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Nº 36 - TOMO 426 - 4 DE AGOSTO DE 2005

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

35ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR, SEÑOR SANTIAGO GONZALEZ BARBONI Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Inasistencias

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

4) Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración.

5) Sesión extraordinaria

- Moción de varios señores Senadores para que el Senado realice sesión extraordinaria el día 22 de setiembre, a fin de considerar el proyecto de ley sobre el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América.

6) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 2 de agosto  de 2005.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá  en sesión extraordinaria, a solicitud de varios señores Senadores el próximo jueves 4 de agosto, a la hora 16,  a fin de considerar el Tratado entre la República Oriental del Uruguay  y los Estados Unidos de América, relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

Carp. Nº 81/05 - Rep. Nº 88/05

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Antía, Antognazza, Baráibar, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Fernández Huidobro, Gallinal, Heber, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Nicolini, Núñez, Penadés, Percovich, Ríos, Rubio, Sanguinetti, Saravia, Topolansky y Vaillant.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Amaro, Cid y Xavier; y con aviso, el señor Senador Aguirrezabala.

3) INASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 5 minutos.)

SEÑOR PRESIDENTE- Dando cumplimiento con el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a la anterior convocatoria, si es que éstas existieron.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).- A la sesión ordinaria del día de ayer faltaron con aviso los señores Senadores Aguirrezabala y Moreira, y a la Comisión de Presupuesto del mismo día faltó con aviso el señor Senador Korzeniak.

4) TRATADO DE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el único punto del Orden del Día: "Tratado entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América, relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. (Carp. Nº 81/05 - Rep. Nº 88/05)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 81/05

Rep. Nº 88/05

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 22 de febrero de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a consideración de ese Alto Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 168, numeral 20 y 85, numeral 7, de la Constitución de la República, el Tratado sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre nuestro país y los Estados Unidos de América en Montevideo, el 25 de octubre de 2004. El texto disponible fue adelantado, antes de la firma, a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes.

I - Antecedentes

En la fecha de su firma, la Asamblea General se encontraba en receso, iniciado el 15 de setiembre de 2004, por la realización de elecciones nacionales, todo ello conforme al artículo 104 de la Constitución de la República. Instalada la Asamblea General el 15 de febrero de 2005, el Poder Ejecutivo remite el presente proyecto de ley para su consideración y ratificación, conforme al Derecho y práctica regular y en plena concordancia con su voluntad de no frustrar "el objeto y fin" del Tratado, y con estricto ajuste, en tal sentido, a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1970 ratificada por Uruguay mediante Ley Nº 15.195 (especialmente el artículo 18 de dicha Convención titulado "Obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor").

La suscripción del referido Convenio se enmarca dentro de los esfuerzos realizados por el país en las últimas décadas para estimular las inversiones en general y las extranjeras en particular. Adviértase que el Acuerdo de referencia es plenamente compatible con todos los compromisos político-jurídicos contraídos por la República en el plano multilateral.

En materia de antecedentes, cabe recordar que el compromiso de iniciar las negociaciones destinadas a concluir el Tratado, fue asumido formalmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, y el Representante Comercial de los Estados Unidos de América (USTR), el 18 de noviembre de 2003 en Miami, luego de finalizada la Reunión Ministerial para el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Posteriormente, el 11 de mayo del 2004 en Washington D.C. durante la III Reunión de la Comisión Conjunta sobre Comercio e Inversiones entre Uruguay y los Estados Unidos de América (órgano establecido en febrero de 2002 para fortalecer el comercio bilateral), comenzó el proceso negociador, el cual insumió unos cuatro meses hasta que el 6 de setiembre de 2004 el Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay y el USTR anunciaron en Washington la exitosa culminación del mismo. Luego de una cuidadosa revisión jurídica por ambas partes, el Tratado fue firmado en Montevideo, como ya ha sido señalado.

Asimismo, merece evocarse que al anunciar el comienzo de las negociaciones, la Oficina del USTR (que depende directamente del Presidente estadounidense) emitió un comunicado de prensa, resaltando el hecho de que los Estados Unidos de América no habían negociado ningún Tratado bilateral sobre protección de inversiones durante los cinco años previos, y que la decisión de elegir a Uruguay como contraparte con ese propósito, es "un reflejo de la importancia que los Estados Unidos de América asignan a su relación con Uruguay".

Ese paréntesis de cinco años, luego de que los Estados Unidos de América sucesivamente firmaran Tratados de esa naturaleza con casi cuarenta países, obedeció al prolongado intercambio interno de opiniones desplegado en Washington entre los diversos servicios estatales con responsabilidad en el tema, así como al proceso de consultas conducidas con la comunidad empresarial, hasta llegar a definir un formato ("template") sobre la base de la cual la Oficina del USTR negociaría los futuros Tratados bilaterales sobre inversiones (BIT). Tal formato fue acordado además con el propio Congreso, razón por la cual condicionará la ratificación de dichos Tratados a que sus respectivos textos se ajuste al mismo, al menos en sus aspectos esenciales.

Desde la perspectiva del Uruguay, antes de concluir el mencionado Tratado con los Estados Unidos de América, había suscrito Acuerdos bilaterales sobre inversiones con 25 países, según el siguiente orden cronológico: Alemania (1987), Países Bajos (1988), Suiza (1988), Hungría (1989), Italia (1990), Rumania (1990), Polonia (1991), Reino Unido (1991), Bélgica - Luxemburgo (1991), España (1992), Francia (1993), República Popular China (1993), Malasia (1995), Chile (1995), República Checa (1996), Venezuela (1997), Suecia (1997), Portugal (1997), Canadá (1997), Panamá (1998), Israel (1998), México (1999), El Salvador (2000), Australia (2001), Finlandia (2002) y Armenia (2002). Al respecto, cabe destacar que el Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y México que recientemente entró en vigor y que fuera aprobado por nuestro Parlamento sin oposición de ambas Cámaras, incluye un extenso capítulo en la materia que sustituye el tratado de 1999 con ese país. Dicho capítulo se asemeja en muchas de sus disposiciones al Acuerdo que se somete a consideración, siendo ambos textos de los más completos que hasta el presente haya suscrito la República.

Todos estos Convenios garantizan las inversiones realizadas por nacionales de una de las Partes en el territorio de la otra Parte, dentro de los parámetros utilizados actualmente en la legislación internacional, que, en el caso de nuestro país, también se encuentran consagrados en nuestra propia legislación interna.

Su utilidad deriva de la eficacia para contrarrestar un hecho que se observa en forma cada vez más frecuente, cual es la preocupación de los inversores internacionales por los perjuicios potenciales que un país receptor pueda ocasionar a sus inversiones, resultantes de cambios en las reglas internas, fundamentalmente a través de la imposición de medidas discriminatorias para los inversores extranjeros. Estos temores se dan, aún cuando en el país no existan normas que discriminen contra los no nacionales. Este Acuerdo tiende por ello a proporcionar mayor certeza a los operadores económicos de la otra Parte en cuanto a que las reglas de juego son comunes y que cualquier cambio no sólo será general sino que no podrá afectar los derechos ya adquiridos.

En última instancia, la seguridad jurídica consagrada en el Tratado es un elemento prioritario, en función que con ello se disminuye el riesgo del inversor. A menor riesgo menor será el retorno requerido por el inversionista del emprendimiento que realiza, lo que posibilita un mayor volumen de inversión, además de una mejor calidad de la misma. En última instancia, se apunta a un mayor volumen y una superior calidad del empleo. Esto a su vez, nos permite ingresar en el virtuoso círculo de más empleo, abatimiento de la desocupación, mejores salarios y por ende mejores jubilaciones y pensiones, más requerimiento de mano de obra calificada, que se traduce en imprescindibles mejoras a la curricula de la educación y por supuesto mayor capacidad de competencia e inserción internacional del país.

A su vez, las empresas ya instaladas en el país se benefician de mayores posibilidades de colocación de sus productos en el mercado interno, tonificándolo. Por último, el crecimiento le brinda una fuente espontánea de financiamiento al sector público, el que podrá aprovechar para seguir reduciendo los impuestos, sea eliminando algunos, reduciendo las tasas de otros; o bien para fortalecer el gasto en algunas áreas de la sociedad, o lo que parece más factible, una combinación de ambos supuestos.

Desde otro ángulo, la entrada en vigor de este Tratado permitiría identificar a Uruguay en una posición ventajosa respecto de los demás países de la región, factor seguramente preponderante a la hora de tomar la decisión de radicar una inversión.

Uruguay necesita inversiones, en especial las llamadas reproductivas, es decir aquéllas que generan nuevos bienes, ya que si bien el cociente entre las mismas en proporción al producto bruto interno ha crecido desde la primera mitad de la década de los 90, aún hoy resulta insuficiente para lograr tasas de crecimiento del ingreso per cápita de largo plazo, que permitan que Uruguay vuelva a tener un ingreso comparable con los principales países del mundo, como sucedía a comienzos del siglo XX.

Dado que se requieren inversiones, también se necesita ahorro para financiarla. En la medida en que el ahorro interno es bajo, sólo el ahorro externo puede equilibrar la situación.

El ahorro externo se materializa mediante el préstamo, capital financiero que se puede diluir rápidamente, o inversiones directas, capital físico que necesariamente permanece en el país. Es a este último que apunta el Tratado que hoy tenemos el honor de remitir.

Resulta obvio que, al menos en términos relativos, el potencial de inversiones que se recibirán supera ampliamente el que los uruguayos podrán realizar en Estados Unidos de América.

II - El texto aprobado

El Tratado consta de un preámbulo, 37 artículos, tres secciones, diez anexos y un protocolo.

La Sección A comienza con un Artículo I sobre Definiciones. Allí se detallan los términos que serán luego empleados en el Tratado.

El Artículo 2 indica el Alcance y Ambito de Aplicación del Tratado.

En los Artículos 3 y 4 se establecen en forma clara los principios de Trato Nacional y Trato de Nación Más Favorecida. Ambas disposiciones tienden a ofrecer similar trato y protección a las inversiones de nacionales y extranjeros para no discriminar en relación a sus orígenes.

En el Artículo 5 se establece el principio de Nivel Mínimo de Trato que se define en el inciso primero de dicho artículo.

El Artículo 6 se refiere a la Expropiación e Indemnización fijándose sus reglas y condiciones.

En el Artículo 7 se regulan las Transferencias estableciéndose el principio de que cada Parte permitirá que todas las transferencias relacionadas con una inversión cubierta se realicen libremente y sin demora desde y hacia su territorio. Se establece qué se incluye bajo dicho concepto.

Los llamados Requisitos de Desempeño están contemplados en el Artículo 8 el cual tiene por finalidad también poner en un pie de igualdad las inversiones sin discriminar en cuanto a su origen.

El Artículo 9 se refiere a los Altos Ejecutivos y Directorios estableciéndose que ninguna Parte podrá exigir que una empresa de esa Parte, en tanto se trate de una inversión cubierta, designe a individuos de alguna nacionalidad en particular para ocupar puestos de alta dirección.

El artículo 10 se refiere a la Publicación de Leyes y Resoluciones Relacionadas con las Inversiones garantizándolas.

Para mejor proveer a los fines del Tratado, el artículo 11 regula la Transparencia, estableciendo puntos de contacto, en la medida de lo posible, sobre publicaciones por adelantado de las medidas allí mencionadas que una de las Partes proponga adoptar, la posibilidad de formular comentarios sobre las medidas propuestas, la notificación y el suministro de información, así como el establecimiento de procedimientos administrativos y la posibilidad de interponer revisiones y apelaciones.

Los artículos 12 y 13 tratan, respectivamente, de la Inversión y el Medio Ambiente y de la Inversión y la Legislación Laboral, con la finalidad de mantener altos estándares de protección del Medio Ambiente y de las normas laborales de ambas Partes en relación con las inversiones a que refiere el Tratado.

En el artículo 14 se regula lo atinente a Medidas Disconformes, es decir, de aquellas medidas de las Partes que se exceptúan de la normativa general del Tratado y que se describen en los Anexos I, II y III.

En el artículo 15 se salvaguardaron excepciones a los artículos 3 y 4.

El artículo 16 establece que este Tratado no será derogado pese a la existencia de algunas normas que establezcan disposiciones más favorables para inversores de una Parte o de una inversión cubierta.

Por el artículo 17 se permite la denegación de beneficios en determinados casos por parte de los Estados Unidos de América. Ello podrá ocurrir en la hipótesis de que empresas de la otra Parte sean controladas o de propiedad de inversores pertenecientes a otra Parte cuyo país no mantiene relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de América o los Estados Unidos de América adopta o mantiene medidas en relación con un país que no es Parte o con una persona de un país que no sea Parte, que prohíban transacciones con esa empresa, y que serían violadas o eludidas si los beneficios del Tratado fueran otorgados a esa empresa o a sus inversiones. También se estatuye en el párrafo segundo de este artículo otra hipótesis de denegación de beneficios que está en consonancia con la anterior, Uruguay en aplicación de los principios que históricamente ha seguido sobre el tema, decidió no adoptar esta providencia, limitándose la posibilidad de recurrir a la misma sólo a los Estados Unidos de América.

El artículo 20 regula con detalle lo atinente a Servicios Financieros, en particular en relación a posibles situaciones en donde se pretenda acudir a un arbitraje, estableciendo determinados requisitos previos que aseguran un adecuado margen de acción a las autoridades supervisoras y reguladoras del sector.

El artículo 21 establece en su primer párrafo que con excepción de lo dispuesto en ese artículo nada de lo establecido en este Tratado se aplicará a medidas tributarias estableciendo a continuación diversas reglas y criterios. Se establecen las situaciones en que regirán los principios de Trato Nacional y Trato de la Nación Más Favorecida exceptuándose los impuestos directos y otros casos que se detallan. A continuación se prevé otras situaciones en materia tributaria. Finalmente, el párrafo séptimo de este artículo establece las relaciones que deben prevalecer con respecto a un convenio tributario entre las Partes, consagrando la primacía de este último.

La Sección B del Tratado, regula con minuciosidad el tema de la Solución de Controversias.

En el artículo 23 se dispone que en primer término el demandante y el demandado deben intentar solucionar la controversia mediante consultas y negociación. El artículo 24 enumera las condiciones para poder someter a arbitraje una reclamación disponiendo que por lo menos 90 días antes, el demandante entregará al demandado una notificación escrita de su intención de someter la reclamación a arbitraje. A continuación en el mismo artículo se establece en su numeral 3 que deben haber transcurrido seis meses desde que ocurrieron los hechos que motivan la reclamación, la cual podrá ser hecha de conformidad con el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (CIADI), o con las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI o de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) o si el demandante y el demandado así acuerdan, a cualquier otro órgano de arbitraje o de conformidad con cualesquiera otras reglas de arbitraje. Se establece que el Tratado tendrá primacía sobre las reglas del arbitraje mencionadas (párrafo 5).

El artículo 25 establece el consentimiento de cada Parte en someter una reclamación a arbitraje, con arreglo a esta Sección y de conformidad con este Tratado. A continuación se explicitan los requisitos que deberá tener ese consentimiento de acuerdo al Convenio a que habrá de ajustarse el procedimiento de arbitraje.

El artículo 26 establece Condiciones y Limitaciones al Consentimiento de las Partes. Ninguna reclamación podrá someterse a arbitraje, si han transcurrido más de tres años a partir de la fecha en que el demandante por primera vez tuvo o debió haber tenido conocimiento del incumplimiento alegado. También se supedita el derecho al arbitraje a que el demandante lo consienta por escrito, de conformidad con los procedimientos previstos por este Tratado y a que la notificación de arbitraje se acompañe de la renuncia por parte del demandante de cualquier derecho a iniciar o continuar, ante un tribunal judicial o administrativo sujeto a la legislación de cualquiera de las Partes u otros procedimientos de solución de controversias, cualquier acción relacionada con medidas respecto de las cuales se sostiene que constituyen un incumplimiento previsto en el Artículo 24.

A menos que las partes contendientes convengan otra cosa, el tribunal estará integrado por tres árbitros, un árbitro designado por cada una de las partes contendientes y el tercero, que será el árbitro presidente, designado por acuerdo entre las partes contendientes (Artículo 27). En este mismo artículo, se explicitan los detalles de la designación de los árbitros.

En el artículo 28 se regula con minuciosidad el Procedimiento de Arbitraje y en el Artículo 29 se asegura la Transparencia de los procedimientos arbitrales.

El artículo 30 establece el Derecho Aplicable en una controversia. El primer párrafo de este artículo establece como principio general que el tribunal decidirá las cuestiones en controversia de conformidad con este Tratado y con las normas aplicables del derecho internacional. Luego se explicita este principio general estableciéndose una graduación de las normas a aplicarse.

A continuación, el Tratado establece normas sobre Interpretación de los Anexos (Artículo 31), Informes de Expertos (Artículo 32) y Acumulación de Procedimientos (Artículo 33).

El artículo 34 se refiere a los Laudos determinándose en forma precisa su alcance y las condiciones para su ejecución, estableciéndose medidas para el caso de incumplimiento o no acatamiento de un laudo por parte del demandado.

La Sección C se refiere a la Solución de Controversias entre Estados. El principio general está establecido en el párrafo primero el cual dispone que, exceptuándose las cuestiones que surjan conforme al Artículo 12 o el Artículo 13, toda controversia entre las Partes sobre la interpretación o aplicación de este Tratado, que no haya sido resuelta por la vía de consultas u otros canales diplomáticos, será sometida a arbitraje a solicitud de cualquiera de las Partes, con el fin de que un tribunal emita una decisión o laudo vinculante con arreglo a las reglas de derecho internacional aplicables. A menos que las Partes acuerden lo contrario, se aplicarán las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI, con excepción de las modificaciones que las Partes o el Tratado introduzcan.

En el Anexo A, se explicita lo que las Partes entienden por Derecho Internacional Consuetudinario.

El Anexo B se refiere a la Expropiación, aclarando disposiciones del Tratado que se refieren a dicho instituto y precisando su alcance.

En el Anexo C se establece una limitación para el sometimiento de una reclamación a arbitraje por parte de un inversor de los Estados Unidos, si el inversor o la empresa, respectivamente ha alegado esa violación conforme a los artículos 3 a 10 en procesos realizados ante un tribunal judicial o administrativo en Uruguay.

El Anexo F, referente a Servicios Financieros aclara conceptos en relación al tratamiento que cada parte debe otorgar de acuerdo al artículo 3 (Trato Nacional) y artículo 4 (Trato de Nación Más Favorecida).

El Anexo G refiere a la Reestructuración de Deuda Soberana impidiendo el recurso a arbitraje en relación a un instrumento de deuda emitido por el Uruguay cuando se trate de una "reestructuración negociada", la cual es definida en este Anexo. Asimismo, en caso de que fuera admisible un recurso de arbitraje en relación a una reestructuración de deuda emitida por Uruguay, se requiere que hayan transcurrido 270 días de la fecha en que se generaron los eventos que dan origen a la reclamación.

Por último, en los Anexos I y III se incluyen de conformidad con el artículo 14 (Medidas Disconformes), las medidas existentes o la lista de medidas existentes en una Parte que no están sujetas a algunas o a todas las obligaciones impuestas por el artículo 3 (Trato Nacional); artículo 4 (Trato de la Nación Más Favorecida); artículo 8 (Requisitos de Desempeño) y artículo 9 (Altos Ejecutivos y Directorios).

Por su parte el Anexo II contiene de conformidad con el artículo 14 (Medidas Disconformes), los sectores, sub-sectores o actividades específicas respecto de los cuales dicha Parte puede mantener las medidas existentes o adoptar medidas nuevas o más restrictivas, que no se ajustan a las obligaciones impuestas por los mismos artículos mencionados en el párrafo anterior con relación a los Anexos I y III.

III - Conclusión

De acuerdo a lo expresado, cabe reiterar que, considerando la importancia otorgada por el Uruguay al fomento de las inversiones, el presente acuerdo con los Estados Unidos de América cumple cabalmente con dicho objetivo, constituyendo un aliciente y garantía para las inversiones provenientes de esa Nación y un instrumento fundamental en las relaciones entre ambos países, por lo cual se solicita a ese Alto Cuerpo la aprobación parlamentaria correspondiente.

El Poder Ejecutivo reitera al Señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República; Didier Opertti, Isaac Alfie.

Ministerio de

Relaciones Exteriores

Ministerio de

Economía y Finanzas

Montevideo, 22 de febrero de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el "Tratado entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América, relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones", suscrito en Montevideo, el 25 de octubre de 2004, que consta de un preámbulo, 37 artículos, tres secciones, diez anexos y un protocolo.

Didier Opertti, Isaac Alfie.

TRATADO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA RELATIVO A LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES

La República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América (en lo sucesivo, "las Partes"):

Deseando promover una mayor cooperación económica entre ambas naciones, en lo que refiere a inversiones realizadas por nacionales y empresas de una Parte en el territorio de la otra Parte;

Reconociendo que el acuerdo sobre el trato que se otorgue a dichas inversiones estimulará el movimiento de capital privado y el desarrollo económico de las Partes;

Conviniendo en que en un marco estable para las inversiones maximizará la utilización eficaz de los recursos económicos y mejorará el nivel de vida;

Reconociendo la importancia de proporcionar medios eficaces para la presentación de reclamaciones como para hacer valer los derechos relacionados con las inversiones ya sea al amparo de la legislación nacional o a través del arbitraje internacional.

Deseando lograr estos objetivos en forma compatible con la protección de la salud, la seguridad y el medio ambiente, y la promoción de la protección al consumidor y una legislación laboral reconocida internacionalmente;

Habiendo resuelto celebrar un Tratado relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones;

Han acordado lo siguiente:

Sección A

Artículo 1: Definiciones

A los efectos del presente Tratado los siguientes términos o expresiones tendrán el significado que a continuación se asigna:

"acuerdo de inversión": acuerdo escrito1 entre una autoridad nacional 2 de una Parte y una inversión cubierta o un inversor de la otra Parte, en la cual la inversión cubierta o el inversor confían en establecer o adquirir una inversión cubierta que no sea el acuerdo escrito en sí mismo, que otorgue derechos a la inversión cubierta o al inversor.

(a) con respecto a los recursos naturales u otros activos controlados por las autoridades nacionales tanto para su exploración, extracción, refinería, transporte, distribución o venta;

(b) para proporcionar servicios al público en nombre de la Parte, tales como generación o distribución de energía, tratamiento y distribución de agua, o telecomunicaciones; o

(c) para llevar a cabo proyectos de infraestructura, tales como la construcción de carreteras, puentes, canales, represas, cañerías, que no sean para el exclusivo o predominante uso y beneficio del gobierno.

"Acuerdo sobre la OMC": Acuerdo de Marrakech por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, de fecha 15 de abril de 1994.

"Acuerdo sobre la ADPIC": Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que forma parte del Acuerdo sobre la OMC.3

"AGCS": Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, que forma parte del acuerdo sobre la OMC;

"autorización de inversión" 4: autorización que la autoridad de inversión extranjera de una Parte otorga a una inversión cubierta o a un inversor de la otra Parte;

"Centro": Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) establecido por la Convención del CIADI;

"contratación pública": proceso mediante el cual un gobierno obtiene el uso de o adquiere mercancías o servicios, o cualquier combinación de los mismos, con fines gubernamentales y no con miras a la venta o reventa comercial, o uso en la producción o suministro de mercancías o servicios para la venta o reventa comercial;

"Convención de Nueva York": Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, celebrada en Nueva York el 10 de junio de 1958;

"Convención Interamericana": Convención Intera-mericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, celebrada en Panamá el 30 de enero de 1975;

"Convenio del CIADI": Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, celebrado en Washington el 18 de marzo de 1965;

"Convenio tributario": convenio celebrado para evitar la doble tributación, u otro acuerdo internacional sobre tributación o arreglo internacional relativo a impuestos;

"demandado": la Parte que es parte de una controversia relativa a una inversión;

"demandante": inversor de una Parte que es parte de una controversia relativa a inversiones con la otra Parte;

"empresa de una Parte": empresa constituida u organizada conforme a la legislación de una Parte y una sucursal ubicada en el territorio de una Parte que realiza actividades comerciales en ese lugar;

 

1 "Acuerdo escrito" se refiere a un acuerdo por escrito, otorgado por ambas partes, ya sea en un único documento o en múltiples instrumentos, por el cual se establece un intercambio de derechos y obligaciones, vinculando a ambas partes bajo la ley aplicable prevista en el Artículo 30 (2). Para mayor certeza, no se considerarán acuerdos escritos los siguientes: (a) actos unilaterales de una autoridad administrativa o judicial, tales como permisos, licencias o autorizaciones otorgadas por una Parte únicamente dentro de sus potestades regulatorias, o decretos, órdenes o sentencias, en sí mismas y (b) resoluciones u homologaciones judiciales o administrativas con consentimiento de las partes, no se considerarán un convenio escrito.

2 A los efectos de esta definición, "autoridad nacional" significa las autoridades de gobierno de nivel central.

3 Para mayor certeza el Acuerdo sobre los ADPIC incluye toda declinación vigente entre las Partes respecto de cualquiera de las disposiciones del mencionado Acuerdo otorgada por los Miembros de la OMC, conforme al Convenio de la OMC.

4 Para mayor certeza, la presente definición no cubre las acciones iniciadas por una Parte para exigir el cumplimiento de las leyes de aplicación general, tales como leyes de competencia.

 

"empresa estatal": empresa de propiedad de una Parte o controlada por los derechos de propiedad de una Parte;

"empresa": cualquier entidad constituida u organizada conforme a la legislación aplicable, con o sin fines de lucro, cuya propiedad, o control, sea privado o gubernamental, incluidas sociedades, fideicomisos, asociaciones, empresas unipersonales, de riesgo compartido (joint ventures), y organizaciones similares y cualquier sucursal de la empresa.

"existente": vigente a la fecha de entrada en vigor de este Tratado; "gobierno de nivel central":

(a) para Estados Unidos, el gobierno de nivel federal; y

(b) para Uruguay, el gobierno de nivel nacional.

"gobierno de nivel regional": para Estados Unidos, un estado de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia o Puerto Rico. Para Uruguay, la expresión no es aplicable ya que Uruguay no tiene un gobierno a nivel regional.

"información protegida": información comercial confidencial o aquella información privilegiada o cuya divulgación está de otra forma protegida al amparo de la ley de una de las Partes.

"inversión cubierta": con respecto a una Parte, una inversión en su territorio efectuada por un inversor de la otra Parte vigente a la fecha de entrada en vigor de este Tratado o establecida, adquirida o expandida con posterioridad.

"inversión": todo activo de propiedad de un inversor o controlado por el mismo, directa o indirectamente, que tenga las características de una inversión, incluidas entre otras las siguientes: compromiso de capitales u otros recursos, expectativa de obtener ganancias o utilidades, o la presunción de riesgo. La inversión puede adoptar diversas formas, a saber:

(a) una empresa;

(b) acciones, capital y otras formas de participación en el patrimonio de una empresa;

(c) bonos, obligaciones, otros instrumentos de deuda y préstamos; 5, 6.

(d) futuros, opciones y otros derivados;

(e) contratos de llave en mano, de construcción, de gestión, de producción, de concesión, de participación en los ingresos y similares;

(f) derechos de propiedad intelectual;

(g) derechos otorgados de conformidad con la legislación interna, tales como licencias, autorizaciones, permisos; 7, 8 y

(h) otros bienes tangibles o intangibles, muebles o inmuebles y los derechos de propiedad conexos, tales como arrendamientos, hipotecas, garantías reales y prendas.

"inversor de un país que no es Parte": respecto de una Parte, un inversor que tiene la intención de realizar, que está realizando o que ha realizado una inversión en el territorio de esa Parte, y que no es un inversor de ninguna de las Partes.

"inversor de una Parte": una Parte o una empresa estatal de la misma, o un nacional o empresa de dicha Parte, que tiene la intención de realizar, está realizando o ha realizado una inversión en el territorio de la otra Parte; en el entendido de que una persona física que goza de doble nacionalidad se considerará exclusivamente ciudadano del Estado de su nacionalidad dominante y efectiva.

"medida": cualquier ley, regulación, procedimiento, requisito o práctica.

"moneda de libre uso": "moneda de libre uso" de acuerdo a la definición dada en los Artículos del Acuerdo del Fondo Monetario Internacional.

 

5 Es más probable que algunas formas de deuda, tales como los bonos, obligaciones y pagarés a largo plazo, tengan las características e una inversión, mientras que es menos probable que otras formas de deuda, tales como las cuentas bancarias sin fines comerciales y que no guarden relación ni con inversiones en el territorio en el cual está ubicada la cuenta, ni con la intención de realizar una inversión en el mismo, tengan tales características.

6 A los efectos del presente Tratado, los reclamos por pagos con convencimiento inmediato y que resultan de la venta de bienes o servicios no son inversiones.

7 El determinar si un tipo especial de licencia, autorización, permiso o instrumento similar (incluida una concesión, en la medida en que tenga la naturaleza de tal instrumento) tiene las características de una inversión depende de factores tales como la naturaleza y alcance de los derechos que posee el titular en virtud de la legislación de la Parte. Entre las licencias, autorizaciones, permisos e instrumentos similares que no reúnen las características de una inversión se encuentran aquellos que no generan derechos protegidos por las leyes locales. Para mayor certeza, lo anterior es sin perjuicio de que un activo asociado con una licencia, autorización, permiso o instrumento similar tenga las características de una inversión.

8 El término "inversión" no incluye ningún decreto o fallo dictados en causas judiciales o administrativas.

 

"nacional":

(a) para los Estados Unidos, una persona física nacional de los Estados Unidos, conforme a la definición dada por el Título III de la Ley de Nacionalidad e Inmigración; y

(b) para Uruguay, una persona física que posee la ciudadanía uruguaya, de acuerdo con sus leyes.

"parte contendiente": demandante o demandado;

"parte no contendiente": la Parte que no es parte de una controversia relativa a una inversión.

"partes contendientes": demandante y demandado.

"persona de una Parte": un nacional o una empresa de una Parte.

"persona": una persona física o una empresa;

"Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI": Reglamento del Mecanismo Complementario para la Administración de Procedimientos por el Secretariado del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.

"Secretario General": Secretario General del CIADI.

"territorio":

(a) respecto a los Estados Unidos.

(i) el territorio aduanero de Estados Unidos, que incluye los 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico;

(ii) las zonas de comercio extranjeras ubicadas en los Estados Unidos y en Puerto Rico; y

(iii) cualquier zona que se encuentre más allá de los mares territoriales de los Estados Unidos dentro de la cual, de conformidad con el derecho internacional y con su legislación interna, los Estados Unidos podrán ejercer derechos en lo que refiere al fondo y al subsuelo marinos y sus recursos naturales.

(b) respecto a Uruguay, el espacio terrestre, aguas internas, mar territorial y el espacio aéreo bajo su soberanía y la zona económica exclusiva y la plataforma continental sobre las cuales ejerce derechos soberanos y jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional.

Reglas de Arbitraje del CNUDMI: Reglas de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional.

Artículo 2: Alcance y Ambito de Aplicación

1. El presente Tratado se aplica a las medidas adoptadas o mantenidas por una Parte que refieren a:

(a) inversores de la otra Parte;

(b) inversiones cubiertas;

(c) con respecto a los Artículos 8-. 12.- y 13.-, todas las inversiones en el territorio de la Parte.

2. Las obligaciones de una Parte descritas en la Sección A se aplicarán a:

(a) empresas estatales u otra persona cuando ejerce cualquier autoridad administrativa, reguladora u otra autoridad gubernamental delegada a la misma por dicha Parte; y

(b) subdivisiones políticas de dicha Parte.

3. Para mayor certeza, el presente Tratado no compromete a las partes con actos o hechos ocurridos, o situaciones que hayan dejado de existir con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del mismo.

Artículo 3: Trato Nacional

1. Cada Parte otorgará a los inversores de la otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversores en lo que refiere al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de las inversiones en su territorio.

2. Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato no menos favorable que el que otorga, en circunstancias similares, a las inversiones en su territorio de sus propios inversores en lo que refiere al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de las inversiones.

3. El trato otorgado por una Parte conforme a los párrafos 1 y 2 significa, respecto a un gobierno de nivel regional, un trato no menos favorable que el trato que ese gobierno de nivel regional otorgue, en circunstancias similares, tanto a las personas físicas residentes como a las empresas constituidas conforme a la legislación de otros niveles regionales de gobierno de la Parte de la que forma parte, y a sus inversiones.

Artículo 4: Trato de Nación Más Favorecida

1. Cada Parte otorgará a los inversores de la otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a los inversores de cualquier país que no sea Parte, en lo que refiere al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposiciones de inversiones en su territorio.

2. Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a las inversiones en su territorio de inversores de cualquier país que no sea Parte, en lo que refiere al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de inversiones.

Artículo 5. Nivel Mínimo de Trato 9

1. Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato acorde con el derecho internacional consuetudinario, incluido el trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas.

2. Para mayor certeza, el párrafo 1 prescribe que el nivel mínimo de trato a los extranjeros según el derecho internacional consuetudinario es el nivel mínimo de trato a ser otorgado a las inversiones cubiertas. Los conceptos de "trato justo y equitativo" y "protección y seguridad plenas" no requieren un trato adicional o más allá de aquel exigido por ese nivel, y no crean derechos subtantivos adicionales. La obligación en el párrafo 1 de otorgar:

(a) "trato justo y equitativo" incluye la obligación de no denegar justicia en procedimientos criminales, civiles, o contencioso administrativos, de acuerdo con el principio del debido proceso incorporado en los principales sistemas legales del mundo; y

(b) "protección y seguridad plenas" exige a cada Parte proporcionar el nivel de protección policial que es exigido por el derecho internacional consuetudinario.

3. La determinación de que se ha violado otra disposición de este Tratado, o de otro acuerdo internacional, no establece que se ha violado el presente Artículo.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 14 (5) (b) cada Parte otorgará a los inversores de la otra Parte, y a las inversiones cubiertas, un trato no discriminatorio con respecto a las medidas que adopte o mantenga con relación a las pérdidas sufridas por inversiones en su territorio debido a conflictos armados o contiendas civiles.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, si un inversor de una Parte que, en cualquiera de las situaciones referidas en dicho párrafo, sufre una pérdida en el territorio de la otra Parte como consecuencia de:

(a) la requisa de la totalidad o parte de su inversión cubierta por las fuerzas o autoridades de esta última Parte; o

(b) la destrucción de la totalidad o parte de su inversión cubierta por las fuerzas o autoridades de esta última Parte, cuando tal destrucción no resultara indispensable;

esta última Parte restituirá o compensará, o ambas, al inversor, según corresponda, por dicha pérdida. Tal compensación se efectuará en forma rápida, adecuada y efectiva, conforme a lo dispuesto por el Artículo 6 (2) a (4) (4), mutatis mutandis.

6. El párrafo 4 no se aplica a las medidas existentes relativas a los subsidios o cesiones que fueran incompatibles con el Artículo 3, con excepción del Artículo 14 (5) (b).

Artículo 6: Expropiación e Indemnización 10

1. Ninguna Parte expropiará ni nacionalizará una inversión cubierta, directa ni indirectamente mediante la aplicación de medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización ("expropiación") salvo que sea:

(a) por causa de utilidad pública;

(b) de manera no discriminatoria;

(c) mediante el pago pronto, adecuado y efectivo de la indemnización;

(d) de conformidad con el debido proceso legal y con el Artículo 5 (1) a (3).

2. La indemnización a que hace referencia el párrafo 1 (c) deberá:

(a) ser abonada sin demora:

(b) ser equivalente al valor justo de mercado de la inversión expropiada inmediatamente antes de efectuada la expropiación ("fecha de expropiación");

 

9 El Artículo 5 se interpretará de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo A.

10 El Artículo 6 se interpretará de acuerdo con lo dispuesto en los Anexos A y B.

 

(c) no reflejar ningún cambio en el valor debido a que la intención de expropiar haya sido conocida con antelación; y

(d) ser completamente liquidable y libremente transferible.

3. Si el valor justo de mercado está denominado en una moneda de libre uso, la indemnización a que hace referencia el párrafo 1 (c) no será inferior al valor justo de mercado a la fecha de la expropiación, más los intereses a una tasa comercialmente razonable para esa moneda, acumulados desde la fecha de la expropiación hasta la fecha del pago.

4. Si el valor justo de mercado está denominado en una moneda que no es de libre uso, la indemnización a que hace referencia el párrafo 1 (c) -convertida a la moneda del pago al tipo de cambio vigente en el mercado a la fecha del pago- no será inferior a:

(a) el valor justo de mercado a la fecha de la expropiación, convertida a una moneda de libre uso al tipo de cambio vigente en el mercado en esa fecha, más

(b) los intereses, a una tasa comercialmente razonable para esa moneda de libre uso, acumulados desde la fecha de la expropiación hasta la fecha del pago.

5. Este artículo no se aplica a la expedición de licencias obligatorias otorgadas en virtud de derechos de propiedad intelectual conforme con el ADPIC, o a la revocación, limitación o creación de dichos derechos en la medida que dicha expedición, revocación, limitación o creación sea compatible con el ADPIC.

Artículo 7: Transferencias

1. Cada Parte permitirá que todas las transferencias relacionadas con una inversión cubierta se realicen libremente y sin demora desde y hacia su territorio. Dichas transferencias incluyen:

(a) aportes de capital;

(b) utilidades, dividendos, ganancias de capital, e ingresos resultantes de la venta de la totalidad o parte de la inversión cubierta o de la liquidación total o parcial de la inversión cubierta;

(c) intereses, pagos por regalías, comisiones por concepto de administración, asistencia técnica y otras;

(d) pagos realizados conforme a un contrato, incluido un contrato de préstamo;

(e) pagos efectuados de conformidad con el Artículo 5 (4) y (5) y el Artículo 6; y

(f) pagos resultantes de una controversia.

2. Las Partes permitirán que las transferencias relacionadas con una inversión cubierta se realicen en una moneda de libre uso al tipo de cambio vigente en el mercado en la fecha de la transferencia.

3. Las Partes permitirán que las transferencias de ganancias en especie relacionadas con una inversión cubierta se realicen conforme a la autorización o especificación prevista en un acuerdo escrito celebrado entre la Parte y la inversión cubierta o un inversor de la otra Parte.

4. Sin perjuicio de los párrafos 1 a 3, una Parte podrá impedir la realización de una transferencia, por medio de la aplicación justa, no discriminatoria y de buena fe de sus leyes relativas a:

(a) quiebra, insolvencia o protección de los derechos de los acreedores.

(b) Emisión, comercialización u operaciones de valores, futuros, opciones o derivados;

(c) Delitos penales;

(d) Informes financieros o registros de transferencias cuando sea necesario para colaborar con las autoridades encargadas de exigir el cumplimiento de las normas legales o con las autoridades financieras regulatorias; o

(e) Garantizar el cumplimiento de órdenes o fallos en procedimientos judiciales o administrativos.

Artículo 8: Requisitos de Desempeño

1. En lo que respecta a la creación, adquisición, expansión, administración, conducción, operación o venta u otra forma de disposición de inversiones de un inversor de una Parte o de un país que no sea Parte en su territorio, ninguna de las Partes podrá imponer ni exigir ningún requisito ni exigir compromisos u obligaciones en cuanto a: 11

(a) exportar un determinado nivel o porcentaje de mercancías o servicios;

 

11 Para mayor certeza, una condición para recibir o continuar recibiendo en forma continuada una ventaja de las mencionadas en el párrafo 2 no constituye un "compromiso u obligación" a los efectos del párrafo

 

(b) alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional;

(c) adquirir, utilizar u otorgar preferencia a mercancías producidas en su territorio, o adquirir mercancías de personas en su territorio;

(d) relacionar en cualquier forma el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones, o con el monto del ingreso de divisas asociadas con dicha inversión;

(e) restringir las ventas en su territorio de las mercancías o servicios que tal inversión produce o presta, relacionando de cualquier manera dichas ventas al volumen o valor de sus exportaciones o a las ganancias que generen en divisas;

(f) transferir a una persona en su territorio tecnología, procesos de producción, u otros conocimientos de su propiedad; o

(g) suministrar en exclusividad desde el territorio de la Parte las mercancías producidas por tal inversión o los servicios prestados por la misma a un mercado regional específico o al mercado mundial.

2. Ninguna de las Partes podrá condicionar la recepción de una ventaja o que se continúe recibiendo la misma, con relación al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, o venta o cualquier otra forma de disposición de una inversión en su territorio por parte de un inversor de un país Parte o que no sea Parte, al cumplimiento de cualquiera de los siguientes requisitos:

(a) alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional;

(b) adquirir, utilizar u otorgar preferencia a mercancías producidos en su territorio, o adquirir mercancías de personas en su territorio;

(c) relacionar, en cualquier forma, el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones, o con el monto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversión; o

(d) restringir las ventas en su territorio de las mercancías o servicios que tal inversión produce o presta, relacionando de cualquier manera dichas ventas al volumen o valor de sus exportaciones o a las ganancias que generen en divisas.

3.

(a) Nada de lo dispuesto en el párrafo 2 se interpretará como impedimento para que una Parte condicione la recepción de una ventaja o la continuación de su recepción, en relación con una inversión en su territorio por parte de un inversor de un país Parte o que no sea Parte, al cumplimiento de un requisito que le exija ubicar la producción, suministrar servicios, capacitar o emplear trabajadores, construir o ampliar instalaciones particulares, o llevar a cabo investigación y desarrollo, en su territorio.

(b) El párrafo 1 (f) no se aplica:

(i) cuando una Parte autoriza el uso de un derecho de propiedad intelectual de conformidad con el Artículo 31 del ADPIC, o a las medidas que exijan la divulgación de información de dominio privado que se encuentre dentro del ámbito de aplica-ción, y sean compatibles con el Artículo 39 del ADPIC; o

(ii) cuando el requisito es impuesto o la obligación o el compromiso son exigidos por un tribunal judicial o administrativo o una autoridad de competencia, con el fin de remediar una práctica que, luego de un procedimiento judicial o adminis-trativo, ha sido calificada como anticompetitiva conforme a las leyes de competencia de la Parte. 12

(c) Siempre que dichas medidas no se apliquen de manera arbitraria o injustificada, o no constituyan una restricción encubierta al comercio o inversión internacionales, los párrafos 1 (b), (c) y (f), y los párrafos 2 (a) y (b) no se interpretarán en el sentido de impedir a una Parte adoptar o mantener medidas, incluidas las de naturaleza ambiental;

(i) necesarias para asegurar el cumplimiento de leyes y regulaciones que no sea incompatibles con las disposiciones de este Tratado;

(ii) necesarias para proteger la vida o salud humana, animal o vegetal; o

(iii) relativas a la preservación de recursos naturales no renovables vivos o no.

(d) Los párrafos 1 (a), (b) y (c), y los párrafos 2 (a) y (b) no se aplicarán a los requisitos de calificación de las mercancías y servicios con respecto a programas de promoción a las exportaciones y de ayuda externa.

 

12 Las Partes reconocen que una patente no confiere necesariamente poder de mercado.

 

(e) Los párrafos 1 (b), (c), (f) y (g), y los párrafos 2 (a) y

(b) no se aplicarán a la contratación pública.

(f) Los párrafos 2 (a) y (b) no se aplicarán a los requisitos impuestos por una Parte importadora con respecto al contenido de las mercancías, necesario para calificar para aranceles o cuotas preferenciales.

4. Para mayor certeza, los párrafos 1 y 2 no se aplican a ningún otro requisito distinto a los señalados en esos párrafos.

5. Este artículo no excluye la exigencia del cumplimiento de cualquier compromiso, obligación o requisito entre partes privadas, cuando una Parte no haya impuesto o exigido el cumplimiento del compromiso, obligación o requisito.

Artículo 9: Altos Ejecutivos y Directorios

1. Ninguna Parte podrá exigir que una empresa de esa Parte, en tanto se trate de una inversión cubierta, designe a individuos de alguna nacionalidad en particular para ocupar puestos de alta dirección.

2. Una Parte podrá exigir que la mayoría de los miembros de un directorio o de cualquier comité de tal directorio, de una empresa de esa Parte que sea una inversión cubierta, sea de una nacionalidad en particular o sea residente en el territorio de la Parte, siempre que el requisito no menoscabe significativamente la capacidad del inversor para ejercer el control de su inversión.

Artículo 10: Publicación de Leyes y Resoluciones Relacionadas con las Inversiones

1. Cada Parte garantizará que:

(a) sus leyes, reglamentaciones, procedimientos y resoluciones administrativas de aplicación general y

(b) sus fallos relativos a cualquier asunto comprendido en este Tratado se publiquen sin demora o de otra forma se pongan a disposición pública.

2. A los efectos del presente Artículo "resolución administrativa de aplicación general" significa una resolución o interpretación administrativa que se aplica a todas las personas y situaciones de hecho comprendidas en este ámbito y que establecen una norma de conducta pero que no incluye:

(a) una determinación o resolución tomada en procedimientos administrativos o cuasi-judiciales que se aplica a determinada inversión cubierta o inversor de la otra Parte en un caso en particular; o

(b) una resolución que se adopta con respecto a un acto o práctica en particular.

Artículo 11: Transparencia

1. Puntos de contacto

(a) Cada Parte designará un punto de contacto para facilitar las comunicaciones entre las Partes sobre cualquier asunto comprendido en este Tratado.

(b) A solicitud de la otra Parte, el punto de contacto indicará la dependencia o el funcionario responsable del asunto y prestará el apoyo que se requiera para facilitar la comunicación con la Parte solicitante.

2. Publicación

En la medida de lo posible, cada Parte:

(a) publicará por adelantado cualquier medida mencionada en el Artículo 10 (1) (a) que se proponga adoptar; y

(b) brindará a las personas interesadas y a la otra Parte oportunidad razonable para comentar sobre las medidas propuestas.

3. Notificación y suministro de información

(a) Cada Parte notificará a la otra Parte, dentro de lo posible, toda medida vigente o propuesta que la Parte considere que pudiera afectar sustancialmente la aplicación del presente Tratado, o de otro modo afectar sustancialmente los intereses de la otra Parte dentro del marco del mismo.

(b) Una Parte, a solicitud de la otra Parte, proporcionará información y responderá rápidamente a sus preguntas relacionadas con cualquier medida real o propuesta mencionada en el subpárrafo (a), independientemente de si la otra Parte fue previamente notificada sobre esa medida.

(c) Toda notificación, solicitud o información prevista en el presente párrafo será proporcionada a la otra Parte a través de los puntos de contacto pertinentes.

(d) Cualquier notificación o información proporcionada conforme al presente párrafo se realizará sin perjuicio de la compatibilidad con el presente Tratado.

4. Procedimientos administrativos

Con el fin de administrar en forma compatible, imparcial y razonable todas las medidas a que hace referencia el Artículo 10 (1) (a), cada Parte garantizará que, en sus procedimientos administrativos donde se apliquen tales medidas a inversiones cubiertas o inversores en particular de la otra Parte en casos específicos:

(a) siempre que sea posible, las personas de la otra Parte que se vean directamente afectadas por un procedimiento, reciban conforme a las disposiciones internas, aviso razonable del inicio del mismo, incluidas una descripción de su naturaleza, la exposición del fundamento jurídico conforme al cual el procedimiento es iniciado y una descripción general de todas las cuestiones controvertidas;

(b) cuando el tiempo, la naturaleza del procedimiento y el interés público lo permitan, se dé a dichas personas una oportunidad razonable para presentar hechos y argumentos para sustentar sus posiciones, previo a cualquier acción administrativa definitiva; y

(c) sus procedimientos se ajusten a la legislación interna.

5. Revisión y Apelación

(a) Cada Parte establecerá o mantendrá tribunales o procedimientos judiciales, cuasi-judiciales, o administrativos a los efectos de la pronta revisión y, cuando se justifique, la corrección de las acciones administrativas definitivas relacionadas con los asuntos comprendidos en este Tratado. Estos tribunales serán imparciales y no tendrán relación de dependencia ni con la oficina ni con la autoridad encargada de la aplicación administrativa de la ley, y no tendrán interés sustancial en el resultado del asunto.

(b) Cada Parte garantizará que, ante dichos tribunales o en esos procedimientos, las partes tengan derecho a:

(i) una oportunidad razonable para sustentar o defender sus respectivas posturas; y

(ii) una resolución fundada en las pruebas y presentación de registros o, en los casos que su legislación interna así lo requiera, en el expediente compilado por la autoridad administrativa.

(c) Cada Parte garantizará, sujeto a apelación o revisión ulterior según disponga su legislación interna, que dichas resoluciones sean puestas en ejercución por, y rijan las actuaciones de la dependencia o autoridad responsables de la acción administrativa que es objeto de la decisión.

Artículo 12: Inversión y Medio Ambiente

1. Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de la protección contemplada en su legislación ambiental interna 13. En consecuencia, cada Parte procurará asegurar que no declina ni de otra forma deroga, ni ofrece declinar ni de otra forma derogar tal legislación de manera que se debilite o reduzca la protección otorgada por la misma como un incentivo para el establecimiento, adquisición, expansión o retención de una inversión en su territorio. Si una Parte considera que la otra Parte ha ofrecido tal incentivo, podrá solicitar consultas con la otra Parte y las dos Partes realizarán las consultas con el fin de evitarlo.

2. Nada de lo dispuesto en el presente Tratado se interpretará como un impedimento para las Partes de adoptar, mantener o hacer cumplir cualquier medida de otra forma compatible con este Tratado que consideren pertinente para asegurar que la actividad de inversiones en su territorio sea realizada en atención a los problemas ambientales.

Artículo 13: Inversión y Legislación Laboral

1. Las Partes reconocen que es inapropiado promover inversiones mediante el debilitamiento o reducción de la protección contempladas en su legislación laboral interna. En consecuencia, cada Parte procurará asegurar que no declinará ni derogará, ni ofrecerá declinar o derogar dicha legislación de manera que se debilite o reduzca su adhesión a los derechos laborales internacionalmente reconocidos señalados en el párrafo 2 como una forma de incentivar el establecimiento, adquisición, expansión o retención de una inversión en su territorio. Si una Parte considera que la otra Parte ha ofrecido tal incentivo, podrá solicitar consultas con la otra Parte y ambas Partes realizarán consultas con el fin de evitarlo.

2. A los efectos del presente Artículo, legislación laboral significa las leyes o reglamentos14 de cada Parte, o disposiciones de las mismas, que estén directamente relacionadas con los siguientes derechos laborales internacionalmente reconocidos:

(a) derecho de asociación;

(b) derecho de organización y negociación colectiva;

 

13 Para los Estados Unidos, "legislación", a los efectos del presente Artículo significa cualquier ley del Congreso de los Estados Unidos o reglamentaciones promulgadas conforme a una ley del Congreso de los Estados Unidos exigible mediante acciones del gobierno a nivel central.

14 Para los Estados Unidos "leyes o reglamentos" a los efectos del presente Artículo significa una ley del Congreso de los Estados Unidos o la reglamentación promulgada conforme a una ley del Congreso de los Estados Unidos exigible mediante acciones del gobierno a nivel central.

 

(c) prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio;

(d) leyes de protección laboral para niños y jóvenes, determinación de una edad mínima para el empleo de niños y prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil; y

(e) condiciones aceptables de trabajo en lo que respecta a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional.

3. Nada de lo dispuesto en el presente Tratado se interpretará como un impedimento para las Partes de adoptar, mantener o hacer cumplir cualquier medida de otra forma compatible con este Tratado que considere pertinente para asegurar que la actividad de inversiones en su territorio sea realizada en atención a los problemas laborales.

Artículo 14: Medidas Disconformes

1. Los Artículos 3, 4, 8 y 9 no se aplican a:

(a) ninguna medida disconforme existente que sea mantenida por una Parte en:

(i) el gobierno de nivel central, tal como lo estipula dicha Parte, en su Lista incluida en los Anexos I o III.

(ii) un gobierno de nivel regional, tal como lo estipula dicha Parte en su Lista incluida en los Anexos I o III, o

(iii) un gobierno de nivel local de una Parte.

(b) la continuación o pronta renovación de cualquier medida disconforme a que refiere el subpárrafo (a); o

(c) la modificación de cualquier medida disconforme a que se refiere el subpárrafo (a) siempre que dicha modificación no disminuya la conformidad de la medida, tal y como estaba en vigor inmediatamente antes de la modificación, con los Artículos 3, 4, 8 y 9.

2. Los Artículos 3, 4, 8 y 9, no se aplican a ninguna medida que una Parte adopte o mantenga, en relación con los sectores, subsectores o actividades, tal como se indica en su Lista del Anexo II.

3. Ninguna Parte, de conformidad con cualquier medida adoptada después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado y comprendida en su Lista del Anexo II, podrá exigir a un inversor de la otra Parte, por razón de su nacionalidad, que venda o disponga de alguna otra manera de una inversión existente al momento en que la medida cobre vigencia.

4. Los Artículos 3 y 4, no se aplican a ninguna medida que constituya una excepción o derogación de las obligaciones previstas por los Artículos 3 y 4 del Acuerdo de los ADPIC, conforme a lo específicamente establecido en tales Artículos y en el Artículo 5 del citado Acuerdo.

5. Los Artículos 3, 4 y 9, no se aplican a:

(a) contratación pública; o

(b) subsidios o cesiones otorgados por una Parte, incluyendo los préstamos, garantías y seguros respaldados por el gobierno.

Artículo 15: Formalidades Especiales y Requisitos de Información

1. Nada de lo dispuesto en el Artículo 3 se interpretará en el sentido de impedir a una Parte adoptar o mantener una medida que prescriba formalidades especiales conexas a una inversión cubierta, tales como el requisito de que los inversores sean residentes de la Parte o que las inversiones cubiertas se constituyan conforme a las leyes y regulaciones de la Parte, siempre que dichas formalidades no menoscaben significativamente la protección otorgada por una Parte a un inversor de la otra Parte o a inversiones cubiertas de conformidad con el presente Tratado.

2. No obstante lo dispuesto en los Artículos 3 y 4, una Parte podrá exigir a un inversor de la otra Parte o su inversión cubierta, que proporcione información referente a esa inversión, exclusivamente con fines informativos o estadísticos. La parte protegerá tal información comercial confidencial de cualquier divulgación que pudiera afectar negativamente la situación competitiva del inversor o de la inversión cubierta. Nada de lo dispuesto en este párrafo se interpretará como un impedimento para que una Parte obtenga o divulgue información referente a la aplicación equitativa y de buena fe de su legislación interna.

Artículo 16: No Derogación

El presente Tratado no se derogará por ninguna de las normas que se establecen a continuación que facultan a un inversor de una Parte o a la inversión cubierta a recibir un trato más favorable que el otorgado por este Tratado.

1. leyes o reglamentaciones, procedimientos y prácticas administrativas, o sentencias o resoluciones administrativos de una Parte;

2. obligaciones legales internacionales de una Parte; o

3. obligaciones asumidas por una Parte, incluidas aquellas contempladas en la autorización de inversión o en un acuerdo de inversión.

Artículo 17: Denegación de Beneficios

1. Los Estados Unidos podrán denegar los beneficios de este Tratado a un inversor de la otra Parte que sea una empresa de esa Parte y a las inversiones de dicho inversor, si personas de ese país que no es Parte son las propietarias o tienen el control de la empresa y los Estados Unidos.

(a) no mantienen relaciones diplomáticas con el país que no es Parte; o

(b) adoptan o mantienen medidas en relación con el país que no es Parte o con una persona de un país que no sea Parte, que prohíben transacciones con esa empresa o que serían violadas o eludidas si los beneficios del presente Tratado fueran otorgados a esa empresa o a sus inversiones.

2. Una Parte podrá denegar los beneficios de este Tratado a un inversor de la otra Parte que sea una empresa de esa otra Parte y a las inversiones de dicho inversor si la empresa no realiza actividades comerciales significativas en el territorio de la otra Parte y personas del país que no es Parte, o de la Parte que deniega los beneficios, son las propietarias o tienen el control de la empresa.

Artículo 18: Seguridad Esencial

Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de:

1. exigir a una Parte a proporcionar ni permitir el acceso a información cuya divulgación considere contraria a sus intereses esenciales en materia de seguridad; o

2. impedir a una Parte aplicar medidas que considere necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con respecto al mantenimiento y restauración de la paz y la seguridad internacionales, o para proteger sus intereses esenciales en materia de seguridad.

Artículo 19: Divulgación de Información

Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de exigir a una Parte que proporcione o permita el acceso a información cuya divulgación impediría hacer cumplir la ley o de otra forma fuera contraria al interés público, o puede perjudicar los intereses comerciales legítimos de empresas particulares, ya sea pública o privadas.

Artículo 20: Servicios Financieros

1. Sin perjuicio de las demás disposiciones de este Tratado, una Parte no estará impedida de adoptar o mantener medidas relacionadas con los servicios financieros por motivos cautelares, incluidas la protección de inversores, depositantes, tenedores de pólizas o personas con las que un proveedor de servicios financieros tenga contraída una obligación fiduciaria, o para garantizar la integridad y estabilidad del sistema financiero.15 Cuando tales medidas no se ajusten a las disposiciones de este Tratado, las mismas no se utilizarán como medio de eludir los compromisos u obligaciones contraídos por la Parte dentro del marco del presente mismo.

2.

(a) Ninguna disposición en este Tratado se aplica a las medidas no discriminatorias de aplicación general adoptadas por cualquier entidad pública en cumplimiento de políticas monetarias y de crédito conexas, o cambiarias. Este párrafo no afectará a las obligaciones de una Parte previstas en el Artículo 7 o Artículo 8 .16

(b) A los efectos de la presente cláusula, "entidad pública" significa un banco central o una autoridad monetaria de una Parte. 17

3. Cuando un demandante presente una reclamación a ser sometida a arbitraje conforme a la Sección B, y el demandado invoca el párrafo 1, o párrafo 2, como defensa, se aplicarán las siguientes disposiciones:

(a) Dentro de los 120 días de sometido la reclamación a arbitraje conforme a la Sección B, el demandado presentará por escrito a las autoridades financieras competentes 18 de ambas Partes una solicitud para que determinen en forma conjunta en qué medida son de aplicación los párrafos 1 ó 2 como defensa válida de la reclamación. El demandado proporcionará de inmediato al tribunal, si estuviere constituido, una copia de dicha solicitud. El arbitraje podrá realizarse respecto a la reclamación únicamente de conformidad con lo previsto en el subpárrafo (d).

 

15 Se entiende que la expresión "motivos cautelares" incluye el mantenimiento de la seguridad, seriedad, integridad, o responsabilidad financiera de las instituciones financieras individuales.

16 Para mayor certeza, las medidas de aplicación general tomadas en atención a políticas monetarias y de crédito conexas o cambiarias no incluyen medidas que expresamente anulan o modifican las disposiciones contractuales que especifican la moneda de denominación o el tipo de cambio de moneda.

17 Queda entendido que la expresión "autoridad monetaria de una Parte" incluye el ministerio de finanzas de una Parte o su equivalente, cuando dicho ministerio tiene responsabilidades respecto de las políticas monetarias y de crédito relacionadas o de tipo de cambio.

18 A los efectos del presente Artículo, "autoridades financieras competentes" significa, para los Estados Unidos, el Departament of Treasury para servicios bancarios y demás servicios financieros, y la Office of the United States Trade Representative, en coordinación con el Department of Comerse y demás agencias, para el seguro; y para Uruguay, el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Banco Central del Uruguay.

 

(b) Las autoridades financieras competentes de ambas Partes se ponen a disposición para consultas a ser efectuadas entre sí e intentarán de buena fe tomar la decisión conforme a lo dispuesto en el subpárrafo (a). Tal decisión será transmitida de inmediato a las partes contendientes, y si estuviera constituido, al tribunal. La misma será obligatoria para el tribunal.

(c) Si las autoridades financieras competentes de ambas Partes, dentro de los 120 días siguientes a la fecha en la cual ambas recibieron la solicitud escrita del demandado respecto de la determinación conjunta prevista en el subpárrafo (a) no han tomado dicha determinación conforme a lo dispuesto en dicho subpárrafo, el tribunal decidirá el tema no resuelto por las autoridades financieras competentes. Se aplicarán las disposiciones de la Sección B, con excepción de las modificaciones estipuladas por el presente subpárrafo.

(i) Para la designación de los árbitros aún no designados para integrar el tribunal, cada parte contendiente tomará las medidas necesarias de manera de asegurar que el tribunal sea competente o tenga experiencia en materia de legislación o práctica de servicios financieros. La competencia de los candidatos respecto a los servicios financieros será tenido en cuenta a la hora de designar el presidente del tribunal.

(ii) Si previo a la presentación de la solicitud de una decisión conjunta según lo dispuesto por el subpárrafo (a), el presidente del tribunal ha sido designado conforme al Artículo 27 (3), dicho árbitro será sustituido a solicitud de cualquiera de las partes contendientes y el tribunal se volverá a constituir conforme al subpárrafo (c) (i). Si, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el proceso arbitral es retomado conforme al subpárrafo (d), las partes contendientes no han convenido en la designación de un nuevo presidente del tribunal, el Secretario General, a solicitud de una de las partes contendientes, designará al presidente del tribunal arbitral de acuerdo con lo dispuesto por el subpárrafo (c) (i).

(iii) La Parte no contendiente podrá presentar consideraciones en forma oral o escrita con respecto al tema de sí y en qué medida el párrafo 1 o el párrafo 2 constituye una defensa válida de la reclamación. A menos que presente tales consideraciones, se presumirá que la parte no contendiente, a los efectos del arbitraje, asume una posición sobre el párrafo 1 o párrafo 2 no incompatible con la del demandado.

(d) El arbitraje a que hace referencia el subpárrafo (a) podrá proceder con respecto a la reclamación:

(i) 10 días después de la fecha en que tanto las partes contendientes como el tribunal, si estuviere constituido, hayan recibido la determinación conjunta de las autoridades financieras competentes.

(ii) 10 días después de vencido el plazo de 120 días otorgado a las autoridades financieras competentes en el subpárrafo (c).

4. Cuando surja una controversia contemplada por la Sección C y las autoridades financieras competentes de una Parte notifiquen por escrito a las autoridades financieras competentes de la otra Parte que dicha controversia abarca servicios financieros, se aplicarán las disposiciones de la Sección C, con excepción de lo dispuesto por el presente párrafo y el párrafo 5.

(a) Las autoridades financieras competentes de ambas partes se pondrán a disposición para efectuar consultas entre sí respecto de la controversia, y contarán con un plazo de 180 días a partir de la fecha en que la notificación es recibida para transmitir un informe sobre sus consultas a las Partes. Una Parte podrá someter la controversia a arbitraje conforme a la Sección C únicamente cuando haya expirado el plazo de 180 días.

(b) Cualquiera de las Partes podrá poner tales informes a disposición de un tribunal constituido conforme a la Sección C para resolver la controversia citada en el presente párrafo o una controversia similar, o bien de un tribunal constituido conforme a la Sección B para resolver una reclamación resultante de los mismos hechos o circunstancias que dieron origen a la controversia citada en la Sección C.

5. Cuando una Parte somete a arbitraje una controversia que involucra servicios financieros conforme a la Sección C de acuerdo con lo establecido por el párrafo 4, y a solicitud de cualquiera de las Partes en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que la controversia es sometida a arbitraje, cada Parte, al designar todos los árbitros aun no designados, tomará las medidas necesarias para asegurar que el tribunal entiende o tiene experiencia en materia de legislación o práctica financiera. Los conocimientos de los candidatos respecto a los servicios financieros serán tomados en cuenta a la hora de designar el presidente del tribunal.

6. Sin perjuicio del Artículo 11 (2), cada Parte, en la medida de lo posible:

(a) publicará por adelantado cualquier reglamentación de aplicación general relacionada con servicios financieros que pretenda adoptar;

(b) proporcionará a las partes interesadas y a la otra Parte una oportunidad razonable para comentar sobre las reglamentaciones propuestas.

7. Las expresiones "servicios financieros" o "servicio financiero" tendrán el mismo significado que el asignado en el subpárrafo 5 (a) del Anexo a Servicios Financieros del AGCS.

Artículo 21: Tributación

1. Con excepción de lo dispuesto por el presente Ar-tículo, nada de lo establecido en este Tratado se aplicará a medidas tributarias.

2. Sujeto al párrafo 7, el Artículo 3 y el Artículo 4 se aplicarán a todas las medidas impositivas, que no sean medidas impositivas relativas a impuestos directos (que a los fines de este párrafo constituyen medidas tributarias sobre ingresos, ganancias de capital, o sobre capital gravable de sociedades comerciales o personas físicas, impuestos sobre bienes inmuebles, herencias, donaciones y transferencias con salto de generaciones (generation-skipping transfers), no obstante, las disposiciones de tales artículos no se aplicarán a:

(a) ninguna obligación de nación más favorecida con respecto a una ventaja concedida por una Parte en virtud de un convenio tributario.

(b) una disposición disconforme contenidas en una medida tributaria existente;

(c) la continuación o pronta renovación de una medidas disconforme de cualquier medida tributaria existente;

(d) una modificación de una disposición disconforme contenida en una medida tributaria existente en tanto que dicha modificación no disminuya su conformidad con dichos artículos, al momento de la modificación;

(e) la adopción o imposición de una medida tributaria tendiente a asegurar la aplicación o recaudación de impuestos de manera equitativa o efectiva (según lo permitido por el Artículo XIV (d) del AGCS); o

(f) una disposición que condicione la recepción o recepción continuada de una ventaja con relación a las contribuciones o las rentas de un fideicomiso de pensión, fondo u otro acuerdo que establezca beneficios de retiro o similares, con la condición de que la Parte mantenga jurisdicción permanente sobre dicho fideicomiso, fondo u otro acuerdo.

3. El Artículo 6 se aplicará a todas las medidas tributarias, exceptuado el caso en que cuando un demandante afirme que una medida tributaria implica expropiación podrá someter el reclamo a arbitraje conforme a la Sección B, únicamente si:

a. el demandante ha presentado por escrito en primer lugar a las autoridades impositivas competentes de ambas Partes la cuestión de si la medida impositiva implica una expropiación; 19 y

b. dentro de los 180 días siguientes a la fecha de dicha presentación, las autoridades impositivas competentes de ambas Partes no han acordado que la medida impositiva no constituye una expropiación.

4. Sujeto a lo dispuesto por el párrafo 7, el Artículo 8 (2) a (4) se aplicará a todas las medidas impositivas.

5. La Sección B se aplicará a la medida impositiva que se alega constituye un incumplimiento respecto de la autorización de inversión o un acuerdo de inversión.

6. Para mayor certeza, las Secciones B y C se aplicarán a la medida impositiva que se alega constituye un incumplimiento respecto de los Artículos 3, 4, 6, u 8 (2) a (4) en la medida en que cualquiera de tales Artículos sea aplicable a medidas impositivas previstas por el párrafo 2, 3 ó 4.

7. Nada de lo establecido en el presente Tratado afectará los derechos y obligaciones de cada Parte previstas en cualquier convenio tributario. En caso de registrarse incompatibilidades entre este Tratado y un convenio de dicha naturaleza, prevalecerá ese convenio dentro del alcance de la incompatibilidad. En el caso de un convenio tributario entre las Partes, las autoridades competentes previstas en el mismo, tendrán la exclusiva responsabilidad de determinar si existe incompatibilidad entre el presente Tratado y dicho convenio.

Artículo 22: Entrada en Vigor, Duración y Terminación

1. Este Tratado entrará en vigor treinta días después del intercambio de instrumentos de ratificación. Tendrá una vigencia de diez años y continuará vigente a partir de entonces, a menos que sea terminado de conformidad con el párrafo 2.

 

19 A los efectos del presente Artículo, "autoridades impositivas competentes" significa: (a) para los Estados Unidos , el Assistant Secretary of the Treasury (Tax Policy), Departament of Treasury; y (b) para Uruguay el Director, Dirección General Impositiva del Ministerio de Economía y Finanzas.

 

2. Una Parte podrá terminar este Tratado al final del período inicial de 10 años o en cualquier momento después de esa fecha, dando aviso previo por escrito a la otra Parte con una antelación de un año.

3. Durante los diez años posteriores a la fecha de terminación, todos los demás Artículos continuarán siendo de aplicación a las inversiones cubiertas, establecidas o adquiridas con anterioridad a la fecha de terminación, excepto en la medida en que dichos Artículos abarquen el establecimiento o la adquisición de inversiones cubiertas.

SECCION B

Artículo 23: Consultas y Negociación

En caso de una controversia relativa a una inversión, el demandante y el demandado deben en primer lugar intentar solucionar la controversia mediante consultas y negociación, lo que podría incluir la aplicación de procedimientos con intervención de terceros de carácter no obligatorio.

Artículo 24: Sometimiento de una Reclamación a Arbitraje

1. En el caso que una parte contendiente considere que una controversia relativa a una inversión no puede ser resuelta por medio de consultas y negociación;

(a) el demandante, en nombre propio, podrá someter a arbitraje una reclamación, de conformidad con esta Sección, en razón de:

(i) que el demandado ha violado;

(A) una obligación prevista por los Artículos 3 a

10.

(B) una autorización de inversión, o

(C) un acuerdo de inversión, y

(ii) que el demandante ha sufrido pérdidas o daños en virtud de dicha violación o como consecuencia de ésta; y

(b) el demandante, por los intereses de una empresa del demandado que sea persona jurídica de propiedad del demandante o que esté bajo su control directo o indirecto, podrá, de conformidad con esta Sección, someter a arbitraje una reclamación en razón de:

(i) que el demandado ha violado:

(A) una obligación prevista por los Artículos 3 a 10.

(B) una autorización de inversión, o

(C) un acuerdo de inversión, y

(ii) que la empresa ha sufrido pérdidas o daños en virtud de dicha violación o como consecuencia de la misma.

en el entendido de que un demandante pueda someter, conforme a los subpárrafos (a) (i) (C) o (b) (i) (C), una reclamación por violación de un acuerdo de inversión únicamente si la cuestión o los daños que se reclaman refieren directamente a la inversión cubierta que fue establecida o adquirida o que se solicitaba fuera establecida o adquirida, en el marco del acuerdo de inversión pertinente.

2. Por lo menos 90 días antes de someter una reclamación a arbitraje conforme a la presente Sección, el demandante entregará al demandado una notificación escrita de su intención de someter la reclamación a arbitraje ("notificación de intención"). En la notificación se especificará:

(a) el nombre y la dirección del demandante y, en el caso de que la reclamación se someta por los intereses de la empresa, el nombre, dirección y lugar de constitución de la misma;

(b) por cada reclamación, la disposición de este Tratado, la autorización de inversión o el acuerdo de inversión presuntamente violada, así como otras disposiciones pertinentes.

(c) las cuestiones de hecho y de derecho en que se funda cada reclamación; y

(d) la reparación solicitada y el monto aproximado de los daños reclamados.

3. En tanto hayan transcurrido seis meses desde que tuvieron lugar los hechos que motivaron la reclamación, el demandante podrá someter la reclamación a que refiere el párrafo 1:

(a) de conformidad con el Convenio del CIADI y con las Reglas de Procedimiento para Procedimientos Arbitrales del CIADI, siempre que tanto el demandado como la Parte no contendiente sean parte del Convenio del CIADI;

(b) de conformidad con las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI, siempre que el demandado o la Parte no contendiente, sean parte del Convenio del CIADI;

(c) de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la

CNUDMI; o

(d) si el demandante y el demandado así acuerdan, a cualquier otro órgano de arbitraje o de conformidad con cualesquiera otras reglas de arbitraje.

4. Una reclamación se considerará sometida a arbitraje conforme a esta Sección cuando la notificación o la solicitud de arbitraje ("notificación de arbitraje") del demandante prevista por el;

(a) a que refiere el párrafo 1 del Artículo 36 del Convenio del CIADI sea recibida por el Secretario General;

(b) a que refiere el Artículo 2 del Anexo C de las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI sea recibida por el Secretario General;

(c) a que se refiere el Artículo 3 de las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI, conjuntamente con el escrito de demanda a que refiere el Artículo 18 de las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI, sea recibida por el demandado; o

(d) a que refiera cualquier institución arbitral o cualesquiera otras reglas de arbitraje escogida en virtud del párrafo 3 (d), sea recibido por el demandado.

Una reclamación reconfirmada por primera vez por el demandante, luego de haber sido presentada la notificación de arbitraje, será considerada como sometida a arbitraje bajo esta Sección en la fecha de su recepción de conformidad con las reglas de arbitraje aplicables.

5. Las reglas de arbitraje aplicables de conformidad con el párrafo 3, y que estén vigentes a la fecha en que la reclamación o reclamaciones fueron sometidas a arbitraje conforme a esta Sección, regirán el arbitraje salvo en la medida en que sean modificadas por este Tratado.

6. El demandante proporcionará en la notificación de arbitraje;

(a) el nombre del árbitro designado por el demandante; o

(b) el consentimiento escrito del demandante para que el Secretario General designe dicho árbitro.

Artículo 25: Consentimiento de Cada Una de las Partes al Arbitraje

1. Cada Parte consiente en someter una reclamación a arbitraje, con arreglo a esta Sección y de conformidad con este Tratado.

2. El consentimiento a que se refiere el párrafo 1 y el sometimiento de la reclamación a arbitraje conforme a esta Sección cumplirán con los requisitos señalados en:

(a) el Capítulo II del Convenio del CIADI (Jurisdicción del Centro) y las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI en lo relativo al consentimiento por escrito de las partes en la controversia.

(b) El Artículo II de la Convención de Nueva York en lo relativo al "acuerdo por escrito"; y

(c) El Artículo I de la Convención Interamericana en lo relativo a un "acuerdo".

Artículo 26: Condiciones y Limitaciones al Consentimiento de las Partes

1. Ninguna reclamación podrá someterse a arbitraje, conforme a esta Sección, si han transcurrido más de tres años a partir de la fecha en que el demandante por primera vez tuvo o debió haber tenido conocimiento del incumplimiento alegado, conforme al Artículo 24 (1) y de que el demandante (por las reclamaciones entabladas en virtud del artículo 24 (1) (a)), o la empresa (por las reclamaciones entabladas en virtud del artículo 24 (1) (b) han sufrido pérdidas o daños.

2. Ninguna reclamación podrá someterse a arbitraje conforme a esta Sección a menos que:

(a) el demandante consienta por escrito someterse al arbitraje, de conformidad con los procedimientos previstos en este Tratado; y

(b) la notificación de arbitraje se acompañe;

(i) de la renuncia por escrito del demandante, para las reclamaciones sometidas a arbitraje en virtud del artículo 24 (1) (a),

(ii) de las renuncias por escrito del demandante y de la empresa, para las reclamaciones sometidas a arbitraje en virtud del artículo 24 (1) (b),

de cualquier derecho a iniciar o continuar ante un tribunal judicial o administrativo sujeto a la legislación de cualquiera de las Partes, u otros procedimientos de solución de controversias, cualquier acción relacionada con medidas respecto de las cuales se sostiene que constituyen un incumplimiento previsto en el Artículo 24.

3. Sin perjuicio del párrafo 2 (b), el demandante (en las reclamaciones entabladas en virtud del artículo 24 (I) (a)) y el demandante o la empresa (en las reclamaciones entabladas en virtud del artículo 24 (I) (b)) podrá iniciar o continuar una acción en que se procure la aplicación de una orden provisional de desagravio y que no implique el pago de daños monetarios ante un tribunal judicial o administrativo del demandado, siempre que la acción se interponga con el único fin de preservar los derechos e intereses del demandante o de la empresa mientras se desarrolla el arbitraje.

Artículo 27: Selección de los Arbitros

1. A menos que las partes contendientes convengan otra cosa, el tribunal estará integrado por tres árbitros, un árbitro designado por cada una de las partes contendientes y el tercero, que será el arbitro presidente, designado por acuerdo entre las partes contendientes.

2. El Secretario General será la autoridad que designará a los árbitros para un procedimiento de arbitraje bajo esta Sección,

3. Sujeto al artículo 20 (3), en el caso que un tribunal no se constituya dentro de un plazo de 75 días a partir de la fecha en que la reclamación es sometida a arbitraje conforme a la presente Sección, el Secretario General, a solicitud de una parte contendiente, designará, a su discreción, el árbitro o árbitros que aún no hubieran sido designados.

4. A los efectos del artículo 39 del Convenio del CIADI y del Artículo 7 de la Parte C de las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI, y sin perjuicio de objetar a un árbitro por motivos ajenos a la nacionalidad:

(a) el demandado acepta la designación de cada uno de los miembros del tribunal establecido de conformidad con el Convenio del CIADI o con las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI;

(b) el demandante a que hace referencia el Artículo 24 (I)

(a) podrá someter a arbitraje una reclamación conforme a esta Sección, o continuar una reclamación de conformidad con el Convenio del CIADI o las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI, únicamente con la condición de que el demandante ma-nifieste su consentimiento por escrito sobre la de-signación de cada uno de los miembros del tribunal; y

(c) el demandante a que hace referencia el Artículo 24 (1)

(b) podrá someter una reclamación a arbitraje conforme a esta Sección, o continuar una reclamación de conformidad con el Convenio del CIADI, o las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI, únicamente con la condición de que el demandante y la empresa manifiesten su consentimiento por escrito sobre la designación de cada uno de los miembros del tribunal.

Artículo 28: Procedimiento de Arbitraje

1. Las partes contendientes podrán acordar la sede legal donde habrá de celebrarse un arbitraje conforme a las reglas de arbitraje aplicables establecidas en el Artículo 24 (3). Si las partes contendientes no logran un acuerdo, el tribunal determinará dicha sede de conformidad con las reglas de arbitraje aplicables, siempre que el lugar se encuentre en el territorio de un Estado parte de la Convención de Nueva York.

2. La Parte no contendiente podrá presentar comunicaciones orales o escritas ante el tribunal con respecto a la interpretación de este Tratado.

3. El tribunal tendrá autoridad para aceptar y considerar presentaciones amicus curiae que provengan de una persona o entidad que no sea parte contendiente.

4. Sin perjuicio de la facultad del tribunal para conocer otras objeciones como cuestiones preliminares, un tribunal entenderá y determinará como cuestión preliminar cualquier objeción del demandado en el sentido que, como cuestión de derecho, la reclamación sometida no es una reclamación respecto de la cual se pueda dictar un laudo favorable para el demandante de acuerdo con el artículo 34.

(a) Dicha objeción se presentará al Tribunal tan pronto como sea posible luego de su constitución, y en ningún caso con posterioridad a la fecha que el tribunal fije para que el demandado presente su contestación de la demanda (o en el caso de una modificación de la notificación de arbitraje, la fecha que el tribunal fije para que el demandado presente su respuesta a la modificación),

(b) Al recibir una objeción conforme al presente párrafo, el tribunal suspenderá toda actuación sobre cuestiones de fondo, establecerá un cronograma para la consideración de la objeción compatible con cualquier otro cronograma que haya establecido para la consideración de otras cuestiones preliminares, y dictará una decisión o laudo sobre dicha objeción, exponiendo los fundamentos.

(c) Al decidir acerca de una objeción conforme al presente párrafo, el tribunal asumirá como ciertos los argumentos de hecho presentados por el demandante como respaldo de cualquier reclamación incluida en la notificación de arbitraje (o cualquier modificación de la misma) y, en controversias presentadas conforme a las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI, el escrito de demanda a que refiere el artículo 18 de las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI. El Tribunal podrá considerar también cualquier otro hecho relevante que no sea objeto de controversia.

(d) El demandado no renuncia a formular una objeción con respecto a la competencia o a cualquier argumento de fondo, simplemente porque haya formulado o no una objeción conforme a este párrafo, o haga uso del procedimiento expedito establecido en el párrafo 5.

5. En el caso de que el demandado así lo solicite, dentro de los 45 días siguientes a la constitución del tribunal, éste decidirá, sobre bases expeditas, acerca de una objeción prevista por el párrafo 4 o cualquier otra objeción en el sentido de que la controversia no se enmarca dentro de la competencia del tribunal. El tribunal suspenderá toda actuación sobre cuestiones de fondo y dictará, a más tardar 150 días después de la fecha de la solicitud, una decisión o laudo sobre dicha objeción u objeciones, exponiendo sus fundamentos. Sin embargo, si una parte contendiente solicita una audiencia, el tribunal podrá disponer de 30 días adicionales para dictar la decisión o laudo. Independientemente de si se ha solicitado o no una audiencia, el tribunal podrá, demostrando un motivo extraordinario, retrasar la emisión de su decisión o laudo por un breve período adicional, el cual no podrá exceder de 30 días.

6. Cuando el tribunal decide acerca de la objeción presentada por un demandado conforme a los párrafos 4 ó 5, podrá, si se justifica, conceder a la parte contendiente vencedora costas y honorarios razonables en que haya incurrido al presentar la objeción u oponerse a ésta. Al determinar si dicho laudo es justificado, el tribunal considerará si la reclamación del demandante o la objeción del demandado eran fútiles, y concederá a las partes contendientes una oportunidad razonable para formular comentarios.

7. El demandado no declarará como defensa reconvención o derecho compensatorio o por cualquier otro motivo que, en virtud de un seguro o contrato de garantía, el demandante ha recibido o recibirá indemnización u otra compensación por la totalidad o una parte de los presuntos daños.

8. El tribunal podrá ordenar una medida provisional de protección para preservar los derechos de una parte contendiente, o para garantizar la plena efectividad en el ejercicio de la competencia del tribunal, incluida una orden para preservar las pruebas que se encuentran en poder o bajo el control de una parte contendiente o para proteger la competencia del tribunal. El tribunal no podrá ordenar el embargo o impedir la aplicación de una medida que se alega constituye una violación mencionada en el artículo 24. A los fines de este párrafo, la orden incluye una recomendación.

9.

(a) En un arbitraje realizado conforme a esta Sección, a solicitud de una parte contendiente, el tribunal, antes de dictar una decisión o un laudo sobre la responsabilidad, comunicará su propuesta de decisión, o laudo a las partes contendientes y a la Parte no contendiente. Dentro del plazo de 60 días de comunicada dicha propuesta, las partes contendientes podrán presentar al tribunal comentarios escritos relativos a cualquier aspecto de su propuesta de decisión o laudo. El tribunal considerará dichos comentarios y dictará su decisión o laudo a más tardar a los 45 días siguientes al vencimiento del plazo de 60 días para presentar comentarios.

(b) El subpárrafo (a) no se aplicará a un arbitraje realizado conforme a esta Sección respecto del cual se haya presentado una apelación en virtud del párrafo 10 o el Anexo E.

10. Si entre las Partes entrara en vigor un tratado multilateral independiente en el que se estableciere un órgano de apelación con el objetivo de revisar los laudos dictados por tribunales constituidos conforme a acuerdos internacionales de comercio o de inversión para entender en controversias de inversión, las Partes procurarán llegar a un acuerdo para que dicho órgano de apelación revise los laudos dictados conforme al Artículo 34 en los arbitrajes iniciados con posterioridad a la entrada en vigor del tratado multilateral para las Partes.

Artículo 29: Transparencia de los procedimientos arbitrales

1. Con sujeción a los párrafos 2 y 4, el demandado, después de recibir los siguientes documentos, los remitirá sin demora a la Parte no contendiente y los pondrá a disposición del público:

(a) la notificación de intención;

(b) la notificación de arbitraje;

(c) los alegatos, las demandas y los escritos presentados al tribunal por una parte contendiente y cualquier comunicación escrita presentada de conformidad con el artículo 28 (2) y (3) y el Artículo 33;

(d) las actas o transcripciones de las audiencias del tribunal, cuando estén disponibles; y

(e) las órdenes, los laudos y las decisiones del tribunal.

2. El tribunal realizará audiencias públicas y determinará, en consulta con las partes contendientes, los arreglos logísticos pertinentes. Sin embargo, cualquier parte contendiente que pretenda usar en una audiencia información clasificada como protegida, deberá comunicarlo al tribunal. El tribunal realizará los arreglos pertinentes para proteger la información de su divulgación.

3. Nada de lo dispuesto en esta Sección requiere que el demandado divulgue información protegida o proporcione o permita el acceso a información que pueda retener de conformidad con el Artículo 18 o con el Artículo 19;

4. La información protegida que es presentada ante el tribunal será protegida de divulgación de acuerdo con los siguientes procedimientos;

(a) sujeto al subpárrafo (d), ni las partes contendientes ni el tribunal revelarán a la Parte no contendiente o al público información protegida cuando la parte contendiente que proporciona la información la consigne claramente de esa manera, de acuerdo con el subpárrafo (b).

(b) la parte contendiente que reclame que determinada información constituye información protegida, la clasificará claramente al momento de ser presentada al tribunal;

(c) una parte contendiente, al presentar un documento que contiene información considerada protegida, deberá proporcionar una versión redactada del documento que no contenga dicha información. Sólo la versión redactada será proporcionada a la Parte no contendiente y será pública de acuerdo al párrafo 1; y

(d) el tribunal decidirá acerca de cualquier objeción en relación con la clasificación de información considerada protegida. Si el Tribunal determina que dicha información no fue adecuadamente clasificada, la parte contendiente que presentó la información podrá:

(i) retirar toda o parte de su presentación que contiene tal información; o

(ii) convenir en volver a presentar documentos completos y redactados con clasificaciones corregidas de acuerdo con la determinación del tribunal y con el subpárrafo (c).

En cualquier caso, la otra parte contendiente deberá, siempre que sea necesario, volver a presentar documentos completos y redactados, que o bien quiten la información retirada de conformidad con el inciso (i) por la parte contendiente que presentó la información en primer lugar, o bien reclasifiquen la información de forma compatible con la clasificación realizada de conformidad con el inciso (ii) de la parte contendiente que presentó la información en primer lugar.

5. Nada de lo dispuesto en esta Sección exige al demandado negar acceso público a información que, de acuerdo a su legislación, debe ser divulgada.

Artículo 30: Derecho Aplicable

1. Sujeto al párrafo 3, cuando conforme al Artículo 24 (1) (a) (i) (A) o 24 (1) (b) (i) (A), una reclamación es sometida a arbitraje, el tribunal decidirá las cuestiones en controversia de conformidad con este Tratado y con las normas aplicables del derecho internacional.

2. Sujeto al párrafo 3 y los otros términos de esta Sección, cuando, conforme al Artículo 24 (1) (a) (i) (B) o (C) o al Artículo 24 (1) (b) (i) (B) o (C), una reclamación es sometida a arbitraje:

(a) El tribunal aplicará las normas legales establecidas en el acuerdo de inversión o en la autorización de inversión pertinentes, o de acuerdo a lo convenido por las partes contendientes;

(b) si las normas legales no han sido especificadas o acordadas de otra manera:

(i) el tribunal aplicará la legislación del demandado (incluidas sus normas sobre los conflictos de leyes) 20; y

(ii) aquellas normas del derecho internacional que sean aplicables.

3. Una decisión conjunta de las Partes, en la que cada una actúa a través de su representante designado a los efectos de este artículo, en la que ellas declaran su inter-pretación de una disposición de este Tratado, será obligatoria para el tribunal, y toda decisión o laudo emitido por un tribunal deberá ser compatible con dicha decisión conjunta.

Artículo 31: Interpretación de los Anexos

1. Cuando un demandado afirma como defensa que la medida cuestionada está comprendida dentro del alcance de uno de los ítems del Anexo I , II o III, el tribunal solicitará -a petición del demandado- la interpretación de las Partes sobre el asunto. Las Partes presentarán al tribunal por escrito una decisión conjunta donde incluirán su interpretación, dentro de los 60 días siguientes a la entrega de la solicitud.

2. Una decisión conjunta emitida por las Partes con-forme al párrafo 1, actuando cada una a través de su representante designado a los efectos de este Artículo, será obligatoria para el tribunal y cualquier decisión o laudo emitido por el tribunal deberá ser compatible con esa decisión conjunta. Si las partes no emitieran dicha decisión en un plazo de 60 días, el tribunal decidirá sobre el asunto.

 

20 La "legislación del demandado" significa la ley que un tribunal judicial o administrativo de la competencia adecuada, aplicaría en el mismo caso.

 

Artículo 32: Informes de Expertos

Sin perjuicio de la designación de otro tipo de expertos cuando así lo autoricen las reglas de arbitraje aplicables, el tribunal, a petición de una parte contendiente o por iniciativa propia, a menos que las partes contendientes lo desaprueben, podrá designar uno o más expertos a los efectos de que le informen por escrito acerca de cualquier cuestión de hecho relativa a temas ambientales, de salud, de seguridad u otros temas científicos planteados por una parte contendiente en un proceso, sujeto a los términos y condiciones que las partes contendientes acuerden.

Artículo 33: Acumulación de Procedimientos.

1. En los casos en que dos o más reclamaciones, conforme al Artículo 24 (1) hayan sido sometidas a arbitraje por separado y tales reclamaciones planteen en común una cuestión de hecho o de derecho y resultan de los mismos hechos o circunstancias, cualquiera de las partes contendientes podrá solicitar la obtención de una orden de acumulación de procedimientos con la aprobación de todas las partes contendientes que se pretende abarcar por dicha orden o los términos de los párrafos 2 a 10.

2. La parte contendiente que solicite obtener una orden de acumulación conforme al presente Artículo, entregará una solicitud por escrito al Secretario General y a todas las partes contendientes respecto de las cuales se pretende obtener la orden de acumulación y especificará en la misma lo siguiente:

(a) los nombres y direcciones de todas las partes contendientes respecto de las cuales se solicita la orden de acumulación;

(b) la naturaleza de la orden de acumulación solicitada; y

(c) los fundamentos en que se basa la solicitud.

3. A menos que el Secretario General determine, dentro del plazo de 30 días de recibida una solicitud conforme al párrafo 2, que la misma es manifiestamente infundada, se establecerá un tribunal en virtud de este Artículo.

4. A menos que todas las partes contendientes respecto de las cuales se solicita obtener la orden de acumulación convengan de otro modo, el tribunal que se establezca bajo este Artículo se integrará por tres árbitros:

(a) un árbitro designado por acuerdo de los demandantes;

(b) un árbitro designado por el demandado; y

(c) el árbitro presidente designado por el Secretario General, en el entendido de que no podrá ser nacional de ninguna de las Partes.

5. Si dentro del plazo de los 60 días siguientes a la recepción por parte del Secretario General de la solicitud formulada de conformidad con el párrafo 2, el demandado o los demandantes no designan un árbitro conforme al párrafo 4, el Secretario General, a petición de cualquier parte contendiente respecto de la cual se solicita obtener la orden de acumulación, designará al árbitro o árbitros que aún no hubieran sido designados. En caso de que el demandado no designe un árbitro, el Secretario General designará a un nacional de la parte contendiente, y en caso de que los demandantes no designen un árbitro, el Secretario General designará a un nacional de la Parte no contendiente.

6. En el caso de que el tribunal establecido bajo este artículo constate que se hubieren presentado a arbitraje dos o más reclamaciones conforme al artículo 24 (1), que plantean en común una cuestión de hecho o de derecho, y que surgen de los mismos hechos o circunstancias, el tribunal podrá, en procura de alcanzar una resolución justa y eficiente de las reclamaciones y luego de escuchar a las partes contendientes, por orden:

(a) asumir competencia, conocer y decidir conjuntamente, sobre todas o una parte de las reclamaciones;

(b) asumir competencia, conocer y decidir respecto de una o más de las reclamaciones, cuya decisión considera que contribuiría a la resolución de las demás; o

(c) instruir a un tribunal previamente establecido conforme al Artículo 27 a que asuma competencia, conozca y decida conjuntamente, sobre la totalidad o una parte de las reclamaciones siempre que:

(i) ese tribunal, a solicitud de cualquier demandante que no haya sido anteriormente parte contendiente ante dicho tribunal, se reconstituya con sus miembros originales, con la salvedad de que el árbitro por la parte de los demandantes será designado conforme a los párrafos 4 (a) y 5; y

(ii) ese tribunal decida si ha de repetirse alguna audiencia anterior.

7. En el caso en que se haya establecido un tribunal conforme a este Artículo, el demandante que haya sometido una reclamación a arbitraje conforme al Artículo 24 (1), y que no esté nombrado en una solicitud formulada conforme al párrafo 2, podrá solicitar al tribunal por escrito ser incluido en cualquier orden que se adopte conforme al párrafo 6, y especificará en la solicitud:

(a) el nombre y dirección del demandante;

(b) la naturaleza de la orden solicitada; y

(c) los fundamentos en que se basa la solicitud de la orden.

El demandante entregará una copia de su solicitud al Secretario General.

8. Un tribunal establecido conforme al presente Artículo realizará el procedimiento conforme a las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI, salvo en cuanto a las modificaciones previstas por esta Sección.

9. Un tribunal establecido conforme al Artículo 27 no tendrá competencia para resolver una reclamación, o parte de la misma, respecto de la cual un tribunal establecido o instruido conforme al presente Artículo haya asumido competencia.

10. A solicitud de una parte contendiente, un tribunal establecido conforme al presente Artículo podrá, en espera de su decisión conforme al párrafo 6, disponer que las actuaciones de un tribunal establecido conforme al Artículo 27 se aplacen, a menos que este último tribunal ya las hubiera suspendido.

Artículo 34: Laudos

1. Cuando un tribunal dicte un laudo definitivo en contra del demandado, el tribunal podrá otorgar, por separado o en forma combinada, únicamente:

(a) daños pecuniarios y los intereses que procedan; y

(b) restitución de la propiedad, en cuyo caso el laudo dispondrá que el demandado podrá pagar daños pecuniarios más los intereses que procedan, en lugar de la restitución.

Un tribunal también podrá adjudicar las costas y honorarios de abogados de conformidad con este Tratado y con las reglas de arbitraje aplicables.

2. Sujeto al párrafo 1, cuando se someta a arbitraje una reclamación bajo el Artículo 24 (1) (b):

(a) un laudo que estipule la restitución de la propiedad, dispondrá que la restitución se otorgue a la empre-sa;

(b) un laudo que estipule daños pecuniarios y los intereses que procedan, dispondrá que la suma se pague a la empresa; y

(c) el laudo dispondrá su ejecución sin perjuicio de cualquier derecho que una persona pueda tener sobre la reparación, conforme al derecho interno aplicable.

3. Un tribunal no podrá ordenar el pago de daños de carácter punitivo.

4. Un laudo dictado por un tribunal será obligatorio sólo para las partes contendientes y únicamente respecto del caso concreto.

5. Sujeto al párrafo 6 y al procedimiento de revisión aplicable a un laudo provisional, la parte contendiente acatará y cumplirá el laudo sin demora.

6. Una parte contendiente no podrá solicitar la ejecución de un laudo definitivo hasta que:

(a) en el caso de un laudo definitivo dictado de conformidad con el Convenio del CIADI:

(i) hayan transcurrido 120 días a partir de la fecha en que se dictó el laudo y ninguna de las partes contendientes haya solicitado su revisión o anulación; o

(ii) hayan concluido los procedimientos de revisión o anulación; y

(b) en el caso de un laudo definitivo dictado de conformidad a las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI, las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI y las normas escogidas de conformidad con artículo 24 (3) (d):

(i) hayan transcurrido 90 días desde la fecha en que se dictó el laudo y ninguna de las partes contendientes hayan iniciado una acción para revisarlo, revocarlo o anularlo; o

(ii) un tribunal haya desechado o admitido una solicitud de revisión, revocación o anulación del laudo y no existan instancias ulteriores de apelación.

7. Cada Parte dispondrá la debida ejecución de un laudo en su territorio.

8. Si el demandado incumple o no acata un laudo definitivo, una vez presentada una petición de la Parte no contendiente, se establecerá un tribunal conforme al Artículo 37. Sin perjuicio de otras reparaciones disponibles en el marco de las reglas aplicables de derecho internacional, la Parte que formula la petición podrá solicitar en dichos procedimientos:

(a) una determinación en el sentido de que el incumplimiento o el no acatamiento del laudo definitivo es incompatible con las obligaciones de este Tratado; y

(b) una recomendación en el sentido de que el demandante, cumpla o acate el laudo definitivo.

9. Una parte contendiente podrá procurar la ejecución de un laudo arbitral bajo el Convenio del CIADI, la Convención de Nueva York, o la Convención Interamericana, independientemente de que se hayan seguido o no las acciones contempladas en el párrafo 8.

10. A los efectos del Art. 1 de la Convención de Nueva York, y del Artículo I de la Convención Interamericana, una reclamación sometida a arbitraje bajo esta Sección será considerada como resultante de una relación u operación comercial.

Artículo 35: Anexos, Protocolo, y Notas al Pie

Los Anexos, el Protocolo y las notas al pie de este Tratado constituyen parte integrante del mismo.

Artículo 36: Entrega de Documentos

La entrega de la notificación y otros documentos a una parte, se realizará en el lugar designado por ella en el Ane-xo D.

SECCION C

Artículo 37: Solución de Controversias entre Estados

1. Sujeto al párrafo 5, toda controversia entre las Partes sobre la interpretación o aplicación de este Tratado, que no haya sido resuelta por la vía de consultas u otros canales diplomáticos, será sometida a arbitraje -a solicitud de cualquiera de las Partes- con el fin de que un tribunal emita una decisión o laudo vinculante con arreglo a las reglas de derecho internacional aplicables. A menos que las Partes acuerden lo contrario, se aplicarán las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI, salvo en la medida de lo que las Partes o este Tratado modifiquen.

2. A menos que las Partes convengan de otro modo, el tribunal estará integrado por tres árbitros, un árbitro designado por cada Parte y el tercero, que será el árbitro presidente, designado por acuerdo entre las Partes. Si dentro de los 75 días siguientes a la presentación de la reclamación a arbitraje bajo esta Sección, no se ha constituido el tribunal, el Secretario General, a solicitud de una de las Partes, designará a su discreción, el árbitro o árbitros que aún no hubieran sido designados.

3. El pago de los gastos en que incurran los árbitros y otros costos del procedimiento, será dividido entre las Partes en proporciones iguales. Sin embargo, el tribunal podrá, a su discreción, dictaminar que una proporción mayor de los costos sea de cargo de una de las Partes.

4. Los Artículos 28 (3), 29, 30 (1) y 31 se aplicarán mutatis mutandis a los arbitrajes previstos por este Artículo.

5. Los párrafos 1 a 4 no serán de aplicación para una cuestión que surja conforme al Artículo 12 o el Artículo 13.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los respectivos plenipotenciarios han suscrito este Tratado.

HECHO en Montevideo el día 25 de octubre de 2004, en dos originales igualmente auténticos, en idioma español e idioma inglés.

 

 

ANEXO A

Derecho Internacional Consuetudinario

Las Partes confirman su común entendimiento acerca de que "derecho internacional consuetudinario" generalmente y como refiere específicamente el Art. 5 y el Anexo B resulta de una práctica general y constante seguida por los Estados a la que se asigna carácter legal y obligatorio. Con relación al Artículo 5, el nivel mínimo de trato a extranjeros en el derecho internacional consuetudinario refiere a todos los principios de derecho internacional consuetudinario que protegen los derechos e intereses económicos de los extranjeros.

ANEXO B

Expropiación

Las Partes confirman su común entendimiento de que:

1. El Artículo 6 (1) procura reflejar el derecho internacional consuetudinario referido a la obligación de los Estados con relación a la expropiación.

2. Una acción o una serie de acciones de una Parte no podrá constituir una expropiación a menos que interfiera con un derecho de propiedad tangible o intangible o con los intereses de propiedad en una inversión.

3. El Artículo 6 (1) comprende dos situaciones. La primera se conoce como expropiación directa, en donde una inversión es nacionalizada o directamente expropiada de otra forma, mediante la transferencia formal del título o mediante confiscación plena.

4. La segunda situación comprendida en el Artículo 6 (1) se conoce como expropiación indirecta, en donde una acción o una serie de acciones realizadas por una Parte tienen un efecto equivalente al de la expropiación directa sin mediar una transferencia formal del título o una confiscación plena.

(a) La determinación de si una acción o una serie de acciones de una Parte en una situación de hecho específica, constituye o no una expropiación indirecta, requiere una investigación de los hechos, caso por caso que considere entre otros factores:

(i) el impacto económico de la acción gubernamental, aunque el hecho de que una acción o una serie de acciones de una Parte tenga un efecto adverso sobre el valor económico de una inversión, por sí solo, no determina que tuvo lugar una expropiación indirecta;

(ii) la medida en que la acción gubernamental interfiere con expectativas inequívocas y razonables basadas en la inversión; y

(iii) el carácter de la acción gubernamental.

(b) Salvo en circunstancias ocasionales, no constituyen expropiaciones indirectas las acciones regulatorias no discriminatorias a cargo de una Parte que son diseñadas y aplicadas para proteger objetivos legítimos de bienestar público, tales como la salud pública, la seguridad y el medio ambiente.

ANEXO C

Sometimiento de una Reclamación a Artitraje

1. Un inversor de los Estados Unidos no podrá someter a arbitraje conforme a la Sección B, una reclamación alegando que Uruguay incurrió en violación de una obligación prevista por los Artículos 3 a 10, ya sea:

(a) en nombre propio bajo el Artículo 24 (1) (a), o

(b) por los intereses de una empresa uruguaya que sea una persona jurídica que el inversor posee o controla directa o indirectamente conforme al Artículo 24 (1) (b).

Si el inversor o la empresa, respectivamente, ha alegado esa violación de la obligación conforme a los Artículos 3 a 10 en procesos realizados ante un tribunal judicial o administrativo en Uruguay.

2. Para mayor certeza, si un inversor de los Estados Unidos opta por someter una reclamación del tipo descrito en el párrafo 1 ante un tribunal judicial o administrativo uruguayo, dicha opción será definitiva, y el inversor no podrá posteriormente presentar la reclamación a arbitraje bajo la Sección B.

ANEXO D

Diligenciamiento de la Documentación

Estados Unidos

Las notificaciones y demás documentos se entregarán a:

Executive Director (L/EX)

Office of the Legal Adviser

Department of State

Washington, D.C. 20520

United States of America

Uruguay

Las notificaciones y demás documentos se entregarán a:

Director

Dirección de Asuntos Económicos Internacionales

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo,

Uruguay.

ANEXO E

Posibilidad de un Mecanismo Bilateral de Apelación

Dentro de los tres años posteriores a la entrada en vigor de este Tratado, las Partes analizarán la posibilidad de establecer un órgano bilateral de apelación o un mecanismo similar, para revisar laudos dictados bajo el Artículo 34, en arbitrajes iniciados luego de haberse establecido dicho órgano de apelación o mecanismo similar.

ANEXO F

Servicios Financieros

1. En aplicación del Artículo 3 a medidas relativas a instituciones financieras, las Partes afirman su común entendimiento de que el tratamiento que cada Parte debe otorgar conforme a ese Artículo:

(a) a inversores de la otra Parte, implica un tratamiento no menos favorable que el que concede a sus propios inversores, en circunstancias similares, con respecto al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de instituciones financieras e inversiones en instituciones financieras en su territorio; y

(b) a instituciones financieras de la otra Parte y a inversiones de inversores de la otra Parte en instituciones financieras, implica un tratamiento no menos favorable que el que concede a sus propias instituciones financieras, y a inversiones de sus propios inversores en instituciones financieras en circunstancias similares, con respecto al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de instituciones financieras e inversiones.

2. En aplicación del Artículo 4 a medidas relativas a instituciones financieras, las Partes afirman su común entendimiento de que el tratamiento que cada Parte debe otorgar conforme a ese Artículo a los inversores de la otra Parte, instituciones financieras de la otra Parte e inversiones de inversores de la otra Parte en instituciones financieras, implica un trato no menos favorable que el que concede a inversores, instituciones financieras e inversiones de inversores en instituciones financieras de una no-Parte, en circunstancias similares, con respecto al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de instituciones financieras e inversiones.

3. A los fines de los párrafos 1 y 2, "institución financiera de la otra Parte" significa una institución financiera, incluida una sucursal, ubicada en el territorio de una Parte, que es controlada por personas de la otra Parte.

4. Ninguna reclamación en el sentido de que una medida relativa a un inversor de una Parte, o una inversión cubierta en una institución financiera ubicada en el territorio de la otra Parte viola el Artículo 3 o el Artículo 4 podrá ser presentada a arbitraje bajo la Sección B a los fines de este párrafo:

(a) El término "institución financiera" significa un intermediario financiero u otra empresa que esté autorizada para realizar negocios y sea regulada o supervisada como una institución financiera según la legislación de la Parte en cuyo territorio está ubicada.

(b) Inversión significa "inversión" tal como se define en el Artículo 1, excepto que, con respecto a los "préstamos" y los "instrumentos de deuda" a que refiere dicho Artículo:

(i) un préstamo o un instrumento de deuda emitido por una institución financiera es una inversión en una institución financiera sólo si es tratada como capital para fines regulatorios por la Parte en cuyo territorio se ubica la institución financiera; y

(ii) un préstamo concedido por o un instrumento de deuda propiedad de una institución financiera, distinto de un préstamo o instrumento de deuda de una institución financiera a que refiere el subpárrafo (b) (i), no es una inversión en una institución financiera.

5. Para mayor certeza nada en este Tratado será interpretado en el sentido de impedir la adopción o la implementación por una Parte de medidas relativas a inversores de la otra Parte, o inversiones cubiertas en instituciones financieras que son necesarias para asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos no incompatibles con este Tratado, incluidas aquellas relativas a la prevención de prácticas engañosas y fraudulentas o que abordan los efectos de un incumplimiento de contratos de servicios financieros, sujeto al requisito de que dichas medidas no se apliquen de manera que pudiera constituir una forma de discriminación arbitraria o injustificada entre países donde prevalecen condiciones similares, o una restricción encubierta a la inversión en instituciones financieras.

ANEXO G

Reestructuración de Deuda Soberana

1. Ninguna reclamación en el sentido de que una reestructuración de un instrumento de deuda emitido por Uruguay viola una obligación bajo los Artículos 5 a 10 podrá someterse arbitraje, o en caso de ya haberse sometido continúe el mismo, conforme a la conforme a la Sección B, si se trata de una reestructuración negociada al tiempo en que fue sometida a arbitraje, o que posteriormente deviene una reestructuración negociada.

2. (a) Para los fines de este Anexo, "reestructuración negociada" significa la reestructuración o reprogramación de un instrumento de deuda que se ha efectuado a través de:

(i) una modificación de los términos principales de pago de dicho instrumento de deuda, como previsto en las condiciones del mismo; o,

(ii) un canje de deuda u otro proceso en el cual lotenedores de no menos del porcentaje de deuda especificada en el subpárrafo (b) han consentido en dicho canje de deuda u otro proceso.

(b) El porcentaje a que refiere el subpárrafo (a) (ii) será el porcentaje requerido para modificar los términos principales de pago de una serie única de bonos en el marco de la más reciente y ampliamente distribuida emisión de bonos externos soberanos que: (i) fuera hecha por Uruguay antes de la presunta violación; (ii) se rige por la legislación de Nueva York; y (iii) permita la modificación por parte de los tenedores de menos del 100% del monto principal acumulado del saldo adeudado.

3. Sin perjuicio del Artículo 26 (1) y sujeto al párrafo 1 de este Anexo, un inversor de los Estados Unidos no podrá someter una reclamación conforme a la Sección B alegando que una reestructuración de deuda emitida por Uruguay viola una obligación bajo los Artículos 5 a 10, a menos que hayan transcurrido 270 días de la fecha en que se generaron los eventos que dan origen a la reclamación.

PROTOCOLO

1. Las Partes consignan que la definición de "empresa estatal" en el Artículo 1 no tiene por finalidad ampliar el significado de "empresa pública" conforme dicha expresión es utilizada en la legislación interna uruguaya. De conformidad con dicha legislación, una "empresa pública" debe ser propiedad del Estado o ser controlada por éste y estar regulada por el derecho público interno.

2. Las Partes confirman que comparten el entendido que, de acuerdo con los principios generales de derechos aplicables al arbitraje internacional, cuando un demandante somete una reclamación a arbitraje bajo la Sección B, tiene la carga probatoria de todos los elementos de la reclamación, incluidos los daños que alega fueron ocasionados por la presunta violación o ser consecuencia de ésta. En este sentido, las Partes comparten también el entendido de que cuando el demandante ha probado que el demandado ha violado una obligación bajo la Sección A con respecto a una intención de realizar una inversión, los únicos daños que podrán otorgarse, son aquéllos que el demandante haya probado que fueron provocados en la intención de realizar la inversión, siempre que el demandante también pruebe que la violación fue la causa inmediata de dichos daños.

3. Para mayor certeza, las Partes confirman que la lista de "objetivos legítimos de bienestar público" en el párrafo 4 (b) del Anexo B sobre Expropiación, no es exhaustiva.

4. Uruguay proporcionó la siguiente información descripta y explicativa, solamente a los efectos de transparencia. Bajo legislación interna, Uruguay supedita la inversión en ciertos sectores a la previa emisión o autorización de una concesión o autorización por el Gobierno del Uruguay. Dichas concesiones o autorizaciones son otorgadas por el Gobierno del Uruguay de conformidad con la legislación uruguaya, sobre la base de "legalidad, oportunidad, conveniencia o mérito", y están también sujetas a la Ley uruguaya de Inversiones, Ley Nº 16.906, la que prohíbe la discriminación en términos de nacionalidad.

ANEXO I

Nota Explicativa

1. La Lista de una Parte contenida en este Anexo establece, de conformidad con el Artículo 14 (Medidas Disconformes), las medidas existentes en una Parte que no están sujetas a algunas o a todas las obligaciones impuestas por:

(a) Artículo 3 (Trato Nacional);

(b) Artículo 4 (Trato de la Nación Más Favorecida);

(c) Artículo 8 (Requisitos de Desempeño); o

(d) Artículo 9 (Altos Ejecutivos y Directorios).

2. Cada ítem de la Lista abarca los siguientes elementos:

(a) Sector se refiere al sector para el cual se incluye el ítem;

(b) Obligaciones Afectadas especifica la o las obligaciones a que refiere el párrafo 1 que, de acuerdo al Artículo 14.1 (a) (Medidas Disconformes), no se aplica a los aspectos disconformes de la ley, reglamento u otra medida como expuesto en el párrafo 3;

(c) Nivel de Gobierno indica el Nivel de Gobierno que mantiene la o las medidas incluidas en la Lista;

(d) Medidas identifica las leyes, reglamentos u otras medidas en virtud de las cuales se lista el ítem. Una medida citada bajo este elemento:

(i) significa la medida que fuera modificada, prorrogada o renovada a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, e

(ii) incluye cualquier medida subordinada, que sea adoptada o mantenida y que se rija y sea compatible con la medida; y

(e) Descripción proporciona una descripción general, no vinculante de la medida que motiva la inclusión del ítem en la Lista.

3. De acuerdo con los Artículos 14.1 (a) (Medidas Disconformes), y sujeto al Artículo 14.1 (c) (Medidas Disconformes), los artículos de este Tratado que se especifican en el subtítulo Obligaciones Afectadas no aplican a los aspectos disconformes de la ley, el reglamento u otra medida identificada bajo el subtítulo Medidas de dicho ítem.

ANEXO I

Lista de Uruguay

Sector: Pesca

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Requisitos de Desempeño (Artículo 8)

Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Ley Nº 13.833, Ley de Riquezas del Mar (Artículos 4, 5, 8, 22, 23 y 24)

Decreto Nº 149/997 (Artículo 56)

Descripción: La realización de actividades de pesca y caza acuática de carácter comercial que se realicen en aguas interiores y en el Mar Territorial dentro de una zona de doce millas de extensión, medida a partir de las líneas de base, queda reservada exclusivamente a los buques de bandera uruguaya, debidamente habilitados. Tales buques deberán estar debidamente habilitados. Tales buques deberán estar comandados por capitanes, oficiales de la marina mercante o maestros de pesca que sean nacionales uruguayos, y por lo menos el 50% de la tripulación de dichos buques deberá estar compuesta por nacionales uruguayos.

Los buques comerciales de bandera extranjera sólo podrán explotar los recursos vivos existentes entre el área de doce millas mencionadas en el párrafo precedente y doscientas millas marinas, sujeto a autorización del Poder Ejecutivo, según consta en el registro llevado por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos.

El procesamiento y la comercialización de pescado podrán estar sujetos al requisito de que el pescado sea total o parcialmente procesado en Uruguay.

Sector: Comunicaciones - Prensa escrita.

Obligaciones Afectadas: Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Ley Nº 16.099, Ley de Información y Comunicaciones (Artículo 6)

Descripción: Unicamente un nacional uruguayo podrá desempeñarse como el redactor o gerente responsable* de un diario, revista o publicación periódica que se publique en Uruguay.

* Redactor o gerente responsable es la persona responsable ante la ley civil o penal del contenido de un diario, revista o periódico en particular.

Sector: Comunicaciones - Radio y televisión

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de la Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Ley Nº 16.099, Ley de Información y Comunicaciones (Artículo 6)

Decreto Nº 734/978 (Artículos 8, 9 y 11)

Descripción: Los servicios de radiodifusión área abierta en ondas AM/FM, solamente podrán ser suministrados por nacionales deUruguay. Todos los accionistas o socios de empresas de radiodifusión que suministran servicios de radiodifusión en Uruguay o que están establecidas en Uruguay, deben ser nacionales uruguayos, con domicilio en Uruguay.

Los altos ejecutivos, miembros de los Directorios y el redactor gerente responsable* de empresas de radiodifusión deben ser nacionales uruguayos.

El redactor o gerente responsable* de una empresa de televisión para abonados (cable, satélite, MMDS), debe ser nacional uruguayo.

* Redactor o gerente responsable es la persona responsable ante la ley civil o penal por el contenido de una emisora particular de radio o televisión (en cualquiera de sus formas).

Sector: Servicios de transporte ferroviario

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de la Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Sector Ferroviario - Marco Jurídico Regulatorio, Decreto Minis-terial - Diario Oficial Nº 26.398, de 5 de diciembre de 2003 (Artículos 27 y 28)

Descripción: A fin de suministrar servicios de transporte ferroviario de carga y pasajeros, un operador ferroviario deberá obtener previamente la correspondiente Licencia de Operación Ferroviaria de la Dirección Nacional de Transporte, que dictará la resolución que concede la licencia. Entre los requisitos para la obtención de la Licencia de Operación Ferroviaria figuran:

a) Al menos 51% del capital integrado debe ser propiedad de nacionales uruguayos domiciliados en Uruguay, o de empresas uruguayas que cumplen también esa condición relativa al capital integrado; y

b) Al menos 51% del Directorio u otros altos ejecutivos de la empresa operadora de transporte ferroviario deberá estar integrado por nacionales uruguayos domiciliados en Uruguay.

En virtud del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT) entre los países del Cono Sur, el acceso al transporte ferroviario internacional de cargas se otorga sujeto a reciprocidad con los operadores ferroviarios de Uruguay.

Sector: Servicios de transporte carretero

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Decreto Nº 228/991 (Artículos 1.1 y 5.1)

Decreto Nº 230/997 (Artículo 5.1)

Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (Artículo 22), adoptado en Resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de 10 de mayo de 1991, publicada en el Diario Oficial de 8 de julio de 1991.

Descripción: Transporte de pasajeros: El Estado se reserva la provisión de los servicios de transporte público regular nacional e internacional, (servicios programados y no programados), pero otorga concesiones y permisos a empresas privadas. Los concesionarios deben ser personas físicas o empresas uruguayas. Se consideran empresas uruguayas, aquéllas en las que (i) más del 50% del capital es propiedad, (ii) está dirigido por o (iii) está controlado por, nacionales uruguayos domiciliados en Uruguay.

Transporte doméstico de carga: No existen restricciones para los servicios internos de transporte terrestre de carga (punto a punto).

Transporte internacional de carga y pasajeros: Solamente empresas en las que más del 50% de su capital accionario sea de propiedad de y esté efectivamente controlado por nacionales uruguayos, podrán realizar el transporte internacional de carga y de pasajeros.

Sector: Servicios de transporte marítimo y servicios auxiliares.

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de la Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Leyes Nº 12.091, Ley de Navegación y Comercio de Cabotaje (Artículos 1, 2, 6, 9, 11, 12 y 13)

Ley Nº 14.106, Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal (Artículo 309)

Ley Nº 16.387, Ley de Abatimiento (Artículo 18, modificado por la Ley Nº 16.736, Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal (Artículo 321)

Ley Nº 17.296, Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal (Artículo 263)

Decreto Ley Nº 14.650, Ley de Fomento de Marina Mercante (Capítulos I, II y V)

Decreto Nº 31/994 (Artículo 2)

Descripción: El comercio de cabotaje, que comprende el servicio interno de transporte por barco, realizado entre los puertos y zonas costeras de Uruguay, incluidas las operaciones de rescate, alijo, remolque y otras operaciones navieras realizadas por buques en aguas dentro de la jurisdicción uruguaya, quedan reservadas a los buques de bandera nacional. Dichos buques están exentos de los impuestos designados, tales como aquellos que gravan los equipos, ventas e ingresos de las flotas.

El Poder Ejecutivo podrá otorgar excepciones que permiten a buques de terceras banderas realizar servicios de cabotaje, cuando no estén disponibles buques de bandera nacional.

Los buques que realicen servicios de cabotaje dentro del Uruguay estarán sujetos a los siguientes requisitos:

a) en el caso de ser propiedad de personas físicas, los buques deben ser propiedad de nacionales de Uruguay y éstos deben estar domiciliados en Uruguay; y

b) en el caso de ser propiedad de una empresa: (i) el 51% de los propietarios de dicha empresa deberán ser nacionales uruguayos; (ii) el 51% de las acciones con derecho a voto deberán ser de propiedad de nacionales uruguayos; (iii) la empresa deberá estar controlada y dirigida por nacionales uruguayos.

Los buques de bandera uruguaya estarán autorizados para realizar servicios de cabotaje si los propietarios de tales buques son nacionales uruguayos, y su tripulación, incluida el capitán, está compuesta con por lo menos 50% de personal uruguayo.

La mitad de todo el transporte de carga del comercio exterior uruguayo (importaciones y exportaciones) está reservada para los buques de bandera uruguaya, no obstante excepciones son otorgadas a buques de bandera extranjera para que transporten la parte reservada del comercio exterior uruguayo. Uruguay podrá imponer restricciones respecto del acceso de transporte de carga del comercio exterior uruguayo sobre la base de la reciprocidad.

Excepciones impositivas son otorgadas a buques mercantes de bandera uruguaya siempre que dichos buques cumplan con los siguientes requisitos:

a) si son de propiedad de personas físicas, los buques deben ser propiedad de nacionales uruguayos domiciliados en Uruguay;

b) si son propiedad de una empresa, los buques deberán estar bajo el control y dirección de nacionales uruguayos.

Las tripulaciones de los buques mercantes uruguayos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) el 50% de la tripulación (incluido el capitán) de los buques que operan conforme a una autorización de tráfico otorgada por las autoridades competentes debe ser de nacionalidad uruguaya.

b) en los casos de buques que no operan bajo la autorización de tráfico otorgada por la autoridad competente, el Capitán, el Ingeniero Jefe, el Operador de Radio o el Oficial en Jefe deben ser nacionales uruguayos.

Sector: Servicios aéreos

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Requisitos de Desempeño (Artículo 8)

Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Nacional

Medidas: Decreto Ley Nº 14.305, Código Aeronáutico (Artículo 113)

Decreto Nº 325/974 (Artículos 32 y 33)

Decreto Nº 158/978 (Artículos 1 y 2)

Decreto Nº 39/977 (Artículo 35)

Reglamentos Aeronáuticos Uruguayos Nº 61, 63 y 65

Descripción: Unicamente empresas nacionales de transporte aéreo podrán operar aeronaves en servicios aéreos domésticos (cabotaje) y podrán realizar servicios aéreos internacionales regulares y no regulares en calidad de transportista aéreo uruguayo. Solamente empresas nacionales de servicios de trabajo aéreo podrán operar aeronaves en servicios aéreos domésticos que no involucran transporte.

A los efectos de ser una empresa nacional de transporte aéreo o una empresa nacional de servicios de trabajo aéreo, el 51% de tales empresas deberá ser de propiedad de nacionales uruguayos, domiciliados en Uruguay.

Toda la tripulación y el personal, incluido la gerencia de una empresa nacional de transporte aéreo o una empresa nacional de servicios de trabajo aéreo deberá estar compuesta por nacionales del Uruguay, a menos que la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica autorice lo contrario.

ANEXO I

Lista de Estados Unidos

Sector: Energía atómica

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Atomic Energy Act of 1954, 42 U.S.C. §§ 2011 et seq.

Descripción: Se requiere una licencia expedida por la United States Nuclear Regulatory Commission para que cualquier persona en los Estados Unidos transfiera o reciba en operaciones de comercio interestatal, fabrique, produzca, transfiera, utilice, importe, o exporte, "instalaciones de utilización o producción" nuclear con fines comerciales o industriales: Dicha licencia no podrá ser expedida a ninguna entidad que sea, o se estima que sea, propiedad de, esté controlada por o dominada por un extranjero, una sociedad comercial, o un gobierno extranjero (42 U.S.C. § 2133 (d). También se requiere una licencia expedida por la United States Nuclear Regulatory Commission para "instalaciones de utilización o producción" nuclear, para uso en terapias médicas o actividades de investigación y desarrollo. Asimismo está prohibida la expedición de este tipo de licencias a una entidad que sea, o se estime que sea, propiedad de, esté controlada por o dominada por un extranjero, una sociedad comercial extranjera, o un gobierno extranjero (42 U.S.C. § 21 34 (d)).

Sector: Minería

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de Nación Más FavorecIda (Artículo 4)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Mineral Lands Leasing Act of 1920, 30 U.S.C. Capítulo 3A 10 U.S.C. § 7435

Descripción: De conformidad con la Mineral Lands Leasing Act of 1920, los extranjeros y las sociedades comerciales extranjeras no podrán adquirir derechos de paso para oleoductos, gasoductos, o tuberías que transporten productos refinados de petróleo y gas, a través de tierras federales, ni adquirir arrendamientos o participación en determinados minerales en tierras federales, tales como carbón o petróleo. Los ciudadanos no estadounidenses podrán ser propietarios del 100 por ciento de una sociedad comercial nacional que obtenga el derecho de paso para oleoductos o gasoductos a través de las tierras federales o que adquiera un arrendamiento para explotar recursos minerales en tierras federales, salvo que el país del inversor niegue privilegios similares o equivalentes para el mineral o el acceso en cuestión a los ciudadanos o sociedades comerciales estadounidenses, en comparación con los privilegios que concede a sus propios ciudadanos o sociedades comerciales o a los ciudadanos o sociedades comerciales de otros países (30 U.S.C. §§ 181, 185 (a))

La nacionalización no es considerada como una denegación de privilegios similares o equivalentes.

Se restringe la obtención de acceso a los arrendamientos federales de las Naval Petroleum Reserves por parte de los ciudadanos extranjeros o las sociedades comerciales controladas por ellos, si las leyes, costumbres o reglamentos de su país niegan privilegios de arrendamiento de terrenos públicos a ciudadanos o sociedades comerciales estadounidenses (10 U.S.C. § 7435).

Sector: Todos los sectores

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 22 U.S.C §§ 2194, 2198 (c)

Descripción: Ciertos extranjeros, empresas extranjeras, o empresas constituidas localmente pero controladas por extranjeros, no podrán disponer de los seguros y garantías de préstamo de la Overseas Private Investment Corporation

Sector: Transporte aéreo

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 49 U.S.C. Subtítulo VII, Aviation Programs

14 C.F.R. Parte 297 (agentes extranjeros de transporte de carga);

14 C.F.R. Parte 380, Subparte E (registro de operadores extranjeros de fletamento (de pasajeros).

Descripción: Unicamente empresas de transporte aéreo que sean "ciudadanos de los Estados Unidos" podrán operar aeronaves para realizar servicios aéreos domésticos (cabotaje) y podrán realizar servicios aéreos internacionales regulares y no regulares como empresas de transporte aéreo estadounidense.

Los ciudadanos estadounidenses también cuentan con autoridad general para realizar actividades indirectas de transporte aéreo (transporte aéreo de carga y actividades de fletamento de pasajeros sin ser operadores efectivos de la aeronave). Para realizar tales actividades, los ciudadanos no estadounidenses deberán obtener autorización del Departamento de Transporte (Department of Transportation). Las solicitudes de autorización podrán ser rechazadas en virtud de la inexistencia de reciprocidad efectiva, o si el Departamento de Transporte entiende que median razones de interés público.

Conforme a lo establecido en 49 U.S.C. § 40102 (a) (15), un ciudadano estadounidense es un individuo con ciudadanía estadounidense; una sociedad (partnership) en la cual cada miembro sea ciudadano estadounidense; o una sociedad comercial (corporation) estadounidense cuyo presidente y al menos dos terceras partes del Directorio y otros funcionarios de alta dirección sean ciudadanos de los Estados Unidos, que esté bajo el control efectivo de ciudadanos estadounidenses y que al menos el 75 por ciento de las acciones con derecho a voto en la sociedad comercial sea propiedad o esté controlado por ciudadanos de los Estados Unidos.

Sector: Transporte aéreo

Obligaciones afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 49 U.S.C. Subtítulo VII, Aviation Programs

49 U.S.C. § 41703

14 C.F.R. Parte 375

Descripción: Las "aeronaves civiles extranjeras" requieren autorización del Departamento de Transporte para realizar servicios aéreos especializados en el territorio de los Estados Unidos. Para determinar si ha de concederse una autorización en particular, el Departamento considerará, además de otros factores, la medida en que el país de nacionalidad del solicitante otorga a los operadores de aeronaves civiles estadounidenses reciprocidad efectiva. Las "aeronaves civiles extranjeras" son aeronaves registradas en el extranjero o en los Estados Unidos que son propiedad de, están controladas por o son operadas por personas que no son ciudadanos o residentes permanentes de los Estados Unidos (14 C.F.R. § 375.1).

Conforme a 49 U.S.C. § 40102 (a) (15), un ciudadano de los Estados Unidos es un individuo con ciudadanía estadounidense, una sociedad en la cual cada miembro sea ciudadano estadounidense; o una sociedad comercial estadounidense cuyo presidente y al menos dos terceras partes del Directorio y otros funcionarios de alta dirección sean ciudadanos de los Estados Unidos, que esté bajo el control efectivo de ciudadanos estadounidenses y que al menos el 75 por ciento de las acciones con derecho a voto en la sociedad comercial sea propiedad o esté controlado por ciudadanos de los Estados Unidos.

Sector: Servicios de transporte - Agentes de Aduana

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 19 U.S.C. § 1641 (h)

Descripción: Se requiere una licencia de agente de aduanas para realizar operaciones aduaneras en nombre de otra persona. Solamente los ciudadanos estadounidenses podrán obtener tal licencia. Una sociedad comercial, asociación o sociedad establecida de conformidad con la legislación de cualquier estado podrá recibir una licencia de agente de aduanas si al menos un directivo de la sociedad comercial o la asociación, o un miembro de la sociedad, posee una licencia de agente de aduanas vigente.

Sector: Todos los sectores

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Securities Act of 1933, 15 U.S.C. §§ 77C (b), 77f, 77g, 77h, 77j y 77s (a)

17 C.F.R. §§ 230.251 y 230.405

Securities Exchange Act of 1934, 15 U.S.C. §§ 78l, 78m, 78o (d) y 78w (a)

17 C.F.R. § 240.12b-2

Descripción: Las empresas extranjeras, con excepción de algunas emisoras canadienses, no podrán utilizar los formularios de registro de pequeña empresa, bajo la Securities Act of 1933, para registrar ofertas públicas de títulos valores, o los formularios de registros de pequeñas empresas conforme al Securities Exchange Act of 1934, para registrar una clase de valores o para presentar informes anuales.

Sector: Comunicaciones - Radiocomunicaciones

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 47 U.S.C. § 31 ()

Foreign Participation Order 12 FCC Red 23891 (1997)

Descripción: Los Estados Unidos se reserva el derecho de restringir la propiedad de licencias de radio de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias precedentemente mencionadas. Se consideran radiocomunicaciones, todas las comunicaciones por radio, incluida la radiodifusión.

Sector: Todos los sectores

Obligaciones Afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

Trato de nación más favorecida (Artículo 4)

Requisitos de desempeño (Artículo 8)

Altos ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Regional

Medidas: Todas las medidas disconformes existentes de todos los estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, y Puerto Rico.

ANEXO II

Nota Explicativa

1. La Lista de una Parte contenida en el este Anexo incluye, de conformidad con el Artículo 14 (Medidas Disconformes), los sectores, subsectores o actividades específicas respecto de los cuales dicha Parte puede mantener las medidas existentes o adoptar medidas nuevas o más restrictivas, que no se ajustan a las obligaciones impuestas por:

(a) Artículo 3 (Trato Nacional);

(b) Artículo 4 (Trato de la Nación Más Favorecida);

(c) Artículo 8 (Requisitos de Desempeño); o

(d) Artículo 9 (Altos Ejecutivos y Directorios).

2. Cada ítem de la Lista incluye los siguientes elementos:

(a) Sector se refiere al sector para el cual se incluye el ítem;

(b) Obligaciones Afectadas especifica la o las obligaciones a que refiere el párrafo 1 que, de acuerdo al Artículo 14.2 (Medidas Disconformes) no se aplican a los sectores, subsectores o actividades anotadas en el ítem;

(c) Descripción establece el alcance de los sectores, subsectores o actividades cubiertas por el ítem; y

(d) Medidas Existentes identifica, a los efectos de transparencia, las medidas vigentes que se aplican a los sectores, subsectores o actividades cubiertas por el ítem.

3. De conformidad con el Artículo 14.2 (Medidas Disconformes), los artículos del presente Tratado especificados bajo el título de Obligaciones Afectadas de un ítem no se aplican a los sectores, subsectores o actividades identificadas bajo el subtítulo Descripción de dicho ítem.

ANEXO II

Lista de Uruguay

Sector: Servicios e infraestructura de carreteras, vías férreas, aeropuertos y puertos

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Requisitos de Desempeño (Artículo 8)

Altos Ejecutivos y Directorio (Artículo 9)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida respecto de la renovación o renegociación de los servicios de concesión existentes relacionados con los servicios e infraestructura de carreteras, vías férreas, aeropuertos y puertos.

Sector: Servicios de distribución de agua y gas

Obligaciones Afectadas: Requisitos de Desempeño (Artículo 8)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida respecto a las concesiones relacionadas con los servicios de distribución de agua y gas, así como la renovación o renegociación de las concesiones existentes de tales servicios.

Sector: Todos los sectores

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Requisitos de Desempeño (Artículo 8)

Altos Ejecutivos y Directorio (Artículo 9)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida relacionada con el otorgamiento de derechos o preferencias a minorías debido a razones sociales o económicas.

Sector: Todos los sectores

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Requisitos de Desempeño (Artículo 8)

Altos Ejecutivos y Directorio (Artículo 9)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que limite la transferencia o disposición de cualquiera de los derechos mantenidos sobre una empresa estatal existente, de manera que únicamente un nacional uruguayo pueda recibirlos. No obstante, la cláusula precedente se refiere únicamente a la transferencia o disposición inicial de tales derechos, y no a transferencias o disposiciones subsiguientes.

Uruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que limite el control o imponga requisitos sobre cualquier empresa nueva creada por la transferencia o disposición de cualquier derecho conforme a lo establecido en el párrafo precedente a través de medidas relacionadas con la integración del Directorio, pero no mediante limitaciones en la propiedad de los derechos transferidos. Uruguay también se reserva la facultad de adoptar o mantener cualquier medida que refiera a la nacionalidad de los altos ejecutivos y miembros del Directorio en dicha nueva empresa.

Los subsectores actuales en los que existe monopolio estatal son los siguientes:

Importación y refinación de petróleo - Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP)

Telecomunicaciones básicas - Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL)

Distribución de electricidad - Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE)

Distribución de agua - Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE)

Sector: Servicios postales

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que restrinja la recepción, procesamiento, transporte y entrega de facturas periódicas proporcionadas por empresas estatales, incluidas las siguientes:

Telecomunicaciones básicas (ANTEL)

Distribución de electricidad (UTE)

Distribución de agua (OSE)

Sector: Servicios sociales

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de la Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Requisitos de Desempeño (Artículo 8)

Altos Ejecutivos y Directorio (Artículo 9)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener medidas relacionadas con servicios encargados del cumplimiento de las leyes, y los servicios que se indican a continuación, en la medida en que los mismos sean servicios sociales creados o mantenidos con objetivo público, a saber: servicios de rehabilitación y readaptación social, pensiones o seguros de desempleo, bienestar social, educación pública, capacitación pública, salud, protección a la infancia, servicios de saneamiento público, y servicios de suministro de agua.

Sector: Festividades y eventos tradicionales

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida referida a la organización y desarrollo de eventos relacionados con las tradiciones nacionales populares, tales como desfiles y Carnaval.

Sector: Servicios de transporte ferroviario y servicios auxilares

Obligaciones Afectadas: Requisitos de Desempeño (Artículo 8)

Descripción: Uruguay reserva al Ministerio de Transporte y Obras Públicas el derecho de adoptar o mantener los requisitos de desempeño, en la medida en que éstos sean adecuados, transparentes y no discriminatorios, conforme a la legislación uruguaya.

Medidas Existentes: Sector Ferroviario - Marco Jurídico Regulatorio, Decreto Ministerial - Diario Oficial Nº 26.398, de 5 de diciembre de 2003.

Sector: Todos los sectores

Obligaciones Afectadas: Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho a adoptar o mantener cualquier medida que otorgue un trato diferencial a países al amparo de cualquier acuerdo internacional, bilateral o multilateral, vigente o firmado con anterioridad a la entrada en vigor del presente Tratado.

Uruguay se reserva el derecho a adoptar o mantener cualquier medida que otorgue un trato diferencial a países al amparo de cualquier acuerdo internacional, bilateral o multilateral, vigente o suscrito con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Tratado en materia de:

(a) aviación;

(b) pesca;

(c) asuntos marítimos, incluyendo salvamento; o

(d) telecomunicaciones.

Sector: Transporte terrestre

Obligaciones Afectadas: Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Descripción: Uruguay se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue un trato diferencial a los países miembros del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) al amparo de cualquier acuerdo bilateral o multilateral relacionado con el transporte terrestre que se suscriba con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Tratado conforme a sus compromisos en virtud del MERCOSUR.

ANEXO II

Lista de los Estados Unidos

Sector: Comunicaciones

Obligaciones Afectadas: Trato de Nación Más Favorecida (Articulo 4)

Descripción: Estados Unidos se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue un trato diferencial a personas de otros países debido a la aplicación de medidas de reciprocidad o a través de acuerdos internacionales que involucren compartir el espectro de radio, que garanticen el acceso al mercado, o el trato nacional con respecto a transmisiones satelitales unidireccionales sean de televisión directa al hogar (DTH), de radiodifusión directa (DBS) de servicios de televisión y servicios digitales de audio.

Sector: Comunicaciones - Televisión por cable

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Descripción: Estados Unidos se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue un trato equivalente a personas de cualquier país que limite los derechos de propiedad de personas de los Estados Unidos en una empresa vinculada a operaciones de televisión por cable en dicho país.

Sector: Servicios sociales

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Requisitos de Desempeño (Artículo 8)

Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Descripción: Estados Unidos se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida relacionada con el cumplimiento de las leyes y servicios correccionales así como de los siguientes servicios, siempre que se trate de servicios sociales creados o mantenidos por razones de interés público: pensiones o seguros de desempleo, seguridad social, bienestar social, educación pública, capacitación pública, salud y atención infantil.

Sector: Asuntos relacionados con las minorías

Obligaciones Afectadas: Trato nacional (Artículo 3)

Requisitos de desempeño (Artículo 8)

Altos ejecutivos y directorios (Artículo 9)

Descripción: Estados Unidos se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue derecho o preferencias a las minorías social o económicamente en desventaja, incluidas las sociedades organizadas al amparo de las leyes del Estado de Alaska de acuerdo con la "Alaska Native Claims Settlement Act".

Medidas Existentes: Alaska Native Claims Settlement Act, 43 U.S.C. §§ 1601 et seq.

Sector: Transporte

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Requisitos de Desempeño (Artículo 8)

Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Descripción: Estados Unidos se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida relacionada con el suministro de servicios de transporte marítimo y la operación de buques con bandera estadounidense incluidas las siguientes:

a) requisitos para inversión en, propiedad, control y operación de naves y otras estructuras marinas, incluidos equipos de perforación, en servicios marítimos de cabotaje, incluidos servicios de cabotaje llevados a cabo mar adentro, en la costa, en aguas territoriales de Estados Unidos, en aguas sobre la plataforma continental, y en vías marítimas internas;

b) requisitos para inversión en, propiedad o control y operación de embarcaciones de bandera estadounidense en comercio exterior;

c) requisitos para la inversión en, propiedad o control y operación de embarcaciones vinculadas a la pesca y actividades conexas en aguas territoriales de Estados Unidos y en la Zona Económica Exclusiva;

d) requisitos relacionados a la documentación de una nave de bandera estadounidense;

e) programas de promoción, incluidos beneficios fiscales, para armadores, operadores y naves que cumplen con determinados requisitos;

f) requisitos de certificación, licencias y ciudadanía para los miembros de la tripulación de naves de bandera estadounidense;

g) requisitos para dotar de tripulación a naves de bandera estadounidense;

h) todos los asuntos comprendidos por la jurisdicción del Comité Marítimo Federal;

i) negociación e implementación de convenios y demás acuerdos marítimos bilaterales e internacionales;

j) limitaciones a trabajos costeros realizados por miembros de la tripulación;

k) aranceles por tonelaje e impuestos menores por ingreso a aguas estadounidenses;

l) requisitos de certificación, licencias y ciudadanía para pilotos que realicen servicios de pilotaje en aguas territoriales estadounidenses.

Las siguientes actividades no están incluidas en esta excepción. No obstante, el trato previsto en el literal (b) está condicionado a la obtención a un acceso al mercado comparable en estos sectores desde Uruguay:

(a) construcción y reparación de buques; y

(b) aspectos terrestres de las actividades portuarias; incluida la operación y mantenimiento de muelles; carga y descarga de buques directamente a y desde tierra, manejo de carga marina; operación y mantenimiento de muelles; limpieza de buques; estiba; pasaje de carga entre buques y camiones, trenes, tuberías y atracaderos; operaciones en terminales portuarias; limpieza de barcos; operación en canales; desarmado de buques; operaciones con rieles marinos para muelles secos; inspectores marinos, excepto carga; destrucción de buques para desguase; sociedades clasificadoras de buques.

Medidas Existentes: Merchant Marine Act of 1920 §§ 19 and 27, 47 U.S.C. App. § 876 and §§ 883 et seq.

Jones Act Waiver Statute, 64 Stat 1120, 46 U.S.C. App., note preceding Section 1.

Shipping Act of 1916, 46 U.S.C. App. §§ 802 and 808

Merchant Marina Act of 1936, 46 U.S.C. App. §§ 1151 et seq., 1160-61, 1171 et seq., 1241 (b), 1241-1, 1244, and 1271 et seq.

Merchant Ship Sales of 1946, 50 U.S.C. App. § 1738

46 U.S.C. App. §§ 121, 292, and 316

46 U.S.C. §§ 12101 et seq. and 31301 et seq.

46 U.S.C. §§ 8904 and 31328 (2)

Passenger Vesset Act. 46 U.S.C.App. § 289

42 U.S.C. §§ 9601 et seq.; 33

U.S.C. §§ 2701 et seq. ; 33 U.S.C. §§ 1251 et seq.

46 U.S.C. §§ 3301 et seq., 3701 et seq. 8103, and 12107 (b)

Shipping Act of 1984, 46 U.S.C. App. §§ 1708 and 1712

The Foreign Shipping Practices Act of 1988, 46 U.S.C. App. § 1710a Merchant Marine Act. 1920, 46

U.S.C. App. §§ 861 et seq.

Shipping Act of 1984. 46 U.S.C. App. §§ 1701 et seq.

Alaska North Slope, 104 Pub. L. 58; 109 Stat. 557

Longshore restrictions and reciprocity. 8. US.C. §§ 1101 et seq.

Vessel escort provisions. Section 1119 of Pub. L. 106-554, as amended

Nicholson Act, 46 U.S.C. App. § 251

Commercial Fishing, Industry

Vessel Anti-Reflagging Act of 1987, 46 U.S.C. § 2101 and 46 U.S.C. § 12108

43 U.S.C. § 1841

22 U.S.C. § 1980

Intercoastal Shipping Act. 46 U.S.C. App. § 843

46 U.S.C. § 9302, 46 U.S.C. § 8502; Agreement

Governing the Operation of Pilotage on the Great Lakes,

Exchange of Notes at Ottawa, August 23, 1978, and

March 29, 1979, TIAS 9445

Magnuson Fishery Conservation and Management Act.

16 U.S.C. §§ 1801 et seq.

19 U.S.C. § 1466

North Pacific Anadramous Stocks Convention Act of

1972, P.L. 102-587; Oceans Act of 1992, Title VII

Tuna Convention Act, 16 U.S.C. §§ 951 et seq.

South Pacific Tuna Act of 1988, 16 U.S.C. §§ 973 et seq.

Northern Pacific Halibut Act of 1982, 16 U.S.C. §§ 773 et seq.

Atlantic Tunas Convention Act, 16 U.S.C. §§ 971 et seq.

Antartic Marine Living Resources Convention Act of

1984, 16 U.S.C. §§ 2431 et seq.

Pacific Salmon Treaty Act of 1985, 16 U.S.C. §§ 3631 et seq.

American Fisheries Act, 46

U.S.C. § 12102 (e) and 46 U.S.C. § 31322 (a)

Sector: Todos los sectores

Obligaciones Afectadas: Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Descripción: Estados Unidos se reserva el derecho de adoptar y mantener cualquier medida que otorgue un trato diferencial a países en virtud de cualquier acuerdo internacional bilateral o mul-tilateral vigente o suscrito previo a la fecha de entrada en vigor de este Tratado.

Estados Unidos se reserva el derecho de adoptar y mantener cualquier medida que otorgue un trato diferencial a países en virtud de cualquier acuerdo internacional bilateral o multila-teral vigente o suscrito con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Tratado en materia de:

(a) aviación;

(b) pesca;

(c) asuntos marítimos, incluyendo salvamento;

(d) telecomunicaciones.

 

ANEXO III

Nota Explicativa

1. (a) La Lista de una Parte correspondiente al presente Anexo incluye, conforme al Artículo 14 (Medidas Disconformes), la lista de las medidas existentes de una Parte que no están sujetas a alguna o todas las obligaciones impuestas por:

(i) Artículo 3 (Trato Nacional);

(ii) Artículo 4 (Trato de la Nación Más Favorecida);

(iii) Artículo 8 (Requisitos de Desempeño); o

(iv) Artículo 9 (Altos Ejecutivos y Directorios).

(b) La Lista de los Estados Unidos correspondiente al presente Anexo incluye las notas introductorias que limitan o aclaran las obligaciones de los Estados Unidos con respecto a las obligaciones descritas en las cláusulas (i) - (iv) del subpárrafo (a):

2. Cada ítem de la lista de las Medidas Disconformes descrito en el párrafo 1 (a) establece los siguientes elementos:

(a) Sector se refiere al sector para el cual se establece el ítem.

(b) Subsector se refiere al sector específico para el cual se establece el ítem;

(c) Obligaciones Afectadas especifica la o las obligaciones a que refiere el párrafo 1 que, conforme al Artículo 14.1 (a) (Medidas Disconformes) no se aplican a los aspectos disconformes de la ley, reglamentación u otra medida conforme a lo dispuesto por el párra-fo 3;

(d) Nivel de Gobierno indica el nivel de gobierno manteniendo la o las Medidas incluidas en las listas;

(e) Medidas identifica las leyes, reglamentaciones o demás medidas respecto de las cuales se incluye el ítem. Una medida citada dentro de las Medidas:

(i) significa la medida, modificada, continuada o renovada a la fecha de la entrada en vigor del presente Tratado; y

(ii) incluye cualquier medida subordinada adoptada o mantenida con la autorización de o compatible con la medida; y

(f) Descripción establece una descripción general no obligatoria de la medida para la cual se incluye el ítem.

3. De conformidad con los Artículos 14.1 (a) (Medidas Disconformes), y sujeto al Artículo 14.1 (c) (Medidas Disconformes), los artículos del presente Tratado que se especifican en las Obligaciones Afectadas de un ítem no se aplican a los aspectos disconformes de la ley, reglamentación u otra medida identificada bajo el elemento Medidas de dicho ítem.

ANEXO III

Lista de Uruguay

Sector: Servicios financieros

Subsector: Intermediación financiera (actividad bancaria)

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Altos Ejecutivos y Directorio (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Ley Nº 15.322, Ley de Intermediación Financiera (Artículo 8)

Descripción: Las sucursales o subsidiarias de instituciones financieras extranjeras no podrán en virtud de sus estatutos prohibir a los nacionales uruguayos participar en los Directorios, o en la administración, o en cualquier otro cargo de la institución.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Intermediación financiera (actividad bancaria)

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Ley Nº 17.613, Ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario (Artículo 48)

Descripción: El monto máximo de los depósitos bancarios cubiertos por seguros de depósito podrá variar dependiendo de si los depósitos están denominados en pesos uruguayos o en otra moneda.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Seguros

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Ley Nº 16.426, Ley de Desmonopolización de los Seguros (Artículo 1)

Descripción: El Banco de Seguros del Estado podrá derivar una ventaja de competencia respecto a la totalidad de sus operaciones por el hecho de ser la única entidad autorizada a proporcionar seguros por accidentes de trabajo.

Sector: Servicios financieros

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Ley Nº 15.322, Ley de Intermediación Financiera (Artículo 19)

Ley Nº 15.903, Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal (Artículo 453)

Descripción: Las empresas estatales y gubernamentales uruguayas podrán depositar fondos únicamente en el Banco de la República Oriental del Uruguay o en el Banco Hipotecario del Uruguay, a menos que el Poder Ejecutivo autorice una excepción en forma expresa.

ANEXO III

Lista de los Estados Unidos

Notas Introductorias

1. Los compromisos en estos Subsectores previstos en el Acuerdo son asumidos sujeto a las limitaciones y condiciones establecidas en las notas introductorias y en las Medidas disconformes que se incluyen a continuación.

2. Los compromisos de trato nacional de estos Subsectores están sujetos a las siguientes limitaciones:

(a) Trato nacional con respecto a la actividad bancaria se proporcionará según el "estado de origen" del banco extranjero en los Estados Unidos, conforme a la definición de dicha expresión dada por la Ley Bancaria Internacional (Internacional Banking Act), cuando la misma es aplicable. Un banco local subsidiario de una firma extranjera tendrá su propio "estado de origen", y el trato nacional será proporcionado según el "estado de origen" -de la subsidiaria, conforme lo determina la ley aplicable. 1

(b) El trato nacional respecto a instituciones financieras de seguros se otorgará conforme al domicilio del estado de la institución financiera de seguros extranjera no estadounidense, cuando sea aplicable, en los Estados Unidos. El domicilio del estado está definido por los estados individuales y en general es el estado en el cual un asegurador o bien está constituido, organizado o mantiene su sede principal en los Estados Unidos.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)

1 Las organizaciones bancarias extranjeras en general están sujetas a limitaciones geográficas y de otro tipo en los Estados Unidos tomando sobre la base de un trato nacional. Cuando dichas limitaciones son disconformes con el trato nacional, las mismas se incluyen como Medidas disconformes. A efectos ilustrativos, de acuerdo con este enfoque, la siguiente situación no otorga trato nacional y, en consecuencia, debería incluirse en lista de Medidas disconformes; a un banco extranjero se le otorga un trato menos favorable que el otorgado a un banco local de dicho estado con respecto a la expansión por sucursales.

 

Obligaciones Afectadas: Altos Ejecutivos y Directorios (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 12 U.S.C. § 72

Descripción: Todos los directores de un banco nacional deberán ser ciudadanos de los Estados Unidos, con la salvedad de que el Controlador de la Moneda podrá eximir de este requisito de ciudadanía a no más de una minoría del número total de directores.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 12 U.S.C. § 619

Descripción: La propiedad por parte de extranjeros de las corporaciones Edge (instituciones financieras autorizadas a realizar ciertas transacciones internacionales) está limitada a los bancos extranjeros y subsidiarias estadounidenses de bancos extranjeros, mientras que instituciones no bancarias locales podrán ser las propietarias de tales compañías.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 12 U.S.C. § 1463 et seq. & 12 U.S.C. § 1751 et seq.

Descripción: La legislación federal y estatal no permite que los servicios de bancos de crédito, bancos o asociaciones de ahorro (las dos últimas entidades pueden también ser llamadas instituciones de ahorro) sean suministrados en Estados Unidos a través de sucursales de corporaciones organizadas al amparo de la legislación de un país extranjero.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 12 U.S.C. § 3104 (d)

Descripción: Un banco extranjero deberá establecer una subsidiaria bancaria asegurada para aceptar o mantener cuentas de depósito nacionales individuales con saldos inferiores a $ 100,000 dólares. Este requisito no se aplica a un sucursal de un buen extranjero que recibiera depósitos asegurados al 19 de diciembre de 1991.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 15 U.S.C. §§ 80b-2, 80b-3

Descripción: Se exige a los bancos extranjeros que se registren como asesores de inversión de acuerdo a la Ley de Asesores de Inversiones de 1940 (Investment Advisers Act of 1940) a los efectos de proporcionar servicios de asesoría en materia de valores y de administración de inversiones en Estados Unidos, en tanto que los bancos nacionales* (o un departamento o división del banco identificable en forma separada) están exentos del requisito de registro, a menos que asesoren a campañas de inversión registradas. El requisito de registro implica mantener el registro, realizar inspecciones, presentar informes, y abonar una tarifa.

* Para mayor claridad, "bancos locales" incluye las subsidiarias estadounidenses de los bancos extranjeros.

 

Sector: Servicios financieros

Subsector: Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 12 U.S.C. §§ 221, 302, 321

Descripción: Los bancos extranjeros no pueden ser miembros del Sistema de la Reserva Federal (Federal Reserve System), y por lo tanto, no pueden votar por miembros del consejo de un Banco de la Reserva Federal. Las subsidiarias de bancos extranjeros no están sujetas a esta medida.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 12 U.S.C. § 3102 (a) (1); 12 U.S.C.

§ 3103 (a); 12 U.S.C. § 3102 (d)

Descripción: Los bancos extranjeros no podrán establecer sucursales o agencias federales en los Estados que se indican a continuación, los cuales podrán prohibir el establecimiento de tales sucursales o agencias por parte de bancos extranjeros.

- Las sucurales y agencias podrán ser prohibidas en Alabama, Kansas, Maryland, North Dakota y Wyoming.

- Las sucurales, pero no las agencias, podrán ser prohibidas en Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Texas y West Virginia.

Ciertas restricciones relativas a poderes fiduciarios se aplican a las agencias federales.

Nota: Las medidas federales citadas establecen que algunas restricciones estatales se aplicarán al establecimiento de sucursales o agencias federales.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)

Obligaciones Afectadas: Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 15 U.S.C. § 77jjj(a)(1)

Descripción: La facultad para actuar como fiduciario único de certificados de emisión de bonos en Estados Unidos está sujeta a una prueba de reciprocidad.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)

Obligaciones Afectadas: Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 22 U.S.C. §§ 5341-5342

Descripción: La designación de agente principal en garantía de deudas gubernamentales de los Estados Unidos está condicionada a la reciprocidad.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)

Obligaciones Afectadas: Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 15 U.S.C. § 78o(c)

Descripción: Un corredor-agente registrado conforme a la legislación de los Estados Unidos que tiene su sede principal de negocios en Canadá podrá mantener sus reservas requeridas en un banco en Canadá sujeto a la supervisión de Canadá.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 12 U.S.C. § 1421 et seq. (Federal Home Loan Banks); 12

U.S.C. § 1451 et seq. (Federal Home Loan Mortgage

Corporation); 12 U.S.C. § 1717 et seq. (Federal National

Mortgage Association); 12 U.S.C. § 2011 et seq. (Farm Credit Banks); 12 U.S.C. § 2279aa-1 et seq. (Federal Agricultural Mortgage Corporation); 20 U.S.C. § 1087-2 et seq. (Student Loan Marketing Association)

Descripción: Los Estados Unidos podrán otorgar ventajas, incluidos, entre otros, a una o más de las Empresas Patrocinadas por el Gobierno (Government-Sponsored Enterprises) (GSEs) que se indican a continuación:

- el capital, las reservas y rentas de las GSEs están exentos de ciertos impuestos.

- Los títulos emitidos por la GSE, están exentos del requisito de registro y declaraciones periódicas establecidos en las leyes federales de títulos valores.

- El Tesoro de los Estados Unidos podrá, a su discreción, comprar obligaciones emitidas por la GSE.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Seguros

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 31 U S C § 9304

Descripción: Las sucursales de las compañías de seguros extranjeras no están autorizadas a proporcionar surety bonds para contratos del Gobierno de los Estados Unidos.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Seguros

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: 46 C.F.R. § 249.9

Descripción: Cuando más del 50% del valor de un buque marítimo cuyo casco fuera construido al amparo de fondos hipotecarios con garantía federal es asegurado por un asegurador no estadounidense, el asegurado debe demostrar que el riesgo fue sustancialmente ofrecido en primer lugar al mercado estadounidense.

Sector: Servicios financieros

Subsector: Todos

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 3)

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 4)

Requisitos de Desempeño (Artículo 8)

Altos Ejecutivos y Directorio (Artículo 9)

Nivel de Gobierno: Regional

Medidas: Todas las medidas disconfor- mes existentes de todos los estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia y Puerto Rico.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

La Presidencia desea comunicar que en la reunión de coordinadores de Bancada realizada en la mañana de hoy, se resolvió, con cierto margen de flexibilidad, que haya una suerte de Miembro Informante por cada Partido. Hablamos de Miembro Informante por el tiempo que puede disponerse para hacer uso de la palabra, tal como establece el artículo 71 del Reglamento. Entonces, sin perjuicio de las interrupciones que puedan conceder, cada uno dispondrá de sesenta minutos para exponer. A su vez, el Reglamento también prevé la posibilidad de una intervención final de treinta minutos.

Tiene la palabra el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: el Partido Nacional ha solicitado esta sesión extraordinaria para abordar el tratamiento y discusión del Tratado de Promoción y Protección de Inversiones entre nuestro país y los Estados Unidos. Estamos convencidos de que es un tiempo de decisión. Este Tratado no se puede modificar y las únicas opciones son votarlo a favor o en contra. El Partido Nacional ya ha expresado su opinión favorable al Tratado. Por lo tanto, la posición de nuestra colectividad política es de apoyo a la firma de este Tratado de Promoción y Protección de Inversiones.

Para el abordaje del tema creemos que primero hay que definir si en el Uruguay se necesitan inversiones. En segundo término, debemos considerar si esas inversiones que se necesitan pueden provenir del extranjero. En tercer lugar, cabe preguntarse si Estados Unidos es un buen socio o candidato para nuestro país como promotor de inversiones externas. Por último, habremos de analizar si el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones es un instrumento idóneo para captar las inversiones que el Uruguay necesita.

A nuestro juicio, el país necesita desesperadamente captar inversiones privadas, atento a las limitaciones que todos conocemos. Vamos a citar un párrafo contenido en el informe de coyuntura publicado por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, de abril de 2005, que seguramente todos los Senadores conocerán. Trata de la situación económica del país de 2004 y en un pasaje expresa: "A diferencia de lo que ocurrió en 2002 y 2003, cuando había una importante capacidad ociosa, en 2004 en muchos sectores productivos se habría utilizado plenamente la capacidad física instalada. Debe señalarse que aún no se alcanzó el máximo nivel de actividad del ciclo expansivo anterior. De modo que para lograr nuevamente aquel nivel de actividad" -se refiere al de 1998- "y dar continuidad al crecimiento, será imperioso continuar con el proceso inversor para incrementar la capacidad instalada y aumentar así el producto potencial de la economía". Entonces, va de suyo que el Uruguay necesita continuar con el proceso inversor. Esto lo hemos dicho antes, en la campaña electoral. Incluso, posteriormente lo han señalado los principales y más calificados voceros del Gobierno. El Uruguay necesitaría, al menos, llegar a una relación inversión - Producto Bruto Interno del 25%, a los efectos de que el proceso de reactivación dé lugar a un crecimiento sustentable y sostenido al cabo del tiempo. Sin crecimiento será muy difícil, como todos sabemos, que podamos tener nuevos y mejores puestos de trabajo.

Ahora bien; la necesidad de inversiones del país ha sido reconocida por el propio Gobierno. El señor Ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, ante la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, en Okinawa, expresó lo siguiente: "Hay una sola manera de articular la atención de estos problemas" -se refiere al empleo y a la pobreza- "con la continuación de un camino de cumplimiento estricto de las obligaciones contraídas, fortalecer la inversión productiva y el crecimiento, lo que exige estabilidad y, por lo tanto, una prudente conducta fiscal". Es claro que el señor Ministro de Economía y Finanzas asocia la inversión al crecimiento. Prueba de ello es que ayer mismo, en el acuerdo de Ministros celebrado en la ciudad de Pando, expresó que este Gobierno no iba a poner impuestos, que no iba a hacer un ajuste fiscal. Entonces, se juega al crecimiento. En definitiva, nos parece un camino que va a contar con el respaldo suficiente para vencer los niveles de pobreza y exclusión social. El propio Presidente de la República, el 1º de mayo dijo que creía en la competitividad económica basada en la formación y en la inversión productiva, y no en la precariedad del empleo que permita el desarrollo de ventajas competitivas y el reforzamiento de la cohesión social y la reducción de desigualdades.

Creo que es indiscutible que el país necesita inversiones privadas. En tal sentido, veamos si el país necesita inversiones extranjeras o, si se quiere, planteemos la pregunta de otra manera. Con el ahorro que el país genera, ¿puede alcanzar los niveles de inversión necesarios para satisfacer una senda de crecimiento sustentable? Analicemos por un instante las cifras que implican los flujos internacionales de inversión externa directa, a los efectos de tomar conciencia del posicionamiento. Esto lo señalé días pasados en la Comisión de Asuntos Internacionales. En 2004 ingresaron a América Latina y el Caribe, por concepto de inversión extranjera directa, U$S 56.377:000.000; a América del Sur, U$S 34.100:000.000 y al MERCOSUR, según datos extraídos de la CEPAL, U$S 20.275:000.000. Según este mismo informe, Brasil ha sido el principal receptor de esta inversión de 2004, con más de U$S 18.000:000.000, seguido por México con U$S 16.600:000.000 y Chile U$S 7.600:000.000. El Uruguay, solamente captó U$S 230:000.000. Puede concluirse rápidamente que las posibilidades que presentan a nuestro país para el financiamiento de la inversión necesaria a fin de lograr un crecimiento sustentable son, lógicamente, más importantes en el exterior, sin despreciar en lo más mínimo la inversión nacional, porque sabemos que sin ella hubiera sido imposible salir de la crisis del 2002. Aquí me quiero remitir a algunos datos del propio Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, que señalan que tanto en el 2003 como en el 2004 el ahorro nacional financió más del 80% de la inversión bruta interna. Claro está que esta inversión representó un 12% y un 13% del Producto Bruto Interno respectivamente, y como todos los especialistas saben, es necesario alcanzar rangos que oscilen entre el 25% y el 30%, para llevar adelante ese ritmo de crecimiento sostenido.

En cuanto a la importancia que la inversión extranjera tiene en nuestras economías, vamos a citar un artículo de la CEPAL, que dice que la entrada de inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe registró un incremento en el 2004, por primera vez desde 1999; concretamente, se pasó de U$S 39.100:000.000 a U$S 56.400:000.000, que representaron un incremento del 44%. Dice la CEPAL que esta evolución es muy positiva para la región, dado que puede ser el comienzo de un nuevo período de auge sostenido de las inversiones.

Por lo tanto, creemos que no podemos perder el tiempo. Lo decimos como un aporte; no podemos perder el tiempo en este mundo tremendamente competitivo, en el que hay una competencia feroz para atraer inversiones que representen más puestos de trabajo y mejorar las condiciones de vida para la gente. Entonces, no tenemos derecho a no buscar la mayor celeridad que derive, precisamente, en mejores condiciones para nuestro país. Incluso, podemos hacer un paréntesis en este tema y referirnos al Plan de Emergencia. Los uruguayos no quieren vivir -todos lo sabemos- de una dádiva oficial, estatal; los uruguayos quieren trabajo. Todos sabemos que este Plan de Emergencia es paliativo pero insuficiente y transitorio. Entonces, lo que se puede presentar al principio como una solución, puede terminar siendo un problema, porque dentro de dos años cuando el Plan de Emergencia se tenga que interrumpir, tendremos que tener un país diferente, que pueda generar más puestos de trabajo y atender la demanda que seguramente se va a dar.

En esta parte de la exposición voy a analizar si Estados Unidos es un buen candidato de quien recibir inversión extranjera directa. Parece extraño plantear esta discusión, pero creemos que hay que abordarla fuera de los aspectos filosóficos, políticos o de las coincidencias o discrepancias que se puedan tener con la principal potencia del mundo. Por eso queremos analizar algunas cifras a fin de determinar si la inversión extranjera directa de los Estados Unidos es procedente y es buena para el país, aunque advertimos que no creemos que este Tratado termine siendo definitorio para la vida de los Estados Unidos. Precisamente, al país que le sirve es al nuestro, porque no le vamos a cambiar la vida a los Estados Unidos si no firmamos este Tratado de Promoción y Protección de Inversiones. Estados Unidos es uno de los principales inversores en el Uruguay; según el Departamento de Comercio de aquel país, el stock de inversión directa norteamericana en el Uruguay superaba los U$S 600:000.000 en el 2003, en los rubros de forestación, hotelería y agroindustria. En el informe del año 2004 sobre inversión extranjera directa, elaborado por la CEPAL, se hace un estudio interesante sobre un grupo de países, en el que se muestra cuáles son los principales Estados inversionistas en la región entre 1996 y 2003. Lo primero que resalta allí es que Estados Unidos es el principal inversionista en América Latina y el Caribe; salvo en Argentina y en Perú, los norteamericanos son los principales inversores a través de sus empresas. A nivel del MERCOSUR, la inversión extranjera directa proveniente de Estados Unidos, entre 1996 y 2003, ha sido la siguiente: Brasil recibió en ese período U$S 37.600:000.000, Argentina U$S 11.200:000.000 y Paraguay U$S 410:000.000. El 22% de la inversión recibida por la República Bolivariana de Venezuela en el referido período, provino de los Estados Unidos y superó los U$S 6.150:000.000, siendo ese país, como decíamos antes, el principal inversor en aquel país. Las empresas de Estados Unidos que invierten en las economías del MERCOSUR llegan a un promedio de U$S 6.000:000.000 al año. ¿Nos podemos dar el lujo de no aprobar un instrumento que puede, precisamente, captar esos niveles de inversión que el país necesita? A nuestro juicio, no podemos hacer esto, porque estaríamos cometiendo un error. Sobre este tema, aclaro que nos vamos a referir más adelante.

Si revisamos los antecedentes de este tipo de instrumentos, o sea, cómo y por qué surgen, nos damos cuenta rápidamente que las diferentes cláusulas contenidas en los más de 2.200 Tratados de estas características entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo, se han venido firmando.

En un estudio reciente de la Universidad de Harvard publicado en los primeros meses de 2005, se expresa que hay una fuerte evidencia que demuestra que estos acuerdos protegen y promueven la inversión extranjera directa y que tienen efectos particularmente fuertes en promover esta inversión en países en desarrollo. Más allá de este estudio, se desprende que la legislación internacional sobre inversiones ha sufrido una transformación significativa en un período de tiempo relativamente corto. Más aún, en la visión de algunos países desarrollados, los Tratados bilaterales de protección de inversiones tendrán el efecto de liberalizar las economías de los países en desarrollo, facilitando la entrada de socios inversores y creando condiciones favorables para sus operaciones. Seguramente, alguien podrá decir que el señor Senador Larrañaga está citando un documento de la Universidad de Harvard, siendo ésta, a la vista de muchos, aparte de un polo de generación de conocimiento, un bastión del pensamiento del Norte.

Quizás podrá expresarse eso, pero vayamos a lo que dice la CEPAL, cuya línea de pensamiento ha sido seguida por muchos calificados y notorios economistas del Gobierno; incluso en el Senado hay un especialista por demás reconocido, como es el Economista Couriel. La CEPAL dice que en el 2004 uno de los determinantes de la inversión extranjera directa son los acuerdos internacionales de comercio y los de protección y promoción de inversiones. El documento agrega que los gobiernos de la región tendrán que seguir perfeccionando el clima de inversión y la coordinación de los tres elementos clave de la política de inversiones: la negociación de acuerdos internacionales en materia de inversiones, la atracción de inversiones del tipo requerido y la evaluación de los resultados de las políticas de inversiones en términos de prioridades nacionales.

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LARRAÑAGA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- En la misma línea que viene desarrollando el señor Senador Larrañaga, quiero aportar comentarios acerca de la dinámica que se va creando en el ámbito de la celebración de Tratados de Derecho Internacional.

Creo que es importante que nos ubiquemos, como dice el señor Senador Larrañaga, en el escenario internacional. A partir de 1994, la proliferación de Tratados bilaterales de inversiones, de doble tributación y de comercio, se han incorporado a la nueva agenda internacional, donde se supone que todos los países negocian temas adicionales a los que tradicionalmente se trataban. Antes podía existir en forma lateral un Tratado de inversiones, como el que celebramos nosotros con Alemania, con el Reino Unido o con España, o uno de doble tributación en forma aislada. Esto daba a los Estados posibilidades de manejarse en estas áreas sin necesidad de vincularlas con otros sectores. Sin embargo, las nuevas negociaciones y el nuevo marco multilateral establece que los nuevos temas de inversiones, propiedad intelectual, servicios, tratos nacionales y, obviamente, los que eran objeto de reclamo por parte de los países desarrollados, como los sectores agrícola o textil, estén todos incorporados a los esquemas de negociación. Por eso los Tratados comienzan a tener nuevas dimensiones y nuevos contenidos. Entonces, cuando hablamos de un Tratado de inversión, como este con Estados Unidos, o uno de comercio, como el que celebramos con la República de los Estados Mexicanos, se incorporan cláusulas de inversión porque cada Estado -algunos porque quieren hacer los deberes a los países desarrollados- quiere agregar cláusulas, lo que se denomina el OMC Plus. Dos de ellas son la cláusula social y la ambiental, que plantean mucho los países desarrollados y que han sido tema de la gran discusión, como la que se produjo en Estados Unidos a raíz de la última aprobación de la zona de libre comercio con Centroamérica. En ese caso, los proteccionistas de los Estados Unidos impugnaban aquellas cláusulas laborales que podían hacer que se trasladaran fuentes laborales hacia los Estados centroamericanos, perdiendo trabajo y empleo.

Este es un tema que debe tomarse todo en consideración. Como dice el señor Senador Larrañaga, estos temas vienen coincidiendo y cruzándose de forma tal que cuando hablamos del Tratado de inversiones también estamos hablando de otras cláusulas vinculadas y que los países tienen que mirar como parte de su estrategia y no como algo aislado. Eso no sólo está condicionado por los temas sino también por los acuerdos internacionales. Cada uno de ellos tiene su esquema; la unión aduanera realiza políticas comunes y las que no lo son, como es el caso de la zona de libre comercio -nosotros todavía estamos en una indefinición-, verán qué conducta asumen o qué hacen respecto de estos tratados. Pero en los Tratados de inversiones, tal como están hoy, las cláusulas que se incorporan, como la de trato nacional, ya vienen definidas en los marcos de negociación internacional y los países deben administrarlas como pueden; no están en condiciones de poner lo que les parezca adecuado. Entonces, la interpretación de un interés nacional es, precisamente, qué cláusula se utiliza o qué margen le queda a un país para poder negociar con todos los esquemas y toda la agenda de los acuerdos internacionales que definen a dónde va cada país y cada bloque con su estrategia de desarrollo y qué espacio le queda aún a cada uno para negociar. Esto no significa que estemos totalmente condicionados sino que, simplemente, como dice el señor Senador Larrañaga, la modernidad y el avance de los instrumentos a que los países se ajustan van determinando hasta qué punto podemos actuar y en función de qué escenario podemos hacerlo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- En función de lo que ha expresado el señor Senador preopinante, la conclusión es clara: los Tratados son un fuerte determinante de la inversión extranjera directa.

Ahora bien, la calidad de dichas inversiones no depende sólo de ellos sino también de tener una política industrial y comercial adecuadas. ¿El Uruguay la tiene? ¿Este Gobierno la ha definido? ¿Cuáles son los sectores de la economía que va a promover? Son interrogantes que, seguramente, el Gobierno irá develando en los próximos tiempos. El Ministro de Economía y Finanzas y el Presidente de la República han hecho referencia a los sectores que generan mano de obra. Nos parece que es un rumbo, pero también habrá que darle apoyo a este tipo de Tratados para captar inversión. Además, la evidencia empírica demuestra que la firma del acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos aumentó la inversión estadounidense en dicho país de un promedio anual de U$S 24:000.000 entre los años 1994 y 1997 a U$S 151:000.000 entre 1998 y 2003. A su vez, en el 2004 Ecuador captó inversión de los Estados Unidos por U$S 400:000.000.

Entonces, señor Presidente, creemos que este tipo de instrumentos son fundamentales para el país.

Veamos muy brevemente la legislación internacional. Para atraer inversión extranjera muchos Estados se han visto en la necesidad de contrarrestar su falta de estabilidad política con instrumentos jurídicos de carácter internacional además de, por supuesto, ofrecer ventajas de carácter fiscal, financiero, entre otras. No es la situación de Uruguay. Se ha hablado de los contratos de Estado, práctica consistente en la celebración entre el Estado huésped y el Estado inversor de un contrato internacionalizado que designa como Derecho aplicable el ordenamiento de un tercer Estado o el propio Derecho Internacional, sometiendo las controversias que pudieran surgir al arbitraje internacional. Este tipo de contratos de Estado han sido superados en la práctica, a partir de 1980, por los tratados bilaterales y multilaterales. Incluso, podemos citar nuevamente las cifras de más de 2.200 acuerdos bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones entre Estados industrializados y países en desarrollo, en su mayoría a partir de 1987. Las similitudes de este tipo de tratado, tanto en su estructura como en su contenido, son cada vez mayores. La protección que cada parte asegura a las inversiones realizadas en su territorio por inversores de la otra parte, cubre, entre otros aspectos, el derecho a un tratamiento justo y equitativo, el derecho a recibir el mismo tratamiento que los inversores nacionales, el derecho a recibir una indemnización en caso de medidas de expropiación, incluidas las indirectas, el derecho a la libre transferencia de rentas y el derecho a recibir un tratamiento dispensado en las inversiones procedentes del país que goce de un tratamiento más favorable, es decir, la cláusula de la nación más favorecida. El arbitraje internacional que tanto se cuestiona, es la clave de la eficacia jurídica de estos Tratados. Justamente, las Secciones B y C del texto del Tratado con Estados Unidos se refieren a los mecanismos de solución de controversias. Este artículo ha sido de los más criticados por parte de quienes dudan de la aprobación de este Tratado. Pero no nos sorprendamos, señor Presidente. Tengo una lista según la cual el Uruguay ya ha firmado 25 Tratados de este tipo y en todos ellos se prevé que las partes puedan recurrir en caso de controversia a Tribunales Internacionales de Arbitraje. Voy a citar los países: Alemania, Países Bajos, Suiza, Hungría, Italia, Rumania, Polonia, Reino Unido, Bélgica, España, Francia, China, Malasia, Chile, República Checa, Venezuela, Suecia, Portugal, Canadá, Panamá, México, El Salvador, Australia, Finlandia, Israel, desde 1987, incluso en períodos de Gobierno en que el Ministro de Relaciones Exteriores era el recientemente designado Embajador en Francia, doctor Héctor Gros Espiell. Y es que no existe otra posibilidad. El Estado que firma un Tratado de este tipo quiere poner a resguardo las inversiones de sus nacionales que realicen en el país huésped, y no lo pueden dejar al arbitrio de la legislación nacional. Esto es clarísimo y está en la tapa del libro de las regulaciones en el campo internacional. Lo anterior, a nuestro juicio, tampoco erosiona en lo más mínimo la soberanía nacional, del mismo modo que no lo hace el contenido del artículo 17, que es otro de los cuestionamientos. Con este último, simplemente se pretende evitar la triangulación y que inversores de terceros Estados se amparen en este Tratado, en tanto y en cuanto esos Estados no mantengan relaciones diplomáticas con los Estados Unidos o bien los inversores no tengan un fluido comercio con aquel país. De todas maneras, señor Presidente, por supuesto que Uruguay puede recibir inversiones de cualquier Estado, mantenga o no relaciones diplomáticas o comerciales con Estados Unidos. Es más, bien puede, vía Tratados de este tipo u otro mecanismo jurídico, otorgar a esas inversiones exactamente los mismos beneficios. No hay, en ese sentido, ningún impedimento.

Ahora bien, señor Presidente, ¿qué señal estamos dando al mundo y a la inversión? ¿Qué señal estamos dando con la postergación de la aprobación de este Tratado? Creo que si lo aprobáramos lo más rápidamente posible, sería una estupenda señal para los mercados internacionales, para los inversores de Estados Unidos, pero también para los de otros países, que van a apreciar el efecto reflejo de que el Uruguay tenga un Tratado bilateral de estas características con la principal potencia del mundo. Pero, además, en lo nacional reforzaría el acuerdo que el Ministro de Economía y Finanzas y el país han alcanzado con el propio Fondo Monetario Internacional. A una política macroeconómica lógica y buena a los ojos de los organismos internacionales de crédito, estaríamos agregando un marco jurídico seguro para la inversión. Ahora, si demoramos la postergación de este Tratado, la señal no puede ser peor, no puede ser más mala, no puede ser más dañina a los intereses nacionales.

En consecuencia, nosotros creemos -y lo decimos con el mejor ánimo de construir y no de destruir- que el país no puede seguir demorando el tratamiento y la aprobación de este instrumento para captar inversión. La población eligió un Gobierno el pasado 31 de octubre y, además, le dio las mayorías necesarias, tal como diariamente se nos expresa. Pero también eligió un Gobierno para que gobierne y resuelva con relación a estos grandes temas del país. La gente no eligió un Gobierno para que este consulte a otros países acerca de temas que nos incumben exclusivamente a los uruguayos. Y además, ¿a quién le vamos a preguntar? ¿Le vamos a preguntar a la Argentina, que tiene un Tratado similar desde 1992 al que está en discusión en este Senado, que entró en vigencia en 1994, que se prorrogó y que es derecho vigente para la Presidencia que actualmente ejerce el Presidente de los argentinos? ¿Le vamos a consultar a Brasil, que en el período que señalé es receptor de más de U$S 37.600:000.000 de inversión extranjera directa de los Estados Unidos y que nunca nos consultó nada en éste y en la inmensa mayoría de los temas? ¿Vamos a consultar al Gobernador de Río Grande, con quien Uruguay compite para captar inversión extranjera? ¿O al de Entre Ríos, que pretende frenar los proyectos que viabiliza gran parte de nuestro litoral, que el propio Gobierno apoya y bienvenido es que lo haya hecho?

Entonces, señor Presidente, creemos que el Gobierno debe resolver el tema de si quiere recibir o no inversiones de los Estados Unidos. Por otra parte, recordemos que más del 20% de nuestras exportaciones tiene por destino a Norteamérica y que ellas fueron las que permitieron reactivar nuestro país, circunstancia valorada una y otra vez por el Ministro de Economía y Finanzas. En este punto, quisiera expresar que los discursos históricos tradicionales del Frente Amplio se cruzan con los de algunos sectores moderados de la actual composición de la coalición oficialista, y es necesario que esto se resuelva.

A continuación, voy a citar una breve cronología de algunos aspectos que me importa señalar en cuanto a dichos y hechos de parte del Gobierno con respecto a este tema.

El 18 de marzo, en la Comisión de Hacienda del Senado, el señor Ministro Astori destacó la importancia del Tratado. Dijo: ..."es positivo para el país y sería bueno ratificarlo, pero no me quiero entrometer en los asuntos internos del Parlamento, que es el que debe definir esa cuestión".

El 23 de mayo, el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Gargano, manifestó una posición crítica con respecto al Tratado, sugiriendo que se le podían hacer modificaciones y que, incluso, el anterior Gobierno lo había aprobado en el entendido de que era la forma de generarle dificultades al Gobierno que venía.

El 26 de mayo, a la salida del Hotel Paladium, el señor Ministro Astori dijo que el señor Presidente Vázquez y él eran partidarios de ratificar el Tratado. Ese mismo día, el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, señor Mujica, expuso una visión crítica sobre el Tratado al señalar que si no tenía más remedio que comerse el pan podrido, se lo comería, pero que no esperaran que dijera que ese pan era rico; mencionó que era un pan podrido y que se lo comería porque no tenía más remedio. Lo cierto es que abrió una buena puerta y creo que ayudó al tema; francamente, creo que hizo un aporte generoso.

El 3 de junio, mientras el PIT - CNT insistía en que el Gobierno, estando en la oposición, había cuestionado el Tratado, el contador Astori volvió a reiterar que ni él ni Vázquez habían criticado el acuerdo antes de la asunción.

Por último, en esta apretada cronología voy a citar la carta que entregara el señor Presidente de la República a una delegación del Partido Nacional cuando fuera entrevistado por este tema. En alguno de sus textos dice: "La Presidencia de la República respeta la soberanía del Poder Legislativo y no interfiere en el trámite de los asuntos a estudio en el Parlamento". Y agrega: "Consecuentemente, el Presidente de la República no hará consideraciones sobre el contenido del Tratado de Inversiones hasta que el trámite parlamentario del mismo haya finalizado. Sin perjuicio de lo expresado en los puntos precedentes, corresponde también hacer constar que el Tratado fue suscrito por el Poder Ejecutivo en forma inconsulta" -se refiere al anterior- "respecto a la fuerza política hoy responsable del Gobierno Nacional y remitido al Poder Legislativo también sin consultar al Gobierno Electo que asumiría el 1 de marzo pasado. No obstante ello, y en sintonía con los acuerdos suscritos el 16 de febrero pasado, el Gobierno Nacional está firmemente decidido a reparar esta situación y dialogar con el conjunto de las fuerzas políticas del país sobre un tema que, indudablemente, involucra al conjunto de la sociedad uruguaya. El derecho soberano de la República Oriental del Uruguay a suscribir Tratados con quien estime conveniente es indiscutible."

Apoyamos totalmente las expresiones del señor Presidente de la República en esta carta, que es de público conocimiento y que, además, está en línea con los acuerdos programáticos que firmamos todos los partidos políticos el 16 de febrero pasado.

En la Comisión de Asuntos Internacionales también se expresó que la aprobación de este Tratado formaba parte de la política exterior del país. La consulta que ahora se quiere hacer para buscar una posición común con los países del MERCOSUR no fue trasmitido a las fuerzas políticas de la oposición y está fuera de los acuerdos programáticos del 16 de febrero.

Recordemos que el propio señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Astori, también el 24 de junio, durante la conferencia de prensa que brindó junto a Anoop Singh -Director del Departamento de Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional-, expresaba: "Ustedes conocen la posición del Ministerio. Entendemos que es muy importante la ratificación de este Tratado. Seguiremos trabajando con mucha confianza y dándonos el tiempo necesario para que en definitiva el Tratado sea ratificado que es lo que, a nuestro juicio, necesita el país".

Pero pese a este antecedente en el que el señor Presidente expresaba que el Tratado estaría en el Parlamento y que él iba a respaldar totalmente lo que éste resolviera, en los últimos días calificados voceros de la Bancada de la coalición oficialista expresaron en la Comisión de Asuntos Internacionales que habían resuelto aplazar el tratamiento de este tema en la búsqueda de una posición común con los países miembros del MERCOSUR.

Entonces, ¿qué hacemos? El señor Presidente remite al Parlamento este Tratado para que se pronuncie, pero ahora se quiere consultar a los países miembros del MERCOSUR. Nos preguntamos, pues, quién decide en el Uruguay. Ante esta resolución de la Bancada oficialista de aplazar el tratamiento del tema en el Senado y de buscar en el MERCOSUR una posición común, nos preguntamos: en el camino de lograr esa posición común, ¿con qué postura va a concurrir el Gobierno nacional? ¿Con la de aquellos que están a favor del Tratado o con la de quienes están en contra? Nos parece fundamental conocer la postura que va a llevar el Gobierno para encontrar esa posición común. Queremos saber si se va a llevar la posición del señor Presidente de la República, la del señor Vicepresidente de la República, la del señor Ministro de Economía y Finanzas o la de los sectores que discrepan con el Tratado.

Cabe hacerse otra pregunta. Si alguno o los restantes países del MERCOSUR expresan que no verían con buenos ojos un Tratado de estas características, cuando el Gobierno regrese de ese camino y no haya encontrado la posición común, ¿qué posición va a tomar? ¿Adoptará la de los países del MERCOSUR que están en contra del Tratado, o simplemente va a estar en contra de la posición de los países que integran este Mercado? Creemos que está abriendo un flanco externo que se agrega al interno y, a nuestro juicio, eso debería resolverse en este tiempo.

En esta sesión del Senado el Partido Nacional quiere trasmitir su apoyo al señor Presidente de la República en la firma del Tratado. Al mismo tiempo, le pide que laude a nivel del Gobierno las diferencias sobre este tema. Si el Presidente de los uruguayos, el Vicepresidente de los uruguayos, el señor Ministro de Economía y Finanzas, y también los partidos de la oposición están de acuerdo con la firma del Tratado, ¿por qué no respaldamos todos al país en esta etapa y nos dejamos de postergaciones que van a terminar perjudicando al Uruguay de manera muy importante? Creemos que es el tiempo del señor Presidente; es su derecho, pero también su obligación decidir en un tema medular para la vida de los uruguayos.

Quiero finalizar mi exposición con dos ejemplos.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LARRAÑAGA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: en la misma línea de razonamiento que el señor Senador Larrañaga, quiero decir que la nota que entregara el señor Presidente de la República a la delegación del Partido Nacional en ocasión de la reunión que mantuvimos en el Edificio Libertad, en su primer punto señala que, como es de público conocimiento, dicho Tratado, suscrito el 25 de octubre, fue remitido al Poder Legislativo para su consideración el 22 de febrero de 2005, es decir, una semana antes de la asunción del actual Gobierno. Prácticamente señala que, al hacerse en forma inconsulta, al Poder Ejecutivo no le cabe ninguna responsabilidad en esta iniciativa.

Es bueno señalar que la propia Constitución de la República establece que cuando un proyecto de ley es aprobado por alguna de las Cámaras en el transcurso de una Legislatura que termina, al ingresar en la siguiente no tiene ningún valor jurídico la aprobación anterior y es necesario empezar el proceso nuevamente.

Con esto quiero decir que no es excusa para el Poder Ejecutivo decir que el Tratado fue remitido por el Gobierno anterior porque, en todo caso, el señor Presidente del Senado y de la Asamblea General podría haber interpretado que no estaba a consideración del Cuerpo y que merecía una nueva iniciativa, o aun entendiendo que sí seguía a consideración del Poder Legislativo, la nueva Administración estaba en condiciones de retirar la iniciativa para estudiarla y luego realizar lo que entendiera pertinente.

Pero me preocupa más aún el segundo párrafo de la decisión del Poder Ejecutivo que se nos trasmite. Allí se dice: "La Presidencia de la República respeta la soberanía del Poder Legislativo y no interfiere en el trámite de los asuntos a estudio del Parlamento". El Poder Legislativo no es soberano; la soberanía reside en la Nación, en el pueblo uruguayo. En todo caso, el Poder Legislativo es independiente, aunque en un grado diferente al del Poder Judicial, que para preservarlo es necesario evitar pronunciamientos de los otros Poderes del Estado que de alguna manera incidan o interfieran en su acción. Pero en el caso del Poder Legislativo, esa independencia reposa en la autoridad para tomar las decisiones que le competen de acuerdo con la Constitución de la República, lo cual no significa que el Poder Ejecutivo no pueda opinar sobre lo que tiene a estudio el otro Poder. Al Poder Legislativo le interesa conocer la opinión del Poder Ejecutivo. Y al Partido Nacional, que integra este Poder Legislativo, le interesa sobremanera conocer la opinión del Poder Ejecutivo y, también, conocer la opinión del Presidente de la República acerca de este tema y de tantos otros de importancia para la vida nacional. Creo que tiene una enorme trascendencia esta parte de la exposición del señor Senador Larrañaga, por cuanto en este Tratado en particular -que sin duda tiene un interés económico singular para el Uruguay- va a ser muy importante en el futuro, en caso de aprobarse, conocer la voluntad, inclusive previamente, del Poder Ejecutivo, para su eficacia, para el valor de su aplicación. Porque aun cuando, como se dice aquí, el Poder Legislativo se pronunciara positivamente por sí y ante sí, prescindiendo de la opinión de aquél -aunque fuera negativa o neutra- y se transformara en ley, flaco favor le haríamos al Tratado en su aplicación futura si cumplimientos formales nos hubieran llevado a su aprobación; pero resulta que por respetar la soberanía e independencia del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo prefirió no pronunciarse cuando no estaba de acuerdo con él. Este planteamiento en particular que está realizando el señor Senador Larrañaga, creo que reviste una importancia fundamental; diría que hasta sería muy importante que previamente a la definición que este Senado de la República vaya a tomar -¡ojalá pueda hacerlo en el día de hoy!-, llegara una opinión en términos favorables del Poder Ejecutivo, diciendo: "Al Poder Ejecutivo le interesa que un Tratado de estas características sea aprobado por el Parlamento Nacional y, si es por unanimidad, mejor", porque es la manera de hacerlo más práctico, de darle mayor eficacia y eficiencia y, también, de darle mayor potencialidad en su aplicación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: simplemente, quiero comentar ahora un par de situaciones que me parece aportan al análisis de este tema. La primera: ¿qué hubiera ocurrido si se consultaba a los países vecinos sobre el Tratado con Finlandia? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos ido al MERCOSUR a decir: "Países del MERCOSUR: busquemos una posición común sobre el Tratado con Finlandia", cuando todo el mundo -también los argentinos- sabía que debajo estaba la inversión de Botnia? ¿Hubiéramos tenido Tratado? ¿Hubiéramos tenido posición común? ¿Hubiéramos estado hoy anunciando, con el apoyo del Presidente -que me parece trascendente-, el comienzo de esa inversión removedora en el litoral del Uruguay siendo que, incluso, ese Tratado no fue acompañado por el voto de ningún Senador ni de ningún Diputado del Frente Amplio?

Creemos, señor Presidente, que este es un punto que agrega a la discusión. Pero también tenemos que decir una segunda cosa: este Tratado plantea polémicas, porque el cocontratante son los Estados Unidos. Si se tratara de otro país, seguramente no ameritaría este tipo de discusiones. Pero, además, ¿se ha insinuado ir a la búsqueda de una posición común por parte del Gobierno, por ejemplo, para la firma de los convenios y de los tratados que se vienen celebrando con la República de Venezuela? No; se están exhibiendo los resultado de esos acuerdos, muchos de los cuales, como vamos a ver en los próximos días, van a tener que pasar por este Parlamento. Se anuncian inversiones de Venezuela en el Uruguay en ANCAP, concretamente, en la refinación de petróleo venezolano para distribuir combustible en la región. ¿Eso no le importará a Brasil y a la Argentina? Sin embargo, se avanza en ese sentido.

Creo que de la misma forma en que se critica la prórroga de jurisdicción, de alguna manera se está haciendo una prórroga de jurisdicción en esta especie de búsqueda de una posición común con los países del MERCOSUR, que es absolutamente innecesaria.

Yo, señor Presidente, quiero lo mejor para mi país, como todos nosotros; pero lo mejor para el país se llama "trabajo". Tenemos que superar los viejos dogmatismos, las viejas visiones antagónicas para construir la libertad económica para que, de esa forma, la democracia sirva, no solamente para discutir y pelearnos, no solamente para votar cada cinco años, sino que también sirva para que la gente pueda comer.

En nombre del Partido Nacional, queremos decir que si luego de esta sesión no podemos alcanzar la posibilidad de aprobar el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones con los Estados Unidos, según ha anunciado la Bancada de Gobierno, quizá acudamos a reiterar el pedido de sesión extraordinaria en 45 ó 60 días para volver a tratar en el Plenario este tema, como forma de contribuir al país.

Finalmente, expreso lo dicho hace unos momentos: si el Presidente de los uruguayos, por boca del Ministro de Economía y Finanzas, apoya el Tratado; si el Ministro Astori apoya el Tratado; si el Vicepresidente de la República apoya el Tratado y si muchos de los importantes sectores de la Bancada oficialista apoyan este Tratado y también los Partidos de la oposición, creemos estar en la misma línea del interés general de nuestro país.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Sanguinetti.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: el Gobierno anterior del Partido Colorado fue el que comenzó las negociaciones en torno a este Tratado, que fue negociado directamente por el Ministro de Relaciones Exteriores de la época, doctor Opertti y por el Ministro de Economía y Finanzas de la época, hoy colega nuestro en el Senado, economista Alfie. De manera que es natural que, con toda la convicción que nos da esa tramitación en ese pasado tan reciente, vengamos hoy -al igual que lo hicimos en la Comisión- a defender este Tratado que, como recién ha señalado el señor Senador Larrañaga, es también apoyado y compartido por figuras fundamentales de nuestro Gobierno incluido, en algún momento, el propio Presidente de la República. Nos encontramos, pues, ante una instancia en la cual, por encima de todo, debemos introducir un espacio de reflexión. Más allá de cualquier debate político menor, más allá de cualquier intento de ventaja desde ese ángulo, lo que importa es reflexionar sobre la política exterior del país. El tema no es simplemente un tratado aislado sino cuál es nuestra orientación, cuál es nuestra política, hacia dónde vamos.

Nuestra adhesión al MERCOSUR ¿nos está excluyendo de una relación intensa con lo que hoy es la zona de mayor expansión en el mundo: Estados Unidos y Asia? Se trata de eso. Actualmente el MERCOSUR es un mecanismo de encierro para nuestras potencialidades de desarrollo o, como hemos preguntado todo el tiempo, ¿es una plataforma de lanzamiento al exterior?

En las conversaciones que mantuvimos antes de la instalación del Gobierno y en los documentos que se presentaron entonces, figuran expresas referencias del actual Gobierno con respecto a la prioridad que representaba Estados Unidos dentro de la política exterior del país. Creo que eso era un valor entendido. Sin embargo, hemos visto aparecer -más que por argumentos sólidos, por expresiones de un cierto prejuicio de una política que, en el fondo, estaría sustentando un alejamiento de todo aquello que signifique acordar con Estados Unidos- un posible cambio de orientación que, sin ninguna duda, sería muy dañino para Uruguay.

Se ha insistido en que no hay crecimiento sin inversión. Diría que no hay dos opiniones de economistas a este respecto: no hay crecimiento sin inversión. Tampoco hay empleo sin crecimiento. El crecimiento no es la única condición, pero todos sabemos que es absolutamente imprescindible. En ese sentido, hemos estado procurando inversiones; el país las procura desde hace muchos años. Es verdad que Uruguay ha tenido una inversión bastante baja. Incluso fue menor en las décadas del 60, 70 y 80. A partir de los 90 comenzó a mejorar en algo la inversión extranjera en nuestro país; se pasó de un promedio de U$S 100:000.000 o U$S 120:000.000 a U$S 200:000.000, U$S 230:000.000 o U$S 250:000.000.

Hoy mismo las inversiones que el país está esperando son de origen español y finlandés, en el terreno de la madera. Son dos países con los cuales Uruguay tiene tratados de garantía de inversión, o sea, con España y Finlandia. El Tratado con este último país estuvo directa e íntimamente vinculado con la decisión de la empresa finlandesa de instalarse en nuestro país, la cual ha iniciado el proceso de construcción de una planta de celulosa. Ya sabemos que un tratado de garantía de inversión es por sí solo importante pero no implica, necesariamente, que venga una inversión detrás. En estos casos bien concretos, las dos inversiones más grandes que tiene el país -las únicas concretas- tienen detrás un tratado de garantía de inversión. Este tipo de Tratado lo hemos firmado con España y con Finlandia. En este segundo caso fue, específicamente, una condición que requería la empresa finlandesa. Entonces, no se puede argumentar que los tratados de garantía de inversión son algo diferente, porque no es así. En realidad, son parte de un cuadro de situaciones en virtud del cual se alienta o desalienta una inversión. Naturalmente, quien la realiza asume un compromiso con todo el país. No sólo va a mirar esto, obviamente, sino también las perspectivas de su mercado y los Tratados de Libre Comercio que tenga el país de que se trate, para acceder a otros mercados. Asimismo va a observar como punto fundamental su regularidad y estabilidad jurídicas.

Desgraciadamente, en los últimos días el país se ha ido embarcando en algunos debates que no ayudan a este efecto. Por ejemplo, la ley relativa al fuero sindical -que, en su momento, vamos a discutir aquí-, tal cual está, no puede significar un aliento a la inversión sino, desgraciadamente y desde nuestro punto de vista, un desaliento. Todos estos ingredientes están a la hora de definir una inversión. Pero lo que es evidente es que los tratados de garantía de inversión son un elemento realmente trascendente desde este punto de vista; con Estados Unidos lo es particularmente. ¿Por qué? Porque es la mayor economía del mundo. Porque todos los países desean que haya inversiones norteamericanas puesto que es el mayor inversor en el mundo. Eso no supone condicionar la política exterior ni atarse a ninguna política que no queramos establecer desde aquí. Uruguay ha tenido, tradicionalmente, una política exterior no condicionada ideológicamente. Por eso, en ninguna época se interrumpieron las relaciones con la Unión Soviética, en los tiempos en que su definición de Estado comunista era contradictoria con la ideología de nuestra Constitución y de nuestro sistema. Esa ha sido nuestra tradición desde ese punto de vista. Entonces, no nos parece que hoy podamos deslizarnos hacia un debate que nos está generando una peligrosa postergación. Un tratado de garantía de inversión con Estados Unidos no es sólo una señal para Estados Unidos, sino también para cualquier otro país. Si hoy un inversor de otro país llegara a Uruguay y viera que hemos tenido miedo y hemos terminado despreciando un tratado de garantía de inversión con Estados Unidos, sin duda, se preocuparía. Si nuestro país no está dispuesto a celebrar un tratado de garantía de inversión con la economía mayor del mundo, se preguntaría qué les espera a ellos. Es una señal demasiado fuerte, que es central no sólo en el terreno de lo que es este Tratado, sino en el ámbito más amplio de una política exterior y de lo que significa la ubicación de un país que necesariamente tiene que insertarse en un mundo globalizado, independientemente de que nos gusten o no las características de esa globalización. Podemos discutir la justicia o la injusticia que hay en el mundo, pero en él, por el contrario, nunca ha dejado de haber ambas cosas. Pero es en este mundo, en este presente, en el cual debemos procurar crecer y lograr un desarrollo que nos abra las potencialidades y las posibilidades que estamos buscando. Este es un capítulo que no sólo está definiendo nuestra opinión sobre un Tratado, sino también una política exterior, lo cual es muy sustantivo para el futuro del país.

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SANGUINETTI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: la mayoría de los países desean tener vínculos con la principal potencia del mundo. Estados Unidos acaba de firmar el Tratado de Libre Comercio con los países del Caribe y Centroamérica.

Estados Unidos representa hoy para Uruguay, como comprador, más que todo el MERCOSUR, quizás, por primera vez en la historia del país. Sólo Estados Unidos, en los primeros seis meses del año, compró más que todo el MERCOSUR. Uruguay es el 0.17% de Estados Unidos en Producto Bruto Interno. Quiere decir que si Estados Unidos crece este año un 3.4%, crece 20 Uruguay y medio MERCOSUR completo; me refiero al crecimiento que se adiciona. ¿Es esa la señal que vamos a dar, es decir, rechazar que queremos vender allí?

Como bien decían, la suscripción de este Convenio se enmarcó dentro de los esfuerzos realizados por el país para estimular las inversiones en general, y las extranjeras en particular. El ejemplo más típico fue el acuerdo con Finlandia, que está posibilitando la mayor inversión extranjera directa en la historia del Uruguay. Además, con buen tino, este Gobierno, el Gobierno del Frente Amplio, la defiende a capa y espada.

La utilidad de este tipo de tratados, se basa en el hecho de que buscan contrarrestar factores que preocupan a los inversores y que son los perjuicios potenciales que se le pueden ocasionar en determinadas circunstancias y por cambios en las reglas de juego del país. Dichos cambios de reglas de juego no son característicos del Uruguay; por suerte no lo son. Lamentablemente, son característicos de la región. Nosotros estamos en una región y, además, ahora queremos preguntar a estos países qué opinan sobre este tipo de tratados. Les voy a decir qué es lo que opina la región sobre los mismos.

En diciembre del año pasado en la reunión de Minas Gerais -el señor Presidente lo recordará porque participó de la misma- la delegación de Brasil planteó, básicamente, que Uruguay no podía firmar ese Tratado sin que el mismo fuera analizado en conjunto a nivel del MERCOSUR. También se señaló que se debía revisar el Protocolo de Colonia, previo a cualquier otro tipo de tratado. Frente a esto, Uruguay se opuso y dijo "no, así no". Es más, se planteó hacerlo al revés, es decir, ofrecer este Tratado como base de la revisación del de Colonia, pero no a nivel de Colonia - Uruguay. Entonces, nos negamos a revisar el Tratado y a someterlo a nadie porque nuestra soberanía es nuestra soberanía y los acuerdos regionales no impiden nada de esto. En última instancia, la seguridad jurídica lo único que trae es que el inversor requiera menos tasa de retorno para invertir porque, de lo contrario, alguna prima por el riesgo, necesariamente va a tener que poner.

He dicho -lo reiteraré ahora- que el Tratado no va a asegurar las inversiones ni el crecimiento que dependen de otros factores, pero sí es un estímulo muy importante; es una muy buena señal en el sentido de que el país quiere estar en el mundo, de que el país quiere integrarse, venderle al mundo y mirarlo con optimismo. Además, dicho Tratado defiende y fortalece la inversión directa, es decir, el dinero que viene y se instala acá en máquinas y ladrillos y que es, precisamente, lo que queremos porque significa inversión reproductiva.

Deseo agregar un aspecto más. Hace unos días estuvo el doctor Porzecanski en la Comisión de Hacienda, donde vertió algunos conceptos interesantes. Dijo, entre otras cosas, que el Tratado, según lo que dicen los expertos, fue muy bien negociado, incluso mejor que el de Chile. También señaló que se trata de un tema de señal y que, para bien o para mal "se ve como una señal que indicaría si el nuevo Gobierno es pro inversión o no, si está a favor de reglas de juego estables y serias o no." No lo estamos diciendo nosotros, sino alguien que viene de saber cómo califican estas cosas los inversores. El tren pasa y nosotros tenemos dos caminos: o nos subimos al tren, o sacamos el pañuelo y saludamos. Espero que nos podamos subir al tren. También deseo que este tema se resuelva rápido por el bien de la inversión y del empleo en Uruguay, porque más inversión significa más empleo; más aún si es de este tipo, porque trae tecnología. De esa forma, no sólo se mejora el empleo, sino también el salario y nos sitúa en otro estadio del desarrollo a nivel de la industria que es, en definitiva, lo que queremos.

No podemos seguir discutiendo y bastardeando el Tratado porque después la señal podría ser "bueno, al final lo aprobaron, pero en realidad no lo quieren". Entonces, en el fondo, el temor va a ser el mismo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Sanguinetti.

SEÑOR SANGUINETTI.- Mucho se ha estado hablando sobre este Tratado y desgraciadamente no siempre con la prudencia y precisión necesarias. Incluso, un Ministro llegó a decir que sobre el mismo había sólo una versión en inglés. Evidentemente, esto nunca fue cierto porque se firmaron los dos ejemplares en el mismo acto y el mismo día. Sin embargo, hasta eso se llegó a decir en forma pública, a través de los medios de comunicación.

Sobre este tema se ha insistido fundamentalmente sobre dos puntos. Uno de ellos refiere al capítulo de la denegación de beneficios porque no se ha discutido el conjunto del Tratado, sino básicamente un par de puntos, en especial el que prevé que los beneficios de garantía de inversión que establece recíprocamente, en algunas circunstancias, podían ser denegados. En este caso, hay una cláusula que determina que Estados Unidos podrá no aceptar que se extiendan los beneficios de este Tratado a aquellas empresas que no sean uruguayas, considerando que no lo son las que tienen un capital predominante o exclusivo de países con los cuales ese país no tiene relaciones diplomáticas. Quiere decir que no estamos ante ninguna denegación de soberanía. Aquí, ninguna empresa uruguaya puede estar condicionada; estamos hablando de empresas extranjeras, no uruguayas.

Por otro lado, se ha sostenido que esto es unilateral, y se pregunta por qué sólo se prevé por parte de Estados Unidos. Es así porque Uruguay, a nivel de tratados, nunca ha querido firmar ni aprobar legalmente ninguna discriminación entre empresas uruguayas y extranjeras. Por esa razón es que esto se dispuso, no hacia los dos lados, sino hacia Estados Unidos que es el que lo solicitaba. Eso mismo es lo que han aceptado otros países. Por ejemplo, el Tratado de Estados Unidos con Chile, firmado por el Presidente Lagos -a quien todos respetamos y apreciamos y por cuyo gobierno sentimos un enorme respeto- contiene una cláusula igual y la tengo aquí delante. El Tratado de Libre Comercio entre los gobiernos de Chile y Estados Unidos establece que una parte podrá denegar los beneficios de este capítulo a un inversionista de la otra parte que sea una empresa de esa parte y a las inversiones de dicho inversionista, si dicha empresa es propiedad o está controlada por inversionistas de un país que no es parte, siempre que no mantenga relaciones diplomáticas con el país que no es parte. Más allá del juego de palabras que tienen todos estos tratados, dice exactamente lo mismo que el que se nos plantea y, sin embargo, Chile no cree haber perdido su soberanía.

A propósito de Chile, también podemos decir que es un ejemplo que, desgraciadamente, poco solemos tomar en los debates latinoamericanos en los que mucho hablamos de desarrollo. No siempre miramos con seriedad el recorrido que ha seguido el país que ha crecido más, que ha tenido la economía más dinámica y más desarrollo en los últimos años y que, a su vez, como consecuencia de ello, ha podido comenzar una mejoría de su situación social que endémicamente tenía tantos retrasos.

Por lo tanto, quiero decir que aquí no hay ninguna pérdida de soberanía; aquí están las normas que han aceptado otros gobiernos y nosotros no tenemos por qué renunciar a ellas. Por este artículo y por el conjunto del Tratado, una empresa radicada en el Uruguay y de propiedad o de contralor uruguayo, también puede comerciar con Cuba - o con quien lo desee- si así lo determina, porque no está limitada. No existe ninguna restricción al respecto. Estamos hablando de otra hipótesis, pero eso es lo que dice el Tratado. Si hay una empresa que no es uruguaya, Estados Unidos puede decir que no le reconoce el mismo tratamiento que a las demás y las nuestras no reciben absolutamente ninguna restricción.

El otro punto ha sido la solución de controversias, el tema del arbitraje. El señor Senador Larrañaga hablaba recién con elocuencia sobre este tema. Por mi parte, quiero recordar al Senado algo que me vino a la mente cuando lo escuchaba, y es que nuestra Constitución, en uno de sus primeros artículos, concretamente en el 6º, dice que en los tratados internacionales que celebre la República propondrá la cláusula de que todas las diferencias que surjan entre las partes contratantes serán decididas por el arbitraje u otros medios pacíficos. Esto quiere decir que nuestra Constitución dispone que se debe incluir el arbitraje en todos los tratados. Por lo tanto, no se trata de una opción, de algo que podamos hacer o no. Se refiere, precisamente, a ese arbitraje al que hoy se está mirando como si fuera una especie de pérdida de soberanía, como una suerte de desprecio al Poder Judicial o como una variedad de lo que sería un renunciamiento a nuestra propia legislación, y no es así. Eso sí: lo que el Tratado prevé es que hay que optar; se puede optar por la jurisdicción local, pero luego no se podrá optar por el arbitraje. Eso es así, pero es una opción que el país toma libremente.

De modo que este es un Tratado que lo han firmado todos los países -países con los que tenemos afinidad desde todos los ángulos-, que no nos condiciona la soberanía y que establece un principio de arbitraje que es sustancial para nuestra política exterior.

Por lo tanto, no veo las objeciones que se puedan hacer, salvo aquellas que emanan de lo que puedan ser consideraciones políticas sobre las relaciones con los Estados Unidos; ya sean de cuestionamientos, de prejuicios, de temor o de lo que pueda significar un relacionamiento económico y comercial con quien es hoy nuestro primer cliente, nuestro primer comprador. Por cierto, se trata de una potencia que, naturalmente, tendrá todos los aciertos y errores que tienen todas las potencias. La historia del mundo nos dice que ninguna gran potencia ha sido una suerte de bendición ni un manantial de hechos generosos para la humanidad. Podemos pensar que, por ejemplo, Roma e Inglaterra tuvieron su Imperio, al igual que España que, con aciertos y con errores, nos ha hecho heredar tantas cosas -a veces para bien y otras para mal- como, por ejemplo, universidades y pensamientos, pero también, burocratismo y ese viejo mercantilismo que tiende a encerrarnos desde el punto de vista comercial.

Entonces, todos sabemos -no es algo extraño- que hoy por hoy Estados Unidos es la mayor economía del mundo, pues es más del doble -casi tres veces-, la economía de Japón, que es la que le sigue en producción. Esto no puede ser ignorado ni despreciado.

Por último, quiero hacer algunas reflexiones sobre la propuesta que se ha hecho de esperar una definición del MERCOSUR. En mi opinión, ese es el mayor error político que se puede cometer a este respecto. Acepto que el Gobierno necesitara más tiempo para estudiarlo; también que se diera un tiempo para todos los debates internos, sobre todo cuando recibía un Tratado ya firmado. Es natural, razonable y sensato que lo estudiara y que midiera sus posibles consecuencias. Sin embargo, no me parece razonable que en este momento suspendamos un tratado de esta magnitud para consultar a nuestros socios sobre una especie de formulario tipo de tratado internacional de garantía de inversiones. Tratar de construir algo tan difícil como sería un conjunto de normas y procedimientos comunes para este tipo de tratados, seguramente requeriría un estudio y un análisis que puede llevar seis meses o seis años. No es nada sencillo establecer una suerte de vademécum o de código mínimo sobre tratados de garantía de inversiones.

Además, es notorio que tanto Argentina como Brasil han seguido su política de estímulo de inversiones propia, ¡y cuántas dificultades nos han generado! ¿No lo estamos viviendo en estos mismos días con las plantas de celulosa? ¿No lo ha vivido nuestra industria con aquellas provincias que tienen tratamientos privilegiados en la Argentina como, por ejemplo, La Rioja y San Luis? Precisamente, nuestra Cámara de Industrias ha protestado permanentemente, porque desde allí se nos ha planteado una competencia con ventajas diferentes.

Por cierto, ¿no ha ocurrido lo mismo con Brasil, que ha sido el primer recipiendario de inversiones del exterior y, sin embargo, ha mantenido sus políticas de excepciones y de privilegio? En el caso de Brasil, además, esto tiene el doble marco del Estado Federal y de los propios Estados que tienen sus mecanismos de estímulo y también sus mecanismos de desestímulo. Más de una vez nos ha pasado con Rio Grande, donde nuestros hermanos gaûchos hasta han aplicado sus tributos locales para dificultar el tránsito de nuestra mercadería hacia el Estado de San Pablo, que es el mayor mercado del Cono Sur.

Por todo lo expuesto, me parece muy grave y preocupante que nuestro país esté a la espera de esa consulta. Se nos ha dicho por parte del señor Senador Couriel que no estábamos condicionando nuestro Tratado a una aprobación del MERCOSUR; no estoy diciendo eso. Sin embargo, se nos dice que se estaría pidiendo un consenso para ver cuáles deberían ser las normas comunes de tratados de inversiones y que, en consecuencia, hasta que eso no se lograra, estaríamos a la espera.

También creí entenderle al señor Senador Couriel que estábamos en un margen temporal de seis meses, es decir, el que ocupara la Presidencia por parte de Uruguay. Dicho de otro modo, si en estos seis meses no logramos establecer ese formulario, ese patrón común de garantía de inversiones, el Uruguay tomaría sus decisiones. Pienso que este no es un buen camino, pues estamos subordinándonos en una materia demasiado delicada; estamos estableciendo un precedente peligroso. Tal como señalaba el señor Senador Alfie, ya sabemos que Brasil no está de acuerdo con éste, nuestro Tratado; así lo ha expresado oficialmente. Entonces, si es así, ¿en qué camino nos estamos introduciendo? ¿Qué encierro estamos imaginando para nuestra política exterior? El otro día lo discutimos en la Comisión y hoy también lo ha planteado en su elocuente y muy documentada exposición el señor Senador Larrañaga. ¿Qué nos va a pasar si ese debate nos conduce a un tipo de tratado de garantía de inversiones teórico que no tiene nada que ver con éste? ¿Nos alejamos de la aprobación del Tratado? A la inversa, si resultara más o menos acorde -lo que no va a ocurrir, porque Brasil ya expresó oficialmente que no está de acuerdo-, ¿nos generaría algún compromiso? Desde ya pienso que sí, porque aunque no esté firmado y suscrito, nos genera un compromiso y nos estamos subordinando políticamente. Esto es muy grave, sobre todo en un momento en el que el MERCOSUR está en crisis. No es el momento adecuado para acentuar nuestra dependencia a una estructura a la cual todos hemos contribuido y de la que todos somos partidarios -porque así se decidió unánimemente en este Senado, pues no hubo ninguna voz en contra de ello-, pero que, naturalmente, tiene todos los matices de la política necesarios para un proceso de integración que se ha hecho muy difícil; y no estoy hablando simplemente de reclamos, perjuicios o enojos que podamos sentir como uruguayos, sino que han sido mucho mayores los daños que se han hecho recíprocamente Argentina y Brasil, violando el Tratado del MERCOSUR.

Se han establecido impuestos ilegítimamente; aranceles a la importación de uno y otro; restricciones, etcétera. Fue notoria la famosa "guerra de la línea blanca", como se llamó a un conflicto que hace muy pocos meses enfrentó a estos dos países.

Quiere decir que la situación del MERCOSUR está muy difícil en este terreno porque, desgraciadamente, estamos tocando unos particularismos egoístas que, sin ninguna duda, han puesto en crisis esta relación. A su vez, es notorio que hasta ha existido una crisis en la relación personal de los Presidentes, y no estoy hablando del de Uruguay. Basta leer un diario argentino o brasileño para advertir hasta qué punto los propios Presidentes han tenido esa relación trabajosa, difícil, casi sin diálogos, con almuerzos a los cuales uno de ellos no asiste o con reuniones en las cuales, abruptamente, uno se retira y se toma un avión dejando inconcluso el debate.

En este momento del MERCOSUR, cuando tenemos tantas dudas -más allá de que debemos poner todo el esfuerzo constructivo del Uruguay para que siga andando-, ¿nos parece que es el momento para generar una dependencia política que no está prevista en los Tratados, que no tiene tradición y que notoriamente los otros no aceptan? Sostengo que es un error y ojalá que estas reflexiones que estamos haciendo entre todos con espíritu patriótico, permitan volver a analizar el tema. Nadie va a cobrar una ventaja política mayor o menor en un debate de este tipo, que no es de los que, desgraciadamente, conmueven más a las grandes masas, por su dificultad técnica aunque, sin embargo, es de aquellos de los que depende su futuro y su prosperidad.

El trabajo no se inventa; la prosperidad no se decreta y la generación de riqueza es un complejísimo proceso que nuestra América Latina viene absorbiendo con enormes dificultades. Ya no es la tierra, la industria y ni siquiera las finanzas, las fuentes de generación de la riqueza; eso lo estamos viendo todos los días. Los grandes ricos del mundo no son aquellos sobre los que leíamos hace algunos años, los que veíamos en las películas; no son los que tenían que ver con el acero o el ferrocarril, ni aquellos nombres mágicos, como Rockefeller o Dupont. Estos ya no figuran en las grandes fortunas. Estas están hoy en los dueños del conocimiento, de las patentes, y en los productores de bienes inmateriales. Cabe recordar la famosa lista de la revista "Forbes", que todos leemos con un poco de curiosidad morbosa para saber quiénes son los ricos que han subido y quiénes los que han bajado, creo que hasta con la malignidad de ver si alguno ha caído, cosa que a veces suele generar alguna satisfacción lateral. Todos sabemos que hoy en día los grandes ricos son Bill Gates -que hizo la fortuna más grande del mundo en diez años-, el socio de Bill Gates, el competidor de Bill Gates, etcétera. Por ahí transitan las grandes fortunas. Todavía aparecen algunos de los caballeros del petróleo, aunque no sabemos por cuánto tiempo; de todos modos, lo cierto es que aún están allí.

En este mundo, en esta situación y circunstancia, ¿puede nuestra América Latina seguir pensando de un modo que no reconoce esta realidad? ¿Puede nuestro país con su dimensión seguir pensando de esa manera? Creo que no. Este es el gran debate existencial que el país debe darse. En estos días vamos a discutir el Presupuesto y nos vamos a enojar por una partida para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o para el Ministerio de Salud Pública, por un cinco por ciento más para alguien o por un dos por ciento menos para otro. La prosperidad del país y las mejorías en las condiciones sociales que todos anhelamos para el destino de la gente más necesitada, no van a pasar por allí, sino por las inversiones que obtengamos por la integración de nuestro país a la globalización -buena o mala- y por no someternos a un corsé que nos estamos autoimponiendo. Hoy no estamos sometidos a la exigencia de una gran potencia que nos impone algo ni tampoco a la exigencia de poderosos vecinos sino que, simplemente, repito, nos estamos autoimponiendo una limitación de la cual espero que no tengamos que arrepentirnos.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: hemos oído dos exposiciones que podríamos catalogar como serias y fundamentadas, razón por la cual las respetamos.

Confieso que me gustaría iniciar mi discurso con dos afirmaciones. La primera de ellas es que voy a dar la posición del Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, que es unánime; es la posición unánime de la Bancada de Senadores, donde no tenemos diferencias; es la posición unánime de la fuerza política y, por lo tanto, afirmo tajantemente que también es la opinión del señor Presidente de la República.

La segunda consideración que me gustaría hacer -la voy a fundamentar después- es que nos resulta difícil aceptar frases que se nos endilgan en el sentido de que consultamos, que nos subordinamos, que vamos a la dependencia política, que se afecta a la soberanía, etcétera. Francamente, se trata de afirmaciones inaceptables porque no es lo que pensamos nosotros, y más allá de que respetamos otras posiciones, se nos endilgan cosas que son absolutamente inadecuadas a nuestro pensamiento y, en tal sentido, haremos todo el esfuerzo para demostrar que lo que queremos tiene que ver con la política internacional y con la necesidad de revigorizar el MERCOSUR, que está mal; es una línea estratégica de nuestro movimiento político que comunicamos durante toda la campaña electoral. Dijimos que en nuestra estrategia tenía prioridad el MERCOSUR y que desde allí íbamos a lanzarnos al mundo internacional. En definitiva, quería iniciar mi exposición con estas dos apreciaciones centrales.

Por otro lado, es verdad que se trata de un Tratado de Promoción y Protección Inversiones con los Estados Unidos; es el primero que llegó. Si hubiera venido otro con estas características, seguramente el Poder Ejecutivo hubiera tenido que reanalizarlo. De todos modos, da la casualidad de que es el Tratado de Inversiones con Estados Unidos el que tenemos arriba de la mesa. Nosotros no estamos hablando del tema del Tratado con Estados Unidos, sino de todos los tratados de inversión. Nuestra intención es evaluar todos los futuros tratados de inversión y no solamente éste.

Se plantearon en Sala, con muchas cifras, algunos conceptos sobre el tema de la inversión. En la Comisión de Asuntos Internacionales dije algo que deseo reiterar en esta sesión. Creo que hoy no hay escuelas económicas que sostengan que puede haber crecimiento sin inversión; eso es así. Coyunturalmente, a veces hay capacidad ociosa y, entonces, puede haber crecimiento. No obstante, el crecimiento sostenido sin inversión, es imposible. También se dice que para que haya empleo el crecimiento es fundamental; a mi juicio es una condición necesaria. Cabe recordar que tuvimos algunos períodos en Uruguay donde hubo crecimiento sin mejora del empleo, lo que también se ha dado en otros países. ¿Por qué? Porque, en esencia, puede haber un estilo de crecimiento que expulsa más gente de la que absorben otros sectores y, por lo tanto, a veces ese crecimiento trae como consecuencia aumento del desempleo. Digo esto porque, en esencia, depende del contenido de dicho crecimiento. Si voy a crecer sobre la base de bienes importados, eliminando las actividades productivas internas, seguramente voy a crecer, va a aumentar el comercio importador, pero se van a afectar los empleos de la agricultura y de la industria.

Sin duda, la inversión es fundamental porque, además, es la que incorpora tecnología y progreso técnico, lo cual, a su vez, puede permitir los aumentos de productividad, de rentabilidad y de competitividad que son absolutamente esenciales para el crecimiento, sobre todo en un país pequeño, donde las exportaciones tienen que ser un elemento clave y, a mi entender, siempre deben estar complementadas por el crecimiento del mercado interno. Quiérase o no, a veces, si las exportaciones son sólo de recursos naturales, no generan los efectos necesarios sobre el empleo. Además, de alguna manera, el 80% de la producción va al mercado interno. Por lo tanto, la ponderación del mercado interno sigue siendo muy importante, tanto en el Uruguay como en cualquier país del mundo.

Asimismo, me gustaría decir -aquí se ha planteado- que desearíamos tener un coeficiente de inversión entre el 25% y el 30%. Seamos claros: la inversión es muy baja en el Uruguay desde hace muchas décadas. Tal vez, en el momento de construcción de las represas dicho coeficiente aumentó a un 18%. De todas maneras, en la comparación internacional y en la región latinoamericana, el coeficiente es muy bajo. Se dice que quisiéramos tener un 25%; esto es verdad, pero en los últimos tiempos hemos estado por debajo del 15%. Esto afecta el ritmo de crecimiento y las posibilidades de empleo. Este es nuestro talón de Aquiles y las causas pueden ser muchas; a veces, hay precios internacionales que bajan y esto afecta los niveles de inversión, el crecimiento y el ahorro, que también es indispensable para la inversión. Hay escuelas que dicen que si el Estado interviene, las inversiones bajan. Puede verse que en el Sudeste asiático, donde la intervención del Estado es brutal, hay un coeficiente de inversión por encima del 30%. Personalmente, hace once años concurrí, con el Diputado Vázquez Platero, al Fondo Monetario Internacional, donde nos hicieron una disertación en cuanto a que uno de los problemas que tenía Uruguay era la intervención del Estado y que ese era el elemento clave; por supuesto que yo no comparto este planteo. También puede haber causas que tienen que ver con la política económica, pero no voy a entrar a detallar los elementos que pudieron haber jugado en el pasado para que el coeficiente de inversión fuera permanentemente bajo. Ya me he referido a este tema en otras oportunidades, pues he tenido la suerte de escribir algún libro al respecto. A veces, depende del nivel de los empresarios; es posible que los empresarios brasileños y los chilenos sean mejores que los uruguayos y, al respecto, hay muchos análisis que hablan de los empresarios rentistas. También se dice que el problema es que falta ahorro. En lo personal, creo que es mucho más importante que no haya oportunidades rentables de inversión, que la inexistencia del ahorro. De todas maneras, hay un hecho concreto: ¡ojalá este Gobierno sea capaz de llevar al país a un nivel de inversión por encima del 20%!

SEÑOR PRESIDENTE.- Señores Senadores del Partido Nacional: cuando el señor Senador Larrañaga hizo uso de la palabra, la Mesa efectuó los máximos esfuerzos para tratar de mantener el silencio en la Sala, a fin de que todo el mundo lo pudiera escuchar. Solicito reciprocidad en esta circunstancia.

Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Es decir que este no es el momento de analizar; pueden ser muchas las causas de este fenómeno, aunque es un elemento importante saber históricamente por qué en las últimas décadas en el Uruguay se invierte mucho menos que en el resto de los países latinoamericanos. Ya he expresado, en otras oportunidades, que a veces sólo le ganamos a Haití en el coeficiente de inversión, según las cifras de la CEPAL.

De manera que para nosotros la inversión es muy importante. La misma puede ser pública, a pesar de que hoy tenemos restricciones como consecuencia, fundamentalmente, del endeudamiento externo, que viene del pasado. Entonces, es muy importante que haya inversión privada, que puede ser nacional o extranjera. De ninguna manera negamos la inversión extranjera directa, a tal punto que en estos momentos estamos apoyando inversiones sobre las que existen posiciones diversas y conflictos, como es el caso de las papeleras. También es importante que haya inversión extranjera directa, pero no se imaginen -tomando como ejemplo América Latina- que la misma es la base del nivel de inversiones de los países. El punto más alto que consiguió Chile en la década del 90, fue un coeficiente de inversión del 28%, que no tiene ahora. Y, en general, en dicho país la inversión extranjera directa representa menos del 10% del total de las inversiones, con excepción de un solo año en el que dicho porcentaje llegó al 20%. Entonces, relativicemos el fenómeno; nosotros queremos inversión extranjera directa, pero no imaginemos que esa inversión va a representar el 90% de las inversiones totales, ni el 80%, ni el 60%. Como muy bien se dijo aquí, los tratados de inversión pueden ayudar, pero no son elementos centrales ni suficientes. Es más; si mañana viene una inversión extranjera directa desde los Estados Unidos y al Uruguay le parece conveniente porque genera mercado, porque trae tecnología, financiamiento y genera empleo de calidad, bienvenida sea; no hace falta un tratado de inversión para que llegue una inversión norteamericana. Si no vino, es porque seguramente el país no le dio las condiciones, en las últimas décadas, de dinamismo o de rentabilidad en algunos períodos, de competitividad en otros, y tampoco, lógicamente, de tamaño de mercado, de lo cual no tiene la culpa nadie, pues ese es el mercado y la cantidad de habitantes que tenemos. No estamos en contra de los tratados de inversiones. Es más; algunos hemos votado. Por ejemplo, votamos el tratado de inversiones con China, porque en aquel momento el punto clave era la solución de controversias sobre la base de un Tribunal Arbitral que nosotros, por supuesto, aceptamos. El Senador Sanguinetti dice que esto está en la Constitución; por supuesto que lo está, pero el punto es cómo se designan los árbitros y ese panel, ya que no todos son iguales. Con esto no estoy dando una posición explícita, pero estoy aclarando elementos. El tratado de Estados Unidos con Australia, firmado en mayo de 2004, no es igual al que firmó con Chile ni el que se pretende lograr con Uruguay. Justamente, hay elementos de paridad en la generación de los paneles arbitrales correspondientes. Por lo tanto, lo que uno siente es que, si bien los tratados de inversión ayudan, no son elementos clave ni centrales. En la Comisión de Asuntos Internacionales dije que el país que recibe más inversión directa extranjera, es Estados Unidos. Lógicamente, van a invertir allí, porque todos quieren tener la tecnología de ese país. Además, es el de mayor tamaño y dinamismo, por lo que todos quieren llegar al mercado norteamericano, ya sea con inversión directa o vendiendo. Por supuesto, nosotros también queremos llegar; queremos vender a Estados Unidos.

El segundo país es China y no porque exista un tratado de inversión, sino porque tiene 1.300:000.000 habitantes, salarios bajos y porque, quizás, el yuan fue depreciado durante mucho tiempo y ahora las políticas cambiarias están cambiando. Si usted va a China, va a encontrar inversión directa extranjera y, además, la transnacional que le guste. Estas empresas están allí y se han instalado porque obtienen rentabilidad, competitividad y mercado, y no porque exista un tratado de inversiones. En última instancia, es muy notorio -el señor Senador Larrañaga lo decía- que en nuestro país se han firmado 25 tratados y si estos fueran tan importantes, habrían generado niveles de inversión que hubieran determinado que hoy no estuviéramos diciendo que tenemos el coeficiente de inversión más bajo de América Latina. Es decir que seguimos teniéndolo, pese a la firma de estos tratados.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR COURIEL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Fernández Huidobro.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Como el señor Senador Couriel me generó cierta curiosidad, desearía formular algunas preguntas. ¿Quién hace, entonces, las inversiones en Chile, cuando no las hacen los inversores extranjeros? Hago esta pregunta, porque se han manejado altos porcentajes.

En cuanto a la segunda pregunta, cuando en su exposición el señor Senador habló del caso de un inversionista que llegaba a nuestro país y quería invertir, pensé que iba a decir -y no dijo, lo que me generó la duda- que ya existe una ley que protege mucho más que este Tratado relativo a inversiones extranjeras, lo que me gustaría que él explicara. Algunas personas me han dicho que dicha ley es peor que este Tratado en lo que tiene que ver con los perjuicios que provoca a nuestro país.

La tercera tiene que ver con el hecho de si Brasil tiene -ya que aquí se dijo que este país ha recibido las mayores inversiones directas de Estados Unidos- un tratado de inversión con Estados Unidos.

El cuarto punto no es una pregunta sino una aclaración, ya que aquí se dijo que con respecto al MERCOSUR hubo unanimidad senaturial y parlamentaria. Quiero aclarar que no fue así, porque el Movimiento de Participación Popular votó en contra en ambas Cámaras.

SEÑOR ABREU.- En el Senado se votó por unanimidad.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Me corrijo; nosotros votamos en contra en la Cámara de Representantes.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Rápidamente, voy a contestar las preguntas formuladas por el señor Senador Fernández Huidobro.

En cuanto a la primera, aclaro que todo lo que no es inversión extranjera directa, es inversión de nacionales de Chile y, por lo tanto, es pública o privada nacional. Con respecto a esto, le voy a acercar al señor Senador la estupenda conferencia de un economista chileno de primer nivel vinculado a la CEPAL, Ricardo French-Davis, quien acaba de escribir sobre este tema. En ese material podrán advertir la importancia que tiene para un país como Chile la inversión extranjera directa.

Lo relativo a Brasil lo voy a postergar, porque ya lo había incluido en mis esquemas. Por supuesto que aquí en Uruguay hay inversiones norteamericanas y creo que no hace falta agregar ningún otro elemento.

Por lo tanto, voy concluyendo esta primera parte diciendo que las inversiones son muy importantes, tanto para el crecimiento como para el empleo; lo son hoy, lo serán mañana y lo hubiesen sido en el pasado, si hubiera habido inversiones en los niveles correspondientes. La falta de inversiones es causa, de alguna manera, de las dificultades que el país vivió a principios de la década del 2000. También digo que nosotros queremos tratados de inversiones; no nos negamos, no estamos diciendo que no vamos a votar ningún tratado de inversión. Sin embargo, vamos a buscar aquel modelo que sea más adecuado para nuestro país, porque muchas cosas que ocurrieron en la década del noventa empiezan a cambiar y muchos países quieren empezar a modificar algunas reglas de juego, como veremos más adelante. Pero en esta materia de las inversiones, en la segunda mitad de los noventa apareció en el mundo desarrollado algo que se llamó el AMI -Acuerdo Multilateral de Inversiones-, enfrentado por la sociedad civil francesa, la que lo sacó de la discusión pública porque incluía principios de tal naturaleza que impedía a los países destino de las inversiones tener políticas autónomas de carácter salarial, de relaciones de trabajo y, a veces, de los propios instrumentos de política económica. Todo se cambia, se modifica. El mundo también cambia. Es evidente que los propios organismos financieros internacionales empiezan a reconocer que los modelos implantados en la década del noventa, sobre la base de tratados de inversión o de inversión extranjera directa, no dieron los resultados esperados. Es así porque América Latina sigue con altísimos niveles de desempleo y de pobreza, iguales a los del pasado. Por supuesto que desde este punto de vista hay posibilidades de cambio. Por lo tanto, decimos que inversiones sí y tratados sí. Luego veremos qué tratados son los que queremos.

En lo relativo a las relaciones con Estados Unidos, no tengo ninguna duda de que para el Uruguay es indispensable el mejor relacionamiento posible con ese país en materia política, comercial, financiera, tecnológica y militar, porque se trata de la potencia hegemónica en lo militar, tecnológico, financiero y también en el campo de las comunicaciones. Es así que todos los estudiantes del mundo quieren ir a las universidades norteamericanas, lo que no es casualidad. También políticamente, a veces aparecen reuniones del G8 que se transforman en G1, porque es Estados Unidos el que tiene más poder. Por lo tanto, no me puedo enfrentar a este país, lo que no quiere decir que me vaya a subordinar de ninguna manera o que no tenga soberanía como para pensar de la manera que entienda más conveniente. Esto lo hace Estados Unidos y si lo tengo que criticar, lo voy a hacer. También si este país tiene subsidios al arroz, lo voy a criticar y haré lo mismo con los subsidios agrícolas a la exportación y al mercado interno. Si se une a la Unión Europea en materia de subsidios, lo voy a criticar. Si invade Irak y no estoy de acuerdo con la invasión, lo voy a criticar. Esto no significa, de ninguna manera, que no le quiera seguir vendiendo carne, que no le quiera vender calzados, textiles o vestimenta. ¡Ojalá podamos romper muchas de las cuotas que tiene la economía norteamericana!

SEÑOR ABREU.- Apoyado.

SEÑOR COURIEL.- Entonces, desde este punto de vista, por supuesto que le quiero vender y quiero tener un buen relacionamiento. Por estas razones, también quiero dar señales intentando que este Tratado se mantenga en la Comisión de Asuntos Internacionales. Es verdad que lo estoy postergando, pero hay un estudio que dice que la consideración de los tratados de inversión en los Parlamentos lleva más o menos tres años y medio. Actualmente, tenemos el tratado de Colonia, que es un acuerdo de inversión interna dentro del MERCOSUR que se firmó en 1994. Esta iniciativa está en el Parlamento desde hace 11 años y sigue su consideración en los Parlamentos de Brasil, Argentina y Paraguay. Ninguno lo aprobó. ¿Por qué? Porque ahora lo quieren revisar a la luz de los acontecimientos que ocurren en el campo internacional.

SEÑOR ABREU.- Está en vigor sólo para la Argentina.

Es la Ley Nº 24.891, de 5 de noviembre de 1997, sin perjuicio de que se ha pedido la revisión en el ámbito del MERCOSUR, tal como lo dijo el señor Senador. Ese es el protocolo.

SEÑOR SANGUINETTI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR COURIEL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Sanguinetti.

SEÑOR SANGUINETTI.- El señor Senador Couriel, quien viene haciendo una encendida defensa de la posición del Gobierno, recién señalaba que en el tema de las relaciones con los Estados Unidos podemos y debemos ser críticos cuando tenemos diferencias, y el país lo ha hecho así. Justamente, la política exterior requiere mucha seriedad y mucha firmeza asociada a la prudencia. Usted recién mencionó las cuotas de arroz. Estos días hicimos un gran anuncio de que íbamos a la OMC a plantear un juicio a los Estados Unidos; luego vino un enviado de ese país, dimos vuelta y comenzamos una negociación. No quiero calificar ni decir adjetivos particulares; no quiero calificar de imprudente la primera opinión ni de obsecuente la segunda, ninguna de las dos. Sin embargo, lo que sí digo es que en materia de política exterior, este tipo de contradicción, de cambio y de voltereta en el aire no hace bien. Para ser respetado, un país tiene que ser respetable; un país de nuestras dimensiones debe cuidar eso, particularmente. El señor Senador hablaba recién de las inversiones y de los diversos países. Nuestro país tiene una dimensión, como mercado, que no es demasiado atractivo para nadie, lo que quiere decir que siempre debe tratar de ofrecer los productos diferenciales que hagan interesante la inversión, entre los que está su seriedad en materia de política exterior. Y estos son los pequeños grandes episodios que hacen a una política exterior. Por eso inscribía, también, el tema del Tratado dentro de una política exterior mayor.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Es evidente que hubo problemas con el arroz, que Brasil ganó en la Organización Mundial de Comercio una controversia con los Estados Unidos y que Uruguay también se ve afectado. Y bien; en estos momentos parece más conveniente iniciar un diálogo y luego se irá, o no, a la Organización Mundial de Comercio. La vida y la historia nos irán enseñando e iremos viendo de qué manera se van a defender mejor los intereses nacionales.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR COURIEL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Con relación a este incidente del arroz, quiero decir que, difícilmente, el Departamento Comercial de Estados Unidos hubiera venido a negociar con nosotros, si no hubiéramos hecho lo que hicimos. Por su parte, las Cámaras empresariales vinculadas al tema dijeron, públicamente, en el día de hoy, que les conviene mucho más la vía de la negociación, que la otra. Ellas, que tomaron la iniciativa ante el Gobierno de solicitar la gestión ante la OMC, son las mismas que prefirieron este camino, desde el momento en que ha venido a plantear al Uruguay esta vía.

Tampoco yo quiero calificar, pero pequeños incidentes como los que produjo el anterior Presidente de la República con relación a nuestros socios más directos en materia de relaciones exteriores, como la Argentina, son los que también perjudican al país.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: es evidente, además, que nosotros nos hemos planteado como un elemento estratégico toda la temática que tiene que ver con el MERCOSUR, entre otras cosas, porque la política internacional del período pasado tuvo vaivenes que no fueron los más adecuados para el Uruguay. Recuerdo interpelaciones o reuniones en Comisión General con el Ministro de Relaciones Exteriores en las que llegábamos, claramente, a la conclusión de que en determinado momento había dos políticas internacionales, lo cual no es bueno para un país. Una política internacional estaba dada por las declaraciones del Presidente de la República, doctor Jorge Batlle, y otra posición era la que expresaba el Ministro Opertti en el Parlamento. Por lo tanto, problemas de esta naturaleza hemos tenido muchas veces. Sin embargo, aquí hay un aspecto que me parece muy importante y que es clave para tratar de entender la posición que hemos adoptado: para nosotros, este tema de los Tratados de Inversión -el de Estados Unidos y todos los que se planteen en el futuro- son parte de una política internacional y son parte de una política regional. ¿Por qué es esto así? Recordemos algo fundamental: que estamos viviendo en un mundo de bloques. América del Norte es un bloque, con gran predominio de los Estados Unidos; la Unión Europea es otro bloque -como en el tema de los subsidios-, a pesar de que los países que la integran mantienen a veces diferencias internas; el sudeste asiático, por su parte, no tiene procesos de integración, pero está compuesto por potencias muy importantes, como lo fue Japón, como lo es China hoy y seguramente lo será en el futuro. Entonces, a un país chico como el Uruguay, le es indispensable encontrar socios y aliados para insertarse, en las mejores condiciones posibles, en el mercado internacional, ya sea en el financiero, en el comercial o en el de las inversiones. Esto es parte de una política y, digámoslo claramente, en materia de política comercial, solos, es muy difícil. Hay una larga historia de las relaciones comerciales entre el norte y el sur. La UNCTAD se generó en la década del ‘60 bajo la dirección del doctor Raúl Presbich en defensa del mundo subdesarrollado y de los exportadores de materias primas y alimentos que se veían afectados por los términos de intercambio. Nunca hemos conseguido lo que hubiéramos deseado conseguir en este plano. En 1948, se crea el GATT y recién en el año 1966, en la Ronda Uruguay, aparece el tema de la liberación agrícola; aparece recién entonces, porque el mundo desarrollado estaba necesitado de la liberalización de lo que ellos exportaban, como lo siguen haciendo. Luego, se creó el Grupo de CAIRNS, al que nosotros adherimos. Entonces, llegó la penúltima reunión -como hace pocos días me observó el señor Senador Abreu- de la Organización Mundial de Comercio, en Cancún.

SEÑOR ABREU.- En China.

SEÑOR COURIEL.- En Cancún. Allí nos encontramos con que Australia, que lideraba el Grupo de CAIRNS -que integraban Canadá, Uruguay, Argentina, Brasil- estaba muy necesitada de un acuerdo bilateral de comercio e inversiones con los Estados Unidos. Lo que uno siente, entonces, es que en ese momento había que enfrentar la situación de los subsidios agrícolas de Estados Unidos y Europa. La Unión Europea se mostraba dura y Estados Unidos, muchas veces, se ponía de intermediario para ver, con los países subdesarrollados, cómo llegar a algún tipo de negociación. En Cancún, Estados Unidos se unió a Europa, y Brasil buscó los mecanismos tendientes a mejorar su relación de fuerzas para negociar comercialmente. Brasil crea, entonces, el "Grupo de los 20" -que está integrado por la mayoría de los países latinoamericanos, pero al que, lamentablemente, Uruguay no se sumó por error de su política internacional- buscando la alianza con potencias emergentes para ver cuánta ayuda podían recibir, a saber, con China, India, Sudáfrica. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Para las relaciones internacionales consideramos esencial que se mejore, fundamentalmente, la relación de fuerzas del mundo subdesarrollado. Desde ese punto de vista, nos parece vital que se avance en el plano comercial con el MERCOSUR, con los países latinoamericanos, con China, India, Sudáfrica y, si es preciso en el futuro, con Canadá. Hablemos claro: si mañana Estados Unidos da vuelta y tenemos que ir, con ese país, contra Europa, lo haremos. También si mañana, en términos financieros, Europa dijera que hay que buscar algún control de este movimiento, brutal, especulativo de capitales actual, quizás me una con Europa para enfrentar a los Estados Unidos porque este último no quiere hacerlo.

En la política internacional hay mucho pragmatismo; es bueno y sano que lo haya. Por lo tanto, inscribo estos Tratados de Inversión dentro de esta política internacional y regional. Sin dudas, quiero revitalizar el MERCOSUR, que en estos momentos tiene problemas. También quisiera que se pudieran tener acciones conjuntas -que no se han tenido- en el plano financiero. Siempre recuerdo que el entonces Presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, me decía que cada vez que había una reunión del "Grupo de los 8" nos mandaba una "esquelita" expresando: "Hay un movimiento especulativo de tal naturaleza, que supera cuarenta veces el comercio y la inversión internacional y el noventa por ciento de ese movimiento de capitales tiene como plazo una semana, o sea, son especulativos, que nos pueden estar afectando a los países emergentes". Y le pido: "Busquemos algún mecanismo de regulación". No se ha conseguido. No se consigue porque, seguramente, el más beneficiado de todo esto es la economía norteamericana, que resuelve el financiamiento para su déficit comercial y fiscal.

Entonces, para esto, otra vez es indispensable la alianza, la sociedad, la conjunción, la comunidad de intereses que nos ayuden a tener las mejores posiciones posibles en el plano internacional. A veces se plantea la necesidad, en el MERCOSUR, de la coordinación de políticas macroeconómicas. Eso es verdad. Entre otras, podría ser la coordinación tributaria -en donde tenemos dificultad- y la de la política cambiaria, que sí nos ha afectado por la política argentina, por la propia política uruguaya y por la política brasileña. Si es bueno que exista una coordinación de políticas macro, cabe preguntarse: ¿por qué es malo coordinar tratados de inversión? Al contrario; debería ser un paso gigantesco porque, si no, podría ocurrir, no a este Gobierno de Brasil, pero sí a otro de ese país en el futuro, que dijera que se aprovecha y hace un tratado de inversiones por las suyas, dando muchos más beneficios que los que dan el resto de los países. El Uruguay, solo, no tiene esa posibilidad. Argentina podría hacer lo mismo. Entonces, a mi juicio es indispensable que los tratados de inversión tengan políticas comunes que obliguen al Brasil, a la Argentina, al Paraguay y al Uruguay. De lo contrario, nuestro país, que es pequeño, se va a ver desfavorecido si cada uno, en forma individual, hace los tratados como le gusta. Ese es el motivo de la búsqueda de una posición común. Por ese motivo tratamos de tener una propuesta y un modelo comunes, lo cual, sin duda, no es sencillo. De todos modos, hay mucho trabajo realizado. Es más: ya he visto propuestas para llevar a cabo acciones comunes, que tienen determinadas definiciones de los temas centrales vinculados a un tratado de inversión.

Se dice que el MERCOSUR está en una etapa crítica, lo cual es verdad. ¿Quién lo niega? Yo no lo niego. El MERCOSUR no nos obliga a consultar, pero quiero tener la actitud del gesto político, porque quiero salvarlo.

SEÑOR ABREU.- Por tercera vez, solicito una interrupción al señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Voy a conceder la interrupción al señor Senador cuando culmine esta parte de mi exposición sobre la relación con el MERCOSUR.

Para nosotros no es menor que el MERCOSUR atraviese una situación crítica. Por supuesto que es complicado. Lo que ocurrió con Argentina -de lo cual creo que el Uruguay está saliendo bien- es complicado. No lo niego. ¿Acaso se debe seguir echando leña al fuego? No, quiero que se salve el papel del Uruguay como país pequeño. Es la mejor defensa de un MERCOSUR vital y fuerte, de acá en adelante. ¡Ojalá podamos conseguirlo!

Siento que en este tema, vinculado con una posición común, con tratados de inversión común para el futuro, por el momento, hemos tenido una muy buena aceptación de las Cancillerías de Brasil y de Argentina. En el caso de Brasil, su Parlamento devolvió los Tratados de Inversión al Poder Ejecutivo. De manera que vio con simpatía esta actitud del Uruguay. El Gobierno argentino firmó, durante la década de 1990, alrededor de veinticinco tratados y hoy está sufriendo el problema de la solución de controversias porque tiene juicios por U$S 17.000:000.000 que se le han entablado. Entonces, la Argentina también está interesada en encontrar una salida común con Brasil, Uruguay y Paraguay.

Ahora bien; también hay otro aspecto a tener en cuenta. Muchas veces, durante toda la década de 1990 y desde la firma del Tratado de Asunción, sobre todo a los Ministros de Relaciones Exteriores del Partido Nacional y del Partido Colorado, les explicité que el Uruguay es un país pequeño y que, por esa condición, es difícil que puedan venir las inversiones teniendo en cuenta la proximidad de Brasil y de Argentina. El Uruguay y el Paraguay, como países de menor desarrollo relativo, deben tener una ventaja propia, un estímulo que no pueden dar Brasil y Argentina a la inversión directa extranjera. Es claro que tenemos que corregir muchos temas vinculados con provincias argentinas y que, de pronto, algunos Estados brasileños dan determinadas ventajas. Sin embargo, también el Uruguay puede aprovechar su gesto político de tener una posición común sobre este Tratado de Inversiones para encontrar, fuera de los tratados, un aliciente, un elemento propio y específico que lo ayude a obtener una ventaja distinta a la del Brasil y de la Argentina, porque también quiere recibir inversión extranjera directa, como todos los países lo quieren.

Ahora concedo la interrupción que me ha solicitado el señor Senador Abreu.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Decía un pensador: "Nunca le pidas interrupción a quien piensa que está equivocado porque corres el riesgo de hacerlo rectificar". Con ese riesgo de que se pueda rectificar, voy a hacer un comentario sobre este tema.

Me parece que la gama de temas que viene abarcando el señor Senador Couriel es muy amplia, pues no sólo ha ingresado en el mercado internacional, en las distintas variables y en los diferentes bloques, sino también en el propio ámbito del MERCOSUR. Personalmente, quiero bajar a la realidad sobre cómo se está manejando el Uruguay.

En 1994, cuando quien habla tenía la responsabilidad de ser el Canciller, impulsamos el Protocolo de Colonia y el segundo Protocolo sobre Promoción y Protección de Inversiones provenientes de Estados no Partes del MERCOSUR.

Esos dos Protocolos fueron impulsados por el Gobierno del Uruguay en aquella instancia porque apostaba -como apuesta ahora- a que el MERCOSUR caminara. Y la mejor manera de hacerlo era fortalecerlo, crear las condiciones para que los mecanismos diseñaran una estructura de negociación de bloque que proyectara esta unión aduanera hacia afuera, y con un arancel lo más bajo posible -como lo establecíamos- para favorecer la competitividad.

Estos dos Protocolos fueron firmados, pero ninguno está en vigor desde el año 1993 y 1994. El primero, el Protocolo de Colonia, está en vigor sólo en la República Argentina, como señalaba hoy en la interrupción un tanto extemporánea, razón por la cual pido disculpas ahora. Lo incorporó por la Ley Nº 24.891, de 11 de noviembre de 1997, pero se sabe, como señaló el señor Senador Alfie, que en estos momentos el planteo que realizan los socios es revisarlo, aun cuando no esté en vigor. ¿A qué se refiere? Al tratamiento de las inversiones de los Estados entre sí. Es decir que ni siquiera se llega a poner en vigencia un Protocolo que asegura el trato nacional a las mismas inversiones en el ámbito de la región.

Del segundo Protocolo, que se discutió aquí en el Senado, tengo en mi poder la versión taquigráfica, no para polemizar, sino simplemente para recordar todas las expresiones del señor Senador Couriel, del señor Senador Gargano -hoy Canciller- y del señor Senador Korzeniak en particular, sobre todo por los temas vinculados al arbitraje y a la Constitución de la República. Ese segundo Protocolo fue votado negativamente por la fuerza actual de Gobierno, en aquel momento oposición. ¿Sabe, señor Presidente, lo que establece ese Protocolo en su artículo 3º, es decir, lo que se votó en contra? Que los Estados Parte se obligan a intercambiar información sobre las negociaciones futuras y las que se hallaren en curso sobre convenios de promoción y de protección recíproca de inversiones con terceros Estados, y se consultará con carácter previo toda modificación sustancial al tratamiento general convenido en el artículo 2º de este Tratado. Esto fue aprobado por Uruguay, con el voto en contra, señor Presidente, de su fuerza política, por el establecimiento de esta filosofía, y termina siendo incorporado por Argentina el 13 de setiembre de 1995, por Paraguay el 15 de mayo de 1999 y por Uruguay en la Ley de Inversiones. ¿Sabe cuál es el único país que no lo incorporó? Brasil. Entonces, si Brasil no lo incorpora, no es por una distracción jurídica o política, sino simplemente porque su estrategia se ha transformado -por razones muy legítimas y diríamos, si estuviéramos en sus zapatos, compartibles- en que su concepto del MERCOSUR es una expresión de su política exterior y no una visión compartida de desarrollo común. Ahí está el problema, porque esa confrontación y litigio que se da entre Brasil y Argentina es particularmente en el área de las inversiones. Y en ésta, cada uno reservó su conducta porque, simplemente, su compromiso de integración era menos que el que mostró -y sigue mostrando- el Uruguay. Tan es así que hoy el tema de Argentina y Brasil se dilucida en las cláusulas de salvaguardia que se quieren aplicar entre los distintos Estados pero, sobre todo, por la desviación más que por la atracción de las inversiones importantes hacia el mercado brasileño que antes se establecieron en la Argentina en áreas tan importantes como el sector automotor.

Por eso, cuando hablamos de estos dos temas, lo que estamos viendo aquí es que hay una filosofía de una política exterior que no necesariamente se acompasa con las conductas de carácter político en materia de inversiones. Pero, además, aun habiendo firmado y no estando en vigor en virtud de que falta una ratificación, Brasil -que tampoco incorporó el tema al primer Protocolo- ingresa en el ámbito de sus decisiones unilaterales de diciembre de 1996, y Argentina y Paraguay hacen lo propio. Las Provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca, San Luis y los Estados brasileños, marchan todos en una carrera desenfrenada para atraer inversiones, violando el espíritu del MERCOSUR que se suponía era un terreno de iguales para tratar que el desarrollo fuera armónico entre los cuatro países.

Desde el punto de vista jurídico no hay ninguna obligación que nos lleve a hacer consultas; como señala el Tratado que Brasil no ratificó, no hay ninguna obligación jurídica, pero políticamente no es aconsejable que nuestra política exterior esté fundada -puedo estar equivocado- en "contra quién estoy" sino "a favor de quién estoy". Con relación a este Tratado con los Estados Unidos, uno podrá decir "me gusta" o "no me gusta", pero el problema está en que el mensaje político no tiene que ser que estoy contra algo por razones políticas, que se puede interpretar como una expresión ideológica, ni tampoco que estoy a favor de Brasil y Argentina porque tengo que defender un Tratado y un programa de integración que debo volver a negociar para hacerlo creíble. Quizás el gesto político más generoso que ha tenido el Uruguay es haber ratificado su compromiso con la región, a pesar de las dificultades por las que atravesó. Éstas se manifestaron en materia macroeconómica -como el señor Senador mencionó- en las devaluaciones brasileñas y argentinas que afectaron nuestras corrientes de comercio con la región. En el ámbito comercial, en las trabas comerciales que se establecieron, entre otros productos, a las bicicletas y al arroz. Y en el área de las inversiones, a las constantes medidas unilaterales que fueron aprobadas sin consulta. Se nos ha demostrado que la integración es el camino de los intereses expuestos cada vez con más dureza y que esa integración, en el caso del Uruguay, tiene que ser administrada con una visión estraté-gica. Y esa visión estratégica no significa ir de acá para allá, porque los Estados Unidos no son mejores ni peores que los demás. Los que debemos ser mejores somos los uruguayos.

Mi pregunta final en esta interrupción…

SEÑOR PRESIDENTE.- ¡Por favor, señor Senador, estoy aguantando la respiración!

SEÑOR ABREU.- Lo sé, señor Presidente, pero ocurre que…

SEÑOR PRESIDENTE.- No me explique, señor Senador, y redondee.

SEÑOR ABREU.- Sucede que el acuerdo político ha sido en detrimento de la posibilidad de hablar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Insisto en que redondee.

SEÑOR COURIEL.- Usted lo violó, señor Senador.

SEÑOR ABREU.- No; no lo violo, lo estiro, que no es lo mismo. Ocurre que si hubiéramos llegado a otro acuerdo político podríamos haber hablado todos, pero lamentablemente nos comprometimos a éste.

Dice el señor Senador Couriel: "Vamos a negociar el Tratado más adecuado". Muy bien, o sea que este Tratado no es el que responde a los intereses del Poder Ejecutivo ni del Gobierno. Si vamos a negociar el Tratado más adecuado para ver si lo planteamos en todos los países, quisiera saber si éste es el que va a defender el Gobierno uruguayo o si lo va a modificar. Si no es así, lo más adecuado sería que el Poder Ejecutivo retire el proyecto de ley del Parlamento para, simplemente, iniciar una nueva etapa de negociaciones.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- No sé si quien va a tener que rectificarse voy a ser yo o el señor Senador Abreu. Eso no lo sé.

SEÑOR ABREU.- Eso también es probable.

SEÑOR COURIEL.- No hemos pronunciado ni una sola palabra contra nadie. Esto no es contra Estados Unidos; no hemos dicho nada contra Estados Unidos. Pero si el señor Senador quiere inventar un argumento, invéntelo. Inclusive, puede ir a los medios de comunicación y decir que el Senador Couriel se tiró contra las ventas de carne hacia los Estados Unidos. Lo puede hacer, señor Senador; pero la verdad es que eso no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. No he hablado contra nadie, sino a favor del Uruguay y de lograr una política internacional que ayude a los intereses nacionales y que, de pronto, los ayude mucho mejor que en el pasado.

No dije que el MERCOSUR nos obligue; al contrario, dije claramente: "El MERCOSUR no nos obliga". Y no nos obliga jurídicamente -es así- y tampoco nos obliga políticamente. Nosotros queremos tener un gesto, porque entendemos que este tema de las inversiones debe encontrar una posición común. Por eso es que estamos defendiendo esa posición común; es por eso que toda la Bancada del Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría está en la misma posición; y es por eso que el Presidente de la República también apoya esta posición. Sería muy difícil que nosotros, como Bancada, viniéramos a dar la posición del Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría sin tener la posición del Presidente de la República.

Es verdad que el Tratado de Colonia refiere a inversiones dentro de los países del MERCOSUR. Ese Tratado no fue aprobado por Uruguay; es posible que lo haya sido por otro país. Honestamente no lo sé pero, reitero, no fue aprobado por Uruguay. Por lo tanto, tiene once años en el Parlamento.

El Tratado con Argentina -creo que se llama "Protocolo de Argentina"- relativo a las inversiones con países del MERCOSUR fue aprobado por el Gobierno de Uruguay. Cuando estaba analizando este tema, hace uno o dos meses, lo leí. Contiene elementos de juicio de tal naturaleza que me hace pensar que nosotros lo votamos. Lo digo honestamente. No recuerdo cómo fue, pero por lo que leí de ese Tratado, debimos haberlo votado.

Por lo tanto, la tesis es la siguiente. Uruguay tiene la Secretaría pro tempore y está llamando a una reunión de Cancilleres para tratar este tema. Concretamente, va a solicitar que haya un grupo especial del MERCOSUR para analizar este asunto, a fin de ver si tenemos la posibilidad de resolverlo en este segundo semestre. Diría clara y nítidamente que en estas negociaciones vamos a ver qué llevamos nosotros y qué llevan los demás; se verá en la reunión de Cancilleres, en el grupo especial. Pero aclaro que esto es tema y posición del Poder Ejecutivo. Lo que hace normalmente el Parlamento es decir sí o no a un Tratado, pero no se mete dentro de él, no puede modificar el concepto de inversiones ni las características de la solución de controversias o la prórroga de jurisdicción; no puede resolver el trato nacional ni el trato de la nación más favorecida. Ese es un tema del Poder Ejecutivo y es éste el que va a llevar adelante la posición de Uruguay, que la está analizando, pensando y reflexionando. Como parlamentario, al menos hoy, no estoy en condiciones de poder decir, clara y nítidamente cuál va a ser la posición. Insisto en que eso le corresponde al Poder Ejecutivo y éste, sin duda, lo va a llevar adelante como corresponda.

Como ya le dije al señor Senador Abreu, la mejor señal que nosotros podemos dar, con una posición de política internacional que quiere reafirmar al MERCOSUR, es darnos los tiempos suficientes en el relacionamiento con Estados Unidos. Si retiramos el Tratado, le estaríamos diciendo a Estados Unidos que no lo queremos. Pero no estamos afirmando eso. Lo que estamos expresando, clara y nítidamente, es que el Tratado se mantenga -al igual que tantos Tratados internacionales- en la Comisión de Asuntos Internacionales. Ese es el lugar donde quiero que esté. Ojalá en este segundo semestre podamos tener definiciones claras y nítidas de los países del MERCOSUR porque, de ser así, vendremos al Parlamento y haremos las evaluaciones correspondientes. De lo contrario, veremos qué hacer porque, en verdad, no queremos que pasen años sin que se resuelva este tema. Nos estamos dando nosotros, también, un plazo a los efectos de llevar adelante nuestra propuesta.

Con este lineamiento de reafirmación de política internacional centrado estratégicamente en el MERCOSUR -lo cual no quiere decir que no tengamos relaciones comerciales, financieras y de inversiones con todos los países del mundo, y que no nos interese seguir maximizando las exportaciones a Estados Unidos porque, por supuesto, sí nos importa-, queda claro que no existe pérdida de soberanía, no hay subordinación, no hay consulta y no hay dependencia política. El Gobierno de Uruguay se trazó una línea de política internacional que la quiere llevar adelante basándose, fundamentalmente, en el mejor relacionamiento en un momento difícil de los países del MERCOSUR. ¡Salvemos al MERCOSUR en pro de los intereses de Uruguay! Esta es la línea que queremos llevar adelante. Desde ese punto de vista, entendemos que conseguir una posición, un proyecto y un modelo común de Tratado de inversión con el resto de los países del MERCOSUR -que obligue tanto a Uruguay, como a Brasil, Argentina y Paraguay- es, a nuestro juicio, una postura correcta y la más adecuada para resolver la problemática de los Tratados de inversión.

Muchas gracias.

5) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).- "Los Senadores abajo firmantes mocionamos para que se convoque al Senado de la República a sesión extraordinaria, a celebrarse el jueves 22 de setiembre, a las 16 horas, para considerar como único tema el Tratado entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América, relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito en Montevideo el 25 de octubre de 2004, artículo 26 inciso tercero del Reglamento del Cuerpo." Firman: los señores Senadores Larrañaga, Moreira, Heber, Abreu, Gallinal, Penadés, Da Rosa, Long, Lapaz, Lara y Antía.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: en virtud de que el Partido Nacional tenía conocimiento de la posición de la Bancada del Gobierno, hemos presentado esta moción que ha sido leída. Reconocemos que no necesita ser votada. Por lo tanto, agradecemos a la Mesa que se le haya dado la lectura correspondiente.

Muchas gracias.

6) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Agotado el Orden del Día, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 18 y 41 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Abreu, Alfie, Antía, Antognazza, Baráibar, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Fernández Huidobro, Heber, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Nicolini, Núñez, Penadés, Percovich, Ríos, Rubio, Sanguinetti, Saravia, Topolansky y Vaillant.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Sr.Santiago González Barboni Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.