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N° 3230 - 14 DE SETIEMBRE DE 2004

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

QUINTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

49ª SESIÓN

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES
DOCTOR JOSÉ AMORÍN BATLLE
Presidente
E INGENIERO AGRÓNOMO GUSTAVO GUARINO 2do. Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y DOCTORA MARGARITA REYES GALVÁN Y
EL PROSECRETARIO DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO

 

Texto de la citación

 

Montevideo, 9 de setiembre de 2004.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, el próximo martes 14, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Quinto Período de la XLV Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

2º.- Comisión Administrativa del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Quinto Período de la XLV Legislatura). (Ley Nº 16.821, de 23 de abril de 1997).

3.- Convención Interamericana Contra el Terrorismo. (Aprobación). (Carp. 2868/003). (Informado). (VOTACIÓN). Rep. 1224 y Anexo I

4º.- Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercado Común del Sur y sus Anexos. (Aprobación). (Carp. 677/000). (Informado). Rep. 374 y Anexos I y II

5º.- Ejercicio Combinado de Planificación (Ceibo 2004) en la Modalidad de Apoyo a la Comunidad ante Desastres Naturales, a realizarse entre el 20 y el 24 de setiembre de 2004. (Se autoriza el ingreso al territorio nacional de veinticinco integrantes del Ejército de la República Argentina). (Carp. 3894/004). (Informado). Rep. 1630 y Anexo I

6º.- Químico farmacéutico Luis Santos Dini Boggia. (Designación a la Escuela Nº 26 de la localidad de Paso de Bonilla, 2ª. Sección Judicial del departamento de Tacuarembó). (Carp. 3045/0032). (Informado). Rep. 1294 y Anexo I

7º.- Honras fúnebres para personas que desempeñaron cargos de Gobierno. (Modificación de los artículos 1º y 2º del Decreto Ley Nº 14.458). (Carp. 2260/002). (Informado). Rep. 1007 y Anexo I

8º.- Maestra directora Claudia Tapia de Arboleya. (Designación a la Escuela Nº 56 de Estación González, departamento de San José). (Carp. 3227/003). (Informado). Rep. 1372 y Anexo I

9º.- Profesor Armando Sánchez. (Designación a la plaza de deportes de Sarandí Grande, departamento de Florida). (Carp. 3588/003). (Informado). Rep. 1513 y Anexo I

10.- Contaminación acústica. (Normas para su prevención, vigilancia y corrección). (Carp. 2360/002). (Informado). Rep. 1040 y Anexo I

HORACIO D. CATALURDA     MARGARITA REYES GALVÁN
S e c r e t a r i o s

S U M A R I O

 

1.- Asistencias y ausencias

2, 32 y 39.- Asuntos entrados

3, 33 y 40.- Proyectos presentados

4.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

5.- Solicitud de que se otorgue una pensión graciable al señor Anteo Dante Cocito.

— Exposición del señor Representante Rodríguez Altez

6.- Fallecimiento del ingeniero Martín Allende.

— Exposición del señor Representante Canet

7.- Pedido de los habitantes del barrio Las Malvinas, departamento de Colonia, de que UTE les establezca una cuota fija.

— Exposición del señor Representante Gil Solares

8.- Cumpleaños del escritor Mario Benedetti.

— Exposición de la señora Representante Iriarte

9.- Impedimentos para culminar la construcción del Liceo Nº 3 de la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro.

— Exposición del señor Representante Castromán Rodríguez

10.- Resultados de la forestación extensiva en el territorio nacional.

— Exposición del señor Representante Pérez Morad

CUESTIONES DE ORDEN

13.- Aplazamientos

11, 27, 34 y 41.- Integración de la Cámara

43.- Intermedio

11, 27, 34 y 41.- Licencias

30, 42, 44 y 47.- Solicitudes de urgencia

16, 18, 20, 25, 28, 35 y 37.- Urgencias

ORDEN DEL DÍA

12 y 45.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Quinto Período de la XLV Legislatura).( Artículo 127 de la Constitución).

Son designados como titulares los señores Representantes Jorge Orrico, Washington Abdala, Jaime Mario Trobo, Leonel Sellanes, Julio Cardozo, Glenda Rondán y Nora Castro, y como suplentes respectivos los señores Representantes José Carlos Mahía, Guzmán Acosta y Lara, Ricardo Berois Quinteros, Roberto Conde, Roberto Arrarte Fernández, Gabriel Pais y Lucía Topolansky

14, 23 y 31.- Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercado Común del Sur y sus Anexos. (Aprobación).

Antecedentes: Rep. Nº 374, de octubre de 2000, y Anexos I y II, de julio de 2004. Carp. Nº 677 de 2000. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

15.- Ejercicio Combinado de Planificación (Ceibo 2004) en la Modalidad de Apoyo a la Comunidad ante Desastres Naturales, a realizarse entre el 20 y el 24 de setiembre de 2004. (Se autoriza el ingreso al territorio nacional de veinticinco integrantes del Ejército de la República Argentina).

Antecedentes: Rep. Nº 1630, de junio de 2004, y Anexo I, de agosto de 2004. Carp. Nº 3894 de 2004. Comisión de Defensa Nacional.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

17 y 46.- Jorge Gularte. (Pensión graciable).

Antecedentes: Rep. Nº 1709, de setiembre de 2004. Carp. Nº 4064 de 2004. Comisión de Seguridad Social.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

19.- Acuerdo con el Gobierno del Estado de Israel para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y su Protocolo. (Aprobación).

Antecedentes: Rep. Nº 1697, de setiembre de 2004. Carp. Nº 4043 de 2004. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

21.- Contribución mensual de los beneficiarios de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. (Se declara que constituyen una contribución especial de acuerdo al artículo 13 del Código Tributario).

Antecedentes: Rep. Nº 1644, de julio de 2004, e informe y proyecto de ley de la Comisión de Hacienda. Carp. Nº 3915 de 2004. Comisión de Hacienda.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

22.- Convención Interamericana Contra el Terrorismo. (Aprobación).

(Ver 48ª sesión)

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

24.- Químico farmacéutico Luis Santos Dini Boggia. (Designación a la Escuela Nº 26 de la localidad de Paso de Bonilla, 2ª Sección Judicial del departamento de Tacuarembó).

Antecedentes: Rep. Nº 1294, de junio de 2003, y Anexo I, de agosto de 2004. Carp. Nº 3045 de 2003. Comisión de Educación y Cultura.

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

26.- Sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. (Fortalecimiento).

Antecedentes: Rep. Nº 1711, de setiembre de 2004. Carp. Nº 4066 de 2004. Comisión de Hacienda.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

29.- Enrique Brayer Blanco. (Designación a la Escuela Nº 32 "Granja de Mangrullo", del departamento de Cerro Largo).

Antecedentes: Rep. Nº 1288, de mayo de 2003, y Anexo I, de julio de 2003. Carp. Nº 3026 de 2003. Comisión de Educación y Cultura.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

36.- Parque Bartolomé Hidalgo del Departamento de Soriano. (Se lo declara Parque Nacional y se lo incorpora al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas).

Antecedentes: Rep. Nº 1349, de julio de 2003, y Anexo I, de agosto de 2004. Carp. Nº 3164 de 2003. Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

38.- Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. (Se crea un impuesto para atender sus obligaciones legales).

Antecedentes: Rep. Nº 1686 , de agosto de 2004. Carp. Nº 4017 de 2004. Comisión de Hacienda.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

1.-      Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes:, Ernesto Agazzi, Álvaro Alonso, Juan Justo Amaro (1), Gustavo Amen Vaghetti, José Amorín Batlle, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Raquel Barreiro, Jorge Barrera, José Bayardi, Edgar Bellomo, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Ricardo Berois Quinteros, José Betancor Mosca, Daniel Bianchi, José L. Blasina, Eduardo Bonomi, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, Lucio Cáceres, Brum Canet, Felipe Carballo, Julio Cardozo Ferreira, Ruben Carminatti, Yamandú Castro, Ricardo Castromán Rodríguez, Roberto Conde, Jorge Chápper, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Ruben H. Díaz, Daniel Díaz Maynard, Juan Domínguez, Heber Duque, Ricardo Falero, Asdrúbal Fernández, Waldemar Fernández, Luis José Gallo Imperiale, Daniel García Pintos, Gabriela Garrido, Orlando Gil Solares, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, María Iriarte, Luis Alberto Lacalle Pou, Arturo Lamancha, Luis M. Leglise, Ramón Legnani, León Lev, Guido Machado, Óscar Magurno, Diego Martínez, Juan Máspoli Bianchi, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Felipe Michelini, José María Mieres, Pablo Mieres, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Gustavo Osta, Gabriel Pais, Ronald Pais, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Álvaro Pérez, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, Enrique Pintado, Martín Ponce de León, Iván Posada, Yeanneth Puñales Brun, Carlos Riverós, Ernesto Rodríguez Altez, Glenda Rondán, Víctor Rossi (2), Eduardo Rubio, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Leonel Heber Sellanes, Pedro Señorale, Juan C. Siázaro, Gustavo Silveira, Julio C. Silveira, Wilmer Trivel, Stella Tucuna, Walter Vener Carboni y José Zapata.

Con licencia: Washington Abdala, Guzmán Acosta y Lara, Artigas A. Barrios, Nora Castro, Ramón Fonticiella, Julio Lara, José Carlos Mahía, Ricardo Molinelli, Carlos Pita, Ambrosio Rodríguez, Adolfo Pedro Sande, Julio Luis Sanguinetti, Raúl Sendic, Daisy Tourné y Jaime M. Trobo.

Faltan con aviso: Mario Amestoy, Carlos Baráibar, Martha Montaner y María Alejandra Rivero Saralegui.

Sin aviso: Miguel González.

Actúan en el Senado: Fernando Araújo y Lucía Topolansky.

Observaciones:

(1) A la hora 18:15 comenzó licencia ingresando en su lugar la Sra. Stella Tucuna.

(2) A la hora 18:25 comenzó licencia ingresando en su lugar el Sr. León Lev.

2.-     Asuntos entrados.

"Pliego Nº 332

PROMULGACIÓN DE LEYES

El Poder Ejecutivo comunica que ha promulgado las siguientes leyes

-     Archívense

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Educación y Cultura se expide sobre el proyecto de ley por el que se designa "Norberto Aramburu Vega" la Escuela Nº 54, Rural, de la localidad de Cerrezuelo, 7ª Sección Judicial del departamento de Durazno. C/1427/001

-     Se repartirá

COMUNICACIONES GENERALES

El Instituto Nacional del Menor remite nota relacionada con el proyecto de ley por el que se le faculta a realizar contratos de función pública con carácter permanente, con aquellas personas que revistaban en su plantilla de personal en carácter de eventuales o zafrales al 31 de diciembre de 2001. C/3961/004

El Fondo Nacional de Recursos remite nota relacionada con el proyecto de ley por el que se extiende la aplicación del Impuesto al Valor Agregado al consumo de tabacos y cigarrillos y se disminuye la tasa de dicho Impuesto que grava alimentos de consumo básico. C/4065/004

-     A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

-     Se cursaron con fecha 8 de setiembre

-     Se cursaron con fecha 9 de setiembre

El señor Representante Ramón Legnani solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, acerca del tratamiento de pacientes con VIH-SIDA. C/4071/004

El señor Representante Artigas Barrios solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior, referente al trámite administrativo de varias denuncias presentadas por un señor ciudadano. C/4072/004

-     Se cursaron con fecha 13 de setiembre

PROYECTOS PRESENTADOS

El señor Representante Daniel García Pintos presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se dictan normas para la administración y explotación de los recursos vivos acuáticos del Estado. C/4073/004

-     A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca

La señora Representante María Nelba Iriarte y los señores Representantes Tabaré Hackenbruch y Alberto Perdomo presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se dispone que los servicios administrativos de la Cámara de Representantes pondrán en conocimiento de los señores Representantes titulares y suplentes convocados, en forma fehaciente, las incompatibilidades y prohibiciones de carácter constitucional y legal que los alcanzan. C/4074/004

-     A la Comisión de Asuntos Internos

La Mesa da cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 147 inciso segundo del Reglamento, pasan al archivo los siguientes proyectos de ley, radicados en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración:

3.-     Proyectos presentados.

A) "RECURSOS VIVOS ACUÁTICOS DEL ESTADO. (Normas para la administración y explotación).

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1º.- Declárase del dominio y jurisdicción del Estado, los recursos vivos acuáticos existentes en el mar territorial, zona económica exclusiva, plataforma continental de la República, así como en las áreas adyacentes donde exista o pueda llegar a existir jurisdicción nacional conforme a las leyes nacionales y tratados u otras formas de acuerdo internacionales.

Son asimismo del dominio del Estado, los recursos vivos acuáticos del sistema fluvial y lacustre, público o privado de la República.

Igual competencia se tendrá sobre las capturas realizadas en alta mar u otras áreas internacionales, por buques pesqueros de bandera nacional.

La regulación sobre los recursos vivos acuáticos, es competencia exclusiva del Estado, así como el establecimiento de las normas básicas de ordenación y control sobre los mismos.

Artículo 2º.- A los efectos de la administración y política de los recursos vivos acuáticos, es designada la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que se individualiza con la sigla DINARA, como organismo responsable del cumplimiento de los alcances de la presente ley.

Artículo 3º.- Compete a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos la orientación, asesoramiento, fomento, desarrollo y control en todos sus aspectos, de la actividad pesquera e industrias derivadas, tanto en el plano privado como público, a nivel nacional y local.

Artículo 4º.- A tales efectos corresponde a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos:

A) Proponer al Poder Ejecutivo y aplicar las reglamentaciones que determinen los lineamientos de la política pesquera nacional.

B) Proyectar, ejecutando los reglamentos que al respecto apruebe el Poder Ejecutivo, todo lo relacionado con la promoción, coordinación, utilización integral de la riqueza acuática y su comercialización interna y externa, tanto oficial como privada.

C) Proyectar y hacer cumplir las reglamentaciones referentes al control de calidad del sector pesquero, asumiendo la total responsabilidad en todas sus etapas y llevar a cabo todas las investigaciones atinentes al mismo, que comprenderá entre otras disciplinas la oceanografía, biología, limnología y ecología.

En todas estas materias, en cuanto medien competencias concurrentes con otros organismos del Estado, propondrá los acuerdos necesarios.

D) Proyectar el ejercicio de las actividades en el sector público y privado, a fin de proteger, conservar Y desarrollar los recursos vivos acuáticos, regular su captura, explotación, manipuleo, transporte, distribución, industrialización y comercialización de aquellas actividades y productos derivados, con destino al mercado interno o a la exportación y fiscalizar el cumplimiento de las reglamentaciones pertinentes.

E) Realizar estudios permanentes sobre todos los aspectos internacionales del derecho del mar que directa o indirectamente se relacionen con su competencia, formulando las tesis nacionales a sustentar y sometiéndolas al Poder Ejecutivo.

F) Estudiar y promover la acuicultura en todas formas, establecer y administrar con fines científicos viveros, estaciones y demás centros de repoblación o investigación.

G) Controlar la actividad de los mercados de concentración pesqueras (lonjas) que se establezcan, autorizando su funcionamiento en condiciones que fije la reglamentación respectiva.

H) Proyectar y hacer cumplir las reglamentaciones referentes a la sanidad y calidad de los productos de la pesca y caza acuática y derivados y a los medios requeridos para su extracción, depósito, transporte, manipulación industrialización y comercialización, interna y externa, sin perjuicio de lo dispuesto en el literal c) del presente artículo.

I) Establecer, percibir y afectar al cumplimiento de sus cometidos, previa autorización del Poder Ejecutivo, las tasas, tarifas, derechos, multas, decomisos y demás que determine la presente ley y las reglamentaciones respectivas.

J) Proponer, en coordinación con la autoridad Marítima Nacional, las características de las embarcaciones u otros artefactos navales, técnicamente convenientes y económicamente rentables de acuerdo a las modalidades cualitativas y cuantitativas de los recursos del área y procurar la homogeneización de la flota y a su limitación cuando ello fuere necesario.

K) Proyectar la reglamentación de las plantas industriales en tierra, proveyendo lo adecuado a su ubicación, tipo dimensionamiento, líneas y niveles mínimos de producción rentable.

L) Proyectar la reglamentación de la actividad industrial en buques de bandera nacional aptos para tal fin.

M) Proponer las modificaciones que estime conveniente, para la actualización de las normas de derecho interno aplicables a la pesca, la caza acuática, la acuicultura y actividades ligadas o conexas a las mismas y a la coordinación de soluciones normativas con los países con los que nos ligan o liguen convenios u otras formas de acuerdo.

N) Las representaciones del País ante organismos o comisiones internacionales permanentes o circunstanciales, que refieran a la pesca o caza acuática, se integrará por lo menos con un Delegado titular representante de DINARA, siendo su participación preceptiva en todas las ocasiones.

O) Las delegaciones nacionales, en comisiones internacionales, cuando la pesca y caza acuática sean parte de sus cometidos, se integrarán preceptivamente con un Delegado o más de DINARA. Si el cometido principal o de mayor actividad de una Comisión es la pesca o caza acuática, el Delegado de DINARA la presidirá y la comisión en lo nacional, estará radicada en DINARA.

P) Aplicar y ejecutar las sanciones a los infractores de la presente ley y los que correspondan a las reglamentaciones en la materia.

Q) Cumplir los compromisos con las Convenciones Internacionales, u otras formas de acuerdo a las que la República ha adherido, mediante el control de desembarque, o cualquier otra operación portuaria, de productos de la pesca o caza acuática, aún en tránsito, de buques extranjeros en puertos nacionales, procurando que estas operaciones estén comprendidas dentro de las disposiciones en vigencia.

R) Proponer al Poder Ejecutivo, contratos de personal para su funcionamiento, de acuerdo a las disposiciones vigentes y rescindir los mismos.

Artículo 5º.- A los efectos de la aplicación de sanciones a infractores y su penalidad, la DINARA reglamentará el funcionamiento y alcances de un Tribunal con tal fin, en cuya integración participará un representante de la actividad privada como mínimo.

Artículo 6º.- En el ejercicio de sus funciones de control de sus respectivas competencias, DINARA está facultada a suspender preventivamente del permiso de pesca a los presuntos infractores, en caso de infracción grave a las normas legales y reglamentarias que regulan los recursos vivos acuáticos.

Asimismo podrá disponer medidas cautelares de intervención sobre mercaderías o productos en presunta infracción y constituir el secuestro administrativo si así lo considera necesario, cuando la infracción pueda dar lugar a comiso o confiscación. Cuando se trate de mercaderías o productos perecederos se podrá disponer su venta o distribución de conformidad con lo establecido en las normas de contabilidad y administración financiera y cuando ello no implique riesgos a la salud pública, zoosanitarios, fitosanitarios o al medio ambiente.

El producido de la venta se convertirá en recursos financieros reajustables vigentes en el ordenamiento económico nacional.

La distribución de productos alimenticios perecederos decomisados, se hará en centros de alimentación humana, o en instituciones de alimentaciones de animales de carácter público.

Artículo 7º.- En el ejercicio de sus funciones de control, sobre la pesca y la caza acuática, cuando corresponda el decomiso de los productos en infracción, podrá decretarse asimismo, el comiso secundario sobre vehículos, embarcaciones, cualquiera sea su porte, aeronaves, armas, artes de pesca y demás instrumentos directamente vinculados a la comisión de la infracción o al tránsito de los productos, pudiendo en caso de infracción grave, considerarse irrelevante la propiedad de los mismos.

Artículo 8º.- En los casos en que por distintas razones la mercadería decomisada deba ser transportada, depositada, mantenida en depósitos refrigerados o especiales, o destruida, los gastos en que incurra la Administración, serán a cargo del infractor, constituyendo la cuenta de los mismos, título ejecutivo.

Artículo 9º.- La programación de la investigación referida a los recursos acuáticos, y su ejecución son competencia del Estado, a través de DINARA.

Artículo 10.- Quedan sometidas a las disposiciones de esta ley, la actividad pesquera extractiva, la acuicultura, la investigación, el acuarismo, la pesca deportiva y turística, la pesca extractiva fuera de aguas jurisdiccionales, las actividades de procesamiento y transformación, el almacenamiento, transporte. comercialización de los recursos vivos acuáticos.

Artículo 11.- Solo con permiso de pesca, otorgado como se establece en la presente ley, podrán realizar actividad embarcaciones de pesca de cualquier tipo, con bandera nacional.

Los buques de pesca que tengan pabellón nacional, y no tengan la autorización otorgada por un permiso de pesca, serán considerados como ilegales, cuya pesca es ilegal, no documentada, no registrada, y serán pasibles de sanción, perdiendo entre ellas el uso de la bandera nacional y su registro.

Artículo 12.- Las certificaciones o demás documentos vinculados a los recursos vivos, utilizados para la industrialización o comercialización, serán únicamente expedidos por la DINARA. A estos efectos, en los casos en que los Documentos de Certificación correspondan a especies reguladas por organismos Internacionales, se establecerá un canon sobre los cupos asignados a cada buque pesquero, cuyo producido se utilizará para cumplir con los pagos de membresías en los organismos Internacional, cubrir costos de funcionamiento para cumplir con los requerimientos de las adhesiones, incluyendo los traslados, viáticos de funcionarios, técnicos, y demás costos, mediante la instalación de una cuenta especialmente destinada a tal fin.

Artículo 13.- Corresponde a la DINARA, establecer y aplicar el régimen de infracciones y sanciones, de competencia exclusiva del Estado, dentro de los criterios sustantivos de la jurisprudencia nacional, diferenciando el ámbito material de las actividades sobre los recursos vivos acuáticos.

CAPÍTULO II

DEFINICIONES

Artículo 14.- Para los efectos de la presente ley, se dará a los términos que se definen, el significado que se expresa:

A) Acuicultura: es el cultivo de organismos acuáticos, animales o vegetales, mediante alguna forma de intervención humana tendiente a incrementar la producción del referido recurso. Esto implica una relación de propiedad del o de los acuicultores, respecto al producto así obtenido. El producto de la acuicultura será considerado pesca.

B) Artes de pesca y equipos: artes son todos los instrumentos, aparejos e implementos que puedan emplearse en forma directa para llevar a cabo actos de pesca o caza acuática. Equipos son aquellos elementos útiles o necesarios para el mejor uso de las artes de pesca.

C) Buque congelador. Es todo buque pesquero que congela sus capturas d) con o sin transformación, y el producto final no posee embalaje secundario.

D) Buque factoría: es todo buque pesquero, alistado o no para la pesca, que cuenta adicionalmente con equipos para transformación de las capturas a bordo y depósitos para los productos pesqueros elaborados y embalados en envase final.

E) Buque frigorífico. Es todo buque provisto de equipos y espacios apropiados para asegurar el almacenamiento de productos pesqueros congelados y que actúa como auxiliar de la flota pesquera o como transporte de productos congelados en plantas pesqueras.

F) Buque pesquero: es toda embarcación que en razón de sus características y equipos esté destinada a realizar actividades de pesca y eventual procesamiento y que se encuentre alistada exclusivamente para ello.

G) Calidad comercial: es el conjunto de atributos de un producto de la pesca reunidos en una norma previamente definida.

H) Captura bruta: es el conjunto de organismos acuáticos obtenidos a raíz del esfuerzo de pesca.

I) Captura desembarcada: es la captura que se baja a tierra.

J) Captura histórica: las realizadas habitualmente por una unidad pesquera desde la fecha de su inicio de actividad con permiso de pesca.

K) Captura incidental o accidental: es el conjunto de las especies capturadas, que no forma parte de la o las especies objetivo.

L) Captura Máxima Sostenible (CMS): es aquella captura anual que puede extraerse en forma indefinida, año a año, sin vulnerar severamente el recurso acuático, de tal modo que conserve la capacidad de mantener su abundancia en niveles óptimos.

M) Captura nominal: es la captura desembarcada llevada a peso vivo, es decir de pescado entero fresco, que de no haber sido procesada a bordo equivale al desembarque. En caso contrario, deberán aplicarse coeficientes de conversión que dependen de la especie y del tipo de procesamiento.

N) Captura por Unidad de esfuerzo o Rendimiento pesquero: es la relación o cociente entre la captura y el esfuerzo de pesca.

O) Captura retenida: es aquella parte de la captura bruta que se conserva después del descarte.

P) Captura Total Permisible (CTP): es aquella captura anual que la DINARA considera adecuada, teniendo en cuenta factores sociales, económicos y políticos, pero fundamentalmente los aspectos biológicos que hacen a la conservación de los recursos acuáticos.

Q) Caza acuática: es toda acción dirigida a la captura de los anfibios, reptiles, aves y mamíferos, cuyo medio de vida total, parcial o temporal sea el agua.

R) Cupos de pesca: es la fracción porcentual de la captura total permisible de una determinada especie, asignada a una persona física o jurídica, a efectos que pueda operar sobre ella, mediante una unidad pesquera identificada.

S) Descarte: es la parte de la captura bruta que resulta desechada.

T) Especie objetivo: es la especie acuática sobre la cual se orienta el esfuerzo en forma habitual y principal, de una pesquería determinada.

U) Empresa pesquera: es la organización económica constituida por personas físicas o jurídicas que ejerzan con carácter comercial la pesca o la caza acuática, su industrialización o su comercialización.

V) Esfuerzo de pesca: acción desarrollada por una unidad de pesca durante un período definido, sobre un recurso determinado.

W) Estado de plena explotación: es aquella situación en que el nivel de explotación una especie, alcanza la Captura Total Permisible fijada anualmente por DINARA.

X) Fauna acompañante o especies asociadas: es el conjunto de organismos del reino animal que comparten los ecosistemas característicos de la especie objetivo, y que de por efecto tecnológico de las artes empleadas, son capturadas cuando las naves pesqueras orientan su esfuerzo a la captura de la especie objetivo.

Y) Ficha técnica: es el documento en el que se registran la identificación del armador y del buque pesquero; la descripción de las características técnicas principales de éste, incluyendo entre otras, datos de su fuerza motriz, descripción de artes de pesca y equipos; capacidad y posibilidades técnicas de bodegas y depósitos.

Z) Infracción pesquera: constituye infracción cualquier acción u omisión que implique transgresión de las leyes, decretos o resoluciones y demás normas vigentes en materia de pesca.

AA) Inspector: es aquel funcionario designado por la DINARA, para fiscalizar el correcto cumplimiento de la normativa vigente que regula la actividad del sector pesquero.

BB) Mamíferos marinos: son aquellas especies comprendidas en los grupos de cetáceos y pinnípedos (ballenas; cachalotes y delfines; lobos, leones y focas).

CC) Medidas de ordenación y conservación: comprende las medidas que se adopten y apliquen, en forma compatible con las normas pertinentes del derecho nacional e internacional, para conservar y ordenar una o más especies de recursos acuáticos vivos:

Método de pesca: es el conjunto de técnicas que, basadas en principios de captura, aprovechan para la extracción de organismos acuáticos sus características biológicas, ecológicas y etológicas, así como el comportamiento físico de la unidad de pesca.

DD) Observador: es todo aquel personal idóneo designado por la DINARA, para que se embarque a bordo de los buques pesqueros a los efectos de realización de tareas de observación de las operaciones de pesca, de proceso industrial y de investigación.

EE) organismos acuáticos exóticos. Son aquellos ingresados al país desde el exterior, así como los que se introducen en un ecosistema trayéndolos desde otro, aún dentro del propio del propio territorio del Estado.

FF) Parte de pesca: es el documento que con carácter obligatorio y veraz presentará el patrón de pesca, o el pescador desde tierra en su caso, al término de cada viaje o jornada.

HH) Pesca: es toda acción humana tendiente a extraer del agua peces, invertebrados o vegetales acuáticos, a efectos de su aprovechamiento directo o indirecto. También se considera pesca a los actos previos o posteriores relacionados en forma inmediata con dicha extracción, así como a la acuicultura.

II) Pesca industrial: es el proceso de captura y operaciones conexas realizadas por buques pesqueros de 10 TRB o mayores, con permiso de pesca comercial. Dicha pesca se considera como actividad industrial.

JJ) Pescador: es toda persona física que captura, extrae o recolecta los recursos vivos de carácter acuático o colabora directamente en estas acciones, reputándose profesional cuando hace de dicha ocupación su actividad habitual, su principal medio de vida, o dedica a la misma parte principal de su tiempo de trabajo.

KK) Pescador artesanal: es todo pescador que se dedica al ejercicio de la pesca con embarcaciones menores de 10 TRB, y mayores de 3 TRB, con permiso de pesca comercial.

Las embarcaciones artesanales se dividirán, de considerarse necesario en diferentes categorías, por la DINARA mediante resolución.

LL) Pescador desde tierra: es todo pescador que se dedica al ejercicio de la pesca comercial sin ayuda de una embarcación, o que con su auxilio extrae el producto de la pesca desde la ribera, sin proceder a ninguna operación de estiba a bordo.

MM) Pescador de subsistencia: es todo pescador que se dedica a esa actividad a efectos de su sustento y el de sus dependientes familiares o a su cargo, con posibilidad de comercializar en pequeña escala el excedente de su captura. Realiza su actividad desde tierra o mediante una única embarcación registrada, menor de 3 TRB.

NN) Pesquería: conjunto de actividades pesqueras caracterizadas por tener en común, principalmente:

- Una especie objetivo y su fauna acompañante.

- Un tipo de unidad de pesca y modalidad operativa.

- Un área de actividades.

- Una época de pesca en el caso de las pesquerías zafrales.

ÑÑ) Pesquería cerrada: es aquella pesquería cuya especie objetivo ha sido declarada plenamente explotada.

OO) Planta pesquera: es la unidad de producción en tierra de una empresa pesquera autorizada a industrializar productos de la pesca, que cumple con las exigencias de habilitación sanitaria según la legislación vigente y con las reglamentaciones que respecto de su actividad se determine.

PP) Poder de pesca: es la capacidad potencial de una unidad de pesca para obtener rendimientos de un recurso acuático, determinándose dicho poder de acuerdo principalmente a los siguientes parámetros:

- Potencia nominal instalada.

- Capacidad de bodegas en metros cúbicos.

- Artes de pesca y equipos.

- TRB determinado.

QQ) Procesamiento a bordo: es la actividad manual o mecánica por la cual la captura es total o parcialmente cortada a bordo de un buque pesquero, almacenada en hielo o técnica equivalente de preservación y mantenida con refrigeración mecánica auxiliar hasta su descarga en tierra cumpliendo con la normativa vigente.

RR) Proyecto: conjunto de especificaciones de carácter técnico que, con los requisitos que para cada caso indique la DINARA, sea presentado ante el mismo para su aprobación, con alguno de los siguientes propósitos, entre otros:

- Incorporación de buques pesqueros de 10 o más TRB con sus artes de pesca y equipos.

- Cambio de categoría de buques pesqueros de 10 o más TRB con permiso de pesca vigente.

- Ampliación del permiso de pesca.

- Sustitución de buques pesqueros de 10 o más TRB con permiso de pesca vigente.

- Cambio en las artes o equipos de pesca, o realización de modificaciones en buques pesqueros de 10 o más TRB con permiso de pesca vigente, que puedan aparejar un incremento en su poder de pesca o un cambio en la modalidad pesquera.

- Realizar operaciones de procesamiento o transformación de la captura a bordo.

- Instalación de una planta pesquera.

- Modificación sustancial de la capacidad industrial instalada de empresas pesqueras con habilitación vigente.

- Sustitución o incorporación de nuevos procesos de industrialización en plantas pesqueras con habilitación vigente, que requiera una nueva habilitación.

- Pesca artesanal realizada por embarcaciones de más de 3 TRB y menores de 10 TRB.

- Realización de actividades de acuicultura.

- Actividades con mamíferos, aves acuáticas y reptiles.

- Actividades de pesca científica.

- Actividades sobre la flora acuática.

SS) Puerto base: es aquel desde el cual opera normalmente un buque pesquero, el cual figurará en el correspondiente permiso de pesca Comercial. En el caso del pescador desde tierra y el pescador artesanal, dicho concepto significará la asignación de una zona donde ejerza su actividad.

TT) Resumen mensual de desembarque de captura: es la declaración, de carácter obligatorio y veraz, que presentará la empresa armadora detallando la captura mensual, en kilogramos, por especie y por marea.

UU) Semillas de peces: son las post larva y juveniles de organismos acuáticos destinados a siembra y cultivo.

VV) Talla: son las diferentes medidas sobre el cuerpo de un organismo acuático, con el fin de establecer normas de cómo proceder para preservarlo, para lo cual la DINARA, por resolución, fijará las correspondientes a las especies que entienda necesario.

WW) Transformación a bordo: es el procedimiento por el cual la captura entera o procesada a bordo de un buque pesquero es sometida a un proceso tecnológico que modifique el estado natural de la materia prima (salado, cocinado, congelado, etcétera), por medio de equipos o por procedimientos apropiados para ello.

XX) Unidad de pesca: la constituyen él o los pescadores, junto con otros posibles tripulantes, con sus artes y equipos; y él o los buques que puedan utilizarse, que operan dentro de una cierta actividad pesquera, medible y evaluable.

YY) Veda: es el acto administrativo establecido por la DINARA en que. está prohibido capturar o extraer un recurso pesquero, en un área determinada, por un espacio de tiempo establecido.

CAPÍTULO III

CLASIFICACIÓN DE LA PESCA Y CAZA ACUÁTICA

Artículo 15.- La pesca y la caza acuática se clasifican, en función del medio en que se efectúa, en:

A) Lacustre: la que se realiza en lagos, lagunas, esteros y embalses naturales o artificiales.

B) Fluvial: la que se efectúa en ríos y cursos de aguas naturales o artificiales.

C) Marítima: la que se realiza en el mar.

D) Terrestre: la que se realiza en tierra firme y litoral costero.

E) Acuicultura: la pesca y caza acuática tendrán el carácter de comercial, cuando su producto se destine al comercio o a la industria; científica, cuando esté dirigida a fines de carácter científico; deportiva, cuando su fin es la recreación y el turismo; de subsistencia, cuando es practicada para el consumo doméstico.

CAPÍTULO IV

PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Artículo 16. (Permisos de pesca o caza acuática).- La explotación comercial de los recursos vivos acuáticos existentes en los espacios acuáticos bajo jurisdicción de la República Oriental del Uruguay, solo podrá realizarse por parte de buques o embarcaciones pesqueras de bandera uruguaya, debidamente autorizados para ejercer actividades de pesca o caza acuática.

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, deberán funcionar de acuerdo con las leyes nacionales y requerirán de un permiso del Poder Ejecutivo, el cual solo podrá ser gestionado previa aprobación por parte de DINARA del correspondiente proyecto.

Los pescadores de subsistencia no requerirán la presentación de un proyecto para gestionar su permiso de pesca, debiéndose sustanciar la solicitud del mismo en formularios que DINARA confeccionará a esos efectos, previa autorización que corresponda de la autoridad marítima relativa a la autorización para operar.

La pesca de subsistencia y la deportiva podrá ejercerse libremente, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones vigentes en la materia, en lo que fueren aplicables.

Los pescadores desde tierra con fines comerciales, deberán presentar su proyecto correspondiente con los requerimientos que DINARA considere del caso.

Los pescadores artesanales, deberán presentar en DINARA la solicitud correspondiente, de acuerdo a las exigencias que DINARA establezca por resolución y cumplir con las disposiciones de la autoridad Marítima para poder operar.

La DINARA llevará un registro de estos pescadores y sus embarcaciones.

La pesca o caza acuática que puedan corresponder al país por Convenios u otras formas de acuerdo de carácter internacional, a desarrollarse en áreas de la alta mar será asignada por DINARA ajustada a lo establecido en la presente ley, y demás normas vigentes y disposiciones internacionales que sobre el tema el país ratifique.

Artículo 17. (Sustanciación de los proyectos).- Los proyectos a que se hace referencia en el artículo anterior serán presentados ante DINARA conteniendo toda la información necesaria para su calificación. Al considerar los mismos DINARA tendrá en cuenta el número de barcos de la flota pesquera en operaciones, el esfuerzo de pesca consiguiente, el estado de los recursos, la infraestructura del puerto base seleccionado y toda otra consideración que estime oportuna para el mejor ordenamiento pesquero.

La aprobación de un proyecto por parte de DINARA habilitará al titular a obtener el correspondiente permiso de pesca o caza acuática. En su caso, la incorporación del o de los buques pesqueros a utilizar deberá cumplirse en los plazos y condiciones que se indicarán al efecto. Dicho plazo podrá ser prorrogado por una sola vez si a juicio de la DINARA las circunstancias invocadas dieren mérito para ello.

Los proyectos de sustitución de buques pesqueros deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

A) Similar poder de pesca entre la unidad a sustituir y la sustituta.

B) Si la unidad a sustituir tiene asignado cupo de captura, el mismo será tomado en cuenta como referencia para el nuevo buque, teniendo en consideración además el estado de las especies objetivo.

C) Si el buque a ser sustituido no tiene cupo asignado, al sustituto se le asignará un cupo que no supere las capturas históricas de la especie objetivo de la unidad a sustituir, teniendo en cuenta la situación actualizada de esos recursos.

D) Las posibles modificaciones tecnológicas que contribuyan a un mejor aprovechamiento de los recursos pesqueros (artes y equipos de pesca, tecnología de procesamiento, disminución del descarte, etcétera).

La sustitución de un buque por otro, implica la reconsideración del proyecto original, con todos los aspectos analizados en el primer párrafo de este artículo.

Artículo 18.- La aprobación de proyectos podrá realizarse:

- A instancias de una persona física o jurídica.

- Por un llamado a licitación.

- Por concurso; o cualquier otro procedimiento idóneo que por razones de buena administración se disponga.

Se aprobarán por concurso, en respuesta a un llamado de DINARA, como resultado de la evaluación de méritos de los proyectos presentados; y por licitación mediante la convocatoria a interesados, la que culminará con la selección de la propuesta más conveniente a criterio de DINARA.

Cométese a DINARA la formulación de los pliegos o bases, convocatoria a interesados y la adjudicación con la consiguiente aprobación del proyecto.

En el caso de las pesquerías denominadas cerradas, cuando disminuya el esfuerzo de pesca por debajo del que permita obtener la captura total permisible, las vías para la aprobación de los proyectos serán exclusivamente las de la licitación o concurso.

Artículo 19. (Sustanciación de los permisos de pesca o caza acuática de carácter comercial).- Aprobado que haya sido por parte de DINARA el proyecto respectivo, el interesado presentará ante la DINARA la solicitud del permiso correspondiente.

La misma será acompañada de:

- Las constancias que acrediten que la embarcación que pueda emplearse está inscripta, matriculada y habilitada por la autoridad marítima para ejercer su actividad pesquera.

- De la ficha técnica de la embarcación, que será proporcionada por DINARA y debidamente suscrita por el interesado, la que tendrá carácter de declaración jurada y deberá ser actualizada toda vez que DINARA lo requiera.

En los casos que lo entienda pertinente DINARA podrá solicitar los antecedentes de las unidades pesqueras usadas a ser incorporadas, a los efectos de actuar contra la pesca ilegal, no controlada y no documentada. En estos casos los interesados deberán suministrar, de la unidad a incorporar, cuando así se solicite:

- El nombre actual y anterior.

- La señal de llamada actual y anterior.

- La bandera actual y anterior.

- Actuación pesquera anterior.

La DINARA está facultada para solicitar, que las unidades de pesca con permiso comercial, estén equipadas con un equipo de control satelital VMS (Vessel Monitoring System) (Sistema de Monitoreo de Buques) con capacidad de funcionar en forma continua, u otro equipo que en el futuro sea utilizado por las organizaciones internacionales para control de la pesquerías.

Previas las verificaciones que estime pertinente, DINARA substanciará la solicitud y la elevará debidamente instruida al Poder Ejecutivo para su aprobación y posterior emisión de la resolución correspondiente.

Otorgada por el Poder Ejecutivo la autorización solicitada, se remitirán las actuaciones a DINARA para su notificación al interesado y expedición del correspondiente permiso de pesca o caza acuática, previa inscripción del buque en el Registro General de Pesca y pago de la tasa cuando correspondiere.

Los titulares de permisos de pesca o caza acuática de carácter comercial, ya sean personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, deberán estar radicados en el país.

En las localidades en que no hubiera dependencias de DINARA, las solicitudes de permiso de pesca de pescadores desde tierra, de subsistencia y artesanales se presentarán ante Prefecturas o Subprefecturas locales quienes las cursarán directamente a DINARA para su tramitación. Así mismo se procederá para el Registro de deportivos.

Artículo 20.- Los permisos para el ejercicio de la pesca o caza acuática de carácter comercial contendrán, entre otras, la siguiente información:

A) Nombre, denominación o razón social del permisionario.

B) Individualización del buque para el cual se otorga el permiso de pesca, excepto para el caso del pescador desde tierra.

C) Descripción de los artes y equipos con los que efectuará sus operaciones.

D) Descripción del tipo de pesca o caza acuática a que habrá de dedicarse, especie objetivo y el sector de las aguas para el que será válido.

E) Procesamiento, transformación o tratamiento a bordo a que someterá la captura retenida.

F) Plazo dentro del cual habrán de iniciarse las actividades de explotación.

G) Cupo asignado a cada unidad de la especie o las especies objetivo señaladas en el permiso.

H) Plazo de vigencia y circunstancias en que podrá ser suspendido, revocado o caducado.

I) Identificación del puerto o puertos base o área geográfica en la que o desde donde realizará sus operaciones.

J) Las demás estipulaciones que el Poder Ejecutivo considere conveniente para el mejor aprovechamiento y preservación de las especies acuáticas.

Los registros de subsistencia y deportivos se ajustarán a los extremos precedentes, en todo cuanto fuere aplicable.

El permiso de pesca o su copia autenticada, tratándose de embarcaciones, deberá ser llevado a bordo; y en el supuesto de pescadores desde tierra, lo deberá exhibir en caso de serie solicitado.

Artículo 21. (Vigencia de los permisos).- Los permisos de pesca de carácter comercial, serán temporales, siendo su duración de 2 años, cuando se refieren a embarcaciones mayores de 3 TRB, o a pescador desde tierra con fines comerciales.

Los permisos de caza tendrán una duración que establecerá periódicamente o cuando sea necesario DINARA por resolución.

Los permisos de pesca y caza acuática son intransferibles bajo cualquier forma jurídica a partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 22. (Renovación de los permisos).- Las solicitudes para la renovación de los permisos de pesca o caza acuática de carácter comercial deberán presentarse con antelación a su vencimiento en formularios que al efecto confeccionará DINARA, las que debidamente instruidas serán elevadas al Poder Ejecutivo para su consideración.

DINARA no podrá dar trámite a solicitudes de renovación de permisos de pesca comercial, si el interesado no acredita encontrarse al día con sus obligaciones para con la misma, sin multas impagas, ni deudas por aportes de exportación.

Artículo 23. (Permisos para la pesca o caza acuática de carácter científico).- Los permisos para la pesca o caza acuática de carácter científico podrán ser solicitados a DINARA por personas o instituciones nacionales o extranjeras con fines de investigación o docencia, mediante la presentación de un proyecto donde deberá indicarse además de las especificaciones establecidas en la presente ley, las siguientes:

A) Características del buque afectado a tales actividades, descripción de sus equipos y relación nominal de los técnicos participantes.

B) Programa detallado de los estudios a ser realizados.

C) Indicación de las áreas a ser investigadas y el período de duración del trabajo.

D) Compromiso de presentar todos los datos y resultados obtenidos en la investigación o docencia realizada.

E) Compromiso de embarcar a su costo los técnicos que DINARA determine, durante el desarrollo del programa a fin de controlar las actividades previstas en el mismo.

Tratándose de buques de bandera extranjera, DINARA cursará la solicitud, previo informe, al Poder Ejecutivo a su concesión. Acordado que fuere, se enviarán los obrados respectivos a DINARA para su notificación, expedición del permiso respectivo e inscripción en el Registro instituido a estos fines.

El permiso de pesca de carácter científico, con las limitaciones que pudiera consignar la autorización respectiva, se otorgará por el tiempo indispensable para el cumplimiento del programa propuesto, que se apreciará en cada caso, y se podrá renovar previo informe favorable de DINARA.

En todos los casos de solicitudes de investigación por parte de extranjeros, se procederá:

- A procurar que sea realizada por el buque de investigación de bandera nacional.

- Preceptivamente, DINARA debe aprobar el plan de investigación.

- DINARA dispondrá los técnicos que considere necesario para participar directamente, en la investigación, incluyendo el embarque de los mismos en la unidad extranjera autorizada.

Artículo 24. (Permisos de pesca provisorios).- Facúltase a DINARA para otorgar permisos de pesca o caza acuática provisorios, precarios y revocables, por el término de sesenta días, prorrogables por iguales períodos, mientras se sustancian los permisos o sus renovaciones a que se refieren los artículos precedentes.

Una vez otorgado el permiso de pesca o caza acuática definitivo el solicitante dispondrá de un mes para retirarlo, contado a partir del día siguiente al de la notificación que realizará DINARA de la respectiva resolución del Poder Ejecutivo, La vigencia del permiso definitivo se retrotraerá a la fecha de otorgamiento del primer permiso provisorio.

Autorízase a DINARA a cobrar la primer cuota al momento de la incorporación del buque que ejecutará el proyecto aprobado y las cuotas subsiguientes que correspondiere, por la expedición del permiso de pesca o caza acuática o sus renovaciones, al momento de otorgar el primer permiso de pesca provisorio y a las cuotas subsiguientes hasta tanto el Poder Ejecutivo otorgue el permiso definitivo. DINARA podrá autorizar a los buques pesqueros nacionales, en forma precaria y revocable, la realización de pruebas de máquinas, equipos y artes de pesca, siempre que el mismo posea el certificado de navegabilidad expedido por la autoridad Marítima vigente, por un período no mayor de treinta días prorrogables por una sola vez.

Las capturas realizadas en dichas pruebas, serán entregadas a DINARA, para ser distribuidas a instituciones o centros públicos para consumo de personas.

De no ser aprovechables para consumo humano, se podrán distribuir a instituciones para alimentar animales.

Artículo 25. (Suplantación provisoria de buques pesqueros).- DINARA podrá autorizar con carácter precario y revocable la suplantación provisoria de buques pesqueros, ocasionalmente inoperativos por causas que a su juicio obedezcan a razones de fuerza mayor o casos fortuitos. Dicha suplantación provisoria tendrá un plazo no mayor de sesenta días, prorrogable por única vez por un lapso no superior al autorizado originalmente. Los buques pesqueros para los cuales se solicite acogerse a la presente disposición, deberán tener vigente su correspondiente permiso de pesca comercial.

La unidad de pesca sustituta deberá tener similares características técnicas que la suplantada, deberá realizar las capturas en idénticos términos y condiciones que aquella y no podrá sobrepasar el promedio de las capturas históricas de la unidad sustituida. DINARA fiscalizará el estricto cumplimiento de lo anterior al momento del desembarco de cada captura y el incumplimiento de este artículo será considerado agravante para la aplicación de las sanciones que pudieren corresponder y significará la revocación de autorización de la suplantación concedida.

Artículo 26. (Caducidad de los permisos para la pesca comercial).- Los permisos otorgados para la pesca comercial caducarán por cualquiera de los siguientes motivos:

A) Por incumplimiento grave de las obligaciones impuestas por la ley, sus reglamentaciones o las que hubiere determinado el Poder Ejecutivo en el permiso respectivo.

B) El cambio o arriado de la bandera del buque de pesca, indicado como parte integral de dicho Permiso, es considerado como desafectado, siendo causa de que el Permiso caduque de pleno derecho.

C) Por suspensión de las labores de explotación por más de ciento ochenta días consecutivos en el caso de buques de 10 o más TRB, período que por resolución de DINARA podrá ampliarse en el caso de ciertas pesquerías, particularmente de tipo zafral; de un año para embarcaciones entre 3 y 10 TRB, dos años para menores de 3 TRB.

Dichos criterios de caducidad regirán como norma general, salvo caso fortuito, fuerza mayor u otra razón fundada debidamente comprobada. En tal caso antes del vencimiento del plazo mencionado, el titular del Permiso deberá fundamentar probadamente las razones de su inactividad, así como aportar la documentación necesaria que justifique una pronta reactivación de la unidad.

En su caso, si DINARA considera aceptable las razones presentadas, fijará un nuevo plazo para el reinicio de la actividad.

En el caso de permisos de pesca que abarquen más de una pesquería, el titular del permiso deberá presentar por escrito anualmente a DINARA un cronograma de actividades que incluya el período de pesca de cada especie, objetivo y modalidad operativa. DINARA eliminará del permiso aquellas pesquerías que hayan suspendido sus labores por un lapso superior a los establecidos en este artículo.

La renovación del permiso de pesca no interrumpe el plazo de caducidad respectivo; la suplantación provisoria debidamente autorizada, interrumpe el plazo de caducidad del permiso.

D) Por vencimiento del plazo conferido en la presente ley para el retiro del permiso de pesca o caza acuática definitivo.

La responsabilidad sobre el uso de los permisos de pesca, es de la persona física o jurídica a la que le ha sido otorgado, involucrando el uso incorrecto a todos aquellos permisos que a la misma se le hubieren conferido, pudiendo caducar conjuntamente todos o parte de ellos según lo determinen las actuaciones que se lleven a cabo por DINARA.

Verificadas las causales de caducidad establecidas en este artículo, DINARA deberá elevar al Poder Ejecutivo el informe correspondiente para su expresa declaración.

Artículo 27.- Los permisos de pesca de carácter comercial para buques pesqueros de 10 o más TRB, se autorizarán por el Poder Ejecutivo teniendo en cuenta la especie objetivo y las características de los buques, según la siguiente clasificación:

- Categoría A: Su especie objetivo es la merluza hubbsi (Merluccius hubbsi).

Los buques que operen con este permiso de pesca, no lo podrán hacer en profundidades menores a los 70 metros, ni desembarcar especies costeras, en particular las declaradas plenamente explotadas. No se permitirá el desembarque de corvina, en tanto para otras especies, los porcentajes de tolerancia serán establecidos por resolución de DINARA.

- Categoría B: Sus especies objetivo son la corvina (Micropogon opercularis) y la pescadilla (Cestreus striatus).

- Categoría C: Esta categoría está dirigida a pesquerías cuyas especies objetivo no sean las de las categorías A y B. Los buques que utilicen artes de arrastre no están autorizadas a capturar las especies de las comprendidas en las categorías A y B. De hacerlo en forma incidental, DINARA fijará el porcentaje autorizado para cada caso, incluyendo la posibilidad que no se de tolerancia alguna.

En ningún caso se devolverán al mar los ejemplares capturados. Los mismos deberán se puestos a disposición de DINARA para ser distribuidos como se indica en el artículo 17 de la presente ley.

Estos buques podrán ejercer sus tareas solo en áreas acuáticas de jurisdicción nacional y Zona Común de Pesca del Tratado de Río de la Plata y Su Frente Marítimo, y en las Áreas Estadísticas de FAO 41 y 47.

Por resolución de DINARA los buques que operen dentro de esta categoría, serán ordenados por su modalidad de pesca y especie objetivo elegida.

- Categoría D: Los buques inscriptos en esta categoría están habilitados exclusivamente para operar fuera de las aguas jurisdiccionales de la República Oriental del Uruguay y de la Zona Común de Pesca establecida en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, incluyendo los que se habiliten a operar en aguas de la alta mar, aún dentro de áreas regidas por Convenciones u otro tipo de acuerdos.

Los pesqueros autorizados a operar en esta categoría deberán cumplir con las normas que emanen de los tratados y acuerdos internacionales que la República haya ratificado.

Artículo 28.- Por razones fundadas, DINARA podrá cambiar el contenido de las categorías de los Permisos, dando anuncio de no menos de ciento ochenta días para que ello sea aplicable, y con previa autorización del Poder Ejecutivo.

Los Permisos de categorías A y B, durante diferentes épocas del año, o por razones de escasa posibilidad de captura, pueden ser autorizados temporariamente por DINARA a reconvertir sus artes y tener actividad sobre otras especies, que DINARA deberá en cada caso determinar.

Artículo 29.- Cada titular podrá tener un solo permiso de pesca de una sola categoría, aplicable en cada unidad pesquera.

Artículo 30.- DINARA queda facultada para fijar, restringir o modificar los cupos de captura por especies, para los buques pesqueros de todas las categorías, teniendo en cuenta la modalidad de la pesca, la especie en cuestión y la interdependencia de las poblaciones.

Artículo 31.- Autorizaciones para industrializar o comercializar. Para ejercer al por mayor actividades de industrialización o comercialización, o ambas, de productos de la pesca o de la caza acuática en el territorio nacional, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, requerirán de una autorización del Poder Ejecutivo. En el caso de solicitudes para actividades de industrialización, la autorización prevista será gestionada previa aprobación por parte de DINARA del correspondiente proyecto.

Se considera solidariamente responsable a la persona física o jurídica titular de una autorización de industrialización al por mayor de productos de la pesca, con aquel que explote a cualquier título una planta pesquera bajo dicha autorización.

Las empresas dedicadas a actividades de industrialización serán calificadas anualmente desde el punto de vista técnico, acorde al tipo de actividad que realicen, ya sean éstas destinadas al mercado interno o a la exportación.

Cuando una planta industrializadora haya dejado de operar por un período mayor de un (1) año interrumpido, previa verificación, DINARA procederá a propiciar la revocación de la autorización respectiva, dándose de baja del registro correspondiente.

Artículo 32. (Sustanciación de los proyectos).- Los proyectos para ejercer la actividad a que se hace referencia en el artículo anterior, serán presentados ante DINARA con descripción de las actividades que se vayan a desarrollar y los requisitos que a tales efectos exija el Instituto.

La aprobación por parte de DINARA del proyecto, habilitará al titular a gestionar la correspondiente autorización para realizar al por mayor actividades dedicadas a la industrialización de los productos de la pesca o de la caza acuática.

Toda modificación del proyecto originalmente aprobado requerirá indefectiblemente el previo conocimiento y aprobación de DINARA.

Artículo 33. (Sustanciación de las autorizaciones).- DINARA analizará la solicitud y verificará, cuando corresponda, que la empresa solicitante se ajusta al proyecto y cumple con las condiciones técnicas sanitarias vigentes, elevándola al Poder Ejecutivo para su consideración. Otorgada que fuere la autorización, se remitirán los obrados respectivos a DINARA a los efectos de su notificación y expedición, procediéndose a la inscripción en el registro correspondiente.

Artículo 34. (Autorizaciones provisorias).- Facultase a DINARA para otorgar autorizaciones de industrialización o comercialización al por mayor de productos de la pesca o de la caza acuática provisorias, precarias y revocables, por el término de noventa días, prorrogable por una sola vez, mientras se substancien las autorizaciones a que se refieren los artículos precedentes.

La vigencia de la autorización definitiva se retrotraerá a la fecha de la primera autorización provisoria.

CAPÍTULO V

TRIBUTOS

Artículo 35. (Por inspecciones técnicas, expedición de permisos para la pesca comercial y por Contralor de Higiene v Sanidad, expedición de documentos aptos cara comercialización de acuerdo a normas internacionales a las cuales esté adherida la República).- DINARA percibirá tasas por la realización de las actividades específicas de registro y control y por la expedición de los permisos y autorizaciones respectivas para la actividad pesquera.

El Poder Ejecutivo, a propuesta de DINARA, determinará anualmente el monto de las tasas por expedición de permisos de pesca comercial para buques de bandera nacional mayores de 10 TRB.

Igualmente determinará el monto de las tasas por expedición de Permisos para embarcaciones mayores de 3 TRB y menores de 10 TRB.

Las embarcaciones pesqueras de los pescadores de subsistencia estarán exoneradas del pago de derechos por los conceptos expresados.

Para establecer los costos de los permisos de pesca, que habiliten para ejercer actividades de tipo comercial, DINARA tendrá en cuenta distintas variables según criterios de explotación, los que determinará para cada categoría.

Destínase del producido de la recaudación establecida en el artículo 294 de la Ley Nº 16.736 para atender los costos del Servicio de Inspección Higiénico Sanitario para productos de la Pesca, con la finalidad de atender las actividades durante los días feriados, inhábiles y fuera de horario de funcionamiento de Oficina, lo que reglamentará DINARA.

Los permisos de pesca para operar sobre especies reguladas por organismos Internacionales a los cuales la República haya adherido, abonarán un canon según trate, acorde con el cupo en toneladas y por especie, asignado por unidad pesquera, y teniendo en cuenta los compromisos que la adhesión exija. El producido será destinado al pago de membresías, participación correspondiente, gastos de traslados y viáticos de delegaciones, y demás costos que se consideren necesarios para cumplir con las exigencias de la participación nacional en el organismo Internacional a que refiera.

CAPÍTULO VI

CONTRALORES

Artículo 36.- Todos los órganos dependientes del Poder Ejecutivo deberán coadyuvar en las tareas de vigilancia y fiscalización del cumplimiento de la presente ley y demás normas legales y reglamentarias que regulan el sector pesquero, cuando ello les fuere requerido por las autoridades encargadas de su aplicación o cuando constataren violación a las normas vigentes o actos que afecten a las especies acuáticas. Comprobada una infracción, el funcionario interviniente labrará un Acta circunstanciada, dejando la debida constancia, la que será leída al o a los involucrados, quienes podrán formular las observaciones que estimen sobre el particular. Si el infractor se negara a firmar, el funcionario dejará la debida constancia.

Los funcionarios de DINARA con tareas de fiscalización y vigilancia tendrán libre acceso en cualquier momento a los buques pesqueros y en general a todos los establecimientos y locales donde se depositen, industrialicen o comercialicen los productos de la pesca o de la caza acuática, con las limitaciones previstas en el artículo 11 de la Constitución de la República en lo que respecta a los ambientes destinados al hogar. Podrán asimismo intervenir los vehículos afectados al transporte de los mismos, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública en todos los casos que fuere necesario.

Los funcionarios de DINARA que cumplen tareas relacionadas al muestreo biológico, cuando así lo requieran, tendrán libre acceso en cualquier momento del desembarque, a muestras producto de la pesca o de la caza acuática, obtenidas por unidades de pesca o que se encuentren en general en establecimientos y locales donde se depositen, industrialicen o comercialicen dichos productos, a los efectos de obtener información biológica básica y de ser necesario, retirar muestras representativas para su análisis en laboratorio.

Artículo 37.- Los titulares o armadores de buques pesqueros de bandera nacional de 10 o más TRB deberán permitir el embarque de hasta dos observadores técnicos durante los viajes de pesca, cuando así lo solicite DINARA, a los efectos del contralor de las actividades de pesca, tales como observación de las maniobras, control de los descartes, uso de los artes de pesca, tratamiento de la captura, respeto de las normas de ordenación pesquera, etc., estando obligados a proporcionar alojamiento, alimentación y viáticos a tales observadores.

A efectos de que DINARA pueda disponer el embarque de observadores o inspectores, las empresas Armadoras de buques con permiso de pesca A y B comunicarán su salida con una anticipación no menor a dos días hábiles; con Permiso C y D, la comunicación será establecida por resolución de DINARA. Las comunicaciones se harán por medio que asegure su recepción. A los efectos del pago de viáticos, los mismos deberán ser depositados en la tesorería de DINARA dentro de los cinco días posteriores al arribo del buque a puerto.

De no cumplirse con este requisito, DINARA procederá a suspender el permiso de pesca correspondiente, hasta que se cumpla, pudiendo además establecer multas y recargos por el impago. Los observadores estarán subordinados al comando del buque, pero serán independientes de éste en aquellas operaciones que les sean encomendadas por DINARA, no pudiendo realizar ningún otro tipo de trabajo a bordo. Previo a la zarpada DINARA deberá comunicar a la empresa armadora dichas operaciones encomendadas, a los efectos de que ésta imparta las instrucciones correspondientes.

Artículo 38.- Será obligatorio para los patrones de pesca industriales o artesanales así como también para los pescadores desde tierra consignar los datos requeridos por los partes de pesca, en los formularios diseñados por DINARA a esos efectos. La información allí establecida deberá ser veraz y completa. El incumplimiento será considerado como falta grave.

Los partes de pesca serán entregados en DINARA o en la dependencia de la Prefectura Nacional Naval más próxima.

A) Para buques pesqueros de 10 o más TRB deberán ser entregados al término de cada viaje, antes de comenzar las descarga, para lo cual se dará aviso a DINARA con una antelación que DINARA fijará por resolución, al arribo del buque al puerto nacional donde se efectuará la descarga.

B) Los pescadores artesanales con embarcaciones de 3 TRB o más, entregarán su Parte de Pesca en el plazo que por resolución disponga DINARA.

C) Los pescadores desde tierra entregarán los partes de pesca correspondientes, en el plazo que por resolución disponga DINARA, luego de finalizar su labor diaria, en el destacamento de Prefectura Naval o Policía de la zona.

D) Los pescadores de subsistencia con embarcación o desde tierra, podrán entregar partes de pesca voluntariamente.

La infracción a esta obligación en el caso de patrones de buques pesqueros de más de 10 TRB será considerada falta grave a los efectos de la aplicación de la normativa vigente.

En el caso de embarcaciones de pesca artesanal y pescadores desde tierra, la no entrega del Parte de Pesca traerá aparejada la suspensión preventiva del registro correspondiente.

Las autoridades marítimas receptoras de los partes de pesca deberán remitir los mismos lo antes posible a DINARA en forma directa, no sobrepasando los quince días.

Artículo 39. (Contralor sanitario).- DINARA es la autoridad oficial sanitaria competente para la habilitación y control de buques pesqueros, plantas pesqueras, depósitos o transportes de productos de la pesca o de la caza acuática, realizando para ello las inspecciones, auditorias y análisis necesarios. El control sanitario a su cargo comprende además toda la actividad pesquera e industrial derivada en todos sus aspectos: materias primas, insumos, procesos y subproductos, sistemas de acopio, medios de transporte y de distribución o comercialización, cualquiera fuere su destino.

DINARA es la única autoridad sanitaria oficial competente de la actividad pesquera para actuar a nivel internacional y expedir los certificados que a tales efectos se requieran.

Será también el organismo oficial competente del control de calidad comercial de los productos pesqueros y de la caza acuática, toda vez que ello sea requerido o cuando lo estime conveniente, en salvaguardia de los intereses de la industria del sector. Cuando corresponda coordinará sus actuaciones con los organismos nacionales con competencias concurrentes.

DINARA atenderá con sus sistemas de control, las normas directrices o recomendaciones emanadas de organismos internacionales (FAO-OMS, Codex Alimentarius, etcétera), con los cuales el país suscriba tratados o adhesiones, las cuales deberán ser validadas, registradas y auditadas por el organismo.

Todos los aspectos relativos al contralor sanitario se regirán por lo dispuesto en el decreto respectivo referente al reglamento higiénico-sanitario de la actividad pesquera.

Artículo 40. (Importaciones). La Dirección Nacional de Aduanas permitirá el ingreso de los productos de la pesca o de la caza acuática al territorio nacional contra entrega de la autorización definitiva de DINARA.

Los productos y subproductos de la pesca o de la caza acuática importados, no podrán ser retirados de los depósitos fiscales para consumo interno, sin previa inspección sanitaria de DINARA. Dicha inspección deberá cumplirse en los plazos que en cada caso determine el organismo.

Artículo 41.- DINARA es el organismo oficial competente en ejercer el control sanitario de especies acuáticas vivas, cualquiera sea su etapa de desarrollo, que ingresen o salgan del país a nivel nacional y el único habilitado para expedir válidamente los certificados que a nivel internacional se requieran.

Artículo 42.- Las autoridades aduaneras solo liberarán la salida o entrada del o al territorio nacional, por cualquier medio de transporte, de productos provenientes de la pesca o de la caza acuática que tengan la intervención preceptiva de DINARA, sean estos productos de exportaciones o importaciones nacionales o productos en tránsito. También será preceptiva la intervención sanitaria de DINARA en aquellos productos pesqueros ingresados al país bajo el régimen de admisión temporaria.

Artículo 43.- DINARA será el organismo oficial competente para todas las actuaciones de control y vigilancia de las actividades vinculadas a la pesca o caza acuática, que deriven de acuerdos o tratados internacionales con Estados u organismos internacionales de los cuales el país sea miembro.

CAPÍTULO VII

REGISTROS

Artículo 44.- DINARA llevará el Registro General de Pesca, que constará de las siguientes secciones:

A) Registro de buques de matrícula nacional, con permisos para la pesca y caza acuática de carácter comercial:

1) De 10 o más TRB.

2) De más de 3 TRB y menores de 10 TRB.

B) Registro de buques de matrícula extranjera con permisos para la pesca o la caza acuática de carácter comercial.

C) Registro de buques nacionales y extranjeros con permisos para la pesca la caza acuática de carácter científico.

D) Registro de pescadores desde tierra.

E) Registro de empresas con autorización para industrializar al por mayor productos de la pesca o de la caza acuática.

F) Registro de empresas con autorización para comercializar al por mayor productos de la pesca o de la caza acuática.

G) Registro de empresas de almacenamiento o transporte al por mayor, de productos de la pesca o de la caza acuática.

H) Registro de acuicultura.

I) Registro de buques y empresas infractores.

J) Registro de proyectos aprobados.

K) Registro de pescadores de subsistencia.

L) Registro de empresas que adquieran o exporten lobos, leones marinos y otros pinnípedos vivos, así como los locales donde se confinan éstos previo a la exportación o con otros fines.

M) Registro de Organizaciones no Gubernamentales, fundaciones y otras formas de organizaciones vinculadas al rescate, atención sanitaria, rehabilitación y posterior liberación de especies marinas, incluyendo aves y mamíferos marinos.

DINARA podrá reestructurar las áreas relacionadas o crear otras nuevas, pudiendo solicitar toda vez que lo estime necesario, la información que considere pertinente a fin de mantener actualizado el Registro General de Pesca, revistiendo la respuesta carácter de declaración jurada.

CAPÍTULO VIII

ORDENAMIENTO PESQUERO

Artículo 45.- DINARA, por medio de resolución, cuando el grado de explotación de un determinado recurso o conjunto de recursos lo haga necesario, y teniendo en cuenta las modalidades de la pesca o caza acuática, la interdependencia de las poblaciones y los estudios técnico-científicos, podrá declarar que se encuentran plenamente explotados.

En estos casos no se otorgarán nuevos permisos de pesca o caza acuática para esos recursos, con las previsiones que a continuación se expresan, Y se declarará a la pesquería o cacería acuática cerrada.

La declaración quedará firme, hasta que por otra resolución se disponga lo contrario.

En el caso de pesquerías o cacerías declaradas cerradas, cuando disminuya el esfuerzo de pesca o caza acuática por debajo del que permita obtener la captura total permisible, DINARA podrá, mediante el procedimiento de licitación o concurso, llamar a interesados en la presentación de proyectos técnicos que establezcan niveles de explotación óptimos para el recurso en cuestión. Los proyectos que se aprueben en estas condiciones confieren a sus titulares el derecho a obtener por parte del Poder Ejecutivo un permiso de pesca o caza acuática, siempre y cuando se haya dado cumplimiento a los plazos y demás condiciones establecidas por la administración.

Artículo 46.- DINARA queda facultada para establecer la Captura Total Permisible, en toda oportunidad que las condiciones de las diferentes especies u otros factores varíen y lo hagan necesario, aún afectando a Cupos asignados en permisos de pesca librados con anterioridad.

DINARA, podrá modificar el porcentaje de capturas incidentales en la captura total, especialmente para especies declaradas en sobre explotación.

DINARA retirará las capturas no autorizadas, dándole destino a consumo directo en centros de alimentación, hospitales, etcétera.

Artículo 47.- Se deberá tener en cuenta las disposiciones referidas a la actividad sobre los Recursos Vivos Acuáticos, establecidas por organismos Internacionales vinculados por Convenios u otras formas de acuerdo con la República.

Artículo 48.- DINARA, podrá establecer áreas y épocas de veda, destinadas a proteger los recursos acuáticos en el transcurso total de su desarrollo o en determinados períodos del mismo. Dichas áreas de veda también podrán ser establecidas por otras razones biológicas o por motivos turísticos.

Dichas resoluciones quedarán firmes hasta que por otra resolución se determine lo contrario.

Artículo 49.- En casos de emergencias sanitarias que pudieran provocar afectación a la salud humana por la aparición de "marea roja", floraciones algales y otros organismos potencialmente patógenos o agentes contaminantes en el agua o en especies acuáticas de consumo humano, DINARA queda facultada para adoptar las medidas de emergencia pertinentes en salvaguardia de la salud pública, dando cuenta posteriormente al Poder Ejecutivo y demás organismos públicos competentes en el tema.

Artículo 50.- Prohíbese el empleo de redes de arrastre de cualquier tipo para la pesca en una franja de aguas costeras de siete millas náuticas de ancho, en todo el litoral fluvial y marítimo de la República, excepto desde el meridiano que pasa por el Puerto de Piriápolis, hasta el límite lateral marítimo con la República Federativa del Brasil, que la franja será de 5 millas náuticas.

Otras posibles excepciones a esta disposición, serán establecidas por resolución expresa de DINARA.

DINARA podrá modificar la amplitud de las franjas de prohibición de pesca al arrastre, en sectores y por períodos determinados, entre un mínimo de cinco millas marinas y un máximo que no podrá superar el límite exterior de la franja de jurisdicción exclusiva estipulada en el artículo 2º del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.

Artículo 51.- Las artes de pesca autorizadas, serán establecidas por DINARA mediante resolución a tal fin, teniendo en cuenta las diferentes áreas de pesca, especies, tallas, y otras consideraciones que correspondan.

Artículo 52.- Se presume que la sola presencia a bordo de un arte o un paño no autorizados, configura infracción a las normas reglamentarias, y consecuentemente se aplicarán las medidas sancionatorias que correspondan.

Artículo 53.- Se prohíbe la actividad pesquera en todo el ámbito acuático de la República, mediante las siguientes modalidades:

A) Empleo de redes de deriva.

B) Uso de explosivos.

C) Sustancias tóxicas.

D) Trasmallos (redes de enmalle de dos o tres paños superpuestos).

E) Sistema de apaleo para incrementar las capturas con redes de enmalle.

F) Toda otra que se disponga por resolución de DINARA.

Se prohíbe la devolución a las aguas, de toda carga una vez capturada.

Artículo 54.- Los pescadores desde tierra, de subsistencia y artesanales únicamente podrán calar o extender a través de un curso de agua, redes de enmalle, trampas u otros artes de pesca que impiden o dificultan el libre paso de los peces, cuyas longitudes sean inferiores a 1/4 del ancho de dicho cauce donde se lleven a cabo las operaciones de pesca. Se extiende esta consideración también a la pesca industrial, incluyendo a la extracción con fines de acuarismo.

En algunos cursos de agua en donde la distancia entre márgenes sea inferior a 20 metros, no se podrá usar redes de tipo alguno.

Tampoco podrán calar o extender redes de enmalle, trampas u otras artes de oclusión frente a la desembocadura de cursos de agua (ríos, arroyos, lagunas costeras, etcétera) en una distancia menor a 200 metros de la misma y en el área correspondiente a la proyección en arco sobre la costa de esta distancia tomada desde ambas márgenes de la desembocadura.

Las artes de pesca o conjuntos alineados de éstas, deberán estar separadas entre sí por una distancia mínima de 500 metros a lo largo del curso de agua.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto anteriormente, se entenderá que la infracción es atribuible al pescador que haya calado en último término alguno de los artes de referencia.

Facúltase a DINARA a reglamentar otras normas correspondientes al uso de las redes de trampas, redes de enmalle y otras artes en ecosistemas acuáticos que así lo requieran.

En todos los casos, el incumplimiento traerá aparejado el retiro del arte de pesca no autorizado, sin devolución posterior.

Artículo 55.- Se prohíbe la pesca bajo cualquier modalidad, en todas las represas del territorio nacional hasta 1 km (un kilómetro) aguas abajo de las mismas.

Artículo 56.- Las medidas de tallas mínimas autorizadas para diferentes especies, serán fijadas por resolución de DINARA, incluyendo el período que abarca la determinación, o la forma de variar lo dispuesto mediante una nueva resolución.

DINARA procederá a establecer un porcentaje de tolerancia de medidas de talla inferiores a las autorizadas, sobre el peso total de desembarque de la especie objetivo, indicando el período de duración de la medida, así como la forma de variación o permanencia. A su vez DINARA establecerá por resolución la medida mínima de los ejemplares para ser considerados dentro de la tolerancia.

A los productos procesados a bordo, se le aplicarán factores de conversión a ser determinados por DINARA, tendiente a obtener la longitud total del ejemplar entero y su peso vivo. En el caso de pescadores desde tierra, las medidas mínimas mencionadas regirán únicamente para la comercialización.

Artículo 57.- Los productos de la pesca deportiva, que solo serán obtenidos con artes o embarcaciones apropiadas al efecto, no podrán ser objeto de transacciones comerciales, salvo que medie autorización expresa de DINARA, la cual la concederá cuando su producido fuera destinado a finalidades benéficas o en otras circunstancias análogas de excepción. No se podrán introducir en la República artes o equipos de carácter no deportivo, ni embarcaciones no idóneas a esos fines.

DINARA por resolución establecerá las artes que podrán ser empleadas desde tierra o por medio de embarcaciones idóneas.

La utilización de cualesquiera otras artes fuera de las especificadas, hará presumir el carácter comercial de la pesquería y la sujetará a las prescripciones vigentes para éste tipo de actividad.

Artículo 58.- El producto de la pesca deportiva solo podrá salir del país dentro de los límites admitidos por las reglamentaciones de DINARA y aduaneras en vigor, o en cuanto excediera las mismas mediante autorización específica que otorgará DINARA, consideradas las circunstancias del caso, la cual será exhibida a la Aduana encargada del contralor de entrada y salida pertinente.

Toda otra salida de productos de la pesca del territorio nacional deberá sustanciarse como una exportación de producción nacional, sujeta a la normativa vigente.

Artículo 59.- Se prohíbe el trasbordo del producto de la pesca o caza acuática a cualquier otro buque, ya sea en puerto o dentro de las aguas jurisdiccionales de la República, ni en la alta mar.

El Poder Ejecutivo podrá conceder el permiso de trasbordo, a quien previamente solicite ante DINARA, acreditando razones técnicas y siempre que el producto de la pesca o caza acuática tenga destino a puertos nacionales, y con intervención de las autoridades marítimas, aduaneras y sanitarias.

En caso de productos de la pesca o de la caza acuática en tránsito, se permitirán los transbordos en puerto, previa comunicación de los interesados a las autoridades competentes y con intervención de las mismas, sin perjuicio de la preceptiva de DINARA.

CAPÍTULO IX

MAMÍFEROS MARINOS

Artículo 60.- El régimen general regulador de la pesca, instituido en la presente ley y demás normas reglamentarias es extensivo a todas las especies de mamíferos marinos (cetáceos y pinnípedos) cuya conservación, preservación y los más amplios poderes de policía en todas las costas, islas yaguas de jurisdicción nacional, competen a DINARA.

Artículo 61.- En ejercicio de los cometidos asignados a DINARA tendrá entre otras, el control, manejo y administración de la explotación del recurso "mamíferos marinos" en sus diferentes modalidades.

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 62. (Infracciones y sanciones).- Según la gravedad del caso, las Empresas Armadoras, propietarias o arrendatarias de buques pesqueros o plantas industriales, infractores a la presente ley y sus reglamentaciones, serán pasibles:

A) De multas graduales discrecionalmente por la autoridad de aplicación de la presente ley, dentro de los límites que anualmente fijará el Poder Ejecutivo.

B) Del decomiso de los productos en infracción.

C) De la pérdida de las artes y equipos utilizados para la pesca o caza acuática.

D) De la suspensión del permiso de pesca o caza acuática.

E) De prohibición de salida de las unidades infractoras.

F) De la caducidad del permiso de pesca o caza acuática.

G) De la suspensión de autorización industrial o comercial y clausura de los establecimientos respectivos.

H) De la caducidad de la autorización industrial o comercial.

Las sanciones referidas precedentemente, podrán ser acumulativas y lo serán sin perjuicio de las sanciones penales o fiscales que eventualmente pudieran corresponder.

Los procedimientos serán ajustados a lo previsto en los artículos 6º, 7º y 8º de la presente ley.

Artículo 63.- Cuando se trate de una infracción en el transporte de una carga, se aplicará lo que corresponda de acuerdo a los artículos 6º, 7º, 8º y 62 de la presente ley.

Artículo 64.- Cuando la responsabilidad de la infracción sea producto de la actitud o participación del Capitán, Patrón, u otro participante de la misma, DINARA remitirá a la autoridad correspondiente las actuaciones, a fin de que se determinen las responsabilidades y consecuencias.

Las personas sancionadas por la comisión de delito de la Pesca o Caza acuática, quedan inhabilitadas para ejercer actividad que requiera tener permiso de pesca, hasta tanto la autoridad que corresponda no de aviso a DINARA de su cancelación.

Artículo 65.- A tal efecto, se procederá en la siguiente forma:

1) Se establece un sistema de evaluación y proceso de sanciones, actuando por medio de un Tribunal de Faltas y Sanciones, integrado por un representante de DINARA, que la presidirá, un técnico de DINARA, que será convocado por la especialidad sobre la cual trata el caso a considerar, un asesor legal de DINARA, y un representante del sector privado, que será convocado de acuerdo a la causa que se considerará, entre Armador o de la industria pesquera.

2) DINARA elevará el reglamento de funcionamiento del Tribunal a consideración del Poder Ejecutivo, antes de treinta días de promulgada la presente ley, quién lo establecerá por resolución.

3) Quedan comprendidas dentro de las facultades del citado Tribunal, las actividades que refieren a la pesca, la caza acuática, la acuicultura, la extracción de recursos acuáticos cualquiera sea la modalidad, las acciones sobre flora acuática, aves acuáticas y toda otra situación que esté dentro de las competencias asignadas por ley a DINARA.

4) Este Tribunal tomará las medidas preventivas y cautelares que considere necesario, de acuerdo a lo que establecen las disposiciones de esta ley.

5) El producido de las multas, decomisos etc. será destinado como sigue, y administrado por DINARA:

A) 40% (cuarenta por ciento) para sostener el sistema de control.

B) 30% (treinta por ciento) para investigación dentro de las competencias de DINARA.

C) 10% (diez por ciento) para funcionamiento del Tribunal.

D) 20% (veinte por ciento) para ser distribuido solo entre el personal actuante en forma directa que detecta la infracción.

En lo referente a buques pesqueros de bandera extranjera, se regirán por las disposiciones vigentes dictadas por el Poder Ejecutivo.

Artículo 66. (Comercialización).- Autorízase a DINARA a comercializar semillas de peces, mamíferos marinos, así como otros organismos acuáticos, remitiéndose en cuanto a precios a los que fije el Poder Ejecutivo, a sugerencia de DINARA.

Artículo 67.- Sin perjuicio de las normas vigentes sobre áreas protegidas, será responsabilidad de DINARA la orientación, asesoramiento, fomento, desarrollo, ordenamiento, administración y control de las actividades que con respecto a la pesca o a la caza acuática se realicen en dichas áreas, a fin de un mejor ordenamiento pesquero Y una correcta administración de los recursos acuáticos existentes tendiente al logro de una captura sostenible en el largo plazo.

Artículo 68.- Los buques pesqueros de bandera nacional deberán desembarcar la captura en puertos de la República y solo excepcionalmente y por razones fundadas DINARA podrá autorizar su desembarco fuera del territorio nacional.

Los buques pesqueros con permiso de pesca C y D podrán desembarcar en puertos extranjeros siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

A) Estará presente un Inspector de DINARA en el momento de la descarga, para lo que se dará aviso con la anticipación necesaria por parte del interesado, para asegurar la presencia de dicho inspector.

B) El Parte de Pesca en este caso será entregado al Inspector actuante.

C) El buque haya operado con observador a bordo, designado por DINARA y haya tenido funcionamiento permanente de VMS.

D) Los costos de traslados, estadías viáticos del o de los funcionarios actuantes, serán a cargo de la Empresa, debiendo ajustarse a lo previsto en la presente ley, tomando relación con la fecha de descarga del buque solicitante.

E) Certificación de la autoridad marítima, que se ha procedido a cumplir con las disposiciones de control sobre su navegación.

F) Certificación de la autoridad Marítima del cumplimiento de las disposiciones laborales vigentes.

G) Certificación de otros organismos estatales de cumplimiento de aportes u otros tributos.

Los buques con Permiso C podrán desembarcar en iguales condiciones, siempre que su actividad de pesca haya sido realizada fuera de las aguas jurisdiccionales de la República y de la Zona Común de Pesca establecida en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.

CAPÍTULO XII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS,
VIGENCIA Y DEROGACIONES

Artículo 69.- El Poder Ejecutivo establecerá las disposiciones que considere necesarias para el funcionamiento de DINARA dentro de un plazo de sesenta días de promulgada la presente ley.

Artículo 70. (Derogaciones).- Deróganse los Decretos de fechas 12 de setiembre de 1919 y de 7 de febrero de 1929; el artículo 5º del Decreto 540/71, de 26 de agosto de 1971; y los Decretos Nos. 711/71, de 28 de octubre de 1971; 578/979, de 10 de octubre de 1979; 622/80, de 26 de noviembre de 1980; 278/82, de 5 de agosto de 1982; 15/983, de 12 de enero de 1983; 799/987, de 30 de diciembre de 1987; 75/89, de 22 de febrero de 1989; 410/989, de 31 de agosto de 1989; 456/989, de 27 de setiembre de 1989; 242/90, de 30 de mayo de 1990; 32/90, de 20 de noviembre de 1990; 398/91, de 31 de julio de 1991; 439/91, de 20 de agosto de 1991; 692/991, de 17 de diciembre de 1991; 150/992, de 6 de abril de 1992; 512/92, de 20 de octubre de 1992; 513/992, de 20 de octubre de 1992; 13/93, de 12 de enero de 1993; 280/995, de 26 de julio de 1995; 306/995, de 9 de agosto de 1995; 325/95, de 23 de agosto de 1995; 157/97; 149/97 y demás que se contrapongan a la presente ley.

Derógase la Ley Nº 13.833, de 29 de diciembre de 1969.

Montevideo, 13 de setiembre de 2004.

DANIEL GARCÍA PINTOS, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sector de la pesca y la acuicultura, con su desarrollo, su industrialización y el comercio de sus productos, han configurado un volumen económico de gran importancia de la economía nacional, ocupando el cuarto lugar en las estadísticas que recogen los resultados económicos de los diferentes rubros que la componen, lo que obliga al establecimiento de un marco normativo, que contenga los principios generales del régimen político, administrativo y jurídico, que ordene el manejo de los recursos vivos acuáticos, patrimonio del Estado.

Coincidiendo con las recomendaciones del Código de Conducta para la Pesca Responsable, del Comité de Pesca de FAO, es pues el objeto de la ley, la regulación de la pesca, la caza acuática y la acuicultura, competencia exclusiva del Estado, en procura de una explotación de los recursos, basada en su protección, tendiente a lograr un desarrollo sostenible, mediante una actividad conducida por el control de una explotación racional y responsable, de modo que se consiga el óptimo rendimiento, así como el óptimo empleo de los factores de producción, favoreciendo la rentabilidad y las condiciones económicas y sociales.

La investigación es el instrumento que permitirá orientar el diseño de una política y administración de los recursos, adecuando la actividad extractiva a las verdaderas disponibilidades existentes, sin depredar, aprovechando toda especie que tenga interés industrial y comercial.

El hecho de tratarse de una política y administración de los recursos vivos acuáticos, hace que la investigación revista una importancia capital, para conocer los factores biológicos y naturales, que influyen en la abundancia de las poblaciones de los recursos, sus interacciones, entre las diferentes especies y con el medio en que habitan, así como conocer el índice de mortalidad natural, épocas, zonas de captura, áreas de desove y demás modalidades que permiten obtener los valores reales de las disponibilidades.

La participación del Estado, por medio de buques de su bandera, en las áreas marítimas internacionales, obliga a tener control sobre las actividades, atendiendo a las normas internacionales a las que la República ha adherido.

La Convención del Mar, el Código de Conducta para una Pesca Responsable, el Plan de Acción para Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Documentada y No Controlada, entre otros instrumentos, hace necesario una centralizada dirección, única y capaz de cumplir con una única directiva emanada del Poder Ejecutivo.

El control, el régimen sancionatorio, competencia exclusiva del Estado, debe estar permanentemente apropiado a los factores actuales, manteniendo su adecuación al ritmo de los compromisos internacionales, al desarrollo del sector y al avance de la técnica, así como a la realidad del propio recurso.

A las disposiciones de la ley, quedará sometida la preservación de los recursos vivos acuáticos, la actividad pesquera extractiva, la acuicultura y la investigación en aguas interiores y marítimas, públicas y privadas, así como la utilización de la bandera nacional en buques pesqueros que desarrollen su actividad fuera de las áreas jurisdiccionales de la República.

Según informe del año 2002 de técnicos especializados de la FAO, el sector pesquero uruguayo, contribuye a la economía nacional, generando empleo directo de personal embarcado, trabajadores de plantas y demás actividades conexas, en un número superior a las 9.000 personas, aportando además un saldo favorable en el balance comercial de productos del sector (en 2003 se exportaron por unos US$ 123.000.000 y se importaron por aproximadamente 15) y una oferta creciente de productos pesqueros al mercado interno, que aún debe ser considerada insuficiente comparada con las posibilidades y necesidades alimentarias de la población.

Para que la implementación de política y administración sea efectiva, se deberá contar en tiempo oportuno con un marco legal y simplificado que ofrezca capacidad de gestión y propicie una efectiva administración y desarrollo del sector, permitiendo ejercer las funciones de acuerdo con la especificidad, nivel técnico y fuerza legal necesarios.

Debe tenerse en cuenta la alta preocupación internacional sobre los estados mundiales de las pesquerías, no desconociendo la presión que se ejerce con respecto a la conservación y sostenibilidad de los recursos naturales, hechos consagrados en los principales instrumentos internacionales, tales como el Código de Conducta Para la Pesca Responsable y otros, lo que impone responsabilidades adicionales que obligan a los gobiernos, a través de sus autoridades pesqueras, a responder y actuar con prontitud y eficacia, ante diversas situaciones que a diario se presentan en un sector tan particular como el pesquero.

El marco internacional de referencia descrito, condiciona la actividad pesquera nacional y obliga a sus autoridades a estar presentes con sólidos argumentos científicos, técnicos y políticos, en defensa de los intereses nacionales y en especial del sector pesquero.

El objetivo de aumentar la contribución del sector pesquero a la economía y a la sociedad, dentro de un marco regulatorio de los recursos, constituye un desafío muy importante en términos de administración pesquera y una certera política de conducción, capaz de acompañar en tiempo y forma, las variables de una actividad, principal en el concierto nacional e internacional, que constituye uno de los factores de mayor esperanza en la alimentación humana, en la oportunidad de generar empleos y obtener beneficios económicos para el Estado.

Montevideo, 13 de setiembre de 2004.

DANIEL GARCÍA PINTOS, Representante por Montevideo".

B) "INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES QUE ALCANZAN A LOS SEÑORES REPRESENTANTES. (Se dispone que los servicios administrativos de la Cámara de Representantes las pondrán en conocimiento de los mismos en forma fehaciente).

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

1º) Al ser convocados los señores Representantes Nacionales a integrar la Cámara de Representantes, los servicios administrativos pondrán en conocimiento de éstos, en forma fehaciente, las incompatibilidades y prohibiciones constitucionales y legales dispuestas para el ejercicio de su cargo.

2º) El señor Representante Nacional, ya sea en su condición de titular y los suplentes respectivos en oportunidad de ser convocados por la Cámara, firmarán una declaración jurada (sujeta a las consecuencias previstas en el artículo 239 del Código Penal), donde establecerán el no estar comprendidos en alguna de las prohibiciones y/o incompatibilidades que se le detallarán.

3º) El presente régimen comenzará a aplicarse a partir del 15 de febrero del año 2005.

Montevideo, 13 de setiembre de 2004.

MARÍA NELBA IRIARTE, Representante por Montevideo, TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI, Representante por Canelones, ALBERTO PERDOMO, Representante por Canelones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Visto lo previsto en el artículo 91 de la Constitución de la República, el cual establece quiénes, en razón de los cargos que desempeñen, serán incompatibles con la función de ser Representantes Nacionales.

Frente a la finalización del actual período legislativo, sería procedente reglamentar la instrumentación de las convocatorias de los señores Representantes Nacionales para integrar la Cámara de manera de evitar situaciones previstas en el referido artículo.

Montevideo, 13 de setiembre de 2004.

MARÍA NELBA IRIARTE, Representante por Montevideo, TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI, Representante por Canelones, ALBERTO PERDOMO, Representante por Canelones".

4.-     Inasistencias anteriores.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 51)

——Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión extraordinaria realizada el 8 de setiembre de 2004:

Con aviso: Mario Amestoy, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Raquel Barreiro, Juan José Bentancor, José Betancor Mosca, Daniel Bianchi, José Luis Blasina, Eduardo Bonomi, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, Lucio Cáceres, Brum Canet, Julio Cardozo Ferreira, Ruben Carminatti, Yamandú Castro, Ricardo Castromán Rodríguez, Mariella Demarco, Ruben H. Díaz, Daniel Díaz Maynard, Silver Estévez, Ricardo Falero, Daniel García Pintos, Gabriela Garrido, Orlando Gil Solares, Gustavo Guarino, Doreen Javier Ibarra, Luis M. Leglise, Diego Martínez, José Homero Mello, Felipe Michelini, Andrés Oribe, Francisco Ortiz, Edgardo Ortuño, Gustavo Osta, Gabriel Pais, Ronald Pais, Jorge Pandolfo, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Álvaro Pérez, Enrique Pérez Morad, Iván Posada, María Alejandra Rivero Saralegui, Glenda Rondán, Eduardo Rubio, Adolfo Pedro Sande, Alberto Scavarelli, Leonel Heber Sellanes, Gustavo Silveira, Daisy Tourné y Wilmer Trivel.

Sin aviso: Alberto Casas y Ramón Lorente

Inasistencias de Representantes a la sesión ordinaria realizada el 8 de setiembre de 2004:

Con aviso: Mario Amestoy, Daniel Bianchi, Enrique Pérez Morad, María Alejandra Rivero Saralegui, Gustavo Silveira y Daisy Tourné.

Sin aviso: Alberto Casas y Ramón Lorente.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Miércoles 8 de setiembre

ASUNTOS INTERNACIONALES

Con aviso: Álvaro Pérez Monza, Heber Duque y Jaime Mario Trobo.

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: Daisy Tourné y María Alejandra Rivero Saralegui.

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Con aviso: Daniel Bianchi.

Sin aviso: Alberto Casas.

SEGURIDAD SOCIAL

Con aviso: Héctor Gustavo Silveira Rodríguez.

TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

Con aviso: Aníbal Rondeau, Martha Montaner, Óscar Magurno y Stella Tucuna.

VIVIENDA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Con aviso: Julio Cardozo Ferreira y Raúl Argenzio.

Jueves 9 de setiembre

DERECHOS HUMANOS

Con aviso: Ambrosio Rodríguez.

Lunes 13 de setiembre

VIVIENDA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Con aviso: Julio Cardozo Ferreira y Raúl Argenzio.

ESPECIAL CON FINES LEGISLATIVOS SOBRE LAS SITUACIONES DE POBREZA

Con aviso: Glenda Rondán, Jaime Mario Trobo, Mariella Demarco y Ruben H. Díaz".

MEDIA HORA PREVIA

5.-     Solicitud de que se otorgue una pensión graciable al señor Anteo Dante Cocito.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Rodríguez Altez.

SEÑOR RODRÍGUEZ ALTEZ.- Señor Presidente: con fecha 16 de julio de 2004, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley relativo al otorgamiento de pensiones graciables a los deportistas uruguayos que obtuvieron medallas olímpicas.

Este proyecto, que fue aprobado por esta Cámara -inclusive, ese día se realizó un sentido homenaje que, por la vorágine del trabajo del Cuerpo, no tuvo todo el brillo que podría haber tenido-, implica sin duda un acto de estricta justicia, teniendo en cuenta el prestigio internacional que los deportistas mencionados han generado para nuestro país, tal como en su momento sucediera con los campeones del mundo de fútbol de 1950, quienes, al igual que el cuerpo técnico y tantos otros insignes deportistas, también merecieron una pensión graciable.

Durante este año -año de Juegos Olímpicos-, dado lo que significa la televisión, pudimos aquilatar en su real dimensión lo que fue el trabajo, el esfuerzo y la gloria de los deportistas.

Lo que hoy queremos plantear es, quizás, la reparación de una omisión. De conformidad con la Ley Nº 16.301, de 9 de setiembre de 1992, sería absolutamente ecuánime incluir en el beneficio referido al señor Anteo Dante Cocito, cuya reconocida actuación integra parte de la mejor historia deportiva del país.

Anteo Dante Cocito tiene hoy ochenta y cuatro años. Nació en Montevideo el 17 de mayo de 1920. Es de profesión masajista, quinesiólogo y fisioterapeuta.

En marzo de 1940 obtuvo el título de masajista que en aquella época otorgaba el Ministerio de Salud Pública, comenzando a trabajar a nivel deportivo en el Club Atlético Aguada, de básquetbol. En 1965 realizó un curso en la Facultad de Medicina, obteniendo el título de fisioterapeuta.

Con la Selección Uruguaya de Básquetbol trabajó en forma ininterrumpida desde 1950 a 1960, participando en los correspondientes campeonatos sudamericanos, mundiales y olímpicos disputados en esos años.

En 1956 integró la representación olímpica uruguaya como quinesiólogo oficial de la mencionada selección, así como de todos los deportistas que viajaron a los Juegos Olímpicos de Melbourne, Australia. Allí obtuvieron la medalla de bronce que hoy forma parte de las más importantes glorias del deporte olímpico nacional.

En 1960 viajó nuevamente con la selección de básquetbol a los Juegos Olímpicos de Roma, Italia. En ambas olimpíadas actuó en forma totalmente honoraria.

Su trabajo permanente a favor del desarrollo y superación en el plano técnico-físico de varias generaciones de deportistas uruguayos lo llevó a cabo en el Club Atlético Aguada, en el Racing Club de Montevideo y en el Club Atlético Peñarol; este lo contrató para desempeñarse como masajista desde 1950 hasta 1965.

En conclusión, el acto del Estado que reclamamos se sumaría a muchos reconocimientos recibidos por Dante Cocito, como la medalla que le otorgó la Comisión Nacional de Educación Física por su participación en los Juegos Olímpicos de Melbourne y en los campeonatos sudamericanos, o los certificados expedidos por la Federación Uruguaya de Básquetbol.

En definitiva, lo más importante es que la pensión graciable sería mucho más que un homenaje en vida, porque constituiría una ayuda para su vejez.

Sin perjuicio de la notoriedad pública de los hechos mencionados, hay una cantidad de documentación que avala lo que hemos referido.

Por consiguiente, don Dante Cocito, a los ochenta y cuatro años de edad, tendría un merecido y justo reconocimiento si se le otorgara una pensión graciable, lo que, por supuesto, requiere iniciativa del Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se curse al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Deporte y Juventud, al Club Atlético Peñarol, al Club Atlético Aguada y al señor Dante Cocito y su familia.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Veintiocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

6.-     Fallecimiento del ingeniero Martín Allende.

Tiene la palabra el señor Diputado Canet.

SEÑOR CANET.- Señor Presidente: en estos pocos minutos voy a hablar en nombre de la bancada de Diputados del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría.

Martín Allende fue, y es, un uruguayo de los que contribuyen con su pensamiento y con su acción a construir la historia de nuestro país, a construir la patria. Falleció el reciente viernes 10 en Paso de los Libres, República Argentina, ciudad a la que había llegado ese día, procedente de Uruguay, para encarar uno de los dieciséis trabajos técnicos que, como ingeniero civil de capacidad y prestigio, tenía comprometido realizar.

Los ochenta años que había cumplido el 1º de mayo no eran dique para su energía, su voluntad, su constante actividad, que desplegaba inclusive fuera de fronteras.

Allende nació en esta ciudad de Montevideo allá por 1924 -ese fue, precisamente, el año de la primera gloria olímpica de nuestro fútbol-, en el barrio La Bondiola, ahora Pocitos Nuevo.

Cursó estudios en escuelas e instituciones públicas y también en la Escuela y Liceo Elbio Fernández y, por supuesto, en la Universidad de la República. Obtuvo su título de ingeniero civil el 30 de marzo de 1950, enlazándose nuevamente en esos acontecimientos con grandes sucesos de nuestro deporte; otro año de gloria para nuestro fútbol. Se especializó en hidráulica, con énfasis en hidrología.

Ese mismo año contrajo matrimonio con Hilda Juliana Spangenberg. En 1951 nació su primera hija, Patricia, y con ella muy pequeña se fueron a Tacuarembó, donde él iba a asumir la Dirección de Vialidad. Allí estuvo Allende casi una década aplicando sus conocimientos, proyectando y realizando obras en el departamento. Cuando volvieron, en 1961, la familia había crecido: regresaban con siete hijas.

Militó en la Universidad, en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y también en la Juventud Socialista. Su década en Tacuarembó fue propicia para que se volcara a la actividad política y defendiera con pasión sus ideas socialistas. Fue candidato a Intendente por ese Partido. Su familia y allegados de Tacuarembó aún recuerdan el vigor y la convicción de sus encendidos discursos de campaña. El señor Diputado Chifflet me dijo que alguien le contó que, en aquellos años, un ingeniero había dicho un discurso en esa campaña política delante de un marco muy escueto de público; eran muy pocas personas, tal vez ocho, de las cuales la inmensa mayoría eran hijas suyas. Sin embargo, aquella convicción, aquel entusiasmo y aquel fervor llevaban a Martín a dar su mensaje. También en aquellos años de socialista fue de esos militantes de fierro; fue asiduo en la Casa del Pueblo; fue parte del equipo de Frugoni.

Pasaron lustros y llegó el proceso de creación del Frente Amplio. En ese proceso, en su fundación y en su desarrollo estuvo al firme Martín Allende, entre muchos protagonistas. Identificado luego con el MLN, fue incluido en la lista negra de profesionales universitarios y proscrito por la dictadura. Obviamente, no pudo votar en el plebiscito de 1980, ni en las elecciones internas de 1982, ni en las elecciones nacionales de 1984. Además, por muchos años le fue retirado el pasaporte, lo cual perfeccionó su "inxilio".

La lucha contra la dictadura lo tuvo en primera fila. Restablecida la democracia y desproscripto, participó intensamente en la vida del Frente Amplio y también en el proceso de creación del Movimiento de Participación Popular, al cual apoyó durante todos estos años.

Muchos otros departamentos, aparte de Tacuarembó -especialmente Rocha, Lavalleja y Canelones- supieron de su conocimiento profesional, de su acción en proyectos y obras. En los años recientes, Argentina también recibió su saber a través de su actividad en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y, especialmente, Corrientes.

En el año 1980, la Universidad contó con su aporte docente en hidráulica. Luego, mantuvo vínculos con ex alumnos, aportándoles mucho a su práctica profesional. Durante muchos años integró la Asociación de Ingenieros Civiles y fue un activo participante en distintos campos sociales. Por ejemplo, en la Asociación Cristiana de Jóvenes fue líder y campamentista.

El deporte lo contó entre sus cultores; el básquetbol lo tuvo entre los suyos. Fue fundador del Club Biguá en los años cuarenta, y en 1968 se revinculó a él, participando en la campaña para erigir su moderna sede. Eso motivó que algunas de sus hijas -las más jóvenes- sean socias vitalicias, en función de los aportes materiales que, como muchos otros, prestó para hacer posible esta obra.

En materia periodística participó con notas técnicas, sobre todo en aspectos ecológicos, apuntando a cuidar los equilibrios de la naturaleza y los equilibrios en la consideración de los temas, distanciándose de posiciones extremas. Siempre concibió el área técnica de su mayor dominio -la hidrología y la hidráulica- dentro de un contexto territorial mayor, más amplio, inclusive de país y de región. Hay testimonios infraestructurales de su concepción y de su acción en la zona de la laguna Merín y en particular en la represa de Corrales, próxima a José Pedro Varela.

Habiendo enviudado tiempo atrás, a los setenta y cinco años de edad Martín Allende se sintió joven para iniciar una nueva etapa y contrajo enlace con Ruth Casalás, quien lo acompañó en este último lustro intenso, compartiendo con él la vida, en parte en Mercedes, en parte en su querida provincia de Corrientes y en parte aquí, en Montevideo.

Hoy, desde la barra, nos acompañan su esposa, varias de sus hijas, sus dieciséis nietos, otros familiares, colegas, amigos y vecinos.

A su familia le hacemos llegar, en nombre de la bancada, nuestra expresión de profundo afecto.

Nos queda un legado de ideas y proyectos que incluyen el desarrollo integral del valle del río Negro para transformarlo en una gran vía turística navegable. Existe ya el canal entre los embalses de las represas, existe también el pasabarcos; fundamentalmente, falta la construcción de un canal complementario, señalado ya por el ingeniero civil Martín Allende y llevado a nivel de planos, que están disponibles para realizar la obra.

En realidad, Martín Allende nos sigue acompañando, en primer término, como buen uruguayo y también como buen frenteamplista, compartiendo con nosotros sus sueños, porque soñaba cosas realizables para seguir haciendo patria. Así, un día veremos las embarcaciones turísticas navegando por el hermoso río Negro, y seguro que Martín disfrutará el sueño realizado.

Martín nos lega esa responsabilidad y deja esa bandera en manos de los que trabajaron junto a él en este proyecto: el ingeniero Salles y otros colegas y técnicos. En ellos confiamos para transformar el valle del río Negro, como confió y confía Martín.

Finalmente, Martín, seguimos juntos, contamos contigo en la constante construcción del Uruguay y también del Frente Amplio y sus alianzas.

Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida a su familia, al Frente Amplio, al Partido Socialista, al Movimiento de Participación Popular, a la Asociación Cristiana de Jóvenes, al Club Biguá de Villa Biarritz y a las Juntas Departamentales de Tacuarembó, Rocha y Canelones.

Muchas gracias.

(Aplausos en la barra)

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- La Mesa reitera que familiares del ingeniero Allende se encuentran en la barra.

Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

7.-      Pedido de los habitantes del barrio Las Malvinas, departamento de Colonia, de que UTE les establezca una cuota fija.

Tiene la palabra el señor Diputado Gil Solares.

SEÑOR GIL SOLARES.- Señor Presidente: el 7 de agosto de este año, a las autoridades de UTE en el departamento de Colonia les llegó una carta muy significativa. Las treinta y seis familias firmantes de dicha carta declaran en ella que por la razón de no contar con un ingreso por trabajo, con un salario, no pueden pagar la cuota de luz. Dice esta carta que el 85% de ellos casi han dejado de ser seres humanos por falta de trabajo y que también por este motivo han dejado de pagar sus cuentas, entre ellas, la luz, por sus facturas cada vez más inalcanzables, lo que les impide vivir en el siglo XXI.

Lamentablemente, por la situación de pobreza de esta gente que vive en el barrio Las Malvinas, verdadero bolsón de pobreza, una criatura de seis meses pagó con su vida. Se produjo un cortocircuito que engendró un incendio, y la muerte por quemaduras y carbonización le tocó a esta criaturita.

Esta gente pide a UTE una sola cosa: una cuota fija y justa para los que no tienen trabajo. Existen antecedentes de que UTE ha otorgado cuotas de $ 150 a los habitantes de más de un asentamiento en la República, de manera que esto es absolutamente factible. Lo único que se necesita es la voluntad política del Directorio del ente.

Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Directorio de UTE, a la Oficina de UTE de la ciudad de Colonia y a la Junta Departamental y las Juntas Locales de Colonia.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Veintinueve en treinta: AFIRMATIVA.

8.-     Cumpleaños del escritor Mario Benedetti.

Tiene la palabra la señora Diputada Iriarte.

SEÑORA IRIARTE.- Señor Presidente: en este mes en que por estas latitudes todo brota y el aire es más amable, en este día 14, un maravilloso uruguayo que nos ha prestigiado y nos prestigia fuera de fronteras cumple ochenta y cuatro años, tan productivos como los de su juventud. Se trata del escritor y poeta Mario Benedetti, a quien se celebra no solo con los múltiples premios que ha recibido, sino con el reconocimiento que seguramente él valora más: el de su pueblo y el de los pueblos del mundo.

Estar en el exilio y encontrar en los quioscos de cualquier ciudad un póster con poemas de Mario Benedetti era un regalo del que quizá no fuera consciente, del mismo modo que lo es escuchar poemas musicalizados por Serrat en boca de gente de las más diversas edades, condiciones económicas y cultura. Ni hablar de lo que fueron sus "Poemas de la oficina", sus cuentos "Montevideanos" -hace ya mucho tiempo- y, sin querer entrar en lo político, más allá de compartir o no su pensamiento, para muchos está "El país de la cola de paja" y tantos etcéteras que no pueden abarcar el mismo número que sus numerosísimas obras. Me permito elegir "La Tregua" y, un poco más cercana, "La borra del café", donde las relaciones de pareja se tratan con sorprendente verosimilitud, así como sus poemas de amor, porque estoy segura de que cualquiera puede sentirse representado en su profundidad y sencillez. Es, sin duda, un ser de los que subliman los sentimientos de todos y con finura nos los devuelven con belleza. Esa es la misión del artista.

Señor Presidente: esta Cámara se honraría al enviar a Mario Benedetti nuestros deseos de que por muchísimos años más nos siga regalando esos espejos de la vida que son sus obras literarias, rodeado de felicidad, la que él haya construido también en lo personal.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a su domicilio, en lo posible, en este mismo día.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Veintisiete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

9.-      Impedimentos para culminar la construcción del Liceo Nº 3 de la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro.

Tiene la palabra el señor Diputado Castromán Rodríguez.

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Señor Presidente: a principios del año 2004 se comenzaron a realizar las obras del Liceo Nº 3 en nuestra ciudad de Fray Bentos, capital del departamento de Río Negro, por la empresa Montelecnor. Esta empresa también está construyendo liceos en la ciudad de Libertad, departamento de San José, y en la capital de Paysandú.

El Liceo Nº 3 de la ciudad de Fray Bentos es necesario, imprescindible, habida cuenta de la alta cantidad de chicos en edad de ingresar a Secundaria que habrá en el año 2005. Los Liceos Nos. 1 y 2 están atiborrados de estudiantes, al punto que en muchas ocasiones está totalmente saturada la capacidad de cada una de las aulas donde se imparten las clases.

La construcción de este liceo, dentro del programa MEMFOD, que se realiza con partidas del BID y del Estado uruguayo, ha tenido una serie de inconvenientes que terminaron en una suerte de conflicto ficticio; en todo caso, hubo responsabilidad tanto del CODICEN como de la empresa. Nosotros decimos esto con propiedad, porque hemos participado activamente, con modestia pero con esfuerzo, sin dobleces, tratando de destrabar esta situación: cuando prácticamente se estaban culminando las obras -llevaban un 75% de avance-, veinte trabajadores son rehenes de este conflicto ficticio que ya lleva más de dos meses. Muchos de ellos tienen el suministro de agua potable y de energía eléctrica cortados y están haciendo malabares para pagar el alquiler.

También está el tema de la comida. Los compañeros trabajadores nucleados en el SUNCA estuvieron cuarenta y cinco días acampando frente a la plaza Artigas, haciendo una olla que, gracias a la colaboración de otros gremios y a la generosidad y desprendimiento de la población de Fray Bentos, pudo sostenerse. Lamentablemente, esto se terminó porque, obviamente, la gente también tiene problemas y no todos los días puede dar una mano y arrimar algo a esa olla, que era el sustento no solamente de los veinte trabajadores, sino de sus familias, que suman unas cien personas.

Al final, el Consejo Directivo Central de la ANEP consiguió los dineros que le proporcionó el Ministerio de Economía y Finanzas para el pago de avances de obra correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio y parte de julio -en ese momento estaban en conflicto- y desde hace casi un mes la empresa ha venido reclamando el pago de intereses y moras por la demora en el pago de los avances de esta obra a la que estoy haciendo referencia.

Estamos en conocimiento de que la División Jurídica de la ANEP está haciendo tratativas para destrabar esta situación que tiene que ver, ni más ni menos, con los costos de la obra, que rondan en $ 15:000.000. Extraoficialmente tenemos alguna información de que estos números no cerrarían la ecuación económica de la empresa y quizás esté decidida a rescindir el contrato, por lo que está establecida una multa de un 5% a un 7,5% del valor de la obra. Pero de acuerdo con nuevos decretos y formas de llamar a licitación, el Tribunal de Cuentas de la República indica que en caso de rescisión de contrato hay que volver a llamar a licitación para contratar a otra empresa; antes se utilizaba el criterio según el cual la que había hecho la segunda mejor oferta podía continuar con las obras.

Esto ha hecho que en Fray Bentos haya una incertidumbre total respecto a este tema y que hayamos tenido una reunión con el CODICEN, junto a una delegación de la Junta Departamental, al Senador De Boismenú, al Diputado Guynot de Boismenú, del Partido Colorado, y a autoridades del SUNCA. Hasta ahora, esto se encuentra en punto muerto.

Esta situación preocupante, que se da en un departamento con mucha desocupación, hace que solicitemos a la Cámara que nos acompañe para que la versión taquigráfica de nuestras palabras se pase al Consejo Directivo Central de la ANEP, a la Junta Departamental y la Intendencia Municipal de Río Negro, al SUNCA a nivel nacional y a la filial del SUNCA del departamento de Río Negro, para mostrar nuestra preocupación, que sigue intacta, tratando de que en la realidad se concrete esto que es tan esperanzador para el departamento y para la ciudad de Fray Bentos: la culminación en poco tiempo más del Liceo Nº 3 a fin de que quede habilitado en el próximo año lectivo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Veintinueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

10.-     Resultados de la forestación extensiva en el territorio nacional.

Tiene la palabra el señor Diputado Pérez Morad.

SEÑOR PÉREZ MORAD.- Señor Presidente: hoy queremos referirnos a uno de los fenómenos de los últimos años, que la observación, la experiencia laboral, ambiental, productiva y social, ha demostrado que genera efectos altamente negativos en distintos aspectos en nuestro país. Particularmente, nos referimos a los resultados actuales de la forestación extensiva en nuestro territorio.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Amorín Batlle)

——Queremos señalar que, según el censo de 2000, se trata de una actividad que genera una tasa de empleo más baja de la que se había pensado inicialmente: 4,5 empleos por cada 1.000 hectáreas. Es decir que genera menos que la ganadería extensiva.

A esta altura de los acontecimientos, existen en los Juzgados de los distintos departamentos del interior múltiples denuncias referidas a jornales impagos y también a indignas condiciones laborales. Para dar un ejemplo, podemos decir que en el departamento de Tacuarembó, que tiene más de 100.000 hectáreas adquiridas para la forestación, en los últimos diez años han sido desplazadas de la zona rural unas 8.000 personas y, como consecuencia, se han cerrado doce escuelas rurales y cinco más están próximas a ser cerradas. Las condiciones de trabajo de esas personas son lindantes con la esclavitud. En algunos casos, trabajan por la comida; duermen en carpas; se desplazan de un departamento a otro e, inclusive, muchas veces se dan por vencidos en los múltiples viajes que realizan al departamento donde trabajaban con la intención de cobrar sus jornales, que nunca terminan de cobrar.

A esto debemos sumar que, debido a lo que inicialmente se había planteado, que era forestar zonas no aptas para el cultivo y la ganadería extensiva, se están ocupando muchísimas hectáreas -miles- que son absolutamente aptas para dicha práctica, pero después del pasaje de la forestación ya no quedan como antes.

A eso debemos sumar también la progresiva concentración de la tierra en pocas manos. Si observamos de qué capitales y de qué países son las empresas forestadoras, advertiremos que la extranjerización de la tierra no es un eslogan; es una absoluta realidad.

Debemos sumar otro efecto negativo. En los departamentos del norte de nuestro país se ubica la zona del acuífero Guaraní que corresponde al territorio nacional. Pues bien; hay miles y miles de hectáreas forestadas con eucaliptos, árbol que cuando llega a adulto tiene un consumo de aproximadamente 35 litros de agua por día. Si tenemos en cuenta que en esos departamentos está la zona de recarga del acuífero Guaraní, vemos que estamos hipotecando la zona de recarga y, por lo tanto, la supervivencia y el futuro de una de las principales fuentes de agua dulce del mundo.

También debemos sumar el impacto negativo desde el punto de vista del bolsillo de los uruguayos. En lo que va de la forestación, desde el año 1988, los subsidios han hecho que los uruguayos descargaran US$ 400:000.000 para las empresas, a través de las exoneraciones para esta actividad, que tiene estas consecuencias objetivas que acabamos de describir.

Consideramos que este es un tema de Estado, grave, y que merece una urgente modificación del rumbo actual. Nos vamos a quedar sin campos; nos vamos a quedar sin tierras de propietarios nacionales; no vamos a poder cultivar; se va a afectar la viabilidad del acuífero Guaraní y vamos a seguir reproduciendo trabajadores mal pagados y en condiciones indignas de trabajo.

Por todo ello, exhortamos al Poder Ejecutivo, a los Ministerios correspondientes y a la sociedad en general a cambiar el rumbo y a tomar conciencia de las nefastas consecuencias de la forestación. Y agrego ahora algo que omití mencionar al principio: entre otras consideraciones negativas se debe incluir la tala del monte indígena.

Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Ganadería, Agricultura y Pesca, a las Intendencias Municipales y a las Juntas Departamentales y Locales del país, al PIT-CNT, a las gremiales en formación de trabajadores de la forestación, a las forestadoras EUFOREST S.A., TILE S.A., Compañía Oriental S.A. y Comerciabilidad Grupo Forestal S.A., a las ONG Redes y Guayubirá, a la Intergremial de Transportes de Carga Terrestre y a la Comisión de Defensa del Agua y la Vida de nuestro país.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y tres en treinta y cuatro: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

11.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

Del señor Representante Jaime Mario Trobo, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 14 y 15 de setiembre de 2004, convocándose al suplente siguiente, señor José María Mieres.

Del señor Representante Julio C. Lara, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 14 y 15 de setiembre de 2004, convocándose al suplente siguiente, señor Yamandú Castro.

Del señor Representante Raúl Sendic, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 14 y 15 de setiembre de 2004, convocándose al suplente siguiente, señor Eduardo Rubio.

Del señor Representante Carlos Pita, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 14 de setiembre de 2004, convocándose al suplente siguiente, señor Álvaro Pérez.

Ante la incorporación de la señora Representante Lucía Topolansky a la Cámara de Senadores, por el período comprendido entre los días 14 y 15 de setiembre de 2004, se convoca al suplente correspondiente siguiente, señor José Zapata.

Del señor Representante Artigas Barrios, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 14 y 15 de setiembre de 2004, convocándose al suplente siguiente, señor Asdrúbal N. Fernández.

De la señora Representante Silvana Charlone, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 15 de setiembre de 2004, convocándose al suplente siguiente, señor Jorge Pandolfo.

De la señora Representante Daisy Tourné, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 14 de setiembre de 2004, convocándose al suplente siguiente, señor Carlos Riverós.

Del señor Representante José Carlos Mahía, por enfermedad, literal A) del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 14 y 15 de setiembre de 2004, convocándose a la suplente siguiente, señora Gabriela Garrido".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y seis en treinta y siete: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 13 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

Presente.
De mi mayor consideración:

Por medio de la presente solicito a Ud. licencia por los días 14 y 15 del corriente por motivos personales.

Asimismo, solicito que se convoque al suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

JAIME MARIO TROBO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jaime Mario Trobo.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 14 y 15 de setiembre de 2004.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 14 y 15 de setiembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jaime Mario Trobo.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71 del Lema Partido Nacional, señor José María Mieres.

Sala de la Comisión, 14 de setiembre de 2004.

MARÍA NELBA IRIARTE, TABARÉ HACKENBRUCH, ALBERTO PERDOMO".

"Montevideo, 13 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

Presente.

Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitar licencia por los días 14 y 15 de setiembre del corriente año por motivos personales.

Sin más saluda atentamente,

JULIO LARA
Representante por Canelones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Julio Lara.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 14 y 15 de setiembre de 2004.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 14 y 15 de setiembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Canelones, Julio Lara.

2) Convóquese por Secretaría por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71 del Lema Partido Nacional, señor Yamandú Castro.

Sala de la Comisión, 14 de setiembre de 2004.

MARÍA NELBA IRIARTE, TABARÉ HACKENBRUCH, ALBERTO PERDOMO".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465, solicito se me autorice el goce de licencia por motivos personales por los días 14 y 15 de setiembre de 2004.

Sin más lo saluda atentamente,

RAÚL SENDIC
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Raúl Sendic.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 14 y 15 de setiembre de 2004.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 14 y 15 de setiembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Raúl Sendic.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio, señor Eduardo Rubio.

Sala de la Comisión, 14 de setiembre de 2004.

MARÍA NELBA IRIARTE, TABARÉ HACKENBRUCH, ALBERTO PERDOMO".

"Montevideo, 13 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

Presente.
De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito se me conceda licencia por motivos personales por el día 14 del corriente. Asimismo solicito se proceda a la convocatoria del suplente respectivo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

CARLOS PITA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 13 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

Presente.
De mi mayor consideración:

En virtud de la solicitud de licencia cursada por el Sr. Representante Nacional, Dr. Carlos Pita, manifiesto a usted que por esta única vez no acepto la convocatoria de que he sido objeto.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Gonzalo Reboledo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Pita.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 14 de setiembre de 2004.

II) Que por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Gonzalo Reboledo.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 14 de setiembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Pita.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente señor Gonzalo Reboledo.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el día 14 de setiembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Álvaro Pérez.

Sala de la Comisión, 14 de setiembre de 2004.

MARÍA NELBA IRIARTE, TABARÉ HACKENBRUCH, ALBERTO PERDOMO".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo que usted preside que convoque a mi suplente, por haber sido citada a integrar el Senado los días 14 y 15 del corriente mes.

Sin otro particular,

LUCÍA TOPOLANSKY
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: Que la señora Representante por el departamento de Montevideo, Lucía Topolansky, se incorporó a la Cámara de Senadores por el período comprendido entre los días 14 y 15 de setiembre de 2004.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y en el artículo cuarto de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Montevideo, por el período comprendido entre los días 14 y 15 de setiembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor José Zapata.

Sala de la Comisión, 14 de setiembre de 2004.

MARÍA NELBA IRIARTE, TABARÉ HACKENBRUCH, ALBERTO PERDOMO".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.

Presente
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito se sirva concederme el uso de licencia los días 14 y 15 de setiembre por motivos personales.

Pido se convoque al suplente respectivo.

Saludo al señor Presidente muy atentamente.

ARTIGAS A. BARRIOS
Representante por Rocha".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Rocha, Artigas Barrios.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 14 y 15 de setiembre de 2004.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 14 y 15 de setiembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Rocha, Artigas Barrios.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Asdrúbal N. Fernández.

Sala de la Comisión, 14 de setiembre de 2004.

MARÍA NELBA IRIARTE, TABARÉ HAKCENBRUCH, ALBERTO PERDOMO".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a fin de solicitar al Cuerpo que Ud. preside licencia por motivos particulares, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 15 de setiembre del corriente año.

Sin más saludo a Ud. muy atentamente.

SILVANA CHARLONE
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración:

El que suscribe Sr. Jorge Mazzarovich, con Cédula de Identidad Nº 946.301-3, en mi calidad de suplente de la Sra. Representante Nacional Silvana Charlone, comunico a usted que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Jorge Mazzarovich".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Silvana Charlone.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de setiembre de 2004.

II) Que, por esta vez, el suplente siguiente señor Jorge Mazzarovich, no acepta la convocatoria de que fue objeto.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales, por el día 15 de setiembre de 2004, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Silvana Charlone.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente siguiente señor Jorge Mazzarovich.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 15 de setiembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Jorge Pandolfo.

Sala de la Comisión, 14 de setiembre de 2004.

MARÍA NELBA IRIARTE, TABARÉ HACKENBRUCH, ALBERTO PERDOMO".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted para, amparada en la Ley Nº 16.465 inciso 3º, solicitar licencia por motivos personales el día 14 de setiembre del corriente año.

Solicito también se convoque al suplente respectivo.

Sin más lo saluda atentamente,

DAISY TOURNÉ
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración:

La que suscribe, Hyara Rodríguez, cédula de identidad Nº 2.923.491-3, en mi calidad de suplente de la señora Representante Nacional Daisy Tourné, comunico a Ud. que me encuentro imposibilitada por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocada por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente,

Hyara Rodríguez".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración.

La que suscribe, Graziella Romiti, cédula de identidad Nº 1.332.247-1 en mi calidad de suplente de la señora Representante Nacional, Daisy Tourné, comunico a usted que me encuentro imposibilitada por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocada por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Graziella Romiti".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración:

El que suscribe Jorge Mazzarovich, cédula de identidad Nº 946.301-3 en mi calidad de suplente de la señora Representante Nacional Daisy Tourné, comunico a usted que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Jorge Mazzarovich".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración:

El que suscribe Jorge Pandolfo, Cédula de Identidad Nº 1.049.265-3, en mi calidad de suplente del Representante Nacional, comunico a usted que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Jorge Pandolfo".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración.

El que suscribe Gerardo Trigo, en mi calidad de suplente de la señora Representante Nacional Daisy Tourné, comunico a usted que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Gerardo Trigo".

"Montevideo, 4 de agosto de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración.

La que suscribe Carmen Anastasía, cédula de identidad Nº 3.529.236-5, en mi calidad de suplente del señor Representante Nacional, comunico a usted que me encuentro imposibilitada por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocada por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Carmen Anastasía".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración.

El que suscribe, Álvaro Espinosa, Cédula de Identidad Nº 1.018.226-2, en mi calidad de suplente de la Representante Nacional, comunico a usted que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Álvaro Espinosa".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración.

La que suscribe Blanca Elgart, cédula de identidad Nº 3.127.308-0, en mi calidad de suplente de la señora Representante Nacional Daisy Tourné, comunico a usted que me encuentro imposibilitada por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocada por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Blanca Elgart".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daisy Tourné.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 14 de setiembre de 2004.

II) Que por esta vez, no aceptan la convocatoria los suplentes siguientes, señoras Hyara Rodríguez, Graziella Romiti, señores Jorge Mazzarovich, Jorge Pandolfo, Gerardo Trigo, señora Carmen Anastasía, señor Álvaro Espinosa y señora Blanca Elgart.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 14 de setiembre de 2004, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daisy Tourné.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, presentan los suplentes siguiente, señoras Hyara Rodríguez, Graziella Romiti, señores Jorge Mazzarovich, Jorge Pandolfo, Gerardo Trigo, señora Carmen Anastasía, señor Álvaro Espinosa y señora Blanca Elgart.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el día 14 de setiembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Carlos Riverós.

Sala de la Comisión, 14 de setiembre de 2004.

MARÍA NELBA IRIARTE, TABARÉ HACKENBRUCH, ALBERTO PERDOMO".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

Presente.
De mi consideración:

Por la presente, solicito a Ud. licencia por motivos médicos durante los días 14 y 15 del corriente.

Sin otro particular, saluda atentamente,

JOSÉ CARLOS MAHÍA
Representante por Canelones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad del señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 14 y 15 de setiembre de 2004, y adjunta constancia médica.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el literal A) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por enfermedad, por el período comprendido entre los días 14 y 15 de setiembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Gabriela Garrido.

Sala de la Comisión, 14 de setiembre de 2004.

MARÍA NELBA IRIARTE, TABARÉ HACKENBRUCH, ALBERTO PERDOMO".

12.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Quinto Período de la XLV Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

——Se entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Quinto Período de la XLV Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución)".

La Mesa informa que tiene en su poder una lista de candidatos para integrarla.

De acuerdo con el procedimiento aplicado por el Cuerpo en oportunidades anteriores, se establece que hasta la hora 19 los señores Representantes podrán emitir su voto.

Se recuerda que, de acuerdo con el artículo 78 del Reglamento, la votación es secreta.

13.-     Aplazamientos.

Correspondería pasar a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Comisión Administrativa del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Quinto Período de la XLV Legislatura). (Ley Nº 16.821, de 23 de abril de 1997)".

En mérito a que no han llegado a la Mesa listas de candidatos para integrar dicho órgano, si no hay objeciones se aplazará la consideración del asunto.

Correspondería pasar a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Convención Interamericana contra el Terrorismo. (Aprobación)", pero como en este momento no hay quórum para proceder a votar el artículo único del proyecto, se aplaza dicha votación hasta que haya cincuenta señores Representantes en Sala.

14.-     Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercado Común del Sur y sus Anexos. (Aprobación).

Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercado Común del Sur y sus Anexos. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 374

"PODER EJECUTIVO

Montevideo, 12 de setiembre de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168, numeral 20, y el artículo 85, numeral 7 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercado Común del Sur, suscrito el 15 de diciembre de 1997 y sus Anexos aprobados por Decisión Nº 9/98 del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR en su reunión de 23 y 24 de julio de 1998.

El Tratado de Asunción, aprobado por Ley Nº 16.196, promulgada el 22 de julio de 1991, en su Artículo 1, establece que el mercado común implicará la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre sus Estados Partes, mandato expreso para la liberalización intrarregional del comercio de servicios.

Al respecto, el Protocolo de Montevideo constituye el instrumento que consagra las normas y principios para el comercio de servicios entre los Estados Partes del Mercado Común del Sur con el objeto de promover el libre comercio de servicios en el MERCOSUR.

Sus disposiciones se basan en las soluciones establecidas por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), uno de los Acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, cubiertos por el Acta Final suscrita en Marrakesh el 15 de abril de 1994, aprobado por Ley Nº 16.671 promulgada el 13 de diciembre de 1994, y se enmarcan, en particular, en el Artículo V que prevé mecanismos de liberalización del comercio de servicios entre las partes de acuerdos de integración económica.

Su estructura se organiza en cinco partes: la Parte I sobre el objeto ámbito de aplicación, la Parte II sobre obligaciones y disciplinas generales, la Parte III sobre el programa de liberalización, la Parte IV sobre disposiciones institucionales y la Parte V sobre disposiciones finales.

Las medidas adoptadas por los Estados Partes que afecten el comercio de servicios -producción, distribución, comercialización, venta y provisión de un servicio- en el MERCOSUR constituirán el ámbito de aplicación del Protocolo de referencia.

Las obligaciones y disciplinas generales recogen las establecidas por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios: trato de la nación más favorecida, acceso a los mercados, trato nacional y transparencia.

En cuanto al programa de liberalización, los Estados Partes mantendrán anualmente rondas sucesivas de negociaciones en base a listas positivas de sectores. Cada Estado Parte listará los sectores y actividades involucrados y los términos, limitaciones y condiciones en materia de acceso a los mercados y trato nacional para cada modo de prestación. Esta metodología de negociación significa que en cada ronda se irán incorporando progresivamente compromisos específicos como forma de asegurar el acceso efectivo a los mercados sobre la base de ventajas mutuas y el logro de un equilibrio global de derechos y obligaciones.

La negociación en materia de servicios en el MERCOSUR será competencia del Grupo Mercado Común y los resultados de las rondas deberán ser aprobados por el Consejo del Mercado Común. Este proceso deberá completarse en un plazo máximo de diez años contados a partir de la entrada en vigor de este instrumento.

Las listas de compromisos específicos se anexarán al presente Protocolo y serán parte integrante del mismo. A tales efectos, el Poder Ejecutivo extiende el presente Mensaje a la Lista de Compromisos Específicos Iniciales de la República aprobada, junto con las correspondientes a sus tres contrapartes del Tratado de Asunción, por Decisión Nº 9/98 del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR en su reunión de 23 y 24 de julio de 1998. Cada Estado Parte deberá incorporar a su ordenamiento jurídico nacional, de conformidad con los procedimientos previstos, las listas subsiguientes, que sean negociadas en el futuro en el marco del protocolo de referencia.

En cuanto a las disposiciones sobre aspectos formales, el protocolo de referencia recoge lo establecido en otros instrumentos acordados, y ya en vigor, en el marco del Tratado de Asunción.

El Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercado Común del Sur constituye el marco para negociar la liberalización regional del comercio de servicios, uno de los sectores más dinámicos de la economía mundial globalizada. Al respecto, el Poder Ejecutivo solicita su aprobación ya que resulta de interés para la República la incorporación de este instrumento al proceso de integración que hayan emprendido los Estados Partes del MERCOSUR.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, DIDIER OPERTTI, GUILLERMO STIRLING, ALBERTO BENSIÓN, LUIS BREZZO, ANTONIO MERCADER, LUCIO CÁCERES, SERGIO ABREU, JUAN FEDERICO BOSCH, LUIS FRASCHINI, GONZALO GONZÁLEZ, ALFONSO VARELA, CARLOS CAT, JAIME MARIO TROBO.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercado Común del Sur suscrito el 15 de diciembre de 1997 en la ciudad de Montevideo y sus Anexos aprobados por Decisión Nº 9/98 del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR en su reunión de 23 y 24 de julio de 1998.

Montevideo, 12 de setiembre de 2000.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, DIDIER OPERTTI, GUILLERMO STIRLING, ALBERTO BENSIÓN, LUIS BREZZO, ANTONIO MERCADER, LUCIO CÁCERES, SERGIO ABREU, JUAN FEDERICO BOSCH, LUIS FRASCHINI, GONZALO GONZÁLEZ, ALFONSO VARELA, CARLOS CAT, JAIME MARIO TROBO.

TEXTO DEL PROTOCOLO

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo del Ouro Preto, la Decisión Nº 13/97 del Consejo del Mercado Común y las Resoluciones Nº 67/97 y 32/98 del Grupo Mercado Común.

CONSIDERANDO: Que la Dec. CMC 13/97 dispone que los Anexos al Protocolo de Montevideo con disposiciones específicas sectoriales serán aprobados por el Consejo del Mercado Común.

Que la Dec. CMC 13/97 y el Protocolo de Montevideo prevén la aprobación por parte del Consejo de las Listas de Compromisos Específicos Iniciales de los Estados Partes.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN

D E C I D E:

Artículo 1.- Aprobar los siguientes Anexos al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del MERCOSUR que establecen disposiciones específicas sectoriales:

- Movimiento de Personas Físicas Proveedoras de Servicios.

- Servicios Financieros.

- Servicios de Transporte Terrestre y por Agua.

- Servicios de Transporte Aéreo.

Artículo 2.- Aprobar las Listas de Compromisos Específicos Iniciales de los Estados Partes.

Artículo 3.- Los Anexos al Protocolo de Montevideo mencionados en el artículo 1 constan como Apéndice I y forman parte de la presente decisión.

Las Listas de Compromisos Específicos Iniciales de los Estados Partes mencionados en el artículo 2 constan como Apéndice II y forman parte de la presente decisión.

Artículo 4.- A partir de la fecha de aprobación de la presente decisión se iniciarán en los Estados Partes los procedimientos internos que fueren necesarios para la aprobación legislativa y ratificación del Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del MERCOSUR.

XIV CMC - Buenos Aires, 23 de julio de 1998.

ANEXO SOBRE SERVICIOS DE TRANSPORTE
TERRESTRE Y POR AGUA

1. El presente Anexo se aplica a las medidas que afecten el comercio de servicios de transporte terrestre (carretero y ferrocarril) y por agua.

2. La aplicación del presente Protocolo no afectará inicialmente los derechos y obligaciones provenientes de la aplicación de los acuerdos multilaterales firmados entre los Estados Partes del MERCOSUR antes de la entrada en vigencia de este Protocolo, en la medida en que tales acuerdos tienden a la armonización y al control de las condiciones de competencia entre las empresas de transporte, observando como prioridad básica la liberalización intra MERCOSUR del sector.

3. Las disposiciones del presente Protocolo no se aplicarán temporariamente a cada uno de los acuerdos bilaterales sobre transporte en vigor o firmados antes de la entrada en vigencia de este Protocolo.

4. Cada uno de los acuerdos multilaterales y bilaterales mencionados en los párrafos 2 y 3 mantendrán su vigencia y serán complementados por los correspondientes Compromisos Específicos emergentes del Programa de Liberalización.

5. El Grupo Mercado Común durante el tercer año después de la entrada en vigencia del presente Protocolo, y una vez por año desde entonces, examinará y ponderará los avances que se alcancen en pos de la puesta en conformidad de los instrumentos referidos anteriormente con los objetivos y principios de este Protocolo.

ANEXO SOBRE EL MOVIMIENTO DE PERSONAS FÍSICAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS

1. El presente Anexo se aplica a las medidas que afecten a personas físicas que sean proveedoras de servicios de un Estado Parte, y a personas físicas de un Estado Parte que estén empleadas por un proveedor de servicios de un Estado Parte, en relación con el suministro de un servicio.

2. El Protocolo no será aplicable a las medidas que afecten a personas físicas que traten de acceder al mercado de trabajo de un Estado Parte ni a las medidas en materia de ciudadanía, residencia o empleo con carácter permanente.

3. De conformidad con las Partes II y III del Protocolo, los Estados Partes podrán negociar compromisos específicos aplicables al movimiento de todas las categorías de personas físicas proveedoras de servicios en el marco del Protocolo. Se permitirá que las personas físicas abarcadas por un compromiso específico suministren el servicio de que se trate de conformidad con los términos de ese compromiso.

4. El Protocolo no impedirá que un Estado Parte aplique medidas para regular la entrada o la estancia temporal de personas físicas en su territorio, incluidas las medidas necesarias para proteger la integridad de sus fronteras y garantizar el movimiento ordenado de personas físicas a través de las mismas, siempre que esas medidas no se apliquen de manera que anule o menoscabe las ventajas resultantes para un Estado Parte de los términos de un compromiso específico.

5. Para regular una determinada situación de índole laboral que afecten a personas físicas que sean prestadoras de servicios de un Estado Parte o personas físicas de un Estado Parte que estén empleadas por un proveedor de servicio de un Estado Parte, será aplicable el derecho del lugar de ejecución del contrato de servicio.

ANEXO SOBRE SERVICIOS DE
TRANSPORTE AÉREO

1. El presente Anexo se aplica a las medidas que afectan el comercio de servicios de transporte aéreo, sean regulares o no regulares.

Asimismo, es de aplicación a los Servicios Auxiliares al Transporte aéreo, entendiéndose por tales los incluidos en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) y los que oportunamente puedan resultar de las revisiones de este Anexo.

2. La aplicación del presente Protocolo no afectará los derechos y obligaciones que derivan de aplicación de acuerdos bilaterales, plurilaterales o multilaterales firmados por los Estados Partes del MERCOSUR, vigentes en el momento de entrada en vigor del Protocolo de Montevideo.

3. El Protocolo no será aplicable a medidas que afectan los derechos relativos al tráfico aerocomercial establecidos para rutas acordadas en los términos de los Acuerdos de Servicios Aéreos bilaterales subscriptos entre los Estados Partes manteniéndose la exclusión del tráfico de cabotaje.

4. Con relación a los Servicios Aéreos Subregionales regulares y exploratorios en rutas diferentes de las rutas regionales efectivamente operadas en los términos de los Acuerdos sobre Servicios Aéreos bilaterales suscriptos entre los Estados Partes, se aplicarán las disposiciones del acuerdo sobre Servicios Aéreos Subregionales firmado en Fortaleza, Brasil, el 17 de diciembre de 1996 y complementariamente las listas de compromisos emergentes del Programa de Liberalización.

5. Los procedimientos y mecanismos de Solución de Controversias vigentes en el MERCOSUR, podrán ser invocados cuando no se hallare contemplado otro mecanismo de solución específico entre los Estados Partes involucrados.

6. El Grupo Mercado Común, dentro de los primeros tres años de la entrada en vigor de este Protocolo, revisará el presente Anexo en base a las propuestas que efectúen los Técnicos especialistas en el Transporte Aéreo representantes de los cuatro Estados Partes, con el objeto de decidir sobre las modificaciones que sean necesarias, incluyendo los aspectos relativos al ámbito de aplicación, en línea con los principios y objetivos de este Protocolo.

7. En el caso que una Convención Multilateral incluya en sus disposiciones el tratamiento del Transporte Aéreo, las Autoridades Aeronáuticas de los Estados Partes realizarán consultas con el objetivo de determinar el grado en que este Protocolo podrá ser afectado por las disposiciones de la Convención y decidir sobre las modificaciones que sean necesarias en este Anexo.

ANEXO SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS

1. Alcance o ámbito de aplicación.

a) El presente Anexo se aplica a todas las medidas de un Estado Parte que afecten a la prestación de servicios financieros. Cuando en este Anexo se haga referencia a la prestación de un servicio financiero ello significará la prestación de un servicio financiero según la definición que figura en el párrafo 2 del artículo II del Protocolo.

b) A los efectos del apartado b) del párrafo 3 del artículo II del Protocolo, se entenderá por "servicios prestados en ejercicio de facultades gubernamentales de los Estados Partes" las siguientes actividades:

i) las actividades realizadas por un banco central o una autoridad monetaria o por cualquier otra entidad pública de los Estados Partes en prosecución de políticas monetarias o cambiarias;

ii) las actividades que formen parte de un sistema legal de seguridad social o de planes de jubilación públicos; y

iii) otras actividades realizadas por una entidad pública por cuenta o con garantía de los Estados Partes o con utilización de recursos financieros de éstos.

c) A los efectos del apartado b) del párrafo 3 del artículo II del Protocolo, si un Estado Parte autoriza a sus prestadores de servicios financieros a desarrollar cualesquiera actividades de las mencionadas en los incisos ii) o iii) del apartado b) del presente párrafo en competencia con una entidad pública o con un proveedor de servicios financieros, el término "servicios" comprenderá esas actividades.

d) La definición del apartado c) del párrafo 3 del artículo II del Protocolo no se aplicará en el caso del presente Anexo.

2. Transparencia y divulgación de información confidencial.

A los efectos de los artículos VIII y IX del Protocolo y para una mayor claridad se entiende que ninguna disposición del Protocolo se interpretará en el sentido de obligar a un Estado Parte a revelar información relativa a los negocios y contabilidad de clientes particulares ni ninguna información confidencial o de dominio privado en poder de entidades públicas.

3. Medidas prudenciales.

a) Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como impedimento para que los Estados Partes puedan adoptar o mantener medidas razonables por motivos prudenciales, para:

i. proteger a inversores, depositantes, participantes en el mercado financiero, tenedores de pólizas o personas con las que un proveedor de servicios financieros tenga contraída una obligación fiduciaria.

ii. garantizar la solvencia y liquidez del sistema financiero.

Cuando esas medidas no sean conformes a las disposiciones del Protocolo, no se utilizarán como medio de eludir los compromisos u obligaciones contraídos por los Estados Partes en el marco del Protocolo.

b) Al aplicar sus propias medidas relativas a los servicios financieros, un Estado Parte podrá reconocer las medidas prudenciales de otro Estado Parte. Tal reconocimiento podrá ser:

i. otorgado unilateralmente,

ii. podrá efectuarse mediante armonización o de otro modo,

iii. o podrá basarse en un acuerdo o convenio con el Estado Parte en cuestión.

c) El Estado Parte que otorgue a otro Estado Parte reconocimiento de medidas prudenciales de conformidad con el apartado b) brindará oportunidades adecuadas a los demás Estados Partes para que puedan demostrar que existe equivalencia en las regulaciones, en la supervisión y en la puesta en práctica de dichas regulaciones, y si corresponde, en los procedimientos para el intercambio de información entre las partes.

d) Cuando un Estado Parte otorgue a otro Estado Parte reconocimiento a las medidas prudenciales de conformidad con el apartado b) iii. y las condiciones estipuladas en el apartado c) existan, brindará oportunidades adecuadas a los demás Estados Partes interesados para que negocien su adhesión a tales acuerdos o convenios, o para que negocien con él otros acuerdos o convenios similares.

e) Los acuerdos o convenios basados en el principio de reconocimiento, se informarán con prontitud, y al menos anualmente, al Grupo Mercado Común y a la Comisión de Comercio del MERCOSUR a fin de cumplir con las disposiciones del Protocolo (artículo VIII y artículo XXII).

4. Compromiso de armonización.

Los Estados Partes se comprometen a continuar avanzando en el proceso de armonización, conforme a las pautas aprobadas y a ser aprobadas por el Grupo Mercado Común, de las regulaciones prudenciales y de los regímenes de supervisión consolidada, y en el intercambio de información en materia de servicios financieros.

5. Definiciones.

A los efectos del presente Anexo:

a) Por servicio financiero se entiende todo servicio de carácter financiero ofrecido por un prestador de servicios financieros de un Estado Parte. Los servicios financieros comprenden todos los servicios de seguros y relacionados con seguros y todos los servicios bancarios y demás servicios financieros.

No obstante los Estados Partes se comprometen en armonizar las definiciones de las actividades de los diversos servicios financieros, teniendo como base el párrafo 5 del Anexo sobre Servicios Financieros del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

b) Por proveedor de servicios financieros se entiende toda persona física o jurídica de un Estado Parte que desee suministrar o que suministre servicios financieros, pero la expresión "proveedor de servicios financieros" no comprende las entidades públicas.

c) Por "entidad pública" se entiende:

i. un gobierno, un banco central o una autoridad monetaria de un Estado Parte, o una entidad que sea propiedad o esté bajo el control de un Estado Parte, que se dedique principalmente a desempeñar funciones gubernamentales o realizar actividades para fines gubernamentales, con exclusión de las entidades dedicadas principalmente a la prestación de servicios financieros en condiciones comerciales o

ii. una entidad privada que desempeñe las funciones normalmente desempeñadas por un banco central o una autoridad monetaria, mientras ejerza esas funciones.

COMUNICACIÓN DE ARGENTINA

Lista de compromisos específicos

En el marco del Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios, la República Argentina presenta la siguiente lista de compromisos específicos.

La República Argentina se reserva el derecho de introducir las modificaciones de carácter técnico que estime pertinentes, así como corregir errores y omisiones.

La presente lista contiene compromisos compatibles con el marco normativo y jurídico actualmente vigente en la República Argentina.

Cabe destacar que la plena vigencia del contenido total o parcial de la oferta de la República Argentina está sujeta a un proceso de aprobación por parte del Congreso Nacional y ratificación por el Poder Ejecutivo, conforme a las disposiciones constitucionales vigentes en el país.

Sector de telecomunicaciones básicas

En lo que respecta a los compromisos relativos a las comunicaciones básicas, incluidos en el punto 2.c), se señala que la oferta está condicionada a la previa aprobación por parte del Congreso Nacional y ratificación por el Poder Ejecutivo del Cuarto Protocolo al Anexo al GATS.

La República Argentina considera fuera del alcance de esta oferta, y se reserva el derecho de así indicarlo en ella expresamente, a los servicios de televisión directa al hogar, los servicios de radiodifusión directa de televisión, los servicios digitales de audio, los servicios de radiodifusión de libre recepción.

En lo que respecta a los principios regulatorios, la República Argentina asume como compromisos adicionales los principios que figuran en el anexo que forma parte de la presente oferta.

Los servicios incluidos en la columna de sectores podrán ser provistos mediante cualquier medio tecnológico (ejemplo: fibra óptica, enlaces radioeléctricos, satélites, cables), con excepción de las limitaciones señaladas en la columna de acceso a los mercados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anexo I al
Rep. Nº 374

"TEXTO DEL PROTOCOLO

PREÁMBULO

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR);

Reafirmando que de acuerdo con el Tratado de Asunción el Mercado Común implica, entre otros compromisos, la libre circulación de servicios en el mercado ampliado;

Reconociendo la importancia de la liberalización del comercio de servicios para el desarrollo de las economías de los Estados Partes del MERCOSUR, para la profundización de la Unión Aduanera y la progresiva conformación del Mercado Común;

Considerando la necesidad de que los países y regiones menos desarrollados del MERCOSUR tengan una participación creciente en el mercado de servicios y la de promover el comercio de servicios sobre la base de reciprocidad de derechos y obligaciones;

Deseando consagrar en un instrumento común las normas y principios para el comercio de servicios entre los Estados Partes del MERCOSUR, con miras a la expansión del comercio en condiciones de transparencia, equilibrio y liberalización progresiva;

Teniendo en cuenta el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en particular su artículo V, y los compromisos asumidos por los Estados Partes en el AGCS;

Convienen en lo siguiente:

PARTE I

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo I

Objeto

1. Este Protocolo tiene por objeto promover el libre comercio de servicios en el MERCOSUR.

Artículo II

Ámbito de aplicación

1. El presente Protocolo se aplica a las medidas adoptadas por los Estados Partes que afecten al comercio de servicios en el MERCOSUR, incluidas las relativas a:

i. la prestación de un servicio;

ii. la compra, pago o utilización de un servicio;

iii. el acceso a servicios que se ofrezcan al público en general por prescripción de esos Estados Partes, y la utilización de los mismos, con motivo de la prestación de un servicio;

iv. la presencia, incluida la presencia comercial, de personas de un Estado Parte en el territorio de otro Estado Parte para la prestación de un servicio;

2. A los efectos del presente Protocolo, se define el comercio de servicios como la prestación de un servicio:

a. del territorio de un Estado Parte al territorio de cualquier otro Estado Parte;

b. en el territorio de un Estado Parte a un consumidor de servicios de cualquier otro Estado Parte;

c. por un prestador de servicios de un Estado Parte mediante la presencia comercial en el territorio de cualquier otro Estado Parte;

d. por un prestador de servicios de un Estado Parte mediante la presencia de personas físicas de un Estado Parte en el territorio de cualquier otro Estado Parte.

3. A los efectos del presente Protocolo:

a. se entenderá por "medidas adoptadas por los Estados Partes" las medidas adoptadas por:

i. gobiernos y autoridades centrales, estatales, provinciales, departamentales, municipales o locales; e

ii. instituciones no gubernamentales en ejercicio de facultades en ellas delegadas por los gobiernos o autoridades mencionadas en el literal i).

En cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en el marco del presente Protocolo, cada Estado Parte tomará las medidas necesarias que estén a su alcance para lograr su observancia por los gobiernos y autoridades estatales, provinciales, departamentales, municipales o locales y por las instituciones no gubernamentales existentes en su territorio;

b. el término "servicios" comprende todo servicio de cualquier sector, excepto los servicios prestados en ejercicio de facultades gubernamentales;

c. un "servicio prestado en ejercicio de facultades gubernamentales" significa todo servicio que no se preste en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios prestadores de servicios.

PARTE II

OBLIGACIONES Y DISCIPLINAS GENERALES

Artículo III

Trato de la nación más favorecida

1. Con respecto a las medidas abarcadas por el presente Protocolo, cada Estado Parte otorgará inmediata e incondicionalmente a los servicios y a los prestadores de servicios de cualquier otro Estado Parte un trato no menos favorable que el que conceda a los servicios similares y a los prestadores de servicios similares de cualquier otro Estado Parte o de terceros países.

2. Las disposiciones del presente Protocolo no se interpretarán en el sentido de impedir que un Estado Parte confiera o conceda ventajas a países limítrofes, sean o no Estados Partes, con el fin de facilitar intercambios limitados a las zonas fronterizas contiguas de servicios que se produzcan y consuman localmente.

Artículo IV

Acceso a los mercados

1. En lo que respecta al acceso a los mercados a través de los modos de prestación identificados en el artículo II, cada Estado Parte otorgará a los servicios y a los prestadores de servicios de los demás Estados Partes un trato no menos favorable que el previsto de conformidad con lo especificado en su Lista de compromisos específicos. Los Estados Partes se comprometen a permitir el movimiento transfronterizo de capitales que forme parte esencial de un compromiso de acceso a los mercados contenido en su Lista de compromisos específicos respecto al comercio transfronterizo, así como las transferencias de capital a su territorio cuando se trate de compromisos de acceso a los mercados contraídos respecto a la presencia comercial.

2. Los Estados Partes no podrán mantener ni adoptar, ya sea sobre la base de una subdivisión regional o de la totalidad de su territorio medidas con respecto:

a. al número de prestadores de servicios, ya sea en forma de contingentes numéricos, monopolios o prestadores exclusivos de servicios o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas;

b. al valor total de los activos o transacciones de servicios en forma de contingentes numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas;

c. al número total de operaciones de servicios o a la cuantía total de la producción de servicios, expresadas en unidades numéricas designadas, en forma de contingentes o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas, excluidas las medidas que limitan los insumos destinados a la prestación de servicios;

d. al número total de personas físicas que puedan emplearse en un determinado sector de servicios o que un prestador de servicios pueda emplear y que sean necesarias para la prestación de un servicio específico y estén directamente relacionadas con él, en forma de contingentes numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas;

e. a los tipos específicos de persona jurídica o de empresa conjunta por medio de los cuales un prestador de servicios puede prestar un servicio; y

f. a la participación de capital extranjero expresadas como límite porcentual máximo a la tenencia de acciones por extranjeros o como valor total de las inversiones extranjeras individuales o agregadas.

Artículo V

Trato nacional

1. Cada Estado Parte otorgará a los servicios y a los prestadores de servicios de cualquier otro Estado Parte, con respecto a todas las medidas que afecten a la prestación de servicios, un trato no menos favorable que el que dispense a sus propios servicios similares o prestadores de servicios similares.

2. Los compromisos específicos asumidos en virtud del presente artículo no obligan a los Estados Partes a compensar desventajas competitivas intrínsecas que resulten del carácter extranjero de los servicios o prestadores de servicios pertinentes.

3. Todo Estado Parte podrá cumplir lo prescrito en el párrafo 1 otorgando a los servicios y prestadores de servicios de los demás Estados Partes un trato formalmente idéntico o formalmente diferente al que dispense a sus propios servicios similares y prestadores de servicios similares.

4. Se considerará que un trato formalmente idéntico o formalmente diferente es menos favorable si modifica las condiciones de competencia en favor de los servicios o prestadores de servicios del Estado Parte en comparación con los servicios similares o los prestadores de servicios similares de otro Estado Parte.

Artículo VI

Compromisos adicionales

Los Estados Partes podrán negociar compromisos con respecto a medidas que afecten al comercio de servicios, pero que no estén sujetas a consignación en listas, en virtud de los artículos IV y V, incluidas las que se refieran a títulos de aptitud, normas o cuestiones relacionadas con las licencias. Dichos compromisos se consignarán en las Listas de compromisos específicos de los Estados Partes.

Artículo VII

Listas de compromisos específicos

1. Cada Estado Parte especificará en una lista de compromisos específicos los sectores, subsectores y actividades con respecto a los cuales asumirá compromisos y, para cada modo de prestación correspondiente, indicará los términos, limitaciones y condiciones en materia de acceso a los mercados y trato nacional. Cada Estado Parte podrá también especificar compromisos adicionales de conformidad con el artículo VI. Cuando sea pertinente, cada Estado Parte especificará plazos para la implementación de compromisos así como la fecha de entrada en vigor de tales compromisos.

2. Los artículos IV y V no se aplicarán a:

a. los sectores, subsectores, actividades, o medidas que no estén especificadas en la Lista de compromisos específicos;

b. las medidas especificadas en su Lista de compromisos específicos que sean disconformes con el artículo IV o el artículo V.

3. Las medidas que sean disconformes al mismo tiempo con el artículo IV y con el artículo V deben ser listadas en la columna relativa al artículo IV. En este caso, la inscripción será considerada como una condición o restricción también al artículo V.

4. Las Listas de compromisos específicos se anexarán al presente Protocolo y serán parte integrante del mismo.

Artículo VIII

Transparencia

1. Cada Estado Parte publicará con prontitud antes de la fecha de su entrada en vigor, salvo situaciones de fuerza mayor, todas las medidas pertinentes de aplicación general que se refieran al presente Protocolo o afecten su funcionamiento. Asimismo cada Estado Parte publicará los acuerdos internacionales que suscriba con cualquier país y que se refieran, o afecten, al comercio de servicios.

2. Cuando no sea factible la publicación de la información a que se refiere el párrafo anterior, ella se pondrá a disposición del público de otra manera.

3. Cada Estado Parte informará con prontitud, y al menos anualmente, a la Comisión de Comercio del MERCOSUR, el establecimiento de nuevas leyes, reglamentos o directrices administrativas o la introducción de modificaciones a las ya existentes que considere afecten significativamente al comercio de servicios.

4. Cada Estado Parte responderá con prontitud a todas las peticiones de información específica que le formulen los demás Estados Partes acerca de cualesquiera de sus medidas de aplicación general o acuerdos internacionales a que se refiere el párrafo 1. Asimismo, cada Estado Parte facilitará información específica a los Estados Partes que lo soliciten, a través del servicio o servicios establecidos, conforme al párrafo 4 del artículo III del AGCS, sobre todas estas cuestiones o sobre las que estén sujetas a notificación según el párrafo 3.

5. Cada Estado Parte podrá notificar a la Comisión de Comercio del MERCOSUR, cualquier medida adoptada por otro Estado Parte que, a su juicio, afecte el funcionamiento del presente Protocolo.

Artículo IX

Divulgación de la información confidencial

Ninguna disposición del presente Protocolo impondrá a ningún Estado Parte la obligación de facilitar información confidencial cuya divulgación pueda constituir un obstáculo para el cumplimiento de las leyes o ser de otra manera contraria al interés público, o pueda lesionar los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas.

Artículo X

Reglamentación nacional

1. Cada Estado Parte se asegurará que todas las medidas de aplicación general que afecten al comercio de servicios sean administradas de manera razonable, objetiva e imparcial.

2. Cada Estado Parte mantendrá o establecerá tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos que permitan, a petición de un prestador de servicios afectado, la pronta revisión de las decisiones administrativas que afecten al comercio de servicios y, cuando esté justificado, la aplicación de soluciones apropiadas. Cuando tales procedimientos no sean independientes del organismo encargado de la decisión administrativa de que se trate, el Estado Parte se asegurará que permitan de hecho una revisión objetiva e imparcial.

Las disposiciones de este apartado no se interpretarán en el sentido que impongan a ningún Estado Parte la obligación de establecer tales tribunales o procedimientos cuando ello sea incompatible con su estructura constitucional o con la naturaleza de su sistema jurídico.

3. Cuando se exija licencia, matrícula, certificado u otro tipo de autorización para la prestación de un servicio, las autoridades competentes del Estado Parte de que se trate, en un plazo prudencial a partir de la presentación de una solicitud:

i. cuando la solicitud estuviese completa, resolverán sobre la misma informando al interesado; o

ii. cuando la solicitud no estuviese completa, informarán al interesado sin atrasos innecesarios sobre el estado de la solicitud, así como sobre informaciones adicionales que sean exigidas conforme a la ley del Estado Parte.

4. Con el objeto de asegurar que las medidas relativas a las normas técnicas, requisitos y procedimientos en materia de títulos de aptitud, y los requisitos en materia de licencias, no constituyan obstáculos innecesarios al comercio de servicios, los Estados Partes asegurarán que esos requisitos y procedimientos, entre otras cosas:

i. se basen en criterios objetivos y transparentes, tales como la competencia y la capacidad para prestar el servicio;

ii. no sean más gravosos de lo necesario para asegurar la calidad del servicio; y

iii. en el caso de procedimientos en materia de licencias, no constituyan por sí una restricción a la prestación del servicio.

5. Cada Estado Parte podrá establecer los procedimientos adecuados para verificar la competencia de los profesionales de los otros Estados Partes.

Artículo XI

Reconocimiento

1. Cuando un Estado Parte reconoce, de forma unilateral o a través de un acuerdo, la educación, la experiencia, las licencias, las matrículas o los certificados obtenidos en el territorio de otro Estado Parte o de cualquier país que no sea parte del MERCOSUR:

a. nada de lo dispuesto en el presente Protocolo se interpretará en el sentido de exigir a ese Estado Parte que reconozca la educación, la experiencia, las licencias, las matrículas o los certificados obtenidos en el territorio de otro Estado Parte; y

b. el Estado Parte concederá a cualquier otro Estado Parte oportunidad adecuada para:

i. demostrar que la educación, la experiencia, las licencias, las matrículas y los certificados obtenidos en su territorio también deban ser reconocidos; o,

ii. para que pueda celebrar un acuerdo o convenio de efecto equivalente.

2. Cada Estado Parte se compromete a alentar a las entidades competentes en sus respectivos territorios, entre otras, a las de naturaleza gubernamental, así como asociaciones y colegios profesionales, en cooperación con entidades competentes de los otros Estados Partes, a desarrollar normas y criterios mutuamente aceptables para el ejercicio de las actividades y profesiones pertinentes en la esfera de los servicios, a través del otorgamiento de licencias, matrículas y certificados a los prestadores de servicios y a proponer recomendaciones al Grupo Mercado Común sobre reconocimiento mutuo.

3. Las normas y los criterios referidos en el párrafo 2 podrán ser desarrollados, entre otros, en base a los siguientes elementos: educación, exámenes, experiencia, conducta y ética, desarrollo profesional y renovación de la certificación, ámbito de acción, conocimiento local, protección al consumidor y requisitos de nacionalidad, residencia o domicilio.

4. Una vez recibida la recomendación referida en el párrafo 2, el Grupo Mercado Común la examinará dentro de un plazo razonable para determinar su consistencia con este Protocolo. Basándose en este examen, cada Estado Parte se compromete a encargar a sus respectivas autoridades competentes, cuando así fuere necesario, a implementar lo dispuesto por las instancias competentes del MERCOSUR dentro de un período mutuamente acordado.

5. El Grupo Mercado Común examinará periódicamente, y por lo menos una vez cada tres años, la implementación de este artículo.

Artículo XII

Defensa de la competencia

Con relación a los actos practicados en la prestación de servicios por prestadores de servicios de derecho público o privado u otras entidades, que tengan por objeto producir o que produzcan efectos sobre la competencia en el ámbito del MERCOSUR y que afecten el comercio de servicios entre los Estados Partes, se aplicarán las disposiciones del Protocolo de Defensa de la Competencia del MERCOSUR.

Artículo XIII

Excepciones generales

A reserva de que las medidas que se enumeran a continuación no se apliquen en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable cuando prevalezcan entre los países condiciones similares, o una restricción encubierta al comercio de servicios, ninguna disposición del presente Protocolo se interpretará en el sentido de impedir que un Estado Parte adopte o aplique medidas:

a. necesarias para proteger la moral o mantener el orden público, pudiendo solamente invocarse la excepción de orden público cuando se plantee una amenaza inminente y suficientemente grave para uno de los intereses fundamentales de la sociedad;

b. necesarias para proteger la vida y la salud de las personas y de los animales o para preservar los vegetales;

c. necesarias para lograr la observancia de las leyes y los reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Protocolo, incluyendo los relativos a:

i. la prevención de prácticas que induzcan a error y prácticas fraudulentas, o los medios para afrontar los efectos del incumplimiento de los contratos de servicios;

ii. la protección de la intimidad de los particulares en relación con el tratamiento y difusión de datos personales y la protección del carácter confidencial de los registros y cuentas individuales;

iii. la seguridad;

d. incompatibles con el artículo V, como está expresado en el presente Protocolo, siempre que la diferencia de trato tenga por objeto garantizar la tributación o la recaudación equitativa y efectiva de impuestos directos respecto de los servicios o de los prestadores de servicios de los demás Estados Partes, comprendiendo las medidas adoptadas por un Estado Parte en virtud de su régimen fiscal, conforme a lo estipulado en el artículo XIV literal d) del AGCS.

e. incompatibles con el artículo III, como está expresado en este Protocolo, siempre que la diferencia de trato resulte de un acuerdo destinado a evitar la doble imposición o de las disposiciones destinadas a evitar la doble imposición contenidas en cualquier otro acuerdo o convenio internacional que sea vinculante para el Estado Parte que aplica la medida.

Artículo XIV

Excepciones relativas a la seguridad

1. Ninguna disposición del presente Protocolo se interpretará en el sentido de que:

a. imponga a un Estado Parte la obligación de suministrar informaciones cuya divulgación considere contraria a los intereses esenciales de su seguridad; o

b. impida a un Estado Parte la adopción de medidas que estima necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad:

i. relativas a la prestación de servicios destinados directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas;

ii. relativas a las materias fisionables o fusionables o a aquellas que sirvan para su fabricación;

iii. aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensión internacional; o

c. impida a un Estado Parte la adopción de medidas en cumplimiento de las obligaciones por él contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

2. Se informará a la Comisión de Comercio del MERCOSUR de las medidas adoptadas en virtud de los literales b) y c) del párrafo 1 así como de su terminación.

Artículo XV

Contratación pública

1. Los artículos III, IV y V, no serán aplicables a las leyes, reglamentos o prescripciones que rijan la contratación por organismos gubernamentales de servicios destinados a fines oficiales y no a la reventa comercial o a su utilización en la prestación de servicios para la venta comercial.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, y reconociendo que tales leyes, reglamentos o prescripciones pueden tener efectos de distorsión en el comercio de servicios, los Estados Partes acuerdan que se aplicarán las disciplinas comunes que en materia de compras gubernamentales en general serán establecidas en el MERCOSUR.

Artículo XVI

Subvenciones

1. Los Estados Partes reconocen que en determinadas circunstancias las subvenciones pueden tener efectos de distorsión del comercio de servicios. Los Estados Partes acuerdan que se aplicarán las disciplinas comunes que en materia de subvenciones en general serán establecidas en el MERCOSUR.

2. Será de aplicación el mecanismo previsto en el párrafo 2 del artículo XV del AGCS.

Artículo XVII

Denegación de beneficios

Un Estado Parte podrá denegar los beneficios derivados de este Protocolo a un prestador de servicios de otro Estado Parte, previa notificación y realización de consultas, cuando aquel Estado Parte demuestre que el servicio está siendo prestado por una persona de un país que no es Estado Parte del MERCOSUR.

Artículo XVIII

Definiciones

1. A los efectos del presente Protocolo:

a. "medida" significa cualquier medida adoptada por un Estado Parte, ya sea en forma de ley, reglamento, regla, procedimiento, decisión o disposición administrativa, o en cualquier otra forma;

b. "prestación de un servicio" abarca la producción, distribución, comercialización, venta y provisión de un servicio;

c. "presencia comercial", significa todo tipo de establecimiento comercial o profesional, a través, entre otros medios, de la constitución, adquisición o mantenimiento de una persona jurídica, así como de sucursales y oficinas de representación localizadas en el territorio de un Estado Parte con el fin de prestar un servicio;

d. "sector" de un servicio significa:

i. con referencia a un compromiso específico, uno o varios subsectores de ese servicio, o la totalidad de ellos, según se especifique en la Lista de compromisos específicos de un Estado Parte;

ii. en otro caso, la totalidad de ese sector de servicios, incluidos todos los subsectores;

e. "servicio de otro Estado Parte" significa un servicio prestado:

i. desde o en el territorio de ese otro Estado Parte;

ii. en el caso de prestación de un servicio mediante presencia comercial o mediante la presencia de personas físicas, por un prestador de servicios de ese otro Estado Parte;

f. "prestador de servicios" significa toda persona que preste un servicio. Cuando el servicio no sea prestado por una persona jurídica directamente, sino a través de otras formas de presencia comercial, por ejemplo una sucursal o una oficina de representación, se otorgará no obstante al prestador de servicios (es decir, a la persona jurídica), a través de esa presencia, el trato otorgado a los prestadores de servicios en virtud del Protocolo. Ese trato se otorgará a la presencia a través de la cual se presta el servicio, sin que sea necesario otorgarlo a ninguna otra parte del prestador situada fuera del territorio en el que se preste el servicio.

g. "consumidor de servicios" significa toda persona que reciba o utilice un servicio;

h. "persona" significa una persona física o una persona jurídica;

i. "persona física de otro Estado Parte" significa una persona física que resida en el territorio de ese otro Estado Parte o de cualquier otro Estado Parte y que, con arreglo a la legislación de ese otro Estado Parte, sea nacional de ese otro Estado Parte o tenga el derecho de residencia permanente en ese otro Estado Parte;

j. "persona jurídica" significa toda entidad jurídica debidamente constituida y organizada con arreglo a la legislación que le sea aplicable, tenga o no fines de lucro, sea de propiedad pública, privada o mixta y esté organizada bajo cualquier tipo societario o de asociación.

k. "persona jurídica de otro Estado Parte" significa una persona jurídica que esté constituida u organizada con arreglo a la legislación de ese otro Estado Parte, que tenga en él su sede y desarrolle o programe desarrollar operaciones comerciales sustantivas en el territorio de ese Estado Parte o de cualquier otro Estado Parte.

PARTE III

PROGRAMA DE LIBERALIZACIÓN

Artículo XIX

Negociación de compromisos específicos

1. En cumplimiento de los objetivos del presente Protocolo, los Estados Partes mantendrán sucesivas rondas de negociaciones a efectos de completar en un plazo máximo de diez años, contados a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo, el Programa de Liberalización del comercio de servicios del MERCOSUR. Las rondas de negociaciones se llevarán a cabo anualmente y tendrán como objetivo principal la incorporación progresiva de sectores, subsectores, actividades y modos de prestación de servicios al Programa de Liberalización del Protocolo, así como la reducción o la eliminación de los efectos desfavorables de las medidas sobre el comercio de servicios, como forma de asegurar el acceso efectivo a los mercados. Este proceso tendrá por fin promover los intereses de todos los participantes, sobre la base de ventajas mutuas, y conseguir un equilibrio global de derechos y obligaciones.

2. El proceso de liberalización progresiva será encaminado en cada ronda por medio de negociaciones orientadas para el aumento del nivel de compromisos específicos asumidos por los Estados Partes en sus Listas de compromisos específicos.

3. En el desarrollo del Programa de Liberalización se admitirán diferencias en el nivel de compromisos asumidos atendiendo a las especificidades de los distintos sectores y respetando los objetivos señalados en el párrafo siguiente.

4. El proceso de liberalización respetará el derecho de cada Estado Parte de reglamentar y de introducir nuevas reglamentaciones dentro de sus territorios para alcanzar los objetivos de políticas nacionales relativas al sector servicios. Tales reglamentaciones podrán regular, entre otros, el trato nacional y el acceso a mercados, toda vez que no anulen o menoscaben las obligaciones emergentes de este Protocolo y de los compromisos específicos.

Artículo XX

Modificación o suspensión de compromisos

1. Cada Estado Parte podrá, durante la implementación del Programa de Liberalización a que se refiere la Parte III del presente Protocolo, modificar o suspender compromisos específicos incluidos en su Lista de compromisos específicos.

Esta modificación o suspensión será aplicable solo a partir de la fecha en que sea establecida y respetando el principio de no retroactividad para preservar los derechos adquiridos.

2. Cada Estado Parte recurrirá al presente régimen solo en casos excepcionales, a condición de que cuando lo haga, notifique al Grupo Mercado Común y exponga ante el mismo los hechos, las razones y las justificaciones para tal modificación o suspensión de compromisos. En tales casos, el Estado Parte en cuestión celebrará consultas con el o los Estados Partes que se consideren afectados, para alcanzar un entendimiento consensuado sobre la medida específica a ser aplicada y el plazo en que tendrá vigencia.

PARTE IV

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES

Artículo XXI

Consejo del Mercado Común

El Consejo del Mercado Común aprobará los resultados de las negociaciones en materia de compromisos específicos así como cualquier modificación y/o suspensión de los mismos.

Artículo XXII

Grupo Mercado Común

1. La negociación en materia de servicios en el MERCOSUR es competencia del Grupo Mercado Común. Con relación al presente Protocolo, el Grupo Mercado Común tendrá las siguientes funciones:

a. convocar y supervisar las negociaciones previstas en el artículo XIX del presente Protocolo. A tales efectos, el Grupo Mercado Común establecerá el ámbito, criterios e instrumentos para la celebración de las negociaciones en materia de compromisos específicos;

b. recibir las notificaciones y los resultados de las consultas relativas a modificación y/o suspensión de compromisos específicos según lo dispuesto por el artículo XX;

c. dar cumplimiento a las funciones encomendadas en el artículo XI;

d. evaluar periódicamente la evolución del comercio de servicios en el MERCOSUR; y

e. desempeñar las demás tareas que le sean encomendadas por el Consejo del Mercado Común en materia del comercio de servicios.

2. A los efectos de las funciones previstas precedentemente, el Grupo Mercado Común constituirá un órgano auxiliar y reglamentará su composición y modalidades de funcionamiento.

Artículo XXIII

Comisión de Comercio del MERCOSUR

1. Sin perjuicio de las funciones a que refieren los artículos anteriores la aplicación del presente Protocolo estará a cargo de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, que tendrá las siguientes funciones:

a. recibir informaciones que, de conformidad con el artículo VIII de este Protocolo, le sean notificadas por los Estados Partes;

b. recibir informaciones de los Estados Partes respecto de las excepciones previstas en el artículo XIV;

c. recibir información de los Estados Partes con relación a acciones que puedan configurar abusos de posición dominante o prácticas que distorsionen la competencia y ponerla en conocimiento de los órganos nacionales de aplicación del Protocolo de Defensa de la Competencia;

d. entender en las consultas y reclamaciones que presenten los Estados Partes con relación a la aplicación, interpretación o incumplimiento del presente Protocolo y a los compromisos que asuman en las Listas de compromisos específicos, aplicando los mecanismos y procedimientos vigentes en el MERCOSUR; y

e. desempeñar las demás tareas que le sean encomendadas por el Grupo Mercado Común en materia de servicios.

Artículo XXIV

Solución de controversias

Las controversias que puedan surgir entre los Estados Partes con relación a la aplicación, interpretación o incumplimiento de los compromisos establecidos en el presente Protocolo, serán resueltas de conformidad con los procedimientos y mecanismos de solución vigentes en el MERCOSUR.

PARTE V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo XXV

Anexos

Los Anexos del presente Protocolo forman parte integrante del mismo.

Artículo XXVI

Revisión

1. Con la finalidad de alcanzar el objeto y fin del presente Protocolo, éste podrá ser revisado, teniendo en cuenta la evolución y reglamentación del comercio de servicios en el MERCOSUR así como los avances logrados en materia de servicios en la Organización Mundial de Comercio y otros Foros Especializados.

2. En particular, en base a la evolución del funcionamiento de las disposiciones institucionales del presente Protocolo y de la estructura institucional del MERCOSUR, la Parte IV podrá ser modificada con vistas a su perfeccionamiento.

Artículo XXVII

Vigencia

1. El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, tendrá duración indefinida y entrará en vigor treinta días después de la fecha del depósito del tercer instrumento de ratificación.

2. El presente Protocolo y sus instrumentos de ratificación serán depositados ante el Gobierno de la República del Paraguay, el que enviará copia autenticada del presente Protocolo a los Gobiernos de los demás Estados Partes.

3. Las Listas de compromisos específicos se incorporarán a los ordenamientos jurídicos nacionales de conformidad con los procedimientos previstos en cada Estado Parte.

Artículo XXVIII

Notificaciones

El Gobierno de la República del Paraguay notificará a los gobiernos de los demás Estados Partes la fecha del depósito de los instrumentos de ratificación y de la entrada en vigor del presente Protocolo.

Artículo XXIX

Adhesión o denuncia

En materia de adhesión o denuncia, regirán como un todo, para el presente Protocolo, las normas establecidas por el Tratado de Asunción. La adhesión o denuncia al Tratado de Asunción o al presente Protocolo, significan, ipso jure, la adhesión o denuncia al presente Protocolo y al Tratado de Asunción.

Artículo XXX

Denominación

El presente Protocolo se denominará Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercado Común del Sur.

Hecho en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, a los quince días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y siete, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos texto igualmente auténticos.

(SIGUEN FIRMAS)".

Anexo II al
Rep. Nº 374

"Comisión de Asuntos Internacionales

INFORME EN MAYORÍA

Señores Representantes:

La Comisión de Asuntos Internacionales ha analizado el proyecto de ley por el cual se aprueba el Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios en el Mercado Común del Sur, suscrito el 15 de diciembre de 1997 y sus Anexos aprobados por Decisión Nº 9/98 del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR en su reunión de 23 y 24 de julio de 1998, por los cuatro Estados Parte del MERCOSUR.

El Protocolo de Montevideo constituye un instrumento adicional que complementa el acuerdo marco del MERCOSUR, es decir el Tratado de Asunción. En efecto, en dicho Tratado se establece que el Mercado Común implicará la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre sus Estados Parte, y el Protocolo en estudio regula justamente uno de esos tres aspectos, al consagrar las normas y principios que regirán el comercio de servicios entre los Estados Parte del MERCOSUR con el objeto de promover el libre comercio. El propio preámbulo del Protocolo establece la importancia que tiene la liberalización del comercio de servicios para la profundización de la Unión Aduanera y la progresiva conformación del Mercado Común.

El instrumento que estamos analizando está de acuerdo a los compromisos asumidos en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial de Comercio (OMC) -aprobado por Ley Nº 16.671, de 13 de diciembre de 1994-, en particular su artículo V, que prevé mecanismos de liberalización del comercio de servicios entre las partes de acuerdos de integración económica.

De acuerdo a su artículo I, el objetivo del Protocolo es promover el libre comercio de servicios en el MERCOSUR; y dicho instrumento se aplicará a las medidas adoptadas por los Estados Parte que afecten al comercio de servicios en el MERCOSUR.

A los efectos de definir el comercio de servicios, se recurre a la misma definición contenida en el AGCS. Se aclara que el término "servicios" comprende todo servicio de cualquier sector, excepto los servicios prestados en ejercicio de facultades gubernamentales, es decir aquellos servicios que no se presten en condiciones comerciales ni en competencia con otros prestadores de servicios.

En la Parte II sobre obligaciones y disciplinas generales se recogen principios establecidos en el ya mencionado AGCS. En efecto, se asumen obligaciones respecto al trato de la nación más favorecida, al acceso a los mercados, y al trato nacional, que constituyen pilares en lo referente a disciplinas del comercio internacional.

De acuerdo al trato de la nación más favorecida, cada Estado Parte otorgará a los servicios y a los prestadores de servicios de los demás Estados Parte un trato no menos favorable que el que conceda a los servicios y a los prestadores de servicios de cualquier otro Estado Parte o de terceros países (artículo III).

En cuanto al acceso a los mercados, el inciso 2 del artículo IV detalla en forma exhaustiva cuáles son las medidas que lo restringen, y que por tanto deberán ser liberalizadas en el proceso.

Conforme el trato nacional, cada Estado Parte otorgará a los servicios y a los prestadores de servicios de cualquier otro Estado Parte, un trato no menos favorable que el que dispense a sus propios servicios o prestadores de servicios (artículo V).

En ambos casos, Acceso al Mercado y Trato Nacional, si los Estados Parte tienen medidas restrictivas en dichas áreas, deberán enunciarlas en las listas de compromisos específicos, para luego eliminarlas paulatinamente con el objetivo de alcanzar la liberalización en el comercio de servicios.

De acuerdo al artículo XV, las obligaciones referentes al trato de la nación más favorecida, a la de acceso a los mercados y a la de trato nacional, no se aplicarán a la contratación que realicen los organismos gubernamentales de servicios destinados a fines oficiales. Sin perjuicio de ello, las Parte Contratantes acuerdan la aplicación de las disciplinas comunes en materia de compras gubernamentales que serán establecidas en el MERCOSUR.

En el artículo VII se establecen disciplinas relacionadas con la transparencia, al obligar a los Estados Parte a publicar e informar a sus pares sobre aquellas medidas y acuerdos internacionales suscritos por éstos, que se refieren o afecten el funcionamiento del Protocolo. Asimismo, los signatarios se comprometen a responder a las peticiones de información específica que le realicen los demás Estados Parte sobre la materia del Protocolo. Sin embargo, los Estados no están obligados a facilitar información confidencial que pueda ser contraria al interés público o pueda lesionar intereses legítimos de empresas públicas o privadas (artículo IX).

Por el artículo X los Estados Parte se comprometen a aplicar en forma razonable, objetiva e imparcial aquellas medidas que afecten el comercio de servicios. Las medidas relativas a las normas técnicas, y los requisitos en materia de licencias, no deberán constituir obstáculos innecesarios al comercio de servicios. Por otra parte, se establece la obligación para cada Miembro de establecer tribunales o procedimientos judiciales que permitan la pronta revisión de las decisiones administrativas que afecten el comercio de servicios.

El artículo XIII contiene las medidas que son exceptuadas de la regulación general del Protocolo, de las cuales se destacan: las medidas necesarias para proteger la moral o mantener el orden público; las necesarias para proteger la vida y salud de las personas y de los animales o para preservar los vegetales; las medidas necesarias para lograr la observancia de las leyes y los reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Protocolo. Por otra parte, ninguna disposición del Protocolo se interpretará de forma que impida a un Estado Parte la adopción de medidas en cumplimiento de las obligaciones por él contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.

El artículo XVI reconoce que en determinadas circunstancias las subvenciones pueden tener efectos de distorsión del comercio de servicios, situación para la cual se prevé la celebración de consultas entre los miembros involucrados.

En la Parte III del Protocolo en estudio se establece el Programa de Liberalización a través del cual se profundizarán los compromisos asumidos por los Estados. A tales efectos, se realizarán anualmente sucesivas rondas de negociaciones en donde cada Estado Parte, por medio de las listas de compromisos específicos, incorporará progresivamente nuevos sectores y actividades al Programa de Liberalización.

El Consejo Mercado Común será el encargado de aprobar los compromisos específicos asumidos, así como cualquier modificación y/o suspensión de los mismos que se realice durante la implementación del Programa. Las listas de compromisos específicos se anexarán al Protocolo y serán parte integrante del mismo, una vez que cada Estado Parte lo haya incorporado a su ordenamiento nacional.

Se establece un plazo máximo de diez años -contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Protocolo- para la finalización del Programa.

De acuerdo a los artículos XXII y XXIII, las negociaciones en materia de comercio de servicios serán competencia del Grupo Mercado Común, y de la Comisión de Comercio del MERCOSUR.

El Protocolo de Montevideo será parte integrante del Tratado de Asunción una vez que entre en vigor, lo que sucederá el trigésimo día contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el cuarto instrumento de ratificación (artículo XXVII).

Se prevé la revisión del Protocolo a los efectos de recoger los avances logrados en materia de reglamentación del comercio de servicios (artículo XXV).

Finalmente, el Poder Ejecutivo en su Mensaje, extiende la solicitud de aprobación a la Decisión Nº 9/98 del Consejo Mercado Común, por la cual se aprueban cuatro Anexos al Protocolo, y la lista de los primeros compromisos asumidos por los Estados Parte.

Los cuatro Anexos establecen disposiciones específicas sobre los siguientes sectores: Movimiento de Personas Físicas Proveedoras de Servicios, Servicios Financieros, Servicios de Transporte Terrestre y por Agua, y Servicios de Transporte Aéreo. Estos sectores no serán regulados por la normativa general del Protocolo, sino conforme lo establecido en los Anexos.

El Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur establece un marco regional de principios y normas para el comercio de servicios -el sector más dinámico de la economía mundial- así como la base para negociar la liberalización de dicho sector entre los Estados Contratantes.

Por tales razones, esta Comisión aconseja al Cuerpo la aprobación del presente Protocolo y de los Anexos referidos.

Sala de la Comisión, 17 de marzo de 2004.

DIEGO MARTÍNEZ, Miembro Informante, ANTONIO LÓPEZ, JAIME MARIO TROBO.

Comisión de Asuntos Internacionales

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

La Comisión de Asuntos Internacionales ha analizado el proyecto por el cual se aprueba el Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios en el Mercado Común del Sur, suscrito el 15 de diciembre de 1997 y sus Anexos, aprobados por Decisión Nº 9/98 del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, en su reunión de 23 y 24 de julio de 1998, por los cuatro Estados Parte del MERCOSUR.

El Protocolo de Montevideo constituye el instrumento que consagra las normas y principios para el comercio de servicios entre los Estados Parte del Mercado Común del Sur con el objeto de promover el libre comercio de servicios en el MERCOSUR.

Este instrumento a consideración basa sus disposiciones en las soluciones establecidas por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), uno de los Acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, cubiertos por el Acta Final, suscrita en Marrakesh, el 15 de abril de 1994, aprobado por Ley Nº 16.671, promulgada el 13 de diciembre de 1994.

Sin menoscabo de lo anteriormente planteado, surge del análisis del Protocolo de Montevideo y de los instrumentos vinculados al mismo una serie de objeciones que ameritan la presentación de un proyecto de ley sustitutivo en el que se agregan los artículos 2 y 3 al proyecto emanado del Poder Ejecutivo.

La mayor dificultad no surge del cuerpo del propio Protocolo, ni de sus Anexos, ni tampoco de las Listas de Compromisos Específicos Iniciales, sino de la Decisión Nº 11/01 del Consejo Mercado Común (CMC), relativa a la exención para futuras reglamentaciones, que modifica en forma muy significativa el alcance del artículo XIX referente al Programa de Liberalización y la Negociación de compromisos específicos, en particular en lo relativo a los aspectos de reglamentación nacional contenidos en los párrafos 3 y 4.

El párrafo 3 del artículo XIX del Protocolo establece que "en el desarrollo del Programa de Liberalización se admitirán diferencias en el nivel de compromisos asumidos atendiendo a las especificidades de los distintos sectores y respetando los objetivos señalados en el párrafo siguiente". En cambio, el inciso final del artículo 2 de la citada Decisión establece que "en caso que un sector y subsector y modo de prestación se liberalice y consigne en las listas de compromisos de tres Estados Parte, el cuarto Estado Parte consignará automáticamente la misma liberalización".

Asimismo, el párrafo 4 del artículo XIX del Protocolo establece que "el proceso de liberalización respetará el derecho de cada Estado Parte de reglamentar e introducir nuevas reglamentaciones para alcanzar objetivos de política nacional relativas al sector servicios", "que podrán regular, entre otros, el trato nacional y el acceso a mercados, toda vez que no anulen o menoscaben obligaciones de este Protocolo y de los compromisos específicos". Por otra parte, el artículo 1 de la Decisión referida establece que "cuando un Estado Parte ejerza su derecho a reglamentar aquellos sectores y subsectores de servicios, que en la actualidad no están reglamentados, eximirá a los servicios y a los prestadores de servicios de los demás Estados Parte de las restricciones al acceso a mercado y al trato nacional que pudiera contener esta reglamentación, siempre que se encuentren liberalizados y consignados en las listas de los demás Estados Parte", lo cual es reforzado por el segundo inciso del artículo 2 de la citada Decisión que establece que "a partir de la Cuarta Ronda de Negociaciones, los Estados Parte consignarán en las listas de compromisos 'ninguna' limitación para los sectores y subsectores y modos de prestación (...) que no se encuentren reglamentados, y que estén consignados sin ninguna limitación en los demás Estados Parte".

De lo anterior surge que a través de la Decisión Nº 11/01 del CMC se modifica el texto del Protocolo, estableciendo limitaciones a las posibilidades de reglamentación posterior de los Estados Parte, así como se restringe el alcance de las diferencias que podrán admitirse en los niveles de compromisos específicos asumidos, estableciéndose un régimen de automaticidad de dudosa validez jurídica en el derecho interno de cada uno de los Estados Parte, máxime cuando la propia Decisión establece en su artículo final que la misma no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Parte, por reglamentar aspectos de la organización o funcionamiento del MERCOSUR.

La segunda dificultad se vincula con un problema que ya fue presentado en ocasión de ratificarse el Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC, relativo a servicios financieros, y que mereciera la inclusión de un segundo artículo que precisara que se encuentran exceptuados de la aplicación de las normas generales los Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales regulados por la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989, a los efectos de contemplar la legislación vigente en nuestro país en la materia y subsanar la no inclusión de excepciones, al momento de la firma de dicho Protocolo, por parte de los negociadores de la República, a la aplicación del régimen general del Protocolo. En este sentido se propone la inclusión de una cláusula con igual sentido a la incluida en la Ley Nº 17.618, de 10 de enero de 2003.

Por las razones anteriormente expuestas, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley sustitutivo.

Sala de la Comisión, 17 de marzo de 2004.

ENRIQUE PINTADO, Miembro Informante, RAMÓN FONTICIELLA.

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- Apruébase el Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercado Común del Sur, suscrito el 15 de diciembre de 1997, en la ciudad de Montevideo y sus Anexos aprobados por Decisión Nº 9/98 del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, en su reunión de 23 y 24 de julio de 1998.

Artículo 2º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo efectuar, al momento de depositar el instrumento de ratificación de la República al Protocolo de Montevideo, las siguientes declaraciones:

"La República Oriental del Uruguay entiende que:

Los Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulados por la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989, se encuentran comprendidos en el párrafo 1 del apartado b) inciso ii) del Anexo sobre Servicios Financieros y por tanto están exceptuados del alcance del Protocolo de Montevideo.

El presente Protocolo no puede ser modificado directa ni indirectamente por normas que no sean incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales, de conformidad con los procedimientos previstos en cada Estado Parte".

Artículo 3º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo a impulsar, en forma inmediata, una modificación o interpretación de la Decisión Nº 11/01 del Consejo Mercado Común del MERCOSUR (CMC) de forma tal de garantizar que lo establecido en el artículo 1 de la misma no menoscaba "el derecho de cada Estado Parte de reglamentar e introducir nuevas reglamentaciones, dentro de sus territorios, para alcanzar objetivos de políticas nacionales relativas al sector servicios", en las condiciones previstas por el artículo XIX, párrafo 4 del Protocolo de Montevideo, y que lo establecido en el último inciso del artículo 2 de la referida Decisión Nº 11/01 del CMC tiene aplicación exclusiva para aquellos sectores que no se encuentren reglamentados.

Sala de la Comisión, 17 de marzo de 2004.

ENRIQUE PINTADO, Miembro Informante, RAMÓN FONTICIELLA".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.

En este momento no es posible proceder a la votación del artículo único porque no hay el quórum requerido, por lo que este asunto se aplaza hasta que haya cincuenta legisladores en Sala.

15.-     Ejercicio Combinado de Planificación (Ceibo 2004) en la Modalidad de Apoyo a la Comunidad ante Desastres Naturales, a realizarse entre el 20 y el 24 de setiembre de 2004. (Se autoriza el ingreso al territorio nacional de veinticinco integrantes del Ejército de la República Argentina).

Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: "Ejercicio Combinado de Planificación (Ceibo 2004) en la Modalidad de Apoyo a la Comunidad ante Desastres Naturales, a realizarse entre el 20 y el 24 de setiembre de 2004. (Se autoriza el ingreso al territorio nacional de veinticinco integrantes del Ejército de la República Argentina)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1630

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 27 de abril de 2004.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el agrado de remitir el presente proyecto de ley acorde a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 181 de la Constitución de la República, a efectos que ese Cuerpo conceda la autorización establecida en el numeral 11 del artículo 85 de dicha Constitución, para que 25 (veinticinco) efectivos integrantes del Personal Superior del Ejército de la República Argentina ingresen a nuestro país a fin de participar en el Ejercicio Combinado de Planificación (Ceibo 2004).

El citado Ejercicio se realizará en la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro, dentro del ámbito de la división Ejército III, entre el 20 y el 24 de setiembre de 2004 y participarán 25 (veinticinco) integrantes de la Brigada Nº 2 (Paraná) por el Ejército Argentino y una delegación similar de la Brigada de Infantería Nº 3 (Salto) por nuestro país.

Este tipo de Ejercicio se viene realizando con el Ejército Argentino desde el año 1997, abarcando desde dicho año hasta el 2000, la temática de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, modificándose en el año 2003 dicha temática, la cual se mantiene para este año y es la relativa a la modalidad de Apoyo a la Comunidad ante Desastres Naturales.

En tal sentido, se ha coordinado durante la primera Reunión de Planificación, la atención a una situación de crisis generada por desbordes del Río Uruguay ante una inundación que evoluciona desde Salto Grande.

Por los fundamentos expuestos, se solicita la atención de ese Cuerpo al proyecto de ley que se acompaña y cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General, con su mayor consideración.

LUIS HIERRO LÓPEZ, YAMANDÚ FAU, DANIEL BORRELLI, DIDIER OPERTTI BADÁN.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Autorízase el ingreso a territorio nacional de 25 (veinticinco) integrantes del Ejército de la República Argentina, a efectos de participar en el Ejercicio Combinado de Planificación (Ceibo 2004), en la modalidad de Apoyo a la Comunidad ante Desastres Naturales, a llevarse a cabo en la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro, entre el 20 y el 24 de setiembre de 2004.

Montevideo, 27 de abril de 2004.

YAMANDÚ FAU, DANIEL BORRELLI, DIDIER OPERTTI BADÁN.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Autorízase el ingreso a territorio nacional de 25 (veinticinco) integrantes del Ejército de la República Argentina, a efectos de participar en el Ejercicio Combinado de Planificación (Ceibo 2004), en la modalidad de Apoyo a la Comunidad ante Desastres Naturales, a llevarse a cabo en la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro, entre el 20 y el 24 de setiembre de 2004.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 9 de junio de 2004.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

Anexo I al
Rep. Nº 1630

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Defensa Nacional

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha analizado el presente proyecto de ley que cuenta con la aprobación de la Cámara de Senadores, por el cual se autoriza el ingreso al territorio nacional de veinticinco integrantes del Ejército de la República Argentina, a efectos de participar en el Ejercicio Combinado de Planificación (Ceibo 2004), en la modalidad de Apoyo a la Comunidad ante desastres naturales.

Para la edición a realizarse en el presente año, se ha coordinado durante la primera reunión de planificación, llevar a cabo el Ejercicio en la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro, entre los días 20 y 24 de setiembre, atendiendo una situación creada de crisis generada por desbordes del Río Uruguay a la altura de la ciudad de Concordia, República Argentina; esto permitirá inicialmente, utilizar los antecedentes de ese Ejercicio para plantear la situación de este año.

La participación de ambos Ejércitos se basará en un equipo de Personal Superior, que no excederá los veinticinco integrantes por cada institución y que pertenecen a la Brigada Blindada Nº 2 (Paraná) por el Ejército Argentino y la Brigada de Infantería Nº 3 (Salto) por el Ejército Nacional.

Los objetivos generales de la planificación:

Consolidar los lazos de unión, cooperación y amistad entre los integrantes de ambos Ejércitos.

Alcanzar un entendimiento mutuo en los procedimientos, métodos y técnicas a emplear en las Operaciones de Defensa y Protección Civil/Apoyo a la Comunidad ante situaciones de emergencia.

Incrementar la interoperabilidad doctrinaria, estableciendo pautas comunes de trabajo combinado y afianzando las lecciones aprendidas.

Compartir e intercambiar experiencias que permitan afrontar nuevos desafíos.

Intercambiar información y experiencias referente a organizaciones y mecanismos empleados en ambos países para enfrentar este tipo de situaciones.

Objetivos particulares de la planificación:

Ejercitar un Estado Mayor Combinado en el proceso de planeamiento y conducción de una operación ante situaciones de emergencia.

Intercambiar experiencias sobre capacidades operativas de actuación en Operaciones de Defensa y Protección Civil/Apoyo a la Comunidad.

Analizar los requerimientos jurídicos, operaciones y logísticos necesarios para el cumplimiento de este tipo de misiones.

Cabe precisar que, en el marco de las actividades de relacionamiento con países de la región y de acuerdo a los compromisos contraídos con anterioridad con el Ejército de la República Argentina, el mencionado Ejercicio se viene realizando anualmente desde el año 1997, alternando en territorio uruguayo o argentino, y que en sus primeras ediciones abarcó la temática de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y que a partir del año 2001 en la modalidad de Apoyo a la Comunidad ante Desastres Naturales.

En atención a que el referido Ejercicio Combinado viene a continuar la secuencia de los mismos y que han beneficiado la capacitación profesional de nuestros mandos y acrecentado las relaciones con el Ejército del país vecino, es que se solicita al Cuerpo, la aprobación del proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 4 de agosto de 2004.

LUIS M. LEGLISE, Miembro Informante, JOSÉ BAYARDI, WALTER VENER CARBONI".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Leglise.

SEÑOR LEGLISE.- Señor Presidente: este es un proyecto de ley con artículo único por el cual se autoriza el ingreso al territorio nacional de veinticinco integrantes del Ejército de la República Argentina a efectos de participar en el Ejercicio Combinado de Planificación -Ceibo 2004-, en la modalidad de Apoyo a la Comunidad ante Desastres Naturales, a llevarse a cabo en la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro, entre el 20 y el 24 de setiembre de 2004.

En definitiva, se podrá contar con la experiencia de estos Oficiales que vienen desde la Argentina y que tuvieron una participación directa en las inundaciones de Santa Fe. Entonces, lo que intenta nuestro personal superior es recoger dicha experiencia de apoyo directo a la comunidad.

En este ejercicio participarán veinticinco integrantes de la Brigada Nº 2 -Paraná- del Ejército argentino y una delegación similar de la Brigada de Infantería Nº 3 -Salto- de nuestro país.

Todos sabemos que esta Brigada de Infantería Nº 3 normalmente tiene bajo su égida la ayuda comunitaria en cada una de las inundaciones que se producen en el río Uruguay, ya sea en Artigas, Salto, Paysandú o Río Negro. Por lo tanto, se trata de gente especializada en la materia y que encuentra indispensable poder munirse de la experiencia argentina.

En conclusión, la Comisión de Defensa Nacional sugiere al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley de artículo único.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en cincuenta: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

SEÑOR ORTIZ.- ¡Que se suprima la lectura!

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y tres en cincuenta: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

16.-     Urgencias.

——Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Amen Vaghetti, Argenzio, Cardozo Ferreira, Bianchi, Falero y Orrico.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley por el que se otorga una pensión graciable al señor Jorge Gularte (Carpeta Nº 4064/004, Repartido Nº 1709)".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

17.-     Pensión graciable.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, a partir de este momento se procederá a tomar la votación de la pensión graciable para el señor Jorge Gularte, la que se efectuará por cédulas y hasta la hora 19.

La Mesa recuerda a los señores Diputados que deberán firmar las tirillas de los sobres y que el voto es secreto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 111 de la Constitución.

18.-     Urgencias.

Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Cardozo Ferreira, Bianchi, Argenzio, Orrico y Amen Vaghetti.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo con el Gobierno del Estado de Israel para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y su Protocolo (Carpeta Nº 4043/004, Repartido Nº 1697)".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

19.-     Acuerdo con el Gobierno del Estado de Israel para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y su Protocolo. (Aprobación).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Acuerdo con el Gobierno del Estado de Israel para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y su Protocolo. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1697

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 28 de julio de 1998.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 20 y el artículo 85 numeral 7 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado de Israel para la Promoción y Protección recíprocas de Inversiones, suscrito en Jerusalem, el 30 de marzo de 1998 y su Protocolo.

El Acuerdo constituye un adecuado marco jurídico que regula tan trascendente materia en el ámbito de las relaciones bilaterales uruguayo-israelíes, propendiendo a la creación de condiciones favorables para la radicación de inversiones de capital de inversionistas de cada Parte Contratante en el territorio de la otra.

El artículo 2 establece que cada Parte Contratante promoverá y creará condiciones favorables para la radicación de inversiones de la otra Parte Contratante, las cuales recibirán un trato justo y equitativo, gozando de protección y seguridad en su territorio. El artículo 3, intitulado "Tratamiento Nacional y de Nación Más Favorecida", establece en su numeral 1, que cada Parte Contratante deberá dar, a las inversiones o rentas de la otra Parte Contratante, un tratamiento no menos favorable que el otorgado a las inversiones o rentas de sus propios inversores o de inversores de terceros Estados.

El artículo 4 recoge como principio que las inversiones de inversores de cualquiera de las Partes Contratantes no serán nacionalizadas, expropiadas ni sujetas a medidas que tengan efectos equivalentes al de nacionalización o expropiación en el territorio de la otra Parte Contratante, salvo por razones de utilidad pública relacionadas con las necesidades internas de esa Parte Contratante sobre una base no discriminatoria y contra una compensación inmediata, adecuada y efectiva.

La protección de las inversiones de una Parte Contratante en el territorio de la otra, se refuerza en virtud de lo dispuesto en el artículo 5: "Los inversores de una Parte Contratante cuyas inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante sufrieran pérdidas debido a guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección, motín, u otro evento similar en el territorio de esta última Parte Contratante, recibirán de ésta, en lo que se refiere a restitución, indemnización, compensación u otro resarcimiento, un tratamiento no menos favorable que el acordado por ésta a sus propios inversores o a los inversores de un tercer Estado. Los pagos resultantes serán efectuados sin demora y serán libremente transferibles en moneda de uso corriente".

El artículo 6 refiere a los procedimientos y condiciones por medio de los cuales cada Parte Contratante garantiza a los inversores de la otra Parte Contratante respecto de las inversiones, la transferencia irrestricta de sus inversiones y rentas.

El artículo 7 regula las controversias que eventualmente puedan surgir entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante en relación a las inversiones efectuadas en el territorio de esta última. A tales efectos, dispone que de no solucionarse mediante negociaciones la controversia, ésta será sometida, a opción del inversor, a los tribunales de la Parte Contratante donde tiene radicada su inversión, o bien a arbitraje internacional. En caso de recurrir al arbitraje, éste se efectuará en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), creado por el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, suscrito en Washington el 18 de marzo de 1965. Hasta que nuestro país ratifique la mencionada Convención, la controversia podrá ser sometida a arbitraje bajo las normas del Mecanismo Complementario del CIADI para la Administración de Conciliación, Arbitraje y Procedimientos de Decisión, o bien a un tribunal de arbitraje creado para cada caso.

El artículo 8 regula el procedimiento de solución de controversias que puedan surgir entre las Partes Contratantes respecto de la interpretación o aplicación del Acuerdo las que serán solucionadas por la vía diplomática, la cual podrá incluir, si ambas Partes lo desean, su remisión a una Comisión Bilateral compuesta por representantes de ambas Partes Contratantes. Si así no se resolviere dentro de los plazos establecidos, la misma será sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes, a un Tribunal Arbitral, el que adoptará su decisión por mayoría de votos, siendo esta obligatoria para ambas Partes Contratantes.

El presente Acuerdo contiene asimismo un Protocolo, el que también ha sido suscrito en Jerusalem el día 30 de marzo del corriente año, disponiendo que el cuerpo y texto de este documento constituyen parte integrante de dicho Instrumento jurídico.

En su parte medular establece que las disposiciones del artículo 3 del Acuerdo, no se interpretarán como la obligación del Estado de Israel de extender a los inversores de nuestro país los beneficios de cualquier tratamiento o preferencia resultantes de las definiciones de "inversor" o "reinversión" y de las disposiciones del artículo 6 contenidas en los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones celebrados entre el Gobierno del Estado de Israel y los Gobiernos de Polonia, Hungría y Rumania en 1991.

Considerando la importancia otorgada por el Uruguay al fomento de las inversiones como condición indispensable para el crecimiento económico y el bienestar social, el presente Acuerdo con el Estado de Israel constituye un instrumento eficaz para la consecución de esos objetivos, para lo cual el Poder Ejecutivo solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARÍA SANGUINETTI, DIDIER OPERTTI BADÁN, LUIS A. MOSCA.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado de Israel para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y su Protocolo, suscritos en Jerusalem, el 30 de marzo de 1998.

Montevideo, 28 de julio de 1998.

DIDIER OPERTTI BADÁN, LUIS A. MOSCA.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 11 de abril de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el mensaje de fecha 28 de julio de 1998 que se adjunta, por el cual se solicita la aprobación parlamentaria del Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Estado de Israel para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y su Protocolo, suscrito en Jerusalén el 30 de marzo de 1998.

Al continuar en vigencia para los intereses y el prestigio internacional de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, DIDIER OPERTTI BADÁN, ALBERTO BENSIÓN.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Estado de Israel para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y su Protocolo, suscrito en Jerusalén el 30 de marzo de 1998.

Montevideo, 11 de abril de 2000.

DIDIER OPERTTI BADÁN, ALBERTO BENSIÓN.

TEXTO DEL ACUERDO

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Estado de Israel (en adelante: las "Partes Contratantes"),

CON EL DESEO de intensificar la cooperación económica para el beneficio mutuo de ambos países,

CON EL PROPÓSITO de crear condiciones favorables para mayores inversiones por parte de inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, y

RECONOCIENDO que la promoción y la protección recíprocas de inversiones basadas en este Acuerdo contribuirán al estímulo de la iniciativa económica individual y favorecerán la expansión de las relaciones económicas entre ambas Partes Contratantes,

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1

Definiciones

A los efectos del presente Acuerdo:

1. El término "inversión" designa, todo tipo de activo invertido de conformidad con las leyes y reglamentos de la Parte Contratante en cuyo territorio se realiza la inversión, incluyendo, aunque no exclusivamente:

a. la propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como cualquier otro derecho real, respecto de todo tipo de activos;

b. derechos derivados de acciones, bonos y otros tipos de participación en sociedades;

c. derechos a sumas de dinero, valor llave y otros activos y a cualquier prestación que tenga un valor económico;

d. derechos en el ámbito de la propiedad intelectual, procedimientos técnicos y "know-how";

e. concesiones económicas conferidas por ley, por acto administrativo o por contrato, incluyendo las concesiones para la prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales.

2. Ninguna modificación en la forma en la cual se inviertan o reinviertan los activos, de conformidad con las leyes y reglamentos de la Parte Contratante en cuyo territorio se realiza la inversión, afectará su calidad de inversión conforme al presente Acuerdo.

3. El término "inversor" designa:

a. a las personas físicas que sean nacionales o residentes permanentes de la Parte Contratante interesada, y que no sean a su vez nacionales de la otra Parte Contratante; o

b. a las sociedades incluyendo empresas, firmas o asociaciones con personalidad jurídica o constituidas de conformidad con la legislación de la Parte Contratante interesada.

4. El término "rentas" designa el monto producido por una inversión incluyendo, pero no limitado a: dividendos, utilidades, sumas provenientes del pago total o parcial de la liquidación de una inversión, intereses, ganancias de capital, regalías u honorarios.

5. El término "territorio" significa con respecto a cada Parte Contratante, el territorio de esa Parte Contratante, incluyendo el mar territorial y la zona de uso económico exclusivo así como también la plataforma continental sobre las cuales esa Parte Contratante ejerce derechos soberanos o jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional.

6. El término "moneda de uso corriente" significa una moneda que el Fondo Monetario Internacional designa, en forma periódica, como moneda de uso corriente, de conformidad con el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional y sus enmiendas.

Artículo 2

Promoción y Protección de Inversiones

1. Cada Parte Contratante promoverá y creará, en su territorio, condiciones favorables para las inversiones de los inversores de la otra Parte Contratante y, conforme a su ordenamiento jurídico, admitirá dichas inversiones.

2. Las inversiones que realicen los inversores de cada Parte Contratante recibirán un tratamiento justo y equitativo y gozarán de plena protección y seguridad en el territorio de la otra Parte Contratante. Ninguna de las Partes Contratantes de modo alguno dificultará mediante medidas irrazonables o discriminatorias la administración, mantenimiento, uso, goce o disposición en su territorio de las inversiones de los inversores de la otra Parte Contratante.

3. Cada Parte Contratante, sujeta y de conformidad con sus leyes y reglamentos y procedimientos y prácticas administrativas, considerará favorablemente asuntos concernientes a la entrada, permanencia, trabajo y movilidad en su territorio de nacionales de la otra Parte Contratante que realicen actividades vinculadas con inversiones, según fueron definidas por este Acuerdo, y de los miembros de su familia que formen parte de su hogar.

Artículo 3

Tratamiento Nacional y de Nación más favorecida

1. Ninguna de las Partes Contratantes someterá, en su territorio, a las inversiones o rentas de los inversores de la otra Parte Contratante a un tratamiento menos favorable que el otorgado a las inversiones o rentas de sus propios inversores o a las inversiones o rentas de inversores de terceros Estados.

2. Ninguna de las Partes Contratantes someterá, en su territorio, a los inversores de la otra Parte Contratante, con respecto a la administración, mantenimiento, uso, goce o disposición de sus inversiones, a un tratamiento menos favorable que el otorgado a sus propios inversores o a inversiones de terceros Estados.

3. Las disposiciones del presente Acuerdo relativas al otorgamiento de un tratamiento no menos favorable que el acordado a los inversores de cualquiera de las Partes Contratantes o a los inversores de un tercer Estado, no serán interpretadas en el sentido de obligar a una Parte Contratante a extender a los inversores de la otra el beneficio de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio que resulte de:

a. cualquier Acuerdo o arreglo internacional relativo total o principalmente a impuestos, o cualquier legislación interna relativa total o principalmente a impuestos;

b. cualquier Acuerdo existente o futuro de unión aduanera, zona de libre comercio o un acuerdo internacional similar en el cual alguna de las Partes Contratantes sea o pueda ser parte.

Artículo 4

Expropiación

Las inversiones de inversores de cualquiera de las Partes Contratantes no serán nacionalizadas, expropiadas ni sujetas a medidas que tengan efecto equivalente al de nacionalización o expropiación (en adelante: "expropiación") en el territorio de la otra Parte Contratante, salvo por razones de utilidad pública relacionadas con las necesidades internas de esa Parte Contratante, de conformidad con las leyes y reglamentos de esa Parte Contratante, sobre una base no discriminatoria y contra compensación inmediata, adecuada y efectiva. Dicha compensación corresponderá al valor de mercado que la inversión expropiada tenía inmediatamente antes de la expropiación o antes de que la expropiación inminente se hiciera pública, lo que ocurra primero, comprenderá intereses hasta la fecha de pago, a la tasa aplicable estipulada por la legislación de esa Parte Contratante será pagada sin demora y será efectivamente realizable y libremente transferible. Los inversores afectados tendrán derecho, en virtud de la legislación de la Parte Contratante que hace la expropiación, a una inmediata revisión, por parte de una autoridad judicial u otra autoridad independiente de esa Parte Contratante, de su caso y de la valuación de su inversión, de conformidad con los principios establecidos en este párrafo.

Artículo 5

Compensación por Pérdidas

Los inversores de una Parte Contratante cuyas inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante sufrieran pérdidas debido a guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección, motín, u otro evento similar en el territorio de esta última Parte Contratante, recibirán de ésta, en lo que se refiere a restitución, indemnización, compensación u otro resarcimiento, un tratamiento no menos favorable que el acordado por ésta a sus propios inversores o a los inversores de un tercer Estado. Los pagos resultantes serán efectuados sin demora y serán libremente transferibles en moneda de uso corriente.

Artículo 6

Repatriación de Inversiones y Rentas

Cada Parte Contratante, respecto de las inversiones, garantizará a los inversores de la otra Parte Contratante la transferencia irrestricta de sus inversiones y rentas, conforme a lo siguiente:

1. Las transferencias se efectuarán sin demora en la moneda de uso corriente en la cual se invirtió originalmente el capital y en cualquier otra moneda de uso corriente acordada entre el inversor y la Parte Contratante interesada, siempre que el inversor haya cumplido con todas sus obligaciones fiscales y que la repatriación se ajuste a las reglamentaciones cambiarias establecidas por la Parte Contratante en cuyo territorio se efectuó la inversión.

2. En caso que se modifiquen las reglamentaciones cambiarias de una Parte Contratante, esa Parte Contratante garantiza que dichas modificaciones no perjudicarán los derechos de repatriar las inversiones y rentas que tenían vigencia en el momento en que se efectuó la inversión.

3. Salvo acuerdo en contrario por el inversor, las transferencias se efectuarán a la tasa de cambio aplicable en la fecha de la transferencia conforme a las reglamentaciones cambiarias en vigor.

Artículo 7

Solución de Controversias entre un inversor
y una Parte Contratante

1. Toda controversia que surja entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante relativa a una inversión efectuada en el territorio de esta última, será objeto de negociaciones amistosas entre las partes en controversia.

2. Si la controversia no hubiera podido ser así solucionada en el término de seis meses a partir de su notificación, el inversor podrá someter la controversia a:

a. los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión; o

b. a arbitraje internacional conforme a las disposiciones del párrafo 3 de este artículo.

La elección por parte del inversor de uno u otro de los procedimientos antes mencionados será final, salvo que las partes en la controversia lo acuerden de otro modo.

3. En caso de arbitraje internacional, la controversia será sometida a elección del inversor, a:

a. el Centro Internacional de Arreglo de Controversias Relativas a Inversiones (CIADI), creado por la "Convención sobre Arreglo de Controversias Relativas a las Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", abierta a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965; hasta que la citada Convención sea ratificada por la República Oriental del Uruguay, la controversia podrá ser sometida a arbitraje bajo las normas del Mecanismo Complementario del CIADI para la Administración de Conciliación, Arbitraje y Procedimientos de Decisión; o

b. un tribunal de arbitraje creado para cada caso, que será establecido de conformidad con los principios enunciados en el artículo 8º de este Acuerdo.

4. Cada Parte Contratante consiente por el presente, el sometimiento de cualquier controversia sobre inversiones, para su solución, al arbitraje obligatorio, conforme a la elección ejercida por el inversor de acuerdo a lo dispuesto por este artículo.

5. El Tribunal Arbitral dirimirá una controversia de conformidad con aquellas reglas de derecho que hayan sido convenidas para las partes. En ausencia de acuerdo, el Tribunal aplicará la legislación de la Parte Contratante involucrada en la controversia, incluyendo sus normas referentes a conflictos de leyes y aquellas normas de derecho internacional que sean aplicables.

6. La sentencia arbitral será definitiva y obligatoria para las partes en la controversia.

7. Toda suma recibida o a pagar como resultado de un laudo será libremente transferible en una moneda de uso corriente.

Artículo 8

Controversias entre las Partes Contratantes

1. Las controversias que surgieren entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo serán, en lo posible, solucionadas por la vía diplomática, la cual podrá incluir, si ambas Partes Contratantes lo desean, su remisión a una Comisión Bilateral compuesta por representantes de ambas Partes Contratantes.

2. Si una controversia entre las Partes Contratantes no pudiera ser dirimida de esa manera dentro de los seis meses subsiguientes a la notificación de la controversia, ésta será sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, a un tribunal arbitral.

3. Dicho tribunal arbitral será constituido para cada caso particular de la siguiente manera: dentro de los dos meses subsiguientes a la recepción del pedido de arbitraje, cada Parte Contratante designará un miembro del tribunal. Estos dos miembros elegirán a un nacional de un tercer Estado quien, con la aprobación de ambas Partes Contratantes, será nombrado Presidente del tribunal. El Presidente será nombrado dentro de los dos meses subsiguientes a la fecha de designación de los otros dos miembros.

4. Si dentro de los plazos previstos en el apartado (3) de este artículo no se hubieran efectuado las designaciones necesarias, cualquiera de las Partes Contratantes podrá, en ausencia de otro arreglo, invitar al Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (en adelante: la "CPA"), a que se proceda a los nombramientos necesarios. Si el Secretario General de la CPA es nacional de cualquiera de las Partes Contratantes o estuviera impedido de cumplir dicha función por cualquier causa, el Subsecretario General de la CPA, que no sea nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, será invitado a realizar las designaciones necesarias.

5. El tribunal arbitral tomará su decisión por mayoría de votos. Tal decisión será obligatoria para ambas Partes Contratantes. Cada Parte Contratante sufragará los gastos de su miembro del tribunal y de su representación en el procedimiento arbitral; los gastos del Presidente, así como los demás gastos serán sufragados en partes iguales por las Partes Contratantes. El tribunal determinará su propio procedimiento.

Artículo 9

Subrogación

Si una Parte Contratante o su Agencia designada (en adelante la "Primera Parte Contratante") realizara un pago en virtud de un contrato de seguro o garantía otorgado con respecto a una inversión en el territorio de la otra Parte Contratante (en adelante: la "Segunda Parte Contratante"), la Segunda Parte Contratante reconocerá:

a. la asignación a la Primera Parte Contratante por ley o mediante transacción de todos los derechos y títulos de la parte indemnizada; y

b. que la Primera Parte Contratante está facultada para ejercer dichos derechos y hacer valer dichos títulos en virtud de la subrogación en la misma medida que la parte indemnizada, y asumirá las obligaciones relacionadas con la inversión.

Artículo 10

Aplicación de otras normas

Además de lo previsto en este Acuerdo, en caso que disposiciones del ordenamiento jurídico de cualquiera de las Partes Contratantes u obligaciones existentes derivadas del derecho internacional o que se establezcan en el futuro entre las Partes Contratantes, sean generales o específicas, otorguen a las inversiones de inversores de una de las Partes Contratantes un tratamiento más favorable que el brindado por el presente Acuerdo, dichas disposiciones prevalecerán sobre este Acuerdo en la medida que sean más favorables.

Artículo 11

Aplicación del Acuerdo

Las disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán a todas las inversiones realizadas antes o después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, pero no se aplicarán a ningún reclamo o controversia que hubiera surgido antes de su entrada en vigor.

Artículo 12

Entrada en vigor

Cada Parte Contratante notificará a la otra Parte Contratante por escrito a través de la vía diplomática el cumplimiento de sus procedimientos jurídicos internos requeridos para la entrada en vigor del presente Acuerdo. Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notificación.

Artículo 13

Vigencia y Terminación

El presente Acuerdo permanecerá en vigor por un período de diez (10) años. Luego continuará en vigor hasta la expiración de un plazo de doce (12) meses a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes Contratantes notifique por escrito a la otra Parte Contratante su decisión de dar por terminado este Acuerdo. Con respecto a las inversiones realizadas mientras esté en vigor el presente Acuerdo, sus disposiciones continuarán en vigor por un período de diez (10) años después de la fecha de terminación y sin perjuicio de la aplicación, de allí en adelante, de las normas del derecho internacional general.

En fe de lo cual, los suscritos, debidamente autorizados al efecto, suscriben el presente Acuerdo.

Hecho en Jerusalén, el 30 de marzo de 1998, que corresponde al día 3 de Nissan 5758, en dos copias originales, en los idiomas español, hebreo e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, prevalecerá el texto en inglés.

(SIGUEN FIRMAS)

Protocolo

Al firmar el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Estado de Israel para la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones;

Tomando en consideración las disposiciones del artículo 6º de los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, celebrado entre el Gobierno del Estado de Israel y los Gobiernos de Polonia, Hungría y Rumania en 1991;

Las Partes han acordado las siguientes disposiciones que constituyen parte integrante de dicho Acuerdo:

Las disposiciones del artículo 3º del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones, no se interpretarán como la obligación del Estado de Israel de extender a los inversores de la República Oriental del Uruguay los beneficios de cualquier tratamiento o preferencia resultantes de las definiciones de "inversión" o "reinversión" y de las disposiciones del artículo 6º contenidas en los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones celebrados entre el Gobierno del Estado de Israel y los Gobiernos de Polonia, Hungría y Rumania en 1991.

El Gobierno del Estado de Israel notificará en su caso y sin demora al Gobierno de la República Oriental del Uruguay que dichos Acuerdos han sido modificados de forma tal que este Anexo resulte innecesario. La referida notificación implicará la nulidad del presente Anexo.

Hecho en Jerusalén, el 30 de marzo de 1998, que corresponde al día 3 de Nissan 5758, en dos copias originales en los idiomas hebreo, español e inglés, siendo los tres textos igualmente auténticos.

En caso de divergencia en la interpretación, prevalecerá el texto en inglés.

(SIGUEN FIRMAS)

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Estado de Israel para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y su Protocolo, suscrito en Jerusalén el 30 de marzo de 1998.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 26 de agosto de 2004.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta en sesenta y tres: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al aprobado por el Senado)

20.-     Urgencias.

——Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Argenzio, Orrico, García Pintos, Cardozo Ferreira, Bianchi, Alonso, Amen Vaghetti y Falero.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la Carpeta Nº 3915/04, 'Contribución mensual de los beneficiarios de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas'".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y uno en sesenta y tres: AFIRMATIVA.

21.-     Contribución mensual de los beneficiarios de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. (Se declara que constituyen una contribución especial de acuerdo al artículo 13 del Código Tributario).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Contribución mensual de los beneficiarios de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. (Se declara que constituyen una contribución especial de acuerdo al artículo 13 del Código Tributario)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1644

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase que la contribución mensual de cada beneficiario de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas (DNSFFAA)a dicha institución a que refiere el Decreto-Ley Nº 15.675, de 16 de noviembre de 1984, denominado Fondo de Terceros según el artículo 39 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, es una contribución especial (artículo 13 del Código Tributario).

Artículo 2º.- Dichos Fondos serán administrados directamente por la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas (DNSFFAA) y utilizados exclusivamente para aquellos cometidos definidos por el artículo 5º del Decreto-Ley Nº 15.675, de 16 de noviembre de 1984.

Artículo 3º.- Agrégase al artículo 55 de la Ley Nº 16.736, de 2 de enero de 1996, el siguiente inciso:

"Los ingresos que recibe la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas por concepto de aportes de cada beneficiario dispuesto por el Decreto-Ley Nº 15.675, de 16 de noviembre de 1984, no integrarán el sistema presupuestario y como tal no serán reflejados en las leyes de presupuesto y de rendición de cuentas".

Artículo 4º.- Dentro de los ciento veinte días del cierre del ejercicio, el señor Director Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas elevará al señor Ministro de Defensa Nacional los estados contables correspondientes al uso de los fondos recaudados al amparo del Decreto-Ley Nº 15.675, de 16 de noviembre de 1984, los que serán publicados por una vez en un diario de circulación nacional y el Diario Oficial.

Montevideo, 16 de junio de 2004.

DANIEL GARCÍA PINTOS, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas es un componente de apoyo de las Fuerzas Armadas y como tal se rige por un estatuto especial, siendo su misión proteger o recuperar la salud de sus integrantes, servicio que se hará extensivo a los familiares de estos.

El programa Salud Militar del Inciso 03, Ministerio de Defensa Nacional, en consecuencia se basa en dos conceptos básicos, ellos son, que es integral y que todos los beneficiarios del sistema efectúan mensualmente una contribución, por sí o a través de quien genera el derecho de acuerdo a su situación de actividad, retiro o pensionista de las Fuerzas Armadas.

A partir de la vigencia del Decreto-Ley Nº 15.675, de 16 de noviembre de 1984, se dispuso una contribución mensual que vierte cada beneficiario de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de las funciones sanitarias asignadas y la conservación y aplicación de sus edificios y equipamiento cuya alícuota fue aumentada por la Ley Nº 16.720, de 13 de octubre de 1995 y recientemente por el artículo 104 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002.

Dicha contribución constituye desde el punto de vista jurídico una contribución especial de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13 del Código Tributario que la define como "...el tributo cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por un beneficio económico particular proporcionado al contribuyente por la realización de obras públicas o de actividades estatales, su producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o las actividades correspondientes".

En ese sentido el dictamen 400/96 del señor Fiscal de Gobierno de 2º Turno, doctor José Luis Arechavaleta y la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nº 241, de 18 de agosto de 1997, apoyan dicha interpretación.

A partir de la vigencia del artículo 39 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, se le denominó Fondos de Terceros, dichos fondos son administrados por la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas para su utilización en la atención sanitaria a sus usuarios.

Previo a la sanción de dicha norma estos Fondos eran denominados "Fondos Públicos Extrapresupuestales o de Libre Disponibilidad"; esta denominación errónea fue subsanada precisamente por el artículo 39 de la Ley Nº 17.296. No obstante en el ejercicio 2000 se había dispuesto por parte de la Contaduría General de la Nación la consolidación de todos los Fondos Públicos Extrapresupuestales en la Cuenta Única Nacional de la cual el único ordenador de débitos es el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que vulneraba lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.675.

Históricamente los propios usuarios de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas han sido los que han cofinanciado con su contribución la atención sanitaria que se les brinda y en múltiples ocasiones ha socorrido aun a quienes no siendo usuarios requerían sus servicios en casos de emergencias, como cuando meses atrás fue cerrada la Emergencia del Hospital de Clínicas, el Hospital Militar recibió solidariamente a decenas de compatriotas necesitados y cuando por razones gremiales fueron abandonados en plena noche los ancianos del Piñeyro del Campo, fue también el Hospital Militar el que estuvo disponible a brindar su apoyo. Así como también se hizo cargo de la atención médica en decenas de nacimientos en ocasión de la recordada voladura de techos del Hospital Pereyra Rossell.

Que a la luz de la situación planteada resulta conveniente dictar normas que aseguren a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas la disponibilidad inmediata de dichos Fondos y la administración directa de los mismos sin perjuicio del control de los mismos por parte de los organismos de contralor, sin que sufra menoscabo la disponibilidad de los mismos.

Lo expresado precedentemente sumado al hecho de que ante diferentes interpretaciones surgidas en la aplicación de la normativa por parte de los operadores del sistema contable, hacen muy conveniente dictar las referidas disposiciones.

Montevideo, 16 de junio de 2004.

DANIEL GARCÍA PINTOS, Representante por Montevideo".

"Comisión de Hacienda

I N F O R M E

Señores Representantes:

La Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas es un componente de apoyo de las Fuerzas Armadas y como tal se rige por un estatuto especial, siendo su misión proteger o recuperar la salud de sus integrantes, servicio que se hará extensivo a los familiares de estos.

El programa Salud Militar del Inciso 03, Ministerio de Defensa Nacional, en consecuencia se basa en dos conceptos básicos, ellos son, que es integral y que todos los beneficiarios del sistema efectúan mensualmente una contribución, por sí o a través de quien genera el derecho de acuerdo a su situación de actividad, retiro o pensionista de las Fuerzas Armadas.

A partir de la vigencia del Decreto-Ley Nº 15.675, de 16 de noviembre de 1984, se dispuso una contribución mensual que vierte cada beneficiario de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de las funciones sanitarias asignadas y la conservación y ampliación de sus edificios y equipamiento cuya alícuota fue aumentada por la Ley Nº 16.720, de 13 de octubre de 1995 y recientemente por el artículo 104 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002.

Dicha contribución constituye desde el punto de vista jurídico una contribución especial de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13 del Código Tributario que la define como "...el tributo cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por un beneficio económico particular proporcionado al contribuyente por la realización de obras públicas o de actividades estatales, su producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o las actividades correspondientes".

En ese sentido el dictamen 400/96 del señor Fiscal de Gobierno de 2º Turno, doctor José Luis Arechavaleta y la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nº 241, de 18 de agosto de 1997, apoyan dicha interpretación.

A partir de la vigencia del artículo 39 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, se le denominó Fondos de Terceros, dichos fondos son administrados por la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas para su utilización en la atención sanitaria a sus usuarios.

Previo a la sanción de dicha norma estos Fondos eran denominados "Fondos Públicos Extrapresupuestales o de Libre Disponibilidad"; esta denominación errónea fue subsanada precisamente por el artículo 39 de la Ley Nº 17.296. No obstante en el ejercicio 2000 se había dispuesto por parte de la Contaduría General de la Nación la consolidación de todos los Fondos Públicos Extrapresupuestales en la Cuenta Única Nacional de la cual el único ordenador de débitos es el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que vulneraba lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.675.

Históricamente los propios usuarios de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas han sido los que han cofinanciado con su contribución la atención sanitaria que se les brinda y en múltiples ocasiones ha socorrido aun a quienes no siendo usuarios, requerían sus servicios en casos de emergencias como se hizo cargo de la atención médica en decenas de nacimientos en ocasión de la recordada voladura de techos del Hospital Pereyra Rossell, entre otras importantes acciones.

A la luz de la situación planteada resulta conveniente dictar normas que aseguren a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas la disponibilidad inmediata de dichos Fondos y su administración directa, sin perjuicio del control respectivo por parte de los organismos de contralor, sin que sufra menoscabo la disponibilidad de los mismos.

Lo expresado precedentemente más diferentes interpretaciones surgidas en la aplicación de la normativa por parte de los operadores del sistema contable, hacen conveniente dictar las referidas disposiciones que han sido aprobadas por unanimidad en vuestra Comisión asesora y que constituyen el proyecto de ley y que lo elevamos a consideración del Plenario.

Sala de la Comisión, 8 de setiembre de 2004.

DANIEL GARCÍA PINTOS, Miembro Informante, SILVANA CHARLONE, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, GABRIEL PAIS, RONALD PAIS, DANIELA PAYSSÉ, GUSTAVO PENADÉS, MARTÍN PONCE DE LEÓN, IVÁN POSADA.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase que la contribución mensual de cada beneficiario de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas (DNSFFAA)a dicha institución a que refiere el Decreto-Ley Nº 15.675, de 16 de noviembre de 1984, denominado Fondo de Terceros según el artículo 39 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, es una contribución especial (artículo 13 del Código Tributario).

Artículo 2º.- Dichos Fondos serán administrados directamente por la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas (DNSFFAA) y utilizados exclusivamente para aquellos cometidos definidos por el artículo 5º del Decreto-Ley Nº 15.675, de 16 de noviembre de 1984.

Sala de la Comisión, 8 de setiembre de 2004.

DANIEL GARCÍA PINTOS, Miembro Informante, SILVANA CHARLONE, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, GABRIEL PAIS, RONALD PAIS, DANIELA PAYSSÉ, GUSTAVO PENADÉS, MARTÍN PONCE DE LEÓN, IVÁN POSADA".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y dos en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR DÍAZ.- ¡Que se suprima la lectura de todos los artículos y que se voten en bloque!

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar la moción del señor Diputado.

(Se vota)

——Sesenta en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 1º y 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota)

——Sesenta y dos en sesenta y siete: AFIRMATIVA.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Señor Presidente: este proyecto de ley, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda, tiene que ver con los Fondos de Terceros de Sanidad Militar. La ley de Presupuesto consideró así a los aportes que los beneficiarios del servicio realizan todos los meses. Los militares en actividad y en retiro, sus causahabientes y las pensionistas realizan estos aportes todos los meses y era fundamental que se pudiera contar con dichos recursos para atender las necesidades que a diario y todos los años tiene la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

Por estas razones, era de estricta justicia que el proyecto fuera aprobado.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

22.-     Convención Interamericana contra el Terrorismo. (Aprobación).

——En virtud de que hay más de cincuenta legisladores en Sala, corresponde considerar los asuntos que figuran en tercero y cuarto término del orden del día, que habían quedado aplazados.

Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Convención Interamericana contra el Terrorismo. (Aprobación)".

Está cerrada la discusión del artículo único, por lo que corresponde proceder a su votación.

Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en sesenta y ocho: AFIRMATIVA.

SEÑOR RIVERÓS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR RIVERÓS.- Señor Presidente: he votado negativamente este proyecto de ley porque, como dije en la sesión del miércoles próximo pasado, no comparto en absoluto la redacción de los artículos 11, 12 y 13 de la Convención que se ha considerado; no reiteraré los argumentos esgrimidos en ese entonces. Agrego, sí, que esta Convención adolece de otros defectos. En primer lugar, no tiene una definición clara de lo que es terrorismo, tal como se confiesa en el propio mensaje del Poder Ejecutivo. Precisamente, en la página 3 del Repartido Nº 1224 se expresa textualmente: "La Convención no contiene un concepto de terrorismo", por lo que se utiliza la técnica oblicua de remitirse a convenios anteriores, algunos de los cuales fueron suscritos por nuestro Gobierno y otros no.

En segundo término, esta Convención, como las otras citadas, no abarca al terrorismo de Estado, con lo que quedan excluidas las atrocidades que puedan cometer, o hayan cometido, potencias imperialistas e invasoras como Estados Unidos, Rusia, Inglaterra e Israel, las cuales, casualmente, tampoco aceptan la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional de Roma.

En definitiva, con esta Convención, en los hechos la definición de quién es terrorista o de qué es terrorismo continuará estando en manos de los gobiernos más poderosos del mundo, soslayándose la intervención de los Jueces y la garantía de un juicio justo para los acusados de esos delitos. Como muestra, basta recordar lo que sucede con los supuestos talibanes presos en Guantánamo, sin garantías ni juicio alguno, o con los presos de Irak torturados por soldados de Estados Unidos.

En lo personal, estamos contra toda clase de terrorismo, pero creemos que su combate debe hacerse respetando los derechos humanos y solucionando, con justicia, los conflictos que en general constituyen su excusa más frecuente.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo Único.- Apruébase la Convención Interamericana contra el Terrorismo adoptada el 3 de junio de 2002 en la ciudad de Bridgetown, Barbados, en oportunidad de celebrarse el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos."

23.-     Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercado Común del Sur y sus Anexos. (Aprobación).

——Habiendo cincuenta señores legisladores en Sala, se vuelve a la consideración del asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercado Común del Sur y sus Anexos. (Aprobación)".

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: el Protocolo que estamos considerando tiene dos informes: uno en mayoría y otro en minoría. Como firmantes del informe en minoría, estamos de acuerdo con aprobar el Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercado Común del Sur y sus Anexos, pero procediendo de la misma forma en que lo hicimos con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio, que esta Cámara respaldó. En el informe en minoría se propone aprobar el artículo único del Convenio, pero hay dos artículos más, que son recomendaciones al Poder Ejecutivo, que no necesitarían las mayorías especiales que se requieren para aprobar el primero. Para nosotros, dichas recomendaciones son centrales, porque son las mismas que hicimos en relación con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio.

Concretamente, estamos recomendando al Poder Ejecutivo efectuar algunas declaraciones al momento de depositar el instrumento de ratificación. En ese sentido, el artículo 2º del proyecto de ley sustitutivo que proponemos dice que los Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulados por nuestras leyes, se encuentran comprendidos en algunas salvedades que hace este Protocolo.

A su vez, se encomienda al Poder Ejecutivo impulsar en forma inmediata algunas modificaciones de cuestiones que consideramos contradictorias con los tratados y con los acuerdos del MERCOSUR, que no voy a explicitar en este momento para ahorrarle tiempo a la Cámara.

Deseo que quede claro que nosotros votaríamos en contra el proyecto informado en mayoría y a favor la iniciativa informada en minoría.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Es claro que la mayoría requerida para la aprobación de un tratado es de cincuenta votos conformes.

Puede continuar el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: lo que sucede es que reglamentariamente no tenemos otro camino. En ambas iniciativas, el artículo que refiere a la aprobación del Protocolo es igual. Entonces, a los efectos de no distorsionar la voluntad de la Cámara, si el artículo único no alcanza la mayoría requerida por la Constitución de la República, la segunda moción se podría desglosar, votando artículo por artículo, lo que tendría el mismo efecto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Los informes en mayoría y en minoría aconsejan la aprobación del artículo único, pero además el informe en minoría agrega dos artículos. La Mesa consulta al señor miembro informante en minoría si se han presentado como sustitutivos.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: por razones reglamentarias, según se nos explicó en Comisión, no se puede presentar un aditivo. Por eso planteamos una propuesta sustitutiva.

Como decía, yo quiero allanar el asunto. Entonces, propongo que se desglose nuestra iniciativa, que en realidad contiene dos aditivos.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- La Mesa entiende que los artículos 2º y 3º presentados en el informe en minoría pueden ser votados como aditivos al artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único.

(Se vota)

——Setenta en setenta y dos: AFIRMATIVA.

Léase el primer aditivo, correspondiente al artículo 2º del proyecto informado en minoría.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y seis en setenta y cuatro: NEGATIVA.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: quisiera saber cuál fue la votación que proclamó la Mesa para este primer aditivo.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- La votación fue de treinta y seis en setenta y cuatro, negativa.

SEÑOR BAYARDI.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

——Treinta y seis en setenta y cuatro: NEGATIVA.

Léase el segundo aditivo, correspondiente al artículo 3º del proyecto informado en minoría.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y ocho en setenta y seis: EMPATE.

Se reabre el debate sobre el segundo aditivo, correspondiente al artículo 3º del proyecto informado en minoría.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y ocho en setenta y siete: NEGATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado en mayoría, que corresponde al remitido por el Poder Ejecutivo)

24.- Químico farmacéutico Luis Santos Dini Boggia. (Designación a la Escuela Nº 26 de la localidad de Paso de Bonilla, 2ª Sección Judicial del departamento de Tacuarembó).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: "Químico farmacéutico Luis Santos Dini Boggia. (Designación a la Escuela Nº 26 de la localidad de Paso de Bonilla, 2ª Sección Judicial del departamento de Tacuarembó)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1294

"PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Desígnase "Químico Farmacéutico Luis Santos Dini Boggia", la Escuela Nº 26 de la localidad de Paso de Bonilla, 2da. Sección Judicial y 13a. Sección Policial del departamento de Tacuarembó, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Montevideo, 27 de mayo de 2003.

MARTHA MONTANER, Representante por Tacuarembó.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como es de público conocimiento, el pasado 2 de abril de 2003 esta Cámara realizó una emotiva sesión de homenaje con motivo del fallecimiento de un ilustre ciudadano de Tacuarembó, el químico farmacéutico Luis Santos Dini Boggia.

En esa emotiva ocasión, pudimos repasar la brillante trayectoria de este ciudadano que como pocos supo representar el espíritu de progreso y honestidad de los pobladores del departamento.

Hijo de inmigrantes, joven egresado de la Universidad de la República y oriundo de La Cruz, Florida, se trasladó a la ciudad de Tacuarembó afincándose en ella para imprimirle su afán de hacedor de cosas, de hombre inquieto y verdadero desafiante de las novedades que los cambios tecnológicos imponen a nuestras sociedades cada vez con mayor vértigo.

Entre sus más conocidas facetas todos recordamos su aporte en el desarrollo de los medios de prensa locales y regionales, pero su afán de progreso siempre tuvo en la cultura una de sus preocupaciones fundamentales.

Hoy cuando sus vecinos, aquellos que lo conocieron y aquellos que lamentablemente no tuvieron la dicha de conocerlo, lo recuerdan y cuando incluso la Cámara de Representantes se ha hecho eco de este reconocimiento, nos parece sumamente oportuno que su nombre y su ejemplo sea recordado por las futuras generaciones por lo cual proponemos que la Escuela Nº 26 tenga el nombre de "Químico Farmacéutico Luis Santos Dini Boggia".

La propuesta específica de esta escuela se justifica en razón que su padre, don Luis Dini Giovannetti, generosamente fue quien donó el terreno sobre el cual se construyó el mencionado centro educativo.

Por lo cual, nada mejor que rendirle justo reconocimiento y homenaje al químico farmacéutico Luis Santos Dini Boggia que denominando con su nombre a la Escuela Nº 26 de Paso de Bonilla, para que su memoria sea ejemplo en las futuras generaciones de tacuaremboenses.

Montevideo, 27 de mayo de 2003.

MARTHA MONTANER, Representante por Tacuarembó".

Anexo I al
Rep. Nº 1294

"Comisión de Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Este proyecto, que responde a la autoría de la Diputada Martha Montaner, ha atravesado exitosamente las sucesivas instancias administrativas y ha sido aprobado en forma unánime por vuestra Comisión Asesora.

Luis Santos Dini, hijo de inmigrantes, nació en La Cruz, departamento de Florida. Su padre era italiano y su madre de las Islas Canarias. Estudió en el Colegio Pío y se recibió de químico farmacéutico en la Universidad de la República. Fue, por encima de todo, un gran hacedor de cosas, inquieto y pionero; en resumen, un hombre polifacético.

Como decíamos, Luis Santos Dini, natural de Florida, en el año 1937 se trasladó a Tacuarembó, lugar donde comenzó su labor en la antigua farmacia "El Sol". Siguió su camino de emprendimientos instalando la farmacia "Dini", que fue una referencia del lugar.

Incursionó en la actividad ganadera, así como también en la actividad agro–comercial, como el molino "Mater" y la empresa "Arasico".

Comenzó con la actividad periodística en el diario "Informaciones".

Tacuarembó se constituyó en uno de los primeros departamentos a la altura de la historia nacional e internacional cuando, don Luis Dini, inauguró en la mencionada ciudad, la radioemisora CW 46 A "Difusora Zorrilla de San Martín" que, en 1956 cambió la característica por CX 140. Para los tacuaremboenses fue un impacto cultural.

También el sistema de radio-telefonogramas hizo que todos los ciudadanos tuvieran una cita a través de la radio "Zorrilla de San Martín". Era un servicio gratuito que funcionó como una unidad integradora cumpliendo una función social. También fue propietario de "Radio Sarandí" y de CW33 "Difusora Florida".

En el año 1967 inauguró con su familia el Canal 7, la televisión llegó a Tacuarembó y, con ella, los tacuaremboenses abrazaron una nueva era, una nueva época.

En el ámbito de la radiodifusión, se destacó a nivel internacional participando en la asamblea fundadora de AIR -Asociación Interamericana de Radiodifusión-, en 1948, y participó en las sucesivas convenciones celebradas en todo el continente.

Ejerció como docente de biología en el liceo departamental y en el año 1944 integró el Consejo Directivo de la Facultad.

Como su compromiso cristiano era fuerte, su fe la demostraba en el quehacer cotidiano. Recibió del Papa Pablo VI la condecoración "San Gregorio Magno". En 1975 esto se reafirmó con el Premio "San Gabriel", conferido por el Arzobispado argentino por su destacada labor en los medios de comunicación. Además, fue condecorado por la República Italiana y Francesa.

La Escuela Nº 26 de la localidad de Paso de Bonilla está sita en un terreno donado para tal fin por su padre don Luis Dini Giovannetti, por lo que resulta doblemente pertinente denominar a la mencionada escuela con el nombre de "Químico Farmacéutico Luis Santos Dini Boggia", una persona a quien nada humano le era ajeno.

Por último, la nominación de esta escuela como "Químico Farmacéutico Luis Santos Dini Boggia" hará que las sucesivas generaciones de niños que transiten por sus aulas asocien a los recuerdos de su niñez, la figura de este hombre que tanto hizo por el departamento de Tacuarembó.

Por lo expuesto precedentemente se aconseja al plenario la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 31 de marzo de 2004.

NAHUM BERGSTEIN, Miembro Informante, BEATRIZ ARGIMÓN, HUGO E. CUADRADO, JOSÉ CARLOS MAHÍA".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR MACHADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MACHADO.- Señor Presidente: vamos a votar afirmativamente este proyecto a través del cual se designa a la Escuela Nº 26 de Paso de Bonilla, con el nombre de Luis Santos Dini Boggia. Fue una figura consular de la radiotelefonía nacional, hombre de múltiples facetas, y aunque no es oriundo de Tacuarembó, ha sido adoptado por el departamento. Difícilmente un vecino de Tacuarembó interprete que el químico farmacéutico Dini Boggia no sea de ese lugar.

Fue un hombre que desarrolló una importante tarea a nivel industrial y de la difusión y una extraordinaria figura como profesor.

La señora Diputada Montaner me ha solicitado que en su nombre y en el de quien habla apoyemos enfáticamente este proyecto de ley que, sin lugar a dudas, hace justicia con uno de los pioneros de la radiotelefonía nacional en el norte del país, cuya figura trasciende los límites del departamento de Tacuarembó porque su reconocimiento se da en todo el norte, y diría que en todo el Uruguay.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Señor Presidente: con mucho gusto apoyamos este proyecto de ley.

Queremos felicitar a la señora Diputada Montaner por esta iniciativa más que merecida que homenajea a un distinguido vecino de la ciudad de Tacuarembó, quien tuvo su establecimiento agropecuario en Paso de Bonilla, zona que ha sabido valorar y recibir su apoyo en su fructífera vida como radioemisor, productor agropecuario, vecino y hombre integrante de la sociedad tacuaremboense, que lo recibió de brazos abiertos.

Luis Dini no nació en Tacuarembó, pero prácticamente toda su vida transcurrió allí; esto ya lo hemos expresado en otra oportunidad cuando se le realizó un justo homenaje en esta Sala.

Nos alegramos de que la Escuela Nº 26, de Paso de Bonilla, que nuclea una gran cantidad de niños, sea designada con su nombre.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y siete en sesenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y siete en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado, que corresponde al presentado)

25.-     Urgencias.

——Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Cardozo Ferreira, Orrico, Posada, Heber Fülgraff, Argenzio y Bianchi.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto sobre sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Carpeta Nº 4066/004)".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y nueve en setenta y uno: AFIRMATIVA.

26.-     Sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. (Fortalecimiento).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. (Fortalecimiento)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1711

"PODER EJECUTIVO

Montevideo, 13 de febrero de 2004.

Señor Presidente

de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a los efectos de remitirle el adjunto proyecto de ley de fortalecimiento del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

I.- REGULACIÓN INTERNACIONAL DEL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

El lavado de activos es un fenómeno esencialmente transnacional. Para prevenirlo y combatirlo, la comunidad internacional ha desarrollado un verdadero sistema de control global, dirigido a evitar que, en un contexto de interconexión creciente, los distintos sectores de la economía mundial sean utilizados por las organizaciones criminales para recubrir con apariencia de legitimidad, los capitales que obtienen de sus actividades ilícitas.

Paralelamente se viene llevando adelante una estrategia orientada a combatir el terrorismo internacional mediante la prevención y el control de su financiación. Tal estrategia se halla coordinada y fuertemente articulada con la lucha contra el lavado de activos.

Este sistema de control global se ha constituido en torno a los organismos e instrumentos internacionales que pasamos a indicar.

1) LA ONU

El papel de la Organización de las Naciones Unidas en materia de lavado de activos se desempeña a partir de cuatro elementos básicos.

La Convención de Viena de 1988 (Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas). Establece la obligación de los Estados partes de tipificar el delito de lavado de activos como delito grave vinculado al narcotráfico, a la vez que exige cooperación internacional en materia penal, que incluye la extradición, el decomiso y la asistencia judicial recíproca.

La Convención de Palermo de 2000 (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional). Contiene disposiciones tendientes a la penalización del lavado de activos procedentes de un amplio número de delitos anteriores, así como otras normas de prevención y control.

La Declaración Política y el Plan de Acción adoptados por la Asamblea General en junio de 1998, que subraya la importancia de fortalecer la cooperación internacional, regional y subregional para el combate del lavado de activos, y recomienda a los Estados que establezcan programas nacionales en la materia que incluyan la penalización del lavado de activos provenientes de delitos graves, la identificación, la congelación, la incautación y el decomiso del producto del dinero, un método adecuado de prevención en el sistema financiero, el reporte de operaciones sospechosas, el intercambio efectivo de información nacional e internacional, etcétera.

El Programa Mundial contra el Lavado de Dinero

El Programa Mundial contra el Lavado de Dinero funciona en el ámbito de la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas y Prevención del Delito. A través de este Programa, las Naciones Unidas ayudan a sus Estados Miembros a incorporar legislación contra el lavado de activos y a desarrollar y mantener mecanismos adecuados para combatir este delito.

Asimismo, la ONU ha aprobado diversos instrumentos con la finalidad de combatir las actividades terroristas, entre los que se destacan el "Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo" y el "Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas".

2) El GAFI-FATF

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el lavado de activos (Financial Action Task Force) es un organismo internacional creado en 1989 por el grupo de los siete países más industrializados (G7), en su 15ª. Cumbre anual en París, a efectos de elaborar y promover medidas para combatir el lavado de activos.

Actualmente está integrado por más de treinta países y dos organismos internacionales: la Comisión Europea y el Consejo de la Cooperación del Golfo.

El GAFI ha desarrollado cuarenta recomendaciones que constituyen el estándar mundial, modelo internacionalmente aceptado como el conjunto de reglas adecuadas para la prevención y el control del lavado de activos.

El organismo realiza exámenes periódicos de sus miembros con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las Cuarenta Recomendaciones.

Tales exámenes se realizan en la forma de ejercicios anuales de autoevaluación y de evaluaciones mutuas periódicas de sus miembros.

También se evalúa a países y territorios que no integran la organización a los efectos de identificar a aquellos que, de acuerdo con los veinticinco criterios definidos por el organismo a tales efectos, se consideran "no cooperativos" en la lucha internacional contra el lavado de activos, los cuales pasan a formar parte de las comúnmente denominadas "listas negras "de paraísos financieros.

Los países miembros del GAFI pueden adoptar medidas en el plano económico y financiero que impliquen graves consecuencias para los países que son incluidos en la mencionada lista.

En el año 2001 el GAFI aprobó ocho recomendaciones especiales contra el financiamiento del terrorismo.

3) El Comité de Basilea

El Comité de Basilea sobre Reglas y Prácticas de Control de las Operaciones Bancarias, integrado por representantes de los bancos centrales del Grupo de los diez países más industrializados, ha emitido una serie de documentos en los cuales ha establecido un conjunto de principios dirigidos a las instituciones financieras tendientes a impedir su utilización para la legitimación de activos de origen delictivo.

4) La Comunidad Europea

A nivel de la Unión Europea existe la Convención sobre el Blanqueo, Identificación, Embargo y Decomiso de Beneficios Económicos Derivados del Delito, aprobado por el Consejo de Ministros en setiembre de 1990 y abierto a la firma el 18 de noviembre de 1990, de contenido, terminología y sistemática similares a la Convención de Viena, aunque con un alcance más amplio en tanto se contemplan otros delitos precedentes además del narcotráfico.

Asimismo, el Consejo de las Comunidades Europeas emitió una directiva con fecha 10 de junio de 1991 sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales. Esta norma obliga a los Estados miembros de la CE a armonizar sus legislaciones internas, impulsando la puesta en práctica de los principios consagrados en la Convención antes mencionada.

5) El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)

El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) se constituyó en diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, como organismo intergubernamental regional similar al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con la finalidad de llevar adelante la estrategia contra el lavado de activos en América del Sur.

Desarrolla sus objetivos mediante ejercicios de evaluación mutua entre los países miembros y actividades de capacitación y apoyo a los esfuerzos de fortalecimiento institucional de los mismos.

Uruguay desempeñó un papel fundamental en la creación de este Grupo y sigue desempeñándolo en su desarrollo.

6) CICAD/OEA

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) dependiente de la Organización de Estados Americanos posee una Unidad de Control del Lavado de Activos de carácter permanente y un Grupo de Expertos integrado por delegados de los países miembros de la Organización, que se reúne en forma anual.

La CICAD aprobó, en 1992, un "Reglamento Modelo Americano sobre Delitos de Lavado relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros Delitos Graves", en sintonía con la Convención de Viena de 1988 y desarrollando sus principios.

Asimismo, implementó un Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) que analiza en forma anual los avances de los países del hemisferio en la lucha contra el uso indebido de drogas y en el combate al lavado de activos.

También en el ámbito de la OEA se ha aprobado una "Convención Interamericana contra el Terrorismo", que prevé medidas para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo.

7) La Cumbre de las Américas

La Conferencia Ministerial de la Cumbre de las Américas emitió un comunicado relativo al lavado de dinero e instrumentos del crimen en diciembre de 1995.

8) El Grupo EGMONT

El Grupo Egmont es una institución de carácter informal que reúne a las Unidades de Análisis Financiero de los distintos, países, promueve la implementación de tales unidades en aquellos países que no la tienen, y el intercambio de información por vía administrativa entre las mismas.

9) Los Organismos Multilaterales de Crédito (FMI, BANCO MUNDIAL, BID). En la estrategia global contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, a partir de 2002 el FMI y el BM han asumido un papel protagónico que implica la participación de ambos organismos en los procesos de evaluación y en la generación de estándares en la materia. Se ha elaborado una metodología conjunta de evaluación que comenzó a ser aplicada a partir del año 2003 y que implica la realización de evaluaciones en coordinación con GAFI y organismos regionales a su estilo.

Esto determina un drástico cambio de eje en relación a los máximos referentes políticos a nivel internacional vinculados a la lucha contra el lavado de activos que representa, a su vez, una obvia centralización y clarificación del sistema de "premios y castigos".

Asimismo, es notoria la creciente presencia del BID en este tema, mediante el financiamiento de actividades de capacitación y de fortalecimiento institucional en el hemisferio, en conjunción con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA).

II.- ANTECEDENTES JURÍDICOS Y NORMATIVA VIGENTE

El Uruguay ha venido transitando un proceso tendiente a alcanzar los estándares internacionales en materia de prevención y control del lavado de activos. Dicho proceso ha estado jalonado, entre otros elementos, por la aprobación de un conjunto de normas legales y reglamentarias, mediante las cuales se ha tipificado el delito de lavado de activos vinculado al narcotráfico y otros delitos graves, se han establecido mecanismos de cooperación jurídica internacional en la materia y se han estatuido obligaciones a cargo de las instituciones financieras, que se refieren al conocimiento del cliente, el registro de las transacciones, la designación de oficiales de cumplimiento normativo y el deber de reportar operaciones sospechosas.

1) Normas legales

La Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, que tipificó el delito de lavado de activos provenientes de actividades vinculadas con el tráfico ilícito de estupefacientes -posteriormente modificada para incluir el lavado de activos provenientes de otros delitos-, establece que las instituciones de intermediación financiera, las casas de cambio y en general todas las personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay deberán ajustarse a los reglamentos que en la materia dicten el Poder Ejecutivo y el Banco Central. Establece que el incumplimiento de tales reglamentos dará lugar a la aplicación de sanciones de acuerdo con el régimen vigente.

La Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998 (Corrupción Administrativa), en su artículo 30, tipifica como "blanqueo de dinero" la obstaculización de "la identificación del origen, la investigación, la incautación o la confiscación del dinero u otros valores patrimoniales a sabiendas que provienen de alguno de los delitos" previstos en dicha ley.

La Ley Nº 17.343 de 25 de mayo de 2001 amplió el elenco de delitos predecesores del lavado ilícito de activos, agregando -al narcotráfico y delitos conexos y la corrupción administrativa- el terrorismo, el contrabando superior a US$ 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América), el tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción, el tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos, el tráfico ilícito de personas, la extorsión, el secuestro, el proxenetismo, el tráfico ilícito de sustancias nucleares y el tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos.

2) Decretos del Poder Ejecutivo

Decreto 82/001, de 8 de marzo de 2001.- Creó el Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos. en la órbita de la Junta Nacional de Drogas, con el cometido de coordinar y ejecutar, en forma permanente, programas de capacitación en materia de prevención y control del lavado de activos para el personal de las entidades bancarias públicas y privadas y las demás instituciones o empresas sujetas al control del BCU; los operadores del derecho en materia de prevención y represión de las actividades previstas en la mencionada ley: Jueces, Actuarios y funcionarios del Poder Judicial. Fiscales y Asesores del Ministerio Público y Fiscal, funcionarios del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa Nacional, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Relaciones Exteriores, etc.

Decreto 139/001 de 26 de abril de 2001.- Estableció que cuando se solicite cooperación jurídica internacional vinculada al narcotráfico o al lavado de activos que requiera el levantamiento de secreto bancario o medidas de confiscación o inmovilización de depósitos bancarios, el Ministerio Público y Fiscal debe requerir del Banco Central del Uruguay informe fundado sobre la pertinencia de la medida, así como de la urgencia de la misma.

3) Normas bancocentralistas

El Banco Central del Uruguay, haciendo uso de su facultad regulatoria, dictó una serie de normas de prevención para evitar la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas. A continuación se exponen, en forma resumida, las principales medidas adoptadas en relación a la prevención y detección del lavado de activos, las que tienen su origen en el año 1991 y han sido reforzadas fundamentalmente a partir de octubre de 2000:

- Políticas y procedimientos de prevención: todas las personas físicas y jurídicas supervisadas por el Banco Central del Uruguay deben:

a) establecer políticas y procedimientos que les permitan prevenir y detectar operaciones que puedan estar relacionadas con la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas;

b) establecer políticas y procedimientos que aseguren un alto nivel de integridad del personal de la institución y permitan su permanente capacitación en la materia;

c) establecer Base de Datos centralizada: desde el año 1991, las instituciones financieras sujetas al control del Banco Central del Uruguay están obligadas a mantener una Base de Datos en la que se registran determinados tipos de transacciones en efectivo por importes mayores a US$ 10.000, identificando, además. a las personas físicas o jurídicas que las efectúan;

d) reportar transacciones sospechosas: la Circular 1.722, de 22 de diciembre de 2000, consagra la obligación de reportar operaciones sospechosas o inusuales para todas las personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay. Adicionalmente, las reglamentaciones de los distintos sectores financieros supervisados por el Banco Central del Uruguay han establecido los requisitos que deben cumplir los diversos tipos de entidades controladas, tomando en cuenta la operativa que están autorizadas a desarrollar y los riesgos de cada caso: Circulares 1.713, 1.731, 1.738 de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, Circular 1.737 del Área de Mercado de Valores, Circulares 55 y 60 de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, Circular 1.756 de la División Control de AFAP.

Lo enumerado en los apartados anteriores se completa con el funcionamiento de:

e) la Unidad de Información y Análisis Financiero: para el desarrollo de las actividades vinculadas con la prevención del lavado de activos, el Banco Central del Uruguay cuenta con una Unidad de Información y Análisis Financiero. Entre sus competencias se destaca la recepción, solicitud, análisis y remisión a la Justicia competente, cuando corresponda, de información referida a transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud. En materia de supervisión, las actividades de la Unidad incluyen también el desarrollo de inspecciones de cumplimiento, cuyo objetivo consiste en evaluar el sistema de prevención implementado por las instituciones;

f) La Guía de Transacciones sospechosas: El Banco Central del Uruguay, con el objetivo de colaborar en la detección de patrones sospechosos o inusuales en el comportamiento de los clientes habituales u ocasionales de los sujetos obligados a informar, ha dictado una Guía de Transacciones sospechosas distribuida por Comunicación Nº 2002/198, de 4 de noviembre de 2002;

g) El régimen de autorización y habilitación de empresas de intermediación financiera: la Circular Nº 1.778 introduce modificaciones al citado régimen. Contiene, entre otras, normas que apuntan a identificar fehacientemente a los propietarios de las sociedades titulares de las empresas reguladas: nómina de accionistas y del personal superior que conformar la sociedad, acreditación de la cadena de accionistas hasta llegar al sujeto de derecho que ejerce el efectivo control del grupo; exigencia de que toda vez que se integre capital en las empresas de intermediación financiera, se deberá presentar ante la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera una declaración jurada en la que se justifique el origen legitimo de los fondos aportados. La Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera podrá solicitar información adicional a tal justificación.

4) Otras resoluciones.

Finalmente, por resolución del Ministerio del Interior, se creó la "Unidad de Investigación Patrimonial", en el ámbito de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, con la finalidad de incrementar la capacidad del personal policial en el área de investigación de los delitos de tipo económico, en especial del lavado de activos.

III.- EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

Si bien se han realizado notorios avances en la implementación del sistema anti-lavado a nivel interno, aún subsisten carencias que limitan el funcionamiento efectivo del mismo, a la vez que comprometen el mantenimiento de la línea de gestión que el Uruguay mantiene en orden a la debida cooperación internacional en la materia.

Por otra parte, las circunstancias externas vinculadas al tema han cambiado en los últimos años. Se ha intensificado la conciencian internacional respecto a la necesidad de desarrollar sistemas nacionales efectivos para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo, en el marco de una estrategia global fuertemente impulsada desde diversos ámbitos, entre los cuales se destaca la creciente participación en la indicada estrategia, de los principales organismos multilaterales de crédito: el FMI, el BM y el BID.

Como es notorio, a raíz del atentado terrorista del 11 de setiembre de 2001, la comunidad internacional ha desarrollado un conjunto de acciones tendientes a prevenir este tipo de actividades.

En tal sentido, el Consejo de Seguridad de la ONU ha dictado la Resolución 1373 que, entre otras medidas, obliga a los Estados miembros a tipificar como delito el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de dicho crimen.

Por su parte, el GAFI-FATF ha elaborado nuevas recomendaciones en el mismo sentido, las cuales .fueron recogidas por el GAFISUD.

En dicho contexto, se hace imprescindible realizar modificaciones legislativas que recojan la conciencia colectiva respecto a la intrínseca amoralidad de las actividades antisociales del lavado de activos ilícitos y los riesgos que de ellas se derivan; y que, al hacerlo, alineen al Uruguay en el debido cumplimiento de las recomendaciones internacionales en dichas áreas.

Para ello, es preciso aprobar una nueva ley de "Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo" que contenga:

a) Ampliación de los sujetos obligados por las normas de prevención y control del lavado de activos.

b) Exoneración de responsabilidad de los sujetos que, de buena fe, reportan operaciones sospechosas, establecimiento el deber de confidencialidad del reporte y sujeción a las instrucciones que brinde la Unidad de Información y Análisis Financiero luego de efectuada la denuncia.

c) Fortalecimiento de las potestades de la Unidad de Información y Análisis Financiero.

d) Ampliación del número de delitos precedentes al lavado de activos, incorporando la estafa, los delitos de corrupción en el régimen general de la Ley Nº 17.060, quiebra fraudulenta o insolvencia fraudulenta; los delitos previstos en los artículos 5º (Insolvencia societaria fraudulenta) y 7º (Usura) de la Ley Nº 14.095, los delitos previstos en el artículo 76 de la Ley Nº 2.230, de 1893, los delitos previstos en la Ley Nº 17.011, de 25 de setiembre de 1998 y los delitos previstos en la Ley Nº 17.616, de 10 de enero de 2003 cometidos contra la propiedad intelectual".

e) Incluir los delitos de corrupción administrativa en el tipo penal del lavado de activos tal cual se encuentra contemplado en la Ley Nº 17.016, unificando la definición del mismo con la aplicable a los restantes delitos precedentes.

f) Tipificación de los delitos de terrorismo y su financiación.

g) Mejora de los mecanismos de cooperación internacional para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

IV) PROYECTO DE LEY. ANÁLISIS DE SU CONTENIDO

El artículo primero consagra la obligación de informar operaciones sospechosas o inusuales para todas las personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay. Con ello, se cumple lo establecido por la Recomendación Nº 13 de GAFI-FATF, otorgándose rango legal a una obligación preexistente, incorporada por la Circular Nº 1.722 del Banco Central del Uruguay al amparo de lo establecido en el artículo 71 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, cuyo sustento jurídico fue puesto en duda por diversos operadores del sistema financiero, lo que ha dificultado la aplicación práctica de la norma.

Asimismo, se amplía el alcance de la obligación de reporte, agregándose el deber de informar a efectos de impedir el financiamiento del terrorismo. La razón para ello es obvia, ante la magnitud del flagelo terrorista en el mundo. Esta inclusión contemplará, además, las disposiciones contenidas en la Recomendación Especial de GAFI-FATF sobre la financiación del terrorismo Nº IV. Cabe recordar, que en la normativa vigente, la obligación de comunicar sobre transacciones relativas a las actividades delictivas se refiere solamente al lavado de activos.

Por último, se aclara el desenvolvimiento de la obligación de informar para evitar que los sujetos obligados se restrinjan a aquellas transacciones que presentan clara conexión con ilícitos y se ponga acento en el carácter inusual de las mismas. De esta manera, se acompaña el recto criterio establecido en la cuarta recomendación contenida en el informe de evaluación de GAFISUD aprobado en el mes de mayo de 2002.

El artículo segundo amplía los sujetos obligados a informar operaciones sospechosas o inusuales, incorporando a los casinos, a las empresas que prestan servicios de transferencia o envío de fondos, las inmobiliarias, las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, de obras de arte y de metales preciosos, y a los abogados, escribanos, contadores y otras personas físicas o jurídicas que realicen transacciones financieras o participen en la administración de sociedades comerciales a nombre y por cuenta de terceros. Al ser una norma instrumental que necesariamente debe cubrir el más amplio de los espectros posibles. Ese es el criterio hoy predominante. Incluso ha sido recogido en las Recomendaciones Nos. 12 y 16 de GAFI-FATF.

Cabe agregar que se recogen en este artículo las recomendaciones realizadas a nuestro país en el informe correspondiente a la primera evaluación mutua de GAFISUD y en el informe de la Segunda Ronda del Mecanismo de Evaluación Multilateral de la CICAD/OEA.

Las disposiciones contenidas en los artículos tercero y cuarto apuntan a superar las principales debilidades que reviste el actual sistema de reporte de operaciones sospechosas que, en gran medida, ha obstaculizado su funcionamiento. Los artículos de referencia cumplen cabalmente con la Recomendación Nº 14 de GAFI-FATF.

En este sentido, el artículo tercero establece que los sujetos obligados no podrán divulgar a las personas involucradas los informes o actuaciones que sobre ellas realicen en cumplimiento de la obligación de informar transacciones sospechosas.

Por su parte, el inciso segundo del citado artículo busca subsanar una insuficiencia de índole operativa del actual mecanismo de reporte, en la medida que se ha observado .que los sujetos obligados presentan dudas respecto a qué curso de acción asumir cuando advierten una transacción sospechosa o inusual. Corresponde señalar, además, que la mencionada deficiencia mereció una observación por parte del equipo de evaluadores de GAFISUD.

El artículo cuarto consagra la exoneración de responsabilidad para las personas que cumplan de buena fe con la obligación de informar prevista en los artículos 1º y 2º cumpliendo. Con ello se sigue la tendencia de todas las naciones que como Estados de Derecho combaten contra el lavado de activos. Esa tendencia ha inspirado la segunda recomendación formulada a nuestro país en el primer informe de evaluación mutua de GAFISUD, al amparo de lo establecido en la Recomendación Nº 14 de GAFI-FATF.

Asimismo, debe tenerse presente que la inclusión de una norma legal que brinde protección, a los sujetos obligados resulta vital para lograr que el mecanismo de reporte y por ende, el sistema de prevención funcionen de manera satisfactoria.

El artículo quinto tiene como objetivo garantizar a la Unidad de Información y Análisis Financiero, que funciona en la órbita del Banco Central del Uruguay, el acceso a la información necesaria para el cumplimiento de sus cometidos. A tales efectos, se faculta a dicha unidad a solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el desarrollo de sus funciones.

Las disposiciones contenidas en el presente artículo, no solo dan cumplimiento a lo establecido en la Recomendación Nº 26 de GAFI-FATF y a las recomendaciones formuladas por el equipo de evaluadores de GAFISUD, sino que contemplan uno de los aspectos básicos de la actividad de una Unidad de Inteligencia Financiera, garantizando el acceso a información proveniente de distintos registros u organismos.

El artículo sexto prevé la posibilidad de que la Unidad de Información y Análisis Financiero instruya a las instituciones sujetas a la supervisión del Banco Central del Uruguay para que se abstengan de realizar determinadas operaciones cuando las mismas involucren a personas físicas o jurídicas respecto de las cuales existan sospechas fundadas de estar vinculadas a la comisión de alguno de los delitos regulados en el proyecto.

El propósito deición es establecer un mecanismo que permita inmovilizar en forma ágil los fondos pertenecientes a las organizaciones delictivas. Ello desarrolla y fortifica la aplicación efectiva de las medidas previstas en los artículos 62 a 67 del Decreto-Ley No. 14.294 incorporados por el artículo 5º. de la Ley Nº 17.016. Asimismo, permite cumplir la Recomendación Nº 3 de GAFI-FATF. Dicho mecanismo consta de un procedimiento de tipo administrativo con efectos provisorios, seguido de una etapa jurisdiccional preceptiva, en concordancia con lo previsto en las normas legales antes mencionadas.

El artículo séptimo brinda las herramientas necesarias para que el Banco Central del Uruguay, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, pueda cooperar eficazmente en investigaciones de lavado de activos con autoridades de otros Estados que ejerzan competencias análogas, intercambiando información por la vía administrativa.

Es dable destacar que la cooperación internacional entre autoridades administrativas prevista en el presente artículo, que en términos generales se ajusta a los principios contenidos en la Recomendación Nº 40 de GAFI-FATF, se ajusta a nuestro orden jurídico, aplicando la tradicional conducta uruguaya de colaboración al estado actual de la tecnología y al cuadro fáctico que debe resolver el Derecho. En este sentido, el intercambio de información protegida por normas de reserva solo podrá realizarse si se cumplen ciertos requisitos, destacándose que el organismo requirente podrá utilizarla únicamente en investigaciones vinculadas al delito de lavado de activos respecto de los delitos precedentes previstos en nuestra legislación. Asimismo, se establece que si el país requirente desea utilizar dicha información en un proceso penal y/o administrativo deberá efectuar la solicitud de acuerdo a las normas de Cooperación Jurídica Internacional.

Finalmente, con el presente artículo se procura crear las condiciones necesarias para que la Unidad de Información y Análisis Financiero ingrese formalmente al Grupo Egmont.

Es importante destacar que los primeros siete artículos apuntan a fortalecer dos pilares fundamentales sobre los cuales descansa el sistema de prevención. Se busca consolidar el mecanismo de reporte de operaciones sospechosas o inusuales, para que funcione de manera efectiva, ampliando el elenco de sujetos obligados y asegurando protección legal a los denunciantes que actúen de buena fe, y se busca, a la vez, fortalecer el papel de la Unidad de Información y Análisis Financiero como organismo central nacional en la materia, permitiéndole el acceso a toda la información necesaria para el cumplimiento de sus cometidos, aprovechando la información con la que cuenta dicho organismo para colaborar eficazmente en impedir la movilización ilegal de activos y habilitándola a cooperar eficazmente en investigaciones de lavado de activos con autoridades similares de otros Estados.

El artículo octavo amplía el elenco de los delitos precedentes al lavado de activos. Se incluye a la estafa en dicha nómina y se clarifica la eficacia de los delitos de corrupción administrativa como precedentes al lavado de activos perseguible penalmente, incorporándolos en la norma general del artículo 81 del Decreto-Ley Nº 14.294 y derogándose el artículo 30 de la Ley Nº 17.060, a los efectos de unificar formal y conceptualmente en una sola disposición a todos los delitos subyacentes. Esta inclusión y estos ajustes, cuya justificación ético-jurídica no necesita desarrollos en el contexto de nuestra tradición jurídica, permitirán cumplir la Recomendación Nº 1 de GAFI y las recomendaciones del informe de evaluación de GAFISUD.

En la misma línea de combate contra el fraude, se incorpora una serie de delitos de tipo económico que pueden generar importantes ganancias ilícitas susceptibles de ser blanqueadas, como la quiebra y la insolvencia fraudulentas, la insolvencia societaria fraudulenta, la usura, los delitos contra la propiedad intelectual y los previstos en la Ley Nº 2.230.

Atento a la importancia de los bienes jurídicos objeto de protección por un lado, y en consideración al poder de que disponen los delincuentes en estas áreas por otro, así como la necesidad de contar desde el aparato preventivo y represivo, con elementos jurídicos capaces de dar una respuesta eficaz, dentro de la más estricta legalidad, en los artículos noveno a décimo octavo se regulan: la introducción de la técnica de la entrega vigilada en materia de tráfico de drogas y sustancias ilícitas y el desarrollo del estatuto del arrepentido, respecto de ciertos delitos graves, de forma de facilitar el desmantelamiento de las redes operativas del crimen organizado.

Para ello se han tenido como modelos distintas normativas internacionales y la legislación de otros países, como la legislación española, los Derechos positivos francés, alemán y luxemburgués, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada (Palermo diciembre de 2000) y otros instrumentos como las 40 Recomendaciones del GAFI, etcétera.

La recepción de la técnica de la entrega vigilada cumple con lo dispuesto por la Convención de Viena, y puede permitir una más fluida lucha internacional contra este tipo de delitos, coadyuvando a una mayor y más eficaz cooperación internacional.

Se trata de despojar de formalismos a este trabajo, habilitando la comunicación directa entre los magistrados del sistema de justicia penal, sin perjuicio del conocimiento y controles de las máximas autoridades ejecutivas y jurisdiccionales, bajo el signo del secreto, imprescindible en esta etapa, para asegurar el resultado y aún la incolumidad de los interesados.

La delincuencia organizada, en especial cuando se trata de actos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, corrupción o lavado de dinero procedente de delitos graves, requiere para ser combatido eficazmente, de una legislación adecuada a la real gravedad del riesgo que dichas actividades criminales implican, teniendo en cuenta, además la frecuente índole transnacional de la misma, lo que requiere intensificar las normas que hagan posible la cooperación internacional.

La normativa uruguaya ha avanzado por dicho derrotero, como puede advertirse, entre otras disposiciones, con un esbozo del estatuto del arrepentido, incorporado por el artículo 2º de la Ley Nº 16.707, como circunstancia genérica de atenuación, la de la "colaboración eficaz" (artículo 46 Nº 12 C.P.); con una forma de "agentes encubiertos" para combatir la delincuencia organizada, autorizando la provocación del delito por parte de la autoridad (artículo 74 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, que modificó en tal sentido el inciso 2 del tradicional artículo 8 del C.P.).

Por otra parte la República ha comprometido su responsabilidad internacional en el sentido de legislar sobre estas materias, al ratificar la Convención de Viena de 1988 (Ley Nº 16.579, de 21 de setiembre de 1994), siendo parte activa en los trabajos de la CICAD y en la consecuente redacción de sus Reglamentos Modelo, atinentes al tema que nos ocupa.

A los arrepentidos cuya colaboración resulte decisiva para el esclarecimiento de los hechos o la detención de los autores, se les premia con una importante atenuación de la responsabilidad, aplicando para ello institutos tradicionales en nuestro Derecho (artículos 41, 42, 43, 44 y 46 C.P.); en el proyecto no se innova a su respecto.

El artículo diecisiete contiene una disposición tendiente a favorecer la cooperación jurídica internacional en lo que respecta al procedimiento de extradición, estableciéndose la entrega inmediata del extraditado en los casos vinculados a los delitos previstos en el anteproyecto, salvo que la ley reprima el delito con un mínimo de penitenciaria o se estime "prima facie " que la pena a recaer en definitiva tendrá ese monto.

El artículo dieciocho eleva las penas mínimas y máximas de los delitos de lavado de activos "stricto sensu" previstos en los artículos 54 y 55 del Decreto-Ley Nº 14.294, haciéndolos inexcarcelables. Se sigue así, una tendencia internacional en la materia que avanza en ese sentido, en tanto en el derecho comparado se considera a estas actividades ilícitas como "delitos graves" o "crímenes".

Los artículos diecinueve a veintiuno penalizan las actividades terroristas y su financiamiento, recogiendo los principios contenidos en el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y la Convención Interamericana contra el terrorismo.

Los artículos veintidós y veintitrés establecen un procedimiento para congelar los activos pertenecientes a organizaciones terroristas y personas a ellas vinculadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y el artículo 5 de la Convención Interamericana contra el terrorismo. Se cumple asimismo, con el mandato contenido en la Resolución Nº 1373 de la Organización de las Naciones Unidas. Se propone, a esos efectos, un procedimiento ágil para el reporte de las operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, quien podrá disponer la inmovilización provisoria de las cuentas bancarias, guardando las debidas garantías por cuanto la competencia definitiva sobre el tema se le asigna al la Justicia competente, siendo de aplicación en el caso las normas generales sobre medidas cautelares en materia penal.

La norma contenida en el artículo veintitrés establece un mecanismo coherente con el previsto en el artículo 6º del proyecto.

El artículo veinticuatro regula el transporte transfronterizo de divisas a los efectos de la prevención y el control de los delitos regulados en el proyecto, en consonancia con la Recomendación Nº 22 de GAFI-FATF, el artículo 18 del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y el artículo 4.1.b. de la Convención Interamericana contra el terrorismo.

El artículo veinticinco consagra la obligación de registrarse ante el Banco Central del Uruguay para todas las personas físicas y jurídicas que presten servicios de tipo contable y administrativo a entidades que desarrollen actividad financiera en el exterior.

Se ha observado que personas físicas y jurídicas dedicadas a la realización de actividades financieras en el exterior y que registran sus operaciones a través de agentes radicados en nuestro país, pueden efectuar maniobras dolosas, comprometiendo el prestigio de nuestra plaza financiera. En este sentido, con la creación del registro de referencia se busca conocer la dimensión del fenómeno, para determinar necesidades futuras de regulación y al mismo tiempo, generar una base de datos que permita dar respuesta a los reiterados pedidos de información que desde el exterior recibe el Banco Central del Uruguay.

El artículo veintiséis tiende a cubrir un vacío que deja el artículo 63 de la Ley Nº 17.016. En el seminario sobre "combate del lavado de dinero" realizado en la Presidencia de la República en agosto pasado se planteó por parte de un Magistrado la situación de una persona procesada por estos delitos y a la cual se le incautó cautelarmente una muy importante suma de dinero proveniente de la venta de estupefacientes. El imputado obtuvo la libertad provisional y al momento de la notificación de la sentencia donde se disponía la confiscación del dinero y su puesta a la orden del Poder Ejecutivo aparece que se fugó del país, no siendo habido, por lo que se libró la orden de captura, pero la sentencia no se puede ejecutar. Por lo qué, la confiscación no puede operar y una vez transcurrido el plazo de prescripción, el prófugo podría reclamar y obtener para sí este dinero La violación entonces de las obligaciones impuestas a quien está sometido a este tipo de proceso tiene que tener una importante consecuencia, que es la que se propone.

Se dispone un plazo prudencial de seis meses contados a partir del libramiento de la orden de prisión para la ubicación del imputado moroso de sus obligaciones procesales. Transcurrido ese lapso de tiempo caduca toda pretensión que el mismo pudiere tener sobre los objetos incautados operando la confiscación de pleno derecho.

El artículo veintisiete, apunta a alcanzar los estándares internacionales, en los que se propende a la especialización de los Jueces y Fiscales para el combate de estos delitos que trascienden las fronteras. Tal cual están organizadas las Oficinas en este momento donde se abarca el universo de todos los delitos se hace muy difícil trabajar y dedicarle el mayor tiempo que esta causas requieren teniendo muchas ribetes internacionales.

También sobre este tópico hubo acuerdo de los partícipes en el seminario de referencia.

El Poder Ejecutivo encarece a los señores legisladores el pronto trámite de esta iniciativa, que se inscribe en la necesidad de actualizar nuestras normas penales sustanciales y de procedimiento.

El Poder Ejecutivo saluda a ese cuerpo con su mayor consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, GUILLERMO STIRLING, GUILLERMO VALLES, ISAAC ALFIE, YAMANDÚ FAU, LEONARDO GUZMÁN, LUCIO CÁCERES, ALEJANDRO FALCO, SANTIAGO PÉREZ DEL CASTILLO, CONRADO BONILLA, MARTÍN AGUIRREZABALA, PEDRO BORDABERRY, SAÚL IRURETA SARALEGUI.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones que, en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos tipificado en los artículos 54 y siguientes del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de Octubre de 1974 -incorporados por el artículo 50 de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 17.343, de 25 de mayo de 2001- y de prevenir asimismo el delito tipificado en el artículo 21 de la presente ley.

La información deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, en la forma que éste reglamentará.

El incumplimiento de la obligación de informar determinará la aplicación, según las circunstancias del caso, de las sanciones y medidas administrativas previstas en el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con la redacción dada por la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

Artículo 2º.- También estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior, los casinos, las empresas que presten servicios de transferencia y/o envío de fondos, las inmobiliarias, las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de arte y metales preciosos, así como los abogados, escribanos, contadores y otras personas físicas o jurídicas que realicen transacciones financieras o participen en la administración de sociedades comerciales a nombre y por cuenta de terceros.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria, la forma en que deberá ser cumplida la obligación prevista en el presente artículo, indicando los requisitos para el registro de transacciones, para el mantenimiento de los respectivos asientos y para la debida identificación de los clientes.

La transgresión a los preceptos contenidos en este artículo y su reglamentación determinará la aplicación por parte del Poder Ejecutivo de una multa mínima de 1.000 Unidades Indexadas y una multa máxima de 31.800.000 Unidades Indexadas, según las circunstancias del caso y previo informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay.

Artículo 3º.- La comunicación será reservada. Ningún obligado podrá poner en conocimiento de las personas participantes las actuaciones e informes que sobre ellas realicen o produzcan en cumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 1º, 2º, y 22 de la presente ley.

Una vez que reciba el reporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero instruirá a quien lo haya formulado respecto de la conducta a seguir con respecto a las transacciones de que se trate y a la relación comercial con el cliente. Esta disposición no es aplicable a los abogados, escribanos y contadores, quienes resolverán en conciencia y bajo su responsabilidad la actitud a asumir en cada caso concreto, que deberá ajustarse a los códigos de ética ya los usos y costumbres de su profesión.

Artículo 4º.- El cumplimiento de buena fe de la obligación de informar prevista en los artículos 1º, 2º, 5º y 22, en tanto se ajuste a los procedimientos que al respecto establezca el Banco Central del Uruguayo el Poder Ejecutivo en su caso, por constituir obediencia a una norma legal dictada en función del interés general (artículo 7º de la Constitución) no configurará violación de secreto o reserva profesional ni mercantil. En consecuencia, no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa ni de ninguna otra especie.

Artículo 5º.- La Unidad de Información y Análisis Financiero estará facultada para solicitar informes, antecedentes y todo elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a los obligados por esta ley y a todos los organismos públicos, los que se encontrarán obligados a proporcionarlos dentro del término fijado por la Unidad, no siéndole oponibles a ésta disposiciones vinculadas al secreto o la reserva. En el caso en que la Unidad deba requerir información protegida por el secreto que rige la actividad de los profesionales universitarios, deberá solicitar fundadamente el levantamiento de dicho secreto ante el Juez Penal competente.

El obligado o requerido no podrá poner en conocimiento de las personas involucradas las actuaciones e informes que sobre ellas realice o produzca en cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 6º.- La Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir a las instituciones sujetas al control del Banco Central del Uruguay, para que impidan, por un plazo de hasta setenta y dos horas, la realización de operaciones que involucren a personas físicas o jurídicas respecto de las cuales existan fundadas sospechas de estar vinculadas a organizaciones criminales relacionadas con los delitos cuya prevención procura la presente ley. La decisión deberá comunicarse inmediatamente a la Justicia Penal competente, la cual, consideradas las circunstancias del caso, determinará si correspondiere, sin previa notificación, la congelación de los activos de los partícipes.

Artículo 7º.- Sobre la base del principio de reciprocidad, el Banco Central del Uruguay, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, podrá intercambiar información relevante para la investigación del delito de lavado de activos con las autoridades de otros Estados que ejerciendo competencias homólogas lo soliciten fundadamente. Con esa finalidad podrá, además, suscribir memorandos de entendimiento.

Para este efecto solo se podrá suministrar información protegida por normas de confidencialidad si se cumplen los siguientes requisitos:

A) La información a brindarse deberá ser utilizada por el organismo requirente al solo y específico objeto de analizar los hechos constitutivos del lavado de activos originados en delitos precedentes que estén incluidos en el artículo 8º de la presente ley.

B) respecto a la información y documentación que reciban, tanto el organismo requirente como sus funcionarios deberán estar sometidos a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para la Unidad de Información y Análisis Financiero y sus funcionarios.

C) los antecedentes suministrados solo podrán ser utilizados en un proceso penal y/o administrativo en el estado requirente, previa autorización de la Justicia Penal del país requerido que se otorgará de acuerdo a las normas de Cooperación Jurídica Internacional.

Artículo 8º.- Modifícase el artículo 81 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporado por la Ley Nº 17.343, de 25 de mayo de 2001, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 81.- Los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 de la presente ley se aplicarán también cuando su objeto material sean los bienes, productos o instrumentos provenientes de delitos tipificados por nuestra legislación vinculados a las siguientes actividades: terrorismo; contrabando superior a US$ 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América); tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; tráfico ilícito de hombres, mujeres o niños; extorsión; secuestro; proxenetismo; tráfico ilícito de sustancias nucleares; tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos; estafa; todos los delitos comprendidos en la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998; quiebra fraudulenta; insolvencia fraudulenta; el delito previsto en el artículo 5º de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972 (Insolvencia societaria fraudulenta); los delitos previstos en el artículo 76 de la Ley Nº 2.230, de 2 de junio de 1893, los delitos previstos en la Ley Nº 17.011, de 25 de setiembre de 1998; el delito previsto en el artículo 4º de la Ley Nº 17.569, de 22 de octubre de 2002; y los delitos previstos en la Ley Nº 17.616, de 10 de enero de 2003, cometidos contra la propiedad intelectual".

Artículo 9º.- Con fines de investigación, a requerimiento del Jefe de Policía Departamental que correspondiere o del Ministro del Interior, el Juez penal competente podrá autorizar la circulación y entrega vigilada de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios, sustancias tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos, precursores u otra sustancia prohibida, por resolución fundada, bajo la más estricta reserva y confidencialidad.

Artículo 10.- Para adoptar estas medidas el Juez deberá tener en cuenta en cada caso concreto, su necesidad a los fines de la investigación, según la importancia del delito, las posibilidades de vigilancia y el objetivo de mejor y más eficaz cooperación internacional.

Artículo 11.- Por entrega vigilada se entiende la técnica de permitir que remesas ilícitas o sospechosas de sustancias prohibidas (Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, y Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998), o de sustancias por las que se haya sustituido las anteriormente mencionadas, o de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios, entren, transiten o salgan del territorio nacional, con el conocimiento y bajo la supervisión de las autoridades competentes, con el propósito de identificar a las personas y organizaciones involucradas en la comisión de los delitos referidos o con el de prestar auxilio a autoridades extranjeras con ese mismo fin.

Artículo 12.- Las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado, podrán ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas, o habiéndose retirado o sustituido total o parcialmente las sustancias ilícitas que contengan.

Artículo 13.- En materia de tráfico ilícito de drogas y sustancias conexas, así como en el de lavado de dinero de dicha procedencia o procedente de otros delitos graves (Leyes Nos. 17.016, de 22 de Octubre de 1998, 17.060, de 23 de diciembre de 1998 y 17.343, de 25 de mayo de 2001), se disminuirá al mínimo la pena del copartícipe -ya fuere autor, coautor o cómplice- y del encubridor o receptador que colaborare eficaz y decisivamente en el esclarecimiento del o de los delitos cometidos o contribuyere decisivamente al desmantelamiento de una red criminal organizada o a la detención de otros delincuentes o a la obtención de prueba suficiente para el enjuiciamiento o la condena o a la incautación de mercancías, bienes, activos o dinero, siempre que, además, los hechos descubiertos o probados con su colaboración, fueren de mayor importancia que los que individualmente pudieren imputársele al colaborador. En todas estas situaciones, si la pena mínima a recaer fuere de penitenciaría habrá de reducirse ese mínimo, a todos los efectos sustanciales y procesales, a veinte meses de prisión.

Artículo 14.- El régimen del artículo anterior se aplicará también al que, habiendo realizado actos punibles anteriores a la ejecución de los delitos de que trata esta ley, advirtiere a la autoridad judicial o administrativa, si con ello hubiere evitado en algún grado la consumación de la infracción; o si no la impidiere, con su advertencia aportare elementos que permitieren identificar a los otros responsables.

Artículo 15.- Si alguno de los requisitos establecidos por los artículos 13 y 14 se configurare de manera incompleta, ello se computará a efectos de la determinación de la pena como una circunstancia atenuante.

Artículo 16.- En los casos en que fuera necesario, el Estado proporcionará protección eficaz de todo tipo al arrepentido, para asegurar su indemnidad y la de su familia.

Artículo 17.- En los trámites de extradición que se promuevan por imputación de los delitos previstos en los artículos 8º, 19 y 21 de la presente ley, si el requerido estuviere sometido a juicio penal en la República, su entrega solo podrá ser diferida hasta la conclusión del respectivo proceso o la extinción de la condena, cuando el delito imputado en esa causa sea castigado con pena mínima de penitenciaría o cuando se estimare "prima facie" que en el caso concreto ha de recaer pena de penitenciaría.

En los demás casos, se decretará la suspensión del juicio nacional, debiendo procederse a la entrega inmediata del extraditado.

Artículo 18.- Elévase la pena para los delitos tipificados en los artículos 54 y 55 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, a penitenciaría con un mínimo de dos años y un máximo de quince años.

Artículo 19.- Declárase de naturaleza terrorista los delitos que se ejecutaren con la finalidad de causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, puesto de manifiesto por su naturaleza o su contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

Artículo 20.- Cuando la finalidad o los medios enunciados en el artículo anterior no constituyan elementos del delito, la pena prevista legalmente para la respectiva figura se elevará en dos tercios en su mínimo y en su máximo.

Artículo 21.- El que organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente proveyere o recolectare fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados. en todo o en parte para financiar las actividades delictivas descritas en el artículo 19 de la presente ley, aún cuando ellas no se desplegaren en el territorio nacional, será castigado con una pena de tres a dieciocho años de penitenciaría.

Artículo 22.- Las instituciones de intermediación financiera deberán informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay la existencia de bienes vinculados a personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

A) haber sido identificadas como terroristas o pertenecientes a organizaciones terroristas, en las listas de individuos o entidades asociadas confeccionadas por la Organización de las Naciones Unidas.

B) haber sido declaradas terroristas por resolución judicial nacional o extranjera.

Artículo 23.- Una vez recibida la información mencionada en el artículo anterior, la Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir a la institución denunciante para impedir la realización de operaciones que involucren a los sujetos identificados. procediéndose de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la presente ley.

Artículo 24.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay que transporten dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a US$ 10.000, deberán comunicarlo al Banco Central del Uruguay en la forma en que determinará la reglamentación que éste dicte.

Toda otra persona que transporte dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a US$ 10.000, deberá declararlo a la Dirección Nacional de Aduanas en la forma que determinará la reglamentación.

El incumplimiento de esta obligación determinará la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 1º de la presente ley a los sujetos comprendidos en el inciso primero del presente artículo; y de las sanciones establecidas en el artículo 2º de esta ley para los sujetos comprendidos en el inciso segundo de este artículo.

Artículo 25.- Las personas físicas o jurídicas que actuando desde nuestro país presten servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos relacionados directamente con la gestión de negocios de personas físicas o jurídicas que, en forma profesional y habitual, desarrollen actividades financieras en el exterior, deberán registrarse ante el Banco Central del Uruguay en condiciones que éste reglamentará, estableciendo taxativamente los tipos de actividad financiera alcanzados por la precitada obligación.

Artículo 26.- Incorpórase el siguiente artículo al Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, modificado por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998:

"ARTÍCULO 63 BIS.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en cualquier etapa del procedimiento penal en la que el imputado o el indagado, en su caso, no fuere habido, se librará la orden de prisión respectiva, y transcurrido seis meses sin que haya variado la situación, caducará todo derecho que el mismo pueda tener sobre los bienes, productos o instrumentos que se hubieren incautado en vía cautelar, operando la confiscación de pleno derecho procediéndose conforme al artículo 67".

Artículo 27.- Cométese a la Suprema Corte de Justicia y a la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación para que en el plazo de seis meses procedan a la transformación de Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal de la Capital y Fiscalías Letradas Nacionales en lo Penal en Oficinas Especializadas en los delitos previstos en la presente, en el Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, modificado por la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, y la Ley Nº 17.343, de 25 de mayo de 2001, y en la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

Artículo 28.- Derógase el artículo 30 de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

Montevideo, 13 de febrero de 2004.

GUILLERMO STIRLING, GUILLERMO VALLES, ISAAC ALFIE, YAMANDÚ FAU, LEONARDO GUZMÁN, LUCIO CÁCERES, ALEJANDRO FALCO, SANTIAGO PÉREZ DEL CASTILLO, CONRADO BONILLA, MARTÍN AGUIRREZABALA, PEDRO BORDABERRY, SAÚL IRURETA SARALEGUI.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones que, en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos tipificado en los artículos 54 y siguientes del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 -incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 17.343, de 25 de mayo de 2001- y de prevenir asimismo el delito tipificado en el artículo 17 de la presente ley.

La información deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, en la forma que éste reglamentará.

El incumplimiento de la obligación de informar determinará la aplicación, según las circunstancias del caso, de las sanciones y medidas administrativas previstas en el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con la redacción dada por la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

Artículo 2º.- También estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior los casinos, las empresas que presten servicios de transferencia o envío de fondos, las inmobiliarias, las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de arte y metales preciosos, así como las personas físicas o jurídicas que, a nombre y por cuenta de terceros, realicen transacciones financieras o administren, en forma habitual, sociedades comerciales cuando éstas no conformen un consorcio o grupo económico.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria, los requisitos que deberán cumplir los sujetos obligados por el registro de transacciones, para el mantenimiento de los respectivos asientos y para la debida identificación de los clientes.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo determinará la aplicación por parte del Poder Ejecutivo de una multa mínima de 1.000 UI (mil Unidades Indexadas) y una multa máxima de 20:000.000 UI (veinte millones de Unidades Indexadas), según las circunstancias del caso, la conducta y volumen de negocios habituales del infractor, y previo informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay.

Artículo 3º.- La comunicación será reservada. Ningún obligado podrá poner en conocimiento de las personas participantes las actuaciones e informes que sobre ellas realicen o produzcan en cumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 1º, 2º y 18 de la presente ley.

Una vez que reciba el reporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero instruirá a quien lo haya formulado respecto de la conducta a seguir con respecto a las transacciones de que se trate y a la relación comercial con el cliente.

Artículo 4º.- El cumplimiento de buena fe de la obligación de informar prevista en los artículos 1º, 2º, 5º y 18, en tanto se ajuste a los procedimientos que al respecto establezca el Banco Central del Uruguay o el Poder Ejecutivo en su caso, por constituir obediencia a una norma legal dictada en función del interés general (artículo 7º de la Constitución) no configurará violación de secreto o reserva profesional ni mercantil. En consecuencia, no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa ni de ninguna otra especie.

Artículo 5º.- La Unidad de Información y Análisis Financiero estará facultada para solicitar informes, antecedentes y todo elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a los obligados por esta ley y a todos los organismos públicos, los que se encontrarán obligados a proporcionarlos dentro del término fijado por la Unidad, no siéndole oponibles a ésta disposiciones vinculadas al secreto o la reserva.

El obligado o requerido no podrá poner en conocimiento de las personas involucradas las actuaciones e informes que sobre ellas realice o produzca en cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 6º.- La Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir a las instituciones sujetas al control del Banco Central del Uruguay para que impidan, por un plazo de hasta setenta y dos horas, la realización de operaciones que involucren a personas físicas o jurídicas respecto de las cuales existan fundadas sospechas de estar vinculadas a organizaciones criminales relacionadas con los delitos cuya prevención procura la presente ley. La decisión deberá comunicarse inmediatamente a la Justicia Penal competente, la cual, consideradas las circunstancias del caso, determinará si correspondiere, sin previa notificación, la congelación de los activos de los partícipes.

Artículo 7º.- Sobre la base del principio de reciprocidad, el Banco Central del Uruguay, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, podrá intercambiar información relevante para la investigación del delito de lavado de activos con las autoridades de otros Estados que ejerciendo competencias homólogas lo soliciten fundadamente. Con esa finalidad podrá, además, suscribir memorandos de entendimiento.

Para este efecto solo se podrá suministrar información protegida por normas de confidencialidad si se cumplen los siguientes requisitos:

a) la información a brindarse deberá ser utilizada por el organismo requirente al solo y específico objeto de analizar los hechos constitutivos del lavado de activos originados en delitos precedentes que estén incluidos en el artículo 8º de la presente ley;

b) respecto a la información y documentación que reciban, tanto el organismo requirente como sus funcionarios deberán estar sometidos a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para la Unidad de Información y Análisis Financiero y sus funcionarios;

c) los antecedentes suministrados solo podrán ser utilizados en un proceso penal o administrativo en el estado requirente, previa autorización de la Justicia Penal del país requerido que se otorgará de acuerdo con las normas de cooperación jurídica internacional.

Artículo 8º.- Los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 -incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998- se configurarán también cuando su objeto material sean los bienes, productos o instrumentos provenientes de delitos tipificados por nuestra legislación vinculados a las siguientes actividades: terrorismo; contrabando superior a US$ 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América); tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; tráfico ilícito de personas; extorsión; secuestro; proxenetismo; tráfico ilícito de sustancias nucleares; tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos; estafa, cuando es cometida por personas físicas o representantes o empleados de las personas jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay en el ejercicio de sus funciones; y todos los delitos comprendidos en la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

En los casos previstos en el presente artículo serán aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 58 a 67 y 71 a 80 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998.

Las disposiciones del presente artículo regirán aun cuando el hecho antecedente origen de los bienes, productos o instrumentos hubiera sido cometido en el extranjero, en tanto el mismo hubiera estado penado en el lugar de su comisión y en la República Oriental del Uruguay.

Artículo 9º.- Con fines de investigación, a requerimiento del Jefe de Policía Departamental que correspondiere o del Ministro del Interior, el Juez penal competente podrá autorizar la circulación y entrega vigilada de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios, sustancias tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos, precursores u otra sustancia prohibida, por resolución fundada, bajo la más estricta reserva y confidencialidad.

Artículo 10.- Para adoptar estas medidas el Juez deberá tener en cuenta en cada caso concreto, su necesidad a los fines de la investigación, según la importancia del delito, las posibilidades de vigilancia y el objetivo de mejor y más eficaz cooperación internacional.

Artículo 11.- Por entrega vigilada se entiende la técnica de permitir que remesas ilícitas o sospechosas de sustancias prohibidas (Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 y Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998), o de sustancias por las que se haya sustituido las anteriormente mencionadas, o de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios, entren, transiten o salgan del territorio nacional, con el conocimiento y bajo la supervisión de las autoridades competentes, con el propósito de identificar a las personas y organizaciones involucradas en la comisión de los delitos referidos o con el de prestar auxilio a autoridades extranjeras con ese mismo fin.

Artículo 12.- Las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado, podrán ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas, o habiéndose retirado o sustituido total o parcialmente las sustancias ilícitas que contengan.

Artículo 13.- Elévase la pena para los delitos tipificados en los artículos 54 y 55 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, a penitenciaría con un mínimo de dos años y un máximo de quince años.

Artículo 14.- Decláranse de naturaleza terrorista los delitos que se ejecutaren con la finalidad de causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, puesto de manifiesto por su naturaleza o su contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

Artículo 15.- Cuando la finalidad o los medios enunciados en el artículo anterior no constituyan elementos del delito, la pena prevista legalmente para la respectiva figura se elevará en dos tercios en su mínimo y en su máximo.

Artículo 16.- El que organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente proveyere o recolectare fondos con la intención que se utilicen, o a sabiendas que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar las actividades delictivas descritas en el artículo 14 de la presente ley, aún cuando ellas no se desplegaren en el territorio nacional, será castigado con una pena de tres a dieciocho años de penitenciaría.

Artículo 17.- Las instituciones de intermediación financiera deberán informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay la existencia de bienes vinculados a personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

a) haber sido identificadas como terroristas o pertenecientes a organizaciones terroristas, en las listas de individuos o entidades asociadas confeccionadas por la Organización de las Naciones Unidas;

b) haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera.

Artículo 18.- Una vez recibida la información mencionada en el artículo anterior, la Unidad de Información y Análisis Financiero bajo su responsabilidad podrá instruir a la institución denunciante para impedir la realización de operaciones que involucren a los sujetos identificados, procediéndose de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la presente ley.

Artículo 19.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay que transporten dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América), deberán comunicarlo al Banco Central del Uruguay en la forma en que determinará la reglamentación que éste dicte.

Toda otra persona que transporte dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América), deberá declararlo a la Dirección Nacional de Aduanas en la forma que determinará la reglamentación.

El incumplimiento de esta obligación determinará la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo primero de la presente ley a los sujetos comprendidos en el inciso primero del presente artículo; y de las sanciones establecidas en el artículo segundo de esta ley para los sujetos comprendidos en el inciso segundo de este artículo.

Artículo 20.- Las personas físicas o jurídicas que actuando desde nuestro país presten servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos relacionados directamente con la gestión de negocios de personas físicas o jurídicas que, en forma profesional y habitual, desarrollen actividades financieras en el exterior, deberán registrarse ante el Banco Central del Uruguay en condiciones que éste reglamentará, estableciendo taxativamente los tipos de actividad financiera alcanzados por la precitada obligación.

Artículo 21.- Autorízase al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia a disponer la transformación de Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal de la Capital y Fiscalías Letradas Nacionales en lo Penal en Oficinas Especializadas en los delitos previstos en la presente, en el Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 modificado por la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998 y en la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

Artículo 22.- Deróganse el artículo 30 de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998 y la Ley Nº 17.343, de 25 de mayo de 2001.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 7 de setiembre de 2004.

LUIS HIERRO LÓPEZ, Presidente, MARIO FARACHIO, Secretario".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Setenta y uno en setenta y dos: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR BARRERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente: mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos del proyecto y para que se voten en bloque, puesto que la iniciativa ha contado con el apoyo de todos los partidos en su discusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar la moción del señor Diputado.

(Se vota)

——Sesenta y ocho en setenta y dos: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 1º a 22, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota)

——Sesenta y nueve en setenta: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR BARRERA.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y ocho en setenta: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al aprobado por el Senado)

27.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Juan Justo Amaro Cedrés, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 14 y 15 de setiembre de 2004, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Stella M. Tucuna".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en sesenta y ocho: AFIRMATIVA.

Queda convocada la suplente correspondiente y se le invita a pasar a Sala.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de solicitar licencia al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, por los días 14 y 15 del corriente, convocando a mi suplente respectivo.

Saluda a usted muy atentamente

JUAN JUSTO AMARO CEDRÉS
Representante por Florida".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de poner en su conocimiento que renuncio por esta única vez a la convocatoria de la que he sido objeto como suplente del Representante Nacional Sr. Juan J. Amaro.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente,

Alberto H. Martínez".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de poner en su conocimiento que renuncio por esta única vez a la convocatoria de la que he sido objeto como suplente del Representante Nacional Sr. Juan J. Amaro.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente

Luis Oliva".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Florida, Juan Justo Amaro Cedrés.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 14 y 15 de setiembre de 2004.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes correspondientes siguientes, señores Alberto Martínez y Luis Oliva.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 14 y 15 de setiembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Florida, Juan Justo Amaro Cedrés.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes siguientes, señores Alberto Martínez y Luis Oliva.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 22 del Lema Partido Colorado, señora Stella M. Tucuna.

Sala de la Comisión, 14 de setiembre de 2004.

MARÍA NELBA IRIARTE, TABARÉ HACKENBRUCH, ALBERTO PERDOMO".

28.-     Urgencias.

——Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Guarino, Ortiz, Orrico y Gustavo Silveira.

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el asunto relativo a la designación de la Escuela Nº 32 'Granja de Mangrullo', del departamento de Cerro Largo, con el nombre 'Enrique Brayer Blanco' (Carpeta Nº 3026/003, Repartido Nº 1288 y Anexo I)".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro en sesenta y siete: AFIRMATIVA.

29.-     Enrique Brayer Blanco. (Designación a la Escuela Nº 32 "Granja de Mangrullo", del departamento de Cerro Largo).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Enrique Brayer Blanco. (Designación a la Escuela Nº 32 'Granja de Mangrullo', del departamento de Cerro Largo".

(ANTECEDENTES:)

Rep. 1288

"CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Desígnase "Enrique Brayer Blanco" la Escuela Nº 32 "Granja de Mangrullo" del departamento de Cerro Largo, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 13 de mayo de 2003.

WALTER RIESGO
Presidente

 

MARIO FARACHIO
Secretario".

Anexo I al
Rep. Nº 1288

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura aconseja a este Cuerpo aprobar el presente proyecto de ley que designa a la Escuela Nº 32 "Enrique Brayer Blanco" del departamento de Cerro Largo y que cuenta con la aprobación del Senado de la República.

Esta asesora deja constancia que oportunamente había aprobado una iniciativa similar presentada por la señora Representante María Alejandra Rivero, siendo miembro informante el señor Representante Roque E. Arregui.

Dicha iniciativa ha sido impulsada por un grupo de maestros jubilados del departamento de Cerro Largo, en justo reconocimiento a tan destacada personalidad del magisterio nacional.

El maestro Enrique Brayer formó parte de una generación de maestros, con los cuales la educación rural tiene una enorme deuda, por el generoso esfuerzo que volcaron hacia estos educandos, con un profundo contenido social y educativo para dignificar y promocionar al habitante rural. Época en la cual las comunicaciones rurales padecían de los efectos del aislamiento, y donde se multiplicaban los rancheríos rurales, con condiciones de vida que motivaron en maestros de la talla de Miguel Soler, Julio Castro, Gándara, Luis Gómez y Enrique Brayer, un profundo compromiso con las comunidades rurales más empobrecidas, con sus niños, y con su institución social, cultural y educativa: la escuela rural.

Hijo de don Ismael Brayer y Juana Blanco, nació el 3 de abril de 1910 en la localidad de Cerro Chato.

Estudió en el Instituto Normal de Varones de Montevideo, donde contribuyó a formar la Asociación de Estudiantes y su periódico "Alas".

Culminó sus estudios magisteriales en 1930, y como expresa la diputada proponente del proyecto María Alejandra Rivero: "Viajó a Mangrullo, donde conoció a Liria Jorge con quien se casó en 1932. Con su esposa se instalaron en la Escuela Nº 32 de Mangrullo, y allí nacieron sus tres hijas: Miriam, Dolly y Sonia. La pareja compartió sesenta y siete años de casados y sus tres hijas fueron maestras".

Desde la Escuela de Mangrullo, Enrique Brayer continuó su formación, obteniendo así el título de maestro de segundo grado. Luego de ocho años en Mangrullo, se va a residir a Melo y accede por concurso al cargo de Subinspector y después al de Inspector Departamental, en el que se desempeñó desde 1940 hasta 1952.

Promovió las Misiones Socio-Pedagógicas y fue factor clave en la creación del Primer Núcleo Escolar Experimental de la Mina y el desarrollo de las escuelas granjas, ya desde su cargo de Inspector Regional. También ejerció –como suplente- el cargo de Inspector Técnico, que es la máxima jerarquía docente en Primaria.

El maestro Brayer impulsó el Congreso Nacional de Maestros de Educación Rural, y participó activamente en la vida gremial del magisterio.

En 1962 se acoge a la jubilación.

En 1963, colabora con el maestro Miguel Soler en la creación del Instituto Superior de Educación Rural en Tarija (Bolivia) entidad apoyada por UNESCO.

Tres años más tarde regresa al Uruguay, quedando a cargo de la cátedra de Administración Educativa, en el prestigioso IMS (Instituto Magisterial Superior), que hoy no existe y permitió la formación superior de los maestros titulados.

Ya retirado, Enrique Brayer y su familia, sufrió la arbitrariedad de la dictadura. Su compromiso con la escuela pública y con la democracia fue el motivo de ello.

El 27 de enero de 1999 fallecía el maestro Enrique Brayer en Montevideo. Los anales de la mejor historia de la Escuela Pública, le tendrán como uno de los maestros más comprometidos, lúcidos y sensibles. La escuela rural le debe mucho, y quienes le conocieron no pueden menos que recordarle con admiración y con cariño.

Sala de la Comisión, 4 de junio de 2003.

HUGO E. CUADRADO, Miembro Informante, BEATRIZ ARGIMÓN, NAHUM BERGSTEIN, GABRIELA GARRIDO, PABLO MIERES, GLENDA RONDÁN".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y ocho en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y siete en setenta: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

30.-     Solicitud de urgencia.

——Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Amen Vaghetti, Heber Füllgraff, Cardozo Ferreira, Alonso, Falero y Bianchi.

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley por el que se modifica el artículo 7º de la Ley Nº 17.045, referente a la publicidad electoral".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Veintiocho en setenta: NEGATIVA.

SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- Señor Presidente: hace unas semanas presentamos un proyecto de ley, que ha sido sancionado, por el cual se reducía de cincuenta a treinta días el período en el que se podía realizar publicidad con motivo de la campaña para las elecciones nacionales y se uniformizaba dicho plazo para todas las instancias electorales, es decir, elecciones internas, elecciones nacionales y elecciones departamentales.

Al igual que las anteriores, esta norma encomendaba su control a la Corte Electoral, pero no establecía las sanciones correspondientes. Lo cierto es que en el pasado las vedas de publicidad electoral, que antes eran de veinticuatro horas y actualmente comprenden las cuarenta y ocho horas previas a la elección, se cumplían a rajatabla, como una demostración de cultura y de respeto cívico. Sin embargo, de un tiempo a esta parte se comenzaron a constatar transgresiones, no en este último aspecto, pero sí en cuanto al momento a partir del cual está permitido hacer publicidad electoral, como una forma de sacar ventaja y de introducir elementos de distorsión en la campaña electoral. Eso se pudo comprobar en la publicidad que se hizo este año durante la realización de la Vuelta Ciclista del Uruguay.

Actualmente, si bien la Corte Electoral no puede sancionar, sí puede hacerlo la URSEC. Seguramente va a hacerlo con los medios electrónicos de comunicación, entendiéndose por estos las radios de AM y FM y los canales de televisión abierta o por cable. No obstante ello, creímos de justicia -y por una cuestión de prolijidad jurídica- presentar un proyecto estableciendo sanciones económicas, y no otras, a los medios de comunicación que infringieran la ley, a efectos de que no fuera tomado como una ley que atentara contra la libertad de expresión. Se trata de sanciones económicas -nada de clausuras- y, además, luego del pronunciamiento favorable de la Corte Electoral, de acuerdo con el artículo 326 de la Constitución de la República.

Lamentamos que, ante los hechos que se han verificado en estos últimos días -particularmente durante el último fin de semana, en que flagrante y groseramente se infringió la ley, se violentó el espíritu y la letra de la norma-, esta Cámara no apruebe el tratamiento grave y urgente de este proyecto, que establece sanciones económicas para los medios de comunicación. Esto nos decepciona, porque consideramos que cuando votamos leyes lo hacemos para cumplirlas y no para que nosotros mismos, los partidos y los sectores políticos -se votó casi por unanimidad hace treinta días en esta Cámara-, busquemos argucias o caminos paralelos para tratar de sacar ventaja política en una campaña electoral.

Muchas gracias.

31.-    Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercado Común del Sur y sus Anexos. (Aprobación).

SEÑOR PINTADO .- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PINTADO .- Señor Presidente: oportunamente nos pasó inadvertido que no se votó la comunicación inmediata del proyecto aprobado correspondiente al asunto que figuraba como cuarto punto del orden del día: "Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercado Común del Sur y sus Anexos. (Aprobación)".

Entonces, mociono en tal sentido, puesto que mañana es la última sesión ordinaria y es nuestra intención -y la de otros países del MERCOSUR- que el Senado pueda votarlo en esa oportunidad.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y nueve en setenta: AFIRMATIVA.

32.-     Asuntos entrados fuera de hora.

Dese cuenta de una moción de orden, presentada por el señor Diputado Posada.

(Se lee:)

"Mociono para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro en sesenta y siete: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora.

(Se lee:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes el proyecto de ley, remitido con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo, referente al Salario Mínimo Nacional. C/4075/004

-    A la Comisión de Hacienda.

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley constitucional por el que se modifican diversas disposiciones de la Constitución de la República. C/4076/004

-    A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración".

33.-     Proyectos presentados.

"CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. (Modificación de diversas disposiciones).

PROYECTO DE LEY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, PABLO MIERES, Representante por Montevideo, RICARDO FALERO, Representante por Canelones

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, PABLO MIERES, Representante por Montevideo, RICARDO FALERO, Representante por Canelones

 

 

34.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Víctor Rossi, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 14 de setiembre de 2004, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor León Lev".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y seis en sesenta y siete: AFIRMATIVA.

Queda convocado el correspondiente suplente y se le invita a ingresar a Sala.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.

Presente.

De mi consideración:

Me dirijo a Ud. a efectos de solicitar licencia por motivos personales por el día de la fecha.

Asimismo, solicito se convoque al suplente correspondiente.

Atentamente,

VÍCTOR ROSSI
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Víctor Rossi.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 14 de setiembre de 2004.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 14 de setiembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Víctor Rossi.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 14 de setiembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 738 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor León Lev.

Sala de la Comisión, 14 de setiembre de 2004.

MARÍA NELBA IRIARTE, TABARÉ HACKENBRUCH, ALBERTO PERDOMO".

 

35.-     Urgencias.

——Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Amen Vaghetti, Bianchi, Alonso, Argenzio, Orrico, Cardozo y Falero.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto por el que se declara área protegida al Parque Bartolomé Hidalgo".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y seis en sesenta y ocho AFIRMATIVA.

36.-      Parque Bartolomé Hidalgo del departamento de Soriano. (Se lo declara Parque Nacional y se lo incorpora al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Parque Bartolomé Hidalgo del departamento de Soriano. (Se lo declara Parque Nacional y se lo incorpora al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1349

"PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el literal E) del artículo 36 de la Ley Nº 16.555, de 18 de setiembre de 2002, otórgase la categoría de Parque Nacional al Parque "Bartolomé Hidalgo", ubicado en el departamento de Soriano, e incorpórase el mismo al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de conformidad con el literal A) del artículo 3º y con el artículo 5º de la Ley Nº 17.234, de 22 de febrero de 2000. La administración del área de referencia se regirá por lo establecido en el artículo 11 de la citada ley.

Montevideo, 9 de julio de 2003.

JOSÉ MARÍA CABALLERO, Representante por Flores, WALTER VENER CARBONI, Representante por Soriano.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este proyecto de ley tiene por finalidad incorporar al "Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas" en la categoría de Parque Nacional, apartado A), artículo 3º y artículo 5º de la Ley Nº 17.234, de 22 de febrero de 2000, el "Parque Bartolomé Hidalgo".

El referido parque se encuentra ubicado en el departamento de Soriano a ambos lados de la Ruta Nacional Nº 3, en el lugar donde el arroyo Grande hace barra con el río Negro y a escasa distancia de la confluencia de éste, con el río Yi.

El mismo ha estado desde que pasó a dominio del Estado al promediar los años cuarenta y luego de la construcción de los primeros grandes puentes, en la órbita del hoy denominado Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esa acertada decisión fue adoptada sin lugar a dudas en mérito a que esos predios, contaban con diferentes ecosistemas de belleza excepcional y dotados de grandes bosques naturales, abundante fauna silvestre y pensando quizás en que se trata de sitios geomorfológicos y de hábitat de interés científico educacional y recreativo.

La construcción de la Represa de Palmar o "Constitución" significó un gran impacto ambiental para la zona, al haber quedado sumergida bajo las aguas, frondosas concentraciones de árboles costeros, destruyendo además, el hábitat de una importante y variada fauna, que se refugió en las zonas emergentes.

Esta verdadera catástrofe ecológica, que tuvo lugar en el año 1982, cuando se transformó en lago, fue mitigada en gran medida gracias a la labor de forestación, fundamentalmente con especies no autóctonas, que realizara oportunamente el Ministerio referenciado.

Ello permitió la existencia de una biomasa, que ha asegurado la recomposición, diríamos, en forma explosiva, de los originales ecosistemas, acción que fue ayudada por la proliferación de islas forestales, que de por sí forman verdaderos ecosistemas, por la función que desempeña la fauna, en especial por la labor que cumplen en este sentido las aves.

Se puede afirmar con fundamento que el "Parque Bartolomé Hidalgo" se halla en proceso avanzado de recuperación, ya que sus ecosistemas se están recreando y el parque que nunca perdió su excepcional belleza paisajística, tanto terrestre como acuática, ahora con algo más de trescientas hectáreas emergidas, será en contados años lo que fue.

Debemos dejar constancia que para la zona y especialmente para el departamento de Flores, que carece de lugares recreativos de esta naturaleza y en general para el turismo nacional e internacional, que transita la Ruta Nº 3 constituye un lugar, que invita a detenerse aunque más no sea por un momento.

La atracción por ese lugar surge entre otras cosas, porque al estar rodeado de grandes espejos de agua, semeja un lugar insular y podríamos asegurar, que nunca fue para nada afectada por la presencia de visitantes o turistas.

Por lo tanto, el logro de la categorización que se pretende por medio de este proyecto de ley, aseguraría la conservación en estado natural, de un lugar paisajístico por excelencia, coadyuvando de esta forma con el propósito de la Ley Nº 17.234 ya citada, sin que ello colide para nada con lo establecido en el artículo 37 de la Ley Nº 17.555, de 19 de setiembre de 2002.

La declaración de interés nacional que le ha otorgado a este parque de la ley precitada, robustece los argumentos para hacer prosperar este proyecto de ley.

Montevideo, 9 de julio de 2003.

JOSÉ MARÍA CABALLERO, Representante por Flores, WALTER VENER CARBONI, Representante por Soriano".

Anexo I al
Rep. Nº 1349

"Comisión de Vivienda, Territorio

y Medio Ambiente

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente aconseja la aprobación del presente proyecto, relativo a la incorporación al "Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas", en la categoría de Parque Nacional A, artículo 5º de la Ley Nº 17.234, de 22 de febrero de 2000, al Parque Nacional Bartolomé Hidalgo, más allá de lo que significa proteger ecosistemas, que de por sí, es algo por de más importante, si se nos permite realizar una digresión, representa algo más trascendente.

Es un tema inscripto dentro de una problemática más abarcativa, la cual es lograr mediante acciones legislativas, promover el desarrollo de una región importante del país que se viene deprimiendo y hacerlo de manera integral (en lo productivo, lo laboral y en lo poblacional).

Se trata de la parte que podríamos llamar "Zona Mediterránea" del país, que implica a cinco departamentos al sur y al norte del Río Negro, que carece de costas y de fronteras terrestres y por lo tanto no dispone de las ventajas comparativas de aquellas.

No podemos desconocer que la nombrada región representa un tercio del territorio nacional, y posee una población del 8% (ocho por ciento). En tanto a veinte kilómetros de las zonas perimetrales del país, se radican ocho de cada diez habitantes del mismo.

Esto determina que la citada parte del territorio nacional padezca a nuestro entender, una situación geopolítica poco favorable.

"El Parque Nacional Bartolomé Hidalgo" que por lo dispuesto en el literal E) de la Ley Nº 17.555, de 17 de setiembre de 2002 de Reactivación Económica, se le otorga la categoría de Parque Nacional y se dispone la concesión del mismo, se encuentra ubicado en el departamento de Soriano a ambos lados de la Ruta Nº 3, en el lugar donde el Arroyo Grande hace barra con el Río Negro y a escasa distancia de la confluencia de éste con el Río Yi.

El mismo ha estado desde que pasó a dominio del Estado, al promediar los años cuarenta y luego de la construcción de los primeros grandes puentes, en la órbita del hoy denominado Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esa acertada decisión fue adoptada sin lugar a dudas en mérito de que esos predios, contaban con diferentes ecosistemas de belleza excepcional y dotado de grandes bosques naturales, abundante en fauna silvestre y pensando quizás en que se trata de sitios geomorfológicos y de hábitat de interés científico, educacional y recreativo.

La construcción de la "Represa de Palmar" o "Constitución" significó un gran impacto ambiental para la zona, al haber quedado sumergida bajo las aguas frondosas concentraciones de árboles costeros, destruyendo además, el hábitat de una importante y variada fauna que se refugió en las zonas emergentes.

Esta verdadera catástrofe ecológica, que tuvo lugar en el año 1982, cuando se transformó en lago, fue mitigada en gran medida gracias a la labor de forestación, fundamentalmente con especies no autóctonas, que realizara oportunamente el Ministerio referenciado.

Ello permitió la existencia de una biomasa, que ha asegurado la recomposición, diríamos, en forma explosiva de los originales ecosistemas, acción que fue ayudada por la proliferación de islas forestales, que de por sí forman verdaderos ecosistemas, por la función que desempeña la fauna, en especial por la labor que cumplen en este sentido las aves.

Se puede afirmar con fundamento que el "Parque Bartolomé Hidalgo" se encuentra en proceso avanzado de recuperación, ya que sus ecosistemas se están recreando y el parque que nunca perdió su excepcional belleza paisajística, tanto terrestre como acuática, ahora con algo más de trescientas hectáreas emergidas, será en contados años lo que fue.

Debemos dejar constancia que para la zona y especialmente para el departamento de Flores, que carece de lugares recreativos de esta naturaleza y en general para el turismo nacional e internacional, que transita la Ruta Nacional Nº3 constituye un lugar, que invita a detenerse aunque más no sea por un momento.

La atracción por ese lugar surge entre otras cosas, porque al estar rodeado de grandes espejos de agua, asemeja un lugar insular y podríamos asegurar que, nunca fue para nada afectado por la presencia de visitantes o turistas por lo tanto, el logro de la caracterización que se pretende por medio de este proyecto de ley, aseguraría la conservación y el estado natural de un lugar paisajístico, coadyuvando de esta forma con el propósito de la ley ya citada, sin que ello colide para nada con lo establecido en la también citada Ley de Reactivación Económica.

La declaración de interés nacional, que le fue otorgado a este parque por la ley precitada, robustece los argumentos para hacer prosperar este proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 16 de junio de 2004.

JOSÉ MARÍA CABALLERO, Miembro Informante, RAÚL ARGENZIO, RAQUEL BARREIRO, RUBEN CARMINATTI, ARTIGAS MELGAREJO, DARÍO PÉREZ, RAÚL SENDIC, PEDRO SEÑORALE".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR VENER CARBONI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR VENER CARBONI.- Señor Presidente: cuando el suplente del señor Diputado Máspoli Bianchi, el señor Caballero, redactor y autor de la exposición de motivos de este proyecto de ley, me invitó a firmarlo, luego de leerlo compartí de inmediato la iniciativa de crear un área natural protegida en el Parque Bartolomé Hidalgo, al amparo de disposiciones existentes.

La naturaleza ha sido muy pródiga en recrear, en recuperar los ecosistemas de esa región, que fueron afectados indudablemente por la construcción de la represa de Palmar y su lago respectivo. Esa recreación, esa nueva situación tan ponderable -en la que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tuvo una participación muy activa- debemos tratar de preservarla poniéndola al amparo de la legislación vigente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR VENER CARBONI.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y siete en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado, que corresponde al presentado)

37.-     Urgencias.

——Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputado Amen Vaghetti, Orrico, Falero, Bianchi, Cardozo Ferreira y Argenzio.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la Carpeta Nº 4017/004, 'Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. (Se crea un impuesto para atender sus obligaciones legales)'".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y ocho en setenta: AFIRMATIVA.

38.-     Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. (Se crea un impuesto para atender sus obligaciones legales).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. (Se crea un impuesto para atender sus obligaciones legales)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1686

"CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Créase, con carácter transitorio y con vigencia desde el primer día hábil del mes siguiente a la promulgación de la presente ley hasta el 31 de marzo de 2007, un impuesto cuyo producido será destinado exclusivamente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias para atender sus obligaciones legales; el mismo gravará todas las sumas nominales mensuales que por cualquier concepto abone la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias a cada cédula jubilatoria o pensionaria, tanto las actualmente en curso de pago como las que otorgue en el futuro, y será retenido y recaudado directamente por el propio Instituto.

Artículo 2º.- Serán contribuyentes del impuesto creado en el artículo anterior, los jubilados y pensionistas actuales y futuros de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

Artículo 3º.- La tasa del impuesto será la que corresponda según el monto nominal de la jubilación o pensión de cada contribuyente, de acuerdo a lo siguiente:

SALARIOS MÍNIMOS NACIONALES

Escala

MÁS DE

HASTA

%

1

0

6

0,0%

2

6

10

2,0%

3

10

15

5,5%

4

15

20

8,0%

5

20

25

9,0%

6

25

30

10,0%

7

30

35

11,0%

8

35

40

12,0%

9

40

45

13,0%

10

45

50

14,0%

11

50

55

15,0%

12

55

60

16,0%

13

60

18,0%

En ningún caso el monto de las retribuciones y prestaciones líquidas que surge de la aplicación de estas tasas podrá ser inferior al que corresponda a la máxima retribución o prestación líquida de la escala inmediata inferior.

Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 60 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 17.740, de 8 de enero de 2004, por el siguiente:

"ARTÍCULO 60.- Hasta el 31 de marzo de 2007, auméntase en 4,5% (cuatro con cinco por ciento), la alícuota de aporte patronal jubilatorio a la referida Caja".

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 17 de agosto de 2004.

ALEJANDRO ATCHUGARRY
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR IBARRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: de acuerdo con lo que indica el Reglamento de la Cámara de Representantes, expreso que estoy comprendido en lo dispuesto en el artículo 77 y en el 104, literal M, por tener vinculación con la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias como pasivo.

No sé qué es lo que resolverá la Cámara, pero estoy a su disposición.

SEÑOR OBISPO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR OBISPO.- Señor Presidente: en el mismo sentido, declaro que estoy comprendido en dichas disposiciones.

SEÑOR LEV.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LEV.- Señor Presidente: quiero dejar la misma constancia del señor Diputado Ibarra y quedo a disposición de lo que resuelva la Cámara.

SEÑOR BLASINA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BLASINA.- Señor Presidente: dejo la misma constancia que los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Señor Presidente: dejo la misma constancia que los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra.

SEÑOR BERGSTEIN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: lamentablemente, no soy jubilado bancario,...

(Hilaridad)

——...pero quiero decir que hechas las constancias de los señores Diputados que están en esa situación, entendemos que ello no es óbice para que puedan participar en la discusión y emitir el voto. Su actitud es una delicadeza de parte de ellos en cumplimiento de la obligación reglamentaria en cuanto a expresar la circunstancia para que cada Representante la evalúe; pero eso creo que no los inhibe de participar en la discusión y votar.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar la autorización para que los señores legisladores que hicieron las aclaraciones participen en el debate y puedan votar.

(Se vota)

——Sesenta y ocho en setenta y tres: AFIRMATIVA.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: hemos acompañado este proyecto de ley en el ámbito de la Comisión de Hacienda con una serie de salvedades que queremos expresar en Sala.

La situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias se viene arrastrando desde hace largo tiempo; ya estaba muy comprometida antes de la crisis del sistema de intermediación financiera de agosto de 2002. Pero, notoriamente, a partir de la situación creada por esa crisis, la viabilidad económica futura de dicha Caja quedó absolutamente cuestionada.

Por cierto, esperábamos que en este período de Gobierno se hubiera propuesto por parte del Poder Ejecutivo un proyecto de ley que permitiera resolver esta situación de una vez por todas. Lo que se hace con este proyecto que está a consideración de la Cámara es, simplemente, patear la pelota para adelante, sin asumir que esta situación no solo genera incertidumbre para aquellos pasivos que son servidos por esta Caja, sino que también ocasiona una situación verdaderamente injusta para los activos, es decir, para quienes aportan a una Caja cuya viabilidad económica sabemos que está cuestionada.

Por otra parte, los aportes del sector bancario son los más altos de cualquier nivel de actividad. Claro está que, por un lado, los trabajadores tienen un alto nivel de tasas, mayores que las de cualquier otra actividad y, por otro, hay un aporte muy importante -que está aumentado en este proyecto de ley- de la patronal bancaria. En todo caso, ese aporte lo pagamos todos los uruguayos a través del gasto operativo del sector bancario; por cierto, es parte de lo que se cobra por la diferencia existente -el "spread"- entre las tasas activas y las pasivas a nivel bancario.

Desde ese punto de vista, el patear la pelota para adelante -como se hace en este caso- no solo genera incertidumbre, sino una injusticia para gente que está aportando a esta Caja y que sabe perfectamente que no se va a jubilar por ella. A nuestro juicio, el Estado tiene que asumir la decisión de tomar el toro por las astas y aprobar una ley que solucione esta situación, sin que ello signifique afectar los derechos adquiridos de los pasivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, y encontrando una solución para quienes han realizado aportes y están cerca de jubilarse.

Lo que hace el proyecto de ley que está a consideración de la Cámara es prorrogar el plazo hasta marzo de 2007. En el seno de la Comisión manifestamos una objeción porque nos parecía que extender el plazo hasta marzo de 2006 -es decir, dar un plazo de un año al nuevo Gobierno para alcanzar una solución- era una actitud muy importante porque significaba que el próximo Gobierno rápidamente podría dar una solución a este tema. Lamentablemente, la mayoría ha expresado su voluntad de prorrogarlo hasta marzo de 2007. Claro está que eso no obsta a que en un período menor en el próximo Gobierno se esté tomando una decisión respecto a este punto.

Con esa inquietud, esperamos que realmente en el próximo año, el 2005, se verifique por parte de quien ejerza el nuevo Gobierno una propuesta que ponga fin a esta situación que se hace absolutamente inviable, teniendo en cuenta que en la actualidad menos de 13.000 activos están soportando a los 16.000 pasivos y pensionistas que tiene la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

Por todos estos aspectos, más allá de nuestro voto favorable a este proyecto de ley, queremos plantear nuestro reclamo en el sentido de que esta situación tiene que ser asumida lo más pronto posible. Lamentamos que en este período de Gobierno no se haya encarado el tema de forma tal de proponer una solución al respecto. Pensamos que en el año 2005 es absolutamente imperioso que se analice esta situación y se asuma lo que es hoy para nosotros la inviabilidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

Muchas gracias.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: brevemente deseo manifestar que la Comisión de Hacienda consideró este tema y recomienda la aprobación de este proyecto de ley con plena conciencia de que se trata de un paliativo, pero estamos ante una situación crítica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. En momentos como este es bueno que aprobemos un proyecto de ley que, en definitiva, ha sido impulsado por la propia dirección de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, ha contado con el respaldo del sindicato de los bancarios y de importantes núcleos de jubilados bancarios, y ha sido aprobado en el Senado de la República. En cualquier caso, lo único que hace este proyecto es evitar crisis. Sin duda, con sacrificio de los pasivos y con la extensión de un adicional que ya existe en el aporte patronal, se podrá dar aire para que se pueda estudiar una solución más de fondo al problema de esta Caja antes de que se produzca una crisis.

La relación activo-pasivo, a la que recién hacía referencia el señor Diputado Posada, exonera de cualquier otra consideración para indicar la importancia de este tema.

De manera que la Comisión de Hacienda recomienda al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley, pero lo hace con plena conciencia de que a breve plazo la nueva Legislatura tendrá que buscar una solución permanente y de fondo, con cierta distancia de la crisis bancaria que está en la raíz de los problemas que está transitando la Caja.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señor Presidente: quisiéramos dejar las mismas constancias que dejamos en la Comisión de Hacienda con respecto a este proyecto, que vamos a acompañar con nuestro voto. No obstante, también queremos compartir algunas de las observaciones que ha realizado el señor Diputado Posada.

Sabemos que el tema no se soluciona con la aprobación de este proyecto y que estamos implementando una especie de parche para esta situación. Evidentemente, ello va a generar que luego se vuelva sobre este asunto con una solución definitiva, esperemos que esa sí relacionada con la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

Al principio de esta Legislatura realizamos una reunión de bancada de nuestro Partido con el Poder Ejecutivo, y este tema era una de las prioridades que estaba en la agenda. Sin embargo, ha pasado todo el período de Gobierno y esa reforma no se ha encarado con la decisión necesaria. En aquel momento lo dijimos: "Se van a reformar todas las Cajas y no esta", porque todos sabemos que alrededor de esta Caja hay "lobbies" muy poderosos que estaban dilatando un enfoque definitivo de esta reforma. Ahora, como dijo muy gráficamente el señor Diputado Posada, estamos tirando la pelota para adelante. Esta solución podrá dar resultado en el corto plazo, pero el próximo Parlamento y el próximo Gobierno deberán volver sobre este tema -esperemos que esa vez ocurra así- encarando una reforma definitiva para esta Caja que tendría que haber formado parte de las reformas de las demás Cajas.

Esa es la constancia que queríamos dejar.

Muchas gracias.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: he votado negativamente este proyecto de ley en la Comisión de Hacienda, que integro.

Estamos ante un problema largamente dilatado. Desde que en el año 1996 entró en vigencia la ley de reforma de la seguridad social, quedó para una segunda instancia adecuar las Cajas paraestatales al sentido de dicha reforma. Durante esta Legislatura aprobamos la reforma de la Caja Notarial y la de la Caja Profesional. Sin embargo, no ha venido el proyecto de ley de adecuación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, en virtud de lo cual, reitero, en esta Legislatura no se ha considerado la reforma de esta Caja.

Hay una urgente necesidad de adecuar la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias en lo relativo a la edad de retiro de los activos, quienes hoy se siguen jubilando a los cincuenta y cinco y sesenta años, tal como se regían anteriormente los afiliados al Banco de Previsión Social. Hay un problema con la tasa de reemplazo y con los montos máximos jubilatorios; eso, agregado a la crisis que vivió el sistema financiero, ha desfinanciado la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

Es cierto que este proyecto de ley que vamos a votar da oxígeno a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, pero más que eso lo que hace es dar un tiempo al próximo Gobierno, lo cual no consideramos conveniente. Lo que estamos haciendo es propiciar que quienes asuman la responsabilidad a partir de marzo de 2005 no se vean en la obligación de encarar la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, y creo que eso es contraproducente. Estamos dando una aspirina a un enfermo de cáncer.

Por lo tanto, de no aprobarse este proyecto, el próximo Gobierno tendría que encarar obligatoriamente -en la etapa de preparación de ese Gobierno- las necesarias reformas de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias; de no aprobarse este proyecto, en diciembre, seguramente, se estaría trabajando para reformar como se debe esta Caja.

Si se aprueba este proyecto de ley, durante los años 2005 y 2006 no va a haber ninguna iniciativa para reformar la Caja, sino que se encarará el tema en el año 2007 y, probablemente, se esté pasando la problemática al Gobierno que asuma en el año 2010. Ese es el motivo por el cual no voy a votar afirmativamente este proyecto de ley. Creo que si no se aprueba, se está a tiempo para que en marzo del año próximo venga al Parlamento una iniciativa de verdadera reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Lo que hoy estamos haciendo es evitarle ese trabajo al próximo Gobierno, lo cual creo que es francamente inconveniente. Por tales motivos, no voy a dar mi voto afirmativo al proyecto en consideración.

Es todo cuanto tenía que aportar.

Muchas gracias.

SEÑOR BLASINA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BLASINA.- Señor Presidente: voy a efectuar algunas reflexiones.

En primer lugar, quiero recordar que el Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, incluyendo al representante del Poder Ejecutivo, en el año 2001 aprobó por unanimidad una propuesta a los efectos de reformar la Carta Orgánica del instituto. Las razones que surgieron en el año 2002, por todos conocidas, hicieron que se entrara en un "impasse", pero luego se volvió a constituir una Comisión Especial a los efectos de tratar el punto. Sin embargo, no se pudo avanzar. De manera que cuando se habla de tirar la pelota hacia adelante hay que medir muy bien las responsabilidades que se asumieron en esa Comisión Especial, las responsabilidades políticas que estuvieron expresadas en el sentido de hacer un esfuerzo para tratar de aprobar en esta Legislatura un proyecto que pudiera ser remitido al Parlamento, relativo a la reforma de la Carta Orgánica. De lo contrario, hay que asumir la actitud política, diría una actitud deliberada de no considerar a fondo el tema, sino de pasarlo a la Administración que se instalará a partir del 1º de marzo del año próximo. Eso fue lo que realmente sucedió.

También quiero señalar que no se trata de volver hacia atrás y hacer un juicio de valor sobre lo ocurrido. No quiero poner énfasis en esto, pero esa realidad es imposible de soslayar. Obviamente, este proyecto plantea plazos. Algunos pueden considerar que, al pasar a la próxima Administración, los plazos son excesivos. Entre paréntesis -con todo el respeto que tengo por el señor Diputado Gabriel Pais-, digo que quedo sorprendido por el planteo que se ha realizado en Sala en el sentido de fundar el voto negativo diciendo que es posible que en el mes de marzo del año próximo tengamos un proyecto de Carta Orgánica, cuando no lo tuvimos desde el año 2001 a la fecha. Entonces, esto pasará a la próxima Administración.

Este tema no puede ser tratado con ligereza desde el punto de vista de los tiempos que insume la reforma de una Carta Orgánica, en este caso la de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Todos tenemos muy fresco en la memoria el tiempo que llevó el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica de la Caja de Profesionales Universitarios y de la Caja Notarial. No es un tema sencillo para ninguna Administración que se instale a partir del 1º de marzo de 2005.

Luego, como cuestión superviniente de un eventual acuerdo que se logre ante un proyecto, sobreviene -y esto es bueno recordarlo- un período de transición inherente a cualquier reforma de cualquier sistema de seguridad social. Ese período de transición supone que los objetivos que se buscan con un proyecto de reforma no se van a cumplir de inmediato y tendrá que transcurrir determinado tiempo para solventar una solución que, en este caso, vaya diluyendo el problema real planteado en la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias en cuanto a su supervivencia. ¡Vaya si vale la pena hacer un esfuerzo por la supervivencia de un instituto que ha sido ejemplo de administración en el país! No sé si se tuvo presente este período de transición que necesariamente tendrá que transcurrir luego de que el Parlamento apruebe el proyecto que fuere sobre la Carta Orgánica.

Quiero agregar lo siguiente. Cuando se habla de la disparidad en cuanto a que aportan los pasivos y no lo hacen los activos, habría que recordar que el proyecto planteado en el año 2001 significaba variantes tales que los que se jubilasen después de aprobado -en el caso de que hubiera sido así- lo habrían hecho en condiciones desventajosas respecto de quienes se jubilan hoy o lo harán en el futuro próximo.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Guarino)

——Luego de la crisis financiera del año 2002, la relación activo-pasivo llevó a la situación descrita en Sala. Seguramente, esa situación va a exigir condiciones más rigurosas para, en definitiva, sacar adelante esta institución modelo para el país. En consecuencia, los activos que hoy no están contribuyendo efectivamente y de manera directa -según el proyecto que fue aprobado por unanimidad en el Senado- se van a jubilar en condiciones distintas a las de quienes hoy son pasivos, y en condiciones desventajosas respecto a aquellas actualmente existentes, por las cuales se han jubilado una cantidad de trabajadores bancarios y lo harán en el futuro próximo otros tantos. Hay que tener en cuenta este factor cuando se habla de una presunta disparidad en cuanto a la contribución de los activos y de los pasivos.

Por todas estas razones es que recalcamos que vamos a apoyar este proyecto calurosamente porque, por lo menos, significa una instancia que da la oportunidad de trabajar seriamente a partir de la próxima Administración para que se pueda enviar al Parlamento un proyecto que, en definitiva, vaya sacando a la Caja de la situación en que se encuentra.

SEÑOR SILVEIRA (don Gustavo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SILVEIRA (don Gustavo).- Señor Presidente: quiero referirme a lo que sentí como una alusión a la política de reforma de los institutos de previsión social, particularmente de los paraestatales, que ha hecho el Gobierno.

A lo largo de estos años he integrado la Comisión de Seguridad Social de la Cámara, en la cual hemos trabajado de buena fe e incansablemente, tratando de alcanzar y concretar acuerdos. Así, logramos la reforma tanto de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones como de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y, por lo tanto, darles un horizonte sustentable en lo económico y en lo financiero. Siento que la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias era y es, para nuestro país, una de las asignaturas pendientes en cuanto a dar estabilidad a los institutos paraestatales de seguridad social.

Quiero decir con claridad que el 30 de diciembre del año pasado el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio alcanzamos un acuerdo en la Comisión de Seguridad Social por el cual, en esa sesión, aprobamos por unanimidad tres asuntos. El primero de ellos suponía duplicar el aporte patronal bancario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias por un tiempo importante, a efectos de disminuir o amortiguar el desbalance financiero que la estructura de los beneficios que presta y de los aportes que recibe generaba en sus arcas. El segundo era sobre la reforma del servicio de tutela policial o de la Caja Policial, aprobado por el Senado y al que le faltaba media sanción de la Cámara de Representantes. Este asunto fue aprobado por unanimidad en nuestra Comisión de Seguridad Social. El tercer tema fue el proyecto de ley de creación del nuevo sistema de asignaciones familiares.

Quiero dejar constancia, como lo hice en aquel momento, de que en la sesión de la Cámara del 30 de diciembre de ese año no se respetaron los acuerdos alcanzados.

El único asunto que esta Cámara votó por unanimidad, manteniendo el acuerdo y la palabra, fue el que tenía relación con la duplicación del aporte patronal bancario a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Avanzada la sesión, el Frente Amplio manifestó que había cambiado su posición con respecto a esa mañana y congeló hasta hoy -porque no ha manifestado cuál es su posición- la reforma de la Caja Policial. Hemos dejado que infinidad de policías en situación de retiro se jubilaran con una miseria. Cuando tuvimos el sistema aprobado por unanimidad en la Comisión y con media sanción del Senado, fue la bancada del Frente Amplio la que ese día no respetó el acuerdo.

¡Ni qué hablar de lo que sucedió después con la ley de asignaciones familiares! Hasta el último segundo anunciaron que no iban a votar el artículo sobre su financiación, bloqueando el surgimiento de un nuevo sistema de asignaciones familiares del que todos los buenos uruguayos hoy nos enorgullecemos.

Por lo tanto, quiero decir que el palo en la rueda de la reforma de las Cajas paraestatales no lo puso mi Partido; el palo en la rueda de la reforma de las Cajas paraestatales se puso el 30 de diciembre del año pasado.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Si no se hace de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

SEÑOR IBARRA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: no voté este proyecto en general. Discrepando con el señor Diputado preopinante, considero que hay una gran omisión del Poder Ejecutivo por no enviar a este Parlamento un proyecto de ley para considerar las modificaciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

Todos recordamos perfectamente bien que desde 2001 hay un acuerdo entre el Consejo Honorario de la Caja Bancaria y la Asociación de Bancarios del Uruguay, que de alguna manera daba solución a la problemática financiera de la Caja. Luego acontece lo de 2002, se firman compromisos con el Fondo Monetario Internacional, a través de la carta de intención, para tratar este tema y para que el Poder Ejecutivo remitiera el proyecto correspondiente, pero hasta hoy no lo ha hecho. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad del Poder Ejecutivo.

Considero que esta no es la mejor solución. Entiendo que de alguna manera se produce una rebaja importante de las pasividades de los jubilados bancarios. Sigo teniendo alguna duda, que no tengo tiempo de analizar, en cuanto a si no se violenta el artículo 67 de la Constitución de la República.

Creo que esto no resuelve la situación en forma definitiva. Sin duda, el próximo Gobierno tendrá que dar un rápido tratamiento a este tema para solucionarlo definitivamente. Entiendo que se crea un antecedente peligroso, ya que se aplica una especie de IRP a los pasivos, que mañana o pasado mañana puede ser extendido también a los activos. Además, los jubilados están aportando para el seguro de desempleo por la situación creada en 2002.

En consecuencia, quiero dejar establecido con absoluta claridad que no he votado este proyecto de ley. Asimismo, solicito el desglose del artículo 4º del proyecto, a fin de que pueda expresarme concretamente sobre su contenido.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Amorín Batlle)

SEÑOR SILVEIRA (don Gustavo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SILVEIRA (don Gustavo).- Señor Presidente: quiero dejar constancia de mi voto negativo.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑORA CHARLONE.- ¡Que se suprima la lectura de todos los artículos!

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en sesenta: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en sesenta: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑORA CHARLONE.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en sesenta: AFIRMATIVA.

SEÑOR LEV.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LEV.- Señor Presidente: creo que la Cámara ha realizado un acto de lucidez y de sensatez al aprobar este proyecto de ley que busca estabilizar, por un período, la creación de una previsión social transparente y honesta para los trabajadores bancarios, que, precisamente, jerarquizó un sistema de seguridad social intergeneracional solidario en nuestro país.

Quiero decir esto porque, efectivamente, tener lucidez para los momentos difíciles que hubo durante el crac bancario es contribuir a la estabilidad del sistema financiero y a la democracia, por parte de un gremio que no adopta resoluciones por acuerdos de cúpula, sino recorriendo todo el país, departamento por departamento, localidad por localidad, consultando con los trabajadores y pasivos bancarios, haciendo de la democracia la esencia del gremio. Este proyecto de ley refleja, precisamente, la necesidad de que los órganos de previsión social estén apoyados en una mínima base de sustentabilidad para que puedan cumplir con sus prestaciones sociales.

Por eso el Parlamento ha hecho y hará justicia cuando corresponda, votando una nueva Carta Orgánica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, como se merece un buen sistema de seguridad social en nuestro país.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al aprobado por el Senado)

39.-     Asuntos entrados fuera de hora.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Orrico.

(Se lee:)

"Mociono para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora.

(Se lee:)

"Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación relacionado con la situación de los funcionarios postales de la Administración Nacional de Correos. C/4077/004

-     A la Comisión de Legislación del Trabajo".

40.-     Proyectos presentados.

"SITUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS POSTALES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE CORREOS. (Se solicita al Poder Ejecutivo la búsqueda de un acuerdo entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el sindicato respectivo).

MINUTA DE COMUNICACIÓN

Artículo Único.- La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo la búsqueda de un acuerdo entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación y Cultura, teniendo en cuenta el preacuerdo al que habría arribado dicho Ministerio con el Sindicato de los Funcionarios Postales de la Administración Nacional de Correos.

Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

JUAN DOMÍNGUEZ, Representante por Montevideo, LEONEL HEBER SELLANES, Representante por San José, VÍCTOR ROSSI, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, RAQUEL BARREIRO, Representante por Montevideo, FELIPE MICHELINI, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Después de más de treinta días de conflicto con los perjuicios que conlleva, para la Administración Nacional de Correos, para el gremio que lo lleva adelante así como para la población en su conjunto, creemos necesario arribar a una solución en forma urgente.

Teniendo en cuenta las consecuencias que representan para los trabajadores las retenciones realizadas por el organismo, no vertidas en tiempo y forma, entendemos de suma importancia que el Parlamento Nacional no permanezca ajeno a la situación, solicitando al Poder Ejecutivo instale una mesa de negociación entre las partes implicadas, agotando los procedimientos justos y necesarios para lograr poner fin al conflicto.

Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

JUAN DOMÍNGUEZ, Representante por Montevideo, LEONEL HEBER SELLANES, Representante por San José, VÍCTOR ROSSI, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, RAQUEL BARREIRO, Representante por Montevideo, FELIPE MICHELINI, Representante por Montevideo".

41.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Heber Leonel Sellanes, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 15 de setiembre de 2004, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Elia V. Bentancur.

Del señor Representante Juan Máspoli Bianchi, sin goce de remuneración, inciso cuarto del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 15 de setiembre de 2004, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor José María Caballero.

Ante la incorporación del señor Representante Fernando Araújo a la Cámara de Senadores, por el día 14 de setiembre de 2004, se convoca al suplente correspondiente siguiente, señor Miguel González".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta en sesenta y uno: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito al Cuerpo que usted preside, licencia por motivos particulares, el día 15 de setiembre de 2004.

Solicito se convoque al suplente respectivo.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

LEONEL HEBER SELLANES
Representante por San José".

"San José, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

Presente.
De mi mayor consideración:

El que suscribe, Baltasar Aguilar Fleitas, cédula de identidad Nº 3.368.089-3, con domicilio en Artigas 714 de la ciudad de San José, en calidad de primer suplente de Heber Sellanes, quien ha solicitado licencia el día 15 de setiembre de 2004, comunica a Ud. que me encuentro imposibilitado por esta vez de asumir el cargo de Representante para el que fui convocado por ese Cuerpo.

Al ser la presente decisión una excepción, me reservo el derecho de reasumir personería si en el futuro se plantean situaciones similares.

Saludo a Ud. atentamente.

Baltasar Aguilar".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Heber Sellanes.

Sin más saluda atentamente,

Augusto García".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de San José, Heber Leonel Sellanes.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de setiembre de 2004.

II) Que por esta vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señores Baltasar J. Aguilar y Augusto García.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de setiembre de 2004, al señor Representante por el departamento de San José, Heber Leonel Sellanes.

2) Acéptase las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes siguientes, señores Baltasar J. Aguilar y Augusto García.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 15 de setiembre de 2004, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Elia V. Bentancur.

Sala de la Comisión, 14 de setiembre de 2004.

MARÍA NELBA IRIARTE, TABARÉ HACKENBRUCH, ALBERTO PERDOMO".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

Presente.
De mi consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia sin goce de sueldo, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, por el miércoles 15 de setiembre.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

JUAN MÁSPOLI BIANCHI 
Representante por Flores".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

Presente.
De mi mayor consideración.

Por la presente quien suscribe Dr. Luis Gustavo Aguilar titular de la cédula de identidad Nº 3.049.547-9, manifiesto no aceptar la convocatoria para ocupar el cargo de Representante Nacional por el departamento de Flores, por el día 15 de setiembre de 2004.

Ruego se sirva disponer lo que reglamentariamente corresponda.

Saluda con elevada consideración.

Luis Gustavo Aguilar".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia sin goce de remuneración del señor Representante por el departamento de Flores, Juan Máspoli Bianchi.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de setiembre de 2004.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria el suplente siguiente, señor Luis Gustavo Aguilar.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945 y por el inciso cuarto del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia sin goce de remuneración, por el día 15 de setiembre de 2004, al señor Representante por el departamento de Flores, Juan Máspoli Bianchi.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente señor Luis Gustavo Aguilar.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 15 de setiembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 22 del Lema Partido Colorado, señor José María Caballero.

Sala de la Comisión, 14 de setiembre de 2004.

MARÍA NELBA IRIARTE, TABARÉ HAKCENBRUCH, ALBERTO PERDOMO".

"Montevideo, 14 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.

Presente
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por el Senado de la República, solicito licencia por el día de la fecha.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

FERNANDO ARAÚJO
Representante por Rivera".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: Que el señor Representante por el departamento de Rivera, Fernando Araújo, se incorporó a la Cámara de Senadores por el día 14 de setiembre de 2004.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el artículo cuarto de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Rivera, por el día 14 de setiembre de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15, del Lema Partido Nacional, señor Miguel González.

Sala de la Comisión, 14 de septiembre de 2004

MARÍA NELBA IRIARTE, TABARÉ HACKENBRUCH, ALBERTO PERDOMO".

42.-     Solicitudes de urgencia.

——Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Amen Vaghetti, Julio Silveira, Machado y Berois Quinteros.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley sobre "Sociedades cooperativas constituidas conforme a las Leyes Nos. 10.761 y 13.988. (Se autoriza la constitución de fondos de refinanciación destinados a la cancelación de obligaciones que ocasionen retenciones sobre salarios o pasividades de personas físicas)".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Treinta en sesenta y cuatro: NEGATIVA.

Dese cuenta de otra moción de urgencia, presentada por los señores Diputados Cardozo Ferreira, Amen Vaghetti y Argenzio.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la Carpeta Nº 3637/003, por la que se otorga el título de licenciado a los docentes. (Repartido Nº 1537 y Anexo I)".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y tres en setenta y dos: NEGATIVA.

SEÑORA ARGIMÓN.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA ARGIMÓN.- Señor Presidente: tal como decíamos en nuestra exposición de motivos -que tiene que ver con la necesidad de aprobar este proyecto que venía del Senado y que entendíamos como un hecho de estricta justicia-, queremos decir que lamentamos que el Cuerpo -concretamente, algunas de las bancadas parlamentarias- no esté acompañando esta urgencia que, reitero, es de estricta justicia.

No lo decimos nosotros como parlamentarios del Partido Nacional o como legisladores que integramos la Comisión de Educación y Cultura; lo dicen las propias autoridades gremiales de los maestros. Por ejemplo, al concurrir la Federación Uruguaya de Magisterio a la Comisión parlamentaria, dijo: "Para nosotros era una cuestión de equidad, de dignificación profesional y de posibilidades de desarrollo profesional. Debería quedar como primer punto una explicitación muy fuerte sobre el interés de que en esta Legislatura se pueda laudar este asunto".

Señor Presidente: la propia Mesa Representativa de este sindicato manifestó que era de especial interés de este gremio que esto fuera una realidad; una realidad que tiene mucho que ver con lo que está pasando con la región. Por eso, para nosotros era de especial interés que este proyecto de ley, tal como venía del Senado, fuera aprobado en la tarde de hoy. Obviamente, de esta manera, estaríamos trabajando en aras de la equidad, para que nuestros docentes no queden postergados en la región.

Reitero que esto no lo decimos nosotros, sino los propios interesados, que en la Comisión parlamentaria manifestaron expresamente: "En primer lugar, quiero que comprendan" -dice la maestra Iglesias- "que para Magisterio es urgente contar con una resolución al respecto. Un estudio comparativo de las realidades de los países que integran el MERCOSUR muestra que ya se podría haber generado una fractura"...

(Murmullos.- Campana de orden)

——Lamento que a algunos legisladores no les interese el tema de los maestros y el hecho de que su título pueda tener rango universitario. Pero debido a la frustración que esto conlleva, quisiéramos dejar clara constancia de por qué el Partido Nacional ha acompañado el tratamiento de este proyecto de ley.

Vuelvo a decir que fueron los maestros quienes en el ámbito de nuestra Comisión decían: "Un estudio comparativo de las realidades de los países que integran el MERCOSUR muestra que ya se podría haber generado una fractura porque los docentes que han pedido reválidas en Uruguay no han solicitado la reválida universitaria". A continuación se establece que esta situación de injusticia que se está dando con nuestros docentes es en virtud de que sus títulos no tienen rango universitario. Nosotros entendemos que este es un tema de estricta justicia para nuestros docentes; ha sido solicitado más de una vez y en más de una Legislatura, vuelvo a decir, por el propio gremio del magisterio y contiene algunos puntos que pueden ser aclarados. En realidad, se trata de un vacío, según nos hizo notar alguna que otra bancada. Por lo tanto, aquello que despertase alguna duda podría ser perfectamente aclarado por un decreto reglamentario.

Lamentamos que en esta instancia el Parlamento, y no precisamente la bancada del Partido Nacional, no haya estado a la altura de las circunstancias. Desde ya anunciamos que para la próxima Legislatura vamos a seguir dando batalla para que se haga justicia con los docentes. No es porque nosotros lo digamos, sino porque son los propios maestros quienes han venido reclamando, una y otra vez, esto que es un hecho de estricta justicia.

Para aquellos que quieran conocer cómo se desarrolló este tema a nivel de la Comisión de Educación y Cultura, recomendamos la lectura de la versión taquigráfica de la sesión del 19 de mayo de 2004, cuando nos visitó la Federación Uruguaya de Magisterio.

Quiero aclarar además que este proyecto de ley ya hace un mes que fue ingresado al orden del día y contó con la aprobación de todos los sectores parlamentarios. Fue retirado del orden del día por la bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio porque se entendía que había que consultar a la Universidad de la República. Nosotros accedimos en virtud de una cortesía parlamentaria, porque consideramos que todo aquello que agregaba elementos para fortalecer este proyecto, bien valía la pena considerarlo. Pero nunca esperamos que el retiro en aquella oportunidad iba a terminar con esto: no considerándolo y no dándonos los votos para que esto fuera una realidad.

Muchas gracias.

43.-     Intermedio.

SEÑOR ORRICO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: la bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio solicita un intermedio de cinco minutos para tratar de llegar a un acuerdo sobre este tema.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y dos en sesenta y siete: AFIRMATIVA.

La Cámara pasa a intermedio.

(Es la hora 19 y 24)

——Continúa la sesión.

(Es la hora 19 y 36)

44.-     Solicitudes de urgencia.

——Prosiguen las fundamentaciones de voto de la solicitud de declarar urgente la consideración del asunto relativo al otorgamiento de rango universitario a los docentes.

SEÑORA RONDÁN.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA RONDÁN.- Señor Presidente: coincido con la totalidad de los argumentos manejados por la señora Diputada Argimón, pero quiero agregar algunos puntos más.

Prácticamente, esta es la última sesión de la Cámara y me duele mucho irme con esta enorme frustración. Siempre conversamos aquí acerca de que no debíamos tener una especie de corporación, pero al principio y al fin uno es lo que es, y yo soy docente; es algo de lo que no me puedo desprender. Puedo dejar de ser Diputada si la ciudadanía así lo resuelve, pero nunca voy a dejar de ser docente.

Entonces, hoy siento una profunda frustración al no poder dar a profesores y maestros lo que yo entiendo, desde el punto de vista absolutamente objetivo, que se merecen. Son de nivel terciario. ¿Dónde está el problema? El problema surge cuando el docente pretende ingresar al ámbito internacional. En el resto del mundo los docentes son universitarios y pueden concursar y competir; los nuestros tienen esa primera traba. Este país se caracteriza por tener excelentes docentes con excelente nivel. Durante años y años -no es un problema exclusivo de esta Legislatura-, durante toda la vida, los hemos privado de un derecho que creo que les asiste.

Siento que hay algo que no anda bien, porque no encuentro los elementos que fundamenten la negativa para esto. No encuentro elementos de peso que me hagan pensar que es justo no acompañar esta votación.

Creo que este no es un tema de partidos; creo que este es un tema de uruguayas y de uruguayos. No pasa por partidos; pasa por estar de acuerdo o no con estas cuestiones. Me habría gustado muchísimo que la votación hubiese sido nominal, porque así cada uno asume las responsabilidades de lo que vota, no solo con la mano, sino con la voz.

Para terminar, quiero leer una nota que me llegó hoy -les llegó a todos-, simplemente para dejar constancia en la versión taquigráfica. En ella se señala con flechitas: "Llamar a todos los sectores políticos a ratificar la voluntad unánime de la Cámara de Senadores, evitando el manejo electoral del asunto". Es muy importante destacar esto. Aquí nadie está manejando un tema electoral. Simplemente, estamos defendiendo un derecho, como en tantas oportunidades se han defendido otros desde todas las bancadas. Luego se expresa: "Hacer público oportunamente [...]". Esto tampoco me interesa; realmente no me interesa que hagan público el nombre de los docentes que votaron o no esto. Me interesa que esto salga.

Entonces, me pregunto: ¿qué detiene esto? Nos hemos comprometido a que se reglamente el proyecto para que no se pague el Fondo de Solidaridad. Hemos dado nuestra palabra; he dado mi palabra, la de Glenda Rondán. Me parece que nadie puede decir aquí que yo no tengo palabra cuando tomo una decisión, y no estoy midiendo los costos desde el punto de vista político a esta altura del partido.

Me duele por esta Cámara, me da vergüenza y mucho dolor por quienes han sido mis compañeros por más de treinta años.

Gracias, señor Presidente.

(¡Muy bien!)

SEÑOR ARREGUI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ARREGUI.- Señor Presidente: hemos estado trabajando intensamente para que el título docente de los maestros y profesores pueda tener carácter universitario. Lo hemos hecho sumamente convencidos y procurando que ese carácter universitario que adquieran no signifique un castigo desde el punto de vista económico en cuanto a los ingresos que poseen ni faltas de garantías académicas y curriculares. Lo hemos hecho porque es una necesidad muy sentida que los docentes titulados de nuestro país puedan adquirir el carácter universitario; ello permitirá que los docentes titulados estén en igualdad de condiciones con sus pares de la región, ya que hasta el momento están en inferioridad de condiciones. Asimismo, favorecerá la inserción laboral en aquellos lugares en los cuales el carácter universitario del título es un requisito indispensable, así como también servirá para poder realizar cursos de perfeccionamiento.

No obstante, este proyecto que en el día de hoy se puso a consideración de la Cámara como urgente tiene tres gravísimos problemas, algunos de los cuales provocarían serios perjuicios a los maestros y a los profesores. Vamos a hablar de ellos.

Intentamos convencer a nuestros compañeros de Comisión y, en su momento, hicimos coordinaciones con la Comisión de Educación y Cultura del Senado que, lamentablemente, después se desconocieron. ¿Cuáles son esos problemas? En primer lugar, se deja la puerta abierta para que en el futuro los maestros y profesores que adquieran el carácter universitario en sus títulos, tengan que aportar al Fondo de Solidaridad, como lo hacen los profesionales universitarios, lo cual significaría un castigo desde el punto de vista económico en los bajísimos ingresos que perciben. No queremos esto para los maestros y para los profesores. El proyecto que se intentó aprobar en el día de hoy deja la puerta abierta para que pase esto.

A su vez, queremos que haya una verdadera coordinación con la Universidad de la República para que adquirir el carácter universitario tenga las reales garantías académicas y curriculares que posee un título universitario. Por ese motivo, en el proyecto en minoría de la Comisión de Educación y Cultura agregamos un inciso -propuesto por la Universidad de la República- que establece que el CODICEN debe coordinar con la Universidad de la República en la complementación de actividades y la formación. Lamentablemente, este proyecto que en el día de hoy se sometió a votación como grave y urgente no tiene la mínima garantía académica ni curricular, ni atendió a los requerimientos formulados por la Universidad de la República.

En tercer lugar, aquí se establecen dos categorías de docentes: los egresados después del año 1985 -después de la ley de emergencia de la educación- podrán adquirir el carácter universitario y los egresados anteriormente no, con lo cual habrá discriminaciones en un llamado a méritos.

Si quienes votaron este proyecto creían que era bueno, nosotros les preguntamos por qué, si tenían cincuenta y cinco votos para resolver la situación, no los reunieron para hacerlo. Eso es responsabilidad de los partidos políticos, que entendieron que era bueno considerar este proyecto de ley y hoy tratarlo como urgente. La votación negativa también es responsabilidad de ellos por no tener los votos suficientes en Sala.

Muchas gracias, señor Presidente.

45.-      Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Quinto Período de la XLV Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Dese cuenta del resultado de la votación para la integración de la Comisión Permanente para el Quinto Período de la XLV Legislatura.

(Se lee:)

"Han votado ochenta y seis señores Representantes: ochenta y cuatro lo han hecho por la única lista presentada y hubo dos votos en blanco".

——En consecuencia, quedan designados como miembros de la Comisión Permanente para el Quinto Período de la XLV Legislatura los señores Representantes que se indican: como titulares, Jorge Orrico, Washington Abdala, Jaime Mario Trobo, Leonel Sellanes, Julio Cardozo, Glenda Rondán y Nora Castro; y como suplentes respectivos, José Carlos Mahía, Guzmán Acosta y Lara, Ricardo Berois Quinteros, Roberto Conde, Roberto Arrarte Fernández, Gabriel Pais y Lucía Topolansky.

46.-     Jorge Gularte. (Pensión graciable).

Habiendo finalizado el plazo para la recepción de votos, se va a dar cuenta del resultado de la votación acerca de la pensión graciable para el señor Jorge Gularte.

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1709

"CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Concédese una pensión graciable, al señor Jorge Gularte (Jorginho), Cédula de Identidad Nº 1.939.461-4, equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

Artículo 2º.- La erogación resultante, será atendida por Rentas Generales.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 7 de setiembre de 2004.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

——Dese cuenta del resultado de la votación del artículo 1º del proyecto.

(Se lee:)

"Han sufragado ochenta y cinco señores Representantes: setenta y seis lo han hecho por la afirmativa, seis por la negativa, dos en blanco y hubo un voto anulado".

——El resultado es: AFIRMATIVA.

Léase el artículo 2º.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta en sesenta y uno: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto de ley y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al aprobado por el Senado)

47.-     Solicitudes de urgencia.

¾ ¾ Prosiguen las fundamentaciones de voto de la solicitud de declarar urgente la consideración del asunto relativo al otorgamiento de rango universitario a los docentes.

SEÑOR BERGSTEIN.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: aproximadamente 25.000 es el número de docentes egresados que hoy ven postergada su aspiración de tener el título de licenciado. Se trata de los 17.000 maestros -porque en Primaria todos son egresados de los Institutos Normales-, aproximadamente el 50% de los profesores de Secundaria, que son egresados -cifra cercana a los 8.000-, más algunos egresados del Instituto Técnico Profesional. En ningún caso la cifra de los que ven postergada esa aspiración de ser licenciados con grado universitario sería menor a 25.000.

Uno se puede preguntar por qué. ¿Cuál es el motivo? Los antecedentes de la Comisión de Educación y Cultura de este Cuerpo con relación a este proyecto de ley merecería las artes de un buen novelista para contar cómo se fueron poniendo en forma sucesiva obstáculos en el camino. Este proyecto fue votado por unanimidad -por todos los partidos políticos- en el Senado. Cuando finalmente se pudo tratar en la Comisión de Educación y Cultura de nuestra Cámara, aparecieron dos modificaciones que no molestaban ni agregaban nada y que, por lo mismo, no justificaban el retorno del proyecto al Senado.

La primera modificación, en cuanto al Fondo de Solidaridad, que se vierte en la Caja de Profesionales Universitarios porque es para egresados de la Universidad, no tiene nada que ver con todo esto. Pero se pretendía expresar lo obvio y se temía que los maestros y profesores egresados de Primaria y Secundaria pudieran verse comprendidos en él, aunque jurídicamente no es así. Aun si no fuera el caso, hubo un compromiso explícito, además, de que en el decreto reglamentario se iba a aclarar, por si hiciera falta, que no deberían aportar al Fondo. El Fondo de Solidaridad es, como ya dijimos, para egresados universitarios que, trabajando en las profesiones gracias a los estudios universitarios y haciendo un aporte cuyo destino es financiar las becas estudiantiles, retribuyen algo de lo mucho que recibieron de la Universidad. Por eso, el Fondo nada tiene que ver con los maestros y los profesores de Secundaria.

De todas maneras, no nos molestaba la referencia expresa siempre y cuando no hipotecara la posibilidad de aprobar un proyecto que ya viene del Senado y que debería volver a él en las postrimerías de la Legislatura, lo cual tornaría incierto su resultado final.

En cuanto a la otra objeción que se hacía al proyecto en aquel momento, tengo que confesar que es inentendible, porque se dijo que solo abarcaba a los egresados que hubieran finalizado sus estudios una vez aprobada la Ley Nº 15.739, de 1985, como si esta ley -llamada ley provisoria de la educación- solo se aplicara a los egresados posteriores a su vigencia. Dicha ley se aplicó, se aplica y se seguirá aplicando al universo total de los docentes de la ANEP.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Permítame, señor Presidente, porque deseo que queden claramente establecidas en la versión taquigráfica la incongruencia y la incomprensión que provoca la postura que ha adoptado la oposición al no votar este proyecto de ley.

El texto del proyecto dice: "Modifícase el numeral 11 del artículo 13 de la Ley Nº 15.739". ¿Y qué dice el numeral 11? Dice así: "Organizar y realizar, a nivel terciario, en todo el territorio de la República la formación y perfeccionamiento del personal docente. A los efectos, podrá realizar convenios con la Universidad de la República". Y era con la Universidad de la República porque en aquel entonces no había universidades privadas que otorgaran el máster en educación como ahora lo hace la Universidad Católica y la Universidad ORT. Que se sepa, a nadie le mereció ninguna objeción.

Pero ¿qué quiero decir ahora? Que esa Ley Nº 15.739 se aplicaba inclusive a los egresados anteriores. Si todavía quedara alguna duda, los artículos 44 y 45 de dicha ley la disipan. El artículo 44 dice así: "[...] declarará la nulidad de todas las destituciones, cesantías" durante el régimen de facto y establece un mecanismo para la restitución. Y luego el artículo 45 dice: "La restitución en la función que opere en mérito a lo dispuesto por el artículo anterior, no lesionará los derechos adquiridos por los demás funcionarios". Quiere decir que en todo momento la Ley Nº 15.739 se refiere a todos los funcionarios y no solo a los egresados con posterioridad a esta norma.

En cuanto a la intervención preceptiva de la Universidad, ese régimen que se pretende imponer vulnera la autonomía del CODICEN. Además, la propuesta que hizo la Universidad desafía hasta normas de técnica legislativa -se podría esperar otra prolijidad de parte de nuestra Universidad-, porque incluye el fundamento en el texto de la disposición, lo cual es para una exposición de motivos.

Finalmente, quiero decir que estas modificaciones se han planteado en forma escalonada, a medida que se demostraba su inconsistencia, y todo ello en los umbrales del fin de la Legislatura.

Y si hoy no están en Sala los cincuenta y cinco legisladores blancos y colorados, como aquí se dijo, no sería necesario que estuvieran presentes si el Encuentro Progresista-Frente Amplio hubiera cambiado su posición sobre este proyecto. Por tanto, no hay que operar transferencia de responsabilidades, sino asumir aquellas en las que se incurre. Resulta que la culpa es de los que estamos a favor del proyecto y no de los que están en contra.

Gracias, señor Presidente.

SEÑORA GARRIDO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA GARRIDO.- Señor Presidente: queremos dejar expresa constancia de que para el Encuentro Progresista - Frente Amplio la educación es fundamental en el desarrollo de nuestro país. Cuando hablamos de educación, nos referimos a docentes formados correctamente y egresados de los institutos de formación docente. El país ha invertido muchísimo dinero en los últimos años en esta área -debemos reconocerlo- y se ha apostado a la profesionalización docente. Sin embargo, lo que muchas veces se resuelve en un ámbito, luego se desconoce en otro. Así sucede, por ejemplo, con los concursos. No voy a entrar en detalles sobre el tema, pero aclaro que tenemos profundas discrepancias. Sucedería lo mismo con este proyecto de ley si se aprobara tal cual está, porque -así lo entendemos- deja excluidos a los docentes que egresaron de los institutos de formación docente antes del año 1985. Además, los docentes corren el riesgo de que, con sus menguados salarios, hoy o mañana deban aportar de acuerdo con la interpretación de alguien que no tenga tan buena fe como la que han manifestado algunos señores Diputados, de la que no me cabe ninguna duda. Entonces, ¿por qué no dejar expresa constancia en la ley de que no deben aportar al Fondo de Solidaridad?

En cuanto a la coordinación preceptiva de la Universidad, si tanto se discrepaba, ¿no se podía votar el proyecto en general y dejar expresa constancia en ese artículo de la discrepancia por parte del Partido Nacional y del Partido Colorado sobre ese punto? Se acusa al Encuentro Progresista de no querer acordar. ¡No! Nosotros quisimos acordar y así lo manifestamos permanentemente. Nosotros tenemos los votos en Sala. Nosotros nos comprometimos a que el Senado tuviera los votos para aprobar las modificaciones en la Cámara de Representantes. Queda claro quiénes son los responsables. Nosotros hemos defendido permanentemente dar título universitario a los docentes egresados del Instituto Magisterial y del Instituto de Profesores Artigas. Lo seguiremos defendiendo y seguramente lo aprobaremos en el próximo Gobierno.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- La Mesa solicita a los señores Diputados que en el momento de fundar el voto no hagan alusiones.

Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: quiero dejar constancia de que nuestra bancada, la del Partido Independiente, no ha acompañado la declaración de urgente consideración de este proyecto de ley en la medida en que hemos entendido que aquellas objeciones que se plantearon en el seno de la Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara no fueron superadas, con lo cual no se pudo llegar a una solución de consenso que hubiera sido lo deseable.

Muchas gracias.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: estamos totalmente de acuerdo con que los egresados de los institutos de formación docente tengan grado universitario. Lo que nos parece es que esto tiene que ser conceptual; deben tener grado universitario por los contenidos y no porque lo reconozca el Poder Legislativo.

Quizás desafortunadamente para esta discusión, me ha tocado estar en la Comisión de Reválidas de mi Facultad y digo que considerar una reválida es algo complejo.

Yo sabía que como legislador iba a tener responsabilidades importantes. Ahora bien, que yo como legislador, a 25.000 personas, en una actitud de reválida, reconozca que su título tiene nivel universitario...

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Habiendo llegado la hora reglamentaria, se levanta la sesión.

(Es la hora 20)

 

 

Dr. JOSÉ AMORÍN BATLLE

PRESIDENTE

 

Dra. Margarita Reyes Galván

Secretaria Relatora
Dr. Horacio D. Catalurda

Secretario Redactor
 

Ricardo Aldabe

Supervisor General del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.