarán un diálogo con este mecanismo acerca de las posibles medidas de aplicación.

Artículo 23

Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a publicar y difundir los informes anuales de los mecanismos nacionales de prevención.

PARTE V

Declaración

Artículo 24

1. Una vez ratificado el presente Protocolo, los Estados Partes podrán hacer una declaración para aplazar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la parte III o de la parte IV.

2. Este aplazamiento tendrá validez por un período máximo de tres años. Una vez que el Estado Parte haga las presentaciones del caso y previa consulta con el Subcomité para la Prevención, el Comité contra la Tortura podrá prorrogar este período por otros dos años.

PARTE VI

Disposiciones financieras

Artículo 25

1. Los gastos que efectúe el Subcomité para la Prevención en la aplicación del presente Protocolo serán sufragados por las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones asignadas al Subcomité para la Prevención en virtud del presente Protocolo.

Artículo 26

1. Se creará un Fondo Especial con arreglo a los procedimientos de la Asamblea General en la materia, que será administrado de conformidad con el Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas, para contribuir a financiar la aplicación de las recomendaciones del Subcomité para la Prevención a un Estado Parte después de una visita, así como los programas de educación de los mecanismos nacionales de prevención.

2. Este Fondo Especial podrá estar financiado mediante contribuciones voluntarias de los gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y otras entidades privadas o públicas.

PARTE VII

Disposiciones finales

Artículo 27

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados que hayan firmado la Convención.

2. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación por cualquier Estado que haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella. Los instrumentos de ratificación serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de todos los Estados que hayan ratificado la Convención o se hayan adherido a ella.

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

5. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados que hayan firmado el presente Protocolo o se hayan adherido a él el depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o adhesión.

Artículo 28

1. El presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que ese Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 29

Las disposiciones del presente Protocolo serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

Artículo 30

No se admitirán reservas al presente Protocolo.

Artículo 31

Las disposiciones del presente Protocolo no afectarán a las obligaciones que los Estados Partes puedan haber contraído en virtud de una convención regional que instituya un sistema de visitas a los lugares de detención. Se alienta al Subcomité para la Prevención y a los órganos establecidos con arreglo a esas convenciones regionales a que se consulten y cooperen entre sí para evitar duplicaciones y promover efectivamente los objetivos del presente Protocolo.

Artículo 32

Las disposiciones del presente Protocolo no afectarán a las obligaciones de los Estados Partes en virtud de los cuatro Convenios de Ginebra el 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales de 8 de junio de 1977 o la posibilidad abierta a cualquier Estado Parte de autorizar al Comité Internacional de la Cruz Roja a visitar los lugares de detención en situaciones no comprendidas en el derecho internacional humanitario.

Artículo 33

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará seguidamente a los demás Estados Partes en el presente Protocolo y la Convención. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General.

2. Esta denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le impone el presente Protocolo con respecto a cualquier acción o situación ocurrida antes de la fecha en que haya surtido efecto la denuncia o las medidas que el Subcomité para la Prevención haya decidido o decida adoptar en relación con el Estado Parte de que se trate, ni la denuncia entrañará tampoco la suspensión del examen de cualquier asunto que el Subcomité para la Prevención haya empezado a examinar antes de la fecha en que surta efecto la denuncia.

3. A partir de la fecha en que surta efecto la denuncia del Estado Parte, el Subcomité para la Prevención no empezará a examinar ninguna cuestión nueva relativa a dicho Estado.

Artículo 34

1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes en el presente Protocolo, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas a votación. Si en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la comunicación un tercio al menos de los Estados Partes se declara a favor de la convocación, el Secretario General convocará la conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a todos los Estados Partes para su aceptación.

2. Una enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor cuando haya sido aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en el presente Protocolo, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

3. Las enmiendas, cuando entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del presente Protocolo y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.

Artículo 35

Se reconocerá a los miembros del Subcomité para la Prevención y de los mecanismos nacionales de prevención las prerrogativas e inmunidades que sean necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones. Se reconocerá a los miembros del Subcomité para la Prevención las prerrogativas e inmunidades especificadas en la Sección 22 de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, de 13 de febrero de 1946, con sujeción a las disposiciones de la sección 23 de dicha Convención.

Artículo 36

Durante la visita a un Estado Parte, y sin perjuicio de las disposiciones y objetivos del presente Protocolo y de las prerrogativas e inmunidades de que puedan gozar, los miembros del Subcomité para la Prevención deberán:

a) Observar las leyes y los reglamentos del Estado visitado;

b) Abstenerse de toda acción o actividad incompatible con el carácter imparcial e internacional de sus funciones.

Artículo 37

1. El presente Protocolo cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones remitirá copias certificadas del presente Protocolo a todos los Estados.

 

 

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA Nº 10

En Montevideo, el día veintiocho de julio del año dos mil cinco, a la hora diecisiete y diez minutos se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores Sergio Abreu, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Enrique Rubio y Julio María Sanguinetti.

Preside el señor Senador Carlos Baráibar, Presidente de la Comisión.

Concurre el señor Senador Gustavo Penadés.

Asisten especialmente invitados el doctor Gustavo Vanerio y los señores Carlos Mora y Gastón Lasarte acompañados por el Director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador Octavio Brugnini.

Actúa en Secretaría el señor Secretario de Comisión Julio Durán, con la colaboración del Oficial II, señor Fabio Rodríguez.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilográfica luce en los Distribuidos Nos. 288 y 289/2005, que constan de dieciocho y diecinueve fojas útiles respectivamente y forman parte integrante de la presente Acta.

Abierto el acto, se pasa a considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ASUNTOS ENTRADOS:

1.- El señor Embajador de la República ante la República Federativa del Brasil PEDRO VAZ RAMELA remite nota manifestando que ante la imposibilidad de concurrencia a la Comisión, adjunta en forma escrita el Informe correspondiente.

2.- El señor Embajador de Rusia Yan A. Burliay, remite oficio Nº 60 de fecha 5 de julio del corriente, haciendo llegar el llamamiento de los parlamentarios de la República Osetia del Norte de la Federación de Rusia solicitando se firme el "Llamamiento de Beslán" que se adjunta.

Se acuerda recibir al señor Embajador, facultando a la Presidencia a esos efectos.

3.- El señor Ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano, solicita concurrir a la Comisión para informar a los señores Senadores sobre aspectos relacionados con la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR.

Se faculta al señor Presidente para la coordinación de la referida visita, invitando a los miembros de la Comisión homónima de la Cámara de Representantes.

4.- El Prefecto de Santa Victoria Do Palmar Claudio Fernando Brayer Pereira, remite Oficio GAB0105/05, de fecha 20 de mayo del corriente, solicitando una entrevista con la Comisión para presentar los estudios de la situación actual de la Hidrovía de la Laguna Merín.

Se acuerda se remita nota acusando recibo de la solicitud de entrevista, facultando al señor Presidente su coordinación.

5.- La Presidencia de la Cámara de Senadores remite documentación enviada por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, referida a la integración de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1.- El señor Presidente de la Comisión levanta el cuarto intermedio acordado en la sesión próxima pasada a efectos de continuar con la consideración de la CARPETA Nº 81/2005

A solicitud del señor Senador Michelini, se considera como primer punto del Orden del Día la CARPETA Nº 155/2005.- PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 101/2005. A estudio del señor Senador Michelini.

2.- CARPETA Nº 81/2005. TRATADO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, RELATIVO A LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRITO EN MONTEVIDEO EL 25 DE OCTUBRE DE 2004. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, Texto del Tratado, del Preámbulo, de los Anexos y del Protocolo. Distribuido Nº 10/2005.

3.- Se recibe al doctor Gustavo Vanerio Balbela y los señores Carlos Mora y Gastón Lasarte a bien de conocer los respectivos informes sobre los lineamientos de trabajo que llevarán a cabo en los correspondientes destinos propuestos por el Poder Ejecutivo.

RESOLUCIONES:

1.- CARPETA Nº 155/2005. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 101/2005.

Se vota: 8 en 8. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Rafael Michelini.

2.- CARPETA Nº 81/2005. TRATADO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, RELATIVO A LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, SUSCRITO EN MONTEVIDEO EL 25 DE OCTUBRE DE 2004. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, Texto del Tratado, del Preámbulo, de los Anexos y del Protocolo. Distribuido Nº 10/2005.

Luego de diversas consideraciones de los señores Senadores, la Presidencia pone a votación la siguiente MOCION: "Ante la consideración del Tratado entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América, relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito en Montevideo el 25 de octubre de 2004, la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado RESUELVE: APLAZAR SU CONSIDERACION PROCURANDO ALCANZAR UNA POSICION COMUN ENTRE LOS PAISES DEL MERCOSUR SOBRE TRATADOS DE INVERSION CON TERCEROS PAISES".

Se vota: 5 en 8. AFIRMATIVA.

3.- CARPETA Nº 228/2005. SEÑOR GUSTAVO VANERIO BALBELA. Solicitud de acuerdo para acreditarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Ecuador. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 242/2005.

Se vota 7 en 7: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante verbal al señor Senador Sergio Abreu.

4.- CARPETA Nº 242/2005.- SEÑOR CARLOS MORA. Solicitud de acuerdo para acreditarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Reino de los Países Bajos. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 272/2005.

Se vota: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante verbal al señor Senador Carlos Baráibar.

5.- CARPETA Nº 243/2005. SEÑOR GASTON LASARTE. Solicitud de acuerdo para acreditarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Portuguesa. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 273/2005.

Se vota: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador Rafael Michelini.

A la hora diecinueve y treinta minutos, se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario.

Carlos Baráibar Presidente

Julio Durán Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en mi opinión, no debería tener discusión en este Senado, no sólo porque fue aprobado por unanimidad en la Comisión sino porque, además, viene de la Convención Internacional Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas que se aprobó en la Conferencia Mundial de Viena en 1993.

Como todos sabemos, los derechos humanos -sobre todo el derecho a la vida- son los fundamentales. No hay libertad de asociación ni de palabra, de propiedad, en fin, no existe nada si no se tiene derecho a la vida, a los derechos humanos. El trato que deben dar los Estados cuando detienen a personas debe ser humano. En este sentido, hay todo un esfuerzo internacional en contra de la tortura, de los tratos inhumanos o penas crueles y de las situaciones degradantes.

Es sabido que este Protocolo se vota a favor o en contra, pero no por Capítulos.

En el artículo 1º de la Parte I se habla de establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales, de carácter independiente, a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad. Esa Parte I también tiene un artículo 2º donde se habla de establecer un Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En el artículo 3º, también de la Parte I se indica que cada Estado Parte establecerá, designará o mantendrá, a nivel nacional, uno o varios órganos de visitas, como por ejemplo el "ombudsman", Comisiones Parlamentarias, Comisiones de Derechos Humanos, Organizaciones No Gubernamentales, es decir, todos aquellos elementos que hacen a la opinión calificada, seria, responsable e independiente que los Estados deben promover para estos fines. En el artículo 4º se establece la obligación del Estado de permitir las visitas a los lugares de detención, y adoptando una definición amplia sobre este Protocolo considera cuáles son.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Luis Alberto Heber)

- En la Parte II, que comprende los artículos 5º a 10, se describe con detalle el establecimiento del Subcomité para la Prevención, cuáles son los miembros, los expertos, los relatores, los funcionarios, la Mesa, el Presidente, el Vicepresidente y el Reglamento que hacen posible que este Protocolo se ponga en funcionamiento.

En la Parte III se detallan las competencias del Subcomité mencionado anteriormente, las visitas a los centros de detención y la obligación así como el asesoramiento del Estado y de los Gobiernos nacionales para con las personas que están privadas de su libertad.

En la Parte IV se habla de los Mecanismos nacionales de prevención, es decir, los de carácter independiente que tenga cada Nación. Esto refiere a los Parlamentos, a las Comisiones Parlamentarias, a las Organizaciones No Gubernamentales, etcétera, que hacen a la promoción para evitar torturas, tratos inhumanos y crueles a personas privadas de su libertad.

En la Parte V, Declaración, se habla de una declaración a que tiene derecho cada Estado, en el sentido de que aprobando este Protocolo puede aplazar su aplicación comunicándola como corresponde. O sea que el Estado se incorpora al Protocolo, pero su aplicación será en tanto y cuanto esté en condiciones de hacerlo a partir de tal fecha.

En la Parte VI, Disposiciones financieras, se menciona que recaen generalmente en las Naciones Unidas.

En la Parte VII, Disposiciones finales, se establece cómo y cuántas Naciones tienen que aprobarlo para que el Protocolo entre en vigor. Naturalmente, el hecho de que el Uruguay lo apruebe ayuda en ese sentido.

También es importante lo que señala el artículo 35: "Se reconocerá a los miembros del Subcomité para la Prevención y de los mecanismos nacionales de prevención las prerrogativas e inmunidades que sean necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones. Se reconocerá a los miembros del Subcomité para la Prevención las prerrogativas e inmunidades especificadas en la sección 22 de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, de 13 de febrero de 1946, con sujeción a las disposiciones de la sección 23 de dicha Convención".

Los miembros del Subcomité, además de observar las leyes y los reglamentos del Estado visitado, deberán abstenerse de toda acción o actividad incompatible con el carácter imparcial e internacional de sus funciones. Se trata de que haya una opinión objetiva y que el Subcomité cumpla su cometido independientemente de la aplicación de las leyes nacionales que, naturalmente, varían en cada Estado. Se procura que haya un tratamiento humano y, por lo tanto, una lucha contra la tortura y el trato cruel, degradante, a quienes están privados de su libertad. Por lo tanto, se hace una observación del mundo internacional en el sentido de que en la condición humana, incluso privada de libertad, estén asegurados determinados derechos. De modo tal que las Naciones Unidas, a través de la Convención mencionada y ahora del Protocolo contra la tortura van a estar vigilantes de su cumplimiento.

Voy a culminar mi exposición con lo que fue una opinión más que calificada de la Jueza costarricense Elizabeth Odio, que fuera Presidenta del Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que elaboró el Protocolo, que hoy es Jueza de la Corte Penal Internacional. Dice lo siguiente: "La tortura constituye la más grave de las violaciones de los derechos fundamentales de los seres humanos. Destruye su dignidad al degradar su cuerpo y causa heridas, muchas veces irreparables, en la mente y el espíritu de las personas. Las nefastas consecuencias de esta atroz violación de los derechos humanos se extiende a la familia de las víctimas y a todo su entorno social. Los valores y principios sobre los que se asientan la democracia y toda forma de convivencia humana pierden significado y vigencia".

Con estas palabras y con el clima que se está viviendo por los hechos que se vivieron en la dictadura con personas privadas de su libertad y que padecieron las situaciones más degradantes y crueles -algunas pagando con su vida y en otros casos ocultándose sus cadáveres, lo cual hacía que su familia siguiera buscándolos pese a que estuvieran muertos y hoy, por cierto, nos alegramos, dentro de lo que podemos hacerlo, porque la familia empieza a recuperar los restos de las víctimas-, es que proponemos al Senado que se apruebe este Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis A. Heber).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "Artículo Único.- Apruébase el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, aprobado por resolución 57/199 de 9 de enero de 2003 de la Asamblea General de las Naciones Unidas".

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis A. Heber).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

15) IMPORTACION DE DETERMINADOS BIENES MUEBLES USADOS

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis A. Heber).- Correspondería pasar a considerar el punto cuarto del Orden del Día.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis A. Heber).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: el punto cuarto del Orden del Día tiene que ver con el proyecto de ley por el que se prohíbe la importación de determinados bienes muebles usados. En la Comisión de Hacienda se resolvió que el Miembro Informante fuera el señor Senador Sergio Abreu. Dicho señor Senador se comunicó con quien habla antes de retirarse de Sala -pues tenía un compromiso ine-ludible-, y en función de ello propongo que el punto cuarto del Orden del Día sea incluido en el de la sesión de mañana.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis A. Heber).- Se va a votar la moción del señor Senador Couriel.

(Se vota:)

- 22 en 24. Afirmativa.

16) CONSEJO DE ECONOMIA NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis A. Heber).- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se crea el Consejo de Economía Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 de la Constitución de la República. (Carp. Nº 88/05 - Rep. Nº 90/05)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 88/05

Rep. Nº 90/05

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- (Creación, naturaleza jurídica y principales objetivos). Créase el Consejo de Economía Nacional, con carácter consultivo y honorario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 de la Constitución.

El Consejo procurará representar la opinión de los representantes de los intereses económicos, profesionales, sociales y culturales del país de acuerdo con la integración del cuerpo, establecida en el siguiente artículo.

Sus objetivos principales consisten en dar carácter ordenado e institucionalizado al diálogo entre:

a) los representantes de los intereses económicos, profesionales, sociales y culturales mencionados en el artículo 2º;

b) entre el conjunto de dichos representantes y el Estado;

c) entre dicho conjunto y los organismos similares de otros países.

El Consejo de Economía Nacional es un organismo consultivo de carácter privado y de interés público.

Artículo 2º.- (Integración). El Consejo estará integrado por cuarenta miembros que serán representantes de los intereses que se mencionan en el artículo 1º, designados o electos por las organizaciones más representativas, de la siguiente manera:

a) catorce de los trabajadores (doce por los activos y dos por los pasivos)

b) catorce por los empresarios (industriales, comerciales, agropecuarios y de otros servicios)

c) tres por los cooperativistas

d) tres por los profesionales universitarios

e) tres por los usuarios y consumidores

f) tres por las organizaciones no gubernamentales que realizan convenios con el Estado.

Artículo 3º.- (Modos de elección o designación de los miembros del Consejo). Las organizaciones más reconocidas de los sectores indicados en el artículo anterior, establecerán el sistema de elección o designación de sus representantes, sin perjuicio de lo cual el Poder Ejecutivo al reglamentar la presente ley establecerá los criterios generales para las respectivas elecciones o designaciones.

Artículo 4º.- (Coordinación del Consejo con el Estado). El Poder Ejecutivo establecerá los Ministerios, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados que enviarán representantes con voz pero sin voto, a las sesiones u otras actividades del Consejo de Economía Nacional.

También estará establecida con igual régimen la participación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de cada una de las Cámaras del Poder Legislativo y del Congreso de Intendentes.

En las oportunidades referidas en el artículo 6º, los Ministerios, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, las Cámaras del Poder Legislativo y el Congreso de Intendentes, se harán representar por sus máximas jerarquías.

Artículo 5º.- (Asesorías). El Consejo de Economía Nacional podrá solicitar asesorías a los Ministerios y oficinas públicas, así como a la Universidad de la República, a las Universidades privadas, a las Organizaciones no gubernamentales más reconocidas y en general a sectores sociales que puedan aportar puntos de vista que contribuyan al cumplimiento de la finalidad de la presente ley.

Artículo 6º.- (Atribuciones). El Consejo de Economía Nacional podrá ser oído por el Poder Ejecutivo en oportunidad de la elaboración de los Presupuestos y de las Rendiciones de Cuentas, en la forma y oportunidades que establezca la reglamentación.

Podrá emitir informes sobre temas económico-sociales solicitados por entidades públicas o privadas, o por propia iniciativa. Las comunicaciones, opiniones o puntos de vista a que alude el artículo 207 de la Constitución podrán contener anteproyectos de leyes o de reglamentos, que deberán remitirse al Poder Ejecutivo cuando correspondiese, o a otras autoridades.

Artículo 7º.- (Funcionamiento). El Consejo de Economía Nacional dictará su Reglamento interno, estableciendo su funcionamiento tanto en sesiones plenarias como en comisiones, disponiendo asimismo la forma de elegir de entre sus miembros a su Presidente y sus Vicepresidentes.

El Reglamento establecerá el régimen de votación de los informes o dictámenes. Cuando existan discordias u opiniones en minoría, éstas deberán transcribirse íntegramente junto con las opiniones mayoritarias.

Artículo 8º.- (Régimen económico). Los miembros del Consejo de Economía Nacional serán honorarios. Las organizaciones representadas en el mismo se harán cargo de los gastos derivados de las asesorías u otras actividades que contraten onerosamente.

Los Poderes Legislativo y Ejecutivo proporcionarán sin costo los elementos locativos, los recursos materiales y el personal para el funcionamiento del Consejo.

El Estado sólo podrá incluir en el Presupuesto Nacional una partida para remuneración de un secretario ejecutivo del Consejo de Economía Nacional.

Artículo 9º.- (Reglamentación). El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de 90 (noventa) días contados desde el siguiente al de su promulgación.

Sala de la Comisión, el 12 de julio de 2005.

José Korzeniak, Miembro Informante; Sergio Abreu (con salvedades), Francisco Gallinal, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini, Margarita Percovich, Julio Sanguinetti (discorde). Senadores.

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Constitución y Legislación con el voto de la unanimidad de sus componentes aconseja al Senado que apruebe el proyecto de ley de creación del Consejo de Economía Nacional, reglamentando los artículos 206 y 207 de la Constitución.

Tal como expresó el Poder Ejecutivo en su Mensaje de 4 de marzo próximo pasado, el Consejo de Economía Nacional ha estado previsto en la Constitución uruguaya desde 1934. El Legislador no lo ha creado a pesar de que las sucesivas Constituciones (1942, 1952 y 1967) han reiterado la previsión.

Interpretamos que la idea del Constituyente uruguayo, al prever la existencia de este Consejo fue esencialmente, crear un ámbito de relacionamiento entre las estructuras públicas y la comunidad civil en asuntos que interesan a la economía nacional, lo cual conlleva por su íntima relación, los temas referidos a los intereses profesionales, sociales y culturales de la sociedad. Se trata entonces de procurar que la sociedad civil esté representada en la mayor medida posible por el Consejo de Economía Nacional, buscando articular un ámbito privilegiado de relación con lo público.

El proyecto establece un Consejo netamente privado en su integración orgánica pero con participación de representantes del poder público en su funcionamiento. En expresión más técnica, el Consejo de Economía Nacional estáticamente considerado, no está compuesto por representantes ni de Ministerios ni de las Cámaras ni de los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados ni del Congreso de Intendentes ni de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; pero en su funcionamiento, es decir en su dinámica, este Consejo actúa con la participación -con voz pero sin voto- de representantes de dichas instituciones estatales. Es lo que establece el artículo 4º del proyecto.

Las reflexiones de los párrafos anteriores están reflejadas en el artículo 1º propuesto que culmina con un inciso que atribuye al organismo que se crea la naturaleza de "organismo consultivo de carácter privado y de interés público."

El artículo 2º del proyecto procura una integración amplia, representativa de los intereses económicos y profesionales del país como dice la Constitución, así como de sectores íntimamente vinculados con éstos; todo lo cual conduce a un Consejo integrado por cuarenta miembros (14 por los trabajadores, de los cuales 12 representarán a los trabajadores activos y 2 a los pasivos; 14 por los empresarios; 3 por los profesionales universitarios; 3 por los usuarios y consumidores y 3 por las organizaciones no gubernamentales que realizan convenios con el Estado).

El artículo 3º, sin perjuicio de lo que establezca la reglamentación de la ley que dicte el Poder Ejecutivo, faculta a las organizaciones más reconocidas de los sectores indicados a establecer el sistema de elección o designación de sus representantes.

El artículo 6º del proyecto regula las atribuciones del Consejo de Economía Nacional estableciendo que podrá ser oído por el Poder Ejecutivo en ocasión de la elaboración de los presupuestos y de las rendiciones de cuentas. Se aclara además en el mismo artículo que las opiniones que puede emitir conforme el artículo 207 de la Constitución podrá contener anteproyectos de leyes o de reglamentos.

El artículo 7º del proyecto faculta al Consejo a dictar su reglamento interno, lo que es natural tratándose de un órgano de integración colectiva. La norma culmina estableciendo que cuando hay más de una opinión en el Consejo las opiniones mayoritarias y las minoritarias deberán transcribirse íntegramente. Es ésta la solución más saludable tratándose, como se trata en este caso de órganos de carácter consultivo.

El artículo 8º establece el carácter honorario de los miembros del Consejo de Economía Nacional, solución que por otra parte ya viene impuesta por la Constitución. Por eso el inciso segundo de este artículo establece que los Poderes Legislativo y Ejecutivo proporcionarán sin costo los elementos locativos, los recursos materiales y humanos necesarios para que este organismo pueda funcionar. Sólo se prevé la posibilidad de que el presupuesto nacional incluya una partida para un Secretario Ejecutivo, probablemente indispensable por la propia naturaleza de una actividad que será sin duda intensa.

Durante el estudio del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo todos los miembros de la Comisión presentaron sugerencias que en general -luego de las respectivas deliberaciones- fueron acogidas. De estas sugerencias se destacan las más importantes: a) la integración del Consejo que de 33 miembros pasan a 40 en el proyecto que la Comisión eleva a este Senado; b) entre las instituciones estatales que pueden participar (no integrar) en el funcionamiento del Consejo se han agregado los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, solución que aparece como la más lógica; c) en el proyecto original el pronunciamiento del Consejo de Economía Nacional en ocasión del presupuesto y las rendiciones de cuenta era indispensable (desde luego no vinculante en su contenido); en el proyecto que ahora esta Comisión eleva al Cuerpo la consulta en esas oportunidades es facultativa y no obligatoria; d) se ha ampliado el plazo para reglamentar la ley de 60 a 90 días desde su promulgación, entendiéndose que no será una reglamentación sencilla puesto que la lógica hace pensar que habrá consultas para dictarla, a las organizaciones que tendrán representación en el organismo que se crea por este proyecto.

Sala de la Comisión, el 12 de julio de 2005.

José Korzeniak, Miembro Informante; Sergio Abreu (con salvedades); Francisco Gallinal, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini, Margarita Percovich, Julio Sanguinetti (discorde). Senadores.

Presidencia de la República Oriental del Uruguay

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Deporte y Juventud

Montevideo, 4 de marzo de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el presente proyecto de ley por el que se crea el Consejo de Economía Nacional el cual está previsto en la Constitución de la República desde 1934. El Legislador no lo ha creado a pesar de que las sucesivas constituciones (1942, 1952 y 1967) han reiterado la previsión.

El objetivo principal de la creación de este organismo está descrito en la segunda parte del Art. 1 del Proyecto y puede sintetizarse así: se trata de que entre el Estado y la sociedad civil las relaciones en los aspectos económico-sociales puedan realizarse de un modo sistemático, fluido e institucionalizado en lugar de un relacionamiento inorgánico y en ocasiones errático.

El proyecto concibe a este Consejo de Economía Nacional, desde luego con los caracteres de consultivo y honorario porque así lo marca el Art. 206 de la Constitución. En cuanto a la naturaleza jurídica que se propone es la de un organismo que procurará representar la opinión de los agentes y sectores económico-sociales de la sociedad civil.

Por otra parte, en la actual coyuntura de nuestro país no parece adecuado políticamente darle a esta tan importante iniciativa la imagen de que se están creando nuevos organismos públicos lo que apareja, cualesquiera sean los cuidados de redacción, la idea que se está recargando la estructural estatal.

Pensamos que precisamente la idea del constituyente uruguayo al prever la existencia de este Consejo fue esencialmente crear un ámbito de relacionamiento entre las estructuras públicas y la comunidad civil en asuntos que interesan a la economía nacional. El proyecto pretende que quede claro que es la sociedad civil la representada por el Consejo de Economía Nacional buscando articular un ámbito privilegiado de relación con lo público. De ahí que tratando de conjuntar todas estas reflexiones el proyecto establece un consejo netamente privado en su integración orgánica pero con participación de representantes del poder público en su funcionamiento. En expresión más técnica, el Consejo de Economía Nacional estáticamente considerado, no está compuesto por representantes ni de Ministerios ni de las Cámaras ni del Congreso de Intendentes. Pero en su funcionamiento, es decir, en su dinámica actúa en la participación de representantes de dichas entidades públicas (Art. 2, 3 y 4 del Proyecto).

Como todo órgano de composición pluripersonal el Con-sejo podrá dictar sus reglamentaciones intenas para regular los detalles de su funcionamiento (Art. 7). Todo sin per-juicio de que el Poder Ejecutivo habrá de reglamentar la Ley (Art. 168 nal. 4 de la Constitución y Art. 9 del Proyecto de Ley).

El Art. 6 del Proyecto es suficientemente explícito acerca de las competencias del Consejo de Economía Nacional, entre las que debe destacarse por su importancia la de emitir opinión (instancia de producción obligatoria aunque de contenido no vinculante) en oportunidad de la elaboración de las leyes de Presupuesto y de Rendición de Cuentas.

La calidad de honorarios de los miembros del Consejo está ya determinado por la Constitución (Art. 206 citado). No obstante el proyecto estima necesario insistir en esa solución, aclarando además, que si actúan asesorías retribuidas tales retribuciones correrán por cuenta de las organizaciones que las hayan requerido. La solución aleja cualquier presunción de que se están creando nuevos cargos públicos rentados con la única excepción que el proyecto prevé en el Art. 8 que es la de un Secretario Ejecutivo, lo que está impuesto por la propia naturaleza de una actividad que le insumirá tiempo completo de trabajo. La otra contribución estatal consiste en proporcionar medios locativos, materiales y recursos humanos necesarios para que el Consejo funcione de manera sistemática y al mismo tiempo adecuadamente relacionado con el Estado.

Además de los objetivos expresamente establecidos por el proyecto en su Art. 1 la existencia de este Consejo de Economía Nacional permite en sí mismo canalizar en forma plural y transparente de relaciones, opiniones y propuestas entre los económicos y sociales y los organismos públicos.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori, Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, José Mujica, José Díaz, Jorge Brovetto, Víctor Rossi, Mariano Arana, Héctor Lescano, Eduardo Bonomi, María Julia Muñoz, Jorge Lepra.

PROYECTO DE LEY

Art. 1. (Creación, naturaleza jurídica y principales objetivos).- Créase el Consejo de Economía Nacional, con carácter consultivo y honorario, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 206 de la Constitución.

El Consejo procurará representar la opinión de los representantes de los intereses económicos y profesionales del país de acuerdo con la integración del Cuerpo establecida en el siguiente artículo.

Sus objetivos principales consisten en dar carácter ordenado e institucionalizado al diálogo entre:

a) los representantes de los intereses económicos y profesionales mencionados en el artículo 2º;

b) entre el conjunto de dichos representantes y el Estado;

c) entre dicho conjunto y los organismos similares de otros países.

Art. 2 (Integración).- El Consejo estará integrado por treinta y tres miembros que serán representantes de los intereses económicos y profesionales del país, que se mencionan, designados o electos por sus organizaciones más reconocidas:

a) catorce por los trabajadores (doce por los activos y dos por los pasivos)

b) catorce por los empresarios (industriales, comerciales, agropecuarios y de otros servicios)

c) tres por los cooperativistas

d) uno de los profesionales universitarios

e) uno por los usuarios y consumidores

Art. 3 (Modos de elección o designación de los miembros del Consejo).- Las organizaciones más reconocidas de los sectores indicados en el artículo anterior, establecerán el sistema de elección o designación de sus representantes, sin perjuicio de lo cual el Poder Ejecutivo al reglamentar la presente ley establecerá los criterios generales para las respectivas elecciones o designaciones.

Art. 4 (Coordinación del Consejo con el Estado).- El Poder Ejecutivo establecerá los Ministerios que enviarán representantes con voz pero sin voto, a las sesiones u otras actividades del Consejo de Economía Nacional.

También estará establecida con igual régimen la participación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de cada una de las Cámaras Legislativas y del Congreso de Intendentes.

En ocasión de los pronunciamientos más trascendentes del Consejo de Economía Nacional, los Ministerios, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, las Cámaras Legislativas y el Congreso de Intendentes, se harán representar por sus máximas jerarquías.

Art. 5 (Asesorías).- El Consejo de Economía Nacional podrá solicitar asesorías a los Ministerios y oficinas públicas, así como a la Universidad de la República, a las Universidades privadas, a las Organizaciones no gubernamentales más reconocidas, y en general a sectores sociales que puedan aportar puntos de vista que contribuyan al cumplimiento de la finalidad de la presente ley.

Art. 6 (Atribuciones).- Sin perjuicio de las atribuciones establecidas en el Art. 207 de la Constitución, el Consejo de Economía Nacional será necesariamente oído en oportunidad de la elaboración de los Presupuestos y de las Rendiciones de Cuentas, en la forma y oportunidades que establezca la reglamentación.

Podrá emitir informes sobre temas económico-sociales solicitados por entidades públicas o privadas, o por propia inicia-tiva. Las comunicaciones, opiniones o puntos de vista a que alude el Art. 207 de la Constitución, podrán contener antepro-yectos de leyes o de reglamentos, que deberán remitirse al Poder Ejecutivo cuando correspondiese, o a otras autoridades.

Art. 7 (Funcionamiento).- El Consejo de Economía Nacional dictará su reglamento interno, estableciendo su funcionamiento tanto en sesiones plenarias como en comisiones, disponiendo asimismo la forma de elegir o designar de entre sus miembros a su Presidente.

El reglamento establecerá el régimen de votación de los informes o dictámenes. Cuando existan discordias u opiniones en minoría, éstas deberán transcribirse íntegramente junto con las opiniones mayoritarias.

Art. 8 (Régimen Económico).- Los Miembros del Consejo de Economía Nacional serán honorarios. Las organizaciones representadas en el mismo se harán cargo de los gastos derivados de Asesorías u otras actividades que contraten onerosamente.

Los Poderes Legislativo y Ejecutivo proporcionarán sin costo los elementos locativos, los recursos materiales y el personal para el funcionamiento del Consejo.

El Estado solo podrá incluir en el Presupuesto Nacional una partida para remuneración de un secretario ejecutivo del Consejo de Economía Nacional.

Art. 9 (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro del plazo de 60 días contados desde el siguiente al de su promulgación.

Danilo Astori, Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, José Mujica, José Díaz, Jorge Brovetto, Víctor Rossi, Mariano Arana, Héctor Lescano, Eduardo Bonomi, María Julia Muñoz, Jorge Lepra.

 

 

 

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

ACTA Nº 16

En Montevideo, el doce de julio del año dos mil cinco, a la hora catorce y cuarenta y cinco minutos, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten los señores Senadores miembros José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini, Margarita Percovich, Eduardo Ríos y Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso los señores Senadores Sergio Abreu y Francisco Gallinal, quienes remiten notas justificando sus inasistencias.

Concurre el señor Senador Ambrosio Rodríguez.

Preside, su titular, el señor Senador José Korzeniak.

Secretaría, la señora Josefina Reissig, Secretaria de la Comisión con la colaboración de la funcionaria Gloria Mederos.

ASUNTOS ENTRADOS:

- CARPETA Nº 223/2005. DELITO DE CONTRABANDO. Se modifica el artículo 257 del Código Penal y se agregan los artículos 257A y 257B. Proyecto de ley con exposición de motivos de las señoras Senadoras Susana Dalmás, Margarita Percovich, Lucía Topolansky y Mónica Xavier y los señores Senadores Carlos Baráibar, Alberto Cid, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, José Korzeniak, León Lev, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini, Enrique Rubio, Jorge Saravia y Víctor Vaillant y Disposiciones Citadas. Distribuido Nº 246/2005.

- CARPETA Nº 224/2005. REFUGIADO. Se define su calidad y se dictan normas para su protección. Proyecto de ley con exposición de motivos de las señoras Senadoras Susana Dalmás, Margarita Percovich, Lucía Topolansky y Mónica Xavier y los señores Senadores Carlos Baráibar, Alberto Cid, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, José Korzeniak, León Lev, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini, Enrique Rubio, Jorge Saravia y Víctor Vaillant y Disposiciones Citadas. Distribuido Nº 237/2005.

- CARPETA Nº 231/2005. ZONAS RURALES. Se declara de interés general y nacional su protección y se dictan normas para preservar la integridad de las personas que trabajan y residen en las mismas. Proyecto de ley con exposición de motivos del señor Senador Gustavo Penadés y Disposiciones Citadas. Distribuido Nº 247/2005.

- CARPETA Nº 232/2005. REPRESENTANTES DE LOS AFILIADOS ACTIVOS, PASIVOS Y DE LAS EMPRESAS CONTRIBUYENTES EN EL DIRECTORIO DEL BANCO DE PREVISION SOCIAL. Se modifican disposiciones de la Ley Nº 16.241, de 9 de enero de 1992 y Disposiciones Citadas. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 238/2005.

- CARPETA Nº 235/2005. COMISIONADO PARLAMENTARIO. Se modifican los artículos 22 y 23 de la Ley Nº 17.684, de 29 de agosto de 2003 y Disposiciones Citadas. Proyecto de ley con exposición de motivos de los señores Senadores Alberto Cid, Carlos Moreira y Víctor Vaillant. Distribuido Nº 239/2005.

- CARPETA Nº 237/2005. FUNCIONARIOS PUBLICOS. Declaración jurada de bienes e ingresos, se modifican ar-tículos de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998. Proyecto de ley con exposición de motivos del señor Se-nador Julio Lara y Disposiciones Citadas. Distribuido Nº 248/2005.

- CARPETA Nº 238/2005. VILLA PURIFICACION DE HERVIDERO (DEPARTAMENTO DE PAYSANDU). Se declara monumento histórico los espacios que se determina, creándose una comisión honoraria de refundación y se prevén recursos financieros. Proyecto de ley con exposición de motivos de las señoras Senadoras Susana Dalmás, Margarita Percovich, Lucía Topolansky y Mónica Xavier y los señores Senadores Carlos Baráibar, Alberto Cid, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, José Korzeniak, León Lev, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini, Enrique Rubio, Jorge Saravia y Víctor Vaillant y Disposiciones Citadas. Distribuido Nº 249/2005.

- La Comisión de Transportes y Obras Públicas remite la versión taquigráfica de la sesión celebrada el día seis de julio, donde se recibió a la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay.

ASUNTOS CONSIDERADOS.

Abierto el acto el señor Senador Rafael Michelini propone que, aquellos proyectos para cuyo tratamiento se requiera opinión del Poder Ejecutivo, se le solicite la misma, facultando al señor Presidente a efectuar las consultas del caso. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

- CARPETA Nº 88/2005. CONSEJO DE ECONOMIA NACIONAL. Se crea en aplicación del artículo 206 de la Constitución de la República y se determinan su integración cometidos. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 14/2005. En consideración. Se procede a su votación. A propuesta del señor Senador Julio M. Sanguinetti se vota en general: 5 en 6. Afirmativa.

En discusión particular.

ARTICULO 1º. Se vota: 5 en 6: Afirmativa. APROBADO CON MODIFICACIONES.

ARTICULO 2º. Se vota: 6 en 6: Afirmativa. APROBADO CON MODIFICACIONES.

ARTICULO 3º. Se vota: 6 en 6: Afirmativa. APROBADO SIN MODIFICACIONES.

ARTICULO 4º. Se vota: 6 en 6: Afirmativa. APROBADO CON MODIFICACIONES.

ARTICULO 5º. Se vota: 6 en 6: Afirmativa. APROBADO CON MODIFICACIONES.

ARTICULO 6º. Se vota: 6 en 6: Afirmativa. APROBADO CON MODIFICACIONES.

ARTICULO 7º. Se vota: 6 en 6: Afirmativa. APROBADO CON MODIFICACIONES.

ARTICULO 8º. Se vota: 6 en 6: Afirmativa. APROBADO CON MODIFICACIONES.

ARTICULO 9º. Se vota: 7 en 7: Afirmativa. APROBADO CON MODIFICACIONES.

Queda aprobado el proyecto de ley. Se designa Miembro Informante al señor Senador José Korzeniak, quien lo hará en forma escrita.

El proyecto de ley sustitutivo aprobado queda redactado de la siguiente forma:

"PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO:

Artículo 1º.- (Creación, naturaleza jurídica y principales objetivos). Créase el Consejo de Economía Nacional, con carácter consultivo y honorario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 de la Constitución.

El Consejo procurará representar la opinión de los representantes de los intereses económicos, profesionales, sociales y culturales del país de acuerdo con la integración del cuerpo, establecida en el siguiente artículo.

Sus objetivos principales consisten en dar carácter ordenado e institucionalizada al diálogo entre:

a) los representantes de los intereses económicos, profesionales, sociales y culturales mencionados en el artículo 2º;

b) entre el conjunto de dichos representantes y el Estado;

c) entre dicho conjunto y los organismos similares de otros países.

El Consejo de Economía Nacional es un organismo consultivo de carácter privado y de interés público.

Artículo 2º.- (Integración).- El Consejo estará integrado por treinta y nueve miembros que serán representantes de los intereses que se mencionan en el artículo 1º, designados o electos por las organizaciones más representativas, de la siguiente manera:

a) catorce de los trabajadores (doce por los activos y dos por los pasivos),

b) catorce por los empresarios (industriales, comerciales, agropecuarios y de otros servicios),

c) tres por los cooperativistas,

d) tres por los profesionales universitarios,

e) tres por los usuarios y consumidores,

f) tres por las organizaciones no gubernamentales que realizan convenios con el Estado.

Artículo 3º.- (Modos de elección o designación de los miembros del Consejo). Las organizaciones más reconocidas de los sectores indicados en el artículo anterior, establecerán el sistema de elección o designación de sus representantes, sin perjuicio de lo cual el Poder Ejecutivo al reglamentar la presente ley establecerá los criterios generales para las respectivas elecciones o designaciones.

Artículo 4º.- (Coordinación del Consejo con el Estado). El Poder Ejecutivo establecerá los Ministerios, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados que enviarán representantes con voz pero sin voto, a las sesiones u otras actividades del Consejo de Economía Nacional.

También estará establecida con igual régimen la participación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de cada una de las Cámaras del Poder Legislativo y del Congreso de Intendentes.

En las oportunidades referidas en el artículo 6º, los Ministerios, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, las Cámaras del Poder Legislativo y el Congreso de Intendentes, se harán representar por sus máximas jararquías.

Artículo 5º.- (Asesorías). El Consejo de Economía Nacional podrá solicitar asesorías a los Ministerios y oficinas públicas, así como a la Universidad de la República, a las Universidades privadas, a las Organizaciones no gubernamentales más reconocidas y en general a sectores sociales que puedan aportar puntos de vista que contribuyan al cumplimiento de la finalidad de la presente ley.

Artículo 6º.- (Atribuciones). El Consejo de Economía Nacional podrá ser oído por el Poder Ejecutivo en oportunidad de la elaboración de los Presupuestos y de las Rendiciones de Cuentas, en la forma y oportunidades que establezca la reglamentación.

Podrá emitir informes sobre temas económico-sociales solicitados por entidades públicas o privadas, o por propia iniciativa. Las comunicaciones, opiniones o puntos de vista a que alude el artículo 207 de la Constitución, podrán contener anteproyectos de leyes o de reglamentos, que deberán remitirse al Poder Ejecutivo cuando correspondiese, o a otras autoridades.

Artículo 7º.- (Funcionamiento).- El Consejo de Economía Nacional dictará su Reglamento interno, estableciendo su funcionamiento tanto en sesiones plenarias como en comisiones, disponiendo asimismo la forma de elegir de entre sus miembros a su Presidente y sus Vicepresidentes.

El Reglamento establecerá el régimen de votación de los informes o dictámenes. Cuando existen discordias u opiniones en minoría, éstas deberán transcribirse íntegramente junto con las opiniones mayoritarias.

Artículo 8º.- (Régimen económico).- Los miembros del Consejo de Economía Nacional serán honorarios. Las organizaciones representadas en el mismo se harán cargo de los gastos derivados de las asesorías u otras actividades que contraten onerosamente.

Los Poderes Legislativo y Ejecutivo proporcionarán sin costo los elementos locativos, los recursos materiales y el personal para el funcionamiento del Consejo.

El Estado sólo podrá incluir en el Presupuesto Nacional una partida para remuneración de un secretario ejecutivo del Consejo de Economía Nacional.

Artículo 9º.- (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de 90 (noventa) días contados desde el siguiente al de su promulgación."

De lo actuado se procede a toma de la versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 256/2005, que forma parte de la presente Acta.

A la hora quince y cincuenta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria.

José Korzeniak Presidente

Josefina Reissig Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE (Don Luis A. Heber).- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: este proyecto de ley fue remitido al Parlamento por el Poder Ejecutivo. Se trata de una iniciativa que reglamenta dos artículos de la Constitución: el 206 y el 207. Concretamente, el artículo 206 establece: "La ley podrá crear un Consejo de Economía Nacional,", agregando luego las características que tendrá. Por su parte, el artículo 207 dice: "El Consejo de Economía Nacional se dirigirá a los Poderes Públicos por escrito, pero podrá hacer sostener sus puntos de vista ante las Comisiones legislativas, por uno o más de sus miembros".

La previsión constitucional se estableció en la Carta Magna de 1934, no obstante lo cual y a pesar de los años transcurridos, el Legislador nunca creó el Consejo de Economía Nacional. No quiere decir que no haya habido proyectos. Entre los formalmente presentados y los informales que se publicaron en algunos órganos de prensa de las más diversas extracciones ideológicas, he podido recopilar 14 iniciativas. Diversas razones motivaron que no se creara el Consejo de Economía Nacional; algunas de ellas probablemente producto de la coyuntura política -se había instaurado en la Constitución esta posibilidad- de 1934, que fue la salida del golpe de Estado de 1933 con una Constitución que, sin perjuicio de su vicio de origen -fue hecha por un procedimiento de facto-, tuvo una serie de méritos en su contenido, como fue el agregado del Capítulo II de la Sección II, que se refiere a los derechos de las personas, concretamente de los derechos sociales y económicos. En las Constituciones de 1830 y 1918, siguiendo las tendencias de la época, no estaban previstos estos derechos; sí lo estaban los derechos individuales clásicos.

De manera que entre los derechos económicos y sociales, como eran los derechos sindicales, los gremiales en general y el derecho a la educación -es decir, todo eso que se agregó a esta Constitución-, se incorporó, en esa misma línea, el artículo que hoy lleva el número 206, que dice que la ley podrá crear un Consejo de Economía Nacional.

Durante varios años, ese origen en una Constitución, que fue una salida muy discutida de un golpe de Estado, hizo que se generaran algunos prejuicios contra la creación de un órgano de esta naturaleza. Incluso, algunos lo tildaban de órgano similar a la Corporación Fascista, Corporación que se creó en Italia como una de las Cámaras legislativas con el advenimiento del fascismo en ese país. Quizá eso haya desestimulado la aprobación o la presentación de proyectos durante varios años. Con el tiempo, la Doctrina en Uruguay fue perfeccionando el estudio de estos artículos y de la propia Constitución de 1934 que, sin perjuicio de una Disposición Transitoria por la cual se reservaba la Presidencia a quien había dado el golpe de Estado, hasta 1938 -artículo, a mi juicio, deleznable-, en otros aspectos tuvo contenidos sumamente avanzados, como este Capítulo sobre derechos económicos y sociales complementado, a nuestro entender, también por la regulación bastante detallada de las empresas públicas. De manera que lo que era un solo artículo, el artículo 100 de la Constitución de 1830, termina siendo una Sección importantísima que regula las empresas públicas del Estado con el nombre de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, y también prevé la posibilidad de este Consejo.

Precisamente, para disipar totalmente esa posible duda, que inclusive en algún momento fue planteada al comenzar la discusión en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación, es que se aclara expresamente en este proyecto que este es un organismo privado de interés público, pero representativo de la sociedad civil y que el Estado no lo integra en su composición, a diferencia de la famosa Cámara Corporativa del facho italiano, que sí era un órgano del Estado. Ese era un tipo de corporación que naturalmente los Estados democráticos repudian, aunque también hay que aclarar que desde filas muy democráticas, como la familia Webb en Inglaterra, se proponía la creación de una Cámara que no fuera política sino representativa de los intereses. No es esto lo que trae este proyecto. Aquí se define expresamente que se trata de un organismo privado de interés público.

Su objetivo principal -que nosotros creemos fue el espíritu de la Constitución- es establecer un sistema por el cual la sociedad civil en materia económica y social y en rubros colaterales como lo cultural se conecta con el Estado de manera ordenada, fluida y no de la forma errática como se hace constantemente en los lobbies a lo largo de la historia de este país y de otros. Se trata de un grupo de interés profesional o económico que se presenta ante las Cámaras, ante el Poder Ejecutivo o recorre los Ministerios.

¿Qué quiere este proyecto? ¿Qué es el Consejo de Economía Nacional? Un organismo privado representativo, de la mejor manera posible, de la sociedad civil que hace fluida, no errática, la relación entre la sociedad civil y el Estado en materia económica, social y, por estar tan ligado a ambas, también cultural. Esto se establece en el artículo 1º que define los objetivos principales y también la naturaleza jurídica. Diría que la frase final de este artículo, en cuanto a que es un organismo consultivo de carácter privado y de interés público, casi no hubiera sido necesaria, pero ocurre que el proyecto busca disipar cualquier clase de duda en cuanto a que se trata de un órgano estatal o semiestatal. Insisto: es privado y hay interés público para que funcione a los efectos de que la sociedad civil se haga oír ante los órganos estatales de una manera no errática.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Eleuterio Fernández Huidobro.)

-En el artículo 2º del proyecto se establece cómo se integra este Consejo. Procura, a través de cuarenta miembros, que la sociedad civil, en el plano económico, social y cultural, esté representada de la mejor manera posible o de la forma en que se entiende que puede haber mayor representación. La enumeración es un poco cansadora, pero debo decir que hay catorce representantes por los trabajadores -doce activos y dos pasivos-, catorce por los empresarios -industriales, comerciantes, agropecuarios y de otros servicios, comprendiendo, por ejemplo, bancarios y otros-, tres por los cooperativistas, tres por los profesionales universitarios -no olvidemos que la Constitución dice "compuesto de representantes de los intereses económicos y profesionales del país", por lo que también esto había que preverlo-, tres por los usuarios y consumidores, y tres por las Organizaciones No Gubernamentales que realizan convenios con el Estado.

Luego se establece la forma en que se designarán estos miembros, dándose ciertas facultades a las organizaciones respectivas de autorreglamentarse -sin perjuicio del reglamento del Poder Ejecutivo- para que cada una fije las reglas generales para elegir a sus representantes.

Finalmente, en el artículo 6º se determinan las atribuciones. A continuación, voy a hacer una explicación de la discusión que se produjo en la Comisión sobre varios de estos puntos, así como del resultado de este proyecto sustitutivo del enviado por el Poder Ejecutivo. En este tema de las atribuciones, la Comisión trabajó con bastante intensidad, inclusive, en términos de tiempo.

A continuación hay un artículo que habla del funcionamiento, bien distinguido de la integración. No podrá integrarlo ningún representante de órganos del Estado. Como ya mencionamos, eso está previsto en el artículo 2º. En el funcionamiento, es decir, en el aspecto dinámico del Consejo de Economía Nacional, sin voto concurren, para que el diálogo se establezca, representantes de los Ministerios y de las empresas públicas a quienes les interesan estos aspectos y también miembros del Congreso Nacional de Intendentes, así como los principales gobernantes que puedan tener un interés peculiar en ese diálogo tan necesario y ordenado de la mejor manera posible que debe haber entre la sociedad civil y el Estado.

El artículo 8º fija de una manera más enfática -aunque era innecesario- que los cuarenta miembros del Consejo de Economía Nacional son honorarios, que no pueden percibir ninguna remuneración. Pero eso se establecía ya en el artículo 206 de la Constitución, al señalarse que tendrán carácter consultivo y honorario. Sin embargo, como era necesario prever la existencia de un funcionario ejecutivo, dice que el Estado sólo podrá incluir en el Presupuesto Nacional una partida para la remuneración de un funcionario ejecutivo del Consejo de Economía Nacional. Asimismo, establece que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo le han de proporcionar los recursos materiales y la infraestructura locativa a los efectos de que sea un Consejo honorario y no una nueva creación burocrática.

Está previsto también que cada una de las organizaciones que integran ese Consejo puedan hacer consultas y tener asesores, pero eso no lo paga el Estado. Cada organización logrará las asesorías que necesite por su cuenta. Eso lo establece expresamente el artículo 5º del proyecto.

Parece que el proyecto es claro en su texto, por lo que, finalmente, quisiera hacer algunas consideraciones sobre cómo se trabajó en la Comisión. Si no recuerdo mal, un solo miembro de la Comisión -el señor Senador Sanguinetti- votó en contra del proyecto en general, no obstante lo cual hizo aportes en el mejoramiento de muchos de los artículos durante la consideración particular, acompañando la votación de varias disposiciones.

Quiero destacar que fue un proyecto discutido y que recibió aportes en varios aspectos por parte de todos los miembros de la Comisión y que por eso tenemos un proyecto sustitutivo. En el informe escrito que acompaña al proyecto traté de referirme a los tres o cuatro puntos clave sobre los que hubo discusión y en los que se llegó, incluso, a transacciones. Quizás algunos de los miembros no están de acuerdo con lo que resultó en definitiva, pero se trataba de recoger la opinión de todos. Voy a tratar de referirme específicamente a aquellos aspectos más importantes que fueron fruto de aportes de miembros de la Comisión que procuraban modificar el proyecto original venido del Poder Ejecutivo.

En primer lugar, en el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo se proponía integrar el Consejo de Economía Nacional con treinta y tres miembros. Hubo una primera moción de la señora Senadora Percovich, complementada por otras, por las que se fue aumentando el número de representantes, llegando a cuarenta miembros. Repito que hubo aportes de varios miembros de la Comisión, introduciendo este cambio al proyecto original. Pensamos que acá se logró un equilibrio bastante fuerte y aceptable para buscar la manera de representar lo mejor posible los distintos intereses que hay en el seno de la sociedad civil.

En segundo término, se modificó el artículo que se refiere a la participación de representantes estatales en el funcionamiento del Consejo de Economía Nacional. Esto no tiene que ver con la integración, porque pueden ir a hablar, a dialogar pero no a votar. En este aspecto hubo una propuesta del señor Senador Sanguinetti. Se consideraba de cierta incongruencia que participaran, por ejemplo, los Ministerios que tienen que ver con la economía y no algunas empresas públicas, comerciales o industriales que, como es natural, están tremendamente vinculadas al funcionamiento de la economía del país. Por eso en el artículo 7º, del funcionamiento, se agregó que en dicho funcionamiento podían participar no sólo representantes de los Ministerios, del Congreso Nacional de Intendentes o de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sino también de las empresas públicas, comerciales o industriales.

En el artículo que habla de las atribuciones en términos de competencia, el proyecto original establecía que el Consejo de Economía Nacional, además de las atribuciones que figuran en el artículo 207 de la Constitución, como hacerse escuchar en Comisiones parlamentarias o comunicarse con los poderes públicos por escrito, será necesariamente oído en oportunidad de la Ley de Presupuesto y de las Leyes de Rendición de Cuentas. Conozco la historia de ese artículo porque participé en su redacción hace ya mucho tiempo. En mi opinión, eso no violaba la Constitución por el hecho de que fuera un asesoramiento obligatorio no vinculante. Era una opinión que no vinculaba en su contenido, pero era algo que el proyecto original traía como obligatorio. Se hicieron dos objeciones a ese artículo remitido por el Poder Ejecutivo. La primera de ellas era de índole constitucional. Si mal no recuerdo, el señor Senador Gallinal planteó que la Constitución no preveía que en esas oportunidades fuera necesario oírlo. La segunda era su condición de asesoramiento, pues en el proyecto no se establecía si era cuando el Poder Ejecutivo elabora el Presupuesto o la Rendición de Cuentas o cuando el Parlamento los consideraba. Diversos aportes determinaron que se sustituyera el dictamen obligatorio en oportunidad del Presupuesto y de las Rendiciones de Cuentas por un dictamen facultativo. El proyecto dice ahora en su artículo 6º que el Consejo de Economía Nacional podrá ser oído en ocasión de la elaboración de los Presupuestos y las Rendiciones de Cuentas en la forma y oportunidad que establezca la reglamentación. Allí se señalará en qué momento el Poder Ejecutivo puede escuchar a este Consejo. Repito que la aprobación de este proyecto fue fruto de transacciones, pero pienso que era importante mantener que en esas oportunidades fuera necesariamente consultado. Básicamente, entiendo -no lo voy a fundamentar para no aburrir a los miembros del Senado- que no se violaba la Constitución. El considerar violatorio de la Constitución el establecimiento de atribuciones para un órgano que se crea significaría una especie de aplicación mecánica y no habría necesidad de la ley, salvo señalar cuántos miembros lo componen, porque ya figuran en la Constitución sus poderes jurídicos más elementales. De todos modos, creo que tanto el Gobierno como la sociedad civil verán correcta, aunque sea facultativa, la consulta, que es mucho mejor dialogar de una manera ordenada y fluida que hacerlo erráticamente por grupos que hacen sus peticiones y propuestas por separado.

En ese punto, entonces, el artículo es fruto de una transacción y fue una de las modificaciones importantes que tiene este proyecto de ley que viene al Senado y cuya aprobación estamos aconsejando de acuerdo con el proyecto original.

Por último, cabe señalar que en el proyecto original también se hablaba de hacer una reglamentación en el término de 60 días después de la promulgación de la ley. Si mal no recuerdo, a propuesta del señor Senador Michelini, se extendió dicho plazo a 90 días. ¿Por qué? Se fundamentó -y la Comisión lo compartió- que debido a su integración compleja y al hecho de representar a tantas organizaciones, el Poder Ejecutivo no iba a hacer una reglamentación encerrado en una campana de cristal, sino que debía ir hacia esas organizaciones que, en definitiva, van a estar representadas. En consecuencia, al hacer una reglamentación consensuada, ese tipo de consultas llevan tiempo y, por consiguiente, se extendió el plazo para reglamentar este proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo, de 60 a 90 días, sin perjuicio de lo cual, la fórmula para designar o elegir a los representantes de cada una de las organizaciones, se le otorga la facultad de auto reglamentarse.

Creo haber descrito brevemente el trámite en la Comisión y los alcances básicos que tiene esta propuesta, cuya aprobación aconsejamos.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: el Miembro Informante ha hecho una detallada y bien expresiva descripción de lo que fue el constructivo debate que desarrollamos en la Comisión respecto a este viejo Consejo de Economía Nacional, previsto en la Constitución de 1934 y nunca llevado a la práctica, ya que estaba remitido a la ley.

El señor Senador Korzeniak ha establecido una legitimación de paternidad, recordando o tratando de decir que el origen corporativista, muy de moda en las ideas de aquellos años treinta -ideas corporativistas fundamentalmente fascistas- generó un pecado original que luego se fue lavando. Diría que el pecado original efectivamente existió. Eran las ideas de aquel tiempo e incluso determinaron la creación de algunos organismos con esas características. Por ejemplo, el Frigorífico Nacional o CONAPROLE.

No quiero decir que este proyecto de ley tenga hoy esta coloración fascista o corporativista porque, como bien se ha expresado, se ha tratado de ajustar muy estrictamente a la Constitución, evitando atribuirle facultades que no sean estrictamente de asesoramiento. Queda claro que no hay un ejercicio de competencia pública, como tampoco usurpación de ningún espacio de esa naturaleza. Por lo tanto, si aquel pecado original -que a nuestro juicio, sin duda existió- podía generar todavía hoy alguna reminiscencia, de algún modo está lavado y superado.

Sin embargo, nuestra opinión fue negativa en función de otros aspectos, fundamentalmente porque no somos muy proclives a la creación de organismos que luego terminan superponiéndose, generando al final más confusiones que claridades y produciendo, además, un efecto constitucional confuso. Nuestra propia Constitución ya ha previsto instancias en virtud de las cuales el sector privado tiene la capacidad y posibilidad de expresar sus opiniones y discutirlas. Dicha Carta también prevé la Comisión de Planeamiento y comisiones sectoriales de planeamiento que, efectivamente, han existido.

Por otra parte, la ley también ha previsto la creación de un Consejo Superior Salarial que se ha instalado a raíz de los debates sobre los consejos de salarios que no son, simplemente, un debate sobre el valor o el precio de la remuneración, sino debate sobre las relaciones laborales.

Por la vía administrativa, el actual Gobierno también creó un consejo para el empleo o la productividad -un largo nombre que ahora no puedo reproducir con exactitud- que ha tenido sus reuniones.

En ese contexto no aparecía y no aparece, a nuestro juicio, suficientemente esclarecido en este momento el sentido de la creación del Consejo de Economía Nacional. Después de tantos años sin aplicar esta vieja institución de raíz constitucional, a nuestro entender su reglamentación hubiera merecido un análisis más detallado, una mejor elaboración y, sobre todo, una mejor inscripción dentro de este contexto variado de instituciones donde el poder público y los sectores privados se conectan y se expresan.

Este es un organismo que con atribuciones públicas hubiera significado un rechinamiento con la estructura de una economía liberal como la nuestra y de un sistema liberal como el de la Constitución republicana que nos rige. Establecido, en cambio, simplemente como un órgano eventualmente asesor, donde los poderes públicos sólo actúan excepcional y alternativamente, aparece superpuesto a otros mecanismos de diálogo y simplemente constituye el establecimiento de una instancia deliberativa que no creemos que contribuya de un modo importante al buen gobierno y a la buena administración.

Desde ya que no creemos estar ante algo que pueda perturbar de un modo trascendente esos mecanismos. En cualquier caso, no nos han convencido las razones por las cuales, en este momento, sea saludable y positivo para la vida económica del país y su debate, la creación de esta instancia en la cual, simplemente, se van a acumular reclamos profesionales y de corporaciones, muchos de ellos contradictorios. Por lo tanto, no creemos que ello mejore lo que se previó en las comisiones de planeamiento, ni en otras instancias como las que hemos mencionado.

Por estas razones no hemos acompañado la iniciativa en general, aún cuando en lo particular -como bien ha dicho el señor Senador Korzeniak- tratamos de contribuir a que el proyecto reflejara lo más adecuadamente posible una intención constitucional que hoy, después de tantos años, ya no se remite tanto a los redactores de 1934, sino a un espíritu republicano liberal hoy mucho más afirmado. En realidad, el proyecto no tiene esas incongruencias inconstitucionales, pero tampoco le vemos hoy el sentido práctico, positivo y superior que el debate económico nacional hoy exige.

Muchas gracias.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL- Señor Presidente: tal como lo señaláramos en más de una oportunidad en la Comisión de Constitución, queremos reiterar hoy aquí en el Senado, que con poco calor y sin mucho entusiasmo, vamos a acompañar este proyecto de ley. Lo vamos a hacer por dos razones fundamentales. En primer término porque, en definitiva, significa -como ya se ha expresado- la reglamentación de un artículo vigente de la Constitución de la República, con lo cual el Senado no está, en esta circunstancia, innovando en el relacionamiento público con actores principales de la actividad privada.

En segundo lugar, porque este fue un término recurrente en el transcurso del último año y, en particular, en la campaña electoral, por la fuerza política que hoy tiene la responsabilidad de conducir los destinos del país. En más de una oportunidad, esta fuerza se comprometió ante la ciudadanía a poner en acción un instituto como el que se define como "Consejo de Economía Nacional", según se establece en el artículo 206 de la Constitución. También considerábamos necesario modificar algunas de las definiciones que incluía el proyecto de ley original. Felizmente, tanto quien habla, como el señor Senador Abreu, logramos introducir algunas de ellas. Por ese motivo, decidimos otorgar nuestro voto afirmativo en la discusión general de este proyecto de ley.

Una de las modificaciones importantes que se lograron introducir fue, precisamente, en el último inciso del artículo 1º, que refiere a la creación, naturaleza jurídica y principales objetivos. En lo que hace a la definición del Consejo de Economía Nacional, se expresa que es un organismo consultivo de carácter privado y de interés público. Esto significa que no tiene carácter estatal y su naturaleza jurídica es privada.

Por otra parte, el artículo 8º, relativo al régimen económico, establece que los miembros del Consejo de Economía Nacional serán honorarios. Cabe aclarar, además, que no son funcionarios públicos. Esto podría estar en duda si en el artículo 1º no se hubiera precisado la definición. Asimismo, hubiera hecho incompatible la presencia de algunos de los miembros definidos en el artículo 2º, en tanto éstos tuvieran la calidad de funcionarios públicos. Concretamente, estos últimos podrán integrar el mencionado Consejo en tanto pertenezcan a algunas de las categorías expresamente definidas en el artículo 2º.

Consideramos fundamental la modificación que logramos introducir en el artículo 6º. En su redacción original se hacía referencia al carácter preceptivo de la consulta que el Poder Ejecutivo debía realizar al Consejo de Economía Nacional. Entendíamos que esa consulta, bajo ningún concepto, podía ser de carácter vinculante -es justo señalar que así también lo entendían los autores del proyecto- ni tener carácter preceptivo. Hay que dejar en libertad al Poder Ejecutivo sobre la posibilidad de consultar o no al Consejo de Economía Nacional. Esta redacción ha sido aceptada. Originalmente, se establecía en el artículo 6º lo siguiente: "Sin perjuicio de las atribuciones establecidas en el artículo 207 de la Constitución, el Consejo de Economía Nacional será necesariamente oído en oportunidad de la elaboración de los Presupuestos y de las Rendiciones de Cuentas, en la forma y oportunidades que establezca la reglamentación." Ahora, dicha disposición expresa: "El Consejo de Economía Nacional podrá ser oído por el Poder Ejecutivo en oportunidad de la elaboración de los Presupuestos y de las Rendiciones de Cuentas, en la forma y oportunidades que establezca la reglamentación."

En el artículo 4º del proyecto original, relativo a la coordinación del Consejo con el Estado, se indicaba: "El Poder Ejecutivo establecerá a los Ministerios que enviará representantes con voz pero sin voto, a las sesiones u otras actividades del Consejo de Economía Nacional." El párrafo final decía: "en ocasión de los pronunciamientos más trascendentes del Consejo de Economía Nacional, los Ministerios, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, las Cámaras Legislativas y el Congreso de Intendentes, se harán representar por sus máximas jerarquías." Significa que en todo aquello que se consideren pronunciamientos fundamentales, los Ministros, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y, según imaginamos, los Presidentes de ambas Cámaras o de las Comisiones directamente relacionadas con estos temas, junto con el Presidente del Congreso de Intendentes, deben estar allí presentes en esos pronunciamientos. Sugerimos a la Comisión la posibilidad de definir cuáles son los pronunciamientos más trascendentes, a fin de que no quedara en la órbita del Consejo de Economía Nacional definir lo que era más trascendente. En ese caso, estaríamos obligando, por ejemplo, a los Ministros de Estado a comparecer ante la Comisión y el Consejo en aquellas circunstancias en que este último lo entendiera pertinente. Esto no nos pareció de recibo. Por eso sugerimos una redacción alternativa que fue recogida por los demás miembros de la Comisión. Esas oportunidades de convocatoria son, precisamente, las que están definidas en el artículo 6º, es decir, "en oportunidad de la elaboración de los Presupuestos y de las Rendiciones de Cuentas". Partimos de la base de que es una referencia directa al Presupuesto Nacional y a las Rendiciones de Cuentas que anualmente se presentan a consideración del Poder Legislativo.

Estos fueron los cambios fundamentales que introdujo nuestra colectividad política; varios de ellos, a instancias del señor Senador Abreu quien, como se ha señalado, no pudo estar hoy presente porque tenía un compromiso. En consecuencia, hemos intentado representarlo. Pensamos que estas modificaciones mejoran en gran medida el proyecto de ley y le otorgan un alcance lógico a este instituto creado por la Constitución. También se introdujeron algunos otros cambios, básicamente, en el artículo 2º, relativo a la integración del Consejo, pero creo que no tienen la jerarquía de las otras mejoras a las que hemos hecho referencia y que son, en definitiva, el fundamento en función del cual sin mucho calor llegamos hoy aquí para otorgar nuestro voto en general a este proyecto de ley.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Brevemente, deseo indicar que apoyo con convicción este proyecto de ley. Me parece que es muy importante la idea de generar, institucionalizar y producir ámbitos de diálogo social. La sociedad uruguaya ha carecido de ellos en una proporción altamente significativa. En realidad hubo momentos de gran participación a la salida de la dictadura y de construcción de distintos ámbitos de generación de políticas públicas de Estado y de consenso, que después se fueron perdiendo con el tiempo. De esa manera, fuimos ingresando en lógicas, en buena parte, de inspiración conservadora y neoliberal que degradaron el entramado de la sociedad civil y se juntaron con el incremento de niveles de pobreza, de atonía social y de debilitamiento de los actores.

Creo que es muy importante intentar revertir esas lógicas; puede ser por estos mecanismos u otros. Ahora existen nuevamente los Consejos de Salarios y ámbitos de diálogo, de intercambio y puja de intereses y de negociación. Esto apunta en otra dirección: a la construcción de políticas más globales. En realidad, en este país hay actores que han tenido tradición en ese sentido, entre ellos, el movimiento sindical que, en distintas etapas, tuvo la virtud de plantear no sólo cuestiones meramente corporativas, sino de interés general. Creo que es necesario vigorizar ese tipo de tradiciones. Es un verdadero acierto que no hayan estado solamente representantes de los trabajadores y de los empresarios, sino que se les haya dado, por la vía de las modificaciones que se introducen en la Comisión, un volumen casi equivalente a otros representantes de la sociedad civil, como son los cooperativistas, profesionales, usuarios y consumidores y las ONG. Eso va a traer una diversidad de puntos de vista. Muchas de estas organizaciones tienen pocos ámbitos para expresar cuestiones de fondo, introducir debates, generar demandas o brindar respuestas, reflejando la diversidad de nuestra sociedad. Me parece que este ámbito va a funcionar en ese sentido y creo debe ser bienvenido.

En el artículo 1º de este proyecto está bien definido como un organismo consultivo de carácter privado y de interés público, y creo que no tiene otras ambiciones que las aquí expuestas. Por tal motivo, pensamos que esta iniciativa debe ser respaldada y auspiciada.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: no soy miembro de la Comisión y, por tanto, no tuve oportunidad de estudiar e intercambiar opiniones en el seno de la misma. Sin embargo, después de escuchar al Miembro Informante y a distintos señores Senadores, nos asaltan algunas dudas, sobre todo con respecto a la integración.

El Ministerio de Economía y Finanzas entiende necesario constituir el Consejo de Economía Nacional en su carácter consultivo porque cree que las organizaciones deben ser formalmente escuchadas. Se propone una integración que, de acuerdo con los antecedentes, en algunos casos viene sugerida por el propio Ministerio de Economía y Finanzas, que habla -por ejemplo- de 14 trabajadores, 12 activos y 2 pasivos. ¿Por qué solamente 2 pasivos?

También se habla de 14 empresarios, pero no se especifica cuántos van a ser industriales, comerciantes, agropecuarios o pertenecientes a otros servicios. Quizás se distribuya de acuerdo con el Producto Bruto, como forma de reflejar en qué proporción participan del mismo. ¿Se pretende representar a estos empresarios en función de la participación, o a la inversa? Porque si se trata de que todo el mundo tome parte en esto, quienes participan poco del Producto Bruto deberán ser consultados más seguido.

También se habla de 3 cooperativistas, pero no se dice si deberán pertenecer a cooperativas de consumo, productivas o de otra naturaleza.

Al mismo tiempo, se incluye a los profesionales. Me pregunto por qué los tres profesionales tienen que ser universitarios. ¿El Ministerio de Economía y Finanzas entiende que los profesionales universitarios tienen que estar como una especie de casta? ¿Porque han tenido la posibilidad de estudiar tienen que formar parte del Consejo de Economía Nacional? La verdad es que no justifico la propuesta de esta Cartera.

Tampoco se dice cómo se van a elegir los tres representantes de los usuarios y de los consumidores. Supongo que el Ministerio de Economía y Finanzas habrá pensado en algún mecanismo al respecto. Se me podrá decir que esto lo va a establecer la reglamentación de la ley, pero de todos modos me gustaría que tuviéramos algún adelanto para saber un poco más sobre este tema y conocer, al menos, de qué región del país provendrán.

No sé si todas estas respuestas me las puede dar el Miembro Informante. Realmente, no sé si esto es viable. Tampoco he escuchado al Miembro Informante o a la Bancada oficialista hablar sobre la necesidad de poner esto en marcha, porque la organización de la sociedad se va dando por sí sola, y creo que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene contacto directo con el mundo sindical, como decía el señor Senador Rubio. ¿O no es así? ¿Es necesario establecer este organismo para lograr que el Gobierno pueda tener un contacto directo con los sindicatos del país?

Tenemos un Consejo Empresarial; recién se hablaba también de los Consejos de Salarios; asimismo, existe la famosa Tripartita en la que están representados los empresarios, el PIT - CNT y el Gobierno. ¿No alcanza la organización que por sí sola se ha venido dando, que hay que crear esta otra? Me gustaría escuchar algún argumento acerca de si lo que está marchando, lo que se fue formando no funciona bien. En ese caso debemos crear esto, que en realidad existe desde el año 1934. Sin perjuicio de las consideraciones de carácter histórico, si -como todos sabemos- tenía esa faceta corporativista, ¿por qué lo instrumentamos ahora? Esto no me gusta.

Sí me gustaría que me dijeran que el Ministerio de Economía y Finanzas realmente necesita -haciendo hincapié en lo que decía el señor Senador Gallinal en cuanto a que esta era una importante propuesta del partido que ha salido triunfador en las elecciones nacionales, que venía hablando desde hacía mucho tiempo del Consejo de Economía Nacional- la creación de este organismo, que es del año 1934, a efectos de poder definir mi voto y los de quienes no participaron en la discusión de la Comisión. Me gustaría más pensar en el año 2034 que en 1934; tengo la sensación de que estamos anclados en el pasado de una realidad de mundo y de país totalmente distinta a la que estamos viviendo.

Yo creo en el diálogo, señor Senador Rubio, pero si esto se propone por una necesidad de diálogo, creo que hoy hay canales de diálogo importantes, que se vienen instrumentando desde el Poder Ejecutivo. ¿O es que no los hay y es necesario crearlos?

Preguntaría a quienes creen que este es un gran proyecto y consideran indispensable para la conducción económica tener estos ámbitos de consulta corporativos de la década del treinta -pero del siglo pasado-, si es conveniente poner en marcha este Consejo. Me gustaría escuchar algún argumento porque, realmente, el solo hecho de que esté en la Constitución no me convence para dar mi voto favorable, porque entiendo que es de difícil aplicación.

Muchas gracias, señor Presidente.

17) PRORROGA DE LA HORA DE FINALIZACION DE LA SESION

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de dar la palabra a la señora Senadora, la Mesa advierte que estamos a pocos minutos de la hora de finalización de la sesión, por lo que deberíamos continuar en el día de mañana, salvo que se pida una prórroga.

Tiene la palabra la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Gracias, señor Presidente.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA PERCOVICH.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: estoy totalmente de acuerdo con que sigamos mañana con la consideración de este proyecto de ley. Sin embargo, interpreté la exposición del señor Senador Heber como un catálogo de preguntas que quedaron planteadas, y si el señor Presidente lo entiende pertinente, en mi calidad de Miembro Informante podría responderlas en no más de cinco minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa acababa de dar la palabra a la señora Senadora Percovich.

SEÑOR KORZENIAK.- Perdón, señor Presidente, pero me parece que estamos ya muy sobre la hora.

SEÑORA PERCOVICH.- Mi intervención será muy breve, señor Presidente.

SEÑOR KORZENIAK.- Entonces, formulo moción en el sentido de que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta que la señora Senadora Percovich culmine su exposición, para continuar mañana con la consideración de este tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

18) CONSEJO DE ECONOMIA NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE.-Continúa la considéración del proyecto de ley por el se crea el Consejo de Economía Nacional.

Tiene la palabra la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: confieso que no pensaba hacer uso de la palabra, porque me sentí totalmente representada por el señor Miembro Informante. Sin embargo, ante las preguntas formuladas por el señor Senador Heber, declaro que me gustaría que él hubiera hecho esas consultas en su propia bancada. El señor Ministro de Economía y Finanzas fue invitado a la Comisión y no se trató el proyecto de ley hasta que él se hizo presente. Sería bueno que el señor Senador Heber leyera la versión taquigráfica en la que figuran las explicaciones dadas por el señor Ministro de Economia y Finanzas, que será el encagado de poner en funcionamiento este ámbito de intercambio con la sociedad civil, los profesionales, los trabajadores y las Cámaras.

Muchas gracias, señor Presidente.

19) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con lo acaba de resolver el Cuerpo, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 19 y 51 minutos, presidiendo el señor Eleuterio Fernández Huidobro y estando presentes los señores Senadores Aguirrezabala, Antía, Baráibar, Breccia, Da Rosa, Dalmás, Gallinal, Heber, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Moreira, Nicolini, Penadés, Percovich, Ríos, Rubio, Sanguinetti, Saravia, Topolansky , Vaillant y Xavier.)

SR. SENADOR ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO Presidente en ejercicio

Arq. Hugo Rodríguez Filippini - Sr. Santiago González Barboni Secretarios

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.