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N° 3275 - 2 DE AGOSTO DE 2005

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

38ª SESIÓN

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES MAESTRA NORA CASTRO Presidenta
ESCRIBANA BEATRIZ ARGIMÓN 1era. Vicepresidenta 
Y CARLOS VARELA NESTIER 4to. Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR MARTI DALGALARRONDO AÑÓN Y DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO Y LOS PROSECRETARIOS DOCTORA MARGARITA REYES GALVÁN Y DOCTOR GUSTAVO SILVEIRA

 

 

 

Texto de la citación

Montevideo, 28 de julio de 2005.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, el próximo martes 2 de agosto, a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º. - Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Primer Período de la XLVI Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

2º.- Personas con capacidades diferentes y sus derechos. (Exposición del señor Representante Gonzalo Novales por el término de quince minutos).

3º.- Doctor Alfredo Sanjuán Suárez. (Designación al Centro Auxiliar de Salud Pública de Sarandí Grande, departamento de Florida). (Carp. 227/005). (Informado). (EN DISCUSIÓN). Rep. 281 y Anexo I

4º.- Convención Conjunta de Seguridad del Combustible Gastado y Seguridad de la Gestión de los Desechos Radiactivos. (Aprobación). (Carp. 3728/004). (Informado). Rep. 34 y Anexos I y II

5º.- Frecuencias de difusión radioeléctrica. (Se establecen limitaciones para su otorgamiento). (Carp. 3666/999). (Informado). Rep. 71 y Anexo I

6º.- Registro Nacional de Actos Personales. (Se crea la Sección Créditos Financieros). (Carp. 251/005). (Informado). Rep. 296 y Anexo I

7º.- Inmueble padrón Nº 1211 de la localidad catastral Cerro Chato, departamento de Treinta y Tres. (Se dispone su desafectación del patrimonio del Estado y se afecta al patrimonio de la Administración Nacional de Educación Pública). (Carp. 130/005). (Informado). Rep. 239 y Anexos I y II

8º.- Ex trabajadores de Establecimientos Frigoríficos del Cerro S.A. comprendidos en la Ley Nº 16.194 (Se dispone que la actualización de sus liquidaciones deberá realizarse de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Nº 13.728). (Carp. 178/005). (Informado). Rep. 269 y Anexo I

9º.- Rubén Etchebarne Cuestas. (Se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa a fin de concederle una pensión graciable). (Carp. 176/005). (Informado). Rep. 263 y Anexo I

10.- República Federal de Alemania. (Designación a la Escuela Nº 107, Rural, del Paraje Conventos, departamento de Cerro Largo). (Carp. 36/005). (Informado). Rep. 11 y Anexo I

 

MARTI DALGALARRONDO AÑÓN     JOSÉ PEDRO MONTERO

S e c r e t a r i o s

S U M A R I O

1.- Asistencias y ausencias

2.- Asuntos entrados

3 y 5.- Exposiciones escritas

4.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

6.- Séptimo aniversario del fallecimiento del ex Presidente de la República Jorge Pacheco Areco.

— Exposición del señor Representante García Pintos

7.- Ofrecimientos de funcionarios bancarios para trabajar en el Plan de Emergencia.

— Exposición del señor Representante Gandini

8.- Conmemoración del centenario de la creación del Centro de Maquinistas Navales.

— Exposición del señor Representante Pozzi

9.- Acuerdo de asesoramiento jurídico y técnico notarial suscrito entre el Parlamento Latinoamericano y la Unión Internacional del Notariado Latino.

— Exposición del señor Representante Longo Fonsalías

10.- Carencias en la atención que reciben las personas con capacidades intelectuales diferentes.

— Exposición del señor Representante Pérez

11.- Posible cierre de algunos pasos de frontera brasileños para productos de origen animal y vegetal provenientes de Uruguay.

— Exposición del señor Representante Guarino

CUESTIONES DE ORDEN

19.- Alteración del orden del día

13.- Aplazamiento

14.- Comisión Preinvestigadora

28.- Integración de Comisiones

12 y 20.- Integración de la Cámara

30.- Levantamiento de la sesión

12 y 20.- Licencias

26.- Prórroga del término de la sesión

16 y 18.- Sesión especial

24.- Solicitud de sesión permanente

17.- Supresión de sesión ordinaria

ORDEN DEL DÍA

15.- Personas con capacidades diferentes y sus derechos. (Exposición del señor Representante Gonzalo Novales por el término de quince minutos).

— El señor Representante Novales realiza su exposición.

— Manifestaciones de varios señores Representantes.

— Se resuelve que la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Diputado Novales sea enviada a todos los medios de comunicación escrita, televisiva y radial, a ANTEL, a la Intendencia Municipal de Montevideo, al Plenario Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad y a la Comisión de Derechos Humanos .

21.- Doctor Alfredo Sanjuán Suárez. (Designación al Centro Auxiliar de Salud Pública de Sarandí Grande, departamento de Florida).

(Ver 33a. sesión)

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

           22.- Convención Conjunta de Seguridad del Combustible Gastado y Seguridad de la Gestión de los Desechos Radiactivos. (Aprobación).

Antecedentes: Rep. Nº 34, de marzo de 2005, y Anexos I y II, de julio de 2005. Carp. Nº 3728 de 2004. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

23, 25, 27 y 29.- Registro Único de Créditos Financieros. (Creación).

Antecedentes: Rep. Nº 296, de junio de 2005, y Anexo I, de julio de 2005. Carp. Nº 251 de 2005. Comisión de Hacienda.

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

1.-      Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Pablo Abdala, Washington Abdala, Álvaro Alonso, Pablo Álvarez López, José Amorín Batlle, Beatriz Argimón, Roque Arregui, Miguel Asqueta Sóñora, Alfredo Asti, Juan José Bentancor, Bertil R. Bentos, Daniel Bianchi, Gustavo Borsari Brenna, Sergio Botana, Eduardo Brenta, Juan José Bruno, Diego Cánepa, Rodolfo Caram, Germán Cardoso, José Carlos Cardoso, Julio Cardozo Ferreira, Federico Casaretto, Alberto Casas, Nora Castro, Margarita Catalogne, Hebert Clavijo, Alba Cocco Soto, Roberto Conde, Mauricio Cusano, Richard Charamelo, Silvana Charlone, Guillermo Chifflet, Álvaro Delgado, Juan José Domínguez, David Doti Genta, Carlos Enciso Christiansen, Gustavo A. Espinosa, Sandra Etcheverry, Julio César Fernández, Luis E. Gallo Cantera, Carlos Gamou, Jorge Gandini, Javier García, Daniel García Pintos, Nora Gauthier, Carlos González Álvarez, Rodrigo Goñi Romero, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, Uberfil Hernández, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, Liliam Kechichián, Luis Alberto Lacalle Pou, Fernando Longo Fonsalías, Álvaro F. Lorenzo, Guido Machado, José Carlos Mahía, Daniel Mañana, Rubén Martínez Huelmo, Carlos Maseda, Carlos Mazzulo, Artigas Melgarejo, Jorge Menéndez, Gonzalo Mujica, Gonzalo Novales, José Quintín Olano Llano, Jorge Orrico, Edgardo Ortuño, Ivonne Passada, Jorge Patrone, Daniela Payssé, Daniel Peña Fernández, Adriana Peña Hernández, Alberto Perdomo Gamarra, Aníbal Pereyra, Esteban Pérez, Darío Pérez Brito, Pablo Pérez González, Enrique Pintado, Iván Posada, Jorge Pozzi, Nelson Rodríguez Servetto, Jorge Romero Cabrera, Luis Rosadilla, Javier Salsamendi, Víctor Semproni, Carlos Signorelli, Ramón Simonet, Juan C. Souza, Héctor Tajam, Hermes Toledo Antúnez, Daisy Tourné, Mónica Travieso, Jaime Mario Trobo, Carlos Varela Nestier, Álvaro Vega Llanes, Homero Viera y Horacio Yanes.

Con licencia: Manuel María Barreiro, José Luis Blasina, Luis José Gallo Imperiale y Edgardo Rodríguez.

Observaciones:

(1) A la hora 16:55 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Artigas Melgarejo.

(2) A la hora 16:55 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Margarita Catalogne.

2.-     Asuntos entrados.

"Pliego Nº 37

PROMULGACIÓN DE LEYES

El Poder Ejecutivo comunica que ha promulgado las siguientes leyes:

-     Archívense

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes el proyecto de ley, remitido con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo, por el que se modifica el artículo 135 del Decreto-Ley Nº 15.688, de 30 de noviembre de 1984, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, relativo a los ascensos al grado de General del Ejército Nacional. C/357/005

-     A la Comisión de Defensa Nacional

COMUNICACIONES GENERALES

Una señora ciudadana presenta nota por la que denuncia determinados hechos ocurridos en la ciudad de Rivera. C/25/005

-     A la Comisión de Derechos Humanos

Las Juntas Departamentales de Salto y Río Negro y la Junta Local Autónoma y Electiva de Bella Unión comunican la integración de las respectivas Mesas, para el período comprendido entre julio de 2005 y julio de 2006. C/97/005

-     Téngase presente

La Secretaría de la Presidencia de la República acusa recibo de las siguientes exposiciones realizadas en sesión de 12 de julio de 2005:

La Junta Departamental de Artigas remite nota relacionada con el recurso de apelación presentado por varios señores Ediles de dicha Corporación, contra la Resolución de la Intendencia Municipal de ese departamento Nº 3994, de 28 de diciembre de 2004, relacionada con la Tasa de Servicio de Alumbrado Público. C/14/005

-     A sus antecedentes".

3.-     Exposiciones escritas.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 12)

(Murmullos.- Campana de orden)

——Se solicita a las legisladoras y legisladores que tengan la amabilidad de tomar asiento y suspender las reuniones parciales para poder comenzar la sesión ordinaria del día de hoy.

Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"Varios señores Representantes solicitan se curse una exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social y a la Sucursal del departamento de Maldonado de dicha Institución, sobre el funcionamiento de la sucursal Aiguá. C/22/005

El señor Representante Darío Pérez Brito solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social:

El señor Representante Gustavo Guarino solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública:

El señor Representante Roque Arregui solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, sobre los inconvenientes que presenta el servicio de telefonía en villa Soriano, departamento de Soriano. C/22/005

El señor Representante Rubens Ottonello solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud Pública, relacionada con la necesidad de dotar a dependencias de dicha cartera en el departamento de Canelones, de CTI y tomógrafo. C/22/005

El señor Representante Jorge Romero Cabrera solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la República; a los Ministerios de Desarrollo Social; de Economía y Finanzas; de Educación y Cultura; y de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Empleo, al Programa de Capacitación Laboral, a las Entidades de Capacitación Públicas y Privadas, a la Junta Nacional de Empleo, al Fondo de Reconversión Laboral y al Comité Local de Empleo de Rivera; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Rivera; y a la Unión de Trabajadores Desempleados, acerca de las carencias que presenta el Programa de Capacitación Laboral para Trabajadores en Seguro de Paro en el citado departamento. C/22/005

El señor Representante Pablo Abdala solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y a la Intendencia Municipal de Montevideo, referente al deterioro del monumento al General Aparicio Saravia ubicado en la intersección de las Avenidas Garzón y Aparicio Saravia. C/22/005"

——Se votarán oportunamente.

4.-     Inasistencias anteriores.

(Murmullos.- Campana de orden)

——Solicito nuevamente a las señoras legisladoras y a los señores legisladores que suspendan las reuniones parciales para poder llevar a cabo la sesión ordinaria del día martes 2 de agosto.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión extraordinaria realizada el 27 de julio de 2005:

Con aviso: David Doti Genta, Rodrigo Goñi Romero y Jorge Romero Cabrera.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Miércoles 27 de julio

ASUNTOS INTERNACIONALES

Con aviso: Enrique Pintado

Jueves 28 de julio

PRESUPUESTOS integrada con la de HACIENDA

Con aviso: Iván Posada

ESPECIAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

Con aviso: Alberto Scavarelli; Miguel Asqueta Sóñora y Sandra Etcheverry

Viernes 29 de julio

DERECHOS HUMANOS

Con aviso: Edgardo Rodríguez; Gonzalo Novales y Gustavo A. Espinosa".

5.-     Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Sesenta y tres en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición de varios señores Representantes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social y a la Sucursal del departamento de Maldonado de dicha Institución, sobre el funcionamiento de la sucursal Aiguá.

"Montevideo, 27 de julio de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, por su intermedio, al Banco de Previsión Social (BPS) y a su sucursal en el departamento de Maldonado. El BPS cuenta en la ciudad de Aiguá, del departamento de Maldonado, con una sede ubicada en las calles 25 de agosto y Muñiz, la que permanece cerrada la mayor parte de la semana. Las pasividades se pagan en un supermercado local y las asignaciones en el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). Un solo funcionario atiende la referida sucursal, quien concurre una vez por semana y evacua las consultas de los beneficiarios, de los usuarios y de los contribuyentes. Aclararemos algo que parece obvio, el funcionario atiende una población de, aproximadamente, 3.000 habitantes y abarca lo relativo al Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social, pasividades, convenios de pagos, curso de expedientes, prestaciones a pasivos y activos, jurídica, subsidios por maternidad, afiliaciones mutuales, tributos y recaudación, salud y demás gestiones. Para empeorar más las cosas, dicho funcionario tramita la mayoría de las consultas en el BPS de la ciudad de Minas del departamento de Lavalleja, de una semana a otra, lo que causa un importante atraso en todos los trámites. Cuando vemos la publicidad, la que consideramos correcta, de dicho organismo y que trata sobre la mejora de gestión y vemos tópicos tales como un BPS descentralizado, un BPS profesionalizado, un BPS informatizado y un BPS orientado al cliente, vemos que la población de la referida ciudad ha quedado al margen de toda consideración. Buscamos, con esta instancia, hacernos eco de una necesidad de la población la que creemos totalmente válida. Estamos convencidos que acceder, en forma correcta, a servicios a los que todos tenemos derecho, contribuye a que nuestros conciudadanos de las ciudades más pequeñas y de las zonas rurales que las circundan, tengan una mejor calidad de vida. Por lo expuesto, solicitamos que el BPS estudie la posibilidad de que la Gerencia de Coordinación de Sucursales y Agencias, solucione el problema planteado. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente GERMÁN CARDOSO, FEDERICO CASARETTO, DARÍO PÉREZ BRITO, PABLO PÉREZ GONZÁLEZ y NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO, Representantes por Maldonado".

2) Exposición del señor Representante Darío Pérez Brito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social relacionada con los aportes jubilatorios de los caddies del Club de Golf Country Club de Maldonado.

"Montevideo, 27 de julio de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, por su intermedio, al Banco de Previsión Social (BPS). Por la presente, queremos ser vehículo de una vieja inquietud de los caddies del Club de Golf Country Club de Maldonado. Como es sabido, esa actividad constituye una fuente de ingreso muy importante para muchos trabajadores del departamento. En muchos casos, son parte de la cara, actitud de buen ánimo y servicio, que recibe el turista que nos visita y, eventualmente, los participantes de eventos relacionados con ese deporte. Esta actividad, para 30 personas todo el año y con un pico de 150 trabajadores en temporada, debe, necesariamente, ser jerarquizada y eso comienza con ser incluidos en el régimen de pasividades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio. Por la Ley Nº 12.138, de 13 de octubre de 1954, se entendía que la actividad de los caddies contratados por el Club de Golf de Punta Carretas, se encontraba comprendida por la citada ley, efectuándose la afiliación patronal de los mismos por resolución de Directorio, de 5 de febrero de 1963. Posteriormente, esos trabajadores fueron considerados como dependientes de las mencionadas instituciones, comunicándose que corresponde la aplicación de este criterio a todos los casos similares por resolución de Directorio Nº 743/87, de 8 de abril de 1987. Con el criterio mencionado por dicha ley y por las mencionadas resoluciones de Directorio, aspiramos a que el BPS incluya, hechas las gestiones pertinentes, a los caddies del Club de Golf Country Club de Maldonado, bajo esa protección. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. DARÍO PÉREZ BRITO, Representante por Maldonado".

3) Exposición del señor Representante Darío Pérez Brito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social referente a la situación previsional de los pescadores artesanales que trabajan en la modalidad conocida como "a la parte".

"Montevideo, 27 de julio de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, por su intermedio, al Banco de Previsión Social (BPS). Hasta la fecha, los pescadores artesanales del Uruguay en la modalidad de 'a la parte', han peregrinado por los organismos estatales a la búsqueda de poder aportar al BPS y tener una eventual cobertura del Banco de Seguros del Estado (BSE). Se denomina 'a la parte' cuando el dueño de una barca comparte con varios marineros la ganancia en partes iguales. Con los años, al acercarse su retiro, los tripulantes reclaman, con la libreta de embarque, a los propietarios de las embarcaciones en las que trabajaron, dejándolos con una inmensa deuda, a pesar de que compartieron en partes iguales las ganancias. Es su vieja aspiración fijar una cuota constante, con los tripulantes y propietarios, como aporte al BPS, al BSE, y demás. La cuota fija debería tener en cuenta ingresos irregulares de acuerdo a la pesca e ingresos, muchas veces, paupérrimos. Sólo en Maldonado existen 30 embarcaciones de pesca artesanal, con no menos de 120 o 140 tripulantes, con dificultades para aportar, pensemos en la cantidad que existe en todo el país. La propuesta de los pescadores es: A) Establecer cuotas fijas por tripulante. B) Una cuota fija también para aquellas chalanas menores de una tonelada y media. C) Se aspira a que esas cuotas fijas no superen los $ 450 (cuatrocientos cincuenta pesos uruguayos) mensuales. Es una vieja aspiración, que esperamos que encuentre eco en el actual Directorio del BPS. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. DARÍO PÉREZ BRITO, Representante por Maldonado".

4) Exposición del señor Representante Gustavo Guarino al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública acerca de las obras de ampliación del Liceo "Doctor Aníbal Acosta Estapie" de la ciudad de Río Branco, departamento de Cerro Largo.

"Montevideo, 27 de julio de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En la ciudad de Río Branco, en el departamento de Cerro Largo, funciona el Liceo Dr. Aníbal Acosta Estapé, con una población aproximada de 1.200 estudiantes, que ha tenido un crecimiento no acompañado en la adecuación de su capacidad locativa. En el año 2003 se realizó una licitación para un proyecto consistente en su ampliación (dos aulas), acondicionamiento de la parte más antigua del local y construcción del cerco perimetral. Dicha licitación no fue adjudicada, ya que fue declarada desierta por parte del Consejo Directivo Central de la ANEP. Ante la elaboración del nuevo presupuesto nacional y, a solicitud de la Comisión de padres de alumnos del liceo, hacemos la presente intervención parlamentaria a efectos de que sea considerada por parte de las autoridades correspondientes. Entendemos que el tema es prioritario para la enseñanza secundaria de una ciudad en pleno crecimiento como lo es Río Branco. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

5) Exposición del señor Representante Gustavo Guarino al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública:referente a la solicitud de reapertura de la Escuela Nº 28 próxima al pueblo Isidoro Noblía, departamento de Cerro Largo.

"Montevideo, 27 de julio de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Recientemente, hemos recibido un planteo formulado, en la Junta Departamental de Cerro Largo, por el Edil señor Darby Paz, relacionado a la necesidad de reapertura de la Escuela Nº 28, conocida como de la Punta de la Mina. El Edil citado sustenta su planteo en una nota firmada por 45 vecinos que demandan dicha reapertura. Esa escuela fue cerrada en el año 1997 y afectada al Programa ANEP-CODICEN Buses Escolares, y la realidad de lo que ha pasado en la zona con ese programa está muy claramente reflejada en la nota que los vecinos envían al Edil Paz, cuya fotocopia adjuntamos. Hoy existen ocho niños en condiciones de concurrir a la mencionada escuela, pero acuden a la escuela de villa Isidoro Noblía, debiendo recorrer ocho kilómetros por día y, la mayoría de las veces, caminando. Compartimos el planteo del Edil Paz y le damos estado parlamentario al tema, solicitando al Consejo Directivo Central de la ANEP una respuesta favorable a lo requerido. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

6) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, sobre los inconvenientes que presenta el servicio de telefonía en villa Soriano, departamento de Soriano.

"Montevideo, 28 de julio de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). El servicio que presta ANTEL a la población de Villa Soriano, del departamento de Soriano, presenta múltiples inconvenientes, que es necesario resolver. La telefonía fija se presta a través del sistema Ruralcel, lo que implica mayores costos para que sus habitantes puedan conectarse. Asimismo, genera dificultades para la conexión a Internet y, en determinadas circunstancias, el servicio se interrumpe. A su vez, el servicio celular de ANCEL casi no se puede usar debido al bajísimo nivel de cobertura, sólo en algunos lugares, o subiéndose a determinadas alturas, puede utilizarse. Todo ello hace que las comunicaciones sean poco accesibles, casi nulas, lo que afecta a los habitantes y a los turistas que llegan a la zona, atraídos por las riquezas naturales e históricas del lugar. Por lo expuesto, solicito que se cambie el sistema de telefonía Ruralcel, como, asimismo, que se busquen las formas de brindar cobertura para la telefonía celular. Saludo a la señora Presidenta muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

7) Exposición del señor Representante Rubens Ottonello al Ministerio de Salud Pública, relacionada con la necesidad de dotar a dependencias de dicha cartera en el departamento de Canelones, de CTI y tomógrafo.

"Montevideo, 29 de julio de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública. Luego de un largo recorrido, en la primera mitad de la década de los 90, el departamento de Canelones logró concretar una de sus aspiraciones más queridas y más difíciles de lograr, la construcción de los Hospitales de las ciudades de Canelones y de Las Piedras. Esa concreción fue esencial para lograr la asistencia médica de un número, cada vez mayor de personas, que se encontraba en la zona de influencia del área metropolitana. Una vez lograda esa primera etapa, en la segunda, -con el apoyo, mayor o menor, de las Administraciones siguientes- se amplió la cobertura de los servicios, de manera muy lenta. En la actualidad, el Hospital de Las Piedras cuenta con policlínicas de diversas especialidades, un sector de maternidad y un servicio de emergencia con internación, que se ven superados por la superpoblación. El Hospital de Las Piedras presta atención a los usuarios de Salud Pública de la zona y, también, a los de los barrios y villas próximas, como El Colorado, Obelisco, El Dorado, de la vecina ciudad de La Paz, y hasta la ciudad de Progreso y de las villas circundantes. Su zona de influencia incluye, asimismo, a la población de todo el eje de la Ruta Nacional Nº 5, Brigadier General Fructuoso Rivera, -lugar de gran densidad poblacional- que cada día se incrementa aún más, en comparación con lo que sucede en el resto del país. El Hospital de Canelones tiene una zona de influencia que comprende a ciudades próximas, las que derivan a sus pacientes de los servicios públicos cuando necesitan asistencia hospitalaria. El Centro Auxiliar de Salud de la ciudad de Pando, con limitados recursos humanos y materiales, atiende a la población de una extendida área de influencia, que comprende los ejes de la Ruta Nacional Nº 8, Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, de la Ruta Nacional Nº 101, Capitán Juan Antonio Artigas, de la Ruta Nacional Nº 102, abarcando, además, la Costa de Oro hasta el balneario Jaureguiberry, así como las ciudades de Toledo y de Suárez. Cabe agregar, que el departamento de Canelones está habitado por, aproximadamente, unas 400.000 personas, presentando un alto índice de crecimiento, dado que cientos de habitantes de todo el país, lo eligen como su lugar de residencia. Más allá de las fuertes carencias que se padecen en recursos humanos y materiales, en medicamentos, en técnicos y en especialistas, para cubrir una demanda creciente, existen algunas carencias que no se pueden admitir: en Canelones no existe un centro de cuidados intensivos (CTI) de carácter público, dentro de la órbita de ese Ministerio, debiéndose recurrir a centros públicos de otros departamentos, lo que pone en peligro, muchas veces, la vida de los pacientes que se encuentran en tan delicada situación. Conocemos casos muy recientes en los que se debió trasladar a pacientes a las ciudades capitales de los departamentos de Durazno y de Florida, lo que es inadmisible. Asimismo, dichas dependencias públicas no poseen un tomógrafo, herramienta tan esencial, debiéndose recurrir a un centro privado de salud. Como lo hemos expuesto, el segundo departamento del país carece de un CTI y de un tomógrafo de carácter público, hecho que evidencia una enorme desprotección en la salud de sus habitantes. Es en este sentido, que curso al Ministerio de Salud Pública la presente exposición escrita ante la proximidad del Presupuesto Quinquenal Nacional, solicitando que el Poder Ejecutivo ante la necesidad de la población del departamento de Canelones de contar con un CTI y con un tomógrafo, concrete esas inversiones tan necesarias. Saludo a la señora Presidenta muy atentamente. RUBENS OTTONELLO, Representante por Canelones".

8) Exposición del señor Representante Jorge Romero Cabrera a la Presidencia de la República; a los Ministerios de Desarrollo Social; de Economía y Finanzas; de Educación y Cultura; y de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Empleo, al Programa de Capacitación Laboral, a las Entidades de Capacitación Públicas y Privadas, a la Junta Nacional de Empleo, al Fondo de Reconversión Laboral y al Comité Local de Empleo de Rivera; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Rivera; y a la Unión de Trabajadores Desempleados, acerca de las carencias que presenta el Programa de Capacitación Laboral para Trabajadores en Seguro de Paro en el citado departamento.

"Montevideo, 1º de agosto de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República; al Ministerio de Desarrollo Social; al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Educación y Cultura; al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Empleo (DINAE), al Programa de Capacitación Laboral (PROCAL), a las entidades de capacitación públicas y privadas y al Comité Local de Empleo de Rivera; y a la Junta Nacional de Empleo (JUNAE) y al Fondo de Reconversión Laboral; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Rivera; y a la Unión de Trabajadores Desempleados (UTD). Frente a los altos índices de desocupación y ante los exigentes requisitos a la hora de cubrir un empleo, queremos destacar el Programa de Capacitación Laboral para Trabajadores en Seguro de Paro (PROCAL), que se creó en el año 1992, por la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, que también creó a la DINAE. Dicho Programa ofrece orientación y capacitación laboral a trabajadores que se encuentran en seguro de desempleo. Sin lugar a dudas, es de gran ayuda para nuestros ciudadanos ya que se otorgan viáticos, se brinda orientación para la búsqueda de empleo y, en algunos casos, la inserción laboral. Asimismo, se implementan cursos en áreas diversas tales como informática, administración, ventas, idiomas, gastronomía, construcción, sanitaria y servicios personales. Hace ya casi un año que no se ofrece ningún curso, de ningún tipo, a los trabajadores en seguro de desempleo del departamento de Rivera. Tenemos conocimiento de que, a mediados del mes de agosto de 2004, se dictó el último, por lo que solicitamos la restauración de ese invalorable Programa. Se realizaron gestiones a nivel del Comité Local de Empleo, que se encuentra formado por integrantes de la Intendencia Municipal de Rivera, por una delegación de trabajadores de Rivera y otra de comerciantes e industriales. Dicho Comité ha elevado notas solicitando que se reanuden los cursos, sin obtener resultado alguno. Por lo expuesto, es que apelamos al buen criterio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para atender estos reclamos, sabiendo que ese Programa va dirigido a aquellas personas de más bajos recursos y a las más vulnerables de nuestra sociedad, según criterios que se relacionan con su nivel de ingresos, con el educativo y la situación familiar. Es importante mantener esos cursos vigentes y activos. Nuestra preocupación está destinada al departamento de Rivera, en particular, sin desconocer que es una demanda de todos los ciudadanos de los demás departamentos del interior del país, una vez más olvidados. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. JORGE ROMERO CABRERA, Representante por Rivera".

9) Exposición del señor Representante Pablo Abdala al Ministerio de Educación y Cultura y a la Intendencia Municipal de Montevideo, referente al deterioro del monumento al General Aparicio Saravia ubicado en la intersección de las avenidas Garzón y Aparicio Saravia.

"Montevideo, 2 de agosto de 2005. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, maestra Nora Castro. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y a la Intendencia Municipal de Montevideo. En conocimiento de que el monolito que evoca al General Aparicio Saravia, erigido en la intersección de las avenidas Eugenio Garzón y Bulevar Aparicio Saravia, en la ciudad de Montevideo, se encuentra en estado de absoluto deterioro, -su basamento y la placa están caídos- y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º y en el numeral 2º) del artículo 2º de la Ley Nº 14.040, de 20 de octubre de 1971, solicitamos a la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, y a la Intendencia Municipal de Montevideo, que se realicen las gestiones pertinentes para repararlo y mantenerlo en condiciones adecuadas. Asimismo, informamos a las autoridades que esa situación ha sido denunciada, por parte de los vecinos de la zona, ante los representantes del Centro Comunal Zonal Nº 12, sin haber obtenido respuesta alguna. Dicha situación se ha mantenido incambiada a lo largo de un tiempo prolongado que se mide en meses e, incluso, en años. La gigantesca dimensión histórica de la figura que dicha obra recuerda ha motivado la preocupación y la inquietud expresadas en la presente exposición escrita. Por otra parte, resultan evidentes, en idéntica dirección, las razones de interés general y, en particular, las de los vecinos del lugar donde fuera emplazado el referido monolito, en cuanto a la adecuada preservación de los espacios públicos en sentido amplio. Por todo lo expuesto, es de aguardar, de las autoridades invocadas, la necesaria sensibilidad -la que les es reconocida- frente al reclamo planteado, así como un rápido diligenciamiento del mismo. Saludamos a la señora Presidenta muy atentamente. PABLO ABDALA, Representante por Montevideo".

MEDIA HORA PREVIA

6.-     Séptimo aniversario del fallecimiento del ex Presidente de la República Jorge Pacheco Areco.

——Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado García Pintos.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Señora Presidenta: vamos a aprovechar estos cinco minutos de la media hora previa para rendir homenaje a un gran hombre de nuestro país: el fallecido ex Presidente Jorge Pacheco Areco.

El viernes próximo pasado se cumplieron siete años de la muerte de este grande.

Hoy, al menos tanto como en el Gobierno de Pacheco -y tengo para mí que mucho más-, es necesario el rescate de los valores que están en la base de nuestro ser nacional. A nuestra juventud, de la que hoy se afirma que ha perdido valores o no los sabe encontrar, es imprescindible mostrarle que hay caminos y conductas posibles, y además hacerlo con el ejemplo, como hizo Pacheco durante su Gobierno.

La inspiración de ese ejemplo es la del último caudillo del siglo XX, al que le tocó -para decirlo en lenguaje directo- bailar con la más fea. Este profesor de Literatura fue llevado por las circunstancias de su carrera política a tener que empuñar el timón del Gobierno en momentos en que el vendaval de la violencia, que parecía arrastrar al país, se lo quería arrancar de las manos.

Recordemos un poco ese vendaval que hizo que fuese elegido por el voto ciudadano a la Vicepresidencia de un país...

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Discúlpeme, señor Diputado.

Estoy solicitando a los integrantes de este Cuerpo, por tercera vez desde que iniciamos la sesión, que tengan la amabilidad de suspender las reuniones parciales a efectos de tener un normal desarrollo de esta sesión ordinaria.

Puede continuar el señor Diputado García Pintos.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Señora Presidenta: recordemos un poco ese vendaval que hizo que fuese elegido por el voto ciudadano a la Vicepresidencia de un país y le tocara gobernar un país cambiado, porque las fuerzas de la contrariedad florecieron en toda su potencia negativa.

Tuvo que asumir la Presidencia por mandato constitucional porque el Presidente electo, el General Óscar Gestido, un Presidente muy querido, murió de improviso el 6 de diciembre de 1967. La inflación pareció de repente incontrolable: en cuestión de días, el dólar billete duplicó su valor, de $ 98 a $ 200 de la época. El índice de precios al consumo aumentó por arriba del 100%. La agitación sindical y estudiantil multiplicaba esfuerzos con claros objetivos desestabilizadores. Además, había un grupo de personas, agiotistas, especuladoras, que ,aprovechándose de las circunstancias aciagas que vivía el país, armadas no con la metralleta sino con el lápiz afilado, le sacaban punta y todos los días cambiaban los precios de los artículos integrantes de la canasta familiar, de los artículos de primera necesidad, lo que, está de más decir, alteraba la vida y hacía perder calidad de vida, precisamente, a las familias más humildes, a las familias de los trabajadores de nuestro país, por quienes Pacheco tantos desvelos tenía. Recordamos la acción del viejo y querido Consejo Nacional de Subsistencias que, con aquello de atestiguar y abaratar, salía todos los días temprano a poner las cosas en su lugar en los barrios de Montevideo. Precisamente, llevaba a precios mucho más bajos aquellos artículos destinados a la gente más humilde.

Pacheco gobernó con firmeza, dentro de la Constitución y, además, hizo lo que tenía que hacer para garantizar la ley y el orden en el peor momento para las instituciones. Tuvo el coraje cívico y el mando para convocar a la lucha a las Fuerzas Armadas en aquel año electoral de 1971, y puso a todo el Estado de pie a cumplir con su tarea. En medio de ese vendaval, Pacheco preservó con la Constitución en la mano los valores republicanos y democráticos, garantizó elecciones libres y mantuvo en alto los valores de su sensibilidad social, poniendo en marcha un plan de viviendas que sigue siendo ejemplo hoy en el país. A su vez, abrió para nuestro país el camino hacia la reivindicación de los derechos que en materia de investigación nos corresponden en el continente antártico y sentó las bases para reclamar la soberanía sobre 200 millas de mar territorial.

Y así como era un hombre que sabía que los intereses del Estado son permanentes, también sabía que las necesidades de sus ciudadanos son cotidianas. Se empeñó en preservar ese binomio fundamental que era el alimento diario en la mesa de los uruguayos, cuando la inflación quería arrasarlo, y la libertad, que siempre es el sustento diario del que se nutre el espíritu de la criatura humana.

Pacheco hizo esto con los instrumentos constitucionales de que disponía, que fueron, entre otros, los de la regulación de precios y salarios, y así se respetó la dignidad y el derecho a reunirse en torno a la mesa familiar de todos los trabajadores de nuestro país.

A las pocas semanas de la muerte de Pacheco, uno de sus hijos, Jorge Pacheco Klein -"Cuqui" Pacheco- escribió: "Creo que es el momento oportuno para hablar del legado de Pacheco Areco. Qué nos dejó este gran hombre, mejor padre y amigo, a todos los uruguayos. Yo señalaría, en primer lugar, sin dudas ni vacilaciones, que Pacheco Areco nos dejó un hermoso legado de humildad, simpleza y modestia, sin menoscabo de la más irrestricta firmeza cuando la situación lo requería. Tras cincuenta años dedicados al servicio de la causa pública, y tras haber ocupado el puesto de mayor jerarquía de la República, la Presidencia, Pacheco jamás dejó de ser quien fue. Siempre fue el mismo, mantuvo las mismas amistades y no se mareó por las posiciones que el destino y su propio esfuerzo le hicieron ocupar. Tampoco se enriqueció con el poder, siendo su honestidad el legado más importante que deja a su familia, a las instituciones democráticas, que abrazó con tanta pasión, y a los uruguayos que quieren creer en el sistema. Ese es motivo de orgullo para todos nosotros, sus seres queridos".

Señora Presidenta: al haberse cumplido el pasado viernes siete años de la muerte de este gran oriental que fue Jorge Pacheco Areco, hemos aprovechado esta oportunidad para humildemente recordarlo.

Muchas gracias.

(Aplausos en la barra)

——Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y a los familiares del señor Jorge Pacheco Areco.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y ocho en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA.

7.-     Ofrecimientos de funcionarios bancarios para trabajar en el Plan de Emergencia.

Tiene la palabra el señor Diputado Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Señora Presidenta: ya ni me acuerdo de lo que había inspirado mi anotación en la media hora previa de hace tres meses, pero aprovecho la oportunidad para trasladar al Cuerpo una vez más la preocupación y dar nuestro apoyo al Plan de Emergencia, tema que ha ocupado muchas veces las horas de este Cuerpo, la agenda política y la agenda pública.

Este Plan tiene como principal dificultad la de un Ministerio nuevo que ha debido hacer frente a una tarea enorme con escasos recursos y, sin duda, con falta de experiencia, no porque sean nuevos, sino porque el país no ha tenido con anterioridad desafíos de semejante envergadura.

Hemos hecho diversas propuestas al respecto, sobre todo algunas que tienen que ver con la carencia de funcionarios que tiene el Ministerio. El otro día, en la Comisión de Presupuestos, lo reiteramos ante la señora Ministra, procurando soluciones ingeniosas para que el Ministerio tuviera más funcionarios a fin de hacer frente a esa tarea. Y luego nos llega un mail -que, seguramente, otros legisladores han recibido- al que quiero dar lectura en este Cuerpo, porque da muestras de una actitud elogiosa de parte de ciudadanos comunes. Este mail hace referencia a que la Ministra trasmitió públicamente la firma de un convenio con AEBU para que funcionarios bancarios trabajaran voluntariamente en el Ministerio. Ese no es el convenio que esperábamos con los bancarios desocupados; es el convenio con un sindicato. En él se dice: "A su vez, la AEBU, en el marco de lo dispuesto por sus Estatutos y el compromiso asumido con los intereses de los sectores sociales más necesitados, inspirada en el principio de solidaridad, en consonancia con la más profunda tradición del Movimiento Sindical, pretende colaborar con los planes de acción que tiene a su cargo el Ministerio de Desarrollo Social". Y en la cláusula sexta se establece: "Se deja expresa constancia, que los afiliados al sindicato incluidos en el presente Convenio de Colaboración, prestarán tareas a título gratuito y en calidad de afiliados y militantes de AEBU, de conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos".

Habíamos propuesto otra cosa que no va en contra de esta: que esos cerca de quinientos trabajadores que están en el seguro de paro, producto del cierre de varias instituciones bancarias en el año 2002, fueran dispuestos como funcionarios, ya que están percibiendo un ingreso mensual y son muy calificados, por lo que pueden ayudar en las tareas de campo. No tuvimos suerte, pero a lo mejor en un futuro esto se pone a consideración.

Ahora recibí un mail de un ciudadano, el señor Gustavo Sacco, que, con referencia a este convenio, dice: "Por la presente y en mi calidad de integrante del mismo Seguro," -es decir, que está en la misma situación que esos otros funcionarios bancarios- "pero no afiliado a la AEBU y ex empleado del Banco Comercial, le hago llegar mi más férrea voluntad de colaborar con vuestros planes de ayuda social con la certeza de que igual actitud van a tener los cerca de 100 compañeros que se encuentran en igual situación.- Sería de nuestro agrado contar con la misma posibilidad a la que acceden los afiliados a la AEBU, porque tenemos las mismas aspiraciones que ellos, somos tan uruguayos como ellos, sabemos trabajar como ellos y trabajando por los Bancos que trabajamos, también ayudamos al fortalecimiento de la AEBU".

Esto fue dirigido a la señora Ministra y quiero que el Cuerpo se entere. Esta es la propuesta de aporte de un ciudadano al Plan de Emergencia -aunque tal parece que son cien los que querrían hacerlo, igual que los afiliados a AEBU-, porque siente que está cobrando una plata que es de trabajadores activos, de jubilados y de la ciudadanía en general y quiere hacer algo a cambio por los demás. ¡Ojalá, señora Presidenta, se tengan en cuenta actitudes como esta y no se crea que solamente unos poquitos pueden ayudar!

Quisiera que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la señora Ministra de Desarrollo Social, a AEBU y a la Oficina Nacional del Servicio Civil, que también debe enterarse de estas cosas.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

8.-     Conmemoración del centenario de la creación del Centro de Maquinistas Navales.

Tiene la palabra el señor Diputado Pozzi.

SEÑOR POZZI.- Señora Presidenta: al igual que el señor Diputado Gandini, me anoté hace tres meses, y seguramente ahora no hablaré de lo que pretendía en esa ocasión, porque ya ha pasado mucho tiempo. De todas formas, aprovecho para hacer referencia a una conmemoración en la que me tocó participar el viernes pasado, junto con la señora Diputada Passada. Se trata de los cien años del Centro de Maquinistas Navales.

Ya que estamos hablando de algo que refiere a un ambiente marítimo, puedo decir que me unen dos grandes anclas al Centro de Maquinistas Navales. La primera es que fue el primer sindicato al que estuve afiliado en plena época de la dictadura y siendo estudiante de la Universidad del Trabajo del Uruguay; fue el primer sindicato en el que me tocó participar e ir mamando lo que era la vida sindical. La otra ancla que me une al Centro de Maquinistas es una deuda por cuota social, bastante importante en estos momentos, que voy a tratar de refinanciar de algún modo en los próximos tiempos.

En esa conmemoración, señora Presidenta, el sindicato -que es el tercero de este país que cumple cien años de vida; creo que el primero fue el sindicato gráfico- expuso, en un documento al cual vamos a tener acceso dentro de unos días, porque lo van a enviar, una serie de consideraciones que comparto y que, a mi juicio, deberán ser tomadas en cuenta en los diferentes ámbitos de la vida nacional. El tema es de vital trascendencia en lo que hace al futuro de nuestro país y tiene que ver con la vida del transporte en sus diferentes modalidades.

En ese documento reflexionan sobre una temática que a mi juicio va a dar bastante que hablar en el futuro. El Uruguay hoy tiene comprometida gran parte de su facturación en la compra de petróleo, el cual, en este país, se utiliza en menor grado para la industria y en mucho mayor grado para el transporte de personas y mercancías.

Consideramos que el sistema de transporte de mercaderías se ha armado con una irracionalidad tal que hace que se gaste mucho dinero en él, siendo uno de los más caros del mundo. Por esta razón, los maquinistas navales plantean en ese documento la necesidad de encarar lo que es el transporte intermodal, dando el lugar que corresponde a cada una de las formas que hay de llevar mercancías y personas, de acuerdo con las necesidades. Seguramente, este tema estará en la agenda de todos nosotros cuando el precio del petróleo siga subiendo sin que podamos dominar la situación de ninguna manera y veamos cómo lo gastamos al transportar las cosas en forma irracional.

Desde esta banca, quiero hacer mío lo que ese documento plantea. Me parece que es un tema que tendremos que desarrollar en un futuro no muy lejano.

También deseo hacer llegar desde aquí mis saludos a ese gran sindicato que es el Centro de Maquinistas Navales, que ha luchado durante largo tiempo por la unificación del movimiento sindical. ¡Salud, y por otros cien años!

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Centro de Maquinistas Navales.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

9.-     Acuerdo de asesoramiento jurídico y técnico notarial suscrito entre el Parlamento Latinoamericano y la Unión Internacional del Notariado Latino.

Tiene la palabra el señor Diputado Longo Fonsalías.

SEÑOR LONGO FONSALÍAS.- Señora Presidenta: el 30 de junio y el 1º de julio se llevaron a cabo las jornadas de trabajo de las Comisiones del PARLATINO en Buenos Aires. Como cuestión previa se suscribió un importante convenio de colaboración con la Unión Internacional del Notariado Latino a los efectos de crear un ámbito de asesoramiento notarial. Ambos son organismos internacionales de primera línea en el ámbito regional: el PARLATINO está integrado por 22 países, y la Unión Internacional del Notariado Latino por 73 naciones de todos los continentes del planeta.

En el acto se contó con la presencia del Presidente de este último organismo, el notario Giancarlo Laurini, y del escribano Juan P. Croce, Presidente de la Asociación de Escribanos del Uruguay.

Los objetivos fundamentales de este Acuerdo de Colaboración son los de consulta, intercambio de información y documentación, cooperación en proyectos en general, ejecución de planes, programas y proyectos, y actividades específicas en los campos de interés común. Se trata de un acuerdo de asesoramiento jurídico y técnico notarial que tiene gran relevancia para muchos países latinoamericanos que tienen carencias desde el punto de vista notarial y registral. También servirá a los efectos de que los Estados y sus ciudadanos puedan obtener instrumentos jurídicos para la defensa de las personas ante la prepotencia de las cláusulas impuestas por las grandes corporaciones económicas y políticas mundiales.

También se trató la unificación de criterios y el manejo de aspectos documentales, registrales y técnico-notariales, pues existen carencias y diferencias abismales entre los países integrantes del PARLATINO. La importancia del acuerdo radica en la profundización de la defensa de los intereses de los ciudadanos de Latinoamérica en cuanto a su asesoramiento jurídico y notarial, que es fundamental en la relación entre el ciudadano y las grandes corporaciones, y no tanto en la de ser autenticante de documentación, como sí hace el sistema anglosajón, en el que me atrevería a decir que existe una forma parcial, de carácter informal, de lo que puede llegar a ser un notario.

Reitero, entonces, que la importancia radica en la función notarial como estructuradora de actos o negocios encomendados, a diferencia de lo que se pretende denominar como notariado anglosajón, que, a mi entender, es una mera función delegada para determinados actos puntuales sin ningún tipo de preparación jurídica, que no asesora sino que solamente autentica la documentación presentada. Es ahí donde el Parlamento Latinoamericano se ve reforzado en su funcionamiento con este acuerdo, pues está en juego el asesoramiento jurídico, registral, técnico y notarial profundo y solucionador de controversias.

En un renglón aparte debemos hablar sobre alguna posición internacional contraria al sistema del notariado. Hace poco, en un artículo de prensa se publicó la opinión del Banco Mundial, y dicho organismo, con una visión del norte, netamente anglosajona, establece que el notariado no estaría cumpliendo una función adecuada, entre otros términos que no considero necesario reproducir. La gravedad de la postura del Banco Mundial radica en la supuesta conformación jurídica anglosajona que se desprende de este artículo de prensa. El sistema anglosajón se basa en una relación de empresas de seguros que están en permanente conflicto social, situación que se dirime en los estrados judiciales. Nuestro sistema es muy diferente, y además de ser más seguro para los negocios y para los ciudadanos, sin lugar a dudas genera menos conflictos sociales, pues el asesoramiento bien entendido genera posiciones adecuadas para la negociación entre las partes, agilitando y facilitando los negocios.

Finalmente, debo decir que veo con beneplácito este acuerdo, que llevará a un mejor funcionamiento jurídico en el continente latinoamericano.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe al Ministerio de Educación y Cultura, a la Dirección Nacional de Registros Públicos, a la Facultad de Derecho, a la Asociación de Escribanos del Uruguay, a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones y al Banco Mundial.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

10.-     Carencias en la atención que reciben las personas con capacidades intelectuales diferentes.

Tiene la palabra el señor Diputado Pérez.

SEÑOR PÉREZ.- Señora Presidenta: en el día de hoy me quisiera referir a un tema que la mayor parte de las veces los integrantes de la sociedad miramos de soslayo.

En este país hay gente que no vota pero que siente, sufre y ama como cualquier ser humano, como cualquier compatriota. Y yo diría que no solamente están inhibidos de votar, sino que, además, están marginados culturalmente. En el interior es más duro, o tal vez más notorio. Son conocidos como "los loquitos del pueblo". Los adultos les toman el pelo o los provocan para reírse de sus reacciones, como quien torea a algún foxterrier cascarrabias. Los niños, en su inocente crueldad, alentados por la conducta de los mayores, les ponen nombretes y les tiran piedras. Peor aún: a menudo resultan violados en las llamadas "jodas" de las barras marginales. Detrás de cada uno de ellos hay padres y, sobre todo, heroicas madres que viven una angustia permanente y sin salida.

Son avergonzados por los prejuicios de una sociedad que no tiene el coraje de asumir que no es capaz de buscar una solución de integración, que no es capaz de asumir que al burlarse no acepta verse en su propio espejo. Esos compatriotas son el espejo de una sociedad hipócrita de la que todos somos responsables porque, o bien los ignoramos y escondemos en un rincón, o los nombramos de diferentes maneras como forma de atenuar nuestra incapacidad para abordar el tema. Son "los locos", "los mongólicos", "los bobos", y ahora les decimos "los minusválidos" y "los discapacitados", como espolvoreando con azúcar la hiel de una sociedad enferma que ha perdido su capacidad de amar.

Sin embargo, ¡cuánta capacidad de amar ha depositado la naturaleza en esos semejantes! ¡Cuánta necesidad tienen de ser amados, pero también cuánto amor brindan a sus seres más cercanos! A menudo los vemos sumirse en una tristeza tan profunda que los lleva a la muerte al perder a sus progenitores.

También hemos sido reconfortados por el profundo amor vocacional de los maestros y las maestras de las escuelas especiales. Sobre todo, quiero tener presentes a los de la Escuela Nº 198 España, de la ciudad de Pando. Allí, en una casa habitación, deben impartir clases a 19 niños, en aulas de cuatro metros por cuatro. Esos niños cuentan con un pequeño patio de hormigón, pero, aunque necesitan un contacto estrecho con la naturaleza, apenas cuentan con un canterito, casi una maceta, de 20 centímetros de ancho por 1,50 metros de largo; necesitan quemar energías, pero deben comer en la misma aula. Sin embargo, hay que aprender lo que puede el amor y cómo se compensa con entrega personal de los maestros el resumidero que les dio la sociedad para realizar su tarea.

Tampoco quiero olvidarme de la heroica institución NACREVI, impulsada por un puñado de aguerridos padres, quienes se echaron al hombro la tarea de llenar el vacío que se genera luego de que el niño egresa de la escuela. En soledad, los padres deben enfrentar el despertar sexual de sus hijos adolescentes, tema tabú, que no se nombra, como si nuestros hermanos de características diferentes fuesen asexuados. La sociedad les dice "Arreglate como puedas", y ellos están dando la pelea.

Tampoco puedo olvidar el vía crucis de las madres que deben llevar en ómnibus a sus hijos con problemas no solo mentales sino también psicomotrices al lejano Montevideo, a algún lugar de atención especial. La mayoría de las veces los niños terminan encerrados en algún rincón del rancho, retrocediendo lo que pudieron avanzar. También en esto la diferencia social se hace notar y es especialmente cruel.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad; al Plenario Nacional del Discapacitado; al Patronato del Psicópata; al Centro Nacional de Rehabilitación; a la Escuela Nº 198 España, de la ciudad de Pando; a la institución NACREVI; a PRIMODIS, de la ciudad de Las Piedras; a ADIMSCA, de la ciudad de Santa Lucía, y a las Juntas Locales del departamento de Canelones.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y uno: AFIRMATIVA.

11.-     Posible cierre de algunos pasos de frontera brasileños para productos de origen animal y vegetal provenientes de Uruguay.

Tiene la palabra el señor Diputado Guarino.

SEÑOR GUARINO.- Señora Presidenta: hace unos días, cuando la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió en la ciudad de Melo, una delegación de vecinos de Aceguá planteó la preocupación existente por el supuesto cierre por parte de las autoridades brasileñas del paso de frontera de Aceguá para los productos de origen animal y de origen vegetal. Ello se haría, según lo que trascendió en la prensa del vecino país, en el marco de una reducción de gastos.

El Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil estaría programando el cierre de algunos pasos de frontera y los servicios zoo y fitosanitarios. Por lo tanto, los pasos de frontera de Aceguá y del Chuy quedarían cerrados, y solo estarían habilitadas para el pasaje de esas mercaderías las fronteras de Santa Ana do Livramento y de Yaguarón.

Esto generó una gran preocupación, en particular en la población de Aceguá, pero también trascendió en toda la zona, por ejemplo en Melo, en la frontera brasileña, a tal punto que la Comisión de Desarrollo de la Junta Departamental de Cerro Largo conformó una delegación que se reunió con las autoridades de la Prefectura de Aceguá-Brasil. Inclusive, se habló con el propio Prefecto.

La preocupación continúa, porque eso significaría un gran retroceso; tengamos en cuenta lo que fue implantar esos servicios en Aceguá. Esto no surgió de un día para otro, sino de la larga lucha que libró mucha gente para que Aceguá tuviera servicios de contralor zoo y fitosanitario, tanto de Uruguay como de Brasil. Allí había un ingeniero agrónomo que hacía los contralores en el paso de mercaderías, y también un veterinario para casos en que era necesario. Esto se había consolidado e, inclusive, se hicieron importantes inversiones en ese paso de frontera, que hoy funciona fluidamente. En el entorno de Aceguá hay una zona arrocera, pero no solo sale el arroz de ese lugar, sino también gran parte del que se produce en Rivera, concretamente en la zona de Vichadero, y también en Tacuarembó. Y ocurre que si el Ministerio de Brasil elimina esos servicios, el nuestro también tendrá que retirarlos, pues las verificaciones no tienen sentido si no se hacen de las dos partes.

Reitero: la existencia de un paso de frontera que integre los servicios de ambos países, tal como existe hoy, fue un logro, y cerrarlos significaría un retroceso para la zona y también para la política del MERCOSUR, de la cual tanto hablamos.

Pensamos que si esto es así, habrá que reverlo. Por este motivo, solicitamos a la Cancillería que realice la gestión pertinente para conocer con exactitud la veracidad de estos trascendidos. Si es cierto, quisiéramos que esta realice todos los esfuerzos necesarios para impedir que el Gobierno brasileño concrete el cierre de este paso de frontera para productos de origen vegetal o animal, ya que eso significaría un retroceso.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Cancillería, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a la Intendencia y la Junta Departamental de Cerro Largo.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

12.- Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante José Luis Blasina, por enfermedad, literal A) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 2 de agosto de 2005, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Artigas Melgarejo.

Del señor Representante Diego Cánepa, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir al Seminario sobre el Proyecto de protocolo del nuevo Parlamento del MERCOSUR, organizado por FESUR, que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, por el período comprendido entre los días 3 y 5 de agosto de 2005, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Javier Cha.

Del señor Representante Edgardo Rodríguez Álvez, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 2 de agosto de 2005, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Margarita Catalogne.

Del señor Representante Gustavo Espinosa, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 3 y 10 de agosto de 2005, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Ana de Armas.

Del señor Representante Álvaro Delgado por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 3 y 5 de agosto de 2005, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señor Martín Fernández".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 2 de agosto de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito se sirva concederme el uso de licencia médica, por el día 2 de agosto de 2005, por motivos de enfermedad.

Pido se convoque al suplente respectivo.

Saluda atentamente,

JOSÉ LUIS BLASINA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 2 de agosto de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi consideración:

El que suscribe Juan Silveira, C.I. 3.013.093-6 en mi calidad de suplente del señor Representante José Luis Blasina, quien ha solicitado licencia el día 2 de agosto de 2005, comunico a usted que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Juan A. Silveira".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad del señor Representante por el departamento de Montevideo, José Luis Blasina.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 2 de agosto de 2005.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria, el suplente siguiente, señor Juan Silveira.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en de su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y en el literal A) de artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por enfermedad, por el día 2 de agosto de 2005, al señor Representante por el departamento de Montevideo, José Luis Blasina.

2) Acéptase la negativa presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente, señor Juan Silveira.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día 2 de agosto de 2005, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, señor Artigas Melgarejo.

Sala de la Comisión, 2 de agosto de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, VÍCTOR SEMPRONI, ALBERTO PERDOMO".

"Montevideo, 1º de agosto de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 17.827 artículo 1º, literal D), solicito a usted se me conceda licencia desde el día 3 al 5 de agosto del corriente año inclusive, a los efectos de concurrir al Seminario sobre el Proyecto de protocolo del nuevo Parlamento del MERCOSUR, organizado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung-FESUR.

Adjunto copia de la invitación e itinerario.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

DIEGO CÁNEPA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 2 de agosto de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que no acepto, por esta vez la convocatoria, en virtud de la licencia solicitada por el diputado Diego Cánepa desde el día 3 al 5 de agosto inclusive, del corriente año.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

Antonio Gallicchio".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia del señor Representante por el departamento de Montevideo, Diego Cánepa, para viajar al exterior en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política para asistir al Seminario sobre el Proyecto de protocolo del nuevo Parlamento del MERCOSUR, organizado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung-FESUR que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

CONSIDERANDO: I) Que solicita licencia por el período comprendido entre los días 3 y 5 de agosto de 2005.

II) Que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Antonio Gallicchio.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y el literal D) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia al señor Representante por el departamento de Montevideo, Diego Cánepa, por el período comprendido entre los días 3 y 5 de agosto de 2005, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para asistir al Seminario sobre el Proyecto de protocolo del nuevo Parlamento del MERCOSUR, organizado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung-FESUR, que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

2) Acéptase la negativa que por esta vez ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Antonio Gallicchio.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 99000 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, señor Javier Cha.

Sala de la Comisión, 2 de agosto de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, VÍCTOR SEMPRONI, ALBERTO PERDOMO".

"Montevideo, 1º de agosto de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia el día 2 de agosto de 2005, por motivos personales.

Sin más, la saluda atentamente,

EDGARDO RODRÍGUEZ
Representante por Tacuarembó"

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Tacuarembó, Edgardo Rodríguez Álvez.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 2 de agosto de 2005.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 2 de agosto de 2005, al señor Representante por el departamento de Tacuarembó, Edgardo Rodríguez Álvez.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 2 de agosto de 2005, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, señora Margarita Catalogne.

Sala de la Comisión, 2 de agosto de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, VÍCTOR SEMPRONI, ALBERTO PERDOMO".

"Montevideo, 2 de agosto de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro

Presente.
De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales entre los días 3 y 10 de agosto inclusive del presente año.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

GUSTAVO ESPINOSA
Representante por Canelones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Gustavo Espinosa.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 3 y 10 de agosto de 2005.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 3 y 10 de agosto de 2005, al señor Representante por el departamento de Canelones, Gustavo Espinosa.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2005 del Lema Partido Colorado, señora Ana de Armas.

Sala de la Comisión, 2 de agosto de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, VÍCTOR SEMPRONI, ALBERTO PERDOMO".

"Montevideo, 2 de agosto de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes
Nora Castro.

Presente.
De mi consideración:

Por la presente solicito licencia por motivos personales por los días 3 y 5 de agosto de 2005 y se convoque a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saludo atentamente.

ÁLVARO DELGADO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Álvaro Delgado.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los días 3 y 5 de agosto de 2005.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero del artículo primero de esta.

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por los días 3 y 5 de agosto de 2005, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Álvaro Delgado.

2) Convóquese por Secretaría, por los días 3 y 5 de agosto de 2005, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 33 del Lema Partido Nacional, señor Martín Fernández.

Sala de la Comisión, 2 de agosto de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, ALBERTO PERDOMO, VÍCTOR SEMPRONI".

13.-     Aplazamiento.

——Se entra al orden del día.

En mérito a que no han llegado a la Mesa listas de candidatos, si no hay objeciones por parte de los integrantes del Cuerpo, correspondería aplazar la consideración del asunto que figura en primer término: "Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Primer Período de la XLVI Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución)".

14.-      Comisión Preinvestigadora.

Dese cuenta de una solicitud de creación de una Comisión Investigadora presentada por la señora Diputada Etcheverry.

(Se lee:)

"Montevideo, 1º de agosto de 2005.- Sra. Presidenta de la Cámara de Representantes.- Mtra. Nora Castro.- Presente.- De mi mayor consideración: Al amparo de lo que dispone el artículo 120 de la Constitución de la República, vengo por la presente a solicitar la formación de una Comisión Investigadora con el siguiente objeto: 'Hechos acaecidos en dependencias del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en la noche del 14 al 15 de junio pasados, actuaciones posteriores y situación del organismo'.- Sin otro particular, saludo a la señora Presidenta con mi mayor consideración.- Sandra Etcheverry, Representante por Montevideo".

——Se designa a los señores Diputados Pablo Abdala, Daniel Bianchi y Javier Salsamendi para integrar la Comisión Preinvestigadora sobre hechos acaecidos en dependencias del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay en la noche del 14 al 15 de junio de 2005, actuaciones posteriores y situación del organismo.

15.-     Personas con capacidades diferentes y sus derechos. (Exposición del señor Representante Gonzalo Novales por el término de quince minutos).

Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Personas con capacidades diferentes y sus derechos. (Exposición del señor Representante Gonzalo Novales por el término de quince minutos)".

Tiene la palabra el señor Diputado Novales.

SEÑOR NOVALES.- Señora Presidenta: la presente exposición tiene como objetivo abordar un tema de gran sensibilidad en la población de nuestro país, como es el de los derechos de las personas con capacidades diferentes.

Sin duda, los derechos de las personas con capacidades diferentes y la manera de ejercitarlos es un tema que involucra a gran parte de los uruguayos, fundamentalmente y en forma más directa a los interesados, pero debería competernos a todos. Me refiero, sobre todo, a los derechos inherentes a las personas tutelados por el ordenamiento jurídico, aunque hoy voy a hacer referencia, fundamentalmente, al derecho a la información y al derecho al trabajo.

Si bien el artículo 8º de la Constitución de la República establece: "Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes", no puede desconocerse que, en los hechos, la posibilidad de acceder a estos derechos difiere en atención a las diferentes capacidades de las personas.

Con el objetivo de atenuar, disminuir o erradicar las consecuencias que las capacidades diferentes ocasionan, como puede ser la disminución de los derechos elementales a la información, a la cultura, al trabajo, es que realizamos la siguiente exposición.

En el día de hoy nos centraremos en los discapacitados auditivos, y en instancias posteriores trataremos otro tipo de capacidades diferentes.

Ingresando en el tema específico, luego de entrevistarme con personas sordas y con sus familiares, me he interiorizado de una parte de la problemática de las personas con discapacidad auditiva. De acuerdo con los datos obtenidos por diferentes medios de comunicación, el 10% de la población mundial posee algún problema de discapacidad auditiva, y el 1% son sordos profundos.

Según información recabada en la Asociación de Sordomudos del Uruguay -de acuerdo con datos de un censo realizado hace algunos años-, en nuestro país existirían 30.000 sordos, de los cuales 10.000 son sordos profundos y solo 7.000 conocen la lengua de señas.

Para las personas sordas, las barreras que aparecen cuando se utilizan mensajes exclusivamente acústicos determinan situaciones que limitan la completa comunicación entre personas.

No se puede desconocer que actualmente el acceso a la información, a las noticias, se hace mayoritariamente a través de la televisión, un medio visual pero extremadamente acústico. A los compatriotas con dificultades o imposibilidad auditiva les está vedado este medio informativo, ya que en nuestro país no existen o son escasos los programas informativos, culturales y de interés general que usen algún medio que permita ser captado o entendido por las personas sordas, dicho esto sin desconocer que hay algunos programas televisivos que han incorporado intérpretes para la lengua de señas.

La Ley Nº 17.378, de julio de 2001, reconoció como el idioma natural de las personas sordas a la Lengua de Señas Uruguaya, y en el artículo 4º se estableció lo siguiente: "El Estado asegurará a las personas sordas e hipoacústicas el efectivo ejercicio de su derecho a la información, implementando la intervención de intérpretes de Lengua de Señas Uruguaya en programas televisivos de interés general como informativos, documentales, programas educacionales y mensajes de las autoridades nacionales o departamentales [...]".

Fue este, sin duda alguna, un gran avance que celebramos todos los uruguayos, pero entiendo que ha sido insuficiente, máxime que, aunque el texto de la ley expresa que "El Estado asegurará...", en los hechos esto no ha sido puesto en práctica por la mayoría de las cadenas televisivas.

En este sentido, en la visita del Plenario Nacional del Discapacitado -PLENADI- a la Comisión de Derechos Humanos el 9 de diciembre de 2003, el señor Luis Messeguer manifestó: "[...] me parece importante que el Poder Legislativo realice un seguimiento de las leyes que se votan [...]. No sé si es peor tener la ley o no tenerla. Voy a citar un caso concreto. Hace más o menos dos años se aprobó una ley sobre el intérprete de sordos [...] a pesar de que el legislador interpretó esa ley como se aplica en otros países, en el Uruguay no tenemos ningún informativo con intérprete de sordos".

La Ley Nº 17.378 estableció la intervención preceptiva de un intérprete de Lengua de Señas Uruguaya cuando se utilice la Cadena Nacional de Televisoras, extremo que no estoy seguro de que se cumpla estrictamente en todos los casos.

Un gran número de sordos no conoce la Lengua de Señas Uruguaya. Si bien se enseña en varias ciudades del país -Montevideo, Tacuarembó, Pando, Las Piedras, Paysandú, Salto y Rivera-, entiendo que sigue siendo inaccesible para muchos. La duración del curso es de tres años, en un régimen de tres veces por semana, con un costo aproximado de $ 650 por mes.

(Murmullos)

——No parece que sea tan oneroso ni tan extenso el período de aprendizaje si pensamos en un niño o en un adolescente, pero hay muchos casos de personas adultas, cuando no de edad avanzada, que, ya sea por accidentes, enfermedades o simplemente por lo avanzado de su edad, han perdido la capacidad auditiva. Difícilmente estas personas puedan incorporar un lenguaje de señas a esa altura de su vida.

(Murmullos)

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Discúlpeme, señor Diputado. Lo voy a interrumpir para solicitar por cuarta vez en la sesión del día de hoy que las señoras y los señores Diputados tengan la amabilidad de suspender las reuniones parciales a efectos de dar el normal trámite a la presente sesión.

Puede continuar, señor Diputado.

SEÑOR NOVALES.- Gracias, señora Presidenta.

Decía que no por ese motivo van a tener que claudicar ante su derecho a la información, máxime cuando la tecnología, que nos asombra a cada momento con sus avances, está al servicio de la solución de este tipo de inconvenientes. La incorporación del uso de nuevas tecnologías nos puede ayudar a eliminar las barreras de comunicación que tienen estos compatriotas y, por lo tanto, contribuir a la integración de las personas sordas a nuestra sociedad.

Aclaro que esta no es una idea propia, sino que estoy haciendo mías las inquietudes de muchas personas con graves problemas auditivos; solo pretendo ser el instrumento que facilite el logro de una solución que contemple a los uruguayos con disminución o pérdida de la capacidad auditiva.

Compatriotas con discapacidad auditiva nos han hecho conocer su inquietud tendiente a que se incorpore a la programación televisiva un sistema de subtítulos, inicialmente para los informativos y programas culturales en las cadenas de televisión estatal, abierta o por cable. Es una aspiración y una necesidad para poder mantenerse en contacto con la realidad nacional.

Pensamos que la incorporación de tecnología, de programas informáticos que reconocen el habla y lo pasan a texto escrito para la aplicación de un sistema de subtítulos en aquellos programas a los que se refiere el artículo 4º de la Ley Nº 17.378 sería la manera más eficaz de contemplar y asegurar el derecho a la información de estos compatriotas.

Los medios de comunicación preceptivamente incluidos en la aplicación de este tipo de medidas serían, en principio, los canales del Estado o de los Municipios, ya sean de televisión abierta o de señal de cable, o aquellos programas emitidos con participación, auspicio, subvención o cualquier forma de participación del Estado o de los Gobiernos Departamentales.

De acuerdo con lo conversado con personas relacionadas a las empresas de comunicación, estas tendrían que afrontar un incremento en el costo de operación al tener que introducir nueva tecnología o la contratación de personal abocado a digitar lo relatado verbalmente. Por lo tanto, habría que pensar e instrumentar, en conjunto con otros sectores involucrados, sobre todo los fiscales, si se puede establecer algún sistema de compensación inmediata en materia impositiva, por ejemplo, para impulsar e incentivar la rápida instrumentación de esto.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Varela Nestier)

——Asimismo, considero que el incentivo fiscal antes aludido podría ser aumentado proporcionalmente en función de la paulatina incorporación por parte de los medios de comunicación de diferentes programas subtitulados; es decir: cuanto mayor horario y programación subtitulado, mayor sería la bonificación fiscal percibida.

Otro gran tema para los compatriotas con capacidades diferentes es el de su enorme dificultad de acceso a puestos de trabajo. El Parlamento ha legislado en este sentido, estableciendo exoneraciones de aportes patronales para los casos en que los particulares tomen como empleados a personas con discapacidad.

En el articulado de la Ley Nº 16.095 -"Personas Discapacitadas. (Se establece un sistema de protección integral)"-, dividido en once capítulos, se hace referencia a temas tales como políticas especiales, políticas sociales, salud, trabajo y transporte, entre otros. Pero, igualmente, ha sido insuficiente. En la práctica, el cumplimiento de ese articulado, en un alto porcentaje, no se lleva a cabo. La desocupación laboral de personas con discapacidad ha variado entre un 85% y un 90%; no hace falta hacer notar la gravedad de este porcentaje.

Por este motivo he remitido un pedido de informes a la Oficina Nacional del Servicio Civil, a fin de conocer la cantidad de discapacitados que ha ingresado a la función pública en los últimos años, en el marco de las Leyes Nos. 16.095 y 17.216, ya que, como sabemos, en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 17.678, las personas con discapacidad están excluidas de las prohibiciones de ingreso a la Administración consagradas en las Leyes Nos. 16.736 y 17.556

Apelando a la sensibilidad de los medios de prensa y teniendo en consideración el rol fundamental que cumplen en nuestra sociedad, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a todos los medios de comunicación escritas, televisiva y radial, con el objetivo de difundir la presente exposición. Por este medio se busca sensibilizar a la población e interiorizarla de un tema de tanta trascendencia como el planteado.

Para concluir, quiero hacer llegar mi reconocimiento a la Intendencia Municipal de Montevideo y a ANTEL por el apoyo brindado a la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay. La facilitación de la tecnología necesaria permitirá a las personas ciegas o con baja visión el acceso al mundo de Internet, así como a la lectura de textos, gracias a las "tele lupas" con que cuenta la Intendencia. Exhorto a todos los actores sociales, a los demás organismos estatales y paraestatales, así como a los Gobiernos Departamentales, a seguir tal ejemplo de solidaridad.

Solicito, además, que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a ANTEL, a la Intendencia Municipal de Montevideo, al Plenario Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad y a la Comisión de Derechos Humanos, a efectos de que se aboque a estudiar y elaborar un proyecto de ley que contemple el asunto planteado, así como a realizar un seguimiento de las leyes promulgadas, velando por una verdadera equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Sesenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑORA KECHICHIÁN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA KECHICHIÁN.- Señor Presidente: verdaderamente, quiero felicitar al señor Diputado Novales por haber traído este tema al plenario. Creo que tiene gran importancia, inclusive por el perfil que le dio a su intervención, en la que trató de rescatar el impacto que tienen las políticas locales y municipales en este sector de la sociedad al que el Estado debe dar una respuesta.

El señor Diputado mencionó a la Intendencia Municipal de Montevideo, y yo quiero trasmitir la experiencia concreta que allí adquirí en cuanto al impacto que algunas políticas que se instrumentaron tuvieron en ese sector de la sociedad. Quiero mencionar, por ejemplo, el intercambio impresionante que se hace en la muestra anual que el Plenario Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad realiza en la Intendencia. En esa instancia, casi cien organizaciones muestran todo su trabajo del año.

Además, es de destacar lo que vivimos a través del programa de deportes. En ese marco se realizan actividades físicas y deportivas especiales, como natación y recreación, que, al día de hoy, tienen en Montevideo casi ochocientos beneficiarios.

También pudimos implementar algunas políticas vinculadas con el turismo, pensando en las personas ciegas. Por ejemplo, en los circuitos turísticos hicimos una experiencia piloto en el Jardín Botánico de Montevideo; la idea era que los ciegos pudieran apreciar las diversas especies de flores a través de su aroma. Es muy conmovedor apreciar cómo esas políticas repercuten en una mejora de la calidad de vida de estos ciudadanos con capacidades diferentes.

Organizamos infinidad de cursos de cestería, cerámica, cuero, gastronomía y fotografía, siempre con el perfil psicopedagógico. Además, durante mucho tiempo se impartieron clases especiales de informática -de las que hablaba el señor Diputado Novales- para mayores de catorce años con discapacidad intelectual leve. También se ha brindado ayuda técnica, psicológica y asesoramientos.

Nosotros hicimos una pequeña experiencia de inserción en puestos de trabajo en ferias. Creemos que es importante que las Intendencias destinen un porcentaje de sus recursos para atender las necesidades de los conciudadanos con capacidades diferentes.

La accesibilidad es un tema central para estos compatriotas. En Montevideo hay casi diecisiete mil usuarios de pases libres del transporte público y, por suerte, este año pudimos incorporar dos ómnibus con plataformas para trasladar a un conjunto de ciudadanos que deben usar sillas de ruedas. También se instrumentó la credencial verde.

Aclaro que no menciono esto para hablar de la Intendencia de Montevideo, sino para demostrar que hemos vivido directamente el impacto que estas políticas públicas tienen sobre este sector de la sociedad.

Nos interesa trasmitir el avance significativo que representó haber incorporado el lenguaje de señas en la televisión municipal, TV Ciudad. Nos reconforta comprobar que fue una mejora muy valorada que se dio en el informativo central y, por suerte, ahora también Tveo, Televisión Nacional, incorporó en su noticiero el lenguaje de señas. Por lo tanto, toda esta información llega de manera más directa a este sector de compatriotas.

Reitero que me parece muy importante que este tema se haya planteado hoy aquí. Comparto totalmente la exposición del señor Diputado Novales. Confiamos en que, aplicando políticas desde lo local y desde lo municipal, podremos hacer mucho en este tema.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra la señora Diputada Castro.

SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente: me parece muy importante que en el plenario podamos referirnos a uno de los temas que esta sociedad uruguaya oculta, consciente o inconscientemente, en sus conductas públicas y, a veces -lo que es tan lamentable como eso o quizás más-, en las conductas privadas a nivel familiar. Me refiero a la discriminación de nuestros compatriotas con "capacidades diferentes", y lo pongo entre comillas porque es una expresión discutida. Algunos pensamos que se utiliza la expresión capacidades diferentes para no asumir plenamente el concepto de discapacidad o de discapacitado. Pero, bueno, dejémoslo por ahí.

Voy a referirme a algunas de las dificultades que encontramos en la herencia que hemos debido enfrentar. No se trata de pasar cuentas, sino de poner sobre el tapete estos problemas que consideramos graves.

La comunidad de sordos e hipoacústicos es muy importante en nuestro país, y hablo de comunidad en tanto uno de los rasgos centrales que definen una comunidad es que sus integrantes tengan un lenguaje propio. ¡Y vaya si los sordos e hipoacústicos lo tienen! Podemos decir esto porque, más allá de que algunos no dominen el lenguaje de señas, tienen mecanismos de comunicación que los constituyen como comunidad.

Hemos tenido muchas dificultades, por ejemplo, en el cumplimiento de la ley que determina el acceso a puestos de trabajo para los ciudadanos con cierta discapacidad. Históricamente, ha habido muy pocos organismos del Estado que hayan dado cumplimiento a esta disposición. Por ejemplo, el Poder Legislativo no la ha cumplido.

En realidad, cuando hablamos del no cumplimiento de la ley tenemos que señalar que hay otras normas, además de las citadas por el señor Diputado que nos hace esta propuesta en el día de hoy. Me refiero, por ejemplo, a la que dispone que para los discapacitados motrices debe facilitarse el acceso a todo edificio público, priorizando sobre todo el ingreso a los centros de estudio. Está claro que esto forma parte de la herencia cuya superación, con el esfuerzo de todos, esperamos iniciar.

En el caso de la comunidad de sordos e hipoacústicos, así como de otras discapacidades, tenemos algunos problemas muy importantes. Recién comentábamos con otro legislador, que también es docente, que el aporte que hacía el Instituto Magisterial Superior para la formación de maestros especializados en estas áreas se vio absolutamente obstaculizado por el desmantelamiento de esta institución en la década del noventa. Con la reforma educativa y durante las Administraciones de los profesores Rama y Bonilla se mantuvo cerrado, a pesar de los anuncios reiterados de un instituto similar. Lamentablemente, esto nos privó de tener maestros especializados en la enseñanza de ciegos y amblíopes, de sordos e hipoacústicos, de discapacitados motrices, de discapacitados intelectuales, etcétera.

Por otra parte, también tenemos dificultades en la formación específica de intérpretes en el lenguaje de señas, que es a lo que me quiero referir. Como todos sabemos, el lenguaje de señas no se corresponde biunívocamente con el idioma. Esto quiere decir que no hay un solo lenguaje de señas para el idioma español. Tenemos esta orfandad heredada en la formación de los profesionales intérpretes y, por lo tanto, si nos propusiéramos hoy hacer un llamado a concurso para proveer cargos de intérpretes de lenguaje de señas tendríamos dificultades no solamente en la configuración de las bases, sino también en la constitución de tribunales a esos efectos, dado que fuera del país, a nivel internacional, también existe esta dificultad que inicialmente señalaba sobre la no existencia de una relación biunívoca con la lengua oral.

Pido disculpas por lo desordenado de la intervención. A nivel de las distintas instituciones, si bien contamos con el avance tecnológico que significa la existencia de teléfonos para sordos e hipoacústicos, estos están instalados solamente en el edificio del Ministerio del Interior y no se cuenta con la necesaria capacitación de personal. No los tenemos en las Comisarías ni en Salud Pública, ni siquiera en Montevideo y mucho menos en el interior del país. Estos recursos no están instalados ni siquiera a nivel de ANTEL. Tampoco cuenta con ellos el Cuerpo de Bomberos. Piénsese en la situación de una persona sorda o hipoacústica que viva sola o se encuentre sola en ocasión de registrarse un siniestro. No cuenta con el teléfono correspondiente, y tampoco lo tiene el Cuerpo de Bomberos ni la Policía. No hay personal capacitado para dar cuenta de esa situación.

Y por si esto que nos sucede a nivel de la implementación fuera poco, quiero señalar otra dificultad que tiene que ver con pautas culturales que están muy impregnadas en la sociedad uruguaya y que lamentablemente dieron origen, el año pasado, durante la última campaña electoral, a un "spot" publicitario que devaluaba el papel que jugaban los intérpretes del lenguaje de señas. Más allá de cierta rectificación del sector político al que se le adjudicaba esta propaganda, lo que quiero señalar es que si algún publicista de alguna agencia se animó a hacer eso en una campaña electoral fue porque, de alguna forma, contaba con la anuencia de las pautas culturales de la sociedad.

Todo esto me parece altamente preocupante. Por eso recojo con alegría el planteamiento que se ha hecho, y quiero informar a la Cámara que desde hace tiempo estamos trabajando en un proyecto de ley -quizás tenga que ser más de uno- referente, por un lado, a la posibilidad de sistematizar y actualizar algunas de las disposiciones con que cuenta nuestro país y, por otro lado, a poner en papel, a nivel de la norma, para que se puedan solucionar, algunos de los problemas más inmediatos a los que hemos estado aludiendo.

SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Tiene la palabra el señor Diputado José Carlos Cardoso.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señor Presidente: nosotros también saludamos la iniciativa del señor Diputado Novales de traer al plenario de la Cámara, con mucha sensibilidad, un asunto sin duda relevante en la vida de nuestra comunidad y en la integración de los uruguayos todos, más allá de su condición social, económica o natural -o no- con la que cada uno venimos al mundo. Hago esta mención porque cuando hablamos de discapacidades no solamente debemos pensar en las innatas, sino también en las de muchísimos uruguayos que las van incorporando a lo largo de su vida.

Quiero subrayar algo que se dijo en el sentido de hacer mucho hincapié en este punto referido a la situación de los discapacitados en el Uruguay en el área educativa. La señora Diputada preopinante hablaba de las carencias que tenemos en el país en materia de atención, de equilibrio o de igualdad de oportunidades para todos. Eso es verdad. Muchas de esas cosas las vemos a diario. También es verdad que el Uruguay tiene muchas leyes. Por eso, cuando escucho decir que se van a agregar más leyes, me surge la inquietud de que se puede llegar a pensar que a partir de una ley se resuelve todo. Normalmente, los legisladores creemos que presentar un proyecto de ley y, mejor aún, conseguir su aprobación, es haber resuelto un problema. Este es un tema que nos permite verificar que las leyes no resuelven los problemas, sino que estos se resuelven cuando las leyes logran ser culturalmente aceptadas y eficazmente aplicadas. Muchas veces estas dos cosas no acontecen y, por lo tanto, el Uruguay tiene muchas leyes que son letra muerta.

(Ocupa la Presidencia la señora Representante Castro)

——No me entusiasma la idea de agregar nuevas normas para arreglar los problemas. En todo caso, habrá que revisar las vigentes y exigir su aplicación a los organismos públicos -que son los que más incumplen las leyes en materia de incapacidad- y a los privados.

La década del noventa, básicamente en el segundo tramo, a partir de la reforma educativa impulsada por el CODICEN presidido por el profesor Germán Rama, nos trajo un problema severo, que es haber abandonado la capacitación en esta materia. Nuestro país tenía una fortísima capacitación docente, de altísima calidad, e inclusive lográbamos exportar a otros países docentes de nota en materia de estas discapacidades.

Teníamos, y tenemos, institutos -ahora muy venidos a menos por la falta de capacitación docente- que lograban altas performances en materia educativa, reinsertando no solamente a niños y jóvenes sordos o ciegos, sino a algunos multifuncionales con dificultades complejas. Lamentablemente, con la clausura de estos cursos en el IMS, el Uruguay retrocedió; yo no quiero hacer una afirmación temeraria, pero podría señalar, casi sin temor a equivocarme, que nuestro país no tiene maestros de sordos y que no los estamos formando. Por lo tanto, en un lustro más no habrá docentes en condiciones de enseñar a niños sordos. Esta es la grave consecuencia de haber abandonado durante prácticamente diez años la capacitación docente.

Esto no se soluciona abriendo el curso el año que viene, sino que lleva mucho tiempo. Cuesta formar y obtener un docente de calidad, porque se trata de áreas muy especiales que necesitan alto perfeccionamiento. Lamentablemente, con la clausura del IMS, el Uruguay abandonó un área muy fuerte e importante en materia docente, que nos permitía tener un igualador de base que es la educación.

Pero también hemos tenido importantes logros. Advierto que en el deporte Uruguay avanzó mucho incorporando los Juegos Paralímpicos y hay una cantidad de áreas que se han ido abriendo y buscan dar oportunidades. Creo, pues, que debemos ser positivos para ver también la mitad del vaso lleno, sin dejar de advertir que lo que nos debe preocupar es la mitad del vaso vacío. Estoy de acuerdo: sobre eso hay que preocuparse y no regodearse sobre lo que logramos, pero también tenemos avances y el Uruguay no está absolutamente ausente de políticas para discapacitados. Las tenemos, aunque a veces uno advierte con dolor -como lo señaló el señor Diputado Novales- que es el propio Estado el que no cumple; es al Estado que le cuesta poner en marcha estas políticas y me parece muy bien que todos nos hagamos un tiempo para reflexionar, para trasladar a los Poderes Públicos, para que haga carne en el sistema educativo y para trasmitir a los medios de comunicación, la necesidad de que esta buena porción de la sociedad -los miles de uruguayos con alguna discapacidad- tenga una atención prioritaria y especializada.

SEÑOR BOTANA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BOTANA.- Señora Presidenta: creo que la intervención del señor Diputado Novales ha sido esclarecedora, realmente excelente y oportuna en este tiempo.

Es cierto que en el país se ha venido creando conciencia sobre el tema de la discapacidad, que lo hemos tomado muy de cerca, que ha habido creciente sensibilidad y que se han instrumentado medidas importantes. También es cierto que esto no se arregla con nuevas leyes. Por otra parte, difícilmente entren a la Administración Pública cien personas juntas como para que se pueda comprobar automáticamente el incumplimiento de la normativa que prevé el porcentaje de empleo para las personas con discapacidad. Seguramente, los alcances de la Ley Nº 16.095, que son generosos -o más que eso: justos, exactos y determinados-, no puedan concretarse, en la medida en que no se cuenta con los recursos previstos en la propia ley. Entonces, creo que es cierto que no debemos agregar nuevas leyes, pero entiendo que es preciso ajustar las existentes. En ese sentido, sería bueno que la propia Comisión de Derechos Humanos de la Cámara encarara el estudio de la legislación vigente para ajustar los mecanismos a fin de que se prevea el estricto cumplimiento del empleo para las personas con discapacidad, así como los recursos -en este tiempo previo al Presupuesto Nacional- para que los demás aspectos de la Ley Nº 16.095 puedan ser cumplidos y contemplados.

Agradezco al señor Diputado José Carlos Cardoso.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado José Carlos Cardoso.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- He finalizado, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Ortuño.

SEÑOR ORTUÑO.- Señora Presidenta: quiero plantear tres conceptos que me parecen importantes con relación a este asunto.

No quería dejar pasar la intervención que con acierto ha realizado el señor Diputado Novales, quien tuvo la valentía de incorporar a la discusión uno de esos temas que no es común que estén en la agenda de la Cámara. En ese sentido merece reconocimiento; pero sobre todo resulta necesario que las consideraciones que estamos haciendo en este momento no queden solo en manifestaciones, sino que den paso a compromisos políticos que permitan alcances concretos en un área en la que el país tiene que avanzar mucho.

Sin duda, se han hecho cosas; la señora Diputada Kechichián hacía referencia a los avances, desde mi punto de vista significativos, que se han concretado en Montevideo, a nivel municipal, en los últimos años. Pero, francamente, creo que queda mucho por hacer en políticas para la población con capacidades diferentes. También es fundamental decir que queda mucho por hacer con relación al conjunto de la sociedad uruguaya, que tiene que cambiar la lógica con la que muchas veces enfoca estos temas: para algunos, son solo problemas y preocupaciones de quienes los padecen, ignorando las enormes capacidades y posibilidades que se pueden desarrollar si se cuenta con los mecanismos y apoyos públicos y privados para el desenvolvimiento de las personas y para su integración a la sociedad, cosa que no siempre se hace.

Entonces, como decía, en primer lugar quiero destacar la intervención realizada por el señor Diputado Novales y, sobre todo, la pertinencia de que el Parlamento mire y atienda esta problemática.

En segundo término, y en la misma línea, quería traer una experiencia que pasó inadvertida en el escenario político y que yo creo que debemos jerarquizar y, quizás, tomar como ejemplo a la hora de considerar estos asuntos. Me refiero a lo sucedido la semana pasada en el Liceo Nº 3 Dámaso Antonio Larrañaga, de la capital. Allí, por un hecho concreto, quedó bien claro -como a veces sucede, más allá de los discursos y de las palabras- todo lo que resta por hacer y el atraso que tenemos, como sociedad, en estos campos. Es algo que se vincula con lo que planteaba la señora Presidenta sobre las carencias heredadas, especialmente en cuanto a la posibilidad de garantizar el acceso de las personas con capacidades diferentes a los edificios públicos y en particular a los centros de enseñanza. Sucedió que los estudiantes agremiados en ese liceo, frente a distintas dificultades, luego de plantear durante años las necesidades de un centro de enormes dimensiones al que concurren tantos estudiantes -uno de tantos otros- y de no conseguir respuestas, se reunieron, convocaron a los docentes, a los padres y en última instancia al conjunto del barrio y lograron ellos solos, mediante distintos mecanismos, conseguir los recursos para concretar lo que yo diría es un gran avance y un símbolo que debe ser tomado como ejemplo: una rampa para que uno de sus compañeros, que tiene que concurrir al liceo en silla de ruedas, pudiera hacerlo, en igualdad de condiciones respecto a los demás alumnos. Más allá de todo lo que eso costó, lo lograron, y en las distintas intervenciones que se hicieron en el acto de inauguración de la rampa que permite el acceso a ese estudiante, los estudiantes manifestaron la aspiración de que eso tuviera alguna repercusión en los organismos públicos y que esa muestra de solidaridad se contagiara al resto de la sociedad y se atendieran estos temas.

Inmediatamente nos pusimos en contacto con las autoridades de la enseñanza y del Consejo de Educación Secundaria, con quienes estamos trabajando para que eso, que sin duda fue un gran gesto de solidaridad, no quede en anécdota y se pueda generalizar en la medida en que, como bien se señalaba hace unos minutos, tenemos un Gobierno que genera muchas expectativas y responsabilidad para extender y defender los derechos de todos los ciudadanos, más allá de sus diferencias, y en este caso en particular, más allá de las capacidades diferentes.

En tercer lugar, quiero dejar planteada la voluntad -creo que de toda la bancada de Gobierno y que debería serlo de todo el Parlamento- de avanzar en esta materia y, sin duda, de legislar, como bien planteaba la señora Presidenta de la Cámara, llenando un montón de vacíos que tenemos como país y como sociedad en este tema.

Entiendo la preocupación de los señores legisladores que dicen que esto no se arregla con leyes. Si me permiten, corregiría la expresión -interpretando y compartiendo la buena voluntad que creo que los anima- y diría que esto no se arregla solo con leyes, pero sin duda son necesarias leyes y normas que no solo obliguen a las áreas de la Administración Pública, sino que también estimulen a los actores privados a promover distintos mecanismos en favor de la integración y de la inclusión de condiciones de vida igualitarias en nuestra sociedad. Estas son las cosas que después, en el mediano y largo plazo, son vistas como avances concretos hacia esa sociedad solidaria que tanto queremos. Estamos seguros de que desde el Parlamento podemos contribuir con varios granos de arena para avanzar en ese sentido.

Termino expresando no solo el reconocimiento al señor Diputado por su intervención, sino también tratando de que quede ese ejemplo de los estudiantes; si ellos pudieron sensibilizarse frente a esta temática, organizarse y hacer cosas concretas, sin duda que nosotros aquí, en la Cámara de Representantes, debemos poder pasar de los discursos -muchos se han hecho sobre estos temas en los últimos años- a los hechos, como nos convocaba la señora Presidenta de la Cámara, legislando y avanzando en esta materia.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Vega Llanes.

SEÑOR VEGA LLANES.- Señora Presidenta: creo que si hay algo que distingue a la humanidad en su devenir histórico es el intento de comunicación. Desde los dibujos en las cavernas en adelante hemos tratado de comunicarnos, así que cualquiera puede imaginarse lo complejo que es no poder comunicarse con sus semejantes, o por lo menos tener dificultades para hacerlo. Creo que vale la pena considerar este tema y analizarlo de frente, porque si lo hacemos desde una visión edulcorada probablemente extraigamos conclusiones diferentes, que en definitiva no nos lleven a la solución de los problemas.

Si uno mira la historia se da cuenta de que la discriminación de las minorías ha sido casi una constante, tanto cultural como económica, social y política. Uno casi podría pensar que es inherente al ser humano tratar de superar este aspecto desde el punto de vista cultural. Quien describió el síndrome de Down era un excelente médico, pero también un gran racista. Describió el síndrome mongoloide, el negroide, etcétera. Era, repito, un brillante médico que fue capaz de describir el síndrome que hoy conocemos por su nombre: síndrome de Down; sin embargo era un racista, porque lo asimiló a la raza amarilla, a quienes vivían en Mongolia. Creo que en Down se juntaban las dos caras de los seres humanos: la brillantez para poder comprender hechos y, a la vez, el peso cultural que lo llevó a dar un nombre que estaba vinculado a una raza, que no tiene nada que ver con la enfermedad, pero como vio que tenían rasgos achinados le puso su nombre. Creo que así somos los seres humanos.

Este país tiene algunas paradojas que vale la pena resaltar, como ser la existencia de una cárcel en Libertad y un maestro del humor negro que denominó cantegriles a los asentamientos irregulares, homologando al barrio de Punta del Este que en una época fue muy coqueto.

Creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre para poder entenderlas y a partir de eso transformarlas. Por ejemplo, hablamos a los gurises del VIH y de su prevención diciéndoles que hay que usar preservativos, cuando todo el mundo usa la palabra condón para referirse a ese instrumento que permite evitar la enfermedad. Siempre buscamos la forma de eludir y, entonces, hablamos de capacidades diferentes y damos cuarenta vueltas para decir lo que es obvio: que no están en pie de igualdad con alguien que tiene plena posesión de sus capacidades. No son capacidades diferentes, sino discapacidades. Es obvio y no hay otra manera de llamarlo. Reitero que si no llamamos a las cosas por su nombre, tampoco les vamos a encontrar una solución.

Estoy convencido de que el Uruguay tiene un montón de leyes que son letra muerta, no solo en este caso. Si nos ponemos a pensar que no tratamos bien a los sanos, difícilmente vamos a tratar bien a los enfermos. Ese es un peso que deberemos soportar hasta que podamos sacudirlo y hacer cosas que tal vez no sean leyes, pero sí acciones concretas para cambiar la realidad que hoy tenemos.

En mi pueblo se da un ejemplo que cada vez que tengo oportunidad lo menciono. Me refiero a una sociedad que se llama Jacobo Cibils, integrada por padres -y no padres- de gurises con discapacidades -algunas muy severas-, que con enorme esfuerzo y empuje han logrado un lugar para sus hijos y para los de los demás que sufren discapacidades, donde se pueden atender desde el punto de vista médico, de recuperación y educativo. Lo hicieron porque en el sistema normal de enseñanza no encontraban una respuesta para los problemas que tenían. Tuvieron que juntarse y empezar a trabajar para lograr lo que hoy tienen. Pero ¿saben qué les pasa? Su presupuesto es tan ajustado que el día que se rompe cualquier instrumento -desde el más complejo hasta el más sencillo, como por ejemplo el que hace el puré para muchos gurises que concurren allí- tienen que salir a pedir a la gente dinero para arreglarlo. Así y todo, hace poco estuvieron en el programa "Desafío al Corazón" y lograron cuadruplicar lo que pensaban obtener económicamente; cuando uno ve a esos gurises no tiene más remedio, por más dura que sea nuestra alma, que condolerse de la situación que viven. Consiguieron bastante más de lo que pensaban, lo que les permitirá hacer algunas cosas.

A su vez, tienen varias preocupaciones que no saben cómo resolver. Una de ellas es contar con un edificio adaptado a estos niños, a estos muchachos, que les permita desarrollarse y desempeñarse mejor. La Facultad de Arquitectura participó en el diseño de ese proyecto, que tiene un costo importante; poco a poco están tratando de ponerlo en marcha.

Asimismo, tienen un sueño, porque los padres de esos muchachos saben que un día se morirán y tienen claro que sin su sostén fundamental ni el de sus familias esos gurises terminarán muy mal, porque el país -hablo del Estado y de su gente- no tiene resuelto qué hacer con ellos una vez que queden solos.

En la discusión del Presupuesto intentaremos que esta institución, que se ha transformado en un centro regional, sea contemplada como para que funcione sin tener que mangar cuando se le rompe algo, que es lo mínimo. Lo haremos porque pensamos que la discriminación existe y existirá mientras no tengamos patrones culturales distintos. Hay que resolver estas situaciones y no encontramos otro capaz de hacerlo que el Estado, al que no le costará grandes cantidades. En efecto, si destináramos a esta institución simplemente lo que gasta el Parlamento en papel -que es mucho más de lo que necesita esta institución para funcionar- le permitiría estar en orden, crecer y admitir a los tantos que hoy no tiene más remedio que rechazar porque no tiene lugar para atenderlos.

SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR VEGA LLANES.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- La Mesa recuerda al señor Diputado Vega Llanes que le restan seis minutos de su tiempo.

Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PINTADO.- Señora Presidenta: he escuchado con mucha atención las distintas intervenciones de mis colegas.

Creo que la iniciativa del señor Diputado Novales es buena porque nos permite reflexionar sobre estos temas. Solo quiero recordar a la Cámara un par de elementos, que surgen a partir de las distintas preocupaciones y ángulos, como decía el señor Diputado Ortuño, con que se puede analizar esta problemática.

En 1998, la Cámara, conmemorando el Día Nacional del Discapacitado -día muy emotivo para esta Cámara; lamentablemente, el proyecto aprobado por unanimidad en el que se creaba la figura del asistente personal para el discapacitado severo luego naufragó en el Senado-, recogió una demanda muy importante. Este edificio, que no está adaptado para que asistan personas con capacidad diferente o discapacitados, estaba lleno de sillas de ruedas, porque había discapacitados severos, algunos como Becky Sabath, que escribe con la boca, reclamando al Parlamento la posibilidad de trabajar con una asistencia permanente. Esta compañera y amiga, que es psicóloga y también trabaja con personas discapacitadas, obviamente necesita un instrumento parlamentario, que es la creación del asistente personal, proyecto en el que trabajamos conjuntamente con el Plenario Nacional de Personas con Discapacidad y que intentaremos reflotar. Sabemos que esta iniciativa requiere recursos, pero, dadas las limitaciones del país, estas son cuestiones que tenemos que analizar con precisión. Este proyecto estaba financiado con el IMESI.

La segunda cuestión que quiero plantear -que sí requerirá iniciativa del Poder Ejecutivo- es que muchas personas con discapacidad severa, que tienen que contratar personal para poder moverse y desean tener ese personal en regla, se ven ante la disyuntiva de pagar el salario en negro porque no pueden afrontar los aportes patronales. Esta es otra cuestión que debemos revisar, sobre todo si tenemos en cuenta -y con esto no enjuicio a nadie, porque me parece que son opciones que el país ha hecho- que exoneramos de los aportes patronales a cualquier cantidad de empresas.

Por lo tanto, tomemos esta iniciativa como un primer ensayo para reflexionar sobre una temática que nos aborda, y mucho, y ante la cual debemos responder sensiblemente.

Muchas gracias, señor Diputado Vega Llanes.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Vega Llanes.

SEÑOR VEGA LLANES.- Señora Presidenta: quiero terminar mi exposición haciendo algunas reflexiones que complementan lo que afirmó el señor Diputado Pintado.

Hay que saber que muchas de estas discapacidades se pueden prevenir antes del nacimiento. En ese sentido, la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social nos ha encargado elaborar un proyecto -hemos hablado con el Ministerio al respecto- relativo a la detección de enfermedades neonatales prevenibles, como por ejemplo la hipoacusia o el hipotiroidismo, que genera una discapacidad intelectual y que si se tratara en el momento no provocaría absolutamente nada. Está totalmente comprobado que aquellos niños cuya hipoacusia es detectada en la etapa neonatal tienen un aprendizaje igual que el de los niños con audición perfecta.

Quería reflexionar sobre estos temas, pero especialmente quiero exhortar a todos a que empecemos, primero en nuestras casas y luego en los medios educativos, a tratar de no utilizar las palabras que son un signo de discriminación, lo que, a su vez, sería una forma de evitar que nuestros hijos heredaran los prejuicios que nosotros tenemos. Una de las formas de discriminación es no llamar a las cosas por su nombre y otra es catalogar a la gente por sus características físicas, cosa que hacemos habitualmente sin darnos cuenta, lo que, lamentablemente, lleva a que mantengamos la discriminación a nivel cultural.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Signorelli.

SEÑOR SIGNORELLI.- Señora Presidenta: la iniciativa planteada por el señor Diputado Novales, sobre la que expuso con mucha brillantez, unida a lo emotivo de las palabras pronunciadas por el señor Diputado Pérez y los conceptos vertidos por las señoras Diputadas Kechichián y Castro, realmente nos llevan a hacer algunas reflexiones sobre este tema tan importante, con una emoción muy grande.

Hemos tenido la oportunidad de ver cómo estos temas que maneja la sociedad hoy prácticamente están bajo la iniciativa de la actividad privada. El gran problema de los jóvenes con discapacidades muchas veces comienza cuando, luego de terminada la educación primaria, no tienen las posibilidades de proyectarse en un futuro que los haga ser más felices. Quiero recordar a una persona de mi departamento que luchó mucho por este tema y que mucho logró con su esfuerzo: el Comisario Artigas Manassi, hoy fallecido. También quiero mencionar a Ari Giménez, ex golero de Peñarol, que tuvo un accidente en el que perdió un brazo y que ha trabajado denodadamente junto al "Toto" Ipar y Ninia Riani en ACRIDA, que trata el tema de todas las discapacidades, así como a la Asociación Down de Artigas, que con enorme sacrificio atiende a un sinnúmero de niños con este síndrome.

Estoy muy de acuerdo con que a veces las leyes no se cumplen y conque quizá no haya que aprobar más leyes, sino hacer cumplir las actuales y mejorarlas. Pero también estoy muy de acuerdo con que las Intendencias pueden brindar un gran apoyo al desarrollo de estas personas.

Cuando el señor Diputado Vega Llanes hacía referencia a los padres de los niños con el síndrome de Down, me hacía recordar a una persona de mi comunidad. Me refiero al hijo de la familia Dieste, que padece el síndrome de Down y que hoy sigue transitando por nuestras calles, haciéndonos visitas; ha perdido a sus dos padres, lo que significó -según su comentario- el dolor más grande que tuvo en su vida.

Por este motivo, vamos a apoyar todas las iniciativas que al respecto se presenten de aquí en adelante. Muchas cosas se han hecho desde la actividad pública y principalmente desde la privada. Esperamos que el proyecto sobre voluntariado se apruebe pronto, porque va a ser importante para dar un marco adecuado al tema y que no suceda lo que pasa ahora, en que muchas veces las personas traen colaboradores que luego se presentan ante el BPS, lo que hace que ellas se desestimulen. Quiero destacar el gran aporte que en su momento hizo el Taller Esperanza, que trataba de enseñar distintas manualidades, cocina, etcétera, a todos estos niños que salían de Primaria.

Queremos compartir todo lo que acá se ha dicho y agregar que este tema nos debe tener muy preocupados porque, como decía el señor Diputado Vega Llanes, quizás, como sociedad, no estemos brindando todo lo que podemos. Tenemos la esperanza de que desde el Gobierno y a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se puedan hacer nuevos aportes a las iniciativas manejadas por privados, como fue el caso de ACRIDA, que ahora tiene una excelente sede con todas las comodidades gracias a los innumerables convenios realizados por dicha Cartera. El ex Ministro Lucio Cáceres firmó varios de estos convenios -eran los que más le gustaba firmar-, principalmente con esta institución que fue y es brillante por su dedicación a las personas con discapacidad.

En el recuerdo de todas estas personas y en lo que acá se ha dicho está el reconocimiento y el deseo de que a través del Presupuesto se pueda brindar apoyo a todas las comunidades que hoy existen y que por falta de recursos no pueden estar más presentes, tal como quisieran.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra la señora Diputada Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señora Presidenta: no quería dejar de hacer una reflexión sobre este tema, habida cuenta de que por una casualidad tuvimos dos intervenciones similares en esta Cámara. Una de ellas fue la del compañero de la Comisión de Derechos Humanos, el señor Diputado Novales, quien se refirió a las mismas personas que el señor Diputado Pérez durante la media hora previa, en la cual hacía una reflexión desde el corazón y desde el alma. Hoy estamos tratando estos temas del corazón y bajando los decibeles de algunas confrontaciones políticas o partidarias. Estamos haciendo el esfuerzo de interpretar la necesidad de asumir este tema como un asunto de todos.

Simplemente, por ser docente de preescolares y haberme tocado en varias oportunidades la tarea de integrar a chicos con discapacidades -voy a emplear ese término-, quiero relatar mi experiencia al respecto. Diría que fue una experiencia totalmente enriquecedora la de haber tenido conmigo durante tiempo a Nicolás, a Valentina, a Jesús, a Daniel, a Renzo y a una cantidad de otros niños que quedaron en mi corazón porque, como decía el señor Diputado Pérez, aman, saben amar, expresan alegría, dolor, frío y calor de la forma que pueden y saben hacerlo.

Quiero terminar diciendo que tuvimos muchos aliados en aquella época en que fuimos pioneros en la integración de niños con discapacidades en la enseñanza común, pero también tuvimos algunas dificultades, en general proveniente de los padres de los niños sin discapacidades, quienes veían las discapacidades que se ven, porque algunas no se ven, como las de los sordos o hipoacústicos. Tuvimos que ver con dolor cómo algunos padres, sin entender lo que significa la integración, dejaron de enviar a sus hijos al instituto de enseñanza en el cual estábamos haciendo una experiencia integradora, que a mi juicio fue extraordinariamente positiva.

Con esto quiero decir que independientemente de lo que podamos hacer desde este Poder Legislativo en cuanto a la legislación y demás, la educación temprana de una sociedad, desde los núcleos familiares, en la aceptación de los discapacitados, de quienes no son iguales, es un factor tan importante como las otras medidas que se puedan tomar, coadyuvantes con el logro de una comunidad integrada, en la cual los que tengan discapacidades sientan que son tan miembros como aquellos que no las tienen.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra la señora Diputada Tourné.

SEÑORA TOURNÉ.- Señora Presidenta: me parece que la discusión que hemos venido dando es de absoluta pertinencia. Para quien habla, que ha sido maestra durante muchos años, que además es fonoaudióloga y tuvo el placer de trabajar en una experiencia educativa de integración en el Centro de Educación Natural Integral, en donde a la hora de formar los grupos no se tenía para nada en cuenta ningún tipo de discapacidad o capacidad diferente, este es un tema que la compromete muchísimo.

Si bien es cierto que ha habido avances en algunos puntos, como bien expresaba la señora Presidenta en su intervención, quedan muchos debes.

Durante cientos de años, en nuestra civilización tratamos de ocultar al diferente, como con vergüenza. El que nos enrostra una diferencia más vale que se la quede, porque así no vemos las discapacidades que tenemos nosotros. Por eso, al debatir los nombres, si decimos discapacidad o capacidades diferentes, acepto lo que tenga mayor consenso, pero no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es la actitud pertinaz -que va mejorando, pero demasiado lentamente, a mi gusto- de dejar de lado al diferente, de excluirlo.

¿Saben qué es lo más pesado de todo esto? Lo más pesado es que nosotros vemos al diferente no solo como diferente, sino como menos. Ese es el problema y, por lo tanto, ostentando una supuesta perfección y normalidad -me encantaría que fuéramos capaces de discutir cada uno de nosotros hasta dónde es el límite de nuestra perfección y normalidad-, tratamos al distinto como si fuera menos que nosotros.

La exposición del compañero Diputado Pérez en este sentido fue brillante, así que no hay por qué agregarle, pero es ciertamente el diferente el depósito de lo menos, el lugar de la burla, desde un espacio de perfección y normalidad que, afirmo, no tenemos ninguna ni ninguno de quienes nos autodenominamos normales. Y es a todas luces preferible que el que camina mal sea el otro y no yo; que el sordo sea el que tiene un audiograma con una pérdida de decibeles muy importante y no el que no quiere escuchar; que el loco, el que hace las cosas distintas, mejor que sea otro y no yo, y así vamos depositando en los seres diferentes las incapacidades que quizá tengamos nosotros metidas en nuestra alma.

En esta tarea de incluir hay que aceptar que todos los demás, tengan o no diferencias, tienen capacidad de aportar de cualquier manera al desarrollo de esta sociedad, que la exclusividad del brillante aporte no la tenemos los pseudonormales, sino que todos tienen una posibilidad de aporte. Y es más: que todos, quienes nos creemos normales y quienes tienen algún tipo de handicap, tenemos derecho a algo que nos hace esencialmente humanos: tenemos derecho a que se nos quiera, a que se nos acepte y a que se nos respete, no desde la lástima, sino desde el respeto y el reconocimiento de lo que venimos a integrarle a la sociedad, sea como sea.

Yo recuerdo que hace un tiempo hicimos una actividad en la Cámara, en la cual estuvo presente una de las directivas importantes del PLENADI -Plenario Nacional de Discapacitados-, que es una compañera que tiene problemas de movilidad, de motricidad y se traslada en silla de ruedas. La traslada una persona, dado el alto grado de involucramiento de su motricidad. Y era realmente para quedarse perplejos ver cómo cuando tenían que hablarle a esta compañera se dirigían a la persona que transportaba la silla de ruedas, porque confundían una discapacidad de moverse con una discapacidad intelectual, y en este caso estábamos hablando con una señora que tiene estudios universitarios terminados. Es tal nuestro prejuicio y estereotipo que confundimos una cosa con la otra. Entonces, a la compañera no se dirigían, sino a la persona que la llevaba en la silla de ruedas, que, en definitiva, era una auxiliar de esta compañera.

Son esas las cosas que a mí me parece que debemos profundizar como sociedad. Tan civilizados nos creemos que nos damos el lujo, a veces, de dejar de lado riquísimos aportes que se nos pueden hacer.

Yo tuve -como les contaba- una maravillosa experiencia como maestra al tener un grupo de primer año integrado por niños con problemas de discapacidad motriz severa, con una hipoacusia profunda, con niños psicóticos y con niños normales. Los niños me enseñaron a mí cosas que los adultos no hacemos, porque los niños no tenían ese depósito de discriminación que tenemos los adultos. Y tampoco tenían esa lástima espantosa que nos entra cuando hablamos con una persona diferente. ¿Saben qué? Cuando una de las mellizas -eran mellizas las divinas sordomudas que había en mi clase- no oía o estaba distraída, el que oía se levantaba y, sin ningún problema, le agarraba la cara y le decía con absoluta naturalidad: mirá tal cosa y tal otra.

Y muchas veces las gemelas ayudaban a niños -que aparentemente no tenían ninguna discapacidad- a aprender sobre determinado tema que ellas dominaban. Y eso que me enseñaron los chiquilines es lo que tal vez, desde aquí -con algunas leyes o simplemente debatiendo estas cosas y haciéndolas saber-, podemos lograr. Si hablamos de discapacidad, yo creo que todos tenemos discapacidades y diferencias y, al mismo momento, creo que todos tenemos para aportar. Lo que creo que sí es responsabilidad nuestra es generar las vías para la inclusión efectiva y el respeto a los derechos de todos.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA TOURNÉ.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora Presidenta: he seguido con atención el discurso de la señora Diputada, que recorre un camino de mucha sensibilidad. En mi intervención anterior yo decía que esto no se resolvía con leyes sino con actitudes; no es agregando normas, sino haciendo que esa interpretación sensible de la realidad y esa valoración respecto a quien tiene una discapacidad o es diferente se haga efectiva. Pero tendríamos que ser muy sinceros con nosotros mismos y quizá muy duros y muy crudos. ¿Cuál sería la respuesta si yo me preguntara hoy cuántos paralíticos en silla de ruedas, cuántos sordos o cuántos ciegos son nuestros secretarios? ¿Quién tiene un secretario sordo en su despacho? ¿Quién tiene un ciego, como secretario, en su despacho? Los secretarios los ponemos nosotros. Y en silla de ruedas yo no he visto llegar a nadie al Palacio Legislativo.

El tema de la sensibilidad realmente nos tiene que doler, porque hay que pasar de los dichos a los hechos, y sentirnos culpables. Lo que está haciendo la señora Diputada Tourné yo lo comparto: es ponerse de frente, no al plenario de la Cámara ni a las instituciones públicas, sino a nosotros mismos. Quizá si revisáramos en estas actitudes nuestras podríamos encontrar bien cerca, en nuestro despacho, que ahí empieza el problema: en las decisiones que adopto yo, no en las que adoptan los otros. Cada uno de nosotros debemos hacer esa reflexión en silencio; no lo planteo para que me contesten. Hagamos esa reflexión para ver cómo nos ha ido y cómo hemos hecho los deberes.

Muchas gracias, señora Diputada.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar la señora Diputada Tourné, a quien le restan cuatro minutos de su tiempo.

SEÑORA TOURNÉ.- Señora Presidenta: estoy de acuerdo con el planteo realizado por el señor Diputado José Carlos Cardoso, pero creo que también podemos avanzar legislativamente. ¿Y sabe qué es lo que considero más importante, señora Presidenta? Que en un tema de tanta sensibilidad tengamos la decencia de no sacar rédito político, que también tengamos esa decencia con relación a lo que incluyó el señor Diputado José Carlos Cardoso, porque estamos jugando con el sentir de la sociedad y con lo que queremos hacer.

Entonces, me parecen geniales todas las ideas que se han aportado, pero me parecería más genial si, por encima de nuestras pertenencias políticas, hiciéramos esfuerzos serios por lo que decía el señor Diputado José Carlos Cardoso: llevarlas a la práctica.

SEÑOR ABDALA (don Washington).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA TOURNÉ.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA (don Washington).- Señora Presidenta: escuché con atención a la señora Diputada Tourné, así como también con suma atención lo manifestado por el señor Diputado Novales; felicito a ambos y a los colegas que hicieron uso de la palabra intermitentemente, a quienes fui prestando atención en el correr de la sesión.

Yo creo que este tema también tiene una dimensión cultural, y los cambios culturales no son procesados por la sociedad de manera automática. Entonces, cuando se habla de capacidades diferentes, lo que se está procurando es no estigmatizar. No hay opción; hay que comprar buenamente esa categoría. Cuando usted establece "discapacidad", lo que está diciendo es que el otro tiene una capacidad distinta a la suya o menor. ¿Y a usted quién le dijo que su capacidad es mayor? Es otra dimensión de vivir la capacidad, es otro mundo, otra cosmovisión; son distintos niveles; no sé quién está arriba y quién debajo.

Entonces, ¡vamos arriba con el tema de las capacidades diferentes, que es respetuoso para el tercero! Por otra parte, este es un tema que tiene un componente estrictamente cultural. Allí hay que hacer el esfuerzo, porque todos los días vemos cómo la propia sociedad habla del rengo, del mudo o utiliza otro tipo de expresiones, y va denostando al que supuestamente decimos que tiene una capacidad diferente. Es una batalla, centralmente, en la clave cultural, y no en la cultura de cuatro o cinco, sino en la de toda la sociedad.

Gracias, señora Diputada.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar la señora Diputada Tourné.

SEÑORA TOURNÉ.- He terminado, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Domínguez.

SEÑOR DOMÍNGUEZ.- Señora Presidenta: agradezco al señor Diputado Novales que haya planteado este tema que, evidentemente, a todos los legisladores y legisladoras nos llega a fondo.

Me parece que ha estado ausente un punto que quiero señalar, porque creo que en esta Casa vamos a tener que trabajar en muchos aspectos que tienen que ver con la discapacidad. En ese sentido, como miembros de la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas, queremos destacar el problema que tiene un gran porcentaje de discapacitados, que es el del traslado. Estamos trabajando al respecto y estamos elaborando proyectos de ley para que esa situación se pueda laudar.

Otro aspecto que creo hay que señalar es el de los accidentes, que también está relacionado con lo que estamos trabajando. No hay que desconocer que una de las formas más crueles de discapacidad está dada por los accidentes, en un 9,4%. Entre ellos están los accidentes laborales, que son todos previsibles. El problema de los trabajadores no solo radica en la falta de los instrumentos para preservar su vida o prevenir la discapacidad que se puede generar por un accidente, sino que también pasa por su actitud, pues a veces les resulta muy difícil ser conscientes de que pueden caerse, lastimarse o tener un accidente que, aunque no les cueste la vida, puede generarles una discapacidad para el resto de su existencia.

Entonces, este tema tiene mucho que ver con los accidentes y, fundamentalmente -lo queremos recalcar-, con los accidentes automovilísticos. Si bien debemos sacudir los sentimientos -me parece que acá se hizo de manera correcta-, también hay que ser eficientes y vamos a tener que hacer cosas concretas, puntuales y fríamente elaboradas, porque de lo contrario seguiremos lamentándonos por lo que pasa a nuestro alrededor.

Por eso, insisto en que todo eso se debe tener en cuenta y en que se debe trabajar al respecto. Creo que debemos legislar en ese sentido y no podemos desconocer que por aquí vamos a ver pasar muchas de estas situaciones. Sin ir más lejos, con los compañeros de la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas, en el día de hoy estuvimos con los integrantes del Directorio del BPS, quienes nos dijeron que una de las erogaciones más importantes que tiene ese organismo es, precisamente, la que se da por concepto de apoyo a la discapacidad. Nosotros preguntamos al BPS si se podía hacer cargo de los estudios de los discapacitados o si podía determinar el grado de discapacidad de las personas, pero dijeron que era un peso excesivo para las tareas que ellos realizan, aunque estarían dispuestos a colaborar en ese sentido.

Reitero que muchas de estas cuestiones tienen que ver con nuestra actitud práctica de todos los días. También vemos cómo se lleva a cabo el tema del transporte en cada departamento. Asimismo, como señaló el señor Diputado Signorelli, en cada departamento tenemos las secuelas de las brutales situaciones que se dan por falta de prevención en estos casos; en cada departamento o en cada barrio -en Montevideo es diferente- tenemos la tristeza de saber que hay familias que han quedado destrozadas por las incapacidades que generan los accidentes.

Con esto pretendía ingresar a algún ángulo diferente de este asunto.

Muchas gracias, señora Presidenta.

16.-     Sesión especial.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Gamou.

(Se lee:)

"Mociono para que la Cámara se reúna en sesión especial el día martes 9 de agosto, a la hora 14, a fin de considerar el proyecto por el que se modifican normas referidas al régimen de descuentos por inasistencias injustificadas de los señores Representantes".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

17.-     Supresión de sesión ordinaria.

Dese cuenta de otra moción presentada por el señor Diputado Gamou.

(Se lee:)

"Mociono para que se deje sin efecto la sesión ordinaria del día jueves 11 de agosto".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

18.-     Sesión especial.

Dese cuenta de otra moción de orden presentada por el señor Diputado Gamou.

(Se lee:)

"Mociono para que la Cámara se reúna en sesión especial el día jueves 11 de agosto, a la hora 8, a fin de considerar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2004".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta en sesenta y uno: AFIRMATIVA.

19.-     Alteración del orden del día.

Dese cuenta de otra moción de orden presentada por el señor Diputado Gamou.

(Se lee:)

"Mociono para que se altere el orden del día de la sesión de hoy, pasando al quinto lugar el asunto que figura en el sexto".

——Se va a votar.

Se vota.

——Cincuenta y nueve en sesenta y dos: AFIRMATIVA.

20.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Roberto Conde, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para participar en el seminario "Hacia un MERCOSUR más cerca de los ciudadanos: Parlamento regional y políticas para la convergencia estructural", a llevarse a cabo en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, por el día 4 de agosto de 2005, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Rosa Quintana."

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y nueve en sesenta y uno: AFIRMATIVA.

En consecuencia, queda convocado el suplente correspondiente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 2 de agosto de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi mayor consideración:

Solicito al Cuerpo que usted preside, licencia por el día 4 de agosto, por la causal determinada en el literal D) del artículo 1º de la Ley Nº 17.827 (obligaciones notorias inherentes al cargo de representación política), para participar en el seminario: "Hacia un MERCOSUR más cerca de los ciudadanos: Parlamento regional y políticas para la convergencia estructural", a desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires en esa fecha.

Solicito se convoque al suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda atentamente.

ROBERTO CONDE
Representante por Canelones".

"Canelones, 2 de agosto de 2005.

Señora Presidenta de la
Cámara de Representantes,
Nora Castro.

Presente.
De mi mayor consideración:

La suscrita, Ana María Cardozo Sagasti, C.I. 1.487.053-2, domiciliada en Sersale Nº 18, Paso Carrasco, en mi calidad de primera suplente del Representante Nacional por Canelones, Carlos Roberto Conde Carreras, el que ha solicitado licencia, comunica a Ud. que se encuentra imposibilitada por esta única vez, para asumir el cargo de Representante para el cual se le convocó por ese Cuerpo, manteniendo el derecho de reasumir personería al plantearse otra situación de las mismas características.

Sin otro particular, le saluda con toda consideración,

Ana M. Cardozo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia del señor Representante por el departamento de Canelones, Roberto Conde, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, a efectos de participar como expositor en el seminario "Hacia un MERCOSUR más cerca de los ciudadanos: Parlamento regional y políticas para la convergencia estructural", a desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 4 de agosto de 2005.

II) Que por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto, la suplente correspondiente siguiente, señora Ana Cardozo.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 20 de setiembre de 2004 y el literal D) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia al señor Representante por el departamento de Canelones, Roberto Conde, por el día 4 de agosto de 2005, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, a efectos de participar en el seminario "Hacia un MERCOSUR más cerca de los ciudadanos: Parlamento regional y políticas para la convergencia estructural", a desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

2) Acéptase, por esta única vez, la renuncia presentada por la suplente correspondiente siguiente, señora Ana Cardozo.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el día 4 de agosto de 2005, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, señora Rosa Quintana.

Sala de la Comisión, 2 de agosto de 2005.

JULIO CARDOZO FERREIRA, VÍCTOR SEMPRONI, ALBERTO PERDOMO".

21.-     Doctor Alfredo Sanjuán Suárez. (Designación al Centro Auxiliar de Salud Pública de Sarandí Grande, departamento de Florida).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Doctor Alfredo Sanjuán Suárez. (Designación al Centro Auxiliar de Salud Pública de Sarandí Grande, departamento de Florida)".

Continúa la discusión general.

SEÑOR ENCISO CHRISTIANSEN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ENCISO CHRISTIANSEN.- Señora Presidenta: voy a ser breve porque en una sesión anterior esta Cámara ya se remitió a este tema, que ha sido aprobado por el Senado. En su oportunidad, nuestro suplente -que es, coincidentemente, de Sarandí Grande-, argumentó a favor de este proyecto de ley.

Consideramos que a través de esta iniciativa se está haciendo justicia, porque el doctor Alfredo Sanjuán Suárez ha sido una de esas personas que en la localidad de Sarandí Grande -valga decir que es la segunda localidad en importancia poblacional, política e institucional del departamento de Florida, luego de su capital-, después de una importante trayectoria pública, ha dejado de sí mismo una imagen y una obra de gran dimensión. Por eso reitero que es de justicia -y un honor para sus coterráneos- que se pueda designar al Centro Auxiliar de Salud Pública de Sarandí Grande con el nombre "Doctor Alfredo Sanjuán Suárez".

Fue médico, filántropo, de multifacética personalidad porque se destacó en diferentes rubros. Fue Director del liceo en la década del treinta. Ejerció la Presidencia de la Comisión encargada de los festejos del 12 de octubre, e inclusive más de una vez presidió el Comité encargado de los homenajes de esa fecha histórica en que se conmemora la Batalla de Sarandí.

También fue integrante del Concejo Municipal de aquel momento, dando todo de sí también en lo público.

Presidió la institución "12 de Octubre", club vinculado a los "raids" que en Sarandí Grande han tenido gran destaque hasta nuestros días.

Asimismo, estuvo vinculado al fútbol, siendo dirigente de diferentes instituciones. En ese sentido, en su larga trayectoria ha dejado un importante mensaje de lo que debe ser, para su comunidad, un hombre de esas dimensiones.

En este caso, con nuestro colega el Diputado floridense doctor Vega Llanes, compartimos este sincero homenaje al doctor Sanjuán. A su vez, solicitamos que se envíe la versión taquigráfica de estas palabras a su familia -especialmente a sus hijos- y a la Junta Local de Sarandí Grande, en función del destaque de esta personalidad.

De manera que dejamos sentada esta argumentación favorable a esta designación, compartida por nuestro colega floridense.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y uno en sesenta y dos: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta en sesenta y uno: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(Texto del proyecto sancionado:)

"Artículo Único.- Desígnase 'Doctor Alfredo Sanjuán Suárez' el Centro Auxiliar de Salud Pública de Sarandí Grande, departamento de Florida, dependiente del Ministerio de Salud Pública".

22.-     Convención Conjunta de Seguridad del Combustible Gastado y Seguridad de la Gestión de los Desechos Radiactivos. (Aprobación).

¾ ¾ Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Convención Conjunta de Seguridad del Combustible Gastado y Seguridad de la Gestión de los Desechos Radiactivos".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 34

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Montevideo, 8 de febrero de 2004.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración, el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba la "Convención Conjunta de Seguridad del Combustible Gastado y Seguridad de la Gestión de los Desechos Radiactivos", aprobada en Viena, el 5 de setiembre de 1997, que consta del Preámbulo y 44 artículos.

Dentro de las definiciones de la Convención, "combustible gastado" es el combustible nuclear irradiado o extraído permanentemente del núcleo de un reactor; "gestión del combustible gastado" se entiende todas las actividades que se relacionan con la manipulación o almacenamiento del combustible gastado, excluido el transporte fuera del emplazamiento; "desechos radiactivos" son los materiales radiactivos en forma gaseosa, líquida o sólida para los cuales no se prevé ningún uso ulterior; "gestión de desechos radiactivos" se entiende todas las actividades, incluidas las de clausura, que se relacionan con la manipulación, tratamiento, acondicionamiento, almacenamiento o disposición final de desechos radiactivos, excluido el transporte fuera del emplazamiento.

Es de especial interés para la República aprobar la Convención en virtud que tiene como objetivos:

1. Lograr y mantener un alto grado de seguridad en todo el mundo, en la gestión del combustible gastado y de los desechos radiactivos a través de la mejora de las medidas nacionales y de la cooperación internacional, incluyendo, cuando proceda, la cooperación técnica relacionada con la seguridad;

2. Asegurar que durante todas las etapas de la gestión del combustible gastado y de desechos radiactivos haya medidas eficaces contra riesgos radiológicos potenciales, de manera tal que individuos, sociedad y medio ambiente estén protegidos de los efectos nocivos de la radiación ionizante, de manera tal que las necesidades y aspiraciones de la generación actual se satisfagan sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades y aspiraciones.

3. Prevenir accidentes con consecuencias radiológicas y mitigar sus consecuencias cuando ellos ocurran durante cualquier etapa de la gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos.

El ámbito de aplicación de la Convención se refiere: 1) a la seguridad en la gestión del combustible gastado que provenga de la operación de reactores nucleares para usos civiles; 2) a la seguridad en la gestión de desechos radiactivos que provengan de aplicaciones civiles; 3) a la seguridad en la gestión del combustible gastado y de desechos radiactivos derivados de programas militares o de defensa cuando dichos materiales se transfieran a, y se gestionen en programas exclusivamente civiles; 4) a las descargas, estipuladas en los artículos 4, 7, 11, 14, 24 y 26.

La Convención no se aplicará: 1) al combustible gastado que se encuentre situado en instalaciones de reprocesamiento como parte de una actividad de reprocesamiento, a no ser que la Parte Contratante declare que el reprocesamiento es parte de la gestión de combustible gastado; 2) a los desechos que contengan solamente materiales radiactivos naturales y que no se originen en el ciclo del combustible nuclear, a menos que estén constituidos por fuentes selladas en desuso o que la Parte Contratante los defina como desechos radiactivos a los fines de esta Convención; 3) a la seguridad en la gestión de combustible gastado o desechos radiactivos que formen parte de programas militares o de defensa, a menos que la Parte Contratante los defina para los fines de esta Convención.

La seguridad en la gestión del combustible gastado (Capítulo 2) y la seguridad de la gestión de desechos radiactivos (Capítulo 3), incluyen, en cada caso, los requisitos generales de seguridad, instalaciones existentes, emplazamiento de las instalaciones proyectadas, diseño y construcción de las instalaciones, evaluación de la seguridad de las instalaciones, operación de las instalaciones, disposición final y medidas institucionales después del cierre de una instalación.

El Capítulo 4 refiere a las disposiciones generales de seguridad que cada Parte Contratante deberá adoptar, en el ámbito de su legislación nacional, que regirá la gestión de combustible gastado y de desechos radiactivos, para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Convención. En consecuencia, se contempla el establecimiento o designación de un órgano regulador; la responsabilidad del titular de la licencia o de quien tenga jurisdicción, en cuanto a la seguridad de la gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos: los recursos humanos calificados para las actividades específicas y los recursos financieros suficientes para mantener la seguridad de las instalaciones durante su vida operacional y para la clausura, así como para continuar aplicando los controles institucionales, actividades y medidas de vigilancia radiológica apropiadas durante el lapso necesario después del cierre de una instalación hasta la disposición final de los desechos radiactivos; la aplicación de programas de garantía de calidad con respecto a la seguridad en la gestión de combustible gastado y de desechos radiactivos; la protección radiológica durante la vida operacional de una instalación; la preparación para casos de emergencia y las medidas adecuadas para garantizar la seguridad durante la clausura de una instalación nuclear.

El Capítulo 5 contempla los movimientos transfronterizos, para que se lleven a cabo de manera compatible con las disposiciones de la Convención y los instrumentos internacionales vinculantes.

Finalmente, el Capítulo 6 se refiere a la celebración de reuniones de las Partes Contratantes y a la presentación de informes con las medidas adoptadas para cumplir cada una de las obligaciones de la Convención.

Habida cuenta que en la República se generan desechos radiactivos en las áreas médica e industrial y que en la región se producen cantidades importantes de tales desechos, la obtención y mantenimiento de altos niveles de seguridad para prevenir accidentes en este ámbito, justifican el interés del Poder Ejecutivo en solicitar la aprobación de la Convención.

El Poder Ejecutivo, hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, DIDIER OPERTTI BADÁN, JOSÉ IGNACIO VILLAR, SAÚL IRURETA SARALEGUI.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase la "Convención Conjunta de Seguridad del Combustible Gastado y Seguridad de la Gestión de los Desechos Radiactivos", aprobada en Viena, el 5 de setiembre de 1997, que consta del Preámbulo y 44 artículos.

Montevideo, 8 de febrero de 2004.

DIDIER OPERTTI BADÁN, JOSÉ IGNACIO VILLAR, SAÚL IRURETA SARALEGUI.

TEXTO DEL ACUERDO

PREÁMBULO

Las Partes Contratantes:

i) Reconociendo que la operación de reactores nucleares genera combustible gastado y desechos radiactivos y que otras aplicaciones de las tecnologías nucleares generan también desechos radiactivos;

ii) Reconociendo que los mismos objetivos de seguridad se aplican tanto a la gestión de combustible gastado como a la de desechos radiactivos;

iii) Reiterando la importancia que tiene para la comunidad internacional asegurar que se planifiquen y apliquen prácticas eficaces adecuadas para la seguridad en la gestión del combustible gastado y de los desechos radiactivos;

iv) Reconociendo la importancia de informar al público sobre las cuestiones relativas a la seguridad en la gestión del combustible gastado y de los desechos radiactivos;

v) Deseando fomentar en todo el mundo una cultura de seguridad nuclear efectiva;

vi) Reiterando que la responsabilidad final de garantizar la seguridad en la gestión del combustible gastado y de los desechos radiactivos incumbe al Estado;

vii) Reconociendo que la definición de una política del ciclo del combustible incumbe al Estado, que algunos Estados consideran al combustible gastado como un recurso valioso que puede ser reprocesado y que otros optan por su disposición final;

viii) Reconociendo que el combustible gastado y los desechos radiactivos excluidos de esta Convención por formar parte de programas militares o de defensa deberían gestionarse de conformidad con los objetivos expuestos en ella;

ix) Afirmando la importancia de la cooperación internacional para mejorar la seguridad en la gestión del combustible gastado y de los desechos radiactivos por medio de mecanismos bilaterales y multilaterales, y por medio de esta Convención que posee carácter de incentivo;

x) Conscientes de las necesidades de los países en desarrollo, y en particular de los países menos adelantados, así como de los Estados con economías en transición, y de la necesidad de facilitar los mecanismos existentes para ayudarles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en esta Convención que posee carácter de incentivo;

xi) Convencidas de que los desechos radiactivos deberían disponerse, finalmente, en el Estado en que se generen en la medida en que ello sea compatible con la seguridad en la gestión de dichos materiales, y reconociendo a la vez que, en algunas circunstancias, la gestión segura y eficaz de combustible gastado y de desechos radiactivos podría fomentarse mediante acuerdos entre las Partes Contratantes para el uso de las instalaciones en una de ellas en beneficio de las demás Partes, en particular, cuando los desechos proceden de proyectos conjuntos;

xii) Reconociendo que todo Estado tiene el derecho de prohibir la importación en su territorio de combustible gastado y de desechos radiactivos de otros países;

xiii) Teniendo presente la Convención sobre Seguridad Nuclear (1994), la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares (1986), la Convención sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica (1986), la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares (1980), la Convención sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, enmendado (1994), y otros instrumentos internacionales pertinentes;

xiv) Teniendo presentes los principios contenidos en las interinstitucionales "Normas Básicas Internacionales de Seguridad para la Protección contra la Radiación Ionizante y para la Seguridad de las Fuentes de Radiación" (1996), y en las Nociones Fundamentales de Seguridad del OIEA titulada "Principios para la Gestión de Desechos Radiactivos" (1995), así como en las normas internacionales existentes relativas a la seguridad del transporte de materiales radiactivos;

xv) Recordando el capítulo 22 del Programa 21, aprobado en 1992 por la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas, celebrada en Río de Janeiro, que reafirma la importancia capital de la gestión segura y ecológicamente bien concebida de los desechos radiactivos;

xvi) Reconociendo la conveniencia de fortalecer el sistema de control internacional aplicable específicamente a los materiales radiactivos, como se menciona en el párrafo 3) del artículo 1 de la Convención de Basilea sobre el control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación (1989);

Han acordado lo siguiente:

CAPÍTULO I

Objetivos, definiciones y ámbito de aplicación

ARTÍCULO 1. Objetivos

Los objetivos de esta Convención son:

i) Lograr y mantener en todo el mundo un alto grado de seguridad en la gestión del combustible gastado y de los desechos radiactivos mediante la mejora de las medidas nacionales y de la cooperación internacional, incluida, cuando proceda, la cooperación técnica relacionada con la seguridad;

ii) Asegurar que en todas las etapas de la gestión del combustible gastado y de desechos radiactivos haya medidas eficaces contra los riesgos radiológicos potenciales a fin de proteger a las personas, a la sociedad y al medio ambiente de los efectos nocivos de la radiación ionizante, actualmente y en el futuro, de manera que se satisfagan las necesidades y aspiraciones de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades y aspiraciones;

iii) Prevenir los accidentes con consecuencias radiológicas y mitigar sus consecuencias en caso de que se produjesen durante cualquier etapa de la gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos.

ARTÍCULO  2. Definiciones.

Para los fines de esta Convención:

a) Por "cierre" se entiende la terminación de todas las operaciones en algún momento posterior a la colocación del combustible gastado o de los desechos radiactivos en una instalación para su disposición final. Ello incluye el trabajo final de ingeniería o de otra índole que se requiera para dejar la instalación en una condición segura a largo plazo;

b) Por "clausura" se entiende todas las etapas conducentes a la liberación del control regulatorio de una instalación nuclear que no sea una instalación para la disposición final de desechos radiactivos. Estas etapas incluyen los procesos de descontaminación y desmantelamiento;

c) Por "descargas" se entiende las emisiones planificadas y controladas al medio ambiente, como práctica legítima, dentro de los límites autorizados por el órgano regulador, de materiales radiactivos líquidos o gaseosos que proceden de instalaciones nucleares reglamentadas, durante su funcionamiento normal;

d) Por "disposición final" se entiende la colocación de combustible gastado o desechos radiactivos en una instalación adecuada sin la intención de recuperarlos;

e) Por "licencia" se entiende cualquier autorización, permiso o certificación otorgado por un órgano regulador para realizar cualquier actividad relacionada con la gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos;

f) Por "instalación nuclear" se entiende una instalación civil y los terrenos, edificios y equipo afines, en la que se producen, procesan, utilizan, manipulan, almacenan o disponen materiales radiactivos en tal escala que es preciso tomar en consideración la seguridad;

g) Por "vida operacional" se entiende el período durante el que una instalación de gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos se utiliza para los fines para los que se ha concebido. En el caso de una instalación para disposición final, el período comienza cuando el combustible gastado o los desechos radiactivos se colocan por primera vez en la instalación y termina al cierre de la instalación;

h) Por "desechos radiactivos" se entiende los materiales radiactivos en forma gaseosa, líquida o sólida para los cuales la Parte Contratante o una persona natural o jurídica cuya decisión sea aceptada por la Parte Contratante no prevé ningún uso ulterior y que el órgano regulador controla como desechos radiactivos según el marco legislativo y regulatorio de la Parte Contratante;

i) Por "gestión de desechos radiactivos" se entiende todas las actividades, incluidas las actividades de clausura, que se relacionan con la manipulación, tratamiento previo, tratamiento, acondicionamiento, almacenamiento o disposición final de desechos radiactivos, excluido el transporte fuera del emplazamiento. También puede comprender las descargas;

j) Por "instalación de gestión de desechos radiactivos" se entiende cualquier unidad o instalación que tenga como principal finalidad la gestión de desechos radiactivos, incluidas las instalaciones nucleares en proceso de clausura solamente si son designadas por la Parte Contratante como instalaciones de gestión de desechos radiactivos;

k) Por "órgano regulador" se entiende cualesquiera órgano u órganos dotados por la Parte Contratante de facultades legales para reglamentar cualquier aspecto de la seguridad en la gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos, incluida la concesión de licencias;

l) Por "reprocesamiento" se entiende un proceso u operación con el propósito de extraer isótopos radiactivos del combustible gastado para su uso ulterior;

m) Por "fuente sellada" se entiende material radiactivo permanentemente sellado en una cápsula o íntimamente coligado y en forma sólida, excluidos los elementos combustibles del reactor;

n) Por "combustible gastado" se entiende el combustible nuclear irradiado y extraído permanentemente del núcleo de un reactor;

o) Por "gestión del combustible gastado" se entiende todas las actividades que se relacionan con la manipulación o almacenamiento del combustible gastado, excluido el transporte fuera del emplazamiento. También puede comprender las descargas;

p) Por "instalación de gestión del combustible gastado" se entiende cualquier unidad o instalación que tenga por principal finalidad la gestión de combustible gastado;

q) Por "Estado de destino" se entiende un Estado hacia el cual se prevé o tiene lugar un movimiento transfronterizo;

r) Por "Estado de origen" se entiende un Estado desde el cual se prevé iniciar o se inicia un movimiento transfronterizo;

s) Por "Estado de tránsito" se entiende cualquier Estado distinto de un Estado de origen o de un Estado de destino a través de cuyo territorio se prevé o tiene lugar un movimiento transfronterizo;

t) Por "almacenamiento" se entiende la colocación de combustible gastado o de desechos radiactivos en una instalación dispuesta para su contención, con intención de recuperarlos;

u) Por "movimiento transfronterizo" se entiende cualquier expedición de combustible gastado o de desechos radiactivos de un Estado de origen a un Estado de destino.

ARTÍCULO 3. Ámbito de aplicación.

1. Esta Convención se aplicará a la seguridad en la gestión del combustible gastado cuando el combustible gastado provenga de la operación de reactores nucleares para usos civiles. El combustible gastado que se encuentre situado en instalaciones de reprocesamiento como parte de una actividad de reprocesamiento no entra en el ámbito de esta Convención a no ser que la Parte Contratante declare que el reprocesamiento es parte de la gestión de combustible gastado.

2. Esta Convención se aplicará también a la seguridad en la gestión de desechos radiactivos cuando los desechos radiactivos provengan de aplicaciones civiles. Sin embargo, esta Convención no se aplicará a los desechos que contengan solamente materiales radiactivos naturales y que no se originen en el ciclo del combustible nuclear, a menos que estén constituidos por fuentes selladas en desuso o que la Parte Contratante los defina como desechos radiactivos a los fines de esta Convención.

3. Esta Convención no se aplicará a la seguridad en la gestión de combustible gastado o desechos radiactivos que formen parte de programas militares o de defensa, a menos que la Parte Contratante los defina como combustible gastado o desechos radiactivos para los fines de esta Convención. No obstante, esta Convención se aplicará a la seguridad en la gestión del combustible gastado y de desechos radiactivos derivados de programas militares o de defensa cuando dichos materiales se transfieran permanentemente a, y se gestionen en programas exclusivamente civiles.

4. Esta Convención también se aplicará a las descargas, según se estipula en los artículos 4, 7, 11, 14, 24 y 26.

CAPÍTULO II

Seguridad en la gestión del combustible gastado

ARTÍCULO 4. Requisitos generales de seguridad.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas apropiadas para asegurar que en todas las etapas de la gestión del combustible gastado se proteja adecuadamente a las personas, a la sociedad y al medio ambiente contra los riesgos radiológicos.

Con este fin, cada Parte Contratante adoptará las medidas apropiadas para:

i) Asegurar que se preste la debida atención a la criticidad y a la remoción del calor residual producido durante la gestión del combustible gastado;

ii) Asegurar que la generación de desechos radiactivos debida a la gestión del combustible gastado se mantenga al nivel más bajo posible, en concordancia con el tipo de política del ciclo del combustible adoptada;

iii) Tener en cuenta las interdependencias entre las distintas etapas de la gestión del combustible gastado;

iv) Proveer una protección eficaz de las personas, la sociedad y el medio ambiente aplicando métodos adecuados de protección a nivel nacional, aprobados por el órgano regulador, en el marco de su legislación nacional que tenga debidamente en cuenta criterios y normas internacionalmente aprobados;

v) Tener en cuenta los riesgos biológicos, químicos y otros riesgos que puedan estar asociados a la gestión del combustible gastado;

vi) Esforzarse en evitar acciones cuyas repercusiones razonablemente previsibles en las generaciones futuras sean mayores que las permitidas para la generación presente;

vii) Procurar evitar que se impongan cargas indebidas a las generaciones futuras

ARTÍCULO 5. Instalaciones existentes.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para examinar la seguridad de cualquier instalación de gestión del combustible gastado que exista en el momento en que entre en vigor la Convención con respecto a esa Parte Contratante y para asegurar que, si es necesario, se efectúen todas las mejoras razonablemente factibles para aumentar la seguridad de dicha instalación.

ARTÍCULO 6. Emplazamiento de las instalaciones proyectadas.

1. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar el establecimiento y la aplicación de procedimientos en una instalación proyectada de gestión del combustible gastado, con el fin de:

i) Evaluar todos los factores pertinentes relacionados con el emplazamiento que puedan afectar a la seguridad de dicha instalación durante su vida operacional;

ii) Evaluar las consecuencias probables de dicha instalación para la seguridad de las personas, de la sociedad y del medio ambiente;

iii) Facilitar al público información sobre la seguridad de dicha instalación;

iv) Consultar a las Partes Contratantes que se hallen en las cercanías de dicha instalación, en la medida que puedan resultar afectadas por la misma, y facilitarles, previa petición, los datos generales relativos a la instalación que les permitan evaluar las probables consecuencias de la instalación para la seguridad en su territorio.

2. Con este fin, cada Parte Contratante adoptará las medidas apropiadas para asegurar que dichas instalaciones no tengan efectos inaceptables sobre otras Partes Contratantes, emplazándolas de conformidad con los requisitos generales en materia de seguridad del artículo 4.

ARTÍCULO 7. Diseño y construcción de las instalaciones.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que:

i) Las instalaciones de gestión del combustible gastado se diseñen y construyan de modo que existan medidas adecuadas para limitar las posibles consecuencias radiológicas para las personas, la sociedad y el medio ambiente, incluidas las de las descargas o las emisiones no controladas;

ii) En la etapa de diseño se tengan en cuenta planes conceptuales y, cuando proceda, disposiciones técnicas para la clausura de una instalación de gestión del combustible gastado;

iii) Las tecnologías incorporadas en el diseño y construcción de una instalación de gestión del combustible gastado estén avaladas por la experiencia, las pruebas o análisis.

ARTÍCULO 8. Evaluación de la seguridad de las instalaciones.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que:

i) Antes de la construcción de una instalación de gestión del combustible gastado, se realice una evaluación sistemática de la seguridad y una evaluación ambiental, en consonancia con el riesgo que plantee la instalación y que abarque su vida operacional;

ii) Antes de la operación de una instalación de gestión del combustible gastado, se preparen versiones actualizadas y detalladas de la evaluación de la seguridad y de la evaluación ambiental cuando se estime necesaria para complementar las evaluaciones mencionadas en el párrafo i).

ARTÍCULO 9. Operación de las instalaciones.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que:

i) La licencia de operación de una instalación de gestión del combustible gastado se base en evaluaciones apropiadas, tal como se especifica en el artículo 8, y esté condicionada a la finalización de un programa de puesta en servicio que demuestre que la instalación, tal como se ha construido, se ajusta a los requisitos de diseño y seguridad;

ii) Los límites y condiciones operacionales derivados de las pruebas, de la experiencia operacional y de las evaluaciones, tal como se especifica en el artículo 8, se definan y se revisen en los casos necesarios;

iii) Las actividades de operación, mantenimiento, vigilancia radiológica, inspección y pruebas de una instalación de gestión del combustible gastado se realicen de conformidad con procedimientos establecidos;

iv) Se disponga de los servicios de ingeniería y de apoyo técnico necesarios en todas las disciplinas relacionadas con la seguridad a lo largo de la vida operacional de una instalación de gestión del combustible gastado;

v) El titular de la correspondiente licencia notifique de manera oportuna al órgano regulador los incidentes significativos para la seguridad;

vi) Se establezcan programas para recopilar y analizar la experiencia operacional pertinente y se actúe en función de los resultados, cuando proceda;

vii) Se preparen y actualicen, cuando sea necesario, planes para la clausura de una instalación de gestión del combustible gastado utilizando la información obtenida durante la vida operacional de esa instalación y que el órgano regulador examine estos planes.

ARTÍCULO 10. Disposición final de combustible gastado.

Si, de conformidad con su marco legislativo y regulatorio, una Parte Contratante decide la disposición del combustible en una instalación para su disposición final, esta disposición final de dicho combustible gastado se realizará de acuerdo con las obligaciones del capítulo 3 relativas a la disposición final de desechos radiactivos.

CAPÍTULO III

Seguridad en la gestión de desechos radiactivos

ARTÍCULO 11. Requisitos generales de seguridad.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas apropiadas para asegurar que en todas las etapas de la gestión de desechos radiactivos se proteja adecuadamente a las personas, a la sociedad y al medio ambiente contra los riesgos radiológicos y otros riesgos.

Con este fin, cada Parte Contratante adoptará las medidas apropiadas para:

i) Asegurar que se preste la debida atención a la criticidad y a la remoción del calor residual producido durante la gestión de desechos radiactivos;

ii) Asegurar que la generación de desechos radiactivos se mantenga al nivel más bajo posible;

iii) Tener en cuenta las interdependencias entre las distintas etapas de la gestión de desechos radiactivos;

iv) Prever una protección eficaz de las personas, la sociedad y el medio ambiente aplicando métodos adecuados de protección a nivel nacional, aprobados por el órgano regulador, en el marco de su legislación nacional, que tenga debidamente en cuenta criterios y normas internacionalmente aprobados;

v) Tener en cuenta los riesgos biológicos, químicos y otros riesgos que puedan estar asociados a la gestión de desechos radiactivos;

vi) Esforzarse en evitar acciones cuyas repercusiones razonablemente previsibles en las generaciones futuras sean mayores que las permitidas para la generación presente;

vii) Procurar evitar que se impongan cargas indebidas a las generaciones futuras.

ARTÍCULO 12. Instalaciones existentes y prácticas anteriores.

Cada Parte Contratante adoptará oportunamente las medidas adecuadas para examinar:

i) La seguridad de cualquier instalación de gestión de desechos radiactivos existente en el momento en que entre en vigor la Convención respecto de esa Parte Contratante y asegurar que, cuando proceda, se efectúen todas las mejoras razonablemente factibles para aumentar la seguridad de dicha instalación;

ii) Los resultados de las prácticas anteriores a fin de determinar si se hace necesaria una intervención por razones de protección radiológica teniendo presente que la reducción del detrimento derivado de la reducción de la dosis habrá de ser suficiente para justificar los perjuicios y costos, incluidos los costos sociales, de la intervención.

ARTÍCULO 13. Emplazamiento de las instalaciones proyectadas.

1. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar el establecimiento y la aplicación de procedimientos para una instalación proyectada de gestión de desechos radiactivos, con el fin de:

i) Evaluar todos los factores pertinentes relacionados con el emplazamiento que puedan afectar a la seguridad de dicha instalación durante su vida operacional, así como a la de una instalación de disposición final después del cierre;

ii) Evaluar las repercusiones probables de dicha instalación sobre la seguridad de las personas, de la sociedad y del medio ambiente, teniendo en cuenta la posible evolución de las condiciones del emplazamiento de las instalaciones para la disposición final después del cierre;

iii) Facilitar información a los miembros del público sobre la seguridad de dicha instalación;

iv) Consultar a las Partes Contratantes que se hallen en las cercanías de dicha instalación, en la medida que puedan resultar afectadas por la misma, y facilitarles, previa petición, los datos generales relativos a la instalación que les permitan evaluar las probables consecuencias de la instalación para la seguridad en su territorio.

2. Con este fin, cada Parte Contratante adoptará las medidas apropiadas para asegurar que dichas instalaciones no tengan efectos inaceptables para otras Partes Contratantes, emplazándolas de conformidad con los requisitos generales en materia de seguridad del artículo 11.

ARTÍCULO 14. Diseño y construcción de las instalaciones.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que:

i) Las instalaciones de gestión de desechos, radiactivos se diseñen y construyan de modo que existan medidas adecuadas para limitar las posibles consecuencias radiológicas para las personas, la sociedad y el medio ambiente, incluidas las de las descargas o las emisiones no controladas;

ii) En la etapa de diseño se tengan en cuenta planes conceptuales y, cuando proceda, disposiciones técnicas para la clausura de una instalación de gestión de desechos radiactivos que no sea una instalación para la disposición final;

iii) En la etapa de diseño, se preparen disposiciones técnicas para el cierre de una instalación para la disposición final de los desechos radiactivos;

iv) Las tecnologías incorporadas en el diseño y construcción de una instalación de gestión de desechos radiactivos estén avaladas por la experiencia, las pruebas o análisis.

ARTÍCULO 15. Evaluación de la seguridad de las instalaciones.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que:

i) Antes de la construcción de una instalación de gestión de desechos radiactivos, se realice una evaluación sistemática de la seguridad y una evaluación ambiental, en consonancia con el riesgo que plantee la instalación y que abarque su vida operacional;

ii) Además, antes de la construcción de una instalación para la disposición final de los desechos radiactivos, se realice una evaluación sistemática de la seguridad y una evaluación ambiental para el período posterior al cierre y se evalúen los resultados en función de los criterios establecidos por el órgano regulador;

iii) Antes de la operación de una instalación de gestión de desechos radiactivos, se preparen versiones actualizadas y detalladas de la evaluación de la seguridad y de la evaluación ambiental cuando se estime necesario para complementar las evaluaciones mencionadas en el párrafo i).

ARTÍCULO 16. Operación de las instalaciones.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que:

i) La licencia de operación de una instalación de gestión de desechos radiactivos se base en evaluaciones apropiadas, tal como se especifica en el artículo 15, y esté condicionada a la finalización de un programa de puesta en servicio que demuestre que la instalación, tal como se ha construido, se ajusta a los requisitos de diseño y seguridad;

ii) Los límites y condiciones operacionales derivados de las pruebas, de la experiencia operacional y de las evaluaciones, tal como se especifica en el artículo 15, se definan y se revisen en los casos necesarios;

iii) Las actividades de operación, mantenimiento, vigilancia radiológica, inspección y pruebas de una instalación de gestión de desechos radiactivos se realicen de conformidad con procedimientos establecidos. En el caso de una instalación para la disposición final de los desechos radiactivos, los resultados así obtenidos se utilizarán para verificar y examinar la validez de los supuestos hechos y para actualizar las evaluaciones, tal como se especifica en el artículo 15, para el período posterior al cierre;

iv) Se disponga de los servicios de ingeniería y de apoyo técnico necesarios en todas las disciplinas relacionadas con la seguridad a lo largo de la vida operacional de una instalación de gestión de desechos radiactivos;

v) Se apliquen procedimientos para la caracterización y segregación de los desechos radiactivos;

vi) El titular de la correspondiente licencia notifique de manera oportuna al órgano regulador los incidentes significativos para la seguridad;

vii) Se establezcan programas para recopilar y analizar la experiencia operacional pertinente y se actúe en función de los resultados, cuando proceda;

viii) Se preparen y actualicen, cuando sea necesario, planes para la clausura de una instalación de gestión de desechos radiactivos, que no sea una instalación para disposición final, utilizando la información obtenida durante la vida operacional de esa instalación y que el órgano regulador examine estos planes;

ix) Se preparen y actualicen, cuando sea necesario, planes para el cierre de una instalación para disposición final, utilizando la información obtenida durante la vida operacional de esa instalación y que el órgano regulador examine estos planes.

ARTÍCULO 17. Medidas institucionales después del cierre.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que después del cierre de una instalación para la disposición final de los desechos radiactivos:

i) Se preserven los registros de la ubicación, diseño e inventario de esa instalación que exija el órgano regulador;

ii) Se efectúen controles institucionales activos o pasivos, como medidas de vigilancia radiológica o restricciones del acceso, en caso necesario, y

iii) Si durante cualquier período de control institucional activo se detecta una emisión no planificada de materiales radiactivos al medio ambiente, se apliquen medidas de intervención, en caso necesario.

CAPÍTULO IV

Disposiciones generales de seguridad

ARTÍCULO 18. Implementación de las medidas.

Cada Parte Contratante adoptará, en el ámbito de su legislación nacional, las medidas legislativas, reglamentarias y administrativas, así como cualesquiera otras que sean necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de esta Convención.

ARTÍCULO 19. Marco legislativo y regulatorio.

1. Cada Parte Contratante establecerá y mantendrá un marco legislativo y regulatorio por el que se regirá la seguridad en la gestión de combustible gastado y de desechos radiactivos.

2. Este marco legal y regulatorio contemplará el establecimiento de:

i) Los requisitos y las disposiciones nacionales aplicables en materia de seguridad radiológica;

ii) Un sistema de otorgamiento de licencias para las actividades de gestión de combustible gastado y de desechos radiactivos;

iii) Un sistema de prohibición de la operación de instalaciones de gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos sin la correspondiente licencia;

iv) Un sistema reglamentario apropiado de control institucional, inspección regulatoria y documentación y presentación de informes;

v) Las medidas para asegurar el cumplimiento de los reglamentos aplicables y de las condiciones de las licencias;

vi) Una asignación claramente definida de responsabilidades a los órganos que intervengan en las distintas etapas de la gestión de combustible gastado y de desechos radiactivos.

3. Cuando las Partes Contratantes consideren reglamentar los materiales radiactivos como desechos radiactivos, las Partes Contratantes deberán tener en cuenta los objetivos de esta Convención.

ARTÍCULO 20. Órgano regulador.

1. Cada Parte Contratante establecerá o designará un órgano regulador que se encargue de la aplicación del marco legislativo y reglamentario a que se refiere el artículo 19, y que esté dotado de autoridad, competencia y recursos financieros y humanos adecuados para cumplir las responsabilidades que se le asignen.

2. Cada Parte Contratante, de conformidad con su marco legislativo y reglamentario, adoptará las medidas adecuadas para asegurar una independencia efectiva entre las funciones reglamentarias y otras funciones cuando incumban a entidades que intervengan tanto en la gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos como en su reglamentación.

ARTÍCULO 21. Responsabilidad del titular de la licencia.

1. Cada Parte Contratante asegurará que la responsabilidad primordial en cuanto a la seguridad en la gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos recaiga sobre el titular de la correspondiente licencia, y adoptará las medidas adecuadas para asegurar que dicho titular asuma sus responsabilidades.

2. De no haber un titular de la licencia u otra parte responsable, la responsabilidad recaerá en la Parte Contratante que tenga jurisdicción sobre el combustible gastado o sobre los desechos radiactivos.

ARTÍCULO 22. Recursos humanos y financieros.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que:

i) Se disponga del personal calificado necesario para las actividades relacionadas con la seguridad durante la vida operacional de una instalación de gestión de combustible gastado y de desechos radiactivos;

ii) Se disponga de recursos financieros suficientes para mantener la seguridad de las instalaciones de gestión de combustible gastado y de desechos radiactivos durante su vida operacional y para la clausura;

iii) Se adopten disposiciones financieras que permitan continuar aplicando los controles institucionales y actividades/medidas de vigilancia radiológica apropiados durante el período que se considere necesario después del cierre de una instalación para la disposición final de los desechos radiactivos.

ARTÍCULO 23. Garantía de calidad.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas necesarias para asegurar que se establezcan y apliquen programas de garantía de calidad adecuados con respecto a la seguridad en la gestión de combustible gastado y de desechos radiactivos.

ARTÍCULO 24. Protección radiológica operacional.

1. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que durante la vida operacional de una instalación de gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos:

i) La exposición radiológica de los trabajadores y el público causada por la instalación se reduzca al nivel más bajo que sea razonablemente alcanzable, teniendo en cuenta factores económicos y sociales;

ii) Ninguna persona sea expuesta, en situaciones normales, a dosis de radiación que superen las prescripciones nacionales de limitación de dosis, que tengan debidamente en cuenta normas de protección radiológica internacionalmente aprobadas;

iii) Se adopten medidas para prevenir emisiones no planificadas y no controladas de materiales radiactivos al medio ambiente.

2. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que las descargas sean limitadas, de modo que:

i) Se mantenga la exposición a las radiaciones al nivel más bajo que pueda razonablemente alcanzarse, teniendo en cuenta los factores económicos y sociales; y

ii) Ninguna persona sea expuesta, en situaciones normales, a dosis de radiación que superen las prescripciones nacionales de limitación de dosis, que tengan debidamente en cuenta normas de protección radiológica internacionalmente aprobadas.

3. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que. durante la vida operacional de una instalación nuclear regulada, en caso de que se produzca una emisión no planificada o no controlada de materiales radiactivos al medio ambiente se apliquen medidas correctivas apropiadas para controlar la emisión y mitigar sus efectos.

ARTÍCULO 25. Preparación para casos de emergencia.

1. Cada Parte Contratante asegurará que antes y durante la operación de una instalación de gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos existan planes de emergencia apropiados que sean aplicables dentro del emplazamiento, y, de ser necesario, fuera de él. Dichos planes de emergencia deben probarse con la frecuencia adecuada.

2. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para la preparación y prueba de los planes de emergencia para su territorio en la medida que éste pueda verse afectado por una emergencia radiológica en una instalación de gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos situada en las cercanías de su territorio.

ARTÍCULO 26. Clausura.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad durante la clausura de una instalación nuclear. Dichas medidas garantizarán que:

i) Se disponga de personal calificado y recursos financieros adecuados;

ii) Se apliquen las disposiciones del artículo 24 con respecto a la protección radiológica operacional, las descargas y las emisiones no planificadas y no controladas;

iii) Se apliquen las disposiciones del artículo 25 con respecto a la preparación para casos de emergencia; y

iv) Se mantengan registros de información importante para la clausura.

CAPÍTULO V

Disposiciones varias

ARTÍCULO 27. Movimientos transfronterizos.

1. Cada Parte Contratante que intervenga en movimientos transfronterizos adoptará las medidas adecuadas para asegurar que dicho movimiento se lleve a cabo de manera compatible con las disposiciones de esta Convención y los instrumentos internacionales vinculantes pertinentes.

Con este fin:

i) Una Parte Contratante que sea el Estado de origen, adoptará las medidas pertinentes para asegurar que el movimiento transfronterizo se autorice y tenga lugar únicamente con la notificación y consentimiento previos del Estado de destino;

ii) El movimiento transfronterizo a través de los Estados de tránsito estará sujeto a las obligaciones internacionales relacionadas con las modalidades particulares de transporte que se utilicen;

iii) Una Parte Contratante que sea el Estado de destino consentirá un movimiento transfronterizo únicamente si posee la capacidad administrativa y técnica, así como la estructura regulatoria necesarias para gestionar el combustible gastado o los desechos radiactivos de manera compatible con esta Convención;

iv) Una Parte Contratante que sea el Estado de origen autorizará un movimiento transfronterizo únicamente si puede comprobar que, de acuerdo con el consentimiento del Estado de destino, se cumplen los requisitos del apartado iii) antes de proceder al movimiento transfronterizo;

v) Si un movimiento transfronterizo no se lleva o no puede llevarse a cabo de conformidad con el presente artículo, la Parte Contratante que sea el Estado de origen adoptará las medidas adecuadas para permitir la readmisión en su territorio, a menos que pueda concertarse un arreglo alternativo seguro.

2. Las Partes Contratantes no otorgarán licencia de expedición de su combustible gastado o de sus desechos radiactivos a un lugar de destino al sur de los 60 grados de latitud Sur para su almacenamiento o disposición final.

3. Ninguna de las disposiciones de esta Convención prejuzga o afecta:

i) El ejercicio de los derechos y libertades de navegación marítima, fluvial y aérea que, según se estipula en el Derecho internacional, corresponde a los buques y aeronaves de todos los Estados;

ii) Los derechos de una Parte Contratante a la que se exporten desechos radiactivos para su procesamiento a devolver, o adoptar disposiciones para devolver al Estado de origen los desechos radiactivos y otros productos después de su procesamiento;

iii) El derecho de una Parte Contratante de exportar su combustible gastado para su reprocesamiento;

iv) Los derechos de una Parte Contratante a la que se exporte combustible gastado para reprocesamiento a devolver, o a adoptar las disposiciones para devolver al Estado de origen desechos radiactivos y otros productos derivados de las actividades de reprocesamiento.

ARTÍCULO 28. Fuentes selladas en desuso.

1. Cada Parte Contratante adoptará, en el marco de su legislación nacional, las medidas adecuadas para asegurar que la posesión, reelaboración o disposición final de fuentes selladas en desuso tenga lugar de manera segura.

2. Las Partes Contratantes permitirán la readmisión en su territorio de las fuentes selladas en desuso si, en el marco de sus leyes nacionales, han aceptado su devolución a un fabricante autorizado para recibir y poseer las fuentes selladas en desuso.

CAPÍTULO VI

Reuniones de las partes contratantes

ARTÍCULO 29. Reunión preparatoria.

1. Se celebrará una reunión preparatoria de las Partes Contratantes no más tarde de seis meses después de la fecha de entrada en vigor de esta Convención.

2. En esta reunión, las Partes Contratantes:

i) Fijarán la fecha de la primera reunión de revisión a que se hace referencia en el artículo 30. Esta reunión de revisión se celebrará lo antes posible, pero a más tardar treinta meses después de la fecha de entrada en vigor de esta Convención;

ii) Elaborarán y adoptarán por consenso un Reglamento y un Reglamento financiero;

iii) Establecerán, en particular, y de conformidad con el Reglamento:

a) Directrices acerca de la forma y estructura de los informes nacionales que deban ser presentados con arreglo al artículo 32;

b) Una fecha para la presentación de tales informes;

c) El procedimiento para la revisión de dichos informes.

3. Cualquier Estado u organización regional con fines de integración o de otra naturaleza que ratifique, acepte, apruebe o confirme esta Convención o se adhiera a ella, para los que la Convención no esté todavía en vigor, puede asistir a la reunión preparatoria como si fuera Parte en esta Convención.

ARTÍCULO 30. Reuniones de revisión.

1. Las Partes Contratantes celebrarán reuniones a fin de revisar los informes presentados en cumplimiento del artículo 32.

2. En cada reunión de revisión, las Partes Contratantes:

i) Fijarán la fecha de la siguiente reunión, el intervalo existente entre las reuniones de revisión no excederá de tres años;

ii) Podrán examinar los arreglos establecidos, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 29, y adoptar por consenso revisiones de los mismos, a menos que el Reglamento disponga otra cosa. También podrán enmendar por consenso el Reglamento y el Reglamento financiero.

3. En cada reunión de revisión, cada Parte Contratante dispondrá de una oportunidad razonable para analizar los informes presentados por otras Partes Contratantes y de pedir aclaraciones sobre los mismos.

ARTÍCULO 31. Reuniones extraordinarias.

Se celebrará una reunión extraordinaria de las Partes Contratantes, cuando:

i) Así lo acuerde la mayoría de las Partes Contratantes presentes y votantes en una reunión, o

ii) Así lo pida por escrito una Parte Contratante, en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que esta petición haya sido comunicada a las Partes Contratantes y la Secretaría a que se refiere el artículo 37 haya recibido notificación de que la petición cuenta con el apoyo de la mayoría de las Partes Contratantes.

ARTÍCULO 32. Presentación de informes.

1. De conformidad con las disposiciones del artículo 30, cada Parte Contratante presentará un informe nacional en cada reunión de revisión de las Partes Contratantes. El informe tratará de las medidas adoptadas para cumplir cada una de las obligaciones de la Convención. El informe de cada Parte Contratante tratará también sobre lo siguiente:

i) Políticas de gestión de combustible gastado;

ii) Prácticas de gestión de combustible gastado;

iii) Políticas de gestión de desechos radiactivos;

iv) Prácticas de gestión de desechos radiactivos;

v) Criterios empleados para definir y clasificar por categorías los desechos radiactivos.

2. Este informe incluirá también:

i) Una lista de las instalaciones de gestión de combustible gastado reguladas por esta Convención, su ubicación, finalidad principal y características esenciales;

ii) Un inventario del combustible gastado regulado por esta Convención que se encuentra almacenado y del que se haya dispuesto finalmente. Este inventario deberá contener una descripción de los materiales y, caso de que exista, información sobre su masa y su actividad total;

iii) Una lista de las instalaciones de gestión de desechos radiactivos reguladas por esta Convención, su ubicación, finalidad principal y características esenciales;

iv) Un inventario de los desechos radiactivos regulados por esta Convención que:

a) se encuentren en almacenamiento en instalaciones de gestión de desechos radiactivos y del ciclo del combustible nuclear;

b) se hayan dispuesto finalmente, o

c) se hayan derivado de prácticas anteriores.

Este inventario deberá contener una descripción de los materiales y otro tipo de información pertinente de que se disponga, tal como volumen o masa, actividad y radionucleidos específicos.

v) Una lista de instalaciones nucleares en proceso de clausura y la situación de las actividades de clausura en esas instalaciones.

ARTÍCULO 33. Asistencia.

1. Cada Parte Contratante deberá asistir a las reuniones de las Partes Contratantes y estar representada en las mismas por un delegado, así como por los suplentes, expertos y asesores que considere necesarios.

2. Las Partes Contratantes podrán invitar, por consenso, a cualquier organización intergubernamental competente en cuestiones reguladas por esta Convención, para que asista, en calidad de observador, a cualquier reunión o a determinadas sesiones de la misma. Se exigirá a los observadores que acepten por escrito, y por anticipado, las disposiciones del artículo 36.

ARTÍCULO 34. Informes resumidos.

Las Partes Contratantes aprobarán por consenso y pondrán a disposición del público un documento relativo a las cuestiones debatidas y a las conclusiones alcanzadas en las reuniones de las Partes Contratantes.

ARTÍCULO 35. Idiomas.

1. Los idiomas de las reuniones de las Partes Contratantes serán el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso, a no ser que el Reglamento disponga otra cosa.

2. Los informes presentados de conformidad con el artículo 32 se redactarán en el idioma nacional de la Parte Contratante que los presente o en un solo idioma que se designará, previo acuerdo, en el Reglamento. De presentarse el informe en un idioma nacional distinto del idioma designado, la Parte Contratante en cuestión facilitará una traducción del mismo al idioma designado.

3. No obstante las disposiciones del párrafo 2, la Secretaría, si se le resarcen los gastos, se encargará de traducir al idioma designado los informes presentados en cualquier otro idioma de la reunión.

ARTÍCULO 36. Confidencialidad.

1. Las disposiciones de esta Convención no afectarán a los derechos y obligaciones de las Partes Contratantes, de proteger, de conformidad con sus leyes, la información que no deba ser revelada. A los efectos de este artículo, la "información" incluye, entre otros, la información relativa a la seguridad nacional o a la protección física de los materiales nucleares, la información protegida por derechos de propiedad intelectual o por la confidencialidad industrial o comercial, y los datos personales.

2. Cuando, en el contexto de esta Convención, una Parte Contratante suministre información identificada por esa Parte como de carácter reservado conforme a lo dispuesto en el párrafo 1, dicha información será utilizada únicamente a los fines para los que haya sido suministrada y su confidencialidad deberá ser respetada.

3. Con respecto a la información relativa al combustible gastado o a los desechos radiactivos comprendidos en el ámbito de esta Convención en virtud del párrafo 3 del artículo 3, las disposiciones de esta Convención no afectarán a la discreción exclusiva de la Parte Contratante interesada para decidir:

i) Si tal información ha de considerarse clasificada o controlada de otro modo para impedir su divulgación;

ii) Si facilita la información a que se alude en el apartado i) en el contexto de la Convención, y

iii) Las condiciones de confidencialidad que se atribuirán a dicha información si se facilita en el contexto de esta Convención.

4. Deberá mantenerse la confidencialidad del contenido de los debates celebrados durante el examen de los informes nacionales en cada reunión de examen celebrada con arreglo al artículo 30.

ARTÍCULO 37. Secretaría.

1. El Organismo Internacional de Energía Atómica (denominado en lo sucesivo el "Organismo") desempeñará las funciones de Secretaría para las reuniones de las Partes Contratantes.

2. La Secretaría deberá:

i) Convocar y preparar las reuniones de las Partes Contratantes mencionadas en los artículos 29, 30 y 31 y prestarles los necesarios servicios;

ii) Transmitir a las Partes Contratantes la información recibida o preparada de conformidad con lo dispuesto en esta Convención.

Los gastos realizados por el Organismo en cumplimiento de las funciones mencionadas en los apartados i) y ii) precedentes serán sufragados por el Organismo con cargo a su presupuesto ordinario.

3. Las Partes Contratantes podrán, por consenso, pedir al Organismo que preste otros servicios a las reuniones de dichas Partes Contratantes. El Organismo podrá prestar tales servicios si puede realizarlos con sujeción a su programa y presupuesto ordinarios. De no ser esto posible, el Organismo podrá prestar dichos servicios siempre que se disponga de financiación voluntaria de otra procedencia.

CAPÍTULO VII

Cláusulas finales y otras disposiciones

ARTÍCULO 38. Solución de controversias.

En caso de controversia entre dos o más Partes Contratantes sobre la interpretación o aplicación de esta Convención, las Partes Contratantes celebrarán consultas en el marco de una reunión de las Partes Contratantes a fin de resolver la controversia en cuestión.

En caso de que dichas consultas resulten improductivas, puede recurrirse a los mecanismos de mediación, de conciliación y de arbitraje previstos por el Derecho internacional, incluidas las reglas y prácticas en vigor en el seno del OIEA.

ARTÍCULO 39. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión.

1. Esta Convención estará abierta, hasta su entrada en vigor, a la firma de todos los Estados en la Sede del Organismo en Viena, a partir del 29 de septiembre de 1997.

2. Esta Convención está sujeta a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados signatarios.

3. Tras su entrada en vigor, esta Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados.

4. i) Esta Convención estará abierta a la firma, sujeta a confirmación o adhesión de las organizaciones regionales con fines de integración o de otra naturaleza, siempre que la organización en cuestión esté constituida por Estados soberanos y tenga competencia para la negociación, celebración y aplicación de acuerdos internacionales en las materias que son objeto de esta Convención.

ii) En las materias de su competencia, tales organizaciones en su propio nombre, deberán ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que esta Convención atribuye a los Estados Partes.

iii) Al hacerse Parte en esta Convención, esa organización remitirá al depositario, al que se refiere el artículo 43, una declaración en la que se indique los Estados que la componen, los artículos de esta Convención que le sean aplicables y el alcance de su competencia en las materias cubiertas en tales artículos.

iv) Dicha organización sólo tendrá derecho a los votos que correspondan a sus Estados Miembros.

5. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o confirmación se depositarán ante el depositario.

ARTÍCULO 40. Entrada en vigor.

1. Esta Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha de depósito ante el depositario, del vigésimo quinto instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, incluidos los instrumentos de quince Estados cada uno de los cuales tenga una central nuclear en operación.

2. Para cada Estado u organización regional con fines de integración o de otra naturaleza que ratifique, acepte, apruebe o confirme esta Convención o se adhiera a ella después de la fecha de depósito del último instrumento requerido para satisfacer las condiciones enunciadas en el párrafo 1, esta Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que dicho Estado u organización haya depositado ante el depositario el correspondiente instrumento.

ARTÍCULO 41. Enmiendas a la convención.

1. Cualquier Parte Contratante podrá proponer enmiendas a esta Convención. Las enmiendas propuestas serán examinadas en una reunión de revisión o en una reunión extraordinaria.

2. El texto de cualquier enmienda propuesta y las razones de la misma se pondrán en conocimiento del depositario, el cual comunicará la propuesta a las Partes Contratantes no menos de noventa días con anterioridad a la reunión en la que vaya a ser examinada. El depositario transmitirá a las Partes Contratantes las observaciones que reciba en relación con la citada enmienda.

3. Tras estudiar la enmienda propuesta, las Partes Contratantes decidirán si la adoptan por consenso o, de no existir consenso, la presentan a una Conferencia Diplomática. Para adoptar la decisión de presentar una propuesta de enmienda a una Conferencia Diplomática se requerirá mayoría de dos tercios de las Partes Contratantes presentes y votantes en la reunión a condición de que esté presente en el momento de la votación, al menos la mitad de las Partes Contratantes.

4. La Conferencia Diplomática encargada de examinar y adoptar enmiendas a esta Convención será convocada por el depositario y deberá celebrarse a más tardar un año después de que haya sido adoptada la decisión correspondiente de conformidad con el párrafo 3 de este artículo. La Conferencia Diplomática hará todo lo posible para conseguir que las enmiendas se aprueben por consenso. Si esto no fuera posible, las enmiendas se aprobarán por mayoría de dos tercios de todas las Partes Contratantes.

5. Las enmiendas a esta Convención adoptadas de conformidad con los párrafos 3 y 4 antes citados estarán sujetas a la ratificación, aceptación, aprobación o confirmación de las Partes Contratantes y entrarán en vigor para las Partes Contratantes que las hayan ratificado, aceptado, aprobado o confirmado, el nonagésimo día siguiente a la fecha en la que el depositario haya recibido los instrumentos correspondientes de tres cuartos, como mínimo, de las Partes Contratantes. Para las Partes Contratantes que ratifiquen, acepten, aprueben o confirmen con posterioridad dichas enmiendas, éstas entrarán en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que la Parte Contratante haya depositado su correspondiente instrumento.

ARTÍCULO 42. Denuncia.

1. Cualquier Parte Contratante podrá denunciar esta Convención mediante notificación dirigida por escrito al depositario.

2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año, contado a partir de la fecha de recepción de la notificación por el depositario, o en una fecha posterior que se indique en la citada notificación.

ARTÍCULO 43. Depositario.

1. El Director general del Organismo será el depositario de esta Convención.

2. El depositario informará a las Partes Contratantes acerca de:

i) La firma de esta Convención y del depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o confirmación, de conformidad con el artículo 39;

ii) La fecha en que entre en vigor la Convención, de conformidad con el artículo 40;

iii) Las notificaciones de denuncia de la Convención, y sus respectivas fechas, realizadas de conformidad con el artículo 42;

iv) Las propuestas de enmienda a esta Convención presentadas por Partes Contratantes, las enmiendas adoptadas por la correspondiente Conferencia Diplomática o por la reunión de las Partes Contratantes, y la fecha de entrada en vigor de las mencionadas enmiendas, de conformidad con el artículo 41.

ARTÍCULO 44. Textos auténticos.

El original de esta Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado ante el depositario, el cual enviará ejemplares certificados del mismo a las Partes Contratantes.

EN FE DE LO CUAL, LOS INFRAESCRITOS, DEBIDAMENTE AUTORIZADOS AL EFECTO, HAN FIRMADO ESTA CONVENCIÓN.

Hecho en Viena a los cinco días de setiembre de mil novecientos noventa y siete.

(SIGUE FIRMA)"

Anexo I al
Rep. Nº 34

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Montevideo, 22 de junio de 2005.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el artículo 168, numeral 20) de la Constitución de la República, a fin de reiterar el mensaje de fecha 8 de febrero de 2004 que se adjunta, por el cual se solicitó la aprobación parlamentaria de la "Convención Conjunta de Seguridad del Combustible Gastado y Seguridad de la Gestión de los Desechos Radiactivos", aprobada en Viena, el 5 de setiembre de 1997.

Al mantenerse vigentes los fundamentos que en su oportunidad dieron mérito al envío de aquel mensaje, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ, REINALDO GARGANO, JORGE LEPRA, MARIANO ARANA.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase la "Convención Conjunta de Seguridad del Combustible Gastado y Seguridad de la Gestión de los Desechos Radiactivos", aprobada en Viena, el 5 de setiembre de 1997.

Montevideo, 22 de junio de 2005.

REINALDO GARGANO, JORGE LEPRA, MARIANO ARANA.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Montevideo, 8 de febrero de 2004.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración, el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba la "Convención Conjunta de Seguridad del Combustible Gastado y Seguridad de la Gestión de los Desechos Radiactivos", aprobada en Viena, el 5 de setiembre de 1997, que consta del Preámbulo y 44 artículos.

Dentro de las definiciones de la Convención, "combustible gastado" es el combustible nuclear irradiado o extraído permanentemente del núcleo de un reactor; "gestión del combustible gastado" se entiende todas las actividades que se relacionan con la manipulación o almacenamiento del combustible gastado, excluido el transporte fuera del emplazamiento; "desechos radiactivos" son los materiales radiactivos en forma gaseosa, líquida o sólida para los cuales no se prevé ningún uso ulterior; "gestión de desechos radiactivos" se entiende todas las actividades, incluidas las de clausura, que se relacionan con la manipulación, tratamiento, acondicionamiento, almacenamiento o disposición final de desechos radiactivos, excluido el transporte fuera del emplazamiento.

Es de especial interés para la República aprobar la Convención en virtud que tiene como objetivos:

1. Lograr y mantener un alto grado de seguridad en todo el mundo, en la gestión del combustible gastado y de los desechos radiactivos a través de la mejora de las medidas nacionales y de la cooperación internacional, incluyendo, cuando proceda, la cooperación técnica relacionada con la seguridad;

2. Asegurar que durante todas las etapas de la gestión del combustible gastado y de desechos radiactivos haya medidas eficaces contra riesgos radiológicos potenciales, de manera tal que individuos, sociedad y medio ambiente estén protegidos de los efectos nocivos de la radiación ionizante, de manera tal que las necesidades y aspiraciones de la generación actual se satisfagan sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades y aspiraciones.

3. Prevenir accidentes con consecuencias radiológicas y mitigar sus consecuencias cuando ellos ocurran durante cualquier etapa de la gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos.

El ámbito de aplicación de la Convención se refiere: 1) a la seguridad en la gestión del combustible gastado que provenga de la operación de reactores nucleares para usos civiles; 2) a la seguridad en la gestión de desechos radiactivos que provengan de aplicaciones civiles; 3) a la seguridad en la gestión del combustible gastado y de desechos radiactivos derivados de programas militares o de defensa cuando dichos materiales se transfieran a, y se gestionen en programas exclusivamente civiles; 4) a las descargas, estipuladas en los artículos 4, 7, 11, 14, 24 y 26.

La Convención no se aplicará: 1) al combustible gastado que se encuentre situado en instalaciones de reprocesamiento como parte de una actividad de reprocesamiento, a no ser que la Parte Contratante declare que el reprocesamiento es parte de la gestión de combustible gastado; 2) a los desechos que contengan solamente materiales radiactivos naturales y que no se originen en el ciclo del combustible nuclear, a menos que estén constituidos por fuentes selladas en desuso o que la Parte Contratante los defina como desechos radiactivos a los fines de esta Convención; 3) a la seguridad en la gestión de combustible gastado o desechos radiactivos que formen parte de programas militares o de defensa, a menos que la Parte Contratante los defina para los fines de esta Convención.

La seguridad en la gestión del combustible gastado (Capítulo 2) y la seguridad de la gestión de desechos radiactivos (Capítulo 3), incluyen, en cada caso, los requisitos generales de seguridad, instalaciones existentes, emplazamiento de las instalaciones proyectadas, diseño y construcción de las instalaciones, evaluación de la seguridad de las instalaciones, operación de las instalaciones, disposición final y medidas institucionales después del cierre de una instalación.

El Capítulo 4 refiere a las disposiciones generales de seguridad que cada Parte Contratante deberá adoptar, en el ámbito de su legislación nacional, que regirá la gestión de combustible gastado y de desechos radiactivos, para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Convención. En consecuencia, se contempla el establecimiento o designación de un órgano regulador; la responsabilidad del titular de la licencia o de quien tenga jurisdicción, en cuanto a la seguridad de la gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos: los recursos humanos calificados para las actividades específicas y los recursos financieros suficientes para mantener la seguridad de las instalaciones durante su vida operacional y para la clausura, así como para continuar aplicando los controles institucionales, actividades y medidas de vigilancia radiológica apropiadas durante el lapso necesario después del cierre de una instalación hasta la disposición final de los desechos radiactivos; la aplicación de programas de garantía de calidad con respecto a la seguridad en la gestión de combustible gastado y de desechos radiactivos; la protección radiológica durante la vida operacional de una instalación; la preparación para casos de emergencia y las medidas adecuadas para garantizar la seguridad durante la clausura de una instalación nuclear.

El Capítulo 5 contempla los movimientos transfronterizos, para que se lleven a cabo de manera compatible con las disposiciones de la Convención y los instrumentos internacionales vinculantes.

Finalmente, el Capítulo 6 se refiere a la celebración de reuniones de las Partes Contratantes y a la presentación de informes con las medidas adoptadas para cumplir cada una de las obligaciones de la Convención.

Habida cuenta que en la República se generan desechos radiactivos en las áreas médica e industrial y que en la región se producen cantidades importantes de tales desechos, la obtención y mantenimiento de altos niveles de seguridad para prevenir accidentes en este ámbito, justifican el interés del Poder Ejecutivo en solicitar la aprobación de la Convención.

El Poder Ejecutivo, hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, DIDIER OPERTTI BADÁN, JOSÉ IGNACIO VILLAR, SAÚL IRURETA SARALEGUI.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase la "Convención Conjunta de Seguridad del Combustible Gastado y Seguridad de la Gestión de los Desechos Radiactivos", aprobada en Viena, el 5 de setiembre de 1997, que consta del Preámbulo y 44 artículos.

Montevideo, 8 de febrero de 2004.

DIDIER OPERTTI BADÁN, JOSÉ IGNACIO VILLAR, SAÚL IRURETA SARALEGUI.

TEXTO DEL ACUERDO

PREÁMBULO

CAPÍTULO I. Objetivos, definiciones y ámbito de aplicación

ARTÍCULO 1. Objetivos

ARTÍCULO 2. Definiciones

ARTÍCULO 3. Ámbito de aplicación

CAPÍTULO II. Seguridad en la gestión del combustible gastado

ARTÍCULO 4. Requisitos generales de seguridad

ARTÍCULO 5. Instalaciones existentes

ARTÍCULO 6. Emplazamiento de las instalaciones proyectadas

ARTÍCULO 7. Diseño y construcción de las instalaciones

ARTÍCULO 8. Evaluación de la seguridad de las instalaciones

ARTÍCULO 9. Operación de las instalaciones

ARTÍCULO 10. Disposición final del combustible gastado.

CAPÍTULO III. Seguridad en la gestión de desechos radiactivos

ARTÍCULO 11. Requisitos generales de seguridad

ARTÍCULO 12. Instalaciones existentes y prácticas anteriores

ARTÍCULO 13. Emplazamiento de las instalaciones proyectadas

ARTÍCULO 14. Diseño y construcción de las instalaciones

ARTÍCULO 15. Evaluación de la seguridad de las instalaciones

ARTÍCULO 16. Operación de las instalaciones

ARTÍCULO 17. Medidas institucionales después del cierre

CAPÍTULO IV. Disposiciones generales de seguridad

ARTÍCULO 18. Implementación de las medidas

ARTÍCULO 19. Marco legislativo y regulatorio

ARTÍCULO 20. Órgano regulador

ARTÍCULO 21. Responsabilidad del titular de la licencia

ARTÍCULO 22. Recursos humanos y financieros

ARTÍCULO 23. Garantía de calidad

ARTÍCULO 24. Protección radiológica operacional

ARTÍCULO 25. Preparación para casos de emergencia

ARTÍCULO 26. Clausura

CAPÍTULO V. Disposiciones varias

ARTÍCULO 27. Movimientos transfronterizos

ARTÍCULO 28. Fuentes selladas en desuso

CAPÍTULO VI. Reuniones de las partes contratantes

ARTÍCULO 29. Reunión preparatoria

ARTÍCULO 30. Reuniones de revisión

ARTÍCULO 31. Reuniones extraordinarias

ARTÍCULO 32. Presentación de informes

ARTÍCULO 33. Asistencia

ARTÍCULO 34. Informes resumidos

ARTÍCULO 35. Idiomas

ARTÍCULO 36. Confidencialidad

ARTÍCULO 37. Secretaría

CAPÍTULO VII. Cláusulas y otras disposiciones finales

ARTÍCULO 38. Solución de controversias

ARTÍCULO 39. Firma, ratificación, aceptación, aprobación, adhesión

ARTÍCULO 40. Entrada en vigor

ARTÍCULO 41. Enmiendas a la convención

ARTÍCULO 42. Denuncia

ARTÍCULO 43. Depositario

ARTÍCULO 44. Textos auténticos

—————

PREÁMBULO

Las Partes Contratantes:

i) Reconociendo que la operación de reactores nucleares genera combustible gastado y desechos radiactivos y que otras aplicaciones de las tecnologías nucleares generan también desechos radiactivos;

ii) Reconociendo que los mismos objetivos de seguridad se aplican tanto a la gestión de combustible gastado como a la de desechos radiactivos;

iii) Reiterando la importancia que tiene para la comunidad internacional asegurar que se planifiquen y apliquen prácticas eficaces adecuadas para la seguridad en la gestión del combustible gastado y de los desechos radiactivos;

iv) Reconociendo la importancia de informar al público sobre las cuestiones relativas a la seguridad en la gestión del combustible gastado y de los desechos radiactivos;

v) Deseando fomentar en todo el mundo una cultura de seguridad nuclear efectiva;

vi) Reiterando que la responsabilidad final de garantizar la seguridad en la gestión del combustible gastado y de los desechos radiactivos incumbe al Estado;

vii) Reconociendo que la definición de una política del ciclo del combustible incumbe al Estado, que algunos Estados consideran al combustible gastado como un recurso valioso que puede ser reprocesado y que otros optan por su disposición final;

viii) Reconociendo que el combustible gastado y los desechos radiactivos excluidos de esta Convención por formar parte de programas militares o de defensa deberían gestionarse de conformidad con los objetivos expuestos en ella;

ix) Afirmando la importancia de la cooperación internacional para mejorar la seguridad en la gestión del combustible gastado y de los desechos radiactivos por medio de mecanismos bilaterales y multilaterales, y por medio de esta Convención que posee carácter de incentivo;

x) Conscientes de las necesidades de los países en desarrollo, y en particular de los países menos adelantados, así como de los Estados con economías en transición, y de la necesidad de facilitar los mecanismos existentes para ayudarles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en esta Convención que posee carácter de incentivo;

xi) Convencidas de que los desechos radiactivos deberían disponerse, finalmente, en el Estado en que se generen en la medida en que ello sea compatible con la seguridad en la gestión de dichos materiales, y reconociendo a la vez que, en algunas circunstancias, la gestión segura y eficaz de combustible gastado y de desechos radiactivos podría fomentarse mediante acuerdos entre las Partes Contratantes para el uso de las instalaciones en una de ellas en beneficio de las demás Partes, en particular, cuando los desechos proceden de proyectos conjuntos;

xii) Reconociendo que todo Estado tiene el derecho de prohibir la importación en su territorio de combustible gastado y de desechos radiactivos de otros países;

xiii) Teniendo presente la Convención sobre Seguridad Nuclear (1994), la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares (1986), la Convención sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica (1986), la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares (1980), la Convención sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, enmendado (1994), y otros instrumentos internacionales pertinentes;

xiv) Teniendo presentes los principios contenidos en las interinstitucionales "Normas Básicas Internacionales de Seguridad para la Protección contra la Radiación Ionizante y para la Seguridad de las Fuentes de Radiación" (1996), y en las Nociones Fundamentales de Seguridad del OIEA titulada "Principios para la Gestión de Desechos Radiactivos" (1995), así como en las normas internacionales existentes relativas a la seguridad del transporte de materiales radiactivos;

xv) Recordando el capítulo 22 del Programa 21, aprobado en 1992 por la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas, celebrada en Río de Janeiro, que reafirma la importancia capital de la gestión segura y ecológicamente bien concebida de los desechos radiactivos;

xvi) Reconociendo la conveniencia de fortalecer el sistema de control internacional aplicable específicamente a los materiales radiactivos, como se menciona en el párrafo 3) del artículo 1 de la Convención de Basilea sobre el control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación (1989);

Han acordado lo siguiente:

CAPÍTULO I

Objetivos, definiciones y ámbito de aplicación

ARTÍCULO 1. Objetivos

Los objetivos de esta Convención son:

i) Lograr y mantener en todo el mundo un alto grado de seguridad en la gestión del combustible gastado y de los desechos radiactivos mediante la mejora de las medidas nacionales y de la cooperación internacional, incluida, cuando proceda, la cooperación técnica relacionada con la seguridad;

ii) Asegurar que en todas las etapas de la gestión del combustible gastado y de desechos radiactivos haya medidas eficaces contra los riesgos radiológicos potenciales a fin de proteger a las personas, a la sociedad y al medio ambiente de los efectos nocivos de la radiación ionizante, actualmente y en el futuro, de manera que se satisfagan las necesidades y aspiraciones de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades y aspiraciones;

iii) Prevenir los accidentes con consecuencias radiológicas y mitigar sus consecuencias en caso de que se produjesen durante cualquier etapa de la gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos.

ARTÍCULO 2. Definiciones.

Para los fines de esta Convención:

a) Por "cierre" se entiende la terminación de todas las operaciones en algún momento posterior a la colocación del combustible gastado o de los desechos radiactivos en una instalación para su disposición final. Ello incluye el trabajo final de ingeniería o de otra índole que se requiera para dejar la instalación en una condición segura a largo plazo;

b) Por "clausura" se entiende todas las etapas conducentes a la liberación del control regulatorio de una instalación nuclear que no sea una instalación para la disposición final de desechos radiactivos. Estas etapas incluyen los procesos de descontaminación y desmantelamiento;

c) Por "descargas" se entiende las emisiones planificadas y controladas al medio ambiente, como práctica legítima, dentro de los límites autorizados por el órgano regulador, de materiales radiactivos líquidos o gaseosos que proceden de instalaciones nucleares reglamentadas, durante su funcionamiento normal;

d) Por "disposición final" se entiende la colocación de combustible gastado o desechos radiactivos en una instalación adecuada sin la intención de recuperarlos;

e) Por "licencia" se entiende cualquier autorización, permiso o certificación otorgado por un órgano regulador para realizar cualquier actividad relacionada con la gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos;

f) Por "instalación nuclear" se entiende una instalación civil y los terrenos, edificios y equipo afines, en la que se producen, procesan, utilizan, manipulan, almacenan o disponen materiales radiactivos en tal escala que es preciso tomar en consideración la seguridad;

g) Por "vida operacional" se entiende el período durante el que una instalación de gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos se utiliza para los fines para los que se ha concebido. En el caso de una instalación para disposición final, el período comienza cuando el combustible gastado o los desechos radiactivos se colocan por primera vez en la instalación y termina al cierre de la instalación;

h) Por "desechos radiactivos" se entiende los materiales radiactivos en forma gaseosa, líquida o sólida para los cuales la Parte Contratante o una persona natural o jurídica cuya decisión sea aceptada por la Parte Contratante no prevé ningún uso ulterior y que el órgano regulador controla como desechos radiactivos según el marco legislativo y regulatorio de la Parte Contratante;

i) Por "gestión de desechos radiactivos" se entiende todas las actividades, incluidas las actividades de clausura, que se relacionan con la manipulación, tratamiento previo, tratamiento, acondicionamiento, almacenamiento o disposición final de desechos radiactivos, excluido el transporte fuera del emplazamiento. También puede comprender las descargas;

j) Por "instalación de gestión de desechos radiactivos" se entiende cualquier unidad o instalación que tenga como principal finalidad la gestión de desechos radiactivos, incluidas las instalaciones nucleares en proceso de clausura solamente si son designadas por la Parte Contratante como instalaciones de gestión de desechos radiactivos;

k) Por "órgano regulador" se entiende cualesquiera órgano u órganos dotados por la Parte Contratante de facultades legales para reglamentar cualquier aspecto de la seguridad en la gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos, incluida la concesión de licencias;

l) Por "reprocesamiento" se entiende un proceso u operación con el propósito de extraer isótopos radiactivos del combustible gastado para su uso ulterior;

m) Por "fuente sellada" se entiende material radiactivo permanentemente sellado en una cápsula o íntimamente coligado y en forma sólida, excluidos los elementos combustibles del reactor;

n) Por "combustible gastado" se entiende el combustible nuclear irradiado y extraído permanentemente del núcleo de un reactor;

o) Por "gestión del combustible gastado" se entiende todas las actividades que se relacionan con la manipulación o almacenamiento del combustible gastado, excluido el transporte fuera del emplazamiento. También puede comprender las descargas;

p) Por "instalación de gestión del combustible gastado" se entiende cualquier unidad o instalación que tenga por principal finalidad la gestión de combustible gastado;

q) Por "Estado de destino" se entiende un Estado hacia el cual se prevé o tiene lugar un movimiento transfronterizo;

r) Por "Estado de origen" se entiende un Estado desde el cual se prevé iniciar o se inicia un movimiento transfronterizo;

s) Por "Estado de tránsito" se entiende cualquier Estado distinto de un Estado de origen o de un Estado de destino a través de cuyo territorio se prevé o tiene lugar un movimiento transfronterizo;

t) Por "almacenamiento" se entiende la colocación de combustible gastado o de desechos radiactivos en una instalación dispuesta para su contención, con intención de recuperarlos;

u) Por "movimiento transfronterizo" se entiende cualquier expedición de combustible gastado o de desechos radiactivos de un Estado de origen a un Estado de destino.

ARTÍCULO 3. Ámbito de aplicación.

1. Esta Convención se aplicará a la seguridad en la gestión del combustible gastado cuando el combustible gastado provenga de la operación de reactores nucleares para usos civiles. El combustible gastado que se encuentre situado en instalaciones de reprocesamiento como parte de una actividad de reprocesamiento no entra en el ámbito de esta Convención a no ser que la Parte Contratante declare que el reprocesamiento es parte de la gestión de combustible gastado.

2. Esta Convención se aplicará también a la seguridad en la gestión de desechos radiactivos cuando los desechos radiactivos provengan de aplicaciones civiles. Sin embargo, esta Convención no se aplicará a los desechos que contengan solamente materiales radiactivos naturales y que no se originen en el ciclo del combustible nuclear, a menos que estén constituidos por fuentes selladas en desuso o que la Parte Contratante los defina como desechos radiactivos a los fines de esta Convención.

3. Esta Convención no se aplicará a la seguridad en la gestión de combustible gastado o desechos radiactivos que formen parte de programas militares o de defensa, a menos que la Parte Contratante los defina como combustible gastado o desechos radiactivos para los fines de esta Convención. No obstante, esta Convención se aplicará a la seguridad en la gestión del combustible gastado y de desechos radiactivos derivados de programas militares o de defensa cuando dichos materiales se transfieran permanentemente a, y se gestionen en programas exclusivamente civiles.

4. Esta Convención también se aplicará a las descargas, según se estipula en los artículos 4, 7, 11, 14, 24 y 26.

CAPÍTULO II

Seguridad en la gestión del combustible gastado

ARTÍCULO 4. Requisitos generales de seguridad.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas apropiadas para asegurar que en todas las etapas de la gestión del combustible gastado se proteja adecuadamente a las personas, a la sociedad y al medio ambiente contra los riesgos radiológicos.

Con este fin, cada Parte Contratante adoptará las medidas apropiadas para:

i) Asegurar que se preste la debida atención a la criticidad y a la remoción del calor residual producido durante la gestión del combustible gastado;

ii) Asegurar que la generación de desechos radiactivos debida a la gestión del combustible gastado se mantenga al nivel más bajo posible, en concordancia con el tipo de política del ciclo del combustible adoptada;

iii) Tener en cuenta las interdependencias entre las distintas etapas de la gestión del combustible gastado;

iv) Proveer una protección eficaz de las personas, la sociedad y el medio ambiente aplicando métodos adecuados de protección a nivel nacional, aprobados por el órgano regulador, en el marco de su legislación nacional que tenga debidamente en cuenta criterios y normas internacionalmente aprobados;

v) Tener en cuenta los riesgos biológicos, químicos y otros riesgos que puedan estar asociados a la gestión del combustible gastado;

vi) Esforzarse en evitar acciones cuyas repercusiones razonablemente previsibles en las generaciones futuras sean mayores que las permitidas para la generación presente;

vii) Procurar evitar que se impongan cargas indebidas a las generaciones futuras

ARTÍCULO 5. Instalaciones existentes.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para examinar la seguridad de cualquier instalación de gestión del combustible gastado que exista en el momento en que entre en vigor la Convención con respecto a esa Parte Contratante y para asegurar que, si es necesario, se efectúen todas las mejoras razonablemente factibles para aumentar la seguridad de dicha instalación.

ARTÍCULO 6. Emplazamiento de las instalaciones proyectadas.

1. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar el establecimiento y la aplicación de procedimientos en una instalación proyectada de gestión del combustible gastado, con el fin de:

i) Evaluar todos los factores pertinentes relacionados con el emplazamiento que puedan afectar a la seguridad de dicha instalación durante su vida operacional;

ii) Evaluar las consecuencias probables de dicha instalación para la seguridad de las personas, de la sociedad y del medio ambiente;

iii) Facilitar al público información sobre la seguridad de dicha instalación;

iv) Consultar a las Partes Contratantes que se hallen en las cercanías de dicha instalación, en la medida que puedan resultar afectadas por la misma, y facilitarles, previa petición, los datos generales relativos a la instalación que les permitan evaluar las probables consecuencias de la instalación para la seguridad en su territorio.

2. Con este fin, cada Parte Contratante adoptará las medidas apropiadas para asegurar que dichas instalaciones no tengan efectos inaceptables sobre otras Partes Contratantes, emplazándolas de conformidad con los requisitos generales en materia de seguridad del artículo 4.

ARTÍCULO 7. Diseño y construcción de las instalaciones.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que:

i) Las instalaciones de gestión del combustible gastado se diseñen y construyan de modo que existan medidas adecuadas para limitar las posibles consecuencias radiológicas para las personas, la sociedad y el medio ambiente, incluidas las de las descargas o las emisiones no controladas;

ii) En la etapa de diseño se tengan en cuenta planes conceptuales y, cuando proceda, disposiciones técnicas para la clausura de una instalación de gestión del combustible gastado;

iii) Las tecnologías incorporadas en el diseño y construcción de una instalación de gestión del combustible gastado estén avaladas por la experiencia, las pruebas o análisis.

ARTÍCULO 8. Evaluación de la seguridad de las instalaciones.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que:

i) Antes de la construcción de una instalación de gestión del combustible gastado, se realice una evaluación sistemática de la seguridad y una evaluación ambiental, en consonancia con el riesgo que plantee la instalación y que abarque su vida operacional;

ii) Antes de la operación de una instalación de gestión del combustible gastado, se preparen versiones actualizadas y detalladas de la evaluación de la seguridad y de la evaluación ambiental cuando se estime necesaria para complementar las evaluaciones mencionadas en el párrafo i).

ARTÍCULO 9. Operación de las instalaciones.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que:

i) La licencia de operación de una instalación de gestión del combustible gastado se base en evaluaciones apropiadas, tal como se especifica en el artículo 8, y esté condicionada a la finalización de un programa de puesta en servicio que demuestre que la instalación, tal como se ha construido, se ajusta a los requisitos de diseño y seguridad;

ii) Los límites y condiciones operacionales derivados de las pruebas, de la experiencia operacional y de las evaluaciones, tal como se especifica en el artículo 8, se definan y se revisen en los casos necesarios;

iii) Las actividades de operación, mantenimiento, vigilancia radiológica, inspección y pruebas de una instalación de gestión del combustible gastado se realicen de conformidad con procedimientos establecidos;

iv) Se disponga de los servicios de ingeniería y de apoyo técnico necesarios en todas las disciplinas relacionadas con la seguridad a lo largo de la vida operacional de una instalación de gestión del combustible gastado;

v) El titular de la correspondiente licencia notifique de manera oportuna al órgano regulador los incidentes significativos para la seguridad;

vi) Se establezcan programas para recopilar y analizar la experiencia operacional pertinente y se actúe en función de los resultados, cuando proceda;

vii) Se preparen y actualicen, cuando sea necesario, planes para la clausura de una instalación de gestión del combustible gastado utilizando la información obtenida durante la vida operacional de esa instalación y que el órgano regulador examine estos planes.

ARTÍCULO 10. Disposición final de combustible gastado.

Si, de conformidad con su marco legislativo y regulatorio, una Parte Contratante decide la disposición del combustible en una instalación para su disposición final, esta disposición final de dicho combustible gastado se realizará de acuerdo con las obligaciones del capítulo 3 relativas a la disposición final de desechos radiactivos.

CAPÍTULO III

Seguridad en la gestión de desechos radiactivos

ARTÍCULO 11. Requisitos generales de seguridad.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas apropiadas para asegurar que en todas las etapas de la gestión de desechos radiactivos se proteja adecuadamente a las personas, a la sociedad y al medio ambiente contra los riesgos radiológicos y otros riesgos.

Con este fin, cada Parte Contratante adoptará las medidas apropiadas para:

i) Asegurar que se preste la debida atención a la criticidad y a la remoción del calor residual producido durante la gestión de desechos radiactivos;

ii) Asegurar que la generación de desechos radiactivos se mantenga al nivel más bajo posible;

iii) Tener en cuenta las interdependencias entre las distintas etapas de la gestión de desechos radiactivos;

iv) Prever una protección eficaz de las personas, la sociedad y el medio ambiente aplicando métodos adecuados de protección a nivel nacional, aprobados por el órgano regulador, en el marco de su legislación nacional, que tenga debidamente en cuenta criterios y normas internacionalmente aprobados;

v) Tener en cuenta los riesgos biológicos, químicos y otros riesgos que puedan estar asociados a la gestión de desechos radiactivos;

vi) Esforzarse en evitar acciones cuyas repercusiones razonablemente previsibles en las generaciones futuras sean mayores que las permitidas para la generación presente;

vii) Procurar evitar que se impongan cargas indebidas a las generaciones futuras.

ARTÍCULO 12. Instalaciones existentes y prácticas anteriores.

Cada Parte Contratante adoptará oportunamente las medidas adecuadas para examinar:

i) La seguridad de cualquier instalación de gestión de desechos radiactivos existente en el momento en que entre en vigor la Convención respecto de esa Parte Contratante y asegurar que, cuando proceda, se efectúen todas las mejoras razonablemente factibles para aumentar la seguridad de dicha instalación;

ii) Los resultados de las prácticas anteriores a fin de determinar si se hace necesaria una intervención por razones de protección radiológica teniendo presente que la reducción del detrimento derivado de la reducción de la dosis habrá de ser suficiente para justificar los perjuicios y costos, incluidos los costos sociales, de la intervención.

ARTÍCULO 13. Emplazamiento de las instalaciones proyectadas.

1. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar el establecimiento y la aplicación de procedimientos para una instalación proyectada de gestión de desechos radiactivos, con el fin de:

i) Evaluar todos los factores pertinentes relacionados con el emplazamiento que puedan afectar a la seguridad de dicha instalación durante su vida operacional, así como a la de una instalación de disposición final después del cierre;

ii) Evaluar las repercusiones probables de dicha instalación sobre la seguridad de las personas, de la sociedad y del medio ambiente, teniendo en cuenta la posible evolución de las condiciones del emplazamiento de las instalaciones para la disposición final después del cierre;

iii) Facilitar información a los miembros del público sobre la seguridad de dicha instalación;

iv) Consultar a las Partes Contratantes que se hallen en las cercanías de dicha instalación, en la medida que puedan resultar afectadas por la misma, y facilitarles, previa petición, los datos generales relativos a la instalación que les permitan evaluar las probables consecuencias de la instalación para la seguridad en su territorio.

2. Con este fin, cada Parte Contratante adoptará las medidas apropiadas para asegurar que dichas instalaciones no tengan efectos inaceptables para otras Partes Contratantes, emplazándolas de conformidad con los requisitos generales en materia de seguridad del artículo 11.

ARTÍCULO 14. Diseño y construcción de las instalaciones.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que:

i) Las instalaciones de gestión de desechos, radiactivos se diseñen y construyan de modo que existan medidas adecuadas para limitar las posibles consecuencias radiológicas para las personas, la sociedad y el medio ambiente, incluidas las de las descargas o las emisiones no controladas;

ii) En la etapa de diseño se tengan en cuenta planes conceptuales y, cuando proceda, disposiciones técnicas para la clausura de una instalación de gestión de desechos radiactivos que no sea una instalación para la disposición final;

iii) En la etapa de diseño, se preparen disposiciones técnicas para el cierre de una instalación para la disposición final de los desechos radiactivos;

iv) Las tecnologías incorporadas en el diseño y construcción de una instalación de gestión de desechos radiactivos estén avaladas por la experiencia, las pruebas o análisis.

ARTÍCULO 15. Evaluación de la seguridad de las instalaciones.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que:

i) Antes de la construcción de una instalación de gestión de desechos radiactivos, se realice una evaluación sistemática de la seguridad y una evaluación ambiental, en consonancia con el riesgo que plantee la instalación y que abarque su vida operacional;

ii) Además, antes de la construcción de una instalación para la disposición final de los desechos radiactivos, se realice una evaluación sistemática de la seguridad y una evaluación ambiental para el período posterior al cierre y se evalúen los resultados en función de los criterios establecidos por el órgano regulador;

iii) Antes de la operación de una instalación de gestión de desechos radiactivos, se preparen versiones actualizadas y detalladas de la evaluación de la seguridad y de la evaluación ambiental cuando se estime necesario para complementar las evaluaciones mencionadas en el párrafo i).

ARTÍCULO 16. Operación de las instalaciones.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que:

i) La licencia de operación de una instalación de gestión de desechos radiactivos se base en evaluaciones apropiadas, tal como se especifica en el artículo 15, y esté condicionada a la finalización de un programa de puesta en servicio que demuestre que la instalación, tal como se ha construido, se ajusta a los requisitos de diseño y seguridad;

ii) Los límites y condiciones operacionales derivados de las pruebas, de la experiencia operacional y de las evaluaciones, tal como se especifica en el artículo 15, se definan y se revisen en los casos necesarios;

iii) Las actividades de operación, mantenimiento, vigilancia radiológica, inspección y pruebas de una instalación de gestión de desechos radiactivos se realicen de conformidad con procedimientos establecidos. En el caso de una instalación para la disposición final de los desechos radiactivos, los resultados así obtenidos se utilizarán para verificar y examinar la validez de los supuestos hechos y para actualizar las evaluaciones, tal como se especifica en el artículo 15, para el período posterior al cierre;

iv) Se disponga de los servicios de ingeniería y de apoyo técnico necesarios en todas las disciplinas relacionadas con la seguridad a lo largo de la vida operacional de una instalación de gestión de desechos radiactivos;

v) Se apliquen procedimientos para la caracterización y segregación de los desechos radiactivos;

vi) El titular de la correspondiente licencia notifique de manera oportuna al órgano regulador los incidentes significativos para la seguridad;

vii) Se establezcan programas para recopilar y analizar la experiencia operacional pertinente y se actúe en función de los resultados, cuando proceda;

viii) Se preparen y actualicen, cuando sea necesario, planes para la clausura de una instalación de gestión de desechos radiactivos, que no sea una instalación para disposición final, utilizando la información obtenida durante la vida operacional de esa instalación y que el órgano regulador examine estos planes;

ix) Se preparen y actualicen, cuando sea necesario, planes para el cierre de una instalación para disposición final, utilizando la información obtenida durante la vida operacional de esa instalación y que el órgano regulador examine estos planes.

ARTÍCULO 17. Medidas institucionales después del cierre.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que después del cierre de una instalación para la disposición final de los desechos radiactivos:

i) Se preserven los registros de la ubicación, diseño e inventario de esa instalación que exija el órgano regulador;

ii) Se efectúen controles institucionales activos o pasivos, como medidas de vigilancia radiológica o restricciones del acceso, en caso necesario, y

iii) Si durante cualquier período de control institucional activo se detecta una emisión no planificada de materiales radiactivos al medio ambiente, se apliquen medidas de intervención, en caso necesario.

CAPÍTULO IV

Disposiciones generales de seguridad

ARTÍCULO 18. Implementación de las medidas.

Cada Parte Contratante adoptará, en el ámbito de su legislación nacional, las medidas legislativas, reglamentarias y administrativas, así como cualesquiera otras que sean necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de esta Convención.

ARTÍCULO 19. Marco legislativo y regulatorio.

1. Cada Parte Contratante establecerá y mantendrá un marco legislativo y regulatorio por el que se regirá la seguridad en la gestión de combustible gastado y de desechos radiactivos.

2. Este marco legal y regulatorio contemplará el establecimiento de:

i) Los requisitos y las disposiciones nacionales aplicables en materia de seguridad radiológica;

ii) Un sistema de otorgamiento de licencias para las actividades de gestión de combustible gastado y de desechos radiactivos;

iii) Un sistema de prohibición de la operación de instalaciones de gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos sin la correspondiente licencia;

iv) Un sistema reglamentario apropiado de control institucional, inspección regulatoria y documentación y presentación de informes;

v) Las medidas para asegurar el cumplimiento de los reglamentos aplicables y de las condiciones de las licencias;

vi) Una asignación claramente definida de responsabilidades a los órganos que intervengan en las distintas etapas de la gestión de combustible gastado y de desechos radiactivos.

3. Cuando las Partes Contratantes consideren reglamentar los materiales radiactivos como desechos radiactivos, las Partes Contratantes deberán tener en cuenta los objetivos de esta Convención.

ARTÍCULO 20. Órgano regulador.

1. Cada Parte Contratante establecerá o designará un órgano regulador que se encargue de la aplicación del marco legislativo y reglamentario a que se refiere el artículo 19, y que esté dotado de autoridad, competencia y recursos financieros y humanos adecuados para cumplir las responsabilidades que se le asignen.

2. Cada Parte Contratante, de conformidad con su marco legislativo y reglamentario, adoptará las medidas adecuadas para asegurar una independencia efectiva entre las funciones reglamentarias y otras funciones cuando incumban a entidades que intervengan tanto en la gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos como en su reglamentación.

ARTÍCULO 21. Responsabilidad del titular de la licencia.

1. Cada Parte Contratante asegurará que la responsabilidad primordial en cuanto a la seguridad en la gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos recaiga sobre el titular de la correspondiente licencia, y adoptará las medidas adecuadas para asegurar que dicho titular asuma sus responsabilidades.

2. De no haber un titular de la licencia u otra parte responsable, la responsabilidad recaerá en la Parte Contratante que tenga jurisdicción sobre el combustible gastado o sobre los desechos radiactivos.

ARTÍCULO 22. Recursos humanos y financieros.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que:

i) Se disponga del personal calificado necesario para las actividades relacionadas con la seguridad durante la vida operacional de una instalación de gestión de combustible gastado y de desechos radiactivos;

ii) Se disponga de recursos financieros suficientes para mantener la seguridad de las instalaciones de gestión de combustible gastado y de desechos radiactivos durante su vida operacional y para la clausura;

iii) Se adopten disposiciones financieras que permitan continuar aplicando los controles institucionales y actividades/medidas de vigilancia radiológica apropiados durante el período que se considere necesario después del cierre de una instalación para la disposición final de los desechos radiactivos.

ARTÍCULO 23. Garantía de calidad.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas necesarias para asegurar que se establezcan y apliquen programas de garantía de calidad adecuados con respecto a la seguridad en la gestión de combustible gastado y de desechos radiactivos.

ARTÍCULO 24. Protección radiológica operacional.

1. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que durante la vida operacional de una instalación de gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos:

i) La exposición radiológica de los trabajadores y el público causada por la instalación se reduzca al nivel más bajo que sea razonablemente alcanzable, teniendo en cuenta factores económicos y sociales;

ii) Ninguna persona sea expuesta, en situaciones normales, a dosis de radiación que superen las prescripciones nacionales de limitación de dosis, que tengan debidamente en cuenta normas de protección radiológica internacionalmente aprobadas;

iii) Se adopten medidas para prevenir emisiones no planificadas y no controladas de materiales radiactivos al medio ambiente.

2. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que las descargas sean limitadas, de modo que:

i) Se mantenga la exposición a las radiaciones al nivel más bajo que pueda razonablemente alcanzarse, teniendo en cuenta los factores económicos y sociales; y

ii) Ninguna persona sea expuesta, en situaciones normales, a dosis de radiación que superen las prescripciones nacionales de limitación de dosis, que tengan debidamente en cuenta normas de protección radiológica internacionalmente aprobadas.

3. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar que. durante la vida operacional de una instalación nuclear regulada, en caso de que se produzca una emisión no planificada o no controlada de materiales radiactivos al medio ambiente se apliquen medidas correctivas apropiadas para controlar la emisión y mitigar sus efectos.

ARTÍCULO 25. Preparación para casos de emergencia.

1. Cada Parte Contratante asegurará que antes y durante la operación de una instalación de gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos existan planes de emergencia apropiados que sean aplicables dentro del emplazamiento, y, de ser necesario, fuera de él. Dichos planes de emergencia deben probarse con la frecuencia adecuada.

2. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para la preparación y prueba de los planes de emergencia para su territorio en la medida que éste pueda verse afectado por una emergencia radiológica en una instalación de gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos situada en las cercanías de su territorio.

ARTÍCULO 26. Clausura.

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad durante la clausura de una instalación nuclear. Dichas medidas garantizarán que:

i) Se disponga de personal calificado y recursos financieros adecuados;

ii) Se apliquen las disposiciones del artículo 24 con respecto a la protección radiológica operacional, las descargas y las emisiones no planificadas y no controladas;

iii) Se apliquen las disposiciones del artículo 25 con respecto a la preparación para casos de emergencia; y

iv) Se mantengan registros de información importante para la clausura.

CAPÍTULO V

Disposiciones varias

ARTÍCULO 27. Movimientos transfronterizos.

1. Cada Parte Contratante que intervenga en movimientos transfronterizos adoptará las medidas adecuadas para asegurar que dicho movimiento se lleve a cabo de manera compatible con las disposiciones de esta Convención y los instrumentos internacionales vinculantes pertinentes.

Con este fin:

i) Una Parte Contratante que sea el Estado de origen, adoptará las medidas pertinentes para asegurar que el movimiento transfronterizo se autorice y tenga lugar únicamente con la notificación y consentimiento previos del Estado de destino;

ii) El movimiento transfronterizo a través de los Estados de tránsito estará sujeto a las obligaciones internacionales relacionadas con las modalidades particulares de transporte que se utilicen;

iii) Una Parte Contratante que sea el Estado de destino consentirá un movimiento transfronterizo únicamente si posee la capacidad administrativa y técnica, así como la estructura regulatoria necesarias para gestionar el combustible gastado o los desechos radiactivos de manera compatible con esta Convención;

iv) Una Parte Contratante que sea el Estado de origen autorizará un movimiento transfronterizo únicamente si puede comprobar que, de acuerdo con el consentimiento del Estado de destino, se cumplen los requisitos del apartado iii) antes de proceder al movimiento transfronterizo;

v) Si un movimiento transfronterizo no se lleva o no puede llevarse a cabo de conformidad con el presente artículo, la Parte Contratante que sea el Estado de origen adoptará las medidas adecuadas para permitir la readmisión en su territorio, a menos que pueda concertarse un arreglo alternativo seguro.

2. Las Partes Contratantes no otorgarán licencia de expedición de su combustible gastado o de sus desechos radiactivos a un lugar de destino al sur de los 60 grados de latitud Sur para su almacenamiento o disposición final.

3. Ninguna de las disposiciones de esta Convención prejuzga o afecta:

i) El ejercicio de los derechos y libertades de navegación marítima, fluvial y aérea que, según se estipula en el Derecho internacional, corresponde a los buques y aeronaves de todos los Estados;

ii) Los derechos de una Parte Contratante a la que se exporten desechos radiactivos para su procesamiento a devolver, o adoptar disposiciones para devolver al Estado de origen los desechos radiactivos y otros productos después de su procesamiento;

iii) El derecho de una Parte Contratante de exportar su combustible gastado para su reprocesamiento;

iv) Los derechos de una Parte Contratante a la que se exporte combustible gastado para reprocesamiento a devolver, o a adoptar las disposiciones para devolver al Estado de origen desechos radiactivos y otros productos derivados de las actividades de reprocesamiento.

ARTÍCULO 28. Fuentes selladas en desuso.

1. Cada Parte Contratante adoptará, en el marco de su legislación nacional, las medidas adecuadas para asegurar que la posesión, reelaboración o disposición final de fuentes selladas en desuso tenga lugar de manera segura.

2. Las Partes Contratantes permitirán la readmisión en su territorio de las fuentes selladas en desuso si, en el marco de sus leyes nacionales, han aceptado su devolución a un fabricante autorizado para recibir y poseer las fuentes selladas en desuso.

CAPÍTULO VI

Reuniones de las partes contratantes

ARTÍCULO 29. Reunión preparatoria.

1. Se celebrará una reunión preparatoria de las Partes Contratantes no más tarde de seis meses después de la fecha de entrada en vigor de esta Convención.

2. En esta reunión, las Partes Contratantes:

i) Fijarán la fecha de la primera reunión de revisión a que se hace referencia en el artículo 30. Esta reunión de revisión se celebrará lo antes posible, pero a más tardar treinta meses después de la fecha de entrada en vigor de esta Convención;

ii) Elaborarán y adoptarán por consenso un Reglamento y un Reglamento financiero;

iii) Establecerán, en particular, y de conformidad con el Reglamento:

a) Directrices acerca de la forma y estructura de los informes nacionales que deban ser presentados con arreglo al artículo 32;

b) Una fecha para la presentación de tales informes;

c) El procedimiento para la revisión de dichos informes.

3. Cualquier Estado u organización regional con fines de integración o de otra naturaleza que ratifique, acepte, apruebe o confirme esta Convención o se adhiera a ella, para los que la Convención no esté todavía en vigor, puede asistir a la reunión preparatoria como si fuera Parte en esta Convención.

ARTÍCULO 30. Reuniones de revisión.

1. Las Partes Contratantes celebrarán reuniones a fin de revisar los informes presentados en cumplimiento del artículo 32.

2. En cada reunión de revisión, las Partes Contratantes:

i) Fijarán la fecha de la siguiente reunión, el intervalo existente entre las reuniones de revisión no excederá de tres años;

ii) Podrán examinar los arreglos establecidos, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 29, y adoptar por consenso revisiones de los mismos, a menos que el Reglamento disponga otra cosa. También podrán enmendar por consenso el Reglamento y el Reglamento financiero.

3. En cada reunión de revisión, cada Parte Contratante dispondrá de una oportunidad razonable para analizar los informes presentados por otras Partes Contratantes y de pedir aclaraciones sobre los mismos.

ARTÍCULO 31. Reuniones extraordinarias.

Se celebrará una reunión extraordinaria de las Partes Contratantes, cuando:

i) Así lo acuerde la mayoría de las Partes Contratantes presentes y votantes en una reunión, o

ii) Así lo pida por escrito una Parte Contratante, en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que esta petición haya sido comunicada a las Partes Contratantes y la Secretaría a que se refiere el artículo 37 haya recibido notificación de que la petición cuenta con el apoyo de la mayoría de las Partes Contratantes.

ARTÍCULO 32. Presentación de informes.

1. De conformidad con las disposiciones del artículo 30, cada Parte Contratante presentará un informe nacional en cada reunión de revisión de las Partes Contratantes. El informe tratará de las medidas adoptadas para cumplir cada una de las obligaciones de la Convención. El informe de cada Parte Contratante tratará también sobre lo siguiente:

i) Políticas de gestión de combustible gastado;

ii) Prácticas de gestión de combustible gastado;

iii) Políticas de gestión de desechos radiactivos;

iv) Prácticas de gestión de desechos radiactivos;

v) Criterios empleados para definir y clasificar por categorías los desechos radiactivos.

2. Este informe incluirá también:

i) Una lista de las instalaciones de gestión de combustible gastado reguladas por esta Convención, su ubicación, finalidad principal y características esenciales;

ii) Un inventario del combustible gastado regulado por esta Convención que se encuentra almacenado y del que se haya dispuesto finalmente. Este inventario deberá contener una descripción de los materiales y, caso de que exista, información sobre su masa y su actividad total;

iii) Una lista de las instalaciones de gestión de desechos radiactivos reguladas por esta Convención, su ubicación, finalidad principal y características esenciales;

iv) Un inventario de los desechos radiactivos regulados por esta Convención que:

a) se encuentren en almacenamiento en instalaciones de gestión de desechos radiactivos y del ciclo del combustible nuclear;

b) se hayan dispuesto finalmente, o

c) se hayan derivado de prácticas anteriores.

Este inventario deberá contener una descripción de los materiales y otro tipo de información pertinente de que se disponga, tal como volumen o masa, actividad y radionucleidos específicos.

v) Una lista de instalaciones nucleares en proceso de clausura y la situación de las actividades de clausura en esas instalaciones.

ARTÍCULO 33. Asistencia.

1. Cada Parte Contratante deberá asistir a las reuniones de las Partes Contratantes y estar representada en las mismas por un delegado, así como por los suplentes, expertos y asesores que considere necesarios.

2. Las Partes Contratantes podrán invitar, por consenso, a cualquier organización intergubernamental competente en cuestiones reguladas por esta Convención, para que asista, en calidad de observador, a cualquier reunión o a determinadas sesiones de la misma. Se exigirá a los observadores que acepten por escrito, y por anticipado, las disposiciones del artículo 36.

ARTÍCULO 34. Informes resumidos.

Las Partes Contratantes aprobarán por consenso y pondrán a disposición del público un documento relativo a las cuestiones debatidas y a las conclusiones alcanzadas en las reuniones de las Partes Contratantes.

ARTÍCULO 35. Idiomas.

1. Los idiomas de las reuniones de las Partes Contratantes serán el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso, a no ser que el Reglamento disponga otra cosa.

2. Los informes presentados de conformidad con el artículo 32 se redactarán en el idioma nacional de la Parte Contratante que los presente o en un solo idioma que se designará, previo acuerdo, en el Reglamento. De presentarse el informe en un idioma nacional distinto del idioma designado, la Parte Contratante en cuestión facilitará una traducción del mismo al idioma designado.

3. No obstante las disposiciones del párrafo 2, la Secretaría, si se le resarcen los gastos, se encargará de traducir al idioma designado los informes presentados en cualquier otro idioma de la reunión.

ARTÍCULO 36. Confidencialidad.

1. Las disposiciones de esta Convención no afectarán a los derechos y obligaciones de las Partes Contratantes, de proteger, de conformidad con sus leyes, la información que no deba ser revelada. A los efectos de este artículo, la "información" incluye, entre otros, la información relativa a la seguridad nacional o a la protección física de los materiales nucleares, la información protegida por derechos de propiedad intelectual o por la confidencialidad industrial o comercial, y los datos personales.

2. Cuando, en el contexto de esta Convención, una Parte Contratante suministre información identificada por esa Parte como de carácter reservado conforme a lo dispuesto en el párrafo 1, dicha información será utilizada únicamente a los fines para los que haya sido suministrada y su confidencialidad deberá ser respetada.

3. Con respecto a la información relativa al combustible gastado o a los desechos radiactivos comprendidos en el ámbito de esta Convención en virtud del párrafo 3 del artículo 3, las disposiciones de esta Convención no afectarán a la discreción exclusiva de la Parte Contratante interesada para decidir:

i) Si tal información ha de considerarse clasificada o controlada de otro modo para impedir su divulgación;

ii) Si facilita la información a que se alude en el apartado i) en el contexto de la Convención, y

iii) Las condiciones de confidencialidad que se atribuirán a dicha información si se facilita en el contexto de esta Convención.

4. Deberá mantenerse la confidencialidad del contenido de los debates celebrados durante el examen de los informes nacionales en cada reunión de examen celebrada con arreglo al artículo 30.

ARTÍCULO 37. Secretaría.

1. El Organismo Internacional de Energía Atómica (denominado en lo sucesivo el "Organismo") desempeñará las funciones de Secretaría para las reuniones de las Partes Contratantes.

2. La Secretaría deberá:

i) Convocar y preparar las reuniones de las Partes Contratantes mencionadas en los artículos 29, 30 y 31 y prestarles los necesarios servicios;

ii) Transmitir a las Partes Contratantes la información recibida o preparada de conformidad con lo dispuesto en esta Convención.

Los gastos realizados por el Organismo en cumplimiento de las funciones mencionadas en los apartados i) y ii) precedentes serán sufragados por el Organismo con cargo a su presupuesto ordinario.

3. Las Partes Contratantes podrán, por consenso, pedir al Organismo que preste otros servicios a las reuniones de dichas Partes Contratantes. El Organismo podrá prestar tales servicios si puede realizarlos con sujeción a su programa y presupuesto ordinarios. De no ser esto posible, el Organismo podrá prestar dichos servicios siempre que se disponga de financiación voluntaria de otra procedencia.

CAPÍTULO VII

Cláusulas finales y otras disposiciones

ARTÍCULO 38. Solución de controversias.

En caso de controversia entre dos o más Partes Contratantes sobre la interpretación o aplicación de esta Convención, las Partes Contratantes celebrarán consultas en el marco de una reunión de las Partes Contratantes a fin de resolver la controversia en cuestión.

En caso de que dichas consultas resulten improductivas, puede recurrirse a los mecanismos de mediación, de conciliación y de arbitraje previstos por el Derecho internacional, incluidas las reglas y prácticas en vigor en el seno del OIEA.

ARTÍCULO 39. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión.

1. Esta Convención estará abierta, hasta su entrada en vigor, a la firma de todos los Estados en la Sede del Organismo en Viena, a partir del 29 de septiembre de 1997.

2. Esta Convención está sujeta a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados signatarios.

3. Tras su entrada en vigor, esta Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados.

4. i) Esta Convención estará abierta a la firma, sujeta a confirmación o adhesión de las organizaciones regionales con fines de integración o de otra naturaleza, siempre que la organización en cuestión esté constituida por Estados soberanos y tenga competencia para la negociación, celebración y aplicación de acuerdos internacionales en las materias que son objeto de esta Convención.

ii) En las materias de su competencia, tales organizaciones en su propio nombre, deberán ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que esta Convención atribuye a los Estados Partes.

iii) Al hacerse Parte en esta Convención, esa organización remitirá al depositario, al que se refiere el artículo 43, una declaración en la que se indique los Estados que la componen, los artículos de esta Convención que le sean aplicables y el alcance de su competencia en las materias cubiertas en tales artículos.

iv) Dicha organización sólo tendrá derecho a los votos que correspondan a sus Estados Miembros.

5. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o confirmación se depositarán ante el depositario.

ARTÍCULO 40. Entrada en vigor.

1. Esta Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha de depósito ante el depositario, del vigésimo quinto instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, incluidos los instrumentos de quince Estados cada uno de los cuales tenga una central nuclear en operación.

2. Para cada Estado u organización regional con fines de integración o de otra naturaleza que ratifique, acepte, apruebe o confirme esta Convención o se adhiera a ella después de la fecha de depósito del último instrumento requerido para satisfacer las condiciones enunciadas en el párrafo 1, esta Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que dicho Estado u organización haya depositado ante el depositario el correspondiente instrumento.

ARTÍCULO 41. Enmiendas a la convención.

1. Cualquier Parte Contratante podrá proponer enmiendas a esta Convención. Las enmiendas propuestas serán examinadas en una reunión de revisión o en una reunión extraordinaria.

2. El texto de cualquier enmienda propuesta y las razones de la misma se pondrán en conocimiento del depositario, el cual comunicará la propuesta a las Partes Contratantes no menos de noventa días con anterioridad a la reunión en la que vaya a ser examinada. El depositario transmitirá a las Partes Contratantes las observaciones que reciba en relación con la citada enmienda.

3. Tras estudiar la enmienda propuesta, las Partes Contratantes decidirán si la adoptan por consenso o, de no existir consenso, la presentan a una Conferencia Diplomática. Para adoptar la decisión de presentar una propuesta de enmienda a una Conferencia Diplomática se requerirá mayoría de dos tercios de las Partes Contratantes presentes y votantes en la reunión a condición de que esté presente en el momento de la votación, al menos la mitad de las Partes Contratantes.

4. La Conferencia Diplomática encargada de examinar y adoptar enmiendas a esta Convención será convocada por el depositario y deberá celebrarse a más tardar un año después de que haya sido adoptada la decisión correspondiente de conformidad con el párrafo 3 de este artículo. La Conferencia Diplomática hará todo lo posible para conseguir que las enmiendas se aprueben por consenso. Si esto no fuera posible, las enmiendas se aprobarán por mayoría de dos tercios de todas las Partes Contratantes.

5. Las enmiendas a esta Convención adoptadas de conformidad con los párrafos 3 y 4 antes citados estarán sujetas a la ratificación, aceptación, aprobación o confirmación de las Partes Contratantes y entrarán en vigor para las Partes Contratantes que las hayan ratificado, aceptado, aprobado o confirmado, el nonagésimo día siguiente a la fecha en la que el depositario haya recibido los instrumentos correspondientes de tres cuartos, como mínimo, de las Partes Contratantes. Para las Partes Contratantes que ratifiquen, acepten, aprueben o confirmen con posterioridad dichas enmiendas, éstas entrarán en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que la Parte Contratante haya depositado su correspondiente instrumento.

ARTÍCULO 42. Denuncia.

1. Cualquier Parte Contratante podrá denunciar esta Convención mediante notificación dirigida por escrito al depositario.

2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año, contado a partir de la fecha de recepción de la notificación por el depositario, o en una fecha posterior que se indique en la citada notificación.

ARTÍCULO 43. Depositario.

1. El Director general del Organismo será el depositario de esta Convención.

2. El depositario informará a las Partes Contratantes acerca de:

i) La firma de esta Convención y del depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o confirmación, de conformidad con el artículo 39;

ii) La fecha en que entre en vigor la Convención, de conformidad con el artículo 40;

iii) Las notificaciones de denuncia de la Convención, y sus respectivas fechas, realizadas de conformidad con el artículo 42;

iv) Las propuestas de enmienda a esta Convención presentadas por Partes Contratantes, las enmiendas adoptadas por la correspondiente Conferencia Diplomática o por la reunión de las Partes Contratantes, y la fecha de entrada en vigor de las mencionadas enmiendas, de conformidad con el artículo 41.

ARTÍCULO 44. Textos auténticos.

El original de esta Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado ante el depositario, el cual enviará ejemplares certificados del mismo a las Partes Contratantes.

EN FE DE LO CUAL, LOS INFRAESCRITOS, DEBIDAMENTE AUTORIZADOS AL EFECTO, HAN FIRMADO ESTA CONVENCIÓN.

Hecho en Viena a los cinco días de setiembre de mil novecientos noventa y siete.

(SIGUE FIRMA)"

Anexo II al
Rep. Nº 34

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Asuntos Internacionales

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado la Convención Conjunta de Seguridad del Combustible Gastado y Seguridad de la Gestión de los Desechos Radiactivos, aprobada en Viena, el 5 de Setiembre de 1997. La misma consta de un preámbulo y cuarenta y cuatro Artículos contenidos en siete Capítulos.

Los sujetos de esta Convención son el "combustible gastado y los desechos radiactivos", conceptos claramente definidos para los fines de esta Convención en los literales "n" y "h" del Artículo 2, respectivamente, entre otros que coadyuvan a la mejor inteligibilidad de la misma.

Tal como se consigna en el Capítulo I, los objetivos de esta Convención son lograr y mantener universalmente las máximas seguridades en la gestión del combustible gastado y de los desechos radiactivos, por medio de determinadas medidas a ser aplicadas en los niveles internos de las Partes Contratantes de la Convención y contando con la necesaria cooperación internacional.

Se trata, y esa es la sustancia de este asunto, de buscar proteger a las personas, a la sociedad y al medio ambiente de la llamada radiación ionizante, sea en el presente como en las épocas del porvenir, teniendo en cuenta la perdurabilidad de la radiación de los productos objeto de esta Convención.

Es por ello que se persigue la prevención de los accidentes con derivaciones radiológicas.

El Artículo 2 define claramente los términos usados en esta Convención, referidos en su totalidad a diversas instancias u operaciones vinculadas a la manipulación, tratamiento, acondicionamiento, almacenamiento, excluido el transporte fuera del emplazamiento en donde se han procesado los combustibles gastados y los desechos radiactivos.

En cuanto al ámbito sobre el cual se aplicará esta Convención, será en el plano de la seguridad en la gestión del combustible gastado, cuando este provenga de la operación de reactores nucleares para usos civiles y también a la seguridad en la gestión de desechos radiactivos cuando los mismos se originen en aplicaciones civiles.

Del texto se desprende que esta Convención no se aplicará al combustible gastado que se encuentre situado en instalaciones de reprocesamiento como parte de una actividad de reprocesamiento, a no ser que la Parte Contratante declare que el reprocesamiento es parte de la gestión del combustible gastado, tampoco se aplicará a los desechos que contengan materiales radiactivos naturales y que no se originen en el ciclo de combustible nuclear, a menos que estén constituidos por "fuentes selladas" en desuso o que la Parte Contratante las defina como desechos radiactivos a los fines de esta Convención.

Otro de los ámbitos, en cuanto a la no aplicación de los sujetos de la Convención, es que formen parte de programas militares o de defensa, a menos que la Parte Contratante los defina también como para los fines de esta Convención. Sin embargo, será aplicable la presente a la seguridad en la gestión del combustible gastado y de desechos radiactivos derivados de programas militares o de defensa cuando los mismos se transfieran y se gestionen en programas exclusivamente civiles.

En el numeral 4 del Artículo 3 se estipula que los Artículos 4, 7, 11, 14, 24 y 26 se aplicarán a los requisitos generales de seguridad, diseño y construcción de las instalaciones, requisitos generales de seguridad, protección radiológica operacional y clausuras.

El Capítulo II se aplica en toda su extensión a criterios de la seguridad en la gestión del combustible gastado y el Capítulo III, del mismo modo, se aplica en la seguridad de la gestión de desechos radiactivos.

En ambos casos, se pretende implementar requisitos generales de seguridad que simultáneamente aborden lo relativo a las instalaciones existentes, sobre el emplazamiento de las mismas, seguridades en cuanto a los proyectos, diseño y construcción de las mismas, evaluación de su seguridad, operaciones, disposición final y medidas institucionales después del cierre de una instalación.

En el Capítulo IV –que contiene los Artículos 18 al 26-, refiere a las disposiciones generales de seguridad y a su implementación por cada Parte Contratante de la Convención. En ese sentido, se buscará adoptar en cada legislación nacional aquellas disposiciones necesarias para cumplir con la Convención.

Es muy importante el Artículo 19 con sus tres numerales, por el que se prescribe acerca de establecer y mantener un marco legal y regulatorio sobre los sujetos de esta Convención. El mismo atenderá extremos a ser contemplados y aplicados en materia de seguridad radiológica en torno al otorgamiento de licencias o autorizaciones para llevar a cabo las actividades de gestión de combustible gastado y de los desechos radiactivos.

También se contempla la correspondiente prohibición de habilitar instalaciones de gestión referidas sin la correspondiente licencia, los controles, inspecciones e informes afines a lo antedicho, seguridad en el cumplimiento y aplicación de la normativa y las exigencias de cada licencia, y responsabilidades nítidas para todos aquellos que intervengan en la gestión del combustible gastado y de desechos radiactivos.

La designación de un órgano regulador que sea encargado de aplicar el marco legal y reglamentario es de orden y de ello se ocupa el Artículo 20 de la Convención, dejando de manifiesto que tendrá autoridad, competencia, recursos financieros y humanos para llevar adelante las responsabilidades del caso.

En el Artículo 21 queda señalada la responsabilidad del titular de la licencia en la gestión del combustible gastado o de desechos radiactivos. Por otra parte, en un tema de extrema complejidad, se entiende que la más alta calificación científica es necesaria para las actividades relacionadas con la seguridad de las instalaciones.

Se consigna también la necesidad de disponer de personal calificado y de recursos financieros, con el objeto de sostener la seguridad de las instalaciones durante la vida operacional de las mismas y la eventual clausura de cualquier instalación al respecto de esta Convención.

En cuanto a la protección radiológica operacional, las Partes aseguraron que durante la vida operacional de una instalación, la exposición radiológica de los trabajadores y el público causada por la instalación se debe reducir a la mínima expresión. Prescribiéndose en situaciones normales no exponer a persona alguna a dosis de radiación que superen los límites nacionales en la materia, en directa relación con las normas de protección radiológica internacionalmente aprobadas.

El Capítulo V se dedica a disposiciones varias, entre las más significativas encontramos lo referido a los movimientos transfronterizos, con los que se persigue asegurar que dichas acciones se ejecuten de acuerdo con una serie de medidas compatibles con la Convención y con otros textos jurídicos internacionales relacionados con el asunto en cuestión.

El Artículo 27 del Capítulo es preventivo en un tema que preocupa a la opinión pública internacional, autorizándose los movimientos transfronterizos, previo requisitos de diversa índole, a saber según el modo de transporte, el consentimiento de los estados destinatarios del movimiento fronterizo, siempre y cuando posean la capacidad administrativa y técnica correspondiente. Específicamente, se menciona el no otorgamiento de licencia de expedición por parte de las Partes Contratantes a un lugar de destino al sur de los 60 grados de latitud sur, para almacenarlo o disposición final, y decir la colocación del combustible gastado o desechos radioactivos en una instalación adecuada sin la intención de recuperarlos.

Asimismo, esta Convención no afecta el ejercicio de los derechos y libertades de navegación marítima, fluvial y aérea, lo cual corresponde a buques y aeronaves de los Estados.

Por intermedio de los Artículos 29, 30 y 31 se fija el régimen de reuniones de las Partes Contratantes con el objetivo de consensuar tanto un reglamento como otro de características financieras, de acordar reuniones de revisión de los informes presentados, sobre características de la forma y estructura de los informes nacionales sobre la situación que encomienda la Convención, habilitándose a los Estados u organizaciones regionales asistir a las reuniones preparatorias como si fueran parte de la Convención.

El Artículo 32 es relevante, dado que prescribe sobre un informe nacional para cada reunión de revisión de las Partes Contratantes. En el informe de las Partes se tratará sobre políticas y prácticas de gestión, criterios que se emplean para definir y clasificar por categorías los desechos radioactivos, lista de las instalaciones de gestión del combustible gastado, su ubicación, finalidad principal, inventarios del combustible gastado, y de los desechos radioactivos, etc.

La presente Convención atiende todo lo pertinente a la confidencialidad de estos asuntos, los que en ciertas circunstancias pueden tener un carácter estratégico y reservado para las Partes Contratantes de la Convención. Por lo tanto, las disposiciones de la misma no afectarán a los derechos y obligaciones de quienes integran esta Convención, de proteger toda información que no deba ser revelada.

La solución de controversias posee dos niveles, el primero la reunión de las Partes Contratantes para resolver sea la interpretación o aplicación de la Convención y el segundo, que de no existir arreglo en esa primera instancia se pueda recurrir a los mecanismos de mediación, de conciliación y de arbitrajes propios del Derecho Internacional, de las que son parte las normas de la Organización Internacional de Energía Atómica.

Esta Convención estará abierta a todas las naciones a partir del 29 de setiembre de 1997, siempre que se trate de Estados soberanos y por lo tanto tengan competencia para la negociación, celebración y aplicación de acuerdos internacionales en las materias que son objeto de esta Convención. Sobre el final la Convención se ocupa de las enmiendas a la misma, la Denuncia de la misma, el Depositario de la Convención que será el Director General del Organismo.

Todas las situaciones consignadas en el Preámbulo de la presente Convención, más el hecho que en la República se generan desechos radiactivos, otorgan argumentos suficientes como para que vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseje al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 27 de julio de 2005.

RUBÉN MARTÍNEZ HUELMO, Miembro Informante, SILVANA CHARLONE, DANIEL PEÑA FERNÁNDEZ, ENRIQUE PINTADO, ALBERTO SCAVARELLI, JAIME MARIO TROBO, LILIAM KECHICHIÁN, Delegada de sector, IVÁN POSADA, Delegado de sector".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora Presidenta: el Repartido Nº 34, que estamos considerando, lleva como título: "Convención Conjunta de Seguridad del Combustible Gastado y Seguridad de la Gestión de los Desechos Radiactivos. (Aprobación)". Dicha Convención fue firmada por Uruguay en 1997, en la ciudad de Viena.

A lo largo de su preámbulo y de sus 44 artículos se establecen los objetivos de seguridad que las partes contratantes deben alcanzar o cumplir.

Esta Convención involucra a todo país que tenga material radiactivo usado en aplicaciones médicas o industriales. Como es sabido, Uruguay no cuenta con combustible ni material nuclear; sin embargo, produce desechos radiactivos y fuentes en desuso generadas por aplicaciones radiactivas en las áreas médicas e industriales.

La Convención en sí misma no prevé sanciones por incumplimiento; sobre todo, se trata de un instrumento que busca acrecentar los criterios y las acciones de responsabilidad universal en la materia. Por ello, su principio fundamental se encuentra en el estímulo para que se cumplan las normas mundiales de seguridad en la gestión del combustible nuclear y de los desechos radiactivos.

Adherir a la Convención implica adquirir conocimientos para mejorar la seguridad en torno a la gestión de que se ocupa, contrayéndose también obligaciones en el sentido de los contralores de todas las normas de seguridad.

Por otra parte, cada país que la suscribe deberá participar cada tres años, por lo menos, de las reuniones de examen con la consiguiente presentación de un informe nacional en el cual se indicará cómo se cumplen los requisitos de la Convención, tal como surge de los artículos 29 al 34, del Capítulo VI.

En la próxima Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Nuclear, a llevarse a cabo en Viena en el mes de setiembre, Uruguay ha dispuesto su participación al más alto nivel con la presencia del señor Ministro de Industria, Energía y Minería y del Director de la Autoridad Reguladora Nuclear del citado Ministerio.

Es importante recapitular sobre estos asuntos en virtud de que al inicio de la llamada era nuclear, e imbuido de un optimismo absurdo, el mundo pensó que no sobrellevaría grandes problemas deshacerse de los residuos radiactivos. Los residuos de escasa actividad radiactiva, como guantes, herramientas utilizadas en el manejo de los materiales radiactivos y otros desechos similares, podrían ser enterrados en pozos profundos o cercados en zonas desiertas. Sin embargo, los residuos de gran actividad como las varillas de combustible gastado, las que periódicamente deben sacarse del núcleo del reactor y aislarse por miles de años, pueden también reprocesarse para extraer el uranio no utilizado y el valioso y estratégico plutonio.

En su momento, y por varias razones -entre ellas la proliferación de armas nucleares-, se decidió prohibir el reprocesamiento comercial de los residuos nucleares, pero sabemos que ello no eliminó el problema.

Es conocido que las técnicas de reprocesamiento solo separan el plutonio de los productos de fisión nuclear, como el cesio 137, el estroncio 90 y el yodo 131, los que deben ser almacenados por unos mil años, aproximadamente. Los residuos se fueron acumulando, en especial en aquellos países que cuentan con centrales nucleares. Al día de hoy, se estima que hay millones de toneladas de residuos de alta radiactividad almacenados en fosas profundas y/o sumergidos en las piscinas refrigerantes de las plantas nucleares.

Para tener una idea de la alta peligrosidad del manejo de estos productos basta recordar que los productos altamente radiactivos de la fisión nuclear, que ya hemos mencionado, tienen una vida media muy perdurable y son enterrados previa refrigeración de un año en grandes piscinas. Se calcula que los residuos del combustible procesados demorarían 20.000 años en desintegrarse, y recién en ese momento terminarían siendo concentraciones seguras para los seres vivos. Si los residuos no fuesen procesados requerirían un tiempo cien veces mayor. Nos hemos informado de que existe una regla de uso en esta materia que dice que al multiplicar la vida media de un elemento radiactivo por 20 se obtiene la cantidad aproximada de años en que la radiactividad quedará reducida a niveles inocuos. Alcanza con saber que el plutonio, con una vida media de 24.000 años, necesitaría, entonces, medio millón de años para pasar a ser inofensivo.

Como se deduce de las definiciones de la presente Convención, el combustible gastado no es un residuo. Existe una diferencia legal entre ambas situaciones. Es así que la Organización Internacional de Energía Atómica las trata como categorías separadas y distintas por sus materiales, en normas específicas de almacenamiento, gestión, información e inventariado.

El combustible gastado puede ser reutilizado, y para ello se le puede extraer el uranio para nuevos usos, pero también puede ser tratado y acondicionado de modo tal que ya no sea posible utilizarlo. Cuando ese remanente de material radiactivo no puede ser utilizado se lo considera residuo y ya no puede ser usado con ningún otro fin.

Nuestro país, por la norma UY 100 del Reglamento Básico de Protección y Seguridad Radiológica, no acepta la importación de residuos radiactivos, ni de fuentes en desuso, de modo de no convertirse en un basurero de residuos nucleares. Esa norma es aplicada por el organismo regulador dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

En el artículo 43 de la Convención se establece que su depositario sea el Director General de la Organización Internacional de Energía Atómica. En el artículo 37 se determina que la citada Organización cumplirá las funciones de Secretaría para las reuniones de las Partes contratantes.

La Organización Internacional de Energía Atómica es una agencia especializada de las Naciones Unidas y, como ya dijimos, tiene sede en la ciudad de Viena.

Por el artículo 20 se establece que cada Estado signatario de esta Convención designará un órgano regulador que se encargará de aplicar el marco regulador detallado en el artículo 19. Ya mencionamos dónde está radicado ese órgano regulador de nuestro país que, además, se encuentra en todo de acuerdo con lo requerido por la Convención en cuanto a estar dotado de autoridad, competencia, recursos financieros y humanos para cumplir con las responsabilidades encomendadas.

Por lo tanto, señora Presidenta, de acuerdo con lo detallado en el informe que emerge de la Comisión, más el fundamento ético de seguridades y principios que se consignan en los numerales i al xii del preámbulo, y los múltiples instrumentos internacionales detallados en los numerales xiii, xiv, xv y xvi del mismo preámbulo, los objetivos que persigue esta Convención son compartibles.

Es por ello que aconsejamos el voto favorable al presente proyecto de ley, que llega con la conformidad unánime de los miembros y delegados de sector de vuestra Comisión de Asuntos Internacionales.

Muchas gracias.

SEÑOR PATRONE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PATRONE.- Señora Presidenta: compartiendo "in totum" lo expresado por el señor Diputado Martínez Huelmo, me parece correcto que los tratados, convenciones y protocolos internacionales sean asumidos por la Comisión de Asuntos Internacionales, pero también quiero señalar que me importa su contenido. En este caso concreto, la Convención está relacionada con el medio ambiente en la medida en que hablamos del tratamiento de desechos radiactivos y de la gestión y manipulación de otros tipos de residuos. Por lo tanto, considero que esta clase de convenciones, así como otros tratados y protocolos que puedan existir -como el de Kyoto y el Convenio de Estocolmo- también deberían ser materia de las Comisiones que tienen que opinar sobre el tema.

En este caso no se ha consultado a la Comisión de Medio Ambiente, pero compartiendo "in totum" el informe de la Comisión de Asuntos Internacionales -vuelvo a expresarlo-, lo apoyaremos. De todas maneras, pensamos que una cosa es el tratado o convenio a nivel internacional, y otra la materia a la que se hace referencia; son dos cosas distintas.

Era cuanto quería expresar.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

¾ ¾ Sesenta y uno en sesenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

¾ ¾ En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

¾ ¾ Sesenta y tres en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA.

SEÑORA CHARLONE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA CHARLONE.- Señora Presidenta: me pareció bien interesante el planteo que realizó el señor Diputado Patrone con relación a que este tratado indudablemente toca el tema del medio ambiente, materia específica de una Comisión de la Cámara. Nosotros no hemos consultado a la Comisión de Medio Ambiente, pero cuando el Poder Ejecutivo nos remite este tipo de tratados, naturalmente, hacemos las consultas a nivel de los Ministerios involucrados. Sin duda, este es un planteo a recibir, pero la Comisión de Asuntos Internacionales estudia diversos tratados que, por su materia, serían objeto de otras Comisiones de esta Cámara. Es decir que los tratados de acuerdos comerciales serían objeto de la Comisión de Hacienda, los de derechos humanos corresponderían a la Comisión de Derechos Humanos o a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, etcétera. Quiere decir que si fuéramos a analizar los tratados en función de la materia, prácticamente en todos los casos tendríamos que estar consultando o integrando Comisiones. Esa no ha sido la forma de trabajo de la Comisión de Asuntos Internacionales -salvo casos excepcionalísimos- a lo largo de la historia.

Queríamos dejar sentada esta aclaración porque en la medida en que este tratado estaba radicado en la Comisión de Asuntos Internacionales, dado que nosotros estamos ejerciendo la Presidencia y teniendo en cuenta que con todos los compañeros acordamos un procedimiento de trabajo, no deseábamos que esto pasara como una omisión de nuestra Comisión.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar.

(Se vota)

¾ ¾ Sesenta en sesenta y uno: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado, que corresponde al remitido por el Poder Ejecutivo)

23.-     Registro Único de Créditos Financieros. (Creación).

¾ ¾ Se pasa a considerar el asunto que figuraba en sexto término del orden del día y que pasó a ser quinto: "Registro Nacional de Actos Personales. (Se crea la Sección Créditos Financieros)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 296

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Créase la Sección Créditos Financieros del Registro Nacional de Actos Personales regulados por la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, en la que se inscribirán los créditos financieros otorgados por personas físicas o jurídicas que no revistan el carácter de Institución de Intermediación Financiera según lo establecido por el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982

Dicho Registro, de acceso público, buscará entre otros objetivos:

1) La defensa de los consumidores de servicios financieros, según lo establecido en la presente norma.

2) La cuantificación, caracterización y regulación del mercado parafinanciero.

3) El control del cumplimiento de normas fiscales, sobre usura y prevención de cláusulas abusivas y posición dominante.

Artículo 2º.- En el mismo se registrará el contrato, convenio o cualquier otro documento según el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de dinero con la obligación de que éste sea restituido luego de un cierto plazo, adicionándole, o no, los intereses.

También se registrarán las cesiones, novaciones, refinanciaciones o modificaciones de los créditos inscriptos.

El Poder Ejecutivo, en su reglamentación, podrá excluir de la obligación registral a los documentos o créditos que por su monto, plazo, condiciones u origen no sean significativos y cuyas cantidades dificulten el manejo del registro, obstaculizando el logro de los objetivos.

La reglamentación también establecerá los controles necesarios para evitar que; a través de fraccionamiento, reiteraciones o cambios de fecha; puedan eludirse las obligaciones registrales.

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo determinará:

A) La forma de registración.

B) Los efectos de la publicidad que será noticia, sin afectar los efectos de la publicidad de actos realizados al amparo de otras normas y de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997.

C) La emisión de constancia de inscripción, a los efectos de lo previsto en el artículo 6º.

D) Y demás aspectos inherentes a la inscripción de los créditos financieros.

Con la finalidad de evitar la duplicidad de inscripciones, la reglamentación podrá habilitar la comunicación de las diferentes Secciones del Registro de la Propiedad, a la Sección que se crea por la presente ley. Asimismo, en los casos que ya exista registro total o parcial de estas operaciones en la misma o distinta unidad ejecutora, se deberán complementar e integrar los mismos de acuerdo a lo que dicte la respectiva reglamentación.

Las inscripciones y solicitudes de información tributarán el Impuesto a los Servicios Registrales, regulado por el artículo 368 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 4º.- Estarán excluidos de este registro todos los créditos financieros otorgados por las instituciones de intermediación financiera controladas por el Banco Central del Uruguay (BCU).

Artículo 5º.- El acreedor deberá registrar el documento referido en el artículo 2º de la presente ley, dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente de otorgado el mismo.

Vencido dicho plazo no se inscribirá ningún documento.

La reglamentación podrá incluir excepciones a lo establecido en el inciso precedente, con las respectivas sanciones de hasta el máximo fijado para las contravenciones en materia impositiva o un porcentaje del valor del crédito no inscripto, para habilitar la inscripción fuera de plazo.

Artículo 6º.- A los efectos de la ejecución judicial del documento, el acreedor deberá acompañar, conjuntamente con la demanda, la constancia de inscripción en el Registro del documento a ejecutar.

En caso de no presentarse dicha constancia la demanda deberá ser rechazada "in límine".

Artículo 7º.- La inscripción en el Registro, incluirá:

1) Datos del acreedor:

En caso de ser persona física: Nombre completo, documento de identidad y número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) en caso de estar inscripta.

En caso de ser persona jurídica: Razón Social, Nº de RUC o, en caso de no estar inscripta en dicho registro, declaración jurada de no inscripción.

2) Datos del deudor:

 En caso de ser personas físicas: Nombre completo, documento de identidad y número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) en caso de estar inscripta.

 En caso de ser persona jurídica: Razón Social, Nº de RUC o, en caso de no estar inscripta en dicho registro, declaración jurada de no inscripción.

3) Domicilio constituido de cada una de las partes.

4) Monto, moneda, plazo y origen del préstamo otorgado.

5) Tasas de intereses compensatorios y punitivos acordados, y los gastos y honorarios, derivados de la operación, que quedaron a cargo del prestatario.

6) Garantía aportada por el prestatario. En caso que la garantía sea persona física o jurídica se deberán suministrar los mismos datos que para el deudor.

Artículo 8º.- A los efectos de la inscripción en el Registro se deberá presentar copia del documento portante de la operación de crédito referida en el artículo 2º de la presente ley, declaración jurada fiscal y certificado de estar al día con todos los tributos creados, o a crearse, que graven los activos e ingresos correspondientes de los titulares de los créditos inscriptos y, en caso de no ser contribuyente de ninguno de ellos, declaración jurada negativa.

Artículo 9º.- El Poder Ejecutivo podrá habilitar a las personas jurídicas que estén autorizadas, a otorgar créditos en forma habitual y generalizada, a realizar declaraciones globales, anuales o por períodos menores, respecto del volumen de las operaciones efectuadas con indicación de los literales referidos en el artículo 7º.

La facultad otorgada al Poder Ejecutivo operará a solicitud de parte interesada, debiendo ésta presentar sus estatutos, las autorizaciones correspondientes para su operativa, los reglamentos, contratos o documentos tipo de las operaciones y remitir copia de su declaración al Banco Central del Uruguay (BCU).

La reglamentación establecerá la forma en que se realizarán las declaraciones de las personas jurídicas que opten por esta forma de presentación y la forma en que el Registro expedirá la constancia de inscripción a los efectos de lo previsto en el artículo 6º.

Artículo 10.- En la reglamentación, el Poder Ejecutivo determinará el período de tiempo de validez de la inscripción; debiendo establecer si es necesaria la renovación de la inscripción al vencimiento del plazo.

De optarse por la renovación de la inscripción, se harán exigibles nuevamente las declaraciones juradas fiscales y certificados de estar al día con las obligaciones tributarias que correspondan.

Artículo 11.- Los créditos, que se circunscriban a lo establecido en la presente norma, otorgados con anterioridad a la fecha de promulgación de la misma, contarán con un plazo de noventa días para su inscripción una vez reglamentada la presente ley.

Vencido este plazo, regirá lo dispuesto en el segundo y tercer inciso del artículo 5º.

A los efectos impositivos que correspondiera, la reglamentación podrá tomar como fecha de origen de la operación, la correspondiente a la registración realizada dentro del plazo original de 90 días.

Artículo 12.- Se comunicará, por lo menos en dos diarios de circulación nacional, la fecha de instalación del Registro, los lugares de funcionamiento del mismo y la documentación a ser presentada.

Artículo 13.- El Poder Ejecutivo establecerá los procedimientos para el control del cumplimento de las normas vinculadas a la usura respecto de los créditos inscriptos.

También establecerá los procedimientos para controlar las normas sobre protección a cláusulas abusivas y posición dominante.

En caso de encontrarse violación a las normas referidas se deberán iniciar las acciones legales correspondientes, previa notificación fehaciente a las partes, y se dejara la correspondiente anotación en el Registro.

Si en aplicación del artículo 10 de la presente ley se establece la renovación de la inscripción, la anotación en el Registro referida en el inciso precedente por violación de lo preceptuado en los incisos primero y segundo de este artículo impedirá la renovación de la inscripción.

Artículo 14.- Las personas físicas o jurídicas deudoras de los créditos pasibles de inscripción, podrán solicitar constancia de la inclusión de su documento de adeudo en el Registro.

En caso de no estar inscripto podrán aportar la documentación necesaria para que el crédito que les fuera concedido pueda ser controlado de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior.

Lo preceptuado en el inciso anterior no tendrá valor de inscripción; por lo tanto esos créditos no serán considerados a los efectos de los procesos judiciales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6º, salvo que posteriormente el acreedor pueda regularizar su situación en aplicación de lo dispuesto en los artículos 5º y 11 respecto a la autorización de registro tardío y se abonen las sanciones pertinentes.

Artículo 15.- La Sección Créditos Financieros deberá comunicar a la Dirección General Impositiva (DGI) detalle de todos los créditos y operaciones registrados y sus respectivos titulares, a los efectos de los pertinentes controles impositivos sobre los eventuales tributos que graven a las operaciones o a los titulares de los créditos inscriptos.

Asimismo, deberá comunicar, en el período que establezca la reglamentación, al Banco Central del Uruguay (BCU), detalle de las operaciones registradas y sus características, según lo establecido en el artículo 7º.

Artículo 16.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de sesenta días.

Montevideo, 16 de junio de 2005.

ALFREDO ASTI, Representante por Montevideo, EDUARDO BRENTA, Representante por Montevideo, HÉCTOR TAJAM, Representante por Montevideo, DIEGO CÁNEPA, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El "informe para el estudio del endeudamiento interno" presentado por el Poder Ejecutivo el 17 de mayo de 2005, a la Comisión Especial de la Asamblea General preveía "pautas para el reperfilamiento de las deudas, líneas de trabajo para el retorno del crédito y la agenda para el tratamiento del mercado financiero no regulado".

El citado documento establece que: "los deudores de instituciones no reguladas por el Banco Central, o de prestamistas particulares, no han podido ser relevados dado que no hay ningún registro de este tipo". En ese sentido, uno de los objetivos del presente proyecto de ley que ponemos a vuestra consideración, es transparentar una actividad que se sabe que existe, pero de la cual no es posible determinar, ni cuantitativa ni cualitativamente, el universo de casos comprendidos por la misma.

Otro objetivo que se busca es la posibilidad de ampliar el control estatal sobre la usura; volviendo sobre el documento del gobierno, este reconoce que "el único límite que opera para estos prestamistas es el riesgo de ser denunciados por aplicación de las normas contra la usura". No obstante, para poder controlar el cumplimiento de la normativa, es indispensable el conocimiento de los créditos otorgados; de lo contrario, hasta no alcanzar una instancia jurisdiccional, la persona puede estar siendo pasible del delito de usura y su indefensión es prácticamente total.

Por otra parte, es preciso tener en cuenta que la creación de la Sección Créditos Financieros permitirá el control de los créditos otorgados por personas físicas o jurídicas, que no revistan el carácter de Institución de Intermediación Financiera, dará también elementos para "que los prestamistas cumplan con sus obligaciones impositivas derivadas de la realización de estas actividades", tal cual se expresa en el documento del Gobierno antes citado.

En síntesis, el presente proyecto de ley busca, entre otros objetivos: 1) la defensa de los consumidores de servicios financieros; 2) la cuantificación, caracterización y regulación del mercado parafinanciero y 3) el control del cumplimiento de normas fiscales, sobre usura y prevención de cláusulas abusivas y posición dominante.

Sin intención de abundar en detalles, presentaremos alguna breve descripción del proyecto; el cual esperamos sea mejorado mediante el trabajo conjunto de los legisladores en la Comisión que corresponda y mediante los aportes que podamos recibir de los distintos actores involucrados, en busca de la mejor ley posible.

Primeramente se da la creación de la Sección Créditos Financieros, determinando el alcance del mismo y excluyendo expresamente a los créditos financieros otorgados por la Institución de Intermediación Financiera, según lo establecido por el Decreto-Ley Nº 15.322 Exclusión fundada en que los créditos otorgados por dichas instituciones ya son controlados por medio de la autoridad que ejerce el BCU sobre las mismas.

En el artículo 2º se prevé cuáles son los documentos pasibles de inscripción; "...se registra el contrato, convenio o cualquier otro documento, según el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de dinero con la obligación de que éste sea restituido luego de un cierto plazo, adicionándole, o no, los intereses" y "también se registrarán las cesiones, novaciones, refinanciaciones o modificaciones de los créditos inscriptos".

En general, el texto da las autorizaciones necesarias para que el Poder Ejecutivo pueda reglamentar la futura ley sobre los marcos determinados legalmente.

En esta breve presentación del proyecto, podemos decir que la no inscripción en el Registro, en el marco de lo establecido en la ley y su reglamentación, determinará el rechazo "in límine" de la demanda; obviamente en aquellos casos de ejecución judicial del documento.

Por último, reiteramos que nuestra voluntad, al presentar este proyecto, es dar inicio a la discusión colectiva en busca de la mejor ley; y por tanto una forma más de defensa del consumidor.

Montevideo, 16 de junio de 2005.

ALFREDO ASTI, Representante por Montevideo, EDUARDO BRENTA, Representante por Montevideo, HÉCTOR TAJAM, Representante por Montevideo, DIEGO CÁNEPA, Representante por Montevideo".

Anexo I al
Rep. Nº 296

"Comisión de Hacienda

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Hacienda ha analizado y aprobado el presente proyecto de ley por el que se crea el "Registro Único de Créditos Financieros" o sea un registro de deudores y acreedores de préstamos financieros.

Esta iniciativa, como decíamos en la exposición de motivos del proyecto de ley disparador de la discusión, ya estaba anunciada en el "informe para el estudio del endeudamiento interno" presentado por el Poder Ejecutivo el 17 de mayo de 2005, a la Comisión Especial de Endeudamiento de la Asamblea General. En dicho informe y recogiendo las inquietudes de algunos legisladores se anunciaba el "tratamiento del mercado financiero no regulado".

Esta inquietud se deriva de los innumerables testimonios de deudores individuales y agrupados que hacían referencia precisamente a sus problemas con el mercado parafinanciero. También se aúna a esta inquietud el hecho que en el citado documento se establecía que "los deudores de instituciones no reguladas por el Banco Central del Uruguay o de prestamistas particulares, no han podido ser relevados dado que no hay ningún registro de este tipo".

En estos sentidos es que se define la necesidad de aprobar el presente proyecto de ley, que ponemos a vuestra consideración, buscando diversos objetivos:

El primero y más importante es la defensa del deudor o consumidor de estos servicios financieros, seguramente la parte más débil de la relación contractual.

A tales efectos se determina que para los créditos incluidos en esta ley, el deudor será considerado como consumidor y el acreedor como proveedor.

También se busca transparentar una actividad que se sabe que existe pero sin poder determinar fielmente el volumen y las condiciones en que se ejerce. Por lo tanto se proyecta la inscripción que permita la cuantificación, caracterización y regulación del mercado.

Otro objetivo que se busca, es la posibilidad del control estatal sobre el cumplimiento de diversas normas, como los controles contra la usura y las cláusulas abusivas y posición dominante. Volviendo sobre el documento del Gobierno, este reconoce que "el único límite que opera para estos prestamistas es el riesgo de ser denunciados por aplicación de las normas contra la usura". Pero es indispensable para poder controlar el cumplimiento de la normativa, el conocimiento de los créditos otorgados. De otra manera, hasta que no se llega a una instancia jurisdiccional, la persona puede estar siendo pasible del delito de usura y su indefensión es casi total.

No podemos descartar, además, que la creación del Registro Único de Créditos Financieros otorgados por personas físicas o jurídicas que no revistan el carácter de institución de intermediación financiera va a dar también elementos para (nuevamente, como dice el documento al que hemos hecho referencia) "que los prestamistas cumplan con sus obligaciones impositivas derivadas de la realización de estas actividades".

Sin intención de abundar en detalles, presentaremos alguna breve descripción del proyecto; se ha consultado a los distintos actores involucrados, se han recibido los asesoramientos de diversas instituciones interesadas en el mismo (Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central del Uruguay, Dirección General Impositiva y Dirección General de Registro) y se ha ido perfeccionando con el aporte de distintos legisladores en la Comisión.

Primeramente se da la creación del Registro, ubicándolo en la Dirección General de Registro, por motivos de su estructura institucional y cumpliendo con el requisito de tener cobertura en todo el país. También queda determinado el carácter administrativo y el alcance del mismo, excluyendo expresamente a los créditos financieros otorgados por las instituciones de intermediación financiera según lo establecido por el Decreto–Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, ya que los mismos son controlados por medio de la autoridad que ejerce el Banco Central del Uruguay sobre ellas.

En este mismo artículo se presentan los objetivos buscados: 1) la defensa de los consumidores de servicios financieros; 2) la cuantificación, caracterización y regulación del mercado parafinanciero y 3) el control del cumplimiento de normas fiscales, sobre usura y prevención de cláusulas abusivas y posición dominante.

El artículo 2º, prevé cuáles son los documentos pasibles de inscripción; "...se registra el contrato, convenio o cualquier otro documento según el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de dinero con la obligación de que éste sea restituido luego de un cierto plazo, adicionándole o no los intereses" y "también se registrarán las cesiones, novaciones, refinanciaciones o modificaciones de los créditos inscriptos".

En general, el texto da las autorizaciones necesarias para que el Poder Ejecutivo, quien será el que lleve adelante el Registro, pueda reglamentar la futura ley sobre los marcos determinados legalmente.

En los artículos 5º y 11 se determinan los plazos para la inscripción tanto de las operaciones que se celebren luego de la entrada en vigencia de la ley, como de las que ya se hubieren celebrado con anterioridad.

En el artículo 6º se establecen las consecuencias para el acreedor que optase por la no registración del crédito, lo cual implicará para éste último, que el Juez deberá rechazar "in límine" la demanda. En aquellos casos de ejecución judicial del documento, cuando las demandas hayan sido presentadas antes de la vigencia de la presente ley, se establece la imposibilidad de que el Juez pueda librar la orden de pago.

En el artículo 7º se establece el tipo de información a suministrar al Registro lo que permitirá registrar a los deudores, los acreedores y todas las condiciones de las operaciones incluidas en el mismo.

Por último, también se establece en el artículo 14 la facultad al deudor, que pueda brindar detalle de su operación en caso que la misma no esté registrada, permitiendo su control sin que esto signifique darle a esa operación valor de inscripción que beneficie al acreedor.

En esta breve presentación del proyecto de ley aspiramos haber resumido las principales características del mismo y los motivos por los que se aconseja al Plenario su aprobación.

Sala de la Comisión, 27 de julio de 2005.

ALFREDO ASTI, Miembro Informante, EDUARDO BRENTA, JOSÉ CARLOS CARDOSO, ROBERTO CONDE, JORGE GANDINI, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, GONZALO MUJICA, PABLO PÉREZ GONZÁLEZ, IVÁN POSADA, HÉCTOR TAJAM.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Créase el Registro Único de Créditos Financieros, de carácter administrativo, en el que se inscribirán los créditos financieros otorgados por personas físicas o jurídicas que no revistan el carácter de institución de intermediación financiera, según lo establecido por el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Dicho Registro estará a cargo de la Unidad Ejecutora Dirección General de Registros del Ministerio de Educación y Cultura, será de acceso público, con las limitaciones que establezca la reglamentación y buscará, entre otros objetivos:

1) La defensa de los consumidores de servicios financieros, según lo establecido en la presente norma. A estos efectos el deudor será considerado como consumidor y el acreedor como proveedor.

2) La cuantificación, caracterización y regulación del mercado parafinanciero.

3) El control del cumplimiento de normas fiscales, sobre usura y prevención de cláusulas abusivas y posición dominante.

Artículo 2º.- En el mismo se registrará el contrato, convenio o cualquier otro documento según el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de dinero con la obligación de que éste sea restituido luego de un cierto plazo, adicionándole, o no, los intereses.

También se registrarán las cesiones, novaciones, refinanciaciones o modificaciones de los créditos inscriptos.

El Poder Ejecutivo, en su reglamentación, podrá excluir de la obligación registral a los documentos o créditos que por su monto, plazo, condiciones u origen no sean significativos y cuyas cantidades dificulten el manejo del registro, obstaculizando el logro de los objetivos.

La reglamentación también establecerá los controles necesarios para evitar que; a través de fraccionamiento, reiteraciones o cambios de fecha, puedan eludirse las obligaciones registrales.

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo reglamentará:

A) La organización, funcionamiento y procedimiento de información e inscripción del registro conforme a los medios y procedimientos técnicos más adecuados.

B) El efecto jurídico de la publicidad que será la emisión de constancia de inscripción, a los efectos de lo previsto en el artículo 6º, sin alterar la prioridad ni los demás efectos de la publicidad de actos realizados al amparo de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997 y normas concordantes.

C) Demás aspectos inherentes a la inscripción e información de los referidos créditos financieros.

Las inscripciones y solicitudes de información tributarán el "Impuesto a los Servicios Registrales", regulado por el artículo 368 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Con la finalidad de evitar la duplicidad de inscripciones, la reglamentación podrá habilitar la comunicación de los diferentes Registros regulados por la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, al Registro que se crea por la presente ley. Asimismo, en los casos que ya exista registro total o parcial de estas operaciones en la misma o distinta unidad ejecutora, se deberán complementar e integrar los mismos de acuerdo a lo que dicte la respectiva reglamentación.

El Registro podrá utilizar, para las tareas de información e inscripción, cualquier técnica que asegure la permanencia, inalterabilidad y exactitud de la información, así como la autoría de los funcionarios intervinientes.

Artículo 4º.- Estarán excluidos de este registro todos los créditos financieros otorgados por:

A) Las instituciones de intermediación financiera controladas por el Banco Central del Uruguay (BCU).

B) Las instituciones que, sin ser de intermediación financiera, estén obligadas por ley, reglamento o resolución administrativa, a suministrar en forma regular y permanente información sobre sus carteras de créditos al Banco Central del Uruguay, siempre que incluyan todos los requisitos solicitados en el artículo 7º de la presente ley.

Artículo 5º.- El acreedor deberá registrar el documento referido en el artículo 2º de la presente ley, dentro del plazo de treinta días corridos, contados a partir del día siguiente de otorgado el mismo. Si el otorgamiento se realizara luego de la vigencia de esta ley y antes de su reglamentación el plazo se computará desde la fecha de esta última.

Vencido dicho plazo no se inscribirá ningún documento.

La reglamentación podrá incluir excepciones a lo establecido en el inciso precedente, solo para los casos de créditos o documentos que no presenten atrasos en el pago total o de la cuota correspondiente, con las respectivas sanciones de hasta el máximo fijado para las contravenciones en materia impositiva o un porcentaje del valor del crédito no inscripto, para habilitar la inscripción fuera de plazo.

Artículo 6º.- A los efectos de la ejecución judicial del documento, el acreedor deberá acompañar, conjuntamente con la demanda, la constancia de inscripción en el Registro del documento a ejecutar.

En caso de no presentarse dicha constancia la demanda deberá ser rechazada "in límine".

Aquellos créditos cuya ejecución se haya promovido con anterioridad a la reglamentación de la presente ley, la constancia de inscripción se solicitará a los efectos del libramiento de la orden de pago, no pudiendo los jueces, bajo ningún concepto, librar orden de pago sin la referida constancia de inscripción.

Para el cumplimiento de lo establecido en el inciso precedente, no se tendrán en cuenta los plazos establecidos en los artículos 5º y 11 para la inscripción referida en el artículo 2º de la presente ley.

Artículo 7º.- La inscripción en el Registro, incluirá:

1) Datos del acreedor:

En caso de ser persona física: Nombre completo, documento de identidad y número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) en caso de estar inscripta.

En caso de ser persona jurídica: denominación social, Nº de Registro Único de Contribuyentes (RUC) o, en caso de no estar inscripta en este último, declaración jurada de no inscripción con mención de normativa eximente de la misma.

2) Datos del deudor:

En caso de ser persona física: Nombre completo, documento de identidad y número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) en caso de estar inscripta.

En caso de ser persona jurídica: denominación social, Nº de Registro Único de Contribuyentes (RUC) o, en caso de no estar inscripta en este último, declaración jurada de no inscripción, con mención de normativa eximente de la misma.

3) Domicilio constituido de cada una de las partes.

4) Monto, moneda, plazo y origen del préstamo otorgado.

5) Tasas de intereses compensatorios y punitivos acordados, y los gastos y honorarios, derivados de la operación, que quedaron a cargo del prestatario.

6) Garantía aportada por el prestatario. En caso que la garantía sea persona física o jurídica se deberán suministrar los mismos datos que para el deudor.

Artículo 8º.- A los efectos de la inscripción en el Registro se deberá presentar copia del documento portante de la operación de crédito referida en el artículo 2º de la presente ley, declaración jurada fiscal y certificado de estar al día con todos los tributos creados, o a crearse, que graven los activos e ingresos correspondientes de los titulares de los créditos inscriptos y, en caso de no ser contribuyente de ninguno de ellos, declaración jurada negativa.

Artículo 9º.- El Poder Ejecutivo podrá habilitar, a las personas jurídicas que estén autorizadas a otorgar créditos en forma habitual y generalizada, a presentar declaraciones de sus operaciones en forma conjunta, por períodos anuales o menores, individualizando cada una de ellas con indicación de los ítems incluidos en el artículo 7º.

La facultad otorgada al Poder Ejecutivo operará a solicitud de parte interesada, debiendo ésta presentar sus estatutos, las autorizaciones correspondientes para su operativa, los reglamentos, contratos o documentos tipo de las operaciones y remitir copia de su declaración al Banco Central del Uruguay (BCU).

La reglamentación establecerá la forma en que se realizarán las declaraciones de las personas jurídicas que opten por esta forma de presentación y la forma en que el Registro expedirá la constancia de inscripción a los efectos de lo previsto en el artículo 6º.

Estas personas jurídicas podrán ser inspeccionadas por el Banco Central del Uruguay, Dirección General Impositiva (DGI) y los organismos públicos encargados de su registro y contralor (Auditoría Interna de la Nación y Ministerio de Educación y Cultura) a los efectos de verificar la veracidad de la información aportada y la real concordancia entre las figuras jurídicas adoptadas y la realidad económica, origen y uso de fondos, fines y práctica de sus actividades principales. También deberá determinarse la existencia o no de intermediación financiera. En caso de no encontrarse concordancia con la forma jurídica adoptada deberán tomarse las medidas pertinentes para adecuar la naturaleza jurídica a la realidad.

Artículo 10.- En la reglamentación, el Poder Ejecutivo determinará el período de tiempo de validez de la inscripción, debiendo establecer las formas y procedimientos de la renovación de la inscripción al vencimiento del plazo.

En la renovación de la inscripción, se harán exigibles nuevamente las declaraciones juradas fiscales y certificados de estar al día con las obligaciones tributarias que correspondan.

Artículo 11.- Los créditos, que se circunscriban a lo establecido en la presente norma, otorgados con anterioridad a la fecha de promulgación de la misma, contarán con un plazo de noventa días para su inscripción una vez reglamentada la presente ley.

Vencido este plazo, regirá lo dispuesto en el segundo y tercer inciso del artículo 5º.

A los efectos impositivos que correspondiera, la reglamentación podrá tomar como fecha de origen de la operación, la correspondiente a la registración realizada dentro del plazo original de noventa días.

Artículo 12.- Se comunicará, por lo menos en dos diarios de circulación nacional, la fecha de instalación del Registro, los lugares de funcionamiento del mismo y la documentación a ser presentada.

Artículo 13.- El Poder Ejecutivo establecerá los órganos competentes y los procedimientos para el control del cumplimento de las normas vinculadas a la usura respecto de los créditos inscriptos.

También establecerá los órganos competentes y procedimientos para controlar el cumplimiento de las normas sobre protección a cláusulas abusivas y posición dominante.

En caso de encontrarse violación a las normas referidas se deberán iniciar las acciones legales correspondientes, previa notificación fehaciente (judicial, acta notarial o telegrama colacionado) a las partes, y se dejará la correspondiente anotación en el Registro.

En aplicación de la renovación de la inscripción establecida en el artículo 10 de la presente ley, la anotación en el Registro referida en el inciso precedente por violación de lo preceptuado en los incisos primero y segundo de este artículo deberá necesariamente constar en el certificado de reinscripción.

Artículo 14.- Las personas físicas o jurídicas deudoras de los créditos pasibles de inscripción, podrán solicitar información de la inscripción de su documento de adeudo en el Registro.

En caso de no estar inscripto podrán aportar la documentación necesaria para que el crédito que les fuera concedido pueda ser controlado de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior.

Lo preceptuado en el inciso anterior no tendrá valor de inscripción; por lo tanto esos créditos no serán considerados a los efectos de los procesos judiciales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6º, salvo que posteriormente el acreedor pueda regularizar su situación en aplicación de lo dispuesto en los artículos 5º y 11 respecto a la autorización de registro tardío y se abonen las sanciones pertinentes.

Artículo 15.- El Registro Único de Créditos Financieros deberá comunicar a la Dirección General Impositiva (DGI) detalle de todos los créditos y operaciones registrados y sus respectivos titulares, a los efectos de los pertinentes controles impositivos sobre los eventuales tributos que graven a las operaciones o a los titulares de los créditos inscriptos.

Asimismo, deberá comunicar, en el período que establezca la reglamentación, al Banco Central del Uruguay (BCU), detalle de las operaciones registradas y sus características, según lo establecido en el artículo 7º.

La Dirección General de Registros (DGR) podrá brindar información asimismo, en la forma dispuesta por el artículo 347 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 300 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Artículo 16.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de noventa días.

Sala de la Comisión, 27 de julio de 2005.

ALFREDO ASTI, Miembro Informante, EDUARDO BRENTA, JOSÉ CARLOS CARDOSO, ROBERTO CONDE, JORGE GANDINI, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, GONZALO MUJICA, PABLO PÉREZ GONZÁLEZ, IVÁN POSADA, HÉCTOR TAJAM".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Asti.

SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: queremos empezar este informe haciendo algunas aclaraciones previas. Este proyecto fue presentado por quien habla, pero contó con el apoyo de todos los compañeros legisladores de la bancada de Gobierno. En la exposición de motivos aclaramos que se presentaba a los efectos de abrir la discusión en la Comisión de Hacienda. Así fue que durante su trámite fue modificado y complementado. Inclusive, hemos presentado una moción para modificar el nombre con el que figura en el orden del día, ya que han variado algunos de sus aspectos iniciales. Su nombre sería "Registro Único de Créditos Financieros. (Creación)".

Queremos destacar que los aportes recibidos de distintos actores vinculados con el tema, de organismos y de los propios compañeros legisladores, hicieron que este proyecto se aprobara con el voto unánime de los diez legisladores presentes en la Comisión. Asimismo, la idea retoma un proyecto que estaba a estudio de la Comisión, presentado por el señor Diputado Scavarelli en la Legislatura anterior y que fue desarchivado.

(Ocupa la Presidencia la señora Representante Argimón)

——Nosotros lo ampliamos y le dimos un carácter distinto.

También corresponde comentar que el texto de este proyecto coincide parcialmente con el artículo 17 del proyecto de Rendición de Cuentas que actualmente está a estudio de la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda. De alguna manera, esta iniciativa también fue recogida por el Poder Ejecutivo.

Quisiéramos contextualizar este proyecto de ley en todo el tema de la situación de endeudamiento, pero, preocupados por la hora en que comenzamos con su tratamiento, haremos simplemente una breve mención al impacto que ha tenido a nivel de toda la sociedad la situación crítica de muchos de los deudores que están involucrados en este Registro Único de Créditos Financieros que, como se verá luego, incluye a deudores y a acreedores del sistema que no es de intermediación financiera, es decir, lo que podemos llamar un sistema parafinanciero.

La situación de la economía en general y la necesidad de la reactivación del consumo y la producción nos llevan a tratar esto con una visión global vinculada a la problemática del crédito y no solamente a la del endeudamiento vencido. Es así que en el informe para el estudio del endeudamiento interno presentado por el Gobierno el 17 de mayo a la Comisión Especial de la Asamblea General, subtitulado como "Pautas para el Reperfilamiento de las Deudas.- Líneas de Trabajo para el Retorno del Crédito y Agenda para el Tratamiento del Mercado Financiero no Regulado", se reconocía que los deudores de instituciones no reguladas por el Banco Central del Uruguay o de prestamistas particulares no habían podido ser relevados dado que no había un registro de este tipo. Esto fue lo que motivó la preocupación por trabajar en este tema.

Asimismo, hay que reconocer que en el tema del endeudamiento esta Cámara ya aprobó un proyecto -que en estos momentos está a estudio del Senado- que traslada el pago del impuesto sobre la contestación de demandas judiciales. También se prevé un Registro de Deudores Ejecutados y modificaciones al tratamiento de la usura, lo que está en trámite en el Senado. Todos estos proyectos de ley son complementarios del esquema de tratamiento del endeudamiento caso a caso, tal como lo planteara el Poder Ejecutivo.

Para iniciar la presentación del proyecto podemos decir que su finalidad es, fundamentalmente, la defensa de los consumidores de servicios financieros. Para ello, se establece la necesidad de la cuantificación, caracterización y regulación del mercado parafinanciero y el control por parte de organismos del Estado del cumplimiento de normas fiscales, normas sobre usura y la prevención de cláusulas abusivas y de posición dominante. En síntesis, se procura la defensa del deudor o consumidor de estos servicios financieros, seguramente la parte más débil de la relación contractual. Por esa razón, la ley define al deudor como consumidor y al acreedor como proveedor, de manera que el primero pueda ser alcanzado por las disposiciones que dan derechos al consumidor en su relación con los acreedores.

¿Cuáles son los alcances de este Registro Único de Créditos Financieros que pretendemos crear a través de este proyecto? Precisamente, se trata de un registro administrativo que será llevado por la Dirección General de Registros dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. De él se excluyen expresamente los créditos financieros otorgados por las instituciones de intermediación financiera, según lo establecido por el Decreto-Ley Nº 15.322, fundado en que estos créditos ya son controlados por la autoridad que ejerce el Banco Central del Uruguay.

También excluimos del Registro -es un aditivo que presentamos a la Mesa, ya que no forma parte del texto original- aquellas operaciones financieras que se tramitan a través del mercado de valores por documentos emitidos por entidades públicas y privadas. Entonces, se registrarán los deudores y acreedores vinculados por contratos, convenios o cualquier otro documento según el cual una de las partes, persona física o jurídica, entrega a otra, también persona física o jurídica, cierta cantidad de dinero con la obligación de que este sea restituido luego de un cierto plazo, adicionándole o no los intereses.

¿Cómo va a funcionar el Registro? Se registrará el contrato, el convenio o cualquier otro documento según el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de dinero con la obligación de que sea restituido luego de un cierto plazo, adicionándole o no los intereses. También se registrarán las cesiones, novaciones, refinanciaciones o modificaciones de los créditos inscriptos. Por reglamentación se habilita al Poder Ejecutivo a excluir de la obligación de registro a aquellas operaciones que por sus montos o condiciones no sean significativas y que puedan encarecer el crédito y dificultar el funcionamiento del propio Registro sin aportar nada para el cumplimiento de sus fines.

Por su parte, se prevén distintas modalidades para quienes, siendo personas jurídicas, estén autorizadas a conceder créditos en forma habitual y generalizada. Tienen un tratamiento especial, precisamente, para evitar problemas a raíz del otorgamiento masivo de créditos. Asimismo, se prevén distintos plazos para los créditos ya concedidos y los que entren en vigencia después de que estén funcionando la ley y el Registro.

El sistema prevé que para lograr los fines esperados, la reglamentación debe establecer la necesaria coordinación, intervención y control de los distintos organismos involucrados directa o indirectamente en el tema; por ejemplo, la propia Dirección General de Registros en sus diferentes Secciones -como la de Personas Jurídicas, Gravámenes, etcétera, - el Área de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, al igual que la Auditoría Interna de la Nación y la Dirección General Impositiva, el Banco Central, etcétera. En definitiva, se va a requerir la intervención del Poder Judicial para verificar la inscripción de los créditos en caso de que se llegue a la instancia de ejecución judicial.

Corresponde indicar cuáles son las consecuencias de la no inscripción en el Registro. A los efectos de la ejecución judicial de un documento que esté obligado a inscribirse, el acreedor deberá acompañar, conjuntamente con la demanda, la constancia de inscripción en el Registro del documento a ejecutar. En caso de no presentarse dicha constancia, la demanda deberá ser rechazada "in limine".

En el caso de los créditos cuya ejecución se haya promovido con anterioridad a la reglamentación de la presente ley, la constancia de inscripción se solicitará a los efectos del libramiento de la orden de pago, no pudiendo los Jueces, bajo ningún concepto, librar orden de pago sin la referida constancia de inscripción.

También se otorga al deudor la facultad de brindar el detalle de su operación si esta no está registrada. Con esto se busca el control de la operación sin que tenga el valor de la inscripción, para lograr el principal objetivo de esto, que es la defensa del consumidor de servicios financieros. Si bien ya existe normativa específica sobre defensa del consumidor, esto no implica que la misma se inserte en la conducta de los uruguayos, pues implica también un cambio cultural profundo, y sabemos que con respecto a los servicios financieros es muy menor el concepto que la población tiene sobre la defensa de los derechos del consumidor. Es necesario avanzar en acciones que mejoren las condiciones de los consumidores de servicios financieros, mejorar el conocimiento de sus derechos y obligaciones, así como las implicancias jurídicas que esto puede tener. Se trata de crear y de fortalecer un proceso en el que ambas partes, acreedora y deudora, debidamente informadas, mejoren el sistema.

Entendemos que este es un aporte en la consideración del endeudamiento interno, que tanto ha preocupado a nuestra sociedad y que ha sido reconocido por el propio Gobierno en su documento y fundamentalmente por muchas asociaciones de deudores que se ven enfrentados a acreedores innominados, a los cuales -como decíamos al principio- se reconoce en el propio documento del Gobierno que no se les pueden hacer llegar las pautas de tratamiento de este endeudamiento porque no hay registro.

A través de la transparencia que el Registro le dará al sistema parafinanciero y mediante la presencia activa de distintos organismos públicos, tendiente a verificar que en esos documentos o contratos se cumpla con toda la normativa legal vigente -pudiendo, en su caso, hacer los señalamientos y la debida denuncia ante la Justicia, que es la que puede decir si se ha violado o no una norma, por ejemplo la referida a la usura, o las que protegen de cláusulas abusivas o de posición dominante- colaboramos en la defensa de aquel que muchas veces acude a este sistema porque está en una situación crítica, no pudiendo acceder al sistema de crédito bancario regulado por las normas del Banco Central y, por lo tanto, quedando mucho más indefenso que quien acude a una entidad debidamente regulada.

Esto es todo lo que en una breve síntesis queríamos decir, así como también trasmitir nuestra intención de que este proyecto sea tratado y, si es posible, aprobado para poner rápidamente en trámite todo este mecanismo de contralor del sistema parafinanciero.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado Trobo.

SEÑOR TROBO.- Señora Presidenta: he leído el proyecto de ley, la exposición de motivos y he escuchado al miembro informante, pero no alcanzo a comprender la eficacia que puede tener esta iniciativa.

Me consta que es una respuesta a una preocupación generalizada sobre los famosos préstamos de dinero, procurando perseguir la usura, tratando de identificar adecuadamente a todos los ciudadanos o empresas que piden dinero y a todas las empresas o ciudadanos que lo prestan. Obviamente, día a día se van sumando a las condiciones que se generan en el mercado una serie de costos -se pueden llamar obstáculos- que terminan haciendo que la actividad de prestar dinero -que es lícita; si no hubiera quienes lo prestaran, la economía no funcionaría- sea gravosa para el que la practica y, en definitiva, una actividad que quieran desarrollar solo los que están dispuestos a correr muchísimo riesgo fuera de la legalidad o, en todo caso, quienes están dispuestos a cobrar altísimas tasas de interés, porque los costos de instrumentar los procesos de financiamiento los tiene que pagar quien pide el dinero.

Cuando vi que lo que se instituye es un nuevo Registro, al cual hay que acudir inevitablemente siempre que se pide o se presta dinero fuera del control que existe por parte del Banco Central del Uruguay, fuera de la intermediación financiera típica, pensé que seguíamos encareciendo el crédito. Digo esto porque si seguimos poniéndole un costo mayor al que presta dinero, en consecuencia también tiene un costo mayor el que lo pide.

En el desarrollo del proyecto lo único que noto es que aparecen trabas a la posibilidad de que un individuo acceda a un capital, por pequeño que sea, por ejemplo para comprar una licuadora, un automóvil, financiar la compra de un insumo para un comercio o de determinado producto para integrar su proceso productivo.

En mi opinión -y lo digo sinceramente-, el proyecto no tendrá efecto sobre lo que quiere tenerlo. Todos sabemos que cuando un empresario necesita financiarse para que su negocio funcione termina haciéndolo con cheques o extendiendo documentos de cobro, es decir que busca la forma de llegar al capital para desarrollar su actividad.

Hoy en día, las empresas pequeñas no tienen financiamiento del sistema financiero; no hay quién preste dinero. Quienes lo hacen saben lo que arriesgan y no van a ingresar por la vía de este sistema reglado, a través del cual van a hacer saber que tienen dinero para prestar y van a registrarse en un determinado ámbito, lo cual, eventualmente, les va a permitir tener derecho a ejecutar una garantía que ponga quien solicita el dinero.

Francamente, confieso que esta iniciativa tiene muy buenas intenciones y no quiero confrontar con los argumentos de la Comisión de Hacienda, aunque me consta que algunos de sus miembros tampoco están fervientemente de acuerdo con la totalidad del proyecto. Creo que es ineficaz, que va a poner trabas innecesarias, que creará un registro que no servirá absolutamente para nada y que quienes necesitan dinero para financiarse seguirán yendo a un mercado en el cual ni este proyecto ni ninguna otra disposición va a establecer reglas que se cumplan.

Esta es la realidad; es lo que he escuchado de personas que habitualmente se tienen que financiar en el mercado con préstamos de dinero informal, que es el dar un cheque contra una cantidad determinada.

Nos gustaría mucho que en esta instancia se asumiera que estamos hablando de la necesidad de que haya crédito, no de que no lo haya. Lamentablemente, en Uruguay hoy no hay crédito; los bancos no prestan. Las financieras prestan dinero y le dan al mercado la satisfacción de conseguirlo. Y si a esas financieras que están instaladas -llámese cooperativas de ahorro y crédito o como se quiera, de las que tanto se habla- les establecemos una condición para que registren cada uno de sus créditos, directamente no prestarán más dinero y se dedicaran a otra actividad. Por lo tanto, las personas que necesiten algún capital para lo que fuera, no lo van a obtener.

El problema que tenemos es que no hay crédito, no que haya gente que se abusa; quienes abusan lo hacen porque no hay crédito, porque para solicitar uno es necesario presentar una serie de requisitos que la gente no está dispuesta a presentar. ¡Ahí está el centro del problema!

Analizándolo en términos generales, francamente no creo que este proyecto sea una garantía para quienes toman crédito, y mucho menos será un estímulo para quienes lo entreguen.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Argimón).- Tiene la palabra el señor Diputado Brenta.

SEÑOR BRENTA.- Señora Presidenta: todo proyecto de ley tiene que ver con el contexto en el que se aprueba.

Desde 2002 en adelante, Uruguay ha vivido una situación de ausencia de crédito. Todos sabemos que, como producto de la crisis que nuestro país atravesó en ese año, el crédito desapareció del mercado o se constituyó en algo muy difícil de obtener.

Por lo tanto, en los últimos dos o tres años surgió un conjunto de mecanismos, de formas de otorgamiento del crédito que, en su gran mayoría, están por fuera del escenario de regulación por parte de los organismos que deben hacerlo, fundamentalmente el Banco Central del Uruguay. Esto ha permitido que en los últimos tiempos surgieran conjuntos de ofertas de crédito -quien haya podido leer los diarios de los domingos lo habrá comprobado-, todas ellas fuera de los marcos regulatorios establecidos para las instituciones de intermediación financiera.

Creo que la situación que se vivió en 2002 posibilitó la aparición de este conjunto de formas de otorgamiento de crédito que, además de no estar reguladas, en muchos casos condujeron a situaciones de usura y también a situaciones llamadas de abuso de posición dominante. Muchas de las personas que buscan acceder a un crédito lo hacen para solucionar endeudamientos anteriores y, en otros casos, porque enfrentan situaciones personales angustiantes, de mucha necesidad. Por eso, al momento de obtener un crédito en que pocas condiciones o exigencias se establecen, están dispuestas a acceder a situaciones que a veces llegan al borde del delito, por ejemplo a entregar su tarjeta de cobro de salario o a aceptar cláusulas abusivas de diferente tipo.

(Ocupa la Presidencia la señora Representante Castro)

——Creo que la situación ha variado. Si bien es cierto que en Uruguay hoy no es fácil acceder al crédito, también es cierto que este Gobierno ha planteado un conjunto de alternativas en los documentos que el señor Ministro de Economía y Finanzas presentara, el 17 de mayo de 2005, en la Comisión Especial de Endeudamiento Interno. Allí se establece una serie de mecanismos que tienen como objetivo lograr que un conjunto muy importante de ciudadanos que perdieron su calidad de sujeto de crédito por la crisis que atravesó Uruguay, tengan posibilidades de acceder al crédito y, por lo tanto, contribuir desde este punto de vista al crecimiento sostenido de la economía del país.

Todos sabemos que un país en el que no hay crédito no se desarrolla, no crece, no se realizan actividades económicas ni comerciales. La situación actual ha variado. En el día de ayer, en la Comisión Especial de la Asamblea General para tratar el endeudamiento interno escuchamos al Presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay decir que uno de los aspectos que él consideraba debilidades era la dificultad para colocar créditos. El Banco de la República hoy dispone de los recursos necesarios para acceder a las solicitudes de créditos que puedan presentarse, pero las dificultades están en la ausencia de quienes reclamen acceso al crédito.

En este sentido discrepo con el señor Diputado preopinante respecto a que esto pueda constituir un obstáculo al crédito. Todo lo contrario; constituye una limitante y una regulación que el Estado necesariamente debe realizar en un área en la que no existen controles suficientes, y en tal sentido adelantamos que a la brevedad se presentará un proyecto de ley para regular la usura.

En definitiva, este proyecto de ley no persigue restringir el acceso al crédito, sino regular un área de intermediación financiera en la que se dan situaciones de expoliación de las personas -me refiero a personas de escasos recursos-, y para nada inviabiliza el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas, ya que hoy el Banco de la República y otras instituciones financieras están en condiciones de otorgar créditos.

SEÑOR TROBO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BRENTA.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR TROBO.- Señora Presidenta: precisamente, la usura está penalizada, y nosotros debemos buscar mecanismos para que se llegue a ejecutar su mentada penalización, pero no será con este tipo de mecanismos. Esto no persigue la usura ni determinará que los usureros dejen de serlo porque tengan que registrar un crédito.

No creo que este sea el instrumento que permita atacar el viejísimo, histórico, milenario fenómeno de la usura, sino que será un instrumento que encarecerá el crédito.

No digo que esté mal que el sistema financiero tenga las regulaciones que tiene, pero quienes lo conocen saben que actualmente el sistema financiero no presta dinero, porque lo que debe ofrecer como garantía, como resguardo, es muy costoso. ¿A qué se dedican las instituciones financieras? A administrar los sueldos de todos nosotros, de las personas que cobran, de las que toman una pequeña deuda; es decir, no prestan dinero, sino que administran dinero ajeno y cobran un porcentaje por ello. Se dedican a los servicios financieros.

Nosotros tenemos que procurar que en el Uruguay, la gente -hay gente que quiere correr riesgos- encuentre quien le preste dinero para correr esos riesgos.

Si las condiciones que ponemos para quien presta dinero son gravosas, no lo prestará.

En el año 2002, de Uruguay salieron US$ 4.000:000.000 y hay US$ 2.000:000.000 que no volvieron. Esos US$ 2.000:000.000 tendrían que estar en el sistema financiero, pero en la medida en que para administrar ese capital a través de préstamos -a la actividad comercial, industrial, agropecuaria, a los pequeños emprendimientos o a quien quisiera comprarse una casa- tenga que cargarse cada día más de compromisos y de obligaciones, los trasladará a quien solicita dinero. Y es ahí cuando no se pide el crédito porque quien lo solicita comprueba que la tasa de interés no es razonable de acuerdo con el retorno que pueda tener su negocio.

Por lo tanto, la espiral es hacia el centro y no hacia afuera. Lo que estamos haciendo es pronunciar la crisis con instrumentos que impidan que exista quien quiera prestar dinero, porque será muy costoso. Y no vamos a perseguir a quien lo presta con usura, porque cuando un comerciante, industrial o empresario quiere hacer un negocio y necesita financiarse, pero no a través de un banco o de una financiera -lo sabemos todos-, se financia en el mercado informal, en ese de "Prestame $ 20.000, que yo te doy un cheque por $ 24.000 a quince o treinta días, porque tengo un negocio para hacer".

Yo me hago una pregunta. Hoy en día hay instrumentos que permiten que en el sector agropecuario se desarrolle una cantidad de actividades que hace dos o tres años no se podían llevar adelante. Teniendo en cuenta eso, a un señor que, mediante capitalización, presta dinero a un individuo que tiene una producción pecuaria o agrícola, ¿también vamos a empezar a ponerle condiciones en cuanto a la tasa de interés, o vamos a dejar que haga un negocio libre para que pacte con quien le presta el dinero qué parte se va a llevar cada uno? Estos son los temas sobre los que tenemos que reflexionar.

Lo que está pasando es que hay gente que tiene plata y no la quiere prestar porque sale muy caro hacerlo, y hay gente que necesita plata y no la encuentra. ¡Ojo!, yo no estoy diciendo que este sea un mal proyecto de ley; no estoy hablando mal de quienes lo redactaron. Yo creo que este proyecto de ley es absolutamente impracticable. Me parece que establecer que quien presta dinero debe ir a un registro a declarar que lo hace, por qué monto y a qué tasa de interés, cuando su actividad principal no es la financiera, francamente no hará que se resuelva el problema que tenemos delante, que creo que todos estamos de acuerdo en cuál es: se necesita crédito para financiar el desarrollo.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Este mecanismo no va a acometer contra la usura, no va a resolver el problema de la usura, del que corre el riesgo de ir preso porque está cobrando un interés que está fuera de lo establecido, pero sí encarecerá el crédito que hoy en día hay porque todavía vale la pena prestar dinero con un margen como el que existe.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Brenta.

SEÑOR BRENTA.- Señora Presidenta: la intervención del señor Diputado Trobo ha sido muy interesante porque en realidad, desde mi punto de vista, expone la concepción que nos condujo a la crisis de 2002. A mi juicio, el fondo de su planteamiento expresa la concepción de ausencia del rol del Estado en la regulación de la actividad económica.

Nosotros creemos precisamente en lo contrario. No pensamos que la forma en que el crédito vuelva sea a través de la ausencia de controles del Estado y por el hecho de que se generen las condiciones que permitan que determinados sectores que disponen de los recursos se aprovechen de la situación de aquellos que no tienen dinero y necesitan acceder a él para realizar actividades de tipo comercial, industrial, agropecuario o, eventualmente, personal. Ese razonamiento, esa lógica, nos condujo a la ausencia de controles que permitieron la crisis del sistema financiero en 2002.

Yo puedo compartir que hoy algunas normas que aplica el Banco Central deben ser analizadas, repensadas a la luz de la actual solidez del sistema financiero; la flexibilización de algunas de esas normas permitiría mejores condiciones para el acceso al crédito, fundamentalmente de los sectores vinculados con la actividad económica. Pero no creo que habilitando un mercado sin controles, en el que se dan situaciones de relación absolutamente desventajosas entre el consumidor y quien provee el servicio, posibilitemos que el crédito -que coincidimos en que es escaso en plaza- vuelva al mercado.

Creo que hay que destacar que la necesidad de atacar la usura parecería ser compartida, aunque alguien dijo aquí hace un tiempo que se puede compartir una idea y después plantear que es mejor no concretarla, como una elegante forma de no compartir un criterio. Pero la usura no se resuelve con esta iniciativa; sí se resuelve con una batería de proyectos que creen determinadas condiciones para penalizar a aquellos que incurren en esa situación que -como todos sabemos- tiene un impacto muy fuerte y causa muchísimo daño en algunos sectores de la sociedad, fundamentalmente en aquellos de escasos recursos y de menos herramientas para acceder a la defensa de sus propios derechos.

Nos parece que este proyecto nos permitirá identificar claramente quiénes otorgan créditos en el Uruguay y en qué condiciones lo hacen. Esto es una garantía para el conjunto de los ciudadanos. A partir de que contemos con esta herramienta y con el conocimiento de una información de la que -como bien decía el señor miembro informante- hoy carecemos, se podrán tomar medidas legislativas, administrativas o por la vía de decretos del Poder Ejecutivo que permitan establecer garantías para el conjunto de los ciudadanos.

El objetivo del proyecto de alguna manera confirma nuestra voluntad de que el Estado juegue un rol preponderante en la actividad económica. No se trata de un rol de sustitución de la actividad privada; sí de un rol de regulación y defensa de los derechos de los consumidores.

SEÑOR TROBO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR TROBO.- Señora Presidenta: por supuesto que no es mi propósito discutir sobre los orígenes de la crisis de 2002, pero me parece que es una extrapolación algo caprichosa señalar que lo que he dicho sobre este proyecto de ley explica ese suceso. Yo no dije eso; yo no estoy pidiendo que no haya controles. Lo que estoy exponiendo ante la Cámara es mi visión de que el exceso de controles puede tener una consecuencia totalmente contraria a la que se pretende. Muchas veces, el espíritu legiferante impide que las actividades se realicen. Este es un tema de mucha sensibilidad.

Sí estoy afirmando que con esto no se va a combatir la usura, porque los usureros no van a registrar los créditos. ¡No lo van a hacer! Y tampoco desaparecerán del mercado, porque seguirán teniendo mercado; lamentablemente, para la usura siempre hay mercado. Hay gente que está fuera del circuito, que necesita dinero, que debe financiarse de algún modo y termina haciéndolo por esa vía.

Yo no digo que no se busquen mecanismos para que la gente tenga garantías de que no se utilizará su necesidad para impedirle un trato racional, en acuerdo con quien le presta, pero las motivaciones por las cuales una persona pide dinero son innumerables; alguna hasta puede ser su irresponsabilidad. Lo digo porque no creo que haya dudas acerca de que no siempre se actúa con responsabilidad cuando se pide dinero a un banco, a una persona que puede prestarlo o a un socio para hacer un negocio. No todos los deudores tienen las mismas características. Tampoco todos los que prestan tienen las mismas características; por eso son importantes los controles en el sistema financiero.

Lo que estoy diciendo es que si lo que se pretende con esto es controlar la usura, no se podrá lograr. Ahora bien; lo que sí se conseguirá con esto es encarecer el crédito. No tengo ninguna duda al respecto, porque esto agrega al proceso de préstamo de dinero pasos que tienen costos registrales y notariales. La consecuencia seguramente será que aumente la tasa de interés, y cuando ello ocurra y la tasa supere el límite de la usura, no se prestará dinero por esa vía, sino por otra.

Se me ocurre que deberíamos trabajar sobre algunos instrumentos de financiamiento popular, en base al dinero de quienes lo tienen y quieren prestarlo, y en base a garantías que deben dar quienes quieren pedirlo. Eventualmente, se podría recurrir a instrumentos que existen en otros lugares del mundo, que han sustituido a los viejos escribanos que prestaban contra la presentación de los títulos; me refiero a cajas populares, a financieras locales, a bancos restringidos, etcétera. Se trata de implementar una fórmula para que quien tenga dinero pueda prestarlo y quien lo necesite pueda pedirlo, pero sin seguir agregando elementos que encarezcan el crédito, porque lo que vamos a conseguir es que no exista ni siquiera este crédito.

Este es el sentido de mis palabras. Bajo ningún concepto pretendo entrar en esa cuestión de la crisis de 2002, que sabe muy bien el señor Diputado dónde y por qué se inició; seguramente tuvo consecuencias un poco graves, que podrían haberlo sido menos si los controles hubieran sido un poco más exigentes. Pero lo que es cierto es que cuando se vino la ola de la Argentina no había posibilidad de pararla con nada, y el señor Diputado sabe que eso fue así. Fueron cuatro meses y medio de goteo permanente para ver cuánto salía de los bancos, y eso no era por falta de controles, sino porque la gente quería llevarse la plata porque no creía en el sistema. Si ponemos controles, lo único que vamos a lograr es que los créditos sean más costosos.

SEÑOR BOTANA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR TROBO.- No puedo otorgarle la interrupción porque estoy contestando una alusión que entendí que hubo sobre mis palabras.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Mujica.

SEÑOR MUJICA.- Señora Presidenta: efectivamente, la intención de este proyecto de ley no es evitar la usura. Tampoco es agregar controles en un mercado hipercontrolado. La intención es agregar un registro a un mercado en el cual no solo no hay control, sino que ni siquiera se sabe cuál es su tamaño y su profundidad. Nos encontramos en un contexto y embarcados en tratar el tema de la deuda interna, y advertimos que un enorme sector está fuera de toda clase de registro. El Estado no sabe cuánto dinero se ha prestado, cuántos son los deudores ni quiénes prestan en esa parte del mercado de créditos. La intención de este proyecto de ley es empezar a registrar esas operaciones.

No creo que eso agregue un costo real. No creo que sea significativo el costo que pueda agregarse, puesto que no considero que alguien pueda adicionar ni medio punto más a la tasa de interés debido a los costos del registro de esa operación. De todos modos, va a haber un registro y esto no es antojadizo.

Cuando nosotros empezamos a relevar el mercado y a recibir a las delegaciones de deudores de todo tipo que llegaban a esta Casa, nos encontramos con que uno de los sectores que más remataba y que menos dispuesto estaba a negociar y a discutir con sus deudores era precisamente el de los acreedores privados, que no tiene ninguna regulación y que, además, cuenta con el amparo del anonimato.

Es más: era fácil intuir a través de muchas de esas denuncias que el verdadero negocio de estos dadores de crédito era ir por las garantías y no cobrar la deuda. Era fácil comprender eso. Por consiguiente, parecía lógico que una primera decisión, para luego pensar en algún tipo de regulación, era registrar las operaciones del mercado, para conocer su tamaño, el volumen de capital que se movía y las características con que se concedían los préstamos y se tomaban los créditos.

Este es el sentido de este proyecto de ley, que forma parte de un conjunto de normas. No pretende resolver por sí mismo ni siquiera un aspecto del problema de la deuda interna; pretende integrar un conjunto de proyectos que no solamente sanen en parte los resultados de la crisis de 2002, sino que, además, permitan comenzar a reconstruir la cadena de créditos.

Efectivamente, la usura no se para con esta iniciativa y siempre hay mercado para los usureros. En un país con dificultades económicas hay más mercado para ello, porque hay mucha gente que no es sujeto de crédito en el mercado formal y que para poder proseguir con su actividad económica no tiene más remedio que recurrir al mercado informal. Estamos tratando de empezar a sanear el mercado crediticio de tal modo que esto no sea un círculo vicioso y terminemos con cadenas de ejecuciones imparables, con acreedores a quienes es imposible llamar porque no sabemos quiénes son y con operaciones que no están registradas y sobre las cuales el acreedor y el deudor tienen, por lo menos, una versión cada uno.

El sentido de este proyecto de ley es formar parte de ese conjunto de medidas legislativas y administrativas que intentan abordar el problema de la deuda interna uruguaya, surgida en gran medida en la crisis de 2002, aunque hay sectores que tienen problemas desde mucho antes.

No hay detrás de este proyecto una visión anticrédito o negativa del negocio financiero en sí mismo. Creo haber tenido algo que ver con la concepción de esta iniciativa, y no hay nada de eso. No estamos en el primer eslabón de una cadena de obstáculos que se oponen al negocio financiero. Bienvenido sea el negocio financiero, que es una parte fundamental de la economía. El problema es que hay negocios financieros que financian operaciones económicas, y negocios financieros que se transforman en una simple excusa para ir por los bienes de quien no tiene más remedio que recurrir a esos medios de préstamo. Si hay algo que se vio en esta crisis fue justamente eso: un sector del negocio financiero no regulado de ninguna manera y absolutamente fuera de todo control abusó permanentemente de la posición dominante que tenía, de tal modo que muchos de los deudores del sector formal y del sector bancario, al quedar en el "clearing", terminaron tomando este tipo de préstamos y se abusó de ellos de todas las formas posibles. Al final de la cadena registramos la muerte civil de muchos de esos deudores que venían a nosotros pidiéndonos alguna solución cuando ya no había posibilidades siquiera legales de actuar.

Reitero que la intención final ni siquiera era cobrar las deudas, porque el negocio era hacerse de las garantías. Eso fue visto muchas veces en este proceso. La intención de este proyecto de ley se refiere a este sector del mercado que, bien trabajado, le va a hacer mucho bien al país. Ojalá que sigan los bien intencionados, los que quieren trabajar bien.

No me preocupa si son escribanos. Bienvenido sea el negocio de préstamo de dinero si forma parte de una cadena económica sana para el país y para la sociedad.

Hace veinticuatro horas tuvimos la presencia, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, del señor Presidente del Banco de la República, quien en una parte de su exposición manifestaba que no quería que esa institución contribuyera al endeudamiento de los uruguayos y que no iban a salir a vender dinero para que la gente se endeudara fácilmente. Me parece una actitud sumamente responsable de parte de un banquero. Saludo el crédito; no tengo ningún inconveniente en que se haga negocio con el préstamo de dinero porque es una mercancía como cualquier otra en el mercado, y bien útil. Pero no estoy dispuesto a que en los momentos de crisis, quienes quedan en posición dominante salgan a ofrecer un dinero fácil que termina generando más endeudamiento en la gente, que termina poniendo sus bienes y sus capitales en manos de inescrupulosos. Quienes hacen bien este negocio y son comerciantes honestos no van a tener el más mínimo inconveniente en registrar todas sus operaciones. Tal vez algunos deban pasarse directamente a la delincuencia, pues esta iniciativa los coarta en los tipos de negocios que quieren hacer. Es su decisión, pero en ese caso prefiero que estén en ese terreno y no amparados por un Estado que ni siquiera registra sus operaciones.

Este es el sentido del proyecto que la Comisión presenta hoy ante la Cámara y que yo apoyo.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Tajam.

SEÑOR TAJAM.- Señora Presidenta: los señores Diputados preopinantes que apoyan el proyecto han abundado muy bien en su defensa; yo comparto sus argumentos. Simplemente, me voy a referir a una problemática social de decenas de miles de uruguayos que están representados en este ámbito.

Basta con leer el artículo 6º de este proyecto de ley, que dice: "A los efectos de la ejecución judicial del documento, el acreedor deberá acompañar, conjuntamente con la demanda, la constancia de inscripción en el Registro del documento a ejecutar.- En caso de no presentarse dicha constancia la demanda deberá ser rechazada 'in limine'".

Aquí estamos recogiendo la preocupación de una cantidad de personas que estuvieron aquí pidiendo auxilio por este problema, tal como mencionaba el señor Diputado que me precedió en el uso de la palabra. No se trata de que pidieran una prerrogativa estatal: es una situación social que hemos reconocido como muy problemática en lo que tiene que ver con el endeudamiento, del cual este país tiene que salir. Y salir con todos es algo que ha sido definido por esta fuerza política como salir con los que pudieron permanecer, con quienes están por desaparecer y con aquellos que debemos recomponer. Queremos salir con todo el país. Por eso nos oponemos a los ajustes salvajes que dos por tres reaparecen.

Cuando se plantean situaciones como estas, siempre parece que les falta un poquito de liberalismo, alguna cucharada liberal, porque siempre parece que por ahí se sale, cuando esa acumulación de liberalismo fue la que nos llevó a los problemas que hoy estamos padeciendo.

A los prestamistas que hoy están haciendo su gran negocio y que tienen ese dinero acumulado para seguir haciéndolo, sin ninguna duda este proyecto de ley no se lo va a prohibir. Es tal el margen de ganancia que tienen que un poco menos no los va a sacar del mercado; pero sí, con la aprobación de otras leyes complementarias -como también se dijo aquí-, vamos a comenzar a defender a aquellos que no tuvieron más remedio que recurrir al préstamo usurario de quienes lucraron con la crisis de 2002, cuando era imposible pagar las deudas en dólares, que permanecían en su valor, con ingresos que se devaluaron de un día para el otro. Era una situación imposible de sostener; como decía, con ella lucraron los prestamistas que hoy el liberalismo intenta rescatar para que el crédito siga vigente. Eso no lo podemos aceptar.

Por lo tanto, este proyecto responde a esa propuesta. Como bien se ha dicho aquí, no es la solución, pero sí va en el camino de lo que nosotros creemos necesario defender.

Quienes prestan dinero tienen que ver con este problema y, como decíamos, lucraron con aquella situación. El liberalismo sigue acrecentando la desigualdad; si lo dejamos operar como lo está haciendo hoy, sin ninguna duda va a seguir redistribuyendo recursos y riqueza mediante los mecanismos de mercado por todos conocidos.

Con esta propuesta intentamos, entonces, ir por otro camino, que la sociedad aquí mismo ha reclamado y del que nosotros también nos sentimos partícipes. Por eso, este es el proyecto que hoy va a votar la mayoría de la Cámara, para agregarlo a otros que ya hemos votado aquí y a los que seguiremos presentando, siguiendo por el mismo camino.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Amorín Batlle.

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Señora Presidenta: creo que yo fui el único Diputado que no votó afirmativamente este proyecto en Comisión. Y dejé de acompañarlo no porque me pareciera malo; no lo voté porque tenía algunas dudas que intenté aclarar hoy con el señor miembro informante.

No obstante, hoy se han dicho algunas cosas en Sala que me parece que es bueno aclarar. Es evidente que este no es un proyecto de ley revolucionario, ni va a cambiar en forma definitiva estas situaciones. También es evidente que es una norma que se acerca a algo. ¿Qué se pretende? Regular algunas situaciones, no todas -notoriamente, no regula todas-, a los efectos de que se tenga mayor información.

El tema de los prestamistas usureros nos preocupa a todos. Y sin lugar a dudas -esto no es teoría liberal- los usureros surgen cuando no hay crédito suficiente para todos quienes lo demandan a tasas racionales. El señor Diputado Brenta hoy nos decía que al Banco de la República le sobra dinero para prestar y que no tiene demanda. Bueno; en realidad, también sobra demanda, solo que el Banco de la República Oriental del Uruguay, responsablemente, le presta a quien entiende que no representa un riesgo importante para el propio Banco. Si yo le planteo mi plan de negocios y le presento garantías, por lo que el Banco entiende que le voy a pagar con cierta facilidad, me presta. Si no puedo hacer eso, el Banco no me presta. Lógicamente, quienes acuden a usureros son personas a quienes el Banco no les presta. Si yo puedo conseguir un préstamo a interés razonable, no voy a ir a un usurero que me cobre tasas que al final no sé si voy a pagar. El usurero tampoco sabe si voy a pagar; por eso cobra esas tasas, independientemente del afán de la ganancia.

Sin duda, este proyecto de ley agrega algún costo al crédito y deja al Poder Ejecutivo la posibilidad de disminuirlo. El artículo 2º expresa: "en el mismo se registrará el contrato, convenio o cualquier otro documento según el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de dinero con la obligación de que este sea restituido luego de un cierto plazo, adicionándole, o no, los intereses".

Si yo voy a una de estas empresas que prestan poco dinero y sin garantías o casi sin garantías, y le pido $ 1.500 -esto es lo que hace la gente que tiene más dificultades, que a veces pide esa suma para pagar la UTE-, y si la empresa que presta tiene que inscribir cada uno de estos documentos, eso notoriamente supone un costo mayor. Es obvio que ese costo no lo paga la empresa, sino que lo traslada a la persona que va a pedir el crédito.

¿Cómo salva el proyecto de ley esta situación? Por el artículo 9º se le permite al Poder Ejecutivo "habilitar, a las personas jurídicas que estén autorizadas a otorgar créditos en forma habitual y generalizada, a presentar declaraciones de sus operaciones en forma conjunta, por períodos anuales o menores [...]". O sea que estamos en manos del Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con la disminución de este costo.

¿Que aumenta el costo? No cabe la menor duda; algo. El Poder Ejecutivo puede hacer que sea lo mínimo posible. Es clarísimo que la disposición no alcanza a todas las situaciones. Los usureros que prestan con cheques van a seguir haciéndolo, y para estos seguramente habrá que buscar otras soluciones.

Creo que no se trata de discutir acerca de modelos liberales o no. Francamente, creo que con las actitudes económicas de quienes dirigen la economía, la sociedad ha zanjado esa discusión.

Por lo tanto, entiendo que es un proyecto de ley no demasiado trascendente, que busca un objetivo bien loable -sin duda positivo-, como lo es que se conozcan las condiciones en que algunas empresas prestan el dinero; y si el Poder Ejecutivo actúa razonablemente -como esperamos que lo haga-, el aumento del costo del crédito será menor. De cualquier manera, este es un tema que sigue sin convencerme.

Vamos a mantener la misma actitud que tuvimos en la Comisión, y destaco que entiendo que el tema ha sido ampliamente debatido por la Cámara.

24.-     Solicitud de sesión permanente.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Gamou.

(Se lee:)

"Mociono para que la Cámara se declare en sesión permanente".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en cincuenta y ocho: NEGATIVA.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se rectifique la votación!

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en cincuenta y ocho: NEGATIVA.

25.-    Registro Único de Créditos Financieros. (Creación).

Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Pérez González.

SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Señora Presidenta: quisiera saber de cuánto tiempo dispongo.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene dos minutos para hacer uso de la palabra antes de ingresar a la media hora final.

SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Entonces, no voy a hacer uso de la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Diputado Botana.

SEÑOR BOTANA.- Señora Presidenta: sin duda, este proyecto tiene una gran intención, pero no resuelve el tema que se plantea.

La pregunta que quiero hacer al señor miembro informante -que me responderá cuando pueda- es qué va a pasar con este Registro cuando tengamos Impuesto a la Renta. Me pregunto si no habrá un claro encarecimiento del crédito y si no estaremos alentando esos mecanismos de usura que queremos evitar.

Sinceramente, no dudo de la buena intención de quienes elaboraron el proyecto...

26.-     Prórroga del término de la sesión.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- La Mesa pide disculpas al señor Diputado por la interrupción, pero lo ha hecho para dar cuenta de una moción.

Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Gamou.

(Se lee:)

"Mociono para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

27.-     Registro Único de Créditos Financieros. (Creación).

Prosigue la consideración del asunto en debate.

Puede continuar el señor Diputado Botana.

SEÑOR BOTANA.- Señora Presidenta: decía que creo que estamos frente a un proyecto de una gran intención, que va a ser neutral respecto a los que quieran evitar el Registro, que va a proteger sin duda a los que tienen buena intención y que también va a imponer algunos costos adicionales al crédito en la medida en que toda regulación los genera. Cuando tengamos Impuesto a la Renta en el país -ha sido anunciado y la bancada de Gobierno tiene los votos para imponerlo-, seguramente vamos a tener un crédito más caro y lo van a tener todos aquellos que se hayan inscripto en este Registro. Entonces, surgirán mecanismos -siempre surgen- para hacerle un "dribbling" a las regulaciones que aquí se imponen y a la necesidad de anotarse en el Registro. En definitiva, con este Registro vamos a terminar alentando lo que pretendemos evitar. Sinceramente, propondría a la Comisión que buscara otro mecanismo para evitar que el Estado termine protegiendo al usurero.

SEÑOR PATRONE.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BOTANA.- enseguida se la concedo.

Es verdad que eso sucede hoy; cuando el Poder Judicial se presta a ejecutar documentos que provienen del ejercicio de la usura, sin duda se están protegiendo malas prácticas. Pero, lamentablemente, en este caso no estamos frente a la solución.

Quiero hacer una sencilla acotación que me parece fundamental. La ausencia de regulaciones no fue la causa de la crisis de 2002, y en este Registro ni soñando vamos a tener las regulaciones que sí pesaban sobre las instituciones bancarias cuando dicha crisis se generó; si no, ¡vaya que sí estaríamos agregando costos, y costos significativos! O sea que no es por mucho regular que vamos a evitar crisis. Las crisis se generaron a partir de otro tipo de fenómenos que sobrevienen de expectativas, de la generación de negocios nuevos y seguramente de las propias inconductas que tenemos los seres humanos.

Concedo la interrupción al señor Diputado Patrone.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PATRONE.- Señora Presidenta: quisiera que se me aclarara con mayor precisión la afirmación de que el Impuesto a la Renta conlleva, en una relación de silogismo unívoco, un aumento del costo de los créditos, dado que al menos la experiencia que existe en los países desarrollados que lo aplican muestra que, paradójicamente, se da la situación contraria: se tiene un mayor acceso al crédito y los intereses son menores.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Botana.

SEÑOR BOTANA.- Señora Presidenta: en el Uruguay todas las rentas de las empresas están gravadas: las de la industria, las del comercio y las agropecuarias. No están gravadas las rentas provenientes de las colocaciones, de los alquileres y de los servicios profesionales. Esas son las rentas adicionales que va a gravar el Impuesto a la Renta. Por supuesto que el costo del dinero se encarece. Personalmente, me opongo al encarecimiento de cualquier factor productivo, sea el costo del dinero, de los alquileres, de la energía, de los combustibles -como modo de energía-, e incluso de la mano de obra como factor productivo. Sin duda, estos factores disminuyen la capacidad de competencia de cualquier país. Se me dirá que muchas veces no hay más remedio que actuar de ese modo; seguramente sea así. Pero en este caso tenemos remedio, y cualquier costo de regulación implica generar nuevas actividades y pérdidas de tiempo; y las dos cosas cuestan y hay que evitarlas.

SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BOTANA.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Señora Presidenta: quiero repetir lo que han manifestado mis compañeros de la Comisión para no perder de vista los objetivos que persigue el proyecto.

El miembro informante, señor Diputado Asti, y los demás compañeros de la Comisión manifestaron que la creación de este Registro surge como una necesidad de cuantificar y caracterizar el crédito otorgado, que no conocemos, y controlar el cumplimiento de las normas fiscales sobre usura y prevención de cláusulas abusivas y de posición dominante. Es decir, este proyecto da respuesta a una realidad.

No voy a analizar las causas de la crisis de 2002 ni las de la situación que vivimos hoy, pero sí todos estamos en condiciones de observar objetivamente la realidad que vivimos: la situación de endeudamiento es trágica y el drama social es tremendo. Por lo tanto, se trata de abordar ese drama social. El problema no es si había o no regulación para evitar la crisis; lo que ocurre es que estamos en presencia de un fenómeno que es actual, y no creo que se pueda afirmar que algo va a encarecer el crédito cuando en este momento la situación es tan crítica que el Banco de la República no puede dar crédito, entre otras cosas, porque existe una serie de normas jurídicas y trabas que el propio Banco Central le impone.

Existe una estructura jurídica al respecto que podemos modificar. Estamos abordando una serie de medidas, en el marco de la situación que vivimos, porque nadie puede desconocer que el Banco de la República es acreedor de una deuda superior a US$ 1.400:000.000; hay 50.000 deudores personales y de familia. Es decir: ese dinero no fue prestado a unidades productivas ni de comercio, como dijo un compañero. Esa es la realidad.

Entonces, el drama que vive todo el mundo se relaciona con los prestamistas particulares y no tenemos forma legal de dar ni siquiera una mínima ayuda a la población damnificada. Por lo tanto, estructuramos este Registro, que es una de las tantas medidas que estamos tomando para abordar las diferentes situaciones planteadas. Ese es el objetivo.

El desafío es convertir a los ciudadanos uruguayos, a nuestros compatriotas, en sujetos de crédito. Si la persona vuelve a ser sujeto de crédito, lo adquirirá donde tenga mayores facilidades; siempre la formalidad le proporcionará una ventaja respecto a la informalidad. Ahora, si no hacemos absolutamente nada, la situación social se agravará y no ganaremos nada. En este caso no estamos poniendo un freno, sino estableciendo un elemento para que un segmento de la población -una cantidad de miles de uruguayos- resuelva su situación.

Por otra parte, creamos una serie de pautas para el Banco de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas destinadas a la refinanciación de deudas y estamos discutiendo con los distintos sectores -los agropecuarios, industriales y de consumo- para abordar esta realidad. Estamos atacando la consecuencia de la situación y no analizando las causas; estamos ante una situación de hecho.

En ese sentido, queremos explicar que este proyecto es un elemento. Algunos legisladores dicen que este instrumento puede ser negativo ya que encarecerá el crédito. Yo creo que el tipo que hoy adquiere un crédito en el mercado informal a través de un prestamista ya perdió los criterios y está dispuesto a cualquier cosa. Entonces, no se puede decir que el crédito se encarecerá, porque el crédito informal siempre se encarece de acuerdo con la necesidad del usuario; si el tipo está desesperado y tiene garantías, le dan más, e incluso le cobran más intereses. Creo que la dinámica la conocemos todos. La que presenta este proyecto es una propuesta de solución a un problema particular de un sector de la población.

Muchas gracias, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Botana.

SEÑOR BOTANA.- Señora Presidenta: quiero decir al señor Diputado Pérez González y a los integrantes de la Comisión, en especial al autor del proyecto, señor Diputado Asti, Presidente de la Comisión de Hacienda, que comparto totalmente los objetivos que persigue este proyecto. Lo que planteo son mis dudas acerca de si logrará cumplir los objetivos que se propone.

No tengo ninguna duda de que hay que tratar de terminar con la usura y sus consecuencias, con el abuso que ha significado dejar sin su casa a cientos o miles de familias; hay que tratar de terminar con el abuso de cerrar una serie de empresas, aprovechando muchas veces la desesperación que enfrentan aquellos patrones o padres de familia que ante la imposibilidad de pagar y ante un riesgo importante asumen un riesgo mayor, simplemente con el objetivo de agrandar los plazos en que serán -perdóneseme la expresión- ahorcados. En ese sentido, todos compartimos el objetivo del proyecto propuesto.

Entonces, creo que deberíamos establecer la regulación hacia el pasado, hacia los contratos firmados que hasta aquí llegan, más que hacia el futuro, esperando que los ciudadanos puedan ser capaces de tener una conducta en el manejo financiero que les impida caer nuevamente en este tipo de circunstancias.

A su vez, se tendrá que ser absolutamente comprensivo en cuanto a las medidas que se tomen para igualar a todos los uruguayos y comprender no solo a los que se hayan endeudado con el Banco de la República, al que estamos obligando a otorgar facilidades a los deudores, sino también con la banca privada, porque, si no, estaría cayendo por su propio peso el argumento que se utiliza para no dictar una ley que obligue a dicha banca a dar facilidades a los deudores: el no rompimiento de los contratos. En este proyecto se están rompiendo contratos, por una buena causa; pero buena causa también es la otra para romperlos.

SEÑOR ASTI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BOTANA.- Sí, señor Diputado.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede interrumpir el señor miembro informante.

SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: recién se hacía referencia a que este proyecto debería tomar en cuenta las situaciones pasadas que se reflejan en el presente. Quería señalar que en el artículo 6º se establece claramente un plazo de noventa días para inscribir todos los créditos otorgados antes de la vigencia de la ley, y que el Juez deberá exigir la constancia de estar inscripto para efectuar la orden de pago en caso de que la ejecución judicial ya se hubiese iniciado antes de la vigencia de la ley.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Puede continuar el señor Diputado Botana.

SEÑOR BOTANA.- Dejo constancia de que entiendo que el proyecto debería ser aplicado en las situaciones que se dieron hasta el presente y no en las que se den de aquí en adelante, en la medida en que ello tendría como consecuencia el encarecimiento del crédito que he expuesto.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: quiero señalar que soy escéptico respecto a los resultados, a la eficacia que pueda tener este proyecto de ley a los efectos del cumplimiento de los objetivos que a texto expreso están establecidos. No obstante, como se ha señalado, me parece que puede lograr el cumplimiento de uno de sus objetivos, que es la cuantificación, caracterización y regulación del mercado parafinanciero. Me refiero a obtener información suficiente que permita establecer algún tipo de regulación sobre esta actividad.

Toda esta actividad, que en muchos casos tiene habitualidad y, como consecuencia de ello, está alcanzada por tributos nacionales, particularmente el Impuesto a la Renta empresarial, podría servir para proporcionar información a la Dirección General Impositiva -que podría perseguir este tipo de situaciones- a través de este Registro. Esos son los elementos centrales de esta creación. Dicho sea de paso, no se puede hablar de encarecimiento del crédito en un mercado informal que funciona con intereses de usura. De hecho, esta situación es una patología del funcionamiento del sistema financiero en su globalidad, y desde ese punto de vista creemos que no va a solucionar el problema, pero sí va a dar elementos de juicio. Por eso ha sido nuestra actitud votarlo afirmativamente en Comisión, tal como haremos en el plenario, a los efectos de que se pueda recopilar información que permita, en el futuro, legislar para tratar de corregir esta patología con mayor certeza y eficacia.

28.-     Integración de Comisiones.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Dese cuenta de la integración de Comisiones.

(Se lee:)

"El señor Representante Víctor Semproni actuará como delegado de sector en la Comisión Especial para el Deporte.

El señor Representante Pablo Pérez González actuará como delegado de sector en la Comisión Especial sobre Marco Cooperativo".

29.-      Registro Único de Créditos Financieros. (Creación).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado González Álvarez.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Señora Presidenta: hemos trabajado en este proyecto en la Comisión de Hacienda, que integro, donde fue aprobado por una gran mayoría -por ocho votos, incluyendo el nuestro- y lo vamos a votar en el plenario.

Somos conscientes de que ni antes, ni ahora, ni en el futuro un proyecto de ley va a resolver absolutamente todos los problemas imaginables, porque la mente humana siempre es más rápida que la legislación. Alguien siempre va a encontrar una salida, un camino para hacer lo que piensa. Hemos prohibido fumar y todavía no hemos podido evitar que se siga fumando, inclusive en el Palacio Legislativo. La mente humana siempre va a estar buscando una salida hacia un lugar u otro.

Creemos que este es un paso adelante en la respuesta a un reclamo que venimos escuchando desde hace varios años. Cuando empezó la crisis de 2002, la gente no pudo pagar y comenzaron las ejecuciones; entonces vimos pasar por las Comisiones parlamentarias que integramos -casi siempre he estado en la de Hacienda- delegaciones de todo tipo. Y allí la gente decía que en tanto alguna solución se conseguía para los deudores del Banco Hipotecario o para otros endeudados, a los prestamistas nadie les ponía coto, nadie hacía nada por ese tipo de cosas. Eso lo hemos escuchado un día y otro. De todos modos, no decimos que esto vaya a terminar con los prestamistas.

La gente que va a ese mercado informal es porque no consigue un crédito en el mercado formal, pues no hay ninguna duda de que en este las tasas de interés son inferiores a las del informal. Se trata de un crédito de riesgo para el que presta y también para el que lo toma cuando no tiene la seguridad de poder pagarlo. Por algo recurre a él.

De todos modos, esta iniciativa va a traer aparejado un ordenamiento. Cuando se esté ejecutando a una persona vamos a saber que el crédito que pidió fue inscripto y el Área de Defensa del Consumidor y el Banco Central podrán realizar sus controles a fin de que la tasa de interés no esté fuera de las reglas legales. Esta va a ser una manera de proteger a las personas que accedieron al mercado informal. Por supuesto que quedará gente afuera, y si alguien presentara algún proyecto de ley que eliminara ese problema estaría dispuesto a estudiarlo. ¡Vaya si me gustaría! Pero en este momento no me creo capaz de encontrar una solución a todos esos problemas.

Todos sabemos muy bien que si alguien pide dinero y se le exige un cheque, eso no es legal; es una desnaturalización del uso de ese instrumento. El cheque no se usa para garantizar un préstamo de dinero. ¿De qué manera logramos evitarlo? No hay legislación al respecto. Tal vez a alguno de los legisladores presentes se le pueda ocurrir una manera de evitarlo; yo lo apoyaría. Sin embargo, este proyecto no apunta a eso, sino a saber si ese mercado informal es tan grande como dijo el señor Diputado Mujica. ¿Estamos hablando de US$ 1:000.000, de US$ 10:000.000, de US$ 100:000.000 o de US$ 500:000.000? No tenemos idea, porque no hay forma de precisar cuánto es ese mercado informal, y este proyecto permite contar con cifras reales. Por supuesto que alguien quedará afuera, pero esto es mejor que nada.

Ante los reclamos que puedan aparecer, este Parlamento podrá decir: "Nosotros hemos creado esto para ayudar a la gente que va al mercado informal, en el que muchas veces las tasas de interés no son las legales, sino que son de usura". La gente se preguntaba: "¿Nadie me protege? ¿Nadie controla esto?". Este es un mecanismo. Seguramente, habrá alguien que haga un negocio por fuera, pero con mucho riesgo, porque mañana no podrá recurrir a la ejecución judicial, ya que para hacerse del dinero y ejecutar judicialmente al deudor el crédito deberá estar registrado; por supuesto, no estoy diciendo que no pueda existir un submundo. O sea que estamos votando algo que mejora mucho la situación actual. Mañana, a todo ese mercado informal y a toda esa gente que nos decía que ha quedado en manos de los prestamistas le vamos a poder responder que el Estado ha creado este mecanismo. Claro que la gente también tiene que defenderse; si alguien firma un documento en blanco, un vale sin que se le ponga fecha ni cifra, ninguna legislación lo podrá defender, porque esa persona habría incurrido en una inconsciencia tremenda. Y tampoco podremos nosotros lograr nunca que exista tanto crédito en el país como para que todo el mundo pueda acceder al crédito formal. Siempre va a haber alguien fuera, por diversas circunstancias.

Este proyecto lo hemos votado en Comisión, hemos trabajado en él a lo largo de varias sesiones, hubo un esfuerzo de los legisladores en su elaboración y lo vamos a apoyar en el día de hoy, creyendo que estamos contribuyendo a mejorar el sistema. No somos vanidosos como para decir que hemos hecho una gran ley. No; estamos mejorando el sistema, y tal vez dentro de seis meses o un año algún otro grupo de legisladores más iluminados presente otro proyecto que mejore la situación. Así, sucesivamente, ley tras ley, iremos mejorando el sistema que hoy tenemos.

Vamos a crear un Registro, y la gente que tenga documentos debidamente concebidos y registrados podrá recurrir al Poder Judicial. Sobre el encarecimiento del Registro, queda un poco librado a la reglamentación; esperemos que en esa materia se sepan contemplar los montos, el tipo de documento y los plazos.

No creemos que esta disposición sea una causa que impida que el crédito informal -ahora con cierta formalidad- siga existiendo, pero lo hemos votado a favor en Comisión y hoy lo vamos a hacer nuevamente en el entendido de que estamos creando un mecanismo que mejora lo que hay al día de hoy.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra para una cuestión de procedimiento.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Mociono para que se suprima la lectura y se voten en bloque todos los artículos, desglosando los artículos 4º y 7º.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar la moción del señor Diputado.

(Se vota)

——Cincuenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión los artículos 1º al 3º, 5º, 6º y 8º hasta el final, es decir, hasta el artículo 16.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Léase el artículo 4º.

(Se lee)

——Léase el aditivo presentado por los señores Diputados Brenta y Asti.

(Se lee:)

"C) Las operaciones de financiamientos a través del mercado de valores emitidas por personas públicas o privadas".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º con el aditivo propuesto.

(Se vota)

——Cincuenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Léase el artículo 7º.

(Se lee)

——Léase un sustitutivo del numeral 5) del artículo 7º, presentado por los señores Diputados Brenta y Asti.

(Se lee:)

"5) Tasas de intereses compensatorios y punitivos acordados, y los gastos y honorarios derivados de la operación, así como cualquier otro cargo que quedaran a costo del prestatario".

——En discusión.

SEÑOR IBARRA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR IBARRA.- Señora Presidenta: en la lectura que se hizo del artículo 7º, tanto en el numeral 1) como en el 2) se mencionó en total en cuatro oportunidades el término "RUC". Creo que debería decir "Registro Único de Contribuyentes (RUC)", tanto en el numeral 1) como en el 2).

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Muchas gracias por su advertencia, señor Diputado; se tomará nota de eso en la versión taquigráfica.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º con la redacción tal como viene de Comisión, exceptuando el numeral 5).

(Se vota)

——Cuarenta y ocho en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA.

Se va a votar el numeral 5) con la redacción original que vino de Comisión.

(Se vota)

——Cero en cuarenta y nueve: NEGATIVA. Unanimidad.

Se va a votar el sustitutivo del numeral 5) tal como ha sido leído por Secretaría.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR ASTI.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- No hay en Sala el quórum requerido para someter a votación lo propuesto por el señor Diputado.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo 1º.- Créase el Registro Único de Créditos Financieros, de carácter administrativo, en el que se inscribirán los créditos financieros otorgados por personas físicas o jurídicas que no revistan el carácter de institución de intermediación financiera, según lo establecido por el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Dicho Registro estará a cargo de la unidad ejecutora Dirección General de Registros del Ministerio de Educación y Cultura, será de acceso público, con las limitaciones que establezca la reglamentación y buscará, entre otros objetivos:

1) La defensa de los consumidores de servicios financieros, según lo establecido en la presente norma. A estos efectos el deudor será considerado como consumidor y el acreedor como proveedor.

2) La cuantificación, caracterización y regulación del mercado parafinanciero.

3) El control del cumplimiento de normas fiscales, sobre usura y prevención de cláusulas abusivas y posición dominante.

Artículo 2º.- En el mismo se registrará el contrato, convenio o cualquier otro documento según el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de dinero con la obligación de que éste sea restituido luego de un cierto plazo, adicionándole, o no, los intereses.

También se registrarán las cesiones, novaciones, refinanciaciones o modificaciones de los créditos inscriptos.

El Poder Ejecutivo, en su reglamentación, podrá excluir de la obligación registral a los documentos o créditos que por su monto, plazo, condiciones u origen no sean significativos y cuyas cantidades dificulten el manejo del Registro, obstaculizando el logro de los objetivos.

La reglamentación también establecerá los controles necesarios para evitar que, a través de fraccionamiento, reiteraciones o cambios de fecha, puedan eludirse las obligaciones registrales.

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo reglamentará:

A) La organización, funcionamiento y procedimiento de información e inscripción del Registro conforme a los medios y procedimientos técnicos más adecuados.

B) El efecto jurídico de la publicidad que será la emisión de constancia de inscripción, a los efectos de lo previsto en el artículo 6º, sin alterar la prioridad ni los demás efectos de la publicidad de actos realizados al amparo de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997 y normas concordantes.

C) Demás aspectos inherentes a la inscripción e información de los referidos créditos financieros.

Las inscripciones y solicitudes de información tributarán el "Impuesto a los Servicios Registrales", regulado por el artículo 368 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Con la finalidad de evitar la duplicidad de inscripciones, la reglamentación podrá habilitar la comunicación de los diferentes Registros regulados por la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, al Registro que se crea por la presente ley. Asimismo, en los casos que ya exista registro total o parcial de estas operaciones en la misma o distinta unidad ejecutora, se deberán complementar e integrar los mismos de acuerdo a lo que dicte la respectiva reglamentación.

El Registro podrá utilizar, para las tareas de información e inscripción, cualquier técnica que asegure la permanencia, inalterabilidad y exactitud de la información, así como la autoría de los funcionarios intervinientes.

Artículo 4º.- Estarán excluidos de este Registro todos los créditos financieros otorgados por:

A) Las instituciones de intermediación financiera controladas por el Banco Central del Uruguay.

B) Las instituciones que, sin ser de intermediación financiera, estén obligadas por ley, reglamento o resolución administrativa, a suministrar en forma regular y permanente, información sobre sus carteras de créditos al Banco Central del Uruguay, siempre que incluyan todos los requisitos solicitados en el artículo 7º de la presente ley.

C) Las operaciones de financiamientos a través del mercado de valores emitidas por personas públicas o privadas.

Artículo 5º.- El acreedor deberá registrar el documento referido en el artículo 2º de la presente ley, dentro del plazo de treinta días corridos, contados a partir del día siguiente de otorgado el mismo. Si el otorgamiento se realizara luego de la vigencia de esta ley y antes de su reglamentación, el plazo se computará desde la fecha de esta última.

Vencido dicho plazo no se inscribirá ningún documento.

La reglamentación podrá incluir excepciones a lo establecido en el inciso precedente, solo para los casos de créditos o documentos que no presenten atrasos en el pago total o de la cuota correspondiente, con las respectivas sanciones de hasta el máximo fijado para las contravenciones en materia impositiva o un porcentaje del valor del crédito no inscripto, para habilitar la inscripción fuera de plazo.

Artículo 6º.- A los efectos de la ejecución judicial del documento, el acreedor deberá acompañar, conjuntamente con la demanda, la constancia de inscripción en el Registro del documento a ejecutar.

En caso de no presentarse dicha constancia la demanda deberá ser rechazada "in límine".

Aquellos créditos cuya ejecución se haya promovido con anterioridad a la reglamentación de la presente ley, la constancia de inscripción se solicitará a los efectos del libramiento de la orden de pago, no pudiendo los Jueces, bajo ningún concepto, librar orden de pago sin la referida constancia de inscripción.

Para el cumplimiento de lo establecido en el inciso precedente, no se tendrán en cuenta los plazos establecidos en los artículos 5º y 11 para la inscripción referida en el artículo 2º de la presente ley.

Artículo 7º.- La inscripción en el Registro incluirá:

1) Datos del acreedor:

En caso de ser persona física: Nombre completo, documento de identidad y número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) en caso de estar inscripta.

En caso de ser persona jurídica: Denominación social, número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) o, en caso de no estar inscripta en este último, declaración jurada de no inscripción con mención de normativa eximente de la misma.

2) Datos del deudor:

En caso de ser persona física: Nombre completo, documento de identidad y número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) en caso de estar inscripta.

En caso de ser persona jurídica: Denominación social, número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) o, en caso de no estar inscripta en este último, declaración jurada de no inscripción, con mención de normativa eximente de la misma.

3) Domicilio constituido de cada una de las partes.

4) Monto, moneda, plazo y origen del préstamo otorgado.

5) Tasas de intereses compensatorios y punitivos acordados, y los gastos y honorarios derivados de la operación, así como cualquier otro cargo que quedaran a costo del prestatario.

6) Garantía aportada por el prestatario. En caso que la garantía sea persona física o jurídica se deberán suministrar los mismos datos que para el deudor.

Artículo 8º.- A los efectos de la inscripción en el Registro se deberá presentar copia del documento portante de la operación de crédito referida en el artículo 2º de la presente ley, declaración jurada fiscal y certificado de estar al día con todos los tributos creados, o a crearse, que graven los activos e ingresos correspondientes de los titulares de los créditos inscriptos y, en caso de no ser contribuyente de ninguno de ellos, declaración jurada negativa.

Artículo 9º.- El Poder Ejecutivo podrá habilitar, a las personas jurídicas que estén autorizadas a otorgar créditos en forma habitual y generalizada, a presentar declaraciones de sus operaciones en forma conjunta, por períodos anuales o menores, individualizando cada una de ellas con indicación de los ítem incluidos en el artículo 7º.

La facultad otorgada al Poder Ejecutivo operará a solicitud de parte interesada, debiendo ésta presentar sus estatutos, las autorizaciones correspondientes para su operativa, los reglamentos, contratos o documentos tipo de las operaciones y remitir copia de su declaración al Banco Central del Uruguay.

La reglamentación establecerá la forma en que se realizarán las declaraciones de las personas jurídicas que opten por esta forma de presentación y la forma en que el Registro expedirá la constancia de inscripción a los efectos de lo previsto en el artículo 6º.

Estas personas jurídicas podrán ser inspeccionadas por el Banco Central del Uruguay, la Dirección General Impositiva y los organismos públicos encargados de su registro y contralor (Auditoría Interna de la Nación y Ministerio de Educación y Cultura) a los efectos de verificar la veracidad de la información aportada y la real concordancia entre las figuras jurídicas adoptadas y la realidad económica, origen y uso de fondos, fines y práctica de sus actividades principales. También deberá determinarse la existencia o no de intermediación financiera. En caso de no encontrarse concordancia con la forma jurídica adoptada deberán tomarse las medidas pertinentes para adecuar la naturaleza jurídica a la realidad.

Artículo 10.- En la reglamentación, el Poder Ejecutivo determinará el período de validez de la inscripción, debiendo establecer las formas y procedimientos de la renovación de la inscripción al vencimiento del plazo.

En la renovación de la inscripción, se harán exigibles nuevamente las declaraciones juradas fiscales y certificados de estar al día con las obligaciones tributarias que correspondan.

Artículo 11.- Los créditos, que se circunscriban a lo establecido en la presente norma, otorgados con anterioridad a la fecha de promulgación de la misma, contarán con un plazo de noventa días para su inscripción una vez reglamentada la presente ley.

Vencido este plazo, regirá lo dispuesto en el segundo y tercer inciso del artículo 5º.

A los efectos impositivos que correspondiera, la reglamentación podrá tomar como fecha de origen de la operación, la correspondiente a la registración realizada dentro del plazo original de noventa días.

Artículo 12.- Se comunicará, por lo menos en dos diarios de circulación nacional, la fecha de instalación del Registro, los lugares de funcionamiento del mismo y la documentación a ser presentada.

Artículo 13.- El Poder Ejecutivo establecerá los órganos competentes y los procedimientos para el control del cumplimento de las normas vinculadas a la usura respecto de los créditos inscriptos.

También establecerá los órganos competentes y procedimientos para controlar el cumplimiento de las normas sobre protección a cláusulas abusivas y posición dominante.

En caso de encontrarse violación a las normas referidas se deberán iniciar las acciones legales correspondientes, previa notificación fehaciente (judicial, acta notarial o telegrama colacionado) a las partes, y se dejará la correspondiente anotación en el Registro.

En aplicación de la renovación de la inscripción establecida en el artículo 10 de la presente ley, la anotación en el Registro referida en el inciso precedente por violación de lo preceptuado en los incisos primero y segundo de este artículo deberá, necesariamente, constar en el certificado de reinscripción.

Artículo 14.- Las personas físicas o jurídicas deudoras de los créditos pasibles de inscripción, podrán solicitar información de la inscripción de su documento de adeudo en el Registro.

En caso de no estar inscripto podrán aportar la documentación necesaria para que el crédito que les fuera concedido pueda ser controlado, de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior.

Lo preceptuado en el inciso anterior no tendrá valor de inscripción; por lo tanto esos créditos no serán considerados a los efectos de los procesos judiciales, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6º, salvo que, posteriormente, el acreedor pueda regularizar su situación en aplicación de lo dispuesto en los artículos 5º y 11 respecto a la autorización de registro tardío y se abonen las sanciones pertinentes.

Artículo 15.- El Registro Único de Créditos Financieros deberá comunicar a la Dirección General Impositiva detalle de todos los créditos y operaciones registrados y sus respectivos titulares, a los efectos de los pertinentes controles impositivos sobre los eventuales tributos que graven a las operaciones o a los titulares de los créditos inscriptos.

Asimismo, deberá comunicar, en el período que establezca la reglamentación, al Banco Central del Uruguay, detalle de las operaciones registradas y sus características, según lo establecido en el artículo 7º.

La Dirección General de Registros podrá brindar información, asimismo, en la forma dispuesta por el artículo 347 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 300 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Artículo 16.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de noventa días".

30.-     Levantamiento de la sesión.

——Se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día.

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Mociono para que se levante la sesión.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA.

Se levanta la sesión.

(Es la hora 20 y 27)

 

Mtra. NORA CASTRO

PRESIDENTA

 

Dr. José Pedro Montero

Secretario Relator
Dr. Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario Redactor
 

Ricardo Aldabe

Supervisor General del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.