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Nº 350 - TOMO 424 - 7 DE SETIEMBRE DE 2004

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

QUINTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

38ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyecto presentado

- La señora Senadora Pou, presenta con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre de Eduardo Bottinelli Buenaventura la Escuela Nº 2 de la ciudad de Dolores, departamento de Soriano.

- A la Comisión de Educación y Cultura.

5) Pedido de informes

- El señor Senador Korzeniak solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional relacionado con los agregados militares acreditados en Embajadas y organizaciones en el exterior del país.

- Oportunamente fue tramitado.

6 y 10) Solicitudes de licencia

- Las formulan la señora Senadora Arismendi y los señores Senadores Mujica, Fernández Huidobro y Gallinal.

- Concedidas.

7) Falta de ambulancia en el Hospital de Tranqueras.

Licitación Pública de ANTEL para la puesta en marcha de un sistema de tasación y facturación de sus servicios

- Manifestaciones del señor Senador Gargano.

- Por moción del propio señor Senador el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a los Ministerios de Salud Pública y Defensa Nacional y a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones.

8) Señora Marosa Di Giorgio. Señor Mario Levrero. Homenaje a la memoria de los poetas recientemente desaparecidos

- Manifestaciones del señor Senador Correa Freitas.

- Por moción del propio señor Senador el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a los familiares de los homenajeados, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Academia Nacional de Letras y a la Asociación General de Autores del Uruguay.

9) Ex Presidente de la Cámara de Representantes señor Guillermo Alvarez. Homenaje a su memoria

- Manifestaciones del señor Senador Korzeniak. Intervención de varios señores Senadores.

- Por moción del señor Senador Korzeniak el Senador resuelve ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en homenaje a la memoria del ciudadano desaparecido y enviar la versión taquigráfica a sus familiares, a la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, a las autoridades del Partido Socialista y del Frente Amplio - Encuentro Progresista.

11 y 15) Fondo de recuperación de activos

- Moción del señor Senador Gargano para incluir este tema como primer punto del Orden del Día de la sesión prevista para el día 8 de los corrientes.

- Intervención de varios señores Senadores.

- Se vota negativamente.

- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley sobre este tema.

- A la Comisión de Hacienda.

- Por moción del señor Senador Gargano se procede a repartir el proyecto de ley presentado sobre este tema.

12) Código Rural

- Proyecto de ley por el que se modifican disposiciones relativas al delito de abigeato.

- Manifestaciones del señor Senador Brause.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

13 y 18) Señor Jorginho Gularte. Pensión graciable

- Proyecto de ley por el que se le concede una pensión graciable.

- Por moción del señor Senador Núñez el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

14 y 17) Impuesto al Valor Agregado

- Proyecto de ley por el que se gravan tabacos, cigarros y cigarrillos y se disminuye la carga en los alimentos de consumo básico.

- Manifestaciones del señor Senador Couriel. Intervención de varios señores Senadores.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16 y 21) Convenio Internacional del Trabajo Nº 184 sobre Seguridad y Salud en la Agricultura

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- Por moción del señor Senador Gargano el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

19) Prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

- Proyecto de ley por el que se procede al fortalecimiento del sistema.

- Manifestaciones del señor Senador Atchugarry.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

 20) Suplentes de los señores Legisladores

- Proyecto de ley por el que se modifica el régimen de percepción de haberes.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

22) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 2 de setiembre de 2004.

 LA CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 7, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1°) Discusión particular de las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes al proyecto de ley por el que se modifican los artículos 258 y 259 del Código Rural referidos al delito de abigeato

Carp. Nº 1019/04 - Rep. Nº 695/03

Anexo I

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley :

2°) Por el que se extiende la aplicación del Impuesto al Valor Agregado al consumo de tabacos y cigarrillos y se disminuye la tasa de dicho impuesto que grava los alimentos de consumo básico.

Carp. Nº 1439/04 - Rep. Nº 884/04

3°) Por el que se fortalece el sistema de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Carp. Nº 1323/04 - Rep. Nº 885/04

4°) Por el que se modifica el régimen de percepción de haberes de los suplentes de los señores Legisladores

Carp. Nº 1459/04 - Rep. Nº 879/04

5°) Por el que se modifica el artículo 1º del Código Civil, relativo a la obligatoriedad de las leyes

Carp. Nº 1338/04 - Rep. Nº 882/04

6°) Por el que se establecen disposiciones relacionadas con los productos genéticamente modificados y su etiquetado.

Carp. Nº 745/02 - Rep. N° 863/04

7°) Por el que se autoriza la importación y producción de organismos modificados genéticamente, animales y vegetales con excepción de aquellos que sean utilizados en proyectos de investigación nacional.

Carp. Nº 1126/03 - Rep. Nº 873/04

8°) Por el que se declara por vía interpretativa del artículo 312 de la Constitución de la República, que no se requiere el previo agotamiento de la vía administrativa para deducir ante el Poder Judicial la demanda preparatoria de los daños y perjuicios ocasionados por un acto administrativo.

Carp. Nº 1450/04 - Rep. Nº 886/04

9°) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con el sumario administrativo incoado al funcionario Auxiliar II Esc. F -Personal de Servicios Auxiliares Serie b) Vigilancia, Alberto Sghirla, dependiente de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

Carp. Nº 1336/04 - Rep. Nº 862/04

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Astori, Atchugarry, Brause, Carvalho, Casartelli, Cid, Correa Freitas, Cou-riel, De Boismenu, Garat, García Costa, Gargano, Herre-ra, Korzeniak, Millor, Nin Novoa, Núñez, Pereira, Pereyra, Pou, Rubio, Sanabria, Singer, Topolasky, Virgili y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Arismendi, Fernández Huidobro, Gallinal y Mujica; y con aviso, los señores Senadores Heber y Riesgo.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 17 minutos.)

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina varios Mensajes del Poder Ejecutivo, a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- Por el que se aprueba el Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República Islámica de Irán.

- Por el que se aprueban el Protocolo de Integración Educativa para la Formación de Recursos Humanos a Nivel de Post-Grado entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Bolivia; el Protocolo de Integración Educativa para la Prosecución de Estudios de Post-Grado en las Universidades de los Estados Partes del MERCOSUR y de la República de Bolivia y el Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios de Nivel Primario y Medio no Técnico entre los Estados Partes del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- Por el que se autoriza la salida de efectivos del Ejército Nacional para participar en los desfiles de conmemoración de la Independencia de la República Federativa del Brasil, a celebrarse el día 7 de setiembre de 2004, en la ciudad de Yaguarón.

- Por el que se autoriza la salida del territorio nacional de la Fragata ROU 03 "Montevideo" y su tripulación a fin de reparar los sensores de superficie de dicha embarcación.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

- Por el que se exceptúa del cumplimiento de los literales A y E del artículo 240 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, al personal designado en contingentes en apoyo a las Misiones de Paz de la Organización de las Naciones Unidas y Observadores Militares.

- A LA COMISION DE PRESUPUESTO.

- Relativo a la promoción de la actividad de producción de software.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes:

- Reiterando la solicitud de venia solicitada para designar en calidad de Vicepresidente del Directorio de Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (PLUNA) al doctor Gustavo César Rodríguez Tabó.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATI-VOS. Por disposición reglamentaria se efectúa su repartido.

- comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se transfiere a título gratuito del dominio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, el inmueble padrón rural Nº 2958 ubicado en Tala, 10ª Sección Catastral del departamento de Canelones.

- por el que se transfiere a título gratuito del domino del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la Intendencia Municipal de Canelones, el inmueble padrón rural Nº 6877 ubicado en la 20ª Sección Catastral del departamento de Canelones.

- por el que se sustituyen los artículos 22, 23 y 24 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, referidos a los derechos de autor en la actividad periodística.

- TENGANSE PRESENTE Y ARCHIVENSE.

El Ministerio de Educación y Cultura remite la información solicitada por el señor Senador José Mujica relacionada con los juicios que se estén tramitando en contra de ese Ministerio en los que se planteen reclamos pecuniarios.

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR MUJICA.

El Ministerio de Defensa Nacional remite la información solicitada por el señor Senador José Korzeniak relacionada con una Unidad Militar uruguaya destacada en la República Democrática del Congo.

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR KORZENIAK.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado el proyecto de ley por el que se consagra como delito autónomo la figura del arrebato.

- REPARTASE. INCLUYASE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DEL DIA DE MAÑANA."

4) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"La señora Senadora María J. Pou presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre de "Eduardo Bottinelli Buenaventura" a la Escuela Nº 2 de la ciudad de Dolores, departamento de Soriano.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA."

(Texto del proyecto presentado:)

"Montevideo, 6 de setiembre de 2004.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.-

Desígnase con el nombre de Eduardo Bottinelli Buenaventura la Escuela Nº 2 de la ciudad de Dolores, departamento de Soriano.

Artículo 2º.-

Comuníquese, publíquese, etc.

María Julia Pou, Senadora.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Político, médico y parlamentario, desarrolló la mayor parte de sus actividades en la ciudad de Dolores y en el departamento de Soriano. Fue Diputado por Soriano en tres Legislaturas (1947- 1959) y Senador (1959-1963). Eduardo Pascual Bottinelli Buenaventura nació el 18 de setiembre de 1902 en la ciudad de Paysandú.

Desarrolló su infancia y adolescencia en Paysandú y pasó a cursar estudios universitarios en Montevideo, donde se graduó en la Facultad de Medicina, de médico cirujano el 6 de abril de 1929. Tres meses después se radicó en Dolores, donde desarrolló su actividad profesional como médico, cirujano y radiólogo hasta julio de 1951.

A lo largo de los años treinta y cuarenta Dolores contó con un reducido número de médicos, lo que sumado a la ausencia de sistema mutual en el interior y la baja presencia del sistema estatal de salud, obligó a los facultativos a una actividad polifacética. Ello llevó al doctor Bottinelli a desarrollar una intensa actividad, atender a todas las capas de la población, asistir gratuitamente a los bastos sectores carenciados en imposibilidad de pagar una atención médica particular, y le supuso recorrer las estancias y chacras, en una época de caminería rudimentaria, muchas veces en coches de caballos.

Fue para sus pacientes no sólo un médico de cabecera, sino además, un consejero al cual se recurría a plantear problemas de familia o personales. En 1935 construye el Sanatorio Soriano, en Carlos P. Puig 1480 (Dolores), el cual dirigirá hasta que traslada su actividad profesional a Montevideo en 1951. Paralelo a la medicina tuvo permanente actuación política. Desde joven se inició en el Partido Nacional.

Fracturado el Partido Nacional, el Dr. Eduardo Bottinelli encabezó en el departamento de Soriano la corriente conocida como Nacionalismo Independiente.

En 1946 su partido lo postula a la banca en la Cámara de Representantes por el departamento de Soriano, a la cual accede. Será reelegido en 1950 y en 1954. Cuatro años después, reunificado completamente el Partido Nacional, es elegido Senador por el sector denominado Unión Blanca Democrática, cargo que ocupará hasta el 15 de febrero de 1963. Fue miembro del Directorio y presidente de la Con-vención del Partido Nacional Independiente y posteriormente fue vicepresidente del Directorio del Partido Nacional-UBD.

En la Cámara de Representantes integró la Comisión de Fomento de la Producción en su primera Legislatura y en las dos siguientes, la Comisión de Obras Públicas. En la Cámara de Senadores integró simultáneamente la Comisión de Fomento y la Comisión de Presupuestos, la cual presidió en el decisivo año de 1960 en que se realizó una profunda reforma de la estructura del Presupuesto Nacional, reforma elaborada precisamente en la comisión por él presidida.

En su representación parlamentaria por Soriano contribuyó a través de su participación en la elaboración de los planes de Obras Públicas, a la pavimentación de la Ruta 21 (primero el tramo Mercedes-Dolores y luego el tramo Dolores-Nueva Palmira), así como al mejoramiento de las Rutas 105 (Dolores-Palmitas) y 96 (en los dos tramos: Dolores-Villa de Soriano y Dolores-Cañada de Nieto-Palo Solo). Obtuvo el subsidio estatal a la Liga de Defensa Social de Dolores, al Hogar Infantil General Artigas y al Hogar de Ancianos Manuel Souto. Además logró recursos para la remodelación del Hospital de Dolores, la remodelación del Puerto de Dolores y la creación del Liceo Nocturno de Dolores (primer liceo nocturno del interior del país). También fue un activo defensor del desarrollo de la producción de trigo, lino, cebada y girasol.

Falleció en Montevideo, a consecuencia de un accidente de tránsito, el 27 de mayo de 1978.

María Julia Pou, Senadora."

5) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución el señor Senador José Korzeniak solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional relacionado con Agregados Militares acreditados en Embajadas y organizaciones en el exterior.

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO."

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 1º de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

De acuerdo con el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito que se curse al Ministerio de Defensa Nacional el siguiente pedido de datos e informes:

1) Si es exacto que existen no menos de 34 (treinta y cuatro) Agregados Militares en distintas Embajadas y organizaciones uruguayas radicadas en el exterior. Solicito se entienda por Agregados Militares tanto a los que tienen carácter de Jefe de misión militar, así como asesores, oficiales de enlace, etc., e igualmente tanto, a los que pertenecen al Ejército como a la Fuerza Aérea o a la Armada Nacional.

2) Si es exacto que dichos funcionarios se encuentran destacados en los siguientes países: Estados Unidos de América, Paraguay, China, Argentina, Alemania, Colombia, Inglaterra, Brasil, Chile, Sudáfrica, Venezuela, Rusia, España, Francia, Egipto, México, Perú, Canadá, Israel, Bolivia e Italia.

3) Si es exacto que en el Ejercicio 2002 con las proyecciones 2003, el costo anual en dólares asciende a 7:349.644, sin incluir los gastos de representación, traslado, instalación y mudanza, conceptos estos últimos por los cuales se gastó en el Ejercicio 2001 la suma de U$$ 452.856.

4) Si el señor Ministro de Defensa considera que ese gasto anual de aproximadamente U$S 8:000.000 -tan solo en sueldos de agregados militares se compadece con la situación económico-financiera del país y singularmente con los recursos retaceados a -entre otros- el Ministerio de Defensa Nacional y se armoniza con los sueldos reducidos de los miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan dentro del país.

5) Si en el caso de Agregados Militares que se envían con grado de Jefe de Misión, no considera el Señor Ministro que debiera solicitarse el acuerdo de la Cámara de Senadores (o en su caso de la Comisión Permanente) según lo dispone el artículo 168 num. 12 de la Constitución. En caso de que el Ministerio no aceptase esta solución, como parece hacerlo en la práctica, se sirva indicar los fundamentos jurídicos de dicha posición.

6) Si el Señor Ministro ha impartido instrucciones a las jerarquías de las tres Fuerzas para que designen Agregados Militares correspondientes al Ejercicio 2005.

Saluda a Ud. atte.

José Korzeniak, Senador."

6) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Arismendi solicita licencia desde el día de la fecha hasta el día lunes inclusive."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 07 de setiembre de 2004.

CAMARA DE SENADORES

Atn. Sr. Presidente

Don Luis Hierro López

Presente

De mi mayor consideración

Solicito a Ud. licencia desde el día de la fecha hasta el día lunes inclusive, razones particulares impiden mi presencia.

Por lo expuesto ingresará mi suplente el Sr. Victorio Casartelli.

Saluda muy atentamente.

Marina Arismendi, Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Senador Casartelli, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrare en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa Sala el señor Senador Casartelli)

- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Fernández Huidobro solicita licencia los días 7 y 8 de setiembre."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 7 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito a usted tenga a bien gestionar licencia por razones personales para los días 7 y 8 de setiembre inclusive.

Sin otro particular, le saluda atentamente

Eleuterio Fernández Huidobro. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Mujica solicita licencia el día 7 de setiembre."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 7 de setiembre de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

Presente

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito licencia el día 7 de setiembre, por motivos personales. Solicito que se convoque al suplente correspondiente.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

José Mujica. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocada la señora Senadora Topolanski, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrare en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala la señora Senadora Topolanski)

7) FALTA DE AMBULANCIA EN EL HOSPITAL DE TRANQUERAS.

LICITACION PUBLICA DE ANTEL PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE TASACION Y FACTURACION DE SUS SERVICIOS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la Hora Previa.

Tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: en el día de hoy quiero plantear brevemente dos cosas que están relacionadas con problemas que vive una parte de nuestra población.

En el fin de semana pasado estuve en el departamento de Rivera, concretamente, en la ciudad de Tranqueras, donde hubo mucho movimiento, y en esa oportunidad me enteré de que en esa ciudad hace quince días que no hay ambulancia. Por mi parte, pido que de alguna manera esto salga a la luz, a través de un comunicado o lo que fuere, para que el Ministerio de Salud Pública se ponga en conocimiento del hecho, antes de que ocurra alguna desgracia.

Asimismo, me enteré de que en Corrales, que fue el lugar donde se instaló la primera usina hidroeléctrica del país, se dispone de $ 40.000 mensuales para comprar medicamentos y de $ 47.000 para otros efectos. No me voy a extender en estos otros efectos, porque seguramente me insumiría mucho tiempo.

Pero el centro de mi exposición en la tarde de hoy estará referido a ANTEL y a una serie de hechos que, por su gravedad, entiendo debo poner en conocimiento de este Cuerpo.

Se trata de informaciones recogidas de la prensa oral y escrita, así como de comunicados de prensa del sindicato de los trabajadores de ANTEL -SUTEL-, de técnicos de la empresa y, a través de compañeros Legisladores de nuestro Frente Amplio -Encuentro Progresista - Nueva Mayoría, que también se han preocupado del tema, elevando pedidos de informes que, por supuesto, no han sido respondidos.

Por un lado, el Directorio de ANTEL ha llamado a Licitación Pública Nº H4021240, con el objeto de "Suministro y puesta en marcha de un sistema que permita realizar la tasación y facturación de los servicios que ANTEL comercializa, de forma convergente entre los tres verticales del mercado: telefonía alámbrica, inalámbrica y datos, que provea además, las funcionalidades para satisfacer los requerimientos del negocio".

En definitiva, se trata de la compra de un software a empresas privadas.

Es notorio que ANTEL ha desarrollado sus propias herramientas informáticas de gestión gracias al esfuerzo realizado por su equipo técnico y en caso de que se concrete la licitación antedicha, ANTEL declinaría por sí mismo su posicionamiento de líder en América Latina.

ANTEL ha comprado diversos sistemas, dentro de los cuales se encuentra Telelink, que es un sistema de gestión y facturación de telefonía fija cuyo costo habría alcanzado los U$S 100:000.000. A pesar del alto costo económico que significó este sistema fue positivo, ya que al menos ANTEL mantuvo el control del sistema, lo que permitió que con la experiencia de sus técnicos se implantara hace seis años. Hoy en día se quiere comprar un nuevo sistema que lo sustituya o complemente.

Otro sistema comprado por ANTEL es el SEMA, que se emplea para liquidar comisiones de interconexión con otras operadoras. Al no disponer de los fuentes -quiero aclarar que estos son los programas base, a los cuales hay que recurrir cuando hay inconvenientes para tomar de ellos la información necesaria para corregir el sistema- se perdió la posibilidad de modificación por parte de los técnicos de ANTEL. Ahora bien; es notorio que en el país ANTEL ha brindado un sinnúmero de asesoramientos técnicos a distintos organismos, lo cual demuestra que la empresa pública está en condiciones de atender con recursos propios sus necesidades a nivel técnico. Nos hemos sentido orgullosos de que Uruguay haya demostrado, una y otra vez, su capacidad en el desarrollo de software -a diario se publican las noticias acerca de lo que esto significa en las exportaciones del país-, lo que ha permitido incrementar las exportaciones. Sin embargo, ahora se da la paradoja de que ANTEL, en lugar de colaborar con las exportaciones de software, se dispone a exportar divisas. Quiere decir que en lugar de comparar en nuestro país el soporte informático, lo hace en el exterior. A su vez -y esto es particularmente grave- adquirir un nuevo soporte informático sin los fuentes pone en riesgo la propia independencia del organismo. Incluso, ANTEL se vería debilitada en lo concerniente a su infraestructura de técnicos, quienes tanto aportaron a la empresa y hoy cuentan con una invalorable experiencia.

Por otro lado, señor Presidente, veamos con más detenimiento los antecedentes citados y las formas como ANTEL ha comprado sistemas, cómo le ha ido, cuánto le ha costado y qué resultados obtuvo.

Con relación a la compra a Telelink debemos decir lo siguiente. El actual sistema de gestión y facturación de telefonía fija, que costó "una torre de telecomunicaciones" -más de U$$ 100:000.000-, se demoró cuatro años para entrar en funcionamiento y ahora, luego de seis años se está suponiendo que quedó obsoleto y, en consecuencia, se plantea comprar otro que lo sustituya. Este sistema, que se suponía que costaría alrededor de U$$ 10:000.000, en definitiva, costó más de U$$ 100:000.000. Con esta nueva li-citación es como si se sintiera la necesidad de gastar U$$ 100:000.000 cada dos o tres años. Para venderlo, los proveedores trajeron técnicos de primera línea pero, en cambio, para implantarlo, sólo uno de cada diez tenía experiencia en empresas telefónicas. Por lo tanto, el logro de la implantación sólo se comprende por el compromiso y la experiencia de los técnicos de ANTEL. Sobre este sistema, ANTEL tiene el control, ya que se compró con los fuentes y, en consecuencia, es modificable. Esto quiere decir que no es necesario recurrir a la empresa vendedora para modificarlo. De hecho, se incorporan las funcionalidades necesarias con el avance de la industria.

En lo que tiene que ver con la experiencia de la compra a la empresa SEMA podemos decir que se adquirió este sistema para liquidar comisiones de interconexión con otras operadoras en las mismas condiciones en que se piensa comprar el nuevo sistema de gestión, tasación y facturación. Cabe aclarar que no se contará con los fuentes, motivo por el cual los técnicos de ANTEL no tendrán posibilidades de modificarlo. ¿Y qué sucedió con esta experiencia? La primera modificación que se necesitó -ya que el sistema tal como se compró, no fue operativo, según nos informan nuestros asesores y técnicos de ANTEL-, para resolver la interconexión de empresas en Uruguay, era tan cara que se decidió buscar una alternativa por fuera, desarrollada por personal de ANTEL, a fin de cumplir con la normativa de la URSEC. Hoy, con esta licitación, la gravedad es la misma. Nadie evaluó la posibilidad de definir más concretamente el alcance y el costo para desarrollar, con recursos propios, las necesidades de ANTEL, que sería el primer paso técnico para considerar la viabilidad de las diferentes propuestas. La negativa a realizarlo sólo alimenta preguntas ya que no hay justificación posible para esta decisión. Uruguay demostró capacidad en el desarrollo de software pero, sin embargo, las empresas del Estado no confían en los técnicos uruguayos y ANTEL decide comprarlo en el exterior. Como dijimos, en vez de exportar software, ANTEL exporta divisas. Sostenemos que en el mismo plazo y con recursos económicos sensiblemente menores, podemos llegar a los mismos objetivos con desarrollos propios, dejando las divisas en el país en lugar de regalarlas a empresas extranjeras. ANTEL, como empresa, no realiza esta evaluación.

Además, irresponsablemente -a nuestro entender- ANTEL publica sus capacidades de productos en momentos en que se abre a la competencia. La gravedad de esto es inaudita. Con MOVICOM recién comprada por TELEFÓNICA y a pocos meses de la irrupción de América Móvil, en la página web de ANTEL se publican las potencialidades del sistema de facturación y gestión actuales, que se mantendrán vigentes y congeladas por lo menos un año luego de la licitación. Reitero que la modalidad de compra del sistema de gestión es sin los fuentes, lo que significa el último paso antes del extremo de la dependencia lo cual, incluso, podría implicar que los datos se procesaran fuera del país. El riesgo de esta dependencia sólo puede ser aceptado por la decisión de ignorarlo, ya que si quebrara la empresa proveedora, no habría seguro que permitiera seguir operando ni protección posible contra ese riesgo. En caso de implantarse, la adquisición de este "soporte" no tiene vuelta atrás ya que se suprimiría el mantenimiento de los desarrollos propios haciendo inviable el sistema informático con el dimensionado actual. Con esto, ANTEL perdería lo que más valor le da después de ser pública, que es la infraestructura de técnicos que han evolucionado con la empresa, teniendo una valiosísima experiencia en telefonía.

Por otra parte, nuestros asesores indican que, además, el pliego está mal hecho por cuanto para el caso de que a ANTEL le vaya bien, no pide los precios para el crecimiento de líneas fijas, celulares o de datos. En resumen, parecería que esta hipótesis estuviera fuera de toda posibilidad. Si bien se maneja una cifra de U$$ 11:000.000, no está claro el procedimiento de estimación. Si sumamos el mantenimiento anual, los incrementos por aumento de suscriptores o consumo, la capacitación necesaria en todo el país y el tiempo que tardará el pasaje de un sistema a otro, advertiremos que difícilmente baje de U$$ 40:000.000 o U$$ 50:000.000, en un momento de aguda crisis económica para el país. Se desconoce, o al menos no se dice públicamente, el motivo del apuro que no permitió el análisis técnico de la compra, optándose, en el mejor de los casos, por una valoración "política". Cualquier cambio tiene como hipótesis congelar los desarrollos actuales ya que, incluso, podrían irse deshaciendo del sector informático de desarrollo. La peor opción parece ser congelar las posibilidades de adaptación en el momento en que se supone que estará más dura la competencia con América Móvil y TELEFÓNICA.

La urgencia de esta negociación, repito, alimenta suspicacias. Cambiar la estructura de la empresa adaptándola a un modelo de gestión que no se puede modificar sin la participación del proveedor, así como capacitar a todos los representantes de servicio en los nuevos procedimientos, es un acto poco menos que suicida desde el punto de vista comercial y ético.

Quiero denunciar, como si no alcanzara el contundente resultado a favor de ANTEL del plebiscito de l992, y las más de 701.000 firmas logradas en el año 2001- 2002 -y con ellas la derogación de los artículos 612 y 613 de la Ley de Presupuesto- que este Directorio, haciendo caso omiso a la voluntad popular, atenta permanentemente contra la Administración Nacional de Telecomunicaciones y contra el Estado mismo, que deberían defender. Ha mantenido la vigencia de permisos a empresas privadas operadoras en telefonía internacional y prestadoras de servicios de datos inalámbricos, como así también habilitado telecentros privados, todo lo cual debió cesar al recuperar ANTEL la vigencia plena de su carta orgánica. Asimismo, han subastados lotes de bandas celulares de 1.800 Mhz y 1.900 Mhz a favor de multinacionales de las telecomunicaciones, como América Móvil y TELEFÓNICA. Todo esto resulta absolutamente inexplicable, pero no termina aquí el daño que se hace al Estado. Se profundiza aún más con una pésima administración de ANTEL haciendo, por un lado, gastos innecesarios y, por otro, reduciendo recursos donde hacen falta para mejorar la calidad y prestación de sus servicios.

En resumen, señor Presidente, quiero decir que una decisión de esta naturaleza, donde está en juego una inversión multimillonaria, está siendo adoptada por un Directorio cuya gestión seguramente terminará en pocos meses y, en cambio, el sistema que va a modificar demorará en implantarse varios años y tendrá un costo multimillonario, perdiéndose de este modo la experiencia que se ha adquirido con la implantación del anterior, que ya dio bastantes dolores de cabeza.

Aclaro que no queremos decir que no deban hacerse modificaciones, sino que éstas deben adaptarse a las necesidades que efectivamente el país tiene y a la capacidad que poseen tanto los técnicos de ANTEL para realizar las modificaciones, como los informáticos uruguayos que han creado la primera línea de empresas en materia de software en América Latina, de la cual nos enorgullecemos, pero no se las compramos a ellos, sino fuera del país.

Solicito, señor Presidente, que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Salud Pública y Defensa Nacional, a ANTEL y a la Dirección de Telecomunicaciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 18 en 19. afirmativa.

8) SEÑORA MAROSA DI GIORGIO. SEÑOR MARIO LEVRERO. HOMENAJE A LA MEMORIA DE LOS POETAS RECIENTEMENTE DESAPARECIDOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: el pasado mes de agosto resultó aciago para el arte de las letras en nuestro país, ya que, con él, se apagaron dos estrellas rutilantes de nuestro firmamento literario contemporáneo. El martes 17 falleció la poetiza Marosa di Giorgio, una de las voces más destacadas de nuestra lengua, notable escritora dueña de una capacidad inigualable para crear el universo singular e inimitable de sus obras.

Según Eduardo Roland, "ha muerto una de las voces poéticas más originales y poderosas del mundo hispanohablante. dejó el mundo de las apariencias luego de pasar tres meses encerrada en casa de su hermana, aquejada de una enfermedad terminal que no quiso admitir. Sin embargo, mantuvo una lucidez implacable hasta el final de sus horas.

Quienes alguna vez presenciaron una lectura de Marosa saben del imán irresistible de su forma de decir, sin duda la más adecuada para comunicar ese mundo extrañamente fabuloso que a un tiempo evoca y construye su prosa poética, en donde naturaleza, inocencia infantil y erotismo se mezclan, provocando en el escucha la sensación de haber sido conducido, como por arte de magia, a una versión barroca y latinoamericana del País de las Maravillas de Lewis Carroll".

Era común verla por las noches en una de las mesas junto a la ventana, que daba a la calle Uruguay, en la Confitería Los Pingüinos en su Salto, donde nació allá por el año 1932.

Luego, ya instalada en Montevideo, ocupando una de las emblemáticas mesas del mítico café Sorocabana, desde donde contemplaba absorta, su mundo, mientras quien sabe que larvas metafísicas entretejían sus fantasías oníricas y místicas.

Catorce son las obras originales que Marosa di Giorgio editó en 50 años: desde Poesía en 1954 hasta Flor de Lis en este año. Todos sus libros se han ido reeditando de manera conjunta bajo el título de Los Papeles Salvajes. El primer volumen, incluye sus siete primeros títulos, hasta 1979, y el segundo, Los Papeles Salvajes II, recopila La Liebre de Marzo, Mesa de Esmeralda y La Falena.

Queda ahora la tarea de publicar el tercer y último volumen de Los Papeles Salvajes, que deberá incluir los cuatro libros más recientes: Misales, Camino de las Pedrerías, Rosa Mística y Flor de Lis, recién editado.

Los reconocimientos obtenidos -dentro y fuera de fronteras- por esta genial creadora fueron muchos y generosos. En Uruguay se cansó de ganar los principales concursos de poesía, entre los que se encuentran un premio Morosoli y un Bartolomé Hidalgo, a la vez de conseguir varias becas entre las que se destacan dos que la llevaron a residir un tiempo fuera del país: la que otorga la Comisión Fulbright de Estados Unidos y la de la Casa del Escritor Extranjero de Saint-Nazaire de Francia.

Jorge Abondanza decía que: "Había que verla, atrincherada en sus lentes negros, con el gesto dramático que enmascaraba una de las naturalezas más cordiales de que tenga memoria el medio literario uruguayo. Ropa vistosa, melena flotante, labios muy rojos y voz discreta, hablando siempre a capella, Marosa no sólo fue una de las mayores poetas de este país sino que además fue una personalidad singular por derecho propio, perfil que se imponía no ya por su presencia fuera de lo común sino por su carácter, que no todos sus lectores conocían".

En una entrevista realizada por el Diario El Observador se le preguntó: ¿Qué haría para detener el tiempo? Y ella respondió - No quiero detener el paso del tiempo, esa especie de hijo extraño de la Eternidad; mientras esta parece ser blanca e infinita, el Tiempo semeja tener algo de huesos y sangre y vivir y latir con nosotros. Hay que jugarse con él y en él.

Sobre su obra decía: "Todo lo que cuento y canto es mi infancia en una zona agraria, oscura, oclusa y a la vez libérrima e irisada, donde transcurrieron mis primeros pasos. Vi la creación, maravilla, el altar de Dios, poblado de liebres, azucenas, de dientes y corolas. Todo estaba allí, todo estará por siempre allí".

Pocos días después del deceso de Marosa, el lunes 30 de agosto, falleció el escritor Jorge Mario Varlotta Levrero, más conocido por su alter ego Mario Levrero, a los 64 años de edad, de un aneurisma de aorta. Había nacido en Montevideo el 23 de enero de 1940 pero creció literariamente en el particular entorno de Piriápolis, alimentado por las historias que devoraba en las numerosas revistas de aventuras que leía en el negocio administrado por su madre. Prolífico en su actividad tuvo varios oficios: fotógrafo, librero, ilustrador, guionista de cómicos, humorista y colaborador de varias publicaciones.

Su primer novela fue La ciudad editada en 1970, con la que recibió una mención en un concurso organizado por Marcha. A esa obra inicial le siguieron otras tanto de cuentos como novelas: La Máquina de Pensar en Gladys, París, Todo el Tiempo, Aguas Salobres, El Lugar, Los Muertos, El Alma de Gardel, El Discurso Vacío y Los Carros de Fuego, entre varios otros. Este último libro está actualmente en la terna de la categoría ficción del premio Bartolomé Hidalgo, que se entregará mañana en el marco de la Feria del Libro. Dos de sus obras también fueron llevadas al cine, como fueron El Hombre de Walter y Los Muertos.

Según el Diario El País, "su obra fue tempranamente saludada por el crítico Angel Rama, quien lo puso del lado de los "raros" ya que es "uno de los ejemplos más libres de imaginación que hayan conocido las letras uruguayas".

La obra de Levrero se caracteriza por apoyarse en un lenguaje claro, que sin embargo encadena en su discurso múltiples asociaciones libres, fruto de una mirada sobre las cosas que subvierte el automatismo de la percepción presuntamente normal de la realidad. Su literatura se debate entonces entre los mecanismos de la memoria y los dominios oníricos.

En una autoentrevista, Levrero definió a la literatura como el arte que se expresa por medio de la palabra escrita y al arte como el intento de comunicar una experiencia espiritual. Repreguntado a sí mismo por lo que es experiencia espiritual, Levrero dice que es cualquier experiencia en la medida en que pueda advertir en ella la presencia del espíritu o, si lo preferís, de mi espíritu.

Otra de las facetas de Mario Levrero fue la de docente -"sui generis", pero docente al fin- de talleres de escritura. Los últimos de ellos fueron virtuales, es decir, a través de internet, de los que tomaban parte decenas de escritores y otros que no pretendían serlo, pero que sí buscaban mejorar sus posibilidades expresivas.

Señor Presidente: quisimos expresar nuestra congoja por esta irreparable pérdida que acabamos de sufrir de dos talentosos hijos de nuestra tierra, de nuestras letras y, a partir de ahora, de nuestra historia, y a través de este homenaje deseamos enviar nuestro sincero reconocimiento a toda la colectividad artística y literaria del Uruguay.

En consecuencia, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase a los familiares de los homenajeados, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Academia Nacional de Letras y a la Asociación General de Autores del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) EX PRESIDENTE DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES SEÑOR GUILLERMO ALVAREZ. HOMENAJE A SU MEMORIA

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: las urgencias de un Parlamento que en pocos días entra en receso, han impedido que se fijara lo que probablemente hubiese sido lo más justo, es decir, una sesión extraordinaria para homenajear a un gran parlamentario que falleció hace unos días, un gran socialista, un gran trabajador y un enorme ser humano que fue el compañero Guillermo Alvarez. De cualquier manera, aun dentro de ese panorama de urgencias, nos pareció que no debería dejarse pasar la oportunidad de conversar, aunque sea unos minutos, y manifestar el hondo pesar personal, del Partido y de la fuerza política Encuentro Progresista -Frente Amplio- Nueva Mayoría, por la desaparición física de una personalidad política y humana de las dimensiones de quien estoy hablando.

Conocí a Guillermo Alvarez hace muchos años, bastante antes de que él y yo integráramos el Parlamento y de conocernos en las bases y en la dirección del Partido Socialista del Uruguay. Lo conocí como dirigente gremial, como una personalidad altamente respetada de AEBU en momentos difíciles para esa organización sindical, en momentos muy sombríos para el país y muy difíciles, también, para el gremio bancario. Reuniones de bancarios que no se podían realizar en presencia del público, reuniones clandestinas -sin dramatizar el vocablo- determinaban que Guillermo Alvarez estuviera en los primeros lugares de la vida de ese sindicato que pasará a la historia del Uruguay como uno de los sindicatos de mayor trabajo principista y también en el ámbito, tan difícil de lograr, de la razonabilidad en la vida del país.

Dentro del Partido Socialista, Guillermo Alvarez cumplió también un rol fundamental como militante, en algunos momentos como hombre de la dirección intermedia y de la dirección máxima. Allí se le reconoció siempre como una personalidad cuya bonhomía nadie ha puesto en duda en ningún ámbito, cuya firmeza era absolutamente reconocida y cuyo compañerismo llegaba a los límites de que siempre, en las discrepancias más radicales con los que eran compañeros o los que no lo eran, sabía aportar esa dosis de sentido común y de manera humana de tratar las cosas.

Guillermo Alvarez fue un Legislador de primera línea en el Uruguay. Varias veces Diputado, ocupó también, como es sabido, la Presidencia de la Cámara de Representantes. Los discursos de parte de todos los sectores políticos que allí se oyeron cuando asumió ese cargo, demuestran que gozaba de un buen ganado respeto y admiración y que, además, se trataba de una persona con la que algunos discrepaban creo que de forma contundente, pero a la que nunca se podría imputar una actitud de deslealtad ni con compañeros ni con adversarios.

Queremos rendir este sencillo homenaje a Guillermo Alvarez, que nos parece que todavía está entre nosotros. El integra una dramática racha de pérdida de valores jóvenes para los promedios de edad de este país, ya que era un hombre joven, todavía con una enorme vitalidad. Lamentablemente, una cruel enfermedad no permitió que nos siguiera enseñando con su hombría de bien, su talento y su manera sencilla de comportarse en la vida de relación.

El compañero Guillermo Alvarez vivía en la zona de Carrasco y no tenía automóvil. Con mucha frecuencia, mientras integró durante varios años el Comité Ejecutivo del Partido Socialista, lo llevaba hasta una esquina cercana a su casa y, cuando había más apuro, hasta una esquina de Avenida Italia y Comercio. En esos veinte minutos de traslados, siempre logramos profundizar en ciertos temas, y lo cierto es que al terminar esa conversación tan coloquial nos íbamos con la seguridad de que estábamos frente a un compañero de quien siempre teníamos algo para aprender.

Por lo tanto, señor Presidente, con la congoja creo que no sólo del Partido Socialista sino también de la izquierda nacional y de todos los que lo conocieron, solicitamos que la versión taquigráfica de estas palabras sencillas, cálidas y sentidas pase a su familia, a AEBU -Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay-, a la Dirección del Partido Socialista y a la Dirección del Frente Amplio. Además, sería muy importante que tuviéramos presente que el compañero recibió la honra oficial de autoridades e instituciones de este país. Aún aquellos que nunca intregaron su fuerza política se mostraron muy conmovidos no sólo con elementos emblemáticos de honores, sino también en lo personal.

Por otra parte, formulo moción para que, además de que la versión taquigráfica de mis palabras llegue a los lugares a que hice referencia, el Senado se ponga de pie y haga un minuto de silencio en homenaje a este gran compañero.

SEÑOR PRESIDENTE.- Oportunamente se va a votar.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: ha hecho bien el señor Senador Korzeniak al darnos a todos la oportunidad de recordar a Guillermo, persona con la cual compartimos unos cuantos años en la Cámara de Representantes. Siempre de buen talante, inteligente, dialogador, compañero de vicio por el que nos encontrábamos tantas veces en los pasillos y conversábamos. Además, cuando se de-sempeñó como Presidente de la Cámara siempre mostró su gran equilibrio, un amplio sentido de lo institucional y fue un cálido defensor de sus ideas.

No soy muy bueno para los homenajes pero quisiera decir algo que tal vez no es fácil expresar con palabras; Guillermo despertó respeto, admiración y cariño por parte de quienes trabajamos con él. Deseo hacerle llegar estas humildes palabras -que mis compañeros de la "15" me han pedido que haga extensivas a ellos- a su señora mamá que conocí en un momento tan desgraciado, a su esposa, a sus hijos y, naturalmente, a su Partido y a sus amigos.

Quiero agradecer la oportunidad que nos ha dado el señor Senador Korzeniak de expresar públicamente este sentimiento.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: quiero referirme a Guillermo Alvarez a cuyo sepelio me vi imposibilitado de asistir por lo que no pude acompañarlo a su última morada y a su descanso final. Fue un compañero que si bien no perteneció a nuestra fuerza política sino al Partido Socialista, sentimos por él un profundo cariño por su actitud, trayectoria y valores. En una oportunidad nos tocó ser coordinadores, él de la Cámara de Representantes y en mi caso, de la Cámara de Senadores, por lo que pudimos compartir muchas horas y momentos de intercambio de nuestras posturas y convicciones. A su vez, sentimos y aquilatamos los valores que Guillermo tenía como persona, como izquierdista, como socialista, como compañero.

Realmente sentí mucho pesar porque fue casi anticipado que el desenlace de Guillermo iba a ser próximo. En primer lugar, por lo que señalaba el señor Senador Atchugarry en cuanto a compartir en el Ambulatorio el cigarrillo. Sorpresivamente no fue esa la causa de su deceso pero bien pudo haberlo sido porque en el análisis primario de su situación clínica había una insuficiencia respiratoria notoria. Esa sorpresa nos dejó, aparte del dolor, el recuerdo de un compañero con una gran trayectoria y participación en distintos ámbitos, que nos trasmitió todos esos valores que puede tener una persona en su lucha sindical, gremial y política.

Por lo expuesto, quiero expresar mi profundo sentir hacia la familia de Guillermo Alvarez, compañero de aquellos viajes que hacíamos hacia Carrasco -como recordó el señor Senador Korzeniak- luego de coordinar nuestra tarea como Legisladores, que siempre tuvo una actitud muy fraterna, transparente, muy poco agresiva desde el punto de vista publicitario -todos sabemos cómo es la tarea legislativa y la proyección periodística que tiene-, que siempre tuvo más allá de las discrepancias o conciertos en lo que es esta labor.

Quiero acompañar a su familia, al Partido Socialista, a los compañeros que aquí lo representan y expresar que la desaparición de Guillermo es una pérdida muy sentida para los políticos y el Parlamento en general.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: deseo solidarizarme con la familia de Guillermo, con el Partido Socialista y con todos los que lo han querido mucho. Guillermo Alvarez encarnó en su vida un conjunto de valores que son, en cierta medida, escasos. Cuando llegamos a la Cámara de Representantes en 1994, Guillermo era algo así como el jefe de Bancada -sin ostentar el título-, el referente de consulta permanente y maestro de todos nosotros en lo que es la tarea parlamentaria, con un enorme apego al valor de la institucionalidad y de lo que esta Casa representa en la cultura y en la vida política de todos los uruguayos. Fue un político y Legislador ejemplar que cultivó una austeridad y un perfil bajo que merecen ser destacados en un período en el cual estos valores no son muy usuales en esta Institución. Creo que aprendimos mucho de él. Con ese tono, sonrisa y bonhomía, Guillermo era un gran aliado y un temible adversario en el marco de la lealtad democrática. Fue un crítico de una extraordinaria inteligencia y agudeza por lo que realmente creo que el sistema político, el Encuentro Progresista y en particular el Partido Socialista, hemos tenido una pérdida muy grande. Queremos expresar y decir, sencillamente que compartimos este dolor y el duelo, de alguna manera y en alguna medida, de una institución de la democracia uruguaya.

SEÑOR CARVALHO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARVALHO.- En nombre del Nuevo Espacio quiero expresar nuestra solidaridad con los compañeros socialistas y del Frente Amplio ante la pérdida sufrida; solidaridad y pesar que, naturalmente, hacemos extensivas a la familia de Guillermo Alvarez. Se trata de una pérdida importante que la sufrimos como propia en la medida en que acaba de desaparecer una figura trascendente de la fuerza política de izquierda. Comenzó su ejecutoria como dirigente sindical de AEBU -tal como lo recordaba el señor Senador Korzeniak- en una época muy difícil, en la que no era fácil asumir esa responsabilidad. A partir de allí demostró su temple como persona y como dirigente sindical; y luego, a través de un compromiso político claro y definido, al que fue fiel a lo largo de toda su vida.

En lo que me es personal, lo conocí siempre como un hombre equilibrado, serio, digno, animado de un espíritu y un profundo sentido del valor de las instituciones, que nos dio prueba de equilibrio y de razonabilidad en su ejemplar gestión como Presidente de la Cámara de Representantes, en la que fue una verdadera garantía para todos los sectores políticos.

Realmente es lamentable el hecho ocurrido y si tuviera que sintetizar lo que en este momento pienso de él diría, con palabras de Antonio Machado, que era un hombre, en el buen sentido de la palabra, bueno. Quizás esto es lo más valioso que podemos recordar de él como sentido homenaje a su memoria.

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- Señor Presidente: la verdad es que a todos nos ha afectado mucho el fallecimiento del señor Representante Guillermo Alvarez. Fui su compañero desde el inicio de este Parlamento, después de la vigencia, nuevamente, de la vida democrática en el país. Tuvimos una relación muy cordial. Realmente era una persona muy agradable, habituada a charlar y discutir sobre todos los temas. Era evidente que discrepábamos y discrepamos en muchos análisis políticos sobre temas de alguna trascendencia. El señor Representante, hoy fallecido, Guillermo Alvarez era un marxista puro y yo soy un nacionalista. Muchas veces, coincidimos en algunos puntos que tenían que ver con la resolución de la vida política del país, pero en otros, su pensamiento internacional con respecto al mío, local y nacional, en ciertas ocasiones se encontraron y dieron lugar a discusiones fuertes y apasionadas en la Cámara de Representantes. De cualquier manera, su carácter conciliador y amistoso tampoco me deja olvidar que en la época en la que lo conocí, en su esplendor parlamentario, era un polemizador enérgico y de carácter, con quien no era fácil discutir distintos temas. Pero sí era fácil entenderse con él. Una de las cosas que más admiro y recuerdo de él -como de todos los políticos- era su fidelidad al pensamiento ideológico. Pienso que eso enaltece a todo hombre público, es decir, cuando es fiel a sus ideas y no las abandona nunca, sino que las defiende e incluso las discute en los ámbitos que corresponde. Por ello guardo un gran recuerdo de este parlamentario.

Adhiero -también lo digo en nombre de mi Partido- a todo lo que se ha dicho sobre su gran personalidad y, por supuesto, le hago llegar al Partido Socialista nuestras condolencias al saber que ha perdido a uno de sus grandes hombres. En mi visión cristiana de la vida, deseo hacer llegar mi consuelo a sus familiares y mi deseo de que lo bueno que hizo en esta vida le sea compensado o reconocido en la otra vida.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR SINGER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGER.- Señor Presidente: realmente me siento representado por las palabras ya dichas por el señor Senador Atchugarry, pero me sentiría omiso si no expresara mi solidaridad en este homenaje que hace el Senado al ex-Representante Guillermo Alvarez, con quien compartimos diez años en la Cámara de Representantes e hicimos una buena amistad. Pese a las lógicas y notorias diferencias políticas e ideológicas que manteníamos con él, el trabajo en común nos hizo amigos porque era un hombre de cercanías.

Deseo solidarizarme con todo lo que se ha expresado en Sala, en el sentido de que el Partido Socialista fue el partido de su vida, de sus amores, su familia. Este Parlamento y el país perdieron a uno de sus buenos hombres; a un hombre de calidades superiores, que hacía del servicio público una motivación esencial de su existencia.

Reitero mi solidaridad con este homenaje que se le está rindiendo en el Senado a Guillermo Alvarez. Desde esta banca deseo hacer llegar a sus familiares mi pésame más sentido y mi solidaridad al Partido Socialista.

Muchas gracias.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: adhiero a todas las expresiones vertidas en Sala sobre el amigo Guillermo Alvarez.

Trabajamos juntos en el período comprendido entre los años 1990 y 1995 en la Cámara de Representantes. Siempre lo sentí un hombre extremadamente cercano que, sin duda -como se remarcó aquí-, perteneció al Partido Socialista. Pero más que de este Partido, siempre lo sentí un frentista auténtico. Guillermo era un hombre de Partido, pero también era un hombre del Frente Amplio y tuvo una lealtad y solidaridad inconmensurables que pude constatar durante esos cinco años que compartí con él en la Cámara de Representantes.

Aquí se ha dicho que, básicamente, era un hombre bueno; comparto plenamente eso. Guillermo era muy buena persona, pero, además, era leal. Uno se podía sentar con él y hablar del tema que fuera, porque daba la confianza necesaria para poder decir lo que uno sentía y a veces públicamente le costaba. Uno sabía que hablando con él tenía la lealtad, fidelidad y amistad totales. Ese es un valor que, a mi juicio, sin ninguna duda, es extraordinariamente importante.

Señor Presidente: cuando me enteré de su enfermedad realmente quedé muy conmovido; lo mismo luego de su operación. A veces uno dice, aunque no esté bien: "¡Pero, caramba, siempre se van los mejores!" Entonces, el dolor se multiplica y profundiza, porque Guillermo Alvarez era uno de los mejores. Deseo hacer una consideración muy especial. Cuando estaba internado pregunté si podía ir a verlo y me respondieron que no, que no era conveniente y que estaban suspendiendo las llamadas telefónicas. Pero también debe haber sido extremadamente doloroso que Guillermo Alvarez, que luchó toda su vida por la izquierda, haya fallecido y no esté presente en las elecciones del 31 de octubre de 2004. El dolor se multiplica y profundiza.

Tuve oportunidad de conocer a su madre en el velatorio y aprovecho la ocasión para enviarle mis condolencias, al igual que a su señora e hijos.

Pienso que Guillermo realmente es un hombre clásico del estilo uruguayo. Tal vez representa, en buena medida, características básicas de la identidad e idiosincrasia de los uruguayos; por eso, probablemente, era también uno de los mejores.

Muchas gracias.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: a veces uno cree que a esta altura de la vida pocas cosas pueden sorprenderlo, conmoverlo y emocionarlo. Tal vez, por los tiempos que estamos viviendo y puesto que todos estamos sumamente ocupados, no sabía que Guillermo estaba enfermo y me enteré de su fallecimiento en el momento que comenzaba el trabajo de la Comisión, si no me equivoco, de Constitución y Legislación en la que estaba presente el señor Senador Korzeniak.

En la vida prefiero extraer las cosas positivas de las peores que pasan, si es que hay algo positivo en la muerte de una persona. Por cierto, el caso de Guillermo me demuestra que en esta Casa, más allá de los más feroces antagonismos y de enfrentamientos muy duros, se pueden construir otro tipo de sentimientos y visualizar de otra manera a la persona con la que uno a veces ha estado enfrentada duramente.

Con Guillermo tuvimos la fortuna de ser electos Diputados en las elecciones de 1984 y éramos de los pocos sobrevivientes de aquella época en esta Casa. En la primera Legislatura, en aquel Parlamento tan fermental, hubo enfrentamientos muy duros. Guillermo Alvarez era una de las personas que iba de frente y decía las cosas por su nombre. Modestamente, creo que yo también tengo un poco ese estilo, guste o no, y en verdad -lo quiero decir en esta instancia- con Guillermo tuvimos enfrentamientos durísimos, tanto en el Plenario como en la Comisión de Legislación del Trabajo, pero al menos en lo que a mí concierne se fue forjando un sentimiento, si no de amistad, sí de respeto, cariño y comprensión porque teníamos enfrente a quien considerábamos un combatiente leal por las cosas en las que creía. Realmente me sentía identificado porque también me considero un combatiente -aunque a veces podemos trasvasarnos- leal por las cosas en las que creemos.

En circunstancias como estas y en estos homenajes que, tal vez, sería mejor hacerlos en vida, siempre prefiero recordar a la persona que se fue en otros aspectos de su vida. Guillermo era un gran trabajador, una persona apasionada -aunque lo disimulaba mucho-, de convicciones muy firmes, muy leal a sus principios y, por sobre todas las cosas, con un exquisito sentido del humor, aspecto que quizás muchos de sus correligionarios desconozcan. Sabía sobrellevar las circunstancias adversas y tenía un carácter tolerante para quien discrepaba con él, por lo que no guardaba rencores aun en las discusiones más apasionadas. En los peores momentos de esas discusiones, uno podía sentirse jerarquizado. Esto lo digo con total sinceridad pues, en lo que me es personal, me he visto envuelto en muchos enfrentamientos dialécticos, pero hay algunos en los que por la talla de la persona con la que uno se enfrenta, disminuye, mientras que hay otros en los que se agiganta, porque uno se da cuenta de que está discutiendo con una persona de bien, trabajadora, honesta y convencida de las cosas en las que cree. Como decía, entonces, tuve oportunidad de discutir con una persona que entre la tragedia y la comedia, encarando las cosas en serio, en los momentos más duros, no perdía nunca su don de gentes y, sobre todas las cosas, su sentido del humor.

Por ello, extiendo mis condolencias a la fuerza política a la que siempre perteneció y a su familia. Al mismo tiempo, las extiendo a mí mismo porque, más allá de resultados electorales, quiero a esta Casa y, si bien no voy a cuantificar lo que representa esta pérdida para el Partido Socialista y para el Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, pienso que esta es una pérdida muy grande para el Parlamento Nacional.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de homenaje propuesta por el señor Senador Korzeniak.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa invita a los señores Senadores y a las personas que asisten a la Barra a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria del ex-Representante Nacional Guillermo Alvarez.

(Así se hace)

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: en nombre de nuestra Bancada, solicitamos un cuarto intermedio de treinta minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud formulada.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

Se pasa a cuarto intermedio hasta la hora 17 y 50 minutos.

(Así se hace. Es la hora 17 y 20 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanúda la sesión.

(Es la hora 18 y 27 minutos.)

10) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Gallinal solicita licencia por los días 7 y 8 del corriente."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 7 de setiembre de 2004.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores,

Don Luis Hierro López.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia en el día de hoy y mañana miércoles 8 de setiembre y le ruego se convoque al suplente respectivo.

Sin otro particular saluda atentamente,

Dr. Francisco Gallinal Nieto. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

11) FONDO DE RECUPERACION DE ACTIVOS

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: en nombre de la Bancada del Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría vamos a solicitar que se incluya como primer punto del Orden del Día de la sesión de mañana el tema que está a consideración de la Comisión de Hacienda del Senado de la República referente a los fondos de recuperación de activos de los Bancos Comercial, La Caja Obrera y Montevideo. Simultáneamente estamos presentando un proyecto de ley que tiene que ver con este mismo asunto.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: sé que no corresponde discutir la moción pero sí cabe hacer una pregunta, y es la siguiente. Según entendí, se pide que en la sesión de mañana se considere el tema mencionado como primer punto del Orden del Día. Simultáneamente se presenta un texto sustitutivo que no va a pasar por la Comisión sino que se va a tratar directamente. En una palabra: trataríamos directamente el proyecto de ley que se va a presentar hoy.

Me gustaría, si es posible, que se explique alcance de la solicitud.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- El alcance es el siguiente. Ya hubo una discusión general del proyecto de ley, al que se le hicieron determinadas observaciones, especialmente por parte del Partido Nacional. En atención a esas observaciones formuladas, lo que trata de hacer el proyecto que hemos hecho llegar a la Mesa es recoger, de alguna manera, el conjunto de la discusión -a la que, por razones que todos conocen, no ha dado término la Comisión de Hacienda- y también resolver el tema en el día de mañana, es decir, votar el destino que van a tener los fondos de recuperación de activos de estos tres bancos. Si se entiende necesario -por considerar que se trata de un proyecto aparte, a pesar de que para nosotros simplemente es un proyecto modificativo del que está a consideración de la Comisión de Hacienda- requerir su tratamiento con carácter urgente, así lo plantearemos en el día de mañana. De todas formas, lo presentamos hoy para que el resto del Senado tenga la oportunidad de leerlo, conocerlo y saber de qué se trata.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Comprendo la explicación, pero pregunto si simultáneamente al nuevo proyecto tratamos el proyecto de ley anterior. Es precisamente en eso donde no veo la relación.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Quiero decir que la relación es tan específica que se trata del destino de los mismos fondos, de cuál va a ser la entidad que los administre. De modo que se puede dar vueltas en torno al tema todo lo que se quiera, pero de lo que se trata es de ver si se va a mantener el contrato que el Banco Central hizo con la empresa Thesis o si se va a dar otro destino a los fondos de recuperación de activos que se conformaron con los créditos que tiene a su favor el Nuevo Banco Comercial, provenientes del Banco La Caja Obrera, del Banco Montevideo y del propio Banco Comercial. Es eso; es la misma materia. Se puede lucubrar mucho, pero repito que refiere al mismo destino; para llamarlo de algún modo, es la misma plata.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- No he tenido tiempo de consultar a los compañeros nacionalistas, pero en principio no podemos votarla entre otras cosas porque los dos integrantes de nuestra Bancada que nos representan en la Comisión de Hacienda, que han manejado el tema y lo conocen, se hallan ausentes en el día de hoy. Podría ser tratado la semana que viene o en una sesión extraordinaria, pero nos parece impropio enzarzarnos mañana nuevamente cuando quienes estamos aquí no sabemos qué fue lo que se discutió en la Comisión y, además, sobre un proyecto nuevo que, obviamente, si nosotros no conocemos menos aún lo conocen nuestros compañeros integrantes de la Comisión, los señores Senadores Gallinal y Heber.

Pediríamos a quienes están presentando la moción que modifiquen la fecha a los efectos de hacer más accesible nuestro trabajo.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- La razón del artillero aquí está en que hoy es 7 de setiembre y la Legislatura finaliza el día 15. En consecuencia, cualquiera sea la actitud que se adopte, hay que tomar una decisión antes del 15 de setiembre, y no tiene que hacerlo sólo el Senado, sino también la Cámara de Representantes, si es que se quiere sancionar un proyecto de ley.

Entonces, lo que procuramos es que se trate el tema en el día de mañana, como primer punto del Orden del Día, dando la posibilidad de que se le vote a favor o en contra y que se sepa claramente si va a pasar a la Cámara de Representantes o no. Esa es toda la cuestión.

De modo que no estamos planteando un pedido en función de los tiempos tan breves, tan apremiantes -que es el argumento que se ha utilizado para votar cincuenta proyectos de ley en los últimos treinta días-, sino que lo que pedimos es que este proyecto, que tiene una importancia enorme porque están en juego U$S 1.100:000.000, también se trate.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud formulada por el señor Senador Gargano.

(Se vota:)

- 11 en 22. Negativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: quiero decir que las razones que ha expuesto el señor Senador Gargano han sido altamente convincentes. Lamento, entonces, que el Senado haya resuelto lo que resolvió.

(Parte de este fundamento de voto fue eliminado en aplicación del inciso final del artículo 104 del Reglamento del Senado)

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra para contestar una alusión política.

SEÑOR PRESIDENTE.- Evitemos una discusión lateral. La Mesa va a revisar el fundamento de voto del señor Senador Korzeniak.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: durante toda la consideración de este tema hemos puesto la mayor de las voluntades para tratar de resolverlo. Lo hicimos aun sin conocimiento del contenido del contrato que se iba a firmar y solamente con el anuncio de la subasta de los fondos a cobrar. Es tan importante esto que, si bien es cierto que hoy no hubo los votos necesarios para incluirlo como primer punto del Orden del Día, con el mandato que tenemos de la Bancada, mañana vamos a plantear que se trate como urgente.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Señor Presidente: nosotros tenemos en consideración del Senado un proyecto de ley y fue pasado a la Comisión, la que trabajó sobre el mismo pero sin discutir cada uno de los artículos. Esto fue así porque se entendía que igual iba a ser considerado en la Cámara. Sí hemos recibido delegaciones como la del equipo económico, el Banco Central, el Banco República y las trece gremiales, y hemos entendido que tal vez sea necesario que el proyecto original tenga algunos cambios. El Partido Na-cional habló en ese sentido y nosotros queremos culminar esta etapa parlamentaria con ese proyecto. Además, tenemos -y lo vamos a poner a consideración- un proyecto alternativo que recoge las objeciones que el Partido Nacional había hecho. Por lo tanto, en el día de mañana -y antes de llegar al 15 de setiembre, que termina la Legislatura- vamos a insistir en que este tema debe clarificarse, quedando en evidencia el posicionamiento de los sectores políticos que en esta Cámara votaron a favor del fideicomiso.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: vamos a insistir con este tema que está planteado desde el mes de febrero. Nosotros lo trajimos a la Comisión Permanente cuando convocamos al señor Ministro de Economía y Finanzas, economista Alfie. Después vino el proyecto y se hicieron objeciones.

Nuestro proyecto es muy sencillo y, con un solo artículo, transfiere estos fondos a la gestión del fideicomiso del Banco República. Se ampara en el artículo 35 del contrato que se hizo con la empresa privada en el que se establece que no habrá responsabilidad del Estado si hay una modificación legislativa. Por lo tanto, esto no ocasiona ningún problema de fondo. Es un tema muy importante; se hicieron objeciones, las que se recogen en este proyecto. Queremos ver cuál es la voluntad de los sectores políticos en este tema tan trascendente, por lo que en el día de mañana vamos a insistir con esta cuestión.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: hemos votado negativamente por las razones que resultaron del breve diálogo que hubo previamente a la votación. Luego de oír algunas expresiones de fundamento de voto lo hacemos con mucha mayor razón. Se nos dice que para atender las objeciones del Partido Nacional se modifica el proyecto inicial, según lo van a presentar sus gestionantes. Entonces, deben dar un elemental tiempo al Partido Nacional para saber de qué se trata y cuál es nuestra respuesta.

SEÑOR HERRERA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HERRERA.- Señor Presidente: se trata de un proyecto que se ha calificado como trascendente y, sin duda, lo es. Por lo tanto, no podemos adelantar una opinión sin conocerlo. Lo primero que tendrían que hacer los proponentes es pedir la presentación y distribución. Personalmente, siempre he sido partidario de que los proyectos pasen primero por Comisión, salvo que por su sencillez o por su falta de trascendencia desde el punto de vista económico o político, estemos todos de acuerdo y lo saquemos rápidamente. Sin embargo en este caso, que es tan debatido y complejo, en el que se menciona la posibilidad del fideicomiso del Banco de la República, por lo menos debemos tener una instancia para conocer el proyecto. Si hubiera voluntad -nosotros adelantamos la nuestra- entendemos que debería reunirse la Comisión de Hacienda el jueves de mañana, incluso, citando al propio Banco de la República, si ese es el destino que se le da a esos fondos. Nos parece que no escuchar al Banco de la República cuando se le pretende transferir esto para saber si puede hacerlo o no, nos va a volver a dejar sin condiciones de votar por no conocer la opinión del destinatario. Ahora bien, si se presenta mañana, pasa a Comisión de Hacienda el día jueves y se trata el martes, me parece bien. Incluso, podemos citar al Banco de la República para el jueves de mañana y, respetando la brevedad de los tiempos parlamentarios que nos quedan -las circunstancias se han dado así- podremos tener una mínima instancia de análisis y reflexión para emitir una opinión responsable.

SEÑOR CARVALHO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARVALHO.- Señor Presidente: he votado con la convicción de que se trata de un tema de importancia trascendente que ha estado durante varias semanas en el seno de la Comisión de Hacienda, donde ha sido examinado con al concurrencia de delegaciones de todos los sectores interesados. Perfectamente, el Cuerpo puede entrar a la discusión de fondo una vez que el proyecto fue analizado y votado en discusión general. El hecho de que se haya presentado como proyecto aparte en el día de hoy y lo que mañana, en el caso de deliberarse sobre el tema, pudo presentarse como un artículo sustitutivo - y sin ninguna objeción reglamentaria debería haberse considerado y votado así-, no justifica la oposición que conspira contra toda posibilidad de que se dé una solución antes del cierre del período parlamentario. Por eso voté con la convicción de que no estamos alterando ningún principio de funcionamiento parlamentario. No es un tema que el Senado no haya considerado, sino que lo ha hecho extensamente, al igual que la Comisión. Se han oído todas las opiniones, incluso la del Banco de la República y simplemente se trata proceder a la discusión de fondo. En esa discusión podríamos haber presentado directamente el artículo sustitutivo, pero nos ha parecido más conveniente -incluso desde el punto de vista de la cortesía parlamentaria- presentarlo como proyecto aparte en el día de hoy, aunque esto no altera el fondo del asunto ni el trámite que pueda llevar.

(Parte de este fundamento de voto ha sido eliminado en aplicación del inciso final del artículo 104 del Reglamento del Senado)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa va a revisar el fundamento de voto del señor Senador Carvalho que refirió a la dilación de otros sectores. A la vez reclama a los señores Senadores que cumplan estrictamente con el Reglamento porque de lo contrario deberá imponer otro tipo de medidas.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Ante la intervención de algunos señores Senadores, quiero aclarar, como Presidente de la Comisión de Hacienda, que este proyecto de ley sustitutivo estuvo rondando por dicho ámbito y expresamente se preguntó al Banco de la República y a los proponentes del primer proyecto qué pensaban de la posibilidad de pasar los fondos de administración del patrimonio bancario de las tres instituciones fundidas a la administración del fideicomiso del Banco de la República, en lugar de pasar los fondos de dicho Banco a este nuevo fideicomiso o mega fideicomiso. En ambos casos, cuando estas preguntas se hicieron en la Comisión, tuvimos las respuestas que dieron los actores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente:)

"Las señoras Senadoras Xavier y Topolanski y los señores Senadores Rubio, Cid, Carvalho, Gargano, Nin Novoa, Núñez, Couriel, Casartelli y Korzeniak presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas sobre la recuperación de activos de las instituciones financieras en liquidación."

- A LA COMISION DE HACIENDA.

(Texto del proyecto de ley presentado)

"EXPOSICION DE MOTIVOS

La recuperación de activos de las instituciones financieras en liquidación debe hacerse en forma compatible con el interés general, y al menor costo posible.

La Compañía Administradora de Recuperación de Activos es una persona jurídica de derecho privado, cuyo capital accionario pertenece íntegramente al Banco de la República Oriental del Uruguay, y cuyo Directorio actúa según los lineamientos de la institución financiera estatal.

La contratación de fondos de inversión privados, para la administración de los referidos activos, no contempla adecuadamente el interés general en la preservación de la infraestructura física de un sistema productivo altamente endeudado como consecuencia de la emergencia económica sufrida por el país, y genera costos por comisiones de administración muy superiores a los del fondo de inversión de titularidad del Banco de la República.

La constitución de un fideicomiso con la Compañía Administradora de Recuperación de Activos, permitirá, por otra parte, administrar en forma conjunta el pasivo de un mismo deudor, evitando que la ejecución por el fondo de inversión privado impida o dificulte la refinanciación por el fondo de inversión de propiedad estatal.

El presente proyecto de ley procura hacer compatible el interés general en la preservación del sistema productivo, con el interés de los ahorristas de las instituciones financieras liquidadas y el interés de los deudores.

El contrato de administración de activos suscripto entre el Banco Central del Uruguay y Thesis Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A. prevé, como condición resolutoria expresa, el dictado de una disposición legislativa que impida su cumplimiento (cláusula 35ª), por la que la aprobación del presente proyecto de ley no implicará responsabilidad para el Estado.

Rodolfo Nin Novoa, Reinaldo Gargano, Victorio Casartelli, Enrique Rubio, Manuel Núñez, Alberto Cid, Alberto Couriel, José Korzeniak, Edgardo Carvalho, Lucía Topolansky, Mónica Xavier, Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- El Banco Central del Uruguay deberá transferir a la Compañía Administradora de Recuperación de Activos Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima, mediante contrato de fideicomiso de administración, los activos comprendidos en los Fondos de Recuperación del Patrimonio Bancario de los Bancos Comercial, Montevideo y La Caja Obrera, incluyendo aquellos que hayan sido transferidos a terceros para su administración según lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002.

Artículo 2º.- Publíquese, etc.

Rodolfo Nin Novoa, Reinaldo Gargano, Victorio Casartelli, Enrique Rubio, Manuel Núñez, Alberto Cid, Alberto Couriel, José Korzeniak, Edga0rdo Carvalho, Lucía Topolansky, Mónica Xavier, Senadores."

12) CODIGO RURAL

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el primer punto del Orden del Día: "Discusión particular de las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes al proyecto de ley por el que se modifican los artículos 258 y 259 del Código Rural relativos al delito de abigeato. Carp. Nº 1019/03 - Rep. Nº 695/04."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1019/03

Rep. Nº 695/04

Anexo I

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 258 del Código Rural por el siguiente:

"ARTICULO 258.- Comete el delito de abigeato y será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría, el que fuera de las ciudades o pueblos, con intención de matar, diere muerte, faenare o se apoderare con sustracción de ganado vacuno y bubalino, caballar, lanar, cabrío, porcino, cualquier otra especie de corral o criadero, colmenas, cueros, lanas, pieles, plumas o cerdas ajenos, y el que marcare o señalare, borrare o modificare las marcas y señales de animales o cueros ajenos, para aprovecharse de ellos.

La pena de prisión podrá sustituirse con horas de trabajo en servicio a la comunidad. El Juez de la causa determinará la clase de servicio a cumplirse, el lugar y la cantidad de horas, así como el contralor del cumplimiento de dicha sanción".

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 259 del Código Rural, por el siguiente:

"ARTICULO 259.- La pena prevista en el artículo precedente, será de doce meses de prisión a ocho años de penitenciaría, cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias agravantes especiales:

1º) Si el delito se ejecutara en banda con la participación de dos o más personas.

2º) Si para cometer el delito se emplearan vehículos de carga aptos para el transporte de los objetos robados.

3º) Si para cometer el delito se dañaran cercos, cortando alambre, destruyendo o arrancando postes, cadenas o cerrojos de porteras.

4º) Si para la comisión del delito se utilizaran guías de propiedad y tránsito o documentación equivalente falsas o expedidas para terceras personas, o se falsificaran boletas de marca y señal.

5º) Si se facilitaran los medios de transporte o la documentación falsa aludida en el numeral precedente.

Son circunstancias agravantes muy especiales:

1º) Ser jefe o promotor del delito.

2º) La de poseer la calidad de hacendado o productor agropecuario.

3º) La de poseer la calidad de funcionario público cuando haya actuado con violación de los deberes de su cargo.

Será aplicable al delito tipificado en el artículo anterior el atenuante establecido en el inciso segundo del artículo 342 del Código Penal".

Artículo 3º.- Incorpórase al Código Rural el siguiente artículo:

"ARTICULO 259 bis.- El Juez actuante dispondrá el comiso de todo elemento que directa o indirectamete fuere empleado en la comisión del delito.

Lo dispuesto en el inciso precedente regirá sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 14 de julio de 2004.

José Amorín Batlle Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario."

SEÑOR PRESODENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Brause.

SEÑOR BRAUSE.- El proyecto de ley a consideración del Senado procura modificar dos artículos del Código Rural relacionados con el delito de abigeato. Este delito es uno de los más antiguos de los que se tiene conocimiento y, por lo tanto, es de especial relevancia en economías de naturaleza agrícola, como es la del Uruguay. De ahí la importancia de este delito, que afecta no sólo a los productores ganaderos, ya que trasciende esa tipificación de índole individual, si se quiere, para transformarse en una falta que requiere de la tutela general, pues daña claramente la economía de todo el país.

Decíamos que se trata de uno de los delitos más antiguos. Se le conoce ya desde la sanción del primer Código Rural en el Siglo XIX -uno de los primeros que se dictó en nuestro país- en el que ya se definía el abigeato. Pero ocurre que en los tiempos que corren se ha incrementado este delito y, por lo tanto, lo que se persigue a través de este proyecto de ley es poner en manos de la policía y del Poder Judicial los instrumentos aptos para combatir este flagelo que hoy en día soportan no sólo los productores sino toda la economía del Uruguay. Y decimos que se ha transformado en un flagelo porque la experiencia nos está mostrando que actualmente este delito cuenta con modos operativos que han evolucionado de manera tal que bandas organizadas que, a su vez, poseen infraestructura e instrumentos modernos, hacen posible el accionar de este ilícito con mayor eficacia.

En virtud de esta circunstancia de hecho, junto a algunos señores Senadores -me refiero concretamente a los Senadores Riesgo, de Boismenu, Barrios Tassano y Singer- hemos tenido la inquietud de presentar un proyecto de ley que luego fue considerado en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de la República, ámbito en que se le introdujeron modificaciones para darle mayor validez y seguridad jurídica.

En suma, señor Presidente, lo que este proyecto de ley procura es modificar los artículos 258 y 259 del Código Rural en la redacción dada por la Ley Nº 16.146, de 9 de octubre de 1990, los que se actualizan, ampliándose las penas y, al mismo tiempo, incluyéndose algún hecho generador adicional de manera tal que las disposiciones legales contemplen las formas nuevas que este accionar ilícito suele adoptar en la práctica. Por consiguiente, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado me ha encargado informar al Cuerpo y hacerle saber que este proyecto de ley cuenta con la aprobación de todos los sectores políticos representados en dicha Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a tomar una única votación para saber si el Senado acepta las modificaciones propuestas por la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD

Queda sancionado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

13) JORGINHO GULARTE. PENSION GRACIABLE

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Señor Presidente: ya pedí que fuera repartida -y se encuentra ya sobre las mesas de los señores Senadores- la Carpeta Nº 1039/03. Se trata de una pensión graciable para Jorginho Gularte, que había sido propuesta en su oportunidad por la señora Senadora López. Por nuestra parte, simplemente queremos que se pase a considerar, debido a que la votación se realiza a través de bolillas.

Formulo moción, entonces, para que este tema se declare urgente y se considere de inmediato.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Núñez.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a proceder a repartir las bolillas de votación mientras el Senado continúa considerando el Orden del Día.

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1039/03

Dist. 2887/04

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 18 de agosto de 2004.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el alto honor de dirigirse a ese Cuerpo con el objeto de someter a su consideración el adjunto Proyecto de Ley, por el que se concede una pensión graciable al señor Jorge Gularte (Jorginho) quien, además de poseer su propia relevancia artística -que acredita mediante documentación de numerosas e importantes actividades musicales-, es hijo de la reconocida bailarina y cantante uruguaya Martha Gularte.

La grave situación económica y de salud por la que atraviesa el beneficiario justifica, por otra parte, la concesión de la pensión referida, la que corresponde se le otorgue en virtud de que, por los fundamentos axiológicos del derecho, las trágicas y notorias circunstancias que enmarcan esta solicitud hacen innecesario el abundamiento sobre la misma.

El Proyecto de Ley, en su artículo primero incluye el nombre del beneficiario, así como el monto de la pensión. En su artículo segundo establece que la obligación resultante será atendida por Rentas Generales.

Asimismo, a efectos de la tramitación ante BPS, se expresa que el número de la Cédula de Identidad del beneficiario es el 1.939.461-4.

El Poder Ejecutivo saluda al Señor Presidente de la Asamblea General con su más alta consideración.

Luis Hierro López

Vicepresidente de la República

en ejercicio de la Presidencia

Dr. Leonardo Guzmán

Ministro de Educación y Cultura

Isaac Alfie.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- CONCEDESE una pensión graciable, al señor Jorge Gularte (Jorginho), Cédula de Identidad Nº 1.939.461-4, equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

Artículo 2º.- La erogación resultante, será atentida por Rentas Generales.

Artículo 3º.- COMUNIQUESE, publíquese, etc.

Dr. Leonardo Guzmán

Ministro de Educación y Cultura

Isaac Alfie."

(Se reparten las bolillas de votación)

14) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el numeral segundo del Orden del Día: " Proyecto de ley por el que se extiende la aplicación del Impuesto al Valor Agregado al consumo de tabacos y cigarrillos y se disminuye la tasa de dicho impuesto que grava los alimentos de consumo básico. (Carp. Nº 1439/04 - Rep. Nº 884/04)"

(Antecedentes: )

"Carp. Nº 1439/04

Rep. Nº 884/04

Extensión de IVA a tabacos y cigarrillos, disminución de la tasa de alimentos básicos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Al Senado:

Considerando que el Convenio Internacional referido a las enfermedades relacionadas con el consumo de Tabaco, (Convenio Marco para el Control del Tabaco) suscripto por la República y recientemente aprobado por el Parlamento, obliga a los Estados a incrementar la carga impositiva de tal consumo, en su parte III, artículo 6º que actualmente no se encuentra gravado por IVA, en tanto se mantiene la exoneración a que refiere el literal F) del artículo 19 del Título 10 del Texto Ordenado 1996.

Atendiendo que tal como se expresó en el proyecto de modificaciones impositivas de 30 de junio de 2003, es un objetivo disminuir la tasa mínima del IVA que grava los alimentos de consumo básico.

Se propone el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Derógase el literal "F" del artículo 19 del Título 10 del Texto Ordenado 1996.

Artículo 2º.- Disminúyese la tasa de Impuesto al Valor Agregado a 10% (diez por ciento) respecto de los bienes y servicios comprendidos en literal "A" del artículo 18 del Título 10 del Texto Ordenado 1996.

Artículo 3º.- Esta ley entrará en vigencia el primer día del mes siguiente a su promulgación.

Montevideo, 12 de julio de 2004.

Alberto Couriel, Manuel Núñez, Alejandro Atchugarry, Edgardo Carvalho."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: este Parlamento aprobó por unanimidad un tratado referente al tabaquismo y todos sabemos que el consumo de tabaco, cigarros y cigarrillos genera un importante problema de salud. En ese tratado se plantea, se solicita o se impone la necesidad de fijar mayores impuestos al consumo de cigarros o cigarrillos, con el fin de atender la problemática de la salud. Atendiendo a dicho tratado internacional aprobado por el Parlamento, se propone, por un lado, fijar el Impuesto al Valor Agregado al consumo de tabaco, cigarros y cigarrillos y, por otro, disminuir la tasa de dicho Impuesto que grava los alimentos de consumo básico.

De manera que el proyecto de ley, básicamente, busca eliminar una potestad del Poder Ejecutivo para exonerar de IVA el consumo de cigarros y cigarrillos, recaudar el IVA al consumo de cigarros y cigarrillos, y rebajar, por el monto correspondiente de lo que se va a cobrar por el impuesto al consumo de cigarros y cigarrillos, el IVA a los alimentos básicos.

El artículo 1º del proyecto de ley establece que se derogue el literal "F" del artículo 19 del Título 10 del Texto Ordenado 1996. Esto lo que hace es eliminar la posibilidad de exoneración de IVA de parte del Poder Ejecutivo a tabacos, cigarros y cigarrillos.

Por otro lado, en el artículo 2º se disminuye la tasa del Impuesto al Valor Agregado a 10% en los siguientes rubros: pan blanco común y galleta de campaña, pescado, carne y menudencias, frescos, congelados o enfriados, aceites comestibles, arroz, harina de cereales y subproductos de su molienda, pastas y fideos, sal para uso doméstico, azúcar, yerba, café, té, jabón común, grasas comestibles y transporte de leche.

En definitiva, esta disposición tiene dos fines de carácter social; por un lado, intenta poner un impuesto al consumo de cigarros y cigarrillos a los efectos de que baje su consumo, atendiendo a la problemática de la salud y, por otro, trata de rebajar impuestos a alimentos básicos, de manera de mejorar el poder adquisitivo de determinados sectores de la población que se verían beneficiados con la posibilidad de consumir estos rubros a menores precios.

Al respecto, el primer argumento que quiero citar es el que podríamos llamar "neutralidad fiscal". Por un lado, los mayores ingresos por el IVA a cigarros y cigarrillos coinciden con los menores ingresos de recaudación por IVA a los alimentos. En este sentido, cabe destacar que en la Comisión de Hacienda intentamos trabajar en el tema y en algún momento, formal e informalmente, se formularon propuestas en cuanto a bajar el IVA del 14% al 7% al consumo de alimentos. En realidad, se buscaba disminuirlo a la mitad. Reitero que lo que se buscaba es que existiese neutralidad fiscal y si tuviéramos una rebaja de siete puntos a los alimentos básicos, los ingresos serían inferiores a lo que se dejaría de recaudar. Se revió esta medida y se planteó que para que haya neutralidad fiscal y para que sean números similares el incremento del IVA a cigarros y cigarrillos y la reducción de IVA a los alimentos básicos, se debía pasar del 14% al 10%.

En definitiva, el primer elemento es la neutralidad fiscal y desde este punto de vista no se puede hablar, de ninguna manera, de que este proyecto de ley pueda afectar la recaudación del Estado.

El segundo tema que se puso encima de la mesa, especialmente por el señor Ministro de Economía y Finanzas...

(Manifestaciones en la Barra)

- Como decía, el primer argumento es la neutralidad fiscal; son relativamente similares las cifras de incremento de recaudación por el consumo de cigarros y cigarrillos con la rebaja del IVA al consumo de alimentos básicos del 14% al 10%.

El segundo argumento que presentó el señor Ministro de Economía y Finanzas en la Comisión de Hacienda tiene que ver con el tema del contrabando. En realidad, lo que se planteó es que un incremento del precio de los cigarros y cigarrillos -como sin duda va a ocurrir con la introducción del IVA- traería como consecuencia el aumento del contrabando. En este sentido, quiero decir que es llamativo que in-tegrantes del Gobierno puedan decir que no fijan determina-do impuesto porque va a aumentar el contrabando. Conside-ro que lo que se nos está señalando es que las autoridades correspondientes no han tenido la capacidad de controlar el contrabando. Con esto no quiero decir que la tarea no sea sencilla, pero reitero que concurrir a la Comisión de Hacienda para decir que no apoyan el proyecto de ley porque va a aumentar el contrabando es más que llamativo. En este sentido, en Europa las tasas son mucho más altas y no hay contrabando, lo que indica que se ha podido encontrar los mecanismos tendientes para resolver el problema.

Por otro lado, en el último año el precio de los cigarrillos -tomando como ejemplo el clásico cigarrillo Nevada- ha pasado de $ 22 a $ 28 y uno se pregunta si subió el tipo de cambio. No; más bien bajó. ¿Aumentaron los impuestos? No; no se modificaron. Sin embargo, el precio final de los cigarrillos aumentó un 30% y nadie se quejó. Acá no apareció el contrabando, la elasticidad en el precio de la demanda ni la curva de Lafer. Las empresas aumentaron un 30% el precio de los cigarrillos y el consumo siguió adelante, como si nada pasara.

En tercer lugar, muchas veces se dice que, en realidad, son las propias empresas que trabajan legalmente las que ayudan a generar procesos de contrabando en materia de cigarros y cigarrillos. El señor Ministro expresó que estamos muy cerca de la Curva de Lafer, es decir que si se aumenta el precio, va a bajar el consumo. En este caso, tengo la sensación de que es una Curva de Lafer hecha por las propias empresas para tratar de que no se aumente el precio con impuestos porque, de lo contrario, puede aumentar el contrabando. A mí me llama la atención que se pueda usar este tipo de argumentación. Lo único que siento es que si fuera autoridad de Gobierno estaría haciendo los máximos esfuerzos para tratar de parar todo tipo de contrabando en el país, pues se trata de acciones ilegales que pueden generar los delitos correspondientes.

Por otra parte, aclaro que no voy a extenderme en el día de hoy, 7 de setiembre, a pocos días de terminar la Legislatura, tratando de convencer a la gente, pues hay consenso en esto, es decir, en los problemas de salud que generan los cigarros y cigarrillos. Hay cifras, a nivel mundial, que indican que mueren 15 fumadores por día, de manera que este es un argumento extremadamente fuerte e importante, y supongo que acá no hay diferencias en cuanto a eso. Las estadísticas son prácticamente similares en todos los casos y creo que están demostrados los problemas de salud -ya sea cáncer, problemas cardíacos u otras enfermedades- que se generan, por lo que hay un cierto grado de consenso en el sentido de que el consumo de cigarros y cigarrillos afecta enormemente a la población. Uno podría hablar horas sobre este tema, pero no creo que sea el momento oportuno para hacerlo, ya que entiendo que no se trata de un tema controvertido.

El otro argumento que dio el Ministro de Economía y Finanzas es que la rebaja del precio del IVA a los alimentos no influiría en la rebaja de precios. Pienso que este es un argumento muy traído de los pelos. Si en un momento determinado hay un problema con la carne y hay escasez de oferta de la misma, es evidente que el IVA no va a influir, pero en otras situaciones sí lo puede hacer, y sobre el resto de los rubros sí puede influir. Entonces, reitero que es muy traído de los pelos que el Ministro haya hecho una afirmación de esta naturaleza; lo hizo con un carácter muy gene-ral -no creo que sea necesario revisar la versión taquigráfica-, pero también desde este punto de vista siento que los argumentos que se han dado en contra no se corresponden con la realidad, pues no enfrentan los problemas más graves que trae el consumo de cigarros y cigarrillos. Me parece insólito que se plantee el hecho de que estemos defendiendo, de alguna manera, al contrabando y no enfrentándolo, para no votar este proyecto de ley.

Por lo tanto, desde este punto de vista, entiendo indispensable votar en el día de hoy un proyecto de esta naturaleza por las condiciones fundamentales de que no tiene ningún efecto sobre la recaudación; pero, sobre todo, porque por un lado existe la posibilidad de mejorar el poder de compra de la población en alimentos básicos y, por otro, se trata de aumentar el precio de los cigarros y cigarrillos para tratar que el consumo de los mismos no siga afectando brutalmente la salud humana.

Muchas gracias.

15) FONDO DE RECUPERACION DE ACTIVOS

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: solicito a la Mesa que se distribuya el proyecto que hemos presentado sobre el Esquema de Recuperación de Activos de los Bancos Montevideo, Comercial y La Caja Obrera.

Como en el día de hoy se rechazó su consideración, vamos a plantear en el día de mañana su tratamiento como urgente, cuando haya una situación especial.

16) CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO Nº 184 SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN LA AGRICULTURA

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Pedimos que también se reparta un proyecto de ley que tiene un informe consensuado de los integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales sobre el Tratado de la OIT en torno al trabajo en la agricultura. Esto es muy importante y sólo debe ser aprobado por la Cámara para que se convierta en ley. Oportunamente, también pediremos que este tema sea tratado como urgente antes de que termine la Legislatura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar los trámites solicitados.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

17) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión general del proyecto de ley sobre el IVA al tabaco.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Me alegro mucho de que este proyecto esté siendo considerado en el día de hoy, en principio por el destino que tiene -tal como expresaba el Miembro Informante, señor Senador Couriel- en función de bajar los costos de los alimentos de nuestra canasta básica. Pero me parece que hay algunas cosas que también tienen que constar en la versión taquigráfica. Me refiero a algunas consideraciones que nos hizo llegar la Alianza Nacional para el Control del Tabaco, que quizás todos recibimos, pero no todos le dimos la misma importancia. En las mismas se destacaba la integración que esta Alianza Nacional tiene con la Junta Nacional de Drogas, el Ministerio de Salud Pública, la Intendencia Municipal de Montevideo, la Facultad de Medicina, el Hospital de Clínicas, la Comisión Honoraria para la Lucha contra el Cáncer, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, el Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Médica del Interior, el Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y la Comisión Antitabáquica, así como con fumadores pasivos uruguayos, con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud. En ese sentido, nos han hecho llegar su valoración acerca de este proyecto, expresando que está comprobado que el aumento del precio de los cigarrillos es una medida sumamente efectiva para disminuir el consumo del tabaco, especialmente entre los jóvenes y los grupos más pobres de la población. Este hecho está consignado en el artículo 6º del Convenio Marco del Control de Tabaco aprobado por el Uruguay, Ley Nº 17.793 y que, obviamente, es lo que habilita a que esta serie de iniciativas legislativas estén consideradas como la forma de llevar a tierra en nuestro país el convenio marco que oportunamente aprobáramos. En Uruguay, la encuesta realizada por la Junta Nacional de Drogas sobre consumo de tabaco en estudiantes de liceo demuestra cifras preocupantes de consumo de cigarrillos y una tendencia creciente. En otro pasaje, se expresa que con relación al tema del contrabando, este mismo estudio y varios otros indican que el nivel del contrabando en un país está más relacionado con el llamado índice de transparencia que con el nivel de los precios. Aceptar como válido el argumento de que un aumento de precios aumentaría el contrabando, equivaldría a aceptar la incapacidad de lograr un control aduanero efectivo. Por otra parte, con base en la información obtenida de los documentos internos de la industria tabacalera, hoy en conocimiento público por los juicios que se han realizado, se sabe que en muchos países la propia industria ha estado detrás del tráfico ilícito de cigarrillos, ejemplo de lo cual es la reciente sanción que recibió la multinacional Phillips Morris en la Unión Europea por esta causa. Finalizando en esa nota que nos envían, se dice que por todo esto se considera que se está frente a un proyecto de ley que, además de los beneficios que genere en lo que refiere a su cometido esencial -hacer más accesible los alimentos básicos a la población-, tiene el beneficio adicional de contemplar una medida de capital importancia para el control del consumo de tabaco. Justo es recordar que el consumo de tabaco es a nivel mundial y a nivel nacional la primera causa evitable de muerte y enfermedad y que el dinero recaudado por concepto de impuestos es ampliamente inferior a los costos sanitarios originados por el tabaquismo. Me parece que, en la medida en que en el informe del Miembro Informante se destacaba la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas con consideraciones que no estaban a favor de este proyecto, en esta misiva que la Alianza Nacional del Control del Tabaco nos hace llegar -en la que se incluye otro Ministerio, como es el de Salud Pública- se nota la necesidad de que proyectos como este sean aprobados.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: creo que las expresiones del señor Miembro Informante nos abrevian lo que esperábamos decir. Quiero compartir con el Senado el origen del proyecto, que quedó a consideración de los señores Senadores de la Comisión a efectos de que fuera presentado conjuntamente con aquellos que así decidieran hacerlo. En cuanto al primer origen de este tema, debo decir con franqueza que en una sociedad que ha tenido las dificultades por todos conocidas, corresponde hacer los mayores esfuerzos, dentro de la escasez de recursos que impera, para ir recuperando los ingresos de los sectores menos pudientes de la población. En ese sentido, a fines del año pasado el Senado votó una abstención y posibilidades de expansión del régimen de Asignaciones Familiares, y asimismo se fueron bajando hasta donde se pudo los impuestos a los ingresos, el IRP. Naturalmente, teniendo en cuenta que la parte de los recursos dedicada a los alimentos básicos es muy superior en una familia de bajos ingresos que en una de altos ingresos, la baja de impuestos sobre esta canasta básica parece ser un instrumento razonable.

Así las cosas, el Senado fue urgido, incluso por el Ministerio de Salud Pública, a la aprobación del convenio de la lucha contra el tabaquismo. Nosotros, que veíamos que la mejora de la recaudación tenía -como no podía ser de otra manera- el destino que le impusieron las leyes de febrero y mayo del 2002 -que era la baja del IRP, que se había subido-, creímos que por este lado podíamos encontrar una fuente de financiamiento. El señor Senador Couriel decía bien que el origen fue tratar de volver al 7% histórico -que fue la primera tasa del IVA mínimo-, pero una vez que se hicieron los cálculos correspondientes, no fue posible llegar a esos niveles. También bajo el análisis, no parece razonable que el tabaco esté exonerado de IVA en el Uruguay; en primer lugar, sería el único país de la región en esa situación y, además, sería de los pocos productos que estarían exonerados de ese impuesto en el país. Por otra parte, en términos de industria nacional, tampoco es bueno. Me explico: el Uruguay importa de la región sin aranceles. Esto dio lugar a que empresas trasnacionales tales como BAT desde Chile presentaran un conflicto al Uruguay porque este tenía un sistema de protección basado en un doble IMESI que diferenciaba al cigarro nacional del extranjero que, como corresponde, perdimos, en virtud de las reglas de la OMC. En consecuencia, esta fábrica también levantó sus instalaciones y ahora importa. Cualquiera que exporte desde los países de la región recibe la devolución del IVA sobre sus compras, mientras que para los productores locales, el IVA sobre sus insumos es un costo que no pueden trasladar, más allá de cuál sea el nivel final de presión tributaria. La no aplicación del IVA también suscita una desventaja estructural de la industria nacional a favor de la extranjera. Si el planteo consistiera en sustituir el IVA por el IMESI, seguramente la industria también estaría a favor, sin embargo, de lo que está en contra -como cualquiera que cumple determinada actividad- es de que le aumenten el nivel total de imposición. Al respecto, señor Presidente, señalo que la presión tributaria actual del IMESI -que tiene una manera particular de ser calculado, sobre la base de un precio ficto y sobre el precio final de venta al público- hoy es del orden del 60%. Esto significa una recaudación del orden de los U$S 80:000.000 y supone en forma directa por efecto del IVA una recaudación potencial de U$S 30:300.000, tomando la del 2003, y con lo que se pueda descontar estará dando unos U$S 27:000.000 o U$S 28:000.000 de ingreso neto. Por otra parte, el Poder Ejecutivo tendrá que regular lo relativo al IMESI que se cobra sobre los cigarrillos de los "free shops", que también deberían ser afectados por algún ingreso adicional para mantener la paridad y evitar un problema.

Nos pareció razonable, entonces, que en los productos que señalaron los señores Senadores preopinantes, de notorio consumo básico para la población, los cuatro puntos de IVA que se bajan tienen una recaudación similar en estado estático al que se ha planteado. ¿Qué se dice en contrario? Se dice que es probable que al aumentar la presión tributaria haya una mayor propensión al informalismo. Quiero señalar tres cosas. Ese riesgo existe siempre que uno sube las tasas y no se puede negar. Frente a él, el primer argumento que nos lleva a tomar igual riesgo es el que ya señalaba el señor Miembro Informante. Tomando como base enero de 2003, la evolución del IPC a junio de 2004, fue de 14.1% y la evolución del IPC de tabacos, o sea del precio de tabaco al público, subió el 33.3%. Quiere decir que ha habido un incremento, aun en términos corrientes del 33% del precio de los tabacos y aun en términos constantes del 14% y 15%. Pese a ello la recaudación subió un 24.8% en términos corrientes, lo que significa que creció en todos los términos, aun deflactada por IPC y aun más que en los últimos meses, en el último trimestre, que la propia suba de los cigarrillos.

En consecuencia, señor Presidente, el aumento significativo de los precios de venta al público de los cigarrillos no necesariamente produjo una disminución de la recaudación, sino que esta aumentó por variados factores, a saber el control y la relación de precios del Uruguay con Brasil, como señala un estudio de Alejandro Ramos hecho años atrás para el Ministerio de Salud Pública, que es más relevante que la presión tributaria. Además, al fin y al cabo pasar del 60% sobre el precio final a más del 70% a que llegaría con el IVA, no es una diferencia tan sustantiva como para permitirnos suponer que va a pasar algo distinto de lo que acaba de pasar con el aumento de precios dispuesto por los fabricantes. No hay elementos que permitan afirmar un automatismo en la caída de la recaudación. Por eso nos atrevemos a decir que en el estado inicial este proyecto está autofinanciado y, por lo tanto, lo entendemos viable. En ese sentido, creo que la señal de gravar algo que genera tanto daño a la salud -todos saben que estoy entre las seguras víctimas de este asunto- a favor de los alimentos básicos, es una línea de trabajo que tenemos que seguir. ¿Qué es lo peor que puede pasar, por lo que no me parece aceptable un argumento de constitucionalidad o de falta de financiamiento? Como tendencia, pueden pasar dos cosas. Por un lado, que el impacto inicial sobre el precio de la canasta básica demore en traducirse, aunque sin saber en qué tiempo -días, semanas o meses- van a ser U$S 28:000.000 menos de impuestos sobre los alimentos básicos, de modo que se va a traducir en una baja. Además, es probable que el aumento sostenido de los precios, sumado a medidas de fiscalización, tienda a una disminución del consumo. En fin, es a lo que nos acabamos de obligar. Puede ser que en el mediano o largo plazo la suma de las dos recaudaciones, o sea una mejora en los ingresos de la población, lleve a consumir más alimentos de la canasta básica y un castigo en el precio lleve a consumir menos cigarrillos.

Puede ser que en dos, tres o cuatro años esta cuenta sí llegue a cerrar, ¡qué bueno que sería! Aunque no fue el origen del proyecto, he descubierto que, tal vez lo más importante que tiene es cuidar de la salud de los uruguayos. Esto sería a través de un instrumento, con el que prácticamente todos los países del mundo han coincidido en su eficacia, que es aumentar la presión tributaria. Todos los países tienen problemas de evasión.

Quiero observar algunos elementos importantes. En primer lugar, la Philip Morris acaba de hacer un convenio con la Comunidad Europea donde reconoció U$S 1.000:000.000 por haber contribuido al contrabando hacia la Unión Europea. Esas cosas tan fantásticas que pasan en los juzgados o en los juicios colectivos. Por otra parte, el estudio de Alejandro Ramos señala que Canadá, convencido tal vez de que la curva de Lafer estaba por debajo de menos 1 -esto es que la baja del impuesto traía mejoras a la recaudación. Hasta 1 empata, menos de 1 mejora la recaudación y si es más, mejora bajando el precio-, lo intentó, fumaron más, recaudaron menos y en la actualidad este país tiene más impuestos que Estados Unidos. Hace poco un colega preguntó en un viaje el valor de una cajilla de cigarros y le dijeron que estaba alrededor de U$S 7, cuando hace cinco años costaba menos de U$S 1.

Por lo tanto, el tema de aumentar la presión tributaria para contribuir sostenidamente a la disminución del consumo de tabaco como política central de la prevención del vicio de fumar, lo suscribió el Gobierno y se votó por mayoría en ambas Cámaras muy recientemente, por lo que creo que esa es una línea de trabajo que ya laudamos y ahora la estamos ejecutando. Esto no es para aumentar gastos ni para pagar deudas sino para aliviar la presión tributaria en algo que todos sentimos que sería positivo hacer más; si lo pudiéramos bajar al 7 bienvenido, y si lo pudiéramos bajar a 0, mejor todavía. Esto es hasta donde da, pero por lo menos es un paso, me parece, en la buena dirección de ir mejorando y volviendo a retomar esa vieja vocación uruguaya de país que cuida a su gente, en el que todos nos sentimos clase media, si podemos, y hay que remar para ahí. La crisis nos pegó muy fuerte en ese ideal tan criollo, pero hay que seguir remando. Todo lo que se pueda hacer, y ojalá sea con política de Estado, bienvenido sea, las que propongamos o las que propongan otros.

Tengo gran respeto por quienes tienen dudas legítimas de problemas de recaudación, es usual, está descrito, es un riesgo, aunque hemos tomado riesgos peores. Riesgos bastante peores ha tomado la sociedad uruguaya y con convicción fuimos saliendo todos. Digo que de todos los riesgos lo peor que puede pasar es que, tal vez, se consuman menos cigarrillos y con ello estaremos logrando cuidar la salud.

SEÑOR DE BOISMENU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DE BOISMENU.- Señor Presidente: quiero señalar que voy a votar afirmativamente este proyecto de ley. Me considero un utilizador pasivo del elemento sobre el que estamos discutiendo y sin derecho a quejarme después del daño que he causado en mi vida al entorno. Debo decir que vivo gracias a los médicos uruguayos y a la ayuda que tiene el Uruguay en el Fondo Nacional de Recursos. Este Fondo debe atender enfermedades derivadas del elemento que hoy está en discusión, en desmedro de atender otro tipo de enfermedades. Desde el punto de vista de la salud, tengo la obligación de acompañar con mi voto afirmativo este proyecto de ley, pensando en que los demás no se encuentren en situaciones parecidas a las que tuve que sufrir y mirando al compañero de mi diestra.

Por lo expuesto, digo que voy a votar con total convencimiento este proyecto de ley.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Sin ánimo de establecer una polémica, simplemente para que conste en la versión taquigráfica, quiero decir que comparto la mayoría de las cosas que se han dicho acá por parte de quienes son partidarios de este proyecto de ley. Le ahorro al Cuerpo escuchar por cuarta o quinta vez las razones por las cuales no lo voy a votar. Si bien son muy atendibles y creo que lo mejor que tiene este proyecto de ley es el destino de lo recaudado, también tengo la obligación de cuidar las fuentes de trabajo que se mantienen en pie en mi país. Reitero que esta es una de las industrias que emplea más gente; más de 17.000 personas con empleos calificados y una distribución descentralizada de sus trabajadores. No creo que sea la vía impositiva, que pone en peligro fuentes de trabajo importantes, la manera de solucionar estos temas de salud muy atendibles y respetables. Creo que el principal argumento a favor de este proyecto de ley consiste en un tema institucional, no se puede aprobar un convenio internacional y después no cumplirlo. Acá, hace pocos días, se votó un convenio internacional que apuntaba de una manera muy clara a la punición impositiva para disminuir el consumo del tabaco. Entonces, no puede votarse este convenio y luego no cumplirlo. Personalmente tengo autoridad moral para hacerlo porque he votado en contra del Convenio y, por lo tanto no estoy condicionado por su cumplimiento. Por lo tanto, coherente con lo que dije en aquel momento y ahorrándo-les las palabras que pronuncié, voté en contra del convenio -que para mí es el argumento más fuerte porque si hay un convenio hay que cumplirlo-, voto en contra de este proyecto de ley y, si bien se ponen en peligro importantísimas y descentralizadas fuentes de trabajo que están haciendo falta en el Uruguay, me congratulo con el destino de lo recaudado.

SEÑOR HERRERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HERRERA.- En la mañana de hoy hicimos una reunión de Bancada de Senadores del Partido Colorado y no obtuvimos unanimidad para el tratamiento de este tema y expresamente resolvimos que cada uno actuara de acuerdo a su criterio. No me voy a extender en el tema, simplemente quiero decir que comparto el propósito del proyecto de buscar que se fume menos. Está bien; el proyecto intenta que se baje el IVA básico aplicado al literal a) de la canasta básica, lo compartimos, obviamente. Sin embargo, nuestra discrepancia está en la herramienta ya que creemos no es la adecuada para obtener ninguno de los dos propósitos. En general, la gente no deja de fumar por el aumento del precio del cigarrillo -lo señalaba el señor Senador Atchugarry hace un rato- y éste no significó un obstáculo para muchos fumadores pero para otros que sí fue un obstáculo se deslizaron al consumo del negocio informal. Entonces, el aumento de precio del tabaco hará que unos sigan pagando más y un porcentaje mayoritario pasará a fumar cigarrillos de contrabando que tampoco cumplen con el convenio que hemos ratificado y que pide especial atención de las autoridades nacionales de cada país en cuanto al origen, control de producción y de calidad del producto que surge del tabaco. Por lo tanto, creemos que no es una herramienta adecuada.

Por otro lado, nos parece difícil que esos cuatro puntos porcentuales lleguen al consumidor, fundamentalmente a través de las ventas que se hacen en los almacenes, donde muchas veces se venden productos fraccionados. Pensamos que esto poco influirá en el almacenero y nada en el consumidor.

Entonces, sin darle mayor importancia, queremos señalar que compartimos la intención, pero discrepamos en cuanto al instrumento y adelantamos que no vamos a votar este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-18 en 22. Afirmativa.

La Presidencia deja constancia de que ha votado afirmativamente este proyecto de ley por razones de justicia tributaria y por creer -como también lo creen varios señores Senadores- que es imprescindible cumplir con el convenio marco de control antitabaco.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Deseo fundamentar mi voto porque me sentí muy representado por la intervención realizada por varios señores Senadores, especialmente por la exposición del señor Miembro Informante. Quiero decir que he votado este proyecto de ley por dos o tres razones muy importantes desde mi punto de vista, dejando de lado el tema del contrabando y del vicio social que hay que combatir.

Recientemente, una medida administrativa para la cual estaban facultados el señor Ministro de Economía y Finanzas y el Gobierno, derogó los últimos tramos del adicional del IRP que se aplicaba a aquellos sueldos que superaban los 15 Salarios Mínimos, de acuerdo con las tasas que aún quedaban. Obviamente, a mi entender, se cumplió con lo expresado en el sentido de que se trataba de un impuesto transitorio y necesario. Sin embargo, desde el punto de vista del mercado interno y de la capacidad adquisitiva, así como de los ingresos que percibe la población uruguaya, este proyecto de ley que rebaja del 14% al 10% el impuesto que grava el consumo de este tipo de productos de la canasta familiar, es mucho más determinante que la medida anterior. Por lo tanto, creo que aquí estamos dando una señal política en el sentido de que el IVA, sobre todo aplicado a los artículos de primera necesidad, no tiene que ser tan elevado y que ello incide, evidentemente, en la capacidad de compra, en los ingresos de una gran cantidad de población y en el consumo masivo de estos artículos. En consecuencia, desde mi punto de vista estamos ante un instrumento tributario muy importante.

Por otra parte, creo que a las empresas nacionales esto no les afecta en la misma proporción en lo que tiene que ver con el costo -aunque sí incide en mayor grado en el costo de los cigarrillos-, en la medida en que éstas, al pasar a ser contribuyentes de este tributo, obviamente se van a beneficiar por el descuento de IVA en las compras. Esto no sólo les va a permitir bajar los costos sino que, además, teóricamente la incidencia en el precio tiene que ser mucho menor que lo que va a influir en el precio final.

SEÑOR CARVALHO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARVALHO.- Señor Presidente: como firmante de este proyecto de ley, lo acompañé convencido de sus bondades, a lo que se agrega el hecho de que pensamos que no hacemos otra cosa que cumplir con el compromiso asumido por el país entero -naturalmente que con el voto del Senado- pocos días antes, al aprobar el convenio marco internacional propuesto por la Organización Mundial de la Salud.

Creo que la aprobación de esta ley sería una señal positiva en varios sentidos y simplemente quiero dejar constancia de un aspecto que ha estado planeando sobre el debate y que, en mi opinión, es importante. Rechazo frontalmente, y lo he hecho también con mi voto favorable al proyecto, el argumento de que aumentando el gravamen o aplicando el IVA sobre el consumo de tabacos y cigarrillos estemos incrementando el fenómeno del contrabando y del informalismo. Creo que este fenómeno existe desde hace mucho tiempo y entiendo que obedece a la existencia de redes de delito organizado que operan en nuestro país, no sólo sobre tabacos y cigarrillos, sino también con relación a otros productos de amplio consumo. Pienso que las medidas adecuadas para combatir el delito organizado en este tipo de redes consiste en la aplicación de la ley por parte de los cuerpos encargados de hacerlo, léase las dependencias policiales dependientes del Ministerio del Interior y de la Dirección Nacional de Aduanas, con la intervención que corresponda del Poder Judicial.

Confío que en el futuro la eficacia de este tipo de reparticiones y la autoridad de los magistrados logre evitar -como se debió haber hecho desde hace mucho tiempo- la acción de este tipo de redes de delito organizado, más allá de que se nos haya dicho que aumentarán considerablemente su actividad y beneficios a causa de la ley que estamos votando, criterio que no comparto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a la discusión particular.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Formulo moción para que se vote en bloque el proyecto de ley y, tal como me acota el señor Senador Couriel, para que también se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 22. Afirmativa.

Se va a votar en bloque el articulado del proyecto de ley.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 22. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

SEÑOR CID.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Simplemente para dejar constancia de que estábamos presentes en la votación de este proyecto de ley y lo acompañamos en el entendido de que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los dos instrumentos válidos para abatir la epidemia del consumo del cigarrillo son el valor o el costo que tiene este producto y la propaganda. Creo que estamos en una buena línea de trabajo y, por lo tanto, me congratulo de esta iniciativa porque, en definitiva, va a comenzar un proceso de abatimiento del consumo que tanto impacto sobre la salud pública tiene. Este Cuerpo hace bien emprendiendo este trabajo, porque los efectos prevenibles sobre la salud deben ser corregidos en la medida en que los Cuerpos legislativos lo entiendan necesario.

Por todo esto apoyo fervientemente este proyecto de ley.

18) JORGINHO GULARTE. PENSION GRACIABLE

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta del resultado de la votación correspondiente a la pensión graciable a conceder al señor Jorginho Gularte.

"Han sufragado 21 señores Senadores; todos lo han hecho por la afirmativa".

SEÑOR PRESIDENTE.- Por lo tanto el resultado es: Afirmativa. Unanimidad.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"Artículo 2º.- La erogación resultante será atendida por Rentas Generales."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

19) PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se fortalece el sistema de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. (Carp. Nº 1323/04 - Rep. Nº 885/04)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1323/04

Rep. Nº 885/04

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones que, en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos tipificado en los artículos 54 y siguientes del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 -incorporados por el artículo 5º, de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1988, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 17.343, de 25 de mayo de 2001- y de prevenir asimismo el delito tipificado en el artículo 17 de la presente ley.

La información deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, en la forma que éste reglamentará.

El incumplimiento de la obligación de informar determinará la aplicación, según las circunstancias del caso, de las sanciones y medidas administrativas previstas en el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con la redacción dada por la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

Artículo 2º.- También estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior los casinos, las empresas que presten servicios de transferencia o envío de fondos, las inmobiliarias, las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de arte y metales preciosos, así como las personas físicas o jurídicas que, a nombre y por cuenta de terceros, realicen transacciones financieras o administren, en forma habitual, sociedades comerciales cuando éstas no conformen un consorcio o grupo económico.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria, los requisitos que deberán cumplir los sujetos obligados por el registro de transacciones, para el mantenimiento de los respectivos asientos y para la debida identificación de los clientes.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo determinará la aplicación por parte del Poder Ejecutivo de una multa mínima de 1.000 UI (mil Unidades Indexadas) y una multa máxima de 20:000.000 UI (veinte millones de Unidades Indexadas), según las circunstancias del caso, la conducta y volumen de negocios habituales del infractor, y previo informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay.

Artículo 3º.- La comunicación será reservada. Ningún obligado podrá poner en conocimiento de las personas participantes las actuaciones e informes que sobre ellas realicen o produzcan en cumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 1º, 2º y 18 de la presente ley.

Una vez que recibe el reporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero instruirá a quien lo haya formulado respecto de la conducta a seguir con respecto a las transacciones de que se trate y a la relación comercial con el cliente.

Artículo 4º.- El cumplimiento de buena fe de la obligación de informar prevista en los artículos 1º, 2º, 5º y 18, en tanto se ajuste a los procedimientos que al respecto establezca el Banco Central del Uruguay o el Poder Ejecutivo en su caso, por constituir obediencia a una norma legal dictada en función del interés general (artículo 7º de la Constitución) no configurará violación de secreto o reserva profesional ni mercantil. En consecuencia, no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa ni de ninguna otra especie.

Artículo 5º.- La Unidad de Información y Análisis Financiero estará facultada para solicitar informes, antecedentes y todo elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a los obligados por esta ley y a todos los organismos públicos, los que se encontrarán obligados a proporcionarlos dentro del término fijado por la Unidad, no siéndole oponibles a ésta disposiciones vinculadas al secreto o la reserva.

El obligado o requerido no podrá poner en conocimiento de las personas involucradas las actuaciones e informes que sobre ellas realice o produzca en cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 6º.- La Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir a las instituciones sujetas al control del Banco Central del Uruguay para que impidan, por un plazo de hasta setenta y dos horas, la realización de operaciones que involucren a personas físicas o jurídicas respecto de las cuales existan fundadas sospechas de estar vinculadas a organizaciones criminales relacionadas con los delitos cuya prevención procura la presente ley. La decisión deberá comunicarse inmediatamente a la Justicia Penal competente, la cual, consideradas las circunstancias del caso, determinará si correspondiere, sin previa notificación, la congelación de los activos de los partícipes.

Artículo 7º.- Sobre la base del principio de reciprocidad, el Banco Central del Uruguay, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, podrá intercambiar información relevante para la investigación del delito de lavado de activos con las autoridades de otros Estados que ejerciendo competencias homólogas los soliciten fundadamente. Con esa finalidad podrá, además, suscribir memorandos de entendimiento.

Para este efecto sólo se podrá suministrar información protegida por normas de confidencialidad si se cumplen los siguientes requisitos:

a) la información a brindarse deberá ser utilizada por el organismo requirente al solo y específico objeto de analizar los hechos constitutivos del lavado de activos originados en delitos precedentes que estén incluidos en el artículo 8º de la presente ley;

b) respecto a la información y documentación que reciban, tanto el organismo requirente como sus funcionarios deberán estar sometidos a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para la Unidad de Información y Análisis Financiero y sus funcionarios;

c) los antecedentes suministrados sólo podrán ser utilizados en un proceso penal o administrativo en el es-tado requirente, previa autorización de la Justicia Penal del país requerido que se otorgará de acuerdo con las normas de cooperación jurídica internacional.

Artículo 8º.- Los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 -incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998- se configurarán también cuando su objeto material sean los bienes, productos o instrumentos provenientes de delitos tipificados por nuestra legislación vinculados a las siguientes actividades: terrorismo; contrabando superior a U$S 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América); tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; tráfico ilícito de personas; extorsión; secuestro; proxenetismo; tráfico ilícito de sustancias nucleares; tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos; estafa, cuando es cometida por personas físicas o representantes o empleadores de las personas jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay en el ejercicio de sus funciones; y todos los delitos comprendidos en la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

En los casos previstos en el presente artículo serán aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 58 a 67 y 71 a 80 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998.

Las disposiciones del presente artículo regirán aun cuando el hecho antecedente origen de los bienes, productos o instrumentos hubiera sido cometido en el extranjero, en tanto el mismo hubiera estado penado en el lugar de su comisión y en la República Oriental del Uruguay.

Artículo 9º.- Con fines de investigación, a requerimiento del Jefe de Policía Departamental que correspondiere o del Ministro del Interior, el Juez Penal competente podrá autorizar la circulación y entrega vigilada de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios, sustancias tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos, precursores u otra sustancia prohibida, por resolución fundada, bajo la más estricta reserva y confidencialidad.

Artículo 10.- Para adoptar estas medidas el Juez deberá tener en cuenta en cada caso concreto, su necesidad a los fines de la investigación, según la importancia del delito, las posibilidades de vigilancia y el objetivo de mejor y más eficaz cooperación internacional.

Artículo 11.- Por entrega vigilada se entiende la técnica de permitir que remesas ilícitas o sospechosas de sustancias prohibidas (Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 y Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998), o de sustancias por las que se hayan sustituido las anteriormente mencionadas, o de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios, entren, transiten o salgan del territorio nacional, con el conocimiento y bajo la supervisión de las autoridades competentes, con el propósito de identificar a las personas y organizaciones involucradas en la comisión de los delitos referidos o con el de prestar auxilio a autoridades extranjeras con ese mismo fin.

Artículo 12.- Las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado, podrán ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas, o habiéndose retirado o sustituido total o parcialmente las sustancias ilícitas que contengan.

Artículo 13.- Elévase la pena para los delitos tipifica-dos en los artículos 54 y 55 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, a penitenciaría con un mínimo de dos años y un máximo de quince años.

Artículo 14.- Decláranse de naturaleza terrorista los delitos que se ejecutaren con la finalidad de causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, puesto de manifiesto por su naturaleza o su contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

Artículo 15.- Cuando la finalidad o los medios enunciados en el artículo anterior no constituyan elementos del delito, la pena prevista legalmente para la respectiva figura se elevará en dos tercios en su mínimo y en su máximo.

Artículo 16.- El que organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente proveyere o recolectare fondos con la intención que se utilicen, o a sabiendas que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar las actividades delictivas descritas en el artículo 15 de la presente ley, aun cuando ellas no se desplegaren en el territorio nacional, será castigado con una pena de tres a dieciocho años de penitenciaria.

Artículo 17.- Las instituciones de intermediación financiera deberán informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay la existencia de bienes vinculados a personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

a) haber sido identificadas como terroristas o pertenecientes a organizaciones terroristas, en las listas de individuos o entidades asociadas confeccionadas por la Organización de las Naciones Unidas;

b) haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera.

Artículo 18.- Una vez recibida la información mencionada en el artículo anterior, la Unidad de Información y Análisis Financiero bajo su responsabilidad podrá instruir a la institución denunciante para impedir la realización de operaciones que involucren a los sujetos identificados, procediéndose de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la presente ley.

Artículo 19.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay que transporten dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a U$S 10.000, (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) deberán comunicarlo al Banco Central del Uruguay en la forma en que determinará la reglamentación que éste dicte.

Toda otra persona que transporte dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a U$S 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América), deberá declararlo a la Dirección Nacional de Aduanas en la forma que determinará la reglamentación.

El incumplimiento de esta obligación determinará la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo primero de la presente ley a los sujetos comprendidos en el inciso primero del presente artículo; y de las sanciones establecidas en el artículo segundo de esta ley para los sujetos comprendidos en el inciso segundo de este artículo.

Artículo 20.- Las personas físicas o jurídicas que actuando desde nuestro país presten servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos relacionados directamente con la gestión de negocios de personas físicas o jurídicas que, en forma profesional y habitual, desarrollen actividades financieras en el exterior, deberán registrarse ante el Banco Central del Uruguay en condiciones que éste reglamentará, estableciendo taxativamente los tipos de actividad financiera alcanzados por la precitada obligación.

Artículo 21.- Autorízase al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia a disponer la transformación de Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal de la Capital y Fiscalías Letradas Nacionales en lo Penal en Oficinas Especializadas en los delitos previstos en la presente, en el Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 modifica-do por la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998 y en la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

Artículo 22.- Deróganse el artículo 30 de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998 y la Ley Nº 17.343, de 25 de mayo de 2001.

Sala de la Comisión, 2 de setiembre de 2004.

Alejandro Atchugarry, Miembro Informante; Danilo Astori, Edgardo Carvalho, Alberto Couriel, Julio Herrera, Manuel Núñez, Wilson Sanabria. Senadores.

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Deporte y Juventud

Montevideo, 13 de febrero de 2004.

Señor Presidente

de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a los efectos de remitirle el adjunto proyecto de ley de fortalecimiento del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

I.- REGULACION INTERNACIONAL DEL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO.

El lavado de activos es un fenómeno esencialmente transnacional. Para prevenirlo y combatirlo, la comunidad internacional ha desarrollado un verdadero sistema de control global, dirigido a evitar que, en un contexto de interconexión creciente, los distintos sectores de la economía mundial son utilizados por las organizaciones criminales para recubrir con apariencia de legitimidad, los capitales que obtienen de sus actividades ilícitas.

Paralelamente se viene llevando adelante una estrategia orientada a combatir el terrorismo internacional mediante la prevención y el control de su financiación. Tal estrategia se halla coordinada y fuertemente articulada con la lucha contra el lavado de activos.

Este sistema de control global se ha constituido en torno a los organismos e instrumentos internacionales que pasamos a indicar.

1) LA ONU

El papel de la Organización de las Naciones Unidas en materia de lavado de activos se desempeña a partir de cuatro elementos básicos.

* La Convención de Viena de 1988 (Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas). Establece la obligación de los Estados partes de tipificar el delito de lavado de activos como delito grave vinculado al narcotráfico, a la vez que exige cooperación internacional en materia penal, que incluye la extradición, el decomiso y la asistencia judicial recíproca.

* La Convención de Palermo de 2000 (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional). Contiene disposiciones tendientes a la penalización del lavado de activos procedentes de un amplio número de delitos anteriores, así como otras normas de prevención y control.

* La Declaración Política y el Plan de Acción adoptados por la Asamblea General en junio de 1998, que subraya la importancia de fortalecer la cooperación internacional, regional y subregional para el combate del lavado de activos, y recomienda a los Estados que establezcan programas nacionales en la materia que incluyan la penalización del lavado de activos provenientes de delitos graves, la identificación, la congelación, la incautación y el decomiso del producto del dinero, un método adecuado de prevención en el sistema financiero, el reporte de operaciones sospechosas, el intercambio efectivo de información nacional e internacional, etcétera.

* El Programa Mundial contra el Lavado de Dinero                                                                     

El Programa Mundial contra el lavado de Dinero funciona en el ámbito de la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas y Prevención del Delito. A través de este Programa, las Naciones Unidas ayudan a sus Estados Miembros a incorporar legislación contra el lavado de activos y a desarrollar y mantener mecanismos adecuados para combatir este delito.

Asimismo, la ONU ha aprobado diversos instrumentos con la finalidad de combatir las actividades terroristas, entre los que se destacan el "Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo" y el "Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas".

2) EL GAFI-FATF

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el lavado de activos (Financial Action Task Force) es un organismo internacional creado en 1989 por el grupo de los siete países más industrializados (G7), en su 15ª Cumbre anual en París, a efectos de elaborar y promover medidas para combatir el lavado de activos.

Actualmente está integrado por más de treinta países y dos organismos internacionales: la Comisión Europea y el Consejo de la Cooperación del Golfo.

El GAFI ha desarrollado cuarenta recomendaciones que constituyen el estándar mundial, modelo internacionalmente aceptado como el conjunto de reglas adecuadas para la prevención y el control del lavado de activos.

El organismo realiza exámenes periódicos de sus miembros con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las Cuarenta Recomendaciones.

Tales exámenes se realizan en la forma de ejercicios anuales de autoevaluación y de evaluaciones mutuas periódicas de sus miembros.

También se evalúa a países y territorios que no integran la organización a los efectos de identificar a aquellos que, de acuerdo con los veinticinco criterios definidos por el organismo a tales efectos, se consideran "no cooperativos" en la lucha internacional contra el lavado de activos, los cuales pasan a formar parte de las comúnmente denominadas "listas negras" de paraísos financieros.

Los países miembros del GAFI pueden adoptar medidas en el plano económico y financiero que impliquen graves consecuencias para los países que son incluidos en la mencionada lista.

En el año 2001 el GAFI aprobó ocho recomendaciones especiales contra el financiamiento del terrorismo.

3) El Comité de Basilea.

El Comité de Basilea sobre Reglas y Prácticas de Control de las Operaciones Bancarias, integrado por representantes de los bancos centrales del Grupo de los diez países más industrializados, ha emitido una serie de documentos en los cuales ha establecido un conjunto de principios dirigidos a las instituciones financieras tendientes a impedir su utilización para la legitimación de activos de origen delictivo.

4) La Comunidad Europea.

A nivel de la Unión Europea existe la Convención sobre el Blanqueo, Identificación, Embargo y Decomiso de Beneficios Económicos Derivados del Delito, aprobado por el Consejo de Ministros en setiembre de 1990 y abierto a la firma el 18 de noviembre de 1990, de contenido, terminología y sistemática similares a la Convención de Viena, aunque con un alcance más amplio en tanto se contemplan otros delitos precedentes además del narcotráfico.

Asimismo, el Consejo de las Comunidades Europeas emitió una directiva con fecha 10 de junio de 1991 sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales. Esta norma obliga a los Estados miembros de la CE a armonizar sus legislaciones internas, impulsando la puesta en práctica de los principios consagrados en la Convención antes mencionada.

5) El Grupo de Acción Financiera de Sud América (GAFISUD)

El Grupo de Acción Financiera de sudamérica (GAFISUD) se constituyó en diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, como organismo intergubernamental regional similar al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con la finalidad de llevar adelante la estrategia contra el lavado de activos en América del Sur.

Desarrolla sus objetivos mediante ejercicios de evaluación mutua entre los países miembros y actividades de capacitación y apoyo a los esfuerzos de fortalecimiento institucional de los mismos.

Uruguay desempeñó un papel fundamental en la creación de este Grupo y sigue desempeñándolo en su desarrollo.

6) CICAD/OEA

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) dependiente de la Organización de Estados Americanos posee una Unidad de Control de Lavado de Activos de carácter permanente y un Grupo de Expertos integrado por delegados de los países miembros de la Organización, que se reúne en forma anual.

La CICAD aprobó, en 1992, un "Reglamento Modelo Americano sobre Delitos de Lavado relacionado con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros Delitos Graves", en sintonía con la Convención de Viena de 1988 y desarrollando sus principios.

Asimismo, implementó un Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) que analiza en forma anual los avances de los países del hemisferio en la lucha contra el uso indebido de drogas y en el combate de lavado de activos.

También en el ámbito de la OEA se ha aprobado una "Convención Interamericana contra el Terrorismo", que prevé medidas para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo.

7) La Cumbre de las Américas.

La Conferencia Ministerial de la Cumbre de las Américas emitió un comunicado relativo al lavado de dinero e instrumentos del crimen en diciembre de 1995.

8) El Grupo EGMONT

El Grupo Egmont es una institución de carácter informal que reúne a las Unidades de Análisis Financiero de los distintos países, promueve la implementación de tales uni-dades en aquellos países que no la tienen, y el intercambio de información por vía administrativa entre las mismas.

9) Los Organismos Multilaterales de Crédito (FMI, BANCO MUNDIAL, BID). En la estrategia global contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, a partir de 2002 el FMI y el BM han asumido un papel protagónico que implica la participación de ambos organismos en los procesos de evaluación y en la generación de estándares en la materia. Se ha elaborado una metodología conjunta de evaluación que comenzó a ser aplicada a partir del año 2003 y que implica la realización de evaluaciones en coordinación con GAFI y organismos regionales a su estilo.

Esto determina un drástico cambio de eje en relación a los máximos referentes políticos a nivel internacional vinculados a la lucha contra el lavado de activos que representa, a su vez, una obvia centralización y clarificación del sistema de "premios y castigos". Asimismo, es notoria la creciente presencia del BID en este tema, mediante el financiamiento de actividades de capacitación y de fortalecimiento institucional en el hemisferio, en conjunción con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA).

II.- ANTECEDENTES JURIDICOS Y NORMATIVA VIGENTE

El Uruguay ha venido transitando un proceso ten-diente a alcanzar los estándares internacionales en materia de prevención y control del lavado de activos. Dicho proceso ha estado jalonado, entre otros elementos, por la aprobación de un conjunto de normas legales y reglamentarios, mediante las cuales se ha tipificado el delito de lavado de activos vinculado al narcotráfico y otros delitos graves, se han establecido mecanismos de cooperación jurídica internacional en la materia y se han estatuido obligaciones a cargo de instituciones financieras, que se refieren al conocimiento del cliente, el registro de las transacciones, la designación de oficiales de cumplimiento normativo y el deber de reportar operaciones sospechosas.

I) Normas legales

La Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, que tipificó el delito de lavado de activos provenientes de actividades vinculadas con el tráfico ilícito de estupefacientes -posteriormente modificada para incluir el lavado de activos provenientes de otros delitos- establece que las instituciones de intermediación financiera, las casas de cambio y en general todas las personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay deberán ajustarse a los reglamentos que en la materia dicten el Poder Ejecutivo y el Banco Central. Establece que el incumplimiento de tales reglamentos dará lugar a la aplicación de sanciones de acuerdo con el régimen vigente.

La Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998 (Corrupción Administrativa), en su artículo 30, tipifica como "blanqueo de dinero" la obstaculización de "la identificación del origen, la investigación, la incautación o la confiscación del dinero u otros valores patrimoniales a sabiendas que provienen de alguno de los delitos" previstos en dicha ley.

La Ley Nº 17.343, de 25 de mayo de 2001 amplió el elenco de delitos predecesores del lavado ilícito de activos, agregando -al narcotráfico y delitos conexos y la corrupción administrativa- el terrorismo, el contrabando superior a U$S 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América), el tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción, el tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos, el tráfico ilícito de personas, la extorsión, el secuestro, el proxenetismo, el tráfico ilícito de sustancias nucleares y el tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos.

2) Decretos del Poder Ejecutivo

Decreto 82/001 de 8/3/001 - Creó el Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos, en la órbita de la Junta Nacional de Drogas, con el cometido de coordinar y ejecutar, en forma permanente, programas de capacitación en materia de prevención y control del lavado de activos para el personal de las entidades bancarias públicas y privadas y las demás instituciones o empresas sujetas al control del BCU, los operadores del derecho en materia de prevención y represión de las actividades previstas en la mencionada ley: Jueces, Actuarios y funcionarios del Poder Judicial, Fiscales y Asesores del Ministerio Público y Fiscal, funcionarios del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa Nacional, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Relaciones Exteriores, etc.

Decreto 139/001 de 26 de abril de 2001.- Estableció que cuando se solicite cooperación jurídica internacional vinculada al narcotráfico o al lavado de activos que requiera el levantamiento del secreto bancario o medidas de confiscación o inmovilización de depósitos bancarios, el Ministerio Público y Fiscal debe requerir del Banco Central del Uruguay informe fundado sobre la pertinencia de la medida, así como de la urgencia de la misma.

3) Nomas bancocentralistas

El Banco Central del Uruguay, haciendo uso de su facultad regulatoria, dictó una serie de normas de prevención para evitar la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas. A continuación se exponen, en forma resumida, las principales medidas adoptadas en relación a la prevención y detección del lavado de activos, las que tienen su origen en el año 1991 y han sido reforzados fundamentalmente a partir de octubre de 2000:

* Políticas y procedimientos de prevención: todas las personas físicas y jurídicas supervisadas por el Banco Central del Uruguay deben.

a) establecer políticas y procedimientos que les permitan prevenir y detectar operaciones que puedan estar relacionadas con la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas;

b) establecer políticas y procedimientos que aseguren un alto nivel de integridad del personal de la institución y permitan su permanente capacitación en la materia;

c) establecer Base de Datos centralizada: desde el año 1991, las instituciones financieras sujetas al control del Banco Central del Uruguay están obligadas a mantener una Base de Datos en la que se registran determinados tipos de transacciones en efectivo por importes mayores a U$S 10.000, identificando, además, a las personas físicas o jurídicas que las efectúan;

d) reportar transacciones sospechosas: la Circular 1.722 de 22 de diciembre de 2000 consagra la obligación de reportar operaciones sospechosas o inusuales para todas las personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay. Adicionalmente, las reglamentaciones de los distintos sectores financieros supervisados por el Banco Central del Uruguay han establecido los requisitos que deben cumplir los diversos tipos de entidades controladas, tomando en cuenta la operativa que están autorizadas a desarrollar y los riesgos de cada caso: Circulares 1.713, 1.731, 1.738 de la Superinten-dencia de Instituciones de Intermediación Financiera, Circular 1.737 del Area de Mercado de Valores, Circulare 55 y 60 de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, Circular 1.756 de la División Control de AFAP.

Lo enumerado en los apartados anteriores se completa con el funcionamiento de:

e) la Unidad de Información y Análisis Financiero: para el desarrollo de las actividades vinculadas con la prevención del lavado de activos, el Banco Central del Uruguay cuenta con una Unidad de Información y Análisis Financiero. Entre sus competencias se destaca la recepción, solicitud, análisis y remisión a la Justicia competente, cuando corresponda, de información referida a transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud. En materia de supervisión, las actividades de la Unidad incluyen también el desarrollo de inspecciones de cumplimiento, cuyo objetivo consiste en evaluar el sistema de prevención implementado por las instituciones;

f) La Guía de Transacciones sospechosas: El Banco Central del Uruguay, con el objetivo de colaborar en la detección de patrones sospechosos o inusuales en el comportamiento de los clientes habituales u ocasionales de los sujetos obligados a informar, ha dictado una Guía de Transacciones sospechosas distribuida por Comunicación Nº 2002/198 de 4/11/002;

g) El régimen de autorización y habilitación de empresas de intermediación financiera: la Circular Nº 1.778 introduce modificaciones al citado régimen. Contiene, entre otras, normas que apuntan a identificar fehacientemente a los propietarios de las sociedades titulares de las empresas reguladas; nómina de accionistas y del personal superior que conforman la sociedad, acreditación de la cadena de accionistas hasta llegar al sujeto de derecho que ejerce el efectivo control del grupo; exigencia de que toda vez que se integre capital en las empresas de intermediación financiera, se deberá presentar ante la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera una declaración jurada en la que se justifique el origen legítimo de los fondos aportados. La Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera podrá solicitar información adicional a tal justificación.

4) Otras resoluciones.

Finalmente, por resolución del Ministerio del Interior, se creó la "Unidad de Investigación Patrimonial", en el ámbito de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, con la finalidad de incrementar la capacidad del personal policial en el área de investigación de los delitos de tipo económico, en especial del lavado de activos.

III.- EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL.

Si bien se han realizado notorios avances en la implementación del sistema anti-lavado a nivel interno, aún subsisten carencias que limitan el funcionamiento efectivo del mismo, a la vez que comprometen el mantenimiento de la línea de gestión que el Uruguay mantiene en orden a la debida cooperación internacional en la materia.

Por otra parte, las circunstancias externas vinculadas al tema han cambiado en los últimos años. Se ha intensificado la conciencia internacional respecto a la necesidad de desarrollar sistemas nacionales efectivos para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo, en el marco de una estrategia global fuertemente impulsada desde diversos ámbitos, entre los cuales se destaca la creciente participación en la indicada estrategia, de los principales organismos multilaterales de crédito: el FMI, el BM y el BID.

Como es notorios, a raíz del atentado terrorista del 11 de setiembre de 2001, la comunidad internacional ha desarrollado un conjunto de acciones tendientes a prevenir este tipo de actividades.

En tal sentido, el Consejo de Seguridad de la ONU ha dictado la Resolución 1373 que, entre otras medidas, obliga a los Estados Miembros a tipificar como delito el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de dicho crimen.

Por su parte, el GAFI-FATF ha elaborado nuevas recomendaciones en el mismo sentido, las cuales fueron recogidas por el GAFISUD.

En dicho contexto, se hace imprescindible realizar modificaciones legislativas que recojan la conciencia colectiva respecto a la intrínseca amoralidad de las actividades antisociales del lavado de activos ilícitos y los riesgos que de ellas se derivan; y que, al hacerlo, alineen al Uruguay en el debido cumplimiento de las recomendaciones internacionales en dichas áreas.

Para ello, es preciso aprobar una nueva ley de "Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo" que contenga:

a) Ampliación de los sujetos obligados por las normas de prevención y control del lavado de activos.

b) Exoneración de responsabilidad de los sujetos que, de buena fe, reportan operaciones sospechosas, establecimiento del deber de confidencialidad del reporte y sujeción a las instrucciones que brinde la Unidad de Información y Análisis Financiero luego de efectuada la denuncia.

c) Fortalecimiento de las potestades de la Unidad de Información y Análisis Financiero.

d) Ampliación del número de delitos precedentes al lavado de activos, incorporando la estafa, los delitos de corrupción en el régimen general de la Ley Nº 17.060, quiebra fraudulenta; insolvencia fraudulenta; los delitos previstos en los artículos 5º. (Insolvencia societaria fraudulenta) y 7º (Usura) de la Ley Nº 14.095, los delitos previstos en el Artículo 76 de la Ley Nº 2.230, de 1893, los delitos previstos en la Ley Nº 17.011, de 25 de setiembre de 1998 y los delitos previstos en la Ley Nº 17.616 de 10 de enero de 2003 cometidos contra la propiedad intelectual".

e) Incluir los delitos de corrupción administrativa en el tipo penal del lavado de activos tal cual se encuentra contemplado en la Ley Nº 17.016, unificando la definición del mismo con la aplicable a los restantes delitos precedentes.

f) Tipificación de los delitos del terrorismo y su financiación.

g) Mejora de los mecanismos de cooperación internacional para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

IV) PROYECTO DE LEY, ANALISIS DE SU CONTENIDO

El artículo primero consagra la obligación de informar operaciones sospechosas o inusuales para todas las personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay1 Con ello, se cumple lo establecido en la Recomendación 13 de GAFI-FATF, otorgándose rango legal a una obligación preexistente, incorporada por la Circular Nº 1722 del Banco Central del Uruguay al amparo de lo establecido en el Art. 71 del Decreto-Ley Nº 14.294 de 31 de octubre de 1974, cuyo sustento jurídico fue puesto en duda por diversos operadores del sistema financiero, lo que ha dificultado la aplicación práctica de la norma.

1 Las instituciones o empresas que realicen actividades de intermediación financiera, los Bancos de Inversión, las Casas de Cambio, las Compañías de Seguros, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, las Bolsas, Corredores o Intermediarios de Valores y las Administradoras de Fondos de Inversión.

Asimismo, se amplía el alcance de la obligación de reporte, agregándose el deber de informar a efectos de impedir el financiamiento del terrorismo. La razón para ello es obvia, ante la magnitud del flagelo terrorista en el mundo. Esta inclusión contemplará además, las disposiciones contenidas en la Recomendación Especial de GAFI-FATF sobre la financiación del terrorismo Nº IV. Cabe recordar, que en la normativa vigente, la obligación de comunicar sobre transacciones relativas a las actividades delictivas se refiere solamente al lavado de activos.

Por último, se aclara el desenvolvimiento de la obligación de informar para evitar que los sujetos obligados se restrinjan a aquellas transacciones que presentan clara conexión con ilícitos y se ponga acento en el carácter inusual de las mismas. De esta manera, se acompaña el recto criterio establecido en la cuarta recomendación contenida en el informe de evaluación de GAFISUD aprobado en el mes de mayo de 2002.

El artículo segundo amplía los sujetos obligados a informar operaciones sospechosas o inusuales, incorporando a los casinos, a las empresas que prestan servicios de transferencia o envío de fondos, las inmobiliarias, las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, de obras de arte y de metales preciosos, y a los abogados, escribanos, contadores y otras personas físicas o jurídicas que realicen transacciones financieras o participen en la administración de sociedades comerciales a nombre y por cuenta de terceros. Al ser una norma instrumental que necesariamente debe cubrir el más amplio de los aspectos posibles. Ese es el criterio hoy predominante. Incluso ha sido recogido en las Recomendaciones Nos. 12 y 16 de GAFI-FATF.

Cabe agregar que se recogen en este artículo las recomendaciones realizadas a nuestro país en el informe correspondiente a la primera evaluación mutua de GAFISUD y en el informe de la Segunda Ronda del Mecanismo de Evaluación Multilateral de la CICAD/OEA.

Las disposiciones contenidas en los artículos tercero y cuarto apuntan a superar las principales debilidades que reviste el actual sistema de reporte de operaciones sospechosas que, en gran medida, ha obstaculizado su funcionamiento. Los artículos de referencia cumplen cabalmente con la Recomendación Nº 14 de GAFI-FATF.

En este sentido, el artículo tercero establece que los sujetos obligados no podrán divulgar a las personas involucradas los informes o actuaciones que sobre ellas realicen en cumplimiento de la obligación de informar transacciones sospechosas.

Por su parte, el inciso segundo del citado artículo busca subsanar una insuficiencia de índole operativa del actual mecanismo de reporte, en la medida que se ha observado que los sujetos obligados presentan dudas respecto a qué curso de acción asumir cuando advierten una transacción sospechosa o inusual. Corresponde señalar, además, que la mencionada deficiencia mereció una observación por parte del equipo de evaluadores de GAFISUD.

El artículo cuarto consagra la exoneración de responsabilidad para las personas que cumplan de buena fe con la obligación de informar prevista en los artículos 1º y 2º, cumpliendo. Con ello se sigue la tendencia de todas las naciones que como Estados de Derecho combaten contra el lavado de activos. Esa tendencia ha inspirado la segunda recomendación formulada a nuestro país en el primer informe de evaluación mutua de GAFISUD, al amparo de lo establecido en la Recomendación Nº 14 de GAFI/FATF.

Asimismo, debe tenerse presente que la inclusión de una norma legal que brinde protección a los sujetos obligados resulta vital para lograr que el mecanismo de reporte y por ende, el sistema de prevención funcionen de manera satisfactoria.

El artículo quinto tiene como objetivo garantizar a la Unidad de Información y Análisis Financiero, que funciona en la órbita del Banco Central del Uruguay, el acceso a la información necesaria para el cumplimiento de sus cometidos. A tales efectos, se faculta a dicha unidad a solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el desarrollo de sus funciones.

Las disposiciones contenidas en el presente artículo, no sólo dan cumplimiento a lo establecido en la Recomendación Nº 26 de GAFI-FATF y a las recomendaciones formuladas por el equipo de evaluadores de GAFISUD, sino que contemplan uno de los aspectos básicos de la actividad de una Unidad de Inteligencia Financiera, garantizando el acceso a información proveniente de distintos registros u organismos.

El artículo sexto prevé la posibilidad de que la Unidad de Información y Análisis Financiero instruya a las instituciones sujetas a la supervisión del Banco Central del Uruguay para que se abstengan de realizar determinadas operaciones cuando las mismas involucren a personas físicas o jurídicas respecto de las cuales existan sospechas fundadas de estar vinculadas a la comisión de alguno de los delitos regulados en el proyecto.

El propósito de esta disposición es establecer un mecanismo que permita inmovilizar en forma ágil los fondos pertenecientes a las organizaciones delictivas. Ello desarrolla y fortifica la aplicación efectiva de las medidas previstas en los artículos 62 a 67 del Decreto-Ley Nº 14.294, incorporados por el Art. 5º de la Ley Nº 17.016. Asimismo, permite cumplir la Recomendación Nº 3 de GAFI/FATF. Dicho mecanismo consta de un procedimiento de tipo administrativo con efectos provisorios, seguido de una etapa jurisdiccional preceptiva, en concordancia con lo previsto en las normas legales antes mencionadas.

El artículo séptimo brinda las herramientas necesarias para que el Banco Central del Uruguay, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, pueda cooperar eficazmente en investigaciones de lavado de activos con autoridades de otros Estados que ejerzan competencias análogas, intercambiando información por la vía administrativa.

Es dable destacar que la cooperación internacional entre autoridades administrativas prevista en el presente artículo, que en términos generales se ajusta a los principios contenidos en la Recomendación Nº 40 de GAFI-FATF, se ajusta a nuestro orden jurídico, aplicando la tradicional conducta uruguaya de colaboración al estado actual de la tecnología y al cuadro fáctico que debe resolver el Derecho. En este sentido, el intercambio de información protegida por normas de reserva sólo podrá realizarse si se cumplen ciertos requisitos, destacándose que el organismo requirente podrá utilizarla únicamente en investigaciones vinculadas al delito de lavado de activos respecto de los delitos precedentes previstos en nuestra legislación. Asimismo, se establece que si el país requirente desea utilizar dicha información en un proceso penal y/o administrativo deberá efectuar la solicitud de acuerdo a las normas de Cooperación Jurídica Internacional.

Finalmente, con el presente artículo se procura crear las condiciones necesarias para que la Unidad de información y Análisis Financiero ingrese formalmente al Grupo Egmont.

Es importante destacar que los primeros siete artículos apuntan a fortalecer dos pilares fundamentales sobre los cuales descansa el sistema de prevención. Se busca consolidar el mecanismo de reporte de operaciones sospechosas o inusuales, para que funcione de manera efectiva, ampliando el elenco de sujetos obligados y asegurando protección legal a los denunciantes que actúen de buena fe. Y se busca, a la vez, fortalecer el papel de la Unidad de Información y Análisis Financiero como organismo central nacional en la materia, permitiéndole el acceso a toda la información necesaria para el cumplimiento de sus cometidos, aprovechando la información con la que cuenta dicho organismo para colaborar eficazmente en impedir la movilización ilegal de activos y habilitándola a cooperar eficazmente en investigaciones de lavado de activos con autoridades similares de otros Estados.

El artículo octavo amplía el elenco de los delitos precedentes al lavado de activos. Se incluye a la estafa en dicha nómina y se clarifica la eficacia de los delitos de corrupción administrativa como precedentes al lavado de activos perseguible penalmente, incorporándolos en la norma general del artículo 81 del Decreto-Ley Nº 14.294 y derogándose el Art. 30 de la Ley Nº 17.060, a los efectos de unificar formal y conceptualmente en una sola disposición a todos los delitos subyacentes. Esta inclusión y estos ajustes, cuya justificación ético-jurídica no necesita desarrollos en el contexto de nuestra tradición jurídica, permitirán cumplir la Recomendacion Nº 1 de GAFI y las recomendaciones del informe de evaluación de GAFISUD.

En la misma línea de combate contra el fraude, se incorpora una serie de delitos de tipo económico que pueden generar importantes ganancias ilícitas susceptibles de ser blanqueados, como la quiebra y la insolvencia fraudulentas, la insolvencia societaria fraudulenta, la usura, los delitos contra la propiedad intelectual y los previstos en la Ley Nº 2.230.

Atento a la importancia de los bienes jurídicos objeto de protección por un lado, y en consideración al poder de que disponen los delincuentes en estas áreas por otro, así como la necesidad de contar desde el apartado preventivo y represivo, con elementos jurídicos capaces de dar una respuesta eficaz, dentro de la más estricta legalidad, en los artículos noveno a décimo octavo se regulan: la introducción de la técnica de la entrega vigilada en materia de tráfico de drogas y sustancias ilícitas y el desarrollo del estatuto del arrepentido, respecto de ciertos delitos graves, de forma de facilitar el desmantelamiento de las redes operativas del crimen organizado.

Para ello se ha tenido como modelos distintas normativas internacionales y la legislación de otros países, como la legislación española, los Derechos positivos francés, alemán y luxemburgués, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada (Palermo dic/2000) y otros instrumentos como las 40 Recomendaciones del GAFI, etcétera.

La recepción de la técnica de la entrega vigilada cumple con lo dispuesto por la Convención de Viena, y puede permitir una más fluida lucha internacional contra este tipo de delitos, coadyuvando a una mayor y más eficaz cooperación internacional.

Se trata de despojar de formalismos a este trabajo, habilitando la comunicación directa entre los magistrados del sistema de justicia penal, sin perjuicio del conocimiento y controles de las máximas autoridades ejecutivas y jurisdiccionales, bajo el signo del secreto, imprescindible en esta etapa, para asegurar el resultado y aún la incolumidad de los interesados.

La delincuencia organizada, en especial cuando se trata de actos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, corrupción o lavado de dinero procedente de delitos graves, requiere para ser combatido eficazmente, de una legislación adecuada a la real gravedad del riesgo que dichas actividades criminales implican, teniendo en cuenta, además la frecuente índole transnacional de la misma, lo que requiere intensificar las normas que hagan posible la cooperación internacional.

La normativa uruguaya ha avanzado por dicho derrotero, como puede advertirse, entre otras disposiciones, con un esbozo del estatuto del arrepentido, incorporado por L. 16.707 (Art. 2), como circunstancia genérica de atenuación, la de la "colaboración eficaz" (Art. 46 Nº 12 C.P.); con una forma de "agentes encubiertos" para combatir la delincuencia organizada, autorizando la provocación del delito por parte de la autoridad (Art. 74 de la L. 17.243 de 29.6.2000, que modificó en tal sentido el inc. 2 del tradicional Art. 8 del C.P.).

Por otra parte la República ha comprometido su responsabilidad internacional en el sentido de legislar sobre estas materias, al ratificar la Convención de Viena de 1988 (L. 16.579 de 21.9.94), siendo parte activa en los trabajos de la CICAD y en la consecuente redacción de sus Reglamentos Modelo, atinentes al tema que nos ocupa.

A los arrepentidos cuya colaboración resulte decisiva para el esclarecimiento de los hechos o la detención de los autores, se les premia con una importante atenuación de la responsabilidad, aplicando para ello institutos tradicionales en nuestro Derecho (Arts. 41, 42, 43, 44 y 46 C.P.); en el proyecto no se innova a su respecto.

El artículo diecisiete contiene una disposición tendiente a favorecer la cooperación jurídica internacional en lo que respecta al procedimiento de extradición, estableciéndose la entrega inmediata del extraditado en los casos vinculados a los delitos previstos en el anteproyecto, salvo que la ley reprima el delito con un mínimo de penitenciaría o se estime "prima facie" que la pena a recaer en definitiva tendrá ese monto.

El artículo dieciocho eleva las penas mínimas y máximas de los delitos de lavado de activos "stricto sensu" previstos en los artículos 54 y 55 del Decreto-Ley Nº 14.294, haciéndolos inexcarcelables. Se sigue así, una tendencia internacional en la materia que avanza en ese sentido, en tanto en el derecho comparado se considera a estas actividades ilícitas como "delitos graves" o "crímenes".

Los artículos diecinueve o veintiuno penalizan las actividades terroristas y su financiamiento, recogiendo los principios contenidos en el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y la Convención Interamericana contra el terrorismo.

Los artículos veintidós y veintitrés establecen un procedimiento para congelar los activos pertenecientes a organizaciones terroristas y personas a ellas vinculadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y el artículo 5 de la Convención Interamericana contra el terrorismo. Se cumple asimismo, con el mandato contenido en la Resolución Nº 1373 de la Organización de las Naciones Unidas. Se propone, a esos efectos, un procedimiento ágil para el reporte de las operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, quien podrá disponer la inmovilización provisoria de las cuentas bancarias, guardando las debidas garantías por cuanto la competencia definitiva sobre el tema se le asigna a la Justicia competente, siendo la aplicación en el caso las normas generales sobre medidas cautelares en materia penal.

La norma contenida en el artículo veintitrés establece un mecanismo coherente con el previsto en el Art. 6º del proyecto.

El artículo veinticuatro regula el transporte transfronterizo de divisas a los efectos de la prevención y el control de los delitos regulados en el proyecto, en consonancia con la Recomendación Nº 22 de GAFI/FATF; el Artículo 18 del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y el Artículo 4.1.b. de la Convención Interamericana contra el terrorismo.

El artículo veinticinco consagra la obligación de registrarse ante el Banco Central del Uruguay para todas las personas físicas y jurídicas que presten servicios de tipio contable y administrativo a entidades que desarrollen actividad financiera en el exterior.

Se ha observado que personas físicas y jurídicas dedicadas a la realización de actividades financieras en el exterior y que registran sus operaciones a través de a-gentes radicados en nuestro país, pueden efectuar maniobras dolosas, comprometiendo el prestigio de nuestra plaza financiera. En este sentido, con la creación del registro de referencia se busca conocer la dimensión del fenómeno, para determinar necesidades futuras de regulación y al mismo tiempo, generar una base de datos que permita dar respuesta a los reiterados pedidos de información que desde el exterior recibe el Banco Central del Uruguay.

El artículo veintiséis tiende a cubrir un vacío que deja el Art. 63 de la Ley Nº 17.016. En el seminario sobre "combate del lavado de dinero" realizado en la Presidencia de la República en agosto pasado se planteó por parte de un Magistrado la situación de una persona procesada por estos delitos y a la cual se le incautó cautelarmente una muy importante suma de dinero proveniente de la venta de estupefacientes. El imputado obtuvo la libertad provisional y al momento de la notificación de la sentencia donde se disponía la confiscación del dinero y su puesta a la orden del Poder Ejecutivo aparece que se fugó del país, no siendo habido, por lo que se libró la orden de captura, pero la sentencia no se puede ejecutar. Por lo que la confiscación no puede operar y una vez transcurrido el plazo de prescripción, el prófugo podría reclamar y obtener para sí este dinero. La violación entonces de las obligaciones impuestas a quien está sometido a este tipo de proceso tiene que tener una importante consecuencia, que es la que se propone.

Se dispone un plazo prudencial de seis meses contados a partir del libramiento de la orden de prisión para la ubicación del imputado moroso de sus obligaciones procesales. Transcurrido ese lapso de tiempo caduca toda pretensión que el mismo pudiere tener sobre los objetos incautados operando la confiscación de pleno derecho.

El artículo veintisiete, apunta a alcanzar los estándares internacionales, en los que se propende a la especialización de los Jueces y Fiscales para el combate de estos delitos que trascienden las fronteras. Tal cual están organizadas las Oficinas en este momento donde se abarca el universo de todos los delitos se hace muy difícil trabajar y dedicarle el mayor tiempo que estas causas requieren teniendo muchos ribetes internacionales.

También sobre ese tópico hubo acuerdo de los partícipes en el seminario de referencia.

El Poder Ejecutivo encarece a los señores Legisladores el pronto trámite de esta iniciativa, que se inscribe en la necesidad de actualizar nuestras normas penales sustanciales y de procedimiento.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

Jorge Batlle Ibáñez, Presidente de la República; Isaac Alfie, Pedro Bordaberry, Saúl Irureta Saralegui, Alejandro Falco, Santiago Pérez del Castillo, Martín Aguirrezabala, Guillermo Stirling, Conrado Bonilla, Lucio Cáceres, Guillermo Valles, Yamandú Fau.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones que, en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos tipificado en los Arts. 54 y siguientes del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de Octubre de 1974 -incorporados por el Art. 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de Octubre de 1998, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 17.343 de 25 de mayo de 2001- y de prevenir asimismo el delito tipificado en el artículo 21 de la presente ley.

La información deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero (U.I.A.F.) del Banco Central del Uruguay, en la forma que éste reglamentará.

El incumplimiento de la obligación de informar determinará la aplicación, según las circunstancias del caso, de las sanciones y medidas administrativas previstas en el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con la redacción dada por la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

Artículo 2º.- También estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior, los casinos, las empresas que presten servicios de transferencia y/o envío de fondos, las inmobiliarias, las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y venta de antigüedades, obras de arte y metales preciosos, así como los abogados, escribanos, contadores y otras personas físicas o jurídicas que realicen transacciones financieras o participen en la administración de sociedades comerciales a nombre y por cuenta de terceros.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria, la forma en que deberá ser cumplida la obligación prevista en el presente artículo, indicando los requisitos para el registro de transacciones, para el mantenimiento de los respectivos asientos y para la debida identificación de los clientes.

La transgresión a los preceptos contenidos en este artículo y su reglamentación determinará la aplicación por parte del Poder Ejecutivo de una multa mínima de 1.000 Unidades Indexadas y una multa máxima de 31.800.000 Unidades Indexadas, según las circunstancias del caso y previo informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay.

Artículo 3º.- La comunicación será reservada. Ningún obligado podrá poner en conocimiento de las personas participantes las actuaciones e informes que sobre ellas realicen o produzcan en cumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 1º, 2º y 22 de la presente ley.

Una vez que reciba el reporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero instruirá a quien lo haya formulado respecto de la conducta a seguir con respecto a las transacciones de que se trate y a la relación comercial con el cliente. Esta disposición no es aplicable a los abogados, escribanos y contadores, quienes resolverán en conciencia y bajo su responsabilidad la actitud a asumir en cada caso concreto, que deberá ajustarse a los códigos de ética y a los usos y costumbres de su profesión.

Artículo 4º.- El cumplimiento de buena fe de la obligación de informar prevista en los artículos 1º, 2º, 5º y 22, en tanto se ajuste a los procedimientos que al respecto establezca el Banco Central del Uruguay o el Poder Ejecutivo en su caso, por constituir obediencia a una norma legal dictada en función del interés general (Art. 7º de la Constitución) no configurará violación de secreto o reserva profesional ni mercantil. En consecuencia, no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa ni de ninguna otra especie.

Artículo 5º.- La Unidad de Información y Análisis Financiero estará facultada para solicitar informes, antecedentes y todo elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a los obligados por esta ley y a todos los organismos públicos, los que se encontrarán obligados a proporcionarlos dentro del término fijado por la Unidad, no siéndole oponibles a ésta disposiciones vinculadas al secreto o la reserva. En el caso en que la Unidad deba requerir información protegida por el secreto que rige la actividad de los profesionales universitarios, deberá solicitar fundadamente el levantamiento de dicho secreto ante el Juez Penal competente.

El obligado o requerido no podrá poner en conocimiento de las personas involucradas las actuaciones e informes que sobre ellas realice o produzca en cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 6º.- La Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir a las instituciones sujetas al control del Banco Central del Uruguay, para que impidan, por un plazo de hasta setenta y dos horas, la realización de operaciones que involucren a personas físicas o jurídicas respecto de las cuales existan fundadas sospechas de estar vinculadas a organizaciones criminales relacionadas con los delitos cuya prevención procura la presente ley. La decisión deberá comunicarse inmediatamente a la Justicia Penal competente, la cual, consideradas las circunstancias del caso, determinará si correspondiere, sin previa notificación, la congelación de los activos de los partícipes.

Artículo 7º.- Sobre la base del principio de reciprocidad, el Banco Central del Uruguay, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, podrá intercambiar información relevante para la investigación del delito de lavado de activos con las autoridades de otros Estados que ejerciendo competencias homólogas lo soliciten fundadamente. Con esa finalidad podrá, además, suscribir memorandos de entendimiento.

Para este efecto sólo se podrá suministrar información protegida por normas de confidencialidad si se cumplen los siguientes requisitos:

a.- la información a brindarse deberá ser utilizada por el organismo requirente al solo y específico objeto de analizar los hechos constitutivos del lavado de activos originados en delitos precedentes que estén incluidos en el artículo 8º de la presente ley;

b.- respecto a la información y documentación que reciban, tanto el organismo requirente como sus funcionarios deberán estar sometidos a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para la Unidad de Información y Análisis Financiero y sus funcionarios;

c.- los antecedentes suministrados sólo podrán ser utilizados en un proceso penal y/o administrativo en el estado requirente, previa autorización de la Justicia Penal del país requerido que se otorgará de acuerdo a las normas de Cooperación Jurídica Internacional.

Artículo 8º.- Modificase el Art. 81 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporado por la Ley Nº 17.343, de 25 de mayo de 2001, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 81.- Los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 de la presente ley se aplicarán también cuando su objeto material sean los bienes, productos o instrumentos provenientes de delitos tipificados por nuestra legislación vinculados a las siguientes actividades: terrorismo; contrabando superior a U$S 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América); tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; tráfico ilícito de hombres, mujeres o niños; extorsión; secuestro; proxenetismo; tráfico ilí-cito de sustancias nucleares, tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos; estafa; todos los de-litos comprendidos en la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, quiebra fraudulenta; insolvencia fraudulenta; el delito previsto en el artículo 5º de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972 (Insolvencia societaria fraudulenta); los delitos previstos en el Artículo 76 de la Ley Nº 2.230, de 2 de junio de 1893, los delitos previstos en la Ley Nº 17.011, de 25 de setiembre de 1998; el delito previsto en el artículo 4º de la Ley Nº 17.569, de 22 de octubre de 2002; y los delitos previstos en la Ley Nº 17.616 de 10 de enero de 2003 cometidos contra la propiedad intelectual".

Artículo 9º.- Con fines de investigación, a requerimiento del Jefe de Policía Departamental que correspondiere o del Ministro del Interior, el Juez Penal competente podrá autorizar la circulación y entrega vigilada de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios, sustancias tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos, precursores u otra sustancia prohibida, por resolución fundada, bajo la más estricta reserva y confidencialidad.

Artículo 10.- Para adoptar estas medidas el Juez deberá tener en cuenta en cada caso concreto, su necesidad a los fines de la investigación, según la importancia del delito, las posibilidades de vigilancia y el objetivo de mejor y más eficaz cooperación internacional.

Artículo 11.- Por entrega vigilada se entiende la técnica de permitir que remesas ilícitas o sospechosas de sustancias prohibidas (Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 y Ley Nº 17.016, de 22 de Octubre de 1998), o de sustancias por las que se haya sustituido las anteriormente mencionadas, o de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios, entren, transiten o salgan del territorio nacional, con el conocimiento y bajo la supervisión de las autoridades competentes, con el propósito de identificar a las personas y organizaciones involucradas en la comisión de los delitos referidos o con el de prestar auxilio a autoridades extranjeras con ese mismo fin.

Artículo 12.- Las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado, podrán ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas, o habiéndose retirado o sustituido total o parcialmente las sustancias ilícitas que contengan.

Artículo 13.- En materia de tráfico ilícito de drogas y sustancias conexas, así como en el de lavado de dinero de dicha procedencia o procedente de otros delitos graves (Leyes Nos. 17.016, de 22 de octubre de 1998, 17.060, de 23 de diciembre de 1998 y 17.343 de 25 de mayo de 2001), se disminuirá al mínimo la pena de copartícipe -ya fuere autor, coautor o cómplice- y del encubridor o receptador que colabore eficaz y decisivamente en el esclarecimiento del o de los delitos cometidos o contribuyere decisivamente al desmantelamiento de una red criminal organizada o a la detención de otros delincuentes o a la obtención de prueba suficiente para el enjuiciamiento o la condena o la incautación de mercancías, bienes, activos o dinero, siempre que, ademas, los hechos descubiertos o probados por su colaboración, fueren de mayor importancia que los que individualmente pudieren imputársele al colaborador.

En todas las situaciones, si la pena mínima a recaer fuere de penitenciaría habrá de reducirse ese mínimo, a todos los efectos sustanciales y procesales, a veinte meses de prisión.

Artículo 14.- El régimen del artículo anterior se aplicará también al que, habiendo realizado actos punibles anteriores a la ejecución de los delitos de que trata esta ley, advirtiere a la autoridad judicial o administrativa, si con ello hubiere evitado en algún grado la consumación de la infracción; o si no la impidiere, con su advertencia aportare elementos que permitieren identificar a los otros responsables.

Artículo 15.- Si alguno de los requisitos establecidos por los artículos 13 y 14 se configurare de manera incompleta, ello se computará a efectos de la determinación de la pena como una circunstancia atenuante.

Artículo 16.- En los casos en que fuera necesario, el Estado proporcionará protección eficaz de todo tipo al arrepentido, para asegurar su indemnidad y la de su familia.

Artículo 17.- En los trámites de extradición que se promuevan por imputación de los delitos previstos en los artículos 8º, 19 y 21 de la presente ley, si el requerido estuviere sometido a juicio penal en la República, su entrega sólo podrá ser diferida hasta la conclusión del respectivo proceso o la extinción de la condena, cuando el delito imputado en esa causa sea castigado con pena mínima de penitenciaría o cuando se estimare "prima facie" que en el caso concreto ha de recaer pena de penitenciaría.

En los demás casos, se decretará la suspensión del juicio nacional, debiendo procederse a la entrega inmediata del extraditado.

Artículo 18.- Elévase la pena para los delitos tipificados en los artículos 54 y 55 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, a penitenciaría con un mínimo de dos años y un máximo de quince años.

Artículo 19.- Declárase de naturaleza terrorista los delitos que se ejecutaren con la finalidad de causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, puesto de manifiesto por su naturaleza o su contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

Artículo 20.- Cuando la finalidad o los medios enunciados en el artículo anterior no constituyan elementos del delito, la pena prevista legalmente para la respectiva figura se elevará en dos tercios en su mínimo y en su máximo.

Artículo 21.- El que organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente proveyere o recolectare fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte para financiar las actividades delictivas descritas en el artículo 19 de la presente ley, aun cuando ellas o se desplegaren en el territorio nacional, será castigado con una pena de tres a dieciocho años de penitenciaría.

Artículo 22.- Las instituciones de intermediación financiera deberán informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay la existencia de bienes vinculados a personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

a) haber sido identificadas como terroristas o pertenecientes a organizaciones terroristas, en las listas de individuos o entidades asociadas confeccionadas por la Organización de las Naciones Unidas;

b) haber sido declaradas terroristas por resolución judicial nacional o extranjera.

Artículo 23.- Una vez recibida la información mencionada en el artículo anterior, la Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir a la institución denunciante para impedir la realización de operaciones que involucren a los sujetos identificados, procediéndose de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la presente ley.

Artículo 24.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay que transporten dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a U$S 10.000, deberán comunicarlo al Banco Central del Uruguay en la forma en que determinará la reglamentación que éste dicte.

Toda otra persona que transporte dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a U$S 10.000, deberá declararlo a la Dirección Nacional de Aduanas en la forma que determinará la reglamentación.

El incumplimiento de esta obligación determinará la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo primero de la presente ley a los sujetos comprendidos en el inciso primero del presente artículo; y de las sanciones establecidas en el artículo segundo de esta ley para los sujetos comprendidos en el inciso segundo de este artículo.

Artículo 25.- Las personas físicas o jurídicas que actuando desde nuestro país presten servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos relacionados directamente con la gestión de negocios de personas físicas o jurídicas que, en forma profesional y habitual, desarrollen actividades financieras en el exterior, deberán registrarse ante el Banco Central del Uruguay en condiciones que éste reglamentará, estableciendo taxativamente los tipos de actividad financiera alcanzados por la precitada obligación.

Artículo 26.- Incorpórase el siguiente artículo al Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, modificado por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998: "ARTICULO 63 BIS.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en cualquier etapa del procedimiento penal en la que el imputado o el indagado, en su caso, no fuere habido, se librará la orden de prisión respectiva, y transcurrido seis meses sin que haya variado la situación, caducará todo derecho que el mismo pueda tener sobre los bienes, productos o instrumentos que se hubieren incautado en vía cautelar, operando la confiscación de pleno derecho procediéndose conforme al Art. 67".

Artículo 27.- Cométese a la Suprema Corte de Justicia y a la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación para que en el plazo de seis meses procedan a la transformación de Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal de la Capital y Fiscalías Letradas Nacionales en lo Penal en Oficinas Especializadas en los delitos previstos en la presente, en el Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 modificado por la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998 y la Ley Nº 17.343, de 25 de mayo de 2001 y en la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

Artículo 28.- Derógase el Art. 30 de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

Isaac Alfie, Pedro Bordaberry, Saúl Irureta Saralegui, Alejandro Falco, Santiago Pérez del Castillo, Martín Aguirrezabala, Guillermo Stirling, Conrado Bonilla, Lucio Cáceres, Guillermo Valles, Yamandú Fau."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee:)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Este proyecto de ley originario del Poder Ejecutivo, sobre el cual la Comisión de Hacienda trabajó extensamente junto a asesores y al que le fue introduciendo un conjunto de modificaciones en acuerdo con representantes del Poder Ejecutivo, viene informado por unanimidad y refiere a distintas normativas de prevención y control de las actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

A través de esta iniciativa se busca adecuar nuestra legislación, incluso con relación a los convenios internacionales recientemente suscritos. Nuestro país ya está haciendo muchas de estas actividades, pero frecuentemente el origen de esas normas son circulares del Banco Central, decretos o conjunto de leyes que se fueron actualizando en nuestra legislación con relación a esta materia y figuran citadas en el texto que está a consideración de los señores Senadores.

Básicamente, también se procura acompañar las recomendaciones de distintas organizaciones que van desde la mayor, la propia ONU, así como convenios internacionales -el último de ellos es el del año 2000- y disposiciones de distintos grupos como GAFI y GAFISUD, entre otras, que también sugieren un conjunto de medidas a propósito del control.

Esta iniciativa tiende, básicamente, a contemplar varios aspectos, entre los que se encuentra la actitud que siempre ha tenido el Uruguay al integrar el concierto de naciones, que hoy se enfrenta a varios flagelos como la droga, el terrorismo y otros. En función de ello, se impone este grado de coordinación entre los países para evitar enfrentar uno de esos problemas controlando a la madre de esas actividades, que es el conjunto de operaciones de financiamiento de estos fenómenos.

El proyecto de ley que se tiene a consideración ha surgido del trabajo que se ha hecho, fundamentalmente, sobre la base de la legislación vigente hasta el momento, que se ha ido adecuando. La última disposición es relativamente reciente y refiere a la Ley Nº 17.343, de mayo de 2001, que en su artículo 1º busca extender el número de personas físicas obligadas a cumplir con la tarea de información a la Unidad -ya existente- de Análisis Financiero. Cabe destacar que sobre este artículo se trabajó bastante ya que en algún momento se hacía mención expresa a determinadas profesiones, lo que motivó que se enviaran distintas notas, tanto del Colegio de Abogados como de la Asociación de Escribanos del Uruguay. Por lo tanto, se modificó el texto y, como podrá advertirse, esta obligación que ya existe, referida a una serie de agentes del mercado, se extiende en general a otros operadores -además de aquellos que ya estaban bajo el control del Banco Central del Uruguay- que realizan actividades habituales de intermediación de operaciones de financiamiento o de administración profesional de un conjunto de sociedades, cuando ellas no constituyen un grupo económico.

Diría que entre lo más destacable de esta disposición está la serie de normas tendientes a aclarar aspectos ya existentes en cuanto a los delitos que constituyen la base a partir de la cual se obtiene como producto la operación de lavado de dinero. En realidad, después de un largo análisis, lo que se incorpora a ese concierto de delitos es, básicamente, la estafa caracterizada cuando tiene que ver con operaciones de carácter financiero reguladas por el Banco Central del Uruguay. Además, se mantienen los delitos caracterizados anteriormente, que conforman una amplia gama que va desde el terrorismo al lavado de dinero proveniente de la droga, de la corrupción y del proxenetismo. Asimismo, se recogen las obligaciones que el país ha ido asumiendo en el concierto de la ONU y de otros organismos.

Por otra parte, se incluye un sistema de multas, al mismo tiempo que se establece la exoneración de responsabilidad para las personas que informan, ya que esta actividad podría eventualmente exponerlas a una demanda por parte del cliente sobre el cual están informando, porque a su vez existe la obligación de no informar. Por tal motivo, se lo exonera de responsabilidad civil, comercial y penal por el hecho de informar a la Unidad. A esta última se la dota de algunas herramientas como, por ejemplo, la posibilidad de congelar por 72 horas movimientos de fondos que puedan parecer sospechosos.

También se plantea como innovación -a una legislación que, insisto, en el Uruguay se venía cumpliendo en sus aspectos sustantivos, en una actitud de colaboración con el concierto de naciones- el agravamiento de algunas penas, volviendo algunas inexcarcelables, así como la creación de mecanismos de colaboración internacional para compartir información, sujetos, naturalmente, a que la Unidad que la solicita se ajuste a operaciones estrictamente de lavado y que esté sujeta a las mismas normas de confidencialidad. Se sigue en estos aspectos la normativa suiza, que busca un punto de equilibrio que no obstaculice las operaciones normales, pero que a su vez permite el control que se debe tener en la materia.

Se ha ampliado la gama de operaciones, en la medida en que ellas sean de gran volumen o puedan resultar inusuales. Se incluyen así actividades que comprenden a empresas transportadoras de dinero -que anteriormente no tenían obligación de informar sobre el dinero en tránsito-, a los casinos, a inmobiliarias, etcétera. Se trata de abarcar así a todos aquellos ambientes donde se puedan llevar a cabo operaciones que se puedan calificar como inusuales.

En este resumen que estamos haciendo de las modificaciones básicas que se introducen a la normativa vigente, también debemos destacar una definición de terrorismo que ha sido tomada textualmente del Convenio del año 2000 de la ONU y que figura en el artículo 14 del proyecto de ley sustitutivo. Allí se establece que los delitos que usualmente puedan cometerse, y que van desde la muerte hasta lesiones, se califican en función de la teleología, es decir, del fin al que van destinados, y se pueden catalogar como terrorismo cuando el objetivo es infundir pánico o temor en la población indiscriminadamente, o se realiza una especie de chantaje por el que se intenta forzar a organizaciones o a Estados a adoptar determinadas conductas.

Seguramente hay más para decir sobre esta iniciativa, pero a modo de presentación no queremos dejar de mencionar que se autoriza al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia -siguiendo también otra de las recomendaciones- a efectuar la transformación de Juzgados especializados en la materia.

Este proyecto de ley ha motivado un intenso trabajo, e incluso algunos elementos que eran de estricta materia penal, totalmente accesorios a la prevención y control del lavado de activos, fueron enviados a la Comisión de Constitución y Legislación a efectos de que prosiga su análisis, porque son temas específicos de naturaleza penal y procesal penal. Hemos mantenido en este proyecto de ley el agravamiento de algunas penas y la posibilidad de autorizar, por parte del Juez, la circulación de dinero a los efectos de identificar la cadena que hace uso del mismo, es decir, la "entrega vigilada", que es el nombre que se da a este procedimiento en esta iniciativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR BRAUSE.- Formulo moción para que se suprima la lectura y se vote el articulado en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque el articulado del proyecto de ley sustitutivo.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

20) SUPLENTES DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se modifica el régimen de percepción de haberes de los suplentes de los señores Legisladores. (Carp. Nº 1459/04 - Rep. Nº 879/04)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1459/04

Rep. Nº 879/04

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la redacción dada por la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994, por el siguiente:

"ARTICULO 1º.- De conformidad con el inciso segundo del artículo 116 de la Constitución de la República, cada Cámara convocará al suplente que corresponda toda vez que autorice la ausencia del titular por licencia o impedimento temporal.

La licencia podrá ser autorizada por alguna de las siguientes causales:

A) Enfermedad.

B) Maternidad o paternidad.

C) Misión oficial.

D) Ausencia en virtud de obligaciones notorias, cuyo cumplimiento sea de interés público, inherentes a su investidura académica o representación política dentro o fuera del país.

Las ausencias por impedimento basadas en motivos personales deberán ser autorizadas por resolución de la Cámara respectiva y no podrán exceder los treinta días en el año.

Podrán, asimismo, ser autorizadas licencias solicitadas sin expresión de causa, en cuyo caso las mismas se otorgarán sin goce de remuneración y no excederán de treinta días en el año.

Las licencias cesan automáticamente con el reintegro del titular.

En caso de licencias por períodos menores a quince días, que se otorguen al amparo de los literales A), D) o ante ausencia por motivos personales, los suplentes de Senadores y Representantes percibirán su asignación por los días en que sean convocados por cada una de las respectivas Cámaras, o las Comisiones de los respectivos Cuerpos legislativos de la cual el titular sea miembro, a sesiones ordinarias o extraordinarias y quede establecida su asistencia.

En caso de licencias que comprendan total o parcialmente el receso de la Asamblea General, sólo se convocará a los suplentes cuando cada una de las Cámaras, la Asamblea General o las Comisiones de los respectivos Cuerpos legislativos fueran convocadas a sesiones extraordinarias".

Artículo 2º.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 3 de agosto de 2004.

José Amorín Batlle Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario.

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Ha llegado a la Mesa una moción para que se suprima la lectura de los artículos y se voten en bloque.

Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque el articulado del proyecto de ley.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado.)

21) CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO Nº 184 SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN LA AGRICULTURA

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: hago moción en el sentido de que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio Internacional del Trabajo Nº 184 sobre Seguridad y Salud en la Agricultura. Este texto ha sido distribuido y, como sabemos, se mueve en la línea de favorecer sobre todo a los trabajadores rurales, porque les incorpora un conjunto de derechos de conformidad con la situación particular en que viven.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

Se pasa a considerar el proyecto de ley cuya urgencia fue votada: "Convenio Internacional del Trabajo Nº 184 sobre Seguridad y Salud en la Agricultura, 2001, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en la 89ª Reunión celebrada en Ginebra, en junio de 2001. (Carp. Nº 1428/04 - Dist. Nº 2799/04)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1428/04

Dist. 2799/04

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Convenio Internacional del Trabajo Nº 184 sobre seguridad y salud en la agricultura, 2001, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en la 89ª Reunión celebrada en Ginebra, en junio de 2001.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 16 de junio de 2004.

José Amorín Batlle Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 21 de noviembre de 2003.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

Don Luis Hierro López.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 numerales 5 y 6 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, y el artículo 168 inciso 20 de la Constitución de la República, a fin de somete a su consideración el adjunto proyecto de ley por el que propicia la ratificación del Convenio Nº 184 sobre seguridad y salud en la agricultura, 2001, adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo, en su octogésima novena reunión, celebrada en Ginebra en junio de 2001.

La 89ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo ha adoptado el Convenio Internacional del Trabajo 184 sobre la Seguridad y la Salud en la Agricultura, 2001 y la Recomendación 192 sobre la Seguridad y la Salud en la Agricultura, 2001.

Aspectos generales:

El título I define el ámbito objetivo de aplicación, adoptando una acepción amplia del término "agricultura", del cual excluye solo a la agricultura de subsistencia, los procesos industriales que utilizan productos agrícolas como materia prima, y los servicios conexos, y la explotación industrial de los bosques. Adicionalmente, admite la posibilidad de excluir de ciertas explotaciones agrícolas o de categorías limitadas de trabajadores.

El título II sobre Disposiciones Generales pone de cargo del Estado Miembro ratificante la obligación de formular, ejecutar y evaluar una política en materia de seguridad e higiene en la agricultura, con su objetivo definido. A este fin comete a que una ley nacional defina la autoridad competente responsable de su aplicación y de la observancia de la ley, defina los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores, y establezca mecanismos de coordinación intersectorial. El Estado deberá garantizar la existencia de un sistema apropiado y conveniente de fiscalización inspectiva.

El título III describe las medidas de prevención y protección en cuestiones de carácter general (artículos 6 a 8), sentando el principio de que es el empleador quien debe velar por la seguridad y salud de los trabajadores, y cuestiones más específicas y detalladas que hacen a la seguridad de la maquinaria y ergonomía (artículos 9 y 10), manipulación y transporte de materiales (artículo 11), gestión racional de los productos químicos (artículos 12 y 13), manejo de animales y protección contra los riesgos biológicos (artículo 14), e instalaciones agrícolas (artículo 15).

El Título IV prescribe una edad mínima de 18 años para el desempeño de tareas que puedan dañar la salud y la seguridad, sin perjuicio de su reducción en forma condicionada a 16 años; consagra la aplicabilidad de sus normas a los trabajadores temporarios y estacionales, y orientaciones sobre la adopción de medidas especiales a las trabajadoras agrícolas, servicios de bienestar y alojamiento y organización del tiempo de trabajo.

Por fin, sienta la regla de la obligatoriedad de que los trabajadores agrícolas tengan cobertura legal por un régimen de seguro o de seguridad social contra los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Aspectos especiales:

Nuestra República ha ratificado varios Convenios Internacionales del trabajo afines a esta temática, de los cuales los principales son el CIT 19 sobre igualdad de trato (accidentes de trabajo), 1925, el CIT 110 sobre las plantaciones, 1958 y su Protocolo de 1982, el CIT 121 sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 -modificado en 1980-, el CIT 128 sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967, el CIT 129 sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969, el CIT 130 sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969, el CIT 138 sobre la edad mínima, 1973, el CIT 159 sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 y el CIT 161 sobre servicios de salud en el trabajo, 1985.

Sin perjuicio de que la policía del trabajo y principal autoridad competente en el contralor de la legislación es la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, el compromiso establecido en el artículo 4 de poner en práctica una política nacional coherente en materia de seguridad y salud llama potencialmente a otros organismos en la labor de efectuar una coordinación intersectorial y en la complementación de funciones.

No resulta un hecho novedoso que justamente el sector agropecuario es uno de los que en nuestro país registra mayores niveles de siniestralidad laboral, con las consiguientes pérdidas y daños en los ámbitos personales, familiares, sociales y económicos.

Respecto de los aspectos normativos generales, resulta de particular interés, atento a la competencia en razón de materia, nos proporcione los siguientes elementos de opinión:

a) A su entender, la conceptuación más admitida acerca de lo que constituye "agricultura de subsistencia", y una estimación acerca de la proporción de trabajadores involucrados en este segmento, respecto del total de trabajadores agrícolas,

b) También, a su entender, la conceptuación más admitida acerca de lo que constituyen los "servicios conexos" a los procesos industriales que utilizan productos agrícolas como materia prima, ambos a los efectos de tener claridad acerca de los ámbitos excluidos;

c) La procedencia o conveniencia de excluir, conforme al artículo 3, su aplicación a ciertas explotaciones agrícolas (por ejemplo, en razón de su extensión) o categorías limitadas de trabajadores. Esta individualización resulta importante por cuanto sólo puede ser realizada con simultaneidad de la eventual ratificación, con fundamento expresado en la primera memoria de aplicación del Convenio.

Consultado el Grupo de Trabajo de composición tripartita creado con la finalidad de asesoramiento en relación con los organismos e instancias internacionales y regionales vinculados a esta Secretaría de Estado (Resolución de 23/3/99), se pronunció, en sesión de fecha 8 de setiembre de 1999, en forma unánime, por la ratificación del Convenio.

Por los motivos expuestos precedentemente es que el Poder Ejecutivo cumple con someter a ese Cuerpo las normas internacionales referidas, solicitando la aprobación del Convenio Nº 184 sobre seguridad y salud en la agricultura, 2001.

Reitero al Señor Presidente las seguridades de mi más atenta consideración.

Jorge Batlle Ibánez, Presidente de la República, Santiago Pérez del Castillo, Didier Opertti.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- APRUEBASE el Convenio Internacional del Trabajo Nº 184 sobre seguridad y salud en la agricultura, 2001, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en la 89ª reunión celebrada en Ginebra en junio de 2001.

Santiago Pérez del Castillo, Didier Opertti.

C184 Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001

Convenio relativo a la seguridad y la salud en la agricultura (Nota: Fecha de entrada en vigor: 20:09:2003)

Sesión de la Conferencia: 89

Lugar: Ginebra

Fecha de adopción: 21:06:2001

Ver las ratificaciones que ha recibido este Convenio

Visualizar el documento en: Inglés, Francés

Estatus: Instrumento actualizado. Este Convenio fue adoptado desde 1985 y se considera actualizado.

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 5 de junio de 2001, en su octogésima novena reunión;

Tomando nota de los principios contenidos en los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo pertinentes, en particular el Convenio y la Recomendación sobre las plantaciones, 1958; el Convenio y la Recomendación sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964; el Convenio y la Recomendación sobre la inspección del Trabajo (Agricultura), 1969; el Convenio y la Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981; el Convenio y la Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985, y el Convenio y la Recomendación sobre los productos químicos, 1990;

Subrayando la necesidad de adoptar un enfoque coherente para la agricultura y teniendo en cuenta el marco más amplio de principios incorporados en otros instrumentos de la OIT aplicables a este sector, en particular, el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949; el Convenio sobre la edad mínima, 1973, y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999;

Tomando nota de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social adoptada por el Consejo de Administración de la OIT, así como los repertorios de recomendaciones prácticas pertinentes, en particular el Repertorio de recomendaciones prácticas sobre registro y notificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1996, y el Repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en el trabajo forestal, 1998;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la seguridad y la salud en la agricultura, cuestión que constituye el cuarto punto del Orden del Día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional,

adopta, con fecha veintiuno de junio de dos mil uno, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001.

I. AMBITO DE APLICACION

Artículo 1º

A los efectos del presente Convenio, el término agricultura abarca las actividades agrícolas y forestales realizadas en explotaciones agrícolas, incluidas la producción agrícola, los trabajos forestales, la cría de animales y la cría de insectos, la transformación primaria de los productos agrícolas y animales por el encargado de la explotación o por cuenta del mismo, así como la utilización y el mantenimien-to de maquinaria, equipo, herramientas e instalaciones agrícolas y cualquier proceso, almacenamiento, operación o transporte que se efectúe en una explotación agrícola, que estén relacionados directamente con la producción agrícola.

Artículo 2º

A los efectos del presente Convenio, el término agrícola no abarca:

a) la agricultura de subsistencia;

b) los procesos industriales que utilizan productos agrícolas como materia prima, y los servicios conexos, y

c) la explotación industrial de los bosques.

Artículo 3º

1. La autoridad competente de todo Estado Miembro que ratifique el presente Convenio, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas:

a) podrá excluir ciertas explotaciones agrícolas o a categorías limitadas de trabajadores de la aplicación de este Convenio o de ciertas disposiciones del mismo, cuando se planteen problemas especiales de singular importancia, y

b) deberá elaborar, en caso de que se produzcan tales exclusiones, planes para abarcar progresivamente todas las explotaciones y a todas las categorías de trabajadores.

2. Todo Estado Miembro deberá mencionar en la primera memoria sobre la aplicación del presente Convenio, presentada en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, las categorías que hubiesen sido excluidas en virtud del párrafo 1, a) de este artículo, indicando los motivos de tal exclusión. En las memorias ulteriores, deberá exponer las medidas adoptadas para extender progresivamente las disposiciones del Convenio a los trabajadores interesados.

II. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4º

1. A la luz de las condiciones y la práctica nacionales, y previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, los Miembros deberán formular, poner en práctica y examinar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud en la agricultura. Esta política deberá tener por objetivo prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, mediante la eliminación, reducción al mínimo o control de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo en la agricultura.

2. Con este fin, la legislación nacional deberá:

a) designar a la autoridad competente responsable de la aplicación de esa política y de la observancia de la legislación nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo en la agricultura;

b) definir los derechos y obligaciones de los empleadores y los trabajadores en relación con la seguridad y la salud en el trabajo en la agricultura, y

c) establecer mecanismos de coordinación intersectorial entre las autoridades y los órganos competentes para el sector agrícola, y definir sus funciones y responsabilidades teniendo en cuenta su carácter complementario, así como las condiciones y prácticas nacionales.

3. La autoridad competente designada deberá prever medidas correctivas y sanciones apropiadas de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, incluidas, cuando proceda, la suspensión o restricción de las actividades agrícolas que representen un riesgo inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, hasta que se hayan subsanando las condiciones que hubieran provocado dichas suspensiones o restricciones.

Artículo 5º

1. Los Miembros deberán garantizar la existencia de un sistema apropiado y conveniente de inspección de los lugares de trabajo agrícolas, que disponga de medios adecuados.

2. De conformidad con la legislación nacional, la autoridad competente podrá encomendar, con carácter auxiliar, ciertas funciones de inspección a nivel regional o local a servicios gubernamentales o a instituciones públicas apropiadas, o a instituciones privadas sometidas al control de las autoridades, o asociar esos servicios o instituciones al ejercicio de dichas funciones.

III. MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION CUESTIONES DE CARACTER GENERAL

Artículo 6º

1. En la medida en que sea compatible con la legislación nacional, el empleador deberá velar por la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo.

2. La Legislación nacional o las autoridades competentes deberán disponer que cuando en un lugar de trabajo agrícola dos o más empleadores ejerzan sus actividades o cuando uno o más empleadores y uno o más trabajadores por cuenta propia ejerzan sus actividades, éstos deberán colaborar en la aplicación de las prescripciones sobre seguridad y salud. Cuando proceda, la autoridad competente deberá prescribir los procedimientos generales para esta colaboración.

Artículo 7º

A fin de cumplir con la política nacional a que se hace referencia en el artículo 4º, la legislación nacional o las autoridades competentes deberán disponer, teniendo en cuenta el tamaño de la explotación y la naturaleza de su actividad, que el empleador.

a) realice evaluaciones apropiadas de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores y, con base en sus resultados, adopte medidas de prevención y protección para garantizar que, en todas las condiciones de operación previstas, todas las actividades, lugares de trabajo, maquinaria, equipo, productos químicos, herramientas y procesos agrícolas bajo control del empleador sean seguros y respeten las normas de seguridad y salud prescritas;

b) asegure que se brinde a los trabajadores del sector agrícola una formación adecuada y apropiada, así como instrucciones comprensibles en materia de seguridad y de salud, y cualquier orientación o supervisión necesarias, en especial información sobre los peligros y riesgos relacionados con su labor y las medidas que deben adoptarse para su protección, teniendo en cuenta su nivel de instrucción y las diferencias lingüísticas, y

c) tome medidas inmediatas para suspender cualquier operación que suponga un peligro inminente y grave para la seguridad y salud, y para evacuar a los trabajadores como convenga.

Artículo 8

1. Los trabajadores del sector agrícola deberán tener derecho:

a) a ser informados y consultados sobre cuestiones de seguridad y salud, incluso sobre los riesgos derivados de las nuevas tecnologías;

b) a participar en la aplicación y examen de las medidas de seguridad y salud y, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, a escoger a sus representantes en la materia y sus representantes en los comités de seguridad y salud, y

c) a apartarse de cualquier peligro derivado de su actividad laboral cuando tengan motivos razonables para creer que existe un riesgo inminente y grave para su seguridad y su salud, y señalarlo de inmediato a su supervisor. Los trabajadores no deberán verse perjudicados por estas acciones.

2. Los trabajadores del sector agrícola y sus representantes tendrán la obligación de cumplir con las medidas de seguridad y salud prescritas y de colaborar con los empleadores a fin de que éstos cumplan con sus obligaciones y responsabilidades.

3. Las modalidades para el ejercicio de los derechos y obligaciones previstos en los párrafos 1 y 2 deberán determinarse por la legislación nacional, la autoridad competente, los convenios colectivos u otros medios apropiados.

4. Cuando se apliquen las disposiciones del presente Convenio, de conformidad con lo estipulado en el párrafo 3, se celebrarán consultas previas con las organizaciones representativas de los trabajadores y empleadores interesadas.

SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA Y ERGONOMIA

Artículo 9

1. La legislación nacional o las autoridades competentes deberán establecer que la maquinaria, el equipo, incluido el de protección personal, los utensillos y las herramientas utilizados en la agricultura cumplan con las normas nacionales o con otras normas reconocidas de seguridad y salud, y se instalen, mantengan y protejan adecuadamente.

2. La autoridad competente deberá tomar medidas para asegurar que los fabricantes, importadores y proveedores cumplan con las normas mencionadas en el párrafo 1 y brinden información adecuada y apropiada, con inclusión de señales de advertencia de peligro, en el o los idiomas oficiales del país usuario, a los usuarios y a las autoridades competentes, cuando éstas lo soliciten.

3. Los empleadores deberán asegurar que los trabajadores reciban y comprendan la información sobre seguridad y salud suministrada por los fabricantes, importadores y proveedores.

Artículo 10

La legislación nacional deberá establecer que la maquinaria y el equipo agrícolas:

a) se utilicen únicamente en los trabajos para los que fueron concebidos, a menos que su utilización para fines distintos de los inicialmente previstos se haya considerado segura, de acuerdo con la legislación y la práctica nacionales, y, en particular, que no se utilicen para el transporte de personas, a menos que estén concebidos o adaptados para ese fin, y

b) se manejen por personas capacitadas y competentes, de acuerdo con la legislación y práctica nacionales.

MANIPULACION Y TRANSPORTE DE MATERIALES

Artículo 11

1. Las autoridades competentes, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, deberán establecer requisitos de seguridad y salud para el manejo y el transporte de materiales, en particular su manipulación. Estos requisitos se establecerán sobre la base de una evaluación de los riesgos, de normas técnicas y de un dictamen médico, teniendo en cuenta todas las condiciones pertinentes en que se realiza el trabajo, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales.

2. No deberá exigirse o permitirse a ningún trabajador que manipule o transporte manualmente una carga que, debido a su peso o a su naturaleza, pueda poner en peligro su seguridad o su salud.

GESTION RACIONAL DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS

Artículo 12

Las autoridades competentes deberán adoptar medidas, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, para asegurar que:

a) exista un sistema nacional apropiado o cualquier otro sistema aprobado por la autoridad competente que prevea criterios específicos para la importación, clasificación, embalaje y etiquetado de los productos químicos utilizados en la agricultura y para su prohibición o restricción;

b) quienes produzcan, importen, suministren, vendan, transporten, almacenen o evacuen productos químicos utilizados en la agricultura cumplan con las normas nacionales o con otras normas reconocidas de seguridad y salud, y brinden información adecuada y conveniente a los usuarios, en el o los idiomas oficiales apropiados del país, así como a las autoridades competentes, cuando éstas lo soliciten, y

c) haya un sistema apropiado para la recolección, el reciclado y la eliminación en condiciones seguras de los desechos químicos, los productos químicos obsoletos y los recipientes vacíos de productos químicos, con el fin de evitar su utilización para otros fines y de eliminar o reducir al mínimo los riesgos para la seguridad, la salud y el medio ambiente.

Artículo 13

1. La legislación nacional o las autoridades competentes deberán asegurar la existencia de medidas de prevención y protección sobre la utilización de productos químicos y la manipulación de los desechos químicos en la explotación.

2. Estas medidas deberán, entre otras, cubrir:

a) la preparación, manipulación, aplicación, almacenamiento y transporte de productos químicos;

b) las actividades agrícolas que impliquen la dispersión de productos químicos;

c) el mantenimiento, reparación y limpieza del equipo y recipientes utilizados para los productos químicos, y

d) la eliminación de recipientes vacíos y el tratamiento y evacuación de desechos químicos y de productos químicos obsoletos.

MANEJO DE ANIMALES Y PROTECCION CONTRA LOS RIESGOS BIOLOGICOS

Artículo 14

La legislación nacional deberá asegurar que riesgos como la infección, alergia o intoxicación en el marco de la manipulación de agentes biológicos se eviten o reduzcan al mínimo y que en las actividades con ganado y otros animales, así como en las actividades en criaderos o establos, se cumplan las normas nacionales u otras normas reconocidas en materia de seguridad y salud.

INSTALACIONES AGRICOLAS

Artículo 15

La construcción, mantenimiento y reparación de las instalaciones agrícolas deberán estar conformes con la legislación nacional y los requisitos de seguridad y salud.

IV. OTRAS DISPOSICIONES

TRABAJADORES JOVENES Y TRABAJO PELIGROSO

Artículo 16

1. La edad mínima para desempeñar un trabajo en la agricultura que por su naturaleza o las condiciones en que se ejecuta pudiera dañar la salud y la seguridad de los jóvenes no deberá ser inferior a 18 años.

2. Los tipos de empleo o de trabajo a que se aplica el párrafo 1 de este artículo se determinarán por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas.

3. Sin perjuicio de las disposiciones que figuran en el párrafo 1, la legislación nacional o las autoridades competentes podrán, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, autorizar el desempeño de un trabajo previsto en dicho párrafo a partir de los 16 años de edad, a condición de que se imparta una formación adecuada y de que se protejan plenamente la salud y la seguridad de los trabajadores jóvenes.

TRABAJADORES TEMPORALES Y ESTACIONALES

Artículo 17

Deberán adoptarse medidas para garantizar que los trabajadores temporales y estacionales reciban la misma protección en materia de seguridad y salud que la concedida a los trabajadores empleados de forma permanente en la agricultura que se encuentran en una situación compara-ble.

TRABAJADORAS

Artículo 18

Deberán adoptarse medidas para que se tengan en cuenta las necesidades propias de las trabajadoras agrícolas, en particular, por lo que se refiere al embarazo, la lactancia y la salud reproductiva.

SERVICIOS DE BIENESTAR Y ALOJAMIENTO

Artículo 19

La legislación nacional o las autoridades competentes deberán establecer, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas:

a) que se pongan a disposición servicios de bienestar adecuados sin costo para los trabajadores, y

b) normas mínimas de alojamiento para los trabajadores que, por la índole de su trabajo, tengan que vivir temporal o permanentemente en la explotación.

ORGANIZACION DEL TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 20

Las horas de trabajo, el trabajo nocturno y los períodos para los trabajadores de la agricultura deberán ser conformes con lo dispuesto en la legislación nacional o en convenios colectivos.

COBERTURA CONTRA LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES

Artículo 21

1. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, los trabajadores del sector agrícola deberán estar cubiertos por un régimen de seguro o de seguridad social contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, tanto mortales como no mortales, así como contra la invalidez y otros riesgos para la salud relacionados con el trabajo, que les brinde una cobertura por lo menos equivalente a la ofrecida a los trabajadores de otros sectores.

2. Dichos regímenes pueden ya sea integrarse en un régimen nacional o adoptar cualquier otra forma apropiada que sea conforme con la legislación y la práctica nacionales.

Artículo 22

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 23

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional de Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 24

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso de derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 25

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 26

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 27

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el Orden del Día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 28

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 24, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor, y

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 29

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

Cross references

CONVENIO: C110 Convenio sobre las plantaciones, 1958.

CONVENIOS: C121 Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesioales, 1964.

CONVENIOS: C129 Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969.

CONVENIOS: C155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981.

CONVENIOS: C161 Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985.

CONVENIOS: C170 Convenio sobre los productos químicos, 1990.

CONVENIOS: C087 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948.

CONVENIOS: C098 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949.

CONVENIOS: C138 Convenio sobre la edad mínima, 1973.

CONVENIOS: C182 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999.

RECOMENDACIONES: R110 Recomendación sobre las plantaciones, 1958.

RECOMENDACIONES: R121 Recomendación sobre las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 1964.

RECOMENDACIONES: R133 Recomendación sobre la Inspección del trabajo (agricultura), 1969.

RECOMENDACIONES: R164 Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981.

RECOMENDACIONES: R171 Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985.

RECOMENDACIONES: R177 Recomendación sobre los productos químicos, 1990."ímicos, 1990."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR GARGANO.- Formulo moción para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado.)

22) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción para que se levante la sesión.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 19 y 58 minutos, presidiendo el señor Luis Hierro López y estando presentes los señores Senadores Atchugarry, Brause, Carvalho, Casartelli, Correa Freitas, Couriel, De Boismenu, Gargano, Herrera, Korzeniak, Millor, Núñez, Pereira, Pereyra, Rubio, Sanabria, Topolansky, Virgili y Xavier.)

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretarios

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.