Nº 7 - TOMO 84 - 1º DE JUNIO DE 2005

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

ASAMBLEA GENERAL

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

7ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI, DOCTOR MARTI DALGALARRONDO AÑON Y DOCTOR JOSE PEDRO MONTERO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Rectificación de trámite

5) Informe de la Comisión de Constitución y Legislación relacionado con la Resolución remitida por el Tribunal de Cuentas referida al señor Ministro contador Ariel Alvarez

- Antecedentes: Repartido N° 1 y Anexo I, de mayo de 2005. Carpeta N° 21 de 2005. Secretaría.

- En discusión.

6) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 31 de mayo de 2005.

La ASAMBLEA GENERAL se reunirá en sesión extraordinaria, mañana miércoles 1º de junio, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

- Informe de la Comisión de Constitución y Legislación relacionado con la Resolución remitida por el Tribunal de Cuentas referida al señor Ministro contador Ariel Alvarez.

Carp. Nº 21/05 - Rep. Nº 1/05 y Anexo I

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

Asisten: los señores Senadores Sergio Abreu, Juan Justo Amaro, Enrique Antía, Carlos Baráibar, Alberto Breccia, Juan Antonio Chiruchi, Alberto Cid, Alberto Couriel, Eber Da Rosa, Susana Dalmás, Eleuterio Fernández Huidobro, Francisco Gallinal, Luis Alberto Heber, Pablo Iturralde Viñas, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Eduardo Lorier, Rafael Michelini, Carlos Moreira, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Carlos Ramela, Eduardo Ríos, Enrique Rubio, Julio María Sanguinetti, Jorge Saravia, Lucía Topolansky, Víctor Vaillant y Mónica Xavier, y los señores Representantes Pablo Abdala, Washington Abdala, Alvaro Alonso, Pablo Alvarez, José Amorín, Beatriz Argimón, Hugo Arambillete, Enrique Arezo, Roque Arregui, Miguel Asqueta Sóñora, Alfredo Asti, Manuel María Barreiro, Juan José Bentancor, Bertil Bentos, Daniel Bianchi, José Luis Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Sergio Botana, Eduardo Brenta, Juan José Bruno, Diego Cánepa, Germán Cardoso, Julio Cardozo Ferreira, Federico Casaretto, Alberto Casas, Hebert Clavijo, Alba Cocco Soto, Roberto Conde, Silvana Charlone, Guillermo Chifflet, David Doti Genta, Carlos Enciso Christiansen, Gustavo Espinosa, Sandra Etcheverry, Eduardo Fernández, Julio Fernández, Luis José Gallo Imperiale, Carlos Gamou, Jorge Gandini, Fernando García, Javier García, Daniel García Pintos, Nora Gauthier, Carlos González Alvarez, Rodrigo Goñi Romero, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, Uberfil Hernández, Doreen Javier Ibarra, Liliám Kechichián, Luis Alberto Lacalle Pou, Omar Lafluf, Guido Machado, Jorge Machiñena Fassi, José Carlos Mahía, Ruben Martínez Huelmo, Carlos Maseda, Carlos Mazzulo, Remo Monzeglio, Eloísa Moreira, Jorge Menéndez, Gonzalo Mujica, Gonzalo Novales, José Quintín Olano Llano, Jorge Orrico, Edgardo Ortuño, Ivonne Passada, Jorge Patrone, Daniela Payssé, Adriana Peña Hernández, Daniel Peña, Alberto Perdomo Gamarra, Aníbal Pereyra, Darío Pérez, Esteban Pérez, Pablo Pérez, Juan J. Piñeyrúa, Iván Posada, Jorge Pozzi, Edgardo Rodríguez, Gustavo Rombys, Jorge Romero Cabrera, Luis Rosadilla, Javier Salsamendi, Carmen Sánchez, Víctor Semproni, Carlos Signorelli, Juan C. Souza, Héctor Tajam, Hermes Toledo, Daisy Tourné, Jaime Mario Trobo, Alejo Umpierrez, Pablo Urreta, Alvaro Vega, Homero Viera y Horacio Yanes.

Faltan: con licencia, los señores Senadores Isaac Alfie, Ruperto Long y Leonardo Nicolini, y los señores Representantes José Carlos Cardoso, Nora Castro, Mauricio Cusano, Richard Charamelo, Oscar de los Santos, Alvaro Delgado, Juan José Domínguez, Ramón Fonticiella, Fernando Longo, Alvaro Lorenzo, Enrique Pintado, Nelson Rodríguez Servetto, Mónica Travieso y Carlos Varela Nestier, con aviso, el señor Senador Julio Lara Gilene, y el señor Representante Julio C. Silveira; sin aviso, la señora Representante María del Carmen Suárez.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 44)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 1º de junio de 2005.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite de acuerdo a la delegación de atribuciones dispuesta por resolución del Poder Ejecutivo Nº 13/993, de 12 de enero de 1993, copia de varios Decretos y Resoluciones dictados en distintas fechas.

La Suprema Corte de Justicia remite un Mensaje en autos caratulados "RODRIGUEZ, HUMBERTO Y OTROS - SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE NATURALEZA JURIDICA DE NORMAS CONTENIDAS EN LA RENDICION DE CUENTAS, adjuntando sentencia Nº 98 por la que no se hace lugar al recurso de revocación interpuesto.

- TENGANSE PRESENTES.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva un proyecto de declaración relacionado con la situación del Ministro del Tribunal de Cuentas contador Ariel Alvarez.

- HA SIDO REPARTIDO. ESTA INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA DE HOY."

4) RECTIFICACION DE TRAMITE

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una moción presentada por los señores Legisladores Cánepa, Orrico, Ortuño y Gamou.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se rectifique el trámite dado al decreto dictado por el Poder Ejecutivo por el que se modifica la estructura organizativa de la Unidad Ejecutora 008 'Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear' del Inciso 08 'Ministerio de Industria, Energía y Minería' (C/22/05), y se destine a estudio de la Comisión de Hacienda y Presupuesto."

- Se va a votar.

(Se vota:)

- 96 en 99. Afirmativa.

5) INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION RELACIONADO CON LA RESOLUCION REMITIDA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS REFERIDA AL SEÑOR MINISTRO CONTADOR ARIEL ALVAREZ

SEÑOR PRESIDENTE.- Se entra al Orden del Día con la consideración del asunto motivo de la convocatoria: "Informe de la Comisión de Constitución y Legislación relacionado con la Resolución remitida por el Tribunal de Cuentas referida al señor Ministro contador Ariel Alvarez".

(ANTECEDENTES:)

"Carp. Nº 21/05

Rep. Nº 1/05

Tribunal de Cuentas

Montevideo, 2 de mayo de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Tec. Agrop. Rodolfo Nin Novoa.

De mi mayor consideración:

Transcribo a usted la Resolución adoptada por este Tribunal en el día de la fecha, en Comisión General:

"VISTO: la Sentencia Nº 80 de fecha 20 de abril de 2005, dictada por la Suprema Corte de Justicia, en los autos caratulados: "ALVAREZ, ARIEL - Desacato - CASACION PENAL", Ficha: 99-38/2004;

RESULTANDO: 1) que por sentencia Nº 15 de 16.3.04, el Juzgado Letrado de 1ª Instancia en lo Penal de 5º Turno, dictó el siguiente fallo: "Condenando a Ariel Alvarez como autor penalmente responsable de un delito de desacato cometido a través de un medio de comunicación, a sufrir la pena de cinco (5) meses de prisión, sin descuento de la preventiva que no sufrió y de su cargo las accesorias legales previstas en el artículo 105 literal "e" del Código Penal. Suspéndese condicionalmente al encausado la ejecución de la pena, beneficio al que podrá optar. Se considerará tácitamente aceptada la suspensión condicional de la ejecución de la pena para el caso de no comparecer el encausado a declinarla dentro de los 30 días de notificado de la sentencia. Notifíquese y si no mediare apelación, cúmplase, háganse las comunicaciones correspondientes, liquídese la pena, elévese en consulta si correspondiere, resérvese, modifíquese la carátula y oportunamente, archívese";

2) que apelada la sentencia definitiva de primera instancia, el 12 de mayo de 2004 por sentencia Nº 157, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno, falló: "Revócase la sentencia apelada y en su lugar absuélvese a Ariel Alvarez de la imputación del delito por el cual fuera condenado en primera instancia. Consentida o ejecutoriada, oportunamente archívese";

3) que el 31 de mayo de 2004, la Fiscal Letrado Nacional en lo Penal de 9º Turno, interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Sala penal;

4) que el 30 de abril de 2005, por sentencia Nº 80, la Suprema Corte de Justicia se expidió fallando: "ANULASE LA SENTENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR, CONFIRMASE EL PRONUNCIAMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA, SALVO EN CUANTO A LA CALIFICACION DELICTUAL, QUE SE MODIFICA, IMPUTANDOSE AL CR. ARIEL ALVAREZ LA COMISION DE UN DELITO DE INJURIA".

5) que el Cr. Ariel Alvarez integra como Ministro el Tribunal de Cuentas de la República;

CONSIDERANDO: que este Tribunal no es competente para resolver acerca de las consecuencias que puedan derivar de la situación planteada;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto,

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Tomar conocimiento de la sentencia referida en el "Visto" de esta resolución.

2) Dar cuenta a la Asamblea General, adjuntando testimonio de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia."

Saludo a usted atentamente.

Gral. Cr. Guillermo Ramírez Presidente

Sentencia Nº 80

Ministro Redactor:

Doctor Roberto Parga Lista

Montevideo, veinte de abril de dos mil cinco.

VISTOS:

Para sentencia estos autos caratulados: "ALVAREZ, ARIEL - Desacato - CASACION PENAL" Ficha: 99-38/2004.

RESULTANDO:

I) La sentencia de segunda instancia Nº 157, del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Segundo Turno, revocó la sentencia apelada y en su lugar, absolvió a Ariel Alvarez de la imputación del delito por el cual fuera condenado en primera instancia (fs. 189 v.).

La sentencia de primer grado Nº 15, de fecha 16 de marzo de 2004, del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno, había condenado a Ariel Alvarez como autor penalmente responsable de un delito de desacato cometido a través de un medio de comunicación, a sufrir la pena de cinco meses de prisión, sin descuento de la preventiva que no sufrió y de su cargo las accesorias legales previstas en el artículo 10, literal "e" del Código Penal. Asimismo, se otorgó al encausado, el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena (fs. 127).

La Fiscal Letrado Nacional en lo Penal de 9º Turno, interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Sala penal, sosteniendo en lo medular:

- se ha vulnerado el Art. 7 de la Constitución Nacional, que consagra al honor, como uno de los derechos fundamentales del hombre, ya que se desconoce que se lesionó el honor de Aguerre, cuando se afirma que las expresiones del denunciado fueron fuertes, inconvenientes, pero que no tuvieron idoneidad suficiente para llamar a responsabilidad penal.

- los servidores públicos no están privados del derecho al honor por lo cual, al no protegerlo, se estaría violando el Art. 8 de la Constitución Nacional, que consagra el principio de igualdad ante la ley.

- se vulneró también, el Art. 29 de la Carta Magna, que reconoce el derecho a la libre expresión de pensamiento pero dispone la responsabilidad que eventualmente puede darse por el abuso de dicho derecho.

- discrepa con la afirmación de la Sala de que en el caso concreto, no existió voluntad de injuriar o difamar, de que no existió dolo por parte del denunciado ya que éste, ofendió a Aguerre y lo hizo más de una vez.

- se vulneró el Art. 18 del Código Penal ya que fue clara la intención puesta de manifiesto por Alvarez. Las expresiones empleadas por él, a saber: "algo oculto", "mala fe", "acomodo", seguidas de la afirmación de que prefería creer que el denunciante tenía que volver a la escuela para aprender a leer, revelan que, burlonamente, está diciendo que prefiere pensar que el Dr. Aguerre es un ignorante y no que acomodó el contrato en beneficio de la empresa. Por ello, está clarísimo que se dirigió a Aguerre, que sabía muy bien lo que decía y a quién se lo decía.

- Asimismo, se infringió el Art. 174 del Código de Procedimiento Penal, pues el Tribunal enmarca las expresiones del Cr. Alvarez en la crítica política, infringiendo de tal forma la sana crítica pues no se debe confundir la libertad de crítica que es legítima con la crítica ofensiva (fs. 196/202).

Conferido el pertinente traslado, la Defensa del encausado lo evacuó, postulando el rechazo del recurso (fs. 214/216).

El Sr. Fiscal de Corte, evacuando la vista conferida, por las razones que expuso, estima que procede desestimar el recurso de casación interpuesto (fs. 221/224).

CONSIDERANDO:

I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de votos de sus integrantes naturales, hará lugar al recurso de casación interpuesto, por entender que el agravio relativo a la vulneración del Art. 18 del Código Penal, es de recibo.

Cabe rechazar de plano los agravios referidos a que el "ad quem", habría infringido los Arts. 7º, 8º y 29 de la Constitución Nacional.

La Sra. Fiscal recurrente, a juicio de la Corporación, parte de una premisa errónea según la cual, el Tribunal habría absuelto al encausado por considerar que el derecho a la libertad de expresión tiene preeminencia sobre el derecho al honor.

En efecto, el Tribunal de Apelaciones actuante absolvió al encausado por entender, básicamente, que éste no tuvo intención y voluntad de menoscabar al funcionario denunciante (ver en tal sentido consideraciones formuladas por el Fiscal de Corte a fs. 222 v./223), lo que deja sin sustento el reproche ejercitado.

II) Resulta asimismo de rechazo el motivo de sucumbencia fundado en la infracción a las reglas de la sana crítica (Art. 174 del C.P.P.), en cuanto la casación penal queda ceñida exclusivamente a la errónea aplicación de normas de derecho en el fondo o en la forma (Art. 270 del C.P.P.). El error en la apreciación de la prueba no es revisable en Casación, en la medida que no se puede discutir "acerca de los hechos que la sentencia considere comprobados" (Cf. E. Véscovi "El Recurso de Casación", pág. 83).

Además, corresponde precisar que las consideraciones desarrolladas en el artículo de autoría del Dr. Van Rompaey (que no comparte la mayoría), al que se hace referencia en la impugnación (ver fs. 199 v./200 v.), no resultan aplicables al subexamine, puesto que refieren al alcance del Art. 270 del C.G.P. y por ende, exclusivamente a la valoración de la prueba en la casación civil.

III) En cambio, como se adelantara, el agravio central de la recurrencia, a juicio de la Corporación, es de recibo legal.

Cabe señalar, con carácter previo, que la afirmación de la Sala de mérito relativa a que las críticas del denunciado "fueron dirigidas genéricamente y no con la expresa y única finalidad de ofender o atentar contra el honor del Sr. Subsecretario" (fs. 188), por lo que, en su conducta "no existió la voluntad de querer ofender" (fs. 189), así como que el Tribunal no advirtió "que haya existido la voluntad expresa de querer injuriar o difamar y como tal, falta en el análisis de la conducta, el elemento intencional (dolo) que desvanece absolutamente, todo atisbo de culpabilidad" (fs. 189), a juicio de la Corte, es cuestión revisable en casación (Art. 270 inc. 2º del C.P.P.).

Siguiendo a Barrios de Angelis ("Distinción de las cuestiones de hecho y de derecho, en casación, con especial referencia al proceso penal, en R.U.D.P., 1976, Nº 2, pág. 53), la intención es cuestión, vale decir, pensamiento, lo que "… permite su identificación con el derecho que es, por definición, pensamiento".

Por su parte, en pronunciamiento Nº 680/96, la Corporación, expresó al respecto: "La norma penal contiene una regulación abstracta de la conducta humana, y esa regulación abstracta es el derecho, la concretización de la conducta supuesta en un acontecimiento real, es el hecho… La norma penal, en cuanto describe fáctica e hipotéticamente una eventual conducta humana punible, suministra un concepto jurídico, entendido como regulación abstracta de una conducta humana, contenida en la ley penal: matar, hurtar, incendiar, abusar deshonestamente, la premeditación, la alevosía, el ardid, son conceptos jurídicos y no simples hechos".

"Para deslindar lo que puede ser materia de la casación (derecho) de lo que no lo es (hecho), debe enfocarse a la sentencia a la luz de los instrumentos dogmáticos indicados: el instituto y el concepto. Todo lo que sea valoración, inteligencia o interpretación de un concepto o de un instituto, constituye objeto de la casación; el objeto material alcanzado por el concepto o por el instituto, es decir el hecho histórico y concreto, queda fuera de la posibilidad del recurso y definitivamente fijado en la sentencia".

A ello se agrega que, revisando el criterio de la S. Nº 326/03, la calificación de la conducta como intencional o no intencional, no ingresa a los poderes discrecionales del Juez. Porque no se trata de un concepto vago o indeterminado desde que existe una regulación específica del derecho penal (Art. 18 C.P.), que excluye toda posibilidad de indeterminación.

En ese enfoque la conclusión del Tribunal es, a juicio de la Corporación, absolutamente errónea, pues surge, palmaria, la voluntad de injuriar, al decir -sin ambages- que el Subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas "o actúa de mala fe o está en algún acomodo", agregando que "tiene que volver a la escuela para aprender otra vez a leer". Como sostiene el Dr. Lombardi en su fundada discordia: "Léase como se las lea, las expresiones emitidas por Alvarez y recogidas por la prensa referidas a Aguerre, lo tratan de acomodado en el sentido vulgar de ‘coimero’ y de ignorante, a quien manda a aprender a leer" (fs. 193). Voluntad de injuriar que a la luz de las propias declaraciones del denunciado en autos, aparece como carente de todo fundamento válido, a punto tal que su propia defensa hizo salvedad "del respeto (sic) que en el plano ético, intelectual y profesional le merece la persona y trayectoria de la parte denunciante" (fs. 105).

Lo que descarta, de plano -y la Corporación se apresura a expresar desde ya, por lo que se dirá- toda operatividad en el caso de la "exceptio veritatis", que hubiera podido invocarse (y probarse) (Art. 336 inc. 2º, apt. 1º).

IV) En efecto, la Corte no comparte la tipificación de los hechos de autos en la figura de desacato por ofensas, pues entiende que aquéllos se adecuan al tipo penal consignado en el Art. 334 del C. Penal, en la medida que las expresiones emitidas por el Cr. Alvarez, están dirigidas a ofender, dañar o menoscabar el honor o el decoro del Dr. Aguerre.

El objeto jurídico específico del delito de injuria es el interés del Estado en proteger la personalidad moral del hombre, contra el que ofenda su honor, rectitud o decoro, fuera de los casos que constituyen difamación (Cf. Camaño Rosa, Antonio, "Difamación e Injuria", trabajo publicado en L.J.U., sección doctrina 1, Tomo 51).

En cambio, en el delito de Desacato por Ofensas, el dolo está orientado a menoscabar la función pública que desempeñan los funcionarios identificados y a quienes se atri-buye determinadas conductas (Cf. T.A.P. de 1º Turno, sentencia publicada en L.J.U., caso 14.649, tomo 128, año 2003).

En este sentido, la Corporación se encuentra facultada para revisar con absoluta libertad la calificación jurídica realizada por los órganos de mérito e incluso por el Ministerio Público al deducir acusación.

Concretamente, en pronunciamiento Nº 22/04, se expresó: "El principio iura novit curia es una potestad irrenunciable del magistrado que opera como transacción entre el principio de legalidad y el sistema acusatorio. El juez no puede corregir los hechos articulados en la demanda, pero sí el derecho (v. sent. 122/95, T.A.P. 2º Turno) (Tomassino, "Principios", págs. 28 y 35) (R.U.D.P., pág. 119)".

V) En consecuencia, se procederá a casar la sentencia y condenar al encausado, bajo la imputación del delito de injuria a la pena impuesta en la sentencia de primera instancia, con lo que se deja a salvo el principio non reformatio in pejus (fs. 104).

Por estos fundamentos, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad,

FALLA:

ANULASE LA SENTENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR, CONFIRMASE EL PRONUNCIAMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA, SALVO EN CUANTO A LA CALIFICACION DELICTUAL, QUE SE MODIFICA, IMPUTANDOSE AL CR. ARIEL ALVAREZ LA COMISION DE UN DELITO DE INJURIA.

LAS COSTAS DE OFICIO.

Y DEVUELVASE.

Carp. Nº 21/05

Rep. Nº 1/05

Anexo I

ASAMBLEA GENERAL

PROYECTO DE DECLARACION

1º) Ratificar su total confianza en la persona del señor Contador Ariel Alvarez y declarar que ha desempeñado fiel y exactamente sus funciones como Miembro del Tribunal de Cuentas.

2º) Ante la comunicación enviada por el Tribunal de Cuentas a esta Asamblea General y habiéndose abocado la misma al estudio de los antecedentes, se considera que no existen consecuencias con respecto a la actual situación jurídica del Contador Ariel Alvarez que obsten a la continuidad en el cumplimiento de sus funciones.

3º) Comunicar esta declaración al referido Organismo.

Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2005.

Javier Salsamendi, Miembro Informan-te; Alberto Breccia, Diego Cánepa,

Jorge Orrico, Edgardo Ortuño, Margarita Percovich, Eduardo Ríos, Daisy Tourné.

INFORME EN MAYORIA

Señores Miembros de la Asamblea General:

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación cumple con presentar al Cuerpo el siguiente Informe en Mayoría, relativo al asunto del que da cuenta el Repartido Nº 1, Carpeta Nº 21/2005. (Ministro del Tribunal de Cuentas Cr. Ariel Alvarez).

1) El Tribunal de Cuentas remite Oficio Nº 1781/05 de 2 de mayo de 2005, por el cual da cuenta y adjunta copia, de la Sentencia Nº 80 de 20 de abril de 2005, dictada por la Suprema Corte de Justicia, en la cual impuga al Cr. Ariel Alvarez "la comisión de un delito de injuria".

2) La referida sentencia, al igual que la de primera instancia se dictó con "suspensión condicional de la ejecución de la pena", prevista en cinco meses de prisión (en la 2ª Instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno, había revocado la sentencia de primera instancia, absolviendo al Cr. Ariel Alvarez).

3) Esta Comisión considera que no integra el ámbito de competencias de la Asamblea General el examen jurisdiccional o de mérito de las sentencias dictadas por ninguno de los órganos de la Administración de Justicia.

4) Es, en cambio, competencia específica de la Asamblea General pronunciarse sobre la actuación de los miembros del Tribunal de Cuentas, porque éstos son responsables ante ella como lo establece el artículo 209 de la Constitución, que dice: "Los miembros del Tribunal de Cuentas son responsables, ante la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, por el fiel y exacto cumplimiento de sus funciones. La Asamblea General podrá destituirlos, en caso de ineptitud, omisión o delito, mediando la conformidad de dos tercios de votos del total de sus componentes".

Igualmente los miembros del Tribunal de Cuentas pueden ser juzgadas por el Poder Legislativo -aunque actúan en Cámaras separadas- en la referida hipótesis de un juicio político por las causales de "violación de la Constitución u otros delitos graves".

No obstante, la mayoría de esta Comisión, ha resuelto impulsar en uso de las atribuciones que le brindan el Reglamento de la Asamblea General en su remisión a los Reglamentos de ambas Cámaras en todo aquello no previsto expresamente por aquel, una declaración de carácter político relativa a la dada cuenta efectuada por el organismo remitente (Tribunal de Cuentas).

En virtud de ello, esta Comisión en mayoría considera que el Sr. Cr. Ariel Alvarez, que se viene desempeñando desde larga data como miembro del Tribunal de Cuentas, ha ejercido el alto cargo para el que fue designado por la Asamblea General, de manera "fiel y exacta" según la expresión utilizada por el artículo 209 de la Carta Magna.

La conclusión precedente, que será declarada resolutivamente por esta Asamblea General, no se empaña en absoluto, por la circunstancia de que se haya imputado al Cr. Alvarez un delito de "injuria" por parte de los organismos jurisdiccionales competentes, actuando éstos en un todo de acuerdo con sus atribuciones, las que se respetan íntegramente por este Cuerpo, sin analizar, como no podía ser de otra manera.

El señor Cr. Alvarez no usó su cargo en provecho o beneficio propio o de terceros, no incurrió en abuso de funciones, ni confundió el interés público con el privado, no omitió en lo más mínimo cumplir sus funciones, en fin, no realizó ningún acto que tiña con caracteres reprochables el reconocido fiel y exacto cumplimiento de sus funciones, o que produzca sombras susceptibles de generar cualquier duda acerca de su aptitud técnica y moral, de su honestidad, para desempeñar -como lo ha hecho hasta el presente- su alto cargo de miembro del Tribunal de Cuentas.

Desde algunos ámbitos se ha sugerido que la imputación del delito de injuria podría provocar la suspensión de la ciudadanía del Cr. Alvarez.

Al respecto, la mayoría de esta Comisión ha tenido presente:

a) que la condena de cinco meses de prisión por "injuria" fue dictada con "suspensión condicional" de su aplicación. Sería por tanto paradojal que se suspendiera la pena principal y se mantuviera algunas de sus consecuencias accesorias;

b) que según toda la doctrina que se ha tenido a la vista, la suspensión condicional de la aplicación de la pena extingue el delito, por aplicación del artículo 126 del Código Penal modificado por el artículo 11 de la Ley Nº 17.726 (Adela Reta en informe a la Corte Electoral de 20/11/64; Gonzalo Fernández en informes 26/8/1997 y 29/4/2005; Daro Preza en "El Proceso Penal Uruguayo", Mont. Marzo de 2005, págs. 88 al pie y 89), etc.;

c) que aún si se sostuviera que el delito no se ha extinguido o que habría que esperar el cumplimiento de un período de un año a que refiere la citada Ley Nº 17.726, dicho plazo de latencia o vigilancia ya se habría vencido, por cuanto el juicio de prensa fue iniciado en marzo de 2004, punto de partida que debe tenerse en un tipo de proceso donde no hay auto típico de procesamiento ni hubo prisión preventiva;

d) que el artículo 80 de la Constitución, que es la norma de mayor jerarquía jurídica que enumera las causales de suspensión de la ciudadanía, tiene dos numerales que se relacionan con procedimientos penales:

El 2º según el cual la suspensión deviene "por la condición de legalmente procesado en causa criminal de la que pueda resultar pena de penitenciaría; y

El 4º "Por sentencia que imponga la pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena."

Se constata fácilmente que el señor Cr. Alvarez no ha sido procesado por delito en que pueda resultar pena de penitenciaría; ni se ha dictado sentencia que le "imponga" pena alguna; por el contrario la propia sentencia estableció una pena de cinco meses, pero resolvió expresamente no imponerla, sino suspender su imposición.

La mayoría de esta Comisión no ha podido omitir tampoco tener presente:

a) que desde 1994 (año en que se constitucionaliza la existencia de la Corte Electoral y año también en que comienza a regir el actual Código Penal) hasta la fecha no se conoce ningún caso en que se haya suspendido la ciudadanía de persona alguna (particular o funcionario, jerarca o subordinado) por delito de opinión, específicamente por "injuria", ni siquiera que se haya promovido tal suspensión;

b) por el contrario, nuestro país ha asistido en los últimos años a procesos penales de altos gobernantes (ex Ministros, ex Presidentes de Directorios de Entes Autónomos) que sufrieron prisión, por delitos de conducta no de opinión, específicamente vinculados al ejercicio de su cargo, con imputaciones referidas a actos de deshonestidad, sin que se conozca respecto de ellos que se haya promovido o resuelto la suspensión de la ciudadanía;

c) la búsqueda de datos e informes referida a los apartados anteriores no se ha hecho dentro del rigor de procedimientos propios de actividad jurisdiccional -para lo cual esta Asamblea General no tiene competencia- ni tampoco por los procedimientos indagatorios de que dispone el Parlamento (pedidos de datos e informes, investigaciones parlamentarias, etc.) por cuanto se trata de mecanismos de ejercicio dentro de cada una de las Cámaras, y no cuando actúan reunidas en esta Asamblea General.

Los fundamentos antedichos ameritan para esta Comisión, el solicitar al Cuerpo el dictado de la Declaración que se acompaña al presente.

Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2005.

Javier Salsamendi, Miembro Informan-te; Alberto Breccia, Diego Cánepa,

Jorge Orrico, Edgardo Ortuño, Margarita Percovich, Eduardo Ríos, Daisy Tourné.

Comisión de

Constitución y Legislación

INFORME EN MINORIA

A la Asamblea General:

Los firmantes, en nuestra calidad de miembros de la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General, elevamos a conocimiento del Cuerpo el presente informe referido a la nota remitida por el Tribunal de Cuentas respecto a la situación en que se encuentra uno de sus miembros, el contador Ariel Alvarez.

En efecto, el Tribunal de Cuentas comunica a la Asamblea General resolución de fecha 2 de mayo de 2005 en la que, en referencia a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nº 80, de fecha 20 de abril de 2005, en los autos caratulados "Alvarez, Ariel - Desacato - CASACION PENAL", acuerda tomar nota de la sentencia referida y dar cuenta a la Asamblea General, adjuntando testimonio de la misma.

Frente a dicha comunicación la mayoría de la Comisión integrada por los Representantes del Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, resuelve promover una resolución para ser elevada a consideración del Cuerpo, a cuyo texto nos remitimos dado que obra agregada en el presente trámite.

Los firmantes no compartimos el trámite dado a la comunicación recibida del Tribunal de Cuentas, y mucho menos el contenido del proyecto de resolución que se trae a consideración de la Asamblea General, por entender que tanto en la forma como en la sustancia se están violentando las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

El Poder Legislativo solamente puede ingresar al análisis de la situación que involucra a los Ministros integrantes del Tribunal de Cuentas en aquellos casos en que la Constitución de la República le atribuye competencia.

La competencia de la Asamblea General se resuelve determinando el alcance del estatuto de los miembros del Tribunal de Cuentas o, con mayor claridad, respondiendo la siguiente pregunta; ¿en qué casos y cómo cesan los Ministros del Tribunal de Cuentas:

1.- Por muerte.

2.- Por renuncia aceptada.

3.- Por designación de quien los sustituya (inciso 3 del artículo 208 de la Constitución).

4.- Por sentencia del Senado resolviendo un juicio político y concluyendo que el acusado cometió: (a) una violación de la Constitución que constituye además un delito grave, o (b) otro delito grave. En este caso la sentencia del Senado lo separa del cargo y los antecedentes pasan a la Justicia ordinaria para que proceda si lo entiende conveniente (artículos 93, 102 y 103 de la Constitución).

5.- Por destitución en casos de ineptitud, omisión o delito. La destitución corresponde que sea dispuesta por la Asamblea General por dos tercios de componentes. En este caso, y pese a que no lo diga expresamente como ocurre en el caso de juicio político, si la destitución se basó en que a juicio de la Asamblea el funcionario cometió delito, debería la Asamblea, además de destituir, trasladar los antecedentes a la justicia ordinaria para que proceda según entienda pertinente.

6.- También puede un miembro del TC, cesar por pérdida sobreviniente de uno de los requisitos para ser miembro. En este caso la cuestión sería la siguiente:

(a) Según el 208 inciso 1, para ser miembro del TC se requieren las mismas calidades que para Senador.

(b) El artículo 98 requiere para Senador treinta años y ciudadanía "en ejercicio".

(c) Si un miembro del TC o de la Suprema Corte (235), etc. "pierde" el ejercicio de la ciudadanía luego de su designación, queda inhabilitado para seguir ocupando su cargo.

(d) El requisito de ciudadanía en ejercicio no es algo que se exija sólo para ser designado, sino que es necesario para ocupar el cargo y ejercer la función.

Esta hipótesis es claramente distinta de la mencionada en el numeral 5, podría ocurrir que se superpusieran y por ejemplo un miembro de la AG pidiera la destitución según el artículo 209. Pero si se hiciera funcionarían dos formas de destitución distintas, e incluso aún cuando la Asamblea General no destituya igualmente funcionaría la otra destitución.

En cuanto a la competencia en lo que refiere a la suspensión del ejericicio de la ciudadanía, la misma corresponde a la Corte Electoral, conforme a la ley. Hay muchos casos en que esto ha funcionado y nadie ha cuestionado nunca la competencia de la Corte Electoral. La Corte pedirá información sobre los antecedentes.

Mal puede entonces desde el punto de vista formal, dársele al tema el tratamiento que arbitrariamente la mayoría de la Comisión le ha dado.

Pero también nos merece objeciones legales y constitucionales la conclusión a la que la Comisión pretende arribar a través de la declaración que se eleva a consideración del Cuerpo.

"Ratificar su total confianza en la persona del Sr. Contador Ariel Alvarez" significa lisa y llanamente, en momentos en que termina de pronunciarse la Suprema Corte de Justicia respecto al Contador Alvarez, convertir a la Asamblea General en Tribunal de Alzada de las decisiones adoptadas por el Poder Judicial, en una bofetada a la Constitución de la República y a la independencia de un Poder del Estado, que no podemos admitir.

Manifestar que "no existen consecuencias con respecto a la actual situación jurídica del Contador Ariel Alvarez que obste a la continuidad en el cumplimiento de sus funciones" es desconocer lisa y llanamente las consecuencias jurídicas que el numeral 4º, del artículo 80 de la Constitución establece para las decisiones del Poder Judicial de las características de la que venimos de relatar, así como invadir competencias propias de la Corte Electoral que es, como se ha señalado, la que debe entender en la materia.

El artículo 80 de la Constitución establece que la ciudadanía se suspende: … 4º) Por sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría, etc. …" durante el tiempo de la condena". De manera que:

a) La suspensión de la ciudadanía se produce ipso jure, por mandato constitucional, en cuanto exista una sentencia ejecutoriada que imponga pena de prisión como es el caso.

b) La Corte Electoral deberá emitir un pronunciamiento de naturaleza declarativa respeto a la suspensión de la ciudadanía y

c) La inhabilitación declarada por la Corte Electoral se prolongará hasta que caduque la pretensión punitiva del Estado.

En el caso del Contador Ariel Alvarez se da, es verdad, una suspensión condicional de la ejecución de la pena; esa razón es la de "prevenir el funestisimo efecto de las penas cortas de prisión", tal como dice Irureta Goyena en su Notas, pero esa suspensión no significa la extinción del delito ni tampoco por supuesto, la extinción de la pena.

La suspensión condicional de la pena es una causa de extinción del delito y de la pena, pero no automática sino condicionada, a la buena conducta durante el plazo de latencia (actualmente un año), a que se trate de un primario y se pueda prever que no cometerá nuevos delitos y a que cumpla con las demás obligaciones que el Juez le pueda imponer (Art. 126 C. Penal).

Su finalidad es evitar los efectos nocivos de las penas cortas de prisión, es decir, la desaptación social del recluso, su estigmatización, y la perturbación de su situación laboral y familiar, con una abstracta función retributiva o expiatoria de privación de libertad, que en lugar de la enmienda provoca el envilecimiento y la degradación.

Pero, no se trata de una declaración de inocencia, sino que es una sentencia de condena.

Siendo así y por ser de paladina claridad de "telos" perseguido, la suspensión de la prisión es el único objetivo, y no lo son las penas accesorias como resulta de las leyes primigenias que dieron forma al instituto (Leyes Nos. 5393 y 7371). Al igual que, del mismo modo quedan vigentes los efectos civiles del delito.

De tal modo que la única pena suspendida es la de prisión. Y al efectista argumento de que lo accesorio sigue a lo principal, debe decirse que las leyes mencionadas no han sido derogadas en forma expresa y no puede pretenderse su derogación tácita en algunos aspectos y su "ultractividad" en otros, so pena de incurrir en una arbitraria y caprichosa interpretación del texto legal.

El comienzo para el cómputo del plazo para el período de "latencia", según las Leyes Nos. 5393 (Art. 3) y Nº 7371 (Art. 2) y el C.P.P., (Art. 332) es el día del arresto.

Pero en el caso de los delitos sometidos al régimen de la Ley de Prensa (Nº 16.099), no existe el arresto, es decir no hay cautela, por lo que es necesario determinar una fecha para contar el plazo durante el cual puede ser revocado el beneficio por mal comportamiento del condenado. Esa fecha no puede ser otra que la de la notificación de la sentencia de condena, que lo fue el día 20 de abril de 2005.

Al respecto corresponde citar la opinión -transcripta en la publicación de la Fundación de Cultura Universitaria denominada "Medidas Alternativas", Discusión y análisis de la Ley Nº 17.726, de Eduardo Pesce Lavaggi- de la Fiscal Dra. Llambi quien manifiesta:

"Estimamos que el plazo de un año debe contarse desde que quedó ejecutoriada la sentencia que dispuso la suspensión condicional de la pena. El Legislador se refiere en los dos anteriores incisos del artículo 11, a la sentencia que concede, en forma preceptiva o facultativa según el caso, la condena condicional.

La suspensión condicional otorgada, adquirirá virtualidad una vez que quede ejecutoriada la sentencia que la concede, y al no establecer ningún otro punto de partida para el computo del plazo de un año, entendemos que debe computarse desde la ejecutoriada.

Rechazamos enérgicamente la subsistencia del punto de arranque establecido por el artículo 332 del CPP que recogió los términos de la Ley Nº 5.393 en la redacción dada por la Ley Nº 7.371, esto es desde el día del arresto. Del mismo modo rechazamos que el cómputo deba iniciarse desde el cese del arresto o de la libertad provisional en su caso, establecido por la Acordada 7362 de 27/11/98.

Ambos momentos indicados para iniciar el cómputo, encuentran su justificación en los plazos más extensos que establecen: cinco años el Art. 332 CPP y dos años la Acordada.

El exiguo plazo de un año que fija la nueva ley, impide retrotraerlo al momento del arresto o su cese, sin caer en el absurdo de que al momento de dictar la sentencia el delito ya no exista y la sentencia se dicte para tenerla por no dictada, sin el transcurso de ningún plazo intermedio, porque en la mayoría de los casos el plazo legal ya lo insumió el proceso.

El intérprete está obligado a darle un sentido razonable y lógico a la norma. Y nada, en esta nueva disposición, autoriza a iniciar el cómputo desde momentos anteriores a la sentencia, que esta ley no establece.

La ausencia de racionalidad de establecer por vía de interpretación, una retroactividad que la ley no establece, resulta palmaria en los casos en que los tipos penales tienen penas de inhabilitación, principales, que se adicionan a la pena de prisión.

El término de inhabilitación se computa desde que queda ejecutoriada la sentencia que lo impone como condena principal. Adviértase que retrotraer el cómputo del año, tiene como consecuencia, por vía indirecta, derogar las penas de inhabilitación, entre ellas todas las previstas en la ley anticorrupción.

No creemos que haya sido esa la voluntad legislativa.

De hecho, tales penas quedarán reducidas a un año, no importa lo que imponga la sentencia, ni que el mínimo legal sea de dos años."

Hasta aquí la opinión de la Dra. Llambí transcripta en la publicación referida.

En función de los fundamentos expresados y de los argumentos complementarios que se expondrán en Sala, manifestamos nuestra opinión discrepante tanto respecto a la resolución que se pretende adoptar como a las consecuencias absolutamente negativas que la misma depara respecto a la institucionalidad vigente.

Sala de la Comisión, el 31 de mayo de 2005.

Francisco Gallinal, Miembro Informante; Alvaro Alonso, Gustavo Espinosa, Pablo Abdala.

ACTA Nº 2

En Montevideo, a treinta y uno de mayo del año dos mil cinco, a la hora once y diez minutos, se reúne la Comisión Constitución y Legislación de la Asamblea General.

Asisten los señores Legisladores miembros: Pablo Abdala, Alvaro Alonso, Alberto Breccia, Diego Cánepa, Gustavo Espinosa, Francisco Gallinal, Jorge Orrico, Edgardo Ortuño, Margarita Percovich, Eduardo Ríos, Javier Salsamendi, Julio M. Sanguinetti y Daisy Tourné.

Faltan con aviso los señores Legisladores Pablo Iturralde y Alvaro Lorenzo.

Concurren los señores Secretarios de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes, Hugo Rodríguez Filippini y José Pedro Montero, respectivamente.

Presiden: los señores Legisladores Jorge Orrico yAlvaro Alonso, Presidente y Vicepresidente ad hoc, respectivamente.

Actúan en Secretaría las señores Josefina Reissig y Alma Fischer, Secretarias de la Comisión, con la colaboración de la funcionaria Gloria Mederos.

ORDEN DEL DIA:

- ELECCION DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. El señor Legisladores Eduardo Ríos propone a la Presidencia al señor Legislador Jorge Orrico. El señor Senador Francisco Gallinal mociona en el sentido de continuar con los señores Legisladores Jorge Orrico y Alvaro Alonso, en su calidad de Presidente y Vicepresidente ad hoc. Así se resuelve. El señor Legislador Jorge Orrico pasa a ocupar la Presidencia.

ASUNTOS ENTRADOS:

- CARPETA Nº 21/2005. MINISTRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, CONTADOR ARIEL ALVAREZ. Resolución remitida por el Tribunal de Cuentas adjuntando copia de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Repartido Nº 1/2005.

El asunto que se enuncia a continuación se remite a la Asamblea General en cumplimiento del artículo 4º de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, que establece la facultad del Poder Ejecutivo a disponer la fusión, supresión o reorganización de diversas unidades ejecutoras de la Administración Central, dando cuenta a la Asamblea General, la que dispondrá de 45 días para su consideración. De este asunto se dio cuenta en sesión de la Asamblea General de 25 de mayo de 2005.

- CARPETA Nº 22/2005. UNIDAD EJECUTORA 008 "DIRECCION NACIONAL DE ENERGIA Y TECNOLOGIA NUCLEAR" DEL INCISO 08 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA. Se reorganiza por fusión de las Unidades Ejecutoras 008 "Dirección Nacional de Energía" y 011 "Dirección Nacional de Tecnología Nuclear". Mensaje del Poder Ejecutivo comunicando la aprobación del Decreto Nº 151/2004, al amparo de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Nº 17.556, de 12 de setiembre de 2002.

ASUNTOS TRATADOS:

- CARPETA Nº 21/2005. MINISTRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, CONTADOR ARIEL ALVAREZ. Resolución remitida por el Tribunal de Cuentas adjuntando copia de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Repartido Nº 1/2005.

En consideración. Intervención del señor Presidente ad hoc y de los señores Legisladores Francisco Gallinal, Alberto Breccia, Pablo Abdala y Margarita Percovich.

A continuación, a la hora once y cuarenta y cinco minutos, el señor Legislador Javier Salsamendi solicita un cuarto intermedio por quince minutos. Se vota: 13 en 13. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se pasa a cuarto intermedio.

A la hora doce se levanta el cuarto intermedio.

El señor Legislador Alberto Breccia presenta un proyecto de declaración. En consideración. Intervención de los señores Legisladores Alvaro Alonso, Javier Salsamendi, Francisco Gallinal, Pablo Abdala, Julio M. Sanguinetti, Margarita Percovich, Diego Cánepa, Alberto Breccia y el señor Presidente ad hoc.

Se pone a votación la propuesta de declaración, con las modificaciones introducidas por el señor Legislador Diego Cánepa. Se vota: 8 en 13. Afirmativa. Por la afirmativa sufragan los señores Legisladores Alberto Breccia, Diego Cánepa, Jorge Orrico, Edgardo Ortuño, Margarita Percovich, Eduardo Ríos, Javier Salsamendi y Daisy Tourné. Por la negativa los señores Legisladores Pablo Abdala, Alvaro Alonso, Gustavo Espinosa, Francisco Gallinal y Julio M. Sanguinetti. Se designan Miembros Informantes, por la mayoría, el señor Legisladores Javier Salsamendi y por la minoría, el señor Legislador Francisco Gallinal.

El proyecto de declaración aprobado queda redactado de la siguiente manera:

"PROYECTO DE DECLARACION

1º) Ratificar su total confianza en la persona del señor Contador Ariel Alvarez y declarar que ha desempeñado fiel y exactamente sus funciones como miembro del Tribunal de Cuentas.

2º) Ante la comunicación enviada por Tribunal de Cuentas a esta Asamblea General y habiéndose abocado la misma al estudio de los antecedentes, se considera que no existen consecuencias con respecto a la actual situación jurídica del Contador Ariel Alvarez que obsten a la continuidad en el cumplimiento de sus funciones.

3º) Comunicar esta declaración al referido Organismo.

Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2005. JAVIER SALSAMENDI, Miembro Informante. ALBERTO BRECCI, DIEGO CANEPA, JORGE ORRICO, EDGARDO ORTUÑO, MARGARITA PERCOVICH. EDUARDO RIOS. DAISY TOURNE.

REGIMEN DE TRABAJO:

El señor Presidente ad hoc propone que esta Comisión sesione los días jueves, a la hora once. Esta propuesta queda a consideración de los señores Legisladores miembros.

De lo actuado se procede a la toma de la versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 17/2005, y que forma parte de la presente Acta.

A la hora catorce y cuarenta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta, que una vez aprobada, firman el señor Presidente ad hoc y las señores Secretarias.

Jorge Orrico Presidente ad hoc

Alma Fischer- Josefina Reissig Secretarias."

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa desea compartir con los señores Legisladores el criterio para la discusión de este asunto. Si la Asamblea General acompaña el temperamento de la Mesa, vamos a aplicar el artículo 42 del Reglamento de la Asamblea General para la discusión general de este tema, ya que no hay asuntos en particular para discutir.

En consecuencia, se leerán por Secretaría los literales del artículo 42 que corresponden a este tema.

(Se lee:)

"Los Legisladores no podrán, salvo caso de rectificación o aclaración de lo ya expresado, hablar más de una vez ni por más de treinta minutos durante la discusión general.- El o los miembros informantes o uno de los firmantes del proyecto en consideración -si no hay informe- dispondrán de cuarenta y cinco minutos y podrán, además, usar de la palabra hasta por cinco minutos cada vez que se les requiera alguna aclaración o explicación del asunto. Tendrán, además, un plazo de treinta minutos antes de darse el punto por suficientemente discutido.- Cuando el orador no pudiese desarrollar toda su argumentación por insuficiencia del término, la Asamblea, por dos tercios de presentes, podrá acordarle un tiempo complementario de treinta minutos".

(Apoyados)

- Si no hay objeciones, ese es el temperamento con el que vamos a desarrollar el Orden del Día de hoy: "Informe de la Comisión de Constitución y Legislación relacionado con la Resolución remitida por el Tribunal de Cuentas referida al señor Ministro contador Ariel Alvarez".

Tiene la palabra el Miembro Informante en mayoría, señor Legislador Salsamendi.

SEÑOR SALSAMENDI.- Señor Presidente: la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General, por este intermedio, cumple con presentar a este Cuerpo el siguiente informe en mayoría, relacionado con el asunto de que da cuenta el Repartido N° 1, Carpeta N° 21 de 2005, "Ministro del Tribunal de Cuentas Cr. Ariel Alvarez".

El Tribunal de Cuentas remitió el Oficio N° 1781/05, de 2 de mayo de 2005, por el cual da cuenta y adjunta copia de la Sentencia N° 80 del 20 de abril de 2005, dictada por la Suprema Corte de Justicia, en la cual imputa al contador Ariel Alvarez "la comisión de un delito de injuria".

La referida sentencia, al igual que la de primera instancia, se dictó con "suspensión condicional de la ejecución de la pena", prevista en cinco meses de prisión. Hay que recordar que en la segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno había revocado la sentencia de primera instancia, absolviendo al contador Ariel Alvarez.

Los integrantes de esta Comisión firmantes de este informe en mayoría consideran que no integra el ámbito de competencia de la Asamblea General el examen jurisdiccional o de mérito de las sentencias dictadas por ninguno de los órganos de la Administración de Justicia.

En esta instancia -lo decimos con el mayor énfasis posible- no nos proponemos en absoluto revisar ningún tipo de acto dictado por órgano jurisdiccional alguno con competencia para ello.

Sin embargo, resulta claro que es competencia específica de la Asamblea General pronunciarse sobre la actuación de los miembros del Tribunal de Cuentas, porque estos son responsables ante ella, como establece el artículo 209 de la Constitución de la República.

Igualmente -no es este el caso; simplemente lo planteo a efectos ilustrativos-, los miembros del Tribunal de Cuentas pueden ser juzgados por el Poder Legislativo -aunque actuando en Cámaras separadas- en la hipótesis de un juicio político por las causales de "violación de la Constitución u otros delitos graves".

En este proyecto de declaración, atento a lo ya expresado, la mayoría de la Comisión considera del caso expresar que el contador Ariel Alvarez se viene desempeñando desde larga data como miembro del Tribunal de Cuentas y ha ejercido el alto cargo para el que fue designado por la Asamblea General de manera "fiel y exacta", según la expresión utilizada por el ya mencionado artículo 209 de la Carta Magna.

No escapa a nadie que hoy, al menos en lo que a este Legislador refiere, nos hemos enterado por la prensa de que, aparentemente, la Corte Electoral habría emitido un dictamen con relación a este punto. Desconocemos formalmente su contenido.

Además, debemos necesariamente señalar que en caso de que en efecto este acto se haya producido, la eventual sentencia que se haya dictado no ha pasado en autoridad de cosa juzgada, en virtud de que esto no ocurre mientras no transcurra el plazo previsto en la ley para la eventual presentación del recurso correspondiente previsto.

La conclusión que mencionábamos antes, que será declarada resolutivamente por esta Asamblea General, entendemos que no se empaña en absoluto por la circunstancia de que se haya imputado al contador Alvarez un delito de "injuria" por parte de los organismos jurisdiccionales competentes, actuando estos en un todo de acuerdo con sus atribuciones, las que -insistimos- se respetan íntegramente por este Cuerpo, sin analizar, como no podía ser de otra manera.

El contador Alvarez no utilizó su cargo en provecho o beneficio propio o de terceros; no incurrió en abuso de funciones, ni confundió el interés público con el privado; no omitió en lo más mínimo cumplir sus funciones; en fin, no realizó ningún acto que tiña con caracteres reprochables el reconocido fiel y exacto cumplimiento de sus funciones. No existen, además, ni se pueden producir sombras susceptibles de generar cualquier duda acerca de su aptitud técnica y moral, de su honestidad, para desempeñar -como lo ha hecho hasta el presente- su alto cargo de miembro del Tribunal de Cuentas.

Se ha sugerido públicamente, desde algunos ámbitos, que la imputación del delito de injuria podría eventualmente provocar la suspensión de la ciudadanía del contador Alvarez.

A ese respecto, la mayoría de esta Comisión ha tenido presentes los siguientes argumentos: en primer lugar, que la condena de cinco meses de prisión por "injuria" fue dictada con "suspensión condicional" de su aplicación. Sería por lo tanto muy paradojal que se suspendiera la pena principal y se mantuvieran algunas de sus consecuencias accesorias; en segundo término, según toda la doctrina que se ha tenido a la vista y que hemos podido examinar, la suspensión condicional de la aplicación de la pena extingue el delito, por aplicación del artículo 126 del Código Penal, modificado por el artículo 11 de la Ley N° 17.726. Nos remitimos en este caso a los trabajos de la doctora Adela Reta en informe a la Corte Electoral del 20 de noviembre de 1964, del doctor Gonzalo Fernández, y al muy reciente trabajo del doctor Dardo Preza en "El Proceso Penal Uruguayo", editado en la ciudad de Montevideo en marzo de 2005.

Pero supongamos que se sostuviera que este delito no se ha extinguido o que habría que esperar el cumplimiento de un período de un año, de latencia, al que refiere la citada Ley N° 17.726. Este período de vigilancia, a nuestro entender y de acuerdo con la doctrina mayoritaria, ya se habría vencido, por cuanto el juicio de prensa fue iniciado en marzo de 2004, punto de partida que debe tenerse en un tipo de proceso donde no hay un auto típico de procesamiento ni hubo prisión preventiva.

Si no entendiéramos esto, si no comprendiéramos que la sujeción o el cómputo del plazo comienza desde el momento mismo en que existió sujeción al proceso, deberíamos concluir que todo el período en el cual este se desarrolla no es tenido en cuenta a los efectos del cómputo de dicho plazo. Por lo tanto, deberíamos entender que existió una sujeción al proceso, que existió alguien sometido a proceso, con las características, las particularidades y las condicionantes que ello implica, sin que durante todo ese período pudiera entenderse que el plazo se ha computado. Diríamos, para utilizar un símil -obviamente, no en términos de analogía propia-, que sostener esto sería como sostener que la liquidación de pena, en el caso de cualquier persona que hubiera sido sometida a la Justicia Penal, debe hacerse sin un descuento de la preventiva sufrida. Implicaría sostener prácticamente lo mismo.

Entendemos que es absolutamente imposible, desde el punto de vista lógico y de la técnica jurídica, sostener un planteamiento de este tipo.

El artículo 80 de la Constitución, que es la norma de mayor jerarquía jurídica que enumera las causales de suspensión de la ciudadanía, tiene dos numerales que se relacionan con procedimientos penales: según el numeral 2), la suspensión deviene "Por la condición de legalmente procesado en causa criminal de la que pueda resultar pena de penitenciaría"; y de acuerdo con el numeral 4), "Por sentencia que imponga la pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena".

Se constata muy fácilmente que el contador Alvarez no ha sido procesado por delito en que pueda resultar pena de penitenciaría; ni se ha dictado sentencia que le imponga pena alguna. Por el contrario, la propia sentencia estableció una pena de cinco meses, pero resolvió expresamente no imponerla, sino suspender su imposición.

La mayoría de esta Comisión no ha podido omitir tampoco tener presentes algunos datos.

Desde el año 1934 -año en que se constitucionaliza la existencia de la Corte Electoral y año en que comienza a regir el actual Código Penal- hasta la fecha, no se conoce ningún caso en que se haya suspendido la ciudadanía de persona alguna -particular o funcionario, jerarca o subordinado- por un delito de opinión, específicamente por el delito de injuria; ni siquiera que se haya promovido tal suspensión.

Hace cuarenta años que en este país no se promueve la posibilidad de suspensión de la ciudadanía a alguien que haya sido condenado con una pena con suspensión condicional. Por el contrario, nuestro país ha asistido en los últimos años a procesos penales de altos gobernantes que sufrieron prisión -ex Ministros, ex Presidentes de Directorios de entes autónomos-, pero en este caso sin suspensión condicional de la pena, por delitos de conducta, no de opinión, sino específicamente vinculados al ejercicio de su cargo, con imputaciones referidas a actos de deshonestidad, sin que se conozca respecto de ellos que se haya promovido o resuelto la suspensión de la ciudadanía.

Notoriamente, se han asumido temperamentos distintos, resolviendo, en definitiva, impulsar algunos procedimientos según los casos.

La búsqueda de datos e informes referida a los apartados anteriores no se ha hecho dentro del rigor de procedimientos propios de la actividad jurisdiccional -para lo cual esta Asamblea General no tiene competencias- ni por los procedimientos indagatorios de que dispone el Parlamento -pedidos de datos e informes, investigaciones parlamentarias, etcétera-, por cuanto se trata de mecanismos de ejercicio dentro de cada una de las Cámaras y no cuando actúan reunidas en esta Asamblea General.

Señalemos también que se ha sostenido -de algún modo se sostuvo en el día de ayer en la Comisión- que las penas que impone la Constitución de la República -suspensión de la ciudadanía, de acuerdo con los numerales 2º) y 4º) del artículo 80- no representan penas accesorias a la principal, sino que serían penas que tendrían entidad propia. En ese caso, claramente entendemos descartable tal interpretación, pues salvo que expresamente se impusiera esto por la norma, estaríamos dentro del ejemplo de violación del principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho, principio universalmente conocido como "non bis in idem".

A nuestro juicio, nos encontramos ante una situación extremadamente grave desde el punto de vista institucional. Reiteramos, sin hacer alusión al fallo de la Suprema Corte de Justicia o a los fallos de las distintas sedes u órganos que integran el Poder Judicial que sucesivamente han ido adoptando decisiones, que se pretende generar un acto que culminaría o culminó -no lo sabemos aún- con la separación del cargo de un Ministro integrante del Tribunal de Cuentas. Por sí solo, esto ya sería grave, si se adoptara una resolución de este tipo en flagrante y abierta contradicción con todas las normas constitucionales y legales y los desarrollos de la jurisprudencia y la doctrina mayoritarios de este país; sería grave en cualquier caso, pero en este -simplemente lo constatamos- implicaría la separación del cargo del único Ministro integrante de la fuerza mayoritaria del Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Creemos que entramos en un campo de una gravedad institucional inusitada.

Además, inevitablemente, debe hacerse referencia a las resoluciones que en el legítimo ejercicio de sus competencias adopte la Corte Electoral, respetándolas y acatándolas, como no puede ser de otro modo, pero no podemos dejar de hacer referencia a que nos encontramos ante una Corte Electoral integrada -no en este período, sino inclusive en el período previo al anterior- en abierta contradicción con las disposiciones de la Constitución de la República Oriental del Uruguay y en abierta contradicción con la voluntad legítimamente expresada por el pueblo uruguayo en elecciones sucesivas.

Es por ello que la mayoría de la Comisión y, en definitiva, toda la Bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría integrante de esta Asamblea General, entendió imprescindible generar un acto, en un ámbito representativo de la voluntad popular como este, a efectos de determinar, obtener y aprobar la declaración que todos los señores Legisladores tienen en sus repartidos.

En virtud de que existen muchos señores Legisladores integrantes de la Comisión -debo señalar que la base de este informe en mayoría ha sido elaborada, fundamentalmente, con los aportes del señor Legislador Korzeniak- que con conocimiento de causa desean aportar muchísimos elementos, tanto desde el punto de vista político como jurídico, he optado por la mayor brevedad posible en la realización de este informe en mayoría.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante en minoría, señor Legislador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: me corresponde hacer uso de la palabra en mi calidad de Miembro Informante de la minoría menor, porque, en nuestra opinión, se acaba de hacer uso de la palabra en nombre de la minoría mayor.

Nosotros entendemos que el procedimiento constitucional que da viabilidad a la Asamblea General para considerar un tema de estas características está habilitado por el artículo 209 de la Constitución de la República, en el que expresamente se establece que todo pronunciamiento de la Asamblea General necesita la conformidad de dos tercios de votos del total de sus componentes. A nuestro juicio, la resolución que aprobó en el día de ayer la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General carece de esa mayoría, por lo que su resultado no fue afirmativo como proclamó su señor Presidente ad hoc. Como lo explicaremos en el transcurso de nuestra exposición, para que una decisión de la Asamblea General en esta temática se pueda proclamar afirmativa será necesario que dos tercios de componentes del Cuerpo se pronuncien afirmativamente.

En nombre de esa minoría menor, nos parece importante comenzar ilustrando a la Asamblea General sobre el tema que tenemos a consideración. Este llegó a conocimiento de la Asamblea General la semana pasada y en el día de ayer fue derivado a la Comisión de Constitución y Legislación, que se reunió por primera vez, para considerar como puntos del Orden del Día la elección de Presidente y Vicepresidente y dar cuenta de los asuntos entrados. Sin embargo, la reunión derivó en el estudio de este tema, que ingresó como asunto entrado a consecuencia de una nota elevada a la Asamblea General por el Tribunal de Cuentas. En esa nota se da cuenta de la situación en la que se encuentra involucrado uno de sus miembros, el contador Ariel Alvarez.

¿Por qué se encuentra involucrado el contador Ariel Alvarez en esta situación? Porque el 15 de enero de 2004 el doctor Juan Luis Aguerre Cat, en ese entonces Subsecretario de Transporte y Obras Públicas, presentó una denuncia escrita ante la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Montevideo contra el contador Ariel Alvarez, en virtud de una serie de expresiones que aparecen publicadas en el diario "La República", el 15 de enero de ese mismo año.

En esas expresiones, el contador Ariel Alvarez se refería a una decisión que había adoptado en esos días el Ministerio de Transporte y Obras Públicas respecto al peaje de la Ruta Interbalnearia y a la posibilidad de su cobro en ambos sentidos, al modificarse una cláusula contractual que limitaba el cobro a un solo sentido.

A raíz de las publicaciones en diferentes diarios de las declaraciones del contador Alvarez, se inicia la causa y "El día 12 de marzo la Sra. Fiscal deduce demanda de acusación contra Ariel Alvarez como autor penalmente responsable de un delito de difamación agravado por la continuidad y por la circunstancia de haberse cometido a través de un medio de comunicación, y solicita se le condene a cinco (5) meses de prisión a la que podría otorgársele la suspensión condicional de la ejecución de la pena [...]".

Al tomar conocimiento de las expresiones del Subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan Aguerre Cat, en cuanto a que ese Ministerio había autorizado a la empresa a cobrar de la forma que más le conviniera en virtud de un cambio sustancial, diametral del organismo de contralor, expresó el contador Alvarez: "[...] o no sabe leer o hay algo oculto [...] Están actuando de mala fe, o están en un acomodo. Lo repito con todas las letras: 'o están en un acomodo'".

A continuación, señala: "Prefiero creer que el Sub Secretario tiene que volver a la escuela para aprender otra vez a leer [...]".

Puesto en conocimiento de la denuncia penal del doctor Aguerre Cat, el denunciado contador Alvarez afirmó en la publicación del diario "La República" del 17 de enero de 2004: "'Los términos de lo que dije lo ratifico; acá o se actuó de mala fe, o se actuó acomodando las cosas en beneficio de la empresa concesionaria del peaje', agregando que en cuanto a su afirmación de que Aguerre debería volver a la escuela porque no sabe leer, la ratificaba 'ya que no se puede explicar una equivocación tan flagrante como decir que se había levantado la observación del Tribunal cuando es todo lo contrario...'".

Se sustancia la causa ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia. Cabe señalar que hubo distintas instancias judiciales en esta temática. Hubo una acusación por difamación. "En la Difamación el núcleo del tipo se integra con la atribución a una persona de un hecho determinado que si fuera cierto podría dar lugar a un procedimiento penal o disciplinario o exponerlo al odio o al desprecio público y ello ha de materializarse frente a varias personas reunidas o separadas pero de tal manera que pueda difundirse la versión.- La Injuria por su parte es una figura subsidiaria y consiste en ofender de cualquier manera, con palabras, escritos o hechos, el honor, la rectitud o el decoro de una persona.- [...] el bien jurídico protegido en el Libro II bajo el título IV del C. Penal es la Administración Pública y supone que se comete Desacato cuando se menoscaba la autoridad del funcionario por la desobediencia abierta o por la ofensa de manera que su función se vea resentida".

La sentencia de primera instancia condena al contador Alvarez imputándole el delito de desacato, cuya definición acabamos de leer.

En la fundamentación, el Juez señala: "Y aquí queremos subrayar una vez más que tales expresiones provienen de un Ministro del Tribunal de Cuentas y que están dirigidas a un ciudadano que se desempeña como Sub Secretario de un Ministerio.- En ese marco, pues, para el receptor, el mensaje es claro; el tan cuestionado cambio en el sistema de cobro encuentra su razón de ser en los muy personales intereses económicos de los empresarios particulares a cuyas necesidades responderían los políticos de turno".

El Juez continúa fundamentando: "Ciertamente y tal como lo sostiene el destacado defensor, el denunciante está expuesto a la crítica política, empero, el episodio que dio origen a estas actuaciones era eminentemente técnico y la discusión debió transitar por carriles más elevados y no por la senda del agravio.- La crítica (y atendiendo fundamentalmente a la estatura intelectual y elevación jerárquica de denunciante y denunciado) supone un procedimiento analítico expresado en una exposición de ideas, destacando errores y aciertos y que incluso pudo ser vehemente en su exposición pero en ningún caso" -dice el Juez- "debió ceder a la tentación del desborde ni al menoscabo a través de la ofensa.- Por cuanto viene de expresarse, en la posición del Oficio, la conducta desarrollada por el Contador Ariel Alvarez a través de sus declaraciones en la prensa escrita se adecua típicamente a la figura del Desacato por Ofensa toda vez que a través de un medio de comunicación se expresó en términos agraviantes respecto de un funcionario público refiriéndose a actos que este habría cumplido en el desempeño de sus funciones, atacando concomitantemente el proceder de la Administración Pública".

Luego viene la apelación. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno revoca la sentencia apelada y en su lugar absuelve al contador Alvarez. Y a continuación se promueve el recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. En sus considerandos, con respecto a la sentencia que nos comunicó el Tribunal de Cuentas en ese oficio y al que hicimos referencia, la Suprema Corte de Justicia señala: "I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de votos de sus integrantes naturales, hará lugar al recurso de casación interpuesto, por entender que el agravio relativo a la vulneración del art. 18 del Código Penal, es de recibo. Luego la Suprema Corte de Justicia expresa: "Cabe señalar, con carácter previo, que la afirmación de la Sala de mérito relativa a que las críticas del denunciado 'fueron dirigidas genéricamente y no con la expresa y única finalidad de ofender o atentar contra el honor del Sr. Subsecretario' [...], por lo que, en su conducta 'no existió la voluntad de querer ofender' [...], así como que el Tribunal no advirtió 'que haya existido la voluntad expresa de querer injuriar o difamar y como tal, falta en el análisis de la conducta, el elemento intencional (dolo) que desvanece absolutamente, todo atisbo de culpabilidad' [...], a juicio de la Corte" -de la Suprema Corte de Justicia- "es cuestión revisable en casación".

Más adelante, se expresa: "En ese enfoque la conclusión del Tribunal es, a juicio de la Corporación, absolutamente errónea, pues surge, palmaria, la voluntad de injuriar, al decir -sin ambages- que el Subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 'o actúa de mala fe o está en algún acomodo', agregando que 'tiene que volver a la escuela para aprender otra vez a leer'. Como sostiene el Dr. Lombardi en su fundada discordia: 'Léase como se las lea, las expresiones emitidas por Alvarez y recogidas por la prensa referidas a Aguerre, lo tratan de acomodado en el sentido vulgar de «coimero» y de ignorante, a quien manda a aprender a leer' [...]. Voluntad de injuriar que a la luz de las propias declaraciones del denunciado en autos, aparece como carente de todo fundamento válido, a punto tal que su propia defensa hizo salvedad 'del respecto (sic) que en el plano ético, intelectual y profesional le merece la persona y trayectoria de la parte denunciante'", es decir, del doctor Aguerre.

Agrega la Suprema Corte de Justicia: "Lo que descarta, de plano -y la Corporación se apresura a expresar desde ya, por lo que se dirá- toda operatividad en el caso de la 'exceptio veritatis', que hubiera podido invocarse (y probarse) [...]". ¿Qué es esto de la "exceptio veritatis"? Está recogido en el Código Penal y es la posibilidad de que lo que expresó el contador Alvarez, que es tomado como un agravio por la Suprema Corte de Justicia, sea cierto. En consecuencia, si era cierto lo que se expresaba, no había posibilidad alguna de proceder a su procesamiento; lo establece expresamente el Código Penal. En el artículo 336 del Código Penal se establece: "Los culpables de los delitos previstos en el artículo 333 y aun del 334," -"Difamación" e "Injuria"- "cuando mediara imputación, no tendrán derecho a probar ni la verdad, ni siquiera la notoriedad de los hechos atribuidos a la persona ofendida.- Exceptúanse los siguientes casos:- [...] 2. Cuando por los hechos atribuidos estuviere aún abierto o acabara de iniciarse un procedimiento penal contra la persona ofendida; [...]". O sea que el contador Alvarez tenía la posibilidad de probar, de demostrar, que sus dichos eran ciertos. Lo que el contador Alvarez dice ante el Poder Judicial es que no duda de la ética, de la honorabilidad, de la moral y del respeto que le merece la persona y la trayectoria del doctor Aguerre en el plano ético, intelectual y profesional.

Entonces, ante la posibilidad de demostrar que era cierto lo que había dicho, reiterado y ratificado, no solo no lo demuestra, sino que además dice que no duda de la ética y de la honorabilidad de la persona a la que había injuriado. Por lo tanto, no es de aplicación en este caso la excepción a la que hice referencia.

SEÑOR ORRICO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GALLINAL.- Sí, señor Legislador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Legislador.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: simplemente quiero dejar una constancia.

En el día de ayer intenté fundamentar en la Comisión los alcances del concepto de la suspensión condicional de la pena y fui detenido cuando se me preguntó en nombre de qué estábamos hablando de esto, porque poco menos que estábamos violando la independencia del Poder Judicial, cuando -reitero- estábamos hablando de los efectos de la pena. Veo con satisfacción -porque me parece que está bien- que ahora se está comentando el fallo. Y aunque se lo esté haciendo a favor, se está comentando; los fallos son fallos, tanto cuando uno está a favor como en contra; no importa. Lo que importa es que se está comentando el fallo e, inclusive, se está citando lo que a modo de fundamento dijo un Ministro de un Tribunal en forma minoritaria.

Me alegro de esto, pero convenga conmigo, señor Legislador, que no fue lo que pasó en el día de ayer.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el Miembro Informante en minoría, señor Legislador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: considero que nuestra responsabilidad es informar al Cuerpo sobre el asunto que tenemos a estudio. Quizás el Cuerpo podría haber estado mucho más informado si se hubiera cumplido acabadamente con los trámites que establece el artículo 209 de la Constitución de la República, pero de eso hablaré más adelante.

Yo no estoy comentando el fallo de la Suprema Corte de Justicia ni a favor ni en contra; simplemente, estoy poniendo en antecedentes a los señores Legisladores del tema que nos ocupa, que es precisamente este fallo.

Vale la pena adelantar que este fallo de la Suprema Corte de Justicia termina señalando: "[...] la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, Falla: Anúlase la sentencia impugnada" -la del Tribunal de Apelaciones, que había declarado la inocencia del contador Alvarez- "y, en su lugar, confírmase el pronunciamiento de primera instancia, salvo en cuanto a la calificación delictual, que se modifica, imputándose al Cr. Ariel Alvarez la comisión de un delito de injuria".

Con fecha 5 de mayo de 2005, el señor Juez Letrado de Primera Instancia encargado de esta causa comunica por Oficio N° 185 al Presidente de la Corte Electoral la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, pasada en autoridad de cosa juzgada a los efectos que correspondan, de lo que después hablaremos.

¿Qué sucede después? Esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia...

(Interrupción del señor Legislador Michelini)

-...que el Juez comunica a la Corte Electoral por Oficio del 5 de mayo -como comunica el Poder Judicial a la Corte Electoral todas las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada que significan una condena de prisión o de penitenciaría- ingresa a conocimiento de la Corte Electoral el 6 de mayo,.

(Interrupción del señor Legislador Michelini)

-Todas las semanas la Corte Electoral toma definiciones con respecto a esta temática.

¿Qué sucede después? Viene la nota del Tribunal de Cuentas, que la remite a la Asamblea General dando cuenta de la sentencia, sin pedir un especial pronunciamiento.

Como relatábamos al principio, a raíz de la nota del Tribunal de Cuentas comienza a actuar la Asamblea General. Se dispone el pase a la Comisión de Constitución y Legislación, la que se reunió por vez primera con la temática de la elección del Presidente y Vicepresidente y para dar cuenta de los asuntos entrados. A poco de empezar a sesionar la Comisión, el Presidente ad hoc de la Comisión, señor Legislador Orrico, ingresa en la temática en cuestión, realizando una serie de fundamentos vinculados con la situación del contador Alvarez. Señalábamos ayer en la Comisión y queremos reiterar hoy -por eso hablamos del informe que realizamos en nombre de la minoría menor- cuáles son, a nuestro juicio, los pasos que corresponde dar en esta circunstancia.

Tenemos un texto constitucional que marca muy claramente cuáles son los instrumentos de los que dispone el Poder Legislativo para actuar en temas de estas características. Lo decimos en el informe escrito que presentamos a consideración del Cuerpo. El tema se resume en esta pregunta: ¿en qué casos y cómo cesan los Ministros del Tribunal de Cuentas? Y respondemos: por muerte; por renuncia aceptada; por el cumplimiento del inciso segundo del artículo 208 de la Constitución de la República, es decir, por designación de los nuevos integrantes, con lo cual cesan en sus funciones los anteriores; por sentencia del Senado resolviendo un juicio político y concluyendo que el acusado cometió una violación de la Constitución que constituye un delito grave, u otro delito grave.

Entonces, cuando el señor Presidente de la Comisión empieza a fundamentar jurídicamente el alcance de una sentencia de condena con suspensión condicional de la pena, lo interrumpimos para preguntarle si íbamos a tratar el caso del contador Ariel Alvarez y cuál era el procedimiento en función del cual a actuar la Asamblea General y, en este caso, la Comisión. ¿Cuáles son las competencias que habilitan a que la Asamblea General ingrese a la consideración de este tema, que nos parece absolutamente fundamental? ¿Cuál es la competencia? ¿Es que se decidió promover un juicio político conforme a lo que dispone la Constitución de la República? No tenemos noticia de que haya un juicio político. Podría ser una alternativa. La otra es la que dispone el artículo 209 de la Constitución de la República, que dice: "Los miembros del Tribunal de Cuentas son responsables, ante la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, por el fiel y exacto cumplimiento de sus funciones. La Asamblea General podrá destituirlos, en caso de ineptitud, omisión o delito, mediando la conformidad de dos tercios de votos del total de sus componentes". Está clarísimo.

Entonces, le preguntamos al Presidente de la Comisión, señor Legislador Orrico, si la fuerza que él representa entiende que corresponde promover un juicio político por ineptitud, omisión o delito contra la persona del contador Ariel Alvarez, porque nosotros no lo entendemos así. Pero si eso es lo que considera la fuerza política que él representa y la mayoría que están invocando, pues bien, ingresemos a la implementación del artículo 209 de la Constitución de la República, pero hagámoslo con todas las formas que corresponden. Hagámoslo, entre otras cosas, no solamente teniendo un mínimo de procedimiento sumario, como siempre es necesario para demostrar la ineptitud, la omisión o el delito, sino también, por ejemplo, aplicando el artículo 66 de la Constitución de la República, que además es de aplicación preceptiva, y dice: "Ninguna investigación parlamentaria o administrativa sobre irregularidades, omisiones o delitos, se considerará concluida mientras el funcionario inculpado no pueda presentar sus descargos y articular su defensa".

Eso motivó un pedido de intermedio de la fuerza mayoritaria que hoy gobierna los destinos del país. Como resultado de ese intermedio, y como evidentemente no existían fundamentos para seguir adelante con lo que se había planteado originalmente, se decide aplicar las mayorías, hacer valer las mayorías, lo que en este Poder Legislativo es absolutamente legítimo, pero en tanto se respeten las normas constitucionales y jurídicas, que son las que reglamentan nuestro ámbito y nuestras posibilidades de actuación. Porque mezclar la forma jurídica con la consideración política para llegar a una decisión -a mi juicio, aberrante en los términos en los que está redactada-, me parece que le hace mucho daño al Poder Legislativo, a la fuerza política que lo impulsa y al propio ciudadano en cuestión, el señor contador Ariel Alvarez.

Más aún: si uno lee con atención el informe que la minoría mayor presenta a consideración del Cuerpo, se nos da la razón -creo que pasó inadvertido en el momento de redactarlo-, porque en el numeral 4) se dice: "Es, en cambio, competencia específica de la Asamblea General pronunciarse sobre la actuación de los miembros del Tribunal de Cuentas, porque estos son responsables ante ella como lo establece el artículo 209 de la Constitución, que dice: 'Los miembros del Tribunal de Cuentas son responsables, ante la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, por el fiel y exacto cumplimiento de sus funciones'". Y más adelante agrega: "En virtud de ello, esta Comisión en mayoría" -debería decir en minoría mayor- "considera que el Sr. Cr. Ariel Alvarez, que se viene desempeñando desde larga data como miembro del Tribunal de Cuentas, ha ejercido el alto cargo para el que fue designado por la Asamblea General, de manera 'fiel y exacta' según la expresión utilizada por el artículo 209 de la Carta Magna". O sea que la propia mayoría considera que es de aplicación en este caso el artículo 209 de la Constitución de la República. Nosotros también podríamos llegar a considerar que efectivamente, como dice el informe, "El señor Cr. Alvarez no usó su cargo en provecho o beneficio propio o de terceros, no incurrió en abuso de funciones, ni confundió el interés público con el privado, no omitió en lo más mínimo cumplir sus funciones, [...]". No está puesta en tela de juicio la conducta del contador Alvarez; lo único que hay en la vida nacional es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia pasada en autoridad de cosa juzgada. Eso es una realidad que además en el día de ayer fue aceptada por los propios miembros de la Comisión.

Cuando reinicia su discusión -lamentablemente, sin cumplir con lo dispuesto por el artículo 209, que hubiera sido muy sano para todos, sobre todo para el Poder Legislativo-, ingresan a Sala con un proyecto de declaración -que tengo en mi poder- redactado de puño y letra de uno de los miembros de la Comisión, que felizmente después se sustituyó por otro. Porque fíjese, señor Presidente, a las cosas que puede llevar la improvisación. El proyecto que se presentó a la consideración de la Comisión decía: "2°) Ante la comunicación enviada por el Tribunal de Cuentas a esta Asamblea General y habiéndose abocado la misma al estudio de los antecedentes, se considera que no existe violación alguna por parte del contador Alvarez a la normativa vigente, que obste su continuidad en el cumplimiento de sus funciones". Después se sustituye por otro que el Cuerpo tiene en un repartido que se ha realizado y que está en el informe llevado adelante por la minoría mayor.

Sin lugar a dudas, en este caso -ayer se dijo en la Comisión y así se aceptó; creo que nadie lo discute- estamos frente a la comisión de un delito con sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada dictada por la Suprema Corte de Justicia, con suspensión condicional de la pena. Nosotros nos explayamos en los fundamentos por escrito que elevamos a la consideración del Cuerpo junto a los demás compañeros, pero está muy claro que la suspensión condicional de la pena no extingue el delito.

Tengo en mi poder el informe en función del cual se movió ayer en la Comisión la minoría mayor. Es del doctor Gonzalo Fernández, quien fue marcando la línea de inspiración a los que ayer fundamentaron; inclusive, hay partes textuales. Tengo acá el informe con la propia firma del doctor Gonzalo Fernández.

(Interrupción del señor Legislador Orrico)

-Además, no da para ofenderse porque era el abogado defensor del contador Alvarez en la causa en cuestión, y lo hizo legítimamente, con todo derecho; es decir que esto no es un cuestionamiento. Digo, sí, que este era el fundamento jurídico en función del cual se trabajó.

Está muy claro que la suspensión condicional de la pena no extingue el delito, porque si fuera así, que es lo que se pretende, entonces no habría absolutamente ninguna diferencia entre una sentencia de condena y una de absolución, es decir, una sentencia en la que se lo declara inocente. Y no es así. Lo que hace la suspensión condicional de la pena es dejar en suspenso, por un plazo determinado, en este caso de un año, la aplicación de la pena. Como bien se señaló ayer en la Comisión, cuando se dicta una sentencia de condena con suspensión condicional de la pena, no cae la pretensión punitiva del Estado; queda en suspenso. Se establece lo que se llama período de latencia de un año, dentro del cual lo que hace el Poder Judicial es observar la conducta de la persona involucrada, y si no reincide y no provoca ningún hecho que amerite una sanción, al cumplirse ese plazo, ahí sí, se extingue el delito y, como consecuencia, se extingue la pena. Esto es absolutamente de toda lógica. No podría existir otra explicación y, además, hasta doctrina especial hemos citado en la argumentación que hicimos por escrito y que trajimos a consideración de la Asamblea General. Es por eso que señalamos que en ese lapso es que se estudia la conducta del involucrado para saber si, en definitiva, su comportamiento es acorde a derecho. Si la conducta es contraria, entonces se le aplica la pena original, porque lo que hay que distinguir es entre la condena y la pena. Hay una sentencia de condena con una pena suspendida. Si la persona involucrada, en el plazo de ese año, reincide o comete algún otro tipo de delito, amén de la nueva pena que se pudiera generar si se tratara de otra causa, se le aplica la pena original, que en este caso sería de cinco meses de prisión. Ese es el fundamento.

SEÑOR ORRICO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GALLINAL.- Sí, señor Legislador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Legislador.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: creo que hace bien en concederme esta interrupción porque, de lo contrario, hay elementos que se van.

Comprendo que a algunos les pueda encantar hablar de la pretensión punitiva del Estado, pero no tiene ninguna aplicación en este caso, porque acá el Estado penó y dictó una sentencia de condena. Lo que sucede es que no impone la condena, sino que la dispone. Esa es la gran diferencia.

Por lo tanto, hablar de pretensión punitiva del Estado no tiene ninguna aplicación en el tema que estamos tratando.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el Miembro Informante en minoría, señor Legislador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: en alguno de los informes a los que he hecho referencia se acepta la posibilidad, de toda lógica, de que no se extingue la pena ni el delito, porque para ello la Suprema Corte de Justicia lo hubiera declarado inocente; es exactamente lo mismo.

Entonces, como este argumento no tiene forma de ser refutado, se agrega uno nuevo, y es cómo se computa el plazo de un año. Se señala -como se hizo en la Comisión- que el plazo del año ya está vencido, porque se cuenta desde la época del arresto, refiriéndose a una ley de 1917, cuando en realidad en este caso no tenemos arresto y es muy claro -también la doctrina está de acuerdo en eso- que el plazo se computa a partir del momento en que la sentencia es definitiva, adquiere autoridad de cosa juzgada y ya no hay posibilidad alguna de otro recurso, cosa que sucedió -si no me equivoco- el 20 de abril de 2005. O sea que el 20 de abril de 2006 vencería ese período de latencia.

Entonces, si hay una conducta que no genere otras alternativas de parte de los involucrados -en este caso, del contador Alvarez-, el 20 de abril de 2006 sí se extinguiría el delito y, como consecuencia de ello, se extinguiría la pena. Después está la discusión que se da respecto a lo accesorio y a lo principal, en cuanto a que, si cae la pena principal, cae la pena accesoria; pero, como hemos dicho, la pena principal no ha caído y, mucho menos, la accesoria. Además, esos son términos que están reservados para el derecho civil, pero no precisamente para el derecho penal, donde no se trata de una mera accesoriedad, sino de jerarquía en materia de penas. Asimismo, hay diferente naturaleza jurídica en la pena de prisión que en la pena de suspensión de la ciudadanía.

Hay algo muy claro, que es el artículo 80 de la Constitución de la República, que establece: "La ciudadanía se suspende: [...] 4°) Por sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena". Eso es preceptivo, es lo que se denomina que se produce ipso jure, de pleno derecho. Hay una sentencia de condena pasada en autoridad de cosa juzgada; como consecuencia inmediata se suspende la ciudadanía. Ni siquiera hay que esperar al pronunciamiento de la Corte Electoral, porque este no tiene efecto constitutivo. Lo que hace la Corte Electoral es declarar una situación ya dada por esa definición del Poder Judicial.

Obviando el camino del artículo 209 de la Constitución, se trae a consideración del Cuerpo un proyecto de declaración que dice: "1°) Ratificar su total confianza en la persona del señor Contador Ariel Alvarez y declarar que ha desempeñado fiel y exactamente sus funciones como miembro del Tribunal de Cuentas".

Nosotros consideramos que este numeral fue definido muy claramente por el señor Diputado Alonso en la Comisión en el día de ayer, tan pronto se dio lectura a este proyecto de resolución: esto violenta y avasalla la Constitución de la República, porque convierte al Poder Legislativo y a la Asamblea General en tribunal de alzada de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, pronunciada además en este caso por la Suprema Corte de Justicia. Y nosotros no lo podemos aceptar. Nuestra responsabilidad primera, como Legisladores, como miembros de la oposición, en el transcurso de los próximos cinco años, va a ser permanentemente garantizar el fiel cumplimiento y respeto de la Constitución de la República y de las leyes, y este numeral 1° de la resolución avasalla al Poder Judicial y cuestiona el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia. No se trata de una definición que se adopta con el propósito de expresar, quizás con buena intención, una solidaridad con un compañero de partido o de fuerza política que atraviesa por una circunstancia especial. No; el 20 de abril, hace pocos días, hubo una sentencia condenatoria de la Suprema Corte de Justicia, y frente a ella aparece una resolución del Poder Legislativo, a través de la Asamblea General, que en su numeral 1°) dice: "Ratificar su total confianza en la persona del señor Contador Ariel Alvarez [...]". Esto es absolutamente inaceptable, y mucho menos utilizando la palabra "ratificar". De acuerdo con la Real Academia Española, ratificar significa aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por valederos y ciertos. La Asamblea General no puede, bajo ningún concepto, aprobar ni confirmar actos, palabras o escritos, dándolos por valederos y ciertos, de la persona del señor contador Ariel Alvarez.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GALLINAL.- Lo digo con todo el respeto que nos merece el señor contador Alvarez, al que no cuestionamos bajo ningún concepto. No venimos a la Asamblea General a cuestionar al Ministro Alvarez.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GALLINAL.- Pero yo pregunto: ¿qué hacemos con los otros seis Ministros del Tribunal de Cuentas que no pasaron por el Poder Judicial? ¿Tenemos que condecorarlos? No; ni lo uno ni lo otro.

No podemos aceptar esto, porque se está dando una bofetada a una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Por supuesto que con ella se puede discrepar, pero no se puede pretender llevar adelante un pronunciamiento de estas características. Y reitero que mucho menos se puede usar el verbo "ratificar". Si se ratifica esa confianza en la persona del contador Alvarez, se está desconociendo abiertamente y cuestionando la decisión de la Suprema Corte de Justicia, o bien se está recurriendo al artículo 209 de la Constitución de la República para declarar lo que se declara. Bueno, para eso se necesitan dos tercios de votos, que creo que no están.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑOR BORSARI BRENNA.- ¡Que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador!

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar, aclarando que se necesitan dos tercios de votos.

(Se vota)

- 88 en 89. Afirmativa.

Puede continuar el señor Legislador Gallinal, quien dispone de treinta minutos más.

SEÑOR GALLINAL.- Agradezco mucho al Cuerpo y al señor Presidente.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GALLINAL.- Sí, señor Legislador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Legislador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: ¿el contador Alvarez no cumplió las funciones de contralor que tiene el Tribunal de Cuentas? ¿El contador Alvarez no estuvo a la altura de ser miembro de ese Tribunal? ¿Falló como funcionario público? ¿No ha actuado en función de la investidura que la Asamblea General le dio? Que se lo digan directamente y que sea juzgado por el artículo correspondiente, con las mayorías necesarias. Que se diga: "Mire, este señor no está a la altura de las circunstancias; ha fallado; no cuida los dineros públicos; no controla; no hace cumplir la Constitución, las normas y las leyes". ¡Que se lo digan, y después que se actúe en consecuencia!

Ahora bien, ¿por qué se ha juzgado al contador Alvarez? Por el delito de palabra. Adelanto que tendremos que revisar esto, porque ¡a cuánta gente se juzgó en este país en otras circunstancias por ser portadora de moneda extranjera, y miren ahora! Se lo juzga por el delito de palabra. Que se haya extralimitado, que no le hayan gustado a la persona involucrada las expresiones manifestadas, que a mí, quizás, tampoco me hayan gustado, que pueda haber infringido la ley, por supuesto que puede ser. Pero eso no obsta a que esta Asamblea General, en el uso de su libertad y también defendiendo la libertad de las personas y la libertad de palabra que tenemos las personas, proclame lo que piensa.

Estamos haciendo una declaración, y la que impulsa la mayoría, les guste o no les guste, es de respaldo al trabajo, al decoro y al honor con que se ha comportado el contador Alvarez en el Tribunal de Cuentas; les guste o no les guste.

Ahora bien, sin dudas, esta Asamblea General puede hacer declaraciones; somos un ámbito político. Alguien me dirá: "La declaración es política". ¡Por supuesto que sí! Es opinable; podrá gustar o no; hay Legisladores que no la van a votar. Es un acto político.

Por el contrario, la Corte Electoral no puede hacer actos políticos; y la Suprema Corte de Justicia debería ser muy ponderada. Se me puede decir que la Suprema Corte de Justicia tiene razón porque es la Suprema Corte de Justicia, pero un Tribunal de Apelaciones no dijo lo mismo. Ese fallo es controvertible y opino que estuvo mal, le guste o no a la Suprema Corte de Justicia. Así como este organismo falla en delitos de palabra, este Legislador -si tiene la mayoría así lo va a expresar- también puede abrir su juicio. ¿A qué? ¿El Legislador Michelini puede hablar en la prensa y después no puede convencer a sus compañeros para expresarse públicamente en la propia Asamblea General? Si la Suprema Corte de Justicia está convencida de lo que tiene, tendrá los pantalones largos y mantendrá naturalmente su veredicto. Nadie está discutiendo que esto se vaya a juzgar de nuevo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la discusión? ¿La división de Poderes? ¿Quién la está poniendo en tela de juicio?

(Murmullos)

- Nadie está poniendo en tela de juicio la división de Poderes, que nosotros defendemos mucho más que otros. Lo que sí planteamos es que esta Asamblea General diga lo que tenga que decir.

En definitiva, el contador Alvarez actuó en función del cargo que la Asamblea General -era otra- le impuso. Yo voy a defenderlo porque voy a defender su capacidad de expresarse libremente, le guste o no al señor Legislador Gallinal.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el Miembro Informante en minoría, señor Legislador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: creo que el señor contador Alvarez, por los elementos que tengo en mi conocimiento, actuó en el ejercicio del cargo como Ministro del Tribunal de Cuentas dentro de sus competencias, sin faltar al orden jurídico. Yo no he hecho un solo cuestionamiento al contador Alvarez; tampoco lo he juzgado, como ha dicho el señor Legislador Michelini. Quien lo ha juzgado ha sido el Poder Judicial, que ha emitido una sentencia por unanimidad, que ahora es definitiva, en función de los elementos a los que he hecho referencia; ha sido la Suprema Corte de Justicia la que ha fallado.

Entonces, no puedo aceptar que a veinte días de un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia la Asamblea General diga que se solidariza en todos sus términos con la persona del contador Ariel Alvarez. Me parece una bofetada a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial y a la pobre Constitución de la República, que tan revolcada ha sido en el transcurso de los últimos días. Esto es así y no tiene vuelta. Además, cuando utilizan el verbo "ratificar" es peor. No voy a leer nuevamente la definición de la Real Academia Española.

En el numeral 2°) del proyecto de declaración se dice: "Ante la comunicación enviada por el Tribunal de Cuentas a esta Asamblea General y habiéndose abocado la misma al estudio de los antecedentes, se considera que no existen consecuencias con respecto a la actual situación jurídica del Contador Ariel Alvarez que obsten a la continuidad en el cumplimiento de sus funciones". Aquí también hay un desconocimiento total y absoluto del numeral 4°) del artículo 80 de la Constitución de la República, porque es una consecuencia ineludible de sentencias de las características de la que tenemos a consideración que se produzca la suspensión de la ciudadanía, en un hecho sobre el cual la Corte Electoral -hoy se dijo que estaba por pronunciarse- ya se pronunció, de acuerdo con la información de que disponemos. Pero no lo hizo sacando una declaración constitutiva que consagre la suspensión, sino aplicando el temperamento que, por unanimidad, con la presencia de representantes de la fuerza política que es la minoría mayor en la Comisión de Constitución y Códigos de la Asamblea General, viene sustentando desde el año 1998. En esto tampoco hay novedad.

En caso de aprobarse el numeral 2°) -felizmente, no se va a llegar a los dos tercios, o por lo menos eso es lo que esperamos-, lo que se hace es preparar el terreno para una confrontación con el Poder electoral. Porque si se aprueba esta declaración y, a su vez, tenemos una definición de la Corte Electoral disponiendo la suspensión de la ciudadanía del involucrado, ¿qué vamos a hacer mañana, 2 de junio, cuando el contador Ariel Alvarez se presente a ejercer sus funciones como Ministro del Tribunal de Cuentas? Si esto es así, su presencia en el Tribunal de Cuentas no sólo no corresponde, sino que invalida la actuación de este órgano del Estado.

Entonces, yo llamo a la reflexión a quienes prohíjan una definición de estas características, porque me parece que le hace mucho daño a la salud institucional del país. No es verdad que esa fuerza se queda sin su representante en el Tribunal de Cuentas, como se ha dicho. Tengo por aquí la nómina de sus suplentes, y asumiría el doctor Jorge Irisity en representación de esa fuerza política, porque es lo que corresponde. Pero, ¡cuidado!, que mañana no nos encontremos con un forcejeo entre los Poderes del Estado para ver si el Ministro Alvarez sigue o no en sus funciones.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GALLINAL.- Concedo interrupciones, por su orden, a los señores Legisladores Iturralde Viñas y Pablo Abdala.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Legislador Iturralde Viñas.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señor Presidente: me sorprenden las palabras del señor Legislador Michelini, ya que aquí no se está tratando de juzgar al Ministro del Tribunal de Cuentas, sino de analizar una declaración que podrá ser válida, pero absolutamente ineficaz. Estamos viendo si se va a dar cumplimiento a la Constitución de la República, cuyo artículo 208 establece que para ser miembro del Tribunal de Cuentas se requieren las mismas calidades exigidas que para ser Senador; por su parte, el artículo 98 expresa que para ser Senador se necesita ciudadanía natural en ejer-cicio. Aquí termina la discusión; todo lo demás es accesorio.

Además, si entramos a juzgar las palabras del señor Ministro del Tribunal de Cuentas, vamos a tener que pensar que tampoco se cumple con las instituciones cuando se agravia el buen nombre de las personas. De esa forma ingresaremos en una discusión mucho más complicada, que nos llevará mucho más tiempo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Legislador Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señor Presidente: voy a hacer una breve reflexión a cuenta de las que formulemos cuando nos toque hacer uso de la palabra.

Si en el día de ayer la Comisión de Constitución y Códigos de la Asamblea General, que inició la consideración de este asunto y terminó dándole un tratamiento sumario, se hubiera dado el tiempo y el proceso de análisis suficiente para profundizar en el tema y analizar todos sus aspectos, tal vez habríamos seguido el criterio que pareció insinuar su Presidente al comienzo de esa deliberación, en cuanto a transcurrir por el camino de determinar si se había configurado la causal de delito que prevé el artículo 209 de la Constitución de la República a los efectos de la destitución de los miembros del Tribunal de Cuentas. Ocurre que no hubo oportunidad de analizar si nos encontrábamos en ese escenario. Ocurre que no hubo oportunidad de intercambiar ideas ni de recabar asesoramientos en cuanto a definir el alcance, los efectos y las consecuencias de la suspensión condicional de la pena. Ocurre que no hubo oportunidad, porque la mayoría impidió, aplicando regimentadamente su criterio, debatir con relación a las características del llamado período de latencia, aquel que conduce al cabo de un año a la extinción del delito. ¡Vaya si habría sido necesario y conveniente hacerlo y habernos planteado este tema con la seriedad que merece! Se trata ni más ni menos que de un episodio que involucra a dos funcionarios públicos de primerísima jerarquía: un Ministro del Tribunal de Cuentas que ofende y un jerarca de la Administración Pública que es ofendido. En este caso, además de estar comprometido ni más ni menos que el honor y el decoro de una persona, que los tiene garantizados de acuerdo con el artículo 7° de la Constitución de la República, también está involucrado el propio prestigio de la Administración Pública, lo cual agrava aún más la situación que estamos analizando y podría haber agravado más todavía la responsabilidad, el accionar o la conducta del contador Ariel Alvarez, condenado por la Justicia, a la sazón Ministro del Tribunal de Cuentas.

La propia Justicia estableció los términos agraviantes -estoy leyendo los fallos judiciales que en este momento tengo en mi poder- en los que incurrió este funcionario, que agredieron el honor de una persona física, pero atacaron concomitantemente el proceder de la Administración Pública y comprometieron, sin ninguna duda, la dignidad del funcionario y al mismo tiempo pusieron en riesgo el prestigio de la Administración. ¡Vaya si ha sido serio lo que ocurrió en el pasado, respecto a lo cual falló la Justicia! ¡Vaya si es serio -a eso nos referiremos después- el precedente lamentable que esta Asamblea General, por imperio del criterio sugerido e impulsado ayer en la Comisión y aparentemente prolongado en la tarde de hoy, está estableciendo a la hora de encarar un tema de la gravedad institucional del que estamos analizando con esta liviandad y con esta falta de responsabilidad política en la que, aparentemente, la mayoría representada en este Cuerpo quiere conducirnos a todos a incurrir!

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el Miembro Informante en minoría, señor Legislador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: creo que es suficiente lo que he señalado con respecto a la discrepancia que tengo con el numeral 1° del proyecto de declaración.

También tengo una discrepancia total y absoluta con el numeral 2°, que me parece que nos genera una inaceptable situación de confrontación con el Poder electoral, que de alguna manera pretendía adelantarse a los tiempos. Entendemos que aquí también debería recurrirse al artículo 209 de la Constitución de la República, pero hay otros temas que habrá que estudiar cuando se tenga conocimiento fehaciente de la decisión de trámite de la Corte Electoral. Se puede discutir, por ejemplo, si terminado el período de latencia, en caso de extinguirse efectivamente el delito y, en consecuencia, extinguirse la pena, el contador Alvarez puede o no reintegrarse al ejercicio del cargo de Ministro del Tribunal de Cuentas.

El numeral 3° expresa: "Comunicar esta declaración al referido Organismo", al Tribunal de Cuentas. También discrepamos con él. Nos parece una barbaridad que comuniquemos a los otros seis Ministros del Tribunal de Cuentas esta resolución, diciéndoles: "¡Dale, que no pasa nada! Metele, hacé lo que se te ocurra, que si conseguís una mayoría en la Asamblea General, ¿qué importa el Poder Judicial?, ¿qué importa el Poder electoral?". Ni siquiera compartimos este numeral 3°, en tanto los dos primeros estén redactados en esos términos.

Hemos hecho este análisis con la mayor serenidad, sin indagar y ni siquiera insinuar ningún tipo de descalificación a la persona directamente involucrada en esta temática y con un respeto absoluto por las normas constitucionales, legales y reglamentarias que hacen al funcionamiento de este Cuerpo. Además, por si fuere necesario, queremos manifestar -permítanme hacerlo los demás miembros de la Comisión que comparten nuestras expresiones y que firman nuestro informe- en nombre de nuestra colectividad política, el Partido Nacional, que por supuesto estamos dispuestos -como estuvimos siempre, a través del Directorio y en la persona de su Presidente- a encarar las conversaciones que correspondan a los efectos de designar a los nuevos miembros del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral.

Por supuesto que, aun más allá de estas circunstancias, estamos dispuestos a recrear -por sobre todas las cosas e independientemente de estas definiciones puntuales- un ámbito de diálogo en el relacionamiento de los partidos políticos que, lamentablemente, por distintas razones, se ha cortado en el transcurso de los últimos tiempos.

Era cuanto teníamos para informar al Cuerpo.

SEÑOR SALSAMENDI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante en mayoría.

SEÑOR SALSAMENDI.- Señor Presidente: la primera aclaración parecería excesivamente obvia, pero resulta necesario hacerla.

Uno se pregunta cuándo las declaraciones son eficaces en los términos en los que las planteaba el señor Legislador preopinante. ¿Una minuta de comunicación es eficaz? ¿Obliga? No. Sin embargo, es una resolución que válidamente puede tomar cualquiera de las Cámaras. Cualquier declaración que se haga, ¿es eficaz en estos términos? No. Entonces, obviamente, aclaramos que esta declaración -esto lo dijimos desde el inicio-, como no puede ser de otra manera, no pretende tener eficacia sobre ningún otro Poder del Estado que tenga independencia plena. Esto es obvio, pero resultaba necesario aclararlo.

La segunda aclaración tiene ver con que, según el artículo 209 de la Constitución, para destituir se requieren dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General. Si yo quiero destituir, necesito dos tercios. Francamente, escuché con la mayor atención del mundo y no logré entender, en lo más mínimo -por eso deseaba aclarar cuál es el temperamento con el que impulsamos esto-, a santo de qué se necesitan dos tercios cuando se impulsa una declaración de este tipo.

Por último, debo decir que hay algo que me sorprendió enormemente. De verdad, me interesaría que se aclarara expresamente en su caso y se dijera con claridad en qué momento en la Comisión se impidió analizar el fondo del asunto, particularmente lo relacionado con el período de latencia. Deseo aclarar expresamente que de la versión taquigráfica del análisis de la Comisión surge con claridad que el mismo fue extensamente tratado. No serían buenas las conclusiones a las que se arribó, en opinión de algún señor Legislador, pero queda palmariamente demostrado, simplemente con leer, que este planteo no se adecua a la realidad.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señor Presidente: queremos formular algunas reflexiones generales y otras particulares, por cierto que sobre la base de los argumentos y los fundamentos que el señor Legislador Gallinal -creo que con toda justeza y claridad- ha formulado en nombre de quienes suscribimos el informe en minoría elevado a la Asamblea General.

Algo de esto ya dejamos planteado en la interrupción que formulamos momentos antes. Queremos transmitir al Cuerpo la sensación muy íntima pero muy cierta y sentida de que la reunión de la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General realizada en la jornada de ayer, no dio a este tema la consideración y la importancia que sin duda tiene.

Consideramos que una vez que fuimos convocados a la reunión de instalación de esta Comisión, en la que habría de darse entrada a este asunto a los efectos de iniciar su análisis, la Comisión debió darse el tiempo necesario y conveniente a los efectos de poder madurar una decisión que nos condujera a una o a otra conclusión, y eso no ocurrió. No se recabaron los asesoramientos indispensables y, más allá de las valoraciones subjetivas de cada uno, no nos dimos el tiempo suficiente a los efectos de intercambiar ideas y de profundizar con relación a todas las aristas que este tema tiene. Creo que la prueba de cuanto afirmamos está dada por el hecho contundente y concreto de que al cabo de pocos minutos o algunos instantes después de iniciarse la deliberación de la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General se solicitó un intermedio promovido por la mayoría. Luego de finalizado, todos los integrantes de la Comisión fuimos notificados de que ya había una decisión tomada por parte de la mayoría. Se nos dijo que ya había un criterio que se sugeriría, se impulsaría y se aprobaría ayer en la Comisión y hoy en el plenario, y que claramente esto no admitía la más mínima modificación, salvo la que la propia mayoría introdujo en el curso de la reunión, lo cual creo que también prueba, a la vez, la premura, la ansiedad y el nerviosismo con que se actuó y -como aquí se dijo- el avasallamiento de las minorías o, en todo caso, el retaceo a quienes no integramos la Bancada de Gobierno en cuanto al derecho y a la oportunidad de darnos el tiempo de análisis, de reflexión y de estudio suficiente y sensato que creo que se merecía un tema de la envergadura institucional que este tiene.

Inclusive, ayer, en la Comisión, se nos dijo por parte de uno de los Representantes de la Bancada de Gobierno que este tema, que es de carácter institucional, que tiene -como creo que ha quedado claro ya, y a eso nos referiremos después- aspectos o facetas de carácter jurídico incuestionables, habría de resolverse simplemente a través del expediente político. También dijo que la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General, y en particular la Asamblea General en su condición de órgano político, estaban y están en condiciones de laudar temas simplemente expresando, a través de una mayoría -que por definición es siempre circunstancial-, un criterio político que resolviera las cuestiones o que zanjara las diferencias.

Señor Presidente: eso nos parece grave, porque si bien la Asamblea General es un órgano político -como la Cámara de Representantes y el Senado-, está claro que en nombre de las decisiones políticas no se pueden arrollar las instituciones. Está claro que en nombre de las solidaridades políticas como la que se expresa en el numeral 1°) del proyecto de declaración cuya aprobación hoy se promueve -que implica simplemente ratificar o reiterar la confianza en un compañero político-, no puede traspasarse ni más ni menos que el ordenamiento jurídico, tanto en lo que se refiere a las normas constitucionales como al principio de legalidad en su concepción y en su acepción más amplia.

Creo que demostración de lo que afirmamos también es que el proyecto de declaración final -la segunda versión que ayer se manejó en la Comisión, que es la que ahora estamos analizando- implica, sin duda... No puedo adjudicar intenciones y no voy a hacerlo, pero me parece que surge de la relación de los hechos y de los acontecimientos claramente que, queriéndolo o no, esta declaración operaba -tal vez a esta altura de los acontecimientos ya no, pero por lo menos ayer sí- como una presión indebida, como una introducción ilegítima en la esfera de la competencia de un organismo distinto a la Asamblea General, que es la Corte Electoral, que es la que legalmente está habilitada para determinar si se ha suspendido o no la ciudadanía de un ciudadano condenado por la Justicia Penal, por el Poder Judicial.

Es claro que el numeral 2°) establece una consideración de carácter jurídico, haciendo una indicación no se sabe a quién; supongo que ayer era claramente a la Corte Electoral, pero hoy tal vez no, porque, según se ha dicho en esta misma discusión, la Corte ya se habría pronunciado. Pero desde el momento en que se anuncia que no hay consecuencias con respecto a la situación jurídica del ciudadano Ariel Alvarez, condenado por la Justicia Penal, parecería claro que allí existe una señal y un mensaje que van mucho más allá del contador Ariel Alvarez, a quien supongo los integrantes de la mayoría ya habrán dado su solidaridad y el apoyo personal, no ahora sino hace un año, cuando comenzó esta historia.

Es notorio que en este caso hubo -reitero que no estoy atribuyendo intenciones, sino describiendo hechos- una clara intromisión y una clara presión que implica un desborde de carácter institucional, porque supone ingresar en la esfera de competencia de un organismo que es independiente de este Poder y de los demás Poderes del Estado.

Ha habido aquí -y eso califica la gravedad del tema, que no es una cuestión baladí, que no es un tema que deba analizarse con liviandad- no solo -me remito a la interrupción que le pidiera al señor Legislador Gallinal- la lesión, el ataque y el agravio a la moral de un ciudadano de la República, a un habitante de la República, como dice el artículo 7° de la Constitución, sino, por añadidura, y así lo calificó y entendió la Justicia, un ataque, un agravio y una puesta en riesgo del prestigio de la Administración por la vía del injustificado ataque a un funcionario de la jerarquía del ofendido, en este caso el entonces Subsecretario de Transporte y Obras Públicas.

SEÑOR ORRICO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Sí, señor Legislador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Legislador.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: quiero comentar la afirmación de que estamos presionando a un Poder del Estado. Si eso fuera cierto -que no lo es-, ¿qué significa este titular: "El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado se reunió ayer y concluyó que el Representante del Frente Amplio en el Tribunal de Cuentas, Ariel Alvarez, está 'inhabilitado' para ocupar el cargo"? También tengo otro titular referido al Herrerismo, que dice: "El ministro fue condenado por injuria y los herreristas piensan que por tener la ciudadanía suspendida no puede seguir en el tribunal".

Honestamente, entiendo que opinar sobre estos aspectos no es presionar a nadie y debemos medir con la misma vara absolutamente todo.

Gracias, señor Legislador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Legislador Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señor Presidente: creo que debemos distinguir claramente consideraciones, valoraciones de carácter político o jurídico con relación al accionar de una persona física, de un Poder del Estado o con respecto a un tema o a un asunto judicial o no de carácter concreto, hechas o no a través de la prensa; ese es un aspecto. Algo muy distinto es promover, con anticipación al pronunciamiento de un organismo que tiene independencia técnica e institucional, un pronunciamiento ni más ni menos que del órgano de mayor jerarquía del Poder Legislativo.

Es lo que se está promoviendo en el día de hoy. De manera que, en ese sentido, lo que ha expresado el señor Legislador Orrico me parece que se contesta fácilmente diciendo que se trata de aspectos muy diferentes; que una cosa son las opiniones individuales y otra los pronunciamientos institucionales al más alto nivel de los Poderes del Estado, como lo que sin duda se está promoviendo hoy. Creo que no podemos caer en el relativismo de que todo es lo mismo: lo que es blanco, es blanco, y lo que es negro, es negro.

Además, creo que la mayoría incurre en una contradicción, por lo menos de actitud, a la hora de establecer en nombre de la mayoría de la Comisión que este órgano no integra el ámbito de competencias de la Asamblea General; o que no integra el ámbito de competencias de la Asamblea General el examen jurisdiccional o de mérito de las sentencias dictadas por la Justicia. Me llama mucho la atención que en la primera de las dos declaraciones que se promovieron ayer en la Comisión de Constitución y Legislación directamente se hace una valoración jurídica en el sentido de que el contador Ariel Alvarez, condenado por el Poder Judicial, no incurrió en violación alguna de "la normativa vigente", como dice literalmente el texto. Supongo que después esta redacción se corrigió, porque se advirtió, en la ansiedad o en la premura, que el Poder Judicial ya se había pronunciado y que la sentencia ya había pasado en autoridad de cosa juzgada. Entonces, poca o nula eficacia hubiera tenido desde el punto de vista político promover una declaración de estas características y, seguramente, supongo que por eso se optó por modificar la redacción en lo que terminó siendo -reitero, buscándola o no- una presión a la Corte Electoral, que era el organismo que todavía no se había pronunciado, por lo menos hasta ese momento.

(Murmullos)

- Desde nuestro punto de vista, de acuerdo con el numeral 4°) del artículo 80 de la Constitución de la República, es absolutamente incontrastable, apelando a aquello a lo que en Derecho antes que nada se debe recurrir, que es el sentido literal de las palabras, que el ciudadano Ariel Alvarez, en función de estar condenado por la Justicia con pena de prisión, tiene la ciudadanía suspendida ipso jure, automáticamente, sin que sea necesario pronunciamiento de clase alguna, salvo la declaración de la Corte Electoral que, según lo que ha trascendido en el curso de esta deliberación, ocurrió en la tarde de hoy.

Por supuesto -lo sabemos y ayer se planteó en la discusión-, existen distintos aspectos de carácter jurídico que bueno hubiera sido analizar y dilucidar: los alcances de la suspensión condicional de la pena, el período de latencia vinculado con la extinción del delito, al que conduce la suspensión condicional de la pena; pero, reitero, no nos dejaron. Llegó la mayoría con una posición adoptada y con el criterio político de no habilitar el análisis. Capaz que me habrían convencido, si se hubiera dado la chance de discutir. Hoy ni siquiera quiero abrir tangencialmente una discusión de carácter jurídico porque creo que no sería prudente, en función de que la propia Comisión -que se supone que es la que asesora al Cuerpo- no lo ha hecho. Pero ayer se dijo en la Comisión, por ejemplo, que la suspensión condicional de la pena incluía, por ser la pena principal, a la pena accesoria de la pérdida de la ciudadanía. Eso no lo sé. Además, se dijo que la mayoría de la doctrina lo sostenía. Lo dije ayer y lo reitero hoy: no lo sé.

(Murmullos)

- He oído versiones y he leído artículos de destacados jurisconsultos en materia penal que afirman que la suspensión de la pena de prisión no incluye la suspensión de la ciudadanía o las penas accesorias que puedan corresponder.

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa exhorta a las señoras Legisladoras y a los señores Legisladores a guardar silencio, porque tiene la obligación de amparar al orador en el uso de la palabra.

Puede continuar el señor Legislador Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Gracias, señor Presidente.

De manera que hay opiniones doctrinarias que indican que en este tema las cosas tampoco son blancas o negras. ¡Bueno hubiera sido invitar a aquellos catedráticos, constitucionalistas o penalistas, que pudieran haber arrojado luz en el análisis que realizó la Comisión! El ex Presidente Sanguinetti introdujo un matiz que me resultó de lo más interesante y que la Comisión no dilucidó, estableciendo una tercera hipótesis, según la cual la suspensión de la pena debe inclusive separarse o distinguirse de las penas accesorias como penas distintas o complementarias de la pena principal. Habría sido sensato analizar esto y dilucidarlo, pero la mayoría no lo permitió.

Créanme, señor Presidente de la Asamblea General, ex Presidente Sanguinetti y colegas de este Cuerpo, que vamos a intentar sacarnos esa duda en la etapa que viene, más allá de que la mayoría de la Comisión, y hoy la mayoría de la Asamblea General, nos impidan hacerlo en el tiempo que lo indicaba nuestra responsabilidad legislativa.

Hay dictámenes de la década del cincuenta -por ejemplo, del doctor Abadie Santos- que claramente hacen la separación y que, por lo tanto, no dan por derogada la ley de 1916 por el Código Penal de 1934. La propia Corte Electoral, en una resolución de 1999 votada por unanimidad -no por los Ministros del Partido Nacional o del Partido Colorado, sino por aquellos designados por el sistema político en su conjunto, por todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea General-, llegó a conclusiones equivalentes, y seguramente en eso se ha basado hoy si, como se ha dicho, adoptó una resolución al respecto.

Lo mismo ocurre en cuanto al período de latencia. El Miembro Informante expresó aquí que ese período ya se configuró y que, por lo tanto, el delito está extinguido, ya que por tratarse de un proceso especial, es decir, de delitos cometidos a través de la prensa, no existe la configuración del arresto que prevé la ley y, entonces, debe tomarse el primer acto de sujeción al proceso para considerar el inicio de ese período. Tenemos muchas dudas de que eso sea así. Además, nos basamos en pronunciamientos de gente que sabe mucho más que nosotros, como la doctora Llambí, Fiscal del Ministerio Público, que recientemente determinó claramente su criterio en cuanto a que el período de latencia comienza cuando las sentencias pasan a autoridad de cosa juzgada, situación en la que nos encontramos hoy porque, como todos sabemos, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia se pronunció el día 20 de abril. Entonces, el período recién estaría comenzando.

Además, supongo que por algo el Poder Judicial, que todos veneramos, de cuya independencia nos proclamamos defensores y celosos custodios -aunque a veces parecería que con algunos hechos desmentimos esa actitud-, en sus últimas determinaciones ha dado crédito en cuanto a que el delito está vigente y el período de latencia no ha concluido, porque el Juez de Primera Instancia, que es el Juez de la ejecución, recibida la sentencia de la Suprema Corte de Justicia haciendo lugar al recurso de casación, instruyó la ejecución de la sentencia comunicándole, entre otras cosas, en los primeros días del mes de mayo a la Corte Electoral que se había producido la sentencia firme de condena al señor contador Ariel Alvarez, además de haber realizado, según trascendió, el fichaje prontuarial del condenado y haberle comunicado al Instituto Técnico Forense la situación en la que se encuentra en condición de condenado.

También se ha dicho que no hay antecedentes en cuanto a resoluciones de la Corte Electoral como la que, aparentemente, se habría producido en la tarde de hoy -hablo en condicional porque no tengo la confirmación oficial- con relación a declarar la suspensión de la ciudadanía de aquellos ciudadanos incursos en delitos y que, por lo tanto, fueran objeto de procesamiento o bien de condena como en el caso del señor Ministro del Tribunal de Cuentas, contador Ariel Alvarez.

Me parece claro que, en función de lo que establece la norma vigente y de lo actuado en el pasado por la Corte Electoral, no puede sostenerse que no hay antecedentes. Alguien planteó en la Comisión -y pretendió interpelar a los integrantes del Partido Nacional- si sabíamos en qué cantidad de casos, si en todos, en algunos o en varios similares a este se había actuado de la misma manera. Bueno, ¿por qué no lo investigamos? ¿Por qué no le pedimos informes a la Corte Electoral o al propio Poder Judicial? ¿Por qué no nos damos el tiempo para analizar si en situaciones similares en el pasado se había actuado de la misma manera?

El hecho es que a lo único que podemos remitirnos después de haber perdido o de que se nos retaceara la oportunidad de analizar e investigar es a la legislación vigente, más precisamente, a la ley de 1924 que crea el Registro Cívico Nacional, que dice que es a la Corte Electoral a la que le corresponden las acciones de exclusión que por ley se prescribe, y entre esas acciones de inclusión se vincula como causal haber sido condenado por sentencia ejecutoriada que imponga pena de penitenciaría o de inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos.

Creo que esto demuestra a cabalidad que lo que se ha actuado -si es que se actuó- por parte de la Corte Electoral en la tarde de hoy está enmarcado, sin ninguna duda, en el ámbito de sus competencias legítimas y de lo que claramente establecen la ley y la Constitución en esta materia desde el punto de vista de la aplicación del derecho, de la separación de Poderes y, por lo tanto, desde el punto de vista del correcto funcionamiento de la institucionalidad en su conjunto.

Como bien dijo el señor Legislador Gallinal -queremos reiterarlo en la tarde de hoy-, como integrantes de esta fuerza política, hoy en la oposición, seremos celosos custodios y guardianes -porque es lo que corresponde, tal vez primero que nada, a nuestra función- del cumplimiento estricto y riguroso de la legalidad y de la Constitución de la República. Aun cuando nos toque perder circunstancialmente una votación, no toleraremos ni dejaremos transcurrir alegre y gratuitamente el hecho de que por creer quienes detentan una mayoría circunstancial, que tienen el poder jurídico suficiente como para resolver lo que se les antoja, eso se haga sin que por lo menos en este Recinto resuene nuestra voz airada de protesta y de condena.

Creo que algo de eso está planteado en la Cámara de Representantes y tiene que ver con la interpelación que se llevará a cabo mañana en este ámbito sobre el incumplimiento de la Constitución de la República en cuanto a la última reforma constitucional votada por el cuerpo electoral. Pero mucho de eso tiene que ver con el curso de acción que se ha adoptado con relación a este tema delicado desde el punto de vista institucional que la mayoría del Parlamento que representa al Gobierno está pretendiendo impulsar.

Por lo tanto, para nosotros fue muy lamentable el talante reglamentario o antirreglamentario, institucional o antiinstitucional -no sé bien cómo calificarlo-, con el cual se nos pretendió y se nos pretende llevar aún hoy a la dilucidación de este tema en el ámbito de la Asamblea General. Por lo tanto, esta será una decisión que tendremos que lamentar por mucho tiempo, no solo por hoy, por mañana, por la semana que viene o el próximo año.

Creo que estamos sentando un precedente grave, como grave es, sin ninguna duda, el fondo del asunto que la Justicia dilucidó y laudó. El Tribunal de Cuentas es, ni más ni menos, el órgano que regula o controla la regularidad jurídica del gasto público, que controla y fiscaliza la juridicidad de la hacienda pública, de acuerdo ni más ni menos que con la Constitución de la República. Creo -es algo que lamentamos más allá de cualquier consideración de carácter jurídico- que ser miembro del Tribunal de Cuentas requiere las calidades formales establecidas por la Constitución, pero también requiere -esta es mi apreciación subjetiva, distinta a la de la confianza que se pretende ratificar- la condición de don de gentes, de criterio austero y reservado con relación a la evaluación de los trámites y de los asuntos que se tienen en consideración a la hora de emitir dictámenes, a la hora de emitir opiniones y a la hora de hacer referencias de carácter público, cosa que en este caso -es algo que condenamos, ya no jurídica sino políticamente-, sin ninguna duda, no se ha verificado en la figura del contador Ariel Alvarez, condenado por la Justicia Penal.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: voy a introducir una dosis de enorme franqueza en este debate. No quiero decir que los demás no hayan actuado con franqueza, pero me atrevo a prever -ya desde ahora, sin ningún sentido de la futurología- que el Partido Nacional y el Partido Colorado van a votar en forma negativa esta declaración y que toda la izquierda la va a votar afirmativamente.

¿Por qué hago un planteamiento inicial de esta naturaleza? Porque tengo una convicción. Se podrá discutir, pero como esto puede generar debate, no voy a dar interrupciones, a riesgo de que consideren que es una antipatía, pero así procederé porque hay muchos anotados que pueden controvertir lo que diré, como yo voy a controvertir lo que han dicho otros oradores. Tengo la convicción de que esta decisión de la Corte Electoral -lo digo con todas las palabras-, con el apuro con que fue dictada, está inscrita en el contexto de una puja que hay por cargos en la Corte Electoral y en el Tribunal de Cuentas, ya que en diez años no ha habido acuerdo entre los partidos para lograr dos tercios de votos. Además, quiero decir -eso es lo que dice la Constitución: esos integrantes elegidos por dos tercios de votos duran hasta que se nombren los sustitutos- que esos dos tercios de votos no se han logrado por avideces o voracidades por cargos, a veces directamente allí, a veces por otros cargos que también se reclaman en otras partes de la Administración Pública, como me pareció que se dejaba entrever al final de alguna exposición.

Estoy absolutamente convencido de este esfuerzo que está haciendo la oposición, no circunstancial, así como nosotros no somos una mayoría circunstancial. La mayoría de la izquierda es mayoría porque el pueblo así lo estableció; mayoría circunstancial es la que hubo en los últimos quince o veinte años en el Parlamento, por lo menos en los cinco anteriores, porque se tenían que juntar los votos del Partido Nacional y del Partido Colorado: eso es técnicamente una mayoría circunstancial. Esta es una mayoría que el pueblo, por lo menos por cinco años, dijo que existía, no circunstancialmente.

Voy a dar el testimonio de un señor Legislador del Partido Colorado; no voy a dar el nombre porque no está en esta Sala, si no, lo daba. Cuando hace cuatro años se discutía la forma de adaptar la composición de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas a los resultados electorales logrando algunos consensos, ese señor Legislador le dijo a mi compañero Gargano, hoy Canciller: "Como ustedes no van a llegar a los dos tercios hasta 2010, no van a poder cambiar la Corte Electoral ni el Tribunal de Cuentas hasta 2010". Por lo que veo, ese Legislador -con quien tengo una estupenda relación personal- seguramente estaba previendo que esta mayoría, que no es circunstancial, iba a seguir por mucho tiempo y aumentándose. Desde mi punto de vista, ¡ojalá que así sea!

Ese contexto hace que realice un planteamiento muy franco con relación a este tema. Antes de dar mi opinión de apoyo total, absoluto, irrestricto y adelantado a la declaración que trae la Comisión por mayoría, con la que contribuí desde fuera -porque no la integro-, para que se dictara con una serie de fundamentos jurídicos -que hoy, si tengo tiempo, voy a exponer-, quiero decir que rápidamente voy a analizar los puntos que me parecen medulares de las exposiciones, que naturalmente escuché con mucha atención, pero que comparto muy poco, diría que casi nada.

En primer lugar, quiero recordar cuál es el motivo por el que el contador Ariel Alvarez fue objeto, en el día de hoy, de una resolución de la Corte Electoral que, como explicó nuestro Miembro Informante, no está firme -hay tres días para presentar un recurso-; hoy no existe esa resolución con carácter de cosa juzgada. Uso la expresión "cosa juzgada" porque se admite que la Corte Electoral actúa en función jurisdiccional, no así el Tribunal de Cuentas, cuya función es administrativa, y no así este Parlamento, que tiene una función legislativa y, salvo en el caso del juicio político, no actúa en función jurisdiccional. En el caso del juicio político, alguna discusión hay, pero la mayoría opina que eso sí es función jurisdiccional. A lo mejor hay que ejercer ese mecanismo también, porque si yo entiendo -como entiendo- que la Corte Electoral viola la Constitución cuando declara que la ciudadanía ha sido suspendida, una de las causales del juicio político es la violación grave de la Constitución, que algunos sostienen -entre ellos, yo- que la Constitución ha erigido en delito. Pero ese es un tema totalmente ajeno a esta Asamblea General. Como es notorio, el juicio político se inicia por la Cámara de Diputados, que puede acusar ante el Senado. Es decir que esto no está comprendido en esta sesión.

Tampoco están comprendidos en esta sesión algunos datos que voy a manejar, porque la Asamblea General no tiene competencia constitucional ni reglamentaria para pedir informes, para hacer llamados a Sala o para crear Comisiones Investigadoras, lo que no descarta que algunos de esos mecanismos se apliquen a través de cada una de las Cámaras en su momento.

El punto del que estamos hablando...

(Interrupción del señor Legislador Sanguinetti)

- Voy a analizar una de esas intervenciones informales que se dan por acá; la voy a analizar ya porque está en algunos aspectos de los discursos que anteriormente se han pronunciado.

El primer aspecto es el artículo 209 de la Constitución. Sinceramente, me parece que estamos perdiendo el tiempo si no nos damos cuenta de que esa mayoría de dos tercios de la que se ha hablado es una mayoría para destituir a un miembro del Tribunal de Cuentas; no es una mayoría para hacer una declaración de apoyo y de ratificación de la confianza a ese miembro del Tribunal de Cuentas. Lo digo porque acá se manejó que el tema planteaba dificultades. Creo que cuando alguien le comunica a la Asamblea General -órgano que designa a los miembros del Tribunal de Cuentas- que ha habido una sentencia de condena -como lo hizo el Tribunal de Cuentas-, será para que la analice. En ejercicio de sus facultades -que consisten en analizar si los miembros del Tribunal de Cuentas cumplen o no fiel y exactamente sus funciones- lo hizo; lo va a hacer hoy y va a declarar -y no necesita dos tercios de votos porque no es para destituirlo-, en ejercicio de sus competencias constitucionales -porque el artículo 209 no tiene otra manera de resolverlo-, su ratificación de la confianza.

A propósito, acerca del término "ratificar", que también fue objetado como una palabra muy difícil de aceptar, debo decir que si la Asamblea General es la que designó al contador Alvarez, obviamente al entender que ha cumplido bien sus funciones y que hay que apoyarlo, está ratificando su confianza. La palabra es exacta; no está en el sentido que el Diccionario de la Real Academia Española atribuye a hechos o cosas, sino en el sentido directo: ratificar la confianza en la persona y en cómo ha desempeñado sus funciones. Vamos a dar por liquidado ese tema.

He oído decir también por aquí que todas las semanas los Jueces en lo Penal mandan comunicaciones a la Corte Electoral. Eso fue complementado por una afirmación de un señor Legislador, que expresó: "Se ha dicho que no hay antecedentes en esto". Despejemos: nadie ha dicho aquí que no haya antecedentes de suspensión de la ciudadanía a una persona por delitos; nadie lo ha dicho. Lo que aquí se ha expresado -y lo ratifico- es que desde que se creó la Corte Electoral hasta el día de hoy nunca -repito: nunca- se ha suspendido la ciudadanía a una persona por delitos de opinión; más concretamente, por injurias. Esto nunca ha sucedido en todos los años que han transcurrido, ¡y vaya que ha habido procesamientos y condenas por injurias, sobre todo después de sancionada la ley de prensa, por la que no hay procesamientos porque, como es sabido, el procedimiento se inicia con una absolución o una condena! Eso es lo que se ha dicho y es así, exactamente así. Quien no esté de acuerdo que intente demostrar lo contrario.

Hice estas búsquedas sistemáticamente hasta 2003. ¿Por qué? Porque ese año me referí a estos temas en mi modesto "Curso de Derecho Público" y me puse al día en la materia. Al estudiar la suspensión de la ciudadanía, advertí en qué medida, cuando los Jueces dictan una medida condenatoria o un procesamiento del que pueda resultar pena de penitenciaría, envían una comunicación. Hice la investigación con tres Turnos; lo recuerdo. Al día de hoy, no he podido comprobar esto con rigor de función jurisdiccional, porque no la tenemos; tampoco he podido hacerlo con el rigor propio de estar publicando otro tratado sobre el tema. Pero lo he corroborado y me basta con ello.

Uno de los Turnos -voy a decirlo con todas las palabras-, precisamente el que envió la comunicación a la Corte Electoral -si no me equivoco, es el 5° Turno-, en los ocho años anteriores, durante los que vaya si habrá procesado gente por homicidio, violación y delitos de injuria, nunca envió una sola comunicación a la Corte Electoral. Nunca lo hizo durante los últimos ocho años. No sé si antes se había enviado alguna; no he tenido tiempo de averiguarlo, ni he podido pedir informes a la Suprema Corte de Justicia porque la Asamblea General no es competente en ese sentido. Seguramente, voy a hacerlo a través de la Cámara que integro.

Repito: después de revisar ocho años de actuación de ese Turno me encuentro con que no ha enviado ninguna comunicación. Sin embargo, esta se hizo prestamente.

En la comunicación no se dice que está hecha para que le suspendan la ciudadanía a esta persona, porque eso es competencia de la Corte Electoral. Por más que la Corte Electoral diga que lo que debe hacer es una cuestión puramente burocrática, que consiste en borrar a esta persona del padrón porque, de acuerdo con la Constitución, la suspensión de la ciudadanía es automática -ipso jure, dice la Corte Electoral para expresarlo con mayor elegancia-, y entonces no hay nada que examinar, no es así. Pero, aunque lo fuera, quiero expresar que no se configura ninguna de las hipótesis que la Constitución prevé para la suspensión de la ciudadanía; no se configura ninguna. Se le buscarán las vueltas. Estamos en un órgano político; aquí actúan según lo que conviene, o no. Pero no se configura ninguna de esas hipótesis.

Vamos a analizar esto brevemente; no quiero aburrir con disquisiciones jurídicas. El numeral 2°) del artículo 80 de la Constitución establece que la ciudadanía se suspende "Por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría". Obviamente, el contador Ariel Alvarez no fue procesado -los juicios de prensa no tienen procesamiento; lo que existe es una condena de cinco meses de prisión- y, aunque se considerara que hay procesamiento desde el día de la primera audiencia, el delito no merece pena de penitenciaría, lo que no puede ser discutido porque la propia sentencia estipula que la pena es de cinco meses de prisión. Por lo tanto, dejemos de lado el numeral 2°) del artículo 80.

Pasemos al numeral 4°) del artículo 80. ¿Qué dice? Que es causal de suspensión de la ciudadanía la "sentencia que imponga" -dice "imponga", y no es casualidad- "pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena". Esto es lo que dice la Constitución.

En este caso, ni el Poder Judicial, ni el Juez de Primera Instancia -desde luego, no hablamos del Tribunal de Segunda Instancia, porque lo absolvió-, ni la Suprema Corte de Justicia impusieron la pena de prisión. Al contrario, la dispusieron pero la suspendieron; dijeron: "No la imponemos". Dispusieron una condena de cinco meses y expresamente resolvieron que no fuera impuesta, que se suspendiera. Por lo tanto, no se configura la causal del numeral 4°) del artículo 80 de la Constitución. ¡Esto es claro como el agua! Quien revisa los antecedentes constitucionales de este artículo -que en 1830 incluía hasta la condición de ser soldado o peón jornalero para tener la ciudadanía suspendida y no poder votar, e inclusive hablaba de delitos de pena infamante-, sabe que lo que la Constitución no quiso fue que las personas que sufren prisión pudieran votar; lo digo porque el hecho de quitar o suspender el ejercicio de un derecho inherente a la condición de ciudadano es muy grave. Pero se pensó que si estaban presos y no podían actuar libremente precisamente por eso, sí se suspendía la ciudadanía. Por eso establecieron en el numeral 2°) del artículo 80: "Por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría". Se obró así porque según la arquitectura constitucional, cuando hay pena de penitenciaría no corresponde la libertad provisional. Eso es así.

No obstante, en este país hay procesamientos muy importantes por delitos que ya han merecido penitenciaría; lo digo porque hay gente que está presa desde hace tiempazo. Sin embargo, no solo la Corte Electoral no ha resuelto la suspensión de la ciudadanía de esas personas, sino que no se ha enviado la comunicación para que lo haga. Lo afirmo con mucha tranquilidad: si a la Corte Electoral hubiera llegado una nota en ese sentido, no habría miembro de ese organismo que no lo recordara, porque naturalmente habría salido en todos los diarios o, por lo menos, en todos los que no se dejaran presionar. No salió porque la comunicación ni siquiera llegó.

En esa tesis de defender lo indefendible alguien podría mencionar a los Peirano, pero son particulares, no funcionarios públicos, y mucho menos integrantes de un órgano de Gobierno, y es por eso que no se les ha suspendido la ciudadanía. Pero, como ya se mencionó aquí, en los últimos veinte años en Uruguay han sido procesados con prisión, por actos que la Justicia ha calificado en términos genéricos como de deshonestidad económica, ex Ministros y ex Presidentes de Directorios de entes autónomos, pero en ninguno de esos casos se envió una comunicación para que la Corte Electoral resolviera suspenderles la ciudadanía; en ninguno de esos casos. De modo que cualquier persona con sentido común y con lógica -diría- sociológica, con lógica formal, si ustedes quieren, tiene derecho a preguntar por qué en este caso, en que se trata de un buen miembro del Tribunal de Cuentas, reconocido por su labor esforzada y por la defensa del organismo, sí se ha resuelto, y con tanta celeridad, anotarlo para ser borrado del padrón electoral. ¿Y por qué el Tribunal de Cuentas, enterado hoy de que la Corte Electoral se reuniría a las once de la mañana, ya mandó pedir que lo notificaran? ¿Qué explican esos apurones? Aquí se habla de los apurones con que actuó la Asamblea General, aunque recibió hace muchos días la nota del Tribunal de Cuentas y citó a la Comisión correspondiente para hacer hoy la reunión. Pero los otros apurones no se han estudiado. ¿Cuál es la razón? ¿Hay o no derecho a pensar que algo sucede en la Corte Electoral?

Muchas veces me he expresado en público acerca de este organismo; lo he hecho por escrito en mis cursos y voy a hacerlo de nuevo aquí: la Corte Electoral uruguaya tiene una enorme honestidad en materia de conteo de votos, pero obedece a disciplinas políticas cuando interpreta normas de la Constitución o de la ley. No tengo la menor duda de eso. Lo digo con toda la vehemencia de la convicción. Es así. Recuerdo muchos episodios que me demuestran esto. Nuestra fuerza política nunca ha impugnado la honestidad de la Corte Electoral contando votos. Quien una vez la objetó fue el Partido Nacional, concretamente Wilson Ferreira Aldunate, que dijo: "Me estafaron la elección". Hizo un planteamiento y lo perdió; se realizaron pruebas y se descubrieron cuatro mil votos -básicamente en Canelones- que no eran lícitos, pero el ex dictador y también ex Presidente Bordaberry había sacado una diferencia de diez mil votos. Eso terminó ahí.

Nuestra fuerza política nunca ha dicho que la Corte Electoral procede mal en materia de conteo. Creo que lo hace muy bien -el sistema de Uruguay será muy manual, pero es muy seguro-, pero sí ha interpretado muy mal las normas. He encontrado episodios que lo indican no solo por el sentido común, sino por el derecho. Por ejemplo, cuando se hizo el plebiscito contra la ley de caducidad, para calcular el 25% de las firmas se contaron veintitrés mil muertos que ya estaban bajados de los registros administrativos de la Corte Electoral, pero esta no se reunía para dictar la sentencia que dice: "Dese de baja a esas veintitrés mil personas del registro".

Fui a hablar personalmente con uno de los miembros de la Corte Electoral, a quien conozco mucho; por cierto, no era el ilustre ex Presidente de la época, señor Renán Rodríguez, un caballero del derecho electoral. No hablé con él, sino con otra persona, que me dijo que no se iban a contar esos veintitrés mil. Aclaro que representaban alrededor de cuatro o cinco mil firmas más, pues no es lo mismo el 25% sobre 100 que sobre 125. Además, él me leyó el artículo de la ley electoral -que, por supuesto, yo conocía- que establece que integran el registro de habilitados todas las personas mientras no sean dadas de baja por sentencia ejecutoriada de la Corte Electoral.

Por supuesto, le dije que yo iba a pedirle que reuniera a la Corte para dictar sentencia ejecutoriada dando de baja a los muertos del registro, porque, en el terreno de la lógica, estos no se pueden contar como personas habilitadas para votar. No lo hicieron. Yo tuve derecho a desconfiar. Y la desconfianza aumentó cuando anularon las firmas del General Seregni y de Carlos Julio Pereyra, dos líderes políticos que en el terreno político encabezaban la recolección de firmas contra la ley de caducidad. Esto me pareció insólito. También lo conversé.

Después, tuve oportunidad de hablar con ese caballero del derecho electoral -no era abogado, pero sabía una enormidad-, que sacó de su manga -no de la de los partidos políticos- aquella solución de que la gente compareciera a decir si se trataba de su firma o no, porque había dudas en una cantidad de casos. Esta solución permitió decir que se llegó al número de firmas necesarias. Por supuesto, ganaron el plebiscito los partidarios de la mencionada ley de caducidad, y así quedó no solo aprobada sino ratificada popularmente, cuyo cumplimiento aun tiene algunos aspectos pendientes que con seguridad se terminarán de cumplir.

Después de eso, en ese mismo plebiscito -¡como para no pensar que la Corte Electoral en materia interpretativa de normas no actúa como Juez, sino que actúa por disciplina política!; pero vamos a aclarar que no es en el único país donde esto sucede-, la Corte Electoral declaró que Gastón Silberman, Oficial de Marina en actividad, había incurrido en un delito electoral porque había firmado ese referéndum, con el más absoluto recato, ya que nadie lo sabía, no hubo prensa, ni fue la televisión a verlo firmar. Saltó la firma, la anuló y dispuso que era un delito electoral. Por eso él estuvo arrestado, y hoy es el Vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, lo cual me satisface mucho.

Simultáneamente, hace poco hubo un plebiscito sobre ANCAP en el cual sus Directores -no todos, pero sí muchos- concurrieron a varios lugares, hablaron del petróleo y demás temas, pero después hicieron propaganda pagada -fueron muchos miles de dólares- en los diarios, en la radio y en la televisión, a favor de que se aprobara la ley de asociación de ANCAP con privados. Y la Corte Electoral, la misma persona que fue redactora de la sentencia que anuló la firma de Gastón Silberman, redactó una sentencia diciendo que ahí no había delito electoral, que no se violaba nada. Tengamos en cuenta que la norma de la Constitución que incluye a los Directores de Entes Autónomos, también comprende a los militares, a los policías, etcétera. En esas condiciones, no puedo tener confianza en las interpretaciones de la Corte Electoral. Repito: tengo total confianza, hasta ahora, en el conteo de los votos.

Por lo tanto, tengo todo el derecho del mundo a creer -y lo creo- que la Corte Electoral en este caso, a diferencia de otros -como aquel del año 1964, cuando la doctora Adela Reta hizo un informe jurídico muy conocido, que todos nuestros compañeros tuvieron a la vista-, resolvió la situación de otra manera.

Además, si el hecho es automático -todavía no conocemos oficialmente la resolución, pero yo la conozco pues tengo copia acá-, si es ipso jure, si hay una sentencia de condena -aunque esté suspendida- tan fuerte contra gobernantes, Ministros, Directores y Presidentes de Entes Autónomos, la Corte Electoral tendría que abocarse a decir que va a cumplir con ese pequeño requisito de borrarlos del registro si está en la Constitución, pero no lo ha hecho. Según recuerdo, en mis registros más académicos que políticos -aunque ahora hice una revisión política-, una sola vez la Corte Electoral, debido a que el Ministerio del Interior se interesó ante ese Organismo -no fue bajo este Gobierno-, reclamó a un Juez que le enviara el oficio con la condena a una persona -el señor Bejeres- que desempeñó interinamente la Intendencia en Cerro Largo. El Ministerio del Interior le dijo a la Corte Electoral: "Mire, hay alarma pública; quién sabe lo que va a pasar". Entonces, la Corte Electoral le pidió al Juez que le enviara una comunicación. Esto es una realidad; fue así. Quien no quiera aceptarlo me podrá preguntar cómo lo sé, dónde están las pruebas. Por supuesto que no las tengo, pero en mi Cámara estoy en condiciones de hacer un pedido de informes o de proponer la creación de una Comisión Investigadora para analizar, por ejemplo, cuántas sentencias se han dictado en casación condenando a personas por el delito de injuria en nuestro país. Desde que apareció la Suprema Corte de Justicia en 1907 con el nombre de Alta Corte, podemos hacerlo, y esto no es atacar al Poder Judicial, al que he defendido y defiendo con muchas ganas. Sin embargo, tengo todo el derecho del mundo a pensar que no ha actuado correctamente, se ha equivocado, o sus sentencias no tienen los suficientes fundamentos. Pero, repito, ni la Suprema Corte, ni el Juez de Primera Instancia han dicho: "Mando esto a la Corte Electoral para que le suspendan la ciudadanía". No lo han dicho.

SEÑOR PRESIDENTE.- Varios señores Legisladores han solicitado que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota)

- 74 en 76. Afirmativa.

Puede proseguir el señor Legislador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Me faltaba decir algunos conceptos de importancia.

Vamos a analizar un poquito más toda esta discusión jurídica. Imagino que quienes no son abogados deben sentir un aburrimiento tremendo cuando se les empieza a explicar si la suspensión condicional de la pena extingue, o no, el delito, y si esa extinción se produce a partir del momento de la primera sentencia o, si en cambio, hay que esperar el período de latencia. Me parece que este tema debe ser tremendamente aburrido. Y yo no lo voy a analizar, pero controvierto que se hayan guiado por un informe del doctor Gonzalo Fernández. Yo quiero decir que leo con muchísimo gusto los informes del doctor Gonzalo Fernández en materia penal, porque sabe mucho, como otros profesores que han sabido mucho, como también leía los de Carlos Martínez Moreno, que aunque no estaba en la escala oficial de la docencia en la Universidad de la República, fue el mejor criminalista que tuvo este país, para mí sin ninguna duda.

Quiero decir que yo leí dos informes del doctor Gonzalo Fernández. Uno ahora, por el caso del contador Ariel Alvarez, pero también leí otros de hace años, pedidos por miembros de la Corte Electoral sobre otros temas y acerca de personas que nada tienen que ver con la vida política de este país.

Por supuesto que también tuve a la vista el dictamen de la doctora Adela Reta, que fue mi Profesora de Derecho Penal o, por lo menos, me examinó. Mi profesor fue Carballa, que también opinaba lo mismo de este tema tan controvertido acá, en cuanto a si la suspensión condicional de la pena extingue o no el delito.

¿Por qué lo trato así, aunque no con frivolidad? Porque no es el tema de fondo, señor Presidente. Eso se trajo simplemente por un argumento de sentido común. Esto es: cuando se suspende una pena -en este caso se llama suspensión condicional de la ejecución de la pena o de la aplicación de la pena, como decían los belgas-, eso hace pensar a cualquiera con sentido común, que si se suspende la pena, la prisión, no es lógico que no se suspendan los efectos de esa pena, como la suspensión de la ciudadanía. Es por eso que se trae. Yo tengo mi opinión sobre la extinción del delito, sobre cuándo se cuenta el año, pero no me interesa esa opinión, porque no se configura ninguna de las causales de suspensión de la ciudadanía que establece la Constitución. Repito: lo que estableció la Constitución es para el caso de que la sentencia imponga la pena, no que la establezca y diga que no la impone, porque la suspensión de la aplicación de la pena es expresamente decir: no impongo la pena; la dispongo, la establezco, pero la suspendo. No veo cómo se puede decir que de ese numeral 4°) se desprende que se suspende la ciudadanía.

Tengo a la vista aquí la resolución provisoria de la Corte Electoral; cabe un recurso. Dice que la suspensión se opera ipso jure por la Constitución y que lo que tienen que hacer es anotar eso en el registro de los padrones, etcétera. Pero esa es la petición de principios más grande que yo haya visto en un razonamiento jurídico. Lo digo con toda franqueza, porque lo primero que tiene que demostrar es que sí se configura por la Constitución una causal de suspensión de la ciudadanía. No corresponde decir: como se configura, entonces lo que hacemos nosotros es automático. Primero demuestren que es así. Cuando la Constitución habla de una sentencia que impone una pena y estamos ante una sentencia que no se impone, sino que se suspende en su imposición, ¿cómo se puede decir que de ahí deriva que se suspende la ciudadanía? ¡No puede ser! Realmente, sigo afirmado en un criterio que no es ofensivo, porque lo he dicho en cursos, en público e inclusive a la Corte Electoral: la Corte Electoral en Uruguay es impecable desde el punto de vista del conteo de votos y merece que se llame más de una vez a sus miembros como observadores de procesos electorales en otro país. Pero al momento de la interpretación, no; en la interpretación opera por disciplinas partidarias. Conozco el tema de cerca: opera por disciplina partidaria, y eso no es bueno. Eso es malo, porque la Corte Electoral es Jueza. La función principal de la Corte Electoral es jurisdiccional, según entiende casi toda la doctrina, particularmente un libro muy leído, una tesis que hizo Gros Espiell en su carrera docente, que se llama "La Corte Electoral", donde examina ese punto.

No es lo mismo el Tribunal de Cuentas, a pesar de su nombre. El Tribunal de Cuentas no es un tribunal en el sentido jurisdiccional, ni es una corte de cuentas, como las que hay en Europa. Tiene función administrativa: informar, opinar, hacer denuncias, pero no juzga, como tampoco nosotros juzgamos acá. En un juicio político podemos juzgar, por violación de la Constitución o por otros delitos graves. A lo mejor encontramos que hay organismos que violan la Constitución. Entonces, muy bien, vamos a iniciar un juicio político si alguien quiere hacerlo o, si quieren, nombrar una comisión investigadora para ver un tema muy importante. No se puede dejar de analizar, en esta condena por haber dicho "acomodo", por haber dicho que no hubo moral o porque se puso como una alternativa o, si no, porque se dijo que tiene que aprender a leer, que eso fue dicho en una controversia, porque el contador Ariel Alvarez y el Tribunal de Cuentas -aunque ahora no sé si lo va a decir- entendían que se había violado un dictamen de ese Organismo que decía que no era legal el cobro del peaje doble para aquellos que ya lo habían pagado al salir y que lo tenían que volver a pagar acá. Muy importante sería para el Parlamento -el tema quedó pendiente ahí porque no se hizo la excepción de verdad en el proceso penal-, no para esta instancia, que es una reunión conjunta de ambas Cámaras, sino para cada Cámara, nombrar una Comisión Investigadora para que se investigue a fondo eso, para ver si es verdad; influye sobre este tema también. Cuando uno integra un organismo que ha sido desairado, frustrado, por una ilegalidad que ese organismo ha señalado, tiene sentido que se le vaya la boca, y no tiene sentido que se le vaya la boca cuando lo que afirma no es cierto.

Sería muy bueno, entonces, una Comisión Investigadora en alguna de las Cámaras para investigar el tema de fondo, no sea cosa que pase como otras veces cuando alguien denuncia cosas y se le hace juicio al que denuncia y no se investiga el fondo. En algunos casos se investigó. Yo recuerdo algunos casos.

Recuerdo un juicio político que se hizo a Leonardo Nicolini. El Partido Nacional lo denunció penalmente y el Juez dijo que no había mérito para ningún procesamiento. Pero hicieron un juicio político; el Partido Nacional hizo un juicio político. No tenía dos tercios el Partido Nacional en la Cámara de Diputados, pero la acusación no requiere dos tercios. Lo digo porque es así: la acusación se puede hacer por mayoría.

En el Senado -ahí sí por una mayoría circunstancial-, el Partido Nacional y el Partido Colorado se juntaron, no para echar a Nicolini -porque en el juicio político o se absuelve o se echa, y no hay otra-: el Partido Colorado aceptó el pacto ese, a cambio de que no se llegara al extremo de la destitución. Entonces, dijo que con una suspensión de seis meses estaba dispuesto a votar. Así fue; así me lo contó -lo digo porque vive y tengo muy buena relación con él- el entonces Senador Santoro, que fue quien inventó la tesis -el Partido Nacional quería sancionarlo en la propia Cámara de Diputados por indisciplina, pero eso requiere dos tercios- de iniciar un juicio político, que no requiere dos tercios, fallando en el Senado. Recuerdo perfectamente el episodio, como todos lo recordaremos.

Después, el Partido Nacional -lo digo por algunos que estén diciendo que esto es atacar a las instituciones-, no todos porque no hubo una declaración partidaria, pero sí un miembro distinguido del Partido Nacional y jurista -no lo voy a nombrar porque no está presente-, se quejó en el Senado de la sentencia del Juez, porque la Justicia no procesó a Nicolini. El Juez mandó archivar el caso y hubo una queja muy fuerte en el Senado. Tan fuerte era que venía acompañada de una carta que un miembro de la Suprema Corte de Justicia había enviado, dándole explicaciones a ese señor Senador de por qué no se había procesado. Así fue.

De manera que, quejas sobre sentencias y sobre decisiones judiciales, muchos las hacen y no está prohibido que se hagan; no se ataca la separación de Poderes. La separación de Poderes se ataca si alguien presiona y esa presión surte efecto sobre otro Poder. Eso sí ataca la separación de Poderes. Y si queremos investigar eso, lo podemos hacer también. Eso ataca la separación de Poderes.

Además, la Corte Electoral no es un Poder -acá se habla de poder electoral-; esa tesis se quiso establecer en la Constitución por parte del doctor Echegoyen, quien era muy buen jurista y muy conservador políticamente, pero no marchó. No se estableció "Poder Electoral" porque la Corte Electoral no es un Poder; en todo caso, si se quiere hablar de poder electoral en Uruguay, el órgano principal sería el cuerpo electoral y no la Corte Electoral.

La Corte Electoral es un órgano constitucional independiente que no depende de ningún Poder, que ha sido creado por la Constitución, como el Tribunal de Cuentas, y como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tampoco integra el Poder Judicial.

Entonces, nosotros decimos que se va a presentar un recurso -me animo a adivinar que habrá un recurso ante la Corte Electoral; hago futurología- dentro de los tres días a partir de que se notifique o publique la resolución, de acuerdo con lo establecido en la ley respectiva. Creo que acá la Corte Electoral no va a notificar ni a publicar nada bajo la tesis de que solo ordena internamente que por un tiempo se lo borre del padrón electoral; y no sé si dice "por un tiempo".

Se va a presentar el recurso. Yo no voy a hacer futurología en este momento, aunque ya lo he hecho sobre el resultado de esta Asamblea General. Es muy difícil que la Corte Electoral revoque lo que acaba de resolver hoy a las apuradas; el recurso que hay es ante el mismo órgano y no caben acciones ante otros órganos. Por lo tanto, es muy difícil que revoque.

Yo conozco un caso en que revocó -aunque nunca revoca- por presiones políticas; lo conozco bien y se trató de una iniciativa popular planteada en La Paloma, Rocha. Yo colaboré en el escrito; lo redacté. Ese escrito reunió las firmas necesarias, y como no se quería llamar a plebiscito se hizo una consulta a la Corte Electoral para ver si la iniciativa era pertinente. Algo parecido ocurrió en Fray Bentos, pero con la diferencia de que el señor Intendente se apresuró a decir que la iniciativa popular no era procedente. Entonces, en una actitud de ping-pong, la Corte Electoral, como el Intendente ya había manifestado que no era procedente, la devolvió.

En el caso de Rocha fue distinto. Aposté a mis asesorados que no iban a conseguir que la Corte Electoral dijera que era procedente; me ganaron la apuesta y me dijeron que estaban seguros de que tenían la mayoría. Era una comisión vecinal que tenía miembros de todos los partidos, y supongo que se movieron y hablaron. La Corte Electoral, por mayoría, dijo que esta iniciativa popular en La Paloma era procedente. A raíz de eso, un líder del Partido Nacional -no el que está acá presente- le dijo a tres personas, dos de ellas miembros de la Corte Electoral, que había sido un desastre. Esto fue a pedido del Intendente -que conozco mucho y es amigo mío-, que vino a hablar con el Directorio del Partido Nacional, y le prometieron que iban a hablar con los integrantes de la Corte Electoral. Dos Ministros se dieron vuelta. Entonces, lo que había sido aceptado por mayoría pasó a ser, en esta revocación, negado por mayoría.

Cito con tanto detalle este episodio porque tengo un testigo muy válido por razones personales y amistosas, y porque no pertenece a mi fuerza política; los abogados sabemos que un testimonio es mucho más fuerte cuando uno se basa en las opiniones de un adversario, y el testimonio que invoco es del entonces señor Senador Carlos Julio Pereyra. En estos términos lo planteé en el Senado.

El señor ex Senador Carlos Julio Pereyra -se puede consultar el Diario de Sesiones- dijo que era verdad, absolutamente verdad, y que el miembro que le respondía era Darwin Machado, que no se dio vuelta, hecho que corroboré. Se habían dado vuelta otros dos miembros de la Corte Electoral. Esto es así.

Yo dije que iba a hablar con franqueza. ¿Por qué? Porque estoy ante un órgano político. En mi tesis -iba a decir humilde, pero no agrega ni quita nada- esto se da en un contexto político en el que hay una puja por cargos y no hay acuerdo entre los partidos desde hace tiempo, y porque la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas son dos organismos de contralor con los que, si las cosas no andan bien allí, será muy difícil que marchen bien en el país desde el punto de vista de los controles institucionales.

Como se vio, esta Corte Electoral -no sé cuántos años lleva ya, y según las previsiones de un señor Legislador del Partido Colorado seguirá así hasta el año 2010, momento en que el Frente Amplio alcance los dos tercios de votos; el señor Legislador Sanguinetti se divierte, pero él sabe bien a quién me refiero- contó muy bien los votos, tan bien lo hizo que a pesar de que se ganó por muy poco, alcanzó para ganar en primera vuelta. Creo que en segunda vuelta igual se ganaba, pero, de todas formas, en esa primera vuelta la izquierda, el Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría -voy a recordar lo de las mayorías circunstanciales-, le ganó a los dos partidos tradicionales, a los otros dos o tres partidos -inscriptos hay más, pero con votos solo estos-, más los votos en blanco, más los votos anulados y más los votos dobles. Hubo ocho votos dobles que la Corte Electoral detectó y denunció penalmente, que a los efectos de ver si el Vicepresidente de la República -aquí presente- y el Presidente de la República llegaban a más del 50%, los contó como dieciséis votos. ¿Por qué? Porque impecablemente, como siempre hace, hizo el conteo de los votos de cada partido, pero al interpretar, también como siempre hace, se deja llevar por disciplinas partidarias.

Esto es así y hay que decirlo porque no estamos frente a una Corte Electoral que todos deseemos que siga como está; según he oído por acá, queremos renovarla, que se negocie una renovación.

Volviendo al tema -agradezco al señor Presidente que no me haya llamado la atención por salirme del tema para contar estas anécdotas...

(Murmullos.- Campana de orden)

- Esto es una demostración de que lo que la Corte Electoral afirma en el sentido de que anota la suspensión de la ciudadanía -que ya viene en la Constitución- es una petición de principios, una calesita de razonamiento que Vaz Ferreira calificaría muy mal -no voy a repetir la frase de Vaz Ferreira-: dar por supuesto que el numeral 4º) se configura, no demostrarlo y decir que, como se configura, se sigue adelante.

¡Que tampoco se invoque la opinión del Poder Judicial! Ni la Suprema Corte de Justicia ni el Juez que envió la comunicación a la Corte Electoral dicen que lo hacen para que se suspenda la ciudadanía. Lo hicieron para que la Corte Electoral lo estudie porque es la competente para determinar; el Juez no lo es.

Y quiero decir algo más: cuando el Juez dictó la sentencia de primera instancia, que era más grave que esta -fíjense, señores Legisladores, que no solamente sostuvo que había habido injuria porque se había dicho que había acomodo o que tenía que ir a la escuela a aprender a leer, sino que, además, dijo que era un desacato por falta de respeto a la autoridad, a una Subsecretaría de Estado-, no mandó ninguna comunicación. ¿Por qué? No sé, él estaba condenando; él hizo una condena y tiene que comunicar. No la había mandado.

Luego -esto es una cosa que a uno le causa alguna perplejidad- de que la Suprema Corte de Justicia dictó la sentencia, revocó la del Tribunal de Apelaciones, confirmó la sentencia de primera instancia y redujo la tipificación, la pena quedó igual.

En este país tan chiquito, donde si pasa una cosa en determinado lugar a los diez minutos lo saben todos los que están en el ambiente político, pensé que si el Juez agregaba algo que no estaba -así se lo comuniqué por teléfono al contador Ariel Alvarez, que es mi testigo- iba a notificar para ver si la persona estaba de acuerdo o no, si apelaba o no. Y si se trataba de un caso público y notorio -creo que no quedó medio de prensa, de ningún pelo, que no haya dicho que la Suprema Corte de Justicia condenó por injuria al contador Ariel Alvarez- y teniendo en cuenta que eso para la Corte Electoral, hoy a las once de la mañana, supone la suspensión de la ciudadanía -un hecho público y notorio, que no necesita notificación-, la Corte Electoral tendría que haberse abocado a hacerlo y no lo hizo. Hace muchos días que se dictó esa sentencia y, reitero, la Corte Electoral no lo hizo. Esto tampoco lo hizo en el caso Bejeres hasta que el Ministerio del Interior fue directamente a ver a la Corte Electoral para pedirle que le solicitara al Juez que enviara la nota para suspender la ciudadanía a este señor porque estaba condenado por un delito que no era el de hablar mal de una persona, de su yerno, de un vecino ni de un Subsecretario. ¡No! Se trataba de un delito que tenía que ver con corrupción; así decía la Justicia, si bien no conozco el caso.

También tenían que ver con corrupción los ex Ministros y Presidentes de entes autónomos que fueron imputados y puestos presos en este país y a quienes no se les suspendió la ciudadanía ni por un solo día.

Por consiguiente, voto con total adhesión el proyecto de resolución presentado por la Comisión, que no requiere dos tercios de votos para su aprobación.

SEÑOR LARRAÑAGA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR KORZENIAK.- Sí, señor Legislador, pero aclaro que es la única que concedo porque ya iba a finalizar mi exposición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Legislador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: después de tan larga exposición del señor Legislador preopinante, en función de lo que inclusive sostiene en algunos de sus libros de texto, quiero formularle la siguiente pregunta.

En la página 368 del "Primer Curso de Derecho Público" expresa claramente: "La consecuencia de la suspensión de la ciudadanía respecto de personas que desempeñan cargos públicos (empleos o cargos de gobierno), supone su cese en dichas funciones, porque carecen de una de las condiciones necesarias para desempeñarlas [...]".

En cuanto a esto que he leído y en virtud de lo que el señor Legislador expuso, corresponde hacer una pregunta sobre la que quisiera una respuesta. En el día de mañana, cuando se reintegre el contador Alvarez al Tribunal de Cuentas o dentro de tres días, después de que se habilite la recurrencia del fallo de la Corte Electoral declarando la suspensión de la ciudadanía del involucrado, ¿cuál será la postura de la fuerza política a la que responde el señor Senador Korzeniak? ¿Va a respaldar la independencia de la Corte Electoral con respecto a la suspensión de la ciudadanía y va a convocar al suplente? Esto es realmente trascendente porque una declaración del Senado no puede atropellar un claro mandato de la Constitución de la República.

Nos parece que este es el punto central de la discusión del día de hoy. Me gustaría que el señor Senador me pudiera contestar -como estoy seguro de que lo va a hacer con la amabilidad que lo caracteriza- esa pregunta que nos parece absolutamente relevante a esta altura del debate.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Legislador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Con mucho gusto voy a contestar lo que se me preguntó.

En primer lugar, lo que leyó el señor Senador es lo que yo sostuve en mis cursos hace muchos años y, por lo tanto, es lo que sostengo ahora. Américo Ricaldoni me persiguió durante diez años, dicho en broma, para ver si me encontraba una contradicción entre lo que afirmo en este Recinto y lo que digo en los cursos de Facultad, y los invito a todos a que lo hagan. Yo interpreto la Constitución como se debe, únicamente. Entonces, si hay una sentencia de la Corte Electoral que confirma que el contador Ariel Alvarez está suspendido como ciudadano, mi opinión, si el Frente Amplio me la pide -yo no lo comprometo-, es que efectivamente cesa, no por destitución, sino por falta de una de las condiciones necesarias para ser funcionario público, que es la ciudadanía en ejercicio.

En segundo término -y pienso que el señor Senador Larrañaga no planteó esto con mala fe porque no es un tema que tenga profundamente estudiado-, el Legislador hizo la afirmación de que este tema era lo central en cuanto a ver si se cumple o no la Constitución. ¡No! La Constitución no dice que se suspenda la ciudadanía en la hipótesis del contador Alvarez. Lo que sucede es que si la Corte Electoral lo decide y pasa en autoridad de cosa juzgada, nosotros no podemos tomar ninguna medida. Pero la Constitución no dice eso. Creo haber dedicado quince minutos a demostrar ese punto y la demostración es contundente. En el numeral 4° se establece que la ciudadanía se suspende por sentencia que imponga pena, y no que la suspenda. Imponer es lo contrario a suspender y esto no fue hecho por casualidad. Hace mucho tiempo que el constituyente tiene eso claro y creo que lo expliqué. De manera que ya respondí la pregunta, que considero realizada de buena fe, sin resquicios ni conveniencias.

Lo otro fue un agregado que el señor Legislador Larrañaga hizo por su cuenta. Él dice que entonces hay que cumplir la Constitución. Yo digo que si se cumpliera la Constitución, la Corte Electoral no podría suspender ni declarar suspendida la ciudadanía del contador Ariel Alvarez y para eso nada incide el año, ni si se cuenta desde la suspensión hacia atrás, ni nada por el estilo. La Constitución tiene causales de suspensión de la ciudadanía y habrá que interpretarlas correctamente. La interpretación sale de la letra y del espíritu. Alguien habló de la letra y dijo que era clarísima. ¡No! De la letra surge que no hay una sentencia que imponga pena. Hay una sentencia que dispone pena y la suspende; no la impone. Eso no fue hecho por casualidad. Repito: es un término escogido con esa finalidad. Es así que esa es la respuesta.

Para terminar, quiero decir que acá hay un tema político. Ojalá todos los partidos tengan la racionalidad de acordar en un punto en el que la Constitución no tuvo solución, que es el de los dos tercios para nombrar a los miembros de la Corte Electoral. Si hubiera un mecanismo subsidiario, como existe para la Suprema Corte de Justicia -cuando no hay acuerdo, asume el más antiguo miembro del Tribunal de Apelaciones, del Poder Judicial o del Ministerio Público-, acá no pasaba nada. Pero el constituyente partió de la base de que los partidos eran voraces pero no tanto, y cuando la voracidad no les permitiera resolver, se iban a ajustar a las manifestaciones del cuerpo electoral. Si no hay manera de ponernos de acuerdo en siete nombres, sigamos lo que el cuerpo electoral dijo y lo repartimos matemáticamente. Esa es la racionalidad que el constituyente supuso y se equivocó porque lo hizo en épocas en las que los partidos, sobre todo los tradicionales, tenían más racionalidad. En definitiva, hoy estamos asistiendo a una pérdida fuerte de los partidos tradicionales y por ello tienen sus desahogos, como creo que es este del día de hoy.

Muchas gracias.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: en realidad, se trata de una perdigonada de alusiones. Creo que nadie escapó a ello esta noche en la exposición del señor Senador Korzeniak, con quien tengo el gusto de discutir últimamente temas constitucionales en la Comisión respectiva.

Lo que me parece grave en su exposición, en primer lugar, es la presunción de intencionalidad. En cuanto a que se discuta el fallo general, cualquier Legislador está en su derecho. Pero asumir que la Justicia actuó intencionadamente, que ha cursado notificaciones aviesas, que la Corte Electoral ha actuado como nunca lo ha hecho, presumiendo una intencionalidad política, me parece grave. Lo subrayo porque este Cuerpo debe ser cuidadoso.

En segundo término, también hace una presunción de intenciones sobre la Corte Electoral. Este es un cuerpo al que todos debemos respetar y si no se ha renovado, es por nuestra responsabilidad, no por la de la Corte Electoral, que tiene toda su legitimidad, que no podemos desconocer, y mucho menos nosotros, que -reitero- somos los responsables; en mayor o en menor medida, lo somos todos los que estamos acá. Entonces, nosotros somos los responsables y esa Corte es legítima. Es tan legítima que de sus fallos emanan los mandatos que tenemos quienes estamos sentados aquí. O sea que la Corte es legítima para todo o no lo es para nada. Y no me parece que sea discutible la legitimidad de la Corte, como lo aceptó felizmente en su última alocución el señor Senador Korzeniak, al decir que naturalmente, aunque el fallo sea equivocado, deberá cumplirse.

Acá estamos con instituciones fundamentales del Estado que están actuando, y esa es la esencia de este debate que, a mi juicio, ha transcurrido en la Comisión y en este Cuerpo por caminos que no son los adecuados. No hay ninguna duda de que la Justicia es la que juzga las even-tuales situaciones delictivas, y en este caso ha actuado; no ha habido un procesamiento, sino una condena. Será bue-na o mala, discutible o no, pero es incuestionable su valor.

Segundo: ¿cuándo puede actuar la Asamblea General? También es muy clara la Constitución: en caso de juicio político -no estamos en uno- o en el caso del artículo 209, a efectos de ver si estamos ante una posible destitución por ineptitud, omisión o delito. La Constitución dice: "podrá"; esto quiere decir que automáticamente cualquier delito no significa la eventual destitución. No es lo mismo una condena por homicidio culposo en un accidente de tránsito que una condena por injuria o por homicidio. Esto es lo que debería calificar la Asamblea General. Pero tampoco estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo una declaración, y eso es lo único para lo que no tenemos competen-cia.

En tercer lugar, el organismo que actúa es la Corte Electoral. Es el único organismo del país -en nuestro sistema institucional- con capacidad jurídica para definir en los temas de nacionalidad y ciudadanía, y lo está haciendo conforme a su leal saber y entender. Además, en el caso lo está haciendo, no a través de una resolución ad hoc, adecuada para esta situación, sino conforme -como claramente lo expone en la resolución que también posee el señor Legislador Korzeniak- con una resolución de la Corte Electoral de 15 de diciembre de 1999, que no fue pensada para nadie. Esta resolución establece, inclusive, esa distinción que hace unos momentos señalaba el señor Legislador Pablo Abdala y que yo había hecho en la Comisión -en aquel momento, la hice un poco de memoria, porque no estaba preparado para aquel debate, que a todos nos sorprendió-, distinguiendo claramente la pena de prisión de la inhabilitación, para la que existe un registro. De modo que no se puede presumir que la Corte haya actuado ad hoc cuando ha aplicado estrictamente una resolución de 1999, impersonalmente referida. La Corte no cambió el criterio; sería grave que lo hubiese hecho, pero no lo hizo. Simplemente, cumplió con su propia resolución de 1999, aplicando los mismos criterios, discutibles pero aplicables.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

- De modo que creo que la Asamblea General se ha deslizado a un enorme debate a fin de discutir algo para lo cual no es competente. Esta Asamblea General es competente para decidir si, planteada esta situación de delito -no hay ninguna duda de que estamos frente a un delito; eso no ha sido objetado por nadie-, amerita o no una destitución. Eso es lo único que realmente podríamos haber discutido en nombre de nuestra competencia. Pero estamos discutiendo una declaración para la cual no tenemos competencia, porque -el señor Legislador Korzeniak lo sabe mejor que yo- los órganos públicos deben actuar dentro del ámbito de su competencia estricta.

Creo que nos hemos ido desbordando, nos hemos salido de cauce, se han presumido intenciones que no corresponden y, sobre todo, me parece que debemos atenernos rigurosamente al juego institucional. La Corte actuó en su ámbito y el Tribunal de Cuentas actuará en el suyo. La Corte Electoral ha sido muy clara en el suyo, y nosotros solo podríamos decir si este delito merece o no la destitución por dos tercios de votos, como establece la Constitución, y punto.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa se ve en la obligación de decir que el señor Legislador Sanguinetti solicitó la palabra para contestar una alusión, pero no pudo interpretar cuál fue.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR SANGUINETTI.- No se preocupe, señor Presidente; la Mesa ha actuado correctamente, porque hubo varias alusiones. Primero se aludió al Partido Colorado, que notoriamente integro, y se lo aludió dos o tres veces. ¿Cómo es que un señor Legislador colorado no puede contestar una alusión relativa al partido que integra?

SEÑOR PRESIDENTE.- Naturalmente que sí.

SEÑOR SANGUINETTI.- En segundo lugar, se me aludió como miembro de la Comisión cuando se adelantó la forma en que íbamos a votar -una anticipación aparentemente extraordinaria a la cual llegó el señor Legislador Korzeniak-, cuando es obvio que vamos a votar lo mismo que votamos en la Comisión. Hemos firmado el informe que redactó el señor Legislador Gallinal, que compartimos en todos sus términos, y voy a hacer la gracia -no se asusten- de no repetirlo.

En tercer término, en una incidencia graciosa, se me aludió con nombre y apellido. De modo que el señor Presidente debe estar tranquilo de que ha actuado conforme a derecho.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: creí que el señor Legislador Sanguinetti iba a referirse a los puntos que ahora citó, pero lo que hizo fue una exposición, una tesis. Estaba anotado para hacer uso de la palabra; lo vi en la lista de oradores. Eso no es correcto.

Además, si mal no recuerdo, reglamentariamente le corresponden cinco minutos, pero se tomó doce minutos, según mis cálculos. Si seguimos con este juego, si quienes están anotados para contestar alusiones desarrollan sus tesis, vamos a terminar más tarde de lo debido.

Reitero: creí que el señor Legislador iba a responder efectivamente sobre los tres últimos puntos en los que yo lo había aludido, o por lo menos había aludido a su Partido y a un Legislador que prevé que en el año 2010 el Frente Amplio va a tener dos tercios de votos en este país.

(Interrupción del señor Legislador Sanguinetti)

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Legislador Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: en 1984 hubo un hermosísimo debate; en aquellas épocas todos estábamos muy ansiosos por ver debates en televisión...

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORRICO.- Sí, señor Legislador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Legislador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: voy a ser breve. Como el señor Legislador Korzeniak dijo, cuando concedió una única interrupción, que iba a ser la última, no pude interrumpirlo a él. En parte de su exposición expresó -yo me enteré acá- que era la primera vez que la Corte Electoral suspendía la ciudadanía de una persona por delitos de opinión; quiero decir que yo cometí uno de esos delitos. Bajo el Gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle cometí el delito de desacato por injuria, me le desacaté. Cuando el Juez me llamó le dije que, efectivamente, yo había cometido el delito y que renunciaba a la defensa, a la libertad anticipada, a la apelación y a todo lo que me beneficiara. Estaba dispuesto a cumplir la condena que me correspondiera, y me quedé con una condena en firme -no suspendida- de seis meses, que no sé por qué nunca cumplí. Inclusive, el diario "El País" editorializó que ningún reo podía mandarse preso por su gusto.

Lo cierto es que la condena era firme y no estaba suspendida, porque el delito fue cometido. Escribí con firma que el Presidente de la República de aquel entonces era un burro de los peores porque tenía iniciativa. El delito era evidente: desacato con injuria. Y lo reconozco.

Sin embargo, en oportunidad de las elecciones de 1994, obviamente, al figurar como segundo candidato al Senado por el Movimiento de Participación Popular y como suplente del primer candidato, que era el doctor Helios Sarthou, debíamos hacer la lista y teníamos que preguntar. Me dijeron que no tenía suspendida la ciudadanía. Reitero: tenía sentencia firme, ni siquiera suspendida.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Legislador Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: siempre se habla del gol más rápido de la historia, y esta fue la interrupción más rápida de la historia; por lo menos, de las recientes y de lo que yo conozco.

Decía que en 1984 hubo un hermosísimo debate en televisión y en aquella época -éramos muy jóvenes- estábamos ávidos de esa instancia. El debate fue entre el doctor Gonzalo Aguirre, por un lado, y el doctor Sanguinetti, por otro; creo que había algunas personas más, pero sólo me acuerdo de ellos dos. Hubo una preciosa disertación del doctor Sanguinetti sobre la diferencia entre legalidad y legitimidad, que me pareció realmente fantástica. Yo voy a decir acá -naturalmente, me hago cargo de lo que digo- que creo que esta Corte tiene toda la legalidad del mundo, pero que no tiene legitimidad. Y no la tiene porque la Corte Electoral tiene la misma composición que cuando yo entré a esta Cámara. Yo tuve el honor de entrar a esta Cámara en el año 1995 y éramos treinta y un Diputados de lo que en ese momento era el Encuentro Progresista-Frente Amplio, y había dos integrantes de la Corte Electoral por nuestra fuerza política. Hoy somos cincuenta y dos Diputados y también hay dos integrantes de la Corte Electoral por nuestra fuerza política.

Cuando se habla de la Constitución, hay que hablar de toda ella. No me gusta hablar del espíritu de las normas. Todos los Diputados saben que no estoy con la tesis del espíritu de las normas; a veces a gatas me cuesta creer que las personas tengan espíritu, pero sí hay una idea general. Hay principios que dominan el sistema constitucional uruguayo, y yo creo que este está profundamente alterado desde el momento en que tiene una Corte Electoral con la integración que tiene y desde el momento en que tiene un Tribunal de Cuentas con la integración que tiene. Yo creo que eso no está de acuerdo con el sistema general de la Constitución uruguaya. Por lo tanto, digo que esta Corte está deslegitimada, que no es lo mismo que decir que es ilegal.

Yo, naturalmente, voy a acatar la legalidad, pero voy a protestar contra lo que para mí es una falta absoluta de legitimidad.

SEÑOR SANGUINETTI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORRICO.- Sí, señor Legislador.

SEÑOR PRESIDENTE .- Puede interrumpir el señor Legislador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: hay una larga discusión en el derecho público sobre legalidad y legitimidad. Ahora se trae este caso y lo hace el señor Legislador Orrico diciendo que es la Corte la que ha perdido legitimidad. Los que habríamos perdido legitimidad somos nosotros. ¿Qué culpa tiene la Corte Electoral de que la Asamblea General no pueda ponerse de acuerdo y lograr las mayorías constitucionales para integrarla? ¿Qué culpa tiene la Corte Electoral? La Corte Electoral no ha perdido legalidad ni legitimidad; si acaso entráramos por ese camino, habríamos perdido mucho más nosotros como Cuerpo, que no hemos sido capaces de ejercer nuestra facultad de designar. La Corte está intacta en su legalidad e intacta en su legitimidad. Felizmente, está presidida por un gran jurista de larguísima trayectoria en el país y dentro de la misma Corte -en la cual prácticamente nació- y de enorme reconocimiento internacional. Pero el argumento vuelve por pasiva: somos nosotros los responsables, no la Corte.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Legislador Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: no quiero hacer una discusión que en definitiva sea lateral, pero la Corte para mí no tiene legitimidad, independientemente de quién tenga la responsabilidad de que esa Corte no esté legitimada. Creo que son dos cosas distintas. Me encanta discutir con el señor Senador Sanguinetti, pero ahora quiero ir a otro tema.

En primer lugar, creo que hay que empezar por el principio; hay que empezar por preguntarse qué es un delito. Porque acá todo el mundo da por supuesto que esto es un delito, y ¿qué es un delito? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de delito? Vamos a ponernos de acuerdo con los términos.

Hay una definición del Código Penal que normalmente se usa, que es formal pero útil. Delito es toda acción u omisión, expresamente prevista por la ley penal. Es correcto. Pero desde el punto de vista ontológico, ¿qué es? Creo que hay que ir un poco más allá y decir que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable, lo cual significa que el delito es una especie dentro de un género mayor, que es la ilicitud. Esto se puede expresar muy simplemente diciendo: todo delito es una ilicitud; no toda ilicitud es un delito. Esto es muy claro y creo que forma parte del abecé del cual hay que partir, porque me parece que se partió tan adelante que se pierde la referencia de estos conceptos que son fundamentales.

Ahora, una conducta tipificada por la ley como delito, desde el punto de vista estrictamente penal ¿qué consecuencias tiene? ¿Cuál es la consecuencia de una conducta que la ley dice que es un delito? Tiene una única consecuencia desde el punto de vista penal: la pena. Lo cual no inhibe que pueda tener otras consecuencias desde el punto de vista legal, porque un delito claramente puede dar lugar a reparaciones civiles por daño moral o por el tipo de cuestión que ustedes quieran, aun por daño material en el caso de un delito culposo, delito de daños, o tantos otros.

Zaffaroni dice claramente que los delitos tienen múltiples consecuencias jurídicas, pero la única consecuencia penal es la pena. Esto está en sintonía con lo que también sostiene la doctrina nacional. Por ejemplo, Cairoli define el derecho penal como el conjunto de normas jurídicas que regulan todo lo referente al delito y cuya inobservancia tiene como consecuencia la facultad del Estado de sancionar al autor de una conducta violatoria con la pena. Es decir que la consecuencia penal es la pena; no hay otra. Esa pena, naturalmente, que es una pena principal, puede dividirse de muchas maneras. Podemos decir que hay una pena princi-pal y puede haber penas accesorias. Una pena principal puede ser, por ejemplo, que un individuo sea condenado a tantos meses de prisión o de penitenciaría y al retiro de la libreta de conducir por determinado tiempo, lo cual puede pasar.

(Murmullos)

- Entonces, si hablamos de delito, ¿cuáles son las causas de extinción? Esto está muy estudiado...

(Murmullos)

SEÑOR PRESIDENTE.- Solicitamos a los señores Legisladores que hagan silencio.

Puede continuar el señor Legislador.

SEÑOR ORRICO.- Decía que esto está muy estudiado desde hace mucho tiempo. El doctor Bayardo Bengoa -que no es santo de mi devoción, y que era el Profesor de nuestra Facultad en la década del sesenta- nombraba como causas de extinción del delito la muerte del reo, la amnistía, la gracia, la remisión, la prescripción y la suspensión condicional de la pena. ¿Y qué es la suspensión condicional de la pena? Creo que acá lo primero que tenemos que saber es que hubo una condena por un delito de difamación, pero con suspensión condicional de la pena. Entonces, no se trata de decir: yo voy a examinar el fallo de tal o cual Juez. No; lo que quiero examinar es qué consecuencias tiene ese fallo; tengo derecho a hacerlo y no me estoy metiendo con la independencia de ningún Poder. Estoy diciendo cómo es esto. La suspensión condicional de la pena es un instituto que admite...

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORRICO.- Sí, señor Legislador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Legislador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: antes de que el señor Legislador Orrico comience a estudiar el complejo instituto de la suspensión condicional de la pena, quiero decir, con la misma franqueza con que hablé, que tengo información de que la Suprema Corte de Justicia dictó esta sentencia en el entendido de que no se suspendía la ciudadanía y que, por lo tanto, el contador Alvarez no cesaba en el Tribunal de Cuentas. Si alguna de las Cámaras -desde aquí no lo podemos hacer- lo quiere averiguar, que mande un pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia. Lo digo claramente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Legislador Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Solicito a los miembros de esta Asamblea General que me dejen continuar porque si se empieza a replicar cosas que ni yo dije, esto se me va a complicar mucho.

Voy a hablar de lo que es la suspensión condicional de la pena, que me parece que es un tema clave en este momento. También voy a pedir a los señores Legisladores que no me soliciten interrupciones cuando estoy desarrollando este tema, porque si no, es un desaguisado que ni yo entiendo.

La suspensión condicional de la pena en el derecho comparado tiene tres modelos. El modelo de los Estados Unidos e Inglaterra, que, en realidad, produce una suspensión del proceso penal, lo que trae como consecuencia que no haya propiamente sentencia. También tenemos el que se denomina modelo continental europeo, en que el Juez sentencia y suspende condicionalmente la pena; y una variante que se da en Alemania, que la única diferencia que tiene es que lo que se hace es por vía administrativa. En Uruguay este instituto evoluciona desde la Ley N° 5.393, de 25 de enero de 1916, que adopta el llamado sistema continental europeo, con dos requisitos clave para que opere la suspensión condicional de la pena: la pena impuesta debe ser de prisión y debe haber un carácter primario del penado.

Luego viene la Ley N° 7.371, de 1921, que hace extensiva a la pena de multa la suspensión condicional de la pena. El artículo 26 del Código Penal de 1934, que también adopta el sistema continental europeo, establece una pequeña modificación con relación a las multas, ya que se refiere a ellas cuando por defecto de cumplimiento deban transformarse en pena de prisión.

Quiero que se observe la contundencia del artículo 126 del Código Penal, que con relación a la suspensión condicional dice que se extingue el delito cuando el Juez al dictar sentencia resuelve suspender la condena. Quiere decir que claramente el Código Penal está estableciendo que ya en el momento del dictado se suspende la condena y, por lo tanto, se extingue el delito, porque después va a decir que hay ahí lo que se llama el período de latencia, en el cual el individuo tiene que conservar buena conducta, no volver a reincidir, etcétera. Pero este no es el tema de mi exposición.

Si todo esto era así, bajo la vigencia del Código Penal, donde ya la doctrina por absoluta y abrumadora mayoría se inclinaba por decir que el solo dictado de la suspensión condicional de la pena ya traía como consecuencia que se extinguía el delito, esto quedó mucho más claro con la Ley N° 17.726, que, estableciendo una sistematización más detallada del instituto, fijó que la pena claramente extingue el delito. Así, a raíz de la sanción de la Ley N° 17.726 en la Legislatura pasada -es muy reciente-, el Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay, que estaba presidido por la gran Profesora doctora Ofelia Grezzi, hizo una jornada sobre esto, donde hubo consenso de parte de todo el Instituto respecto a lo que voy a expresar a continuación. Una de las exposiciones fue sobre suspensión condicional de la ejecución de la pena, y allí prácticamente la cátedra de Derecho Penal, que estaba presente, culminó diciendo que durante la vigencia de las leyes de 1916 y de 1921 se sostuvo por parte de la doctrina que la suspensión condicional de la pena tenía una naturaleza jurídica diversa, ya que quedaba suspendida una parte de la condena y, al término de la vigilancia, se consideraba sobreseído el proceso y la sentencia como no pronunciada. Esto era bajo la vigencia de las leyes de 1916 y de 1921. Acá el Instituto hace mención a que en algunos fallos jurisprudenciales -hoy se citaba alguno por parte del señor Diputado Abdala-...

6) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- La Asamblea General ha quedado sin número. Por lo tanto, se debe suspender la sesión y llamar a Sala durante un minuto a los efectos de completar el quórum. Si así no sucediera, la sesión se va a levantar.

Se va a llamar a Sala a los señores Legisladores.

(Así se procede)

- Transcurrido el minuto y no habiendo número, se levanta la sesión.

(Es la hora 21 y 4)

Sr. RODOLFO NIN NOVOA PRESIDENTE

Arq. Hugo Rodríguez Filippini - Dr. Marti Dalgalarrondo Añón Secretarios

Sr. Mario Tolosa Director del Cuerpo de Taquígrafos de la Cámara de Representantes

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.