Nº 8 - TOMO 84 - 6 DE JUNIO DE 2005

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

ASAMBLEA GENERAL

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

8ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR SANTIAGO GONZALEZ BARBONI Y DOCTOR MARTI DALGALARRONDO AÑON, Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR JOSE PEDRO MONTERO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Inasistencias

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias de la Asamblea General y de sus Comisiones.

4 y 6) Informe de la Comisión de Constitución y Legislación relacionado con la resolución remitida por el Tribunal de Cuentas referida al señor Ministro Contador Ariel Alvarez

- Continúa el análisis de la situación del señor Ministro del Tribunal de Cuentas, contador Ariel Alvarez.

- Intervención de varios señores Legisladores.

- Por moción de los señores Legisladores Gamou y Couriel, la Asamblea General resuelve declarar: "1º) Ratificar su total confianza en la persona del señor Contador Ariel Alvarez y declarar que ha desempeñado fiel y exactamente sus funciones como miembro del Tribunal de Cuentas.

2º) Ante la comunicación enviada por el Tribunal de Cuentas a esta Asamblea General y habiéndose abocado la misma al estudio de los antecedentes, se considera que no existen consecuencias con respecto a la actual situación jurídica del Contador Ariel Alvarez que obsten a la continuidad en el cumplimiento de sus funciones, tal cual lo ha notificado el Poder Judicial.

3º) Comunicar esta declaración al referido Organismo".

5) Rectificación de trámite

- Por moción de varios señores Legisladores, la Asamblea General resuelve destinar a estudio de la Comisión de Hacienda y Presupuesto el Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 23 de mayo de 2005 por el cual se eleva a la categoría de Prefectura a la actual Subprefectura del Puerto de Mercedes.

7) Se levanta la sesión.

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 3 de junio de 2005.

La ASAMBLEA GENERAL se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo lunes 6 de junio, a la hora 14 a fin de continuar con el análisis de la situación del Ministro del Tribunal de Cuentas contador Ariel Alvarez.

Carp. N° 21/05 - Rep. N° 1/05 y Anexo I

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario - Claudia Palacio Prosecretaria."

2 ) ASISTENCIA

Asisten los señores Senadores Sergio Abreu, Isaac Alfie, Juan Justo Amaro, Enrique Antía, Carlos Baráibar, Juan Antonio Chiruchi, Alberto Cid, Alberto Couriel, Eber Da Rosa, Susana Dalmás, Eleuterio Fernández Huidobro, Francisco Gallinal, Luis Alberto Heber, José Korzeniak, Julio Lara Gilene, Jorge Larrañaga, Ruperto Long, Eduardo Lorier, Rafael Michelini, Carlos Moreira, Leonardo Nicolini, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Eduardo Ríos, Enrique Rubio, Julio María Sanguinetti, Jorge Saravia, Lucía Topolansky, Víctor Vaillant y Mónica Xavier, y los señores Representantes Pablo Abdala, Washington Abdala, Andrés Abt, Alvaro Alonso, José Amorín, Beatriz Argimón, Roque E. Arregui, Miguel Asqueta Sóñora, Alfredo Asti, Juan José Bentancor, Bertil Bentos, Daniel Bianchi, José Luis Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Sergio Botana, Eduardo Brenta, Juan José Bruno, Diego Cánepa, Germán Cardoso, Julio Cardozo Ferreira, Federico Casaretto, Alberto Casas, Raúl Casas, Nora Castro, Hebert Clavijo, Roberto Conde, Mauricio Cusano, Richard Charamelo, Silvana Charlone, Guillermo Chifflet, Alvaro Delgado, Juan José Domínguez, David Doti Genta, Carlos Enciso Christiansen, Gustavo Espinosa, Sandra Etcheverry, Julio Fernández, Ramón Fonticiella, Luis José Gallo Imperiale, Carlos Gamou, Jorge Gandini, Javier García, Daniel García Pintos, Nora Gauthier, Carlos González Alvarez, Rodrigo Goñi Romero, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, Uberfil Hernández, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, Liliám Kechichian, Luis Alberto Lacalle Pou, Fernando Longo, Alvaro Lorenzo, Guido Machado, José Carlos Mahía, Ruben Martínez Huelmo, Carlos Maseda, Carlos Mazzulo, Jorge Menéndez, Gonzalo Mujica, Gonzalo Novales, José Quintín Olano Llano, Jorge Orrico, Edgardo Ortuño, Ivonne Passada, Jorge Patrone, Daniela Payssé, Adriana Peña Hernández, Daniel Peña, Aníbal Pereyra, Darío Pérez, Esteban Pérez, Pablo Pérez, Enrique Pintado, Iván Posada, Jorge Pozzi, Edgardo Rodríguez, Nelson Rodríguez Servetto, Jorge Romero Cabrera, Luis Rosadilla, Javier Salsamendi, Víctor Semproni, Carlos Signorelli, Juan C. Souza, Héctor Tajam, Hermes Toledo, Daisy Tourné, Mónica Travieso, Carlos Varela Nestier, Alvaro Vega, Homero Viera y Horacio Yanes.

Faltan: con licencia, los señores Representantes José Carlos Cardoso, Oscar de los Santos, Alberto Perdomo Gamarra y Jaime Mario Trobo; con aviso, los señores Representantes Manuel María Barreiro, Omar Lafluf, Julio C. Silveira y Alejo Umpiérrez; y, sin aviso, el señor Representante Pablo Alvarez.

3) INASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 14 y 12 minutos)

- Dese cuenta de las inasistencias a la sesión plenaria del día 31 de mayo.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).- En la sesión extraordinaria de la Asamblea General del 31 de mayo de 2005 faltaron con aviso: la señora Legisladora Xavier y los señores Legisladores Antía, Baráibar, Fernández Huidobro, Michelini, Vaillant, Bentos, Botana, Germán Cardoso, José Carlos Cardoso, Cusano, Charamelo, De Los Santos, Delgado, Fonticiella, Hackenbruch Legnani, Ibarra, Iturralde Viñas, Lacalle Pou, Longo, Lorenzo, Machado, Mazzulo, Olano, Signorelli, Silveira, Toledo, Trobo y Varela; y sin aviso, los señores Legisladores Da Rosa, Lara Gilene, Asti, Chifflet, Domínguez, Pintado y Posada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de las inasistencias a las Comisiones de los días 31 de mayo y 1º de junio de 2005.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).- En lo que refiere a las inasistencias a las Comisiones, el 31 de mayo de 2005, a la de Constitución y Legislación faltaron con aviso los señores Legisladores Iturralde y Lorenzo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de las inasistencias a la sesión de la Asamblea General del 1º de junio de 2005.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).- A la sesión del 1º de junio faltaron, con aviso, los señores Legisladores Lara Gilene y Silveira y, sin aviso, la señora Legisladora Suárez.

4) INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION RELACIONADO CON LA RESOLUCION REMITIDA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS REFERIDA AL SEÑOR MINISTRO CONTADOR ARIEL ALVAREZ

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el único punto del orden del día: "Análisis de la situación del Ministro del Tribunal de Cuentas, contador Ariel Alvarez. (Carp. Nº 21/05 - Rep. Nº 1/05 y Anexo I)".

(Antecedentes: ver sesión Nº 7)

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: la Agrupación Parlamentaria de nuestra fuerza política se reunió en la mañana de hoy para tratar, entre otros, el tema referido a la decisión de la Corte Electoral tomada el miércoles pasado, por la cual suspendió la ciudadanía al contador Ariel Alvarez, miembro del Tribunal de Cuentas.

En realidad, en esa reunión de la Agrupación Parlamentaria se analizaron dos grandes temas: por un lado, el que tiene que ver concretamente con la situación del contador Ariel Alvarez y, por otro, el contexto general en el que se produjeron los hechos debido a los cuales, después de tener una imputación con condena y con la pena de cinco meses por injurias suspendida condicionalmente, la Corte Electoral le suspendió la ciudadanía y ordenó internamente que eso se anotara en sus registros.

En el curso de esa reunión fueron informados elementos que han surgido desde el día miércoles hasta hoy. Se recordará que el día miércoles, durante la sesión, quien habla, en uso de una interrupción que le solicitó al compañero Orrico, manifestó que tenía conocimiento -no mediante una notificación formal- de que la Suprema Corte de Justicia, cuando dictó la sentencia por la cual se pronunció revocando la absolución de un Tribunal de Apelaciones y estableciendo que condenaba por el delito de injurias al contador Ariel Alvarez, con suspensión condicional de la pena, lo había hecho en el entendido de que ello no suponía ningún tipo de suspensión de la ciudadanía. Como dije antes, quien habla dijo esto en uso de una interrupción concedida por el compañero Orrico y ello consta en la versión taquigráfica.

Quiero decir que esa opinión del Poder Judicial, no escrita en el momento en que hice referencia a ella, antes de que terminara la Asamblea General, dio lugar a una resolución específica de ese Organismo, mediante la cual el Juez en lo Penal de 5º Turno -que era el que en primera instancia había establecido la condena con suspensión de la pena- manifestó que la pena se había suspendido y que, por lo tanto, como el año de latencia -del que tanto se habló acá, por lo menos en el lenguaje que entendemos los abogados- había vencido en marzo pasado, el delito y la pena se habían extinguido y, por consiguiente, no correspondía la suspensión de la ciudadanía. Reitero que esto lo decidió el Juez en lo Penal de 5º Turno en primera instancia y lo notificó oficialmente al contador Alvarez a las 20 y 30 horas de la noche del día miércoles en su casa.

De modo que esa decisión se tomó cuando el Poder Judicial se enteró de que la Corte Electoral había suspendido la ciudadanía. Quiere decir que este Organismo entendía que eso no correspondía, lo que me hace presumir que eso hizo que se apresurara en comunicarle al contador Alvarez que la decisión no implicaba la suspensión de la ciudadanía.

Este tema fue analizado por la Bancada de nuestra fuerza política, así como por diversos compañeros. En lo que me es personal, pienso que ante esta situación la Corte Electoral va a revocar la decisión que tomó en el sentido de suspenderle la ciudadanía al contador Alvarez. Me refiero a la decisión que se tuvo presente el miércoles pasado en la sesión de la Asamblea General, pues se leyó -aunque no había habido una notificación formal- el texto en que la Corte Electoral decía que, partiendo de la base de la sentencia, interpretaba que ella suponía un período de latencia de un año contado desde la sentencia y que, por lo tanto, por un año le suspendía la ciudadanía. Obviamente, cuando el Poder Judicial hace una aclaración de manera expresa, pública y notoria -se publicó en los diarios y se dijo en todas las radios y en los canales de televisión de Montevideo y del interior-, estamos ante un hecho por todos conocido y, más que nada, por el propio Organismo. Entonces, quienes estuvimos en la reunión de la Agrupación Parlamentaria en la mañana de hoy, pensamos que la Corte Electoral va a corregir su error -error por desconocimiento, por sostener tesis equivocadas o por motivaciones políticas, pero error al fin- y no va a desacatar un fallo judicial, notorio y público, que inclusive hasta ya le puede haber sido notificado. No lo sé, pero de todas maneras, puedo decir que fue oficialmente notificado al contador Alvarez, que seguramente agregó esa circunstancia a su recurso ante la Corte Electoral y que, por lo tanto, lo conocemos todos.

Nosotros alentamos no sólo el deseo, sino la casi seguridad de que la Corte Electoral va a revocar la decisión que tomó.

Por otra parte, quiero decir que nuestra Agrupación Parlamentaria hizo una declaración en cuyo primer punto ratifica su apoyo al contador Alvarez en lo personal y en lo funcional. En el segundo punto da cuenta de que el Poder Judicial ha notificado oficialmente que se ha extinguido el delito de injuria y su pena, tal como lo sostuvo esta fuerza política en la Asamblea General. El Poder Judicial le ha dado expresamente la razón y, por lo tanto, no corresponde la suspensión de la ciudadanía. Además, contiene un apartado en el que describe, no el texto sino la circunstancia de que, por ser el último día, hoy el contador Alvarez presentaría un recurso ante la Corte Electoral. Asimismo, describe la disposición legal por la cual se dice que la Corte Electoral dispone de 10 días de plazo.

En nuestra Agrupación Parlamentaria hubo algunos planteos para el caso, repito, remotamente posible -creo que es casi imposible- de que la Corte Electoral mantuviera su decisión, más allá del término con que cuenta para resolver el recurso. Ante esa hipótesis peregrina -término que suelen usar los abogados-, propuso una serie de medidas -al-gunas las he manifestado y otras aún no- para corregir semejante apartamiento a lo que sería una decisión del Poder Judicial. Naturalmente, como se tiene confianza en que la Corte Electoral va a revocar lo que hizo, la Agrupación Parlamentaria no tomó decisión sobre esas propuestas. Si la Corte Electoral no actuara como esperamos, sería una flagrante violación de la Constitución, muy gruesa, que atacaría el principio de separación de Poderes, porque estaría desacatando una decisión judicial.

Otra decisión que se tomó fue realizar una nueva reunión. En el cuarto y último apartado dice que transcurrido el término que tiene la Corte Electoral para resolver el recurso, esta fuerza política evaluará nuevamente el tema. La hipótesis que manejamos es que con seguridad va a revocar el recurso.

Ante la hipótesis muy remota de que la Corte Electoral mantuviera su decisión -situación que no considero probable, pero podría darse-, evaluaríamos el tema y algunas pro-puestas que hicimos para corregir el incumplimiento de la Constitución o, eventualmente, el desacato a una decisión judicial. Reitero que eso se consideraría en una nueva reunión si se diera la hipótesis de que la Corte Electoral mantuviera su decisión equivocada y, a nuestro juicio, ilegítima.

Esta es una decisión general que aprovecha para incorporar elementos por todos conocidos. La decisión del Poder Judicial fue un elemento nuevo que surgió durante la sesión de la Asamblea General y a la vista de la resolución de la Corte Electoral. Como ésta última suspendió la ciudadanía al contador Alvarez, el Poder Judicial -presumo que habrá sido así- resolvió dictar una decisión expresa para que quedara claro que esa no era su opinión, y así lo hizo. Simultáneamente, nuestra Agrupación Parlamentaria decidió replantear una declaración de esta Asamblea General que contiene dos puntos que ya habían sido presentados en la sesión del miércoles pasado. El primero de ellos, que coincide con la declaración que hizo la Agrupación Parlamentaria en el día de hoy, es la ratificación de la confianza en lo personal y en lo funcional al contador Ariel Alvarez. El vocablo "ratificación" se debe a que la Asamblea General le dio su confianza cuando lo designó, y ahora se la vuelve a dar. Por lo tanto, el término se ajusta adecuadamente a la forma en que transcurrieron los hechos.

En el segundo punto esta declaración se pronuncia específicamente sobre la nota que el Tribunal de Cuentas envió a esta Asamblea General, enterándola de la sentencia de imputación de injurias por cinco meses con suspensión condicional de la aplicación de la pena. Allí se dice que esa nota debe contestarse al Tribunal de Cuentas, comunicándole que la Asamblea General ratifica la confianza en el contador Alvarez en lo personal y en lo funcional y, además, aclarándole -lo que se sostuvo en la sesión pasada por parte de todos los oradores de la izquierda que hicieron uso de la palabra- que estaban extinguidos el delito y la pena y que, por lo tanto, no se configuraba ninguna causal que diera mérito jurídico a suspenderle la ciudadanía al distinguido miembro del Tribunal de Cuentas que se pretendía enjuiciar, en mi concepto, políticamente.

En esa declaración se dice que en la Asamblea General -esa es la propuesta que se hará llegar a la Mesa- no hay ningún elemento que obste a la continuidad del contador Alvarez en el cumplimiento de sus funciones. Se le agrega "tal como lo ha notificado el Poder Judicial". Este es un agregado respecto a la declaración planteada en la sesión pasada. Ahora hay una comunicación auténtica, oficial del Poder Judicial diciendo que la sentencia se dictó con todos los supuestos que jurídicamente fueron sostenidos acá. Fueron controvertidos por otra fuerza política, pero el Poder Judicial decidió tal cual lo sostuvo acá el Frente Amplio. Eso es lo que se propone que la Asamblea General conteste al Tribunal de Cuentas.

Voy a agregar algo más, pero solicito a mis compañeros que si se enciende la lucecita -no de mi mente, que tiene pocas luces, sino de la Mesa- no pidan la prórroga porque voy a terminar rápidamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Le quedan siete minutos.

SEÑOR KORZENIAK.- Me sobran para lo que tengo que decir.

Después de este episodio -que tal como dije en la sesión pasada se da en un contexto político en que los partidos tradicionales están luchando por mantener lugares de poder donde los deberían tener, como la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, a contrapelo de los resultados electorales-, señalo que la injusticia tan grande que significaría que por esa razón se hubiera inhabilitado cívicamente a un ciudadano como este compañero, me refuerza en la convicción de que no sólo va a permanecer en el Tribunal de Cuentas, sino que el día en que la razonabilidad gane la mente de los partidos políticos y se alcancen los dos tercios de votos suficientes para que se designe el nuevo Tribunal de Cuentas, de conformidad con lo que ha pasado durante diez años en este país en materia de ecuaciones electorales, el contador Ariel Alvarez presidirá ese órgano por lo que fue su lucha para defender sus fueros: vehemente, apasionada, limpia, sana, con talento, con trabajo y con esfuerzo.

No podía dejar pasar por alto esta oportunidad para hacer esta manifestación de carácter personal y espero que sea muy compartida.

En definitiva, queremos que esta Asamblea General, con más o menos entusiasmo, por lo menos acate una interpretación que ha hecho el Poder Judicial de manera auténtica, como lo hace cuando dicta actos jurisdiccionales, mediante una decisión jurisdiccional que ya notificó desde el miércoles pasado al contador Alvarez.

Por otro lado, quiero señalar que no me cabe ninguna duda de que la Corte Electoral conoce esta decisión del Poder Judicial. Digo esto, primero, por una razón jurídica: los hechos públicos y notorios se presumen conocidos, no en los casos en que una norma expresa dice que hay un plazo que comienza a partir de la notificación. Insisto en que no hay ninguna norma expresa que lo diga en este caso; no sé si se ha hecho la notificación por el Juez a la Corte Electoral.

En segundo lugar, este Organismo conoce esta resolución del Poder Judicial, porque miembros de la Corte Electoral que votaron la suspensión de la ciudadanía se reunieron para tratar ese tema. En este país es muy difícil que estas cosas no trasciendan. Me consta que conversaron cómo se iba a hacer y que había que adaptarse a lo que decida el Poder Judicial.

En tercer término, puedo colegir con facilidad -es una presunción que no violenta las reglas del Código Civil para dar valor probatorio a las presunciones- que si el Poder Judicial nos manda la notificación, vamos a acatar lo que dice; me parece que es una demostración bien cabal de que la Corte Electoral conoce esa decisión.

Realmente, considero una pérdida de tiempo que nos pongamos a discutir si la comunicación debe ir o no a la Corte Electoral, porque ello no está exigido en ninguna norma. Es como si la Asamblea General tomara una decisión y el Poder Ejecutivo dijera: "No sabemos que haya esa decisión".

Entre los órganos públicos hay un principio general del Derecho, que es la debida colaboración informativa. Un particular puede invocar al Estado, que si no dice cuándo entra en vigencia una norma, "no se reputa que yo la conozca" hasta que no se publique en el Diario Oficial y transcurran diez días, según lo que establece el Código Civil en su Título Preliminar.

Como decía, un órgano del Estado no puede decir eso. Si acá se dicta una norma que diga que el Banco Central del Uruguay debe actuar de tal o cual manera, debe reputarse que la conoce y que, por ende, debe actuar de ese modo. Esto ha sido explicado muchas veces en el Derecho Administrativo.

De modo que hago llegar estas dos declaraciones; por lo menos la de la Asamblea General, ya que, con respecto a la otra, admito que este no es el ámbito oficial para hacerlo, y planteo que en su momento se ponga a votación.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR GOÑI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR GOÑI.- Señor Presidente: no voy a entrar en disquisiciones legales porque soy un contador público y, por lo tanto, no tengo el conocimiento necesario como para discutir este tema.

Sin embargo, quiero referir a los tercos hechos. A modo de "racconto", quiero recordar que la Suprema Corte de Justicia dictó una sentencia y, en ese sentido, voy a recoger algunas de las puntualizaciones que hizo. Discrepa con la afirmación de la Sala de que no existió voluntad de injuriar o difamar; con que no existió dolo por parte del denunciado, ya que éste ofendió al doctor Aguerre y lo hizo más de una vez. Dice la Suprema Corte de Justicia que las expresiones empleadas por él, a saber, algo oculto, mala fe, acomodo, que tenía que volver a la escuela para aprender a leer, revelan que burlonamente está diciendo que prefiere pensar que el doctor Aguerre es un ignorante. Dice, además, que se infringió el artículo 174 del Código de Proceso Penal. Concretamente, dice: "infringiendo de tal forma la sana crítica, pues no se debe confundir la libertad de crítica, que es legítima, con la crítica ofensiva". Señala la Suprema Corte de Justicia que surge palmaria la voluntad de injuriar, cuando se dice, sin ambages, que el Subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas coactúa de mala fe o está en algún acomodo, agregándose que debe volver a la escuela para aprender a leer. Como sostiene el doctor Lombardi en su fundada discordia, y entrecomillado dice "Léase como se las lea", las expresiones emitidas por Alvarez y recogidas por la prensa referidas al doctor Aguerre, lo tratan de acomodado en el sentido vulgar de coimero y de ignorante, a quien manda a aprender a leer. Estos son los tercos hechos.

Comparto la profesión con el contador Alvarez pues, como dije al principio, también soy contador público. Se supone que pasamos por las mismas aulas de la Universidad de la República, aunque seguramente no tuvimos los mismos profesores. Realmente me llama la atención la forma de expresarse del contador Alvarez. Me refiero a que un contador que integra el Tribunal de Cuentas de la República, que tiene el deber de analizar los hechos y de expresarse sobre ellos con independencia, con la objetividad que surja de los expedientes que a sus manos lleguen, que tiene la obligación de expresarse correctamente y de emitir un dictamen sobre el mismo, no puede bajo ningún concepto hacer manifestaciones de esa naturaleza, porque no le hace honor a la profesión.

Estoy seguro de que si en este país hubiera una colegiación obligatoria por un Tribunal de Ética, estas cosas no serían admitidas por el Colegio de Contadores, porque es impresionante lo que ha expresado.

El contador Alvarez olvidó que no sólo es contador público, sino que además se debe al cargo que ocupa en el Tribunal de Cuentas; olvidó nada menos que es miembro de ese órgano.

Quiero poner un ejemplo para que se capte lo que quiero decir y se capte cómo debe expresarse quien tiene el honor de integrar un órgano de ese tipo. Hace poco, en una de esas instancias que los uruguayos solemos tener los viernes por la noche, en donde compartimos el "asado del Pepe" y algún vino, uno de los contertulios dijo a otro: "Che, hermano, si alguien te empujara de atrás y cayeras de bruces, seguro saldrías pastando". Si en esta Sala me refiriera al contador Alvarez de esa manera, estoy seguro de que varios de los que están sentados a mi derecha saldrían al cruce a cuestionarme en forma muy vehemente y a detenerme. ¿Por qué esto es así? Porque yo me debo a quien soy y a lo que represento: soy un Legislador. Eso que tengo muy claro al igual que todos, creo que no lo ha tenido para nada claro el contador Ariel Alvarez. Ese es el gran tema de esta discusión.

Es natural que haya distintas posiciones ante los temas jurídicos. He escuchado con sumo respeto todas y cada una de ellas, pero no entro en cuestionamientos. De lo que se trata es de que el contador Alvarez no está capacitado, por su forma de expresarse y por cómo interpreta las normas y las expresa ante la opinión pública, para integrar este órgano tan fundamental para la vida de la República. Lamentablemente, le quedó grande el cargo y se olvidó de que es contador público y miembro del Tribunal de Cuentas de la República. No puede integrarlo.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Legislador Posada.

SEÑOR POSADA.- En esta edición bis de la Asamblea General, queremos dejar establecida nuestra posición con relación a este tema; la posición del Partido Independiente.

Después de haber participado varias horas en la sesión anterior de la Asamblea General, parece que todos estamos en condiciones de sacar algunas conclusiones y de establecer algunas constancias que creemos que, en general, son compartidas por casi todos los miembros de este Cuerpo.

En primer lugar, en la medida en que estamos hablando del contador Ariel Alvarez, quiero señalar que aquí no ha habido cuestionamiento a su idoneidad técnica.

En segundo término, no me parece menor expresar que tampoco ha habido un cuestionamiento a su idoneidad moral. En consecuencia, frente a cualquier tipo de ratificación de la confianza, en lo que a nosotros respecta y en la medida en que no sentimos que haya mérito para un cuestionamiento, es absolutamente irrelevante que la Asamblea General -claro está, teniendo en cuenta el derecho que tiene la mayoría en el sentido de establecer una declaración de orden político- exprese una ratificación de confianza que, en todo caso, no aparece afectada.

Del informe en mayoría surge que esta Asamblea General, como todos sabemos, no tiene competencia para expedirse sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia; también surge, por la lógica, que tampoco tiene competencia para expedirse sobre un eventual fallo de la Corte Electoral. En consecuencia, hay que reconocer al Miembro Informante de la mayoría, al Diputado Salsamendi, la claridad de sus conceptos cuando señaló que esta declaración que se pretende que apruebe la Asamblea General no tiene otras consecuencias que una mera declaración de carácter político. En ese sentido, si hay una mayoría circunstancial que en todo caso está dispuesta a establecer esa opinión, nosotros la respetamos, pero no la vamos a acompañar.

Es notorio que desde la Asamblea General anterior ha sucedido un hecho nuevo. El hecho nuevo es que aparentemente ha habido una comunicación. Digo "aparentemente", porque no nos consta que el órgano al cual debió notificar el Poder Judicial -a la Corte Electoral- haya recibido la notificación. Aparentemente el contador Ariel Alvarez sí recibió una notificación del Poder Judicial, de acuerdo con lo que se afirma y con lo que es público y notorio, donde se le establece que directamente el período de latencia a que se ha hecho referencia se debe contar desde que surgió este proceso y, en consecuencia, el mismo habría caducado.

Pienso -y en esto coincido con el señor Legislador Korzeniak- que una vez que la Corte Electoral tome conocimiento fehaciente de este hecho, seguramente reverá el fallo. Pero, en todo caso, lo que sí me parece importante dejar establecido en esta Asamblea General es que la decisión de la Corte Electoral obedece a una interpretación que la misma ha hecho, no por la mayoría de sus integrantes, sino por la unanimidad de sus miembros. Y otro aspecto que me parece importante dejar claro para el funcionamiento de la institucionalidad, es que la ha aplicado invariablemente desde la misma fecha de la resolución. En todo caso, hay algún antecedente anterior al que no se hizo referencia en la sesión pasada, donde se aplicó también un mecanismo de esta naturaleza. Me refiero al caso notorio del procesamiento con prisión del ex Director Nacional de Aduanas, doctor Lissidini.

Por tanto, creo que esta Asamblea General, respetuosa de lo que deben ser las actuaciones de un órgano que tiene asignada la jurisdicción en materia electoral, tendrá que acatar el fallo que corresponda y, repito, dados los nuevos elementos que se han señalado, me parece lógico que también tendrá que rever la decisión adoptada.

Ahora bien, tengamos bien claro cuál es la situación. Acá, quien en todo caso ha actuado por lo menos en forma desprolija es el Poder Judicial, porque habría bastado que en la comunicación que hizo llegar a la Corte Electoral hubiera hecho la referencia que hace ahora, para que nos evitáramos todo este problema.

Me parece que hay que ser muy cuidadoso de los órganos que son depositarios de la institucionalidad democrática. En ese sentido, creo que hay que evitar cualquier tipo de situación que pueda, de alguna manera, interpretarse como presión indebida.

SEÑOR ORRICO.- ¿Me permite una interrupción, señor Legislador?

SEÑOR POSADA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Legislador Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Quiero hacer una aclaración. Recién se mencionó el caso del procesamiento y prisión de un ciudadano que ocupaba un alto cargo. Precisamente, procesamiento y prisión no es lo mismo que sentencia con suspensión condicional de la pena. De manera que el tema, desde el punto de vista de su discusión pública y demás, tal vez pueda asimilarse, pero no sucede lo mismo con las consecuencias jurídicas de un caso y de otro. Me parece que el asunto debe ser interpretado de esa manera.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Legislador Posada.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: como comparto el párrafo 3) del informe en mayoría, que hace referencia a que justamente esta Comisión considera que no integra el ámbito de competencia de la Asamblea General, el examen jurisdiccional o de mérito de las sentencias dictadas por ninguno de los órganos de la administración de justicia, voy a omitir cualquier tipo de comentario respecto a la afirmación que se señalaba. Simplemente, establecí la referencia al caso del doctor Lissidini por cuanto en la intervención que realizó el señor Senador Korzeniak se señaló que no había antecedentes en la materia. Creo que, en todo caso, esa referencia debió haber sido señalada.

Creo que está clara nuestra visión sobre este tema, y hay que dejar actuar a los órganos que constitucionalmente son los encargados de administrar la justicia electoral, como es la Corte Electoral. En la medida en que el Poder Judicial, como corresponde, notifique a la Corte Electoral de la interpretación que está haciendo, seguramente esta decisión que inhabilitaba en el ejercicio de la ciudadanía al contador Ariel Alvarez será revisada.

Muchas gracias.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: el señor Legislador Posada acaba de señalar que quien habla dijo que no había antecedentes en la materia. En absoluto dije eso. No sólo no lo expresé, sino que cité antecedentes. Por ejemplo, recuerdo el del señor Bejérez; la Corte, mediante pedido del Ministerio del Interior, solicitó a un Juez que le mandara una comunicación para suspenderle la ciudadanía. El pedido del Ministerio del Interior en aquel momento se basaba en la alarma social que había en Melo porque estaba a cargo de la Intendencia una persona que tenía un procesamiento por un delito que para los Jueces tenía que ver con falsificaciones.

A propósito de esto, cité una cantidad de antecedentes del otro tipo, es decir, casos en los que nunca se había suspendido la ciudadanía, y no di los nombres porque algunos ya habían fallecido. Me refiero a un Ministro de Economía y Finanzas que era contador, a dos Presidentes de Entes Autónomos -uno de ellos también contador- que, si bien no usaron palabras fuertes, según los Jueces hicieron varias cosas. Sin embargo, no se solicitó por parte de ningún partido, ni se resolvió por parte de la Corte Electoral, la suspensión de la ciudadanía.

También señalé -e insisto en ello- que desde 1924, fecha en que nació, por ley, la Corte Electoral, y desde 1934, fecha en que pasa a integrar la Constitución, nunca le suspendió la ciudadanía a ningún ciudadano uruguayo por delito de palabra; en ningún caso. Si se quiere referir a eso, sí podemos decir que no hay antecedentes. Aparte tenemos ocho años sin comunicaciones desde el Juzgado Penal, lo que también señalé como antecedente.

Lo que deseaba era rectificar -esto está en la versión taquigráfica- que yo no dije que no hubiera antecedentes. Conozco muchos casos en que se suspendió la ciudadanía a personas, pero también conozco otros en lo cuales ello no ocurrió. Ninguno de esos casos fue por delito de palabra.

SEÑOR GOÑI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR GOÑI.- No como contador, naturalmente, pero en la medida en que se alude a algunos contadores que han sido imputados de delito, quiero dejar alguna precisión al respecto.

En primer lugar, digo que algún Ministro que también fue contador y que tuvo problemas, luego fue absuelto, hecho que quiero recordar. Además -y esto es lo más importante, a mi juicio-, cuando esos políticos contadores representaron al Partido Nacional, éste no los defendió; es más, los excluyó del Partido. Creo que esto habla a las claras de la diferencia.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR GANDINI.- Deseo recordar el motivo de la convocatoria. Estamos aquí convocados porque el Tribunal de Cuentas nos remitió -a los efectos de que la Asamblea General lo entendiera pertinente- un fallo del Poder Judicial. Dicho fallo refiere al contador Ariel Alvarez, miembro del Tribunal de Cuentas. En realidad, corresponde a otro órgano independiente del Estado el resolver sobre el futuro de este ciudadano, y es la Corte Electoral.

Esto es lo que ha sucedido en todos estos días. Lo que a nosotros nos ha llegado es, en parte, oficial y, en parte, extraoficial. Si nos remitiéramos a hablar exclusivamente sobre lo oficial, estaríamos omitiendo lo que ha sido producto de declaraciones públicas y que hoy se ha instalado en la opinión pública. Por lo tanto, también vamos a referirnos a lo que "se dice" que está sucediendo.

Se dice que está sucediendo que con fecha 27 de mayo, es decir, unos días antes de que esta Asamblea General tratara por primera vez este tema, el Juez de la causa, doctor Tapié, notificó al contador Ariel Alvarez en su domicilio la extinción de la pena por la que había sido objeto de una sentencia ejecutoriada con fecha 20 de abril por parte de la Suprema Corte de Justicia.

Se dice que hoy el contador Ariel Alvarez presentaría un recurso ante la Corte Electoral, dando cuenta de esta situación de la que fue notificado -llamativamente- antes de que nos pasáramos varias horas discutiendo sobre el tema, sin enterarnos de que había pasado. También se ha dicho que la Corte Electoral no sabe nada de esto; es más, si se entera, lo hará hoy -según lo dice la prensa- por el recurso que el interesado interpone y no por la comunicación que, obligatoriamente, debe remitir el Poder Judicial. En consecuencia, con todos estos "se dice", nosotros tenemos que tratar de entender el tema.

Por otra parte, quiero decir que no es cuestión de estar hurgando sobre la conducta de la Corte Electoral, que no estaba en juicio; no es cuestión de que me guste o no un Órgano según falle de acuerdo a lo que yo creo o pienso que conviene. La Corte Electoral, señor Presidente, estudió largamente este tema en el año 1998 cuando recibió un larguísimo informe por parte de una abogada asesora de ese Órgano. Luego, con fecha 29 de diciembre de 1998, los Ministros de la Corte Electoral, Alberto Maschwitz y Washington Salvo -cuya filiación política todos los aquí presentes conocemos- recomendaron en conjunto a la Corte Electoral, una resolución que ha sido la utilizada desde el año 1999. Concretamente, esta resolución se tomó el 15 de diciembre de dicho año y tenía como objetivo entender en todos los casos similares de informaciones remitidas por el Poder Judicial, tanto sea de un ciudadano con sentencia ejecutoriada por robar un auto, matar a una persona, o cualquier otro delito, dado que la Constitución de la República, en su artículo 80 -que es el que trata de la suspensión de la ciudadanía- específicamente, en su inciso cuarto, establece que la ciudadanía se suspende por sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena. No habla de si son delitos de opinión, de palabra, de sangre, de honor o de cualquier otro tipo, sino que refiere a los que tienen determinado tipo de pena. Cada vez que la Corte Electoral recibe, por parte del Poder Judicial, una comunicación de esa naturaleza, la trata a la luz de esta resolución. A su vez, cuando trata el tema, declara una situación preexistente que automáticamente comienza a regir en momentos en que la sentencia queda ejecutoriada. La suspensión de la ciudadanía se produce en el momento que el Poder Judicial condena y no a partir del momento en que la Corte Electoral falla. Dicha Corte declara y, por lo tanto, procede a la consecuencia, que es retirar del Registro Cívico la hoja correspondiente a ese ciudadano, que así se mantendrá hasta tanto la Suprema Corte de Justicia le comunique que la situación cesó. Si así ocurre y la Corte Electoral no recibe la comunicación correspondiente, el ciudadano va a seguir inhabilitado en el Registro Cívico.

Quiere decir, entonces, que la Corte Electoral se mueve de acuerdo con las comunicaciones del Poder Judicial. A su vez, es un Órgano que se mueve dentro del Estado de Derecho el que, a su vez, no se mueve de acuerdo a la notoriedad. La Corte Electoral no puede actuar porque uno de los Ministros leyó un diario y otro leyó otro; es imposible determinar lo que es notorio. El Estado de Derecho se mueve de acuerdo a las reglas formales que rigen nuestro contrato. Esas reglas formales son la convivencia.

Tanto es así, que la Corte Electoral comunicó hace varios años al Poder Judicial de qué manera debían comunicarse las sentencias y con qué datos, para poder actuar en consecuencia. Así se hace, no importa la notoriedad. Hay ciudadanos muy notorios, que han sido, incluso, sentenciados, y la Corte Electoral nunca los eliminó del Registro por una omisión del Poder Judicial que no hizo la comunicación correspondiente.

En este caso, el Juez Tapié actuó con diligencia. La Suprema Corte de Justicia con fecha 20 de abril, dejó firme el fallo judicial de primera instancia, cambiando la tipificación delictiva de delito de desacato por delito de injurias, confirmando así el fallo de primera instancia. Asimismo, solicitó la notificación del contador Ariel Alvarez para hacer uso de los beneficios que la ley establece, de acuerdo con esta opción del período de latencia de la pena. El contador Ariel Alvarez se notificó y el Juez Tapié, con fecha 5 de mayo, comunicó a la Corte Electoral esta circunstancia. A propósito de esto quiero leer algo, porque son cosas que llaman la atención.

Dice el Juez Tapié en su comunicación a la Corte Electoral: Cúmpleme dirigir a usted el presente en autos caratulados: Alvarez Ariel, autor de un delito de desacato cometido a través de un medio de comunicación, a efectos de comunicarle que por la sentencia 15 del 16 de marzo de 2004, confirmada en segunda instancia, salvo en cuanto a la calificación delictual, que se modifica, se imputó al contador Ariel Alvarez la comisión del delito de injuria. Se adjunta copia de la sentencia.

Se comunicó con fecha 5 de mayo. La Corte Electoral lo recibió el 20 de mayo. Estuvo unos días en la bandeja de salida del Juzgado hasta que salió y llegó a la Corte Electoral. Esta, con fecha 24 de mayo, le devuelve al Juez Penal de 5º Turno, doctor Tapié, para que amplíe datos, dado que se necesita información del patronímico para poder proceder con el trámite. El Juez toma los recaudos internos con fecha 25 de mayo, al otro día, con celeridad, y vuelve a comunicar a la Corte Electoral los datos ampliados. La Corte, con fecha 27 de mayo, retoma la decisión del año 1999, que -a continuación- quisiera leer. En ese año, la Corte Electoral, por recomendación de los Ministros Maschwitz y Salvo, dice: "La Corte, que por unanimidad hace suya la posición expuesta por la abogada informante en el punto 4.3 en cuanto a que la inhabilitación cívica es consecuencia necesaria de la suspensión de la capacidad electoral operada en mérito a lo dispuesto"; y el fallo, con negrita, dice: "Es causal suficiente para determinar la inhabilitación de una inscripción cívica la recepción de oficio librado por el Juzgado que entiende en la causa, comunicando que ha quedado ejecutoriada la sentencia condenatoria, lo que permite que se haga efectiva la suspensión de la ciudadanía conforme a lo preceptuado en el numeral 4º del artículo 80 de la Constitución de la República."

Esta es la resolución a la que se hace referencia todas y cada una de las veces que la Corte Electoral recibe una comunicación de esta naturaleza del Poder Judicial e inhabilita a un ciudadano. Así lo hace, por unanimidad. Esta vez lo volvió a hacer cuando recibió esa comunicación. Como consecuencia, el contador Alvarez tiene suspendida la ciudadanía y hoy, 6 de junio, continúa suspendida hasta que la Corte Electoral no reciba una comunicación del Poder Judicial en sentido contrario. Cuando esto ocurra, va a hacer lo que ha hecho hasta ahora: declarar que cesó la suspensión de la ciudadanía del contador Ariel Alvarez, porque cesó la pretensión punitiva del Estado, caducó la pena. Aquí no puede haber dudas. La Corte Electoral hace lo que tiene que hacer; hizo lo que debió y está haciendo lo que corresponde, y seguro que procederá de la misma manera en el futuro. Nosotros, en este Cuerpo, hemos politizado el tema tratando de dar al contador Ariel Alvarez solidaridad política, cuando se debe actuar con objetividad, independientemente de quién sea la persona o el acusado. Lo que sí debemos hacer es reclamarle a los Poderes y a las organizaciones públicas que actúen de acuerdo a Derecho.

Insisto nuevamente en los pasos que dio el Juez. El 5 de mayo comunicó a la Corte Electoral y ésta lo recibió el 20 de mayo. El 24 le pidió al Juez ampliación de los datos, quien se los da el 25 de mayo. Anteriormente, la Suprema Corte de Justicia había dejado firme el fallo y el contador Ariel Alvarez se había notificado. Ahora nos enteramos de que dos días después de que el Juez comunicó a la Corte Electoral -sin advertir nada- los datos, la confirmación del fallo para que procediera a suspender la ciudadanía, aparentemente, el Juez, de oficio, habría resuelto que el 24 de marzo de este año se cumplió el año a partir del cual comenzó a regir el período de latencia o vigilancia desde el primer fallo. ¡Cosa rara! Primero estuvo ejerciendo el cargo de Ministro del Tribunal de Cuentas un ciudadano que tenía suspendida la ciudadanía y, por lo tanto, con ausencia de los requisitos que la Constitución establece para ser miembro del Tribunal de Cuentas. No tenía ciudadanía. Nadie nos lo advirtió. El Juez estuvo omiso en comunicar al Poder Judicial que ese ciudadano, funcionario público, tenía sus derechos ciudadanos suspendidos. Nos lo avisó más de un año después. Además, actuó de oficio; llamativamente, no lo hizo unos días antes, lo que hubiera sido muy útil. No le avisó a la Suprema Corte de Justicia que terminó condenando a un inocente, porque ya había caducado la pena, extinción que opera en este tipo de delitos, cumplido el año. Así que la Suprema Corte de Justicia trabajó sobre un ciudadano que ya había cumplido su pena, y no lo sabíamos. El contador Ariel Alvarez se notificó de una sentencia cuya pena ya había vencido. Surgió toda una serie de consecuencias, de un hecho -incluso esta discusión que mantenemos en este Cuerpo- que parte de la omisión de un Juez que luego, actúa de oficio -a lo mejor no fue así- para, dos días después, decir lo contrario, es decir, que se había extinguido el delito.

Es llamativo el proceso que ha tenido este caso. Quiero dejar salvada la responsabilidad de la Corte Electoral y llamar la atención, no sobre la forma en que se ha movido el Poder Judicial -que es responsable-, sino el Juez, porque si nos hubiera dicho esto antes, nos hubiera ahorrado todo el problema.

Aclaro que no me voy a solidarizar con el contador Ariel Alvarez. Nadie me lo pide y no lo voy a hacer. El Tribunal de Cuentas es un órgano asesor del Poder Legislativo, con absoluta autonomía, y una de sus funciones consagrada institucionalmente es la de asesorarlo sobre las cuentas y legalidad del gasto público. Sus miembros se eligen con la voluntad de dos tercios de votos de la Asamblea General, por listas y con sus respectivos suplentes. Así lo hizo este Cuerpo en su momento. Si no estamos conformes, vamos a un juicio político y a los mecanismos que prevé la Constitución para la destitución. Nada nos dice la Constitución sobre qué hacer si estamos conformes. Lo otro son manifestaciones políticas que, a mi entender, no le corresponden al Cuerpo. En el pasado hemos tenido diferencias con el contador Ariel Alvarez. Si no tuviera en mis manos el ejemplar de "La Mañana" del 20 de marzo de 1992, diría que esto es producto de la imaginación de Steven Spielberg, que hizo aquella fantástica película "Volver al Futuro". Un titular de dicho diario, dice lo siguiente: "El Tribunal de Cuentas cesó al contador Ariel Alvarez. Reacción del Senador Korzeniak: Es una medida política." ¡No me digan que trece años después esto no es una joyita! Esto ocurrió cuando el contador Alvarez fue removido por el Tribunal de Cuentas en su calidad de contador delegado de la Intendencia Municipal de Montevideo, por hacer declaraciones públicas contra el Tribunal de Cuentas. Las declaraciones públicas son, aparentemente, la debilidad del contador Alvarez. La resolución dice: "Visto: las declaraciones públicas realizadas por el contador delegado de este Tribunal en la Intendencia Municipal de Montevideo, contador Ariel Alvarez, en relación a la resolución de este Cuerpo de fecha 13 de marzo de 1992. Resultando: que por resoluciones de fechas 21 de mayo de 1990 y 3 de abril de 1991 se designó al contador Ariel Alvarez como contador delegado ante la Intendencia Municipal de Montevideo. El Tribunal de Cuentas resuelve: Revócase la designación del contador Ariel Alvarez como contador delegado. Comuníquese la presente resolución."

¿Por qué? Porque había sido aquel famoso, muy conversado y discutido tema del subsidio a las empresas de transporte por parte de la Intendencia Municipal de Montevideo. Concretamente, se trataba de los certificados falsos que presentaron algunas compañías que recibieron subsidios por 5.000:000.000 de Nuevos Pesos de aquella época, particularmente, de un Fondo de solidaridad de COOPTROL y de unos certificados de COTSUR, si mal no recuerdo. Y como el contador Alvarez tendría que haber observado el hecho, tendría que haber avisado y no lo hizo, la Corte Electoral lo observó a él y a otro contador. Eso trajo como consecuencia el enojo del contador Ariel Alvarez y declaraciones públicas que posteriormente ocasionaron su remoción.

Vaya dicho esto sin hacer recordar al Cuerpo aquella fuerte polémica con la Intendencia Municipal de Montevideo en tiempos en que el actual Presidente de la República era el Intendente, y el actual Ministro del Tribunal de Cuentas era contador delegado y contador General de la Comuna capitalina.

De lo que he señalado hay testigos protagónicos que seguramente se acordarán bien, porque en aquella época eran ediles.

O sea que con las declaraciones del contador Alvarez hemos discrepado más de una vez, y éstas le han ocasionado un juicio que pasó por varias instancias, la última de las cuales la Suprema Corte de Justicia la dejó firme. Eso provocó que luego de recibida una comunicación por parte del doctor Tapié, la Corte Electoral actuara ajustada a derecho y en función a sus propios antecedentes internos del año 1999, diciendo que bastaba el oficio de comunicación para inhabilitar al ciudadano y retirar su hoja del registro y así lo hizo. Entonces, hasta que no le llegue una comunicación en contrario, la Corte Electoral no lo va a hacer, porque no se va a regir ni por las manifestaciones del presente, ni por las de otro Legislador, ni por lo que digan los diarios, sino de acuerdo con lo que el Poder Judicial, al igual que otro Poder del Estado, le comunique. Así va a suceder.

Antes de continuar, voy a conceder interrupciones a los señores Legisladores que me las pidieron.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Legislador Orrico.

SEÑOR ORRICO.- La verdad es que pasó mucha agua bajo el puente desde que pedí la interrupción; pero, de todos modos, voy a ver si puedo reenganchar aquí.

Es curioso que se diga que los hechos notorios no sirven y luego se haga una exposición basada, fundamentalmente, en hechos notorios. Repito que esto es curioso.

Pero además, quiero agregar que cuando di Derecho Procesal II, tuve que presentar una monografía sobre el hecho notorio y la suerte de sacar Sobresaliente. En la Cátedra estaban los doctores Arlas y Viera.

(Hilaridad y aplausos)

(Campana de orden)

- Como ven, no solamente se aplaude ante algunas manifestaciones histriónicas.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia ruega a los señores Legisladores mantener el orden en Sala.

Puede continuar el señor Legislador Orrico.

SEÑOR ORRICO.- A veces se aplaude sin que uno tenga que llegar al histrionismo, lo cual es bueno.

Negar la existencia del hecho notorio es tanto como negar la realidad. Un hecho notorio, en un Estado de Derecho, debe ser manejado con cuidado, pero existe. Es un hecho notorio que en el Uruguay funciona el Parlamento, y si alguien hiciera un contrato poniendo como referencia a aquél, quedaría muy claro que está funcionando; sería un hecho notorio, y nadie pediría la prueba de ello.

Se afirmó aquí que el contador Alvarez tiene suspendida la ciudadanía. Vamos a aclarar las cosas bien; aclarando dijo el vasco, y le echaba agua a la leche. En todo caso, la suspensión de la ciudadanía está suspendida, porque esto no está pasado en autoridad de cosa juzgada, porque to-davía hay tiempo de presentar un recurso. Por lo tanto, no está suspendida ya, sino que se trata de lo siguiente. Hay una decisión que diría que esto puede pasar, pero no está firme.

Por otro lado, se dice nuevamente que caducó la pena; aquí alguien lo dijo. Comprendo que el término caducar le gusta a mucha gente aquí adentro, pero no está aplicado correctamente en este caso, puesto que aquí lo que se extingue es el delito y no la pena, de la que ni siquiera se habla. Por eso hay una sentencia que dice "condénase" a Fulano de Tal a tal pena; eso es la pena. A tal punto se extingue el delito, que cuando uno va al registro de antecedentes, la persona que es beneficiada con la suspensión condicional de la pena aparece sin antecedentes. En consecuencia, no se puede hablar de caducidad de nada; acá no hay caducidad de ningún tipo.

Lo que también hay que aclarar aquí -y no se ha hablado de ello, por lo menos hasta ahora- es qué significa suspensión condicional de la pena. Ese es el término, el meollo de esta cuestión, que creo es lo que habrá de discutir. Nosotros no vamos a discutir si está o no bien el delito que se le puso, sino cuáles son las consecuencias jurídicas que una determinación judicial tiene sobre una persona. Si los partidos políticos se han expresado a través de la prensa, a rabiar, sobre que el contador Alvarez no puede integrar el Tribunal de Cuentas, caramba, me pregunto por qué no lo puede hacer la Asamblea General que, después de todo, es el lugar en donde aquellos se encuentran para discutir.

Agradezco al señor Legislador Gandini la interrupción concedida.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Legislador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Más allá de las opiniones sobresalientes que podemos tener en Sala, la Corte Electoral ha actuado coherentemente todas las veces, porque en ningún caso ha actuado por la notoriedad, ni para beneficiar, ni para perjudicar; siempre ha actuado de acuerdo a la comunicación del fallo judicial. Y esta vez lo hace de la misma manera; y lo hace así por una decisión unánime de sus miembros. Aunque la notoriedad pudiera ser suficiente para comunicar el hecho, la Corte Electoral ha entendido por unanimidad que no lo es y que actuará solamente de acuerdo al fallo judicial. De esta manera, comunicado, actúa. Lo ha hecho antes, lo ha hecho después, y antes han sucedido hechos notorios en los que no ha actuado, como sí ha actuado en este, porque ha sido oficialmente comunicado.

Creo, pues, que en el tema no existen dos opiniones.

Paso ahora a conceder la interrupción solicitada por el señor Legislador Korzeniak.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Legislador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Ante todo, debo decir que no quiero abrumar ni cansar al Cuerpo con cuestiones jurídicas, pero tal como aclaró el señor Legislador Orrico, el contador Alvarez nunca ha tenido suspendida la ciudadanía. Vamos a no enredar las cosas por dejar pasar cuestiones jurídicas. Se dictó un acto por parte de la Corte Electoral que hasta ahora quiso suspenderle la ciudadanía y eso no pasó en autoridad de cosa juzgada. Hoy vence el plazo para presentar el recurso y éste se presentó. Pero además agrego -esto ya lo dijo el compañero Legislador Orrico- que el recurso tiene efecto suspensivo, como expresa la ley, y la Corte tiene diez días para resolverlo. De manera que no ha habido suspensión de la ciudadanía, sino una decisión de la Corte Electoral que no produce efecto ni lo ha producido hasta ahora. Pido que no discutamos cosas elementales a los efectos de no aburrir a la Asamblea General.

Aprovecho la interrupción para luego no pedir la palabra para contestar una alusión. El señor Legislador Gandini me aludió al invocar un titular de prensa que leyó y que decía que una vez le habían quitado al contador Alvarez su condición de representante en la Intendencia de Montevideo, por declaraciones públicas, y que quien habla había señalado "esto es una cuestión política".

Empecemos aclarando que la integración del Tribunal de Cuentas -ya lo señalé alguna vez- tiene que ver con resortes de poder que los partidos tradicionales, a pesar de que hace ya dos mandatos que son minoría, siguen manteniendo y que los lleva a tener mayoría allí. Ariel Alvarez es el representante de izquierda; es uno, y es justamente a quien quieren suspenderle la ciudadanía.

Al señor Legislador Gandini, que planteó el tema con cierta ironía, le voy a responder con otro recuerdo, que no es de prensa, sino un recuerdo muy directo. El Legislador Gandini también es flojo de palabra en sus declaraciones, tanto que un Juez pidió su desafuero al Senado por haber dicho que Chiazzaro, Secretario del Mercado Modelo, se había puesto en su cuenta personal fondos del Mercado. Resulta que había sido el Secretario anterior, perteneciente al Partido Nacional, quien incurrió en ello. Entonces, después de algunas tribulaciones, el Legislador Gandini se retractó y el Juez pidió su desafuero. Yo integraba el Senado y ese Cuerpo, por unanimidad, siguiendo el criterio que debe tenerse con los delitos de opinión o de palabra en este país, negó el desafuero. De no ser así, el señor Legislador Gandini hubiera tenido que ir a la justicia a responder por haber dicho que el señor Chiazzaro se había transferido fondos a su cuenta privada o algo parecido cuando eran dineros que pertenecían al Mercado Modelo.

De modo que en ese terreno de los recuerdos o declaraciones, la actitud del Senado fue benévola. En mi opinión, fue justa y, por cierto, lo voté con mucho gusto. En ese momento, le adelanté al ex-Senador Santoro, que era el defensor del señor Legislador Gandini -bastante molesto, según me dijo, por tener que defenderlo- que íbamos a votar contra el desafuero pues entendíamos que no se trataba de un delito infamante, en tanto no había robado y no había habido corrupción.

Con este recuerdo doy por terminada la respuesta a la alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Legislador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Con todo respeto, me parece que el señor Legislador Korzeniak ha hecho una gran ensalada, pues no soy Senador, no fue Chiazzaro, no hubo votación negativa al desafuero, sino que fuimos al Juzgado; por lo tanto, ni murió ni fue guerrero. Reitero, el señor Legislador hizo una gran ensalada para no contestar lo que se está diciendo.

En realidad, se está hablando de otra cosa, de otros temas, que son bastante más delicados. Se trata de que la Suprema Corte de Justicia comunicó a la Corte Electoral -que no escribe Tratados de Derecho, sino que actúa en función de lo que le ordena el órgano jurisdiccional correspondiente, la máxima autoridad, el Poder independiente de este país, que es el Poder Judicial- que recayó sentencia ejecutoriada sobre el contador Ariel Alvarez por el delito de injuria. El señor Ariel Alvarez cometió un delito de injuria siendo miembro del Tribunal de Cuentas. Esos son los hechos. Y la Suprema Corte de Justicia lo comunicó con fecha 20 de abril de este año a la Corte Electoral, la que actuó como siempre lo hace. Si es cosa juzgada o no, no lo sé; si no lo fuera, no lo hubiera comunicado. Además, la Corte Electoral no inhabilita, sino que declara un hecho que se constituye en el mismo momento en que la sentencia queda firme. La sentencia, acusando del delito de injuria al contador Ariel Alvarez, quedó firme el 20 de abril. Esa es la visión que tenemos de este tema, por más que se quiera torcer las cosas.

Para terminar, acudimos a algunos hechos notorios; si no lo hiciéramos, estaríamos cometiendo el pecado del silencio cuando hay que hablar. Hoy han trascendido a la opinión pública amenazas de juicio político a la Corte Electoral.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar una moción llegada a la Mesa en el sentido de que se prorrogue el término de que dispone el orador.

(Se vota:)

- 100 en 106. Afirmativa.

Puede continuar el señor Legislador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Para terminar, señor Presidente, quiero decir que esto es lo que la Corte Electoral determinó y lo que está pasando en estos momentos según trascendidos notorios a los que tenemos que apelar, porque sobre la base de esa notoriedad se ha dicho que si ese organismo hace o deja de hacer tal o cual cosa puede ser pasible de juicio político. Eso se ha dicho en Sala. Por lo tanto, se habla de supuestos que, como todos sabemos, no están oficialmente comunicados pero los tenemos confirmados extraoficialmente. Todos hablamos sobre cosas que sabemos que realmente están pasando.

Por último, sólo quiero reiterar mi sorpresa por la forma en que ha actuado el Juez Tapié, de oficio, cambiando radicalmente su posición luego que el tema se transformara en un tema político.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador Sanguinetti.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: estamos discutiendo este tema desde hace muchas horas -desde la sesión anterior- conforme a un procedimiento que desde el primer momento hemos señalado como equivocado. Si

alguna duda pudiéramos haber tenido sobre ello basta advertir el tono y el contenido de la sesión actual. Discutimos sobre presunciones, sobre hechos notorios, sobre lo que se dice, sobre si una comunicación de un Juez llegó o no llegó, sobre lo que podría haber hecho la Corte Electoral, sobre lo que se presume va a hacer, calificamos intenciones, en fin, en un terreno que nos va deslizando, a mi juicio, fuera de lo que son los cometidos sustantivos de la Asamblea General.

Tal como lo dijimos oportunamente en la sesión de la Comisión, la Asamblea General sólo podría actuar en este caso, si lo entendiera, conforme al artículo 209 de la Constitución de la República. La Asamblea General no es un Cuerpo habilitado para hacer declaraciones políticas, según se está proponiendo. No es verdad que la naturaleza política del Cuerpo lo habilite a hacer aquello que desee, pues como dice el doctor Sayagués en sus viejas y luminosas lecciones, la competencia es en los órganos públicos el equivalente a la capacidad en materia civil, con la diferencia de que la capacidad en esta materia autoriza a todo, salvo a aquello que esté prohibido, mientras que la competencia en materia institucional autoriza solo aquello que se ha conferido como derecho y como deber. No es el caso que la Asamblea General pueda emitir declaraciones políticas. Esto fue muy discutido en otros temas con relación a todas las Cámaras y al final fue aclarado. El señor Legislador Korzeniak, que es como "Funes, el memorioso", del cuento de Borges, recordará que este punto se resolvió con relación a las Cámaras en el artículo 129 de la Constitución de 1934, cuando se discutía si éstas -ya no la Asamblea- podían o no emitir declaraciones sobre pedidos de informe, llamados a Sala, etcétera.

El hecho es que hemos estado discutiendo sin entrar a aquello que debió haber sido: si era la decisión de la Asamblea General, en el ejercicio de su función, tal como lo establece el artículo 209 de la Constitución, juzgar si este delito era o no una causal de destitución, si lo ameritaba, porque la Constitución le da la facultad, no la impone, en tanto dice "podrá". De modo que puede ser un delito que descalifique o puede ser un delito que no tenga esas características. Eso es, en definitiva, lo que debió haber resuelto y considerado este Cuerpo.

Desgraciadamente, nos hemos deslizado a otros territorios, primero el judicial, que es el único escenario en el cual se podrá decidir si algo es delito o no. En el caso se resolvió que hay delito y ese es un hecho que no se puede ignorar, pues está definido por quien competentemente pueda hacerlo y tomar esa determinación, tal como lo hizo. El hecho de que haya una extinción posterior, no es el equivalente a una sentencia absolutoria. Debe reconocerse y recordarse que acá hubo hechos que merecieron ser calificados como delito de injurias, lo cual es un hecho acreditado y determinado. Por lo tanto, lo que debió haber discutido esta Asamblea o lo que debiera estar discutiendo, si ese fuera su propósito, era si ese delito descalificaba o no para el ejercicio de un magisterio, como es el de la integración del Tribunal de Cuentas. Lamentablemente, como dije antes, nos deslizamos a otros escenarios, al judicial y al de la justicia electoral, que es también el único en el cual se puede discutir si una persona tiene suspendida la ciudadanía o no. El señor Legislador Korzeniak recién hablaba de un tema de técnica, según el cual se estaba pretendiendo suspender la ciudadanía y no se había suspendido. Si se toma el trabajo de mirar la resolución de la Corte Electoral, advertirá que esta no dice que se suspende la ciudadanía, sino que aplica otro criterio. Considera que la suspensión de la ciudadanía está determinada por la sentencia, es decir que la ciudadanía está suspendida. Reconociendo el hecho, la Corte Electoral lo da de baja en el padrón electoral y lo incluye en el Registro de Inhabilitaciones. Eso es lo que la propia Corte Electoral ha considerado y resuelto: actuar conforme a ese criterio.

Insisto en lo que también han señalado muy bien los señores Representantes Posada y Gandini con relación a que la Corte Electoral ha actuado conforme a su criterio de siempre. La resolución del 15 de diciembre de 1999 define un criterio con relación a los casos de condena con suspensión condicional de la pena. Hubiera sido muy grave que la Corte Electoral cambiara el criterio y eso hubiera merecido una carga de interpretación subjetiva. Incluso, me preguntaría si esto no es lo que cabe de calificación para los dos miembros de la Corte Electoral que, habiendo votado la resolución de 1999, ahora cambiaron el criterio, aplicando a este caso otro distinto. Ese criterio se podrá discutir y quizás alguien diga que este no era el adecuado, pero la Corte Electoral sin referencia a nadie -no se refería a ningún caso concreto- hizo una resolución genérica que fue adoptada en función de que la Directora del Registro de Inhabilitaciones consultó a la Corte Electoral, le planteó la situación y le dijo que quería tener una definición con relación a estos casos. Señaló que existían tres tesis: una de la doctora Reta, otra posterior, exactamente opuesta, y un criterio que ella sostenía con respecto a que las penas eran de naturaleza distinta, que la pena de prisión respondía a una calificación criminal y que la inhabilitación o suspensión de la ciudadanía, a otra calificación diferente. La Directora del Registro fue la que pidió esa definición y, en función de ella, en el año 1999, a instancia de esa jerarca de la Corte Electoral, se dictó esa resolución. De modo que su actuación es muy clara. Hubiera sido asombroso, sorprendente o como quiera calificársele, que hubiera cambiado esa resolución. Actuó exactamente dentro de ese criterio y supongo que seguirá haciéndolo. No cabe presumir otra cosa. Acá vivimos en un mar de presunciones y el decoro del Cuerpo, la regularidad de las normas y el sentido institucional que sin duda todos queremos preservar, nos imponen una actuación dentro de esos cánones: a la Justicia lo que es de la Justicia, a la Corte Electoral lo que es de la Corte Electoral y a nosotros lo que nos correspondería si hubiéramos deseado entrar en ese territorio.

Todos esos debates sobre la inhabilitación y el efecto de la pena accesoria han estado fuera de lugar. No era lo nuestro porque no se quiso entrar a ello. En cambio se siguió el camino de hacer una declaración en la cual, en primer lugar, se vota una suerte de afirmación sobre la conducta del contador Alvarez reñida con la sentencia del Poder Judicial y, en segundo término, se dice que no hay nada que obste a la prosecución de su cargo porque no hay ninguna medida de inhabilitación. Sin embargo, eso tampoco es lo nuestro, sino que es materia de la Corte Electoral. Son dos declaraciones fuera de nuestra competencia. Además, la Asamblea General no está habilitada para realizar declaraciones.

Por lo tanto, estamos deslizándonos en un terreno evidentemente equivocado. Debimos haber actuado de otro modo. La mayoría debe reflexionar sobre este tipo de procedimientos. Es mayoría, la respetamos como tal y la seguiremos respetando siempre como tal, pero debe actuar conforme a lo que son procedimientos regulares y meditados. En la Comisión se trató sorpresivamente el tema y se resolvió en una sesión. Se decidió hacer una declaración. Más allá de los inteligentes esfuerzos de los Legisladores oficialistas, cuya capacidad es reconocida y notoria, comenzando por el Miembro Informante que hizo un excelente, breve y conciso informe al respecto, se nos propone una declaración política y no es ese el caso. Eso no es lo que nos debería haber convocado, salvo que quisiéramos entrar en el juzgamiento de la conducta del contador Alvarez. En ese caso, la situación sería distinta. El señor Representante Goñi, por ejemplo, hizo apreciaciones muy claras sobre el significado de estas declaraciones, que no se pueden minimizar porque un delito de injuria no es simplemente un delito de opinión como se ha dicho, sino la atribución de hechos infamantes o delictivos a otra persona, es la atribución de hechos. Cuando se dice nada menos que un jerarca ministerial ha caído en un "acomodo" o que, de lo contrario, está actuando de mala fe, no es un hecho acorde con la condición de un Magistrado del Tribunal de Cuentas que debe actuar con la serenidad y el espíritu reflexivo del caso y la objetividad que le impone su función. En el día de hoy este no es nuestro tema; no estamos juzgando la conducta del contador Alvarez. No hemos entrado al artículo 209, para analizar si hay que destituirlo o no. Eso requiere una votación de dos tercios. Ahora estamos en el territorio de una declaración.

La Asamblea General, por su trascendencia institucional, debe ser muy celosa de sus competencias, actuar dentro de ellas y no introducirse en este terreno de simplemente ser el escenario para declaraciones políticas que no tienen ninguna significación, que se reconoce que no tienen consecuencias jurídicas, que se acepta que no van a producir ninguna consecuencia en ninguno de los otros ámbitos y que, sin embargo, se hacen. Las declaraciones de solidaridad política está muy bien que las hagan las autoridades partidarias, las bancadas políticas y todos aquellos que, en cierta medida tienen esa atribución y esa competencia, pero no nosotros.

Por ahora, nada más, señor Presidente.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR KORZENIAK.- Lamento tener que hacer uso de la palabra nuevamente, pero no hay orador acá del Partido Colorado o del Partido Nacional, de lo que habitualmente llamo "la derecha", que no me aluda al hablar, por lo que no tengo más remedio que contestar. Así va a ocurrir en toda la sesión cuando hagan alusiones.

En primer lugar, la fábula de los dos tercios que menciona el artículo 209 la conozco de memoria. He leído la versión taquigráfica de la reunión de la Comisión. Los dos tercios de votos se requieren para destituir y no para juzgar si cumplió fiel y exactamente su función. El artículo 209 dice: "Los miembros del Tribunal de Cuentas son responsables, ante la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, por el fiel y exacto cumplimiento de sus funciones". Cualquiera sabe que cuando en la Constitución no se exige una mayoría especial, ésta no se requiere. Luego señala: "La Asamblea General podrá destituirlos, en caso de ineptitud, omisión o delito, mediando la conformidad de dos tercios de votos del total de sus componentes." O sea que los dos tercios de votos se requieren para destituirlos, pero no para juzgar si cumplieron fiel y exactamente su función, que es lo que estamos haciendo acá. Estamos diciendo que, a nuestro juicio, cumplieron fiel y exactamente su función.

Por otra parte, es verdad que Borges escribió y habló muchas veces sobre "Funes, el memorioso". Eso es muy bueno y yo tengo memoria, aunque con los años se me empezó a debilitar. Borges, que era muy amigo de las paradojas, si hubiera vivido diez años más hubiera escrito también sobre otro señor -no sé qué nombre le hubiera puesto- desmemoriado.

Sayagués Laso explica muy bien que los órganos públicos sólo tienen la materia de la competencia que se les atribuye y no todo lo que no les está prohibido, a diferencia de los particulares. Pero no hay que olvidar por ser desmemoriado que a continuación, al estudiar la competencia de los órganos públicos, dice que tiene dos elementos y agrega un tercero sobre el territorio, competencia nacional o local, pero ese no importa.

Esos dos elementos son: la materia de la competencia, que es donde un órgano público no puede salirse de lo que el Derecho le atribuye, y los poderes jurídicos de la competencia.

Con respecto a la materia, según el artículo 209 de la Constitución, se dice que la Asamblea General tiene como competencia decidir si han cumplido o no fiel y exactamente su función. En los poderes jurídicos -con un poco de esfuerzo de memoria se puede recordar-, como ha dicho Sayagués Laso y todos los administrativistas, no rige el principio de la especialidad, sino el principio inverso, que se llama facultad de los poderes implícitos o lo que los norteamericanos denominan las vías o medios. Se trata de todas aquellas vías y medios necesarios para cumplir los cometidos cuya materia expresamente se les atribuye.

Entonces, hacer una declaración no implica que haya que introducirse en una materia. Si fuera una declaración sobre un tema que no es materia de este asunto, estaríamos hablando de otra cosa, pero en este caso es materia de la Asamblea General. Es un medio implícito que todo el mundo conoce cuando estudia Derecho Administrativo. De otro modo, habría que declarar la nulidad, en la historia de este país, de no menos de doscientas declaraciones políticas de la Asamblea General con base jurídica. Esto es así: es materia de la competencia de la Asamblea General juzgar si los miembros del Tribunal de Cuentas, que son responsables ante ella, actuaron fiel y exactamente. Esta Asamblea General, por lo que propone la mayoría, quiere juzgar y decir que ha cumplido fiel y exactamente sus funciones. Es una vía y un medio para cumplir con sus cometidos. Repito que para ello no requiere de dos tercios de votos.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia pide a los señores Legisladores que hagan un esfuerzo para evitar las alusiones; de lo contrario, el tema se nos va a escapar de las manos, así como el tiempo de que dispone este Cuerpo para considerarlo.

SEÑOR SANGUINETTI.- En homenaje a la economía procesal, no voy a hacer uso de la palabra.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: he escuchado con cierto asombro y sorpresa algunas de las afirmaciones de los señores Legisladores Gandini y Goñi.

Sobre el tema en particular, independientemente de que quieran defender a la Corte Electoral y todo este proceso, señalo que no se tiene la humildad de trasmitir que en esto alguien se equivocó y que hay una persona con la que se está cometiendo una injusticia, suspendiéndosele una ciudadanía que nunca debió quitársele. A esto se agregan las declaraciones del señor Legislador Sanguinetti, en el sentido de si la Asamblea General puede expedirse y hacer declaraciones. Quizá tenga razón. Se trata de un constitucionalista reconocido; es un hombre de letras y de leyes, pero tengo muchos años de Legislador y en muchas ocasiones en que participé de la Asamblea General ésta hizo declaraciones. No quiero innovar ahora, sobre todo cuando tenemos la mayoría porque, ¡vaya que sufrí declaraciones de la Asamblea General siendo minoría!

¿Cuál es el tema? Me parece que, por lo menos, deberíamos razonar en voz alta, ya que algunos señores Legisladores no comprenden por qué el Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría levanta su voz y da su testimonio, diciendo que en este caso se comete una injusticia y pide que la Asamblea General lo exprese.

No venimos a decir que se restituya la ciudadanía al contador Alvarez, pues no nos corresponde hacerlo, así como tampoco determinar si hubo injuria o no, independientemente de que, en lo personal, podemos tener una opinión: que no la hubo. Hay un Poder Judicial que así lo declaró.

Lo que venimos a trasmitir es que acá hubo un acto de injusticia y levantamos nuestra voz para decir al país que esa injusticia se está cometiendo con la aprobación de una parte de los señores Legisladores de este país. Alguien dice que cuando el tema llega a la Corte Electoral, ésta debe suspenderle la ciudadanía en forma automática. ¿La Corte Electoral es un robot? ¿No puede analizar el caso? ¿No puede preguntar si en este caso, por delito de injuria y como había suspensión condicionada de la pena, se había extinguido el delito y ya había pasado? Cada vez que nos han visitado representantes de la Corte Electoral han sido estrictos con respecto a la defensa de los derechos electorales de la gente; es decir que las personas puedan votar, ser electoras y elegidas. Algunas veces, gente más joven ha tratado de incursionar por otros mecanismos, pero la Corte Electoral siempre ha puesto en el tema del voto una rigurosidad extrema. Entonces, no entiendo que ahora se diga que la ciudadanía implica sólo el retiro de la hoja electoral -si bien es importante para todos, lo es fundamentalmente para la Corte Electoral- y que hasta que no se comunique a la Corte Electoral que el contador Alvarez no tiene suspendida la ciudadanía, debe esperar. ¿Por qué la Corte Electoral no se comunica con la Suprema Corte de Justicia y le dice que se está cometiendo una injusticia? Debería decir que, por favor, se aclare lo que se está diciendo a nivel de los medios de comunicación serios. ¿Acaso eso no vale? ¿Las cosas pasan sólo a nivel de los papeles?

La convocatoria a esta Asamblea General ya tuvo sus efectos. No pasó inadvertido un hecho injusto, y no iba a suceder porque no nos íbamos a callar, sino que íbamos a levantar la voz diciendo: "Acá hay un hecho injusto; miren lo que se está haciendo". Que alguien comunique a la Corte Electoral sobre un delito para que ésta suspenda la ciudadanía a una persona, es algo que pocas veces se ha hecho. Es más; que ello se lleve a cabo con la celeridad que vimos, es algo que pocas veces ha ocurrido. De todos modos, se ha hecho. Que no se comunique que la suspensión condicionada de la pena ya había terminado, es algo que pocas veces ha sucedido. Sin embargo, un ser humano se puede equivocar.

La Corte Electoral debió tener ponderación y criterio; no debió manejarse solamente por la comunicación de la Suprema Corte de Justicia. Debió, no sólo pedir ampliación de los antecedentes, sino exigir cómo evaluaba el Poder Judicial y el Juez actuante la suspensión condicionada de la pena. De lo contrario -supongo que la Corte Electoral tendrá buenos asesores-, lo que estaba haciendo el Juez y, por ende, lo que realizó la Corte Electoral, en mi opinión fue una innovación. Ahora la suspensión condicionada de la pena tendría otros alcances; después el Juez corrige. Que el Juez se equivoque es una cosa, porque tiene otros jerarcas por encima suyo. Sin embargo, que se equivoque la Corte Electoral, es un hecho grave. Si se me dice que la Corte Electoral se equivoca porque sólo actúa automáticamente, el hecho es peor. Si se me señala que los asesores no le dijeron que la suspensión condicionada de la pena podría implicar que ese delito ya estaba extinguido, si nadie se lo advirtió, es peor aún. ¿En qué manos estamos? Si todo eso hubiera ocurrido, hoy no estaríamos discutiendo el tema. La Corte Electoral no me genera la confianza que debe trasmitir a todo el país.

Algunos de estos hechos, señor Presidente, son los que despiertan ese espíritu. Un Juez, seguramente muy calificado, determina una pena que involucra a una persona que desempeña un cargo público, nada más ni nada menos que un miembro de un Tribunal, se lo comunica vía Suprema Corte de Justicia a la Corte Electoral, y ésta rápidamente dicta el fallo y actúa como si fuera un robot. Una cosa es una persona que robó o que tiene una sentencia por ese delito, y otra cosa es quien ha cometido un delito de injuria que, salvo situaciones extremas, en mi concepto es un delito de opinión. Otros pueden creer lo contrario, por lo que habría que rever o discutir los alcances del delito de injuria.

Los Legisladores tenemos fueros, pero hay otros jerarcas del Estado sobre los que no quiero que esté pesando el hecho de que no puedan hablar o decir las cosas y expresarse. El señor Legislador Gandini decía que el contador Alvarez viene hablando desde hace mucho tiempo. Sí, ¿cuál es el problema? ¿Qué delito cometió cuando hablaba? Ahora sí se dice que hay injurias; antes ningún Poder Judicial lo determinó. Pero recordemos que esta Asamblea General -no con sus componentes actuales, sino con los de hace diez años- le brindó toda su confianza.

Quiero expresar con sinceridad que no se trata de determinar si el contador Alvarez tiene o no suspendida la ciudadanía; se trata de decidir si cuando vemos un hecho injusto alzamos la voz o nos callamos la boca. Nosotros vamos a alzar la voz, al igual que me hubiera gustado que alguien de la oposición hubiera dicho que quizás la Corte Electoral hizo lo que tenía que hacer, defendiendo alguna de sus teorías, pero afirmando que se trata de algo injusto. Se va a demostrar que esto es injusto, porque cuando se habla de la suspensión condicional de la pena, lo que pacíficamente está aceptado es que en la medida en que ya pasó más de un año, ese delito está extinguido, no existe. Pero eso, reitero, no ocurrió. Lo que sucedió es que las piezas, como en un aparato de relojería, se movieron para que el contador Ariel Alvarez cuanto antes quedara imposibilitado de ejercer como miembro del Tribunal de Cuentas en función de lo que había determinado el Juez actuante, y para que quedara inhabilitado en el ejercicio de la función que la Asamblea le encomendó hace diez años. Por ello es necesario que esta Asamblea cambie los miembros del Tribunal.

Señor Presidente: el estado de Derecho implica, por sobre todas las cosas, levantar la voz cuando hay situaciones injustas, y este es el meollo de mi razonamiento. No se trata de que evaluemos si corresponde o no que actúe la Corte; ésta actúa y después nosotros juzgamos lo que hace. Vamos a ver qué sucede ahora cuando la Corte Electoral se entere de que la suspensión condicional de la pena tuvo efecto. Habrá que ver si la oposición va a hacer una defensa, diga lo que diga ese Organo, o ya se abre juicio ahora señalando que si el Juez dice lo que dice, parece lógico que el contador Alvarez está en pleno derecho de ejercer como miembro del Tribunal de Cuentas. También me gustaría escuchar de parte de la oposición que hubiera sido muy injusto que ese pronunciamiento del Juez hubiera llegado una semana o quince días después, cuando todos los efectos se hubieran dado.

Ahora sí presumo, señor Presidente, que uno de los hechos que desencadenaron la discusión a nivel de todo el Estado e, incluso, de la propia Suprema Corte de Justicia, es que esta Asamblea se haya reunido para debatir sobre el tema. Bendito lío tendría la Justicia si este tema, sobre el que pacíficamente se ha aceptado una jurisprudencia, ahora fuera cambiado sólo con el objetivo de hacer un daño enorme que puede tener rasgos de persecución política; digo esto con toda la responsabilidad que me cabe. No puede pensarse otra cosa de personas que son inteligentes: hubo una enorme omisión o hubo una acción deliberada para generar consecuencias y enardecer el clima político, que todos estamos tratando -eso espero, señor Presidente- de que vaya por otros cauces.

SEÑORA ETCHEVERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor Legislador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Legisladora.

SEÑORA ETCHEVERRY.- No voy a hablar con la idoneidad de muchos de los que aquí lo han hecho, pero voy a hacer referencia a la función que cumplí hasta el día en que asumí como Diputada.

Fui funcionaria de la Corte Electoral durante más de 12 años y conozco la transparencia y la idoneidad con que se trabaja en ese Organismo. No voy a hablar de cómo actuó la Corte Electoral en el año 1999 frente a un caso muy similar y cuyo expediente tengo en mi poder. No me alcanzan cinco o diez minutos de tiempo para leerlo y desconozco los tér-minos jurídicos según los cuales debería proceder, pero me asombra cuando escucho en este ámbito que frente a causas similares, Ministros que actuaron con unanimidad de criterio, ahora se manejen en forma diferente. Cabe acotar que estamos hablando de la misma Corte Electoral que el hoy Presidente de la República felicitó por la transparencia y la forma en que había trabajado; la misma Corte Electoral que actuó hace menos de un mes en la elección de los futuros Intendentes y Ediles; la que nos proclamó a nosotros.

Si desconocemos la idoneidad y transparencia de quienes la dirigen, también desconocemos la transparencia e idoneidad de sus funcionarios. En la Corte Electoral, por suerte, hacemos una declaración jurada de nuestra filiación política y si en esa Corte Electoral hubiera tantas irregularidades frente a uno y otro caso, cada uno de nosotros tenemos quien nos represente para que las denuncias vengan a este Parlamento. Entonces, cuando escucho que en esta Legislatura se duda de cómo allí se procede, me cuestiono que si hasta eso se ha llegado a desconocer por cuestiones partidarias, cuando -¡si Dios quiere!- la Corte cambie sus miembros -como bien dijo el señor Legislador Michelini, esto hace tiempo que debió haber ocurrido, pero quizás los acuerdos políticos no lo permitieron- y los que hoy somos oposición seamos minoría, tal vez tengamos que dudar de cada expediente, trámite o resultado que allí se dicte. Conozco la idoneidad de quienes allí trabajan, más que la de los altos Ministros, la de sus funcionarios, que son muchas veces los que hacen el trabajo de inhabilitación. También conozco el procedimiento que se sigue para llevar un expediente dentro de la Corte Electoral y puedo decir que no está manejado solamente por blancos, colorados o independientes, sino por muchos funcionarios del hoy oficialismo, del actual partido de Gobierno. Estoy segura de que si allí hubiera habido irregularidades, estos compañeros que tienen altas Jefaturas como la del Registro de Inhabilitados, dirigida por funcionarios del partido de Gobierno, habrían hecho llegar esas denuncias a este Parlamento. Les puedo asegurar, señores Legisladores, que en ese momento actuaría de la misma forma que hoy, porque si dudamos de la transparencia y suponemos lo que la Corte podría llegar a decir mañana, creo que ya estamos dudando hasta de la democracia.

En consecuencia, sin idoneidad jurídica, y sin saber demasiado sobre lo que dicen estos expedientes, simplemente alegando lo que dicen los procesos que debe pasar una persona cuando es procesada -lamento que esa nota no se haya leído una semana después, porque si así fuera no habríamos discutido tantas horas habiendo tanto para hacer-, estoy segura de que a la Corte Electoral no es necesario someterla a presiones políticas ni recomendaciones porque va a actuar con la idoneidad de siempre como cuando dio el resultado del 31 de octubre y del 8 de mayo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Legislador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Me sorprende que un hecho se vea distinto por parte de todos los observadores que estamos acá.

En lo personal, el hecho de que haya dos miembros de la Corte Electoral que dijeran que este caso no es igual al anterior, debió determinar que ese Organo actuara con mesura y ponderación. Si ya había un antecedente de unanimidad y dos integrantes que habían actuado anteriormente -y que lo habían hecho en fiel cumplimiento de su capacidad, dictando una norma por unanimidad- veían este caso de manera diferente, reitero que debió actuarse con mesura y ponderación, sin llegar a una votación que incluso fue dividida. Agrego más; cuando dentro de pocos días la Corte Electoral se rectifique y ahí sí actúe por unanimidad, me pregunto qué le van a decir a esos dos miembros. ¿Acaso se les va a decir que antes no tenían razón y ahora tampoco, o que siempre tuvieron razón? Siempre tuvieron razón; acá había un hecho injusto y, en el mejor de los casos, se actuó en forma automática, como robot, sin diferenciar que este era un caso diferente al otro. No se advirtió que se estaba hablando de la suspensión de la ciudadanía, de un hecho grave. Tampoco se dijo: "Miren que hay una persona que es miembro de un tribunal y la declaración de que tiene la ciudadanía suspendida conlleva consecuencias que son bien importantes" o "Miren que es por un delito de injuria". Este delito, naturalmente, lo falla el Poder Judicial. No se trataba de otros delitos, señor Presidente sino, repito, de un delito de injuria que tiene características especiales. Además, la suspensión condicional de la pena era un elemento esencial para evaluar el dictamen que podía emitir la Corte Electoral.

Supongamos que la Corte tuvo razón y que ahora, con nuevos antecedentes, va a rectificar -no puede hacer otra cosa- la resolución anterior. Se podrá decir: "Miren, ahora el Poder Judicial me comunica esto y yo lo que hago es sólo comunicar -porque esas son mis competencias- la suspensión de la ciudadanía." Repito, supongamos que la Corte tenía razón pero, ¿no había igual un hecho injusto? ¿No hubo un acto interior de los Legisladores de la oposición en el sentido que acá había una injusticia o que se estaba generando una situación que iba a tener consecuencias políticas y, además, personales? Nadie levantó la voz para decir: "No sé cómo tiene que actuar la Corte; no sé cómo tiene que actuar el Tribunal de Cuentas, pero sé que esto se va a estar enmendando en pocos días y quizás las consecuencias ya se produjeron y el miembro del Tribunal de Cuentas no puede seguir integrándolo. ¿No hay nadie que se levante y diga que esto que está pasando debió ser advertido, por más que no acompañen la resolución que hace el oficialismo, la mayoría, no circunstancial, sino por cinco años? Quizás alguien podría haber dicho: "No los voy a acompañar y no estoy de acuerdo con ustedes respecto a la solidaridad que le expresan al contador Alvarez. No quiero juzgar a la Corte, pero esto es injusto. En cualquier delito la suspensión condicional de la pena igualmente hace que el delito se extinga. Se está juzgando a Alvarez, al contador, a quien se le está suspendiendo la ciudadanía, lo que va a tener consecuencias personales -¡vaya si son importantes!-, jurídicas y políticas."

Creo, señor Presidente, que no se actuó con grandeza. Acá hay un delito de palabra, de opinión; había una suspensión condicional de la pena, el delito se había extinguido y aunque nosotros hubiésemos sido -y lo somos- durísimos en nuestras calificaciones con la Corte Electoral, se debió guardar mesura y ponderación. Quizás, alguna voz se podría haber levantado expresando que íbamos por un canal que tenía consecuencias y que cuando se fueran a corregir podía ser tarde.

Ahora los hechos son más fáciles y el grito de la injusticia que levantamos desde estas bancas llegó a todo el país. Hay una corrección por parte del Poder Judicial en cuanto a los alcances de la notificación que ha hecho. Se le comunicó al contador Alvarez y, por lo tanto, hay una reivindicación que es muy superior incluso al pronunciamiento de la Asamblea General, que es bien importante.

Por otro lado, en pocos días más -supongo, señor Presidente que va a ser así- va a haber una rectificación por parte de la Corte Electoral, que si hubiera escuchado a los dos miembros en minoría, hubiera actuado de otra forma. Si hubiera puesto atención y sorteado este tema con mayor estudio, tomándose un poco más de tiempo, poniendo ponderación y mesura, no habríamos llegado a esta situación en donde tenemos una Corte que se quiere dignificar a ella misma y que ahora va a tener que ir sobre sus pasos -todos le advertimos esto-, dándole la razón a la minoría que le advirtió que esa resolución no estaba ajustada a Derecho.

Finalizo, señor Presidente, señalando que estos hechos no son alegres ni del tipo que a uno le agrade tratar.

SEÑOR CHIFFLET.- ¿Me permite una interrupción, señor Legislador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Legislador Chifflet.

SEÑOR CHIFFLET.- Deseo referirme a un aspecto que quizás no sea el esencial, pero que me parece fundamental destacar.

El señor Legislador Michelini en su brillante exposición señala qué importante sería encontrar de pronto un adversario que advirtiera que se está cometiendo una injusticia. Cuando iba a hablar sobre este tema -después decidimos que sólo lo haría un Legislador por sector para abreviar y, en ese sentido, quizás resulte una ventaja que yo no haga uso de la palabra- pensaba referirme justamente a ese aspecto. Pensaba hacerlo citando a Ferreira Aldunate que en algún momento dijo -está en sus libros- que nadie puede luchar permanentemente sin tener enfrente a un adversario a quien respetar y que siempre sucede eso cuando alguien actúa con absoluto desprendimiento y nobleza desde filas adversarias. Lo dijo destacando, en el momento oportuno, a alguien a quien todo el Partido Nacional -o, por lo menos, la inmensa mayoría- había atacado muy duramente que era Líber Seregni. Ferreira Aldunate, desde el exilio, destacaba que Seregni había sido un adversario leal y que eso era muy importante en los partidos políticos.

Subrayo este concepto que ha señalado en su alocución el señor Senador Michelini, destacando que en el Partido Nacional el doctor Volonté ha tenido la nobleza de señalar que eso era una injusticia.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Legislador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Estos hechos no alegran a nadie ni son buenos. En mi opinión, lo que ocurrió es negativo. Pero lo peor que podía pasar es que aquellos que actuaron mal se escondieran tras la situación del Juez, argumentando que éste no comunicó o que no proporcionó el expediente completo y que cuando se le pidió la ampliación de antecedentes, no dijo todos los alcances que tenía. ¡Una cosa es el Juez y otra la Corte Electoral! Esta debió estudiar cabalmente las consecuencias y asumirlas. Lo peor de todo es que aquí hubiera Legisladores que dijeran que todos actuaron bien, pero que el Juez no comunicó. También sería lamentable que la Corte -un órgano de esa magnitud- declarara ante el país que se equivocó porque el Juez no comunicó, cuando estaba a la vista la injusticia que se iba a cometer. ¡Por suerte en este país no hay pena de muerte! No sé qué hubiera hecho la Corte Electoral si después de determinadas resoluciones comunicadas por el Juez, ahora se tuvieran que rectificar y corregir. Eso es lo que tiene que hacer ahora, es decir, corregir y dar el crédito y la razón a los dos miembros que actuaron en minoría.

SEÑOR ORRICO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR ORRICO.- Si me permiten, quisiera hacer una aclaración previa desde el punto de vista del método. En la sesión anterior de la Asamblea General se afirmó que nosotros estábamos libretados y que el libreto nos lo había hecho el doctor Gonzalo Fernández. Desde mi lugar digo que eso no es así, no por negar la figura del doctor Gonzalo Fernández, de quien soy amigo personal desde hace muchos años -por suerte, al menos para mí-, sino porque me gusta ser honesto en este tipo de cosas y traté de estudiar este tema por las mías. Los funcionarios de Biblioteca son conscientes de que pedí toda la información que hubiera sobre suspensión condicional de la pena. Estudié el material y después de llegar a mis propias conclusiones, miré qué había dicho el doctor Fernández. Preferí llegar a mis propias conclusiones y no basarme en las de alguien que estaba actuando como abogado defensor, aspecto que es muy válido. No digo esto como crítica. En consecuencia, lo que voy a expresar en Sala es la opinión a la que llegué con honestidad intelectual, y no con el libreto que me haya hecho alguien, por más prestigioso que sea.

Sostengo que en Uruguay tenemos que discutir las cosas en sus reales términos. No podemos decir simplemente que aquí hay una sentencia y luego quedarnos muy tranquilos, porque eso es decir una parte de la verdad o media verdad. Como dice la sabiduría popular, quien dice media verdad, de pronto, está diciendo media mentira. Entonces, vamos a tratar de ver con claridad de qué estamos hablando conceptualmente cuando analizamos este caso. Es cierto que aquí hay una sentencia de condena, pero con suspensión condicional de la pena. Ese es el análisis que hay que hacer. No me interesa determinar -no lo podría hacer, entre otras cosas, porque no tuve el expediente a mano y no sé cómo fueron las actuaciones- si está bien o no la sentencia dictada. No es momento para hacer eso. Lo que me interesa es aclarar -es lo que debo hacer aquí como hombre político- qué alcance tiene esa sentencia que se dictó. En Uruguay, la suspensión condicional de la pena existe desde el año 1916. La primera ley que se dictó es la Nº 5.393. En ella se establecía como requisito para que se aplicara el sistema, que la pena impuesta debía ser de prisión y el carácter primario del penado. Luego, una ley del año 1921 hizo extensiva a la pena de multa la suspensión condicional de la pena. El Código de 1934, adoptando lo que se denomina "Sistema Continental Europeo" estableció que también se aplica a las multas cuando por defecto de cumplimiento deba ésta transformarse en pena de prisión. En la Ley Nº 17.726 -del año 2003 o 2004- se fijó una sistematización más detallada del instituto, al incluirlo y mencionarlo en una norma mucho más ambiciosa, que es la ley de penas alternativas a la prisión.

Entonces, lo que hay que aclarar es si la suspensión condicional de la pena extingue o no el delito. Sobre este tema se expidió el Centro de Investigación y Estudios Penales del Uruguay, presidido por Ofelia Grezzi, cuando llegó a consenso sobre qué pasaba con él. Dijo con claridad que a partir del Código de 1934, la suspensión condicional de la pena extingue el delito.

Me voy a permitir leer un trabajo de Andrés Mieres Muró: "La suspensión condicional de la pena. Causas de extinción del delito", que apareció en la revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, tomo 66, página 8 y que es citado expresamente por el Centro de Investigación y Estudios Penales del Uruguay para llegar a consenso por parte de los penalistas con respecto a esta situación. Dice Mieres Muró: "Durante la vigencia de las leyes de 1916 y de 1921 se sostuvo por parte de la doctrina que la suspensión condicional de la pena tenía una naturaleza jurídica diversa, ya que quedaba suspendida una parte de la condena y al término de la vigilancia se consideraba sobreseído el proceso y la sentencia como no pronunciada. En aquel momento algunos fallos jurisprudenciales sostenían la posibilidad de suspender la ejecución de la pena de prisión y dejar pendiente de cumplimiento otras penas principales, como la inhabilitación o suspensión. Como lo que se suspendía era la ejecución material de la pena de prisión, no habría ninguna dificultad para que se cumpliera con otras penas impuestas por el fallo. Pero esto dejó de cercenarse luego de la sanción del Código Penal de 1934, que al establecer la naturaleza de causa de extinción del delito de la suspensión condicional de la pena y al limitar su aplicación a los casos de pena de prisión o multa, imposibilitaba su otorgamiento a los casos en los que se verificaran otras penas principales, incluso conjuntamente con la prisión."

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Legislador Orrico está haciendo un gran esfuerzo para realizar su exposición porque hay un murmullo permanente en Sala. La Mesa tiene la obligación de ampararlo en el uso de la palabra y, por lo tanto, ruega a las señoras y señores Legisladores que tomen asiento y que, si no quieren atender la exposición del señor Legislador, por lo menos, no dialoguen con los demás.

Puede continuar el señor Legislador Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Gracias, señor Presidente.

Continúo leyendo las conclusiones del doctor Mieres Muró: "Si se extingue el delito, vencido el plazo legal, es evidente que aquel no puede producir ningún efecto. Admitir otra cosa significaría reconocer, por un lado, que el delito está extinguido y, por otro, negarlo para reconocerle otras consecuencias." Estas conclusiones surgen claramente del Código Penal -porque cuando la letra de la ley es clara, no hay que ir a buscar al espíritu- que expresa: "De la suspensión condicional de la pena. Se extingue el delito cuando el Juez, al dictar sentencia, resuelve suspender la condena."

Se habla de un plazo de latencia. Quienes sostenemos -y somos la enorme mayoría de los que hemos practicado Derecho Penal alguna vez en este país- que la suspensión condicional de la pena extingue el delito, a veces, nos encontramos con alguna opinión aislada -no está escrito en ningún lado, pero aparece en algún artículo de prensa- según la cual esto no es así y que, en realidad, en este tipo de delitos hay un período de latencia y que el delito se extingue luego de transcurrido un año. ¿Desde cuándo? Desde el día del arresto.

Ahora bien, una norma jurídica, señor Presidente, no se puede interpretar aisladamente. Una norma jurídica ingresa a un sistema normativo que, como tal, no admite contradicciones. Por lo tanto, tiene que haber una armonía entre todas las disposiciones que se dictan en un sistema jurídico determinado, porque de lo contrario estaríamos ante un caos.

Entonces, ¿cómo debe razonarse esto? Voy a dejar de lado algo de lo que nadie habló, que es el queridísimo principio "in dubio pro reo": en la duda hay que favorecer al acusado. Repito que lo voy a dejar de lado, aunque debería ser la piedra angular de cualquier razonamiento. Reitero una vez más que en la duda hay que favorecer al acusado, no matarlo. Ese es el primer principio. No quiero extenderme sobre eso, porque me parece que debe estar sobrevolando -quiero creerlo- esta magna Sala.

Vamos a suponer el caso de una persona que es denunciada por difamación. Resulta que como es denunciada por difamación a través de la prensa, como sucede aquí, no existe el procesamiento, no existe el arresto, porque es una disposición especial que establece un procedimiento especial para este tipo de delito. Entonces, ¿a partir de cuando va a funcionar el llamado procesamiento impropio? Sin duda -esto nadie lo duda- es a partir del momento en que el individuo recibe una denuncia que es aceptada y se le intima a la designación de defensor o en su defecto a que se le nombre defensor de oficio. A partir de ahí empiezan a correr todos los plazos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ¿qué pasaría? Es un principio general del Derecho -sobre todo del Derecho Penal- que un delito leve no puede tener una consecuencia más gravosa para la gente que un delito que es más grave. Creo que esto es elemental. A nadie se le puede ocurrir que un delito leve tenga mayor penalidad que un delito grave. Cuando un individuo es acusado de injuria, ¿cómo es la penalidad? Lo dice el artículo 334 del Código Penal: "será castigado con pena de tres a dieciocho meses de prisión". Esto respecto a la injuria. El delito de hurto, ¿qué pena tiene? "Será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría". Quiere decir que mientras la máxima pena para el delito de hurto es de seis años de penitenciaría, para el delito de injuria es de dieciocho meses de prisión.

Entonces, va de suyo que la sociedad uruguaya, que el Estado uruguayo -porque el Estado no es más que la sociedad organizada jurídicamente a estos efectos que estamos hablando- considera que el hurto es un delito mucho más grave que la injuria. Sin embargo, hete aquí que cuando un integrante del Tribunal de Cuentas fuere procesado por un hurto -en realidad, procesado sin prisión- y se le imponga la pena, supongamos, de seis u ocho meses, tendrá mejor posibilidad -esto según los que interpretan que es así luego de que empiecen a correr los plazos, el pedido de latencia, que es un año después de la sentencia definitiva- que quien haya sido denunciado por un delito de injuria. Porque si resulta que en el delito de injuria el individuo tiene que esperar al fin del proceso para que le empiecen a correr los plazos, la consecuencia directa es que es mucho mejor cometer un hurto a los efectos de la gente y de lo que le va a pasar con su pena, que incurrir en una injuria.

Entonces, como esto es disparatado por donde se lo mire, no encaja en ese sistema jurídico que hace que los delitos más graves reciban penas más severas que los delitos más leves. Queda claro, pues -y esto es lo que la Corte Electoral debió haber examinado- que aquí no se trata de si la Corte declaró o no. No voy a entrar en la discusión de si lo hizo o no, si impuso o no, porque para declarar hay que interpretar; si no se interpreta, no se declara nada. Y no hay ninguna norma jurídica que no se tenga que interpretar. Todas las normas jurídicas, aun las aparentemente más claras, tienen que ser interpretadas.

Entonces, hay que tener claro, en primer lugar, que se dispone una pena, pero no se le impone una pena al contador Alvarez desde el momento en que el individuo está en la casa y nunca pasó ni medio día preso.

En segundo término, se le impuso con suspensión condicional de la pena, y la suspensión condicional de la pena por el sólo hecho de su imposición significa extinción del delito. Pero aun cuando supusiéramos que la extinción condicional de la pena solamente se da cuando transcurre un año desde el procesamiento, sin duda que en una interpretación armónica de lo que deben ser las penalidades contenidas en el Código Penal, la consecuencia directa es que tiene que ser a partir del momento en que el individuo es intimado a designar defensor o a nombrársele el de oficio.

SEÑOR POSADA.- ¿Me permite una interrupción, señor Legislador?

SEÑOR ORRICO.- Con mucho gusto

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Legislador Posada.

SEÑOR POSADA.- He seguido con mucha atención toda la línea de razonamiento que ha desarrollado el Diputado Orrico y digo, sin ningún tipo de violencia, que la encuentro absolutamente razonable y compartible. Me parece que es bueno reconocer esto.

Ahora bien, atengámonos a los hechos. La Corte Electoral, hace ya bastante tiempo, en diciembre de 1999, lo interpretó de manera distinta. Por la unanimidad de sus integrantes estableció un criterio que podemos llegar a entender aquí, siguiendo la línea de razonamiento del Diputado Orrico, equivocado, desacertado. Pero sea un acierto o sea un error, lo que sí es cierto es que lo ha venido aplicando en todos los casos. Es más, en el fundamento de la Corte Electoral sobre el caso en particular del contador Ariel Alvarez, se hace referencia al artículo 215 de la Ley Nº 7690, en donde se señala que los Actuarios de los Juzgados y Tribunales quedan obligados a enviar mensualmente a la Corte Electoral certificación de la parte expositiva de toda sentencia ejecutoriada o autoprocesal que signifique o declare la suspensión o pérdida de los derechos políticos de los ciudadanos, así como de toda sentencia absolutoria, auto de excarcelación o resolución que signifique o declare terminación de la suspensión de la ciudadanía. Entonces, la pregunta que surge es si cuando la Suprema Corte de Justicia toma una decisión respecto a calificar este delito como un delito de injuria y establece un fallo definitivo, en todo caso no debió realizar la aclaración correspondiente a la Corte Electoral de que aquí no correspondía la aplicación de la declaración -porque en definitiva, lo que hace la Corte Electoral es declarar- de la inhabilitación de la ciudadanía. Ese es el punto en que estamos.

En realidad, yo puedo compartir plenamente la tesis desarrollada por el Diputado Orrico; pero, en todo caso, nos encontramos ante un organismo que decide y tiene la jurisdicción en materia electoral y que ha interpretado, sin violencia, en una forma distinta. Podemos estar todos en desacuerdo, pero lo que importa en esto es que se haya sido consistente, que se haya sido uniforme en cuanto a la aplicación de esa interpretación. Esto también me parece que es bueno reconocerlo. En todo caso -y esto no nos provoca ningún tipo de violencia-, existe una situación de injusticia con respecto a lo que vive el contador Ariel Alvarez; no tengo ninguna duda.

Ahora bien, aquí ha habido de parte del Poder Judicial un procedimiento, en todo caso, inadecuado, que no ha sido completo. Entonces, así como decimos una cosa, tenemos que decir la otra: la Corte Electoral ha actuado de acuerdo con lo que ha sido su leal saber y entender, sin apartarse de lo que ha sido la interpretación de la unanimidad de todos sus miembros.

Era todo lo que quería señalar.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Legislador Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Creo que se puede especular mucho sobre por qué no informa la Suprema Corte de Justicia -en realidad, es el Juez de Primera Instancia el que hace el informe- sobre las características de extinción del delito que esto tiene. Una explicación posible podría ser: que es obvio; en este sentido, me he preocupado por ir a los ambientes forenses para ver qué se pensaba de esto, y era unánime la opinión de que aquí hubo suspensión condicional de la pena y se extinguió el delito. De manera que se puede especular hasta el cansancio con esto.

Por otro lado, quiero decir que no conozco con profundidad ese antecedente de 1999 que se ha mencionado, como para poder analizarlo aquí. Ni siquiera sé si hubo suspensión condicional de la pena en el caso que se está mencionando. Si la hubiera, quiero destacar, además, que después de eso surge una ley sobre suspensión condicional de la pena -reitero que no recuerdo si es del año 2003 o del 2004, pero sí sé que es de la Legislatura anterior- en la que queda muy claro que, a partir de ese momento, el solo hecho del dictado extingue el delito, y punto. Estoy hablando de todos los razonamientos posteriores porque aquí, en Sala, se ha sostenido que, en realidad, el período de latencia comienza a partir del año de la sentencia definitiva, lo cual conduce al absurdo de que un delito de menor cuantía se transforme en uno mucho más gravoso para la gente, que uno mayor. De manera que como esto es insostenible por parte del sistema jurídico nacional, entonces, esa interpretación está mal.

SEÑOR POZZI.- ¿Me permite una interrupción, señor Legislador?

SEÑOR ORRICO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Legislador Pozzi.

SEÑOR POZZI.- Señor Presidente: no quiero intervenir en este debate desde el punto de vista jurídico, ya que en esta materia hay verdaderos maestros -con sobresaliente, inclusive- sentados aquí. Sin embargo, hago mías las palabras que, en ese sentido, han pronunciado anteriormente los señores Legisladores Korzeniak y Orrico. Simplemente quiero decir, muy brevemente, que a veces, como refiere el dicho popular, "aquellos polvos traen estos lodos". Digo esto, porque creo que muchas de las cosas que estamos discutiendo acá relativas a la Corte Electoral y que probablemente -aunque espero que no- también discutamos en el futuro, tienen que ver con una situación política que no ha sido aclarada y que genera, por lo menos desde el punto de vista de la bancada del Nuevo Espacio, una total desconfianza hacia ese organismo, no en lo que tiene que ver con la forma en que cuenta los votos -eso lo hace y bien-, sino en lo relativo a todo el resto de las funciones en las que tiene competencia. Sinceramente, creemos que si no nos ponemos de acuerdo, de una vez por todas, en que la Corte Electoral tenga la integración que le corresponde, todas y cada una de las decisiones que tome en el futuro, van a ser miradas con lupa por todos nosotros.

Agradezco la interrupción; este era el aporte que quería hacer.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Legislador Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: creo, además, que cuando se habla de la Corte Electoral -esto ya lo dije en la sesión pasada de la Asamblea General-, debemos tener presente que estamos ante un organismo que carece de legitimidad, entendiendo por tal la aceptación, por parte de la gente, de por qué un órgano tiene determinado poder. Esto lo he dicho porque cuando entré a esta Cámara en mi bancada éramos treinta y uno, y esa que está allí, la del Partido Colorado, estaba llena de Diputados; no tengo que decir que eso ya no es así. Sin embargo, nosotros seguimos teniendo un integrante en el Tribunal de Cuentas y dos en la Corte Electoral. Además, esto no está de acuerdo con lo que es el mandato constitucional porque, evidentemente, en todos sus principios establece otra cosa, por lo que habría que modificarlo a la brevedad.

Voy a terminar, diciendo que en toda la tesis que he sostenido sobre lo que significa la suspensión condicional de la pena, he estado ilustremente acompañado. Sin embargo, voy a agregar una opinión más -que no es de ocasión-, la de mi muy querido y admirado doctor Rodolfo Canabal, quien fue el Presidente del Colegio de Abogados del Uruguay en los tiempos duros en los que nadie se animaba a ser Presidente de algo. Desde allí también llevó a cabo una lucha muy intensa para defender el Estado de Derecho.

En carta enviada al semanario "Búsqueda" el jueves 19 de mayo de 2005, el doctor Canabal dice: "La suspensión condicional de la ejecución de la pena dispuesta determina que corresponda disponer que se tenga la sentencia por no pronunciada y por extinguido el delito. Por tanto, podría suceder que la suspensión de la ciudadanía y la consecutiva desinvestidura, como integrante del Tribunal de Cuentas, del contador Alvarez resultaran consecuencia de una sentencia que, además de ser suspendida condicionalmente en su ejecución, podría llegar a tenerse por no pronunciada, y también que el delito imputado se considerara extinguido."

En conclusión, señor Presidente, quiero creer que hoy, cuando se presente el recurso ante la Corte Electoral por parte del contador Alvarez y su defensor, se va a adjuntar la notificación donde el Juez de Primera Instancia establece que el delito se ha extinguido, por el transcurso del tiempo, en marzo próximo pasado, que es cuando se cumplió un año de aquel procesamiento impropio que se produjo.

Quiero aclarar aquí que un acto de notificación es un instrumento público y, como tal, lleva en sí una presunción de verdad en cuanto a que se trata de un documento público y también en cuanto a su contenido. Digo esto, porque ha sido extendido por funcionarios competentes dentro de la esfera de su competencia y en el límite de sus atribuciones. En consecuencia, la Corte Electoral no va a poder decir que no sabe nada de esto, y menos lo podrá hacer teniendo en cuenta que se trata de un hecho notorio. Si la Corte Electoral, por una razón formal, entiende que con la notoriedad del hecho no alcanza, igual tiene la posibilidad de comunicarse -como integrante de un Poder del Estado- a los efectos de que se le aclare si es cierto ese rumor que se está dando a nivel de prensa. De manera que aquí no hay excusas para decir que la Corte Electoral no está al tanto de la interpretación jurisprudencial de lo que ha pasado, porque la conoce o la debe conocer.

Entonces, con mucho gusto voy a aprobar esta declaración, donde lo que se dice es que el contador Alvarez no ha incumplido, desde el punto de vista funcional, con nada que amerite la suspensión de su ciudadanía.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa desea destacar la presencia de alumnos y docentes del Colegio "Monseñor Isasa". Sean bienvenidos.

5) RECTIFICACION DE TRAMITE

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de rectificación de trámite llegada a la Mesa.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).- "Mocionamos para que se rectifique el trámite dado al De-creto del Poder Ejecutivo de 23 de mayo de 2005, por el que se eleva a la categoría de Prefectura a la actual Subprefectura del Puerto de Mercedes y se destine a estudio de la Comisión de Hacienda y Presupuesto la Carpeta Nº 2405. Edgardo Ortuño, Jorge Orrico y Pablo Abdala. Diputados".

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 81 en 83. Afirmativa.

6) INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION RELACIONADO CON LA RESOLUCION REMITIDA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS REFERIDA AL SEÑOR MINISTRO CONTADOR ARIEL ALVAREZ

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa el análisis de la situación del contador Ariel Alvarez.

Tiene la palabra el señor Legislador Ortuño.

SEÑOR ORTUÑO.- Señor Presidente: creo que conforme avanza el trámite del debate, van quedando contun-dentemente demostradas la pertinencia y la necesidad de que la Asamblea General, en el día de hoy, emita un pronunciamiento con los contenidos que ha planteado la bancada de Gobierno en esta tarde.

Estamos en una sesión de la Asamblea General que es y debe ser vista como una continuidad de la anterior sesión, en la que hubo algunos planteos que creo que han sido contestados con la realidad y el curso de los hechos, pero que merecen una respuesta política.

Estamos, señor Presidente, ante una moción de declaración que se centra en el nudo de lo que estamos discutiendo. Por un lado, está el pronunciamiento de los alcances y consecuencias de un fallo que no está en discusión y, por otro, las consideraciones sobre los aspectos políticos y de contexto que, sin duda, tiñen todo el trámite de este asunto que involucra al contador Ariel Alvarez, Ministro del Tribunal de Cuentas.

En primer lugar, se ha cuestionado si la Asamblea General tiene competencias para emitir un pronunciamiento de esta naturaleza y, por mi parte, está claro que sí, las tiene. También se ha planteado -fundamentalmente en la sesión pasada, aunque se ha dejado entrever- que puede haber aspectos de cuestionamiento al Poder Judicial o que vulneren o avasallen la división de Poderes. Lo primero que se debe reafirmar con mucha claridad y enfáticamente, es que aquí nadie discute ningún fallo. Acá no hay violación de Poderes, ni se está cuestionando el fallo, porque lo fallado, fallado está. Sin embargo, se están considerando -creo que no sólo es competencia, sino responsabilidad de la Asamblea General- los alcances de ese fallo, en lo que respecta a un Ministro del Tribunal de Cuentas. Digo que es competencia y responsabilidad de la Asamblea General, no sólo porque es ésta la que otorga la confianza para la actuación de los Ministros, sino porque, si no se realiza una lectura un poco forzada del artículo 209 de la Constitución -norma que tiene dos aspectos-, surge claramente que los Ministros son responsables ante esta Asamblea General. Como muy bien lo demostraron el señor Senador Korzeniak y otros compañeros, esta Asamblea tiene sobradas competencias para expedirse sobre la actuación de los referidos Ministros. Además, está bien que se reafirme la confianza y que se establezca que ha habido una total corrección en la actuación del contador Ariel Alvarez en este caso. En ese marco, la bancada de Gobierno ha venido -al igual que en la sesión pasada- a plantear que en lo que tiene que ver con el alcance y las consecuencias del fallo -insisto en que esto no está en cuestión-, estamos totalmente convencidos de que no corresponde la suspensión de la ciudadanía y, por tanto, tampoco el alejamiento del cargo del contador Ariel Alvarez. Hemos sostenido y sostenemos esto con fundamen-tos jurídicos muy profundos. No quiero utilizar el tér-mino "sobrados" porque no me gusta hacer referencia a ningún argumento que pueda ser tildado o tener alguna referencia de soberbia. Sin embargo, creo que los argumentos son realmente contundentes y mi compañero de bancada, el señor Legislador Orrico, los termina de reseñar.

Quisiera destacar dos aspectos centrales de esos fundamentos jurídicos que fundamentan nuestra postura, tanto hoy como en la sesión anterior. Se trata de elementos que la enorme mayoría de la doctrina ha planteado como indiscutibles. Ya se ha dicho que la suspensión condicional de la pena, extingue el delito. También hay doctrina en cuanto a que, extinguida la pena principal, también se extingue la pena accesoria, como es la suspensión de la ciudadanía. Es decir que ha habido sobrados fundamentos jurídicos, pero si estos no alcanzaban y quedaban dudas acerca de si el delito estaba extinguido o no, podemos señalar otro aspecto que tiene que ver con los plazos, sobre el que ahora aparecen novedades contundentes. Cuando presentamos esta moción en la sesión anterior, ya se decía que los plazos habían concluido y, por tanto, por esa vía ya no existía causal para ameritar la suspensión de la ciudadanía. Esto ahora va a ser refrendado por el propio Poder Judicial, pero de eso hablaremos más adelante porque creemos que es muy importante. Sin embargo, ¿qué sucede? Que a pesar de estos argumentos y de su contundencia, hay un dictamen de la Corte Electoral que, en los hechos, suspende la ciudadanía al contador Ariel Alvarez, lo que, a nuestro modo de ver, es totalmente injustificado.

Aquí se ha invocado una resolución de la Corte Electoral de diciembre de 1999. Nos hemos ocupado de rastrear elementos sobre el asunto, de buscar antecedentes y de buscar opiniones más avezadas en el seno de la Corte Electoral y puedo decir, con mucha contundencia, que las cosas se confunden porque dicha resolución no se aplica en este caso. En 1999 se resuelve actuar ante las comunicaciones de las sentencias del Poder Judicial pero eso, de ninguna manera, justifica actuar ante cualquier sentencia, con cualquier contenido, del Poder Judicial. Así ha sido sostenido por la minoría de la Corte Electoral y así debe figurar en actas, no obstante lo cual la mayoría actual ha actuado como lo ha hecho, en forma totalmente equivocada.

Se hizo referencia, señor Presidente, a que la Corte actuó conforme al numeral 4º del artículo 80 de la Constitución. Entiendo que hay que leer bien la Constitución porque al hablar de las causales de suspensión de la ciudadanía dice: "Por sentencia que imponga pena de destierro", etcétera, pero aquí no hay imposición, sino suspensión condicional de la pena, por lo que no es de aplicación el numeral cuarto del artículo 80 de la Constitución. De todos modos, si cabe alguna duda, más adelante el propio numeral termina haciendo referencia a la inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos durante el tiempo de la condena. Se hace referencia al tiempo de la condena, pero, al estar suspendida, no existe.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa desea llamar al orden a los señores Legisladores para que cada orador pueda expresar sus ideas con total libertad.

SEÑOR ORTUÑO.- Como conclusión de la primera parte de la exposición, debo decir que el proyecto de declaración que el Presidente tiene sobre la Mesa es absolutamente pertinente, ya que la primera conclusión a la que se debe arribar en esta situación es que no hay consecuencias del fallo, en lo que tiene que ver con la situación jurídica del Ministro y de su permanencia en el cargo. Por tanto, corresponde que este Cuerpo exprese la confianza y le reitere el respaldo para la prosecución en el ejercicio del cargo.

El segundo aspecto sobre el que cabe pronunciarse -prácticamente, es el aspecto principal que está tiñendo esta discusión- tiene que ver con lo político, con el contexto en el que se dan estas actuaciones y resoluciones, que no dudo en calificar de injustas con relación a nuestro compañero Ariel Alvarez. Este no es un debate jurídico, pero realmente valoro los aportes realizados. De alguna manera, el silencio que hay en la defensa de argumentos contrarios a esta posición que hoy viene a defender el Encuentro Progresista, subraya la pertinencia y solidez de los planteos jurídicos de nuestros compañeros. Pero esta es una discusión, señor Presidente, que tiene un componente esencialmente político. No estamos hablando de cualquier delito ni tampoco estamos hablando de cualquier ciudadano; estamos hablando del único Ministro, del único Representante que ha tenido el Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría durante muchos años en el Tribunal de Cuentas, el contador Ariel Alvarez. Precisamente, es conocido y recordado por todos, porque por mucho tiempo ha sido quien detectara, investigara a fondo con lupa y denunciara las situaciones de irregularidades que se han generado en el Estado. Sin dudas, todo esto tiene que ver con esta situación. Estamos hablando de una personalidad, señor Presidente, que no sólo se ha conducido con corrección en el seno del Organismo que integra, sino que ha sido un celoso custodio de la legalidad en el Estado y de los deberes que la Constitución le impone a ese Organismo.

Por otro lado, señor Presidente, este es un aspecto político, porque aquí todos hemos asistido a una ofensiva pública de Legisladores integrantes de la oposición, referentes de sus Partidos, que hace tiempo vienen planteando con relación al contador Alvarez la necesidad o la eventualidad de la conveniencia del cese en sus funciones. Incluso, esto se ha insinuado en alguna sesión de la Cámara de Representantes y se han utilizado, insisto, argumentos, probada y contundentemente inexactos, que no corresponden; por eso decimos que están teñidos de una intencionalidad política. Pero sucede que aparece como nuevo elemento un dictamen de la Corte Electoral que esgrime exactamente los mismos argumentos y la misma tesis jurídica, que largamente ha quedado demostrado son inexactos.

Por último, señor Presidente, esto tiene connotaciones políticas porque, amén de esos hechos que estamos relatando, en la sesión anterior de la Asamblea General, ante los planteos igualmente contundentes de nuestra bancada en el sentido de interpretar el alcance y las consecuencias del fallo y sostener que era absolutamente equivocado e injusto ir contra el contador Ariel Alvarez porque no había causal de suspensión de la ciudadanía, desde las bancadas de la oposición escuchamos argumentos que no quisiera quedaran sin contestar, pues se hacía un cuestionamiento al Poder Judicial en virtud de que planteábamos estas tesis a que he hecho referencia. Me pregunto qué se dice hoy cuando desde el seno del propio Poder Judicial se da la razón a las tesis y posturas políticas que esta bancada sostuvo en la sesión pasada, las que merecieron todo tipo de adjetivaciones. Se habló de avasallamiento, incluso, de que estaríamos deslizándonos hacia un período oscuro con el argumento de que nuestra interpretación no era la del Poder Judicial. ¿Ahora qué pasa? ¿Es el propio Poder Judicial el que está sosteniendo que esta bancada del Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría tenía razón y que no había justificación jurídica para ir contra el contador Ariel Alvarez?

Lamentablemente, señor Presidente, pienso que a cambio de decisiones que deben ser tomadas en el marco de la ecuanimidad y la tolerancia -virtudes que deben caracterizar a la democracia- se han tomado -y no es la primera vez- con motivaciones que nada tienen que ver con el procedimiento de un organismo tan importante para la democracia y para el funcionamiento de nuestro sistema político. Acá hay un tema de fondo que no se puede soslayar: ha habido un pronunciamiento de una Corte Electoral cuya situación es insostenible desde el punto de vista democrático. En la sesión pasada se decía por parte de un señor Senador "hagámonos cargo", pues bien, hagámonos cargo y admitamos que es democráticamente insostenible la situación de una Corte Electoral conformada de acuerdo al resultado electoral de hace una década, que nada tiene que ver con las actuales mayorías del país y que, por lo tanto, ello no está en consonancia con lo que establece la Constitución de la República que con mucha claridad plantea que ellas deben expresar al soberano.

De manera que, señor Presidente, estamos ante un pronunciamiento de la Asamblea General que es necesario, que es pertinente y que está sujeto a sus competencias, que refrenda un pronunciamiento de la Corte Electoral absolutamente teñido de intencionalidad política.

SEÑOR GAMOU.- ¿Me permite una interrupción, señor Legislador?

SEÑOR ORTUÑO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Legislador.

SEÑOR GAMOU.- Señor Presidente: luego de esta tarde tan larga, de tantas intervenciones jurídicas, en donde los que no somos juristas y esos angelitos que vinieron a escuchar en la Barra...

SEÑOR PRESIDENTE.- Ya se retiraron, señor Legislador.

SEÑOR GAMOU.- Hasta ya los aburrimos. De todos modos quisiera decir que mientras escuchaba a todos los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra, me surgió una especie de reflexión -diría, reflexión vital- y vinieron a mi memoria viejas épocas de Facultad; precisamente, acá tengo dos compañeros de aquella época. Cuando estudiábamos ciencia política se nos decía que las ciencias auxiliares de ésta eran la sociología, la estadística, la psicología y la "mar en coche". Escuchando tantos argumentos jurídicos, aparte de querer gritar socorro, recuerdo que en esa clase había algunos rebeldes que decíamos que la ciencia política tiene otras dos ciencias auxiliares: una de ellas, sin dudas, la historia y, la otra, la semántica.

Paso a explicar por qué. Uno escucha todo este episodio del contador Alvarez y le viene a la memoria lo que pasaba acá, en nuestra querida América, esa América total, donde estaba el Inca, el gran mandamás, quien tenía un territorio muy vasto. Cuando aparecía un mensajero con malas noticias, si al Inca no le gustaban esas noticias, mataba a ese pobre mensajero. Acá, ¿quién fue el mensajero? Ni más ni menos que el contador Ariel Alvarez, que trajo las malas noticias, que nos dijo que en el Uruguay pasaban cosas raras y que desde el Tribunal de Cuentas marcó determinadas irregularidades. El problema es quién es "el Inca". Antes, "el Inca" era la coalición de gobierno. Hoy tenemos que recurrir a la semántica para averiguar quién es, porque ya no es tan fácil definirlo.

Analizando la resolución de la Corte Electoral, necesariamente tenemos que recurrir a la semántica. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro queridísimo idioma castellano tiene alrededor de 90.000 palabras para reflejar la realidad. ¡Vaya si en 90.000 palabras uno puede encontrar términos que reflejan determinada realidad en determinada coyuntura!

El término "cohonestar" quiere decir dar apariencia de justa o razonable a una acción que no lo es. Acá ha quedado demostrado jurídicamente que lo que ha hecho la Corte Electoral ha sido un vil intento de cohonestación.

Vuelvo nuevamente a la semántica; gracias ciencia auxiliar. El Inca, es decir, el que quiere matar al mensajero Ariel Alvarez, ahora no es la coalición, porque a esta no le alcanzan los votos, pero la semántica me ha enseñado otro término que es la colusión, que quiere decir pacto ilícito en perjuicio de un tercero y, en definitiva, eso fue lo que hizo la Corte Electoral, no en contra de Ariel Alvarez, sino del Gobierno y de esta fuerza política.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Legislador Ortuño.

SEÑOR ORTUÑO.- Para ir finalizando, quiero señalar que tanto nuestros argumentos como los de los compañeros de bancada fundamentan la necesidad de votar cuanto antes, rápidamente, la moción de declaración que el señor Presidente tiene sobre la Mesa, que establece el respaldo a un Ministro -que creo ha quedado demostrado no ahora, sino a lo largo de su trayectoria, que lo merece-, así como una resolución que retracta o, de alguna manera, viene a hacer justicia y a pronunciarse sobre lo que ha sido una interpretación absolutamente política, con muy poco fundamento jurídico, que ha hecho una Corte Electoral que, en realidad, creo que ya llegó a su ciclo final y que está en una situación absolutamente insostenible. Con este hecho y esta resolución viene a reafirmar que en lo personal no nos da garantías de ningún tipo como órgano jurisdiccional, porque usa y abusa de mayorías que no le corresponden de acuerdo a lo que ha sido el pronunciamiento ciudadano. Debe caer, debe renovarse, y todos los que de alguna manera profesamos las convicciones democráticas -creo que en este Parlamento las profesamos los Legisladores de todos los lemas y todos los Partidos- debemos estar contestes en que hay que renovarla y actualizarla de acuerdo a lo que son los nuevos tiempos y las nuevas realidades que ha dispuesto la ciudadanía en el Uruguay.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: de acuerdo a las versiones que han circulado hoy en el seno de la Asamblea General, que fueron traídas por el señor Senador Korzeniak, existiría un pronunciamiento de parte del Poder Judicial en función del cual el famoso "período de latencia" o período de un año al que nos referimos largamente distintos Legisladores en el transcurso de la sesión anterior y de la del día de hoy, habría expirado, se habría cumplido -según se ha señalado aquí en Sala- en marzo de este año, ya que empezó a correr en marzo del año pasado, supongo que en oportunidad de la denuncia o del emplazamiento que el Poder Judicial le habría realizado al contador Ariel Alvarez.

De ser cierto este trascendido y que hay un nuevo pronunciamiento judicial que marca el agotamiento del plazo referido, nos surge una duda que pensamos que como objeción no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ser levantada. Si fuera cierto que el pasado 20 de marzo, como se ha señalado, culminó el denominado "período de latencia", plazo en función del cual se iba a analizar la conducta del señor Alvarez y, a partir de cuyo cumplimiento quedaba extinguido el delito y, en consecuencia, también la pena, la Suprema Corte de Justicia en la sentencia que dictó el pasado 20 de abril, se habría estado pronunciando sobre una causa sin objeto de ninguna naturaleza, ya que no existía pena ni delito, porque todo se habría extinguido por el cumplimiento del mencionado plazo. Por lo tanto, no tiene absolutamente ningún fundamento.

Además, de ser cierto lo que se ha señalado, también es grave porque ya existía un pronunciamiento sobre este tema por parte del Juzgado de 1ª Instancia. Ese fue el pronunciamiento del pasado 5 de mayo, que nosotros exhibimos en la Comisión y posteriormente en Sala. El 5 de mayo, por oficio, el señor Juez comunica a la Corte Electoral la sentencia pronunciada por la Suprema Corte de Justicia, que había pasado en autoridad de cosa juzgada. Obviamente, se la comunica con el propósito de cumplir con el numeral 2º) del artículo 80 de la Constitución de la República y porque el Juez interpreta que está en pleno "período de latencia", que no se había agotado el año. Sin embargo, por lo que se ha señalado, aparentemente ahora cambia su posición, revé esa decisión y da por concluido el plazo con lo cual, de ser cierto el trascendido que se ha traído a Sala, se estaría desacreditando totalmente la acción de la Suprema Corte de Justicia, que se habría pronunciado sobre un caso que no existía y sobre un delito que se habría extinguido, al igual que sus consecuencias.

Felizmente, desde la bancada del Partido Nacional, desde la oposición, ni en aquella sesión ni en esta, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros sectores políticos, hemos emitido opinión ni cuestionado las decisiones del Poder Judicial, porque creemos en la independencia de los Poderes del Estado y porque incluso, más allá de esta lamentable declaración que el Parlamento hoy quiere aprobar, queremos preservar como garantía para el país, para el funcionamiento de las instituciones y para todos nuestros compatriotas, el respeto y la independencia del Poder Judicial y el respeto a las disposiciones de la Constitución de la República.

Nos parece que la declaración que se quiere llevar adelante, como lo señalamos en aquella circunstancia, es absolutamente inoportuna, pone en tela de juicio el pronunciamiento del Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia y, además, de ser cierto que hay un pronunciamiento del Juzgado de 1ª Instancia con las características del que existe, no tenemos duda de que, recibida la comunicación por la Corte Electoral, inmediatamente esta va a dejar sin efecto la inhabilitación que pesa sobre el ciudadano contador Ariel Alvarez, ya que la hemos visto actuar de buena fe en el transcurso de todos estos años.

Como muy bien se señaló en Sala en la sesión anterior, la Corte Electoral ha dado muestras y garantías más que suficientes, a través de la unanimidad de sus integrantes, de proteger el libre pronunciamiento de nuestros compatriotas en todas las circunstancias, es decir, en los plebiscitos, en los referendos y en la última instancia electoral de la que surge, precisamente, como aquí se señaló, nuestra propia legitimidad. Si estamos sentados aquí, como deberían estarlo los 130 señores Legisladores, es porque la Corte Electoral, cumpliendo con las potestades que le otorga la Constitución de la República y actuando serena y justicieramente, con equidad y respeto, proclamó la integración de este Cuerpo.

Si fuera verdaderamente cierto -como probablemente lo sea- que hay un nuevo pronunciamiento judicial para proteger las instituciones, para no andar generando enfrentamientos o conflictos del Poder Legislativo con el Poder Judicial o del Poder Legislativo con la Corte Electoral, ¿qué necesidad tiene la Asamblea General de aprobar una declaración política de solidaridad personal con una persona que ha sido condenada por la Suprema Corte de Justicia hace muy poco tiempo? ¿Qué necesidad tiene la Asamblea General de aprobar una declaración de esas características cuando sabemos, porque así ha actuado durante todos estos años, que la Corte Electoral, tan pronto reciba la comunicación correspondiente de que hay un nuevo pronunciamiento con una disposición determinada, va a dejar sin efecto la inhabilitación de la que hoy es objeto el contador Ariel Alvarez?

Como dijimos en la sesión anterior y lo reiteramos hoy, quiero recordar que la Asamblea General, para pronunciarse en un tema de estas características que involucra a un Ministro del Tribunal de Cuentas, se debe regir por el artículo 209 de la Constitución de la República. Nuestro Partido no quisiera llegar a la instancia de tener que cuestionar a la Mesa cuando, en el error, proclame afirmativo el resultado de la votación en el caso de que no se alcancen los dos tercios de votos, como muy probablemente suceda porque no conocemos a algún Legislador que, fuera de la mayoría que conforma el Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, vaya a votar junto con ellos una declaración de estas características.

Queríamos adelantar a la Mesa que si su criterio va a ser proclamar simplemente por mayoría absoluta como afirmativo el resultado de la votación, la bancada del Partido Nacional se va a retirar de Sala porque sus Legisladores no estamos dispuestos a tolerar que se siga adelante con el manejo de las instituciones desde el punto de vista político como está sucediendo y porque tampoco queremos ser cómplices de una decisión que nos parece -como lo dijimos en la sesión correspondiente- una bofetada a la Constitución de la República, al Poder Judicial y, en particular, a la Suprema Corte de Justicia.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa tampoco está dispuesta a tolerar amenazas.

(Se retira de Sala la Bancada del Partido Nacional)

SEÑOR SALSAMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR SALSAMENDI.- Señor Presidente: se han hecho una cantidad increíble de alusiones, pero he solicitado el uso de la palabra para contestar sólo algunas de ellas.

En primer lugar, quiero decir que tengo la copia de la resolución judicial, que me entregó el propio interesado.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Legislador?

SEÑOR SALSAMENDI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Legislador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: simplemente quiero decir que me parece lamentable la decisión del Partido Nacional y que este es el último eslabón de un triste episodio de fracasada "vendetta" política.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Legislador Salsamendi.

SEÑOR SALSAMENDI.- Señor Presidente: estoy de acuerdo con las palabras expresadas por el señor Legislador Rubio. Además, lamentamos profundamente que no se acepten las mayorías que se han impuesto como resultado de la voluntad popular.

Reitero que tenemos una resolución del Poder Judicial. Dijimos que no íbamos a discutir las decisiones de ese Poder y no lo hicimos; en ningún momento ingresamos en ese terreno. Insisto en que no lo hicimos antes y no lo haremos ahora. El único problema es que hoy tenemos que decir que teníamos razón en todo lo que señalamos y quizás esto explica alguna actitud que se ha puesto de manifiesto en este momento. En realidad, lo que dijimos era verdad punto por punto; cada cosa que señalamos se confirmó. Todos los argumentos que esgrimimos fueron confirmados por quien tiene que hacerlo, en este caso el Poder Judicial. Pero, además, no se trata solamente del contador Ariel Alvarez, sino que en el caso de que a cualquier ciudadano de este país, con suspensión condicional de la pena, se le llegue a suspender la ciudadanía, se estaría cometiendo una atrocidad. Es más; si se tratara de un funcionario público, perdería su trabajo. Es decir que esto también está en juego. Insisto en que no se trata solamente de la realidad del contador Ariel Alvarez, sino que estamos ante la realidad del funcionamiento del organismo con potestades jurisdiccionales y que, como Juez, se apartó gravemente de la ley y de la Constitución. Si la Asamblea General no puede emitir una declaración sobre el particular, uno no entiende una enorme cantidad de antecedentes similares de este mismo organismo, así como tampoco cuál sería el fundamento de la existencia de este Cuerpo en algunas de sus atribuciones. Francamente, no logramos entenderlo.

En forma concreta y sencilla queremos decir que rechazamos, tajante y absolutamente, todas las alusiones que se nos hicieron en términos de violación de la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Hemos demostrado que actuamos en un todo de acuerdo con los preceptos constitucionales y en función de lo que entendíamos que era la justa aplicación de la ley y, reitero, de la Constitución de la República.

Por lo tanto, negamos absolutamente las acusaciones que se nos han hecho en ese aspecto y lamentamos profundamente que se haya producido este gesto final cuando, en realidad, lo único que hizo esta Asamblea General fue demostrar que aquello que habíamos planteado efectivamente se adecuaba a la realidad de los hechos.

SEÑOR BARAIBAR.- ¿Me permite una interrupción, señor Legislador?

SEÑOR SALSAMENDI.- Con mucho gusto y advierto que luego de su interrupción daré por culminada mi exposición, no sin antes señalar que me alegro profundamente que sea el señor Nin Novoa quien presida esta Asamblea General, porque esa fue la decisión de la mayoría de los ciudadanos uruguayos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Legislador.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: deseo señalar que habíamos comprometido nuestra conducta en esta sesión, de acuerdo con lo resuelto en una reunión de bancada, y así lo hemos cumplido respetuosamente en torno al tema de fondo en discusión. No obstante ello, se plantea un nuevo hecho, que es el retiro de Sala de la Bancada del Partido Nacional. Confieso que en ningún momento tuvimos ese hecho como una posibilidad en la reunión de bancada que tuvimos en la mañana de hoy.

Quiero dejar una constancia, porque son hechos que vale la pena recoger para la historia. Soy el único parlamentario en esta Asamblea General que, junto con el señor Legislador Sanguinetti fuimos electos en las elecciones de 1971; él asumió como Ministro y yo como Legislador. Por lo tanto, soy el único parlamentario que integro la Bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría desde 1971.

Tuvimos que aguantar discusiones innumerables, se argumentó durante horas sobre determinados temas, muchas veces estrellándonos contra la pared, prácticamente sin recibir respuestas a nuestras preguntas. Más de una vez cuestionamos a la Mesa y ésta era ratificada por la mayoría, que hoy es la misma que establece el Reglamento.

A lo largo de cuatro Legislaturas en las que hemos debido enfrentar decisiones y votaciones contrarias a nuestras posiciones, no recuerdo más de una vez en que hayamos tenido que retirarnos de Sala. Sólo una vez en treinta años. Creo que hay que saber perder, porque perder también forma parte de las reglas de juego de la democracia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Legislador Salsamendi.

SEÑOR SANGUINETTI.- ¿Me permite una interrupción, señor Legislador?

SEÑOR SALSAMENDI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Legislador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: se ha insistido mucho en la característica política de la decisión de la Corte Electoral. Y no porque lo haya dicho ya antes, voy a dejar de reiterar ahora que la decisión de la Corte -todo lo discutible que se quiera en el terreno jurídico- respondió a un criterio jurídicamente determinado por ella misma años antes, sin referencia a ningún caso concreto y luego de realizar un análisis en virtud del cual llegó a esa conclusión, precisamente, para esos casos. Fue la doctora Elizeire, en el año 1998, quien planteó el tema de la Corte Electoral, concretamente, en relación a las causas de inhabilitación con la suspensión de la pena. Ese es el punto sobre el que efectivamente resolvió la Corte y habría sido absolutamente político si hubiera discriminado o exceptuado y hubiera dicho que este no era el criterio.

Me parece necesario reiterar una vez más este aspecto en homenaje a una Corte Electoral que, en contra de lo que se viene diciendo, ha hecho honor a la tradición democrática del país, y lo digo en función de toda su trayectoria. Todos quienes hemos estado aquí hemos tenido años de actuación; unos más y otros menos, aunque yo todavía un poquitito más que el señor Legislador Baráibar, pues ya venía de antes. Me refiero a la antigüedad y, por supuesto, no nos vamos a pelear por ello, pero deseo ser exacto.

Todos sabemos que esta Corte -con todos los cuestionamientos que le queramos hacer- a veces ha sido favorable a unos y a veces a otros y ha actuado con una enorme independencia de criterio, presidida por quien a mi juicio es la autoridad electoral mayor desde el punto de vista técnico en estos temas.

Por último, se invoca tanto y constantemente a las mayorías, y todos debemos ser respetuosos de ellas y lo somos, pero la mayoría que pide la Constitución para integrar la Corte no es simplemente la mayoría para elegir al Presidente; se trata de otra mayoría. Entonces, el tema no pasa por ganar la elección y tener derecho a la Corte; reitero, es otra mayoría. Es distinta y se compone necesaria y obligatoriamente de varios partidos. En la realidad actual, mi partido no es decisivo en el tema, pero sí digo que deben ubicarse las cosas en el terreno adecuado. No es que se gana la elección, la Presidencia y, además, se gana la Corte Electoral. Este es también un razonamiento político que debemos hacer, porque la mayoría ha de ser respetada, pero también ha de ser respetuosa.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Legislador Salsamendi.

SEÑOR SALSAMENDI.- Señor Presidente: quisiera hacer una serie de reflexiones.

En primer lugar, ante el hecho de que la resolución encuentre sustento en un planteo anterior de los años 1998 o 1999, entendemos que la continuidad en el tiempo no convalida aquellas actuaciones y decisiones que, en nuestra opinión, están manifiestamente en contra de la Constitución y la ley. Comprendemos que mediante ese planteo se pueda quitar el tono de arbitrariedad, discrecionalidad, persecución personal y política, etcétera; eso es algo posible como argumento. Sin embargo, insisto en el lugar donde intentamos situar el tema que es en el plano de que aquí había una decisión -que en este caso involucraba a un ciudadano- que implicaba una situación desde el punto de vista institucional inusitadamente grave y que esa decisión contenía un error jurídico de base elemental que, además, a mayor abundamiento, ahora ha sido confirmado por la decisión del Poder Judicial. Este fue el fundamento esencial de todo nuestro planteo.

Finalmente, creo que es verdad que no por ganar las elecciones se gana la Corte Electoral. No es la mayoría simple ni la absoluta la que lo determina, sino los dos tercios. También es verdad que entendemos que absolutamente todos en este país, y particularmente los Legisladores llamados a decidir sobre todo esto, deberían tener la grandeza de espíritu y la honestidad republicana de reconocer lo que la gente quiso que ocurriera. Quienes se retiraron de este ámbito no están discutiendo con nosotros, sino con más del 50% de la población uruguaya y, francamente, uno lamenta ese desprecio a toda esa gente que nos sentó en estas bancas.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la moción presentada.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).- "1º) Ratificar su total confianza en la persona del señor Contador Ariel Alvarez y declarar que ha desempeñado fiel y exactamente sus funciones como miembro del Tribunal de Cuentas.

2º) Ante la comunicación enviada por el Tribunal de Cuentas a esta Asamblea General y habiéndose abocado la misma al estudio de los antecedentes, se considera que no existen consecuencias con respecto a la actual situación jurídica del Contador Ariel Alvarez que obsten a la continuidad en el cumplimiento de sus funciones, tal cual lo ha notificado el Poder Judicial.

3º) Comunicar esta declaración al referido Organismo." Firman Carlos Gamou y Alberto Couriel.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción llegada a la Mesa.

(Se vota:)

- 68 en 80. Afirmativa.

SEÑOR IBARRA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: no habíamos hecho uso de la palabra porque entendíamos que desde el punto de vista jurídico había otros señores Legisladores con mayor capacidad, pero sí queremos ratificar con absoluta claridad y seguridad que damos todo nuestro apoyo a la moción de declaración que se acaba de aprobar y también muy especialmente damos nuestro total apoyo al compañero contador y Ministro del Tribunal de Cuentas Ariel Alvarez porque durante su gestión ha demostrado su capacidad, su honorabilidad, su probidad para las resoluciones difíciles y complejas que a veces deben ser adoptadas por parte de ese Tribunal.

Por otro lado, también queremos ratificar lo que aquí se ha dicho por parte de distintos Legisladores de nuestra fuerza política en el sentido de que hemos actuado, sin ningún tipo de dudas, en el marco de la Constitución de la República Oriental del Uruguay. En ese sentido, consideramos que se ha producido un error por parte de la mayoría de la Corte Electoral y esperamos que en las próximas horas se revoque la resolución del 1º de junio que tenemos en nuestro poder, que dispone la suspensión de la ciudadanía a Ariel Alvarez Pagani, por lo que procede inhabilitar su inscripción cívica por el término de un año.

Sé que no es sencillo aceptar derrotas, señor Presidente.

(Parte de este fundamento de voto ha sido elmininada en aplicación del inciso final del artículo 104 del Reglamento del Senado).

- Lamento que una Bancada numerosa e importantísima que nosotros respetamos y que es la del Partido Nacional, se haya retirado de Sala. Digo esto porque tuvieron todas las posibilidades y oportunidades reglamentarias y constitucionales para volcar sus argumentos. Así lo hicieron y cuando se va a votar una declaración aplicando normalmente la mayoría que indica, en definitiva el resultado de lo que dispuso el soberano, se retiran de Sala. Lo lamento y rechazo ese tipo de actitudes como la que se dio en la tarde de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa se siente nuevamente en la obligación de reiterar que en la fundamentación de voto no se pueden hacer alusiones políticas. Por tanto, será revisada la versión taquigráfica, a efectos de establecer en ella lo que corresponda.

SEÑOR RIOS.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR RIOS.- Hemos votado esta resolución del Cuerpo en base a dos entendidos fundamentales que son, a nuestro humilde modo de ver, los centros de eje neurálgicos del tema que nos convocó.

En primer lugar, este Cuerpo está habilitado para tener una postura política respecto a una situación planteada en el sistema político y sobre ella, esta Asamblea General tiene todo el derecho de emitir un juicio de valor.

En segundo término, nuestros compañeros han demostrado claramente la verdad jurídica que tiene el planteamiento y el corazón de la moción. No creo que hoy la mayoría, ya no circunstancial, haya logrado nada más que el haber hecho justicia frente a una situación de injusticia que se estaba cometiendo si no se hubiese dictado esta resolución. Los cuerpos políticos deben tomar actitudes políticas con independencia, de si son vinculantes o no, y si jurídicamente inciden o no. No creo que aquí la mayoría haya salido victoriosa porque, así hubiera sido, si hubiera otros elementos en juego. La aplicación de la justicia no es una victoria, sino una obligación que tienen los cuerpos políticos de aplicar el Derecho cuando así lo entienden, trasmitiéndolos a través de instrumentos políticos. Acá la aplicación del Derecho se ha hecho a través de la instrumentación de un elemento jurídico que es esta declaración que votamos y que tiene además, en su seno, la firme convicción de la representatividad que tiene el contador Alvarez, quien cuenta con la anuencia de este Cuerpo y de la sociedad. Además, se estaba cometiendo una injusticia que no es justificable, por lo que esta resolución centra el hecho en el prestigio del contador Alvarez y en lo que un Cuerpo político debe hacer frente a las injusticias que se pueden estar cometiendo.

7) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Es la hora 17 y 33 minutos)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Sr. Santiago González Barboni - Sr. Marti Dalgalarrondo Añón Secretarios

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos del Senado

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.