Nº 349 - TOMO 423 26 DE AGOSTO DE 2004

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

QUINTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

37ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyecto presentado

- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se faculta a la sociedades cooperativas constituidas conforme a las Leyes Nos. 10.761 y 13.988 a crear fondos de refinanciación destinados a la cancelación de obligaciones.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

5, 7, 9, 11, 13 y 15) Solicitudes de licencia

- Las formulan las señoras Senadoras Arismendi y Pou, y los señores Senadores Astori, Heber, Mujica, Fernández Huidobro, Nin Novoa, Millor y Rubio.

- Concedidas.

6, 8, 10, 12, 14 y 16) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento. Las presentan los señores Stirling, Bustos, Notaro, Hackenbruch, Araújo, Chiesa, Gorosito y González Alvarez; la señora Senadora Nelly Goitiño y los señores Senadores Ferreira, Penadés, Lescano y Bayardi; y los doctores Santoro y Gianola, comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

17) Señor Presidente de la República, doctor Jorge Batlle Ibáñez. Solicitud de autorización para ausentarse del territorio nacional

- Nota del señor Presidente de la República solicitando la autorización prescrita en el artículo 170 de la Constitución de la República para ausentarse del territorio nacional.

- Concedida.

18) Régimen de trabajo para la semana entrante

- Por moción del señor Senador García Costa, el Senado resuelve suspender las sesiones de las Comisiones previstas para los días martes 31 de agosto y miércoles 1º de setiembre, y la sesión ordinaria del día miércoles 1º de setiembre.

19) Impuesto de Enseñanza Primaria

- Proyecto de ley por el que se establece un plan de facilidades para el pago de adeudos.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

- Por moción del señor Senador Singer, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Educación y Cultura, al CODICEN y al Consejo de Enseñanza Primaria.

20) Retenciones sobre retribuciones y pasividades

Fondos de refinanciación destinados a la cancelación de obligaciones

- Por moción del señor Senador Korzeniak, se procede al repartido de dichos proyectos.

21) Bienestar de los animales

- Proyecto de ley por el que se dictan normas al respecto.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

22) Código de la Niñez y la Adolescencia

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

23) Retenciones sobre retribuciones y pasividades

- Proyecto de ley por el que se establecen normas al respecto.

- Por moción del señor Senador Korzeniak, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

24) Fondos de refinanciación destinados a la cancelación de obligaciones

- Proyecto de ley por el que se procede a su creación.

- Por moción del señor Senador Korzeniak, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

25) Urgencias

- Por moción de los señores Senadores Herrera y Singer, el Senado resuelve considerar los proyectos de ley relativos al Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua con el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos; el Tratado sobre Extradición con el mismo Gobierno; el Acuerdo de Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones con el Gobierno de Israel y el Proyecto de Ley relativo a la "Noche de la Nostalgia".

26) Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre el Gobierno de la República y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

27) Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

28) Acuerdo de Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones entre el Gobierno de la República y el Gobierno de Israel

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

29) "Noche de la Nostalgia"

- Proyecto de ley por el que se denomina con este nombre la noche del 24 de agosto de cada año.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

30) Remuneración especial para el día 10 de setiembre

- Proyecto de ley por el que se establece una remuneración especial para las personas que trabajen ese día.

- Por moción del señor Senador Pereira, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

31) Desarrollo de la Investigación Científica Básica y la Innovación

- Proyecto de ley por el que se le declara de interés nacional.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

32) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 24 de agosto de 2004.

LA CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo jueves 26, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley :

1º) por el que se establece un plan de facilidades para el pago de adeudos por concepto del Impuesto de Enseñanza Primaria.

Carp. Nº 1456/04 - Rep. Nº 880/04

2º) relativo al bienestar animal.

Carp. Nº 691/01 - Rep. Nº 881/04

3º) por el que se aprueba el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Carp. Nº 697/01 - Rep. Nº 745/03

Anexo I

4º) por el que declara de interés nacional lo relativo al desarrollo de la investigación científica básica y la innovación.

Carp. Nº 1465/04 - Rep. Nº 883/04

Hugo Rodríguez Secretario -  Filippini Mario Farachio  Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Atchugarry, Borsari, Brause, Carvalho, Casartelli, Cid, Correa Freitas, Couriel, De Boismenu, Gallinal, Garat, García Costa, Gargano, Herrera, Korzeniak, Núñez, Percovich, Pereira, Pereyra, Riesgo, Ríos, Rodríguez, Sanabria, Scarpa, Segovia, Singer, Topolansky, Virgili y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Arismendi, Astori, Fernández Huidobro, Heber, Millor, Mujica, Nin Novoa, Pou y Rubio.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 16 minutos.)

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo, al que acompaña un proyecto de ley, por el que se concede una pensión graciable al señor Jorginho Gularte.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

La Presidencia de la Asamblea General remite un Mensaje del Poder Ejecutivo adjuntando copia del Decreto relacionado con la declaración de prescindibilidad del padrón Nº 420.656, zona rural de Montevideo.

- TENGASE PRESENTE.

El Poder Ejecutivo remite Mensaje solicitando venia para destituir de su cargo a un funcionario de la Presidencia de la República.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

La Comisión de Hacienda eleva informado el proyecto de ley por el que se extiende la aplicación del Impuesto al Valor Agregado al consumo de tabacos y cigarrillos y se disminuye la tasa mínima de dicho impuesto que grava los alimentos de consumo básicos.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se modifica el artículo 1º del Código Civil, relativo a la obligatoriedad de las leyes.

- por el que se modifican los artículos 258 y 259 del Código Rural referidos al delito de abigeato

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informado el proyecto de ley por el que se modifica el régimen de percepción de haberes de los suplentes de los señores Legisladores.

- REPARTANSE E INCLUYANSE EN LA PROXIMA SESION ORDINARIA QUE REALICE EL SENADO."

4) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Los señores Senadores Ruben Correa Freitas, José Korzeniak, Pablo Millor y Ariel Pereira presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se faculta a las sociedades cooperativas constituidas conforme a las Leyes Nos. 10.761 y 13.988, a crear fondos de refinanciación destinados a la cancelación de obligaciones."

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Facúltase a las sociedades cooperativas constituidas conforme a las Leyes Nº 10.761, de 15 de diciembre de 1946, Nº 13.988, de 19 de julio de 1971, a crear fondos de refinanciación destinados a la cancelación de obligaciones que ocasionaren retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades percibidas por personas físicas.

Canceladas dichas obligaciones, previa cesión de los respectivos derechos de crédito debidamente notificados y consentidas por sus deudores (artículos 1757 y 1758 del Código Civil), o mediante su pago realizado por las referidas sociedades cooperativas y con cargo a sus fondos de refinanciación, operándose en este último caso la subrogación legal de los acreedores originarios (Arts. 1468, 1469 y 1472 numeral 5º del Código Civil). El cesionario o el acreedor subrogante, en su caso, conservarán la anterior situación de privilegio respecto de los adeudos extinguidos. Asimismo, y a los efectos del cobro de sus créditos quedarán situados en el mismo lugar, grado y prelación que correspondería a las personas físicas o jurídicas cuyos créditos hubieren sido cancelados (artículos 1470, 1473 y 1761 del Código Civil), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5º.

Artículo 2º.- La existencia de los nuevos acreedores prevista, no podrá determinar descuentos que impliquen que una persona perciba por concepto de retribución salarial o pasividad una cantidad inferior al 20% (veinte por ciento) del monto nominal, menos impuestos y contribuciones de seguridad social, cuando corresponda.

Artículo 3º.- Si fueren varios los acreedores cedentes o subrogados, sus cesionarios o subrogantes, a los efectos de las retenciones referidas, gozarán de la misma prelación que tenía el acreedor con mayor prioridad para la recuperación de sus créditos. Esta prelación se conservará hasta el pago de la última cuota adeudada al cesionario o subrogante.

Artículo 4º.- Las Contadurías de las personas jurídicas públicas o privadas que efectuaren las retenciones de los salarios o pasividades percibidos por los deudores, registrarán los datos de la cancelación de los créditos de los acreedores originarios, así como los correspondientes a su cesión o subrogación legal, lo que deberá tener presente respecto de las retenciones a efectuar en función de nuevas obligaciones contraídas por los deudores.

Artículo 5º.- Lo dispuesto por los artículos 1º y 3º de la presente ley no regirá respecto de las obligaciones correspondientes a pensiones alimenticias decretadas u homologadas judicialmente, a arriendos a verter al Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación, y a cuotas de afiliación a Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.

José Korzeniak, Pablo Millor, Ruben Correa Freitas, Ariel Pereira. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto procura un régimen de consolidación de adeudos, que puede significar a los trabajadores, la posibilidad de cambiar una situación de obligaciones múltiple y descontrolada, por acuerdos que mediante la cancelación de esos pasivos, concentre sus deudas con un único, pautado y ordenado régimen de endeudamientos. Dicho régimen, genera una solución al profundo problema de endeudamiento de los trabajadores, a través de un reperfilamiento de sus deudas a mayor plazo y cuotas más bajas.

Esta situación redunda en beneficio de todos los actores: a) es común que los trabajadores hayan accedido sucesivamente a diversas fuentes de crédito, y contraídos deudas en monedas, plazos, condiciones, cuotas e intereses de las más variadas fuentes, b) ello le coloca en una situación de un auténtico descontrol. Si bien resulta importante el logro de la reciente ley, en el sentido de preservar la percepción de una parte líquida de haberes (20%), no es menos importante influir en la conducta del prestatario, apoyándolo en cuanto a procurar soluciones generales que le permitan consolidar, mediante la fórmula que se propone, la totalidad de su adeudo en un marco claramente definido; c) los acreedores singulares, también se beneficiarían con este sistema, en tanto, por las mismas razones anteriormente expuestas, es frecuente que se encuentren ante situaciones de insolvencia, que, en la concurrencia de acreedores de distinta prelación y orden, encuentre severamente comprometida la posibilidad de recuperar sus créditos; d) se prevé entonces, un tratamiento profesional a la complejidad de cada endeudamiento, mediante un mecanismo que, unificando las condiciones del endeudamiento, permita, racionalizando plazos, condiciones de ajuste, unificación de tasas de interés y otras, que el trabajador endeudado, recupere el dominio de su situación, en una relación jurídica elemental: un solo acreedor, un único régimen de pago y la certeza de un remanente salarial líquido futuro, e) con relación a las entidades que se interesen en brindar este tipo de financiaciones, se prevé por un lado, que se limite a las cooperativas de ahorro y crédito, previendo el agrupamiento de personas con una finalidad común; por otra parte, un sistema que les otorgue con respecto a aquellos créditos que cancele, un régimen de prioridades al cobro, de igual naturaleza al que tenían los titulares anteriores, manteniendo las respectivas situaciones de privilegio para la percepción de cuotas, de manera de garantizar por el término de la nueva operación el repago a las cooperativas participantes, sin posibilidad de que nuevo endeudamiento genera riesgo de reembolso a las mismas.

Sin perjuicio de ello, se exceptúa de esta situación de prioridad en el descuento a las retenciones por pensiones alimenticias decretadas u homologadas judicialmente, ni para las garantías para el pago de alquileres, ni cuotas de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.

José Korzeniak, Pablo Millor, Ruben Correa Freitas, Ariel Pereira. Senadores."

5) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Millor solicita licencia por el día de la fecha."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 26 de agosto de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores.

Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia por el día de la fecha por motivos personales.

Sin otro particular le saluda atentamente.

Dr. Pablo Millor. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 13 en 13. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de varias notas de desistimiento.

(Se da de las siguientes:)

"Los señores Stirling, Bustos, Notaro y Hackenbruch comunican que, en esta oportunidad, no aceptan la convocatoria como suplentes del señor Senador Millor".

- Queda convocado el señor Senador Scarpa, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encuentra en la Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Scarpa)

7) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Heber solicita licencia por el día de la fecha".

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 26 de agosto de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia sin goce de sueldo, por motivos personales, el día 26 de agosto con la posibilidad de ser prorrogada hasta la finalización del tratamiento del proyecto del Código del Niño.

Sin otro particular, saludo atentamente.

Luis Alberto Heber. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de varias notas de desistimiento.

(Se da de las siguientes:)

"Los señores Ferreira, Penadés, Araújo, Santoro y Gianola comunican que, en esta oportunidad, no aceptan la convocatoria como suplentes del señor Senador Heber".

- Queda convocado el señor Senador Borsari, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encuentra en la Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Borsari)

9) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Pou solicita licencia por el día de la fecha."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 24 de agosto de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a Ud. licencia a la sesión extraordinaria del Senado del día 26 del corriente ya que me encontraré en la ciudad de Washington en un Seminario de la Organización de Estados Americanos exponiendo sobre Ciencia y Tecnología.

Sin otro particular saluda a Ud. atentamente.

Ma. Julia Pou . Senadora"

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de varias notas de desistimiento.

(Se da de las siguientes:)

"Los señores Chiesa, Gorosito, González Alvarez, Santoro, Gianola, Ferreira, Penadés y Araújo comunican que, en esta oportunidad, no aceptan la convocatoria como suplentes de la señora Senadora Pou".

- Queda convocado el señor Senador Ambrosio Rodríguez, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encuentra en la Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Rodríguez.)

11) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Mujica solicita licencia por el día de la fecha."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 26 de agosto de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

Presente.

De mi consideración:

Por la presente solicito se dé trámite a licencia por motivos personales con fecha 26 de agosto y que se convoque al suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

José Mujica. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocada la señora Senadora Lucía Topolansky, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encuentra en la Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala la señora Senadora Topolansky)

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Fernández Huidobro solicita licencia por el día de la fecha."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, agosto 26 de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito a usted tenga a bien gestionar licencia por razones personales para el día 26 de agosto de 2004.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Eleuterio Fernández Huidobro. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Oportunamente será convocado el suplente respectivo.

- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Rubio solicita licencia por el día de la fecha."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 26 de agosto de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

Presente.

Por este medio solicito al Cuerpo que Ud. preside licencia por el día de la fecha.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Prof. Enrique Rubio. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una nota de desistimiento llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Bayardi comunica que, en esta oportunidad, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto".

- Queda convocada la señora Senadora Margarita Percovich, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encuentra en la Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala la señora Senadora Percovich)

13) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Nin Novoa solicita licencia por el día de la fecha."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 26 de agosto de 2004.

Don Luis Hierro López

Presidente del Senado

Presente.

De mi consideración:

Por la presente solicito licencia por el día de hoy, por motivos particulares.

Asimismo solicito que se cite a mi suplente.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,

Rodolfo Nin Novoa. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Lescano comunica que, en esta oportunidad, no acepta la convocatoria como suplente del señor Senador Nin Novoa".

- Queda convocado el señor Senador Eduardo Ríos, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encuentra en la Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Ríos)

15) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Arismendi solicita licencia desde el día de la fecha hasta el día lunes inclusive".

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 26 de agosto de 2004.

Cámara de Senadores

Atn. Sr. Presidente

Don Luis Hierro López

Presente.

De mi mayor consideración:

Solicito a Ud. licencia desde el día de la fecha hasta el día lunes inclusive, razones particulares impiden mi asistencia.

Por lo expuesto ingresará mi suplente el Sr. Victorio Casartelli.

Saluda muy atentamente

Marina Arismendi. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Senador Casartelli, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encuentra en la Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Casartelli)

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Astori solicita licencia por el día de la fecha."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 26 de agosto de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia por motivos personales durante el día de la fecha.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente muy atentamente.

Danilo Astori. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

16) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Nelly Goitiño comunica que, en esta oportunidad, no acepta la convocatoria como suplente del señor Senador Astori".

- Queda convocado el señor Senador Segovia, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encuentra en la Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Segovia)

17) SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DOCTOR JORGE BATLLE IBAÑEZ. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una nota llegada desde la Presidencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Presidente de la República solicita la autorización prescrita en el artículo 170 de la Constitución de la República para ausentarse del país."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo 26 agosto 2004

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Presente.

Tengo el honor de dirigirme al Señor Presidente a los efectos de solicitar la autorización prescrita por el artículo 170 de la Constitución de la República, en virtud de que me ausentaré del territorio nacional por más de cuarenta y ocho horas a partir del 18 de setiembre de 2004, a fin de asistir a la ‘Reunión de Líderes Mundiales contra el Hambre y la Pobreza’, y a la ‘59ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas’ que tendrán lugar en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América y a partir del 7 de octubre de 2004 para realizar una visita oficial a la República Islámica de Irán.

Saludo al Señor Presidente con mi mayor consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ

Presidente de la República."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se trata de dos solicitudes formuladas por el señor Presidente de la República, pero entendimos oportuno que hiciera ambas conjuntamente, dado que el 15 de setiembre termina el período legislativo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

18) REGIMEN DE TRABAJO PARA LA SEMANA ENTRANTE

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: como es notorio, en próximos días -para ser exactos, me refiero al martes y miércoles de la semana próxima- los Legisladores nacionalistas nos vamos a trasladar a la localidad de Masoller, departamento de Rivera, en virtud de la conmemoración de la Batalla que se dio en ese lugar. Si bien ésta tiene lugar el día 1º de setiembre, es obvio que en la jornada anterior la mayor parte de nosotros estará en viaje. Por tanto, solicito al Cuerpo se sirva suspender las sesiones de Comisión de los días martes y miércoles de la semana próxima, así como la primera sesión ordinaria del mes de setiembre, correspondiente al día miércoles 1º.

A su vez, señor Presidente, sugeriría que celebremos una sesión extraordinaria el día jueves 9 de setiembre a fin de recuperar el día de sesión ordinaria del Cuerpo que no habríamos realizado, lo que se resolverá previas las consultas del caso.

SEÑOR PRESIDENTE.- En lo que refiere a la propuesta de sesión extraordinaria para el día jueves, la Mesa considera conveniente que el propio Cuerpo se pronuncie durante las sesiones ordinarias de los días martes 7 y miércoles 8.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: quiero decir que, personalmente, como coordinador de la Bancada del Encuentro Progresista- Frente Amplio, no tengo ningún inconveniente en acceder a las dos primeras partes del petitorio del Partido Nacional, o sea, que no haya Comisiones los días martes y miércoles de la semana próxima y que se suspenda la primera sesión ordinaria del mes de setiembre, pero no estamos en condiciones de votar hoy la realización de una sesión extraordinaria para el día jueves 9.

Entonces, propongo que nos tomemos tiempo y que el martes 7 resolvamos sobre la realización de la sesión extraordinaria.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa hará la coordinación necesaria a los efectos de asegurar que el trabajo del Cuerpo se desarrolle en la forma más normal posible.

Se va a votar la moción formulada por el señor Senador García Costa.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: nuestra Bancada necesita tener una reunión de aproximadamente media hora. Por lo tanto, solicitamos un cuarto intermedio de treinta minutos.

Mociono en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta la hora 17.

(Así se hace. Es la hora 16 y 29 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 17 y 9 minutos)

19) IMPUESTO DE ENSEÑANZA PRIMARIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se establece un plan de facilidades para el pago de adeudos por concepto del Impuesto de Enseñanza Primaria (Carp. Nº 1456/04 - Rep. Nº 880/04)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1456/04

Rep. Nº 880/04

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- El presente plan de regularización tendrá una vigencia improrrogable de ciento veinte días a contar de la fecha indicada por el organismo recaudador, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Artículo 2º.- Solo a los efectos de la determinación de las deudas del presente plan de regularización se declara prescripto el derecho al cobro del Impuesto de Enseñanza Primaria de todos los ejercicios fiscales que tengan más de cinco años de antigüedad, contados desde la fecha de entrada en vigencia del plan.

Artículo 3º.- Las sanciones tributarias del Impuesto de Enseñanza Primaria estarán compuestas por una multa sobre el importe del tributo no pagado en plazo y un recargo mensual. La multa se mantendrá en los mismos términos establecidos en el artículo 94 del Decreto-Ley Nº 14.306, de 29 de noviembre de 1974. Los recargos se calcularán confrontando el índice de precios al consumo correspondiente al mes anterior de exigibilidad de la obligación con el establecido para el mes anterior al de la cancelación de la obligación.

Los recargos de los tributos impagos a la fecha de entrada en vigencia del plan, se recalcularán de acuerdo a lo establecido en el inciso anterior.

Artículo 4º.- Las deudas atrasadas a la fecha de entrada en vigencia del plan de regularización recalculadas de acuerdo a los artículos 2º y 3º, podrán ser abonadas al contado con un descuento del 8% (ocho por ciento), o sin dicho descuento, celebrando un convenio de facilidades de pago en un máximo de doce cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin interés compensatorio alguno. El plazo para pagar las cuotas dentro del mes lo determinará la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), pero no será inferior a quince días corridos.

Los convenios celebrados en el presente régimen caducarán de pleno derecho con el no pago de una de las cuotas fijadas.

Los contribuyentes en esta situación no podrán ampararse nuevamente al presente plan, y su deuda volverá al estado establecido en el artículo 3º, computándose las cuotas abonadas según lo previsto en el párrafo final del artículo 34 del Decreto-Ley Nº 14.306, de 29 de noviembre de 1974. El pago de una cuota operará como voluntad de adhesión al presente régimen de facilidades.

Artículo 5º.- Las deudas que fueren objeto de convenios vigentes, serán reformuladas a la fecha de solicitud de los mismos, mientras que las remanentes de convenios caducos, se liquidarán a la fecha de acogimiento al plan de regularización extraordinario, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 2º y 3º de la presente ley.

La suma de dinero que se hubieren pagado en el marco de los convenios referidos en el artículo anterior, ya estuvieren vigentes o caducos, se imputarán íntegramente a la deuda, y el saldo, si lo hubiere, podrá abonarse al contado o mediante un nuevo convenio en las condiciones establecidas en el artículo 4º.

En ningún caso la reliquidación establecida en el presente artículo dará lugar a devolución o acreditación futura alguna.

Artículo 6º.- Aquellos contribuyentes que se encuentren en ejecución judicial por este tributo podrán acogerse al plan de regularización de la presente ley en las condiciones establecidas precedentemente.

Artículo 7º.- Las sanciones tributarias del Impuesto de Enseñanza Primaria estarán compuestas por una multa sobre el importe del tributo no pagado en plazo y un recargo mensual. La multa se mantendrá en los mismos términos establecidos en el artículo 94 del Decreto-Ley Nº 14.306, de 29 de noviembre de 1974.

Se faculta al organismo recaudador a calcular los recargos confrontando el índice de los precios del consumo correspondiente al mes anterior de exigibilidad de la obligación, con el establecido para el mes anterior al de la cancelación de la obligación. En este caso, la base de cálculo de los recargos será el importe del tributo más un 20% (veinte por ciento). Asimismo, cuando resultare mas beneficioso para el contribuyente, la Administración podrá optar por calcular los recargos de acuerdo al artículo 94 del Decreto-Ley Nº 14.306, de 29 de noviembre de 1974.

Artículo 8º.- La Administración Nacional de Educación Pública podrá declarar de oficio la prescripción del derecho al cobro de los tributos, sanciones e intereses cuando se configuren los supuestos previstos por el artículo 38 del Decreto-Ley Nº 14.306, de 29 de noviembre de 1974.

Artículo 9º.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 3 de agosto de 2004.

José Amorín Batlle Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

El Miembro Informante es el señor Senador Sanabria, quien en este momento no se encuentra en Sala.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: tengo la impresión de que existe un consenso muy grande en torno a este proyecto de ley. Además, también cuenta con la aquiescencia de los organismos de la Enseñanza. Por consiguiente, sin perjuicio de lo que expresen los señores Senadores, me parece que se podría poner a votación, ya que hay consenso político y también técnico.

SEÑOR SINGER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGER.- Señor Presidente: deseamos señalar, en primer lugar, que desde luego vamos a acompañar este proyecto de ley.

En segundo término, queremos decir que, en esta materia, más de una vez se han planteado objeciones al Impuesto de Enseñanza Primaria. En los muchos años -por no decir muchísimos- que llevo como Legislador, si hay algo de lo que estoy orgulloso es de haber sido el autor de este Impuesto de Enseñanza Primaria. Durante el segundo gobierno del Partido Nacional, en 1963, presentamos este proyecto de ley que, finalmente, fue aprobado por unanimidad, aunque después tuvo diversas alternativas. Por ejemplo, el régimen militar lo derogó y tuvimos muchas dificultades para que se pudiera implementar el cobro de este Impuesto, en su primera etapa, por parte de Enseñanza Primaria. Cuando se reinstitucionalizó la vida nacional en 1985, el primer proyecto de ley que presentamos fue la reimplantación de este Impuesto de Enseñanza Primaria. El mismo tiene una característica que ha sido criticada por los economistas-técnicos en materia presupuestal, en el sentido de que este Impuesto violaría el principio de la generalidad de ingresos y egresos. Quiere decir que se trata de un Impuesto que tiene un destino específico al margen de las disposiciones presupuestales. Pero el efecto que ha tenido creo que ha sido altamente beneficioso para el país. Entre otros, el más importante de todos ha sido el aumento constante, a partir de su implantación -esto está perfectamente documentado-, de los niños que acuden a las escuelas. Digo esto, porque con este Impuesto se paga la alimentación de los niños pobres de todas las escuelas públicas. En la actualidad, casi doscientos mil niños en todas las escuelas públicas del país reciben alimentación en base a los recursos que obtiene Enseñanza Primaria por este Impuesto. Esto ha sido lo que ha permitido que decenas de miles de niños, que antes no concurrían a las escuelas, ahora lo hagan porque tienen allí -estamos hablando de niños de hogares muy pobres- asegurada la alimentación.

Con esto, señor Presidente, estoy diciendo que tanto el CODICEN como Enseñanza Primaria tienen que ser muy cuidadosos y celosos en el manejo de todo lo que tiene que ver con este Impuesto y en el destino de sus recursos. Al implantarse este impuesto, se estableció con absoluta claridad en qué se podía gastar lo que se recaudaba con el mismo. Uno de los objetivos era, precisamente, dar alimentación a los niños pobres. Por otro lado, se destinaría a todo lo que tiene que ver con mantenimiento y reparación de locales escolares y útiles de enseñanza para los niños que los necesitan. Es bueno aclarar que en ningún caso puede ser para remuneraciones personales. Entonces, en el momento en que vamos a votar un plan de facilidades de pago, quiero decir en este Senado que entiendo que el CODICEN y el Consejo de Enseñanza Primaria -repito- deben ser extremadamente cuidadosos en todo lo que tiene que ver con los destinos que se les da a los recursos que se recaudan por medio de este Impuesto, así como en lo que se refiere a su recaudación. La propaganda o publicidad que se haga en lo que tiene relación con este Impuesto, tiene que ser clara, porque la gente que lo paga muchas veces protesta -todos protestamos cuando nos cobran un Impuesto- porque no tiene una idea clara del destino de los recursos que se obtienen por el mismo. En ese sentido, todo lo que sea difusión y comunicación claras en cuanto al destino que se le ha dado a los recursos recaudados por este Impuesto, es una obligación ineludible que deben cumplir el CODICEN y Enseñanza Primaria.

Era lo que quería manifestar.

SEÑOR RODRIGUEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RODRIGUEZ.- Señor Presidente: vamos a votar este Impuesto que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes.

He sido el autor del proyecto inicial en cuanto a crear facilidades sobre este Impuesto; posteriormente el señor Representante Trobo presentó otro y también intervinieron las autoridades del CODICEN, todo lo cual hizo posible que surgiera este texto en el cual todos hemos concordado. La realidad fue la que nos llevó a presentar este proyecto porque, como decía el señor Senador Singer, es indudable que este Impuesto tiene un gran contenido social y esa es la preocupación de este hoy Senador, y en el momento de presentar la iniciativa, Representante Nacional.

Conociendo la realidad del país, nos hemos dado cuenta de que las autoridades de Enseñanza Primaria han perdido varios millones de dólares de recaudación; no se puede calcular lo que no han recaudado. Este es un impuesto que tiene un gran fin social, pero es indudable que no tiene una muy buena reglamentación y no se han previsto los métodos para recaudar. En nuestro país el deudor tiene que hacer todas las gestiones para saber si realmente le corresponde pagar; esto es inaudito, ya que debe realizar los trámites y pagar un timbre de $ 400 para que le digan: "No, señor; a usted no le corresponde pagar el impuesto". La gente iba a la Inspección Departamental de Primaria para averiguar por sus pagos y le decían que no había ningún recibo a su nombre.

¿Por qué Enseñanza Primaria no tiene el padrón actualizado? Sucede que los Gobiernos Departamentales, los Intendentes, no le suministran los datos de todas las propiedades que tienen que pagar Contribución Inmobiliaria, ni tampoco los de las nuevas construcciones. Creo que esa es la gestión fundamental que se debe realizar una vez aprobado el método de facilidades, para que la gente pueda ser contribuyente activa de Enseñanza Primaria.

En mi departamento, Maldonado, hay una inmensa cantidad de propietarios extranjeros que no se enteran del impuesto que deben pagar hasta que intentan hacer una transferencia y se encuentran con que el escribano les exige los comprobantes de pago de un impuesto del que nunca tuvieron conocimiento. Sin embargo, como toda deuda de más de cinco años prescribe, indudablemente Enseñanza Primaria pierde de recaudar mucho dinero.

Este proyecto de ley procura, en primer lugar, que Enseñanza Primaria recaude; en segundo término, que invierta y que lo haga bien. El sentido de la recaudación de este impuesto es que quienes integran los Gobiernos Departamentales no se vean obligados a invertir ayudando a las escuelas, porque si no fuera por dichas ayudas, tengan la plena seguridad de que muchos comedores escolares no funcionarían.

En definitiva, a través de este proyecto de ley le estamos brindando a Enseñanza Primaria el mecanismo necesario para que pueda recaudar, planificando de aquí en más el pago por parte de la gente, haciéndole llegar su recibo a los contribuyentes para que no tengan que realizar todo un trámite burocrático para pagar el impuesto.

Por lo expuesto, vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley y con mucho entusiasmo, pero quería dejar la constancia de que no basta con aprobar un régimen de facilidades, sino que también hay que decirle a Enseñanza Primaria que tiene que adoptar otras medidas para relacionarse con los Gobiernos Departamentales, a fin de que las Intendencias le suministren los registros de los contribuyentes.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: la Comisión de Hacienda votó este proyecto de ley por unanimidad y, en virtud de que tiene media sanción de la Cámara de Representantes, habría que convertir en realidad el noble destino que tienen estos recursos -fundamentalmente en el camino señalado por los señores Senadores Singer y Rodríguez-, permitiendo la recaudación a través de una regularización, que tendrá 120 días de vigencia a partir de la promulgación de esta ley.

La aprobación de esta ley va a significar aportes y una puesta al día de los deudores. Todos sabemos que cuando la gente se pone al día con sus pagos es más sencillo mantenerse sin deudas. Esta es otra de las funciones que tiene que adoptar el CODICEN y, fundamentalmente, Enseñanza Primaria. Por lo tanto, no solamente se busca actualizar la recaudación sino también, por vía de mecanismos sencillos, permitir que la misma llegue a los comedores escolares de Educación Pública.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Vamos a votar el mecanismo de regularización de los pagos porque, en definitiva, de eso trata este proyecto de ley: es decir, de una declaración de prescripción de los créditos que tienen más de cinco años y una forma de ponerse al día por parte de aquellos que tengan una menor antigüedad.

Quiero decir que la ley original y su aplicación han sido muy beneficiosas, pero discrepo con la propaganda que hace Enseñanza Primaria en cuanto a que con estos recursos se da de comer a los niños, ya que el destino no es sólo la alimentación, sino que también cubre el funcionamiento de otros aspectos de la enseñanza, entre los cuales podemos mencionar el mantenimiento edilicio, etcétera.

Quiero declarar algo que me parece muy importante. En primer lugar, es un defecto del Estado y de la ANEP no cruzar la información catastral con Enseñanza Primaria. Si se hiciera eso, que es muy sencillo desde el punto de vista del registro catastral que existe a través de la red informática, no habría nadie que no recibiera -como recibo en mi casa- la notificación de contribución al impuesto.

En segundo término, es necesario dejar constancia de que, si existe un beneficio esencial en esto es que, aparte de presentar la rendición de cuentas de lo que el presupuesto le adjudica, Enseñanza Primaria debe hacer rendición de cuentas específica sobre lo que esta disposición le brinda. Confieso que esto no lo he visto en todos los años que he trabajado en la Comisión de Presupuesto. El Ente debe decir cómo y cuánto recauda y qué es lo que se le debe. En definitiva, se trata de dos rendiciones de cuentas separadas, porque esto no es presupuestal sino una ley aparte, que debe venir cuando se manda la Rendición de Cuentas general.

Es cuanto quería manifestar. Muchas gracias.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Esta es una iniciativa que nació en la Cámara de Representantes, de la que tomamos conocimiento a través del señor Legislador Trobo y que en su momento seguimos con atención, por lo que sabemos que fue considerada por la ANEP y aprobada por sus técnicos y por el Consejo Directivo.

Queremos decir, en primer lugar, que en función de que la administración del impuesto ha mejorado, hoy muchas personas reciben notificaciones que antes no recibían y se han encontrado con deudas importantes. Como es sabido, el propio Poder Ejecutivo planteó -y el Parlamento aprobó- períodos de facilidades con el BPS, e incluso con la Dirección General Impositiva, porque todos somos conscientes de las dificultades que los uruguayos tuvieron para cumplir con sus obligaciones durante los años 2002 y 2003; por consiguiente, también estuvimos de acuerdo con este proyecto desde el primer momento y lo vamos a acompañar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR SINGER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGER.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 23 en 25. Afirmativa.

En consideración los artículos 1º a 9º, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque.

(Se votan:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

SEÑOR SINGER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGER.- Señor Presidente: quiero formular moción en el sentido de que la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala con motivo de la consideración de este proyecto sea enviada al Ministerio de Educación y Cultura, al CODICEN y al Consejo de Enseñanza Primaria.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para dejar una constancia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: quiero dejar una constancia a los efectos de que sea analizada por el Cuerpo.

Dado que cuando estamos comprendidos en los asuntos que se tratan en el Orden del Día corresponde que así lo manifestemos, debo señalar que en mi caso personal soy deudor del Impuesto de Enseñanza Primaria. Deseaba realizar esta aclaración porque me parece que hace a lo que el Reglamento establece sobre el punto concreto.

20) RETENCIONES SOBRE RETRIBUCIONES Y PASIVIDADES. FONDOS DE REFINANCIACION DESTINADOS A LA CANCELACION DE OBLIGACIONES

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: voy a solicitar que se distribuyan dos proyectos de ley que no figuran en el Orden del Día y sobre los que, de alguna manera, la Mesa ya había sido avisada informalmente a fin de que se hicieran las respectivas fotocopias.

En primer lugar, hay un proyecto venido de la Cámara de Representantes, donde ya ha sido aprobado, que además cuenta con el acuerdo de todos los Partidos. Como no recuerdo el número de la carpeta correspondiente, describiré la iniciativa diciendo que establece, sustancialmente, que no se puede descontar más del 80% de los salarios y las pasividades por retenciones a las que los acreedores tienen derecho.

Por otro lado, en el día de ayer se presentó otro proyecto con las firmas de los señores Senadores Millor, Correa Freitas y quien habla, a las que en el día de hoy se sumará -según me lo ha manifestado- la del señor Senador Pereira. A través de esta segunda iniciativa se faculta a las sociedades cooperativas de crédito a crear fondos de refinanciación destinados a la cancelación de obligaciones que ocasionan retenciones de salarios o de jubilaciones.

Voy a solicitar que se distribuyan ambos repartidos a fin de que en algún momento de la tarde se los pueda declarar urgentes y se traten de inmediato.

(Aplausos en la Barra)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa quiere aclarar a las personas que asisten a la Barra que está expresamente prohibido hacer cualquier tipo de manifestaciones. Dejamos constancia de este aspecto, porque si ello vuelve a producirse estaremos obligados a desalojarla.

Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Korzeniak.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

21) BIENESTAR DE LOS ANIMALES

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en segundo lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley relativo al bienestar animal (Carp. Nº 691/01 - Rep. Nº 881/04)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 691/01

Rep. Nº 881/04

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

TITULO PRIMERO

Normas de conducta del Hombre hacia los Animales

Artículo 1º.- Se reconoce la vida y la integridad de todos los animales -en tanto objetos de derecho- como una cualidad esencial de los mismos.

Artículo 2º.- Queda prohibido expresamente maltratar los animales y lesionarlos con ánimo cruel.

Artículo 3º.- La muerte de los animales sólo podrá practicarse cuando las normas legales así lo autoricen y en ningún caso por procedimientos que causen sufrimientos innecesarios o agonías prolongadas y en lugares públicos de libre acceso.

Artículo 4º.- El uso de animales en experimentos, prácticas de diagnóstico y entrenamiento profesional se realizará únicamente cuando esté justificado que tal uso es imprescindible para el estudio y avance de la ciencia.

La manipulación de los animales con los fines expresados en el anterior párrafo deberá realizarse previo suministro de sedación, analgesia o anestesia, según las prácticas veterinarias más aceptadas.

Para cada experimento sobre animales debe establecerse un proceso o protocolo, consignando el objetivo, modo de ejecución, los anestésicos que eventualmente se autorizarán, así como la especie y el número de animales a utilizar.

Los protocolos serán conservados durante tres años y estarán a disposición de la autoridad competente.

TITULO SEGUNDO

De los Animales de compañía

CAPITULO PRIMERO

Definiciones

Artículo 5º.- Serán considerados como animales de compañía los vertebrados homeotermos que perteneciendo, o siendo susceptibles de pertenecer, a una persona física o jurídica y viviendo en su proximidad, reciban de ésta atención, protección, alimento, refugio o cuidados sanitarios, aun cuando de su constitución, hábitos, cualidades, presencia o características específicas o individuales, no deriven ningún beneficio real o aparente para su poseedor.

A tales efectos, la autoridad competente establecerá y publicará la nómina científica de los animales considerados de compañía, actualizándola periódicamente si fuese necesario, pudiendo incluir en la misma animales poiquilotermos.

CAPITULO SEGUNDO

De la tenencia responsable de animales de compañía

Artículo 6º.- Todo tenedor, a cualquier título, de un animal de compañía, será responsable:

a) del buen trato en función de su especie;

b) de los perjuicios que su presencia provoque al medio ambiente;

c) de los daños que el animal pueda provocar.

CAPITULO TERCERO

De las obligaciones de los poseedores de animales de compañía

Artículo 7º.- Todo poseedor de un animal de compañía, deberá declararlo ante la autoridad competente, de acuerdo a la reglamentación que se dicte.

Artículo 8º.- Todo poseedor de un animal de compañía deberá:

a) mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas;

b) no dejarlo suelto en lugares públicos de libre acceso;

c) no abandonarlo.

Artículo 9º.- La autoridad competente reglamentará sobre el destino, de los animales en estado de abandono.

CAPITULO CUARTO

Del sacrificio de animales

Artículo 10.- El sacrificio de un animal de compañía podrá realizarse:

a) Por consejo de profesional veterinario;

b) Para poner fin a intensos sufrimientos producidos por lesión o enfermedad, por incapacidad o impedimento grave, por razones sanitarias;

c) Cuando se obre en legítima defensa, propia o de un tercero;

d) Por cumplimiento de un deber legal o de orden legítima de autoridad competente;

e) Cuando el animal implique riesgos para el hombre u otros animales;

CAPITULO QUINTO

Prohibiciones

Artículo 11.- Los animales utilizados para deportes no podrán recibir ninguna sustancia o medicamento perjudiciales para su salud e integridad ni serán forzados más allá de su capacidad.

Artículo 12.- Queda prohibido el uso de animales para la práctica de tiro al blanco.

Se prohíbe la cría, hibridación y adiestramiento de animales con el propósito de aumentar su peligrosidad.

Asimismo, se prohíbe la promoción y realización de peleas entre animales de cualquier especie.

Artículo 13.- Podrá prohibirse por la autoridad competente la tenencia de animales de compañía a las personas que hayan sido sancionadas o condenadas por violación grave a las normas de la presente ley. Las personas que hayan sido declaradas incapaces de acuerdo al Art. 1279 del Código Civil, podrán ser tenedores, previo informe médico favorable a dicha tenencia.

Artículo 14.- El que maltratare o matare, a un animal de compañía, fuera de las excepciones previstas en esta ley, será castigado con multa de 20 UR (veinte unidades reajustables) a 100 UR (cien unidades reajustables).

En caso de imposibilidad del pago, hecho que deberá constatarse fehacientemente, o cuando el Juez de la causa, por razones fundadas entendiere pertinente, dispondrá en sustitución de la multa, la aplicación de medidas alternativas las que deberán estar orientadas al cumplimiento de las finalidades de esta ley.

CAPITULO SEXTO

De la Autoridad Competente

Artículo 15.- Créase la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, con carácter Asesor, la que actuará integrada de la siguiente manera:

- Un delegado del Poder Ejecutivo, que la presidirá.

- Un delegado del Ministerio del Interior.

- Un delegado del Ministerio de Educación y Cultura.

- Un delegado del Ministerio de Salud Pública.

- Un delegado del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

- Un delegado del Congreso de Intendentes.

- Un delegado de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República.

- Un delegado de entre las Sociedades Protectoras de Animales con Personería Jurídica.

El Ministerio del Interior dará respaldo administrativo para su funcionamiento.

Artículo 16.- Los integrantes de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelectos y se mantendrán en sus cargos hasta tanto sean designados sus sustitutos.

Artículo 17.- Son cometidos de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal además de los que surgen del cuerpo de esta ley:

a) Asesorar al Poder Ejecutivo, preceptivamente, sobre las políticas y los programas que estime necesarios o convenientes para el cumplimiento de los fines de esta ley;

b) Planificar, organizar, dirigir, evaluar y colaborar en la ejecución de los programas que se coordinen con el Poder Ejecutivo;

c) Informar al Poder Ejecutivo en materia de compromisos internacionales concernientes a los animales y velar por el cumplimiento de los mismos;

d) Realizar o fomentar investigaciones y estudios relacionados con la situación de los animales, su comportamiento y su protección;

e) Organizar, dirigir y coordinar los programas de información que coadyuven a una más armónica y sana convivencia de los seres humanos con los animales;

f) Recibir y diligenciar las denuncias sobre actos de maltrato y crueldad contra los animales, requiriendo la intervención de las autoridades competentes;

g) Organizar el Registro de Prestadores de Servicios Animales;

h) Proponer normas que regulen las condiciones en que deberán prestar sus servicios los sujetos pasivos de dicho Registro de Prestadores;

i) Promover normas de control de los animales abandonados y facilitar y estimular la adopción de los animales en cautiverio.

Artículo 18.- La Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, a los efectos del cumplimiento de los cometidos asignados por esta ley y demás normas concordantes o complementarias, podrá:

a) Administrar y disponer los recursos que se establezcan leglamente, a fin de aplicarlos a sus respectivos programas.

b) Contratar el personal o los servicios que considere necesarios.

c) Comunicarse directamente con todas las reparticiones públicas, las que tendrán la obligación de prestar su más amplia cooperación a la Comisión Honoraria de Bienestar Animal.

d) Firmar convenios de intercambio técnico, de apoyo financiero o de desarrollo de programas.

e) Recibir herencias, legados y donaciones, y administrar esos recursos dando cuenta, anualmente, al Poder Ejecutivo.

f) Confiscar aquellos animales sujetos a maltrato o crueldad por parte de sus tenedores o cualquier título, tomando las medidas más adecuadas a las circunstancias del caso.

g) Encomendar o autorizar la esterilización o la eutanasia de animales sin dueños, abandonados o extraviados.

h) Recurrir al auxilio de la fuerza pública, cuando sea necesario, para el cumplimiento de sus cometidos.

i) Aplicar y cobrar multas de hasta 20 UR (veinte unidades reajustables) por infracciones a la presente ley.

Artículo 19.- El personal de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal se regirá por las normas del derecho privado.

Artículo 20.- Créase el Fondo de Protección Animal, que será administrado por la Comisión Honoraria de Bienestar Animal y que se integrará con los siguientes recursos:

a) El producto de toda clase de ingresos que deriven de la gestión de las áreas y bienes afectados a la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal.

b) El producto percibido por la aplicación de las multas y por el remate de decomisos aplicados por infracciones a las disposiciones de esta ley.

c) El producto de la Tasa de Registro de Prestadores de Servicios Animales, creada por el artículo de esta ley y otros tributos cuyo producido se le asigne.

d) Los fondos procedentes de préstamos y demás financiamientos que se conceden.

e) Las herencias, legados y donaciones que reciba.

f) Contraprestaciones de servicios prestados por la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal.

g) El producto de colectas públicas, sorteos y espectáculos a beneficio. El fondo de Protección Animal estará exceptuado de la limitación en la titularidad y disponibilidad de fondos dispuestas en el artículo 589 de la Ley Nº 15.903, de noviembre de 1987.

El Fondo de Protección Animal tendrá por finalidad atender inversiones y gastos, enmarcado en los planes y programas que deberá elaborar la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal.

Los recursos correspondientes serán depositados en una cuenta especial del Banco de la República Oriental del Uruguay, denominada "Fondo de Protección Animal".

CAPITULO SEPTIMO

Del Registro de Prestadores de Servicios

Artículo 21.- Créase, en la órbita de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, el Registro de Prestadores de Servicios, en el que deberán inscribirse los mismos, en los términos que la reglamentación establecerá, exceptuados los profesionales en el libre ejercicio de la profesión veterinaria.

Artículo 22.- Créase la Tasa de Registro de Prestadores de Servicios para animales.

Serán contribuyentes personas físicas o jurídicas que deban inscribirse en el referido registro, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo anterior de esta ley.

Quedan exonerados del pago de la tasa, no así de su inscripción, las sociedades protectoras de animales y las personas físicas y jurídicas que determine la reglamentación.

El valor de la tasa será fijado anualmente por el Poder Ejecutivo.

El cobro de la tasa se hará por la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, en la forma que determine la reglamentación.

Julio Herrera, Senador.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Esta ley y sus disposiciones, serán consideradas de interés general.

Reconocerá la vida y la integridad de los animales, en condiciones de dignidad y decoro, conforme a las características de cada especie, como una cualidad esencial de los mismos que amerita su protección.

Atenderá los aspectos necesarios del bienestar de los animales dentro del territorio de la República, sin perjuicio de las normas ya existentes.

Regulará la tenencia de animales a efectos de que sea compatible con la seguridad de las personas, bienes y otros animales.

Artículo 2º.- La expresión animales comprende a los vertebrados sean silvestres, bravíos o salvajes; a los domésticos; a los domesticados; a los domésticos o domesticados de renta; a los de compañía y a los de experimentación, de investigación o de docencia, entendiéndose por:

A) Animales silvestres, bravíos o salvajes, a los pertenecientes a todas las especies zoológicas que generalmente se han criado sin intervención humana y habitualmente tienden a vivir libres e independientes de los seres humanos, aun cuando se encuentren en cautiverio.

B) Animales domésticos, a los que perteneciendo a especies que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre han sido criados o se mantienen en compañía de él.

C) Animales domesticados, a los que perteneciendo a especies que ordinariamente no viven bajo la dependencia del hombre, han sido criados o se mantienen en compañía de él.

D) Animales domésticos o domesticados de renta los que son dedicados o destinados para obtener una utilidad o beneficio por parte de una persona física o jurídica.

E) Animales de compañía, a los domésticos o domesticados que mantenidos igualmente por una persona física o jurídica los alberga sin intención lucrativa y reciben de ésta atención, protección, alimento y cuidados sanitarios.

F) Animales de experimentación, de investigación o de docencia, a los que son utilizados o destinados a cualquiera de estas actividades.

Artículo 3º.- Esta ley tiene por objeto:

A) Promover la salud y el bienestar de los animales, asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas de existencia.

B) Regular las relaciones entre los seres humanos y los animales con el fin de promover la salud y el bienestar de ambos.

C) Desarrollar programas de educación e información que promuevan el respeto y el cuidado de los animales.

D) Propiciar el respeto y la consideración a los seres vivos.

E) Prevenir y tratar el dolor o sufrimiento de los animales.

F) Compatibilizar las actividades de aprovechamiento sustentable de los animales con un trato humanitario y sensible hacia ellos.

G) Determinar las responsabilidades que le correspondan a los propietarios y tenedores de animales a cualquier título, sin perjuicio de las demás disposiciones existentes en la materia.

H) Regular en los casos de animales utilizados para experimentación, que a éstos se les brinden los cuidados adecuados, que no se les cause innecesariamente dolor, sufrimiento o lesión prolongada, evitando toda duplicación inútil de experimentos y que el número de animales utilizados se reduzca al mínimo.

I) Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales.

J) Crear ámbitos de coordinación, propuesta y control de políticas estatales para lograr los objetivos referidos precedentemente.

Artículo 4º.- Quedan exceptuados del reconocimiento a la vida y a la integridad, establecidos por el artículo 1º de esta ley, los animales:

A) Que sean declarados plagas o de riesgo para la salud humana o de otros animales.

B) Los que, por resolución de la autoridad competente, sean objeto de control en el número de individuos por superpoblación, control biológico de las especies o medidas de prevención y erradicación de enfermedades.

C) Los destinados a la producción de alimentos o a la generación de insumos industriales, cuya explotación esté expresamente autorizada por la autoridad competente.

D) Aquellos respecto de los cuales se autorice la caza deportiva o comercial en los períodos anuales que establezca la reglamentación, para cada una de las especies de que se trate.

E) Los comprendidos en el literal F) del artículo 2º, con los fines y requisitos que establezca esta ley y su reglamentación.

Las excepciones establecidas en el presente artículo, no autoriza la realización de actos de maltrato y crueldad, según se define en esta ley.

En todos los casos, la caza, sacrificio o muerte de los animales, deberá tener lugar mediante técnicas que tiendan a infligirles el menor sufrimiento y aflicción posibles.

Artículo 5º.- Queda expresamente prohibido, sin perjuicio de otras disposiciones que esta ley y las normas vigentes determinan:

A) El maltrato y las lesiones con ánimo cruel de los animales.

B) Dar muerte a un animal en un lugar público, salvo por motivos de fuerza mayor o peligro.

C) Dar muerte por envenenamiento, ahorcamiento u otros procedimientos que le causen sufrimientos innecesarios o una agonía prolongada.

Se exceptúa de esta disposición el empleo de plaguicidas o productos similares utilizados para combatir animales dañinos o plagas domésticas o agrícolas, siempre y cuando la aplicación se realice al amparo de la normativa vigente.

D) Suministrar a animales drogas o medicamentos perjudiciales para su salud e integridad, o forzarlos más allá de su capacidad.

E) El uso de animales vivos para la práctica de tiro al blanco.

F) La cría, la hidridación, el adiestramiento o cualquier manipulación genética de animales con el propósito de aumentar su peligrosidad.

G) Promover las peleas entre animales.

H) Las riñas entre gallos, corridas de toros, novilladas o parodias en que se mate u hostilice a animales.

I) En los circos o zoológicos públicos o privados, ofrecer a los animales cualquier tipo de alimentos u objetos cuya ingestión pueda causarles daño o enfermedad.

J) Alimentar a animales con otros animales vivos, con excepción de las especies que, por sus particularidades y por sus hábitos necesiten de los mismos como su única forma de supervivencia.

Artículo 6º.- No se considera maltrato de animales a las prácticas o actividades pacíficas y generalmente admitidas por la sociedad, que forman parte de espectáculos tradicionales o deportes y que se realicen sin ánimo cruel.

Artículo 7º.- Las intervenciones quirúrgicas sobre animales sólo pueden ser practicadas por veterinario con título habilitante.

Se exceptúa de lo dispuesto en el inciso anterior:

A) Las intervenciones quirúrgicas con fines educativos, las que deberán ser supervisadas por el docente a cargo.

B) La marcación, señalado, castración de machos, descorne, descole y otras maniobras sobre animales que el Poder Ejecutivo incluya en la reglamentación.

Artículo 8º.- Podrá prohibirse por la autoridad competente, la tenencia de animales a las personas:

A) Que hayan sido sancionadas o condenadas por dos

o más transgresiones a esta ley a juicio de dicha autoridad.

B) Que hayan sido declaradas absolutamente incapaces.

Para salvaguardar la integridad de los animales sometidos a condiciones de maltrato o crueldad, los mismos podrán ser confiscados por la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal creada por el artículo 21 de esta ley o puestos transitoriamente por dicha Comisión en custodia de otras personas físicas o jurídicas, hasta tanto no exista decisión por la autoridad competente sobre su destino.

Artículo 9º.- Se reconoce a la fauna silvestre, sin perjuicio de lo que dispongan las normas jurídicas específicas sobre la misma, como parte integrante del patrimonio nacional, siendo obligación de todos los habitantes de la República colaborar en su protección, conservación, fomento y aprovechamiento racional sostenible.

Artículo 10.- Los circos y jardines zoológicos públicos y privados deberán mantener a los animales en condiciones que contemplen las necesidades básicas de espacio y medio ambiente de la especie de que se trata.

Los titulares de los establecimientos referidos en el inciso anterior deberán cumplir, además, con las obligaciones preceptuadas por el artículo 15 de esta ley.

Artículo 11.- El transporte de animales por arreo o por cualquier tipo de vehículo, se realizará de acuerdo a lo que dispongan las normas legales y reglamentarias específicas en la materia.

En todos los casos se deberán emplear procedimientos que no impliquen ánimo cruel.

Artículo 12.- La faena de animales para consumo, incluidos los destinados para fines religiosos, deberá realizarse observando las leyes y reglamentos aplicables en la materia.

Artículo 13.- Toda actividad rentada con utilización de animales vivos, estará sujeta a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo y a la supervisión de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal.

Por razones relevantes de conservación de las especies, el Poder Ejecutivo regulará o prohibirá la importación, exportación y tránsito de animales, pudiendo incluir en sus prescripciones a los productos de origen animal.

Artículo 14.- Las personas con capacidades diferentes que utilicen para su desplazamiento animales especialmente adiestrados, podrán acceder acompañados por éstos, a todos los lugares abiertos al público.

TITULO II

DE LOS ANIMALES DOMESTICOS Y DE COMPAÑIA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 15.- Todo tenedor de un animal, a cualquier título, está obligado a:

A) Mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas, inmunizándolo contra las enfermedades transmisibles y combatir las que ya padezca.

B) Proporcionarle alojamiento, alimento y abrigo en cantidad y calidad suficientes a las características de su especie o raza.

C) Prestarle trato adecuado a su especie o raza.

D) Abonar los tributos que correspondan por la posesión del animal.

E) No dejarlo suelto en lugares públicos o de libre acceso, ni abandonarlo.

F) Permitir el acceso a las autoridades competentes a los efectos de la fiscalización y contralor de la tenencia del animal.

Artículo 16.- Todo tenedor de un animal deberá declararlo ante la autoridad competente, de acuerdo a la reglamentación que se dicte, a efectos estadísticos, sanitarios, identificatorios y de responsabilidad que pudiera corresponderle, derivado de la tenencia de un animal.

CAPITULO II

DEL ABANDONO

Artículo 17.- Todo tenedor de un animal que lo abandone deliberadamente seguirá siendo responsable del mismo y de los perjuicios que pudiere ocasionar a terceros, conforme a las previsiones legales existentes, además de ser sancionado administrativamente en los términos establecidos en esta ley y su reglamentación.

Artículo 18.- El Poder Ejecutivo podrá reglamentar el remate, la esterilización, el sacrificio u otro destino de animales errantes, abandonados o confiscados.

El producido resultante de la venta de estos animales será devuelto a su propietario, luego de la deducción de los gastos ocasionados.

El sobrante de la venta de un animal que no tenga o se desconozca su propietario se destinará al Fondo de Protección Animal creado por el artículo 26 de esta ley.

CAPITULO III

DEL SACRIFICIO DE LOS ANIMALES

Artículo 19.- El sacrificio de un animal no destinado al consumo humano, sólo podrá realizarse previa opinión fundada favorable de profesional veterinario:

A) Para poner fin a intensos sufrimientos producidos por lesión grave, enfermedad incurable o cualquier otra causa física irreversible.

B) Por incapacidad; impedimento grave debido a pérdida anatómica; disfunción de un órgano o miembro o por deformidad grave y permanente.

C) Por vejez extrema.

D) Por razones sanitarias o cuando el animal implique riesgos para la población o para otros animales.

E) Cuando el animal haya sido sometido a experimentación, en las circunstancias y condiciones que establecen las disposiciones de esta ley para esos casos.

Artículo 20.- Quedan exceptuados de lo dispuesto por el artículo 19 de esta ley:

A) Cuando se obre en legítima defensa actual o inminente, propia o de un tercero.

B) Cuando el destino del animal sacrificado sea el consumo por otros animales, previa autorización de la autoridad competente y en observancia de las reglamentaciones sanitarias específicas.

C) Por cumplimiento de un deber legal o de orden legítima de autoridad competente.

TITULO III

COMISION NACIONAL HONORARIA DE BIENESTAR ANIMAL

CAPITULO I

CREACION

Artículo 21.- Créase la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, con carácter de persona jurídica de derecho público no estatal, que estará integrada por nueve miembros que serán designados:

A) Uno por el Poder Ejecutivo, que la presidirá.

B) Uno por el Ministerio de Salud Pública.

C) Uno por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

D) Uno por el Ministerio de Educación y Cultura.

E) Uno por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

F) Uno por el Ministerio del Interior.

G) Uno por el Congreso de Intendentes.

H) Uno por la Universidad de la República.

I) Uno por las sociedades protectoras de animales con personería jurídica.

La Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal elegirá de su seno un Vicepresidente y un Secretario.

La representación legal de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal será ejercida por su Presidente y Secretario, actuando conjuntamente.

Artículo 22.- Los integrantes de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal serán designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta de las instituciones respectivas, de conformidad con lo establecido por el artículo 21 de esta ley y por un período de cuatro años. Podrán ser reelectos y se mantendrán en el ejercicio de sus cargos hasta tanto sean nombrados quienes deban sustituirlos.

Si las mencionadas instituciones no realizaran las propuestas en el plazo que a tales efectos fije la reglamentación, el Poder Ejecutivo podrá proceder directamente a la designación.

Artículo 23.- La Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, dentro de los primeros noventa días de su instalación, deberá aprobar su reglamento interno.

CAPITULO II

COMETIDOS Y FACULTADES

Artículo 24.- Son cometidos de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, además de los dispuestos en esta ley:

A) Asesorar al Poder Ejecutivo, previa y preceptivamente, sobre las políticas y los programas que estime necesarios o convenientes para el cumplimiento de los fines de esta ley.

B) Planificar, organizar, dirigir, evaluar y colaborar en la ejecución de los programas que se coordinen con el Poder Ejecutivo.

C) Informar al Poder Ejecutivo en materia de compromisos internacionales concernientes a los animales y velar por el cumplimiento de los mismos.

D) Realizar o fomentar investigaciones y estudios relacionados con la situación de los animales, su comportamiento y su protección.

E) Organizar, dirigir y coordinar los programas de información que coadyuven a una más armónica y sana convivencia de los seres humanos con los animales.

F) Controlar las condiciones de aprovechamiento sustentable de los animales, haciendo las recomendaciones que crea del caso para evitar abusos y una irracional utilización de los mismos.

G) Recepcionar las denuncias sobre actos de maltrato ycrueldad contra los animales, requiriendo la intervención de las autoridades públicas competentes, a los efectos de prevenir tales situaciones o sancionar a los responsables.

H) Controlar a las personas físicas o jurídicas, cualesquiera que sean sus fines, que utilicen animales, supervisando que las condiciones en que éstos sean mantenidos y utilizados respondan a las previsiones de esta ley y su reglamentación, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia tengan asignados los organismos estatales.

I) Organizar y administrar los registros de Prestadores de Servicios Animales y Nacional de Animales, creados por los artículos 27 y 30 de esta ley.

J) Promover y someter a reconocimiento en el plano nacional e internacional las pruebas y procedimientos que permitan renunciar a experimentos sobre animales o reducir el número de animales utilizados en los mismos.

K) Crear o promover refugios públicos o privados para animales sin dueño, abandonados o extraviados.

L) Designar comisiones asesoras, a efectos de cumplir los cometidos de carácter permanente o transitorio, pudiendo acudir a las personas físicas o jurídicas, que estimen conveniente.

Artículo 25.- La Comisión Nacional Honoraria de Bien- estar Animal, a los efectos del cumplimiento de los cometidos asignados por esta ley y demás normas concordantes o complementarias, podrá:

A) Administrar y disponer los recursos que se establezcan legalmente, a fin de aplicarlos a sus respectivos programas.

B) Contratar el personal o los servicios que considere necesarios.

C) Comunicarse directamente con todas las reparticiones públicas, las que tendrán la obligación de prestar su más amplia cooperación a la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal. Se considerará falta administrativa grave el ocultamiento de información o la obstaculización no justificada de accionar de dicha Comisión.

D) Firmar convenios de intercambio técnico, de apoyo financiero o de desarrollo de programas.

E) Recibir herencias, legados y donaciones, y administrar esos recursos dando cuenta anualmente al Poder Ejecutivo.

F) Confiscar aquellos animales sujetos a maltrato o  crueldad por parte de sus tenedores a cualquier título, tomando las medidas más adecuadas a las circunstancias del caso.

G) Encomendar o autorizar la esterilización o la eutanasia de animales sin dueños, abandonados o extraviados.

H) Aplicar y cobrar las multas establecidas en esta ley.

I) Recurrir al auxilio de la fuerza pública, cuando sea necesario, para el cumplimiento de sus cometidos.

CAPITULO III

FONDO DE PROTECCION ANIMAL

Artículo 26.- Créase el Fondo de Protección Animal que será administrado por la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal y que se integrará con los siguientes recursos:

A) El producto de toda clase de ingresos que deriven de la gestión de las áreas y bienes afectados a la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal.

B) El producto percibido por la aplicación de las multas y por remate de decomisos aplicados por infracciones a las disposiciones de esta ley.

C) El producto de la Tasa de Registro de Prestadores de Servicios Animales, creada por el artículo 28 de esta ley y otros tributos cuyo producido se le asigne.

D) Los fondos procedentes de préstamos y demás financiamientos que se concedan.

E) Las herencias, legados y donaciones que reciba.

F) Contraprestaciones de servicios prestados por la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal.

G) El producto de colectas públicas, sorteos y espectáculos a beneficio.

El Fondo de Protección Animal estará exceptuado de la limitación en la titularidad y disponibilidad de fondos dispuestas en el artículo 589 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

El Fondo de Protección Animal tendrá por finalidad atender inversiones y gastos, enmarcado en los planes y programas que deberá elaborar la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, tendientes a contribuir a un mayor bienestar de los animales, teniendo como prioridad a los animales errantes o abandonados, así como el funcionamiento de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal.

Los recursos correspondientes serán depositados en una cuenta especial en el Banco de la República Oriental del Uruguay, denominada Fondo de Protección Animal.

CAPITULO IV

REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS ANIMALES

Artículo 27.- Créase el Registro de Prestadores de Servicios Animales en el que deberá inscribirse las personas físicas o jurídicas que:

A) Presten servicios para animales de compañía.

B) Comercialicen productos para animales de compañía.

C) Utilicen animales para el desarrollo de actividades de renta con fines recreativos o de carga.

D) Comercialicen animales de compañía.

E) Sean incluidos por la reglamentación.

El Poder Ejecutivo reglamentará las actividades comprendidas, los requisitos y las condiciones para la habilitación de los prestadores de servicios animales, correspondiendo su supervisión y control a la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal.

Los prestadores de servicios animales tendrán un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la reglamentación de esta ley para proceder a su inscripción so pena de ser pasibles de la aplicación de la multa correspondiente.

El Registro de Prestadores de Servicios Animales dependerá de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal.

CAPITULO V

TASA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS ANIMALES

Artículo 28.- Créase la Tasa de Registro de Prestadores de Servicios Animales.

Serán contribuyentes las personas físicas o jurídicas que deban inscribirse en el referido registro de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27 de esta ley.

Quedan exonerados del pago de la tasa, no así de su inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios Animales, los profesionales veterinarios que actúen en el ejercicio de la profesión, las sociedades protectoras de animales y las personas físicas o jurídicas que determine la reglamentación.

El valor de la tasa será fijado anualmente por el Poder Ejecutivo.

Artículo 29.- El cobro de la tasa y la aplicación y cobro de las multas se harán por intermedio de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal y el Ministerio del In-terior, en la forma que determine la reglamentación respectiva.

CAPITULO VI

REGISTRO NACIONAL DE ANIMALES

Artículo 30.- Créase el Registro Nacional de Animales, donde se inscribirán todos aquellos animales objeto de esta ley correspondiendo su organización y funcionamiento a la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal.

Artículo 31.- A los efectos del Registro Nacional de Animales, la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal procederá a:

A) Recabar la información que sobre estos animales posean las instituciones públicas o privadas de carácter nacional o departamental.

B) Confeccionar por animal registrado, una ficha única en la cual deberán constar todos los datos necesarios a efectos de su debida identificación.

C) Establecer las condiciones, plazos y oportunidades en los que los tenedores de animales deberán actualizar la información registral.

Artículo 32.- La inscripción en el Registro de los animales contemplados en esta ley, es obligatoria.

Tratándose de animales que se utilicen en competencias de cualquier índole, el registro será requisito para admitir la participación de los mismos.

Artículo 33.- Al Registro Nacional de Animales ten-drán acceso todos los organismos públicos nacionales o departamentales, que por razones fundadas así lo requieran.

CAPITULO VII

TASA REGISTRAL ANIMAL

Artículo 34.- Créase la Tasa Registral Animal, la que se establece en 0,5 UR (media unidad reajustable) cuyo producido será destinado al funcionamiento del Registro Nacional Animal.

Quedan exceptuados del pago de esta tasa los tenedores de perros, pero no así de la obligación de su registración.

La Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal podrá, en forma fundada, disponer exoneraciones al pago de la tasa.

CAPITULO VIII

DE LOS RECURSOS

Artículo 35.- Contra las resoluciones de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal procederá el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación al interesado.

Una vez interpuesto el recurso, la Comisión dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver el asunto y se configurará denegatoria ficta para la sola circunstancia de no dictarse resolución dentro de dicho plazo.

Denegado el recurso de reposición el recurrente podrá interponer únicamente por razones de juridicidad, demanda de anulación del acto impugnado ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil del turno que corresponda según la fecha en que dicho acto fue dictado.

La interposición de esta demanda deberá hacerse dentro del término de veinte días de notificada la denegatoria expresa o en su defecto, del momento en que se configure la denegatoria ficta.

La demanda de anulación sólo podrá ser interpuesta por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto impugnado.

La sentencia del Tribunal no admitirá recurso alguno.

CAPITULO IX

DEL PERSONAL

Artículo 36.- El personal de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal se regirá por las normas del derecho privado.

CAPITULO X

SANCIONES

Artículo 37.- Las infracciones a las disposiciones de esta ley, contenidas en los Títulos II y III, serán sancionadas por la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, teniendo en cuenta su gravedad, de la siguiente forma:

A) Multa de 5 UR (cinco unidades reajustables) a 1.000 UR (mil unidades reajustables).

B) Comiso de animales vivos.

C) Suspensión o cancelación de autorizaciones, habilitaciones o inscripciones.

TITULO IV

COMISION NACIONAL HONORARIA DE EXPERIMENTACION ANIMAL

CAPITULO I

CREACION

Artículo 38.- Créase la Comisión Nacional Honoraria de Experimentación Animal, en el ámbito del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICYT), del Ministerio de Educación y Cultura, la que estará integrada por ocho miembros que serán designados:

A) Uno por el Ministro de Educación y Cultura, que la presidirá.

B) Uno por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

C) Uno por el Ministerio de Salud Pública.

D) Uno por el Poder Judicial.

E) Uno por la Universidad de la República.

F) Uno por la Cámara de Especialidades Veterinarias.

G) Uno por las sociedades protectoras de animales con personería jurídica.

H) Uno por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

Artículo 39.- Los integrantes de la Comisión Nacional Honoraria de Experimentación Animal serán designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta de las instituciones respectivas, de conformidad con lo establecido por el artículo 38 de esta ley y por un período de cuatro años.

Podrán ser reelectos y se mantendrán en el ejercicio de sus cargos hasta tanto sean nombrados quienes deban sustituirlos.

Si las mencionadas instituciones no realizaran las propuestas en el plazo que a tales efectos fije la reglamentación, el Poder Ejecutivo podrá proceder directamente a la designación.

Artículo 40.- La Comisión Nacional Honoraria de Experimentación Animal someterá al Poder Ejecutivo, dentro de los primeros noventa días de su instalación, un reglamento interno que regule su funcionamiento.

CAPITULO II

COMETIDOS Y FACULTADES

Artículo 41.- La Comisión Nacional Honoraria de Experimentación Animal ejercerá la potestad de regulación y control sobre:

A) Los institutos y organizaciones donde se empleen animales de experimentación.

B) Las personas físicas o jurídicas que utilicen animales de experimentación.

C) Los locales donde se efectúen experimentos o docencia con animales.

D) Los criadores de animales de experimentación y docencia.

E) Los protocolos de los experimentos o demostraciones docentes que se pretendan realizar.

Artículo 42.- Serán cometidos de la Comisión Nacional Honoraria de Experimentación Animal:

A) Aplicar las sanciones que resulten de las infracciones a esta ley.

B) Administrar sus recursos a los efectos del cumplimiento de los fines específicos de esta ley.

C) Otorgar credenciales de experimentador, en las condiciones establecidas en el Capítulo V del presente título de esta ley.

D) Asesorar a las instituciones que lo soliciten sobre los temas vinculados a este título.

E) Promover y someter a reconocimiento, en el plano nacional e internacional, las pruebas y procedimientos que permitan renunciar a experimentos sobre animales o reducir el número de animales utilizados en los mismos.

F) Suspender aquellos experimentos que no se ajustan a los fines de esta ley.

CAPITULO III

FONDO DE EXPERIMENTACION ANIMAL

Artículo 43.- Créase el Fondo de Experimentación Animal el que será destinado al cumplimiento de los cometidos de la Comisión Nacional Honoraria de Experimentación Animal. Se integrará con los siguientes recursos:

A) Multas en unidades reajustables.

B) Tarifas.

C) Producido de rentas y alquileres de los inmuebles que se le asignen.

D) Herencias, legados y donaciones.

E) Proventos.

F) Los que se le otorguen por ley.

CAPITULO IV

EXPERIMENTACION

Artículo 44.- Las personas físicas o jurídicas que realicen experimentación en animales, deberán contar con la autorización previa de la Comisión Nacional Honoraria de Experimentación Animal, cumpliendo con los requisitos que se establezcan en la reglamentación de esta ley.

Con posterioridad a la culminación del experimento, el titular de la Credencial de Experimentador deberá informar por escrito a la Comisión Nacional Honoraria de Experimentación Animal sobre el destino del animal utilizado, en los plazos que establezca la reglamentación de esta ley.

CAPITULO V

EXPERIMENTADORES

Artículo 45.- Toda persona física o jurídica que pretenda utilizar animales en experimentación, investigación o docencia deberá, previamente, obtener de la Comisión Nacional Honoraria de Experimentación Animal la Credencial de Experimentador que lo habilite a ese fin.

Artículo 46.- La Comisión Nacional Honoraria de Experimentación Animal establecerá los requisitos que deberán cumplir los interesados para la obtención de la Credencial de Experimentador, según lo dispuesto por el artículo 45 de esta ley.

Asimismo, la Comisión Nacional Honoraria de Experimentación Animal reglamentará el plazo de validez de la credencial, su renovación y su caducidad.

Artículo 47.- El titular de una Credencial de Experimentador será responsable en los términos establecidos por esta ley, por el cumplimiento personal o el de los miembros de su equipo de las actividades o trabajos para los cuales fue otorgada la misma.

CAPITULO VI

DE LOS ANIMALES DE EXPERIMENTACION Y DOCENCIA

Artículo 48.- El uso de animales en experimentos, prácticas de diagnóstico y entrenamiento profesional se realizará únicamente cuando esté justificado ante la Comisión Nacional Honoraria de Experimentación Animal que tal uso es imprescindible para el estudio y avance de la ciencia o la formación profesional, y siempre y cuando esté demostrado:

A) Que los resultados deseados no pueden obtenerse por otros procedimientos o técnicas alternativas.

B) Que las experiencias o prácticas son necesarias para el control, la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades que afecten al hombre o a los animales.

Artículo 49.- Antes de la manipulación de un animal que pueda resultar dolorosa, deberá brindársele sedación, analgesia o anestesia, según las prácticas veterinarias mayoritariamente aceptadas.

Artículo 50.- Al final del experimento o durante él, si es necesario se le dará muerte bajo anestesia general al animal que, de quedar con vida, padeciera dolores agudos o crónicos, trastornos, molestias o discapacidades irreversibles.

Artículo 51.- Se prohíbe la reiteración de cirugías abusivas con carácter experimental sobre un mismo animal, salvo que se hagan sucesivamente en el mismo acto quirúrgico, o se trate de actos de cirugía menor.

Artículo 52.- Las instituciones y los responsables de los actos experimentales con animales quedan obligados a instaurar tratamientos médicos destinados a la recuperación y analgesia de los que no deban ser sacrificados como consecuencia de maniobras experimentales.

Artículo 53.- Para cada experimento sobre animales que esté debidamente autorizado por la autoridad competente, debe establecerse un proceso o protocolo, consignando el objetivo, modo de ejecución, los anestésicos que eventualmente se autorizarán, así como la especie y número de animales a utilizar.

Los protocolos serán conservados durante tres años y estarán a disposición de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal.

Artículo 54.- Los animales utilizados para la experimentación científica o demás actividades establecidas en el artículo 48 que sean objeto de cirugía, vivisección u otras manipulaciones, serán mantenidos con:

A) Transporte, condiciones ambientales de alojamiento, alimentación y agua potable en forma, cantidad y calidad suficientes para sus necesidades y para conservar la salud.

B) Servicio de atención veterinaria con fines de vigilancia sanitaria, prevención de enfermedades y cuidado de animales enfermos o lesionados.

Artículo 55.- Los bioterios y laboratorios de experimentación serán dirigidos por personal capacitado en la materia.

Artículo 56.- Los experimentos que no se ajusten a esta ley y a su reglamento, podrán ser denunciados por cualquier persona física o jurídica, ante la Comisión Nacional Honoraria de Experimentación Animal.

CAPITULO VII

LOCALES DE EXPERIMENTACION

Artículo 57.- Los locales donde se efectúen experimentaciones en animales y se alojen los mismos deberán ser expresamente autorizados por la Comisión Nacional Honoraria de Experimentación Animal la que reglamentará los requisitos mínimos para su funcionamiento.

CAPITULO VIII

SANCIONES

Artículo 58.- Las infracciones a las disposiciones de esta ley, contenidas en el Título IV, serán sancionadas por la Comisión Nacional Honoraria de Experimentación Animal, teniendo en cuenta su gravedad, de la siguiente forma:

A) Multa de 5 UR (cinco unidades reajustables) a 1.000 UR (mil unidades reajustables).

B) Comiso de animales vivos.

C) Retiro parcial o definitivo de la credencial de experimentación.

D) Cierre temporal o clausura de locales de experimentación.

E) Suspensión o cancelación de autorizaciones, habilitaciones o inscripciones.

TITULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 59.- El que maltratare, torturare, lesionare o matare a un animal, fuera de las excepciones previstas en esta ley, será castigado con multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 100 UR (cien unidades reajustables).

En caso de imposibilidad del pago, hecho que deberá constatarse fehacientemente, o cuando el Juez de la causa, por razones fundadas entendiere pertinente, dispondrá en sustitución de la multa, la aplicación de medidas alternativas las que deberán estar orientadas al cumplimiento de las finalidades de esta ley.

Artículo 60.- Se considerarán agravantes y serán castigados con pena de tres a nueve meses de prisión, si los hechos fueren cometidos:

A) Omitiendo contumazmente alimentar en calidad y cantidad suficientes a los animales domésticos o cautivos.

B) Azuzando al animal para el trabajo mediante instrumentos que siendo de simple estímulo, le provoquen innecesarios castigos o padecimientos dolorosos.

C) Haciendo trabajar al animal en jornadas excesivas sin proporcionarle descanso adecuado, según las estaciones climáticas, estado físico o fisiológico.

D) Esforzando a trabajar a un animal que no se halle en estado físico o fisiológico para hacerlo.

E) Suministrando al animal drogas sin fines terapéuticos.

F) Utilizando al animal para el tiro de vehículos o transporte de carga que excedan notoriamente sus fuerzas.

G) Encerrando, amarrando, encadenando al animal causando sufrimiento innecesario entendiendo por tal cualquier lugar que no esté debidamente ventilado, alumbrado, protegido, o que no tenga suficiente espacio o protección al calor, frío o las inclemencias del tiempo.

H) Utilizando animales para exhibiciones, publicidad, filmaciones o fines análogos de forma que resulte manifiestamente doloroso para aquellos o les ocasione malos tratos o daños.

I) Experimentando con animales sin haber cumplido con los requisitos establecidos en el Título IV de esta ley.

J) Interviniendo quirúrgicamente animales sin anestesia o sin poseer título de profesional veterinario, salvo los casos de urgencia debidamente comprobados.

K) Matando animales grávidos, cuando sea notorio tal estado, salvo el caso de industrias legalmente establecidas que se dediquen a la explotación del nonato o cuando dicha muerte se realice por razones sanitarias o en situaciones de catástrofe.

L) Como parte de un espectáculo público.

M) Abandonando a sus propios medios a los animales que se hubieren utilizado anteriormente en experimentaciones.

N) Si mediare alguna de las circunstancias previstas en los incisos tercero y cuarto del artículo 5º del Código Penal.

El Juez de la causa podrá sustituir la pena de prisión por medidas alternativas, las que deberán estar orientadas al cumplimiento de las finalidades de esta ley.

Artículo 61.- Se considerarán agravantes especiales y serán castigados con pena de seis meses a un año de prisión, si los hechos fueren cometidos:

A) Mutilando al animal.

B) Con impulso de brutal ferocidad o servicia.

C) Como parte de un juego de apuestas.

D) Si los hechos se cometieren contra animales cautivos o expuestos al público en circos, parques zoológicos y establecimientos comerciales, incluyendo ferias y puestos callejeros o destinados al servicio público o de utilidad, defensa o beneficencia públicas.

Artículo 62.- Agrégase al inciso primero del artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado de las normas tributarias de competencia de la Dirección General Impositiva (DGI), el siguiente numeral:

"19) Raciones balanceadas, complementos alimenticios y alimentos preparados para perros y gatos, hasta el 3% (tres por ciento)".

El producido de la aplicación de lo dispuesto en el numeral que se agrega será destinado a la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal.

Artículo 63.- Facúltase a la Comisión Nacional Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis a destinar de lo recaudado por concepto de Patente de Perro, para realizar o solventar en coordinación con la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, campañas masivas de esterilización de perros errantes o abandonados.

Artículo 64.- Todo documento que imponga la aplicación de una multa por infracciones a las disposiciones contenidas en esta ley, constituirá título ejecutivo a todos sus efectos.

DISPOSICION TRANSITORIA

Artículo 65.- El Poder Ejecutivo reglamentará dentro de los primeros ciento ochenta días siguientes a la promulgación de esta ley, las disposiciones de la misma.

Podrá establecer normas específicas a las que se ajustarán la crianza, los locales especialmente destinados a la atención clínica veterinaria, el pensionado, el adiestramiento y el entrenamiento de los animales de compañía; la fabricación, introducción al territorio nacional y comercialización de alimentos para dichos animales; la fabricación, introducción al territorio nacional y comercialización de productos para los mismos, con la excepción de los específicos veterinarios; las actividades e instalaciones de sociedades protectoras de animales y el trabajo con utilización de animales de compañía.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 17 de diciembre de 2001.

Gustavo Penadés

Presidente

Horacio D. Catalurda

Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Herrera.

SEÑOR HERRERA.- Señor Presidente: este es un proyecto de ley cuyo texto anterior fuera aprobado en la Cámara de Representantes, ingresando luego al Senado donde, reglamentariamente, se derivara a la Comisión de Educa-ción y Cultura. En él hemos trabajado durante mucho tiempo -desde el año 2002- tratando de llegar a un texto que, sin ser el aprobado por la Cámara de Representantes por encontrársele objeciones en el seno de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, nos permitiera cumplir con el objetivo y el propósito de proteger a los animales, en especial a los de compañía, que participan de la vida de la gente.

Es extraño encontrar una familia que no tenga alguna mascota, por lo que se trata de un vínculo afectivo que conmueve a la sociedad. Por tal motivo, quisimos hallar un texto más abreviado, que equilibrara los intereses, los afectos y las preocupaciones de la sociedad, pero que también estuviera dirigido a las agresiones que en ocasiones sufren las personas por parte de los animales.

Es así que en el Título I figuran cuatro disposiciones -que me parecen básicas y que orientan este proyecto- referidas a las normas de conducta del hombre hacia los animales. En las tres primeras se reconocen la vida y la integridad de todos los animales en tanto objeto de Derecho -obviamente los animales no pueden ser sujetos de Derecho, pues esa condición se reserva solamente a las personas-; se prohíbe el maltrato a los animales y la lesión con ánimo cruel, y se establece que la muerte sólo podrá practicarse cuando las normas legales así lo autoricen y de acuerdo a procedimientos. En el artículo 4º se legisla sobre un tema que estuvo a consideración de la opinión pública hace un tiempo: el uso de animales en experimentos o prácticas de diagnóstico. Se trata de que en la medida en que sean imprescindibles para el avance científico, se utilicen, pero evitando sufrimientos innecesarios para los que hacen -según la clásica expresión- de "conejillos de Indias".

En el Título II se define cuáles son los animales de compañía, estableciendo, luego de una definición científica general, que la autoridad competente deberá elaborar una nómina de los animales considerados de compañía, actualizándola periódicamente; esto es lógico porque los usos, las costumbres y la cultura cambian y, en ocasiones, se incorporan animales que antes no eran considerados de compañía.

En el Capítulo Segundo, del Título II, se establecen las obligaciones del tenedor responsable de animales de compañía por el buen trato en función de su especie, los perjuicios que su presencia provoque al medio ambiente y los daños en general que el animal pueda ocasionar. Es decir que se establecen las responsabilidades del tenedor del animal, en línea con lo que dictamina el Código Civil.

El Capítulo Tercero refiere a las obligaciones de los poseedores de animales de compañía. En tal sentido, se establece que deberán declararlo ante la autoridad competente; mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas; no dejarlo suelto en lugares públicos de libre acceso y no abandonarlo. Sin duda, esto se establece, no sólo en protección de los animales, sino también de las personas. Hoy, por razones generalmente económicas, hay familias que se ven obligadas a abandonar o a prescindir de un animal que tienen como mascota. Luego, estos animales se reúnen en forma libre, y las agredidas son las personas. Basta consultar la versión periodística de todos los días y se podrá comprobar que, si bien no ocurre a diario, cada tanto se informa sobre estas situaciones. Por lo tanto, hay una protección al animal y también a las personas.

Además, se establece que la autoridad competente reglamentará sobre el destino de los animales en estado de abandono, lo cual es lógico desde el momento en que no se puede obligar a una familia a que vuelva a tener en su seno una mascota que no puede mantener.

En el Capítulo Cuarto, se establecen las condiciones para proceder al sacrificio de un animal de compañía -son casos taxativos-, que podrá realizarse: a) por consejo de profesional veterinario; b) para poner fin a intensos sufrimientos producidos por lesión o enfermedad, por incapacidad o impedimento grave, por razones sanitarias; c) cuando se obre en legítima defensa, propia o de un tercero; d) por cumplimiento de un deber legal o de orden legítima de autoridad competente; e) cuando el animal implique riesgos para el hombre u otros animales.

El Capítulo Quinto establece las "Prohibiciones". Al respecto, se dice que los animales utilizados para deportes no podrán recibir ninguna sustancia o medicamentos para forzarlos más allá de su capacidad y que queda prohibido el uso de animales para la práctica de tiro al blanco. Además, se prohibe la cría, hibridación y adiestramiento de animales con el propósito de aumentar su peligrosidad. Sin duda, este es un tema de una actualidad muy especial, pues hoy se ofrecen razas que son cruza de otras y se hace propaganda del poder de ataque de esos animales. Esto queda prohibido cuando se busca específicamente ese resultado. Por supuesto, también se prohibe la promoción y realización de peleas entre animales de cualquier especie. Diría que este artículo representa una continuación de lo que el Uruguay inició históricamente, a principios del Siglo XX, durante el Gobierno de don José Batlle y Ordóñez, cuando prohibió la riña de gallos y la lidia de toros.

En el artículo 13, se establece que la autoridad competente podrá prohibir la tenencia de animales de compañía a las personas que hayan sido sancionadas o condenadas por violación grave a las normas de la presente ley. A su vez, se indica que las personas que hayan sido declaradas incapaces, de acuerdo con el artículo 1279 del Código Civil, podrán ser tenedores, previo informe médico favorable a dicha tenencia.

En el artículo 14 se establece una sanción -que puede ser determinada por un Juez- de 20 a 100 Unidades Reajustables. En el texto que tengo en mi poder se transcribió 10 Unidades Reajustables, pero debe decir 20 Unidades Reajustables, porque así fue corregido en Comisión; seguramente, por error se volvió al texto inicial que establecía aquella cantidad. Como decía, pues, la sanción que se establece va de 20 a 100 Unidades Reajustables. Podemos encontrarnos con que el infractor no tenga solvencia económica para pagar esa sanción o que el Juez de la causa entienda que, más que la multa, debe establecer una medida alternativa que fortalezca el cumplimiento de las finalidades de esta ley ante ese infractor.

En el Capítulo Sexto, "De la Autoridad Competente", se crea la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, con carácter Asesor, la que actuará integrada por un delegado del Poder Ejecutivo, que la presidirá; un delegado del Ministerio del Interior; un delegado del Ministerio de Educación y Cultura; un delegado del Ministerio de Salud Pública; un delegado del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; un delegado del Congreso Nacional de Intendentes; un delegado de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República y un delegado de entre las Sociedades Protectoras de Animales con personería jurídica. El ámbito en el que va a actuar será el Ministerio del Interior, que deberá dar respaldo administrativo para su funcionamiento. Además, se indica que los integrantes de esa Comisión durarán cuatro años en sus funciones. Entre sus cometidos, se establece: asesorar, planificar e informar al Poder Ejecutivo; realizar o fomentar investigaciones y estudios relacionados con la situación de los animales; organizar, dirigir y coordinar los programas de información que se hayan resuelto por dicho Poder; recibir y diligenciar las denuncias sobre actos de maltrato y crueldad contra los animales, requiriendo la intervención de las autoridades competentes; organizar el Registro de Prestadores de Servicios Animales; proponer normas que regulen las condiciones en que deberán prestar sus servicios los sujetos pasivos de dicho Registro de Prestadores y promover normas de control de los animales abandonados. Asimismo, la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, a los efectos del cumplimiento de los cometidos asignados por esta ley y demás normas concordantes o complementarias, podrá: administrar y disponer los recursos; contratar el personal; comunicarse directamente con todas las reparticiones públicas; firmar convenios de intercambio económico, de apoyo financiero o de desarrollo de programas; recibir herencias, legados y donaciones; confiscar aquellos animales sujetos a maltrato; encomendar o autorizar la esterilización o la eutanasia de animales sin dueño, abandonados o extraviados; recurrir al auxilio de la fuerza pública, cuando sea necesario, para el cumplimiento de sus cometidos.

En este otro texto que tengo en mi poder falta, dentro de los cometidos, un literal i), que sí figura en el repartido del Senado, por lo que no hay problema, y en él se establece que la Comisión podrá aplicar y cobrar multas de hasta 20 Unidades Reajustables -por encima de esa cantidad será competencia del Juez determinarlo- por infracciones a la presente ley.

En la órbita de la Comisión Nacional se crea el Registro de Prestadores de Servicios, en donde deberán estar todos inscriptos, salvo los doctores en veterinaria. También se crea la Tasa de Registro de Prestadores de Servicio, que contribuirá a financiar las actividades que entienda pertinente la Comisión que se crea por este proyecto de ley para el bienestar de los animales y la tranquilidad de las personas, así como también, diría yo, el mantenimiento de la sensibilidad hacia estos compañeros de la vida que en tantas ocasiones son nuestras mascotas.

Exhorto al Senado a dar aprobación a este proyecto de ley que pone al Uruguay en el punto de partida de una legislación que irá desarrollando en el futuro, en la medida en que la sociedad así lo demande o las circunstancias ameriten que este Parlamento dicte una nueva legislación. Como decía, este es un punto de partida y, en ese sentido, hemos buscado lograr el mayor equilibrio, para lo cual hemos reducido el texto que venía de la Cámara de Representantes, pues contenía 65 artículos y el actual consta de 22 disposiciones. En la Comisión tratamos de considerar aquellos temas que pueden dar mayor tranquilidad a la sociedad en todos los sentidos de esta cuestión sometida hoy a consideración del Senado.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa aclara que está manejando la Carpeta Nº 691, Repartido Nº 881. Creo que el señor Senador Herrera estaba utilizando un repartido de la Comisión e hizo referencia a que las multas se establecían en 10 Unidades Reajustables. En realidad, el repartido que tiene el Senado indica que las multas serán de 20 a 100 Unidades Reajustables.

SEÑOR HERRERA.- Así es, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Asimismo, el artículo 18 incluye el literal i) al que hacía referencia el señor Senador Herrera. ¿Estamos de acuerdo?

SEÑOR HERRERA.- Sí, señor Presidente; está bien el texto que ha sido distribuido en el Senado. No obstante, hay un tema de sintaxis que podríamos abordar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si el señor Senador lo permite, podríamos dejarlo para la discusión particular de la iniciativa.

SEÑOR HERRERA.- Sí, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR SINGER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGER.- Señor Presidente: habiendo acuerdo de la Comisión, como se acaba de informar, en el sentido de aprobar la iniciativa, propongo suprimir la lectura y votar en bloque todos los artículos, salvo la observación que estaba por realizar el señor Senador Herrera.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Singer.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR HERRERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HERRERA.- Señor Presidente: brevemente, quiero expresar que en el literal c) del artículo 20, se dice: "el producto de la Tasa de Registro de prestadores de Servicios Animales, creada por el artículo de esta ley y otros tributos cuyo producido se le asigne." Creemos que en lugar de expresar: "creada por el artículo de esta ley", debería decir: "creada por esta ley".

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar, en bloque, el articulado del proyecto de ley, con la modificación propuesta por el señor Senador Herrera.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"TITULO PRIMERO

Normas de conducta del Hombre hacia los Animales

ARTICULO 1º.- Se reconoce la vida y la integridad de todos los animales -en tanto objetos de derecho- como una cualidad esencial de los mismos.

ARTICULO 2º.- Queda prohibido expresamente maltratar los animales y lesionarlos con ánimo cruel.

ARTICULO 3º.- La muerte de los animales sólo podrá practicarse cuando las normas legales así lo autoricen y en ningún caso por procedimientos que causen sufrimientos innecesarios o agonías prolongadas y en lugares públicos de libre acceso.

ARTICULO 4º.- El uso de animales en experimentos, prácticas de diagnóstico y entrenamiento profesional se realizará únicamente cuando esté justificado que tal uso es imprescindible para el estudio y avance de la ciencia.

La manipulación de los animales con los fines expresados en el anterior párrafo deberá realizarse previo suministro de sedación, analgesia o anestesia, según las prácticas veterinarias mas aceptadas.

Para cada experimento sobre animales debe establecerse un proceso o protocolo, consignando el objetivo, modo de ejecución, los anestésicos que eventualmente se autorizarán, así como la especie y el número de animales a utilizar.

Los protocolos serán conservados durante tres años y estarán a disposición de la autoridad competente.

TITULO SEGUNDO

De los Animales de compañía

CAPITULO PRIMERO

Definiciones

ARTICULO 5º.- Serán considerados como animales de compañía los vertebrados homeotermos que perteneciendo, o siendo susceptibles de pertenecer, a una persona física o jurídica y viviendo en su proximidad, reciban de ésta atención, protección, alimento, refugio o cuidados sanitarios, aun cuando de su constitución , hábitos, cualidades, presencia o características específicas o individuales, no derive ningún beneficio real o aparente para su poseedor.

A tales efectos, la autoridad competente establecerá y publicará la nómina científica de los animales considerados de compañía, actualizándola periódicamente si fuese necesario, pudiendo incluir en la misma animales poiquilotermos.

CAPITULO SEGUNDO

De la tenencia responsable de animales de compañía

ARTICULO 6º.- Todo tenedor, a cualquier título, de un animal de compañía, será responsable:

a) del buen trato en función de su especie;

b) de los perjuicios que su presencia provoque al medio ambiente;

c) de los daños que el animal pueda provocar.

CAPITULO TERCERO

De las obligaciones de los poseedores de animales de compañía

ARTICULO 7º.- Todo poseedor de un animal de compañía, deberá declararlo ante la autoridad competente, de acuerdo a la reglamentación que se dicte.

ARTICULO 8º.- Todo poseedor de un animal de compañía deberá:

a) mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas;

b) no dejarlo suelto en lugares públicos de libre acceso;

c) no abandonarlo.

ARTICULO 9º.- La autoridad competente reglamentará sobre el destino, de los animales en estado de abandono.

CAPITULO CUARTO

Del sacrificio de animales

ARTICULO 10.- El sacrificio de un animal de compañía podrá realizarse:

a) por consejo de profesional veterinario;

b) para poner fin a intensos sufrimientos producidos por lesión o enfermedad, por incapacidad o impedimento grave, por razones sanitarias;

c) cuando se obre en legítima defensa, propia o de un tercero;

d) por cumplimiento de un deber legal o de orden legítima de autoridad competente;

e) cuando el animal implique riesgos para el hombre u otros animales.

CAPITULO QUINTO

Prohibiciones

ARTICULO 11.- Los animales utilizados para deportes no podrán recibir ninguna sustancia o medicamento perjudiciales para su salud e integridad ni serán forzados más allá de su capacidad.

ARTICULO 12.- Queda prohibido el uso de animales para la práctica de tiro al blanco.

Se prohibe la cría, hibridación y adiestramiento de animales con el propósito de aumentar su peligrosidad.

Asimismo, se prohibe la promoción y realización de peleas entre animales de cualquier especie.

ARTICULO 13.- Podrá prohibirse por la autoridad competente la tenencia de animales de compañía a las personas que hayan sido sancionadas o condenadas por violación grave a las normas de la presente ley. Las personas que hayan sido declaradas incapaces de acuerdo al Art. 1279 del Código Civil, podrán ser tenedores, previo informe médico favorable a dicha tenencia.

ARTICULO 14.- El que maltratare o matare, a un animal de compañía, fuera de las excepciones previstas en esta ley, será castigado con multa de 20 UR (veinte unidades reajustables) a 100 UR (cien unidades reajustables).

En caso de imposibilidad del pago, hecho que deberá constatarse fehacientemente, o cuando el Juez de la causa, por razones fundadas entendiere pertinente, dispondrá en sustitución de la multa, la aplicación de medidas alternativas las que deberán estar orientadas al cumplimiento de las finalidades de esta ley.

CAPITULO SEXTO

De la Autoridad Competente

ARTICULO 15.- Créase la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, con carácter Asesor, la que actuará integrada de la siguiente manera:

Un delegado del Poder Ejecutivo, que la presidirá.

Un delegado del Ministerio del Interior.

Un delegado del Ministerio de Educación y Cultura.

Un delegado del Ministerio de Salud Pública.

Un delegado del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Un delegado del Congreso de Intendentes.

Un delegado de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República.

Un delegado de entre las Sociedades Protectoras de Animales con Personería Jurídica.

El Ministerio del Interior dará respaldo administrativo para su funcionamiento.

ARTICULO 16.- Los integrantes de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelectos y se mantendrán en sus cargos hasta tanto sean designados sus sustitutos.

ARTICULO 17.- Son cometidos de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal además de los que surgen del cuerpo de esta ley:

a) asesorar al Poder Ejecutivo, preceptivamente, sobre las políticas y los programas que estime necesarios o convenientes para el cumplimiento de los fines de esta ley;

b) planificar, organizar, dirigir, evaluar y colaborar en la ejecución de los programas que se coordinen con el Poder Ejecutivo;

c) informar al Poder Ejecutivo en materia de compromisos internacionales concernientes a los animales y velar por el cumplimiento de los mismos;

d) realizar o fomentar investigaciones y estudios relacionados con la situación de los animales, su comportamiento y su protección;

e) organizar, dirigir y coordinar los programas de información que coadyuven a una más armónica y sana convivencia de los seres humanos con los animales;

f) recibir y diligenciar las denuncias sobre actos de maltrato y crueldad contra los animales, requiriendo la intervención de las autoridades competentes;

g) organizar el Registro de Prestadores de Servicios Animales;

h) proponer normas que regulen las condiciones en que deberán prestar sus servicios los sujetos pasivos de dicho Registro de Prestadores;

i) promover normas de control de los animales abandonados y facilitar y estimular la adopción de los animales en cautiverio.

ARTICULO 18.- La Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, a los efectos del cumplimiento de los cometidos asignados por esta ley y demás normas concordantes o complementarias, podrá:

a) administrar y disponer los recursos que se establezcan legalmente, a fin de aplicarlos a sus respectivos programas;

b) contratar el personal o los servicios que considere necesarios;

c) comunicarse directamente con todas las reparticiones públicas, las que tendrán la obligación de prestar su más amplia cooperación a la Comisión Honoraria de Bienestar Animal;

d) firmar convenios de intercambio técnico, de apoyo financiero o de desarrollo de programas;

e) recibir herencias, legados y donaciones, y administrar esos recursos dando cuenta, anualmente, al Poder Ejecutivo;

f) confiscar aquellos animales sujetos a maltrato o crueldad por parte de sus tenedores o cualquier título, tomando las medidas más adecuadas a las circunstancias del caso;

g) encomendar o autorizar la esterilización o la eutanasia de animales sin dueños, abandonados o extraviados;

h) recurrir al auxilio de la fuerza pública, cuando sea necesario, para el cumplimiento de sus cometidos;

i) aplicar y cobrar multas de hasta 20 UR (veinte unidades reajustables) por infracciones a la presente ley.

ARTICULO 19.- El personal de Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal se regirá por las normas del derecho privado.

ARTICULO 20.- Créase el Fondo de Protección Animal, que será administrado por la Comisión Honoraria de Bienestar Animal y que se integrará con los siguientes recursos:

a) el producto de toda clase de ingresos que deriven de la gestión de las áreas y bienes afectados a la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal;

b) el producto percibido por la aplicación de las multas y por el remate de decomisos aplicados por infracciones a las disposiciones de esta ley;

c) el producto de la Tasa de Registro de prestadores de Servicios Animales, creada por esta ley y otros tributos cuyo producido se le asigne;

d) los fondos procedentes de préstamos y demás financiamientos que se conceden;

e) las herencias, legados y donaciones que reciba;

f) contraprestaciones de servicios prestados por la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal;

g) el producto de colectas públicas, sorteos y espectáculos a beneficio;

El fondo de Protección Animal estará exceptuado de la limitación en la titularidad y disponibilidad de fondos dispuestas en el artículo 589 de la Ley Nº 15.903, de noviembre de 1987.

El Fondo de Protección Animal tendrá por finalidad atender inversiones y gastos, enmarcado en los planes y programas que deberá elaborar la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal.

Los recursos correspondientes serán depositados en una cuenta especial del Banco de la República Oriental del Uruguay, denominada "Fondo de Protección Animal".

CAPITULO SEPTIMO

Del Registro de Prestadores de Servicios

ARTICULO 21.- Créase, en la órbita de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, el Registro de prestadores de Servicios, en el que deberán inscribirse los mismos, en los términos que la reglamentación establecerá, exceptuados los profesionales en el libre ejercicio de la profesión veterinaria.

ARTICULO 22.- Créase la Tasa de Registro de Prestadores de Servicios para animales.

Serán contribuyentes personas físicas o jurídicas que deban inscribirse en el referido registro, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo anterior de esta ley.

Quedan exonerados del pago de la tasa, no así de su inscripción, las sociedades protectoras de animales y las personas físicas y jurídicas que determine la reglamentación.

El valor de la tasa será fijado anualmente por el Poder Ejecutivo.

El cobro de la tasa se hará por la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, en la forma que determine la reglamentación."

22) CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el numeral tercero del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Código de la Niñez y la Adolescencia (Carp. Nº 697/01 - Rep. Nº 745/03. Anexo I).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 697/01

Rep. Nº 745/03

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

INFORME

PRECISION PREVIA

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación consideró extensamente el Proyecto de Código de la Niñez y la Adolescencia que remitiera -mediando su aprobación- la Cámara de Representantes. Múltiples sesiones ha ocupado el tema, encomendándose la tarea general, y previa, de revisión a una Subcomisión que actuó a tales fines, y cuyas resoluciones se compartieron unánimemente.

Debe significarse necesariamente el excelente nivel técnico y legislativo que acredita el proyecto de Diputados. Las soluciones contenidas en el mismo y su factura general como cuerpo codificado de ley demuestran acabadamente esos extremos. En mérito a ello el texto propuesto al Senado retoma en lo general el de Diputados, limitándose esta Comisión a proponer modificaciones menores. Muchas de éstas procuran ajustar textos y expresiones contenidas en las disposiciones venidas de Diputados, sin alterar los objetivos del Legislador inicial, sino por el contrario dar al texto la necesaria claridad y justeza que cumpla su intención. Además se han introducido en lo particular normas adicionales que, casi sin excepciones, subsanan carencias advertidas del Código en trámite.

A efectos de una mejor ilustración y conocimiento -ya sea en lo que hace a modificaciones precisando lo aprobado en Diputados, ya sea en nuevo articulado, introducido sobre temas puntuales-, en el presente Informe se incluye en cada caso la fundamentación teórica o práctica de la modificación, o, en su caso, del agregado realizado.

I - BREVE NOTICIA HISTORICA DE LA LEGISLACION EN LA MATERIA DE LA MINORIDAD EN NUESTRO PAIS.

No es este el lugar adecuado para una reseña histórica de cómo en nuestro país se diera respuesta, en el curso del tiempo, a los muchos problemas derivados de la adolescencia y la niñez, en los múltiples temas que le atingen, de tanta compleja gravitación. Ello no impide una breví-

sima noticia histórico - legislativa que ubique el nuevo Código y demuestre la continuidad de nuestra sociedad en asumir, en el contexto de cada época, la búsqueda de soluciones.

A- LAS PRIMERAS REALIZACIONES (De la Colonia a 1934).

En brevedad de bosquejo recordamos como primera etapa, -inscripta en el concepto asistencial de la época colonial y de la República en sus primeros años- la atención de los "menores y expósitos" y de las "viudas y huérfanos", tarea confiada a órdenes religiosas y asistida con las escasas posibilidades económicas del momento. El Cabildo fue el centro público ejecutor del principio. Luego sustituido por los organismos de la incipiente Patria Vieja y de la República que procuraron directa o lateralmente, desempeñar, con los precarios medios a su alcance, la tarea asistencial que se les confiaba.

Por lógica, el emprendimiento social -y las necesidades al tiempo- se fue complejizando, ampliando, y por ende se hizo desordenado el cumplimiento de los extremos procurados. Entre las realizaciones de ese largo periplo, demostrativos del esquema asistencial e igualmente del proceso de progreso y mejora, enumeramos a continuación algunas. El Consejo de Protección de Menores, luego Consejo de Patronato de Delincuentes y Menores. La Asistencia Pública Nacional y el Consejo de Higiene, en la parte que les competía. La erección y gestión de los hospitales especializados "Pereira Rossell" y "Pedro Visca". La Policía en múltiples e inmediatas competencias. La actividad trascendente de los Tribunales y las Fiscalías. La fundación y desarrollo de Instituciones destinadas al cuidado específico de menores: tales como el Asilo Instituto "Dámaso Antonio Larrañaga", la "Colonia Educacional de Suárez" y el llamado "Radio Urbano de Malvín". Es notoria la impronta en estos temas del Código Civil, vigente desde abril de 1868, con trascendentes capítulos normativos sobre estado civil, familia, menores, etc., etc. creando, sustituyendo y mejorando legislaciones previas. Las normas penales, o de jurisdicción penal, que refieren a adolescentes, entre ellas el Código Penal de 1889. Deben incluirse las disposiciones normativas de Instrucción Primaria, la Ley de Educación Popular, y la Escuela de Artes y Oficios. Relevante actuación cupo a la Facultad de Medicina y sus Cátedras especializadas. Etcétera, etcétera.

Dos conclusiones extraemos de esa abigarrada y poco cronológica revista de realizaciones. La primera -ya enunciada-, que la preocupación por niños y adolescentes fue, con la lógica resultante de nuestra formación filosófica, una constante, en el devenir del tiempo. La segunda: que esas realizaciones terminaron requiriendo una sistematización del criterio asistencial para lograr un esquema ordenado e institucionalizado, de protección al menor y adolescente, o al "niño" o a la "infancia" como era más de uso aludir en la época.

Ello nos lleva a la segunda etapa del tema dentro de la vida nacional, con la atención de los temas vinculados a la minoridad y adolescencia desde renovados ángulos y soluciones.

B- CONSTITUCION DE 1934 - CODIGO DEL NIÑO (De 1934 a la fecha)

Esta segunda etapa comienza en abril de 1934 con la sanción del "Código del Niño". Las autoridades resultantes de marzo de 1933 demostraron preocupación notoria por los temas en cuestión. Se incorporaron en la Constitución Nacional (1934) por primera vez en nuestros Textos Constitucionales disposiciones sin antecedentes en relación con la protección a la familia (artículo 39); al deber y derecho de los padres al cuidado y educación de los hijos, al derecho a los de numerosa prole a auxilios compensatorios, y sobre todo la expresión programática, aun vigente y válida, que determina: "La Ley dispondrá las medidas necesarias para que la infancia y juventud sean protegidas contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, así como contra la explotación y el abuso" (artículo 40). Igualmente estableció el texto constitucional de la época similares deberes para con los hijos habidos en el matrimonio o fuera de éste, y el derecho de protección a la maternidad, cualquiera sea el estado o condición de la mujer (artículo 41). Se define que la delincuencia infantil tenga un régimen especial (artículo 42). Se contiene específica y trascendente referencia al trabajo de los menores, "especialmente reglamentado y limitado" (artículo 53). Y finalmente disposiciones sobre obligatoriedad de enseñanza (artículo 61) de vasto y notorio contenido en la formación de nuestra cultura.

Esas normas continúan vigentes e incambiadas en todas las Constituciones posteriores a 1934, con modificaciones menores y ampliatorias y son hoy texto de los artículos 40, 41, 42, 43, 54, 70 y 71 de la Constitución vigente.

Simultáneo a esa actuación en el ámbito constitucional, en ese año de 1934 se procedió a nominar una Comisión -en buena parte integrada por prestigiosos médicos pediatras-, que llevará a cabo la redacción del "Codigo del Niño". Incluso fue temporariamente creado un "Ministerio de Protección a la Infancia" cuyo único cometido resultó ser la conducción del proceso de preparación y aprobación del Código, y de designación y puesta en marcha del Consejo del Niño.

El Código involucró una sistematización y renovación valiosa de normas, al tiempo que estructuró nuevas instituciones, potestades y atenciones de la Sociedad para con la minoridad. El Consejo del Niño resultó ser el pivote del sistema del Código. Sus potestades se organizan y ejercitan a través de 6 Divisiones Técnicas, en esenciales cometidos que el Legislador asigna al Consejo del Niño. Se aúnan al Consejo, de amplias potestades, otras normas del Código que implican unificación de criterios legales dispersos, e innovaciones caracterizadas. Vale mencionar: las referentes a Patria Potestad, Investigación de Paternidad, condición de Hijo Natural, Guarda de Menores y Adopción, que refieren, modificándoles y modernizándoles, a Institutos previstos en el Código Civil. Se sistematiza igualmente normas sobre menores abandonados y Pensiones Alimenticias.

En trascendente novedad se creó la Justicia de Menores especializada y con potestades específicas y amplias. De desenvolvimiento creciente en los años posteriores en Tribunales y la correspondiente Defensoría especializada, su accionar implicó una verdadera avanzada en aquellos años, al cristalizar jurisprudencia renovadora, derivada en buena parte de la libertad de decisión acordada a los jueces y su sabia aplicación, dentro del impulso del nuevo Código. Debe mencionarse la aplicación de actividad jurisdiccional diferenciada en menores infractores, cuyas conductas implicarán la violación de normas de categoría penal.

La falta de revisión del Poder Legislativo, ausente por las notorias circunstancias políticas de 1934, hizo que el valioso y deseable análisis legislativo del Código del Niño no se realizara. Tenemos la certeza de que hubiera contribuido tal revisión a mejorar y consolidar sus avances.

A posteriori de la aprobación del Código del Niño se fueron suscitando legislaciones parciales, a veces ampliatorias, a veces novedosas, y aún modificativas, del contenido del Código. Los temas candentes siempre de la niñez y la adolescencia así lo exigieron y lo exigirán.

No es posible relacionar todas las disposiciones en la materia que en el largo plazo (1934 a 2003) que analizamos, se fueron incorporando al derecho positivo. Es obvio que hacemos gracia de no incluir los proyectos que se presentaron en todas las Legislaturas. Entre estos se destacan, por su número, aún en posiciones encontradas, los relativos a la minoridad contraventora, que marca la relevancia social del tema.

Volviendo a las disposiciones efectivamente aprobadas en el discurrir de ese período citemos las más sustanciales.

La primera de ellas la norma, que en lo esencial persiste hoy, que regla el Instituto de la Legitimación Adoptiva (1945). Eficaz modelo de soluciones reales y concretas para un vastísimo número de niños abandonados o privados de la posibilidad de vincularse a su familia biológica, facilitándoles emprender una vida con mejores condiciones.

Normas sobre menores abandonados (Decreto-Ley de 1981) que estableció necesarias disposiciones sobre casos sociales sublevantes del tratamiento de menores.

Se aprobaron, reformas legislativas en torno de Institutos -de referencia original en el Código Civil- como: Procedimiento para la legitimación de hijos naturales por subsiguiente matrimonio (1959). Inscripción de nacimientos de personas de filiación ilegítima (1983). Carné de identidad del menor (1978). Reducción de edad para la plena capacidad civil, llevándola a 18 años. Modificación de normas sobre querella de irracional disenso del menor para contraer matrimonio. Igualación de derechos sucesorios de hijos naturales e hijos legítimos. Creación del "Bien de Familia" que precave, en beneficio de menores, los bienes de su entorno familiar directo.

La Ley de Derechos Civiles de la Mujer (1946) que consagró, aparte de las disposiciones que hacen a la capacidad de ésta en igualdad con los derechos del hombre, normas que alteraron sustancialmente la patria potestad sobre los menores hijos, haciéndola compartida por los cónyuges.

Debe destacarse en forma especial la amplia gama de modificaciones al Código Civil, que se legislara por Ley Nº 16.603, de octubre de 1994, vinculada en forma directa a normas de estado civil, matrimonio, patria potestad y tutoría, curaduría, sucesiones, alimentos, desheredación, etc.

Capítulo especial -en esta recopilación de disposiciones legales vinculadas a la minoridad- merece ciertamente la sanción de la norma de setiembre de 1988, que creara el Instituto Nacional del Menor (INAME), como entidad pública del rango de Servicio Descentralizado. Sustituyendo al Consejo del Niño en sus funciones y competencias, las amplía y vigoriza al estatuirse como organismo público de mayor independencia burocrática, y mejor manejo administrativo y financiero.

La Ley de Seguridad Ciudadana de julio de 1995, introduce grandes avances en el tratamiento procesal del menor infractor en su extenso y sustancial artículo 25. La mayoría de sus valiosas innovaciones integran ahora el texto del Proyecto de Código en análisis. Particularmente se destaca la norma declarativa, y trascendente, "que el menor es un sujeto de derecho", explicitada en el artículo respectivo del Código General del Proceso que "en las pretensiones relativas a menores o incapaces, se considerará prioritaria la tutela de su interés por el tribunal". Que implica la clara inserción de Uruguay en este esquema de superación en la situación del menor ante la Sociedad.

Como se puede apreciar en esta rápida revista, el país ha actuado profusamente en los temas de la minoridad a través del Código del Niño, la amplia legislación parcialmente citada y las diversas Instituciones actuantes. Como es de lógica no siempre lo edictado se ha transformado en realidad concreta con el alcance deseado. Pero los progresos han sido muy estimables, en casi todos los temas vitales de atención a la infancia y adolescencia. El devenir cambiante del ámbito social impone e impondrá siempre -como es precisamente el caso con este nuevo Código-, la renovación y búsqueda de soluciones.

C - INCORPORACION A NUESTRO DERECHO DE TRATADOS INTERNACIONALES Y REGIONALES DE PROTECCION A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

A partir especialmente de la creación de Naciones Unidas, y del poderoso impulso resultante de la misma, y de sus organismos especializados, para la obtención de consensos entre las naciones en procura de acordar principios e instrumentos internacionales, se han ido perfilando claramente políticas globales, o regionales, de sustanciales objetivos que la comunidad internacional, en su totalidad, o parcialmente, reconoce como generales a la condición humana.

El Uruguay ha acompañado sin vacilaciones ese valioso acontecer de la humanidad y de la comunidad americana (OEA), y puede decirse sin error que internizamos en nuestro país -mediando el procedimiento constitucional de ratificación de Tratados, y demás instrumentos similares de origen internacional-, los que se han ido elaborando y aprobando, en muchos casos con la presencia intelectual y dinámica en su elaboración de quienes invistieron honrosamente la representación de la República.

No es propósito de este Informe al Senado sobre el proyecto de ley sobre el Código de la Niñez y Adolescencia analizar los varios y relevantes documentos trascendentes que el Uruguay ha signado e incorporado a la legislación de la República. Una relación escueta de los más importantes será suficiente, y harto elocuente, sobre importancia.

A efectos de su adecuada enumeración los dividiremos en dos capítulos: I: los provenientes del sistema de Naciones Unidas; y II: los emanados del Sistema Interamericano, estos últimos considerados en dos secciones: a) - Generales; b) Específicos sobre Minoridad. Hacemos gracia a la brevedad de este Informe no incluir los múltiples y eficaces Convenios bilaterales que hemos celebrado con múltiples países sobre las materias que nos ocupan.

I - Naciones Unidas:

1 - Derechos del Niño;

2 - Convención sobre los Derechos del Niño;

3 - Protocolo Facultativo de la Convención sobre los

Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados; y

4 - Protocolo Facultativo de la Convención sobre los

Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en Pornografía.

II - Sistema Interamericano (OEA)

a) Generales:

1 - Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,

2 - Convención Americana sobre Derechos Humanos ("Pacto de San José de Costa Rica");

3 - Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ("Protocolo de San Salvador");

4 - Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura;

5 - Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belén do Para");

6 - Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad;

7 - Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y

8 - Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

b) Específicos sobre Minoridad:

1 - Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores;

2 - Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores;

3 - Convención Interamericana sobre Restitución internacional de Menores; y

4 - Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias.

La mera enunciación de los temas de los instrumentos ratificados alcanza para significar el valioso aporte que los mismos implican.

Estas referencias a las actividades globales en pro de la minoridad no serían bastantes si no se incluye en forma prioritaria la mención a dos organismos internacionales, de proficua y benemérita actuación en la búsqueda y consecución de las metas que les inspiran.

Nos referimos a UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), organismo rector en la materia que propugna en todo el mundo por los valores en beneficio de la infancia, valores que el pueblo y Gobierno uruguayo comparten.

Igualmente el Instituto Interamericano del Niño (IIN), visualizado institucionalmente en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha desarrollado una eficacísima labor de creación, difusión y aplicación de objetivos superiores para con la infancia y la adolescencia latinoamericana. Se puede asegurar sin error que en todos los ámbitos de las Américas donde se logran progresos en estos temas se halla involucrado el IIN. La propia labor de preparación y análisis de este proyecto de Código a estudio reconoce el empeño puesto por los responsables del Instituto.

II - EL PROYECTO DE CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA APROBADO POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES

Como se expresara en los párrafos iniciales de este Informe esta Comisión de Constitución y Legislación del Senado ha entendido valioso y útil no alterar, en lo sustancial, el proyecto aprobado venido de Diputados. Acorde a tal premisa resulta del caso, transcribir, por compartidos y porque brevemente describen con acierto el nuevo Código propuesto, los Informes que a la Cámara de Representantes realizaran -ambos en minoría por no haberse registrado acuerdo- Legisladores integrantes y activos participantes todos, de la ardua labor de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de Diputados.

El primero de ellos ("Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes" Nº 3005, 3ª Sesión Extraordinaria, del 19 de diciembre de 2001, págs. 139, 140 y 141) que transcribimos, acompañó el proyecto de Código que se tomó como base de la deliberación y resolución de la Cámara (id. Págs. 259 y 260).

Se transcribe igualmente el segundo Informe en Minoría (documento citado, págs. 176, 177, 178 y 179). El mismo es también un aporte valioso sobre el proyecto de Diputados, en enfoque que complementa al anterior.

En lo sustancial el texto del Código propuesto, adjunto a cada Informe, en Minoría es de alcance similar. Lo cual resulta lógico habida cuenta que precedió un trabajo conjunto, acorde y proficuo de la Comisión de Constitución de Diputados.

Es útil y complementario tener en cuenta ambos informes. Aunque por descontado no son contradictorios -por lo indicado en el párrafo anterior- igualmente resultan ilustrativos de los enfoques -aun convergentes-, de Diputados que en la Comisión colaboraran personal y directamente en las deliberaciones y redacción final del Código aprobado.

Primer Informe en Minoría del Proyecto en Diputados

"............................................................................................ ............ En sus primeros Capítulos se regulan los principios generales, los derechos de los niños y adolescentes, los deberes del Estado, de los padres o responsables, así como los deberes de los niños y adolescentes. Se establece que todos los niños y adolescentes son titulares de derechos, deberes y garantías inherentes a su calidad de persona humana y por lo tanto tienen derecho a las medidas especiales de protección que su condición de sujeto en desarrollo exige por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

En cuanto a la interpretación de este Código, se tendrán en cuenta las disposiciones y principios generales que informan la Constitución de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño, leyes nacionales y demás instrumentos internacionales que obligan al país. En caso de vacío legal o insuficiencia se deberá recurrir a los criterios generales de integración y especialmente a las normas propias de cada materia. Asimismo y como un gran elemento innovador se establece en su artículo 6º un criterio específico de interpretación e integración: el interés superior del niño y adolescente.

Como derechos esenciales de los niños y adolescentes se consagra el intrínseco a la vida, dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura, participación, asociación, a ser tratado en igualdad de condiciones cualquiera sea su sexo, su religión, etnia o condición social.

En el artículo 12 se establece que la vida familiar es el ámbito adecuado para el mejor logro de la protección integral. Todo niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer junto a su familia y a no ser separado de ella por razones económicas. En los casos en que sobrevengan circunstancias especiales que determinen la separación del núcleo familiar, se respetará su derecho a mantener vínculos afectivos y contacto directo con uno o ambos padres, salvo si es contrario a su interés superior. Si el niño o adolescente carece de familia tendrá derecho a crecer en el seno de otra familia. En este sentido compartimos la postura del doctor Santiago Altieri al afirmar que ... la familia es el depósito de los valores que más profunda y permanentemente quedan grabados en el espíritu de sus miembros mediante la educación (virtudes propias, modos de valorar, ideales, actitudes religiosas, etcétera) y que ...ser padre y ser madre es el modo natural de prolongar el propio ser y eso conlleva la dignificación de quienes lo son: los hace ser más dignos por que supone haber sido origen de otros seres humanos. Es preciso reconocer la dignidad de aquellos que son nuestro origen honrándoles y tratando de colmar una deuda impagable: la propia existencia.

En el Capítulo III se consagra la protección especial que el Estado debe asegurar a los niños respecto a toda forma de: a) abandono, abuso sexual o explotación de la prostitución; b) trato discriminatorio, hostigamiento, segregación o exclusión en los lugares de estudio, esparcimiento o trabajo; c) explotación económica o cualquier otro tipo de trabajo nocivo para su salud, educación o para su desarrollo físico, espiritual o moral; d) tratos crueles, inhumanos o degradantes; e) estímulo al consumo de tabaco, alcohol, inhalantes y drogas; f) situaciones que pongan en riesgo su vida o inciten a la violencia, como el uso y el comercio de armas.

El Código sostiene que son deberes de los padres o responsables respecto de los niños y adolescentes: a) respetar y tener en cuenta el carácter de sujeto de derecho del niño y adolescente, b) alimentar, cuidar su salud, su vestimenta y velar por su educación, c) respetar el derecho a ser oído y considerar su opinión, d) colaborar para que sus derechos sean efectivamente gozados, e) corregir adecuadamente a sus hijos o tutelados, f) solicitar o permitir la intervención de servicios sociales especiales cuando se produzca un conflicto que no pueda ser resuelto en el interior de la familia y que pone en grave riesgo la vigencia de los derechos del niño y adolescente, g) velar por la asistencia regular a los centros de estudio y participar en el proceso educativo.

En materia de deberes de niños y adolescentes se afirma que deberán respetar y obedecer a sus padres o responsables, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o contravengan las leyes; así como el deber de mantener una actitud de respeto en la vida de relación familiar, educativa y social; y de emplear sus energías físicas e intelectuales en la adquisición de conocimientos y desarrollo de sus habilidades y aptitudes, respetando el orden jurídico y conservando el medio ambiente.

En cuanto a las políticas sociales de promoción y protección de la niñez y adolescencia se establecen como objetivos fundamentales la promoción social y la protección y atención integral, asegurando un cuidado especial por parte del Estado y la sociedad ante la necesidad de ofrecer atención personalizada en determinadas situaciones.

En materia de filiación se establece que todo niño o adolescente tiene derecho a conocer quiénes son sus padres y recibir de ellos y/o sus responsables la protección y cuidado necesario para su adecuado desarrollo integral.

A partir de 1934 se impuso a la ley la adopción de medidas consideradas necesarias para que la infancia y juventud sean protegidas contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, equiparando en cuanto a tales deberes tanto a los hijos nacidos dentro del matrimonio como a quienes no lo fueron.

En cuanto a los adolescentes y las infracciones a la ley penal, se establecen como tales: 1) Las acciones u omisiones dolosas consumadas, cometidas en calidad de autor o coautor, a las que el Código Penal o las leyes penales especiales señalan una pena cuyo límite mínimo es superior a un año de prisión o cuyo límite máximo es superior a los tres años de penitenciaría; 2) Las acciones u omisiones culposas consumadas cometidas en calidad de autor, coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales, cuando el Juez reúna los elementos de convicción suficientes fundados exclusivamente en el desarrollo de la personalidad psicosocial del infractor, que permita concluir que el adolescente disponía de la capacidad cognitiva de las posibles consecuencias de su obrar; 3) La participación en calidad de cómplice en infracciones gravísimas a la ley penal.

Se establece la clasificación de infracción a la ley penal en graves y gravísimas, pudiendo ser sometido a un proceso especial regulado por este Código al adolescente a quien se le puede atribuir material y psicológicamente un hecho constitutivo de infracción a la ley penal.

En todos los casos en que al adolescente se le impute el haber incurrido en actos que se presuman comportan infracción a la ley penal, deberá asegurarse el cumplimiento estricto de las garantías del debido proceso, especialmente las siguientes: 1) Principio de judicialidad y legalidad, mediante el cual el adolescente imputado de haber cometido una infracción a la ley penal, será juzgado por los jueces competentes, asegurando la vigencia de las normas constitucionales, legales e instrumentos internacionales, especialmente la Convención de los Derechos del Niño; 2) Principio de responsabilidad, por el cual sólo puede ser sometido a proceso especial, regulado por este Código, el adolescente mayor de 13 y menor de 18 años de edad imputado de infracción a la ley penal; 3) Sólo puede ser detenido en casos de infracciones flagrantes o existiendo elementos de convicción suficientes sobre la comisión de una infracción; 4) Principio de humanidad: el adolescente privado de libertad será tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana. Ningún adolescente será sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni experimentos médicos o científicos. 5) Inviolabilidad de la defensa: tiene derecho a contar en forma permanente con asistencia jurídica gratuita, especializada, pública o privada, a partir de la detención, durante el proceso y hasta la ejecución completa de las medidas.

Se establece un sistema de medidas cautelares en el que el Juez, a pedido del Ministerio Público y oída la defensa, dispondrá aquellas necesarias que menos perjudiquen al adolescente. Son medidas cautelares: 1) La prohibición de salir del país. 2) La prohibición de acercarse a la víctima o a otras personas, de concurrir a determinados lugares o de tomar contacto con personas determinadas. 3) La obligación de concurrir periódicamente al tribunal o ante la autoridad que el Juez determine. 4) El arresto domiciliario. 5) La internación provisoria.

"Se regulan medidas socioeducativas no privativas de la libertad, y privativas de libertad, estableciendo un régimen de privación de libertad que da garantías al adolescente, a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. Las medidas socioeducativas ofrecen opciones dinámicas de contenido altamente resocializador.

A partir del artículo 34 se regula la tenencia por los padres y por terceros estableciendo en todos los casos la primacía del interés superior del niño.

Se establece un sistema de visitas y se sanciona en aquellos casos que existe incumplimiento en permitir las visitas.

En cuanto al régimen alimentario el deber de asistencia está constituido por los deberes y obligaciones a cargo de los integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya finalidad es la protección material y moral de los miembros de la misma. Los alimentos están constituidos por las prestaciones monetarias o en especie que sean bastantes para satisfacer, según las necesidades particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, educación, cultura y recreación.

En el Capítulo XI se establece un principio general sobre la protección de los derechos amenazados o vulnerados de los niños y adolescentes y situaciones especiales, con medidas específicas para que sea efectiva dicha protección. Se especifica asimismo que se entiende por maltrato y abuso del niño o adolescente las siguientes situaciones no necesariamente taxativas: maltrato físico, maltrato psíquico-emocional, prostitución infantil, pornografía, abuso sexual y abuso psíquico o físico.

Este nuevo proyecto de Código, asimismo, regula tanto la adopción en el ámbito nacional como la adopción internacional, considerándose esta última a la que se lleva a cabo por matrimonios con domicilio o residencia habitual en el extranjero, con relación a niños o adolescentes con domicilio o residencia habitual en la República. Se establece que en el Registro General de Adopciones, que será llevado por el Instituto Nacional del Menor constarán los datos del niño o adolescente adoptado, los datos completos de los adoptantes, y el Juzgado en que se tramitó el proceso respectivo.

El Capítulo XII regula la situación de los niños y adolescentes con relación al trabajo en donde el estatuto de los adolescentes que trabajan se regulará conforme a las normas de este Código, leyes especiales, tratados, convenciones y convenios internacionales ratificados por el país. Para el trabajo de los menores tanto en la actividad pública como privada, en cualquier sector de la actividad económica, salvo excepciones establecidas en este Código o que establezca el Instituto Nacional del Menor, se establece una edad mínima de quince años.

A efectos de combatir la corrupción de los menores de dieciocho años, se les prohíbe la concurrencia a casinos, prostíbulos o similares, whiskerías y night clubes, cualquiera sea su denominación. Además se prohíbe la venta, provisión, arrendamiento o distribución a los menores de dieciocho años, de: 1) armas, municiones y explosivos; 2) bebidas alcohólicas; 3) tabacos, fármacos, pegamentos u otras sustancias que puedan significar un peligro o crear dependencia física o psíquica; y 4) revistas, publicaciones, video casetes, discos compactos u otras formas de comunicación que violen los principios de protección establecidos en este Código............................................".

Segundo Informe en Minoría del Proyecto en Diputados

".................................................................................................. ...............Este Código supone una puesta al día del derecho que regula los temas relacionados con la niñez y la adolescencia. Ya desde su denominación el mismo se adapta a las previsiones de la Convención Internacional de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por nuestro país por Ley Nº 16.137, de 28 de setiembre de 1990.

En la filosofía que inspira este Código encontramos la superación del concepto de menor sustituido por el de niño y adolescente y el reconocimiento de estos no ya como objetos de derecho sino como sujetos de derecho. No se trata de un mero cambio de denominación sino de toda una concepción que se va produciendo como consecuencia de cambios sociales, económicos y culturales surgidos durante las últimas décadas. Se establece en el mismo el reconocimiento del interés superior del niño como el principio que debe regir e inspirar cualquier decisión que se tome sobre un niño o adolescente y que consiste en el reconocimiento y respeto de los derechos inherentes a su calidad de persona humana.

El Código consta de veinte Capítulos y doscientos veinticuatro artículos.

En el Capítulo I se establecen los Principios Generales, aplicándose a todos los seres humanos menores de dieciocho años de edad, considerándose niño hasta los trece años de edad, y a los mayores de trece y menores de dieciocho años se les considera adolescentes. Se establece que los mismos son titulares de derechos, deberes y garantías y se consagra el principio de interés superior del niño como criterio específico de interpretación e integración.

En el Capítulo II se consagran los derechos de los niños y adolescentes, preceptuándose que gozan de todos los derechos inherentes a la persona humana. Asimismo se establece que pueden acudir directamente y por sí ante los Tribunales, dándose cumplimiento a un principio cardinal estatuido en la Convención de los Derechos del Niño, preceptuándose que los Jueces deberán garantizar el efectivo cumplimiento de sus derechos bajo su más seria responsabilidad. Así se consagra algo novedoso en nuestro derecho y sistema judicial y es que el niño o adolescente podrá tener su propio abogado, sin necesidad de recurrir a sus padres o representantes legales. Por tanto, el nombramiento de curador debe ser excepcional y sólo cuando fuere pertinente; cabe resaltar que aun en los casos excepcionales en que se nombre curador, esto no significa que se sustituye la voluntad u opinión del niño o adolescente y el Juez siempre deberá entrevistarlo y oírlo.

Se establecen explícitamente los derechos de que gozan niños y adolescentes -en concordancia con la Convención-, y particularmente de aquellos que presentan discapacidades o capacidad diferente.

Corresponde destacar lo preceptuado en el artículo 12 donde se consagra el derecho al disfrute de sus padres y familia, de vivir y crecer junto a su familia y a no ser separado por razones económicas; por tanto la separación sólo operará en circunstancias excepcionales y mediante la instrucción del debido proceso.

Se preceptúa expresamente la prohibición de que niños y adolescentes formen parte de conflictos armados.

En el Capítulo III se consagran los deberes del Estado en cuanto debe prestar una protección especial sobre los derechos de todos los niños y adolescentes.

En el Capítulo IV se consagran los deberes de los padres o responsables, destacándose que los mismos deberán respetar y tener en cuenta el carácter de sujeto de derecho del niño y del adolescente, así como respetar el derecho a ser oído y considerada su opinión.

En el Capítulo V se establecen los deberes de los niños y adolescentes.

En el Capítulo VI se consagran las políticas sociales de promoción y protección a la niñez y adolescencia, estableciéndose los objetivos fundamentales así como los principios básicos y las líneas de acción para llevar a cabo los mismos.

El Capítulo VII trata sobre la Filiación, destacándose el derecho de todo niño y adolescente a conocer quiénes son sus padres, así como el derecho a la identidad. También se innova al consagrarse el derecho y el deber de los progenitores a reconocer a sus hijos, cualquiera fuere su estado civil, haciéndose las modificaciones pertinentes al Código Civil. Se regula además en este Capítulo todo lo referido a la tenencia y visitas.

El Capítulo VIII trata sobre los Alimentos, estableciéndose normas que protejan a los niños y adolescentes en el derecho a percibir los alimentos por parte de sus progenitores y a falta de éstos por otros obligados.

En el Capítulo IX se establecen los órganos de competencia y principios procesales. Se cambia la denominación de los actuales Juzgados Letrados de Menores por Juzgados Letrados de Adolescentes y se crean los Juzgados Letrados de Familia de Urgencia o con competencia de Urgencia, para atender en forma permanente todos los asuntos que requieran intervención inmediata. La Suprema Corte de Justicia deberá asignar dicha competencia a por lo menos cuatro Juzgados de Familia de Montevideo, y a los Juzgados Letrados del Interior con competencia en materia de familia. Asimismo, el máximo órgano judicial deberá instrumentar que dichos juzgados cuenten con asistencia permanente de asistentes sociales, sicólogos, siquiatras u otros profesionales del Poder Judicial para asesorar al Juez. Es la intención del Legislador que todos los Juzgados de Familia cuenten con dichos profesionales en forma permanente y trabajando junto con el Juez, de forma de lograr una mayor interiorización y comunicación directa, y no sólo a través de informes. Esto se complementa con el principio de que el niño o adolescente debe ser necesariamente oído, y bajo la más seria responsabilidad del Juez, en todos los procesos donde estén en juego los derechos de los mismos; por tal motivo el Juez de Familia debe necesariamente asesorarse con profesionales sobre la forma de entrevistar a los niños, así como realizarlas fuera de los recintos de los Juzgados cuando ello fuere conveniente. Será preceptivo además, que los Juzgados cuenten con Defensores de Oficio y la presencia del Ministerio Público y Fiscal a los efectos de dar las mayores garantías a los niños y adolescentes, así como a sus padres y representantes.

En el artículo 67 se establece la obligatoriedad de los Tribunales de ejercer su autoridad reclamada que fuera legalmente su intervención, no pudiendo excusarse ni aun por razones de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes.

En el artículo 66 se establece la competencia del Instituto Nacional del Menor, que será el órgano administrativo rector en materia de políticas de niñez y adolescencia y con competencia en materia de promoción, protección y atención de los niños y adolescentes.

En la Sección II del Capítulo IX se legisla sobre los adolescentes y las infracciones a la ley penal. De acuerdo a los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño se establece un proceso especial y específico para los adolescentes que infrinjan la ley penal, consagrándose que no todos los delitos consagrados en la ley penal constituyen infracciones que puedan cometer los adolescentes. En el artículo 69 se establece qué supuestos constituyen infracciones a la ley penal, definiéndose por el artículo 70 al adolescente infractor.

En el Capítulo X se establece a texto expreso los derechos y garantías del procedimiento, estableciéndose como principio de responsabilidad que los menores de 13 años de edad son irresponsables, y que si menores de dicha edad se encuentran involucrados en infracciones serán competentes los Jueces Letrados de Familia de acuerdo a lo preceptuado en el Capítulo XI, artículos 117 y siguientes.

Se consagran entre otros principios, el de inocencia, humanidad, inviolabilidad de la defensa, libertad de comunicación y de respuesta específica.

Para el caso de que se encuentre a un adolescente responsable en la comisión de una infracción a la ley penal, por sentencia ejecutoriada, será pasible de la aplicación de medidas socioeducativas, estableciéndose las privativas y no privativas de libertad. Las primeras se aplicarán cuando no existen otras medidas adecuadas dentro de las no privativas y el Juez deberá fundar los motivos de la no aplicación de otras medidas. Las medidas privativas de libertad podrán cumplirse bajo el régimen de semilibertad.

El Capítulo XI refiere a la Protección de los derechos amenazados o vulnerados de los niños y adolescentes y situaciones especiales. El artículo 117 sustituye el concepto de "menor abandonado", no estableciéndose taxativamente cuáles son los supuestos de esta condición, sino que se atiene a cualquier circunstancia en que los derechos del niño o adolescente sean amenazados o vulnerados. Asimismo, también se prevé la situación en que los niños vulneren los derechos de terceros, debiéndose aplicar las normas consagradas en este Capítulo. Se establece el procedimiento y las medidas a adoptar para los padres o responsables y para los niños y adolescentes.

En la Sección II de este Capítulo se incorporan normas para la protección ante el maltrato y abuso del niño o adolescente.

En la Sección III se regula lo referente a los hogares de cuidado y a la separación definitiva del niño o adolescente de su familia de origen. Asimismo se consagra la invalidez del consentimiento que se otorgue para la separación del hijo que está por nacer o dentro de los treinta días de su nacimiento.

La Sección IV del Capítulo XI trata sobre la adopción. Se regula la adopción Simple, la Legitimación Adoptiva y la Adopción Internacional. Se disminuye la edad requerida para poder ser adoptante y la diferencia de edad entre adoptante y adoptado, facultándose al Juez para que, apreciando las circunstancias del caso, admita la adopción aunque no se llegue a los requisitos establecidos. Por tanto los límites de edad no son absolutos, admitiéndose excepciones.

Se consagra demás, el derecho del adoptado a tener conocimiento de su condición de tal, siendo el deber de los padres adoptivos de informarle al respecto, siempre que ello no lo perjudique atendiendo a su edad y características.

En cuanto a la Adopción Internacional se procura que la misma no sea utilizada para el tráfico de niños, extremándose los requisitos y controles para autorizar la misma.

El Capítulo XII refiere al "Trabajo", estableciéndose en 15 años la edad mínima de admisión, pero consagrándose excepciones. Será el INAME que, apreciando las circunstancias del caso, y teniendo en cuenta el interés superior del niño, concederá autorizaciones especiales para los menores de quince años de edad.

El Capítulo XIII refiere a la "Prevención Especial" y se legisla sobre los derechos del niño y adolescente con relación a los medios de comunicación, utilización en publicidad, espectáculos, concurrencia a centros de diversión, estableciéndose una protección especial con prohibiciones expresas y el establecimiento de sanciones para quienes las infrinjan. Asimismo también se regula lo referido a autorizaciones para viajar.

El Capítulo XIV refiere a "Acciones Especiales" regulándose la Acción de Amparo y la protección de Intereses Difusos, consagrándose en dichas normas que éstas proceden para la protección de los niños y adolescentes, siendo competentes los Jueces Letrados de Familia.

El Capítulo XV regula la Investigación de la Paternidad o Maternidad, unificándose el procedimiento para dichas acciones, terminándose con la dualidad de los mismos, como hasta el presente, derogándose de hecho el artículo 241 del Código Civil y el inciso primero del artículo 242 del Código Civil, y por tanto la investigación procederá ahora, aunque la madre sea de estado civil casada.

La sentencia confirmatoria de la declaración de paternidad o maternidad lo será a todos los efectos: filiación, derechos hereditarios, alimentos y apellidos.

El Capítulo XVI regula todo lo referente a la pérdida, limitación, suspensión o rehabilitación de la patria potestad.

Por el Capítulo XVII se crea el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente que constituye un instrumento para lograr la intersectorialidad, estando entre sus cometidos promover la coordinación e integración de las políticas sectoriales de atención a la niñez y adolescencia diseñadas por par-te de las diferentes entidades públicas vinculadas al tema.

Por el Capítulo XVIII se crea el Registro de Información de Niños y Adolescentes, que estará a cargo del INAME, siendo su objetivo reunir datos sobre el niño o adolescente y las instituciones que lo atienden, haciendo el seguimiento correspondiente, generando la información necesaria para la formulación de políticas de niñez y adolescencia. Dicha información será de uso reservado y confidencial.

El Capítulo XIX consagra la nueva denominación del Instituto Nacional del Menor el cual pasará a denominarse Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), en concordancia con la nueva denominación del Código, y sustitución del término menor por el de niño y adolescente.

Por el Capítulo XX se establecen las derogaciones y observancia del Código, derogando el Código del Niño vigente y todas las normas que se opongan al nuevo Código.

Señores Representantes, tenemos la oportunidad de aprobar un instrumento moderno, que trata al niño y adolescente como sujeto de derecho y dar cumplimiento a la obligación que ha asumido Uruguay al ratificar la Convención Internacional de los Derechos del Niño........................".

Esencialmente el nuevo Código de la Niñez y Adoles-cencia dota a nuestra sociedad de regulaciones en la materia que, respondiendo a las formulaciones modernas, son instrumentos eficaces de la mejor atención que pueda dispensarse a los muchos temas que tiene la extensa problemática de la minoridad con dificultades de nuestro país.

Vuestra Comisión reconoce sin vacilaciones que la materia es de tal modo vital y cambiante que sólo la atenta mirada, y el descontado leal cumplimiento de las disposiciones por los Funcionarios encomendados a tales fines, y la necesaria colaboración de la población toda del país logrará éxito. Sólo una eficaz realización, y una mucho mejor capacidad de poner en marcha disposiciones que se espera sean suficientes, nos permiten estar convencidos que en este Código va, con acierto, la confiada esperanza de quienes en él han trabajado.

Es ilustrativo al espíritu y letra del Código propuesto al Senado, transcribir ilustradas consideraciones del Juez Antonio Augusto Cancado Trindade, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en oportunidad de emitir esa Corte la Opinión Consultiva Nº 17, de 28 de agosto del 2002, de muy generosa expresión intelectual en el tema de Niños y Adolescentes. Transcripción que ilustra, -aunque sea parcialmente-, sobre el enjundioso trabajo definitorio de esa Corte en la interpretación de textos internacionales gravitantes, los cuales nuestro país ha ratificado.

"... hay que afirmar los derechos humanos de los niños (y no los llamados "derechos de los niños o infancia"), a partir de su condición jurídica de verdaderos sujetos de derecho, dotados de personalidad jurídica internacional; hay, además, que desarrollar todas las potencialidades de su capacidad jurídica. Siempre he sostenido que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos alcanzará su plenitud el día en que se consolide en definitivo el reconocimiento no sólo de la personalidad, sino también de la capacidad jurídica internacional de la persona humana, como titular de derechos inalienables, en todas y cualesquiera circunstancias...

... como el Derecho reconoce ineluctablemente la personalidad jurídica a todo ser humano (sea él un niño, un anciano, una persona con discapacidad, un apátrida, o cualquier otro), independientemente de su condición existencial o de su capacidad jurídica para ejercer sus derechos por sí mismo (capacidad de ejercicio) podemos, de ese modo, visualizar un verdadero derecho al Derecho, o sea, el derecho a un ordenamiento jurídico (en los planos tanto interno como internacional) que efectivamente salvaguarde los derechos inherentes a la persona humana."

Sala de la Comisión, el 4 de noviembre de 2003.

Guillermo García Costa, Miembro Informante; Alberto Brause, Ruben Correa Freitas, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Pablo Millor, Manuel Núñez, Enrique Rubio, Senadores.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

TITULO I

DE LOS CONCEPTOS GENERALES

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º. (Ambito de aplicación).- El Código de la Niñez y la Adolescencia es de aplicación a todos los seres humanos de ambos géneros, menores de dieciocho años de edad.

A los efectos de este Código, se entiende por niño a todo ser humano hasta los trece años de edad y por adolescente a los mayores de trece y menores de dieciocho años de edad.

Lo establecido es sin perjuicio de la vigencia de lo regulado en el Título IX del Libro Primero del Código Civil, sobre Habilitación de Edad por Matrimonio.

Artículo 2º. (Sujetos de derechos, deberes y garantías).- Todos los niños y adolescentes son titulares de derechos, deberes y garantías inherentes a su calidad de personas humanas.

Artículo 3º. (Principio de protección de los derechos).- Todo niño y adolescente tiene derecho a las medidas especiales de protección que su condición de sujeto en desarrollo exige por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Artículo 4º. (Interpretación).- Para la interpretación de este Código, se tendrán en cuenta las disposiciones y principios generales que informan la Constitución de la República, y la Convención sobre los Derechos del Niño, y demás instrumentos internacionales, relativos a los mismos, ratificados por la República.

En caso de duda se deberá recurrir a los criterios generales de interpretación y, especialmente, a las normas propias de cada materia (Título Preliminar del Código Civil).

Artículo 5º.(Integración).- En caso de vacío legal o insuficiencia se deberá recurrir a los criterios generales de integración (artículo 16 del Código Civil), y a los principios e instrumentos mencionados en el artículo anterior.

Artículo 6º. (Criterio específico de interpretación e integración: el interés superior del niño y adolescente).- Para la interpretación e integración de este Código se deberá tener en cuenta el interés superior del niño y adolescente, que consiste en el reconocimiento y respeto de los derechos inherentes a su calidad de persona humana.

Artículo 7º. (Concurrencia para la efectividad y la protección de los derechos de los niños y adolescentes).-

1) La efectividad y protección de los derechos de los niños y adolescentes es prioritariamente de los padres, o tutores -en su caso-, sin perjuicio de la corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado.

2) El Estado deberá actuar coordinando las actividades públicas y privadas en las políticas generales, aplicables a las distintas áreas vinculadas a la niñez, adolescencia y familia.

3) En casos de insuficiencia, defecto o imposibilidad de los padres y demás obligados, el Estado deberá actuar preceptivamente, desarrollando todas las actividades integrativas, complementarias o supletivas que sean necesarias para garantizar adecuadamente el goce y ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes.

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 8º. (Principio general).- Todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana. Tales derechos serán ejercidos de acuerdo a la evolución de sus facultades, en la forma establecida por la Constitución de la República; los instrumentos internacionales relativos a los mismos, ratificados por la República; este Código y demás leyes concernientes. En todo caso tiene derecho a ser oído -y obtener respuesta-, cuando se tomen decisiones sustanciales que afecten su vida.

Podrá acudir a los Tribunales y a que ante los mismos se ejerzan los actos procesales en defensa de sus derechos, siendo preceptiva la asistencia letrada. Iguales derechos le asiste ante el Ministerio Público y Defensor que fueren competentes a su atención.

El Juez ante quien se acuda tiene el deber de designarle curador, cuando fuere pertinente, para que lo represente y asista en sus pretensiones.

Los Jueces, adoptarán las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de lo establecido en los incisos anteriores, debiendo declararse nulas las actuaciones cumplidas en desconocimiento de lo dispuesto, excepto en lo que fueren favorables al niño o adolescente.

Artículo 9º. (Derechos esenciales).- Todo niño y adolescente tiene derecho intrínseco a la vida, dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura, participación, asociación, a los beneficios de la seguridad social y a todos los demás derechos y garantías inherentes a la personalidad humana (artículo 72 de la Constitución). Igualmente le corresponde ser tratado en igualdad de condiciones cualquiera sea su sexo, su religión, etnia o condición social.

Artículo 10. (Derecho del niño y adolescente con capacidad diferente).- Todo niño y adolescente, con capacidad diferente psíquica, física o sensorial, tiene derecho a vivir en condiciones que aseguren su participación social a través del acceso efectivo especialmente a la educación, cultura y trabajo.

Este derecho se protegerá cualquiera sea la edad de la persona.

Artículo 11. (Derecho a la privacidad de la vida).- Todo niño y adolescente tiene derecho a que se respete la privacidad de su vida. Tiene derecho a que no se utilice su imagen en forma lesiva, ni se publique ninguna información que lo perjudique y pueda dar lugar a la individualización de su persona.

Artículo 12. (Derecho al disfrute de sus padres y familia).- La vida familiar es el ámbito adecuado para el mejor logro de la protección integral.

Todo niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer junto a su familia y no ser separado de ella por razones económicas.

Sólo puede ser separado de su familia cuando, en su interés superior y en el curso de un debido proceso, las autoridades determinen otra relación personal sustitutiva.

En los casos en que sobrevengan circunstancias especiales que determinen la separación del núcleo familiar, se respetará su derecho a mantener vínculos afectivos y contacto directo con uno o ambos padres, salvo si es contrario a su interés superior.

Si el niño o adolescente carece de familia, tiene derecho a crecer en el seno de otra familia o grupo de crianza, la que será seleccionada atendiendo a su bienestar. Sólo en defecto de esta alternativa, se considerará el ingreso a un establecimiento público o privado. Se procurará que su estancia en el mismo sea transitoria.

Artículo 13. (Conflictos armados).- Los niños y adolescentes no pueden formar parte de las hostilidades en conflictos armados ni recibir preparación para ello.

CAPITULO III

DE LOS DEBERES DEL ESTADO

Artículo 14. (Principio general).- El Estado protegerá los derechos de todos los niños y adolescentes sujetos a su jurisdicción, independientemente del origen étnico, nacional o social, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, la posición económica, los impedimentos psíquicos o físicos; el nacimiento o cualquier otra condición del niño y adolescente, de su familia, de sus padres o de sus representantes legales.

El Estado garantizará el reconocimiento del principio de que ambos padres, o en su defecto sus representantes legales, tienen obligaciones y derechos comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo de niños y adolescentes en la procura fundamental del interés superior del niño.

Artículo 15. (Protección especial).- El Estado tiene la obligación de proteger especialmente a los niños y adolescentes respecto a toda forma de:

A) Abandono, abuso sexual o explotación de la prostitución.

B) Trato discriminatorio, hostigamiento, segregación o exclusión en los lugares de habitación, estudio, esparcimiento o trabajo.

C) Explotación económica, o cualquier tipo de trabajo nocivo para su salud, educación o para su desarrollo físico, espiritual y moral.

D) Tratos crueles, inhumanos o degradantes.

E) Proporcionarles y estimularles al consumo de tabaco, alcohol, inhalantes y drogas. Se prohíbe la venta a menores y adolescentes de las mencionadas sustancias.

F) Situaciones que pongan en riesgo su vida o le inciten a la violencia, como el uso y el comercio de armas.

G) Protegerles de situaciones que pongan en peligro su seguridad, así como de detenciones y traslados ilegítimos.

H) Penalizar los actos que alteren o pongan en peligro su identidad, como falsas identidades, adopciones ilegítimas y ventas de su tenencia o individualidad.

I) Incumplimiento de los progenitores, o responsables en su caso, de alimentarlos, cuidar su salud y educación y velar por el ejercicio de sus derechos.

J) Ejercicio de la mendicidad tanto solo como junto a sus padres o responsables, sus familiares directos o acompañando a personas extrañas a su familia. Tanto en este caso como en el tipificado en el numeral 8º del artículo 361 del Código Penal (Instigación a la mendicidad) se procederá de acuerdo a lo establecido en el Apartado I del Capítulo XI de este Código.

CAPITULO IV

DE LOS DEBERES DE LOS PADRES O RESPONSABLES

Artículo 16. (De los deberes de los padres o responsables).- Son deberes de los padres o responsables respecto de los niños y adolescentes:

A) Respetar y tener el cuenta el carácter de sujeto de derecho del niño y del adolescente.

B) Alimentar, cuidar su salud, proveer su vestimenta, dotarles de habitación adecuada, y velar por su educación.

C) Respetar su derecho a ser oído y considerar su opinión.

D) Procurar y colaborar para que sus derechos sean efectivamente gozados.

E) Prestarle orientación y dirección para el ejercicio de sus derechos.

F) Corregir adecuadamente a sus hijos o tutelados.

G) Solicitar o permitir la intervención de servicios sociales competentes cuando se produzca un conflicto que no pueda ser resuelto en el interior de la familia y que pone en grave riesgo la vigencia de los derechos del niño y del adolescente.

H) Asegurar la asistencia regular a los centros de estudio y participar en el proceso educativo.

I) El ejercicio de todo otro deber inherente a su calidad de tal.

Artículo 17. (Cuidado de la Salud).- Es obligación de los padres, o los responsables de los niños y adolescentes, realizar los controles médicos y cumplir las instrucciones sobre cuidados de la salud que impartan quienes corresponde, así como dar destino correcto a los alimentos, ropas y medicamentos, que reciban de entidades públicas o privadas con destino a los mismos.

Si los padres o responsables negaren por cualquier razón, su consentimiento para la internación, tratamiento, intervención quirúrgica o en general la realización de actos médicos considerados por los médicos tratantes de carácter necesario y urgente, el profesional interviniente deberá poner la circunstancia en inmediato conocimiento del Tribunal competente y se estará a lo que resuelva éste. El Juez deberá pronunciarse en el término de 48 horas, en resolución no apelable. Sin perjuicio de lo precedente, si a juicio del médico tratante debe procederse en forma urgente e impostergable a realizar los actos referidos, queda autorizado a tomar las medidas inmediatas a fin de proteger la vida e integridad del niño o adolescente, todo lo cual comunicará a la Sede que corresponda.

Artículo 18. (Embarazo de educandas menores).- Prohíbese a las instituciones educativas públicas y privadas imponer medidas correctivas y disciplinarias a las educandas embarazadas por su condición. Deberán establecer regulaciones que permitan la continuidad y el buen fin de los estudios de las menores encintas, e igualmente medidas que tengan presente a posteriori su condición de madres.

CAPITULO V

DE LOS DEBERES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 19. (De los deberes de los niños y adolescentes).- Todo niño y adolescente tiene el deber de mantener una actitud de respeto en la vida de relación familiar, educativa y social, así como de emplear sus energías físicas e intelectuales en la adquisición de conocimientos y desarrollo de sus habilidades y aptitudes.

Especialmente deberán:

A) Respetar y obedecer a sus padres o responsables, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o contravengan las leyes.

B) Cuidar, en la medida de sus posibilidades, a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad.

C) Respetar los derechos, ideas y creencias de los demás.

D) Respetar el orden jurídico.

E) Conservar el medio ambiente.

F) Prestar, en la medida de sus posibilidades, el servicio social o ayuda comunitaria, cuando las circunstancias así lo exijan.

G) Cuidar y respetar su vida, y su salud física y mental.

TITULO II

POLITICAS SOCIALES DE PROMOCION Y PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

CAPITULO VI

POLITICAS SOCIALES

Artículo 20. (Objetivos).- Son objetivos fundamentales de las políticas sociales y protección a la niñez y adolescencia:

A) Promoción social. Asegurar la promoción tendiente a favorecer el desarrollo integral de las potencialidades del niño y del adolescente como persona en su condición de ser en desarrollo, para procurar su integración social en forma activa y responsable como ciudadano. Se cuidará especialmente la promoción en equidad, evitando se generen desigualdades por conceptos discriminatorios a causa de sexo, etnia, religión, condición social, educación, o capacidad diferente.

B) Protección y atención integral. Asegurar una protección integral de los derechos y deberes de los niños y adolescentes, así como asegurar una atención especial por parte del Estado y de la sociedad ante la necesidad de ofrecerla personalizada en determinadas situaciones.

Artículo 21. (Vida familiar y en sociedad).- Son principios básicos de las políticas sociales:

A) El fortalecimiento de la integración y permanencia de los niños y adolescentes en los ámbitos primarios de socialización: la familia y las instituciones educativas.

B) Su descentralización territorial, que asegure el acceso de los niños, adolescentes y familias en toda la gama de servicios básicos.

C) La participación de la sociedad civil y la promoción de la solidaridad social hacia los niños y adolescentes.

Artículo 22. (Afirmación de políticas sociales).- Las normas que regulan la vigencia efectiva de los derechos de los niños y adolescentes en las áreas de supervivencia y desarrollo, requerirán de la implementación de un sistema de políticas sociales básicas, complementarias, de protección especial, de carácter integral, que respondan a la diversidad de realidades y comprendan la coordinación entre el Estado y la sociedad civil.

Artículo 23. (Criterio rector).- Es criterio rector velar por el desarrollo armónico de los niños y adolescentes, correspondiendo fundamentalmente a la familia y a los sistemas de salud y educación su seguimiento hasta la mayoría de edad, según el principio de concurrencia que emerge del artículo 7º de este Código.

Artículo 24. (Líneas de acción).- La atención hacia la niñez y la adolescencia se orientará primordialmente a:

A) Aplicación de políticas sociales básicas, que hagan efectivos los derechos consagrados en la Constitución de la República, para todos los niños y los adolescentes.

B) Programas de atención integral, para aquellos que lo necesiten por carencia temporal o permanente ya sean niños y adolescentes con capacidad diferente, o en situación de desamparo o marginalidad.

C) Implementación de medidas apropiadas para que los niños se beneficien de los servicios de instalaciones de guarda, especialmente en el caso de que los padres trabajen.

D) Adopción de programas y servicios especiales de prevención y atención médica y psicosocial, a las víctimas de negligencia, maltrato, violencia o explotación laboral o sexual.

E) Garantías para la protección jurídico-social de los niños y adolescentes en conflicto con la ley, y de educación para su integración social.

F) Programas de promoción de la niñez y adolescencia

en las áreas deportivas, culturales y recreativas, entre otras.

G) Creación de sistemas de indicadores de desarrollo del niño y del adolescente, respetando el derecho a la privacidad y el secreto profesional.

CAPITULO VII

Sección I - De la filiación

Artículo 25.(Derecho a la filiación).- Todo niño y adolescente tiene derecho a conocer quiénes son sus padres.

Todo progenitor tiene el derecho y el deber, cualquiera fuera su estado civil, de reconocer a sus hijos.

Artículo 26. (Derecho a la protección).- Todo niño y adolescente tiene derecho, hasta la mayoría de edad, a recibir de sus padres y responsables la protección y cuidados necesarios para su adecuado desarrollo integral, y es deber de éstos el proporcionárselos, así como el respeto y la efectiva realización de los derechos que le son reconocidos en el Capítulo II "DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES", de este Código.

Artículo 27. (Identificación).- Sin perjuicio de las normas del Registro de Estado Civil, el recién nacido deberá ser identificado mediante las impresiones plantar y digital, acompañadas por la impresión digital de la madre, todas las cuales tomarán parte de la documentación registral del nacimiento.

El Poder Ejecutivo reglamentará la norma precedente disponiendo su aplicación progresiva, la que se hará conforme a las circunstancias obrantes en el nacimiento y a las posibilidades administrativas.

Artículo 28. (Derecho al nombre y apellidos familiares).- Todo niño tiene derecho, desde su nacimiento, a ser inscripto con nombre y apellido.

Artículo 29. (Del nombre).- El niño llevará como apellidos los que resulten de su filiación natural o legítima.

En caso de filiación natural, o desconocida, el niño igualmente deberá ser inscripto con dos apellidos. Si los mismos resultan total o parcialmente de las circunstancias de su filiación, o inscripción, se procederá conforme a las mismas. Cuando esos extremos no resulten al tiempo de inscripción se completarán los faltantes, si los hubiere, por quien sea el inscriptor -siempre que tuviere facultad bastante para ello-, o en su defecto por el Oficial del Estado Civil actuante, debiendo uno u otro acudir, de ser el caso, a apellidos de uso común en nuestro país.

Similares disposiciones al apellido se aplicarán en cuanto al nombre del niño.

Lo establecido es sin perjuicio del cumplimiento en la materia de las resultancias de las acciones del estado civil que procedan, y de las normas legales del Registro de Estado Civil.

Artículo 30. (Reconocimiento como naturales de hijos legítimos).- Derógase el inciso tercero del artículo 227 del Código Civil.

Modifícase la redacción del inciso cuarto del artículo 227 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"No se admitirá el reconocimiento de hijos naturales, aún después de disuelto el matrimonio, cuando ese reconocimiento se pretenda hacer a favor de una persona que tenga la posesión notoria de hijo legítimo, sin perjuicio de las acciones que, legalmente, se admiten para contestar esa filiación".

Artículo 31.- Sustitúyense los artículos 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 y 221 del Código Civil, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

"ARTICULO 214.- Viviendo los cónyuges de consuno, y sin perjuicio de la prueba en contrario, la ley considera al marido padre de la criatura concebida por su esposa durante el matrimonio.

Las personas que procedan de matrimonio civil podrán destruir esta presunción acreditando que el vínculo biológico de paternidad no existe.

ARTICULO 215.- Se considera concebida dentro del matrimonio, a la criatura nacida fuera de los ciento ochenta días después de contraído éste y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución. Esta presunción es relativa.

ARTICULO 216.- Se considera, asimismo, al marido padre de la criatura nacida de su mujer, dentro de los ciento ochenta días siguientes al matrimonio, siempre que aquél haya conocido el embarazo antes de contraer matrimonio o haya admitido su paternidad expresa o tácitamente por cualquier medio inequívoco. Fuera de estos casos, bastará al marido con negar judicialmente la paternidad de la criatura habida por su mujer, de lo que se le dará conocimiento a ésta. Si la madre se opusiera surgirá el contradictorio.

ARTICULO 217.- La presunción de paternidad del marido que se configura conforme a lo dispuesto por los artículos 214, 215 y 216 de este Código, podrá ser impugnada por el marido, el hijo o los herederos de uno u otro, dentro de los plazos y en las condiciones que se dispone en los artículos siguientes.

ARTICULO 218.- El marido podrá ejercer la acción de desconocimiento de paternidad a efectos de impugnar la presunción de legitimidad que hubiera surgido, dentro del plazo de un año contado desde que tomó conocimiento del nacimiento de la criatura cuya paternidad la ley le atribuye.

Sus herederos podrán continuar la acción intentada por éste, o iniciar la misma, si el marido hubiera muerto dentro del plazo hábil para deducirla. Los herederos dispondrán del plazo de un año a contar desde el fallecimiento del marido.

ARTICULO 219.- Hallándose el hijo en posesión del estado filiatorio legítimo, tenga o no su título, podrá impugnar la presunción de paternidad, actuando debidamente representando por un curador ad litem, dentro del plazo de un año a contar desde el nacimiento. Si la acción no hubiera sido intentada durante la menor edad del hijo, podrá ejercerla éste dentro del plazo de un año a partir de su mayoría. En caso de fallecer el hijo dentro del plazo hábil para interponer la demanda de impugnación de la paternidad o durante su minoría de edad sin haberla interpuesto, la acción podrá ser ejercida por los herederos de éste dentro del plazo que aquél contaba.

ARTICULO 220.- De faltar la posesión de estado de filiación legítima aun cuando exista su título, la acción de desconocimiento de paternidad podrá ser intentada indistintamente por la madre, por un curador ad litem que actúe en representación del hijo, por el padre biológico que manifieste su ánimo de reconocerlo o por el hijo al llegar a la mayoría de edad. La madre y el padre biológico no podrán accionar una vez que su hijo haya llegado a la mayoría de edad. En ausencia de posesión de estado de filiación legítima, la acción será imprescriptible para el hijo.

En los casos en que este artículo, el precedente y el inciso cuarto del artículo 227 se refieren a posesión de estado, no se requiere el transcurso del tiempo reclamado por el artículo 47 de este Código.

El acogimiento de la acción deducida por la madre o por el padre biológico, dejará al hijo emplazado en el estado civil de hijo natural del demandante.

ARTICULO 221.- El proceso no será válidamente entablado si no intervienen en el mismo, en calidad de sujetos activos o pasivos, en su caso, el marido, la madre y el hijo de ésta (artículo 46 del Código General del Proceso).

En todo proceso relativo al estado civil cuando la representación legal del menor corresponda a quien tiene intereses contrapuestos al mismo, se procederá al nombramiento de curador ad-litem.

Artículo 32. (Capacidad de los padres para reconocer a sus hijos).- Todo progenitor tiene el derecho y el deber, cualquiera fuere su estado civil y edad, a reconocer a su hijo.

No obstante, los solteros menores de dieciocho años no podrán realizar reconocimientos válidos sin aprobación judicial, previa vista del Ministerio Público. Si el menor fuere mujer, podrá sustituirse la referida aprobación por certificado de nacimiento vivo del que resulte, bajo responsabilidad del médico actuante, su maternidad.

En los casos de esos padres niños o adolescentes, el Juez decidirá a quién se le atribuyen los derechos y deberes inherentes a la tutela, otorgando preferencia a los abuelos que convivan con el progenitor que reconoce y el reconocido.

Previo a todas las decisiones a que refieren los incisos anteriores que requieran autorización judicial, se deberá oír al padre o a la madre que haya reconocido al hijo o tenga voluntad de hacerlo y que aún no tenga dieciocho años cumplidos de edad.

La patria potestad será ejercida en forma plena por ambos padres, a partir de que éstos cumplan dieciocho años.

Artículo 33. (Formalidades del reconocimiento).- El reconocimiento puede tener lugar:

1) Por la simple declaración formulada ante el Oficial del Registro de Estado Civil por el padre o la madre biológicos con capacidad para ello, en oportunidad de la inscripción del nacimiento del hijo, como hijo natural, suponiendo la sola inscripción reconocimiento expreso.

2) Por testamento, en cuyo caso el reconocimiento podrá ser expreso o implícito.

3) Por escritura pública.

Artículo 34. (Apellidos previos al reconocimiento).- Cuando el hijo fuere reconocido luego de haber cumplido trece años de edad, tiene derecho a expresar en forma ante el Oficial del Registro de Estado Civil su voluntad, que será atendida, de seguir usando los apellidos con los que hasta entonces era identificado. Dicha expresión de voluntad será anotada al margen de su partida de nacimiento.

Artículo 35. (Inscripción tardía).- El derecho consagrado en el artículo anterior, también rige para los supuestos de inscripciones tardías de hijos mayores de trece años.

Tratándose de inscripción tardía de hijos legítimos, basta con la gestión a tal fin de uno o de ambos padres, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes.

Sección II - De la tenencia del niño y adolescente

Artículo 36. (Tenencia por los padres).- En lo relativo a la tenencia de los niños y adolescentes:

1) Cuando sus padres vivan de consuno, o sólo uno de ellos fuere conocido o le hubiere reconocido, se estará a lo dispuesto en el Título VIII del Código Civil, "De la Patria Potestad";

2) Cuando los padres no vivan de consuno, se determinará de común acuerdo (artículo 177 del Código Civil).

3) De no existir acuerdo de los padres, no se les conocieren o ubicaren, o de negarse ambos a la tenencia la resolverá el Juez de Familia, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento.

Artículo 37. (Facultades del Juez de Familia).- En caso de no existir acuerdo de los padres, el Juez resolverá, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

A) El hijo deberá permanecer con el padre o la madre con quien convivió el mayor tiempo.

B) Preferir a la madre cuando el niño sea menor de dos años.

Tanto en este literal como en el anterior lo dispuesto se efectivizará siempre que no sea perjudicial para el menor.

C) Bajo su más seria responsabilidad funcional, el Juez, en su caso, siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente con uso de razón.

Artículo 38. (Tenencia por terceros).- Cualquier interesado puede denunciar la carencia de efectivo ejercicio de la tenencia de un niño o adolescente. Igualmente puede solicitar la tenencia, siempre que ello tenga como finalidad el interés superior de éste. El Juez competente, bajo la más seria responsabilidad funcional, deberá evaluar el entorno familiar ofrecido por el interesado, y en su caso, el que le brindaren quienes tienen por derecho su tenencia.

Artículo 39.- Quien ejerce la tenencia de un niño o adolescente está obligado a brindarle la protección y cuidados necesarios para su desarrollo integral.,

Artículo 40.- Quien no se sienta capacitado para proseguir con la tenencia que ejerce, deberá ponerlo en conocimiento del Juez de Familia, quien resolverá la situación del niño o adolescente.

Artículo 41. (Procedimiento).- Todas las pretensiones relativas a la tenencia, recuperación de tenencia o guarda de los niños o adolescentes, se regularán por el procedimiento extraordinario consagrado en los artículos 346, 347 y concordantes del Código General del Proceso. La ratificación de tenencia se tramitará por el procedimiento voluntario (artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso). Es Juez competente para conocer en dichas pretensiones, el del domicilio del niño o adolescente.

Sección III - Visitas

Artículo 42. (Principio general).- Todo niño y adolescente tiene derecho a mantener su vínculo de relacionamiento social, en orden preferencial, aunque no excluyente, con sus padres, abuelos y hermanos, y consecuentemente a un régimen de visitas con los mismos. Ello sin perjuicio que el Juez competente, basado en el interés superior del niño o adolescente, incluya a otros familiares o personas con las que aquél haya mantenido vínculos afectivos estables.

Artículo 43. (Régimen de visitas).-

1) El régimen de visitas se fijará de común acuerdo entre quienes tengan la tenencia del niño o adolescente, y los mencionados en el artículo anterior.

2) A falta de acuerdo, o si se impide o limita el ejercicio del derecho mencionado, el Juez de Familia fijará el mismo. Se garantizará el derecho del niño o adolescente a ser oída y tenida en cuenta su opinión, la que se recabará por el Juez en un ámbito adecuado.

Artículo 44. (Incumplimiento en permitir las visitas).- Quien estuviere obligado, de acuerdo al régimen establecido, y se negara a cumplirlo en forma inmotivada, habilitará a que la otra parte acuda personalmente ante el Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces en donde éste no exista, el cual dispondrá de inmediato la comparecencia de la parte incumplidora, la que será notificada por la Policía. En caso de incomparecencia, podrá ser conducida por la fuerza pública, si así lo dispusiere el Juez.

El Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces, escuchará a ambas partes y de ser inmotivada la reticencia de la parte obligada a permitir las visitas, dispondrá -apre-ciando las circunstancias del caso, la edad y especialmente los intereses del niño o adolescente- el cumplimiento del régimen de visitas, salvo que el Juez de Familia interviniente, entienda que es procedente modificar provisoriamente el régimen vigente, hasta tanto resuelva, si fuere el caso, el Juez de la causa, si la hubiere.

Artículo 45. (Régimen de visitas definitivo).- En el caso previsto en el artículo anterior el día hábil inmediato siguiente, el Juez de Familia de Urgencia, o quien haga sus veces en donde éste no exista dará cuenta al Juez de Familia que intervino, o fuere competente en su caso, en la fijación del régimen de visitas, remitiéndole los antecedentes, quien resolverá en definitiva sobre el mantenimiento o no del régimen fijado.

A tales efectos, deberá convocar a las partes a una audiencia, la cual deberá celebrarse en un plazo no mayor a los tres días hábiles de recibidos los antecedentes. En dicha audiencia será preceptiva la presencia del Ministerio Público y Fiscal, así como la asistencia letrada.

Artículo 46. (Incumplimiento en realizar las visitas).- Si la parte a cuyo favor se establece un régimen de visitas, no cumpliere con el mismo, podrá la otra parte acudir al Juez de Familia competente, explicando la situación y la repercusión que la falta de cumplimiento por parte del obligado tiene sobre el niño o adolescente de su cargo.

En tal caso se aplicará lo dispuesto en el inciso primero del artículo 44 y el artículo 45 de este Código.

Artículo 47. (Sanción por incumplimiento).- El incumplimiento grave o reiterado del régimen de visitas homologado, o fijado judicialmente, podrá originar la variación de la tenencia, si ello no perjudicara el interés del niño o adolescente, y sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que fije el Juez a instancia de parte o de oficio, cuyo producido será en beneficio de aquél.

El Juez, cuando se tratare de los progenitores, instruirá a la parte incumplidora que el desatender las necesidades afectivas de los hijos puede dar lugar a la pérdida de la patria potestad y al delito previsto en el artículo 279 B del Código Penal.

Artículo 48. (Principio general de procedimiento).- Todas las pretensiones que conciernen al régimen de visitas, se regularán por el procedimiento extraordinario consagrado en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso, y en lo pertinente lo establecido en los artículos 349 y 350 del mismo Código.

Es Juez competente para conocer en dichas pretensiones, el del domicilio del niño o adolescente.

CAPITULO VIII

DE LOS ALIMENTOS

Artículo 49. (Concepto de deber de asistencia familiar).- El deber de asistencia familiar está constituido por los deberes y obligaciones a cargo de los integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya finalidad es la protección material y moral de los miembros de la misma.

Bajo la denominación de alimentos, se alude en este Código a la asistencia material.

En caso de desconocimiento de este deber podrán ser compelidos judicialmente a cumplir sus responsables.

Serán aplicables, en lo que fueren pertinentes, las normas establecidas en el presente Capítulo "DE LOS ALIMENTOS" a la obligación de alimentos prevista en la Sección I del Capítulo IV del Título V del Libro Primero del Código Civil y sus disposiciones concordantes y modificativas.

Artículo 50. (Concepto de alimentos).- Los alimentos están constituidos por las prestaciones monetarias o en especie, o de ambas formas, bastantes a satisfacer, según las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, educación, cultura y recreación.

También se consideran alimentos los gastos de atención de la madre durante el embarazo, desde la concepción hasta la etapa del posparto.

Las prestaciones deberán ser proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y las necesidades de los beneficiarios.

Artículo 51. (Forma de prestación de los alimentos).- Todas las prestaciones se servirán en forma anticipada, y también periódica cuando su naturaleza lo determine.

El obligado a prestar alimentos podrá exigir de la persona que administre la pensión alimenticia, rendición de cuentas sobre los gastos efectuados para los beneficiarios.

El Juez competente resolverá en definitiva tanto en caso de negativa a la rendición de cuentas, como si se suscitaren diferencias en cuanto a las mismas.

Artículo 52. (De la vigencia de los alimentos).- Cuando se reclamaren judicialmente alimentos, se deben desde la interposición de la demanda.

Tratándose de aumento o reducción de prestación judicialmente establecida la misma surtirá efecto desde la interposición de la demanda, salvo que el Juez, apreciando las circunstancias del caso, disponga que se aplique desde que la sentencia quede ejecutoriada.

Los convenios extrajudiciales, se deben desde la fecha pactada.

Artículo 53. (Alimentos provisionales).- El Juez al proveer sobre la demanda, y atendidas las circunstancias invocadas, fijará alimentos provisionales.

Artículo 54. (Beneficiarios de la asistencia familiar).- Son acreedores de la asistencia familiar los niños y adolescentes, así como los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno que no dispongan -en el último caso- de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

Artículo 55. (Personas obligadas a prestar alimentos y orden de preferencia).- Los alimentos se prestarán por los padres o, en su caso, por el o los adoptantes (artículo 159 de este Código). Para el caso de imposibilidad o insuficiencia de los alimentos, se prestarán subsidiariamente de acuerdo al siguiente orden:

1) Los ascendientes más próximos.

2) El cónyuge respecto a los hijos del otro, en cuanto conviva con el beneficiario.

3) El concubino o la concubina, en relación a los hijos del otro integrante de la pareja, que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos conformando una familia de hecho.

4) Los hermanos legítimos o naturales, con preferencia los de doble vínculo sobre los de vínculo simple.

En los casos previstos en los numerales 1) y 4), si concurrieren varias personas en el mismo orden, la obligación será divisible y proporcional a la posibilidad de cada obligado.

Artículo 56. (Caracteres de la obligación alimentaria).- El derecho de pedir alimentos no puede trasmitirse por actos entre vivos ni por causa de muerte, ni renunciarse, ni venderse o cederse de modo alguno.

Los alimentos, sea en dinero, sea en especie, no son embargables.

El deudor de alimentos no puede oponer al demandante de los mismos, en compensación, lo que este le deba, excepto que lo adeudado refiera a la pensión alimenticia objeto del litigio.

El derecho a pedir alimentos es imprescriptible.

Artículo 57. (Pensiones alimenticias atrasadas).- No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse, y el derecho a demandarlas se trasmite por causa de muerte.

Artículo 58. (Transacción sobre alimentos futuros).- La transacción sobre alimentos futuros no surtirá efectos sino después de ser aprobada judicialmente.

Artículo 59. (Modificación de la obligación alimentaria).- Los alimentos podrán ser objeto de aumento o de reducción, si se modifica la situación económica del deudor o las necesidades del acreedor.

Artículo 60. (Extinción de la obligación alimentaria).- La obligación de alimentos se extingue y su cese debe ser judicialmente decretado en los siguientes casos:

1) Cuando se dejen de cumplir los supuestos establecidos en el artículo 54 de este Código.

2) Cuando el obligado se halla en imposibilidad de servirlos.

3) Cuando fallece el alimentante, sin perjuicio de la asignación forzosa que grava la masa de la herencia.

4) Cuando fallece el alimentario, en cuyo caso la obligación se extiende a los gastos funerarios, siempre que no puedan cubrirse de otra manera

En los casos previsto en los numerales 1) y 4) bastará que el alimentante se presente en los autos en que se dispusieron los alimentos solicitando el cese de la pensión, agregando la partida de estado civil respectiva y sustanciándose con traslado a quien administre los alimentos por el plazo perentorio e improrrogable de diez días.

Transcurrido el plazo sin que se evacuare el traslado, se decretará el cese de la pensión alimenticia, notificando a la otra parte.

Artículo 61. (Omisión injustificada de los alimentos).- Cuando el obligado judicialmente a servir alimentos de acuerdo a las disposiciones de este Código que, habiendo sido intimado judicialmente, omitiera prestarlos sin causa justificada, el Juez interviniente dará cuenta de inmediato al Juez Letrado en lo Penal que corresponda, a los efectos previstos por el artículo 279 A del Código Penal.

El Juez Letrado en lo Penal deberá comunicar al Juez denunciante las resultancias de las actuaciones llevadas a cabo por dicha Sede.

Artículo 62. (Concepto de ingresos).- A los efectos de este Código, se entiende por sueldo o haberes, todo ingreso de cualquier naturaleza, periódico o no, que se origine en la relación laboral, arrendamiento de obras o de servicios o derive de la seguridad social. No se computarán por in-gresos, a los efectos de la pensión alimenticia, lo que perciba el obligado a la prestación por concepto de viáticos sujetos a rendición de cuentas. Cuando los viáticos no estén sujetos a rendición de cuentas se computarán a efectos de la pensión alimenticia en un 35% (treinta y cinco por ciento).

Igualmente serán ingresos los provenientes de retiros periódicos por concepto de utilidades, beneficios o ganancias, cobro de intereses o dividendos, arrendamientos, honorarios profesionales y en general, todo lo que perciba el deudor de alimentos por su trabajo, actividad o capital.

Artículo 63. (Límite de la retención por alimentos).- Podrá retenerse mensualmente hasta un 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos cuando así lo justifique el número de hijos y las necesidades de los mismos. La resolución del Juez deberá ser fundada y será apelable sin efecto suspensivo.

Artículo 64. (Medidas asegurativas de la prestación alimentaria).- En el caso de prestar el alimentante servicios retribuidos por particulares o empresas, éstas tendrán la obligación de informar a la Sede que así lo solicite todo lo relativo a los ingresos de aquél, dentro del plazo de quince días de recibido el oficio por el que se le reclama. El incumplimiento de esta obligación hará pasibles a los particulares o empresas a la condena de sanciones pecuniarias conmutativas (Decreto-Ley Nº 14.978, de 14 de diciembre de 1979). La obligación de informar existe aun cuando el alimentante no integre los cuadros funcionales o planilla de trabajo, pero tuviese con la empresa o particular cualquier relación patrimonial o beneficio económico.

Cuando el alimentante prestase servicios retribuidos por particulares o empresas y se negare a cumplir, o no diere cumplimiento en tiempo y forma, la obligación de alimentos, se ordenará a aquellos que efectúen la retención correspondiente a los sueldos o haberes respectivos.

Para hacer efectiva la contribución señalada por el Juez, bastará la orden librada por oficio al habilitado, patrón o titular, de la oficina o empresa en que preste servicios el alimentante, y éstos responderán personal, solidaria e ilimitadamente del pago, si injustificadamente no cumplieran la orden recibida.

Artículo 65. (Obstáculos al cumplimiento de la obligación alimentaria).- El empleador o habilitado o empresario que intencionalmente ocultare, total o parcialmente, los ingresos, sueldos o haberes del obligado, será considerado incurso en el delito de estafa.

En el mismo delito incurrirá todo aquel que obstaculizare o impidiere el correcto servicio de la obligación alimentaria dispuesta judicialmente, o simulare créditos contra el obligado, o de cualquier manera colabore intencional y fraudulentamente, en la reducción del patrimonio efectivo del alimentante.

El Juez actuante dará cuenta de inmediato al Juez Letrado en lo Penal que corresponda.

Artículo 66. (Prohibición al alimentante de ausentarse del país sin dejar garantías o fiador suficientes).- Iniciado el juicio de alimentos, el demandado no podrá ausentarse del país sin dejar garantías suficientes, siempre que así lo solicitare el actor, lo que apreciará el Juez interviniente.

Artículo 67. (Procedimiento).- El proceso de alimentos y todas las acciones establecidas en este Capítulo "DE LOS ALIMENTOS", se tramitarán por las normas previstas para el proceso extraordinario en el Código General del Proceso (artículos 346 y 347) y lo establecido en el numeral 2) del artículo 349 y artículo 350 del mismo Código, y disposiciones concordantes y complementarias.

Artículo 68. (Competencia).- El Juez competente para conocer en el juicio por alimentos, es el del domicilio del niño o adolescente o el del demandado, a elección del actor.

CAPITULO IX

COMPETENCIA JURISDICCIONAL E INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR (INAME)

Artículo 69. (Competencia).- La competencia de los órganos jurisdiccionales en materia de niños y adolescentes es la que fija la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, con excepción de las siguientes modificaciones:

"ARTICULO 67.- Los Jueces Letrados de Menores entenderán en primera instancia en todos los procedimientos que den lugar las infracciones de adolescentes a la ley penal.

En segunda instancia entenderán los Tribunales de Familia.

Los actuales Juzgados Letrados de Menores pasarán a denominarse Juzgados Letrados de Adolescentes".

Artículo 70. (Competencia de urgencia).- La Suprema Corte de Justicia asignará, por lo menos, a cuatro Juzgados Letrados de Familia en Montevideo y a los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior de la República, que entienden en materia de familia, competencia de urgencia, con excepción de las infracciones de adolescentes a la ley penal, para atender en forma permanente todos los asuntos que requieran intervención inmediata, o en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 137 de este Código. Ello sin perjuicio cuando fuere necesario, del uso de las facultades que otorga a los Jueces de Paz del Interior del artículo 379 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992. Se entenderá por asuntos que requieran intervención inmediata, todos aquellos en que exista riesgo de lesión o frustración de un derecho del niño o adolescente.

Tomadas las primeras medidas en salvaguarda de los derechos, los derivarán al Juzgado que corresponda.

La Suprema Corte de Justicia propenderá a que los Juzgados cuenten con la asistencia permanente de asistente social, psicólogo y psiquiatra del Poder Judicial u otros profesionales de dicho Poder, cuyo asesoramiento podrá serles requerido por el Juez.

La Defensoría de Oficio de Familia establecerá un régimen de turnos de Defensores de Oficio, para que actúen en dichos Juzgados, a efectos de asistir a las personas que se presenten ante el mismo.

Asimismo, se establecerá un régimen de turnos para asegurar la presencia del Ministerio Público y Fiscal.

Artículo 71. (Criterio básico).- Reclamanda la intervención en forma legal y en materia de su competencia, los Tribunales aplicarán como criterio básico la promoción de las familias, en especial de las más vulnerables y el desarrollo del niño en el ámbito de la misma, de acuerdo a los principios que emergen del artículo 12 de este Código.

El Juez podrá rechazar las pruebas manifiestamente impertinentes o innecesarias, presidirá las audiencias, so pena de nulidad y bajo grave responsabilidad, e interrogará a los testigos y a las partes, sin perjuicio de las repreguntas de los abogados. Gozará de los más amplios poderes de policía y de dirección de la audiencia. En cualquier momento podrá ordenar diligencias para mejor proveer. Si de la demanda o en cualquier otro momento del proceso resultare, a juicio del Juez, la necesidad de su inmediata actuación, éste dispondrá, con carácter provisional, las medidas que correspondieren en amparo de los derechos del niño o adolescente.

No podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por razones de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes (inciso segundo del artículo 5º de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985).

Artículo 72. (Competencia del Instituto Nacional del Menor).- El Instituto Nacional del Menor, sin perjuicio de las competencias y atribuciones asignadas por la Ley Nº 15.977, de 14 de setiembre de 1988, concordantes y modificativas, es el órgano administrativo rector en materia de políticas de niñez y adolescencia, y competente en materia de promoción, protección y atención de los niños y adolescentes del país, y su vínculo familiar, a los que deberá proteger, promover y atender con todos los medios a su alcance.

Deberá determinar, por intermedio de sus servicios especializados, la forma de llevar a cabo la implementación de las políticas establecidas en los artículos 12 y 21 de este Código, a través de distintos programas, proyectos y modalidades de intervención social, públicos o privados, orientados al fortalecimiento de las familias integradas por niños y adolescentes.

Artículo 73.- El Instituto Nacional del Menor, previos diagnósticos y estudios técnicos, deberá velar por una adecuada admisión, ingreso, atención, derivación y desvinculación de los niños y de los adolescentes bajo su cuidado. La incorporación a los distintos hogares, programas, proyectos y modalidades de atención se realizará habiéndose oído al niño o al adolescente y buscando favorecer el pleno goce y la protección integral de sus derechos.

Procurará que todos los niños y adolescentes tengan igualdad de oportunidades para acceder a los recursos sociales, a efectos de poder desarrollar sus potencialidades y de conformar personalidades autónomas capaces de integrarse socialmente en forma activa y responsable. Las acciones del Instituto Nacional del Menor deberán priorizar a los más desprotegidos y vulnerables.

Artículo 74.- Los adolescentes que, estando a disposición del Instituto Nacional del Menor, alcanzaren la mayoría de edad serán orientados y apoyados a efectos que puedan hacerse cargo de sus vidas en forma independiente. Las personas con capacidad diferente que alcanzaren dicha mayoría, estando a cuidado del Instituto Nacional del Menor, podrán permanecer bajo su protección siempre y cuando no puedan ser derivados para su atención en servicios o programas de adultos.

Artículo 75.- El Instituto Nacional del Menor inspeccionará, en forma periódica, las instituciones privadas a las que concurran niños y adolescentes, sin perjuicio de la competencia de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Asimismo fiscalizará toda institución privada, comunitaria o no gubernamental con la que ejecute programas bajo la modalidad de convenios.

Deberá también incorporar en todos los programas que gestione, en forma directa o en la modalidad de convenio, un enfoque comprensivo de las diversas situaciones familiares de los niños y adolescentes.

Toda inspección o fiscalización deberá ser realizada por equipos multidisciplinarios de profesionales a efectos de evaluar la situación en que se encuentran los niños y adolescentes, así como el trato y formación que se les da a los mismos, de acuerdo a los derechos que éstos tienen y a las obligaciones de dichas instituciones.

El Instituto Nacional del Menor podrá formular observaciones y efectuar las denuncias que correspondan ante las autoridades competentes, por la constatación de violaciones de los derechos del niño y adolescente, sin perjuicio de lo preceptuado por el artículo 177 del Código Penal (Omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos).

TITULO III

DE LOS ADOLESCENTES Y LAS INFRACCIONES A LA LEY PENAL

CAPITULO X

INFRACCIONES A LA LEY PENAL

Artículo 76. (Infracciones a la ley penal).- A los efectos de este Código son infracciones a la ley penal:

1) Las acciones u omisiones dolosas consumadas, cometidas en calidad de autor o coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales.

2) Las acciones u omisiones culposas consumadas, cometidas en calidad de autor, coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales, cuando el Juez reúna los elementos de convicción suficientes, fundados exclusivamente en el desarrollo de la personalidad psicosocial del infractor; avalado por un equipo técnico, que permita concluir que el adolescente disponía la capacidad cognitiva de las posibles consecuencias de su obrar.

3) La tentantiva de infracciones gravísimas a la ley penal.

4) La participación en calidad de cómplice en infracciones gravísimas a la ley penal.

Artículo 77. (Adolescente infractor).- Se denomina adolescente infractor a quien sea declarado responsable por sentencia ejecutoriada, dictada por Juez competente, como autor, coautor o cómplice de acciones u omisiones descritas como infracciones a la ley penal, tal como éstas se definen en el artículo anterior.

Artículo 78. (Relación causal).- Sólo puede ser sometido a proceso especial regulado por este Código el adolescente a quien se le pueda atribuir material y psicológicamente un hecho constitutivo de infracción a la ley penal.

Artículo 79. (Clases de infracción).- Las infracciones a la ley penal se clasifican en graves y gravísimas.

Son infracciones gravísimas a la ley penal:

1) Homicidio (artículo 310 del Código Penal).

2) Lesiones gravísimas (artículo 318 del Código Penal).

3) Violación (artículo 272 del Código Penal).

4) Rapiña (artículo 344 del Código Penal).

5) Privación de libertad agravada (artículo 282 del Código Penal).

6) Secuestro (artículo 346 del Código Penal).

7) Extorsión (artículo 345 del Código Penal).

8) Tráfico de estupefacientes (artículos 31 y 32 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998).

9) Cualquier otra acción u omisión que el Código Penal o las leyes especiales castigan con una pena cuyo límite mínimo sea igual o superior a seis años de penitenciaría o cuyo límite máximo sea igual o superior a doce años de penitenciaría.

10) La tentativa de las infracciones señaladas en los numerales 1), 5) y 6) y la complicidad en las mismas infracciones.

En los casos de violación no se tomarán en cuenta la presunción del ejercicio de violencia (artículo 272 del Código Penal).

Las restantes son infracciones graves a la ley penal.

Artículo 80. (Adecuación a la normativa del Código Penal y de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995).- El Juez deberá examinar cada uno de los elementos constitutivos de la responsabilidad, de las circunstancias que eximen de la aplicación de medidas o que aminoren el grado de las infracciones y el concurso de infracciones e infractores, tomando en cuenta los preceptos de la parte general del Código Penal, de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995; la condición de adolescentes, y los presupuestos de perseguibilidad de la acción.

CAPITULO XI

Sección I - Derechos y garantías del procedimiento

Artículo 81. (Principios que rigen).- En todos los casos en que al adolescente se le impute el haber incurrido en actos que se presumen comportan infracción a la ley penal, deberá asegurarse el cumplimiento estricto de las garantías del debido proceso, especialmente las siguientes:

1) Principios de judicialidad y legalidad.- El adolescente imputado de haber cometido una infracción a la ley penal, será juzgado por los Jueces competentes en conformidad a los procedimientos especiales establecidos por este Código, y en aplicación de las normas constitucionales, legales e instrumentos internacionales ratificados por la República, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño.

2) Principio de responsabilidad.- Sólo puede ser sometido a proceso especial, regulado por este Código, el adolescente mayor de trece y menor de dieciocho años de edad, imputado de infracción a la ley penal.

La responsabilidad del adolescente tendrá lugar a partir de la sentencia definitiva que le atribuya la comisión del hecho constitutivo de infracción a la ley penal.

Si se encuentran involucrados niños menores de trece años de edad, se procederá de acuerdo a lo preceptuado en el Capítulo XII, artículos 132 y siguientes de este Código.

3) Principio que condiciona la detención.- Sólo puede ser detenido en casos de infracciones flagrantes o existiendo elementos de convicción suficientes sobre la comisión de una infracción. En este último caso, mediante orden escrita de Juez competente comunicada por medios fehacientes. La detención será una medida excepcional.

4) Principio de humanidad.- El adolescente privado de libertad será tratado con la humanidad y respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana.

Ningún adolescente será sometido a torturas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a experimentos médidos o científicos.

Tendrá derecho a mantener contacto permanente con su familia o responsables, salvo en circunstancias especiales.

5) Principio de inocencia.- Tiene derecho a que se presuma su inocencia. No será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.

6) Principio de inviolabilidad de la defensa.- Tiene derecho a contar en forma permanente con asistencia jurídica gratuita, especializada, pública o privada, a partir de la detención, durante el proceso y hasta la ejecución completa de las medidas.

7) Principio de libertad de comunicación.- Tiene derecho durante la privación de libertad, de comunicarse libremente y en privado con su Defensa, con sus padres, responsables, familiares y asistentes espirituales.

8) Principio de prohibición del juicio en rebeldía.- Tiene derecho de no ser juzgado en su ausencia, so pena de nulidad de todo lo actuado (artículo 21 de la Constitución de la República).

9) Principio de impugnación.- Todo adolescente tendrá derecho a impugnar todas las decisiones judiciales que lo perjudiquen.

10) Principio de duración razonable.- En ningún caso la situación derivada de la formalización del proceso excederá en sus consecuencias al término de duración de la medida que hubiere correspondido.

11) Principio de asistencia de intérpretes.- Todo adolescente tendrá derecho a contar con la libre asistencia gratuita de un intérprete, si no comprende o no habla el idioma castellano.

12) Principio de oportunidad reglada.- El adolescente tiene derecho a que se prescinda o se interrumpa el procedimiento cuando, por la característica del hecho o por la naturaleza del bien jurídico agredido, no se justifica la prosecución de la acción.

Sección II - Régimen procesal

Artículo 82. (Principios generales).- En todos los casos en que se investigue la responsabilidad del adolescente, el procedimiento se ajustará a los trámites establecidos por este Código y subsidiariamente por el Código General del Proceso y el Código Procesal Penal.

El Juez interviniente tendrá todas las facultades inquisitivas de los Jueces en materia penal. Podrá requerir verbalmente o por escrito el auxilio inmediato de la fuerza pública; hacer comparecer en su despacho a cualquier persona cuando lo juzgue necesario para el ejercicio de sus funciones; y dirigirse a cualquier autoridad sin que, contra sus prerrogativas puedan oponerse reglas o disposiciones de institución alguna.

Se tendrá en cuenta, en todos los actos del proceso, que el menor es un sujeto de derecho, así como su interés, en los términos del artículo 350.4 del Código General del Proceso.

Artículo 83. (Actuaciones previas al proceso).- Las actuaciones previas al proceso se regirán por las normas siguientes:

1) Cometidos de la autoridad policial.

Cuando proceda la detención del adolescente conforme a lo establecido en el literal C) del artículo 81 de este Código, la autoridad aprehensora, bajo su más severa responsabilidad, deberá:

2) Realizar la actuación de modo que menos perjudique a la persona y reputación del adolescente.

a) Poner el hecho de inmediato en conocimiento del Juez, o en un plazo máximo de dos horas después de practicada la detención.

b) Hacer conocer al adolescente los motivos de la detención y los derechos que le asisten, especialmente el derecho que tiene de designar Defensor.

c) Informar a sus padres o responsables, como forma de asegurar sus garantías y derechos.

d) Si fuere necesario, antes de conducirlo a la presencia del Juez, hará constar lo indispensable para la información de los hechos.

e) Si no fuere posible llevarlo de inmediato a presencia del Juez, previa autorización de éste, deberá conducírselo a la dependencia especializada del Instituto Nacional del Menor que corresponda o del Instituto Policial, no pudiendo permanecer en este último lugar por más de doce horas.

f) Los traslados interinstitucionales y a la sede judicial deben estar precedidos del correspondiente examen médico.

3) Cuando un Juez tome conocimiento que el adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo 132 de este Código, lo pondrá en conocimiento del Juez competente, sin perjuicio de la actuación procesal referida a la infracción.

Artículo 84. (Audiencia preliminar y medidas probatorias).- En los casos de infracciones de adolescentes que lo justifiquen, el Juez dispondrá, en un plazo que no exceda las veinticuatro horas, la realización de una audiencia preliminar donde deberán estar presentes, bajo pena de nulidad, el adolescente, su Defensor y el Ministerio Público.

Se procurará la presencia de los padres o responsables. También podrán comparecer, si lo aceptaren y no existiera peligro para su seguridad, la víctima y testigos, si fuere procedente y necesario.

El Juez, al interrogarlo, le hará conocer en términos accesibles los motivos de la detención y los derechos que le asisten.

Se dispondrá la inmediata agregación de la partida de nacimiento o la acreditación de la edad mediante medios sustitutivos.

Durante esta audiencia preliminar, el Ministerio Público y la Defensa podrán solicitar las probanzas que estimen convenientes.

La prueba solicitada deberá recabarse en un plazo que no exceda de los veinte días continuos y perentorios, contados a partir de la decisión judicial.

La prueba y los informes del equipo técnico, se diligenciarán en audiencia con las garantías que aseguren el debido proceso, en un plazo que no exceda de los veinte días, continuos y perentorios.

Artículo 85. (Resolución de audiencia preliminar y medidas cautelares).- Al culminar la audiencia preliminar, el Juez:

1) Dispondrá las medidas probatorias a que refiere el artículo anterior.

2) Fijará la audiencia final en un plazo de sesenta días, salvo si decreta como medida cautelar el arresto domiciliario o la internación provisoria, caso en que dicha audiencia se fijará en un plazo máximo de treinta días.

3) Decidirá la aplicación de medidas cautelares, de acuerdo a lo dispuesto a continuación.

El Juez, a pedido del Ministerio Público, y oída la Defensa, dispondrá las medidas cautelares necesarias que menos perjudiquen al adolescente.

Son medidas cautelares:

1) La prohibición de salir del país.

2) La prohibición de acercarse a la víctima o a otras personas; de concurrir a determinados lugares, o de tomar contacto con personas precisadas.

3) La obligación de concurrir periódicamente al Tribunal o ante la autoridad que el Juez determine.

4) El arresto domiciliario.

5) La internación provisoria.

El arresto domiciliario y la internación provisoria no podrán durar más de sesenta días. Transcurrido ese plazo sin que se hubiera dictado sentencia de primera instancia, se deberá dejar en libertad al adolescente. Ambas medidas cautelares sólo podrán aplicarse si la infracción que se imputa al adolescente puede ser objeto en definitiva de una medida privativa de libertad, de acuerdo con el artículo 102 de este Código, y siempre que ello sea indispensable para:

6) Asegurar la comparecencia del adolescente a los actos procesales esenciales.

7) La seguridad de la víctima, el denunciante, los testigos o el adolescente.

8) Cuando se considere de peligrosidad su conducta (inciso 3º del artículo 107 de este Código).

La internación provisoria se cumplirá en un establecimiento especial del Instituto Nacional del Menor.

Artículo 86. (Informe de equipo técnico y del Centro de Internación).- Si el Juez resuelve la internación, dispondrá que el equipo técnico del establecimiento de internación, en un término que no exceda los veinte días dispuesto para la prueba, produzca un informe con una evaluación médica y psicosocial, el cual se expedirá especialmente sobre las posibilidades de convivencia en régimen de libertad.

Los técnicos producirán los informes verbales o escritos que el Juez disponga y supervisarán la aplicación de las medidas. Los informes verbales se producirán en audiencia.

Artículo 87. (Formulación de demanda, sobreseimiento, y allanamiento).- Diligenciada la prueba, los autos pasarán en vista al Ministerio Público por seis días. En caso de deducir acusación, relacionará las pruebas ya diligenciadas y analizará los informes técnicos y formulará los presupuestos fácticos, jurídicos y técnicos de la imputación.

Si el Ministerio Público solicitara el sobreseimiento, el Juez lo dictará sin más trámite. Si se dedujere demanda fiscal, se conferirá traslado a la Defensa por seis días, la que podrá ofrecer prueba y contradecir o allanarse.

De mediar allanamiento de la Defensa, el Juez deberá dictar sentencia en cinco días.

Artículo 88. (Audiencia final y sentencia).- Deberán participar en la audiencia final, bajo pena de nulidad, el adolescente, su Defensor y el Ministerio Público. Será convocada dentro de los quince días de la contestación de la demanda fiscal, por la Defensa.

Se pondrán a disposición los informes técnicos recabados y toda la prueba producida.

Se dará participación a sus padres o responsables, y a las víctimas, si fuere procedente y así lo solicitaren.

El Juez deberá dictar sentencia definitiva de primera instancia al cabo de la audiencia final, y en esa misma oportunidad expedir el fallo con sus fundamentos. Se dará lectura de todo ello, a los efectos de su comunicación (artículo 76 del Código General del Proceso), siendo de aplicación, en lo pertinente, el artículo 245 del Código del Proceso Penal.

La sentencia será escrita y deberá ser redactada de un modo breve y claro para que pueda ser comprendida en todas sus partes por el adolescente imputado.

Cuando la complejidad del asunto lo justifique, se podrá prorrogar la audiencia por quince días perentorios, procediéndose para su comunicación a la formalización de una audiencia complementaria.

Artículo 89. (Contenido de la sentencia).- Las sentencias serán dictadas con la finalidad de preservar el interés del adolescente.

La privación de libertad se utilizará sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda.

Deberá fundamentar por qué no es posible aplicar otra medida distinta a la de privación de libertad.

El Juez no podrá imponer medidas socio educativas sin previo pedido del Ministerio Público, ni hacerlo de manera más gravosa de la solicitada por éste.

Artículo 90. (Coparticipación de mayores).- En el caso de hechos con apariencia delictiva en que se hallen involucrados adolescentes junto a personas mayores, la autoridad policial lo hará saber simultáneamente al Juez Letrado de Adolescentes y al Juez Penal de Turno, quienes actuarán en forma paralela, comunicándose recíprocamente las alternativas de la causa.

Deberá recabarse autorización al Juez Letrado de Adolescentes para el traslado del adolescente al Juzgado Penal, siempre que sea necesaria su declaración.

Artículo 91. (Apelación).- Se aplicará el régimen impugnativo que establece el Código General del Proceso.

La apelación será automática cuando la medida impuesta tenga una duración superior a un año de privación de libertad.

Artículo 92. (Medidas urgentes).- Cuando, en virtud de la distancia o por otras circunstancias, no sea posible llevar de inmediato al adolescente a presencia del Juez Letrado competente, el Juez de Paz respectivo podrá adoptar las primeras y más urgentes medidas (artículo 45 del Código del Proceso Penal).

Sección III - Medidas socioeducativas

Apartado 1. Generalidades

Artículo 93. (Principios generales).- Las medidas contempladas en este Código sólo podrán aplicarse a los adolescentes respecto a los cuales haya recaído declaración de responsabilidad, por sentencia ejecutoriada.

Artículo 94. (Ejecución de las medidas).- Una vez que el Juez disponga las medidas, deberá comunicarlo por escrito al Instituto Nacional del Menor o institución privada seleccionada para el cumplimiento de la misma, con remisión del texto de las resoluciones o sentencias, sin cuyos requisitos el órgano destinatario no dará curso a la ejecución de la misma.

Artículo 95. (Medidas complementarias).- Todas las medidas que se adopten conforme a lo establecido en el numeral 12) del artículo 83, se podrán complementar con el apoyo de técnicos, tendrán carácter educativo, procurarán la asunción de responsabilidad del adolescente y buscarán fortalecer el respeto del mismo por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros como asimismo, el robustecimiento de los vínculos familiares y sociales.

La medida será seleccionada por el Juez, siguiendo los criterios de proporcionalidad e idoneidad para lograr tales objetivos.

Apartado 2. Medidas socioeducativas no privativas de libertad

Artículo 96. (Medidas sustitutivas).- Podrán aplicarse al adolescente, entre otras, las siguientes medidas no privativas de libertad:

A) Advertencia, formulada por el Juez en presencia del Defensor y de los padres o responsables, sobre los perjuicios causados y las consecuencias de no enmendar su conducta.

B) Amonestación, formulada por el Juez también en presencia del Defensor, de los padres o responsables, intimándolo a no reiterar la inconducta.

C) Orientación y apoyo mediante la incorporación a un programa socioeducativo a cargo del Instituto Nacional del Menor o de instituciones públicas o privadas, por un período máximo de un año.

D) Observancia de reglas de conducta, como prohibición de asistir a determinados lugares o espectáculos, por un período que no exceda de seis meses.

E) Prestación de servicios a la comunidad, hasta por un máximo de dos meses.

F) Obligación de reparar el daño o satisfacción de la víctima sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo II del Título I del Libro Cuarto del Código Civil ("De los cuasicontratos, delitos y cuasidelitos") (artículos 1319, 1320, 1324 y concordantes).

G) Prohibición de conducir vehículos motorizados, hasta por dos años.

H) Libertad asistida.

I) Libertad vigilada.

Artículo 97. (Programas de orientación).- Los programas de orientación y apoyo (literal C) del artículo anterior), tienen por finalidad incorporar paulatinamente al adolescente al medio familiar o grupo de crianza u otros grupos, así como a los centros de enseñanza y cuando corresponda, a los centros de trabajo.

Estos programas podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional del Menor o por otras instituciones públicas o privadas.

Artículo 98. (Trabajos en beneficio de la comunidad).- Los trabajos en beneficio de la comunidad (literal E) del artículo 96 de este Código), se regularán de acuerdo a las directivas que al efecto programe el Instituto Nacional del Menor.

Preferentemente podrán realizarse en hospitales y en otros servicios comunitarios públicos. No podrán exceder de seis horas diarias. La autoridad administrativa vigilará su cumplimiento, concertando con los responsables de su ejecución, de forma que no perjudique la asistencia a los centros de enseñanza, de esparcimiento y las relaciones familiares, en todo lo cual se observará el cuidado de no revelar la situación procesal del adolescente.

Artículo 99. (Obligación de reparar el daño o satisfacción de la víctima).- En cualquier etapa del proceso, en conformidad del adolescente y de la víctima o a petición de parte, el Juez podrá derivar el caso a mediación, suspendiéndose las actuaciones por un plazo prudencial. Alcanzando un acuerdo, previo informe técnico y oídos la Defensa y el Ministerio Público, el Juez deberá valorar razonablemente desde la perspectiva exclusiva del interés superior del adolescente, el sentido pedagógico y educativo de la reparación propuesta, disponiendo, en caso afirmativo, la clausura de las actuaciones. Tal decisión será preceptiva en caso de opinión favorable del Ministerio Público. El mismo efecto tendrán los acuerdos conciliatorios celebrados en audiencia.

Artículo 100. (Régimen de libertad asistida y vigilada).-

1) El régimen de libertad asistida (literal H) del artículo 96 de este Código), consiste en acordarle al adolescente el goce de libertad en su medio familiar y social.

Será, necesariamente, apoyado por especialistas y funcionarios capacitados para el cumplimiento de programas educativos.

El Juez determinará la duración de la medida.

En cualquier momento de su ejecución la medida podrá ser interrumpida, revocada o sustituida, de oficio o a instancia de los actores habilitados y previa intervención del Ministerio Público y del Defensor.

2) El régimen de libertad vigilada (literal I) del artículo 96 de este Código), consiste en la permanencia del adolescente en la comunidad con la orientación permanente de un educador, durante el tiempo que el Juez determine.

Artículo 101. ("Non bis in idem").- El Juez sólo podrá aplicar una de las medidas previstas en los artículos 93 a 114 del presente Código.

Apartado 3. Medidas socioeducativas privativas de libertad

Artículo 102. (Aplicación).- Las medidas privativas de libertad sólo se aplicarán a los adolescentes declarados por sentencia ejecutoriada, responsables de infracción, que a juicio del Juez justifique las mismas.

También podrán aplicarse a los adolescentes que, habiendo sido declarados por sentencia ejecutoriada responsables de una infracción, incumplen las medidas adoptadas por el Juez.

Artículo 103. (Aplicabilidad).- Las medidas privativas de libertad no son de necesaria adopción para el Juez. Se aplicarán cuando configurándose los requisitos legales, no existan otras medidas adecuadas dentro de las no privativas de libertad. El Juez fundamentará los motivos de la aplicación de estas medidas. Se tendrá en consideración el derecho del adolescente a vivir con su familia, y en caso que proceda la separación, a mantener contacto permanente con la misma, pareja, amigos, referentes afectivos y otros, si ellos no fueren perjudiciales para el mismo.

Artículo 104. (Medidas privativas de libertad).- Las medidas privativas de libertad son:

1) Internación en establecimientos, separados completamente de los establecimientos carcelarios destinados a adultos.

2) Internación en iguales establecimientos con posibilidades de gozar de semilibertad.

Apartado 4. Régimen de privación de libertad

Artículo 105. (Privación de libertad).- El régimen de privación de libertad consiste en recluir al adolescente en un establecimiento que asegure su permanencia en el recinto, sin menoscabo de los derechos consagrados en este Código, las normas constitucionales, legales e instrumentos internacionales.

Artículo 106. (Régimen de semilibertad).- El régimen de semilibertad consiste en disponer que el adolescente, cuya privación de libertad ha sido dispuesta en establecimientos, goce de permiso para visitar a su familia o para la realización de actividades externas, con un máximo de ocho horas de duración diarias, en su beneficio personal, controladas por la autoridad donde se encuentra internado.

Este régimen se extenderá, mientras se aplica la medida de privación de libertad, salvo su suspensión temporaria o definitiva por inobservancia de las reglas de correcto comportamiento.

Artículo 107. (Duración de las medidas de privación de libertad).- La medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de cinco años.

En ningún caso el adolescente que al llegar a los dieciocho años permanece sujeto a medidas, cumplirá lo que le resta en establecimientos destinados a los adultos.

En situaciones de peligrosidad manifiesta, se adoptarán las medidas que fueren compatibles con la seguridad de la población y los propósitos de recuperación del infractor.

Artículo 108. (Cumplimiento).- El cumplimiento de las medidas de privación de libertad es de responsabilidad exclusiva, irrenunciable e indelegable del Estado.

Se cumplirán en centros especiales hasta la finalización de las medidas y de acuerdo a criterios, entre otros, de edad, complexión física, gravedad de la infracción y adaptación a la convivencia.

En ningún caso podrán cumplirse en establecimientos destinados a los adultos.

Se tendrá especial cuidado por las situaciones en que el adolescente requiera tratamiento médico, en cuyo caso deberá ser internado en un centro adecuado a sus condiciones.

Artículo 109. (Infractores con dependencia).- En los casos de adolescentes infractores, que padecen dependencias alcohólicas o toxicómanas, se efectivizará la asistencia a programas de orientación y tratamiento adecuados.

Artículo 110. (Procedimiento por modificación o cese de las medidas).- Se deberá decretar, en cualquier momento, el cese de la medida cuando resulte acreditado en autos que la misma ha cumplido su finalidad socioeducativa.

La tramitación de todas las solicitudes de sustitución, modificación o cese de las medidas, se hará en audiencia, debiendo dictarse resolución fundada, previo los informes técnicos que se estimen pertinentes, con presencia del adolescente, de sus representantes legales, de la Defensa y del Ministerio Público.

La audiencia deberá celebrarse en un plazo que no exceda los diez días a partir de la respectiva solicitud.

Artículo 111. (Traslado de infractores).- La internación de los adolescentes fuera de la jurisdicción de su domicilio se limitará al mínimo posible, atendidas las circunstancias del caso.

Cuando los Juzgados dispongan la internación de adolescentes infractores fuera de su jurisdicción, declinarán competencia para ante el Juez del lugar de internación.

Deberán enviar junto con el adolescente, fotocopia certificada del expediente en sobre cerrado, que será entregado por el funcionario que lo traslade, bajo su más grave responsabilidad funcional, al Juez de turno del lugar de la internación.

Artículo 112. (Reserva).- Queda prohibida la identificación de la persona del adolescente por cualquier medio de comunicación pública, sin perjuicio de la información sobre los hechos.

Los funcionarios públicos que faciliten noticias a la prensa, en contravención a lo dispuesto en el inciso anterior, serán pasibles de una suspensión de diez días con pérdida de haberes la primera vez y un mes por la siguiente. La tercera infracción dará lugar a la destitución. La infracción será comunicada preceptivamente a la institución a que pertenece, con transcripción de las normas.

Los medios de comunicación que infrigieren lo dispuesto en el inciso primero incurrirán en una multa, a juicio del Juez, equivalente entre 20 UR (veinte unidades reajustables) y 200 UR (doscientas unidades reajustables), según los casos, siendo el destino de la misma el Instituto Nacional del Menor.

Artículo 113. (Competencia).- En las infracciones previstas en el inciso tercero del artículo anterior, entenderán los Jueces Letrados de Adolescentes, siguiendo el procedimiento para reprimir las faltas en el Derecho Procesal Penal aplicable a adultos.

Artículo 114. (Recurribilidad).- La sentencia podrá ser apelada ante el Tribunal de Familia respectivo, cuya decisión hará cosa juzgada.

Sección IV - Principios de la ejecución

Artículo 115. (Supuestos de la ejecución).- La actividad procesal de ejecución de las medidas educativas, comprende los actos destinados a promover el cumplimiento de las medidas y el trámite y la decisión de las cuestiones sobrevinientes.

Artículo 116. (Control que ejercen los Jueces competentes).- Son cometidos de los Jueces Letrados de Adolescentes:

1) Vigilar los casos en los que han recaído medidas educativas dispuestas por sentencia ejecutoriada, hasta el término de su cumplimiento.

2) Entender por audiencia y con intervención del Defensor y Ministerio Público, las reclamaciones de los adolescentes durante el período de ejecución de las medidas, tanto en los establecimientos, como fuera de ellos.

3) Visitar, por lo menos cada tres meses los centros de internación, dejando constancia en el expediente respectivo del resultado.

Sin perjuicio de lo que antecede, podrá realizar inspecciones cada vez que lo considere oportuno.

En ambos casos, tomar las medidas que más convengan al interés superior del adolescente.

4) Dar cuenta a la Suprema Corte de Justicia en los casos en que se constaten irregularidades graves.

Artículo 117. (Control de la autoridad administrativa).- El Instituto Nacional del Menor o las autoridades de los establecimientos de internación, informarán cada tres meses al Juez sobre la forma como se cumple la medida y la evolución del adolescente.

El Instituto Nacional del Menor reglamentará el funcionamiento de los establecimientos donde se cumplen las medidas privativas de libertad.

Sección V - Derechos y deberes durante la ejecución de las medidas socioeducativas

Artículo 118. (Principio especial de la privación de libertad).- Sin perjuicio de los derechos y garantías enumerados en el artículo 81 de este Código, se tendrán en cuenta los derechos y deberes de los adolescentes, con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de la institucionalización y a fomentar su integración a la sociedad.

A) Derechos:

1) A ser informado del régimen de funcionamiento institucional y de sus derechos y deberes y conocer a los funcionarios que lo tendrán bajo su responsabilidad durante la internación o en régimen ambulatorio.

2) A conocer el régimen interno a fin de comunicarse personalmente con el Juez, Fiscal, Defensor, educadores, familiares y a ejercer efectivamente ese derecho.

3) A estar informado sobre las medidas que se proyectan para lograr su inserción al ámbito familiar y social.

4) A recibir los servicios de salud, sociales, educativos, religiosos y de esparcimiento, y ser tratado conforme a su desarrollo y necesidades.

En todo caso se garantizará su seguridad, en tanto protección contra influencias nocivas y situaciones de riesgo.

5) A estar informado sobre el régimen de convivencia.

6) A no ser trasladado del centro donde cumple la medida educativa sin que se dé cuenta de inmediato al Juez competente. Todo traslado podrá ser recurrido conforme a derecho, sin efecto suspensivo.

7) No podrán imponerse sanciones colectivas.

B) Deberes:

Durante la ejecución de las medidas, los adolescentes, deberán respetar a sus educadores y responsables y observar los reglamentos internos en cuanto a convivencia, estudio y tareas de capacitación, esparcimiento, aseo personal y de las dependencias que ocupan, y respeto a sus educadores, responsables y demás personas con quienes se vinculan cotidianamente.

C) Ambito de aplicación:

Todos los derechos y deberes establecidos en orden a la ejecución de las medidas socioeducativas, se aplicarán, en lo pertinente, a todo tipo de privación de libertad.

Sección VI - Cesación del proceso

Artículo 119. (Principio general).- En cualquier estado del proceso el Juez, oyendo al Ministerio Público, al adolescente y a su Defensa, dispondrá la clausura del proceso, en los siguientes casos:

1) Cuando se comprobare que el adolescente no es responsable.

2) Cuando se comprobare que no es el autor, coautor o cómplice del hecho constitutivo de la infracción.

3) Cuando se comprobare que obró amparado por alguna de las circunstancias que eximen de pena (Título II del Código Penal).

4) Cuando ha prescripto la acción por el hecho imputado. El plazo de prescripción será de dos años para los delitos gravísimos y un año para los delitos graves.

Artículo 120. (Prescindencia de la acción penal).- En cualquier estado del proceso el Juez podrá, oyendo al Ministerio Público, al adolescente y a su Defensa, prescindir total o parcialmente de la persecución penal; o limitada a una o varias infracciones o de alguna o de todas las personas que hayan participado en el hecho, cuando:

A) Se trate de un hecho que, por su escasa gravedad o lo exiguo de la contribución del partícipe, haga innecesaria una medida en definitiva.

B) El adolescente haya sufrido, a consecuencia del hecho, un daño físico o moral grave.

Artículo 121. (Egreso y clausura de antecedentes).- Decretado el cese, si el adolescente estuviese privado de libertad, se dispondrá su inmediato egreso y clausura de antecedentes.

Sección VII - De las medidas curativas

Artículo 122. (Procedencia).- A los adolescentes incapaces que hubieren cometido infracciones a la ley penal, se les aplicarán, con las garantías del debido proceso fijado para los infractores, las medidas de carácter curativo, que se cumplirán en establemientos adecuados y separados de los adultos mayores de dieciocho años. Corresponde a los Directores de dichos establecimientos y a los técnicos que designe el Juez, determinar su tratamiento.

Artículo 123. (Control).- Durante la internación, se aplicarán, en lo pertinente, las medidas de contralor a cargo de los Jueces Letrados de Adolescentes, establecidas en el artículo 116 de este Código.

Sección VIII - De las audiencias

Artículo 124. (Presencia del Juez).- El Juez Letrado de Adolescentes presidirá por sí mismo las audiencias, bajo pena de nulidad, que compromete su responsabilidad funcional.

Igual deber compete al Ministerio Público, al Defensor y a los técnicos asesores a quienes el Juez requiera opinión. Los Defensores privados que no asistan serán sustituidos por Defensores de Oficio.

Sin la presencia del adolescente no podrá llevarse a cabo ninguna audiencia y su presencia podrá determinarse compulsivamente por el Tribunal.

Artículo 125. (Contenido de las audiencias).-

1) Las audiencias preliminar y final, referidas en los numerales 2) y 10) del artículo 83 de este Código se documentarán con la mayor precisión en acta que se labrará durante su desarrollo o al cabo de la misma. En forma resumida se consignará fecha y lugar en que se labra, describirán los hechos, la tipificación legal con expresa mención de la norma jurídica presuntamente violada y las alegaciones de las partes, quienes podrán solicitar lo que estimen pertinente para asegurar la fidelidad del resumen. La decisión del Juez deberá comprender el examen de los puntos tratados por las partes.

2) Si lo solicitaren, se entregarán a las partes copia íntegra de las sentencias definitivas, autenticadas por la Oficina Actuaria.

Artículo 126. (Acceso al expediente).- Las partes y los técnicos designados durante el trámite tendrán, en todo momento, libre acceso al expediente, salvo casos excepcionales, a juicio del Juez y en atención al interés superior del adolescente.

Sección IX - De las comunicaciones procesales

Artículo 127. (Notificaciones preceptivas).-

1) Cuando se produzca la detención del adolescente, el Juez dispondrá que el hecho sea inmediatamente notificado por la Policía a su Defensor, al Ministerio Público y a los padres o representantes legales; el mismo procedimiento se seguirá con los asesores técnicos para cuyo asesoramiento el Juez estime necesario convocar.

2) Las actuaciones dispuestas en audiencia se tendrán por notificadas a quienes estén presentes o hayan debido concurrir al acto.

3) Salvo en los casos que indique el Juez, las notificaciones se practicarán en la oficina.

A tal efecto, todos los interesados que actúen en el procedimiento respectivo, excepción hecha del Ministerio Público, concurrirán a la oficina para enterarse de las actuaciones.

Artículo 128. (Notificación ficta).- Si la notificación se retardare tres días hábiles por falta de comparecencia del interesado, se tendrá por efectuada, sin necesidad de constancia alguna en los autos.

Si el día que concurriere el interesado, la actuación no se hallare disponible, la Oficina Actuaria expedirá constancia en formulario al efecto, si aquél lo solicitare (artículo 86 del Código General del Proceso).

Artículo 129. (Autorización para notificarse).- Por simple escrito se podrá autorizar a una tercera persona para que con ella se entiendan las notificaciones.

Artículo 130. (Régimen complementario).- En todos los casos no contemplados en la presente Sección IX de este Código se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones del Código General del Proceso (artículos 76 a 90).

Sección X - Plazos procesales

Artículo 131. (Carácter de los plazos).-

1) Todos los plazos señalados en este Código son perentorios e improrrogables. En casos excepcionales, el Juez podrá suspender su curso fundando la medida y su duración.

2) Para regular su aplicación se atenderá a lo dispuesto por los artículos 92 a 99 del Código General del Proceso.

TITULO IV

NORMAS ESPECIFICAS

CAPITULO XII

Sección II - Protección de los derechos amenazados o vulnerados de los niños y adolescentes y situaciones especiales

Artículo 132. (Principio general).- Siempre que los derechos reconocidos a los niños y adolescentes en este Código sean amenazados o vulnerados, se aplicarán las medidas que dispone este Capítulo.

De igual forma se aplicarán a los niños que vulneren derechos de terceros.

Artículo 133. (Primeras diligencias).- El Juez que tiene conocimiento, por cualquier medio, que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo anterior, tomará las más urgentes e imprescindibles medidas, debiéndose proceder a continuación conforme lo estatuye el artículo 321 del Código General del Proceso.

Salvo imposibilidad, tomará declaración al niño o adolescente, en presencia del defensor que se le proveerá en el acto y de sus padres o responsables, si los tuviere, y recabará los informes técnicos correspondientes.

El Ministerio Público deberá ser oído preceptivamente, quien intervendrá a favor del efectivo respeto a los derechos y garantías, reconocidos a los niños y adolescentes, debiéndose pronunciar en el plazo de tres días.

Artículo 134. (Medidas).- El Juez podrá imponer, en protección de los derechos de los niños o adolescentes, para los padres o responsables, las siguientes medidas:

A) Llamada de atención para corregir o evitar la amenaza o violación de los derechos de los hijos a su cuidado, y exigir el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en la protección de los derechos afectados.

B) Orientación, apoyo y seguimiento temporario socio-familiar prestado por programas públicos o privados reconocidos.

C) Obligación de inscribir al niño o adolescente en un centro de enseñanza o programas educativos o de capacitación y observar su asistencia o aprendizaje.

D) Derivación a un programa público o privado de protección a la familia.

Artículo 135. (Medidas ambulatorias para niños y adolescentes).- El Juez podrá igualmente disponer las siguientes medidas:

A) Que el Instituto Nacional del Menor otorgue protección a los derechos de niños y adolescentes a través del sistema de atención integral diurno. Al mismo servicio podrá recurrirse respecto a los institutos privados especializados, que así lo acepten.

B) Solicitud de tratamiento ambulatorio médico, psicológico o psiquiátrico a instituciones públicas o privadas.

El Instituto Nacional del Menor podrá solicitar o aplicar directamente estas medidas, cuando su intervención haya sido requerida por el niño, padres o responsables o terceros interesados.

Artículo 136. (Medidas en régimen de internación sin conformidad del niño o adolescente).- El Juez solamente podrá ordenar la internación compulsiva en los siguientes casos:

A) Niño o adolescente con patología psiquiátrica.

B) Niño o adolescente que curse episodios agudos vinculados al consumo de drogas o dipsomanías.

C) Niño o adolescente necesitado de urgente tratamiento médico destinado a protegerlo de grave riesgo a su vida o su salud.

En todos los casos deberá existir prescripción médica. El plazo máximo de la internación será de treinta días prorrogables por períodos de igual duración mediando indicación médica hasta el alta de internación.

El Instituto Nacional del Menor podrá aplicar directamente estas medidas mediando indicación médica y cuando su intervención obedezca a la situación de un niño o adolescente que pone en riesgo inminente su vida o la integridad física de otras personas, de todo lo que se dará cuenta inmediata al Juez de Familia de Urgencia.

Artículo 137. (Adicciones a drogas y alcohol).- El Juez podrá ordenar la internación de niños y adolescentes en centros residenciales especializados de atención a adicciones de drogas y alcohol, sea en régimen de tiempo completo, ambulatorio o semiambulatorio.

Tratándose de adolescentes se requerirá su conformidad; en caso de niños será necesario el consentimiento de sus padres o responsables y se oirá previamente al niño.

En todos los casos se deberá proporcionar Defensor al niño o adolescente, tomar declaración salvo imposibilidad, oír preceptivamente al Ministerio Público, tomar declaración a los padres o responsables, y recabar los informes técnicos correspondientes.

Artícuo 138. (Derivación a centros de atención permanente para niños y adolescentes).- El Juez podrá disponer la derivación de un niño o adolescente a un centro de atención permanente como medida de último recurso, cuando se encuentre gravemente amenazado su derecho a la vida o integridad física o cuando amenacen tales derechos de terceros (inciso segundo del artículo 132 de este Código).

Esta medida no podrá implicar en caso alguno privación de libertad y durará el menor tiempo posible, promoviéndose la superación de la amenaza de sus derechos para favorecer su egreso.

En estos establecimientos se procurará mantener los vínculos familiares, según lo dispone el artículo 12 de este Código y la incorporación del niño o adolescente al sistema educativo que corresponda, según sea su edad.

Artículo 139. (Programas de atención integral).- El Estado deberá garantizar a todos los niños y adolescentes el derecho a acceder voluntariamente a programas de atención integral, cuidados y alojamiento. Si la solicitud fuera formulada por los padres, se oirá preceptivamente al niño, quien será asistido por su Defensor.

Si a la solicitud formulada por el niño o adolescente se oponen sus padres o responsables, sin perjuicio de la inmediata protección del niño o adolescente, la situación se pondrá en el más breve plazo posible en conocimiento del Juzgado de Familia de Urgencia.

El Juez resolverá atendiendo a la opinión del niño o adolescente. Deberá tenerse en cuenta ésta y el interés superior.

Artículo 140. (Programas de alternativa familiar).- El Juez podrá entregar al niño o adolescente gravemente amenazado en su derecho a la vida o integridad física o privado de su medio familiar, al cuidado de una persona o matrimonio seleccionado por el Instituto Nacional del Menor, que se comprometa a brindarle protección integral.

Estos niños o adolescentes deberán recibir orientación y apoyo de la persona o matrimonio, quienes serán supervisados por medio de equipos especializados.

Artículo 141. (Comportamiento policial).- Cuando la autoridad policial tome conocimiento que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo 132 de este Código, deberá llevarlo de inmediato a presencia del Juez competente, el que notificará con la mayor urgencia al Instituto Nacional del Menor.

Si no fuera posible llevarlo de inmediato a presencia del Juez, previa autorización, deberá llevarlo al Instituto Nacional del Menor, quien deberá prestarle la debida atención.

Artículo 142. (Responsabilidad penal).- Si se configuraren elementos de convicción suficientes como para atribuir responsabilidad penal a los padres, responsables o terceros, en el cuidado y atención de los niños y adolescentes o en la conducta de los mismos, se pasarán los antecedentes al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal o al Juzgado Letrado de Primera Instancia del Interior, que corresponda.

Artículo 143. (Reserva de autos).- Cumplidas las diligencias por la Justicia, se reservarán los autos, sin perjuicio del seguimiento y control que el Juez interviniente considere adecuado efectuar.

Artículo 144. (Competencia).- Los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior de la República tendrán igual competencia que la asignada a los Jueces de Familia (ar-tículo 71 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985).

Sección II - Del maltrato y abuso del niño o adolescente

Artículo 145. (Definición).- A los efectos de esta Sección entiéndese por maltrato y abuso del niño o adolescente las siguientes situaciones, no necesariamente taxativas de: maltrato físico, maltrato psíquico-emocional, prostitución infantil, pornografía, abuso sexual y abuso psíquico o físico y trabajo infantil ilegal.

Artículo 146. (La denuncia).- Ante denuncia escrita o verbal por la realización de cualquiera de las conductas mencionadas en el artículo anterior, la autoridad receptora deberá comunicar el hecho de forma fehaciente e inmediata al Juzgado competente. En todo caso el principio orientador será prevenir la victimización secundaria.

Sección III - De los hogares de cuidado.

Artículo 147. (Entrega de niños y adolescentes).- El que entregue a un niño o adolescente a persona ajena a la familia biológica y quien o quienes lo reciban, deberá comunicarlo al Juez de Familia dentro de las cuarenta y ocho horas.

El Juez adoptará en forma urgente las medidas de protección necesarias y solicitará informe psicológico y social respecto a las posibilidades de mantener al niño o adolescente en su familia de origen. En caso afirmativo, dispondrá las medidas de apoyo familiar que se requieran para asegurar la permanencia de este vínculo filial. De lo contrario, deberá proceder conforme se dispone en el artículo siguiente.

Artículo 148. (Separación definitiva. Procedimiento).- La separación definitiva de un niño o adolescente de su familia de origen, deberá ser decretada por resolución fundada del Juez competente, sobre la base de información fehaciente y previo el asesoramiento de equipo técnico especializado. El procedimiento para decretarla se regulará por las disposiciones del proceso extraordinario regulado por el Código General del Proceso, debiendo designarse Defensor al niño o adolescente, aplicándose el literal C) del artículo 37 de este Código, quienes deberán ser oídos si fuese posible. Se citará y emplazará a los padres o responsables y a quienes, hasta la entrega a que hace referencia el artículo anterior, se hubieren ocupado del niño.

Una vez resuelta la separación definitiva, deberá asegurarse su inserción en un medio adecuado, prefiriéndose aquellos hogares que permitan al niño salvaguardar sus vínculos afectivos. A tales efectos podrá disponerse, entre otros, la tenencia por terceros (artículo 38 de este Código), o la integración a un hogar institucional que ofrezca garantías para su adecuado desarrollo.

Cuando comparezcan las personas calificadas legalmente y se dieren los supuestos legales que posibiliten la Adopción, y particularmente la Legitimación Adoptiva, la Sede la habilitará en beneficio del menor o adolescente al integrarle a esa familia, debiendo intervenir el Instituto Nacional del Menor o una institución especializada autorizada para ello (artículo 184 de este Código). Cuando los padres de origen, o los integrantes de esa familia de origen presten su consentimiento a los efectos previstos en este artículo, el mismo sólo será válido si ha sido dado en presencia del Juez, con el asesoramiento necesario y en conocimiento de las consecuencias que ello implicará.

Artículo 149. (Invalidez).- No tendrá validez el consentimiento que se otorgue para la separación del hijo que está por nacer o dentro de los diez días de su nacimiento.

En caso de que una vez nacido el niño, la madre no desee tenerlo, deberá comunicarse al Juez competente, que procederá como lo dispone el artículo 147 de este Código. Provisoriamente, el Juez tomará las medidas del caso para la protección del niño, pero no podrá dar comienzo al procedimiento establecido en el artículo anterior hasta que se cumpla el lapso fijado en el inciso primero de este artículo y previa citación de los progenitores del niño.

Artículo 150. (Potestad judicial).- El Juez competente podrá no aplicar, o consentir que no se hubieren adoptado total o parcialmente, las normas de los artículos 147, 148 y 149 de este Código, cuando estimare, por las circunstancias ocurrentes, la dificultad o imposibilidad prácticas de darles cumplimiento o que de su aplicación se derivan, o se hubieren derivado, perjuicios psicológicos y sociales para el menor o adolescente (artículo 6º de este Código).

Particularmente deberá hacerlo cuando los procedimientos en cuestión afecten, o hubieren afectado de seguirse, negativamente los vínculos que mantiene o mantendrá el menor o adolescente con quienes le integraran en su familia.

Sección IV - De los menores abandonados

Artículo 151. (Abandono).- Se considera expósito al niño que ha sido abandonado en lugar público o privado, desconociéndose quiénes son sus padres o sus familiares directos. De no comparecer aquéllos a hacerse cargo de sus deberes en el término de quince días, perderán la patria potestad de pleno derecho.

Los Directores, Administradores y Encargados de instituciones, dependencias o establecimientos públicos o privados, en caso de abandono del recién nacido deberán comunicar este hecho dentro de las 24 horas, directa y simultáneamente, en forma verbal o escrita, al Juzgado que corresponda y al Instituto Nacional del Menor.

Artículo 152. (Disposición judicial).- El Juez que haya recibido la denuncia resolverá sin más trámite lo que resulte más conveniente a los intereses del menor.

Para el caso de decidir la integración familiar ésta se realizará a través de las dependencias del Instituto Nacional del Menor, o directamente por el Magistrado, quien podrá requerir el asesoramiento de los cuerpos técnicos de dicha Institución.

Artículo 153. (Abandono voluntario).- Transcurridos seis meses desde la internación voluntaria de un menor en dependencias del Instituto Nacional del Menor o donde este Instituto hubiere dispuesto, y no habiendo mediado manifestación, por cualquier medio fehaciente de la voluntad de preservar el vínculo existente, éste podrá intimar a los padres y a quienes hubieren realizado la entrega, para que se hagan cargo de él, dentro de los seis meses siguientes, contados desde la primera publicación de la intimación a que se refiere el inciso segundo siguiente, bajo apercibimiento de declararse la pérdida de la patria potestad.

La intimación se hará personalmente si el domicilio de los padres, o quienes le hubieren entregado, fuere conocido, y, en caso contrario, mediante publicación en el "Diario Oficial" y en dos diarios del lugar de la internación, si los hubiere, durante treinta días, dejándose debida constancia de las actuaciones.

Artículo 154. (Abandono Judicial).- Transcurrido el plazo de intimación sin que los padres u otros responsables del menor se hayan hecho cargo del mismo, el Juez, a solicitud del Instituto Nacional del Menor, verificada la comprobación de los correspondientes extremos legales, tendrá por configurada, en su caso, la hipótesis de abandono del menor, disponiendo la pérdida de patria potestad y la aplicación de lo previsto en el inciso segundo del artículo 153 de este Código.

Esta comprobación deberá efectuarla el Juzgado dentro de los treinta días de formulada la solicitud por el Instituto Nacional del Menor. La resolución se adoptará luego de una audiencia a la que se citará al Ministerio Público y a los padres, quienes deberán adelantar la prueba.

La citación a los padres se hará personalmente cuando el domicilio fuere conocido, y, en caso contrario, mediante publicación en el "Diario Oficial" y en los diarios del lugar de la internación, si los hubiere, durante cinco días.

Artículo 155. (Pérdida de guarda).- Cuando el Juez entendiere que no se comprueban los extremos que el artículo 151 de este Código determina para la configuración del abandono, pero que razones de otra índole imposibilitan permanentemente el reintegro del menor a su familia, podrá decretar la pérdida definitiva de la guarda, o en su caso la patria potestad, la que trasladará, con este carácter, a la familia que quisiere asumirla.

CAPITULO XIII

DE LA ADOPCION

Sección I - Adopción simple

Artículo 156. (Adoptantes).- La adopción simple se permite a toda persona mayor de veinticinco años, cualquiera sea su estado civil, y siempre que tenga por lo menos quince años más que el adoptado, y hubiera tenido al niño o adolescente a su cargo por el mínimo de un año.

Cuando la adopción refiera a adoptados mayores de edad serán aplicables a la misma las normas contenidas en esta Sección I "Adopción simple", del Capítulo XIII del presente Código, excepto las que fueren particulares a niños y adolescentes.

Artículo 157. (Tutor).- Es nula la adopción de los hijos ilegítimos hecha por el padre o la madre.

El tutor no puede adoptar al niño o adolescente hasta que hayan sido aprobadas judicialmente las cuentas del cargo.

Artículo 158. (Adopción por matrimonio).- Nadie puede ser adoptado por más de una persona, a no ser por dos cónyuges que tengan por lo menos un año de matrimonio y hubieran tenido al niño o adolescente a su cargo por un término no inferior a un año.

Si no se computara el año de matrimonio, pero hubiera existido durante dicho lapso un concubinato estable, se incluirá el término del mismo a los efectos de la tenencia.

Por motivo fundado y expreso, el Juez competente podrá otorgar la adopción aun cuando alguno de los cónyuges, o ambos, no alcanzaren la diferencia de edad con el adoptado, reduciéndola hasta un límite que admita razonablemente que éste pueda ser hijo de los adoptantes. Similar criterio podrá aplicarse cuando se tratare de adopción por personas solas.

Ninguno de los cónyuges puede adoptar sin el consentimiento expreso del otro, salvo que se acreditare ante el Juez competente que estuviere impedido de manifestar su voluntad o que exista sentencia de separación de cuerpos.

Se permitirá la adopción por parte del nuevo cónyuge o concubino del padre o madre del hijo habido dentro del matrimonio, o habido fuera del matrimonio y reconocido, del otro cónyuge o concubino.

Realizada la adopción, la separación o divorcio ulterior de los cónyuges no los exime de sus obligaciones para con el adoptado.

Artículo 159. (Adoptados).- Puede ser adoptado todo niño o adolescente cuyo consentimiento será recabado conforme a las normas establecidas en este Código.

Cuando el adoptado no sea capaz de hacerse entender de ninguna forma, prestarán el consentimiento sus representantes legales. En caso contrario, será necesario oír la opinión de quienes lo han tenido a su cargo.

El consentimiento para la adopción será prestado indistintamente ante el Juez competente del domicilio de los adoptantes, compareciendo personalmente ante aquél, o en escritura pública.

Los padres que consienten en la adopción quedarán suspendidos en el ejercicio de la patria potestad sobre el niño o adolescente, la que pasará al adoptante. En el caso del inciso cuarto del artículo anterior, quien ejerciere la patria potestad sobre el niño o adolescente adoptado por su pareja, continuará en su ejercicio.

Artículo 160. (Efectos).- El adoptado continúa perteneciendo a su familia biológica o de origen, donde conserva todos sus derechos.

En caso de interdicción, de ausencia declarada judicialmente, de muerte del adoptante o de revocación de la adopción, durante la minoría de edad del adoptado, se dará conocimiento al Juez del domicilio real de éste, que dispondrá lo que más convenga al interés del niño o adolescente incluso el reintegro a su familia de origen o la entrega a otra familia sustituta.

La adopción sólo establece relaciones jurídicas entre el adoptado y el adoptante y no entre cualquiera de ellos y la familia del otro.

La adopción produce los siguientes efectos:

A) Obligación recíproca de respeto entre el adoptante y el adoptado.

B) Obligación de prestarse alimentos como primeros obligados.

Artículo 161. (Revocación).- La adopción podrá revocarse por motivos graves. La misma podrá solicitarse tanto por el adoptante como por el adoptado o quien lo represente, o por el Ministerio Público, ante el Juez competente.

La revocación hará cesar para el futuro los efectos de la adopción, lo que se comunicará a la Dirección General del Registro de Estado Civil a los efectos pertinentes.

Artículo 162. (Procedimiento judicial).- Las pretensiones de adopción, así como todas las reclamaciones relacionadas con las mismas, se tramitarán ante el Juzgado Letrado de Familia del domicilio del adoptante mediante el proceso voluntario (artículo 402, siguientes y concordantes del Código General del Proceso), con intervención preceptiva del Ministerio Público.

Los interesados a que refiere el artículo 403.2 del mismo Código son los padres y abuelos del niño o adolescente, los que serán citados personalmente o por edictos si no se conociera su domicilio.

En caso de oposición por parte de uno de los mencionados, el proceso será contencioso aplicándose las normas del Código General del Proceso correspondientes al proceso extraordinario (artículos 346, 347 y concordantes del referido Código).

Previo al pronunciamiento, admitiendo o denegando la adopción, el Juzgado interviniente deberá solicitar al Instituto Nacional del Menor, una evaluación sobre las condiciones personales del o de los adoptantes, su estabilidad familiar y las demás circunstancias que permitan fundamentar su criterio, para aconsejar la conveniencia o no de la adopción en el caso.

La sentencia que admite la adopción será comunicada a la Dirección General del Registro de Estado Civil, a la Intendencia Municipal correspondiente y a la Dirección Nacional de Identificación Civil, a efectos de la anotación pertinente en la partida de nacimiento del niño o adolescente.

En todos los casos, se deberá tener en cuenta la opinión del niño o adolescente adoptado.

Artículo 163. (Apellido del Adoptado).- En los casos de Adopción Simple realizada por un matrimonio, el o los apellidos del adoptado serán sustituidos por los del padre y madre adoptantes. Si la adopción simple fuere realizada por un hombre, el adoptado sustituirá su primer apellido por el del adoptante. Si la adopción simple fuere realizada por una mujer, el adoptado sustituirá su segundo apellido por el de la adoptante. Si se tratare de la adopción de un adolescente, este podrá convenir con el o los adoptantes si mantendrá sus apellidos de origen o sustituirá alguno de ellos por los de los adoptantes.

En la sentencia deberá dejarse constancia de la decisión respecto de los apellidos del adoptado, la que será anotada al margen de la Partida de Nacimiento.

Artículo 164. (Procedimiento ante escribano público).- La adopción podrá, asimismo, ser hecha por escritura pública, aceptada por los representantes legales del adoptado y por el adoptado, en su caso, debiéndose inscribir dentro de los treinta días contados desde su otorgamiento, en un libro especial, que llevará al efecto la Dirección General del Registro de Estado Civil, y deberá constar además, al margen del acta de nacimiento.

La omisión de la inscripción será sancionada con multa al escribano autorizante de la escritura, de 12 UR a 50 UR (doce a cincuenta unidades reajustables), a más de no surtir efecto la adopción hasta después de ser inscripta. Una vez inscripta surtirá efecto desde la fecha de su otorgamiento.

Cuando se trate de la adopción de un niño o de un adolescente, ningún escribano podrá autorizar la escritura respectiva sin previa autorización del Instituto Nacional del Menor en que se acredite la idoneidad moral y la capacidad de el o de los adoptantes, probada por todos los medios de investigación que el Instituto Nacional del Menor considere necesarios.

Artículo 165. (Procedimiento especial).- Tratándose de niños o adolescentes con capacidad diferente que tengan la calidad de huérfanos o separados definitivamente de su familia, el Instituto Nacional del Menor hará un llamado público a personas que deseen adoptarlos en cualquiera de las formas previstas en este Código. El Estado, a través de sus diversos servicios asegurará la atención integral de estos niños y adolescentes en forma gratuita, derecho que se mantendrá cualquiera sea la edad de la persona.

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma de dar vigencia efectiva a este artículo en un plazo de ciento ochenta días con posterioridad a la entrada en vigencia de este Código.

Artículo 166. (Derecho de acceso a los antecedentes).- El adoptado tiene derecho a conocer su condición de tal.

Será deber de los padres adoptivos informarle al respecto siempre que ello no lo perjudique, atendiendo a su edad y características.

Si el adoptado es mayor de quince años de edad podrá solicitar al Juez Letrado de Familia competente la exhibición del expediente judicial o antecedentes de su adopción, fundando su pretensión. El Juez recabando los asesoramientos que correspondan, previa vista al Ministerio Público y apreciando las características, motivos del solicitante y los antecedentes de la adopción, podrá acceder a su petición, informándole acerca de la identidad, situación y paradero de su familia de origen en cuanto estos datos surgieren de los antecedentes, a efectos de permitirle tomar contacto con ella si aquél lo deseara.

El Instituto Nacional del Menor establecerá un programa para apoyar a los padres adoptantes y al adoptado en este proceso de conocimiento y de eventual acercamiento a su familia de origen.

Si el adoptado tiene más de dieciocho años de edad no podrá negársele el acceso al expediente o antecedentes respectivos.

Se podrá habilitar el acceso a otras personas en los siguientes casos:

1) Cuando por razones de carácter médico sea necesario conocer los antecedentes de la familia biológica del adoptado.

2) Cuando se esté realizando un proceso judicial de cualquier naturaleza y sea necesario obtener la información como elemento de prueba.

En ambos casos, se requerirá previa vista a los interesados cuando ello fuere posible, y decisión judicial fundada acerca de la necesidad de la medida.

Artículo 167. (Salida del país).- Para que el niño o adolescente que ha sido adoptado puede salir del país, se requerirá autorización de quienes ejerzan la patria potes-tad.

Artículo 168. (Procedimiento).- Todos los procesos relativos a las cuestiones de adopción regladas en esta Sección I - Adopción Simple, del Capítulo XIII del presente Código, con la excepción de lo establecido en el artículo 162 de este Código, se regularán por el procedimiento extraordinario consagrado en los artículos 346, 347 y concordantes del Código General del Proceso.

Artículo 169. (Reserva).- En toda circunstancia las actuaciones vinculadas a esta Sección I Adopción Simple, del Capítulo XIII serán reservadas (artículo 7 del Código General del Proceso). (Artículo 163 del Código Penal).

Sección II - Legitimación adoptiva

Artículo 170. (Adoptados).- Se permite la legitimación adoptiva a favor de:

A) Los niños o adolescentes abandonados o huérfanos de padre y madre, o pupilos del Estado, o hijos de padres desconocidos o del hijo o hijos reconocidos por uno de los adoptantes.

B) Los niños o adolescentes abandonados por uno de sus progenitores legítimos, cuando fuere solicitada por el padre o madre que haya mantenido la patria potestad, conjuntamente con el cónyuge con el que contrajo nuevo matrimonio.

La legitimación adoptiva prevista en este literal sólo podrá llevarse a cabo una sola vez, respecto al niño o adolescente.

Artículo 171.- Cuando la legitimación adoptiva se pretendiere para dos o más niños o adolescentes simultáneamente, no será obstáculo la circunstancia de que mediasen menos de ciento ochenta días entre sus respectivos nacimientos.

En caso de existir hermanos en situación de abandono, se propenderá a su integración conjunta en una familia adoptiva.

En todos los casos previstos en este Código, la condición de abandono se acreditará únicamente por sentencia ejecutoriada, debiendo seguirse los procedimientos establecidos en el artículo 148 y concordantes. Cuando fuere el caso implicará la pérdida de la patria potestad.

Artículo 172. (Adoptantes).- Pueden solicitar la legitimación adoptiva:

1) Los cónyuges, mayores de veinticinco años, con quince años más que el niño o adolescente y que lo hubieran tenido bajo su guarda o tenencia por un término no inferior a un año, que computen por lo menos cuatro años de matrimonio, pudiéndose considerar en su caso el tiempo de concubinato previo al mismo, siempre que éste hubiera sido estable, singular y público, compartiendo la vida en común.

En todo caso la edad de la integrante femenina de la pareja no podrá tener, a la fecha de nacimiento del adoptado, más de cincuenta años de edad.

Por motivo fundado y expreso, el Tribunal podrá otorgarla aun cuando alguno de los cónyuges o ambos no alcanzaren la diferencia establecida de edad con el adoptado reduciéndola hasta un límite que admita razonablemente que éste puede ser hijo de los adoptantes o, en casos excepcionales, y si no mediare oposición del Ministerio Público, a pesar de que uno o los dos cónyuges no fueren mayores de veinticinco años de edad o no completaren los cuatro años de matrimonio a que refiere el inciso primero.

2) El viudo o viuda, y los esposos divorciados siempre que medie la conformidad de ambos, y cuando la guarda o tenencia del niño o adolescente hubiera comenzado durante el matrimonio y se completara después de la disolución de éste.

No es obstáculo para la legitimación adoptiva la existencia de una previa adopción simple realizada por los mismos peticionantes.

Artículo 173. (Procedimiento).- La legitimación adoptiva deberá ser promovida ante el Juzgado Letrado de Familia del domicilio del adoptante.

Se seguirá el procedimiento voluntario previsto en los artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso, notificándose al Instituto Nacional del Menor.

En caso de oposición a la legitimación adoptiva el proceso será contencioso y se aplicarán las normas del Código General del Proceso referidas al proceso extraordinario (artículos 346 y siguientes).

El Juez diligenciará las pruebas ofrecidas y las que juzgue convenientes interrogando a los peticionantes y al niño o adolescente en su caso.

Previamente al dictado de la sentencia, será oído preceptivamente el Ministerio Público.

En toda circunstancia la tramitación Judicial y Administrativa será reservada en cuanto a terceros, (artículo 163 del Código Penal). El adoptado tendrá derecho a acceder al expediente y a sus antecedentes cuando tuviere dieciocho años de edad.

Artículo 174. (Procedencia).- La legitimación adoptiva sólo se otorgará por justos motivos y existiendo conveniencia para el niño o adolescente.

Cuando el niño o adolescente tuviere bienes cuyo dominio se acredite por documento público o privado, el Juez dispondrá que el Actuario inserte en el mismo constancia breve que exprese el cambio de nombre del titular, de lo que tomará nota el Registro respectivo cuando correspondiere.

Artículo 175. (Sentencia).- Con el testimonio de la sentencia ejecutoriada que autorice la legitimación adoptiva, la parte solicitante efectuará la inscripción del niño o adolescente en la Dirección General del Registro de Estado Civil como hijo legítimo inscripto fuera de término.

El hijo llevará como primer apellido el de su padre, y como segundo el de su madre legitimante. La sentencia que autorice la legitimación adoptiva dispondrá el o los nombres de pila con que será inscripto el legitimado.

En la partida correspondiente no se hará mención algu-na del juicio y su texto será el corriente en dicho instrumento.

Se realizará también la anotación pertinente en la libreta de organización de la familia de modo idéntico a la de los hijos habidos dentro del matrimonio.

El testimonio de la sentencia se archivará en forma, dejándose constancia de haberse efectuado la inscripción mencionada.

Toda la tramitación y la expedición de partidas será gratuita.

Artículo 176. (Efectos).- Realizada la legitimación adoptiva, caducarán los vínculos de filiación anterior del niño o adolescente a todos sus efectos, con excepción de los impedimentos previstos en el artículo 91 del Código Civil.

Deberá hacerse constar dicha caducidad en el acta de inscripción original del niño o adolescente.

La legitimación adoptiva es irrevocable, aunque posteriormente nazcan hijos propios de uno o de ambos legitimantes.

La legitimación adoptiva tendrá efectos constitutivos sobre el estado civil del niño o adolescente objeto de la misma, quien se reputará en adelante, con los mismos derechos y deberes que si hubiera nacido del matrimonio legitimante.

Sección III - Adopción internacional

Artículo 177. (Principio general).- En defecto de convenios internacionales ratificados por la República, las adopciones internacionales se regularán por las disposiciones de esta Sección.

Se considera adopción internacional a la que se lleva a cabo por matrimonios con domicilio habitual en el extranjero, con relación a niños o adolescentes con domicilio habitual en la República. (Título II del Libro I del Código Civil).

Artículo 178. (Preferencia).- El Instituto Nacional del Menor y las demás autoridades con competencia en materia de adopción, deberán dar preferencia para la misma a familias que los requieran y habiten en el territorio nacional.

Artículo 179. (Competencia).- Serán competentes para el otorgamiento de la adopción internacional los Jueces de Familia del domicilio del adoptado, quienes procederán de acuerdo a los trámites del juicio extraordinario del Código General del Proceso (artículo 346, siguientes y concordantes).

Los solicitantes deberán comparecer precetivamente a la audiencia. También deberán hacerlo cuando el Tribunal, en forma fundada, lo considere conveniente.

El impedimento fundado de los solicitantes a concurrir personalmente a la audiencia hará que el Juzgado fije otra, pero en ningún caso se permitirá la representación por apoderado.

Hasta tanto no haya recaído sentencia firme, para que el niño o adolescente pueda salir del país deberá hacerlo en compañía de uno de los solicitantes, contando con autorización judicial, la que deberá ser solicitada por ambos gestionantes y que no podrá concederse sin intervención preceptiva del Ministerio Público, y si fundadamente se probare la razón de la misma, y la integración del niño a la familia eventualmente adoptiva.

Artículo 180. (Requisitos).- Las adopciones internacionales se constituirán con la intervención preceptiva del Instituto Nacional del Menor, quien una vez obtenidos todos los antecedentes presentará en el plazo de sesenta días un informe pormenorizado, cumpliendo, en lo pertinente, lo previsto en los artículos 148, 172, 182 y concordantes de este Código.

El Instituto Nacional del Menor deberá establecer pre-cisamente si considera positiva o no la adopción solicitada. Su no pronunciamiento en plazo se tendrá por aceptación.

Artículo 181. (Residencia).- La adopción internacional tendrá el mismo efecto que la legitimación adoptiva, pudiendo acceder a ella cónyuges cuya unión matrimonial no sea inferior a cuatro años.

Sólo se autorizará para matrimonios con domicilio habitual en países cuyas normas en materia de adopción y protección de niños y adolescentes, tengan una razonable equivalencia con las de nuestro país.

Los adoptantes deberán residir y convivir con el niño o adolescente en el territorio nacional, aun en forma alternada, por un plazo de seis meses. Por razones fundadas y teniendo en cuenta el interés superior del niño, el plazo podrá ser reducido por el Juez competente.

Artículo 182. (Documentos necesarios).- Con la solicitud de la adopción se deberá presentar la documentación justificativa de las condiciones físicas, morales, económicas y familiares de los solicitantes. Los informes y documentos al respecto deberán tramitarse por medio de las Autoridades Centrales del país de los adoptantes y de la República.

Artículo 183. (Juicios de anulación).- Corresponde a los Jueces de Familia que autorizaron la adopción, la tramitación de los juicios de anulación, los que serán resueltos teniendo en cuenta el interés superior del niño o adolescente. El trámite se regirá también por el procedimiento extraordinario del Código General del Proceso (artículo 346, siguientes y concordantes). En toda circunstancia será reservado tanto en lo judicial como en lo administrativo (artículo 169 de este Código) (artículo 162 del Código Penal).

Sección IV - Control estatal de las adopciones

Artículo 184. (Control).- El Instituto Nacional del Menor, a través de sus servicios especializados, es el organismo encargado de proponer, ejecutar y fiscalizar la política a seguir en materia de adopciones, sin perjuicio de las potestades y competencias que este Código atribuye al Tribunal competente.

Para el desarrollo de programas de adopción, el Instituto Nacional del Menor podrá autorizar el funcionamiento de instituciones privadas con personería jurídica, especialización en la materia, y sin fines de lucro.

Artículo 185. (Cometidos del equipo técnico).- Todos los servicios e instituciones que desarrollen programas de adopción deberán contar con equipo técnico interdisciplinario que tendrá como cometidos:

A) Asesorar a los interesados en adoptar niños o adolescentes y analizar los motivos de su solicitud, e igualmente a quien o quienes, estiman, en beneficio de sus hijos biológicos, la utilidad de autorizar su adopción.

B) Evaluar las condiciones de salud, psíquicas, sociales y jurídicas de los solicitantes y las eventuales posibilidades de convivencia con un adoptado.

C) Llevar un Registro Reservado de Interesados en Adoptar, ordenado cronológicamente según fecha de solicitud, en el que conste el informe técnico a que refiere el literal anterior.

D) Seleccionar de dicho Registro, respetando estrictamente el orden de inscripción, los posibles padres adoptivos, ante la solicitud formulada por el Juzgado competente o, en su caso, avalando la gestión de los solicitantes de Adopción en casos de niños o adolescentes en condiciones de serlo.

El orden de referencia sólo podrá ser alterado por las necesidades del niño o adolescente, debidamente fundadas. En todos los casos el niño o adolescente deberá ser oído preceptivamente. (Artículo 8 de este Código).

E) Orientar y acompañar el proceso de integración familiar.

F) Asesorar al Juez toda vez que le sea requerido su informe.

Sección V - Del registro de adopciones

Artículo 186. (Registro General de Adopciones).- El Instituto Nacional del Menor llevará un Registro Reservado donde constarán los datos identificatorios de:

1) El niño o adolescente.

2) Los adoptantes: nombre, nacionalidad, domicilio y estado civil.

3) Institución nacional o extranjera que intervino, cuando corresponda.

4) Juzgado en que se tramitó el proceso respectivo.

CAPITULO XIV

TRABAJO

Artículo 187. (Principio general).- El estatuto de los adolescentes que trabajan se regulará conforme a las normas de este Código, leyes especiales, y los instrumentos internacionales relativos al tema ratificados por la República.

Artículo 188. (Edad de admisión).- Fíjase en quince años la edad mínima que se admitirá en los adolescentes que trabajen en empleos públicos o privados, en todos los sectores de la actividad económica, salvo las excepciones especialmente establecidas en los artículos siguientes, y aquellas que, teniendo en cuenta el interés superior del adolescente de trece a quince años, conceda en forma individualizada y no genérica el Instituto Nacional del Menor, en resolución fundada, que establezca además la naturaleza de la actividad y la jornada diaria y semanal autorizada.

Cuando el Instituto Nacional del Menor no las otorgue de oficio, las excepciones deberán ser gestionadas por los padres o quien acredite la representación legal del adolescente.

Artículo 189. (Obligación de protección).- Para el caso de que los niños o adolescentes trabajen, el Estado está obligado a protegerlos contra toda forma de explotación económica y contra el desempeño de cualquier tipo de trabajo peligroso, nocivo para su salud o para su desarrollo físico, espiritual, moral o social.

Prohíbese todo trabajo que no le permita gozar de bienestar en compañía de su familia o responsables o entorpezca su formación educativa.

Artículo 190. (Tareas y condiciones nocivas de trabajo).- El Instituto Nacional del Menor establecerá las tareas a incluir dentro de las categorías enunciadas en el artículo anterior, de trabajo peligroso o nocivo para la salud o para su desarrollo físico, espiritual, moral o educativo, los que estarán terminantemente prohibidos, cualquiera fuere la edad del que pretenda trabajar o ya se encuentre en relación de trabajo.

Asimismo, el Instituto Nacional del Menor ante la presunción de la existencia de condiciones prohibidas como las referidas, solicitará la intervención de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la que se pronunciará, en un plazo no mayor a los veinte días corridos, sobre el carácter peligroso o nocivo de la actividad.

Artículo 191. (Situaciones especiales).- Dentro del plazo de 180 días a partir de la vigencia de este Código, el Instituto Nacional del Menor revisará las autorizaciones que ha prestado respecto al empleo de niños y adolescentes entre los trece y los quince años. Sólo serán permitidos a los mismos, trabajos ligeros, que por su naturaleza, o por las condiciones en que se prestan, cumplan los extremos establecidos en el artículo 189 precedente.

Artículo 192. (Prevención, educación e información).- El Estado, a través del Instituto Nacional del Menor y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, promoverá programas para eliminar el trabajo no autorizado de niños y adolescentes.

La sociedad civil deberá prestar su concurso en las campañas preventivas, educativas e informativas que se desarrollen a fin de asegurar el bienestar del niño y adolescente que trabajaren en violación de las normas que le son pertinentes.

Se consideran programas de educación en el trabajo, aquellos que, realizados por el Instituto Nacional del Menor o por instituciones sin fines de lucro, tienen exigencias pedagógicas relativas al desarrollo personal y social del alumno, que prevalecen sobre los aspectos productivos. En consecuencia, la remuneración que recibe el alumno por el trabajo realizado o por la participación en la venta de productos de su trabajo, no desvirtúa la naturaleza educativa de la relación.

Artículo 183. (Carné de habilitación).- Para trabajar, los adolescentes deberán contar con carné de habilitación tramitado gratuitamente ante el Instituto Nacional del Menor, en el que deberá constar:

A) Nombre.

B) Fecha y lugar de nacimiento.

C) Domicilio.

D) Consentimiento para trabajar del adolescente y sus responsables.

E) Constancia del examen médico que lo declare apto para el trabajo. De haber sido negativo podrá el adolescente, o la persona legalmente responsable, solicitar la realización de un nuevo examen.

F) Constancia de haber completado el ciclo de enseñanza obligatoria o el nivel alcanzado.

G) Fecha de expedición.

Artículo 194. (Renovación).- Anualmente, todos los menores de dieciocho años que trabajen deberán someterse obligatoriamente a examen médico, a fin de comprobar si la tarea que realizan es superior a su capacidad física, y en caso afirmativo deberán abandonarla.

El Instituto Nacional del Menor podrá otorgar autorizaciones por períodos más breves, exigiendo la repetición del examen médico en todos aquellos casos que a su juicio sean necesarios para garantizar una vigilancia eficaz, en relación con los riesgos que presenta el trabajo o el estado de salud del niño o adolescente.

El adolescente o su responsable podrá impugnar el examen médico y requerir otro.

Artículo 195. (Jornada de trabajo).- Los adolescentes mayores de quince años no podrán trabajar más de seis horas diarias, equivalentes a treinta y seis horas semanales y disfrutar de un día de descanso semanal, preferentemente en domingo. El Instituto Nacional del Menor podrá excepcionalmente autorizar a los adolescentes entre dieciséis y dieciocho años a trabajar ocho horas diarias, correspondiéndoles dos días continuos de descanso preferentemente uno en domingo, por cada cinco días de trabajo, previa evaluación técnica individual, estudio del lugar y puesto de trabajo y teniendo en cuenta el interés superior del niño.

Artículo 196. (Descansos).- El descanso intermedio en la jornada de trabajo de los niños y adolescentes tendrá una duración de media hora, que deberá ser gozada en la mitad de la jornada y tendrá carácter remunerado. No se admitirá la jornada discontinua de trabajo ni horarios rotativos durante el ciclo lectivo. En todos los casos deberán mediar como mínimo doce horas entre el fin de la jornada y el comienzo de la siguiente.

Artículo 197. (Horarios especiales).- El Instituto Nacional del Menor podrá otorgar permisos con carácter excepcional a adolescentes mayores de quince años para desempeñarse en horarios especiales, durante períodos zafrales o estacionales, siempre que la actividad no interfiera con el ciclo educativo y que las condiciones de trabajo no sean nocivas o peligrosas (artículo 189 de este Código). El descanso deberá ser concedido en la mitad de la jornada de trabajo.

El período de excepción podrá ser de hasta un máximo de tres meses.

Artículo 198. (Trabajo nocturno).- Los adolescentes no podrán ser empleados ni trabajar en horario nocturno, entendiéndose por tal a los efectos de este Código, el período comprendido entre las veintidós y las seis horas del día siguiente.

No obstante, el Instituto Nacional del Menor podrá autorizarlo excepcionalmente, teniendo en cuenta su interés superior y siempre que se cumpla lo establecido en el artículo 189 de este Código.

Artículo 199.(Fiscalización y sanciones).- El Instituto Nacional del Menor tendrá autoridad y responsabilidad en la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones específicas en materia de sus competencias respecto al trabajo de los menores de edad y sancionar la infracción a las mismas, sin perjuicio del contralor general del cumplimiento de las normas por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Las empresas o los particulares que no cumplan las obligaciones impuestas, serán sancionadas por el Instituto Nacional del Menor con una multa de hasta 2.000 UR (dos mil unidades reajustables). En caso de reincidencia podrá añadirse la clausura del establecimiento infractor, por períodos de uno hasta diez días.

El producido de las multas será destinado al Instituto Nacional del Menor.

Artículo 200. (Responsabilidad de los padres o responsables).- Los padres o responsables de los niños y adolescentes que permitan o favorezcan que estos trabajen violando las normas consagradas en este Código, incurrirán en el delito previsto por el artículo 279 B del Código Penal.

Constatada la infracción, el Instituto Nacional del Menor, formulará la denuncia al Juez Letrado en lo Penal que corresponda, sin perjuicio de similar derecho de cualquier persona, o de la intervención de oficio del competente.

Artículo 201. (De la documentación).- El Instituto Nacional del Menor determinará los documentos que el empleador deberá llevar y tener a disposición de la autoridad competente.

Estos documentos deberán indicar el nombre y apellido, fecha de nacimiento debidamente certificada, fecha de ingreso, tarea, categoría, horario, descansos intermedios y semanal y fecha de egreso, y número de carné del Instituto Nacional del Menor (artículo 193 de este Código), de todas las personas menores de dieciocho años empleadas por él o que trabajen para él.

Artículo 202. (Peculio profesional o industrial).- Todo adolescente que trabaje tendrá derecho de acuerdo a lo prescrito por los artículos 266 y siguientes del Código Civil, a la administración exclusiva del salario o remuneración que perciba, la que deberá serle abonada directamente, siendo válido el recibo que el adolescente otorgue por tal concepto. Cualquier constancia en el recibo, o fuera de él, que pudiera implicar renuncia del adolescente a sus derechos, será nula.

Artículo 203. (Remuneración).- La remuneración del adolescente trabajador se regirá por lo dispuesto en las leyes, decretos, laudos o convenios colectivos de la actividad correspondiente, siéndole aplicable toda la legislación laboral.

Artículo 204. (Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).- En caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales de un adolescente trabajador, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Nacional del Menor investigarán las causas del mismo de acuerdo con las competencias específicas de cada organismo sin perjuicio de la plena aplicación de las normas generales.

Asimismo se verificará la realización de tareas prohibidas o el hecho de encontrarse el menor de edad en sitio en el que esté prohibida su presencia, en cuyo caso se considerará culpa grave del empleador, con las consecuencias previstas por el artículo 7º de la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989.

CAPITULO XV

DE LA PREVENCION ESPECIAL

Sección I - Medios de comunicación, publicidad y espec-táculos

Artículo 205. (Vulneración de derechos y su incitación).- La exhibición o emisión pública de imágenes, mensajes u objetos no podrá vulnerar los derechos de los niños y adolescentes, los principios reconocidos en la Constitución de la República y las leyes, o incitar a actitudes o conductas violentas, delictivas, discriminatorias o pornográficas.

Artículo 206. (Programas radiales o televisivos).- Los programas de radio y televisión en los horarios más susceptibles de audiencia de niños y adolescentes deben favorecer los objetivos educativos que dichos medios de comunicación permiten desarrollar y potenciar los valores humanos y los principios de la forma Republicana de Gobierno y del Estado democrático de derecho. Debe evitarse en los horarios referidos, la exhibición de películas o transmisión radial que promuevan actitudes o conductas violentas, delictivas, discriminatorias o pornográficas, o fomenten los vicios sociales.

Artículo 207. (Principios rectores sobre publicidad).- A fin de proteger los derechos de los niños y adolescentes, la publicidad divulgada en todo el territorio nacional, y los anuncios publicitarios no deben atentar, o incitar a hacerlo, a los objetivos enunciados en el artículo anterior o a la violencia, a la comisión de actos delictivos o a cualquier forma de discriminación.

Sección II - Publicidad protagonizada por niños y adolescentes

Artículo 208. (Participación de niños y adolescentes).- Prohíbese la participación de niños y adolescentes en anuncios publicitarios que promocionen bebidas alcohólicas, juegos de azar, tabaquismo, o cualquier producto perjudicial para su salud física o mental.

Artículo 209. (Mensajes publicitarios).- Prohíbese la participación de niños y adolescentes en mensajes publicitarios que atenten contra su dignidad o integridad física, psicológica o social.

Sección III - Espectáculos y centros de diversión

Artículo 210. (Asistencia de menores).- Corresponde al Instituto Nacional del Menor regular la asistencia de niños y adolescentes a espectáculos públicos de cualquier naturaleza.

El Instituto Nacional del Menor reglamentará a los efectos pertinentes la concurrencia de adolescentes a locales de baile, hoteles de alta rotatividad y afines.

Prohíbese la concurrencia de menores de dieciocho años a casinos, prostíbulos, whiskerías, clubes nocturnos y similares, independientemente de su denominación.

Artículo 211. (Prohibición de proveer).- Prohíbese la venta, provisión, arrendamiento o distribución a menores de dieciocho años de:

1) Armas, municiones y explosivos.

2) Bebidas alcohólicas.

3) Tabacos, fármacos, pegamentos u otras sustancias que puedan significar un peligro o crear dependencia física o psíquica.

4) Revistas, publicaciones, video casetes, discos compactos u otras formas de comunicación que violen las normas establecidas en los artículos 205 a 207 de este Código.

Lo establecido es sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de normas penales o administrativas a las conductas prohibidas.

Artículo 212. (Fiscalización).- La fiscalización de lo dispuesto en los artículos 205 a 211 de este Código, será competencia del Instituto Nacional del Menor.

Las empresas o los particulares que no cumplan con las obligaciones impuestas en los artículos 205 a 211 de este Código, serán sancionados con multa por el Instituto Nacional del Menor, de entre 50 UR (cincuenta unidades reajustables) y 400 UR (cuatrocientas unidades reajustables). En los casos de reincidencia, podrán duplicarse los referidos montos. Las multas serán recaudadas y destinadas al Instituto Nacional del Menor.

El Instituto Nacional del Menor podrá además solicitar al Juez competente la clausura, por veinticuatro horas a diez días, del establecimiento en infracción.

Será de aplicación, en lo pertinente, lo establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 15.977, de 14 de setiembre de 1988; y en los literales Ñ) y O) del artículo 7º, en la redacción dada por los artículos 610 y 611 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 213. (Intervención Judicial).- El niño o adolescente encontrado en las situaciones de riesgo referidas en este Capítulo será conducido a Sede Judicial y entregado por ésta a los padres, tutor o encargado. El Juez advertirá a éstos personalmente su más seria responsabilidad en la situación. Si éstos han incumplido alguno de los deberes establecidos en el artículo 16 de este Código, o la gravedad de las circunstancias lo determina, el niño o adolescente será entregado a la asistencia y protección del Instituto Nacional del Menor.

Artículo 214. (Competencia).- Serán competentes los Jueces Letrados de Familia en Montevideo, y los Jueces con competencia penal en el interior del país, quienes actuarán siguiendo el procedimiento extraordinario previsto por el Código General del Proceso (artículos 346 y 347 y concordantes).

Será oído preceptivamente el Ministerio Público.

En ningún caso la apelación tendrá efecto suspensivo.

Sección IV - Autorización para viajar

Artículo 215. (Compañía de los padres o responsables).- Los niños y adolescentes no necesitan autorización para viajar cuando salen del país acompañados de todos quienes ejerzan la patria potestad, o, en su caso, sus responsables legales.

Artículo 216. (Uso autorizado de pasaporte).- Tampoco necesitan autorización los niños o adolescentes cuando viajen en posesión de pasaporte válidamente autorizado por quienes ejerzan la patria potestad o, en su caso, sean Habilitados de Edad por Matrimonio (artículo 1º de este Código).

Artículo 217. (Autorizaciones).- Los niños y adolescentes que viajen solos, o en compañía de terceros, fuera del país necesitan consentimiento de ambos padres o del responsable legal en su caso. En caso de divorcio de los padres, igualmente se requerirá la autorización de ambos.

Si se planteara conflicto para otorgar el consentimiento entre los otorgantes del mismo, resolverá el Juez Letrado de Familia quien fijará los detalles de la estadía en el exterior. A tal fin se seguirán los trámites del proceso incidental según lo dispone el Código General del Proceso (artículo 346), oyéndose preceptivamente al Ministerio Público en la audiencia respectiva a la que bajo responsabilidad deberá concurrir este último. La resolución no será apelable debiendo el Juzgado de la Instancia expedir testimonio de la sentencia sin más trámite, inmediatamente de celebrada la audiencia correspondiente.

CAPITULO XVI

INTERESES DIFUSOS

Artículo 218. (Intereses difusos).- Amplíase a la defensa de los derechos de los niños y adolescentes las previsiones del artículo 42 del Código General del Proceso.

CAPITULO XVII

DE LA INVESTIGACION DE LA PATERNIDAD O MATERNIDAD

Artículo 219. (Principio general).- Las acciones de investigación de la paternidad o maternidad se regularán exclusivamente por las disposiciones contenidas en este Capítulo. Lo establecido es sin perjuicio de la posesión notoria del estado de hijo natural legislada en el artículo 233 y concordantes del Código Civil.

La paternidad o maternidad declaradas otorgan al niño y adolescente todos los derechos correspondientes a la filiación natural.

Artículo 220. (Accionantes).- Podrán iniciar acción:

1) El hijo, hasta los veinticinco años de edad. Durante la menor edad solamente podrá ser deducida la acción por la madre, el padre, o su representante legal, según correpondiere.

2) La madre o el padre, desde que se constata la gravidez, hasta que el hijo cumpla dieciocho años. En su caso la sentencia quedará en suspenso hasta que el concebido nazca viable.

Si el padre o la madre accionante fuere menor de edad, se le nombrará curador "ad litem", y si estuviere internado en el Instituto Nacional del Menor, éste deberá solicitar al Juez competente, el nombramiento curador "ad litem".

3) El Instituto Nacional del Menor, de oficio, cuando tenga conocimiento que un niño ha sido inscripto como hijo de padres desconocidos, o ingrese al establecimiento un niño o adolescente sin filiación paterna o materna, o cuando un niño o adolescente lo solicite, y siempre que estuvieren en su conocimiento elementos probatorios en principio suficientes a los fines resultantes.

A efectos de esta acción, los Oficiales de la Dirección General del Registro de Estado Civil, darán cuenta, en el primer caso, de dicha inscripción.

El Instituto Nacional del Menor requerirá de las oficinas respectivas un informe semestral de estas situaciones.

4) Cuando el presunto hijo, o su representante legal, ejercite conjuntamente con la acción de investigación de paternidad o maternidad la de petición de herencia, el Actuario, bajo su más seria responsabilidad funcional, lo comunicará dentro de quince días al registro correspondiente para su inscripción que producirá los efectos enunciados en el artículo 685 del Código Civil. Si entre los demandados hubiese herederos testamentarios, o de los llamados a la herencia por el artículo 1025 del Código Civil, o cónyuge con derecho a gananciales o porción conyugal, cualquiera de ellos podrá obtener que se limite la interdicción a un bien o lote de bienes hereditarios cuyo valor cubra ampliamente la legítima del actor, el que sólo sobre ese bien o lote podrá perseguir el pago de su haber hereditario cuando le sea reconocida la filiación invocada y sin perjuicio de la acción personal que le corresponda por restitución de frutos.

5) En todos los caso que el demandado fuera menor de edad se le designará por el Juez actuante curador "ad-litem".

Artículo 221. (Emplazamiento).- En los casos previstos por el numeral 3) del artículo anterior, el Instituto Nacional del Menor iniciará los procedimientos judiciales ante el Juez de Familia competente, para que emplace al presunto padre o a la presunta madre del niño o adolescente con domicilio conocido.

Si no se conociera el domicilio, se le emplazará por edictos, según lo establecido por el Código General del Proceso.

Serán de aplicación lo estatuido en el párrafo primero del numeral 3) del artículo anterior.

Artículo 222. (Acción del presunto padre o la presunta madre).- Si el presunto padre o la presunta madre comparece dentro del término y expresa su voluntad de iniciar por sí mismo la investigación, lo hará ajustándose al procedimiento fijado por este Capítulo.

Artículo 223. (No comparecencia).- Si el citado por segunda vez y bajo apercibimiento, el presunto padre o la presunta madre no comparece en autos, el Juez competente pondrá esta circunstancia en conocimiento del Ministerio Público quien podrá proponer dos o más personas idóneas para que entre ellos se elija el curador "ad litem" del menor, quien instaurará y proseguirá la acción. Siendo igualmente aplicable lo establecido en el párrafo primero del numeral 3) del artículo 220 de este Código.

Las citaciones previstas en el inciso anterior serán con plazo de diez días.

En cualquier estado de la instancia, tanto en el previsto en este artículo como en el anterior, el emplazado podrá comparecer y estará a los autos.

Artículo 224. (Administrador legal).- El Instituto Nacional del Menor será el administrador legal de la pensión alimentaria que se obtenga como consecuencia de la acción, a la vez que será responsable del bienestar, salud y educación del niño o adolescente internado en sus dependencias.

Artículo 225. (Procedimientos).- Las pretensiones que conciernen a las cuestiones de investigación de la paternidad o maternidad a que refiere este Capítulo se tramitarán por el Proceso Ordinario previsto en el Código General del Proceso.

Artículo 226.- En los juicios reglados en este Capítulo, en cualquier estado de la causa, a solicitud de la parte litigante por el menor, el Juez podrá decretar en beneficio del niño o adolescente la obligación de alimentos provisorios. La misma se regirá, en lo que fuere pertinente, por lo dispuesto en el Capítulo VIII "DE LOS ALIMENTOS", de este Código.

La potestad sólo se ejercerá cuando los elementos de juicio acreditados en juicio son suficientes para que exista una presunción fundada del buen fin de la demanda incoada. En ningún caso su otorgamiento implicará prejuzgamiento en lo principal de la causa.

El Juez seguirá procediendo en la más amplia facultad de decisión, y la medida a dictar sólo procurará la atención prioritaria del niño o adolescente.

La sentencia definitiva en lo principal determinará el cese de esta obligación provisoria.

Artículo 227.- La acción por alimentos provisorios se tramitará por el procedimiento incidental (artículo 321 del Código General del Proceso). La apelación (artículo 322.2 del Código General del Proceso) no tiene efecto suspensivo.

Artículo 228. (Admisión de pruebas).- En los juicios reglados en este Capítuo serán admisibles todas las pruebas (Capítulo III del Título VI del Libro I del Código General del Proceso). La no colaboración para su diligenciamiento sin causa justificada, será tenida como una presunción simple en contra de quien así proceda.

La excepción de mala conducta no tiene eficacia definitoria del juicio.

Deberá oírse preceptivamente al Ministerio Público.

Artículo 229. (Maniobras artificiosas).- Cuando de la denuncia sobre paternidad o maternidad, resultase el empleo de maniobras artificiosas, se pasarán los antecedentes al Tribunal Penal competente.

CAPITULO XVIII

DE LAS MODIFICACIONES DE LA PATRIA POTESTAD

Artículo 230. (Competencia).- Es Juez competente para conocer en los juicios de pérdida, limitación, suspensión o rehabilitación de la patria potestad, en los casos previstos en los artículos 285, 286, 295 y 296 del Código Civil, aunque la patria potestad sea ejercida de acuerdo con el artículo 177 del mismo Código, el Juez Letrado de Familia en Montevideo y los Jueces Letrados Departamentales del domicilio de los padres y, cuando éstos no vivieren de consuno, en ambos. Cuando el domicilio no sea conocido, se procederá en la forma prevista en el artículo 221 de este Código.

Artículo 231. (Responsabilidad del Ministerio Público).- La demanda deberá ser deducida por el Ministerio Público siempre que tenga conocimiento de alguno de los hechos que puedan dar lugar a la pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad.

Cuando el Juez de Familia reciba información fehaciente que aconseje la separación de un niño o adolescente de su familia de origen, previo asesoramiento técnico, deberá dar cuenta al Ministerio Público a fin de que éste determine si ejerce la facultad conferida en el inciso anterior.

En todos los casos, deberá aplicarse lo dispuesto en el literal C) del artículo 37 de este Código.

Lo dispuesto en este artículo no modifica la posibilidad de deducir la demanda por quienes asimismo poseen legitimación activa (artículo 289 del Código Civil).

Artículo 232. (Procedimiento).- Las pretensiones que conciernen a las cuestiones de limitación, pérdida, suspensión o rehabilitación de la patria potestad, se tramitarán por el proceso extraordinario previsto en el Código General del Proceso (artículos 346, 347 y 350, y numeral 3) del artículo 349).

Artículo 233. (Administración de los bienes).- El Juez competente cuando lo considere conveniente, podrá entregar a personas de notoria responsabilidad la administración de los bienes del niño o adolescente a quien se aplicará en lo pertinente, las disposiciones del Título X "De la Tutela" del Libro I del Código Civil.

Artículo 234. (Reserva).- No serán de conocimiento público las situaciones previstas en los artículos 285, 286, 295 y 296 del Código Civil.

No obstante, el Tribunal podrá decidir la publicidad del proceso siempre que las partes consintieran en ello (artículo 8º de la Ley Nº 16.699, de 25 de abril de 1995).

CAPITULO XIX

CONSEJO NACIONAL CONSULTIVO HONORARIO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

Artículo 235. (Creación e Integración).- Créase el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente que se integrará con un representante del Poder Ejecutivo que lo presidirá y uno respectivamente de: Ministerio de Deporte y Juventud; Instituto Nacional del Menor; Poder Judicial; Administración Nacional de Educación Pública; Congreso de Intendentes; Instituto Pediátrico "Luis Morquio"; Colegio de Abogados y dos de las organizaciones no gubernamentales de promoción y atención a la niñez y adolescencia.

En caso de empate, el Presidente tendrá doble voto.

La representación del Poder Ejecutivo coordinará directamente con los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Educación y Cultura, Salud Pública e Interior.

Artículo 236. (Designación).- Los representantes de los organismos públicos deberán ser funcionarios de las más altas jerarquías.

Los representantes de las organizaciones no gubernamentales serán designados por las Instituciones más representativas que actúan en los objetivos de este Código.

Artículo 237. (Convocatorias especiales).- El Consejo podrá convocar a sesiones extraordinarias consultivas a representantes de los Ministerios y organismos públicos. Asimismo podrá convocar a representantes de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones privadas de promoción y atención a la niñez y adolescencia.

Artículo 238. (Competencia).- El Consejo que se crea, tendrá competencia a nivel nacional. Sus fines serán:

1) Promover la coordinación e integración de las políticas sectoriales de atención a la niñez y adolescencia, diseñadas por parte de las diferentes entidades públicas vinculadas al tema.

2) Elaborar un documento anual que contemple lo establecido en el numeral anterior.

3) Ser oído preceptivamente en la elaboración del informe que el Estado debe elevar al Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño).

4) Opinar, a requerimiento expreso, sobre las leyes de Presupuesto, Rendición de Cuentas y demás normas y programas que tengan relación con la niñez y adolescencia.

Artículo 239. (Recursos).- El Ministerio de Educación y Cultura asignará los recursos e infraestructura necesarios para su funcionamiento.

Artículo 240. (Atribuciones).- El Consejo creará Comisiones Departamentales o Regionales, reglamentando su integración y funcionamiento.

Dicha reglamentación se hará de manera que se integren a las mismas los miembros, y competencias, de las Comisiones previstas por el artículo 37 de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995.

Artículo 241. (Funcionamiento).- El Consejo dictará su reglamento interno de funcionamiento dentro del plazo de sesenta días a partir de su instalación.

CAPITULO XX

REGISTRO DE INFORMACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 242. (Sistema de datos).- El Instituto Nacional del Menor desarrollará el Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia, que deberá incluir datos sobre el niño o adolescente a su cargo y las instituciones que lo atienden.

Artículo 243. (Seguimiento).- El Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia generará datos que permitan un adecuado seguimiento de la atención del niño o adolescente y de la evolución de la misma, así como generar la información necesaria para la formulación de las políticas de niñez y adolescencia.

Artículo 244. (Colaboración).-

1) Los distintos Poderes y reparticiones del Estado, instituciones privadas y organismos no gubernamentales, deberán aportar los datos e información pertinentes al Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de la autonomía y competencia específica de cada institución pública o privada.

2) La Suprema Corte de Justicia, a través de sus órganos competentes, desarrollará un sistema de información sobre niños y adolescentes atendido tanto por la judicatura de adolescentes como de familia.

Los datos manejados por este Sistema Judicial de Información tendrán igual régimen y tratamiento que el establecido por los artículos 245 y 246 de este Código.

Artículo 245. (Reserva).- El Instituto Nacional del Menor será el custodio de la información contenida en el Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia, por lo que se deberá garantizar el uso reservado y confidencial de los datos correspondientes a cada niño o adolescente, en concordancia con su interés superior y en cumplimiento del derecho a la privacidad de su historia personal, como único propietario de la misma (artículo 302 del Código Penal).

Artículo 246. (Limitaciones).- La información relativa a niños y adolescentes no podrá ser utilizada como base de datos de los mismos, una vez alcanzada la mayoría de edad. Excepto en los casos expresamente previstos en este Código o si mediara orden judicial.

Los antecedentes judiciales y administrativos de los ni-ños o adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley por hechos descritos como infracciones a la ley penal (Ca-pítulo X de este Código), se deberán destruir en forma in-mediata al cumplir los dieciocho años o al cese de la medida.

CAPITULO XXI

DEROGACIONES Y OBSERVANCIA DE ESTE CODIGO

Artículo 247. (Nueva denominación).- A partir de la promulgación de este Código, el Instituto Nacional del Menor (INAME) pasará a denominarse "Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay" (INAU), manteniendo su carácter de servicio descentralizado a todos sus efectos y competencias.

Todo texto legal o administrativo que contenga referencia al Instituto Nacional del Menor (INAME), se entenderá sustituido por la denominación "Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU)".

En la publicación oficial de este Código, se sustituirá en el texto la denominación de Instituto Nacional del Menor (INAME) por la de Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Artículo 248.- Derógase la Ley Nº 9.342, de 6 de abril de 1934 (Código del Niño), sus modificaciones y todas las disposiciones legales que se opongan a este Código.

Artículo 249.- El Código de la Niñez y Adolescencia entrará en vigencia a los 180 días de su promulgación.

Sala de la Comisión, el 4 de noviembre de 2003.

Guillermo García Costa, Miembro Informante; Alberto Brause, Ruben Correa Freitas, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Pablo Millor, Manuel Núñez, Enrique Rubio. Senadores.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º. (Ambito de aplicación).- El Código de la Niñez y la Adolescencia es de aplicación a todos los seres humanos menores de dieciocho años de edad.

A los efectos de la aplicación de este Código, se entiende por niño a todo ser humano hasta los trece años de edad y por adolescente a los mayores de trece y menores de dieciocho años de edad.

Siempre que este Código se refiere a niños y adolescentes comprende ambos géneros.

Artículo 2º. (Sujetos de derechos, deberes y garantías).- Todos los niños y adolescentes son titulares de derechos, deberes y garantías inherentes a su calidad de personas humanas.

Artículo 3º. (Principio de protección de los derechos).- Todo niño y adolescente tiene derecho a las medidas especiales de protección que su condición de sujeto en desarrollo exige por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Artículo 4º. (Interpretación).- Para la interpretación de este Código, se tendrán en cuenta las disposiciones y principios generales que informan la Constitución de la República, y la Convención sobre los Derechos del Niño, leyes nacionales y demás instrumentos internacionales que obligan al país.

En caso de duda se deberá recurrir a los criterios generales de interpretación y, especialmente, a las normas propias de cada materia.

Artículo 5º.(Integración).- En caso de vacío legal o insuficiencia se deberá recurrir a los criterios generales de integración, y, especialmente, a las normas propias de cada materia.

Artículo 6º. (Criterio específico de interpretación e integración: el interés superior del niño y adolescente).- Para la interpretación e integración de este Código se deberá tener en cuenta el interés superior del niño y adolescente, que consiste en el reconocimiento y respeto de los derechos inherentes a su calidad de persona humana. En consecuencia, este principio no se podrá invocar para menoscabo de tales derechos.

Artículo 7º. (Concurrencia para la efectividad y la protección de los derechos de los niños y adolescentes).-

1) La efectividad y protección de los derechos de los niños y adolescentes es prioritariamente de los padres, o tutores -en su caso-, sin perjuicio de la corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado.

2) El Estado deberá actuar en las tareas de orientación y fijación de las políticas generales aplicables a las distintas áreas vinculadas a la niñez y adolescencia y a la familia, coordinando las actividades públicas y privadas que se cumplen en tales áreas.

3) En casos de insuficiencia, defecto o imposibilidad de los padres y demás obligados, el Estado deberá actuar preceptivamente, desarrollando todas las actividades integrativas, complementarias o supletivas que sean necesarias para garantizar adecuadamente el goce y ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes.

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS YADOLESCENTES

Artículo 8. (Principio general).- Todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana. Tales derechos serán ejercidos de acuerdo a la evolución de sus facultades, y en la forma establecida por la Constitución de la República, los instrumentos internacionales, este Código y las leyes especiales. En todo caso tiene derecho a ser oído y obtener respuestas cuando se tomen decisiones que afecten su vida.

Podrá acudir a los Tribunales y ejercer los actos procesales en defensa de sus derechos, siendo preceptiva la asistencia letrada. El Juez ante quien acuda tiene el deber de designarle curador, cuando fuere pertinente, para que lo represente y asista en sus pretensiones.

Los Jueces, bajo su más seria responsabilidad, deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de lo establecido en los incisos anteriores, debiendo declararse nulas las actuaciones cumplidas en forma contraria a lo aquí dispuesto.

Artículo 9. (Derechos esenciales).- Todo niño y adolescente tiene derecho intrínseco a la vida, dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura, participación, asociación, a los beneficios de la seguridad social y a ser tratado en igualdad de condiciones cualquiera sea su sexo, su religión, etnia o condición social.

Artículo 10. (Derecho del niño y adolescente con capacidad diferente).- Todo niño y adolescente, con capacidad diferente psíquica, física o sensorial, tiene derecho a vivir en condiciones que aseguren su participación social a través del acceso efectivo especialmente a la educación, cultura y trabajo.

Este derecho se protegerá cualquiera sea la edad de la persona.

Artículo 11. (Derecho a la privacidad de la vida).- Todo niño y adolescente tiene derecho a que se respete la privacidad de su vida. Tiene derecho a que no se utilice su imagen en forma lesiva, ni se publique ninguna información que lo perjudique y pueda dar lugar a la individualización de su persona.

Artículo 12. (Derecho al disfrute de sus padres y familia).- La vida familiar es el ámbito adecuado para el mejor logro de la protección integral.

Todo niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer junto a su familia y a no ser separado de ella por razones económicas.

Sólo puede ser separado de su familia cuando, en su interés superior y en el curso de un debido proceso, las autoridades determinen otra relación personal sustitutiva.

En los casos en que sobrevengan circunstancias especiales que determinen la separación del núcleo familiar, se respetará su derecho a mantener vínculos afectivos y contacto directo con uno o ambos padres, salvo si es contrario a su interés superior.

Si el niño o adolescente carece de familia, tiene derecho a crecer en el seno de otra familia o grupo de crianza, la que será seleccionada atendiendo a su bienestar.

Sólo en defecto de esta alternativa, se considerará el ingreso a un establecimiento público o privado. Se procurará que su estancia en el mismo sea transitoria.

Artículo 13. (Conflictos armados).- Los niños y adolescentes no pueden formar parte de las hostilidades en conflictos armados ni recibir preparación para ello.

CAPITULO III

DE LOS DEBERES DEL ESTADO

Artículo 14. (Principio general).- El Estado protegerá los derechos de todos los niños y adolescentes sujetos a su jurisdicción, independientemente del origen étnico, nacional o social, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, la posición económica, los impedimentos psíquicos o físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus representantes legales.

El Estado pondrá el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres o sus representantes legales, cuya preocupación fundamental será el interés superior del niño, tienen obligaciones y derechos comunes en lo que respecta a su crianza y desarrollo.

El Estado asegurará la aplicación de toda norma que dé efectividad a esos derechos.

Artículo 15. (Protección especial).- El Estado tiene la obligación de proteger especialmente a los niños y adolescentes respecto a toda forma de:

A) Abandono, abuso sexual o explotación de la prostitución.

B) Trato discriminatorio, hostigamiento, segregación o exclusión en los lugares de estudio, esparcimiento o trabajo.

C) Explotación económica o cualquier tipo de trabajo nocivo para su salud, educación o para su desarrollo físico, espiritual o moral.

D) Tratos crueles, inhumanos o degradantes.

E) Estímulo al consumo de tabaco, alcohol, inhalantes y drogas.

F) Situaciones que pongan en riesgo su vida o inciten a la violencia, como el uso y el comercio de armas

G) Situaciones que pongan en peligro su seguridad, como detenciones y traslados ilegítimos.

H) Situaciones que pongan en peligro su identidad, como adopciones ilegítimas y ventas.

I) Incumplimiento de los progenitores o responsables de alimentarlos, cuidar su salud y velar por su educación.

CAPITULO IV

DE LOS DEBERES DE LOS PADRES O RESPONSABLES

Artículo 16. (De los deberes de los padres o responsables).- Son deberes de los padres o responsables respecto de los niños y adolescentes:

A) Respetar y tener en cuenta el carácter de sujeto de derecho del niño y del adolescente.

B) Alimentar, cuidar su salud, su vestimenta y velar por su educación.

C) Respetar el derecho a ser oído y considerar su opinión.

D) Colaborar para que sus derechos sean efectivamente gozados.

E) Prestar orientación y dirección para el ejercicio de sus derechos.

F) Corregir adecuadamente a sus hijos o tutelados.

G) Solicitar o permitir la intervención de servicios sociales especiales cuando se produzca un conflicto que no pueda ser resuelto en el interior de la familia y que pone en grave riesgo la vigencia de los derechos del niño y del adolescente.

H) Velar por la asistencia regular a los centros de estudio y participar en el proceso educativo.

I) Todo otro deber inherente a su calidad de tal.

CAPITULO V

DE LOS DEBERES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 17. (De los deberes de los niños y adolescentes).- Todo niño y adolescente tiene el deber de mantener una actitud de respeto en la vida de relación familiar, educativa y social, así como de emplear sus energías físicas e intelectuales en la adquisición de conocimientos y desarrollo de sus habilidades y aptitudes.

Especialmente deberán:

A) Respetar y obedecer a sus padres o responsables, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o contravengan las leyes.

B) Cuidar, en la medida de sus posibilidades, a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad.

C) Respetar los derechos, ideas y creencias de los demás.

D) Respetar el orden jurídico.

E) Conservar el medio ambiente.

F) Prestar, en la medid de sus posibilidades, el servicio social o ayuda comunitaria, cuando las circunstancias así lo exijan.

G) Cuidar y respetar su vida y su salud.

CAPITULO VI

POLITICAS SOCIALES DE PROMOCION Y PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Artículo 18. (Objetivos).- Son objetivos fundamentales:

A) Promoción social. Deberá asegurarse la promoción tendiente a favorecer el desarrollo integral de todas las potencialidades del niño y del adolescente como persona en condición de ser en desarrollo, a efectos de procurar su integración social en forma activa y responsable como ciudadano. Se cuidará especialmente la promoción en equidad, evitando que se generen desigualdades por conceptos discriminatorios por causa de sexo, etnia, religión o condición social.

B) Protección y atención integral. Deberá asegurarse una protección integral de los derechos y deberes de los niños y adolescentes, así como asegurar una atención especial por parte del Estado y de la sociedad ante la necesidad de ofrecer atención personalizada en determinadas situaciones.

Artículo 19. (Vida familiar y en sociedad).- Son principios básicos:

A) El fortalecimiento de la integración y permanencia de los niños y adolescentes en los ámbitos primarios de socialización: la familia y las instituciones educativas.

B) La descentralización territorial que asegure el acceso de los niños, adolescentes y familias en toda la gama de servicios básicos.

C) La participación de la sociedad civil y la promoción de la solidaridad social hacia los niños y adolescentes.

Artículo 20. (Afirmación de políticas sociales).- Las normas que regulan la vigencia efectiva de los derechos de los niños y adolescentes en las áreas de supervivencia y desarrollo, requerirán de la implementación de un sistema de políticas sociales básicas, complementarias, de protección especial, de carácter integral, que respondan a la diversidad de realidades y comprendan la coordinación entre el Estado y la sociedad civil.

Artículo 21. (Criterio rector).- Es criterio rector velar por el desarrollo armónico de los niños y adolescentes, correspondiendo fundamentalmente a la familia y a los sistemas de salud y educación su seguimiento hasta la mayoría de edad, según el principio de concurrencia que emerge del artículo 7 de este Código.

Artículo 22. (Líneas de acción).- La atención hacia la niñez y la adolescencia se orientará primordialmente a:

A) La aplicación de políticas sociales básicas, que hagan efectivos los derechos consagrados en la Constitución de la República, para todos los niños y los adolescentes.

B) La creación de programas de atención integral, para aquellos que lo necesiten, por carencia temporal o permanente: niños y adolescentes con capacidad diferente, situación de desamparo o marginalidad.

C) La implementación de medidas apropiadas para que los niños tengan derecho a beneficiarse de los servicios de instalaciones de guarda, especialmente en el caso de que los padres trabajen.

D) La adopción de programas integrales y servicios especiales de prevención y atención médica y psicosocial a las víctimas de negligencia, maltrato, violencia o explotación laboral o sexual.

E) La aplicación de programas de garantías para la protección jurídico-social de los niños y adolescentes en conflicto con la ley, y de educación para la integración social.

F) La adopción de programas de promoción de la niñez y adolescencia en las áreas deportivas, culturales y recreativas, entre otras.

G) La creación de sistemas de indicadores de desarrollo del niño y del adolescente, respetando el derecho a la privacidad y el secreto profesional.

CAPITULO VII

I - De la filiación

Artículo 23. (Derecho a la filiación).- Todo niño y adolescente tiene derecho a conocer quiénes son sus padres.

Artículo 24. (Derecho a la protección).- Todo niño y adolescente tiene derecho, hasta la mayoría de edad, a recibir de sus padres y responsables la protección y cuidados necesarios para su adecuado desarrollo integral y es deber de éstos el proporcionárselos.

Artículo 25. (Derecho a la identidad).- Sin perjuicio de las normas del Registro de Estado Civil, el recién nacido deberá ser identificado mediante las impresiones plantar y digital acompañadas por la impresión digital de la madre.

Todas las maternidades públicas y privadas deberán llevar un registro para cumplir con lo dispuesto en el inciso anterior, al momento de realizase el parto. Se le otorgará copia a la madre y se enviará otra al Registro de Estado Civil.

Los médicos o parteros que asistan nacimientos fuera de la maternidad, deberán realizar el registro de igual forma y, en caso de imposibilidad, anotarlo en la historia clínica.

En este último caso y fuera de las hipótesis señaladas anteriormente, las impresiones digital y plantar del recién nacido se tomarán al momento de hacerse la inscripción en el Registro de Estado Civil.

Artículo 26. (Derecho al nombre y apellidos familiares).- Todo niño tiene derecho, desde su nacimiento, a ser inscripto con nombre y apellido.

Artículo 27. (Del nombre).-

1) El hijo habido dentro del matrimonio llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre.

2) El hijo habido fuera del matrimonio inscripto por ambos padres, llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre.

3) El hijo habido fuera del matrimonio inscripto por su padre llevará como primer apellido el de éste y como segundo el de la mujer que surja acreditada como su madre.

4) El hijo habido fuera del matrimonio inscripto por su madre llevará los dos apellidos de ésta. Si la madre no tuviere segundo apellido el niño llevará como primero el de su madre biológica seguido de uno de uso común.

5) El hijo habido fuera del matrimonio que no es inscripto por su padre ni por su madre, llevará igualmente en segundo lugar el apellido de su madre, en caso de ser ésta conocida y en primer lugar uno de uso común.

6) El hijo habido fuera del matrimonio cuyos padres se desconocen, inscripto de oficio, llevará dos apellidos de uso común seleccionados por el Oficial del Registro del Estado Civil interviniente.

7) Los apellidos de uso común serán sustituidos por el del padre o la madre que reconozca a su hijo o sean declarados tales por sentencia, debiendo recabarse a tales efectos la voluntad del reconocido que haya cumplido los trece años de edad (artículo 32).

8) El hijo habido fuera del matrimonio inscripto por un familiar del niño, llevará dos apellidos, como primer apellido uno de uso común, seleccionado por el familiar interviniente y en segundo lugar el de la madre conocida.

9) En los casos de legitimación adoptiva, el hijo llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre legitimantes. La sentencia que autorice la legitimación adoptiva dispondrá el o los nombres de pila con que será inscripto el legitimado.

10) En los casos de adopción simple realizada por un matrimonio, el o los apellidos del adoptado serán sustituidos por el del padre y madre adoptantes. Si la adopción simple fuere realizada por un hombre, el adoptado sustituirá su primer apellido por el del adoptante. Si la adopción simple fuere realizada por una mujer, el adoptado sustituirá su segundo apellido por el de la adoptante. No obstante, si se tratare de la adopción de un adolescente, podrá convenir con el o los adoptantes si mantendrá sus apellidos de origen o sustituirá alguno de ellos por el del o de los adoptantes.

En la sentencia deberá dejarse constancia de la decisión respecto de los apellidos del adoptado, la que será anotada al margen de la partida de nacimiento.

Artículo 28. (Derecho y deber a reconocer los hijos propios).- Todo progenitor tiene el derecho y el deber, cualquiera fuere su estado civil, de reconocer a sus hijos.

Derógase el inciso tercero del artículo 227 de Código Civil.

Modifícase la redacción del inciso cuarto del artículo 227 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma: "No se admitirá el reconocimiento de hijos naturales, aún después de disuelto el matrimonio, cuando ese reconocimiento se pretenda hacer a favor de una persona que tenga la posesión notoria de hijo legítimo, sin perjuicio de las acciones que, legalmente, se admiten para contestar esa filiación".

Entiéndese, en todo el ordenamiento jurídico, las expresiones "hijo legítimo" e "hijo natural" como "hijo habido dentro del matrimonio" e "hijo habido fuera del matrimonio", respectivamente.

Artículo 29.- Sustitúyense los artículos 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 y 221 de Código Civil, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

"ARTICULO 214.- Viviendo los cónyuges de consuno, y sin perjuicio de la prueba en contrario, la ley considera al marido padre de la criatura concebida por su esposa durante el matrimonio.

Las personas legitimadas por la ley, podrán destruir esta presunción acreditando que el vínculo biológico de paternidad no existe.

ARTICULO 215.- Se considera concebida dentro del matrimonio, a la criatura nacida fuera de los ciento ochenta días después de contraído éste y dentro de los trescientos días siguientes a la disolución. Esta presunción es relativa.

ARTICULO 216.- Se considera, asimismo, al marido padre de la criatura nacida de su mujer, dentro de los ciento ochenta días siguientes al matrimonio, siempre que aquél haya conocido el embarazo antes de contraer matrimonio o haya admitido su paternidad expresa o tácitamente por cualquier medio inequívoco. Fuera de estos casos, bastará al marido con negar judicialmente la paternidad de la criatura habida por su mujer, de lo que se le dará conocimiento a ésta. Si la madre se opusiera surgirá el contradictorio.

ARTICULO 217.- La presunción de paternidad del marido que se configura conforme a lo dispuesto por los artículos 214, 215 y 216 de este Código, podrá ser libremente impugnada por el marido, el hijo o los herederos de uno u otro, dentro de los plazos y en las condiciones que se dispone en los artículos siguientes.

ARTICULO 218.- El marido podrá ejercer la acción de desconocimiento de paternidad a efectos de impugnar la presunción de legitimidad que hubiera surgido, dentro del plazo de un año contado desde que tomó conocimiento del nacimiento de la criatura cuya paternidad la ley le atribuye.

Sus herederos podrán continuar la acción intentada por éste, o iniciar la misma, si el marido hubiera muerto dentro del plazo hábil para deducirla. Los herederos dispondrán del plazo de un año a contar desde el fallecimiento del marido.

ARTICULO 219.- Hallándose el hijo en posesión del estado filiatorio legítimo, tenga o no su título, podrá impugnar la presunción de paternidad, actuando debidamente representado por un curador "ad litem", dentro del plazo de un año a contar desde el nacimiento. Si la acción no hubiera sido intentada durante la menor edad del hijo, podrá ejercerla éste dentro del plazo de un año a partir de su mayoría. En caso de fallecer el hijo dentro del plazo hábil para interponer la demanda de impugnación de la paternidad o durante su minoría de edad sin haberla interpuesto, la acción podrá ser ejercida por los herederos de éste dentro del plazo que aquél contaba.

ARTICULO 220.- De faltar la posesión de estado de filiación legítima aun cuando exista su título, la acción de desconocimiento de paternidad podrá ser intentada indistintamente por la madre, por un curador "ad litem" que actúe en representación del hijo, por el padre biológico que manifieste su ánimo de reconocerlo o por el hijo al llegar a la mayoría de edad. La madre y el padre biológico no podrán accionar una vez que su hijo haya llegado a la mayoría de edad. En ausencia de posesión de estado de filiación legítima, la acción será imprescriptible para el hijo.

En los casos en que este artículo, el precedente y el inciso cuarto del artículo 227 se refieren a posesión de estado, no se requiere el transcurso del tiempo reclamado por el artículo 47 de este Código.

El acogimiento de la acción deducida por la madre o por el padre biológico, dejará al hijo emplazado en el estado civil de hijo natural del demandante.

ARTICULO 221.- El proceso no será válidamente entablado si no intervienen en el mismo, en calidad de sujetos activos o pasivos, en su caso, el marido, la madre y el hijo de ésta".

Artículo 30. (Capacidad de los padres para reconocer a sus hijos).- Todo progenitor tiene el derecho y el deber, cualquiera fuere su estado civil y edad, a reconocer a su hijo.

No obstante, las mujeres menores de doce años y los varones menores de catorce no podrán realizar reconocimientos válidos sin aprobación judicial, previa vista del Ministerio Público.

En los casos de padres niños o adolescentes no casados, el Juez decidirá a quién se le atribuyen los derechos y deberes inherentes a la tutela, otorgando preferencia a los abuelos que convivan con el padre que reconoce y el reconocido.

Previo a todas las decisiones a que refiere el inciso anterior que requieran autorización judicial, se deberá oír al padre o a la madre que haya reconocido al hijo y que aún no tenga dieciocho años cumplidos de edad.

La patria potestad será ejercida en forma plena por ambos padres, a partir de que éstos cumplan dieciocho años.

Artículo 31. (Formalidades del reconocimiento).- El reconocimiento puede tener lugar:

1) Por la simple declaración formulada ante el Oficial del Registro de Estado Civil por el padre o la madre biológicos en oportunidad de la inscripción del nacimiento del hijo, como hijo habido fuera del matrimonio, suponiendo la sola inscripción reconocimiento expreso.

2) Por testamento, en cuyo caso el reconocimiento podrá ser expreso o implícito.

3) Por escritura pública.

Artículo 32. (Voluntad del hijo).- Cuando el hijo fuere reconocido luego de haber cumplido trece años de edad, tiene derecho a expresar en forma ante el Oficial del Registro de Estado Civil su voluntad de seguir usando los apellidos con los que hasta entonces era identificado. Dicha expresión de voluntad será anotada al margen de su partida de nacimiento.

Artículo 33. (Inscripción tardía).- El derecho consagrado en el artículo anterior, también rige para los supuestos de inscripciones tardías de hijos mayores de trece años.

Tratándose de inscripción tardía de hijos habidos dentro del matrimonio, basta con la presencia de uno o de ambos padres, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes.

II - De la tenencia del niño y adolescente

Artículo 34. (Tenencia por los padres).-

1) Cuando los padres estén separados, se determinará de común acuerdo cómo se ejercerá la tenencia (artículo 177 del Código Civil).

2) De no existir acuerdo de los padres, la tenencia la resolverá el Juez de Familia, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento.

Artículo 35. (Facultades del Juez de Familia).- En caso de no existir acuerdo de los padres, el Juez resolverá, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

A) El hijo deberá permanecer con el padre o la madre con quien convivió el mayor tiempo, siempre que lo favorezca.

B) Preferir a la madre cuando el niño sea menor de dos años, siempre que no sea perjudicial para él.

C) Bajo su más seria responsabilidad funcional, el Juez siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente.

Artículo 36. (Tenencia por terceros).-

1) Cualquier interesado puede solicitar la tenencia de un niño o adolescente siempre que ello tenga como finalidad el interés superior de éste. El Juez competente, bajo la más seria responsabilidad funcional, deberá evaluar el entorno familiar ofrecido por el interesado.

2) La persona que ejerce la tenencia de un niño o adolescente está obligada a brindarle la protección y cuidados necesarios para su desarrollo integral.

3) La persona que no se sienta capacitada para proseguir con la tenencia, deberá ponerlo en conocimiento del Juez de Familia, quien resolverá la situación del niño o adolescente.

Artículo 37. (Procedimiento).- Todas las pretensiones relativas a la tenencia, recuperación de tenencia o guarda de los niños o adolescentes, se regularán por el procedimiento extraordinario consagrado en los artículos 346, 347, 349 y 350 del Código General del Proceso. La ratificación de tenencia se tramitará por el procedimiento voluntario (artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso). Es Juez competente para conocer en dichas pretensiones, el del domicilio del niño o adolescente.

III - Visitas

Artículo 38. (Principio general).- Todo niño y adolescente tiene derecho a mantener el vínculo, en orden preferencial, con sus padres, abuelos y demás familiares y consecuentemente, a un régimen de visitas con los mismos. Sin perjuicio que el Juez competente basado en el interés superior del niño o adolescente, incluya a otras personas con las que aquél haya mantenido vínculos afectivos estables.

Artículo 39. (Determinación de las visitas).-

1) La determinación de las visitas se fijará de común acuerdo entre las partes.

2) A falta de acuerdo, o que se impida o limite el ejercicio del derecho mencionado, el Juez de Familia fijará el mismo. Se garantizará el derecho del niño o adolescente a ser oído, teniendo en cuenta su opinión, la cual se recabará en un ámbito adecuado.

Artículo 40. (Incumplimiento en permitir las visitas).- La parte que está obligada a permitir las visitas o entregar al niño o adolescente de acuerdo al régimen establecido, y se negara en forma inmotivada, habilitará a que la otra parte acuda personalmente ante el Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces en donde este no exista, el cual dispondrá de inmediato la comparecencia de la parte incumplidora, siendo notificada por la Policía. En caso de incomparecencia, podrá ser conducida por la fuerza pública, si así lo dispusiere el Juez.

El Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces, escuchará a ambas partes y de ser inmotivada la reticencia de la parte obligada a permitir las visitas, dispondrá -apreciando las circunstancias del caso, la edad y especialmente los intereses del niño o adolescente- la entrega del mismo a la parte que lo reclama, la cual deberá reintegrarlo según lo acordado, salvo que el Juez de Familia entienda que deberá conservarlo el solicitante, hasta tanto resuelva el Juez de la causa.

Artículo 41. (Régimen de visitas definitivo).- El día hábil inmediato siguiente, el Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces en donde este no exista dará cuenta al Juez de Familia que intervino en la fijación del régimen de visitas, remitiéndole los antecedentes, quien resolverá en definitiva sobre el mantenimiento o no del régimen fijado.

A tales efectos, deberá convocar a las partes a una audiencia, la cual deberá celebrarse en un plazo no mayor a los tres días hábiles de recibidos los antecedentes. En dicha audiencia será preceptiva la presencia del Ministerio Público y Fiscal, así como la asistencia letrada.

Artículo 42. (Incumplimiento en realizar las visitas).- Si la parte a cuyo favor se establece un régimen de visitas, no cumpliere con el mismo, podrá la otra parte acudir al Juez de Familia competente, explicando la situación y la repercusión que la falta de cumplimiento por parte del obligado tiene sobre sus hijos.

En tal caso se aplicará lo dispuesto en el inciso primero del artículo 40 y el artículo 41.

Artículo 43. (Sanción por incumplimiento).- El incumplimiento grave o reiterado del régimen de visitas homologado o fijado judicialmente podrá originar la variación de la tenencia si ello no perjudicara el interés del niño o adolescente, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que fije el Juez a instancia de parte o de oficio, cuyo producido será en beneficio de aquél.

El Juez deberá hacer saber a la parte incumplidora que el desatender las necesidades afectivas de los hijos puede dar lugar a la pérdida de la patria potestad y al delito previsto en el artículo 279 b. del Código Penal.

Artículo 44. (Principio general de procedimiento).- Todas las pretensiones que conciernen al régimen de visitas, se regularán por el procedimiento extraordinario consagrado en los artículos 346, 347, 349 y 350 del Código General del Proceso.

Es Juez competente para conocer en dichas pretensiones, el del domicilio del niño o adolescente.

CAPITULO VIII

DE LOS ALIMENTOS

Artículo 45. (Concepto de deber de asistencia familiar).- El deber de asistencia familiar está constituido por los deberes y obligaciones a cargo de los integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya finalidad es la protección material y moral de los miembros de la misma.

Bajo la denominación de alimentos, se alude en este Código a la asistencia material.

Artículo 46. (Concepto de alimentos).- Los alimentos están constituidos por las prestaciones monetarias o en especie que sean bastantes para satisfacer, según las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, educación, cultura y recreación.

También se consideran alimentos los gastos de atención de la madre durante el embarazo, desde la concepción hasta la etapa del posparto.

Las prestaciones deberán ser proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y a las necesidades de los beneficiarios.

Artículo 47. (Forma de prestación de los alimentos).- Las prestaciones alimentarias serán servidas en dinero o en especie, o de ambas formas, en atención a las circunstancias de cada caso.

Todas las prestaciones se servirán en forma periódica y anticipada.

El obligado a prestar alimentos podrá exigir de la persona que administre la pensión alimenticia, rendición de cuentas sobre los gastos efectuados para los beneficiarios.

El Juez apreciará si corresponde dar trámite a la solicitud de rendición de cuentas.

Artículo 48. (De la vigencia de la prestación alimentaria).- La prestación alimentaria se debe desde la interposición de la demanda.

Tratándose de aumento o reducción de la prestación, la misma surtirá efecto desde la interposición de la demanda, salvo que el Juez, apreciando las circunstancias del caso, disponga que se aplique desde que la sentencia quede ejecutoriada.

La convenida extrajudicialmente, se debe desde la fecha pactada.

Artículo 49. (Alimentos provisionales).- El Juez al proveer sobre la demanda, y atendidas las circunstancias invocadas, fijará alimentos provisionales.

Artículo 50. (Beneficiarios de la obligación alimentaria).- Son acreedores de la obligación alimentaria los niños y adolescentes así como los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno que no dispongan -en el último caso- de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

Artículo 51. (Personas obligadas a prestar alimentos y orden de preferencia).- Los alimentos se prestarán por los padres o, en su caso, por el o los adoptantes. Para el caso de imposibilidad o insuficiencia del servicio pensionario, se prestarán subsidiariamente de acuerdo al siguiente orden:

1) Los ascendientes más próximos, con preferencia los del progenitor obligado.

2) El cónyuge respecto a los hijos del otro en cuanto conviva con el beneficiario.

3) El concubino o la concubina, en relación al o los hijos del otro integrante de la pareja, que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos conformando una familia de hecho.

4) Los hermanos legítimos o naturales, con preferencia los de doble vínculo sobre los de vínculo simple.

En los casos previstos en los numerales 1) y 4), si concurrieren varias personas en el mismo orden, la obligación será divisible y proporcional a la posibilidad de cada obligado.

Artículo 52. (Caracteres de la obligación alimentaria).-

1) Intrasmisibilidad e irrenunciabilidad. El derecho de pedir alimentos no puede trasmitirse por causa de muerte, ni renunciarse, ni venderse o cederse de modo alguno.

2) Inembargabilidad e incompensabilidad. Las pensiones alimenticias no son embargables.

El deudor de alimentos no puede oponer al demandante, en compensación, lo que el demandante le deba, excepto que lo adeudado refiera a la pensión alimenticia objeto del litigio.

3) Imprescriptibilidad.

El derecho a pedir alimentos es imprescriptible.

Artículo 53. (Pensiones alimenticias atrasadas).- No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse, y el derecho a demandarlas, podrá trasmitirse por causa de muerte.

Artículo 54. (Transacción sobre alimentos futuros).- La transacción sobre alimentos futuros no surtirá efectos sino después de ser aprobada judicialmente.

Artículo 55. (Modificación de la obligación alimentaria).- Los alimentos podrán ser objeto de aumento o de reducción, si se modifica la situación económica del deudor o las necesidades del acreedor. Se tramitarán por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 56. (Extinción de la obligación alimentaria).- La obligación de alimentos se extingue y su cese debe ser judicialmente decretado en los siguientes casos:

1) Cuando se dejen de cumplir los supuestos establecidos en el artículo 50.

2) Cuando el deudor se halla en imposibilidad de servirlos.

3) Cuando fallece el alimentante, sin perjuicio de la asignación forzosa que grava la masa de la herencia.

4) Cuando falleciere el alimentario, en cuyo caso la obligación se extiende a los gastos funerarios, siempre que no puedan cubrirse de otra manera.

En el caso previsto en el numeral 1) cuando se trate de un beneficiario que cumpla veintiún años de edad, bastará que el alimentante se presente ante el Juez Letrado de Familia que intervino en la fijación de alimentos solicitando el cese de la pensión, agregando la partida de nacimiento del beneficiario, y sustanciándose con traslado a la contraparte por el plazo perentorio de veinte días.

Transcurrido el plazo sin que se evacuare el traslado, se decretará el cese de la pensión alimenticia, notificando a la otra parte.

Si se dedujere oposición se tramitará por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Los casos de los numerales 2) a 4) se tramitarán por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 57. (Omisión injustificada de los alimentos).- Cuando el obligado judicialmente a servir alimentos de acuerdo a las disposiciones de este Código que, habiendo sido intimado judicialmente, omitiera prestarlos sin causa justificada, el Juez de Familia dará cuenta de inmediato al Juez Letrado en lo Penal que corresponda, a los efectos previstos por el artículo 279 A. del Código Penal.

El Juez Letrado en lo Penal deberá comunicar al Juez de Familia las resultancias de las actuaciones llevadas a cabo por dicha sede.

Artículo 58. (Concepto de ingresos).- A los efectos de este Código, se entiende por sueldo o haberes, todo ingreso de cualquier naturaleza, periódico o no, que se origine en la relación laboral, arrendamiento de obras o de servicios o derive de la seguridad social. No se computarán por ingresos, a los efectos de la pensión alimenticia, lo que perciba el obligado a la prestación por concepto de viáticos sujetos a rendición de cuentas. Cuando los viáticos no estén sujetos a rendición de cuentas se computarán a efectos de la pensión alimenticia en un 35% (treinta y cinco por ciento).

Quedan asimilados a lo dispuesto en el inciso anterior, los ingresos provenientes de retiros periódicos por concepto de utilidades, beneficios o ganancias, cobro de intereses o dividendos. En general, todo lo que perciba el deudor de alimentos por su trabajo o su capital.

Artículo 59. (Límite de la retención por alimentos).- Podrá retenerse mensualmente hasta un 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos cuando así lo justifique el número de hijos y las necesidades de los mismos. La resolución del Juez deberá ser fundada y será apelable sin efecto suspensivo.

Artículo 60. (Medidas asegurativas de la prestación alimentaria).- En el caso de prestar el alimentante servicios retribuidos por particulares o empresas, éstas tendrán la obligación de informar a la Sede que así lo solicite todo lo relativo a los ingresos de aquél dentro del plazo de quince días de recibido el oficio por el que se le reclama. El incumplimiento de esta obligación hará pasibles a los particulares o empresas a la condena en astreintes. La obligación de informar existe aún cuando el alimentante no integre los cuadros funcionales o planilla de trabajo, pero tuviese con la empresa o particular cualquier relación patrimonial o beneficio económico. Cuando el alimentante prestase servicios retribuidos por particulares o empresas y se negare a cumplir la obligación de alimentos, se ordenará a aquéllos que efectúen la retención correspondiente a los sueldos o haberes respectivos.

Para hacer efectiva la contribución señalada por el Juez, bastará la orden librada por oficio al habilitado en la oficina en que preste servicios el alimentante, y la empresa o el patrón responderán personal, solidaria e ilimitadamente del pago, si injustificadamente no cumplieran la orden recibida.

Artículo 61. (Obstáculos al cumplimiento de la obligación alimentaria).- El empleador o empresario que intencionalmente ocultare, total o parcialmente los ingresos, sueldos o haberes del obligado, será considerado incurso en el delito de estafa.

En el mismo delito incurrirá todo aquel que obstaculizare o impidiere el correcto servicio de la obligación alimentaria dispuesta judicialmente, o simulare créditos contra el obligado, o de cualquier manera colaborare intencional y fraudulentamente, en la reducción del patrimonio efectivo del alimentante.

El Juez de Familia dará cuenta de inmediato al Juez Letrado en lo Penal que corresponda.

Artículo 62. (Prohibición al alimentante de ausentarse del país sin dejar garantías suficientes).- Iniciado el juicio de alimentos, el demandado no podrá ausentarse del país sin dejar garantías suficientes, siempre que así lo solicitare el actor.

Artículo 63. (Procedimiento).- El proceso de alimentos se rige por las normas previstas para el proceso extraordinario en el Código General del Proceso (artículos 346 y 347, numeral 2) del artículo 349 y artículo 350 del Código General del Proceso).

Artículo 64. (Competencia).- El Juez competente para conocer en el juicio por alimentos, es el del domicilio del niño o adolescente o el del demandado, a elección del actor.

CAPITULO IX

DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

I - Organos de competencia y principios procesales

Artículo 65. (Competencia).- La competencia de los órganos jurisdiccionales en materia de niños y adolescentes es la que fija la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, con excepción de las siguientes modificaciones:

"ARTICULO 67.- Los Jueces Letrados de Menores entenderán en primera instancia en todos los procedimientos que den lugar las infracciones de adolescentes a la ley penal.

En segunda instancia entenderán los Tribunales de Familia.

Los actuales Juzgados Letrados de Menores pasarán a denominarse Juzgados Letrados de Adolescentes".

Artículo 66. (Competencia de urgencia).- La Suprema Corte de Justicia asignará, por lo menos, a cuatro Juzgados Letrados de Familia en Montevideo y a los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior de la República, que entienden en materia de familia, competencia de urgencia, con excepción de las infracciones de adolescentes a la ley penal, para atender en forma permanente todos los asuntos que requieran intervención inmediata, o en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 122 de este Código. Ello sin perjuicio cuando fuere necesario, del uso de las facultades que otorga a los Jueces de Paz del Interior del artículo 379 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992. Se entenderá por asuntos que requieran intervención inmediata, todos aquellos en que existan riesgo de lesión o frustración de un derecho del niño o adolescente.

Tomadas las primeras medidas en salvaguarda de los derechos, los derivarán al Juzgado que corresponda.

La Suprema Corte de Justicia propenderá a que los Juzgados cuenten con la asistencia permanente de asistente social, psicólogo y psiquiatra del Poder Judicial u otros profesionales de dicho Poder, cuyo asesoramiento podrá serles requerido por el Juez.

La Defensoría de Oficio de Familia establecerá un régimen de turnos de Defensores de Oficio, para que actúen en dichos Juzgados, a efectos de asistir a las personas que se presenten ante el mismo.

Asimismo, se establecerá un régimen de turnos para asegurar la presencia del Ministerio Público y Fiscal.

Artículo 67. (Criterio básico).- Reclamada la intervención en forma legal y en materia de su competencia, los Tribunales aplicarán como criterio básico la promoción de las familias, en especial de las más vulnerables y el desarrollo del niño en el ámbito de la misma, de acuerdo a los principios que emergen del artículo 12 de este Código.

No podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por razones de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 5º de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985.

Artículo 68. (Competencia del Instituto Nacional del Menor).- El Instituto Nacional del Menor es el órgano administrativo rector en materia de políticas de niñez y adolescencia, y competente en materia de promoción, protección y atención de los niños y adolescentes del país y, su vínculo familiar al que deberá proteger, promover y atender con todos los medios a su alcance. Deberá determinar, por intermedio de sus servicios especializados, la forma de llevar a cabo la implementación de las políticas a través de distintos programas, proyectos y modalidades de intervención social, públicos o privados, orientados al fortalecimiento de las familias integradas por niños y adolescentes y al fiel cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 12 y 19 de este Código.

Previos diagnósticos y estudios técnicos, deberá velar por una adecuada admisión, ingreso, atención, derivación y desvinculación de los niños y de los adolescentes bajo su cuidado. La incorporación a los distintos hogares, programas, proyectos y modalidades de atención se realizará habiéndose oído al niño y al adolescente y buscando favorecer el pleno goce y la protección integral de sus derechos.

Procurará que todos los niños y adolescentes tengan igualdad de oportunidades para acceder a los recursos sociales, a efectos de poder desarrollar sus potencialidades y de conformar personalidades autónomas capaces de integrarse socialmente en forma activa y responsable. Las acciones del Instituto Nacional del Menor deberán priorizar a los más desprotegidos y vulnerables.

Los adolescentes que, estando a disposición del Instituto Nacional del Menor, alcanzaren la mayoría de edad serán orientados y apoyados a efectos que puedan hacerse cargo de sus vidas en forma independiente. Las personas con capacidad diferente que alcanzaren dicha mayoría, estando a cuidado del Instituto Nacional del Menor, podrán permanecer bajo su protección siempre y cuando no puedan ser derivados para su atención en servicios o programas de adultos.

El Instituto Nacional del Menor fiscalizará, en forma periódica, las instituciones privadas a las que concurran niños y adolescentes, sin perjuicio de la competencia de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Asimismo fiscalizará toda institución privada, comunitaria o no gubernamental con la que ejecute programas bajo la modalidad de convenios.

Deberá también incorporar en todos los programas que gestione, en forma directa o en la modalidad de convenio, un enfoque comprensivo de las diversas situaciones familiares de los niños y adolescentes.

Toda fiscalización deberá ser realizada por equipos multidisciplinarios de profesionales a efectos de evaluar la situación en que se encuentran los niños y adolescentes, así como el trato y formación que se les da a los mismos, de acuerdo a los derechos que éstos tienen y a las obligaciones de dichas instituciones.

El Instituto Nacional del Menor podrá formular observaciones y efectuar las denuncias que correspondan ante las autoridades competentes, por la constatación de violaciones de los derechos del niño y adolescente, sin perjuicio de lo preceptuado por el artículo 177 del Código Penal (omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos).

II - De los adolescentes y las infracciones a la ley penal

Artículo 69. (Infracciones a la ley penal).- A los efectos de este Código son infracciones a la ley penal:

1) Las acciones u omisiones dolosas consumadas, cometidas en calidad de autor o coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales.

2) Las acciones u omisiones culposas consumadas, cometidas en calidad de autor, coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales, cuando el Juez reúna los elementos de convicción suficientes, fundados exclusivamente en el desarrollo de la personalidad psicosocial del infractor; avalado por un equipo técnico, que permita concluir que el adolescente disponía la capacidad cognitiva de las posibles consecuencias de su obrar.

3) La tentativa de infracciones gravísimas a la ley penal.

4) La participación en calidad de cómplice en infracciones gravísimas a la ley penal.

Artículo 70. (Adolescente infractor).- Se denomina adolescente infractor a quien sea declarado responsable por sentencia ejecutoriada, dictada por Juez competente, como autor, coautor o cómplice de acciones u omisiones descritas como infracciones a la ley penal.

Artículo 71. (Relación causal).- Sólo puede ser so-metido a proceso especial regulado por este Código el adolescente a quien se le pueda atribuir material y psicológicamente un hecho constitutivo de infracción a la ley penal.

La existencia de la infracción debe ser la consecuencia de su acción u omisión.

Artículo 72. (Clases de infracción).- Las infracciones a la ley penal se clasifican en graves y gravísimas:

Son infracciones gravísimas a la ley penal:

1) Homicidio (artículo 310 del Código Penal).

2) Lesiones gravísimas (artículo 318 del Código Penal).

3) Violación (artículo 272 del Código Penal).

4) Rapiña (artículo 344 del Código Penal).

5) Privación de libertad agravada (artículo 282 del Código Penal).

6) Secuestro (artículo 346 del Código Penal).

7) Extorsión (artículo 345 del Código Penal).

8) Tráfico de estupefacientes (artículos 31 y 32 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998).

9) Cualquier otra acción u omisión que el Código Penal o las leyes especiales castigan con una pena cuyo límite mínimo sea igual o superior a seis años de penitenciaría o cuyo límite máximo sea igual o superior a doce años de penitenciaría.

10) La tentantiva de las infracciones señaladas en los numerales 1), 5) y 6) y la complicidad en las mismas infracciones.

En los casos de violación no se tomará en cuenta la presunción del ejercicio de violencia (artículo 272 del Código Penal).

Las restantes son infracciones graves a la ley penal.

Artículo 73. (Adecuación a la normativa del Código Penal y de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995).- El Juez deberá examinar cada uno de los elementos constitutivos de la responsabilidad, de las circunstancias que eximen de la aplicación de medidas o que aminoren el grado de las infracciones y el concurso de infracciones e infractores, tomando en cuenta los preceptos de la parte general del Código Penal, de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995, la condición de adolescentes y los presupuestos de perseguibilidad de la acción.

CAPITULO X

I - Derechos y garantías del procedimiento

Artículo 74. (Principios que rigen).- En todos los casos en que al adolescente se le impute el haber incurrido en actos que se presumen comportan infracción a la ley penal, deberá asegurarse el cumplimiento estricto de las garantías del debido proceso, especialmente las siguientes:

A) Principios de judicialidad y legalidad.- El adolescente imputado de haber cometido una infracción a la ley penal, será juzgado por los Jueces competentes en conformidad a los procedimientos especiales establecidos por este Código.

Se asegurará, además, la vigencia de las normas constitucionales, legales e instrumentos internacionales, especialmente la Convención de los Derechos del Niño.

B) Principio de responsabilidad.- Sólo puede ser sometido a proceso especial, regulado por este Código, el adolescente mayor de trece y menor de dieciocho años de edad, imputado de infracción a la ley penal.

La responsabilidad del adolescente tendrá lugar a partir de la sentencia definitiva que le atribuya la comisión del hecho constitutivo de infracción a la ley penal.

Si se encuentran involucrados niños menores de trece años de edad, se procederá de acuerdo a lo preceptuado en el Capítulo XI, artículos 117 y siguientes de este Código.

C) Principio que condiciona la detención.- Sólo puede ser detenido en casos de infracciones flagrantes o existiendo elementos de convicción suficientes sobre la comisión de una infracción. En este último caso, mediante orden escrita de Juez competente comunicada por medios fehacientes. La detención será una medida excepcional.

D) Principio de humanidad.- El adolescente privado de libertad será tratado con la humanidad y respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana.

Ningún adolescente será sometido a torturas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a experimentos médicos o científicos.

Tendrá derecho a mantener contacto permanente con su familia o responsables, salvo en circunstancias especiales.

E) Principio de inocencia.- Tiene derecho a que se presuma su inocencia. No será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.

F) Principio de inviolabilidad de la defensa.- Tiene derecho a contar en forma permanente con asistencia jurídica gratuita, especializada, pública o privada, a partir de la detención, durante el proceso y hasta la ejecución completa de las medidas.

G) Principio de libertad de comunicación.- Tiene derecho durante la privación de libertad, de comunicarse libremente y en privado con su defensa, con sus padres, responsables, familiares y asistentes espirituales.

H) Principio de prohibición del juicio en rebeldía.- Tiene derecho de no ser juzgado en su ausencia, so pena de nulidad de todo lo actuado (artículo 21 de la Constitución de la República).

I) Principio de impugnación.- Todo adolescente tendrá derecho a impugnar todas las decisiones judiciales que lo perjudiquen.

J) Principio de duración razonable.- En ningún caso la situación derivada de la formalización del proceso excederá en sus consecuencias al término de duración de la medida que hubiere correspondido.

K) Principio de asistencia de intérpretes.- Todo adolescente tendrá derecho a contar con la libre asistencia gratuita de un intérprete, si no comprende o no habla el idioma oficial.

L) Principio de oportunidad reglada.- El adolescente tiene derecho a que se prescinda del procedimiento cuando, por la característica del hecho o por la naturaleza del bien jurídico agredido, no se justifica la prosecución de la acción.

II - Régimen procesal

Artículo 75. (Principio general).- En todos los casos en que se investigue la responsabilidad del adolescente, el procedimiento se ajustará a los trámites establecidos por este Código y subsidiariamente por el Código General del Proceso.

Artículo 76. (Procedimiento).-

1) Actuaciones previas al proceso.

A) Cometidos de la autoridad policial.

Cuando proceda la detención del adolescente

conforme a lo establecido en el literal C) del artículo 74, la autoridad aprehensora, bajo su más severa responsabilidad, deberá:

a) Realizar la actuación de modo que menos perjudique a la persona y reputación del adolescente.

b) Poner el hecho de inmediato en conocimiento del Juez, o en un plazo máximo de dos horas después de practicada la detención.

c) Hacer conocer al adolescente los motivos de la detención y los derechos que le asisten, especialmente el derecho que tiene de designar defensor.

d) Informar a sus padres o responsables, como forma de asegurar sus garantías y derechos.

e) Si fuere necesario, antes de conducirlo a la presencia del Juez, hará constar lo indispensable para la información de los hechos.

f) Si no fuere posible llevarlo de inmediato a la presencia del Juez, previa autorización de éste, deberá conducírselo a la dependencia especializada del Instituto Nacional del Menor que corresponda o del Instituto Policial, no pudiendo permanecer en este último lugar por más de doce horas.

g) Los traslados interinstitucionales y a la sede judicial deben estar precedidos del correspondiente examen médico.

B) Cuando el Juez tome conocimiento que el adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo 117 de este Código, lo pondrá en conocimiento del Juez competente, sin perjuicio de la actuación procesal referida a la infracción.

2) Audiencia preliminar.

En los casos de infracciones de adolescentes que lo

justifiquen, el Juez dispondrá, en un plazo que no exceda las veinticuatro horas, la realización de una audiencia preliminar donde deberán estar presentes, bajo pena de nulidad, el adolescente, su defensor y el Ministerio Público.

Se procurará la presencia de los padres o responsables. También podrán comparecer, si lo aceptaran y no existiera peligro para su seguridad, la víctima y testigos.

El Juez, al interrogarlo, le hará conocer en términos accesibles los motivos de la detención y los derechos que le asisten.

Se dispondrá la inmediata agregación de la partida de nacimiento o la acreditación de la edad mediante medios sustitutivos.

Mediando acuerdo de partes, podrá prescindirse de la agregación inmediata.

3) Medidas probatorias.

Durante esta audiencia, el Ministerio Público y la defensa podrán solicitar las medidas que estimen convenientes.

La información deberá recabarse en un plazo que no exceda de los veinte días continuos y perentorios, contados a partir de la decisión judicial.

La prueba se diligenciará en audiencia con las garantías que aseguren el debido proceso, incluidos los informes del equipo técnico, en un plazo que no exceda de los veinte días, continuos y perentorios, contados a partir de la decisión judicial.

En todo lo que le fuere requerido, la Policía prestará colaboración.

4) Resolución de la audiencia preliminar y medidas cautelares.

Al culminar la audiencia preliminar el Juez:

A) Dispondrá las medidas probatorias a que refiere el numeral anterior.

B) Fijará la audiencia final en un plazo de sesenta días, salvo si decreta como medida cautelar el arresto domiciliario o la internación provisoria, caso en que dicha audiencia se fijará en un plazo máximo de treinta días.

C) Decidirá la aplicación de alguna medida cautelar, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral siguiente.

5) Medidas cautelares.

El Juez, a pedido del Ministerio Público, y oída la defensa, dispondrá las medidas cautelares necesarias que menos perjudiquen al adolescente.

Son medidas cautelares:

1) La prohibición de salir del país.

2) La prohibición de acercarse a la víctima o a otras personas, de concurrir a determinados lugares o de tomar contacto con personas determinadas.

3) La obligación de concurrir periódicamente al Tribunal o ante la autoridad que el Juez determine.

4) El arresto domiciliario.

5) La internación provisoria.

El arresto domiciliario y la internación provisoria no podrán durar más de sesenta días. Transcurrido ese plazo sin que se hubiera dictado sentencia de primera instancia, se deberá dejar en libertad al adolescente. Ambas medidas cautelares sólo podrán aplicarse si la infracción que se imputa al adolescente puede ser objeto en definitiva de una medida privativa de libertad, de acuerdo con el artículo 86, y siempre que ello sea indispensable para:

A) Asegurar la comparecencia del adolescente a los actos procesales esenciales.

B) La seguridad de la víctima, el denunciante o los testigos.

La internación provisoria se cumplirá en un establecimiento especial del Instituto Nacional del Menor.

6) Informe del equipo técnico.

Si el Juez resuelve la internación, dispondrá que el equipo técnico del establecimiento de internación, en un término que no exceda los veinte días dispuestos para la prueba, produzca un informe con una evaluación médica y psicosocial, el cual se expedirá especialmente sobre las posibilidades de convivencia en régimen de libertad.

7) Informe del Centro de Internación.

Los técnicos producirán los informes verbales o escritos que el Juez disponga y supervisarán la aplicación de las medidas. Los informes verbales se producirán en audiencia.

8) Formulación de demanda o sobreseimiento.

Diligenciada la prueba, los autos pasarán en vista al Ministerio Público por seis días. En caso de deducir acusación, relacionará las pruebas ya diligenciadas y analizará los informes técnicos y formulará los presupuestos fácticos, jurídicos y técnicos de la imputación.

Si el Ministerio Público solicitara el sobresei-miento, el Juez lo dictará sin más trámite. Si se dedujere demanda fiscal, se conferirá traslado a la defensa por seis días, la que podrá ofrecer prueba y contradecir o allanarse.

9) Allanamiento.

De mediar allanamiento de la defensa, el Juez deberá dictar sentencia en cinco días.

10) Audiencia final.

Deberán participar, bajo pena de nulidad, el adolescente, su defensor y el Ministerio Público.

Será convocada dentro de los quince días de la contestación de la demanda fiscal, por la defensa.

Se pondrán a disposición los informes técnicos recabados.

Se dará participación a sus padres o responsables, y a la víctima, si lo solicitaren.

11) Plazo para dictar sentencia.

El Juez deberá dictar sentencia definitiva de primera instancia al cabo de la audiencia final, y en esa misma oportunidad expedir el fallo con sus fundamentos. Se dará lectura de todo ello, a los efectos de su comunicación (artículo 76 del Código General del Proceso), siendo de aplicación, en lo pertinente, el artículo 245 del Código del Proceso Penal.

La sentencia será escrita y deberá ser redactada de un modo breve y claro para que pueda ser comprendida en todas sus partes por el adolescente imputado.

Cuando la complejidad del asunto lo justifique, se podrá prorrogar la audiencia por quince días perentorios, procediéndose para su comunicación a la formalización de una audiencia complementaria.

12) Contenido de la sentencia.

Si se dispusieran medidas socioeducativas, las sentencias serán dictadas con la finalidad de preservar el interés del adolescente.

La privación de libertad se utilizará sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda.

Deberá fundamentar por qué no es posible aplicar otra medida distinta a la de privación de libertad.

El Juez no podrá imponer medidas educativas sin previo pedido del Ministerio Público, ni hacerlo de manera más gravosa de la solicitada por éste.

13) Coparticipación de mayores.

En el caso de hechos con apariencia delictiva en que se hallen involucrados adolescentes junto a personas mayores, la autoridad policial lo hará saber simultáneamente al Juez Letrado de Adolescentes y al Juez Penal de Turno, quienes actuarán en forma paralela, comunicándose recíprocamente las alternativas de la causa.

Deberá recabarse autorización del Juez Letrado de Adolescentes para el traslado del adolescente al Juzgado Penal, siempre que sea necesaria su declaración.

14) Régimen impugnativo.

Se aplicará el régimen impugnativo que la ley establece (artículos 253 y 254 del Código General del Proceso).

La apelación será automática cuando la medida impuesta tenga una duración superior a un año de privación de libertad.

15) Zonas de difícil acceso.

Cuando, en virtud de la distancia o por otras circunstancias, no sea posible llevar de inmediato al adolescente a presencia del Juez Letrado competente, el Juez de Paz respectivo podrá adoptar las primeras y más urgentes medidas (artículo 45 del Código del Proceso Penal).

III - Medidas socioeducativas

Artículo 77. (Principios generales).- Las medidas contempladas en este Código sólo podrán aplicarse a los adolescentes respecto a los cuales haya recaído declaración de responsabilidad, por sentencia ejecutoriada.

Artículo 78. (Ejecución de las medidas).- Una vez que el Juez disponga las medidas, deberá comunicarlo por escrito al Instituto Nacional del Menor o institución privada seleccionada para el cumplimiento de la misma, con remisión del texto de las resoluciones o sentencias, sin cuyos requisitos el órgano destinatario no dará curso a la ejecución de la misma.

Artículo 79. (Medidas complementarias).- Todas las medidas que se adopten conforme a lo establecido en el numeral 12) del artículo 76, se podrán complementar con el apoyo de técnicos, tendrán carácter educativo, procurarán la asunción de responsabilidad del adolescente y buscarán fortalecer el respeto del mismo por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros como asimismo, el robustecimiento de los vínculos familiares y sociales.

La medida será seleccionada por el Juez, siguiendo los criterios de proporcionalidad e idoneidad para lograr tales objetivos.

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Artículo 80. (Medidas sustitutivas).- Podrán aplicarse, entre otras, las siguientes medidas no privativas de libertad:

A) Advertencia, formulada por el Juez en presencia del defensor y de los padres o responsables, sobre los perjuicios causados y las consecuencias de no enmendar su conducta.

B) Amonestación, formulada por el Juez en presencia del defensor, de los padres o responsables, intimándolo a no reiterar la infracción.

C) Orientación y apoyo mediante la incorporación a un programa socioeducativo a cargo del Instituto Nacional del Menor o de instituciones públicas o privadas, por un período máximo de un año.

D) Observancia de reglas de conducta, como prohibición de asistir a determinados lugares o espectáculos, por un período que no exceda de seis meses.

E) Prestación de servicios a la comunidad, hasta por un máximo de dos meses.

F) Obligación de reparar el daño o satisfacción de la víctima.

G) Prohibición de conducir vehículos motorizados, hasta por dos años.

H) Libertad asistida.

I) Libertad vigilada.

Artículo 81. (Programas de orientación).- Los programas de orientación y apoyo tienen por finalidad incorporar paulatinamente al adolescente al medio familiar o grupo de crianza u otros grupos, así como a los centros de enseñanza, y cuando corresponda, a los centros de trabajo.

Estos programas podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional del Menor o por otras instituciones públicas o privadas.

Artículo 82. (Trabajos en beneficio de la comunidad).- Los trabajos en beneficio de la comunidad se regularán de acuerdo a las directivas que al efecto programe el Instituto Nacional del Menor.

Preferentemente podrán realizarse en hospitales y en otros servicios comunitarios públicos. No podrán exceder de seis horas diarias. La autoridad administrativa vigilará su cumplimiento, concertando con los responsables de su ejecución, de forma que no perjudique la asistencia a los centros de enseñanza, de esparcimiento y las relaciones familiares, en todo lo cual se observará el cuidado de no revelar la situación procesal del adolescente.

Artículo 83. (Obligación de reparar el daño o satisfacción de la víctima).- En cualquier etapa del proceso, previa conformidad del adolescente y de la víctima o a petición de parte, el Juez podrá derivar el caso a mediación, suspendiéndose las actuaciones por un plazo prudencial. Alcanzando un acuerdo, previo informe técnico y oídos la defensa y el Ministerio Público, el Juez deberá valorar razonablemente desde la perspectiva exclusiva del interés superior del adolescente, el sentido pedagógico y educativo de la reparación propuesta, disponiendo, en caso afirmativo, la clausura de las actuaciones. Tal decisión será preceptiva en caso de opinión favorable del Ministerio Público. El mismo efecto tendrán los acuerdos conciliatorios celebrados en audiencia.

Artículo 84. (Régimen de libertad asistida y vigilada).-

A) El régimen de libertad asistida consiste en acordarle al adolescente el goce de libertad en su medio familiar y social.

Será, necesariamente, apoyado por especialistas y funcionarios capacitados para el cumplimiento de programas educativos.

El Juez determinará la duración de la medida.

En cualquier momento de su ejecución la medida podrá ser interrumpida, revocada o sustituida, de oficio o a instancia de los actores habilitados y previa intervención del Ministerio Público y del defensor.

B) El régimen de libertad vigilada consiste en la permanencia del adolescente en la comunidad con el acompañamiento permanente de un educador, durante el tiempo que el Juez determine.

Artículo 85. ("Non bis in idem").- El Juez sólo podrá aplicar una de las medidas previstas en este Título o en el siguiente.

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Artículo 86. (Aplicación).- Las medidas privativas de libertad sólo se aplicarán a los adolescentes declarados por sentencia ejecutoriada, responsables de infracción, que a juicio del Juez justifique las mismas.

También podrán aplicarse a los adolescentes que, habiendo sido declarados por sentencia ejecutoriada responsables de una infracción, incumplan las medidas adoptadas por el Juez.

Artículo 87. (Aplicabilidad).- Las medidas privativas de libertad no son obligatorias para el Juez. Se aplicarán cuando configurándose los requisitos legales, no existan otras medidas adecuadas dentro de las no privativas de libertad. El Juez fundamentará los motivos de la no aplicación de otras medidas. Se tendrá en consideración el derecho del adolescente a vivir con su familia, y en caso que proceda la separación, a mantener contacto permanente con la familia, pareja, amigos, referentes afectivos y otros, si ellos no fueren perjudiciales para el mismo.

Artículo 88. (Medidas privativas de libertad).- Las medidas privativas de libertad son:

A) Internación en establecimientos, separados completamente de los establecimientos carcelarios destinados a adultos.

B) Internación en iguales establecimientos con posibilidades de gozar de semilibertad.

REGIMEN DE PRIVACION DE LIBERTAD

Artículo 89. (Privación de libertad).- El régimen de privación de libertad consiste en recluir al adolescente en un establecimiento que asegure su permanencia en el recinto, sin menoscabo de los derechos consagrados en este Código, las normas constitucionales, legales e instrumentos internacionales.

Artículo 90. (Régimen de semilibertad).- El régimen de semilibertad consiste en disponer que el adolescente, cuya privación de libertad ha sido dispuesta en establecimientos, goce de permiso para visitar a su familia o para la realización de actividades externas, de ocho horas de duración, en su beneficio personal, controladas por la autoridad donde se encuentra internado.

Este régimen se extiende, a voluntad del adolescente, mientras se aplica la medida de privación de libertad, salvo la suspensión temporaria o definitiva por inobservancia de las reglas de comportamiento.

Artículo 91. (Duración de las medidas de privación de libertad).- La medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de cinco años.

En ningún caso el adolescente que al llegar a los dieciocho años permanece sujeto a medidas, cumplirá lo que le resta en establecimientos destinados a los adultos.

En situaciones de peligrosidad manifiesta, se adoptarán las medidas que fueren compatibles con la seguridad de la población y los propósitos de recuperación del infractor.

Artículo 92. (Cumplimiento).- El cumplimiento de las medidas de privación de libertad son de responsabilidad exclusiva, irrenunciable e indelegable del Estado.

Se cumplirán en centros especiales hasta la finalización de las medidas y de acuerdo a criterios, entre otros, de edad, complexión física, gravedad de la infracción y adaptación a la convivencia.

En ningún caso podrán cumplirse en establecimientos destinados a los adultos.

Se tendrá especial cuidado por las situaciones en que el adolescente requiera tratamiento médico, en cuyo caso deberá ser internado en un centro adecuado a sus condiciones.

Artículo 93. (Infractores con dependencia).- En los casos de adolescentes infractores, que padecen dependencias alcohólicas o toxicómanas, se efectivizará la asistencia a programas de orientación y tratamiento adecuados.

Artículo 94. (Procedimiento por modificación o cese de las medidas).- Se deberá decretar, en cualquier momento, el cese de la medida cuando resulte acreditado en autos que la misma ha cumplido su finalidad socieducativa.

La tramitación de todas las solicitudes de sustitución, modificación o cese de las medidas, se hará en audiencia, debiendo dictarse resolución fundada, previo los informes técnicos que se estimen pertinentes, con presencia del adolescente, de sus representantes legales, de la defensa y del Ministerio Público.

La audiencia deberá celebrarse en un plazo que no exceda los diez días a partir de la respectiva solicitud.

Artículo 95. (Traslado de infractores).- La internación de los adolescentes fuera de la jurisdicción de su domicilio se limitará al mínimo posible, atendidas las circunstancias del caso.

Cuando los Juzgados dispongan la internación de adolescentes infractores fuera de su jurisdicción, declinarán competencia para ante el Juez del lugar de internación.

Deberán enviar junto con el adolescente, fotocopia certificada del expediente en sobre cerrado, que será entregado por el funcionario que lo traslade, bajo su más grave responsabilidad funcional, al Juez de turno del lugar de la internación.

Artículo 96. (Reserva).- Queda prohibida la identificación de la persona del adolescente por cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de la información sobre los hechos.

Los funcionarios públicos que faciliten noticias a la prensa, en contravención a lo dispuesto en el inciso anterior, serán pasibles de una suspensión de diez días con pérdida de haberes la primera vez, y un mes por la siguiente. La tercera infracción dará lugar a la destitución. La infracción será comunicada preceptivamente a la institución a que pertenece, con transcripción de las normas.

Los medios de comunicación que infringieron lo dispuesto en el inciso primero incurrirán en una multa, a juicio del Juez, equivalente entre 20 UR (veinte unidades reajustables) y 200 UR (doscientas unidades reajustables), según los casos, siendo el destino de la misma el Instituto Nacional del Menor.

Artículo 97. (Competencia).- En las infracciones previstas en el inciso tercero del artículo anterior, entenderán los Jueces Letrados de Adolescentes, siguiendo el procedimiento legal para reprimir las faltas en el Derecho Penal de Adultos.

Artículo 98. (Recurribilidad).- La sentencia podrá ser apelada ante el Tribunal de Familia respectivo, cuya decisión hará cosa juzgada.

IV - Principios de la ejecución

Artículo 99. (Supuestos de la ejecución).- La actividad procesal de ejecución de las medidas educativas, comprende los actos destinados a promover el cumplimiento de las medidas y el trámite y la decisión de las cuestiones sobrevinientes.

Artículo 100. (Control que ejercen los Jueces competentes).- Son cometidos de los Jueces Letrados de Adolescentes:

1) Vigilar los casos en los que han recaído medidas educativas dispuestas por sentencia ejecutoriada, hasta el término de su cumplimiento.

2) Entender por audiencia y con intervención del defensor y Ministerio Público, las reclamaciones de los adolescentes durante el período de ejecución de las medidas, tanto en los establecimientos, como fuera de ellos.

3) Visitar, por lo menos cada tres meses los centros de internación, dejando constancia en el expediente respectivo del resultado.

Sin perjuicio de lo que antecede, podrá realizar inspecciones cada vez que lo considere oportuno.

En ambos casos, tomar las medidas que más convengan al interés superior del adolescente.

4) Dar cuenta a la Suprema Corte de Justicia en los casos en que se constaten irregularidades graves.

Artículo 101. (Control de la autoridad administrativa).- El Instituto Nacional del Menor o las autoridades de los establecimientos de internación, informarán cada tres meses al Juez sobre la forma como se cumple la medida y la evolución del adolescente.

El Instituto Nacional del Menor reglamentará el funcionamiento de los establecimientos donde se cumplen las medidas privativas de libertad.

V - Derechos y deberes durante la ejecución de las medidas socioeducativas

Artículo 102. (Principio especial de la privación de libertad).- Sin perjuicio de los derechos y garantías enumerados en el artículo 74, se tendrán en cuenta los derechos y deberes de los adolescentes, con miras a contrarrestar los efectos perjuidiciales de la institucionalización y a fomentar su integración a la sociedad:

A) Derechos:

1) A ser informado del régimen de funcionamiento institucional y de sus derechos y deberes y conocer a los funcionarios que lo tendrán bajo su responsabilidad durante la internación o en régimen ambulatorio.

2) A conocer el régimen interno a fin de comunicarse personalmente con el Juez, Fiscal, defensor, educadores, familiares y a ejercer efectivamente ese derecho.

3) A estar informado sobre las medidas que se proyectan para lograr su inserción al ámbito familiar y social.

4) A recibir los servicios de salud, sociales, educativos, religiosos y de esparcimiento, y ser tratado conforme a su desarrollo y necesidades.

En todo caso se garantizará su seguridad, en tanto protección contra influencias nocivas y situaciones de riesgo.

5) A estar informado sobre el régimen de convivencia.

6) A no ser trasladado del centro donde cumple la medida educativa sin que se dé cuenta de inmediato al Juez competente. Todo traslado podrá ser recurrido conforme a derecho, sin efecto suspensivo.

7) No podrán imponerse sanciones colectivas.

B) Deberes:

Durante la ejecución de las medidas, los adolescentes, deberán respetar a sus educadores y responsables y observar los reglamentos internos en cuanto a convivencia, estudio y tareas de capacitación, esparcimiento, aseo personal y de las dependencias que ocupan, y respeto a sus educadores, responsables y demás personas con quienes se vinculan cotidianamente.

C) Ambito de aplicación:

Todos los derechos y deberes establecidos en orden a la ejecución de las medidas socioeducativas, se aplicarán, en lo pertinente, a todo tipo de privación de libertad.

VI - Cesación del proceso

Artículo 103. (Principio general).- En cualquier estado del proceso el Juez, oyendo al Ministerio Público, al adolescente y a su defensa, dispondrá la clausura del proceso, en los siguientes casos:

1) Cuando se comprobare que el adolescente no es responsable.

2) Cuando se comprobare que no es el autor, coautor o cómplice del hecho constitutivo de la infracción.

3) Cuando se comprobare que obró amparado por alguna de las circunstancias que eximen de pena.

4) Cuando ha prescripto la acción por el hecho imputado. El plazo de prescripción será de dos años para los delitos gravísimos y un año para los delitos graves.

Artículo 104. (Prescindencia de la acción penal).- En cualquier estado del proceso el Juez podrá, oyendo al Ministerio Público, al adolescente y a su defensa, prescindir total o parcialmente de la persecución penal; o limitada a una o varias infracciones o de alguna o de todas las personas que hayan participado en el hecho, cuando:

A) Se trate de un hecho que, por su escasa gravedad o lo exiguo de la contribución del partícipe, haga innecesaria una medida en definitiva.

B) El adolescente haya sufrido, a consecuencia del hecho, un daño físico o moral grave.

Artículo 105. (Egreso y clausura de antecedentes).- Decretado el cese, si el adolescente estuviese privado de libertad, se dispondrá su inmediato egreso y clausura de antecedentes.

VII - De las medidas curativas

Artículo 106. (Procedencia).- A los adolescentes incapaces que hubieren cometido infracciones a la ley penal, se les aplicarán, con las garantías del debido proceso fijado para los infractores, las medidas de carácter curativo, que se cumplirán en establecidos adecuados y separados de los adultos mayores de dieciocho años. Corresponde a los Directores de dichos establecimientos y a los técnicos que designe el Juez, determinar su tratamiento.

Artículo 107. (Control).- Durante la internación, se aplicarán, en lo pertinente, las medidas de contralor a cargo de los Jueces Letrados de Adolescentes, establecidas en el artículo 100.

VIII - De las audiencias

Artículo 108. (Presencia del Juez).- El Juez Letrado de Adolescentes presidirá por sí mismo las audiencias, bajo pena de nulidad, que compromete su responsabilidad funcional.

Igual deber compete al Ministerio Público, al defensor y a los técnicos asesores a quienes el Juez requiera opinión. Los defensores privados que no asistan serán sustituidos por Defensores de Oficio.

Sin la presencia del adolescente no podrá llevarse a cabo ninguna audiencia.

Artículo 109. (Contenido de las audiencias).-

1) Las audiencias preliminar y final, referidas en los numerales 2) y 10) del artículo 76 se documentarán con la mayor precisión en acta que se labrará durante su desarrollo o al cabo de la misma. En forma resumida se consignará fecha y lugar en que se labra, describirán los hechos, la tipificación legal con expresa mención de la norma jurídica presuntamente violada y las alegaciones de las partes, quienes podrán solicitar lo que estimen pertinente para asegurar la fidelidad de resumen. La decisión del Juez deberá comprender el examen de los puntos tratados por las partes.

2) Si lo solicitaren, se entregarán a las partes copia íntegra de las sentencias definitivas, autenticadas por la Oficina Actuaria.

Artículo 110. (Acceso al expediente).- Las partes y los técnicos designados durante el trámite tendrán, en todo momento, libre acceso al expediente, salvo casos excepcionales, a juicio del Juez y en atención al interés superior del adolescente.

IX - De las comunicaciones procesales

Artículo 111.- (Notificaciones preceptivas).-

1) Cuando se produzca la detención del adolescente, el Juez dispondrá que el hecho sea inmediatamente notificado por la Policía a su defensor, al Ministerio Público y a los padres o representantes legales; el mismo procedimiento se seguirá con los asesores técnicos para cuyo asesoramiento el Juez estime necesario convocar.

2) Las actuaciones dispuestas en audiencia se tendrán por notificadas a quienes estén presentes o hayan debido concurrir al acto.

3) Salvo en los casos que indique el Juez, las notificaciones se practicarán en la oficina.

A tal efecto, todos los interesados que actúen en el procedimiento respectivo, excepción hecha del Ministerio Público, concurrirán a la oficina para enterarse de las actuaciones.

Artículo 112. (Notificación ficta).- Si la notificación se retardare tres días hábiles por falta de comparecencia del interesado, se tendrá por efectuada, sin necesidad de constancia alguna en los autos.

Si el día que concurriere el interesado, la actuación no se hallare disponible, la Oficina Actuaria expedirá constancia en formulario al efecto, si aquél lo solicitare (artículo 86 del Código General del Proceso).

Artículo 113. (Autorización para notificarse).- Por simple escrito se podrá autorizar a una tercera persona para que con ella se entiendan las notificaciones.

Artículo 114. (Régimen complementario).- En todos los casos no contemplados en este Código se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones del Código General del Proceso (artículos 76 a 90 de la Sección III).

X - Plazos procesales

Artículo 115. (Carácter de los plazos).-

1) Todos los plazos señalados en este Código son perentorios e improrrogables. En casos excepcionales, el Juez podrá suspender su curso fundando la medida y su duración.

2) Para regular su aplicación se atenderá a lo dispuesto por los artículos 92 a 99 del Código General del Proceso.

Artículo 116. (Infracciones reiteradas).- En los casos de infracciones reiteradas, los procesos se tramitarán por el Juez competente de cada una hasta la sentencia ejecutoriada, sin perjuicio de la unificación de las medidas impuestas, la que se realizará en vía incidental por el Juez Letrado de Adolescentes que hubiere entendido en la última infracción.

La Suprema Corte de Justicia reglamentará el régimen de antecedentes judiciales.

CAPITULO XI

I - Protección de los derechos amenazados o vulnerados de los niños y adolescentes y situaciones especiales

Artículo 117. (Principio general).- Siempre que los derechos reconocidos a los niños y adolescentes en este Código sean amenazados o vulnerados, se aplicarán las medidas que dispone este título.

De igual forma se aplicarán a los niños que vulneren derechos de terceros.

Artículo 118. (Primeras diligencias).- El Juez que tiene conocimiento, por cualquier medio, que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo anterior, tomará las más urgentes e imprescindibles medidas, debiéndose proceder a continuación conforme lo estatuye el artículo 321 del Código General del Proceso.

Salvo imposibilidad, tomará declaración al niño o adolescente, en presencia del defensor que se le proveerá en el acto y de sus padres o responsables, si los tuviere, y recabará los informes técnicos correspondientes.

El Ministerio Público deberá ser oído preceptivamente, quien intervendrá en favor del efectivo respeto a los derechos y garantías, reconocidos a los niños y adolescentes, debiéndose pronunciar en el plazo de tres días.

Artículo 119. (Medidas).- Medidas para los padres o responsables.

El Juez podrá imponer, en protección de los derechos de los niños y adolescentes, para los padres o responsables, las siguientes medidas:

A) Llamada de atención para corregir o evitar la amenaza o violación de los derechos de los hijos a su cuidado, y exigir el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en la protección de los derechos afectados.

B) Orientación, apoyo y seguimiento temporario socio-familiar prestado por programas públicos o privados reconocidos.

C) Obligación de inscribir al niño o adolescente en un centro de enseñanza o programas educativos o de capacitación y observar su asistencia o aprendizaje.

D) Derivación a un programa público o privado de protección a la familia.

Artículo 120. (Medidas ambulatorias para niños y adolescentes).- El Juez dispondrá las siguientes medidas:

A) Que el Instituto Nacional del Menor otorgue protección a sus derechos a través del sistema de atención integral diurno. Al mismo servicio podrá recurrirse respecto a los institutos privados especializados, que así lo acepten.

B) Solicitud de tratamiento ambulatorio médico, psicológico o psiquiátrico a instituciones públicas o privadas.

El Instituto Nacional del Menor podrá solicitar o aplicar directamente estas medidas, cuando su intervención haya sido requerida por el niño, padres o responsables o terceros interesados.

Artículo 121. (Medidas en régimen de internación sin conformidad del niño o adolescente).- El Juez solamente podrá ordenar la internación compulsiva en los siguientes casos:

A) Niño o adolescente con patología psiquiátrica.

B) Niño o adolescente que curse episodios agudos vinculados al consumo de drogas.

C) Niño o adolescente necesitado de urgente tratamiento médico destinado a protegerlo de grave riesgo a su vida o a su salud.

En todos los casos deberá existir prescripción médica. El plazo máximo de la internación será de treinta días prorrogables por períodos de igual duración mediando indicación médica hasta el alta de internación.

El Instituto Nacional del Menor podrá aplicar directamente estas medidas mediando indicación médica y cuando su intervención obedezca a la situación de un niño o adolescente que pone en riesgo inminente su vida o la integridad física de otras personas, de todo lo que se dará cuenta inmediata al Juez de Familia de Urgencia.

Artículo 122. (Adicciones a drogas y alcohol).- El Juez podrá ordenar la aceptación de niños y adolescentes en centros residenciales especializados de atención a adicciones de drogas y alcohol, sea en régimen de tiempo completo, ambulatorio o semiambulatorio.

Tratándose de adolescentes se requerirá su conformidad; en caso de niños será necesario el consentimiento de sus padres o responsables y se oirá previamente al niño.

En todos los casos se deberá proporcionar defensor al niño o adolescente, tomar declaración salvo imposibilidad, oír preceptivamente al Ministerio Público, tomar declaración a los padres o responsables, y recabar los informes técnicos correspondientes.

Artículo 123. (Derivación a centros de atención permanente para niños y adolescentes).- El Juez podrá disponer la derivación de un niño o adolescente a un centro de atención permanente como medida de último recurso, cuando se encuentre gravemente amenazado su derecho a la vida o integridad física.

Esta medida no podrá implicar en caso alguno privación de libertad y durará el menor tiempo posible, promoviéndose la superación de la amenaza de sus derechos para favorecer su egreso.

En estos establecimientos se procurará mantener los vínculos familiares, según lo dispone el artículo 12 de este Código y la incorporación del niño o adolescente al sistema educativo que corresponda, según sea su edad.

Artículo 124. (Programas de atención integral).- El Estado deberá garantizar a todos los niños y adolescentes el derecho a acceder voluntariamente a programas de atención integral, cuidados y alojamiento. Si la solicitud fuera formulada por los padres, se oirá preceptivamente al niño, quien será asistido por su defensor.

Si a la solicitud formulada por el niño o adolescente se oponen sus padres o responsables, sin perjuicio de la inmediata protección del niño o adolescente, la situación se pondrá en el más breve plazo posible en conocimiento del Juzgado de Familia de Urgencia.

El Juez resolverá atendiendo a la opinión del niño o adolescente. Deberá tenerse en cuenta ésta y el interés superior.

Artículo 125. (Programas de alternativa familiar).- El Juez podrá entregar al niño o adolescente gravemente amenazado en su derecho a la vida o integridad física o privado de su medio familiar, al cuidado de una persona o matrimonio seleccionado por el Instituto Nacional del Menor, que se comprometa a brindarle protección integral.

Estos niños o adolescentes deberán recibir orientación y apoyo de la persona o matrimonio, quienes serán supervisados por medio de equipos especializados.

Artículo 126. (Comportamiento policial).- Cuando la autoridad policial tome conocimiento que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo 117 de este Código, deberá llevarlo de inmediato a presencia del Juez competente, el que notificará con la mayor urgencia al Instituto Nacional del Menor.

Si no fuera posible llevarlo de inmediato a presencia del Juez, previa autorización, deberá llevarlo al Instituto Nacional del Menor, quien deberá prestarle la debida atención.

Artículo 127. (Responsabilidad penal).- Si se configuraren elementos de convicción suficientes como para atribuir responsabilidad penal a los padres, responsables o terceros, se pasarán los antecedentes al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal o al Juzgado Letrado de Primera Instancia del Interior, que corresponda.

Artículo 128. (Reserva de autos).- Cumplidas las diligencias por la Justicia, se reservarán los autos, sin perjuicio del seguimiento y control que el Juez interviniente considere adecuado efectuar.

Artículo 129. (Competencia).- Los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior de la República tendrán igual competencia que la asignada a los Jueces de Familia (artículo 71 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985).

II - Del maltrato y abuso del niño o adolescente

Artículo 130. (Definición).- A los efectos de este título entiéndese por maltrato y abuso del niño o adolescente las siguientes situaciones, no necesariamente taxativas: maltrato físico, maltrato psíquico-emocional, prostitución infantil, pornografía, abuso sexual y abuso psíquico o físico.

Artículo 131. (La denuncia).- Ante denuncia escrita o verbal por la realización de cualquiera de las conductas mencionadas en el artículo anterior, la autoridad receptora deberá comunicar el hecho de forma fehaciente e inmediata al Juzgado competente. En todo caso el principio orientador será prevenir la victimización secundaria.

III - De los hogares de cuidado

Artículo 132. (Entrega de niños y adolescentes).- El que entregue a un niño o adolescente a persona ajena a la familia biológica y quien o quienes lo reciban, deberán comunicarlo al Juez de Familia dentro de las cuarenta y ocho horas. El Juez adoptará en forma urgente las medidas de protección necesarias y solicitará informe psicológico y social respecto a las posibilidades de mantener al niño o adolescente en su familia de origen. En caso afirmativo, dispondrá las medidas de apoyo familiar que se requieran para asegurar la permanencia de este vínculo filial. De lo contrario, deberá proceder conforme se dispone en el artículo siguiente.

Artículo 133. (Separación definitiva. Procedimiento).- La separación de un niño o adolescente de su familia de origen, deberá ser decretada por resolución fundada del Juez competente, sobre la base de información fehaciente y previo el asesoramiento de equipo técnico especializado. El procedimiento para decretarla se regulará por las disposiciones del proceso extraordinario regulado por el Código General del Proceso, debiendo designarse defensor al niño o adolescente, aplicándose el literal C) del artículo 35 de este Código, quienes deberán ser oídos si fuese posible. Se citará y emplazará a los padres o responsables y a quienes, hasta la entrega a que hace referencia el artículo anterior, se hubieren ocupado del niño.

Una vez resuelta la separación definitiva, deberá asegurarse su inserción en un medio adecuado, prefiriéndose aquellos hogares que permitan al niño salvaguardar sus vínculos afectivos. A tales efectos podrá disponerse, entre otros, la tenencia por terceros (artículo 36), la integración a un hogar institucional que ofrezca garantías para su adecuado desarrollo, o la adopción. Cuando se entendiere por la Sede que corresponde la colocación de un niño en una familia con fines de adopción, deberá intervenir el Instituto Nacional del Menor o una institución especializada autorizada para ello (artículo 158). Cuando los padres de origen, o los integrantes de esa familia de origen presten su consentimiento a los efectos previstos en este artículo, el mismo sólo será válido si ha sido dado en presencia del Juez, con el asesoramiento necesario y en conocimiento de las consecuencias que ello implicará.

Artículo 134. (Invalidez).- No tendrá validez el consentimiento que se otorgue para la separación del hijo que está por nacer o dentro de los treinta días de su nacimiento.

En caso de que una vez nacido el niño, la madre no desee tenerlo, deberá comunicarse al Juez competente, que procederá como lo dispone el artículo 132. Provisoriamente, el Juez tomará las medidas del caso para la protección del niño, pero no podrá dar comienzo al procedimiento establecido en el artículo anterior hasta que se cumpla el lapso fijado en el inciso primero de este artículo y previa citación de los progenitores del niño.

IV - De la adopción

Adopción simple

Artículo 135. (Adoptantes).-

1) La adopción simple se permite a toda persona mayor de veinticinco años, cualquiera sea su estado civil, y siempre que tenga por lo menos quince años más que el adoptado, y hubiera tenido al niño o adolescente a su cargo por el mínimo de un año.

2) El tutor no puede adoptar al niño o adolescente hasta que hayan sido aprobadas judicialmente las cuentas del cargo.

3) Nadie puede ser adoptado por más de una persona, a no ser por dos cónyuges que tengan por lo menos un año de matrimonio y hubieran tenido al niño o adolescente a su cargo por un término no inferior a un año.

Si no se computara el año de matrimonio, pero hubiera existido durante dicho lapso un concubinato estable que culminó en matrimonio, se incluirá a los efectos de la tenencia, el período de la unión libre.

Por motivo fundado y expreso, el Tribunal podrá otorgar la adopción aun cuando alguno de los cónyuges o ambos no alcanzaren la diferencia de edad con el adoptado o adoptada, reduciéndola hasta un límite que admita razonablemente que éste pueda ser hijo de los adoptantes.

Ninguno de los cónyuges puede adoptar sin el consentimiento expreso del otro, salvo que estuviere impedido de manifestar su voluntad o que exista sentencia de separación de cuerpos.

4) Se permitirá la adopción por parte del nuevo cónyuge o concubino del padre o madre del hijo habido dentro del matrimonio o habido fuera del matrimonio reconocido del otro cónyuge o concubino.

5) Realizada la adopción, la separación o divorcio ulterior de los cónyuges no los exime de sus obligaciones para con el adoptado menor de edad.

Artículo 136. (Adoptados).

1) Puede ser adoptado todo niño o adolescente cuyo consentimiento será recabado conforme a las normas establecidas en este Código.

2) Cuando el adoptado no sea capaz de hacerse entender de ninguna forma, prestarán el consentimiento sus respresentantes legales.

3) Si se trata de un niño o adolescente sometido a patria potestad, será necesario el consentimiento de quien o quienes se encuentren en su ejercicio. En caso contrario, será necesario el consentimiento de quienes lo han tenido a su cargo.

El consentimiento para la adopción será prestado indistintamente ante el Juez Letrado de Familia del domicilio de los adoptantes, compareciendo personalmente ante aquél, o mediante escritura pública.

Los padres que consienten en la adopción quedarán suspendidos en el ejercicio de la patria potestad sobre el niño o adolescente, la que pasará al adoptante. En el caso del numeral 4) del artículo anterior, quien ejerciere la patria potestad sobre el niño o adolescente adoptado por su pareja, continuará en su ejercicio.

El procedimiento se regirá por lo establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 137. (Efectos).-

1) El adoptado continúa perteneciendo a su familia biológica o de origen, donde conserva todos sus derechos.

2) En caso de interdicción, de ausencia comprobada judicialmente, de muerte del adoptante o de revocación de la adopción, durante la minoría de edad del adoptado, se dará conocimiento al Juez del domicilio real de éste, que dispondrá lo que más convenga al interés del niño o adolescente: el reintegro a su familia de origen o la entrega a otra familia sustituta.

3) La adopción sólo establece relaciones jurídicas entre el adoptado y el adoptante y no entre cualquiera de ellos y la familia del otro.

4) La adopción produce los siguientes efectos:

A) Obligación recíproca de respeto entre el adoptante y el adoptado.

B) Obligación de prestarse alimentos como primeros obligados.

Artículo 138. (Revocación).-

1) La adopción podrá revocarse por motivos graves. La misma podrá solicitarse tanto por el adoptante como por el adoptado o quien lo represente, o por el Ministerio Público, ante el Juez de Familia correspondiente.

2) La revocación hará cesar para el futuro los efectos de la adopción, lo que se comunicará a la Dirección General del Registro de Estado Civil a los efectos pertinentes.

3) Se procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 139. (Procedimiento judicial).-

1) Las pretensiones de adopción, así como todas las reclamaciones relacionadas con las mismas, se tramitarán ante el Juzgado Letrado de Familia del domicilio del adoptante mediante el proceso voluntario (artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso) con intervención preceptiva del Ministerio Público.

2) Los interesados a que refiere el artículo 403.2 del mismo Código son los padres y abuelos del niño o adolescente, los que serán citados personalmente o por edictos si no se conociera su domicilio.

En caso de oposición por parte de uno de los mencionados, el proceso será contencioso aplicándose las normas del Código General del Proceso correspondientes al proceso extraordinario (artículos 346 y siguientes).

Previo al pronuncimiento, admitiendo o denegado la adopción el Juzgado interviniente deberá solicitar al Instituto Nacional del Menor, una evaluación sobre las condiciones personales del o los adoptantes, su estabilidad familiar y las demás circunstancias que permitan fundamentar su criterio, para aconsejar la conveniencia o no de la adopción en el caso.

La sentencia que admite la adopción será comunicada a la Dirección General del Registro de Estado Civil, a la Intendencia Municipal correspondiente y a la Dirección Nacional de Identificación Civil, a efectos de la anotación pertinente en la partida del niño o adolescente.

En todos los casos, se deberá tener en cuenta la opinión del niño o adolescente adoptado.

Artículo 140. (Procedimiento ante escribano público).- La adopción podrá, asimismo, ser hecha por escritura pública, aceptada por los representantes legales del adoptado y por el adoptado, en su caso, debiéndose inscribir dentro de los treinta días contados desde su otorgamiento, en un libro especial, que llevará al efecto la Dirección General del Registro de Estado Civil, y deberá constar además, al margen del acta de nacimiento.

La omisión de la inscripción será sancionada con multa al escribano autorizante de la escritura, de 12 UR a 50 UR (doce a cincuenta unidades reajustables), a más de no surtir efecto la adopción hasta después de ser inscripta. Una vez inscripta surtirá efecto desde la fecha de su otorgamiento.

Cuando se trate de la adopción de un niño o de un adolescente, ningún escribano podrá autorizar la escritura respectiva, sin previa autorización del Instituto Nacional del Menor en que se acredite la idoneidad moral y la capacidad del o de los adoptantes, probada por todos los medios de investigación que el Instituto Nacional del Menor considere necesarios.

Artículo 141. (Procedimiento especial).- Tratándse de niños o adolescentes con capacidad diferente que tengan la calidad de huérfanos o separados definitivamente de su familia, el Instituto Nacional del Menor hará un llamado público a personas que deseen adoptarlos en cualquiera de las formas previstas en este Código. El Estado, a través de sus diversos servicios asegurará la atención integral de estos niños y adolescentes en forma gratuita, derecho que se mantendrá cualquiera sea la edad de la persona.

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma de dar vigencia efectiva a este artículo en un plazo de ciento ochenta días con posterioridad a la entrada en vigencia de este Código.

Artículo 142. (Derecho de acceso a los antecedentes).- El adoptado tiene derecho a conocer su condición de tal.

Será deber de los padres adoptivos informarle al respecto siempre que ello no lo perjudique, atendiendo a su edad y características.

Si el adoptado es mayor de quince años de edad podrá solicitar al Juez Letrado de Familia competente la exhibición del expediente judicial o antecedentes de su adopción, fundando su pretensión. El Juez recabando los asesoramientos que correspondan, previa vista al Ministerio Público y apreciando las características, motivos del solicitante y los antecedentes de la adopción, podrá acceder a su petición, informándole acerca de la identidad, situación y paradero de su familia de origen en cuanto estos datos surgieren de los antecedentes, a efectos de permitirle tomar contacto con ella si aquél lo deseara.

El Instituto Nacional del Menor establecerá un programa para apoyar a los padres adoptantes y al adoptado en este proceso de conocimiento y de eventual acercamiento a su familia de origen.

Si el adoptado tiene más de dieciocho años de edad no podrá négarsele el acceso al expediente o antecedentes respectivos.

Se podrá habilitar el acceso a otras personas en los siguientes casos:

1) Cuando por razones de carácter médico sea necesario conocer los antecedentes de la familia biológica del adoptado.

2) Cuando se esté realizando una investigación judicial de cualquier naturaleza y sea necesario obtener la información como elemento de prueba.

En ambos casos, se requerirá decisión judicial fundada acerca de la necesidad de la medida.

Artículo 143. (Salida del país).- Para que el niño o adolescente que ha sido adoptado pueda salir del país, se requerirá autorización de quienes ejerzan la patria potestad.

LEGITIMACION ADOPTIVA

Artículo 144. (Adoptados).-

1) Se permite la legitimación adoptiva a favor de:

A) Los niños o adolescentes abandonados o huérfanos de padre y madre, o pupilos del Estado, o hijos de padres desconocidos o del hijo o hijos reconocidos por uno de los adoptantes.

B) Los niños o adolescentes abandonados por uno de sus progenitores legítimos, cuando fuere solicitada por el padre o madre que haya mantenido la patria potestad, conjuntamente con el cónyuge con el que contrajo nuevo matrimonio.

La legitimación adoptiva prevista en este literal sólo podrá llevarse a cabo una sola vez, respecto al niño o adolescente.

2) Cuando la legitimación adoptiva se pretendiere pardos o más niños o adolescentes simultáneamente, no será obstáculo la circunstancia de que mediasen menos de ciento ochenta días entre sus respectivos nacimientos.

3) En caso de existir hermanos en situación de abandono, se propenderá a su integración conjunta en una familia adoptiva.

En todos los casos previstos en este Código, la condición de abandono se acreditará únicamente por sentencia ejecutoriada, debiendo seguirse los procedimientos establecidos en el artículo 133 y concordantes.

Artículo 145. (Adoptantes).- Pueden solicitar la legitimación adoptiva:

1) Los cónyuges, mayores de veinticinco años, con quince años más que el niño o adolescente y que lo hubieran tenido bajo su guarda o tenencia por un término no inferior a un año, que computen por lo menos cuatro años de matrimonio, pudiéndose considerar en su caso el tiempo de concubinato previo al mismo, siempre que éste hubiera sido estable, singular y público, compartiendo la vida en común.

Por motivo fundado y expreso, el Tribunal podrá otorgarla aun cuando alguno de los cónyuges o ambos no alcanzaren tal diferencia de edad con el adoptado reduciéndola hasta un límite que admita razonablemente que éste puede ser hijo de los adoptantes o, en casos excepcionales, y si no mediare oposición del Ministerio Público, a pesar de que uno o los dos cónyuges no fueren mayores de veinticinco años de edad o no completaren los cuatro años de matrimonio a que refiere el inciso anterior.

2) El viudo o viuda y los esposos divorciados siempre que medie la conformidad de ambos y cuando la guarda o tenencia del niño o adolescente hubiera comenzado durante el matrimonio y se completara después de la disolución de éste.

3) No es obstáculo para la legitimación adoptiva la existencia de una previa adopción simple realizada por los mismos peticionantes.

Artículo 146. (Procedimiento).-

1) La legitimación adoptiva deberá ser promovida ante el Juzgado Letrado de Familia del domicilio del adoptante.

Se seguirá el procedimiento voluntario previsto en los artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso, notificándose al Instituto Nacional del Menor.

2) En caso de oposición a la legitimación adoptiva el proceso será contencioso. Se aplicarán las normas del Código General del Proceso referidas al proceso extraordinario (artículos 346 y siguientes).

El Juez diligenciará las pruebas ofrecidas y las que juzgue convenientes interrogando a los peticionantes y al niño o adolescente en su caso.

3) La tramitación será reservada en cuanto a terceros, no así respecto al niño o adolescente interesado quien tendrá derecho a acceder al expediente y a sus antecedentes cuando tuviere dieciocho años de edad.

4) Previamente al dictado de la sentencia, será oído preceptivamente el Ministerio Público.

Artículo 147. (Procedencia).- La legitimación adoptiva sólo se otorgará por justos motivos y existiendo conveniencia para el niño o adolescente.

Cuando el niño o adolescente tuviere derechos cuyo dominio se acredite por documento público o privado, el Juez dispondrá que el Actuario inserte en el mismo constancia breve que exprese el cambio de nombre del titular, de lo que tomará nota el Registro respectivo cuando correspondiere.

Artículo 148. (Sentencia).- Con el testimonio de la sentencia ejecutoriada que autorice la legitimación adoptiva, la parte solicitante efectuará la inscripción del niño o adolescente en la Dirección General del Registro de Estado Civil como hijo legítimo inscripto fuera de término.

En la partida correspondiente no se hará mención alguna del juicio y su texto será el corriente en dicho instrumento.

Se realizará también la anotación pertinente en la organización de la familia de modo idéntico a la de los hijos habidos dentro del matrimonio.

El testimonio de la sentencia se archivará en forma, dejándose constancia de haberse efectuado la inscripción mencionada.

Toda la tramitación y la expedición de partidas será gratuita.

Artículo 149. (Efectos).-

1) Realizada la legitimación adoptiva, caducarán los vínculos de filiación anterior del niño o adolescente a todos sus efectos, con excepción de los impedimentos previstos en el artículo 91 del Código Civil.

Deberá hacerse constar dicha caducidad en el acta de inscripción original del niño o adolescente.

2) La legitimación adoptiva es irrevocable, aunque posteriormente nazcan hijos propios de uno o de ambos legitimantes.

La legitimación adoptiva tendrá efectos constitutivos sobre el estado civil del niño o adolescente objeto de la misma, quien se reputará en adelante, con los mismos derechos y deberes que si hubiera nacido del matrimonio legitimante.

ADOPCION INTERNACIONAL

Artículo 150. (Principio general).- En defecto de convenios internacionales ratificados por la República, las adopciones internacionales se regularán por las disposiciones de este Capítulo.

Se considera adopción internacional a la que se lleva a cabo por matrimonios con domicilio o residencia habitual en el extranjero, con relación a niños o adolescentes con domicilio o residencia habitual en la República.

Artículo 151. (Preferencia).- El Instituto Nacional del Menor y las demás autoridades con competencia en materia de adopción, deberán dar preferencia a la ubicación de los niños o adolescentes adoptables en familias u hogares que los requieran y vivan dentro del territorio nacional.

Artículo 152. (Requisitos).- Las adopciones internacionales se constituirán con la intervención preceptiva del Instituto Nacional del Menor, quien una vez obtenidos todos los antecedentes presentará en el plazo de sesenta días un informe pormenorizado, teniendo asimismo los demás requisitos previstos en los artículos 133, 145 y 154 de este Código.

El no pronunciamiento en plazo se tendrá por aceptación.

Artículo 153. (Residencia).- La adopción internacional tendrá el mismo efecto que la legitimación adoptiva, pudiendo acceder a ella cónyuges cuya unión matrimonial no sea inferior a cuatro años.

Sólo se realizará con aquellos países cuyas normas en materia de adopción y protección de niños y adolescentes tengan una razonable equivalencia con las de nuestro país.

Los adoptantes deberán residir y convivir con el niño o adolescente en el territorio nacional, aun en forma alternada, por un plazo de seis meses. Por razones fundadas y teniendo en cuenta el interés superior del niño, el plazo podrá ser reducido por el Juez competente.

Artículo 154. (Documentos necesarios).- Con la solicitud de la adopción se deberá presentar la documentación justificativa de las condiciones físicas, morales, económicas y familiares de los solicitantes. Los informes y documentos al respecto deberán tramitarse por medio de las autoridades centrales del país de los adoptantes y de la República.

Artículo 155. (Competencia).- Serán competentes para el otorgamiento de la adopción internacional los Jueces de Familia del domicilio del adoptado, quienes procederán de acuerdo a los trámites del juicio extraordinario del Código General del Proceso (artículo 346). La apelación se regirá por la misma normativa (artículo 347).

Los solicitantes deberán comparecer a la audiencia preliminar en forma personal, preceptivamente. También deberán hacerlo cuando el Tribunal, en forma fundada, lo considere conveniente.

El impedimento fundado de los solicitantes a concurrir personalmente a la audiencia hará que el Juzgado fije otra, pero en ningún caso se permitirá la representación por apoderado.

Hasta tanto no haya recaído sentencia firme, para que el niño o adolescente pueda salir del país deberá hacerlo en compañía de uno de los solicitantes, contando con autorización judicial, la que no podrá concederse sin intervención preceptiva del Ministerio Público, si fundadamente se probare la integración del niño.

Artículo 156. (Juicios de anulación).- Corresponde a los Jueces de Familia que autorizaron la adopción, la tramitación de los juicios de anulación, los que serán resueltos teniendo en cuenta el interés superior del niño o adolescente. El trámite se regirá por el procedimiento extraordinario del Código General del Proceso (artículos 346 y 347).

Artículo 157. (Nacionalidad).- Los niños y adolescentes de nacionalidad oriental adoptados por extranjeros domiciliados en el exterior mantienen su nacionalidad, sin perjuicio de adquirir, además, la de los adoptantes.

CONTROL ESTATAL DE LAS ADOPCIONES

Artículo 158. (Control).- El Instituto Nacional del Menor, a través de sus servicios especializados, es el organismo encargado de proponer, ejecutar y fiscalizar la política a seguir en materia de adopciones.

Para el desarrollo de programas de adopción, el Instituto Nacional del Menor podrá autorizar el funcionamiento de instituciones privadas con personalidad jurídica y especialización en la materia.

Artículo 159. (Cometidos del equipo técnico).- Todos los servicios e instituciones que desarrollen programas de adopción deberán contar con equipo técnico interdisciplinario que tendrá como cometidos:

A) Asesorar a los interesados en adoptar niños o adolescentes y analizar los motivos de su solicitud.

B) Evaluar las condiciones de salud, psíquicas, sociales y jurídicas de los solicitantes y las posibilidades de convivencia.

C) Llevar un Registro de Interesados en Adoptar, ordenado cronológicamente según fecha de solicitud, en el que conste el informe técnico a que refiere el literal anterior.

D) Seleccionar de dicho Registro respetando estrictamente el orden de inscripción, los posibles padres adoptivos, ante la solicitud formulada por el Juzgado competente, en el caso de un niño o adolescente en condiciones de ser adoptado.

El orden sólo podrá ser alterado por las necesidades del niño o adolescente, debidamente fundadas. En todos los casos el niño o adolescente deberá ser oído preceptivamente.

E) Orientar y acompañar el proceso de integración familiar.

F) Asesorar al Juez toda vez que le sea requerido su informe.

DEL REGISTRO DE ADOPCIONES

Artículo 160. (Registro General de Adopciones).- El Instituto Nacional del Menor llevará un registro reservado donde constarán los datos identificatorios de:

1) El niño o adolescente.

2) Los adoptantes: nombre, nacionalidad, domicilio y estado civil e institución nacional o extranjera que lo patrocinó, cuando corresponda.

3) Juzgado en que se tramitó el proceso respectivo.

CAPITULO XII

TRABAJO

Artículo 161. (Principio general).- El estatuto de los adolescentes que trabajan se regulará conforme a las normas de este Código, leyes especiales, tratados, convenciones y convenios internacionales ratificados por el país.

Artículo 162. (Edad de admisión).- Fíjase en quince años la edad mínima que se admitirá en los adolescentes que trabajen en empleos públicos o privados, en todos los sectores de la actividad económica, salvo las excepciones especialmente establecidas en los artículos siguientes, y aquellas que, teniendo en cuenta el interés superior del ni-ño o adolescente, conceda el Instituto Nacional del Menor.

Cuando el Instituto Nacional del Menor no las otorgue de oficio, las excepciones deberán ser gestionadas por los padres o quien acredite la tutoría legal y establecer como mínimo el nombre del representante legal del menor, la naturaleza de la actividad y la jornada diaria.

Artículo 163. (Obligación de protección).- Para el caso de que los niños o adolescentes trabajen, el Estado está obligado a protegerlos contra toda forma de explotación económica y contra el desempeño de cualquier tipo de trabajo peligroso, nocivo para su salud o para su desarrollo físico, espiritual, moral o social.

Prohíbese todo trabajo que no le permita gozar de bienestar en compañía de su familia o responsables o entorpezca su formación educativa.

Artículo 164. (Tareas y condiciones nocivas de trabajo).- El Instituto Nacional del Menor establecerá con carácter de urgente el listado de tareas a incluir dentro de la categoría de trabajo peligroso o nocivo para la salud o para su desarrollo físico, espiritual o moral, los que estarán terminantemente prohibidos, cualquiera fuere la edad del que pretenda trabajar o ya se encuentre en relación de trabajo.

Asimismo, el Instituto Nacional del Menor ante la presunción de la existencia de condiciones de trabajo peligrosas o nocivas para la salud o el desarrollo físico, espiritual o moral de los adolescentes solicitará la intervención de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la que se pronunciará, en un plazo no mayor a los veinte días corridos, sobre el carácter peligroso o nocivo de la actividad.

Artículo 165. (Situaciones especiales).- El Instituto Nacional del Menor revisará las autorizaciones que ha prestado respecto al empleo de niños y adolescentes entre los trece y los quince años. Sólo serán permitidos trabajos ligeros, que por su naturaleza o por las condiciones en que se prestan no perjudican el desarrollo físico, mental o social de los mismos, ni obstan a su escolaridad.

Artículo 166. (Prevención, educación e información).- El Estado promoverá programas de apoyo integral para desalentar y eliminar paulatinamente el trabajo de estos niños y adolescentes.

La sociedad civil deberá prestar su concurso en las campañas preventivas, educativas e informativas que se desarrollen a fin de asegurar el bienestar del niño y adolescente.

Se consideran programas de educación en el trabajo, aquellos que, realizados por el Instituto Nacional del Menor o por instituciones sin fines de lucro, tienen exigencias pedagógicas relativas al desarrollo personal y social del alumno, que prevalecen sobre los aspectos productivos. En consecuencia, la remuneración que recibe el alumno por el trabajo realizado o por la participación en la venta de productos de su trabajo, no desvirtúa la naturaleza educativa de la relación.

Artículo 167. (Carné de habilitación).- Para trabajar, los adolescentes deberán contar con carné de habilitación tramitado gratuitamente ante el Instituto Nacional del Menor, en el que deberá constar:

A) Nombre.

B) Fecha y lugar de nacimieto.

C) Domicilio.

D) Consentimiento para trabajar del adolescente y sus responsables.

E) Constancia del examen médico que lo declare apto para el trabajo.

F) Constancia de haber completado el ciclo de enseñanza obligatoria o el nivel alcanzado.

Si el examen médico fuera impugnado por la persona legalmente responsable del adolescente podrá, a su requerimiento, realizarse un nuevo examen.

Artículo 168. (Renovación).- Anualmente, todos los menores de dieciocho años que trabajen serán sometidos obligatoriamente a examen médico, a fin de comprobar si la tarea que realizan es superior a su capacidad física. En caso afirmativo deberán abandonar el trabajo por otro más adecuado.

La división técnica del Instituto Nacional del Menor podrá otorgar autorizaciones por períodos más breves, a los efectos de exigir la repetición del examen médico en todos aquellos casos que a su juicio sean necesarios para garantizar una vigilancia eficaz, en relación con los riesgos que presenta el trabajo o el estado de salud del niño o adolescente.

El responsable del niño o adolescente podrá impugnar el examen y requerir otro.

Artículo 169. (Jornada de trabajo).- Los adolescentes mayores de quince años no podrán trabajar más de seis horas diarias, equivalentes a treinta y seis horas semanales y disfrutar de un día de descanso semanal, preferentemente en domingo. El Instituto Nacional del Menor podrá excepcionalmente autorizar a los adolescentes entre dieciséis y dieciocho años a trabajar ocho horas diarias, correspondiéndoles dos días continuos de descanso preferentemente uno en domingo, por cada cinco días de trabajo, previa evaluación técnica individual, estudio del lugar y puesto de trabajo teniendo en cuenta el interés superior del niño.

Artículo 170. (Descansos).- El descanso intermedio en la jornada de trabajo de los niños y adolescentes tendrá una duración de media hora, que deberá ser gozada en la mitad de la jornada y tendrá carácter remunerado. No se admitirá la jornada discontinua de trabajo ni horarios rotativos durante el ciclo lectivo. En todos los casos deberán mediar como mínimo doce horas entre el fin de la jornada y el comienzo de la siguiente.

Artículo 171. (Horarios especiales).- El Instituto Nacional del Menor podrá otorgar permisos con carácter excepcional a adolescentes mayores de quince años para desempeñarse en horarios especiales, durante períodos zafrales o estacionales, siempre que la actividad no interfiera con el ciclo educativo y que las condiciones de trabajo no sean nocivas o peligrosas. El descanso deberá ser concedido en la mitad de la jornada de trabajo.

El período de excepción podrá ser de hasta un máximo de tres meses.

Artículo 172. (Trabajo nocturno).- Los adolescentes no podrán ser empleados ni trabajar en horario nocturno, entendiéndose por tal a los efectos de este Código, el período comprendido entre las veintidós y las seis horas del día siguiente.

No obstante, el Instituto Nacional del Menor podrá autorizarlo excepcionalmente, teniendo en cuenta su interés superior.

Artículo 173. (Fiscalización y sanciones).- El Instituto Nacional del Menor tendrá autoridad y responsabilidad en la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones específicas en materia de sus competencias respecto al trabajo de los menores de edad y sancionar la infracción a las mismas, sin perjuicio del contralor general del cumplimiento de las normas por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Las empresas o los particulares que no cumplan las obligaciones impuestas, serán sancionados por el Instituto Nacional del Menor con una multa de hasta 2.000 UR (dos mil unidades reajustables).

El producido de las multas será destinado al Instituto Nacional del Menor.

Artículo 174. (Competencia).- Serán competentes para entender en las infracciones previstas en el artículo anterior, los Jueces Letrados de Familia de la capital, y en el interior del país los que la Suprema Corte de Justicia determine según su superintendencia constitucional, quienes actuarán siguiendo el procedimiento extraordinario previsto en el Código General del Proceso.

Será oído preceptivamente el Ministerio Público.

Articulo 175. (Recurribilidad).- La sentencia podrá ser apelada ante el Tribunal de Familia respectivo, cuya decisión hará cosa juzgada.

Artículo 176. (Responsabilidad de los padres o responsables).- Los padres o responsables de los niños y adolescentes que permitan o favorezcan que estos trabajen violando las normas prohibitivas consagradas en este Código, incurrirán en el delito previsto por el artículo 279 B del Código Penal.

Constatada la infracción, el Instituto Nacional del Menor o cualquier persona responsable, formulará la denuncia al Juez Letrado en lo Penal que corresponda.

Artículo 177. (De la documentación).- El Instituto Nacional del Menor determinará los documentos que el empleador deberá llevar y tener a disposición de la autoridad competente.

Estos documentos deberán indicar el nombre y apellido, fecha de nacimiento debidamente certificada, fecha de ingreso, tarea, categoría, horario, descansos intermedios y semanal y fecha de egreso, de todas las personas menores de dieciocho años empleadas por él o que trabajen para él.

Artículo 178. (Peculio profesional o industrial).- Todo adolescente que trabaje tendrá derecho de acuerdo a lo prescripto por los artículos 266 y siguientes del Código Civil, a la administración exclusiva del salario o remuneración que perciba, la que deberá serle abonada directamente, siendo válido el recibo que el empleador otorgue por tal concepto. Cualquier constancia en el recibo o fuera de él que pudiera implicar renuncia del adolescente a sus derechos, será nula.

Artículo 179. (Remuneración).- La remuneración del adolescente trabajador se regirá por lo dispuesto en las leyes, decretos, laudos o convenios colectivos de la actividad correspondiente.

Artículo 180. (Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).- En caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales de un adolescente trabajador, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Nacional del Menor investigarán las causas del mismo de acuerdo con las competencias específicas de cada organismo. Asimismo se verificará la realización de tareas prohibidas o el hecho de encontrarse el menor de edad en sitio en el que esté prohibida su presencia, en cuyo caso se considerará culpa grave del empleador, con las consecuencias previstas por el artículo 7º de la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989.

El empleador podrá eximirse de esta responsabilidad si prueba fehacientemente que el joven se encontraba circunstancialmente en el lugar y sin conocimiento de la persona habilitada para permitirle el acceso.

CAPITULO XIII

DE LA PREVENCION ESPECIAL

I - Medios de comunicación, publicidad y espectáculos

Artículo 181. (Vulneración de derechos a su incitación).- La exhibición o emisión pública de imágenes, mensajes u objetos no podrá vulnerar los derechos de los niños y adolescentes, los principios reconocidos en la Constitución de la República y las leyes, o incitar a actitudes o conductas violentas, delictivas, discriminatorias o pornográficas.

Artículo 182. (Programas radiales o televisivos).- Los programas de radio y televisión en las franjas horarias más susceptibles de audiencia de niños y adolescentes, deben favorecer los objetivos educativos que dichos medios de comunicación permiten desarrollar y deben potenciar los valores humanos y los principios del Estado democrático de derecho. Debe evitarse, en las franjas horarias antedichas, la exhibición de películas que promuevan actitudes o conductas violentas, delictivas, discriminatorias o pornográficas, o fomenten los vicios sociales.

Artículo 183. (Principios rectores).- A fin de proteger los derechos de los niños y adolescentes, en lo que refiere a la publicidad elaborada y divulgada en todo el territorio nacional, deberán atenderse los siguientes principios:

A) Los anuncios publicitarios no deben incitar a la violencia, a la comisión de actos delictivos o a cualquier forma de discriminación.

B) Las prestaciones del producto deben mostrarse en forma comprensible y que coincida con la realidad.

II - Publicidad protagonizada por niños y adolescentes

Artículo 184. (Participación de niños y adolescentes).- Prohíbese la participación de niños y adolescentes en anuncios publicitarios que promocionen bebidas alcohólicas, cigarrillos o cualquier producto perjudicial para su salud física o mental.

Artículo 185. (Mensajes publicitarios).- Prohíbese la participación de niños y adolescentes en mensajes publicitarios que atenten contra su dignidad o integridad física, psicológica o social.

III - Espectáculos y centros de diversión

Artículo 186. (Preservación de la corrupción).- Prohíbese la concurrencia de personas menores de dieciocho años a casinos, prostíbulos y similares, whiskerías y clubes nocturnos, independientemente de su denominación.

El Instituto Nacional del Menor reglamentará a los efectos pertinentes la concurrencia de adolescentes a locales de baile, espectáculos públicos de cualquier naturaleza, hoteles de alta rotatividad y afines.

Corresponde asimismo al Instituto Nacional del Menor regular la asistencia de niños y adolescentes a espectáculos públicos de cualquier naturaleza.

Artículo 187. (Prohibición de proveer).- Prohíbese la venta, provisión, arrendamiento o distribución a personas menores de dieciocho años de:

1) Armas, municiones y explosivos.

2) Bebidas alcohólicas.

3) Tabacos, fármacos, pegamentos u otras sustancias que puedan significar un peligro o crear dependencia física o psíquica.

4) Revistas, publicaciones, video casetes, discos compactos u otras formas de comunicación que violen las normas establecidas en los artículos 181 a 183 de este Código.

Artículo 188. (Fiscalización).

1) La fiscalización de lo establecido en los artículos 181 a 187 de este Código, será facultad del Instituto Nacional del Menor.

2) Las empresas o los particulares que no cumplan con las obligaciones impuestas en los artículos 181 a 187 de este Código, serán sancionados con una multa, a juicio del Juez, entre 50 UR (cincuenta unidades reajustables) y 200 UR (doscientas unidades reajustables), según los casos. En los casos de reincidencia, podrán duplicarse los referidos montos. Las multas serán recaudados por el Instituto Nacional del Menor.

El Niño o adolescente encontrado en situación de riesgo será conducido y entregado por parte del Juez a los padres, tutor o encargado. El Juez advertirá a éstos personalmente y bajo su más seria responsabilidad de la situación. Si éstos han incumplido alguno de los deberes establecidos en el artículo 16 de este Código, el niño o adolescente será entregado al Instituto Nacional del Menor.

El Instituto Nacional del Menor podrá solicitar al Juez competente la clausura, por veinticuatro horas a diez días, del establecimiento en infracción.

Artículo 189. (Competencia).- Serán componentes los Jueces Letrados de Familia en Montevideo, y los Jueces con competencia penal en el interior del país, quienes actuarán siguiendo el procedimiento extraordinario previsto por el Código General del Proceso.

Será oído preceptivamente el Ministerio Público.

Artículo 190. (Recurribilidad).- La sentencia podrá ser apelada ante el Tribunal de Apelaciones de Familia respectivo, cuya decisión hará cosa juzgada.

IV - Autorización para viajar

Artículo 191. (Compañía de los padres o responsables).- Los niños y adolescentes no necesitan autorización para viajar cuando salen del país acompañados de quienes ejerzan la patria potestad.

Artículo 192. (Uso del pasaporte habilitado).- Tampoco necesitan autorización cuando viajen en posesión de pasaporte válido autorizado por quienes ejerzan la patria potestad o habilitado de edad.

Artículo 193. (Autorizaciones).- Los niños y adolescentes que viajen solos o en compañía de terceros fuera del país necesitan consentimiento de ambos padres o del representante legal en su caso.

En caso de separación o divorcio de los padres, se requerirá la autorización de ambos.

En los casos expuestos precedentemente si se planteara conflicto para consentimiento entre los otorgantes del mismo, resolverá el Juez Letrado de Familia quien fijará los detalles de la estadía en el exterior.

Se seguirán los trámites del proceso incidencial según lo dispone el Código General del Proceso, oyéndose preceptivamente al Ministerio Público en la audiencia respectiva a la que bajo responsabilidad deberá concurrir este último.

La impugnación a la sentencia de primera instancia no tendrá efecto suspensivo, debiendo el Juzgado Letrado de Familia de Primera Instancia expedir testimonio de la sentencia sin más trámite, inmediatamente la celebrada la audiencia correspondiente.

Artículo 194. (Adoptados).- Los niños y adolescentes adoptados por matrimonios extranjeros necesitan la autorización del Juez Letrado de Familia, aun cuando viajen con sus padres, la que se tramitará según las normas del proceso voluntario (artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso).

CAPITULO XIV

ACCIONES ESPECIALES

Artículo 195. (Acción de amparo).- La acción de amparo para la protección de los derechos de los niños y adolescentes se regirá por la Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988, y por las siguientes disposiciones.

Podrá ser deducida también por el Ministerio Público, cualquier interesado o las instituciones o asociaciones de interés social que según la ley, o a juicio del Tribunal, garanticen una adecuada defensa de los derechos comprometidos.

Procederá en todos los casos, excepto que exista proceso jurisdiccional pendiente, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los otros medios jurídicos de protección resultan ineficaces.

Deberá ser promovida dentro de los treinta días a partir de la fecha en que se produjo el acto, hecho u omisión contra el que se recurre.

Serán competentes en razón de la materia los Jueces Letrados de Familia.

Artículo 196. (Intereses difusos).- Amplíase a la defensa de los derechos de los niños y adolescentes las previsiones del artículo 42 del Código General del Proceso.

CAPITULO XV

DE LA INVESTIGACION DE LA PATERNIDAD O MATERNIDAD

Artículo 197. (Principio general).- Las acciones de investigación de la paternidad o maternidad se regularán exclusivamente por las disposiciones contenidas en este Capítulo.

La paternidad o maternidad declaradas asegurarán al niño y adolescente todos los derechos correspondientes a la filiación natural, en especial los derechos hereditarios inherentes a la misma, así como los alimentos necesarios para su desarrollo y bienestar y el derecho a llevar los apellidos de quienes resulten declarados como sus padres.

Artículo 198. (Accionistas).- Podrán iniciar la acción:

1) El hijo, hasta los veinticinco años de edad. Durante la menor edad solamente podrá ser deducida la acción por la madre, el padre, o su representante legal, según correspondiere.

2) La madre o el padre, desde que se constata la gravidez, hasta que el hijo cumpla dieciocho años.

Si el padre o la madre fuere menor de edad, se le nombrará curador "ad litem".

Si el padre o la madre menor de edad estuviere internado en el Instituto Nacional del Menor, éste deberá solicitar al Juez Letrado de Familia, el nombramiento de curador "ad litem".

3) El Instituto Nacional del Menor, de oficio, cuando tenga conocimiento que el niño ha sido inscripto como hijo de padres desconocidos, o que ingrese al establecimiento un niño o adolescente sin filiación paterna o materna, o cuando un niño o adolescente lo solicite.

A efectos de esta acción, los Oficiales de la Dirección General del Registro de Estado Civil, darán cuentan, en el primer caso, de dicha inscripción.

El Instituto Nacional del Menor requerirá de las oficinas respectivas un informe semestral de estas situaciones.

4) Cuando el presunto hijo o su representante legal ejercite conjuntamente con la acción de investigación de paternidad o maternidad la de petición de herencia, el Actuario, bajo su más seria responsabilidad funcional, lo comunicará dentro de quince días al registro correspondiente para su inscripción que producirá los efectos enunciados en el artículo 685 de Código Civil. Si entre los demandados hubiese herederos testamentarios, o de los llamados a la herencia por el artículo 1025 del Código Civil, o cónyuge con derecho a gananciales o porción conyugal, cualquiera de ellos podrá obtener que se limite la interdicción a un bien o lote de bienes hereditarios cuyo valor cubra ampliamente la legítima del actor, el que sólo sobre ese bien o lote podrá perseguir el pago de su haber hereditario cuando le sea reconocida la filiación invocada y sin perjuicio de la acción personal que le corresponda por restitución de frutos.

Artículo 199. (Emplazamiento).- En los casos previstos por el numeral 3) del artículo 198, el Instituto Nacional del Menor iniciará los procedimientos judiciales ante el Juez de Familia competente, para que emplace al presunto padre o a la presunta madre del niño o adolescente con domicilio conocido.

Si no se conociera el domicilio, se le emplazará por edictos, según lo establecido por el Código General del Proceso.

Artículo 200. (Acción del presunto padre o la presunta madre).- Si el presunto padre o la presunta madre comparece dentro del término y expresa su voluntad de iniciar por sí mismo la investigación, lo hará ajustándose al procedimiento fijado por este Capítulo.

Artículo 201. (No comparecencia).- Si citado por segunda vez y bajo apercibimiento, el presunto padre o la presunta madre no comparece en autos, el Juez competente pondrá esta circunstancia en conocimiento del Ministerio Público quien podrá proponer dos o más personas idóneas para que entre ellos se elija el curador "ad litem" del menor, quien instaurará y proseguirá la acción.

Las citaciones previstas en el inciso anterior serán con plazo de diez días.

Artículo 202. (Administrador legal).- El Instituto Nacional del Menor será el administrador legal de la pensión alimentaria que se obtenga como consecuencia de la acción, a la vez que será responsable del bienestar, salud y educación del niño o adolescente internado en sus dependencias.

Artículo 203. (Procedimientos).- Las pretensiones que conciernen a las cuestiones de investigación de la paternidad o maternidad a que refiere este Capítulo, se tramitarán por el procedimiento ordinario previsto en el Código General del Proceso.

Artículo 204. (Admisión de pruebas).- En esta clase de juicios serán admisibles toda las clases de prueba. La no colaboración para su diligenciamiento sin causa justificada, será tenida como una presunción simple en su contra.

La excepción de mala conducta no tiene eficacia perentoria.

Deberá oírse preceptivamente al Ministerio Público.

Artículo 205. (Maniobras artificiosas).- Cuando de la denuncia sobre paternidad o maternidad, resultase el empleo de maniobras artificiosas, se pasarán los antecedentes al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Turno en la fecha que se invocó el engaño.

CAPITULO XVI

DE LA PERDIDA, LIMITACION, SUSPENSION O REHABILITACION DE LA PATRIA POTESTAD

Artículo 206. (Competencia).- Es Juez competente para conocer en los juicios de pérdida, limitación, suspensión o rehabilitación de la patria potestad, en los casos previstos en los artículos 285, 286, 295 y 296 del Código Civil, aunque la patria potestad sea ejercida de acuerdo con el artículo 177 del mismo Código, el Juez Letrado de Familia en Montevideo y los Jueces Letrados Departamentales del domicilio de los padres, y cuando el domicilio no sea conocido, el de la residencia del niño o adolescente.

Artículo 207. (Responsabilidad del Ministerio Público).- La demanda deberá ser deducida por el Ministerio Público siempre que tenga conocimiento de alguno de los hechos que puedan dar lugar a la pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad.

Cuando el Juez de Familia reciba información fehaciente que aconseje la separación de un niño o adolescente de su familia de origen, previo asesoramiento técnico, deberá dar cuenta al Ministerio Público a fin de que éste determine si ejerce la facultad conferida en el inciso anterior.

En todos los casos, deberá aplicarse lo dispuesto en el literal C) del artículo 35 de este Código.

Lo dispuesto en este artículo no modifica la posibilidad de deducir la demanda por quienes asimismo poseen legitimación activa (artículo 289 de Código Civil).

Artículo 208. (Procedimiento).- Las pretensiones que conciernen a las cuestiones de limitación, pérdida, suspensión o rehabilitación de la patria potestad, se tramitarán por el proceso extraordinario previsto en el Código General del Proceso (numeral 3) del artículo 349, y artículos 346, 347 y 350).

Artículo 209. (Administración de los bienes).- El Juez Letrado de Familia o los Jueces Letrados Departamentales, cuando lo consideren conveniente, podrán entregar la administración de los bienes del niño o adolescente a instituciones bancarias de notoria responsabilidad.

Artículo 210. (Reserva).- No serán de conocimiento público las situaciones previstas en los artículos 285, 286, 295 y 296 del Código Civil.

No obstante, el Tribunal podrá decidir la publicidad del proceso siempre que las partes consintieran en ello (artículo 8º de la Ley Nº 16.699, de 25 de abril de 1995).

CAPITULO XVII

CONSEJO NACIONAL CONSULTIVO HONORARIO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

Artículo 211. (Creación).- Créase el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente que se integrará con dos representantes del Poder Ejecutivo -uno de los cuales lo presidirá-, uno del Instituto Nacional del Menor, uno del Poder Judicial, uno de la Administración Nacional de Educación Pública, uno del Congreso de Intendentes, uno del Instituto Pediátrico "Luis Morquio", uno del Colegio de Abogados y dos de las organizaciones no gubernamentales de promoción y atención a la niñez y adolescencia.

En caso de empate, el Presidente tendrá doble voto.

La representación del Poder Ejecutivo coordinará directamente con los Ministerios de Deporte y Juventud, Trabajo y Seguridad Social, Educación y Cultura, Salud Pública e Interior.

Artículo 212. (Integración).- Los representantes de los organismos públicos deberán ser funcionarios de las más altas jerarquías.

Los representantes de las organizaciones no gubernamentales serán designados por la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ANONG).

Artículo 213. (Convocatorias especiales).- El Consejo podrá convocar a sesiones extraordinarias consultivas a representantes de los Ministerios y organismos públicos. Asimismo podrá convocar a representantes de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones privadas de promoción y atención a la niñez y adolescencia.

Artículo 214. (Competencia).- El Consejo que se crea, tendrá competencia a nivel nacional. Sus fines serán:

1) Promover la coordinación e integración de las políticas sectoriales de atención a la niñez y adolescencia, diseñadas por parte de las diferentes entidades públicas vinculadas al tema.

2) Elaborar un documento anual que contemple lo establecido en el numeral anterior.

3) Ser oído preceptivamente en la elaboración del informe que el Estado debe elevar al Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (artículo 44 de la Constitución sobre los Derechos del Niño).

4) Opinar, a requerimiento expreso, sobre las leyes de presupuesto, rendición de cuentas y demás normas y programas que tengan relación con la niñez y adolescencia.

Artículo 215. (Recursos).- El Ministerio de Educación y Cultura asignará los recursos necesarios para su funcionamiento y proveerá la infraestructura para realizar las reuniones del Consejo.

Artículo 216. (Atribuciones).- El Consejo podrá crear Comisiones Departamentales o Regionales, reglamentando su integración y funcionamiento.

Dicha reglamentación podrá hacerse de manera tal, que se integren a las mismas los miembros y competencias de las Comisiones previstas por el artículo 37 de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995.

Artículo 217. (Funcionamiento).- El Consejo dictará su reglamento interno de funcionamiento dentro del plazo de sesenta días a partir de su instalación.

CAPITULO XVIII

REGISTRO DE INFORMACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 218. (Sistema de datos).- El Instituto Nacional del Menor deberá desarrollar el Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia, que deberá incluir datos sobre el niño o adolescente a su cargo y las instituciones que lo atienden.

Artículo 219. (Seguimiento).- El Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia deberá generar datos que permitan un adecuado seguimiento de la atención del niño o adolescente y de la evolución de la misma, así como generar la información necesaria para la formulación de las políticas de niñez y adolescencia.

Artículo 220. (Colaboración).-

1) Los distintos Poderes y reparticiones del Estado, instituciones privadas y organismos no gubernamentales, deberán aportar los datos e información pertinentes al Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de la autonomía y competencia específica de cada institución pública o privada.

2) La Suprema Corte de Justicia, a través de sus órganos competentes, desarrollará un sistema de información sobre niños y adolescentes atendido tanto por la judicatura de adolescentes como de familia.

Los datos manejados por este Sistema Judicial de Información tendrán igual régimen y tratamiento que el establecido por los artículos 221 y 222 de este Código.

Artículo 221. (Reserva).- El Instituto Nacional del Menor será el custodio de la información contenida en el Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia, por lo que se deberá garantizar el uso reservado y confidencial de los datos correspondientes a cada niño o adolescente, en concordancia con su interés superior y en cumplimiento del derecho a la privacidad de su historia personal, como único propietario de la misma.

Artículo 222. (Limitaciones).- La información relativa a niños y adolescentes no podrá ser utilizada como base de datos para el rastreo de los mismos, una vez alcanzada la mayoría de edad.

Los antecedentes judiciales y administrativos de los niños o adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley se deberán destruir en forma inmediata al cumplir los dieciocho años o al cese de la medida.

CAPITULO XIX

Artículo 223. (Nueva denominación).- A partir de la promulgación de este Código, el Instituto Nacional del Menor (INAME) pasará a denominarse "Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay" (INAU), manteniendo su carácter de servicio descentralizado a todos sus efectos y competencias.

Desde la publicación oficial de este Código, se incluirá en el texto la denominación del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

CAPITULO XX

DEROGACIONES Y OBSERVANCIA DE ESTE CODIGO

Artículo 224.- Derógase la Ley Nº 9.342, de 6 de abril de 1934 (Código del Niño), sus modificaciones y todas las disposiciones legales que se opongan a este Código.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 19 de diciembre de 2001.

Gustavo Penadés Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario.

 

Carp. Nº 697/01

Rep. Nº 745/03

Anexo I

CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

COMPARATIVO

1. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes

2. Texto sustitutivo de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores

- El texto sustitutivo de la Comisión, sometido a consideración del Senado, determina cambios de escasa trascendencia al texto original, aprobado por Diputados, excepto en aspectos puntuales. Las modificaciones se explicitan en el comparativo siguiente.

- A tal efecto se procede en dos columnas procurando la mejor sincronización posible en numeración y textos.

- Se incluye la fundamentación explictativa, según lo requiera la diferencia o agregado que se suscita en el texto de la Comisión del Senado en comparación al proyecto de Diputados.

- Aparte de lo antes explicitado se procedió, en lo formal del Código, a cambios en su ordenamiento (Título, Capítulos, etc.) que hacen a su mejor manejo y comprensión como conjunto articulado de disposiciones de una rama especializada del Derecho.

* Se indican en forma distintiva en la columna del proyecto sustitutivo, los aditivos,

sustituciones y supresiones al proyecto de Diputados

* Cada modificación se fundamenta y explicita.

PROYECTO DE LEY APROBADO

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES

 

 

 

 

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

 

Artículo 1º. (Ambito de aplicación).- El Código de la Niñez y la Adolescencia es de aplicación a todos los seres humanos menores de dieciocho años de edad.

A los efectos de la aplicación de este Código, se entiende por niño a todo ser humano hasta los trece años de edad y por adolescente a los mayores de trece y menores de dieciocho años de edad.

Siempre que este Código se refiere a niños y adolescentes comprende ambos géneros.

 

 

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

DE LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION

CON FUNDAMENTACIONES DE LAS MODIFICACIONES

TITULO I

DE LOS CONCEPTOS GENERALES

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

 

Artículo 1º. (Ambito de aplicación).- El Código de la Niñez y la Adolescencia es de aplicación a todos los seres humanos de ambos géneros, menores de dieciocho años de edad.

A los efectos de este Código, se entiende por niño a todo ser humano hasta los tres años de edad y por adolescente a los mayores de trece y menores de dieciocho años de edad.

Lo establecido es sin perjuicio de la vigencia de lo regulado en el Título IX del Libro Primero por matrimonio.

 

Fundamentación: Se suprime el inciso 3º del Proyecto original, referido a "ambos géneros", y se ubica el concepto, más adecuadamente, en el inciso 1º.


Artículo 2º. (Sujetos de derechos, deberes y garantías).- Todos los niños y adolescentes son titulares de derechos, deberes y garantías inherentes a su calidad de personas humanas.

Artículo 3º. (Principio de protección de los derechos).- Todo niño y adolescente tiene derecho a las medidas especiales de protección que su condición de sujeto en desarrollo exige por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Artículo 4º. (Interpretación).- Para la interpretación de este Código, se tendrán en cuenta las disposiciones y principios generales que informan la Constitución de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño, leyes nacionales y demás instrumentos internacionales que obligan al país.

En los casos de duda se deberá recurrir a los criterios generales de interpretación y, especialmente, a las normas propias de cada materia.

 

 

 

 

 

 

Artículo 5º. (Integración).- En caso de vacío legal o insuficiencia se deberá recurrir a los criterios generales de integración y, especialmente, a las normas propias de cada materia.

 

 

 

Artículo 6º. (Criterio específico de interpretación e integración: el interés superior del niño y adolescente).- Para la interpretación e integración de este Código se deberá tener en cuenta el interés superior del niño y adolescente, que consiste en el reconocimiento y respeto de los derechos inherentes a su calidad de persona humana. En consecuencia, este principio no se podrá invocar para menoscabo de tales derechos.

Artículo 7º. (Concurrencia para la efectividad y la protección de los derechos de los niños y adolescentes).-

1) La efectividad y protección de los derechos de los niños y adolescentes es prioritariamente de los padres o tutores -en su caso-, sin perjuicio de la corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado.

2) El Estado deberá actuar en las tareas de orientación

Artículo 2º. (Sujetos de derechos, deberes y garantías).- Todos los niños y adolescentes son titulares de derechos, deberes y garantías inherentes a su calidad de personas humanas.

Artículo 3º. (Principio de protección de los derechos).- Todo niño y adolescente tiene derecho a las medidas especiales de protección que su condición de sujeto en desarrollo exige por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Artículo 4º. (Interpretación).- Para la interpretación de este Código, se tendrán en cuenta las disposiciones y principios generales que informan la Constitución de la República, y la Convención sobre los Derechos del Niño, y demás instrumentos internacionales relativos a los mismos, ratificados por la República.

En caso de duda se deberá recurrir a los criterios generales de interpretación y, especialmente, a las normas propias de cada materia (Título Preliminar del Código Civil).

Fundamentación: Se omite el texto de la expresión: "leyes nacionales" por redundante e innecesaria. Se precisa, en cuanto a los "instrumentos internacionales", los "relativos a los niños y adolescentes", ratificados por la República".

Se cita en el inciso 2º el "Título Preliminar" del Código Civil por ser referencia fundamental a los fines interpretativos.

 

Artículo 5º. (Integración).- En caso de vacío legal o insuficiencia se deberá recurrir a los criterios generales de integración, (artículo 16 del Código Civil), y a los principios e instrumentos mencionados en el artículo anterior.

Fundamentación: se vincula este artículo con el anterior, y se menciona específicamente el artículo 16 del Código Civil, norma cardinal de nuestro derecho a los fines de este artículo.

Artículo 6º. (Criterio específico de interpretación e integración: el interés superior del niño y adolescente).- Para la interpretación e integración de este Código se deberá tener en cuenta el interés superior del niño y adolescente, que consiste en el reconocimiento y respeto de los derechos inherentes a su calidad de persona humana.

 

Artículo 7º. (Concurencia para la efectividad y la protección de los derechos de los niños y adolescentes).-

1) La efectividad y protección de los derechos de losbienes y adolescentes es prioritariamente de los padres, o tutores -en su caso-, sin perjuicio de la corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado.

2) El Estado deberá actuar coordinando las actividades


y fijación de las políticas generales aplicables a las distintas áreas vinculadas a la niñez y adolescencia y a la familia, coordinando las actividades públicas y privadas que se cumplen en tales áreas.

3) En casos de insuficiencia, defecto o imposibilidad de los padres y demás obligados, el Estado deberá actuar preceptivamente, desarrollando todas las actividades integrativas, complementarias o supletivas que sean necesarias para garantizar adecuadamente el goce y ejercicio de los derechos de los niños adolescentes.

 

 

 

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

 

Artículo 8º. (Principio general).- Todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana. Tales derechos serán ejercidos de acuerdo a la evolución de sus facultades, y en la forma establecida por la Constitución de la República, los instrumentos internacionales, este Código y las leyes especiales. En todo caso tiene derecho a ser oído y obtener respuestas cuando se tomen decisiones que afecten su vida.

 

Podrá acudir a los Tribunales y ejercer los actos procesales en defensa de sus derechos, siendo preceptiva la asistencia letrada. El Juez ante quien acuda tiene el deber de designarle curador, cuando fuere pertinente, para que lo represente y asista en sus pretensiones.

 

 

Los Jueces, bajo su más seria responsabilidad, deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de lo establecido en los incisos anteriores, debiendo declararse nulas las actuaciones cumplidas en forma contraria a lo aquí dispuesto.

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 9º. (Derechos esenciales).- Todo niño y adolescente tiene derecho intrínseco a la vida, dignidad, liber-

públicas y privadas en las políticas generales, aplicables a las distintas áreas vinculadas a la niñez, adolescencia y familia.

 

3) En casos de insuficiencia, defecto o imposibilidad de los padres y demás obligados, el Estado deberá actuar preceptivamente, desarrollando todas las actividades integrativas, complementarias o supletivas que sean necesarias para garantizar adecuadamente el goce y ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes.

Fundamentación: se omite la última frase: ("En consecuencia… derechos"). Dicha frase no agrega nada a lo esencial del texto y aún induce a confusión, seguramente no deseada.

 

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

 

Artículo 8º. (Principio general).- Todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana. Tales derechos serán ejercidos de acuerdo a la evolución de sus facultades, en la forma establecida por la Constitución de la República; los instrumentos internacionales relativos a los mismos, ratificados por la República; este Código y demás leyes concernientes. En todo caso tiene derecho a ser oído, -y obtener respuesta-, cuando se tomen decisiones sustanciales que afecten su vida.

Podrá acudir a los Tribunales y a que ante los mismos se ejerzan los actos procesales en defensa de los derechos, siendo preceptiva la asistencia letrada. Iguales derechos le asiste ante el Ministerio Público y Defensor que fueren competentes a su atención.

El Juez ante quien se acuda tiene el deber de designarle curador, cuando fuere pertinente, para que lo represente y asista en sus pretensiones.

Los Jueces, adoptarán las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de lo establecido en los incisos anteriores, debiendo declararse nulas las actuaciones cumplidas en desconocimiento de lo dispuesto, excepto en lo que fueren favorables al niño o adolescente.

Fundamentación: En el inciso 1º se proponen modificaciones mejorando el texto.

En el inciso 2º se propone un giro en la expresión que corrige la potestad otorgada al menor de "ejercer" actos procesales, -lo que obviamente sería contradictorio con el sistema procesal-, y llevándola al concepto de "se ejerzan".

En el inciso 3º se propone modificaciones mejorando igualmente el texto, y evitando que la nulidad de actuaciones perjudique a los protegidos por la ley.

Artículo 9º. (Derechos esenciales).- Todo niño y adolescente tiene derecho intrínseco a la vida, dignidad, libertad,


tad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura, participación, asociación, a los beneficios de la seguridad social y a ser tratado en igualdad de condiciones cualquiera sea su sexo, su religión, etnia o condición social.

 

 

 

 

Artículo 10. (Derecho del niño y adolescente con capacidad diferente).- Todo niño y adolescente, con capacidad diferente, psíquica, física o sensorial, tiene derecho a vivir en condiciones que aseguren su participación social a través del acceso efectivo especialmente a la educación, cultura y trabajo.

Este derecho se protegerá cualquiera sea la edad de la persona.

Artículo 11. (Derecho a la privacidad de la vida).- Todo niño y adolescente tiene derecho a que se respete la privacidad de su vida. Tiene derecho a que no se utilice su imagen en forma lesiva, ni se publique ninguna información que lo perjudique y pueda dar lugar a la individualización de su persona.

Artículo 12. (Derecho al disfrute de sus padres y familia).- La vida familiar es el ámbito adecuado para el mejor logro de la protección integral.

Todo niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer junto a su familia y a no ser separado de ella por razones económicas.

Sólo puede ser separado de su familia cuando, en su interés superior y en el curso de un debido proceso, las autoridades determinen otra relación personal sustitutiva.

En los casos en que sobrevengan circunstancias especiales que determinen la separación del núcleo familiar, se respetará su derecho a mantener vínculos afectivos y contactos directo con uno o ambos padres, salvo si es contrario a su interés superior.

Si el niño o adolescente carece de familia, tiene derecho a crecer en el seno de otra familia o grupo de crianza, la que será seleccionada atendiendo a su bienestar.

 

Sólo en defecto de esta alternativa, se considerará el ingreso a un establecimiento público o privado. Se procurará que su estancia en el mismo sea transitoria.

Artículo 13. (Conflictos armados).- Los niños y adolescentes no pueden formar parte de las hostilidades en conflictos armados ni recibir preparación para ello.

identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura, participación, asociación, a los beneficios de la seguridad social y a todos los demás derechos y garantías inherentes a la personalidad humana (artículo 72 de la Constitución). Igualmente le corresponde ser tratado en igualdad de condiciones cualquiera sea su sexo, su religión, etnia o condición social.

Fundamentación: Se amplía la nómina de los derechos mencionados citando a tal fin el artículo 72 de la Constitución, norma que los generaliza.

Artículo 10. (Derecho del niño y adolescente con capacidad diferente).- Todo niño y adolescente, con capacidad diferente psíquica, física o sensorial, tiene derecho a vivir en condiciones que aseguren su participación social a través del acceso efectivo especialmente a la educación, cultura y trabajo.

Este derecho se protegerá cualquiera sea la edad de la persona.

Artículo 11. (Derecho a la privacidad de la vida).- Todo niño y adolescente tiene derecho a que se respete la privacidad de su vida. Tiene derecho a que no se utilice su imagen en forma lesiva, ni se publique ninguna información que lo perjudique y pueda dar lugar a la individualización de su persona.

Artículo 12. (Derecho al disfrute de sus padres y familia).- La vida familiar es el ámbito adecuado para el mejor logro de la protección integral.

Todo niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer junto a su familia y a no ser separado de ella por razones económicas.

Sólo puede ser separado de su familia cuando, en su interés superior y en el curso de un debido proceso, las autoridades determinen otra relación personal sustitutiva.

En los casos en que sobrevengan circunstancias especiales que determinen la separación del núcleo familiar, se respetará su derecho a mantener vínculos afectivos y contacto directo con uno o ambos padres, salvo si es contrario a su interés superior.

Si el niño o adolescente carece de familia, tiene derecho a crecer en el seno de otra familia o grupo de crianza, la que será seleccionada atendiendo a su bienestar. Sólo en defecto de esta alternativa, se considerará el ingreso a un establecimiento público o privado. Se procurará que su estancia en el mismo sea transitoria.

Fundamentación: Se resume en un solo inciso los propuestos 5º y 6º para mayor claridad en la redacción.

Artículo 13. (Conflictos armados).- Los niños y adolescentes no pueden formar parte de las hostilidades en conflictos armados ni recibir preparación para ello.


CAPITULO III

DE LOS DEBERES DEL ESTADO

 

Artículo 14. (Principio general).- El Estado protegerá los derechos de todos los niños y adolescentes sujetos a su jurisdicción, independientemente del origen étnico, nacional o social, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, la posición económica, los impedimentos psíquicos o físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus representantes legales.

El Estado pondrá el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres o sus representantes legales, cuya preocupación fundamental será el interés superior del niño, tienen obligaciones y derechos comunes en lo que respecta a su crianza y desarrollo.

El Estado asegurará la aplicación de toda norma que dé efectividad a esos derechos.

 

 

 

 

 

 

Artículo 15. (Protección especial).- El Estado tiene la obligación de proteger especialmente a los niños y adolescentes respecto a toda forma de:

A) Abandono, abuso sexual o explotación de la prostitución.

B) Trato discriminatorio, hostigamiento, segregación o exclusión en los lugares de estudio, esparcimiento o trabajo.

C) Explotación económica o cualquier tipo de trabajo nocivo para su salud, educación o para su desarrollo físico, espiritual o moral.

D) Tratos crueles, inhumanos o degradantes.

E) Estímulo al consumo de tabaco, alcohol, inhalantes y drogas.

 

F) Situaciones que pongan en riesgo su vida o inciten a la violencia, como el uso y el comercio de armas.

G) Situaciones que pongan en peligro su seguridad, como detenciones y traslados ilegítimos.

CAPITULO III

DE LOS DEBERES DEL ESTADO

Artículo 14. (Principio general).- El Estado protegerá los derechos de todos los niños y adolescentes sujetos a su jurisdicción, independientemente del origen étnico, nacional o social, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, la posición económica, los impedimentos psíquicos o físicos; el nacimiento o cualquier otra condición de niño y adolescente, de su familia, de sus padres o de sus representantes legales.

El Estado garantizará el reconocimiento del principio de que ambos padres, o en su defecto sus representantes legales, tienen obligaciones y derechos comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo de niños y adolescentes en la procura fundamental del interés superior del niño.

Fundamentación: En el inciso 1º se consigna modificación que lleva la protección también al desconocimiento de los derechos cuando sobrevenga por relación parental o familiar.

Al inciso 2º, -respetando los conceptos que contiene-, se le da una redacción más conforme a los mismos, y se los establece más definidos.

Se suprime el inciso 3º por no condecir con el alcance intrínseco de la norma legal, que no puede ser generalización de conductas a asumir eventualmente por el Estado, sino concretas directivas a realizar por el mismo.

Artículo 15. (Protección especial).- El Estado tiene la obligación de proteger especialmente a los niños y adolescentes respecto a toda forma de:

A) Abandono, abuso sexual o explotación de la prostitución.

B) Trato discriminatorio, hostigamiento, segregación o exclusión en los lugares de habitación, estudio, esparcimiento o trabajo.

C) Explotación económica, o cualquier tipo de trabajo nocivo para su salud, educación o para su desarrollo físico, espiritual y moral.

D) Tratos crueles, inhumanos o degradantes.

E) Proporcionarles y estimularles al consumo de tabaco, alcohol, inhalantes y drogas. Se prohíbe la venta a menores y adolescentes de las mencionadas sustancias.

F) Situaciones que pongan en riesgo su vida o le inciten a la violencia, como el uso y el comercio de armas.

G) Progerles de situaciones que pongan en peligro su seguridad, así como de detenciones y traslados ilégitimos.


H) Situaciones que pongan en peligro su identidad, como adopciones ilegítimas y ventas.

I) Incumplimiento de los progenitores o responsables de alimentarlos, cuidar su salud y velar por su educación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV

DE LOS DEBERES DE LOS PADRES O RESPONSABLES

Artículo 16. (De los deberes de los padres o responsables).- Son deberes de los padres o responsables respecto de los niños y adolescentes:

A) Respetar y tener en cuenta el carácter de sujeto de derecho del niño y del adolescente.

B) Alimentar, cuidar su salud, su vestimenta y velar por su educación.

C) Respetar el derecho a ser oído y considerar su opinión.

D) Colaborar para que sus derechos sean efectivamente gozados.

H) Penalizar los actos que alteren o pongan en peligro su identidad, como falsas identidades, adopciones ilegítimas y ventas de su tenencia o individualidad.

I) Incumplimiento de los progenitores, o responsables en su caso, de alimentarlos, cuidad su salud y educación y velar por el ejercicio de sus derechos.

J) Ejercicio de la mendicidad tanto solo como junto a sus padres o responsables, sus familiares directos o acompañando a personas extrañas a su familia. Tanto en este caso como el tipificado en el numeral 8º del artículo 361 del Código Penal (Instigación a la mendicidad) se procederá de acuerdo a lo establecido en el Apartado I del Capítulo XI de este Código.

Fundamentación: Se introducen modificaciones en varios literales del artículo.

Literal B): mencionando específicamente la discriminación en materia habitacional, situación harto frecuente en arrendamientos de casa habitación, o en Pensiones, Hoteles, etc.

Literal E): amplía el alcance de la protección involucrada, especificando a tal efecto el suministro, y no sólo el estímulo a los vicios señalados.

Se introduce una norma genérica de trascendente importancia al prohibir toda venta de las sustancias mencionadas a menores y adolescentes.

Literal G): se clarifica el texto en cuanto la protección a los menores y adolescentes contra detenciones y traslados ilegítimos.

Literal H): se amplían considerablemente las situaciones contenidas en el Proyecto aprobado alcanzando a la alteración, falsas identidades, ventas de tenencia o individualidad.

Literal I): se generaliza la protección determinada en el proyecto original llevándola a "velar por el ejercicio de los derechos" del menor o adolescente.

CAPITULO IV

DE LOS DEBERES DE LOS PADRES O RESPONSABLES

Artículo 16. (De los deberes de los padres o responsables).- Son deberes de los padres o responsables respecto de los niños y adolescentes:

A) Respetar y tener en cuenta el carácter de sujeto de derecho del niño y del adolescente.

B) Alimentar, cuidar su salud, proveer su vestimenta, dotarles de habitación adecuada, y velar por su educación.

C) Respetar su derecho a ser oído y considerar su opinión.

D) Procurar y colaborar para que sus derechos sean efectivamente gozados.


E) Prestar orientación y dirección para el ejercicio de sus derechos.

F) Corregir adecuadamente a sus hijos o tutelados.

G) Solicitar o permitir la intervención de servicios sociales especiales cuando se produzca un conflicto que no pueda ser resuelto en el interior de la familia y que pone en grave riesgo la vigencia de los derechos del niño y del adolescente.

H) Velar por la asistencia regular a los centros de estudio y participar en el proceso educativo.

I) Todo otro deber inherente a su calidad de tal.

E) Prestarle orientación y dirección para el ejercicio desus derechos.

F) Corregir adecuadamente a sus hijos o tutelados.

G) Solicitar o permitir la intervención de servicios sociales competentes cuando se produzca un conflicto que no pueda ser resuelto en el interior de la familia y que pone en grave riesgo la vigencia de los derechos del niño y del adolescente.

H) Asegurar la asistencia regular a los centros de estudio y participar en el proceso educativo.

I) El ejercicio de todo otro deber inherente a su calidad de tal.

Fundamentación: Se introducen modificaciones en varios literales del artículo.

Literal B): se señala la habilitación del niño o adolescentes como un deber a atender.

Literal C): modificación de redacción.

Literal D): se involucra entre los deberes de padres o responsables el "procurar" además de lo ya consignado de "colaborar".

Literal E): modificación gramatical.

Literal G): se opta por la identificación de servicios sociales "adecuados" y no el concepto de "especiales" del proyecto aprobado en Diputados.

Literal H): se hacen imperativos los alcances a que refiere el literal.

Literal I): modificación de redacción.

Artículo 17. (Cuidado de la Salud).- Es obligación de los padres, o los responsables, de niños y adolescentes, realizar los controles médicos y cumplir las instrucciones sobre cuidados de la salud que imparten quienes corresponde, así como dar destino correcto a los alimentos, ropas y medicamentos, que reciban de entidades públicas o privadas con destino a los mismos.

Si los padres o responsables negaren por cualquier razón, su consentimiento para la internación, tratamiento, intervención quirúrgica o en general la realización de actos médicos considerados por los médicos tratantes de carácter necesario y urgente, el profesional interviniente deberá poner la circunstancia en inmediato conocimiento del Tribunal competente y se estará a lo que resuelva éste. El Juez deberá pronunciarse en el término de 48 horas, en resolución no apelable. Sin perjuicio de lo precedente, si a juicio del médico tratante debe procederse en forma urgente e impostergable a realizar los actos referidos, queda autorizado a tomar las medidas inmediatas a fin de proteger la vida e integridad del niño o adolescente, todo lo cual comunicará a la Sede que corresponda.

Fundamentación: Se integra, en el Capítulo de Deberes de los Padres, precisiones sobre deberes de alimentación y cuidado de la salud de los menores.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V

DE LOS DEBERES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 17. (De los deberes de los niños y adolescentes).- Todo niño y adolescente tiene el deber de mantener una actitud de respeto en la vida de relación familiar, educativa y social, así como de emplear sus energías físicas e intelectuales en la adquisición de conocimientos y desarrollo de sus habilidades y aptitudes.

Especialmente deberán:

A) Respetar y obedecer a sus padres o responsables, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o contravengan las leyes.

B) Cuidar, en la medida de sus posibilidades, a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad.

C) Respetar los derechos, ideas y creencias de los demás.

D) Respetar el orden jurídico.

E) Conservar el medio ambiente.

F) Prestar, en la medida de sus posibilidades, el servicio social o ayuda comunitaria, cuando las circunstancias así lo exijan.

G) Cuidad y respetar su vida y su salud.

Se precisa la obligación del "buen destino" alimentos, ropas y medicamentos, muchas veces no cumplido en la vida diaria.

El inciso segundo da solución en forma clara a un tema de complejas connotaciones sociales, y aún éticas. Se trata de la realización de los actos médicos considerados necesarios y urgentes por profesionales médicos tratantes, y rehusados por padres o responsables de los menores. Se da solución terminante al punto afirmando el criterio prioritario de protección al niño o adolescente.

Artículo 18. (Embarazo de educandas menores).- Prohíbese a las instituciones educativas públicas y privadas imponer medidas correctivas y disciplinarias a las educandas embarazadas por su condición. Deberán establecer regulaciones que permitan la continuidad y el buen fin de los estudios de las menores encintas, e igualmente medidas que tengan presente a posteriori su condición de madres.

Fundamentación: La atención de la madre, así como del hijo, impone que se considere la situación de la menor embarazada y madre, y por tanto determina la obligación del sistema público y privado de enseñanza de regular en tal sentido.

CAPITULO V

DE LOS DEBERES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 19. (De los deberes de los niños y adolescentes).- Todo niño y adolescente tiene el deber de mantener una actitud de respeto en la vida de relación familiar, educativa y social, así como de emplear sus energías físicas e intelectuales en la adquisición de conocimientos y desarrollo de sus habilidades y aptitudes.

Especialmente deberán:

A) Respetar y obedecer a sus padres o responsables, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o contravengan las leyes.

B) Cuidar, en la medida de sus posibilidades, a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad.

C) Respetar los derechos, ideas y creencias de los demás.

D) Respetar el orden jurídico.

E) Conservar el medio ambiente.

F) Prestar, en la medida de sus posibilidades, el servicio social o ayuda comunitaria, cuando las circunstancias así lo exijan.

G) Cuidar y respetar su vida, y su salud física y mental.


 

 

 

 

CAPITULO VI

POLITICAS SOCIALES DE PROMOCION Y PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Artículo 18. (Objetivos).- Son objetivos fundamentales:

A) Promoción social. Deberá asegurarse la promoción tendiente a favorecer el desarrollo integral de todas las potencialidades del niño y del adolescente como persona en condición de ser en desarrollo, a efectos de procurar su integración social en forma activa y responsable como ciudadano. Se cuidará especialmente la promoción en equidad, evitando que se generen desigualdades por conceptos discrimina-torios por causa de sexo, etnia, religión o condición social.

B) Protección y atención integral. Deberá asegurarse una protección integral de los derechos y deberes de los niños y adolescentes, así como asegurar una atención especial por parte del Estado y de la sociedad ante la necesidad de ofrecer atención personalizada en determinadas situaciones.

 

 

Artículo 19. (Vida familiar y en sociedad).- Son principios básicos:

A) El fortalecimiento de la integración y permanencia de los niños y adolescentes en los ámbitos primarios de socialización: la familia y las instituciones educativas.

B) La descentralización territorial que asegure el acceso de los niños y adolescentes y familias en toda la gama de servicios básicos.

C) La participación de la sociedad civil y la promoción de la solidaridad social hacia los niños y adolescentes.

 

 

Artículo 20. (Afirmación de políticas sociales).- Las normas que regulan la vigencia efectiva de los derechos de los niños y adolescentes en las áreas de supervivencia y desarrollo, requerirán de la implementación de un sistema

Fundamentación: Se agrega en el Literal G), necesaria referencia a salud "física y mental".

TITULO II

POLITICAS SOCIALES DE PROMOCION

Y PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

CAPITULO VI

POLITICAS SOCIALES

Artículo 20. (Objetivos).- Son objetivos fundamentales de las políticas sociales y protección a la niñez y adolescencia:

A) Promoción social. Asegurar la promoción tendiente a favorecer el desarrollo integral de las potencialidades del niño y del adolescente como persona en su condición de ser en desarrollo, para procurar su integración social en forma activa y responsable como ciudadano. Se cuidará especialmente la promoción en equidad, evitando se generen desigualdades por concepto discriminatorios a causa de sexo, etnia, religión, condición social, educación, o capacidad diferente.

B) Protección y atención integral. Asegurar una protección integral de los derechos y deberes de los niños y adolescentes, así como asegurar una atención especial por parte del Estado y de la sociedad ante la necesidad de ofrecerla personalizada en determinadas situaciones.

Fundamentación: Se mejora la redacción, como resulta en los cambios anotados.

Artículo 21. (Vida familiar y en sociedad).- Son principios básicos de las políticas sociales:

A) El fortalecimiento de la integración y permanencia de los niños y adolescentes en los ámbitos primarios de socialización: la familia y las instituciones educativas.

B) Su descentralización territorial, que asegure el acceso de los niños, adolescentes y familias en toda la gama de servicios básicos.

C) La participación de la sociedad civil y la promoción de la solidaridad social hacia los niños y adolescentes.

Fundamentación: Modificaciones de redacción.

Artículo 22. (Afirmación de políticas sociales).- Las normas que regulan la vigencia efectiva de los derechos de los niños y adolescentes en las áreas de supervivencia y desarrollo, requerirán de la implementación de un sistema


de políticas sociales básicas, complementarias, de protección especial, de carácter integral, que respondan a la diversidad de realidades y comprendan la coordinación entre el Estado y la sociedad civil.

Artículo 21. (Criterio rector).- Es criterio rector velar por el desarrollo armónico de los niños y adolescentes, correspondiendo fundamentalmente a la familia y a los sistemas de salud y educación su seguimiento hasta la mayoría de edad, según el principio de concurrencia que emerge del artículo 7º de este Código.

Artículo 22. (Líneas de acción).- La atención hacia la niñez y la adolescencia se orientará primordialmente a:

A) La aplicación de políticas sociales básicas, que hagan efectivos los derechos consagrados en la Constitución de la República, para todos los niños y los adolescentes.

B) La creación de programas de atención integral, para aquellos que lo necesiten, por carencia temporal o permanente: niños y adolescentes con capacidad diferente, situación de desamparo o marginalidad.

C) La implementación de medidas apropiadas para que los niños tengan derecho a beneficiarse de los servicios de instalaciones de guarda, especialmente en el caso de que los padres trabajen.

D) La adopción de programas integrales y servicios especiales de prevención y atención médica y psicosocial a las víctimas de negligencia, maltrato, violencia o explotación laboral o sexual.

E) La aplicación de programas de garantías para la protección jurídico-social de los niños y adolescentes en conflicto con la ley, y de educación para la integración social.

F) La adopción de programas de promoción de la niñez y adolescencia en las áreas deportivas, culturales y recreativas, entre otras.

G) La creación de sistemas de indicadores de desarrollo del niño y del adolescente, respetando el derecho a la privacidad y el secreto profesional.

 

CAPITULO VII

I - De la filiación

Artículo 23. (Derecho a la filiación).- Todo niño y adolescente tiene derecho a conocer quiénes son sus padres.

de políticas sociales básicas, complementarias, de protección especial, de carácter integral, que respondan a la diversidad de realidades y comprendan la coordinación entre el Estado y la sociedad civil.

Artículo 23. (Criterio rector).- Es criterio rector velar por el desarrollo armónico de los niños y adolescentes, correspondiendo fundamentalmente a la familia y a los sistemas de salud y educación su seguimiento hasta la mayoría de edad, según el principio de concurrencia que emerge del artículo 7º de este Código.

Artículo 24. (Líneas de acción).- La atención hacia la niñez y la adolescencia se orientará primordialmente a:

A) Aplicación de políticas sociales básicas, que hagan efectivos los derechos consagrados en la Constitución de la República, para todos los niños y los adolescentes.

B) Programas de atención integral, para aquellos que lo necesiten por carencia temporal o permanente ya sean niños y adolescentes con capacidad diferente, o en situación de desamparo o marginalidad.

C) Implementación de medidas apropiadas para que los niños se beneficien de los servicios de instalaciones de guarda, especialmente en el caso de que los padres trabajen.

D) Adopción programas y servicios especiales de prevención y atención médica y psicosocial, a las víctimas de negligencia, maltrato, violencia o explotación laboral o sexual.

E) Garantías para la protección jurídico-social de los niños y adolescentes en conflicto con la ley, y de educación para su integración social.

F) Programas de promoción de la niñez y adolescencia en las áreas deportivas, culturales y recreativas, entre otras.

G) Creación de sistemas de indicadores de desarrollo del niño y del adolescente, respetando el derecho a la privacidad y el secreto profesional.

Fundamentación: Modificaciones de redacción o sintaxis.

CAPITULO VII

Sección I - De la filiación

Artículo 25. (Derecho a la filiación).- Todo niño y adolescente tiene derecho a conocer quiénes son sus padres.


 

 

 

 

 

Artículo 24. (Derecho a la protección).- Todo niño y adolescente tiene derecho, hasta la mayoría de edad, a recibir de sus padres y responsables la protección y cuidados necesarios para su adecuado desarrollo integral y es deber de éstos el proporcionárselos.

 

 

 

 

Artículo 25. (Derecho a la identidad).- Sin perjuicio de las normas del Registro de Estado Civil, el recién nacido deberá ser identificado mediante las impresiones plantar y digital acompañadas por la impresión digital de la madre.

Todas las maternidades públicas y privadas deberán llevar un registro para cumplir con lo dispuesto en el inciso anterior, al momento de realizarse el parto. Se le otorgará copia a la madre y se enviará otra al Registro de Estado Civil.

Los médicos o parteros que asistan nacimientos fuera de la maternidad, deberán realizar el registro de igual forma y, en caso de imposibilidad, anotarlo en la historia clínica.

En este último caso y fuera de las hipótesis señaladas anteriormente, las impresiones digital y plantar del recién nacido se tomarán al momento de hacerse la inscripción en el Registro de Estado Civil.

 

 

 

Todo progenitor tiene el derecho y el deber, cualquiera fuera su estado civil, de reconocer a sus hijos.

Fundamentación: Se añade como inciso segundo, el texto del inciso primero del artículo 28 del proyecto aprobado por Diputados. Se adecua así el contenido al concepto "nomes juris" de este artículo.

Artículo 26. (Derecho a la protección).- Todo niño y adolescente tiene derecho, hasta la mayoría de edad, a recibir de sus padres y responsables la protección y cuidados necesarios para su adecuado desarrollo integral, y es deber de éstos el proporcionárselos, así como el respeto y la efectiva realización de los derechos que le son reconocidos en el Capítulo II "DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES", de este Código.

Fundamentación: Se extiende la protección del niño y adolescente al respeto y realización de los derechos que le son reconocidos por el Código.

Artículo 27. (Identificación).- Sin perjuicio de las normas del Registro de Estado Civil, el recién nacido deberá ser identificado mediante las impresiones plantar y digital, acompañadas por la impresión digital de la madre, todas las cuales formarán parte de la documentación registral del nacimiento.

El Poder Ejecutivo reglamentará la norma precedente disponiendo su aplicación progresiva, la que se hará conforme a las circunstancias obrantes en el nacimiento y a las posibilidades administrativas.

 

 

 

 

 

Fundamentación: Se precisa mejor el "nomen juris" de la norma como: "identificación", -por cuanto el del proyecto en análisis, "derecho a la identidad"- no refleja el verdadero contenido de la misma.

Reconociendo la necesidad y bondad de la disposición contenida en el proyecto de Diputados, se procura compatibilizarla con las posibilidades reales de su puesta en vigencia, flexibilizando para ello su vigencia integral.

Se reitera el inciso primero del proyecto, agregándoles el necesario concepto de que lo dispuesto integra ese sistema de impresiones al vigente del Registro Civil.

Se elimina el resto del articulado del proyecto, sustituyéndolo por una norma que encomienda al Poder Ejecutivo la efectiva aplicación, en el tiempo y en el espacio, de lo dispuesto. De otro modo se corre el


riesgo de legislar sin posibilidad real de aplicar lo dispuesto.

 

Artículo 28. (Derecho al nombre y apellido familiares).- Todo niño tiene derecho, desde su nacimiento, a ser inscripto con nombre y apellido.

Artículo 29. (Del nombre).- El niño llevará como apellidos los que resulten de su filiación natural o legítima.

En caso de filiación natural, o desconocida, el niño igualmente deberá ser inscripto con dos apellidos. Si los mismos resultan total o parcialmente de las circunstancias de su filiación, o inscripción, se procederá conforme a las mismas. Cuando esos extremos no resulten al tiempo de inscripción se completarán los faltantes, si los hubiere, por quien sea el inscriptor, -siempre que tuviere facultad bastante para ello-, o en su defecto por el Oficial del Estado Civil actuante, debiendo uno u otro acudir, de ser el caso, a apellidos de uso común en nuestro país.

Similares disposiciones al apellido se aplicarán en cuanto al nombre del niño.

Lo establecido es sin perjuicio del cumplimiento en la materia de las resultancias de las acciones del estado civil que procedan, y de las normas legales del Registro de Estado Civil.

 

 

 

 

 

Artículo 26. (Derecho al nombre y apellidos familiares).- Todo niño tiene derecho, desde su nacimiento, a ser inscripto con nombre y apellido.

Artículo 27. (Del nombre).-

1) El hijo habido dentro del matrimonio llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre.

2) El hijo habido fuera del matrimonio inscripto por ambos padres, llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre.

3) El hijo habido fuera del matrimonio inscripto por su padre llevará como primer apellido el de éste y como segundo el de la mujer que surja acreditada como su madre.

4) El hijo habido fuera del matrimonio inscripto por su madre llevará los dos apellidos de ésta. Si la madre no tuviere segundo apellido el niño llevará como primero el de su madre biológica seguido de uno de uso común.

5) El hijo habido fuera del matrimonio que no es inscripto por su padre ni por su madre, llevará igualmente en segundo lugar el apellido de su madre, en caso de ser ésta conocida y en primer lugar uno de uso común.

6) El hijo habido fuera del matrimonio cuyos padres se desconocen, inscripto de oficio, llevará dos apellidos de uso común seleccionados por el Oficial del Registro de Estado Civil interviniente.

7) Los apellidos de uso común serán sustituidos por el del padre o la madre que reconozca a su hijo o sean declarados tales por sentencia, debiendo recabarse a tales efectos la voluntad del reconocido que haya cumplido los trece años de edad (artículo 32).

8) El hijo habido fuera del matrimonio inscripto por un familiar del niño, llevará dos apellidos, como primer apellido uno de uso común, seleccionado por el familiar interviniente y en segundo lugar el de la madre conocida.

9) En los casos de legitimación adoptiva, el hijo llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre legitimantes. La sentencia que autorice la legitimación adoptiva dispondrá el o los nombres de pila con que será inscripto el legitimado.

10) En los casos de adopción simple realizada por un matrimonio el o los apellidos del adoptado serán


sustituidos por el del padre y madre adoptantes. Si la adopción simple fuere realizada por un hombre, el adoptado sustituirá su primer apellido por el del adoptante. Si la adopción simple fuere realizada por una mujer, el adoptado sustituirá su segundo apellido por el de la adoptante. No obstante, si se tratare de la adopción de un adolescente, podrá convenir con el o los adoptantes si mantendrá sus apellidos de origen o sustituirá alguno de ellos por el del o de los adoptantes.

En la sentencia deberá dejarse constancia de la decisión respecto de los apellidos del adoptado, la que será anotada al margen de la partida de nacimiento.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 28. (Derecho y deber a reconocer los hijos propios).- Todo progenitor tiene el derecho y el deber, cualquiera fuere su estado civil, de reconocer a sus hijos.

Derógase el inciso tercero del artículo 227 del Código Civil.

Modifícase la redacción del inciso cuarto del artículo 227 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma: "No se admitirá el reconocimiento de hijos naturales, aún después de disuelto el matrimonio, cuando ese reconocimiento se pretenda hacer a favor de una persona que tenga la posesión notoria de hijo legítimo, sin perjuicio de las acciones que, legalmente, se admiten para contestar esa filiación".

Entiéndese, en todo el ordenamiento jurídico, las expresiones "hijo legítimo" e "hijo natural" como "hijo habido dentro del matrimonio" e "hijo habido fuera del matrimonio", respectivamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación: Se sustituyen los repetitivos numerales del texto de Diputados, que refieren a hipótesis similares, por normas de alcance general que las comprenden.

Se legisla, además (inciso tercero), en cuanto nombres (patronímicos), aspecto que se omitiera en el proyecto de Diputados.

Expresamente se deja a salvo las resultancias de las acciones de Estado Civil actuantes y las potestades legales relativas al Registro Civil.

En lo relativo a adopciones (tanto comunes como legitimaciones adoptivas), se suprime del artículo las referencias por considerarse más apropiado considerar el punto en los Capítulos específicos).

Artículo 30. (Reconocimiento como naturales de hijos legítimos).- Derógase el inciso tercero del artículo 227 del Código Civil.

Modifícase la redacción del inciso cuarto del artículo 227 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"No se admitirá el reconocimiento de hijos naturales, aun después de disuelto el matrimonio, cuando ese reconocimiento se pretenda hacer a favor de una persona que tenga la posesión notoria de hijo legítimo, sin perjuicio de las acciones que, legalmene, se admiten para contestar esa filiación".

 

 

 

Fundamentación: Se modifica el "nomen juris" del artículo adecuándolo a la nueva redacción del mismo.

Se mantienen los incisos segundo y tercero del artículo del proyecto de Diputados. Se ha trasladado el texto del inciso primero al artículo 25 de este Capítulo.

Se omite la disposición del inciso cuarto que sustituye, -para todo el ordenamiento jurídico-, las denominaciones de "hijo legítimo" e "hijo natural", por las de "hijo habido dentro de matrimonio" e "hijo habido fuera de matrimonio". Se considera la modificación sin un sustrato adecuado. La mera trasposición de una denominación por otra no implica, -a poco que se


 

 

 

 

 

Artículo 29.- Sustitúyense los artículos 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 y 221 del Código Civil, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

"ARTICULO 214.- Viviendo los cónyuges de consuno, y sin perjuicio de la prueba en contrario, la ley considera al marido padre de la criatura concebida por su esposa durante el matrimonio.

Las personas legitimadas por la ley, podrán destruir esta presunción acreditando que el vínculo biológico de paternidad no existe.

 

 

 

 

 

ARTICULO 215.- Se considera concebida dentro del matrimonio, a la criatura nacida fuera de los ciento ochenta días después de contraído éste y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución. Esta presunción es relativa.

ARTICULO 216.- Se considera, asimismo, al marido padre de la criatura nacida de su mujer, dentro de los ciento ochenta días siguientes al matrimonio, siempre que aquél haya conocido el embarazo antes de contraer matrimonio o haya admitido su paternidad expresa o tácitamente por cualquier medio inequívoco. Fuera de estos casos, bastará al marido con negar judicialmente la paternidad de la criatura habida por su mujer, de lo que se le dará conocimiento a ésta. Si la madre se opusiera surgirá el contradictorio.

ARTICULO 217.- La presunción de paternidad del marido que se configura conforme a lo dispuesto por los artículos 214, 215 y 216 de este Código, podrá ser libremente impugnada por el marido, el hijo o los herederos de uno u otro, dentro de los plazos y en las condiciones que se dispone en los artículos siguientes.

 

 

 

 

ARTICULO 218.- El marido podrá ejercer la acción de

visualice en la práctica-, ningún cambio sociológico o conceptual.

Si se quiere evitar un trasfondo diminutorio (si lo hay) para la denominación "natural", en muy poco se altera el concepto con la referencia, -ciertamente en lo social aún más rotunda-, de "hijo habido fuera del matrimonio".

Artículo 31.- Sustitúyense los artículos 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 y 221 del Código Civil, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

"ARTICULO 214.- Viviendo los cónyuges de consuno, y sin perjuicio de la prueba en contrario, la ley considera al marido padre de la criatura concebida por su esposa durante el matrimonio.

Las personas que procedan de matrimonio civil podrán destruir esta presunción acreditando que el vínculo biológico de paternidad no existe.

Fundamentación: (artículo 214). Por el agregado en el inciso segundo se limita a quienes procedan de matrimonio civil, y por ende hijos biológicos, la presunción legal de paternidad. Con ello se elimina la errónea consecuencia del texto de Diputados, que involucra a los legitimados adoptivamente que precisamente no son biológicamente descendientes.

ARTICULO 215.- Se considera concebida dentro del matrimonio, a la criatura nacida fuera de los ciento ochenta días después de contraído éste y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución. Esta presunción es relativa.

ARTICULO 216.- Se considera, asimismo, al marido padre de la criatura nacida de su mujer, dentro de los ciento ochenta días siguientes al matrimonio, siempre que aquél haya conocido el embarazo antes de contraer matrimonio o haya admitido su paternidad expresa o tácitamente por cualquier medio inequívoco. Fuera de estos casos, bastará al marido con negar judicialmente la paternidad de la criatura habida por su mujer, de lo que se le dará conocimiento a ésta. Si la madre se opusiera surgirá el contradictorio.

ARTICULO 217.- La presunción de paternidad del marido que se configura conforme a lo dispuesto por los artículos 214, 215, y 216 de este Código, podrá ser impugnada por el marido, el hijo o los herederos de uno u otro, dentro de los plazos y en las condiciones que se dispone en los artículos siguientes.

OMISIS: "libremente".

Fundamentación: (artículo 217). Se omite del modificativo el adverbio "libremente" por innecesario y redundante. Toda acción debe ser insitamente "libre", de no serlo carece de legitimidad.

ARTICULO 218.- El marido podrá ejercer la acción de


desconocimiento de paternidad a efectos de impugnar la presunción de legitimidad que hubiera surgido, dentro del plazo de un año contado desde que tomó conocimiento del nacimiento de la criatura cuya paternidad la ley le atribuye.

Sus herederos podrán continuar la acción intentada por éste, o iniciar la misma, si el marido hubiera muerto dentro del plazo hábil para deducirla. Los herederos dispondrán del plazo de un año a contar desde el fallecimiento del marido.

ARTICULO 219.- Hallándose el hijo en posesión del estado filiatorio legítimo, tenga o no su título, podrá impugnar la presunción de paternidad, actuando debidamente representado por un curador "ad litem", dentro del plazo de un año a contar desde el nacimiento. Si la acción no hubiera sido intentada durante la menor edad del hijo, podrá ejercerla éste dentro del plazo de un año a partir de su mayoría. En caso de fallecer el hijo dentro del plazo hábil para interponer la demanda de impugnación de la paternidad o durante su minoría de edad sin haberla interpuesto, la acción podrá ser ejercida por los herederos de éste dentro del plazo que aquél contaba.

ARTICULO 220.- De faltar la posesión de estado de filiación legítima aun cuando exista su título, la acción de desconocimiento de paternidad podrá ser intentada indistintamente por la madre, por un curador "ad litem" que actúe en representación del hijo, por el padre biológico que manifieste su ánimo de reconocerlo o por el hijo al llegar a la mayoría de edad. La madre y el padre biológico no podrán accionar una vez que su hijo haya llegado a la mayoría de edad. En ausencia de posesión de estado de filiación legítima, la acción será imprescriptible para el hijo.

En los casos en que este artículo, el precedente y el inciso cuarto del artículo 227 se refieren a posesión de estado, no se requiere el transcurso del tiempo reclamado por el artículo 47 de este Código.

El acogimiento de la acción deducida por la madre o por el padre biológico, dejará al hijo emplazado en el estado civil de hijo natural del demandante.

ARTICULO 221.- El proceso no será válidamente entablado si no intervienen en el mismo, en calidad de sujetos activos o pasivos, en su caso, el marido, la madre y el hijo de ésta".

 

 

desconocimiento de paternidad a efectos de impugnar la presunción de legitimidad que hubiera surgido, dentro del plazo de un año contado desde que tomó conocimiento del nacimiento de la criatura cuya paternidad la ley le atribuye.

Sus herederos podrán continuar la acción intentada por éste, o iniciar la misma, si el marido hubiere muerto dentro del plazo hábil para deducirla. Los herederos dispondrán del plazo de un año a contar desde el fallecimiento del marido.

ARTICULO 219.- Hallándose el hijo en posesión del estado filiatorio legítimo, tenga o no su título, podrá impugnar la presunción de paternidad, actuando debidamente representado por un curador "ad litem", dentro del plazo de un año a contar desde el nacimiento. Si la acción no hubiera sido intentada durante la menor edad del hijo, podrá ejercerla éste dentro del plazo de un año a partir de su mayoría. En caso de fallecer el hijo dentro del plazo hábil para interponer la demanda de impugnación de la paternidad o durante su minoría de edad sin haberla interpuesto, la acción podrá ser ejercida por los herederos de éste dentro del plazo que aquél contaba.

ARTICULO 220.- De faltar la posesión de estado de filiación legítima aun cuando exista su título, la acción de desconocimiento de paternidad podrá ser intentada indistintamente por la madre, por un curador "ad litem" que actúe en representación del hijo, por el padre biológico que manifieste su ánimo de reconocerlo o por el hijo al llegar a la mayoría de edad. La madre y el padre biológico no podrán accionar una vez que su hijo haya llegado a la mayoría de edad. En ausencia de posesión de estado de filiación legítima, la acción será imprescriptible para el hijo.

En los casos en que este artículo, el precedente y el inciso cuarto del artículo 227 se refieren a posesión de estado, no se requiere el transcurso del tiempo reclamado por el artículo 47 de este Código.

El acogimiento de la acción deducida por la madre o por el padre biológico, dejará al hijo emplazado en el estado civil de hijo natural del demandante.

ARTICULO 221.- El proceso no será válidamente entablado si no intervienen en el mismo, en calidad de sujetos, activos o pasivos, en su caso, el marido, la madre y el hijo de ésta. (artículo 46 del Código General del Proceso).

En todo proceso relativo al estado civil cuando la representación legal del menor corresponda a quien tiene intereses contrapuestos al mismo, se procederá al nombramiento de curador "ad-litem".

Fundamentación: (artículo 221). En el primer inciso se agrega, por precesión útil, la mención al artículo pertinente del Código General del Proceso.


 

 

 

Artículo 30. (Capacidad de los padres para reconocer a sus hijos).- Todo progenitor tiene el derecho y el deber, cualquiera fuere su estado civil y edad, a reconocer a su hijo.

No obstante, las mujeres menores de doce años y los varones menores de catorce no podrán realizar reconocimientos válidos sin aprobación judicial, previa vista del Ministerio Público.

 

 

En los casos de padres niños o adolescentes no casados, el Juez decidirá a quién se le atribuyen los derechos y deberes inherentes a la tutela, otorgando preferencia a los abuelos que convivan con el padre que reconoce y el reconocido.

Previo a todas las decisiones a que refiere el inciso anterior que requieran autorización judicial, se deberá oír al padre o a la madre que haya reconocido al hijo y que aún no tenga dieciocho años cumplidos de edad.

La patria potestad será ejercida en forma plena por ambos padres, a partir de que éstos cumplan dieciocho años.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 31. (Formalidades del reconocimiento).- El reconocimiento puede tener lugar:

1) Por la simple declaración formulada ante el Oficial del Registro de Estado Civil por el padre o la madre biológicos en oportunidad de la inscripción del nacimiento del hijo, como hijo habido fuera del matrimonio, suponiendo la sola inscripción reconocimiento expreso.

Se agrega un inciso segundo que precave situaciones negativas posibles cuando el representante legal tiene intereses contrapuestos al menor, disponiendo la designación de curador ad litem.

Artículo 32. (Capacidad de los padres para reconocer a sus hijos).- Todo progenitor tiene el derecho y el deber, cualquiera fuere su estado civil y edad, a reconocer a su hijo.

No obstante, los solteros menores de dieciocho años no podrán realizar reconocimientos válidos sin aprobación judicial, previa vista del Ministerio Público. Si el menor fuere mujer, podrá sustituirse la referida aprobación por certificado de nacimiento vivo del que resulte, bajo responsabilidad del médico actuante, su maternidad.

En los casos de esos padres niños o adolescentes, el Juez decidirá a quién se le atribuyen los derechos y deberes inherentes a la tutela, otorgando preferencia a los abuelos que convivan con el progenitor que reconoce y el reconocido.

Previo a todas las decisiones a que refieren los incisos anteriores que requieran autorización judicial, se deberá oír al padre o a la madre que haya reconocido al hijo o tenga voluntad de hacerlo y que aún no tenga dieciocho años cumplidos de edad.

La patria potestad será ejercida en forma plena por ambos padres, a partir de que éstos cumplan dieciocho años.

Fundamentación: Se modifica el criterio, muy lato en el proyecto, que implica, -a contrario sensu-, que los menores de 18 no habilitados por casamiento, pueden reconocer (las mujeres desde los 12 años y los varones desde los 14 años), hijos naturales. Se plantea un criterio unificado: todo reconocimiento de hijo natural por menores de 18 años requiere la aprobación judicial, con vista fiscal. Se acepta, en el caso de la madre menor, como suficiente y supletorio el certificado médico de nacimiento vivo.

En los incisos tercero y cuarto se anotan modificaciones gramaticales, dejando de lado (inciso tercero), los términos de "no casado", por cuanto, aunque harto inusual, puede tratarse de viudos o divorciados.

Artículo 33. (Formalidades del reconocimiento).- El reconocimiento puede tener lugar:

1) Por la simple declaración formulada ante el Oficial del Registro de Estado Civil por el padre o la madre biológicos con capacidad para ello, en oportunidad de la inscripción del nacimiento del hijo, como hijo natural, suponiendo la sola inscripción reconocimiento expreso.


2) Por testamento, en cuyo caso el reconocimiento podrá ser expreso o implícito.

3) Por escritura pública.

Fundamentación: En concordancia con lo fundamentado en su oportunidad se sustituye por "natural" la expresión "habido fuera de matrimonio".

Artículo 34. (Apellidos previos al reconocimiento).- Cuando el hijo fuere reconocido luego de haber cumplido trece años de edad, tiene derecho a expresar en forma ante el Oficial del Registro de Estado Civil su voluntad, que será atendida, de seguir usando los apellidos con los que hasta entonces era identificado. Dicha expresión de voluntad será anotada al margen de su partida de nacimiento.

Fundamentación: Se modifica el "nomen juris" del artículo en forma más coherente a su texto.

Se agrega también como necesaria conclusión que la declaración deba ser respetada.

Artículo 35. (Inscripción tardía).- El derecho consagrado en el artículo anterior, también rige para los supuestos de inscripciones tardías de hijos mayores de trece años.

Tratándose de inscripción tardía de hijos legítimos, basta con la gestión a tal fin de uno o de ambos padres, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes.

Fundamentación: Se utiliza la denominación "legítimos" de acuerdo a lo explicitado, y se sustituye la palabra "presencia" por los términos más adecuados de: "gestión a tal fin".

Sección II - De la tenencia del niño y adolescente

Artículo 36. (Tenencia por los padres).- En lo relativo a la tenencia de los niños y adolescentes:

1) Cuando sus padres vivan de consuno, o sólo uno de ellos fuere conocido o le hubiere reconocido, se estará a los dispuesto en el Título VIII del Código Civil, "De la Patria Potestad".

2) Cuando los padres no vivan de consuno, se determinará de común acuerdo (artículo 177 del Código Civil).

3) De no existir acuerdo de los padres, no se les conocieren o ubicaren, o de negarse ambos a la tenencia la resolverá el Juez de Familia, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento.

Fundamentación: Se agrega el numeral 1), que reitera vigencia de normas del Código Civil de "Patria Potestad".

2) Por testamento, en cuyo caso el reconocimiento podrá ser expreso o implícito.

3) Por escritura pública.

 

 

Artículo 32. (Voluntad del hijo).- Cuando el hijo fuere reconocido luego de haber cumplido trece años de edad, tiene derecho a expresar en forma ante el Oficial del Registro de Estado Civil su voluntad de seguir usando los apellidos con los que hasta entonces era identificado. Dicha expresión de voluntad será anotada al margen de su partida de nacimiento.

 

 

 

 

Artículo 33. (Inscripción tardía).- El derecho consagrado en el artículo anterior, también rige para los supuestos de inscripciones tardías de hijos mayores de trece años.

Tratándose de inscripción tardía de hijos habidos dentro del matrimonio, basta con la presencia de uno o de ambos padres, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes.

 

 

 

II - De la tenencia del niño y adolescente

Artículo 34. (Tenencia por los padres).-

 

1) Cuando los padres estén separados, se determinará de común acuerdo cómo se ejercerá la tenencia (artículo 177 del Código Civil).

2) De no existir acuerdo de los padres, la tenencia la resolverá el Juez de Familia, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 35. (Facultades del Juez de Familia).- En caso de no existir acuerdo de los padres, el Juez resolverá, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

A) El hijo deberá permanecer con el padre o la madre con quien convivió el mayor tiempo, siempre que lo favorezca.

B) Preferir a la madre cuando el niño sea menor de dos años, siempre que no sea perjudicial para él.

 

C) Bajo su más seria responsabilidad funcional, el Juez siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente.

 

 

Artículo 36. (Tenencia por terceros).-

1) Cualquier interesado puede solicitar la tenencia de un niño o adolescente siempre que ello tenga como finalidad el interés superior de éste. El Juez competente, bajo la más seria responsabilidad funcional, deberá evaluar el entorno familiar ofrecido por el interesado.

 

 

 

2) La persona que ejerce la tenencia de un niño o adolescente está obligada a brindarle la protección y cuidados necesarios para su desarrollo integral.

 

 

 

3) La persona que no se sienta capacitada para proseguir con la tenencia, deberá ponerlo en conocimiento del Juez de Familia, quien resolverá la situación del niño o adolescente.

Se incorporan algunas hipótesis posibles que requieren de normas concretas para solucionar hechos negativos para el niño y adolescente.

Se retoma, en parte, lo consagrado en el proyecto de Diputados pero refiréndolo, con más precisión y generalidad, a cuando los padres no viven de consuno.

Finalmente al dotar al Juez de Familia de potestades, se agregan a la proyectada, el desacuerdo de los padres, hipótesis de desconocimiento, imposibilidad de ubicar o negativa de los mismos a ejercer la tenencia legal acordada a los padres.

Artículo 37. (Facultades del Juez de Familia).- En caso de no existir acuerdo de los padres, el Juez resolverá, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

A) El hijo deberá permanecer con el padre o la madre con quien convivió el mayor tiempo.

B) Preferir a la madre cuando el niño sea menor de dos años.

Tanto en este literal como en el anterior lo dispuesto se efectivizará siempre que no sea perjudicial para el menor.

C) Bajo su más seria responsabilidad funcional, el Juez, en su caso, siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente con uso de razón.

Fundamentación : Aparte de alguna modificación de redacción, se modifica el literal C) del artículo, implicando en su texto el caso de imposibilidad de consulta por el Juez al niño o adolescente (bebé, impedido, o niño que no llegó al uso de razón).

Artículo 38. (Tenencia por terceros).- Cualquier interesado puede denunciar la carencia de efectivo ejercicio de la tenencia de un niño o adolescente. Igualmente puede solicitar la tenencia, siempre que ello tenga como finalidad el interés superior de éste. El Juez competente, bajo la más seria responsabilidad funcional, deberá evaluar el entorno familiar ofrecido por el interesado, y en su caso, el que le brindaren quienes tienen por derecho su tenencia.

Fundamentación: Se agrega en la evaluación a realizar por el Juez, la del entorno familiar de quienes por derecho tienen la tenencia.

Artículo 39.- Quien ejerce la tenencia de un niño o adolescente está obligado a brindarle la protección y cuidados necesarios para su desarrollo integral.

Fundamentación: Con modificaciones gramaticales, se independiza en norma aparte.

 

Artículo 40.- Quien no se sienta capacitado para proseguir con la tenencia que ejerce, deberá ponerlo en conocimiento del Juez de Familia, quien resolverá la situación del niño o adolescente.


 

 

Artículo 37. (Procedimiento).- Todas las pretensiones relativas a la tenencia, recuperación de tenencia o guarda de los niños o adolescentes, se regularán por el procedimiento extraordinario consagrado en los artículos 346, 347, 349 y 350 del Código General del Proceso. La ratificación de tenencia se tramitará por el procedimiento voluntario (ar-tículos 402 y siguientes del Código General del Proceso). Es Juez competente para conocer en dichas pretensiones, el del domicilio del niño o adolescente.

 

 

III - Visitas

Artículo 38. (Principio general).- Todo niño y adolescente tiene derecho a mantener el vínculo, en orden preferencial, con sus padres, abuelos y demás familiares y consecuentemente, a un régimen de visitas con los mismos. Sin perjuicio que el Juez competente basado en el interés superior del niño o adolescente, incluya a otras personas con las que aquél haya mantenido vínculos afectivos estables.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 39. (Determinación de las visitas).-

 

1) La determinación de las visitas se fijará de común acuerdo entre las partes.

2) A falta de acuerdo, o que se impida o limite el ejercicio del derecho mencionado, el Juez de Familia fijará el mismo. Se garantizará el derecho del niño o adolescente a ser oído, teniendo en cuenta su opinión, la cual se recabará en un ámbito adecuado.

Fundamentación: Con modificación gramatical del numeral original, se independiza en artículo aparte.

Artículo 41. (Procedimiento).- Todas las pretensiones relativas a la tenencia, recuperación de tenencia o guarda de los niños o adolescentes, se regularán por el procedimiento extraordinario consagrado en los artículos 346, 347 y concordantes del Código General del Proceso. La ratificación de tenencia se tramitará por el procedimiento voluntario (artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso). Es Juez competente para conocer en dichas pretensiones, el del domicilio del niño o adolescente.

Fundamentación: Se cita con mayor propiedad las normas del Código General del Proceso.

Sección III - Visitas

Artículo 42. (Principio general).- Todo niño y adolescente tiene derecho a mantener su vínculo de relacionamiento social, en orden preferencial, aunque no excluyente, con sus padres, abuelos y hermanos, y consecuentemente a un régimen de visitas con los mismos. Ello sin perjuicio que el Juez competente, basado en el interés superior del niño o adolescente, incluya a otros familiares o personas con las que aquél haya mantenido vínculos afectivos estables.

Fundamentación: Se limita la nómina del proyecto aprobado a los familiares directos del niño o adolescente, estableciéndose taxativamente los comprendidos.

Se acota la expresión "orden preferencial" con la referencia "aunque no excluyente", por cuanto el régimen de visitas no debe ser limitado sino puede alcanzar a todos los nominados.

El principio pragmático del artículo se caracteriza además por referirlo a un vínculo de "relacionamiento social".

En cuanto refiere a los terceros se especifica a los "familiares", lo que parece oportuno y congruente con la modificación explicada.

Artículo 43. (Régimen de visitas).-

1) El régimen de visitas se fijará de común acuerdo entre quienes tengan la tenencia del niño o adolescente, y los mencionados en el artículo anterior.

2) A falta de acuerdo, o si se impide o limita el ejercicio del derecho mencionado, el Juez de Familia fijará el mismo. Se garantizará el derecho del niño o adolescente a ser oída y tenida en cuenta su opinión, la que se recabará por el Juez en un ámbito adecuado.

Fundamentación: Se modifica el "nomen juris", y en denominación en el texto, refiriéndole a "Régimen de visitas", lo que resulta mejor vinculado al objeto de la norma.

 

 

 

Artículo 40. (Incumplimiento en permitir las visitas).- La parte que está obligada a permitir las visitas o entregar al niño o adolescente de acuerdo al régimen establecido, y se negara en forma inmotivada, habilitará a que la otra parte acuda personalmente ante el Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces en donde este no exista, el cual dispondrá de inmediato la comparecencia de la parte incumplidora, siendo notificada por la Policía. En caso de incomparecencia, podrá ser conducida por la fuerza pública, si así lo dispusiere el Juez.

 

El Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces, escuchará a ambas partes y de ser inmotivada la reticencia de la parte obligada a permitir las visitas, dispondrá -apre-ciando las circunstancias del caso, la edad y especialmente los intereses del niño o adolescente- la entrega del mismo a la parte que lo reclama, la cual deberá reintegrarlo según lo acordado, salvo que el Juez de Familia entienda que deberá conservarlo el solicitante, hasta tanto resuelva el Juez de la causa.

 

 

 

Artículo 41. (Régimen de visitas definitivo).- El día hábil inmediato siguiente, el Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces en donde este no exista dará cuenta al Juez de Familia que intervino en la fijación del régimen de visitas, remitiéndole los antecedentes, quien resolverá en definitiva sobre el mantenimiento o no del régimen fijado.

A tales efectos, deberá convocar a las partes a una audiencia, la cual deberá celebrarse en un plazo no mayor a los tres días hábiles de recibidos los antecedentes. En dicha audiencia será preceptiva la presencia del Ministerio Público y Fiscal, así como la asistencia letrada.

 

 

Artículo 42. (Incumplimiento en realizar las visitas).- Si la parte a cuyo favor se establece un régimen de visitas, no cumpliere con el mismo, podrá la otra parte acudir al Juez de Familia competente, explicando la situación y la repercusión que la falta de cumplimiento por parte del obligado tiene sobre sus hijos.

En tal caso se aplicará lo dispuesto en el inciso primero del artículo 40 y el artículo 41.

 

 

Se introducen otras modificaciones al texto de Diputados cuyos motivos resultan claros de sus textos.

 

Artículo 44. (Incumplimiento en permitir las visitas).- Quien estuviere obligado, de acuerdo al régimen establecido, y se negara a cumplirlo en forma inmotivada, habilitará a que la otra parte acuda personalmente ante el Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces en donde este no exista, el cual dispondrá de inmediato la comparecencia de la parte incumplidora, la que será notificada por la Policía. En caso de incomparecencia, podrá ser conducida por la fuerza pública, si así lo dispusiere el Juez.

 

 

El Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces, escuchará a ambas partes y de ser inmotivada la reticencia de la parte obligada a permitir las visitas, dispondrá -apre-ciando las circunstancias del caso, la edad y especialmente los intereses del niño o adolescentes- el cumplimiento del régimen de visitas, salvo que el Juez de Familia interviniente, entienda que es procedente modificar provisoriamente el régimen vigente, hasta tanto resuelva, si fuere el caso, el Juez de la causa, si la hubiere.

Fundamentación: Se incurre en modificaciones de mera redacción, y otras que tienden a generalizar la disposición, que en su redacción original resultaba limitada.

Artículo 45. (Régimen de visitas definitivo).- En el caso previsto en el artículo anterior, el día hábil inmediato siguiente, el Juez de Familia de Urgencia, o quien haga sus veces en donde éste no exista dará cuenta al Juez de Familia que intervino, o fuere competente en su caso, en la fijación del régimen de visitas, remitiéndole los antecedentes, quien resolverá en definitiva sobre el mantenimiento o no del régimen fijado.

A tales efectos, deberá convocar a las partes a una audiencia, la cual deberá celebrarse en un plazo no mayor a los tres días hábiles de recibidos los antecedentes. En dicha audiencia será preceptiva la presencia del Ministerio Público y Fiscal, así como la asistencia letrada.

Fundamentación: Mero agregado de redacción.

Artículo 46. (Incumplimiento en realizar las visitas).- Si la parte a cuyo favor se establece un régimen de visitas, no cumpliere con el mismo, podrá la otra parte acudir al Juez de Familia competente, explicando la situación y la repercusión que la falta de cumplimiento por parte del obligado tiene sobre el niño o adolescente de su cargo.

En tal caso se aplicará lo dispuesto en el inciso primero del artículo 44 y el artículo 45 de este Código.

Fundamentación: Se modifica el primer inciso por entenderse requiere una redacción más congruente al sistema legal, y no la mención, de difícil interpretación "de sus hijos".


Artículo 43. (Sanción por incumplimiento).- El incumplimiento grave o reiterado del régimen de visitas homologado o fijado judicialmente podrá originar la variación de la tenencia si ello no perjudicara el interés del niño o adolescente, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que fije el Juez a instancia de parte o de oficio, cuyo producido será en beneficio de aquél.

El Juez deberá hacer saber a la parte incumplidora que el desatender las necesidades afectivas de los hijos puede dar lugar a la pérdida de la patria potestad y al delito previsto en el artículo 279 B del Código Penal.

 

Artículo 44. (Principio general de procedimiento).- Todas las pretensiones que conciernen al régimen de visitas, se regularán por el procedimiento extraordinario consagrado en los artículos 346, 347, 349 y 350 del Código General del Proceso.

 

Es Juez competente para conocer en dichas pretensiones, el del domicilio del niño o adolescente.

 

 

CAPITULO VIII

DE LOS ALIMENTOS

Artículo 45. (Concepto de deber de asistencia familiar).- El deber de asistencia familiar está constituido por los deberes y obligaciones a cargo de los integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya finalidad es la protección material y moral de los miembros de la misma.

Bajo la denominación de alimentos, se alude en este Código a la asistencia material.

 

 

 

Artículo 47. (Sanción por incumplimiento).- El incumplimiento grave o reiterado del régimen de visitas homologado, o fijado judicialmente, podrá originar la variación de la tenencia, si ello no perjudicara el interés del niño o adolescente, y sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que fije el Juez a instancia de parte o de oficio, cuyo producido será en beneficio de aquél.

El Juez, cuando se tratare de progenitores, instruirá a la parte incumplidora que el desatender las necesidades afectivas de los hijos puede dar lugar a la pérdida de la patria potestad y al delito previsto en el artículo 279 B del Código Penal.

Fundamentación: Idem al anterior.

Artículo 48. (Principio general de procedimiento).- Toda las pretensiones que conciernen al régimen de visitas, se regularán por el procedimiento extraordinario consagrado en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso, y en lo pertinente lo establecido en los artículos 349 y 350 del mismo Código.

Es Juez competente para conocer en dichas pretensiones, el del domicilio del niño o adolescente.

Fundamentación: Se corrige las referencias a los artículos del Código General del Proceso, haciéndolas más exactas.

CAPITULO VIII

DE LOS ALIMENTOS

Artículo 49. (Concepto de deber de asistencia familiar).- El deber de asistencia familiar está constituido por los deberes y obligaciones a cargo de los integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya finalidad es la protección material y moral de los miembros de la misma.

Bajo la denominación de alimentos, se alude en este Código a la asistencia material.

En caso de desconocimiento de este deber podrán ser compelidos judicialmente a cumplir sus responsables.

Serán aplicables, en lo que fueren pertinentes, las normas establecidas en el presente Capítulo "DE LOS ALIMENTOS" a la obligación de alimentos prevista en la Sección I del Capítulo IV del Título V del Libro Primero del Código Civil, y sus disposiciones concordantes y modificativas.

Fundamentación: Se introduce referencia explícita a la aplicabilidad de las normas contenidas en este Capítulo, al sistema de alimentos del Código Civil.

Al vincularse muchos conceptos contenidos en este Código con la realidad operante social y económica, es de toda lógica y eficacia el darles vigencia en


 

 

 

Artículo 46. (Concepto de alimentos).- Los alimentos están constituidos por las prestaciones monetarias o en especie que sean bastantes para satisfacer, según las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, educación, cultura y recreación.

También se consideran alimentos los gastos de atención de la madre durante el embarazo, desde la concepción hasta la etapa de posparto.

Las prestaciones deberán ser proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y a las necesidades de los beneficiarios.

 

 

Artículo 47. (Forma de prestación de los alimentos).- Las prestaciones alimentarias serán servidas en dinero o en especie, o de ambas formas, en atención a las circunstancias de cada caso.

Todas las prestaciones se servirán en forma periódica y anticipada.

El obligado a prestar alimentos podrá exigir de la persona que administre la pensión alimenticia, rendición de cuentas sobre los gastos efectuados para los beneficiarios.

 

El Juez apreciará si corresponde dar trámite a la solicitud de rendición de cuentas.

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 48. (De la vigencia de la prestación alimentaria).- La prestación alimentaria se debe desde la interposición de la demanda.

Tratándose de aumento o reducción de la prestación, la misma surtirá efecto desde la interposición de la demanda, salvo que el Juez, apreciando las circunstancias del caso, disponga que se aplique desde que la sentencia quede ejecutoriada.

instituto similar del derecho Civil.

Igualmente se establece en el texto la norma procesal básica que viabiliza las acciones judiciales previstas.

Artículo 50. (Concepto de alimentos).- Los alimentos están constituidos por las prestaciones monetarias o en especie, o de ambas formas, bastantes a satisfacer, según las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, educación, cultura y recreación.

También se consideran alimentos los gastos de atención de la madre durante el embarazo, desde la concepción hasta la etapa del posparto.

Las prestaciones deberán ser proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y a las necesidades de los beneficiarios.

Fundamentación : Correcciones meramente gramaticales.

 

Artículo 51. (Forma de prestación de los alimentos).- Todas las prestaciones se servirán en forma anticipada, y también periódica cuando su naturaleza lo determine.

 

 

El obligado a prestar alimentos podrá exigir de la persona que administre la pensión alimenticia, rendición de cuentas sobre los gastos efectuados para los beneficiarios.

El Juez competente resolverá en definitiva tanto en caso de negativa a la rendición de cuentas, como si se suscitaren diferencias en cuanto a las mismas.

Fundamentación : Se elimina el primer inciso cuyo contenido refiere a lo legislado en el artículo anterior.

Se modifica el inciso segundo del proyecto haciéndolo más congruente con su objetivo.

En el último inciso se explicitan normas para llevar a Sede Judicial la rendición de cuentas, ya sea lo de negativa a presentarla por el obligado, como si se suscitaren diferencias en cuanto a la misma.

Artículo 52. (De la vigencia de los alimentos).- Cuando se reclamaren judicialmente alimentos, se deben desde la interposición de la demanda.

Tratándose de aumento o reducción de prestación judicialmente establecida la misma surtirá efecto desde la interposición de la demanda, salvo que el Juez, apreciando las circunstancias del caso, disponga que se aplique desde que la sentencia quede ejecutoriada.


La convenida extrajudicialmente, se debe desde la fecha pactada.

 

 

Artículo 49. (Alimentos provisionales).- El Juez al proveer sobre la demanda, y atendidas las circunstancias invocadas, fijará alimentos provisionales.

Artículo 50. (Beneficiarios de la obligación alimentaria).- Son acreedores de la obligación alimentaria los niños y adolescentes así como los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno que no dispongan -en el último caso- de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

 

Artículo 51. (Personas obligadas a prestar alimentos y orden de preferencia).- Los alimentos se prestarán por los padres o, en su caso, por el o los adoptantes. Para el caso de imposibilidad o insuficiencia del servicio pensionario, se prestarán subsidiariamente de acuerdo al siguiente orden:

1) Los ascendientes más próximos, con preferencia los de progenitor obligado.

2) El cónyuge respecto a los hijos del otro en cuanto conviva con el beneficiario.

3) El concubino o la concubina, en relación al o los hijos del otro integrante de la pareja, que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos conformando una familia de hecho.

4) Los hermanos legítimos o naturales, con preferencia los de doble vínculo sobre los de vínculo simple.

En los casos previstos en los numerales 1) y 4), si concurrieren varias personas en el mismo orden, la obligación será divisible y proporcional a la posibilidad de cada obligado.

 

 

Los convenios extrajudiciales, se deben desde la fecha pactada.

Fundamentación : Tanto el "nomen juris" como el primer inciso del artículo se modifican haciendo más precisa la nominación.

Artículo 53. (Alimentos provisionales).- El Juez al proveer sobre la demanda y atendidas las circunstancias invocadas, fijará alimentos provisionales.

Artículo 54. (Beneficiarios de la asistencia familiar).- Son acreedores de la asistencia familiar los niños y adolescentes, así como los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno que no dispongan -en el último caso- de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

Fundamentación : Idem a lo establecido para el artículo 52.

Artículo 55. (Personas obligadas a prestar alimentos y orden de preferencia).- Los alimentos se prestarán por los padres o, en su caso, por el o los adoptantes (artículo 159 de este Código). Para el caso de imposibilidad o insuficiencia de los alimentos, se prestarán subsidiariamente de acuerdo al siguiente orden:

1) Los ascendientes más próximos.

2) El cónyuge respecto a los hijos del otro, en cuanto conviva con el beneficiario.

3) El concubino o la concubina, en relación a los hijos del otro integrante de la pareja, que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos conformando una familia de hecho.

4) Los hermanos legítimos o naturales, con preferencia los de doble vínculo sobre los de vínculo simple.

En los casos previstos en los numerales 1) y 4), si concurrieren varias personas en el mismo orden, la obligación será divisible y proporcional a la posibilidad de cada obligado.

Fundamentación: En el inciso primero se cita el artículo 159 por ser de referencia útil.

Aparte de algunas pocas modificaciones gramaticales se propone una diferencia de alguna trascendencia con relación al proyecto aprobado en Diputados. Este último consigna en su numeral 1) como preferente la obligación alimentaria de los ascendientes del progenitor obligado. En casi la totalidad de las hipótesis posibles refiere a los abuelos. No comparte que como lo indica el texto del artículo la "imposibilidad o insuficiencia" del padre, sea una obligación que deban satisfacer "con preferencia" algunos abuelos cuando los ascendientes por la otra línea parental pueden estar en mucho mejor posición económica.


Artículo 56. (Caracteres de la obligación alimentaria).- El derecho de pedir alimentos no puede trasmitirse por actos entre vivos ni por causa de muerte, ni renunciarse, ni venderse o cederse de modo alguno.

Los alimentos, sea en dinero, sea en especie, no son embargables.

 

 

 

El deudor de alimentos no puede oponer al demandante de los mismos, en compensación, lo que éste le deba, excepto que lo adeudado refiera a la pensión alimenticia objeto del litigio.

 

El derecho a pedir alimentos es imprescriptible.

Fundamentación : Quizás por inadvertencia en la versión final de Diputados de este articulado, se dejaron anotaciones que se explicitan normalmente en el articulado. En mérito a ello se eliminan. Se añaden algunas modificaciones de redacción que se justifican por su contenido.

Artículo 57. (Pensiones alimenticias atrasadas).- No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse, y el derecho a demandarlas se trasmite por causa de muerte.

Fundamentación : mejora la redacción.

Artículo 58. (Transacción sobre alimentos futuros).- La transacción sobre alimentos futuros no surtirá efectos sino después de ser aprobada judicialmente.

Artículo 59. (Modificación de la obligación alimentaria).- Los alimentos podrán ser objeto de aumento o de reducción, si se modifica la situación económica del deudor o las necesidades del acreedor.

Fundamentación: Se omite la referencia procesal puesto que se estima más lógico una sola norma que unifique procedimientos.

Artículo 60. (Extinción de la obligación alimentaria).- La obligación de alimentos se extingue y su cese debe ser judicialmente decretado en los siguientes casos:

1) Cuando se dejen de cumplir los supuestos establecidos en el artículo 54 de este Código.

2) Cuando el obligado se halla en imposibilidad de servirlos.

3) Cuando fallece el alimentante, sin perjuicio de la asignación forzosa que grava la masa de la herencia.

4) Cuando fallece el alimentario, en cuyo caso la obliga-

Artículo 52. (Caracteres de la obligación alimentaria).-

 

1) Intrasmisibilidad e irrenunciabilidad. El derecho de pedir alimentos no puede trasmitirse por causa de muerte, ni renunciarse, ni venderse o cederse de modo alguno.

2) Inembargabilidad e incompensabilidad. Las pensiones alimenticias no son embargables.

El deudor de alimentos no puede oponer al demandante, en compensación, lo que el demandante le deba, excepto que lo adeudado refiera a la pensión alimenticia objeto del litigio.

3) Imprescriptibilidad.

El derecho a pedir alimentos es imprescriptible.

 

 

 

Artículo 53. (Pensiones alimenticias atrasadas).- No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse, y el derecho a demandarlas, podrá trasmitirse por causa de muerte.

 

Artículo 54. (Transacción sobre alimentos futuros).- La transacción sobre alimentos futuros no surtirá efectos sino después de ser aprobada judicialmente.

Artículo 55. (Modificación de la obligación alimentaria).- Los alimentos podrán ser objeto de aumento o de reducción, si se modifica la situación económica del deudor o las necesidades del acreedor. Se tramitarán por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

 

Artículo 56. (Extinción de la obligación alimentaria).- La obligación de alimentos se extingue y su cese debe ser judicialmente decretado en los siguientes casos:

1) Cuando se dejen de cumplir los supuestos establecidos en el artículo 50.

2) Cuando el deudor se halla en imposibilidad de servirlos.

3) Cuando fallece el alimentante, sin perjuicio de la asignación forzosa que grava la masa de la herencia.

4) Cuando fallece el alimentario, en cuyo caso la obliga-

ción se extiende a los gastos funerarios, siempre que no puedan cubrirse de otra manera.

En el caso previsto en el numeral 1) cuando se trate de un beneficiario que cumpla veintiún años de edad, bastará que el alimentante se presente ante el Juez Letrado de Familia que intervino en la fijación de alimentos solicitando el cese de la pensión, agregando la partida de nacimiento del beneficiario, y sustanciándose con traslado a la contraparte por el plazo perentorio de veinte días.

Transcurrido el plazo sin que se evacuare el traslado, se decretará el cese de la pensión alimenticia, notificando a la otra parte.

Si se dedujere oposición se tramitará por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Los casos de los numerales 2) a 4) se tramitarán por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

 

 

 

 

Artículo 57. (Omisión injustificada de los alimentos).- Cuando el obligado judicialmente a servir alimentos de acuerdo a las disposiciones de este Código que, habiendo sido intimado judicialmente, omitiera prestarlos sin causa justificada, el Juez de Familia dará cuenta de inmediato al Juez Letrado en lo Penal que corresponda, a los efectos previstos por el artículo 279 A del Código Penal.

El Juez Letrado en lo Penal deberá comunicar al Juez de Familia las resultancias de las actuaciones llevadas a cabo por dicha Sede.

 

 

Artículo 58. (Concepto de ingresos).- A los efectos de este Código, se entiende por sueldo o haberes, todo ingreso de cualquier naturaleza, periódico o no, que se origine en la relación laboral, arrendamiento de obras o de servicios o derive de la seguridad social. No se computarán por ingresos, a los efectos de la pensión alimenticia, lo que perciba el obligado a la prestación por concepto de viáticos sujetos a rendición de cuentas. Cuando los viáticos no estén sujetos a rendición de cuentas se computarán a efectos de la pensión alimenticia en un 35% (treinta y cinco por ciento).

Quedan asimilados a lo dispuesto en el inciso anterior, los ingresos provenientes de retiros periódicos por concepto de utilidades, beneficios o ganancias, cobro de intereses o dividendos. En general, todo lo que perciba el deudor de alimentos por su trabajo o su capital.

 

ción se extiende a los gastos funerarios, siempre que no puedan cubrirse de otra manera.

En los casos previstos en los numerales 1) y 4) bastará que el alimentante se presente en los autos en que se dispusieron los alimentos solicitando el cese de la pensión, agregando la partida de estado civil respectiva y sustanciándose con traslado a quien administre los alimentos por el plazo perentorio e improrrogable de diez días.

Transcurrido el plazo sin que se evacuare el traslado, se decretará el cese de la pensión alimenticia, notificando a la otra parte.

 

 

 

 

Fundamentación : Sin perjuicio de algunas modificaciones de redacción, se procura una mejor sistematización de las hipótesis de mayoría de edad o de fallecimiento del titular de los alimentos.

Se precisan mejor los términos y normas procesales, y como en similares artículos se remite a una fórmula procesal unificadora.

Artículo 61. (Omisión injustificada de los alimentos).- Cuando el obligado judicialmente a servir alimentos de acuerdo a las disposiciones de este Código que, habiendo sido intimado judicialmente, omitiera prestarlos sin causa justificada, el Juez interviniente dará cuenta de inmediato al Juez Letrado en lo Penal que corresponda, a los efectos previstos por el artículo 279 A del Código Penal.

El Juez Letrado en lo Penal deberá comunicar al Juez denunciante las resultancias de las actuaciones llevadas a cabo por dicha Sede.

Fundamentación : Modificaciones de redacción.

Artículo 62. (Concepto de ingresos).- A los efectos de este Código, se entiende por sueldos o haberes, todo ingreso de cualquier naturaleza, periódico o no, que se origine en la relación laboral, arrendamiento de obras o de servicios o derive de la seguridad social. No se computarán por ingresos, a los efectos de la pensión alimenticia, lo que perciba el obligado a la prestación por concepto de viáticos sujetos a rendición de cuentas. Cuando los viáticos no estén sujetos a rendición de cuentas se computarán a efectos de la pensión alimenticia en un 35% (treinta y cinco por ciento).

Igualmente serán ingresos los provenientes de retiros periódicos por concepto de utilidades, beneficios o ganancias, cobro de intereses o dividendos, arrendamientos, honorarios profesionales y en general, todo lo que perciba el deudor de alimentos por su trabajo, actividad o capital.

 


 

 

 

Artículo 59. (Límite de la retención por alimentos).- Podrá retenerse mensualmente hasta un 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos cuando así lo justifique el número de hijos y las necesidades de los mismos. La resolución del Juez deberá ser fundada y será apelable sin efecto suspensivo.

Artículo 60. (Medidas asegurativas de la prestación alimentaria).- En el caso de prestar el alimentante servicios retribuidos por particulares o empresas, éstas tendrán la obligación de informar a la Sede que así lo solicite todo lo relativo a los ingresos de aquél dentro del plazo de quince días de recibido el oficio por el que se le reclama. El incumplimiento de esta obligación hará pasibles a los particulares o empresas a la condena en astreintes. La obligación de informar existe aún cuando el alimentante no integre los cuadros funcionales o planilla de trabajo, pero tuviese con la empresa o particular cualquier relación patrimonial o beneficio económico. Cuando el alimentante prestase servicios retribuidos por particulares o empresas y se negare a cumplir la obligación de alimentos, se ordenará a aquellos que efectúen la retención correspondiente a los sueldos o haberes respectivos.

 

 

 

Para hacer efectiva la contribución señalada por el Juez, bastará la orden librada por oficio al habilitado en la oficina en que preste servicios el alimentante, y la empresa o el patrón responderán personal, solidaria e ilimitadamente del pago, si injustificadamente no cumplieran la orden recibida.

 

 

Artículo 61. (Obstáculos al cumplimiento de la obligación alimentaria).- El empleador o empresario que tradicionalmente ocultare, total o parcialmente los ingresos, sueldos o haberes del obligado, será considerado incurso en el delito de estafa.

En el mismo delito incurrirá todo aquel que obstaculizare o impidiere el correcto servicio de la obligación alimentaria dispuesta judicialmente, o simulare créditos contra el obligado, o de cualquier manera colabore intencional y fraudulentamente, en la reducción del patrimonio efectivo del alimentante.

El Juez de Familia dará cuenta de inmediato al Juez Letrado en lo Penal que corresponda.

 

 

Fundamentación: En el inciso segundo del artículo de referencia se amplía la nómina de actividades que pueden ser origen de rentas o ingresos, de modo de generalizar lo más posible la misma.

Artículo 63. (Límite de la retención por alimentos).- Podrá retenerse mensualmente hasta un 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos cuando así lo justifique el número de hijos y las necesidades de los mismos. La resolución del Juez deberá ser fundada y será apelable sin efecto suspensivo.

Artículo 64. (Medidas asegurativas de la prestación alimentaria).- En el caso de prestar el alimentante servicios retribuidos por particulares o empresas, éstas tendrán la obligación de informar a la Sede que así lo solicite todo lo relativo a los ingresos de aquél, dentro del plazo de quince días de recibido el oficio por el que se le reclama. El incumplimiento de esta obligación hará pasibles a los particulares o empresas a la condena en sanciones pecuniarias conmutativas (Decreto-Ley Nº 14.978, de 14 de diciembre de 1979). La obligación de informar existe aun cuando el alimentante no integre los cuadros funcionales o planilla de trabajo, pero tuviese con la empresa o particular cualquier relación patrimonial o beneficio económico.

 

Cuando el alimentante prestase servicios retribuidos por particulares o empresas y se negare a cumplir, o no diere cumplimiento en tiempo y forma, la obligación de alimentos, se ordenará a aquellos que efectúen la retención correspondiente a los sueldos o haberes respectivos.

Para hacer efectiva la contribución señalada por el Juez, bastará la orden librada por oficio al habilitado, patrón o titular, de la oficina o empresa en que preste servicios el alimentante, y éstos responderán personal, solidaria e ilimitadamente del pago, si injustificadamente no cumplieran la orden recibida.

Fundamentación: Se reemplaza del proyecto por la correcta designación legal del galicismo "astreinte".

Artículo 65. (Obstáculos al cumplimiento de la obligación alimentaria).- El empleador o habilitado o empresario que intencionalmente ocultare, total o parcialmente, los ingresos, sueldos o haberes del obligado, será considerado incurso en el delito de estafa.

En el mismo delito incurrirá todo aquel que obstaculizare o impidiere el correcto servicio de la obligación alimentaria dispuesta judicialmente, o simulare créditos contra el obligado, o de cualquier manera colabore intencional y fraudulentamente, en la reducción del patrimonio efectivo del alimentante.

El Juez actuante dará cuenta de inmediato al Juez Letrado en lo Penal que corresponda.

Fundamentación: Mejoras de redacción.

 


Artículo 62. (Prohibición al alimentante de ausentarse del país sin dejar garantías suficientes).- Iniciado el juicio de alimentos, el demandado no podrá ausentarse del país sin dejar garantías suficientes, siempre que así lo solicitare el actor.

 

 

Artículo 63. (Procedimiento).- El proceso de alimentos se rige por las normas previstas para el proceso extraordinario en el Código General del Proceso (artículos 346 y 347, numeral 2) del artículo 349 y artículo 350 del Código General del Proceso).

 

 

 

 

Artículo 64. (Competencia).- El Juez competente para conocer en el juicio por alimentos, es el del domicilio del niño o adolescente o del demandado, a elección del actor.

 

CAPITULO IX

DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

I - Organos de competencia y principios procesales

Artículo 65. (Competencia).- La competencia de los órganos jurisdiccionales en materia de niños y adolescentes es la que fija la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, con excepción de las siguientes modificaciones:

"ARTICULO 67.- Los Jueces Letrados de Menores entenderán en primera instancia en todos los procedimientos que den lugar las infracciones de adolescentes a la ley penal.

En segunda instancia entenderán los Tribunales de Familia.

Los actuales Juzgados Letrados de Menores pasarán a denominarse Juzgados Letrados de Adolescentes".

Artículo 66. (Competencia de urgencia).- La Suprema Corte de Justicia asignará, por lo menos, a cuatro Juzgados Letrados de Familia en Montevideo y a los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior de la República, que entienden en materia de familia, competencia de urgencia, con excepción de las infracciones de adolescentes a la ley penal, para atender en forma permanente todos los asuntos que requieran intervención inmediata, o en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 122 de este Código. Ello sin perjuicio cuando fuere necesario, del uso de las facultades que otorga a los Jueces de Paz del Interior el

Artículo 66. (Prohibición al alimentante de ausentarse del país sin dejar garantías o fiador suficientes).- Iniciado el juicio de alimentos, el demandado no podrá ausentarse del país sin dejar garantías suficientes, siempre que así lo solicitare el actor, lo que apreciará el Juez interviniente.

Fundamentación : Se mejora el texto a introducir al introducir la figura de la fianza, y allanar el tema a la resolución judicial.

Artículo 67. (Procedimiento).- El proceso de alimentos y todas las acciones establecidas en este Capítulo "DE LOS ALIMENTOS", se tramitarán por las normas previstas para el proceso extraordinario en el Código General del Proceso (artículos 346 y 347) y lo establecido en el numeral 2) del artículo 349 y artículo 350 del mismo Código, y disposiciones concordantes y complementarias.

Fundamentación : Se resumen todas las acciones posibilitadas en el tema "Alimentos" a lo establecido en el Código General del Proceso para el proceso extraordinario.

Artículo 68. (Competencia).- El Juez competente para conocer en el juicio por alimentos, es el del domicilio del niño o adolescente o el del demandado, a elección del actor.

CAPITULO X

COMPETENCIA JURISDICCIONAL E INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR (INAME)

 

Artículo 69. (Competencia).- La competencia de los órganos jurisdiccionales en materia de niños y adolescentes, es la que fija la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, con excepción de las siguientes modificaciones:

"ARTICULO 67.- Los Jueces Letrados de Menores entenderán en primera instancia en todos los procedimientos que den lugar las infracciones de adolescentes a la ley penal.

En segunda instancia entenderán los Tribunales de Familia.

Los actuales Juzgados Letrados de Menores pasarán a denominarse Juzgados Letrados de Adolescentes".

Artículo 70. (Competencia de urgencia).- La Suprema Corte de Justicia asignará, por lo menos, a cuatro Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior de la República, que entienden en materia de familia, competencia de urgencia, con excepción de las infracciones de adolescentes a la ley penal, para atender en forma permanente todos los asuntos que requieran intervención inmediata, o en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 137 de este Código. Ello sin perjuicio cuando fuere necesario, del uso de las facultades que otorga a los Jueces de Paz del Interior el artículo 379 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de


artículo 379 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992. Se entenderá por asuntos que requieran intervención inmediata, todos aquellos en que exista riesgo de lesión o frustración de un derecho del niño o adolescente.

Tomadas las primeras medidas en salvaguarda de los derechos, los derivarán al Juzgado que corresponda.

La Suprema Corte de Justicia propenderá a que los Juzgados cuenten con la asistencia permanente de asistencia social, psicólogo y psiquiatra del Poder Judicial u otros profesionales de dicho Poder, cuyo asesoramiento podrá serles requerido por el Juez.

La Defensoría de Oficio de Familia establecerá un régimen de turnos de Defensores de Oficio, para que actúen en dichos Juzgados, a efectos de asistir a las personas que se presenten ante el mismo.

Asimismo, se establecerá un régimen de turnos para asegurar la presencia del Ministerio Público y Fiscal.

Artículo 67. (Criterio básico).- Reclamada la intervención en forma legal y en materia de su competencia, los Tribunales aplicarán como criterio básico la promoción de las familias, en especial de las más vulnerables y el desarrollo del niño en el ámbito de la misma, de acuerdo a los principios que emergen del artículo 12 de este Código.

 

 

 

 

 

 

 

No podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por razones de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 5º de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985.

 

 

 

Artículo 68. (Competencia del Instituto Nacional del Menor).- El Instituto Nacional del Menor es el órgano administrativo rector en materia de políticas de niñez y adolescencia, y competente en materia de promoción, protección y atención de los niños y adolescentes del país y, su vínculo familiar al que deberá proteger, promover y atender con todos los medios a su alcance. Deberá determinar, por intermedio de sus servicios especializados, la forma

1992. Se entenderá por asuntos que requieran intervención inmediata, todos aquellos en que exista riesgo de lesión o frustración de un derecho del niño o adolescente.

Tomadas las primeras medidas en salvaguarda de los derechos, los derivarán al Juzgado que corresponda.

La Suprema Corte de Justicia propenderá a que los Juzgados cuenten con la asistencia permanente de asistente social, psicólogo y psiquiatra del Poder Judicial u otros profesionales de dicho Poder, cuyo asesoramiento podrá serles requerido por el Juez.

La Defensoría de Oficio de Familia establecerá un régimen de turnos de Defensores de Oficio, para que actúen en dichos Juzgados, a efectos de asistir a las personas que se presenten ante el mismo.

Asimismo, se establecerá un régimen de turnos para asegurar la presencia del Ministerio Público y Fiscal.

Artículo 71. (Criterio básico).- Reclamada la intervención en forma legal y en materia de su competencia, los Tribunales aplicarán como criterio básico la promoción de las familias, en especial de las más vulnerables y el desarrollo del niño en el ámbito de la misma, de acuerdo a los principios que emergen del artículo 12 de este Código.

El Juez podrá rechazar las pruebas manifiestamente impertinentes o innecesarias, presidirá las audiencias, so pena de nulidad y bajo grave responsabilidad, e interrogará a los testigos y a las partes, sin perjuicio de las preguntas de los abogados. Gozará de los más amplios poderes de policía y de la dirección de la audiencia. En cualquier momento podrá ordenar diligencias para mejor proveer. Si de la demanda o en cualquier otro momento del proceso resultare, a juicio del Juez, la necesidad de su inmediata actuación, éste dispondrá, con carácter provisional, las medidas que correspondieren en amparo de los derechos del niño o adolescente.

No podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por razones de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes (inciso segundo del artículo 5º de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985.

Fundamentación : Se complementan disposiciones procesales otorgando a los Jueces potestades extraordinarias, en beneficio de los derechos eventualmente afectados de los menores.

Artículo 72. (Competencia del Instituto Nacional del Menor).- El Instituto Nacional del Menor, sin perjuicio de las competencias y atribuciones asignadas por la Ley Nº 15.977, de 14 de setiembre de 1988, concordantes y modificativas, es el órgano administrativo rector en materia de políticas de niñez y adolescencia, y competente en materia de promoción, protección y atención de los niños y adolescentes del país, y su vínculo familiar, a los que deberá


de llevar a cabo la implementación de las políticas a través de distintos programas, proyectos y modalidades de intervención social, públicos o privados, orientados al fortalecimiento de las familias integradas por niños y adolescentes y al fiel cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 12 y 19 de este Código.

 

 

 

 

 

 

 

Previos diagnósticos y estudios técnicos, deberán velar por una adecuada admisión, ingreso, atención, derivación y desvinculación de los niños y de los adolescentes bajo su cuidado. La incorporación a los distintos hogares, programas, proyectos y modalidades de atención se realizará habiéndose oído al niño o al adolescente y buscando favorecer el pleno goce y la protección integral de sus derechos.

 

Procurará que todos los niños y adolescentes tengan igualdad de oportunidades para acceder a los recursos sociales, a efectos de poder desarrollar sus potencialidades y de conformar personalidades autónomas capaces de integrarse socialmente en forma activa y responsable. Las acciones del Instituto Nacional del Menor deberán priorizar a los más desprotegidos y vulnerables.

 

 

Los adolescentes que, estando a disposición del Instituto Nacional del Menor, alcanzaren la mayoría de edad serán orientados y apoyados a efectos que puedan hacerse cargo de sus vidas en forma independiente. Las personas con capacidad diferente que alcanzaren dicha mayoría, estando a cuidado del Instituto Nacional del Menor, podrán permanecer bajo su protección siempre y cuando no puedan ser derivados para su atención en servicios o programas de adultos.

El Instituto Nacional del Menor fiscalizará, en forma periódica, las instituciones privadas a las que concurran niños y adolescentes, sin perjuicio de la competencia de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Asimismo fiscalizará toda institución privada, comunitaria o no gubernamental con la que ejecute programas bajo la modalidad de convenios.

Deberá también incorporar en todos los programas que

proteger, promover y atender con todos los medios a su alcance.

Deberá determinar, por intermedio de sus servicios especializados, la forma de llevar a cabo la implementación de las políticas establecidas en los artículos 12 y 21 de este Código, a través de distintos programas, proyectos y modalidades de intervención social, públicos o privados, orientados al fortalecimiento de las familias integradas por niños y adolescentes.

Fundamentación: A efectos de una mejor comprensión del artículo se le desglosa en cuatro artículos.

Se señala específicamente que el INAME retiene las competencias y atribuciones de su Ley Orgánica, de 14 de setiembre de 1988. Se agrega modificaciones de redacción.

 

Artículo 73.- El Instituto Nacional del Menor, previos diagnósticos y estudios técnicos, deberá velar por una adecuada admisión, ingreso, atención, derivación y desvinculación de los niños y de los adolescentes bajo su cuidado. La incorporación a los distintos hogares, programas, proyectos y modalidades de atención se realizará habiéndose oído al niño o al adolescente y buscando favorecer el pleno goce y la protección integral a sus derechos.

Procurará que todos los niños y adolescentes tengan igualdad de oportunidades para acceder a los recursos sociales, a efectos de poder desarrollar sus potencialidades y de conformar personalidades autónomas capaces de integrarse solamente en forma activa y responsable. Las acciones del Instituto Nacional del Menor deberán priorizar a los más desprotegidos y vulnerables.

Fundamentación : Sin modificaciones, se integra con los incisos segundo y tercero del artículo 68 de Diputados.

Artículo 74.- Los adolescentes que, estando a disposición del Instituto Nacional del Menor, alcanzaren la mayoría de edad serán orientados y apoyados a efectos que puedan hacerse cargo de sus vidas en forma independiente. Las personas con capacidad diferente que alcanzaren dicha mayoría, estando a cuidado del Instituto Nacional del Menor, podrán permanecer bajo su protección siempre y cuando no puedan ser derivados para su atención en servicios o programas de adultos.

Artículo 75.- El Instituto Nacional del Menor inspeccionará, en forma periódica, las instituciones privadas a las que concurran niños y adolescentes, sin perjuicio de la competencia de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Asimismo fiscalizará toda institución privada, comunitaria o no gubernamental con la que ejecute programas bajo la modalidad de convenios.

Deberá también incorporar en todos los programas que


gestione, en forma directa o en la modalidad de convenio, un enfoque comprensivo de las diversas situaciones familiares de los niños y adolescentes.

Toda fiscalización deberá ser realizada por equipos multidisciplinarios de profesionales a efectos de evaluar la situación en que se encuentran los niños y adolescentes, así como el trato y formación que se les da a los mismos, de acuerdo a los derechos que éstos tienen y a las obligaciones de dichas instituciones.

El Instituto Nacional del Menor podrá formular observaciones y efectuar las denuncias que correspondan ante las autoridades competentes, por la constatación de violaciones de los derechos del niño y adolescente, sin perjuicio de lo preceptuado por el artículo 177 del Código Penal (omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos).

 

 

 

 

 

 

 

 

II - De los adolescentes y las infracciones a la ley penal

 

 

 

 

Artículo 69. (Infracciones a la ley penal).- A los efectos de este Código son infracciones a la ley penal:

1) Las acciones u omisiones dolosas consumadas, cometidas en calidad de autor o coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales.

2) Las acciones u omisiones culposas consumadas, cometidas en calidad de autor, coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales, cuando el Juez reúna los elementos de convicción suficientes, fundados exclusivamente en el desarrollo de la personalidad psicosocial del infractor; avalado por un equipo técnico, que permita concluir que el adolescente disponía la capacidad cognitiva de las posibles consecuencias de su obrar.

3) La tentativa de infracciones gravísimas a la ley penal.

gestione, en forma directa o en la modalidad de convenio, un enfoque comprensivo de las diversas situaciones familiares de los niños y adolescentes.

Toda inspección o fiscalización deberá ser realizada por equipos mutidisciplinarios de profesionales a efectos de evaluar la situación en que se encuentran los niños y adolescentes, así como el trato y formación que se les da a los mismos, de acuerdo a los derechos que éstos tienen y a las obligaciones de dichas instituciones.

El Instituto Nacional del Menor podrá formular observaciones y efectuar las denuncias que correspondan ante las autoridades competentes, por la constatación de violaciones de los derechos del niño y adolescente, sin perjuicio de lo preceptuado por el artículo 177 del Código Penal (Omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos).

Fundamentación : Sin modificaciones, se integra con los incisos segundo y tercero del artículo 68 de Diputados.

Fundamentación: Se integra esta disposición con los incisos quinto y octavo del original artículo 68. Se diferencia la eventual actividad inspectiva del INAME, según refiera a instituciones privadas en general, en cuyo caso se indica que deberá "inspeccionar", con aquéllas que ejecute programas mediando convenios para las que se establece la obligación de "fiscalizar" de mayor amplitud y alcance.

TITULO III

DE LOS ADOLESCENTES Y LAS INFRACCIONES A LA LEY PENAL

 

CAPITULO X

INFRACCIONES A LA LEY PENAL

 

Artículo 76. (Infracciones a la ley penal).- A los efectos de este Código son infracciones a la ley penal:

1) Las acciones u omisiones dolosas consumadas, cometidas en calidad de autor o coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales.

2) Las acciones u omisiones culposas consumadas, cometidas en calidad de autor, coautor, tipificadas por el Código General y las leyes penales especiales, cuando el Juez reúna los elementos de convicción suficientes, fundados exclusivamente en el desarrollo de la personalidad psicosocial del infractor; avalado por un equipo técnico, que permita concluir que el adolescente disponía la capacidad cognitiva de las posibles consecuencias de su obrar.

3) La tentativa de infracciones gravísimas a la ley penal.


4) La participación en calidad de cómplice en infracciones gravísimas a la ley penal.

Artículo 70. (Adolescente infractor).- Se denomina adolescente infractor a quien sea declarado responsable por sentencia ejecutoriada, dictada por Juez competente, como autor, coautor o cómplice de acciones u omisiones descritas como infracciones a la ley penal.

 

 

 

Artículo 71. (Relación causal).- Sólo puede ser sometido a proceso especial regulado por este Código el adolescente a quien se le pueda atribuir material y psicológicamente un hecho constitutivo de infracción a la ley penal.

La existencia de la infracción debe ser la consecuencia de su acción u omisión.

 

Artículo 72. (Clases de infracción).- Las infracciones a la ley penal se clasifican en graves y gravísimas.

Son infracciones gravísimas a la ley penal:

1) Homicidio (artículo 310 del Código Penal).

2) Lesiones gravísimas (artículo 318 del Código Penal).

3) Violación (artículo 272 del Código Penal).

4) Rapiña (artículo 344 del Código Penal).

5) Privación de libertad agravada (artículo 282 del Código Penal).

6) Secuestro (artículo 346 del Código Penal).

7) Extorsión (artículo 345 del Código Penal)

8) Tráfico de estupefacientes (artículos 31 y 32 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998).

9) Cualquier otra acción u omisión que el Código Penal o las leyes especiales castigan con una pena cuyo límite mínimo sea igual o superior a seis años de penitenciaría o cuyo límite máximo sea igual o superior a doce años de penitenciaría.

10) La tentativa de las infracciones señaladas en los numerales 1), 5) y 6) y la complicidad en las mismas infracciones.

4) La participación en calidad de cómplice en infracciones gravísimas a la ley penal.

Artículo 77. (Adolescente infractor).- Se denomina adolescente infractor a quien sea declarado responsable por sentencia ejecutoriada, dictada por Juez competente, como autor, coautor o cómplice de acciones u omisiones descritas como infracciones a la ley penal, tal como éstas se definen en el artículo anterior.

Fundamentación : mediante el agregado final se vincula el texto a lo establecido en el artículo anterior, evitando falta de relación conceptual entre estas normas.

Artículo 78. (Relación causal).- Sólo puede ser sometido a proceso especial regulado por este Código el adolescente a quien se le pueda atribuir material y psicológicamente un hecho constitutivo de infracción a la ley penal.

Fundamentación : Se elimina el inciso segundo del artículo aprobado en Diputados por entenderlo innecesario y confundir la recta interpretación de lo contenido en el inciso primero.

Artículo 79. (Clases de infracción).- Las infracciones a la ley penal se clasifican en graves y gravísimas.

Son infracciones gravísimas a la ley penal:

1) Homicidio (artículo 310 del Código Penal).

2) Lesiones gravísimas (artículo 318 del Código Penal).

3) Violación (artículo 272 del Código Penal).

4) Rapiña (artículo 344 del Código Penal).

5) Privación de libertad agravada (artículo 282 del Código Penal).

6) Secuestro (artículo 346 del Código Penal).

7) Extorsión (artículo 345 del Código Penal).

8) Tráfico de estupefacientes (artículos 31 y 32 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998).

9) Cualquier otra acción u omisión que el Código Penal o las leyes especiales castigan con una pena cuyo límite mínimo sea igual o superior a seis años de penitenciaría o cuyo límite máximo sea igual o superior a doce años de penitenciaría.

10) La tentativa de las infracciones señaladas en los numerales 1), 5) y 6) y la complicidad en las mismas infracciones.


En los casos de violación no se tomarán en cuenta la presunción del ejercicio de violencia (artículo 272 del Código Penal).

Las restantes son infracciones graves a la ley penal.

Artículo 73. (Adecuación a la normativa del Código Penal y de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995).- El Juez deberá examinar cada uno de los elementos constitutivos de la responsabilidad, de las circunstancias que eximen de la aplicación de medidas o que aminoren el grado de las infracciones y el concurso de infracciones e infractores, tomando en cuenta los preceptos de la parte general del Código Penal, de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995, la condición de adolescentes y los presupuestos de perseguibilidad de la acción.

CAPITULO X

 

I - Derechos y garantías del procedimiento

Artículo 74. (Principios que rigen).- En todos los casos en que el adolescente se le impute el haber incurrido en actos que se presumen comportan infracción a la ley penal, deberá asegurarse el cumplimiento estricto de las garantías del debido proceso, especialmente las siguientes:

A) Principios de judicialidad y legalidad.- El adolescente, imputado de haber cometido una infracción a la ley penal, será juzgado por los Jueces competentes en conformidad a los procedimientos especiales establecidos por este Código.

Se asegurará, además, la vigencia de las normas constitucionales, legales e instrumentos internacionales, especialmente la Convención de los Derechos del Niño.

B) Principio de responsabilidad.- Sólo puede ser sometido a proceso especial, regulado por este Código, el adolescente mayor de trece y menor de dieciocho años de edad, imputado de infracción a la ley penal.

La responsabilidad del adolescente tendrá lugar a partir de la sentencia definitiva que le atribuya la comisión del hecho constitutivo de infracción a la ley penal.

Si se encuentran involucrados niños menores de trece años de edad, se procederá de acuerdo a lo preceptuado en el Capítulo XI, artículos 117 y siguientes de este Código.

C) Principio que condiciona la detención.- Sólo puede ser detenido en casos de infracciones flagrantes o existiendo elementos de convicción suficientes sobre la comisión de una infracción. En este último caso, mediante orden escrita de Juez competente

En los casos de violación no se tomará en cuenta la presunción del ejercicio de violencia (artículo 272 del Código Penal).

Las restantes son infracciones graves a la ley penal.

Artículo 80. (Adecuación a la normativa del Código Penal y de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995).- El Juez deberá examinar cada uno de los elementos constitutivos de la responsabilidad, de las circunstancias que eximen de la aplicación de medidas o que aminoren el grado de las infracciones y el concurso de infracciones e infractores, tomando en cuenta los preceptos de la parte general del Código Penal, de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995; la condición de adolescentes, y los presupuestos de perseguibilidad de la acción.

CAPITULO XI

 

Sección I - Derechos y garantías del procedimiento

Artículo 81. (Principios que rigen).- En todos los casos en que al adolescente se le impute el haber incurrido en actos que se presumen comportan infracción a la ley penal, deberá asegurarse el cumplimiento estricto de las garantías del debido proceso, especialmente las siguientes:

A) Principios de judicialidad y legalidad.- El adolescente imputado de haber cometido una infracción a la ley penal, será juzgado por los Jueces competentes de conformidad a los procedimientos especiales establecidos por este Código, y en aplicación de las normas constitucionales, legales e instrumentos internacionales ratificados por la República, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño.

B) Principio de responsabilidad.- Sólo puede ser sometido a proceso especial, regulado por este Código, el adolescente mayor de trece y menor de dieciocho años de edad, imputado de infracción a la ley penal.

La responsabilidad del adolescente tendrá lugar a partir de la sentencia definitiva que le atribuya la comisión del hecho constitutivo de infracción a la ley penal.

Si se encuentran involucrados niños menores de trece años de edad, se procederá de acuerdo a lo preceptuado en el Capítulo XII, artículos 132 y siguientes de este Código.

C) Principio que condiciona la detención.- Sólo puede ser detenido en casos de infracciones flagrantes o existiendo elementos de convicción suficientes sobre la comisión de una infracción. En este último caso, mediante orden escrita de Juez competente


comunicada por medios fehacientes. La detención será una medida excepcional.

D) Principio de humanidad.- El adolescente privado de libertad será tratado con la humanidad y respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana.

Ningún adolescente será sometido a torturas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a experimentos médicos o científicos.

Tendrá derecho a mantener contacto permanente con su familia o responsables, salvo en circunstancias especiales.

E) Principio de inocencia.- Tiene derecho a que se presuma su inocencia. No será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.

F) Principio de inviolabilidad de la defensa.- Tiene derecho a contar en forma permanente con asistencia jurídica gratuita, especializada, pública o privada, a partir de la detención, durante el proceso y hasta la ejecución completa de las medidas.

G) Principio de libertad de comunicación.- Tiene derecho durante la privación de libertad, de comunicarse libremente y en privado con su defensa, con sus padres, responsables, familiares y asistentes espirituales.

H) Principio de prohibición del juicio en rebeldía.- Tiene derecho de no ser juzgado en su ausencia, so pena de nulidad de todo lo actuado (artículo 21 de la Constitución de la República).

I) Principio de impugnación.- Todo adolescente tendrá derecho a impugnar todas las decisiones judiciales que lo perjudiquen.

J) Principio de duración razonable.- En ningún caso la situación derivada de la formalización del proceso excederá en sus consecuencias al término de duración de la medida que hubiere correspondido.

K) Principio de asistencia de intérpretes.- Todo adolescente tendrá derecho a contar con la libre asistencia gratuita de un intérprete, si no comprende o no habla el idioma español.

L) Principio de oportunidad reglada.- El adolescente tiene derecho a que se prescinda del procedimiento cuando, por la característica del hecho o por la naturaleza del bien jurídico agredido, no se justifica la prosecución de la acción.

comunicada por medios fehacientes. La detención será una medida excepcional.

D) Principio de humanidad.- El adolescente privado de libertad será tratado con la humanidad y respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana.

Ningún adolescente será sometido a torturas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a experimentos médicos o científicos.

Tendrá derecho a mantener contacto permanente con su familia o responsables, salvo en circunstancias especiales.

E) Principio de inocencia.- Tiene derecho a que se presuma su inocencia. No será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.

F) Principio de inviolabilidad de la defensa.- Tiene derecho a contar en forma permanente con asistencia jurídica gratuita especializada, pública o privada, a partir de la detención, durante el proceso y hasta la ejecución completa de las medidas.

G) Principio de libertad de comunicación.- Tiene derecho durante la privación de libertad, de comunicarse libremente y en privado con su Defensa, con sus padres, responsables, familiares y asistentes espirituales.

H) Principio de prohibición del juicio en rebeldía.- Tiene derecho de no ser juzgado en su ausencia, so pena de nulidad de todo lo actuado (artículo 21 de la Constitución de la República).

I) Principio de impugnación.- Todo adolescente tendrá derecho a impugnar todas las decisiones judiciales que lo perjudiquen.

J) Principio de duración razonable.- En ningún caso la situación derivada de la formalización del proceso excederá en sus consecuencias al término de duración de la medida que hubiere correspondido.

K) Principio de asistencia de intérpretes.- Todo adolescente tendrá derecho a contar con la libre asistencia gratuita de un intérprete, si no comprende o no habla el idioma castellano.

L) Principio de oportunidad reglada.- El adolescente tiene derecho a que se prescinda o se interrumpa el procedimiento cuando, por la característica del hecho o por la naturaleza del bien jurídico agredido, no se justifica la prosecución de la acción.

Fudamentación: Literal A): Se reemplaza la redacción del Proyecto por una más definida aplicación de los


 

 

 

 

 

 

II - Régimen procesal

Artículo 75. (Principio general).- En todos los casos en que se investigue la responsabilidad del adolescente, el procedimiento se ajustará a los trámites establecidos por este Código y subsidiariamente por el Código General del Proceso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 76. (Procedimiento).-

1) Actuaciones previas al proceso.

A) Cometidos de la autoridad policial

Cuando proceda la detención del adolescente conforme a lo establecido en el literal C) del artículo 74, la autoridad aprehensora, bajo su más severa responsabilidad, deberá:

instrumentos internacionales. (Las expresiones "se asegurará" y "la vigencia" carecen de rotundidad).

Literal K): No habiendo idioma "oficial" es procedente fijar en concreto el "castellano" como la referencia lógica.

Literal L): Se agrega, además de lo previsto en el texto "prescindir" del procedimiento, el que se "interrumpa" el mismo cuando se dan las características anotadas.

Sección II - Régimen procesal

Artículo 82. (Principios generales).- En todos los casos en que se investigue la responsabilidad del adolescente, el procedimiento se ajustará a los trámites establecidos por este Código y subsidiariamente por el Código General del Proceso y el Código Procesal Penal.

El Juez interviniente tendrá todas las facultades inquisitivas de los Jueces en materia penal. Podrá requerir verbalmente o por escrito el auxilio inmediato de la fuerza pública; hacer comparecer en su despacho a cualquier persona cuado lo juzgue necesario para el ejercicio de sus funciones; y dirigirse a cualquier autoridad sin que, contra sus prerrogativas puedan oponerse reglas o disposiciones de institución alguna.

Se tendrá en cuenta, en todos los actos del proceso, que el menor es un sujeto de derecho, así como su interés, en los términos del artículo 350.4 del Código General del Proceso.

Fundamentación : Se modifica redacción en el "nomen juris".

Se agrega en el inciso primero la mención expresa al Código Procesal Penal, cuyas normas es de lógica puedan aplicarse subsidiariamente en los procedimientos sancionados en estas disposiciones.

Incorpórase al artículo, en dos incisos, las normas previstas en el numeral 2 del artículo 114 del Código del Niño, en la redacción dada al mismo por el artículo 25 de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995 (Ley de Seguridad Ciudadana).

Las mismas siguen requiriéndose al otorgar potestades necesarias a la Sede interviniente.

Es procedente la invocación específica al carácter de sujeto de derecho del adolescente, así como de su interés procesal.

Artículo 83. (Actuaciones previas al proceso).- Las actuaciones previas al proceso se regirán por las normas siguientes:

A) Cometidos de la autoridad policial.

Cuando proceda la detención del adolescente conforme a lo establecido en el literal C) del artículo 81 de este Código, la autoridad aprehensora, bajo su más severa responsabilidad, deberá:


a) Realizar la actuación de modo que menos perjudique a la persona y reputación del adolescente.

b) Poner el hecho de inmediato en conocimiento del Juez, o en un plazo máximo de dos horas después de practicada la detención.

c) Hacer conocer al adolescente los motivos de la detención y los derechos que le asisten, especialmente el derecho que tiene de designar Defensor.

d) Informar a sus padres o responsables, como forma de asegurar sus garantías y derechos.

e) Si fuere necesario, antes de conducirlo a la presencia del Juez, hará constar lo indispensable para la información de los hechos.

f) Si no fuere posible llevarlo de inmediato a presencia del Juez, previa autorización de éste, deberá conducírselo a la dependencia especializada del Instituto Nacional del menor que corresponda o del Instituto Policial, no pudiendo permanecer en este último lugar por más de doce horas.

g) Los traslados interinstitucionales y a la sede judicial deben estar precedidos del correspondiente examen médico.

B) Cuando un Juez tome conocimiento que el adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo 132 de este Código, lo pondrá en conocimiento del Juez competente, sin perjuicio de la actuación procesal referida a la infracción.

Fundamentación. Apartado G del Literal A). Se suprime el examen médico preceptivo antes de cada presencia en la sede judicial. Razones prácticas lo aconsejan, y además porque el Juez podrá disponerlo siempre que lo estime necesario.

Artículo 84. (Audiencia preliminar y medidas probatorias).- En los casos de infracciones de adolescentes que lo justifiquen, el Juez dispondrá, en un plazo que no exceda las veinticuatro horas, la realización de una audiencia preliminar donde deberán estar presentes, bajo pena de nulidad, el adolescente, su Defensor y el Ministerio Público.

 

Se procurará la presencia de los padres o responsables. También podrán comparecer, si lo aceptaran y no existiera peligro para su seguridad, la víctima y testigos, si fuere precedente y necesario.

El Juez, al interrogarlo, le hará conocer en términos accesibles los motivos de la detención y los derechos que le asisten.

Se dispondrá la inmediata agregación de la partida de

a) Realizar la actuación de modo que menos perjudique a la persona y reputación del adolescente.

b) Poner el hecho de inmediato en conocimiento de Juez, o en un plazo máximo de dos horas después de practicada la detención.

c) Hacer conocer al adolescente los motivos de la detención y los derechos que le asisten, especialmente el derecho que tiene de designar defensor.

d) Informar a los padres o responsables, como forma de asegurar sus garantías y derechos.

e) Si fuere necesario, antes de conducirlo a la presencia del Juez, hará constar lo indispensable para la información de los hechos.

f) Si no fuere posible llevarlo de inmediato a presencia del Juez, previa autorización de éste, deberá conducírselo a la dependencia especializada del Instituto Nacional del Menor que corresponda o del Instituto Policial, no pudiendo permanecer en este último lugar por más de doce horas.

g) Los traslados interinstitucionales y a la sede judicial deben estar precedidos del correspondiente examen médico.

B) Cuando el Juez tome conocimiento que el adolescente encuentra en la situación prevista en el artículo 117 de este Código, lo pondrá en conocimiento del Juez competente, sin perjuicio de la actuación procesal referida a la infracción.

 

 

 

2) Audiencia preliminar.

 

En los casos de infracciones de adolescentes que lo justifiquen, el Juez dispondrá, en un plazo que no exceda las veinticuatro horas, la realización de una audiencia preliminar donde deberán estar presentes, bajo pena de nulidad, el adolescente, su defensor y el Ministerio Público.

Se procurará la presencia de los padres o responsables. También podrán comparecer, si lo aceptaran y no existiera peligro para su seguridad, la víctima y testigos.

El Juez, al interrogarlo, le hará conocer en términos accesibles los motivos de la detención y los derechos que le asisten.

Se dispondrá la inmediata agregación de la partida de


nacimiento o la acreditación de la edad mediante medios que le asisten.

Mediando acuerdo de partes, podrá prescindirse de la agregación inmediata.

3) Medidas probatorias.

Durante esta audiencia, el Ministerio Público y la defensa podrán solicitar las medidas que estimen convenientes.

La información deberá recabarse en un plazo que no exceda de los veinte días continuos y perentorios, contados a partir de la decisión judicial.

La prueba se diligenciará en audiencia con las garantías que aseguren el debido proceso, incluidos los informes del equipo técnico, en un plazo que no exceda de los veinte días, continuos y perentorios, contados a partir de la decisión judicial.

En todo lo que le fuere requerido, la Policía prestará colaboración.

 

 

 

 

 

 

4) Resolución de la audiencia preliminar y medidas cautelares.

Al culminar la audiencia preliminar el Juez:

A) Dispondrá las medidas probatorias a que refiere el numeral anterior.

B) Fijará la audiencia final en un plazo de sesenta días, salvo si decreta como medida cautelar el arresto domiciliario o la internación provisoria, caso en que dicha audiencia se fijará en un plazo máximo de treinta días.

C) Decidirá la aplicación de alguna medida cautelar, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral siguiente.

5) Medidas cautelares.

El Juez, a pedido del Ministerio Público, y oída la defensa, dispondrá las medidas cautelares necesarias que menos perjudiquen al adolescente.

Son medidas cautelares:

nacimiento o la acreditación de la edad mediante medios sustitutivos.

 

 

Durante esta audiencia preliminar, el Ministerio Público y la Defensa podrán solicitar las probanzas que estimen convenientes.

La prueba solicitada deberá recabarse en un plazo que no exceda de los veinte días continuos y perentorios, contados a partir de la decisión judicial.

La prueba y los informes del equipo técnico, se diligenciarán en audiencia con las garantías que aseguren el debido proceso, en un plazo que no exceda de los veinte días, continuos y perentorios.

 

Fundamentación (Ex Art. 76 Segunda Parte). Se precisa lo dispuesto en su inciso segundo. Se eliminan los incisos cuarto y quinto del texto del Proyecto. El primero de ellos por cuanto no se aprecia cuáles serían las "partes" invocadas, y por quitar potestad al Tribunal interviniente.

Se elimina la disposición final referente a la Policía por innecesaria y obvia.

En el resto del texto se consignan modificaciones de redacción.

Artículo 85. (Resolución de audiencia preliminar y medidas cautelares).- Al culminar la audiencia preliminar; el Juez.

 

A) Dispondrá las medidas probatorias a que refiere el artículo anterior.

B) Fijará la audiencia final en un plazo de sesenta días, salvo si decreta como medida cautelar el arresto domiciliario o la internación provisoria, caso en que dicha audiencia se fijará en un plazo máximo de treinta días.

C) Decidirá la aplicación de medidas cautelares, de acuerdo a lo dispuesto a continuación.

 

El Juez, a pedido del Ministerio Público, y oída la Defensa, dispondrá las medidas cautelares necesarias que menos perjudiquen al adolescente.

Son medidas cautelares:


1) La prohibición de salir del país.

2) La prohibición de acercarse a la víctima o a otras personas; de concurrir a determinados lugares, o de tomar contacto con personas precisadas.

3) La obligación de concurrir periódicamente al Tribunal o ante la autoridad que el Juez determine.

4) El arresto domiciliario.

5) La internación provisoria.

El arresto domiciliario y la internación provisoria no podrán durar más de sesenta días. Transcurrido ese plazo sin que se hubiera dictado sentencia de primera instancia, se deberá dejar en libertad al adolescente. Ambas medidas cautelares sólo podrán aplicarse si la infracción que se imputa al adolescente puede ser objeto en definitiva de una medida privativa de libertad, de acuerdo con el artículo 102 de este Código, y siempre que ello sea indispensable para:

A) Asegurar la comparecencia del adolescente a los actos procesales esenciales.

B) La seguridad de la víctima, el denunciante, los testigos o el adolescente.

C) Cuando se considere de peligrosidad su conducta (inciso 3º del artículo 107 de este Código).

La internación provisoria se cumplirá en un establecimiento especial del Instituto Nacional del Menor.

Fundamentación: (Ex Art. 76. Tercera Parte)

Se precisa como "nomen juris" el consignado y se realizan modificaciones de redacción.

Se agrega, como hipótesis de arresto domiciliario e internación provisoria, la de peligrosidad de la conducta del adolescente (artículo 91 inciso 3º).

Artículo 86. (Informe de equipo técnico y del Centro de Internación).- Si el Juez resuelve la internación, dispondrá que el equipo técnico del establecimiento de internación, en un término que no exceda los veinte días dispuesto para la prueba, produzca un informe con una evaluación médica y psicosocial, el cual se expedirá especialmente sobre las posibilidades de convivencia en régimen de libertad.

 

 

Los técnicos producirán los informes verbales o escritos que el Juez disponga y supervisarán la aplicación de las medidas. Los informes verbales se producirán en audiencia.

Fundamentación: (Ex Art. 76. Cuarta Parte)

Se precisa el "nomen juris" del nuevo artículo en el consignado.

1) La prohibición de salir del país.

2) La prohibición de acercarse a la víctima o a otras personas, de concurrir a determinados lugares o de tomar contacto con personas determinadas.

3) La obligación de concurrir periódicamente al Tribunal o ante la autoridad que el Juez determine.

4) El arresto domiciliario.

5) La internación provisoria.

El arresto domiciliario y la internación provisoria no podrán durar más de sesenta días. Transcurrido ese plazo sin que se hubiera dictado sentencia de primera instancia, se deberá dejar en libertad al adolescente. Ambas medidas cautelares sólo podrán aplicarse si la infracción que se imputa al adolescente puede ser objeto en definitiva de una medida privativa de libertad, de acuerdo con el artículo 86, y siempre que ello sea indispensable para:

A) Asegurar la comparecencia del adolescentes a los actos procesales esenciales.

B) La seguridad de la víctima, el denunciante o los testigos.

 

 

La internación provisoria se cumplirá en un establecimiento especial del Instituto Nacional del Menor.

 

 

 

 

 

6) Informe del equipo técnico.

Si el Juez resuelve la internación, dispondrá que el equipo técnico del establecimiento de internación, en un término que no exceda los veinte días dispuesto para la prueba, produzca un informe con una evaluación médica y psicosocial, el cual se expedirá especialmente sobre las posibilidades de convivencia en régimen de libertad.

7) Informe del Centro de Internación.

Los técnicos producirán los informes verbales o escritos que el Juez disponga y supervisarán la aplicación de las medidas. Los informes verbales se producirán en audiencia.


8) Formulación de demanda o sobreseimiento.

Diligenciada la prueba los autos pasarán en vista al Ministerio Público por seis días. En caso de deducir acusación, relacionará las pruebas ya diligenciadas y analizará los informes técnicos y formulará los presupuestos fácticos, jurídicos y técnicos de la imputación.

Si el Ministerio Público solicitara el sobreseimiento, el Juez lo dictará sin más trámite. Si se dedujere demanda fiscal, se conferirá traslado a la defensa por seis días, la que podrá ofrecer prueba y contradecir o allanarse.

9) Allanamiento.

De mediar allanamiento de la defensa, el Juez deberá dictar sentencia en cinco días.

 

 

 

 

 

10) Audiencia final.

Deberán participar, bajo pena de nulidad, el adolescente, su defensor y el Ministerio Público. Será convocada dentro de los quince días de la contestación de la demanda fiscal, por la defensa.

Se pondrán a disposición los informes técnicos recabados.

 

Se dará participación a sus padres o responsables, y a la víctima, si lo solicitaren.

11) Plazo para dictar sentencia.

El Juez deberá dictar sentencia definitiva de primera instancia al cabo de la audiencia final, y en esa misma oportunidad expedir el fallo con sus fundamentos. Se dará lectura de todo ello, a los efectos de su comunicación (artículo 76 del Código General del Proceso), siendo de aplicación, en lo pertinente, el artículo 245 del Código del Proceso Penal.

La sentencia será escrita y deberá ser redactada de un modo breve y claro para que pueda ser comprendida en todas sus partes por el adolescente imputado.

Cuando la complejidad del asunto lo justifique, se podrá prorrogar la audiencia por quince días perentorios, procediéndose para su comunicación a la formalización de una audiencia complementaria.

Artículo 87. (Formulacion de demanda, sobreseimiento, y allanamiento).- Diligenciada la prueba, los autos pa-sarán en vista al Ministerio Público por seis días. En caso de deducir acusación, relacionará las pruebas ya diligenciadas y analizará los informes técnicos y formulará los presupuestos fácticos, jurídicos y técnicos de la imputación.

Si el Ministerio Público soilcitara el sobreseimiento, el Juez lo dictará sin más trámite. Si se dedujere demanda fiscal, se conferirá traslado a la Defensa por seis días, la que podrá ofrecer prueba y contradecir o allanarse.

 

 

De mediar allanamiento de la Defensa, el Juez deberá dictar sentencia en cinco días.

Fundamentación : (Ex Art. 76. Quinta Parte)

Se agrega en el "nomen juris" del nuevo artículo la palabra "allanamiento", coordinándose así el texto con el que refiere a éste.

Artículo 88. (Audiencia final y sentencia).- Deberán participar en la audiencia final, bajo pena de nulidad, el adolescente, su Defensor y el Ministerio Público. Será convocada dentro de los quince días de la contestación de la demanda fiscal, por la Defensa.

 

 

Se pondrán a disposición los informes técnicos recabados y toda la prueba producida.

Se dará participación a sus padres o responsables, y a las víctimas, si fuere procedente y así lo solicitaren.

 

El Juez deberá dictar sentencia definitiva de primera instancia al cabo de la audiencia final, y en esa misma oportunidad expedir el fallo con sus fundamentos. Se dará lectura de todo ello, a los efectos de su comunicación (artículo 76 del Código General del Proceso), siendo de aplicación, en lo pertinente, el artículo 245 del Código del Proceso Penal.

La sentencia será escrita y deberá ser redactada de un modo breve y claro para que pueda ser comprendida en todas sus partes por el adolescente imputado.

Cuando la complejidad del asunto lo justifique, se podrá prorrogar la audiencia por quince días perentorios, procediéndose para su comunicación a la formalización de una audiencia complementaria.

Fundamentación: (Ex - Art. 76, Sexta Parte)

Se precisa el "nomen Juris" y se procede a modificaciones de redacción.

Se autoriza a que participen las víctimas si además de solicitarlo "fuere procedente", por obvias razones.


12) Contenido de la sentencia.

 

Si se dispusieran medidas socioeducativas, las sentencias serán dictadas con la finalidad de preservar el interés del adolescente.

La privación de libertad se utilizará sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda.

Deberá fundamentar por qué no es posible aplicar otra medida distinta a la de privación de libertad.

El Juez no podrá imponer medidas educativas sin previo pedido del Ministerio Público, ni hacerlo de manera más gravosa de la solicitada por éste.

 

 

 

 

 

13) Coparticipación de mayores.

 

En el caso de hechos con apariencia delictiva en que se hallen involucrados adolescentes junto a personas mayores, la autoridad policial lo hará saber simultáneamente al Juez Letrado de Adolescentes y al Juez Penal de Turno, quienes actuarán en forma paralela, comunicándose recíprocamente las alternativas de la causa.

Deberá recabarse autorización del Juez Letrado de Adolescentes para el traslado del adolescente al Juzgado Penal, siempre que sea necesaria su declaración.

14) Régimen impugnativo.

Se aplicará el régimen impugnativo que la ley establece (artículos 253 y 254 del Código General del Proceso).

La apelación será automática cuando la medida impuesta tenga una duración superior a un año de privación de libertad.

 

 

 

 

 

 

 

15) Zonas de difícil acceso.

 

Cuando, en virtud de la distancia o por otras circunstancias, no sea posible llevar de inmediato al adolescente a presencia del Juez Letrado competente, el Juez de Paz respectivo podrá adoptar las primeras y más urgentes me

Artículo 89. (Contenido de la sentencia).- Las sentencias serán dictadas con la finalidad de preservar el interés del adolescente.

 

 

La privación de libertad se utilizará sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda.

Deberá fundamentar por qué no es posible aplicar otra medida distinta a la de privación de libertad.

El Juez no podrá imponer medidas socio educativas sin previo pedido del Ministerio Público, ni hacerlo de manera más gravosa de la solicitada por éste.

Fundamentación : (Ex - artículo 76. Séptima Parte)

Se fija "nomen juris".

Se generaliza principio general aplicable a la sentencia, que en el Proyecto se limita a las medidas socieducativas. A tal fin se omite la primera parte del anterior numeral 12) del proyecto.

Artículo 90. (Coparticipación de mayores).- En el caso de hechos con apariencia delictiva en que se hallen involucrados adolescentes junto a personas mayores, la autoridad policial lo hará saber simultáneamente al Juez Letrado de Adolescentes y al Juez Penal de Turno, quienes actuarán en forma paralela, comunicándose recíprocamente las alternativas de la causa.

 

Deberá recabarse autorización del Juez Letrado de Adolescentes para el traslado del adolescente al Juzgado Penal, siempre que sea necesaria su declaración.

Artículo 91. (Apelación).- Se aplicará el régimen impugnativo que establece el Código General del Proceso.

 

La apelación será automática cuando la medida impuesta tenga una duración superior a un año de privación de libertad.

 

Fundamentación : (Ex Artículo 76. Octava Parte)

Se establece un "nomen juris" más abarcativo.

El inciso primero modifica el Proyecto a fin de que sea aplicable todo el régimen de recursos previsto en el Código General del Proceso, y no limitado a los artículos 253 y 254 de ese Código.

Artículo 92. (Medidas urgentes).- Cuando, en virtud de la distancia o por otras circunstancias, no sea posible llevar de inmediato al adolescente a presencia del Juez Letrado competente, el Juez de Paz respectivo podrá adoptar las primeras y más urgentes medidas (artículo 45 del Código del Proceso Penal).


didas (artículo 45 del Código del Proceso Penal).

 

 

 

 

III - Medidas socioeducativas

Artículo 77. (Principios generales).- Las medidas contempladas en este Código sólo podrán aplicarse a los adolescentes respecto a los cuales haya recaído declaración de responsabilidad, por sentencia ejecutoriada.

Artículo 78. (Ejecución de las medidas).- Una vez que el Juez disponga las medidas, deberá comunicarlo por escrito al Instituto Nacional del Menor o institución privada seleccionada para el cumplimiento de la misma, con remisión del texto de las resoluciones o sentencias, sin cuyos requisitos el órgano destinatario no dará curso a la ejecución de la misma.

Artículo 79. (Medidas complementarias).- Todas las medidas que se adopten conforme a lo establecido en el numeral 12) del artículo 76, se podrán complementar con el apoyo de técnicos, tendrán carácter educativo, procurarán la asunción de responsabilidad del adolescente y buscarán fortalecer el respeto del mismo por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros como asimismo, el robustecimiento de los vínculos familiares y sociales.

La medida será seleccionada por el Juez, siguiendo los criterios de proporcionalidad e idoneidad para lograr tales objetivos.

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD

 

Artículo 80. (Medidas sustitutivas).- Podrán aplicarse, entre otras, las siguientes medidas no privativas de libertad:

A) Advertencia, formulada por el Juez en presencia del defensor y de los padres o responsables, sobre los perjuicios causados y las consecuencias de no enmendar su conducta.

B) Amonestación, formulada por el Juez en presencia del defensor, de los padres o responsables, intimándolo a no reiterar la infracción.

C) Orientación y apoyo mediante la incorporación a un programa socioeducativo a cargo del Instituto Nacional del Menor o de instituciones públicas o privadas, por un período máximo de un año.

D) Observancia de reglas de conducta, como prohibi-

 

Fundamentación : (Ex artículo 76. Noventa Parte)

Se adopta un "nomen juris" apropiado a lo reglado y por ello se elimina el del Proyecto: "zonas de difícil acceso" por considerar más apropiado el consignado.

Sección III - Medidas socioeducativas

Apartado I - Generalidades

Artículo 93. (Principios generales).- Las medidas contempladas en este Código sólo podrán aplicarse a los adolescentes respecto a los cuales haya recaído declaración de responsabilidad, por sentencia ejecutoriada.

Artículo 94. (Ejecución de las medidas).- Una vez que el Juez disponga las medidas, deberá comunicarlo por escrito al Instituto Nacional del Menor o institución privada seleccionada para el cumplimiento de la misma, con remisión del texto de las resoluciones o sentencias, sin cuyos requisitos el órgano destinatario no dará curso a la ejecución de la misma.

Artículo 95. (Medidas complementarias).- Todas las medidas que se adopten conforme a lo establecido en el numeral 12), del artículo 83, se podrán complementar con el apoyo de técnicos, tendrán carácter educativo, procurarán la asunción de responsabilidad del adolescente y buscarán fortalecer el respeto del mismo por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros como asimismo, el robustecimiento de los vínculos familiares y sociales.

La medida será seleccionada por el Juez, siguiendo los criterios de proporcionalidad e idoneidad para lograr tales objetivos.

Apartado 2 - Medidas socioeducativas no privativas de libertad

 

Artículo 96. (Medidas sustitutivas).- Podrán aplicarse al adolescente, entre otras, las siguientes medidas no privativas de libertad:

A) Advertencia, formulada por el Juez en presencia del Defensor y de los padres o responsables, sobre los perjuicios causados y las consecuencias de no enmendar su conducta.

B) Amonestación, formulada por el Juez también en presencia del Defensor, de los padres o responsables, intimándolo a no reiterar la inconducta.

C) Orientación y apoyo mediante la incorporación a un programa socioeducativo a cargo del Instituto Nacional del Menor o de instituciones públicas o privadas, por un período máximo de un año.

D) Observancia de reglas de conducta, como prohibi-


ción de asistir a determinados lugares o espectáculos, por un período que no exceda de seis meses.

E) Prestación de servicios a la comunidad, hasta por un máximo de dos meses.

F) Obligación de reparar el daño o satisfacción de la víctima.

 

 

G) Prohibición de conducir vehículos motorizados, hasta por dos años.

H) Libertad asistida.

I) Libertad vigilada.

 

 

 

 

 

Artículo 81. (Programas de orientación).- Los programas de orientación y apoyo tienen por finalidad incorporar paulatinamente al adolescente al medio familiar o grupo de crianza u otros grupos, así como a los centros de enseñanza y cuando corresponda, a los centros de trabajo.

Estos programas podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional del Menor o por otras instituciones públicas o privadas.

 

 

Artículo 82. (Trabajos en beneficio de la comunidad).- Los trabajos en beneficio de la comunidad se regularán de acuerdo a las directivas que al efecto programe el Instituto Nacional del Menor.

Preferentemente podrán realizarse en hospitales y en otros servicios comunitarios públicos. No podrán exceder de seis horas diarias. La autoridad administrativa vigilará su cumplimiento concertando con los responsables de su ejecución, de forma que no perjudique la asistencia a los centros de enseñanza, de esparcimiento y las relaciones familiares, en todo lo cual se observará el cuidado de no revelar la situación procesal del adolescente.

 

Artículo 83. (Obligación de reparar el daño o satisfacción de la víctima).- En cualquier etapa del proceso, previa

ción de asistir a determinados lugares o espectáculos, por un período que no exceda de seis meses.

E) Prestación de servicios a la comunidad, hasta por un máximo de dos meses.

F) Obligación de reparar el daño o satisfacción de la víctima sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo II del Título I del Libro Cuarto del Código Civil ("De las cuasicontratos, delitos y cuasidelitos") (artículos 1319, 1320, 1324 y concordantes).

G) Prohibición de conducir vehículos motorizados, hasta por dos años.

H) Libertad asistida.

I) Libertad vigilada.

Fundamentación: Literal B) Modificaciones de redacción.

Literal F): Se añade mención expresa a las normas del Código Civil que regulan la responsabilidad civil, a fin de dejar claramente establecido que no se modifican las mismas por esta norma, que tiene diverso objeto.

Artículo 97. (Programas de orientación).- Los programas de orientación y apoyo (literal C) del artículo anterior), tiene por finalidad incorporar paulatinamente al adolescente al medio familiar o grupo de crianza u otros grupos, así como a los centros de enseñanza y cuando corresponda, a los centros de trabajo.

Estos programas podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional del Menor o por otras instituciones públicas o privadas.

Fundamentación: Se vincula expresamente lo consignado en este artículo a la medida contenida en literal C) del artículo anterior.

Artículo 98. (Trabajos en beneficio de la comunidad).- Los trabajos en beneficio de la comunidad (literal E) del artículo 96 de este Código), se regularán de acuerdo a las directivas que al efecto programe el Instituto Nacional del Menor.

Preferentemente podrán realizarse en hospitales y en otros servicios comunitarios públicos. No podrán exceder de seis horas diarias. La autoridad administrativa vigilará su cumplimiento, concertando con los responsables de su ejecución, de forma que no perjudique la asistencia a los centros de enseñanza, de esparcimiento y las relaciones familiares, en todo lo cual se observará el cuidado de no revelar la situación procesal del adolescente.

Fundamentación: Idem al anterior.

Artículo 99. (Obligación de reparar el daño o satisfacción de la víctima).- En cualquier etapa del proceso, en


conformidad del adolescente y de la víctima o a petición de parte, el Juez podrá derivar el caso a mediación, suspendiéndose las actuaciones por un plazo prudencial. Alcanzando un acuerdo, previo informe técnico y oídos la defensa y el Ministerio Público, el Juez deberá valorar razonablemente desde la perspectiva exclusiva del interés superior del adolescente, el sentido pedagógico y educativo de la reparación propuesta, disponiendo, en caso afirmativo, la clausura de las actuaciones. Tal decisión será preceptiva en caso de opinión favorable del Ministerio Público. El mismo efecto tendrán los acuerdos conciliatorios celebrados en audiencia.

 

 

Artículo 84. (Régimen de libertad asistida y vigilada).-

A) El régimen de libertad asistida consiste en acordarle al adolescente el goce de libertad en su medio familiar y social.

Será, necesariamente, apoyado por especialistas y funcionarios capacitados para el cumplimiento de programas educativos.

El Juez determinará la duración de la medida.

En cualquier momento de su ejecución la medida podrá ser interrumpida, revocada o sustituida, de oficio o a instancia de los actores habilitados y previa intervención del Ministerio Público y del defensor.

B) El régimen de libertad vigilada consiste en la permanencia del adolescente en la comunidad con el acompañamiento permanente de un educador, durante el tiempo que el Juez determine.

 

 

 

Artículo 85. ("Non bis in idem").- El Juez sólo podrá aplicar una de las medidas previstas en este Título o en el siguiente.

 

 

 

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Artículo 86. (Aplicación).- Las medidas privativas de libertad sólo se aplicarán a los adolescentes declarados por sentencia ejecutoriada, responsables de infracción, que a juicio del juez justifique las mismas.

conformidad del adolescente y de la víctima o a petición de parte, el Juez podrá derivar el caso a mediación, suspendiéndose las actuaciones por un plazo prudencial. Alcanzando un acuerdo, previo informe técnico y oídos la Defensa y el Ministerio Público, el Juez deberá valorar razonablemente desde la perspectiva exclusiva del interés superior del adolescente, el sentido pedagógico y educativo de la reparación propuesta, disponiendo, en caso afirmativo, la clausura de las actuaciones. Tal decisión será preceptiva en caso de opinión favorable del Ministerio Público. El mismo efecto tendrán los acuerdos conciliatorios celebrados en audiencia.

Fundamentación: Modificaciones de redacción.

Artículo 100. (Régimen de libertad asistida y vigilada).-

A) El régimen de libertad asistida (literal H) del artículo 96 de este Código), consiste en acordarle al adolescente el goce de libertad en su medio familiar y social.

Será, necesariamente, apoyado por especialistas y funcionarios capacitados para el cumplimiento de programas educativos.

El Juez determinará la duración de la medida.

En cualquier momento de su ejecución la medida podrá ser interrumpida, revocada o sustituida, de oficio o a instancia de los actores habilitados y previa intervención del Ministerio Público y del Defensor.

B) El régimen de libertad vigilada (literal I) del artículo 96 de este Código), consiste en la permanencia del adolescente en la comunidad con la orientación permanente de un educador, durante el tiempo que el Juez determine.

Fundamentación: Idem a la Fundamentación del artículo 97. Se sustituye en literal B) la expresión: "el acompañamiento", por la de "la orientación", por ser esta última más apropiada al propósito de la norma.

Artículo 101. ("Non bis in idem").- El Juez sólo podrá aplicar una de las medidas previstas en los artículos 93 a 114 del presente Código.

Fundamentación: Se modifica el Proyecto estableciendo expresamente los artículos referidos a medidas no pasibles de yuxtaposición.

Apartado 3 - Medidas socioeducativas privativas de libertad

Artículo 102. (Aplicación).- Las medidas privativas de libertad sólo se aplicarán a los adolescentes declarados por sentencia ejecutoriada, responsables de infracción, que a juicio del Juez justifique las mismas.


También podrán aplicarse a los adolescentes que, habiendo sido declarados por sentencia ejecutoriada responsables de una infracción, incumplen las medidas adoptadas por el Juez.

 

Artículo 87. (Aplicabilidad).- Las medidas privativas de libertad no son obligatorias para el Juez. Se aplicarán cuando configurándose los requisitos legales, no existan otras medidas adecuadas dentro de las no privativas de libertad. El Juez fundamentará los motivos de la no aplicación de otras medidas. Se tendrá en consideración el derecho del adolescente a vivir con su familia, y en caso que proceda la separación, a mantener contacto permanente con la familia, pareja, amigos, referentes afectivos y otros, si ellos no fueren perjudiciales para el mismo.

 

 

 

Artículo 88. (Medidas privativas de libertad).- Las medidas privativas de libertad son:

A) Internación en establecimientos, separados completamente de los establecimientos carcelarios destinados a adultos.

B) Internación en iguales establecimientos con posibilidades de gozar de semilibertad.

REGIMEN DE PRIVACION DE LIBERTAD

Artículo 89. (Privación de libertad).- El régimen de privación de libertad consiste en recluir al adolescente en un establecimiento que asegure su permanencia en el recinto, sin menoscabo de los derechos consagrados en este Código, las normas constitucionales, legales e instrumentos internacionales.

Artículo 90. (Régimen de semilibertad).- El régimen de semilibertad consiste en disponer que el adolescente, cuya privación de libertad ha sido dispuesta en establecimientos, goce de permiso para visitar a su familia o para la realización de actividades externas, de ocho horas de duración, en su beneficio personal, controladas por la autoridad donde se encuentra internado.

Este régimen se extiende, a voluntad del adolescente, mientras se aplica la medida de privación de libertad, salvo la suspensión temporaria o definitiva por inobservancia de las reglas de comportamiento.

 

 

También podrán aplicarse a los adolescentes que, habiendo sido declarados por sentencia ejecutoriada responsables de una infracción, incumplen las medidas adoptadas por el Juez.

Fundamentación: Mera puntuación.

Artículo 103. (Aplicabilidad).- Las medidas privativas de libertad no son de necesaria adopción para el Juez. Se aplicarán cuando configurándose los requisitos legales, no existan otras medidas adecuadas dentro de las no privativas de libertad.

El Juez fundamentará los motivos de la aplicación de estas medidas. Se tendrá en consideración el derecho del adolescente a vivr con su familia, y en caso que proceda la separación, a mantener contacto permanente con la misma, pareja, amigos, referentes afectivos y otros, si ellos no fueren perjudiciales para el mismo.

Fundamentación: Modificaciones en la redacción.

Artículo 104. (Medidas privativas de libertad).- Las medidas privativas de libertad son:

A) Internación en establecimientos, separados completamente de los establecimientos carcelarios destinados a adultos.

B) Internación en iguales establecimientos con posibilidades de gozar de semilibertad.

Apartado 4 - Régimen de privación de libertad

105. (Privación de libertad).- El régimen de privación de libertad consiste en recluir al adolescente en un establecimiento que asegure su permanencia en el recinto, sin menoscabo de los derechos consagrados en este Código, las normas constitucionales, legales e instrumentos internacionales.

Artículo 106. (Régimen de semilibertad).- El régimen de semilibertad consiste en disponer que el adolescente, cuya privación de libertad ha sido dispuesta en establecimientos, goce de permiso para visitar a su familia o para la realización de actividades externas, con un máximo de ocho horas de duración diarias, en su beneficio personal, controladas por la autoridad donde se encuentra internado.

Este régimen se extenderá, mientras se aplica la medida de privación de libertad, salvo su suspensión temporaria o definitiva por inobservancia de las reglas de correcto comportamiento.

Fundamentación: En su inciso primero se supera carencia normativa del Proyecto, acotando temporalmente el permiso a concederse.

El inciso segundo omite la expresión: "a voluntad del


 

 

Artículo 91. (Duración de las medidas de privación de libertad).- La medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de cinco años.

En ningún caso el adolescente que al llegar a los dieciocho años permanece sujeto a medidas, cumplirá lo que le resta en establecimientos destinados a los adultos.

En situaciones de peligrosidad manifiesta, se adoptarán las medidas que fueren compatibles con la seguridad de la población y los propósitos de recuperación del infractor.

Artículo 92. (Cumplimiento).- El cumplimiento de las medidas de privación de libertad son de responsabilidad exclusiva, irrenunciable e indelegable del Estado.

Se cumplirán en centros especiales hasta la finalización de las medidas y de acuerdo a criterios, entre otros, de edad, complexión física, gravedad de la infracción y adaptación a la convivencia.

En ningún caso podrán cumplirse en establecimientos destinados a los adultos.

Se tendrá especial cuidado por las situaciones en que el adolescente requiera tratamiento médico, en cuyo caso deberá ser internado en un centro adecuado a sus condiciones.

Artículo 93. (Infractores con dependencia).- En los casos de adolescentes infractores, que padecen dependencias alcohólicas o toxicómanas, se efectivizará la asistencia a programas de orientación y tratamiento adecuados.

Artículo 94. (Procedimiento por modificación o cese de las medidas).- Se deberá decretar, en cualquier momento, el cese de la medida cuando resulte acreditado en autos que la misma ha cumplido su finalidad socioeducativa.

La tramitación de todas las solicitudes de sustitución, modificación o cese de las medidas, se hará en audiencia, debiendo dictarse resolución fundada, previo los informes técnicos que se estimen pertinentes, con presencia del adolescente, de sus representantes legales, de la defensa y del Ministerio Público.

La audiencia deberá celebrarse en un plazo que no exceda los diez días a partir de la respectiva solicitud.

Artículo 95. (Traslado de infractores).- La internación de los adolescentes fuera de la jurisdicción de su domicilio se limitará al mínimo posible, atendidas las circunstancias del caso.

Cuando los Juzgados dispongan la internación de adolescentes infractores fuera de su jurisdicción, declinarán competencia para ante el Juez del lugar de internación.

adolescente" cuyo alcance no se discierne. Se corrige redacción.

Artículo 107. (Duración de las medidas de privación de libertad).- La medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de cinco años.

En ningún caso el adolescente que al llegar a los dieciocho años permanece sujeto a medidas, cumplirá lo que le resta en establecimientos destinados a los adultos.

En situaciones de peligrosidad manifiesta, se adoptarán las medidas que fueren compatibles con la seguridad de la población y los propósitos de recuperación del infractor.

Artículo 108. (Cumplimiento).- El cumplimiento de las medidas de privación de libertad es de responsabilidad exclusiva, irrenunciable e indelegable del Estado.

Se cumplirán en centros especiales hasta la finalización de las medidas y de acuerdo a criterios, entre otros, de edad, complexión física, gravedad de la infracción y adaptación a la convivencia.

En ningún caso podrán cumplirse en establecimientos destinados a los adultos.

Se tendrá especial cuidado por las situaciones en que el adolescente requiera tratamiento médico, en cuyo caso deberá ser internado en un centro adecuado a sus condiciones.

Artículo 109. (Infractores con dependencia).- En los casos de adolescentes infractores, que padecen dependencias alcohólicas o toxicómanas, se efectivizará la asistencia a programas de orientación y tratamiento adecuados.

Artículo 110. (Procedimiento por modificación o cese de las medidas).- Se deberá decretar, en cualquier momento, el cese de la medida cuando resulte acreditado en autos que la misma ha cumplido su finalidad socioeducativa.

La tramitación de todas las solicitudes de sustitución, modificación o cese de las medidas, se hará en audiencia, debiendo dictarse resolución fundada, previo los informes técnicos que se estimen pertinentes, con presencia del adolescente, de sus representantes legales, de la Defensa y del Ministerio Público.

La audiencia deberá celebrarse en un plazo que no exceda los diez días a partir de la respectiva solicitud.

Artículo 111. (Traslado de infractores).- La internación de los adolescentes fuera de la jurisdicción de su domicilio se limitará al mínimo posible, atendidas las circunstancias del caso.

Cuando los Juzgados dispongan la internación de adolescentes infractores fuera de su jurisdicción, declinarán competencia para ante el Juez del lugar de internación.


Deberán enviar junto con el adolescente, fotocopia certificada del expediente en sobre cerrado, que será entregado por el funcionario que lo traslade, bajo su más grave responsabilidad funcional, al Juez de turno del lugar de la internación.

Artículo 96. (Reserva).- Queda prohibida la identificación de la persona del adolescente por cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de la información sobre los hechos.

Los funcionarios públicos que faciliten noticias a la prensa, en contravención a lo dispuesto en el inciso anterior, serán pasibles de una suspensión de diez días con pérdida de haberes la primera vez, y un mes por la siguiente. La tercera infracción dará lugar a la destitución. La infracción será comunicada preceptivamente a la institución a que pertenece, con transcripción de las normas.

Los medios de comunicación que infringieren lo dispuesto en el inciso primero incurrirán en una multa, a juicio del Juez, equivalente entre 20 UR (veinte unidades reajustables) y 200 UR (doscientas unidades reajustables), según los casos, siendo el destino de la misma el Instituto Nacional del Menor.

 

 

 

Artículo 97. (Competencia).- En las infracciones previstas en el inciso tercero del artículo anterior, entenderán los Jueces Letrados de Adolescentes, siguiendo el procedimiento legal para reprimir las faltas en el Derecho Penal de adultos.

 

 

Artículo 98. (Recurribilidad).- La sentencia podrá ser apelada ante el Tribunal de Familia respectivo, cuya decisión hará cosa juzgada.

IV - Principios de la ejecución

Artículo 99. (Supuestos de la ejecución).- La actividad procesal de ejecución de las medidas educativas, comprende los actos destinados a promover el cumplimiento de las medidas y el trámite y la decisión de las cuestiones sobrevinientes.

Artículo 100. (Control que ejercen los Jueces competentes).- Son cometidos de los Jueces Letrados de Adolescentes:

1) Vigilar los casos en los que han recaído medidas educativas dispuestas por sentencia ejecutoriada,

Deberán enviar junto con el adolescente, fotocopia certificada del expediente en sobre cerrado, que será entregado por el funcionario que lo traslade, bajo su más grave responsabilidad funcional, el Juez de turno del lugar de la internación.

Artículo 112. (Reserva).- Queda prohibida la identificación de la persona del adolescente por cualquier medio de comunicación pública, sin perjuicio de la información sobre los hechos.

Los funcionarios públicos que faciliten noticias a la prensa, en contravención a lo dispuesto en el inciso anterior, serán pasibles de una suspensión de diez días con pérdida de haberes la primera vez, y un mes por la siguiente. La tercera infracción dará lugar a la destitución. La infracción será comunicada preceptivamente a la institución a que pertenece, con transcripción de las normas.

Los medios de comunicación que infringieren lo dispuesto en el inciso primero incurrirán en una multa, a juicio del Juez, equivalente entre 20 UR (veinte unidades reajustables) y 200 UR (doscientas unidades reajustables), según los casos, siendo el destino de la misma el Instituto Nacional del Menor.

Fundamentación: Se agrega la calidad de "pública" a la mención de "cualquier medio de publicación", por obvias razones.

Artículo 113. (Competencia).- En las infracciones previstas en el inciso tercero del artículo anterior, entenderán los Jueces Letrados de Adolescentes, siguiendo el procedimiento legal para reprimir las faltas en el Derecho Procesal Penal aplicable a adultos.

Fundamentación: Se modifica la referencia de la parte final del artículo haciéndola al "Derecho Procesal Penal aplicable a adultos" por cuanto el Derecho sustantivo Penal no determina procedimientos.

Artículo 114. (Recurribilidad).- La sentencia podrá ser apelada ante el Tribunal de Familia respectivo, cuya decisión hará cosa juzgada.

Seccion IV - Principios de la ejecución

Artículo 115. (Supuestos de la ejecución).- La actividad procesal de ejecución de las medidas educativas, comprende los actos destinados a promover el cumplimiento de las medidas y el trámite y la decisión de las cuestiones sobrevinientes.

Artículo 116. (Control que ejercen los Jueces competentes).- Son cometidos de los Jueces Letrados de Adolescentes:

1) Vigilar los casos en los que han recaído medidas educativas dispuestas por sentencia ejecutoriada, has-


hasta el término de su cumplimiento.

2) Entender por audiencia y con intervención del defensor y Ministerio Público, las reclamaciones de los adolescentes durante el período de ejecución de las medidas, tanto en los establecimientos, como fuera de ellos.

3) Visitar, por lo menos cada tres meses los centros de internación, dejando constancia en el expediente respectivo del resultado.

Sin perjuicio de lo que antecede, podrá realizar inspecciones cada vez que lo considere oportuno.

En ambos casos, tomar las medidas que más convengan al interés superior del adolescente.

4) Dar cuenta a la Suprema Corte de Justicia en los casos que se constaten irregularidades graves.

Artículo 101. (Control de la autoridad administrativa).- El Instituto Nacional del Menor o las autoridades de los establecimientos de internación, informarán cada tres meses al Juez sobre la forma como se cumple la medida y la evolución del adolescente.

El Instituto Nacional del Menor reglamentará el funcionamiento de los establecimientos donde se cumplen las medidas privativas de libertad.

V - Derechos y deberes durante la ejecución de las medidas socioeducativas

Artículo 102. (Principio especial de la privación de libertad).- Sin perjuicio de los derechos y garantías enumerados en el artículo 74, se tendrán en cuenta los derechos y deberes de los adolescentes, con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de la institucionalización y a fomentar su integración a la sociedad:

A) Derechos:

1) A ser informado del régimen de funcionamiento institucional y de sus derechos y deberes y conocer a los funcionarios que lo tendrán bajo su responsabilidad durante la internación o en régimen ambulatorio.

2) A conocer el régimen interno a fin de comunicarse personalmente con el Juez, Fiscal, defensor, educadores, familiares y a ejercer efectivamente ese derecho.

3) A estar informado sobre las medidas que se proyectan para lograr su inserción al ámbito familiar y social.

ta el término de su cumplimiento.

2) Entender por audiencia y con intervención del Defensor y Ministerio Público, las reclamaciones de los adolescentes durante el período de ejecución de las medidas, tanto en los establecimientos, como fuera de ellos.

3) Visitar, por lo menos cada tres meses los centros de internación, dejando constancia en el expediente respectivo del resultado.

Sin perjuicio de lo que antecede, podrá realizar inspecciones cada vez que lo considere oportuno.

En ambos casos, tomar las medidas que más convengan al interés superior del adolescente.

4) Dar cuenta a la Suprema Corte de Justicia en los casos que se constaten irregularidades graves.

Artículo 117. (Control de la autoridad administrativa).- El Instituto Nacional del Menor o las autoridades de los establecimientos de internación, informarán cada tres meses al Juez sobre la forma como se cumple la medida y la evolución del adolescente.

El Instituto Nacional del Menor reglamentará el funcionamiento de los establecimientos donde se cumplen las medidas privativas de libertad.

Sección V - Derechos y deberes durante la ejecución de las medidas socioeducativas

Artículo 118. (Principio especial de la privación de libertad).- Sin perjuicio de los derechos y garantías enumerados en el artículo 81 de este Código, se tendrán en cuenta los derechos y deberes de los adolescentes, con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de la institucionalización y a fomentar su integración a la sociedad.

A) Derechos:

1) A ser informado del régimen de funcionamiento institucional y de sus derechos y deberes y conocer a los funcionarios que lo tendrán bajo su responsabilidad durante la internación o en régimen ambulatorio.

2) A conocer el régimen interno a fin de comunicarse personalmente con el Juez, Fiscal, Defensor, educadores, familiares y a ejercer efectivamente ese derecho.

3) A estar informado sobre las medidas que se proyectan para lograr su inserción al ámbito familiar y social.


4) A recibir los servicios de salud, sociales, educativos, religiosos y de esparcimiento, y ser tratado conforme a su desarrollo y necesidades.

En todo caso se garantizará su seguridad, en tanto protección contra influencias nocivas y situaciones de riesgo.

5) A estar informado sobre el régimen de convivencia.

6) A no ser trasladado del centro donde cumple la medida educativa sin que se dé cuenta de inmediato al Juez competente. Todo traslado podrá ser recurrido conforme a derecho, sin efecto suspensivo.

7) No podrán imponerse sanciones colectivas.

B) Deberes:

Durante la ejecución de las medidas, los adolescentes, deberán respetar a sus educadores y responsables y observar los reglamentos internos en cuanto a convivencia, estudio y tareas de capacitación, esparcimiento, aseo personal y de las dependencias que ocupan, y respeto a sus educadores, responsables y demás personas con quienes se vinculan cotidianamente.

C) Ambito de aplicación:

Todos los derechos y deberes establecidos en orden a la ejecución de las medidas socioeducativas, se aplicarán, en lo pertinente, a todo tipo de privación de libertad.

 

VI - Cesación del proceso

Artículo 103. (Principio general).- En cualquier estado de proceso el Juez, oyendo al Ministerio Público, al adolescente y a su defensa, dispondrá la clausura del proceso, en los siguientes casos:

1) Cuando se comprobare que el adolescente no es responsable.

2) Cuando se comprobare que no es el autor, coautor o cómplice del hecho constitutivo de la infracción.

3) Cuando se comprobare que obró amparado por alguna de las circunstancias que eximen de pena.

4) Cuando ha prescripto la acción por el hecho imputado. El plazo de prescripción será de dos años para los delitos gravísimos y un año para los delitos graves.

4) A recibir los servicios de salud, sociales, educativos, religiosos y de esparcimiento, y ser tratado conforme a su desarrollo y necesidades.

En todo caso se garantizará su seguridad, en tanto protección contra influencias nocivas y situaciones de riesgo.

5) A estar informado sobre el régimen de convivencia.

6) A no ser trasladado del centro donde cumple la medida educativa sin que se dé cuenta de inmediato al Juez competente. Todo traslado podrá ser recurrido conforme a derecho, sin efecto suspensivo.

7) No podrán imponerse sanciones colectivas.

B) Deberes:

Durante la ejecución de las medidas, los adolescentes, deberán respetar a sus educadores y responsables y observar los reglamentos internos en cuanto a convivencia, estudio y tareas de capacitación, esparcimiento, aseo personal y de las dependencias que ocupan, y respeto a sus educadores, responsables y demás personas con quienes se vinculan cotidianamente.

C) Ambito de aplicación:

Todos los derechos y deberes establecidos en orden a la ejecución de las medidas socioeducativas, se aplicarán, en lo pertinente, a todo tipo de privación de libertad.

 

Sección VI - Cesación del proceso

Artículo 119. (Principio general).- En cualquier estado del proceso el Juez, oyendo al Ministerio Público, al adolescente y a su Defensa, dispondrá la clausura del proceso, en los siguientes casos:

1) Cuando se comprobare que el adolescente no es responsable.

2) Cuando se comprobare que no es el autor, coautor o cómplice del hecho constitutivo de la infracción.

3) Cuando se comprobare que obró amparado por alguna de las circunstancias que exime de pena (Título II del Código Penal).

4) Cuando ha prescripto la acción por el hecho imputado. El plazo de prescripción será de dos años para los delitos gravísimos y un año para los delitos graves.

Fundamentación : Se agrega el numeral 3) del Proyecto la indicación precisa del Texto del Código Penal apli-

 

 

Artículo 104. (Prescindencia de la acción penal).- En cualquier Estado del proceso el Juez podrá, oyendo al Ministerio Público, al adolescente y a su defensa, prescindir total o parcialmente de la persecución penal; o limitada a una o varias infracciones o de alguna o de todas las personas que hayan participado en el hecho, cuando:

A) Se trate de un hecho que, por su escasa gravedad o lo exiguo de la contribución del partícipe, haga necesaria una medida en definitiva.

B) El adolescente haya sufrido, a consecuencia del hecho, un daño físico o moral grave.

Artículo 105. (Egreso y clausura de antecedentes).- Decretado el cese, si el adolescente estuviese privado de libertad, se dispondrá su inmediato egreso y clausura de antecedentes.

VII - De las medidas curativas

Artículo 106. (Procedencia).- A los adolescentes incapaces que hubieren cometido infracciones a la ley penal, se les aplicarán, con las garantías del debido proceso fijado para los infractores, las medidas de carácter curativo, que se cumplirán en establecimientos adecuados y separados de los adultos mayores de dieciocho años. Corresponde a los Directores de dichos establecimientos y a los técnicos que designe el Juez, determinar su tratamiento.

Artículo 107. (Control).- Durante la internación, se aplicarán, en lo pertinente, las medidas de contralor a cargo de los Jueces Letrados de Adolescentes, establecidas en el artículo 100.

VIII - De las audiencias

Artículo 108. (Presencia del Juez).- El Juez Letrado de Adolescentes presidirá por sí mismo las audiencias, bajo pena de nulidad, que compromete su responsabilidad funcional.

Igual deber compete al Ministerio Público, al defensor y a los técnicos asesores a quienes el Juez requiera opinión. Los defensores privados que no asistan serán sustituidos por Defensores de Oficio.

Sin la presencia del adolescente no podrá llevarse a cabo ninguna audiencia.

 

 

cable. De otro modo podrá interpretarse con latitud no deseada y de compleja dilucidación, la mención a "circunstancias que eximen de pena".

Artículo 120. (Prescindencia de la acción penal).- En cualquier estado del proceso el Juez podrá, oyendo al Ministerio Público, al adolescente y a su Defensa, prescindir total o parcialmente de la persecución penal; o limitada a una o varias infracciones o de alguna o de todas las personas que hayan participado en el hecho, cuando:

A) Se trate de un hecho que, por su escasa gravedad o lo exiguo de la contribución del partícipe, haga innecesaria una medida en definitiva.

B) El adolescente haya sufrido, a consecuencia del hecho, un daño físico o moral grave.

Artículo 121. (Egreso y clausura de antecedentes).- Decretado el cese, si el adolescente estuviese privado de libertad, se dispondrá su inmediato egreso y clausura de antecedentes.

Sección VII - De las medidas curativas

Artículo 122. (Procedencia).- A los adolescentes incapaces que hubieren cometido infracciones a la ley penal, se les aplicarán, con las garantías del debido proceso fijado para los infractores, las medidas de carácter curativo, que se cumplirán en establecimientos adecuados y separados de los adultos mayores de dieciocho años. Corresponde a los Directores de dichos establecimientos y a los técnicos que designe el Juez, determinar su tratamiento.

Artículo 123. (Control).- Durante la internación, se aplicarán, en lo pertinente, las medidas de contralor a cargo de los Jueces Letrados de Adolescentes, establecidas en el artículo 116 de este Código.

Sección VIII - De las audiencias

Artículo 124. (Presencia del Juez).- El Juez Letrado de Adolescentes presidirá por sí mismo las audiencias, bajo pena de nulidad, que compromete su responsabilidad funcional.

Igual deber compete al Ministerio Público, al Defensor y a los técnicos asesores a quienes el Juez requiera opinión. Los Defensores privados que no asistan serán sustituidos por Defensores de Oficio.

Sin la presencia del adolescente no podrá llevarse a cabo ninguna audiencia y su presencia podrá determinarse compulsivamente por el Tribunal.

Fudamentación: Se agrega en el inciso final la posiblilidad de determinar compulsivamente la presencia del adolescente. De otro modo su negativa a


 

Artículo 109. (Contenido de las audiencias).-

1) Las audiencias preliminar y final, referidas en los numerales 2) y 10) del artículo 76 se documentarán con la mayor precisión en acta que se labrará durante su desarrollo o al cabo de la misma. En forma resumida se consignará fecha y lugar en que se labra, describirán los hechos, la tipificación legal con expresa mención de la norma jurídica presuntamente violada y las alegaciones de las partes, quienes podrán solicitar lo que estimen pertinente para asegurar la fidelidad del resumen. La decisión del Juez deberá comprender el examen de los puntos tratados por las partes.

2) Si lo solicitaren, se entregarán a las partes copia integra de las sentencias definitivas, autenticadas por la Oficina Actuaria.

Artículo 110. (Acceso al expediente).- Las partes y los técnicos designados durante el trámite tendrán, en todo momento, libre acceso al expediente, salvo casos excepcionales, a juicio del Juez y en atención al interés superior del adolescente.

IX - De las comunicaciones procesales

Artículo 111. (Notificaciones preceptivas).-

1) Cuando se produzca la detención del adolescente, el Juez dispondrá que el hecho sea inmediatamente notificado por la Policía a su defensor, al Ministerio Público y a los padres o representantes legales; el mismo procedimiento se seguirá con los asesores técnicos para cuyo asesoramiento el Juez estime necesario convocar.

2) Las actuaciones dispuestas en audiencia se tendrán por notificadas a quienes estén presentes o hayan debido concurrir al acto.

3) Salvo en los casos que indique el Juez, las notificaciones se practicarán en la oficina.

A tal efecto, todos los interesados que actúen en el procedimiento respectivo, excepción hecha del Ministerio Público, concurrirán a la oficina para enterarse de las actuaciones.

Artículo 112. (Notificación ficta).- Si la notificación se retardare tres días hábiles por falta de comparecencia del interesado, se tendrá por efectuada, sin necesidad de constancia alguna en los autos.

Si el día que concurriere el interesado, la actuación no se

concurrir impediria "sine die" el cumplimiento de la norma.

Artículo 125. (Contenido de las audiencias).-

1) Las audiencias preliminar y final, referidas en los numerales 2) y 10) del artículo 83 de este Código se documentarán con la mayor precisión en acta que se labrará durante su desarrollo o al cabo de la misma. En forma resumida se consignará fecha y lugar en que se labra, describirán los hechos, la tipificación legal con expresa mención de la norma jurídica presuntamente violada y las alegaciones de las partes, quienes podrán solicitar lo que estimen pertinente para asegurar la fidelidad del resumen. La decisión del Juez deberá comprender el examen de los puntos tratados por las partes.

2) Si lo solicitaren, se entregarán a las partes copia integra de las sentencias definitivas, autenticadas por la Oficina Actuaria.

Artículo 126. (Acceso al expediente).- Las partes y los técnicos designados durante el trámite tendrán, en todo momento, libre acceso al expediente, salvo casos excepcionales, a juicio del Juez y en atención al interés superior del adolescente.

Seccion IX - De las comunicaciones procesales

Artículo 127. (Notificaciones preceptivas).-

1) Cuando se produzca la detención del adolescente, el Juez dispondrá que el hecho sea inmediatamente notificado por la Policía a su Defensor, al Ministerio Público y a los padres o representantes legales; el mismo procedimiento se seguirá con los asesores técnicos para cuyo asesoramiento el Juez estime necesario convocar.

2) Las actuaciones dispuestas en audiencia se tendrán por notificadas a quienes estén presentes o hayan debido concurrir al acto.

3) Salvo en los casos que indique el Juez, las notificaciones se practicarán en la oficina.

A tal efecto, todos los interesados que actúen en el procedimiento respectivo, excepción hecha del Ministerio Público, concurrirán a la oficina para enterarse de las actuaciones.

Artículo 128. (Notificación ficta).- Si la notificación se retardare tres días hábiles por falta de comparecencia del interesado, se tendrá por efectuada, sin necesidad de constancia alguna en los autos.

Si el día que concurriere el interesado, la actuación no se


hallare disponible, la Oficina Actuaria expedirá constancia en formulario al efecto, si aquél lo solicitare (artículo 86 del Código General del Proceso).

Artículo 113. (Autorización para notificarse).- Por simple escrito se podrá autorizar a una tercera persona para que con ella se entiendan las notificaciones.

Artículo 114. (Régimen complementario).- En todos los casos no contemplados en este Código se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones del Código General del Proceso (artículos 76 a 90 de la Sección III).

 

 

 

X - Plazos procesales

Artículo 115. (Carácter de los plazos).-

1) Todos los plazos señalados en este Código son perentorios e improrrogables. En casos excepcionales, el Juez podrá suspender su curso fundando la medida y su duración.

2) Para regular su aplicación se atenderá a lo dispuesto por los artículos 92 a 99 del Código General del Proceso.

Artículo 116. (Infracciones reiteradas).- En los casos de infracciones reiteradas, los procesos se tramitarán por el Juez competente de cada una hasta la sentencia ejecutoriada, sin perjuicio de la unificación de las medidas impuestas, la que se realizará en vía incidental por el Juez Letrado de Adolescentes que hubiere entendido en la última infracción.

La Suprema Corte de Justicia reglamentará el régimen de antecedentes judiciales.

 

CAPITULO XI

 

I - Protección de los derechos amenazados o vulnerados de los niños y adolescentes y situaciones especiales

Artículo 117. (Principio general).- Siempre que los derechos reconocidos a los niños y adolescentes en este Código sean amenazados o vulnerados, se aplicarán las medidas que dispone este título.

De igual forma se aplicarán a los niños que vulneren derechos a terceros.

hallare disponible, la Oficina Actuaria expedirá constancia en formulario al efecto, si aquél lo solicitare (artículo 86 del Código General del Proceso).

Artículo 129. (Autorización para notificarse).- Por simple escrito se podrá autorizar a una tercera persona para que con ella se entiendan las notificaciones.

Artículo 130. (Régimen supletorio).- En todos los casos no contemplados en la presente Sección IX de este Código se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones del Código General del Proceso (artículos 76 a 90).

Fundamentación: En el nomen juris se alude correctamente a régimen "supletorio", y no "complementario" por no serlo.

Se limita la cita del Código General del Proceso a los artículos atinentes.

Sección X - Plazos procesales

Artículo 131. (Carácter de los plazos).-

1) Todos los plazos señalados en este Código son perentorios e improrrogables. En casos excepcionales, el Juez podrá suspender su curso fundando la medida y su duración.

2) Para regular su aplicación se atenderá a lo dispuesto por los artículos 92 a 99 del Código General del Proceso.

 

ELIMINADO

 

 

 

 

TITULO IV

NORMAS ESPECIFICAS

CAPITULO XII

Sección I - Protección de los derechos amenazados o vulne-rados de los niños y adolescentes y situaciones especiales

Artículo 132. (Principio general).- Siempre que los derechos reconocidos a los niños y adolescentes en este Código sean amenazados o vulnerados, se aplicarán las medidas que dispone este Capítulo.

De igual forma se aplicarán a los niños que vulneren derechos de terceros.


Artículo 118. (Primeras diligencias).- El Juez que tiene conocimiento, por cualquier medio, que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo anterior, tomará las más urgentes e imprescindibles medidas, debiéndose proceder a continuación conforme lo estatuye el artículo 321 del Código General del Proceso.

Salvo imposibilidad, tomará declaración al niño o adolescente, en presencia del defensor que se le proveerá en el acto y de sus padres o responsables, si los tuviere, y recabará los informes técnicos correspondientes.

El Ministerio Público deberá ser oído preceptivamente, quien intervendrá a favor del efectivo respeto a los derechos y garantías, reconocidos a los niños y adolescentes, debiéndose pronunciar en el plazo de tres días.

Artículo 119. (Medidas).- Medidas para los padres o responsables.

El Juez podrá imponer, en protección de los derechos de los niños o adolescentes, para los padres o responsables, las siguientes medidas:

A) Llamada de atención para corregir o evitar la amenaza o violación de los derechos de los hijos a su cuidado, y exigir el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en la protección de los derechos afectados.

B) Orientación, apoyo y seguimiento temporario socio-familiar prestado por programas públicos o privados reconocidos.

C) Obligación de inscribir al niño o adolescente en uncentro de enseñanza o programas educativos o de capacitación y observar su asistencia o aprendizaje.

D) Derivación a un programa público o privado de protección a la familia.

 

 

Artículo 120. (Medidas ambulatorias para niños y adolescentes).- El Juez dispondrá las siguientes medidas:

 

A) Que el Instituto Nacional del Menor otorgue protección a sus derechos a través del sistema de atención integral diurno. Al mismo servicio podrá recurrirse respecto a los institutos privados especializados, que así lo acepten.

B) Solicitud de tratamiento ambulatorio médico, psicológico o psiquiátrico a instituciones públicas o privadas.

Artículo 133. (Primeras diligencias).- El Juez que tiene conocimiento, por cualquier medio, que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo anterior, tomará las más urgentes e imprescindibles medidas, debiéndose proceder a continuación conforme lo estatuye el artículo 321 del Código General del Proceso.

Salvo imposibilidad, tomará declaración al niño o adolescente, en presencia del defensor que se le proveerá en el acto y de sus padres o responsables, si los tuviere, y recabará los informes técnicos correspondientes.

El Ministerio Público deberá ser oído preceptivamente, quien intervendrá a favor del efectivo respeto a los derechos y garantías, reconocidos a los niños y adolescentes, debiéndose pronunciar en el plazo de tres días.

Artículo 134. (Medidas).- El Juez podrá imponer, en protección de los derechos de los niños o adolescentes, para los padres o responsables, las siguientes medidas:

 

A) Llamada de atención para corregir o evitar la amenaza o violación de los derechos de los hijos a su cuidado, y exigir el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en la protección de los derechos afectados.

B) Orientación, apoyo y seguimiento temporario socio-familiar prestado por programas públicos o privados reconocidos.

C) Obligación de inscribir al niño o adolescente en un centro de enseñanza o programas educativos o de capacitación y observar su asistencia o aprendizaje.

D) Derivación a un programa público o privado de protección a la familia.

Fundamentación: Se omite por tratarse de evidente error la frase que encabeza el artículo: "Medidas para los padres o responsables".

Artículo 135. (Medidas ambulatorias para niños y adolescentes).- El Juez podrá igualmente disponer las siguientes medidas:

 

A) Que el Instituto Nacional del Menor otorgue protección a los derechos de niños y adolescentes a través del sistema de atención integral diurno. Al mismo servicio podrá recurrirse respecto a los institutos privados especializados, que así lo acepten.

B) Solicitud de tratamiento ambulatorio médico, psicológico o psiquiátrico a instituciones públicas o privadas.


El Instituto Nacional del Menor podrá solicitar o aplicar directamente estas medidas, cuando su intervención haya sido requerida por el niño, padres o responsables o terceros interesados.

 

 

 

 

Artículo 121. (Medidas en régimen de internación sin conformidad del niño o adolescente).- El Juez solamente podrá ordenar la internación compulsiva en los siguientes casos:

A) Niño o adolescente con patología psiquiátrica.

B) Niño o adolescente que curse episodios agudos vinculados al consumo de drogas.

C) Niño o adolescente necesitado de urgente tratamiento médico destinado a protegerlo de grave riesgo a su vida o su salud.

 

En todos los casos deberá existir prescripción médica. El plazo máximo de la internación será de treinta días prorrogables por períodos de igual duración mediando indicación médica hasta el alta de internación.

El Instituto Nacional del Menor podrá aplicar directamente estas medidas mediando indicación médica y cuando su intervención obedezca a la situación de un niño o adolescente que pone en riesgo inminente su vida o la integridad física de otras personas, de todo lo que se dará cuenta inmediata al Juez de Familia de Urgencia.

 

Artículo 122. (Adicciones a drogas y alcohol).- El Juez podrá ordenar la aceptación de niños y adolescentes en centros residenciales especializados de atención a adicciones de drogas y alcohol, sea en régimen de tiempo completo, ambulatorio o semiambulatorio.

Tratándose de adolescentes se requerirá su conformidad; en caso de niños será necesario el consentimiento de sus padres o responsables y se oirá previamente al niño.

En todos los casos se deberá proporcionar defensor al niño o adolescente, tomar declaración salvo imposibilidad, oír preceptivamente al Ministerio Público, tomar declaración a los padres o responsables, y recabar los informes técnicos correspondientes.

 

 

El Instituto Nacional del Menor podrá solicitar o aplicar directamente estas medidas, cuando su intervención haya sido requerida por el niño, padres o responsables o terceros interesados.

Fundamentación: Se adecua a las eventuales circunstancias las medidas que el Juez podrá disponer, que no serán preceptivas como no lo son el artículo anterior:

En el literal A) se reestablece el sentido de la redacción, posiblemente alterado en la transcripción del proyecto.

Artículo 136. (Medidas en régimen de internación sin conformidad del niño o adolescente).- El Juez solamente podrá ordenar la internación compulsiva en los siguientes casos:

A) Niño o adolescente con patología psiquiátrica.

B) Niño o adolescente que curse episodios agudos vinculados al consumo de drogas o dipsomanías.

C) Niño o adolescente necesitado de urgente tratamiento médico destinado a protegerlo de grave riesgo a su vida o su salud.

En todos los casos deberá existir prescripción médica. El plazo máximo de la internación será de treinta días prorrogables por períodos de igual duración mediando indicación médica hasta el alta de internación.

El Instituto Nacional del Menor podrá aplicar directamente estas medidas mediando indicación médica y cuando su intervención obedezca a la situación de un niño o adolescente que pone en riesgo inminente su vida o la integridad física de otras personas, de todo lo que se dará cuenta inmediata al Juez de Familia de Urgencia.

Fundamentación: Se agrega en el literal B) las dipsomanías, lamentablemente existentes en adolescentes y aun niños.

Artículo 137. (Adicciones a drogas y alcohol).- El Juez podrá ordenar la internación de niños y adolescentes en centros residenciales especializados de atención a adicciones de drogas y alcohol, sea en régimen de tiempo completo, ambulatorio o semiambulatorio.

Tratándose de adolescentes se requerirá su conformidad; en caso de niños será necesario el consentimiento de sus padres o responsables y se oirá previamente al niño.

En todos los casos se deberá proporcionar Defensor al niño o adolescente, tomar declaración salvo imposibilidad, oír preceptivamente al Ministerio Público, tomar declaración a los padres o responsables, y recabar los informes técnicos correspondientes.

Fundamentación: Se altera el texto del primer inciso de este artículo del Proyecto ("aceptación") por el


 

 

Artículo 123. (Derivación a centros de atención permanente para niños y adolescentes).- El Juez podrá disponer la derivación de un niño o adolescente a un centro de atención permanente como medida de último recurso, cuando se encuentre gravemente amenazado su derecho a la vida o integridad física.

 

Esta medida no podrá implicar en caso alguno privación de libertad y durará el menor tiempo posible, promoviéndose la superación de la amenaza de sus derechos para favorecer su egreso.

En estos establecimientos se procurará mantener los vínculos familiares, según lo dispone el artículo 12 de este Código y la incorporación del niño o adolescente al sistema educativo que corresponda, según sea su edad.

 

 

 

 

Artículo 124. (Programas de atención integral).- El Estado deberá garantizar a todos los niños y adolescentes el derecho a acceder voluntariamente a programas de atención integral, cuidados y alojamiento. Si la solicitud fuera formulada por los padres, se oirá preceptivamente al niño, quien será asistido por su defensor.

Si a la solicitud formulada por el niño o adolescente se oponen sus padres o responsables, sin perjuicio de la inmediata protección del niño o adolescente, la situación se pondrá en el más breve plazo posible en conocimiento del Juzgado de Familia de Urgencia.

El Juez resolverá atendiendo a la opinión del niño o adolescente. Deberá tenerse en cuenta ésta y el interés superior.

Artículo 125. (Programas de alternativa familiar).- El Juez podrá entregar al niño o adolescente gravemente amenazado en su derecho a la vida o integridad física o privado de su medio familiar, al cuidado de una persona o matrimonio seleccionado por el Instituto Nacional del Menor, que se comprometa a brindarle protección integral.

Estos niños o adolescentes deberán recibir orientación y apoyo de la persona o matrimonio, quienes serán supervisados por medio de equipos especializados.

Artículo 126. (Comportamiento policial).- Cuando la autoridad policial tome conocimiento que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo 117 de este Código, deberá llevarlo de inmediato a presencia del

más adecuado a la norma de "internación", subsanando lo que parece un error de copia.

 

Artículo 138. (Derivación a centros de atención permanente para niños y adolescentes).- El Juez podrá disponer la derivación de un niño o adolescente a un centro de atención permanente como medida de último recurso, cuando se encuentre gravemente amenazado su derecho a la vida o integridad física o cuando amenacen tales derechos de terceros (inciso segundo del artículo 132 de este Código).

Esta medida no podrá implicar en caso alguno privación de libertad y durará el menor tiempo posible, promoviéndose la superación de la amenaza de sus derechos para favorecer su egreso.

En estos establecimientos se procurará mantener los vínculos familiares, según lo dispone el artículo 12 de este Código y la incorporación del niño o adolescente al sistema educativo que corresponda, según sea su edad.

Fundamentación: Se separa una omisión incurrida en el Proyecto de Diputados agregando, -a las hipótesis previstas en el artículo-, las de "amenazas de niños y adolescentes a los derechos a la vida o integridad física de terceros" tal como se establece en el inciso 2º del artículo 132.

Artículo 139. (Programas de atención integral).- El Estado deberá garantizar a todos los niños y adolescentes el derecho a acceder voluntariamente a programas de atención integral, cuidados y alojamiento. Si la solicitud fuera formulada por los padres, se oirá preceptivamente al niño, quien será asistido por su Defensor.

Si a la solicitud formulada por el niño o adolescente se oponen sus padres o responsables, sin perjuicio de la inmediata protección del niño o adolescente, la situación se pondrá en el más breve plazo posible en conocimiento del Juzgado de Familia de Urgencia.

El Juez resolverá atendiendo a la opinión del niño o adolescente. Deberá tenerse en cuenta ésta y el interés superior.

Artículo 140. (Programas de alternativa familiar).- El Juez podrá entregar al niño o adolescente gravemente amenazado en su derecho a la vida o integridad física o privado de su medio familiar, al cuidado de una persona o matrimonio seleccionado por el Instituto Nacional del Menor, que se comprometa a brindarle protección integral.

Estos niños o adolescentes deberán recibir orientación y apoyo de la persona o matrimonio, quienes serán supervisados por medio de equipos especializados.

Artículo 141. (Comportamiento policial).- Cuando la autoridad policial tome conocimiento que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo 132 de este Código, deberá llevarlo de inmediato a presencia del


Juez competente, el que notificará con la mayor urgencia al Instituto Nacional del Menor.

Si no fuera posible llevarlo de inmediato a presencia del Juez, previa autorización, deberá llevarlo al Instituto Nacional del Menor, quien deberá prestarle la debida atención.

Artículo 127. (Responsabilidad penal).- Si se confi-guraren elementos de convicción suficientes como para atribuir responsabilidad penal a los padres, responsables o terceros, se pasarán los antecedentes al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal o al Juzgado Letrado de Primera Instancia del Interior, que corresponda.

 

 

 

 

Artículo 128. (Reserva de autos).- Cumplidas las diligencias por la Justicia, se reservarán los autos, sin perjuicio del seguimiento y control que el Juez interviniente considere adecuado efectuar.

Artículo 129. (Competencia).- Los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior de la República tendrán igual competencia que la asignada a los Jueces de Familia (artículo 71 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985).

 

II - Del maltrato y abuso del niño o adolescente

Artículo 130. (Definición).- A los efectos de este título entiéndese por maltrato y abuso del niño o adolescente las siguientes situaciones, no necesariamente taxativas: maltrato físico, maltrato psíquico-emocional, prostitución infantil, pornografía, abuso sexual y abuso psíquico o físico.

 

 

 

 

Artículo 131. (La denuncia).- Ante denuncia escrita o verbal por la realización de cualquiera de las conductas mencionadas en el artículo anterior, la autoridad receptora deberá comunicar el hecho de forma fehaciente e inmediata al Juzgado competente. En todo caso el principio orientador será prevenir la victimización secundaria.

III - De los hogares de cuidado

Artículo 132. (Entrega de niños y adolescentes).- El que entregue a un niño o adolescente a persona ajena a la familia biológica y quien o quienes lo reciban, deberán comunicarlo al Juez de Familia dentro de las cuarenta y ocho horas. El

Juez competente, el que notificará con la mayor urgencia al Instituto Nacional del Menor.

Si no fuera posible llevarlo de inmediato a presencia del Juez, previa autorización, deberá llevarlo al Instituto Nacional del Menor, quien deberá prestarle la debida atención.

Artículo 142. (Responsabilidad penal).- Si se configuraren elementos de convicción suficientes como para atribuir responsabilidad penal a los padres, responsables o terceros, en el cuidado y atención de los niños y adolescentes o en la conducta de los mismos, se pasarán los antecedentes al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal o al Juzgado Letrado de Primera Instancia del Interior, que corresponda.

Fundamentación: se interpolan en el artículo proyectado referencias precisas a las eventuales responsabilidades legales penales que pueden incurrir los mencionados, por los niños y adolescentes a su cargo.

Artículo 143. (Reserva de autos).- Cumplidas las diligencias por la Justicia, se reservarán los autos, sin perjuicio del seguimiento y control que el Juez interviniente considere adecuado efectuar.

Artículo 144. (Competencia).- Los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior de la República tendrán igual competencia que la asignada a los Jueces de Familia (artículo 71 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985).

 

Sección II - Del maltrato y abuso del niño o adolescente

Artículo 145. (Definición).- A los efectos de esta Sección entiéndese por maltrato y abuso del niño o adolescente las siguientes situaciones, no necesariamente taxativas de: maltrato físico, maltrato psíquico-emocional, prostitución infantil, pornografía, abuso sexual y abuso psíquico o físico y trabajo infantil ilegal.

Fundamentación: Se sustituye la mención del Proyecto de Diputados de: "Título", por la más correcta de "Capítulo".

Se agrega a la nómina el "trabajo infantil ilegal".

Correcciones de redacción.

Artículo 146. (La denuncia).- Ante denuncia escrita o verbal por la realización de cualquiera de las conductas mencionadas en el artículo anterior, la autoridad receptora deberá comunicar el hecho de forma fehaciente e inmediata al Juzgado competente. En todo caso el principio orientador será prevenir la victimización secundaria.

Sección III - De los hogares de cuidado.

Artículo 147. (Entrega de niños y adolescentes).- El que entregue a un niño o adolescente a persona ajena a la familia biológica y quien o quienes lo reciban, deberán comunicarlo al Juez de Familia dentro de las cuarenta y ocho horas.


Juez adoptará en forma urgente las medidas de protección necesarias y solicitará informe psicológico y social respecto a las posibilidades de mantener al niño o adolescente en su familia de origen. En caso afirmativo, dispondrá las medidas de apoyo familiar que se requieran para asegurar la permanencia de este vínculo filial. De lo contrario, deberá proceder conforme se dispone en el artículo siguiente.

Artículo 133. (Separación definitiva. Procedimiento).- La separación de un niño o adolescente de su familia de origen, deberá ser decretada por resolución fundada del Juez competente, sobre la base de información fehaciente y previo el asesoramiento de equipo técnico especializado. El procedimiento para decretarla se regulará por las disposiciones del proceso extraordinario regulado por el Código General del Proceso, debiendo designarse defensor al niño o adolescente, aplicándose el literal C) del artículo 35 de este Código, quienes deberán ser oídos si fuese posible. Se citará y emplazará a los padres o responsables y a quienes, hasta la entrega a que hace referencia el artículo anterior, se hubieren ocupado del niño.

Una vez resuelta la separación definitiva, deberá asegurarse su inserción en un medio adecuado, prefiriéndose aquellos hogares que permitan al niño salvaguardar sus vínculos afectivos. A tales efectos podrá disponerse, entre otros, la tenencia por terceros (artículo 36), la integración a un hogar institucional que ofrezca garantías para su adecuado desarrollo, o la adopción. Cuando se entendiere por la Sede que corresponde la colocación de un niño en una familia con fines de adopción, deberá intervenir el Instituto Nacional del Menor o una institución especializada autorizada para ello (artículo 158). Cuando los padres de origen, o los integrantes de esa familia de origen presten su consentimiento a los efectos previstos en este artículo, el mismo sólo será válido si ha sido dado en presencia del Juez, con el asesoramiento necesario y en conocimiento de las consecuencias que ello implicará.

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 134. (Invalidez).- No tendrá validez el consentimiento que se otorgue para la separación del hijo que está por nacer o dentro de los treinta días de su nacimiento.

En caso de que una vez nacido el niño la madre no desee tenerlo, deberá comunicarse al Juez competente, que procederá como lo dispone el artículo 132. Provisoriamente, el Juez tomará las medidas del caso para la protección del niño, pero no podrá dar comienzo al procedimiento establecido en

El Juez adoptará en forma urgente las medidas de protección necesarias y solicitará informe psicológico y social respecto a las posibilidades de mantener al niño o adolescente en su familia de origen. En caso afirmativo, dispondrá las medidas de apoyo familiar que se requieran para asegurar la permanencia de este vínculo filial. De lo contrario, deberá proceder conforme se dispone en el artículo siguiente.

Artículo 148. (Separación definitiva. Procedimiento).- La separación definitiva de un niño o adolescente de su familia de origen, deberá ser decretada por resolución fundada del Juez competente, sobre la base de información fehaciente y previo el asesoramiento de equipo técnico especializado. El procedimiento para decretarla se regulará por las disposiciones del proceso extraordinario regulado por el Código General del Proceso, debiendo designarse Defensor al niño o adolescente, aplicándose el literal C) del artículo 37 de este Código, quienes deberán ser oídos si fuese posible. Se citará y emplazará los padres o responsables y a quienes, hasta la entrega a que hace referencia el artículo anterior, se hubieren ocupado del niño.

Una vez resuelta la separación definitiva, deberá asegurarse su inserción en un medio adecuado, prefiriéndose aquellos hogares que permitan al niño salvaguardar sus vínculos afectivos. A tales efectos podrá disponerse, entre otros, la tenencia por terceros (artículo 38 de este Código), o la integración a un hogar institucional que ofrezca garantías para su adecuado desarrollo.

Cuando comparezcan las personas calificadas legalmente y se dieren los supuestos legales que posibiliten la Adopción y particularmente la Legitimación Adoptiva, la Sede la habilitará en beneficio del menor o adolescente al integrarle a esa familia, debiendo intervenir el Instituto Nacional del Menor o una institución especializada autorizada para ello (artículo 184 de este Código). Cuando los padres de origen, o los integrantes de esa familia de origen presten su consentimiento a los efectos previstos en este artículo, el mismo sólo será válido si ha sido dado en presencia del Juez, con el asesoramiento necesario y en conocimiento de las consecuencias que ello implicará.

Fundamentación: Se mantiene la denominación legal "definitiva", en los incisos primero y segundo.

Se precisa con mayor exactitud todo lo relativo a la Adopción y Legitimación Adoptiva, puesto que en el proyecto se hallan subsumidas entre otras conductas de protección al menor, a pesar de sus especificidades.

Artículo 149. (Invalidez).- No tendrá validez el consentimiento que se otorgue para la separación del hijo que está por nacer o dentro de los diez días de su nacimiento.

En caso de que una vez nacido el niño, la madre no desee tenerlo, deberá comunicarse al Juez competente, que procederá como lo dispone el artículo 147 de este Código. Provisoriamente, el Juez tomará las medidas del caso para protección del niño, pero no podrá dar comienzo al proce-


el artículo anterior hasta que se cumpla el lapso fijado en el inciso primero de este artículo y previa citación de los progenitores del niño.

dimiento establecido en el artículo anterior hasta que se cumpla el lapso fijado en el inciso primero de este artículo y previa citación de los progenitores del niño.

Fundamentación: Se acorta el plazo previsto por el proyecto, de 30 a 10 días. Este último es más razonable habida cuenta que el mismo es más que suficiente para una resolución meditada.

El interés del niño impone premiosamente que, de integrarse a una familia sustituta, lo haga cuanto antes por razones harto reconocidas de sicología infantil.

Artículo 150. (Potestad judicial).- El Juez competente podrá no aplicar, o consentir no se hubieren adoptado total o parcialmente, las normas de los artículos 147, 148, y 149 de este Código, cuando estimare, por las circunstancias ocurrentes, la dificultad o imposibilidad practicas de darles cumplimiento o que de su aplicación se derivan, o se hubieren derivado, perjuicios psicológicos y sociales para el menor o adolescente (artículo 6 de este Código).

Particularmente deberá hacerlo cuando los procedimientos en cuestión afecten, o hubieren afectado de seguirse, negativamente los vínculos que mantiene o mantendrá el menor o adolescente con quienes le integraran en su familia.

Fundamentación: Desde la complejidad de la circunstancia humana surge la necesidad de otorgar al Juez la posibilidad en beneficio del menor o adolescente, de prescindir, o aceptar se hubiera hecho -total o parcialmente-, de actividades judiciales que pueden ser contradictorias al objetivo superior de la protección de aquellos de quienes el Código se ocupa.

El sistema, tal como está organizado en los artículo 132, 133 y 134 del proyecto de Diputados, implica la negación explícita de todo lo que significa en nuestra sociedad la apertura generosa a la adopción de niños abandonados. A poco que se planteen hipótesis prácticas en su aplicación, se puede advertir las enormes demoras que implican sus procedimientos, pero sobre el daño irreparable en conceptos vitales (psicológicos y sociales) para el menor.

Confiar al Juez la resolución de aplicabilidad de esas normas es absolutamente necesario, y la única manera de que el Código conserve coherencia con su artículo 38, que en definitiva sólo posibilita con esta disposición.

Sección - IV - De los menores abandonados

Artículo 151. (Abandono).- Se considera expósito al niño que ha sido abandonado en lugar público o privado, desconociéndose quiénes son sus padres o sus familiares directos. De no comparecer aquéllos a hacerse cargo de sus deberes en el término de quince días, perderán la patria potestad de pleno derecho.

Los Directores, Administradores y Encargados de insti-


tuciones, dependencias o establecimientos públicos o privados, en caso de abandono del recién nacido deberán comunicar este hecho dentro de las 24 horas, directa y simultáneamente, en forma verbal o escrita, al Juzgado que corresponda y al Instituto Nacional del Menor.

Artículo 152. (Disposición Judicial).- El Juez que haya recibido la denuncia resolverá sin más trámite lo que resulte más conveniente a los intereses del menor.

Para el caso de decidir la integración familiar, ésta se realizará a través de las dependencias del Instituto Nacional del Menor, o directamente por el magistrado, quien podrá requerir el asesoramiento de los cuerpos técnicos de dicha Institución.

Artículo 153. (Abandono voluntario).- Transcurridos seis meses desde la internación voluntaria de un menor en dependencias del Instituto Nacional del Menor o donde este Instituto hubiere dispuesto, y no habiendo mediado manifestación, por cualquier medio fehaciente de la voluntad de preservar el vínculo existente, éste podrá intimar a los padres y a quienes hubiera realizado la entrega, para que se hagan cargo de él, dentro de los seis meses siguientes, contados desde la primera publicación de la intimación a que se refiere el inciso segundo siguiente, bajo apercibimiento de declararse la pérdida de la patria potestad.

La intimación se hará personalmente si el domicilio de los padres o quienes le hubieren entregado, fuere conocido, y, en caso contrario, mediante publicación en el "Diario Oficial" y en dos diarios del lugar de la internación, si los hubiere, durante treinta días, dejándose debida constancia de las actuaciones.

Artículo 154. (Abandono Judicial).- Transcurrido el plazo de intimación sin que los padres u otros responsables del menor se hayan hecho cargo del mismo, el Juez, a solicitud del Instituto Nacional del Menor, verificada la comprobación de los correspondientes extremos legales, tendrá por configurada, en su caso, la hipótesis de abandono del menor, disponiendo la pérdida de patria potestad y la aplicación de lo previsto en el inciso segundo del artículo 153 de este Código.

Esta comprobación deberá efectuarla el Juzgado dentro de los treinta días de formulada la solicitud por el Instituto Nacional del Menor. La resolución se adoptará luego de una audiencia a la que se citará al Ministerio Público y a los padres, quienes deberán adelantar la prueba.

La citación a los padres se hará personalmente cuando el domicilio fuere conocido, y, en caso contrario, mediante publicación en el "Diario Oficial" y en los diarios del lugar de la internación, si los hubiere, durante cinco días.

Artículo 155. (Pérdida de guarda).- Cuando el Juez entendiere que no se comprueban los extremos que el artículo 151 de este Código determina para la configuración del abandono, pero que razones de otra índole imposibilitan


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV - De la adopción

Adopción simple

 

Artículo 135. (Adoptantes).-

1) La adopción simple se permite a toda persona mayor de veinticinco años, cualquiera sea su estado civil, y siempre que tenga por lo menos quince años más que el adoptado y hubiera tenido al niño o adolescente a su cargo por el mínimo de un año.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) El tutor no puede adoptar al niño o adolescente hasta que hayan sido aprobadas judicialmente las cuentas del cargo.

 

 

 

3) Nadie puede ser adoptado por más de una persona,

permentemente el reintegro del menor a su familia, podrá decretar la pérdida definitiva de la guarda, o en su caso la patria potestad, la que trasladará, con este carácter, a la familia que quisiere asumirla.

Fundamentación: En una lectura atenta del proyecto resulta no existir previsiones puntuales sobre algunas situaciones de trascendencia que involucran, con cierta frecuencia, particularmente a niños. Se trata de los casos de abandono muchas veces anónimo en lugar público o privado o de niños internados voluntariamente en el INAME con los que no se sostiene el vínculo de quienes les llevaron.

Básicamente las disposiciones son las contenidas en el Decreto-Ley Nº 15.210, de 9 de noviembre de 1981.

 

CAPITULO XIII

DE LA ADOPCION

Sección I - Adopción simple

Artículo 156. (Adoptantes).- La adopción simple se permite a toda persona mayor de veinticinco años, cualquiera sea su estado civil, y siempre que tenga por lo menos quince años más que el adoptado, y hubiera tenido al niño o adolescente a su cargo por el mínimo de un año.

Cuando la adopción refiera a adoptados mayores de edad serán aplicables a la misma las normas contenidas en esta Sección I "Adopción simple", del Capítulo XIII del presente Código, excepto las que fueren particulares a niños y adolescentes.

Fundamentación: Del ahora inciso primero del ahora artículo 156. En atención a los textos ahora vigentes, y las normas que sobre Adopción Simple contiene el proyecto aprobado en Diputados, se hace necesario determinar expresamente la vigencia legal del Instituto de Adopción para mayores de edad.

El Código del Niño, a derogarse por el artículo 248 de este proyecto-, modificó normas sobre Adopción que se hallaban en el Código Civil. Al perder vigencia el Código del Niño, se debe atender la permanencia de las disposiciones sobre Adopción de mayores mediante texto que así lo establezca.

Artículo 157. (Tutor).- Es nula la adopción de los hijos ilegítimos hecha por el padre o la madre.

El tutor no puede adoptar al niño o adolescente hasta que hayan sido aprobadas judicialmente las cuentas del cargo.

Fundamentación: En el inciso primero se reitera una disposición hoy vigente del Código del Niño, y omitida en el proyecto de Diputados. Necesaria a fin de evitar la Adopción de hijos ilegítimos por sus progenitores.

Artículo 158. (Adopción por matrimonio).- Nadie puede


a no ser por dos cónyuges que tengan por lo menos un año de matrimonio y hubieran tenido al niño o adolescente a su cargo por un término no inferior a un año.

 

Si no se computara el año de matrimonio, pero hubiera existido durante dicho lapso un concubinato estable que culminó en matrimonio, se incluirá a los efectos de la tenencia, el período de la unión libre.

Por motivo fundado y expreso, el Tribunal podrá otorgar la adopción aun cuando alguno de los cónyuges o ambos no alcanzaren la diferencia de edad con el adoptado o adoptada, reduciéndola hasta un límite que admita razonablemente que éste puede ser hijo de los adoptantes.

 

Ninguno de los cónyuges puede adoptar sin el consentimiento expreso del otro, salvo que estuviere impedido de manifestar su voluntad o que exista sentencia de separación de cuerpos.

 

4) Se permitirá la adopción por parte del nuevo cónyuge o concubino del padre o madre del hijo habido dentro del matrimonio o habido fuera del matrimonio reconocido del otro cónyuge o concubino.

5) Realizada la adopción, la separación o divorcio ulterior de los cónyuges no los exime de sus obligaciones para con el adoptado menor de edad.

 

Artículo 136. (Adoptados).-

1) Puede ser adoptado todo niño o adolescente cuyo consentimiento será recabado conforme a las normas establecidas en este Código.

2) Cuando el adoptado no sea capaz de hacerse entender de ninguna forma, prestarán el consentimiento sus representantes legales.

3) Si se trata de un niño o adolescente sometido a patria potestad, será necesario el consentimiento de quien o quienes se encuentren en su ejercicio. En caso contrario, será necesario el consentimiento de quienes lo han tenido a su cargo.

El consentimiento para la adopción será prestado indistintamente ante el Juez Letrado de Familia del domicilio de los adoptantes, compareciendo personalmente ante aquél, o mediante escritura pública.

Los padres que consienten en la adopción quedarán suspendidos en el ejercicio de la patria potestad sobre el niño o adolescente, la que pasará al adoptante. En el caso del numeral 4) del artículo anterior, quien ejerciere la patria

ser adoptado por más de una persona, a no ser por dos cónyuges que tengan por lo menos un año de matrimonio y hubieran tenido al niño o adolescente a su cargo por un término no inferior a un año.

Si no se computara el año de matrimonio, pero hubiera existido durante dicho lapso un concubinato estable, se incluirá el término de mismo a los efectos de la tenencia.

Por motivo fundado y expreso, el Juez competente podrá otorgar la adopción aun cuando alguno de los cónyuges, o ambos, no alcanzaren la diferencia de edad con el adoptado, reduciéndola hasta un límite que admita razonablemente que éste pueda ser hijo de los adoptantes. Similar criterio podrá aplicarse cuando se tratare de adopción por personas solas.

 

Ninguno de los cónyuges puede adoptar sin el consentimiento expreso del otro, salvo que se acreditare ante el Juez competente que estuviere impedido de manifestar su voluntad o que exista sentencia de separación de cuerpos.

Se permitirá la adopción por parte del nuevo cónyuge o concubino del padre o madre del hijo habido dentro del matrimonio, o habido fuera del matrimonio y reconocido, del otro cónyuge o concubino.

Realizada la adopción, la separación o divorcio ulterior de los cónyuges no los exime de sus obligaciones para con el adoptado.

Fundamentación: Modificaciones de redacción.

Artículo 159. (Adoptados).- Puede ser adoptado todo niño o adolescente cuyo consentimiento será recabado conforme a las normas establecidas en este Código.

 

Cuando el adoptado no sea capaz de hacerse entender de ninguna forma, prestarán el consentimiento sus representantes legales. En caso contrario, será necesario oir la opinión de quienes lo han tenido a su cargo.

 

 

 

El consentimiento para la adopción será prestado indistintamente ante el Juez competente del domicilio de los adoptantes, compareciendo personalmente ante aquél, o en escritura pública.

Los padres que consienten en la adopción quedarán suspendidos en el ejercicio de la patria potestad sobre el niño o adolescente, la que pasará al adoptante. En el caso del inciso cuarto del artículo anterior, quien ejerciere la


potestad sobre el niño o adolescente adoptado por su pareja, continuará en su ejercicio.

El procedimiento se regirá por lo establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

 

 

 

 

Artículo 137. (Efectos).-

 

1) El adoptado continúa perteneciendo a su familia biológica o de origen, donde conserva todos sus derechos.

2) En caso de interdicción, de ausencia comprobada judicialmente, de muerte del adoptante o de revocación de la adopción, durante la minoría de edad del adoptado, se dará conocimiento al Juez del domicilio real de éste, que dispondrá lo que más convenga al interés del niño o adolescente: el reintegro a su familia de origen o la entrega a otra familia sustituta.

3) La adopción sólo establece relaciones jurídicas entre el adoptado y el adoptante y no entre cualquiera de ellos y la familia del otro.

4) La adopción produce los siguientes efectos

A) Obligación recíproca de respeto entre el adoptante y el adoptado.

B) Obligación de prestarse alimentos como primeros obligados.

 

 

 

Artículo 138. (Revocación).-

1) La adopción podrá revocarse por motivos graves. La misma podrá solicitarse tanto por el adoptante como por el adoptado o quien lo represente, o por el Ministerio Público, ante el Juez de Familia correspondiente.

2) La revocación hará cesar para el futuro los efectos de la adopción, lo que se comunicará a la Dirección General del Registro de Estado Civil a los efectos pertinentes.

patria potestad sobre el niño o adolescente adoptado por su pareja, continuará en su ejercicio.

 

Fundamentación: Se mejora redacción. Se modifica el proyecto requiriéndose el consentimiento en caso de que existan quienes tengan la Patria Potestad, y limitando a la opinión de quienes sólo tienen la mera tenencia del menor.

Se omite norma sobre procedimiento por cuanto se establece una norma general para todo el Instituto de Adopción.

Artículo 160. (Efectos).- El adoptado continúa perteneciendo a su familia biológica o de origen, donde conserva todos sus derechos.

 

En caso de interdicción, de ausencia declarada judicialmente, de muerte del adoptante o de revocación de la adopción, durante la minoría de edad del adoptado, se dará conocimiento al Juez del domicilio real de éste, que dispondrá lo que más convenga al interés del niño o adolescente incluso el reintegro a su familia de origen o la entrega a otra familia sustituta.

 

La adopción sólo establece relaciones jurídicas entre el adoptado y el adoptante y no entre cualquiera de ellos y la familia del otro.

La adopción produce los siguientes efectos:

A) Obligación recíproca de respeto entre el adoptante y el adoptado.

B) Obligación de prestarse alimentos como primeroobligados.

Fundamentación: Se sustituye el texto de Diputados, en cuanto a la "Ausencia", que ésta sea "declarada" y no "comprobada", tal como legisla en el Código Civil.

Artículo 161. (Revocación).- La adopción podrá revocarse por motivos graves. La misma podrá solicitarse tanto por el adoptante como por el adoptado o quien lo represente, o por el Ministerio Público, ante el Juez competente.

 

La revocación hará cesar para el futuro los efectos de la adopción, lo que se comunicará a la Dirección General del Registro de Estado Civil a los efectos pertinentes.

Fundamentación: Modificación de redacción.

Se omite la norma procesal, citada en el texto, por

 

3) Se procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 139. (Procedimiento judicial).-

1) Las pretensiones de adopción, así como todas las reclamaciones relacionadas con las mismas, se tramitarán ante el Juzgado Letrado de Familia del domicilio del adoptante mediante el proceso voluntario (artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso) con intervención preceptiva del Ministerio Público.

2) Los interesados a que refiere el artículo 403.2 del mismo Código son los padres y abuelos del niño o adolescente, los que serán citados personalmente o por edictos si no se conociera su domicilio.

En caso de oposición por parte de uno de los mencionados, el proceso será contencioso aplicándose las normas del Código General del Proceso correspondientes al proceso extraordinario (artículos 346 y siguientes).

Previo al pronunciamiento, admitiendo o denegado la adopción el Juzgado interviniente deberá solicitar al Instituto Nacional del Menor, una evaluación sobre las condiciones personales de el o los adoptantes, su estabilidad familiar y las demás circunstancias que permitan fundamentar su criterio, para aconsejar la conveniencia o no de la adopción en el caso.

La sentencia que admite la adopción será comunicada a la Dirección General del Registro de Estado Civil, a la Intendencia Municipal correspondiente y a la Dirección Nacional de Identificación Civil, a efectos de la anotación pertinente en la partida del niño o adolescente.

 

En todos los casos, se deberá tener en cuenta la opinión del niño o adolescente adoptado.

 

 

 

 

cuanto se generaliza sobre ese tema en la norma siguiente.

 

Artículo 162. (Procedimiento judicial).- Las pretensiones de adopción, así como todas las reclamaciones relacionadas con las mismas, se tramitarán ante el Juzgado Letrado de Famlia del domicilio del adoptante mediante el proceso voluntario (artículo 402, siguientes y concordantes del Código General del Proceso), con intervención preceptiva del Ministerio Público.

Los interesados a que refiere el artículo 403.2 del mismo Código son los padres y abuelos del niño o adolescente, los que serán citados personalmente o por edictos si no se conociera su domicilio.

En caso de oposición por parte de uno de los mencionados, el proceso será contencioso aplicándose las normas del Código General del Proceso correspondientes al proceso extraordinario (artículos 346, 347, y concordantes del referido Código).

Previo al pronunciamiento, admitiendo o denegando la adopción, el Juzgado interviniente deberá solicitar al Instituto Nacional del Menor, una evaluación sobre las condiciones personales del o de los adoptantes, su estabilidad familiar y las demás circunstancias que permitan fundamentar su criterio, para aconsejar la conveniencia o no de la adopción en el caso.

La sentencia que admite la adopción será comunicada a la Dirección General del Registro de Estado Civil, a la Intendencia Municipal correspondiente y a la Dirección Nacional de Identificación Civil, a efectos de la anotación pertinente en la partida de nacimiento del niño o adolescente.

En todos los casos, se deberá tener en cuenta la opinión del niño o adolescente adoptado.

Fundamentación: Mejoras de redacción.

Artículo 163. (Apellido del Adoptado).- En los casos de Adopción Simple realizada por un matrimonio, el o los apellidos del adoptado serán sustituidos por los del padre y madre adoptantes. Si la adopción simple fuere realizada por un hombre, el adoptado sustituirá su primer apellido por el del adoptante. Si la adopción simple fuere realizada por una mujer, el adoptado sustituirá su segundo apellido por el de la adoptante. Si se tratare de la adopción de un adolescente, este podrá convenir con el o los adoptantes si mantendrá sus apellidos de origen o sustituirá alguno de ellos por los de los adoptantes.

En la sentencia deberá dejarse constancia de la decisión respecto de los apellidos del adoptado, la que será anotada al margen de la Partida de Nacimiento.


 

 

 

Artículo 140. (Procedimiento ante escribano público).- La adopción podrá, asimismo, ser hecha por escritura pública, aceptada por los representantes legales del adoptado y por el adoptado, en su caso, debiéndose inscribir dentro de los treinta días contados desde su otorgamiento, en un libro especial, que llevará al efecto la Dirección General del Registro de Estado Civil, y deberá contar además, al margen del acta de nacimiento.

La omisión de la inscripción será sancionada con multa al escribano autorizante de la escritura, de 12 UR o 50 UR (doce a cincuenta unidades reajustables), a más de no surtir efecto la adopción hasta después de ser inscripta. Una vez inscripta surtirá efecto desde la fecha de su otorgamiento.

Cuando se trate de la adopción de un niño o de un adolescente ningún escribano podrá autorizar la escritura respectiva sin previa autorización del Instituto Nacional del Menor en que se acredite la idoneidad moral y la capacidad del o de los adoptantes, probada por todos los medios de investigación que el Instituto Nacional del Menor considere necesarios.

Artículo 141. (Procedimiento especial).- Tratándose de niños o adolescentes con capacidad diferente que tengan la calidad de huérfanos o separados definitivamente de su familia, el Instituto Nacional del Menor hará un llamado público a personas que deseen adoptarlos en cualquiera de las formas previstas en este Código. El Estado, a través de sus diversos servicios asegurará la atención integral de estos niños y adolescentes en forma gratuita, derecho que se mantendrá cualquiera sea la edad de la persona.

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma de dar vigencia efectiva a este artículo en un plazo de ciento ochenta días con posterioridad a la entrada en vigencia de este Código.

Artículo 142. (Derecho de acceso a los antecedentes).- El adoptado tiene derecho a conocer su condición de tal.

Será deber de los padres adoptivos informarle al respecto siempre que ello no lo perjudique, atendiendo a su edad y características.

Si el adoptado es mayor de quince años de edad podrá solicitar al Juez Letrado de Familia competente la exhibición del expediente judicial o antecedentes de su adopción, fundando su pretensión. El Juez recabando los asesoramientos que correspondan, previa vista al Ministerio Público y apreciando las características, motivos del solicitante y los antecedentes de la adopción, podrá acceder a su petición, informándole acerca de la identidad, situación y paradero de su familia de origen en cuanto estos datos surgieren de los antecedentes, a efectos de permitirle tomar contacto con ella si aquél lo deseara.

Fundamentación: Atendidas las modificaciones que se proponen el artículo 29 del proyecto, se hace necesaria esta norma específica, en la Adopción simple, que es la misma del numeral 10) del artículo 29.

Artículo 164. (Procedimiento ante escribano público).- La adopción podrá, asimismo, ser hecha por escritura pública, aceptada por los representantes legales del adoptado y por el adoptado, en su caso, debiéndose inscribir dentro de los treinta días contados desde su otorgamiento, en un libro especial, que llevará al efecto la Dirección General del Registro de Estado Civil, y deberá constar además, al margen del acta de nacimiento.

La omisión de la inscripción será sancionada con multa al escribano autorizante de la escritura, de 12 UR o 50 UR (doce a cincuenta unidades reajustables), a más de no surtir efecto la adopción hasta después de ser inscripta. Una vez inscripta surtirá efecto desde la fecha de su otorgamiento.

Cuando se trate de la adopción de un niño o de un adolescente, ningún escribano podrá autorizar la escritura respectiva sin previa autorización del Instituto Nacional del Menor en que se acredite la idoneidad moral y la capacidad de el o de los adoptantes, probada por todos los medios de investigación que el Instituto Nacional del Menor considere necesarios.

Artículo 165. (Procedimiento especial).- Tratándose de niños o adolescentes con capacidad diferente que tengan la calidad de huérfanos o separados definitivamente de su familia, el Instituto Nacional del Menor hará un llamado público a personas que deseen adoptarlos en cualquiera de las formas previstas en este Código. El Estado, a través de sus diversos servicios asegurará la intención integral de estos niños y adolescentes en forma gratuita, derecho que se mantendrá cualquiera sea la edad de la persona.

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma de dar vigencia efectiva a este artículo en un plazo de ciento ochenta días con posterioridad a la entrada en vigencia de este Código.

Artículo 166. (Derecho de acceso a los antecedentes).- El adoptado tiene derecho a conocer su condición de tal.

Será deber de los padres adoptivos informarle al respecto siempre que ello no lo perjudique, atendiendo a su edad y características.

Si el adoptado es mayor de quince años de edad podrá solicitar al Juez Letrado de Familia competente la exhibición del expediente judicial o antecedentes de su adopción, fundando, su pretensión. El Juez recabando los asesoramientos que corresponda, previa vista al Ministerio Público y apreciando las características, motivos del solicitante y los antecedentes de la adopción, podrá acceder a su petición, informándole acerca de la identidad, situación y paradero de su familia de origen en cuanto estos datos surgieren de los antecedentes, a efectos de permitirle tomar contacto con ella si aquél lo deseara.


El Instituto Nacional del Menor establecerá un programa para apoyar a los padres adoptantes y al adoptado en este proceso de conocimiento y de eventual acercamiento a su familia de origen.

Si el adoptado tiene más de dieciocho años de edad no podrá negársele el acceso al expediente o antecedentes respectivos.

Se podrá habilitar el acceso a otras personas en los siguientes casos:

1) Cuando por razones de carácter médico sea necesario conocer los antecedentes de la familia biológica del adoptado.

2) Cuando se esté realizando una investigación judicial de cualquier naturaleza y sea necesario obtener la información como elemento de prueba.

En ambos casos, se requerirá decisión judicial fundada acerca de la necesidad de la medida.

 

 

Artículo 143. (Salida del país).- Para que el niño o adolescente que ha sido adoptado pueda salir del país, se requerirá autorización de quienes ejerzan la patria potestad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGITIMACION ADOPTIVA

Artículo 144. (Adoptados).-

1) Se permite la legitimación adoptiva a favor de:

El Instituto Nacional del Menor establecerá un programa para apoyar a los padres adoptantes y al adoptado en este proceso de conocimiento y de eventual acercamiento a su familia de origen.

Si el adoptado tiene más de dieciocho años de edad no podrá negársele el acceso al expediente o antecedentes respectivos.

Se podrá habilitar el acceso a otras personas en los siguientes casos:

1) Cuando por razones de carácter médico sea necesario conocer los antecedentes de la familia biológica del adoptado.

2) Cuando se esté realizando un proceso judicial de cualquier naturaleza y sea necesario obtener la información como elemento de prueba.

En ambos casos, se requerirá previa vista a los interesados cuando ello fuere posible y decisión judicial fundada acerca de la necesidad de la medida.

Fundamentación: Se agrega la vista a los interesados en las hipótesis de revelación de antecedentes.

Artículo 167. (Salida del país).- Para que el niño o adolescente que ha sido adoptado pueda salir del país, se requerirá autorización de quienes ejerzan la patria potestad.

Artículo 168. (Procedimiento).- Todos los procesos relativos a las cuestiones de adopción regladas en este Apartado IV "De la Adopción - Adopción Simple", del Capítulo XI del presente Código, con la excepción de lo establecido en el artículo 139 de este Código, se regularán por el procedimiento extraordinario consagrado en los ar-tículos 346, 347 y concordantes del Código General del Proceso.

Fundamentación: Se generaliza un solo procedimiento, -con una excepción-, para todas las cuestiones procesales derivadas de este Apartado sobre Adopción simple.

Artículo 169. (Reserva).- En toda circunstancia las actuaciones vinculadas a este Apartado IV "De la Adopción. Adopción Simple", del Capítulo XII serán reservas (artículo 7º del Código General del Proceso) (artículo 163 del Código Penal).

Fundamentación: Se establece la reserva de las actuaciones vinculadas a todo el tema de Adopción, cuya necesidad resulta obvia.

 

Sección II - Legitimación adoptiva

Artículo 170. (Adoptados).- Se permite la legitimación adoptiva a favor de:


A) Los niños o adolescentes abandonados o huérfanos de padre y madre, o pupilos del Estado, o hijos de padres desconocidos o del hijo o hijos reconocidos por uno de los adoptantes.

B) Los niños o adolescentes abandonados por uno de sus progenitores legítimos, cuando fuere solicitada por el padre o madre que haya mantenido la patria potestad, conjuntamente con el cónyuge con el que contrajo nuevo matrimonio.

La legitimación adoptiva prevista en este literal sólo podrá llevarse a cabo una sola vez, respecto al niño o adolescente.

2) Cuando la legitimación adoptiva se pretendiere para dos o más niños o adolescentes simultáneamente, no será obstáculo la circunstancia de que mediasen menos de ciento ochenta días entre sus respectivos nacimientos.

3) En caso de existir hermanos en situación de abandono, se propenderá a su integración conjunta en una familia adoptiva.

En todos los casos previstos en este Código, la condición de abandono se acreditará únicamente por sentencia ejecutoriada, debiendo seguirse los procedimientos establecidos en el artículo 133 y concordantes.

 

 

Artículo 145. (Adoptantes).- Pueden solicitar la legitimación adoptiva:

1) Los cónyuges, mayores de veinticinco años, con quince años más que el niño o adolescente y que lo hubieran tenido bajo su guarda o tenencia por un término no inferior a un año, que computen por lo menos cuatro años de matrimonio, pudiéndose considerar en su caso el tiempo de concubinato previo al mismo, siempre que éste hubiera sido estable, singular y público, compartiendo la vida en común.

 

 

 

Por motivo fundado y expreso, el Tribunal podrá otorgarla aun cuando alguno de los cónyuges o ambos no alcanzaren tal diferencia de edad con el adoptado reduciéndola hasta un límite que admita razonablemente que éste puede ser hijo de los adoptantes o, en casos excepcionales, y si no mediare oposición del Ministerio Público, a pesar de que uno o los dos cónyuges no fueren mayores de veinticinco años de edad o no completaren los cuatro años de matrimonio a que refiere el inciso anterior.

A) Los niños o adolescentes abandonados o huérfanos de padre y madre, o pupilos del Estado, o hijos de padres desconocidos o del hijo o hijos reconocidos por uno de los adoptantes.

B) Los niños o adolescentes abandonados por uno de sus progenitores legítimos, cuando fuere solicitada por el padre o madre que haya mantenido la patria potestad, conjuntamente con el cónyuge con el que contrajo nuevo matrimonio.

La legitimación adoptiva prevista en este literal sólo podrá llevarse a cabo una sola vez, respecto al niño o adolescente.

Artículo 171.- Cuando la legitimación adoptiva se pretendiere para dos o más niños o adolescentes simultáneamente, no será obstáculo la circunstancia de que mediasen menos de ciento ochenta días entre sus respectivos nacimientos.

En caso de existir hermanos en situación de abandono, se propenderá a su integración conjunta en una familia adoptiva.

En todos los casos previstos en este Código, la condición de abandono se acreditará únicamente por sentencia ejecutoriada, debiendo seguirse los procedimientos establecidos en el artículo 148 y concordantes. Cuando fuere el caso implicará la pérdida de la patria potestad.

Fundamentación: Se agrega una frase que completa el principio establecido en el inciso final.

Artículo 172. (Adoptantes).- Pueden solicitar la legitimación adoptiva:

1) Los cónyuges, mayores de veinticinco años, con quince años más que el niño o adolescente y que lo hubieran tenido bajo su guarda o tenencia por un término no inferior a un año, que computen por lo menos cuatro años de matrimonio, pudiéndose considerar en su caso el tiempo de concubinato previo al mismo, siempre que éste hubiera sido estable, singular y público, compartiendo la vida en común.

En todo caso la edad de la integrante femenina de la pareja no podrá tener, a la fecha de nacimiento del adoptado, más de cincuenta años de edad.

 

Por motivo fundado y expreso, el Tribunal podrá otorgarla aun cuando alguno de los cónyuges o ambos o alcanzaren la diferencia establecida de edad con el adoptado reduciéndola hasta un límite que admita razonablemente que éste puede ser hijo de los adoptantes o, en casos excepcionales, y si no mediare oposición del Ministerio Público, a pesar de que uno o los dos cónyuges no fueren mayores de veinticinco años de edad o no completaren los cuatro años de matrimonio a que refiere el inciso primero.


2) El viudo o viuda, y los esposos divorciados siempre que medie la conformidad de ambos, y cuando la guarda o tenencia del niño o adolescente hubiera comenzado durante el matrimonio y se completara después de la disolución de éste.

No es obstáculo para la legitimación adoptiva la existencia de una previa adopción simple realizada por los mismos peticionantes.

Fundamentación: Modificaciones de redacción

Se agrega a las condiciones básicas de los adoptantes la que la integrante femenina de la pareja no tenga más de 50 años de edad a la fecha de nacimiento del adoptado. Es obvio que ello procura preservar el concepto de identidad de la legitimación con la maternidad biológica.

Artículo 173. (Procedimiento).- La legitimación adoptiva deberá ser promovida ante el Juzgado Letrado de Familia del domicilio del adoptante.

 

 

Se seguirá el procedimiento voluntario previsto en los artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso, notificándose al Instituto Nacional del Menor.

En caso de oposición a la legitimación adoptiva el proceso será contencioso y se aplicarán las normas del Código General del Proceso referidas al proceso extraordinario (artículos 346 y siguientes).

El Juez diligenciará las pruebas ofrecidas y las que juzgue convenientes interrogando a los peticionantes y al niño o adolescente en su caso.

 

 

 

 

Previamente al dictado de la sentencia, será oído preceptivamente el Ministerio Público.

En toda circunstancia la tramitación Judicial y Administrativa será reservada en cuanto a terceros, (Artículo 163 del Código Penal). El adoptado tendrá derecho a acceder al expediente y a sus antecedentes cuanto tuviere dieciocho años de edad.

Fundamentación: Se enfatiza en el texto el carácter reservado de las actuaciones.

Artículo 174. (Procedencia).- La legitimación adoptiva sólo se otorgará por justos motivos y existiendo conveniencia para el niño o adolescente.

2) El viudo o viuda y los esposos divorciados siempre que medie la conformidad de ambos y cuando la guarda o tenencia del niño o adolescente hubiera comenzado durante el matrimonio y se completara después de la disolución de éste.

3) No es obstáculo para la legitimación adoptiva la existencia de una previa adopción simple realizada por los mismos peticionantes.

 

 

 

 

Artículo 146. (Procedimiento).-

 

1) La legitimación adoptiva deberá ser promovida ante el Juzgado Letrado de Familia del domicilio del adoptante.

Se seguirá el procedimiento voluntario previsto en los artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso, notificándose al Instituto Nacional del Menor.

2) En caso de oposición a la legitimación adoptiva el proceso será contencioso. Se aplicarán las normas del Código General del Proceso referidas al proceso extraordinario (artículos 346 y siguientes).

El Juez diligenciará las pruebas ofrecidas y las que juzgue convenientes interrogando a los peticionantes y al niño o adolescentes en su caso.

 

3) La tramitación será reservada en cuanto a terceros, no así respecto al niño o adolescente interesado quien tendrá derecho a acceder al expediente y a sus antecedentes cuando tuviere dieciocho años de edad.

4) Previamente al dictado de la sentencia, será oído preceptivamente el Ministerio Público.

 

 

 

 

 

Artículo 147. (Procedencia).- La legitimación adoptiva sólo se otorgará por justos motivos y existiendo conveniencia para el niño o adolescente.


Cuando el niño o adolescente tuviere bienes cuyo dominio se acredite por documento público o privado, el Juez dispondrá que el Actuario inserte en el mismo constancia breve que exprese el cambio de nombre del titular, de lo que tomará nota el Registro respectivo cuando correspondiere.

Fundamentación: Se sustituye el término utilizado en el proyecto de Diputados, de "derechos", por el más adecuado de "bienes" comprensivo del anterior y en concordancia con el Código Civil (artículos 460, 461 y 471).

Artículo 175. (Sentencia).- Con el testimonio de la sentencia ejecutoriada que autorice la legitimación adoptiva, la parte solicitante efectuará la inscripción del niño o adolescente en la Dirección General del Registro de Estado Civil como hijo legítimo inscripto fuera de término.

El hijo llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre legítimante. La sentencia que autorice la legitimación adoptiva dispondrá el o los nombres de pila con que será inscripto el legitimado.

En la partida correspondiente no se hará mención alguna del juicio y su texto será el corriente en dicho instrumento.

Se realizará también la anotación pertinente en la libreta de organización de la familia de modo idéntico a la de los hijos habidos dentro del matrimonio.

El testimonio de la sentencia se archivará en forma, dejándose constancia de haberse efectuado la inscripción mencionada.

Toda la tramitación y la expedición de partidas será gratuita.

Fundamentación: Se agrega al texto de Diputados lo establecido sobre nombre en numeral 9) del artículo 29.

Artículo 176. (Efectos).- Realizada la legitimación adoptiva, caducarán los vínculos de filiación anterior del niño o adolescente a todos sus efectos, con excepción de los impedimentos previstos en el artículo 91 del Código Civil.

 

Deberá hacerse constar dicha caducidad en el acta de inscripción original del niño o adolescente.

La legitimación adoptiva es irrevocable, aunque posteriormente nazcan hijos propios de uno o de ambos legitimantes.

La legitimación adoptiva tendrá efectos constitutivos sobre el estado civil del niño o adolescente objeto de la misma, quien se reputará en adelante, con los mismos derechos y deberes que si hubiera nacido del matrimonio legitimante.

Cuando el niño o adolescente tuviere derechos cuyo dominio se acredite por documento público o privado, el Juez dispondrá que el Actuario inserte en el mismo constancia breve que exprese el cambio de nombre del titular, de lo que tomará nota el Registro respectivo cuando correspondiere.

 

 

Artículo 148. (Sentencia).- Con el testimonio de la sentencia ejecutoriada que autorice la legitimación adoptiva, la parte solicitante efectuará la inscripción del niño o adolescente en la Dirección General del Registro de Estado Civil como hijo legítimo inscripto fuera de término.

 

 

 

En la partida correspondiente no se hará mención alguna del juicio y su texto será el corriente en dicho instrumento.

Se realizará también la anotación pertinente en la libreta de organización de la familia de modo idéntico a la de los hijos habidos dentro del matrimonio.

El testimonio de la sentencia se archivará en forma, dejándose constancia de haberse efectuado la inscripción mencionada.

Toda la tramitación y la expedición de partidas será gratuita.

 

 

Artículo 149. (Efectos).-

1) Realizada la legitimación adoptiva, caducarán los vínculos de filiación anterior del niño o adolescente a todos sus efectos, con excepción de los impedimentos previstos en el artículo 91 del Código Civil.

Deberá hacerse constar dicha caducidad en el acta de inscripción original del niño o adolescente.

2) La legitimación adoptiva es irrevocable, aunque posteriormente nazcan hijos propios de uno o de ambos legitimantes.

La legitimación adoptiva tendrá efectos constitutivos sobre el estado civil del niño o adolescente objeto de la misma, quien se reputará en adelante, con los mismos derechos y deberes que si hubiera nacido del matrimonio legitimante.


ADOPCION INTERNACIONAL

Artículo 150. (Principio general).- En defecto de convenios internacionales ratificados por la República, las adopciones internacionales se regularán por las disposiciones de este Capítulo.

Se considera adopción internacional a la que se lleva a cabo por matrimonios con domicilio o residencia habitual en el extranjero, con relación a niños o adolescentes con domicilio o residencia habitual en la República.

 

 

 

 

 

Artículo 151. (Preferencia).- El Instituto Nacional del Menor y las demás autoridades con competencia en materia de adopción, deberán dar preferencia a la ubicación de los niños o adolescentes adoptables en familias u hogares que los requieran y vivan dentro del territorio nacional.

 

 

 

NOTA ACLARATORIA: Los artículos 152, 153 y 154 del proyecto van a continuación del artículo 155.

Fundamentación de la modificación en el orden del articulado: Estimamos que basta apreciar el texto de los cuatro artículos para convenir en el nuevo orden propuesto de los mismos.

Artículo 155. (Competencia).- Serán competentes para el otorgamiento de la adopción internacional los Jueces de Familia del domicilio del adoptado, quienes procederán de acuerdo a los trámites del juicio extraordinario del Código General del Proceso (artículo 346). La apelación se regirá por la misma normativa (artículo 347).

Los solicitantes deberán comparecer a la audiencia preliminar en forma personal, preceptivamente. También deberán hacerlo cuando el Tribunal, en forma fundada, lo considere conveniente.

El impedimento fundado de los solicitantes a concurrir personalmente a la audiencia hará que el Juzgado fije otra, pero en ningún caso se permitirá la representación por apoderado.

Hasta tanto no haya recaído sentencia firme, para que el niño o adolescente pueda salir del país deberá hacerlo en compañía de uno de los solicitantes, contando con autori-

Sección III - Adopción internacional

Artículo 177. (Principio general).- En defecto de convenios internacionales ratificados por la República, las adopciones internacionales se regularán por las disposiciones de esta Sección.

Se considera adopción internacional a la que se lleva a cabo por matrimonios con domicilio habitual en el extranjero, con relación a niños o adolescentes con domicilio habitual en la República. (Título II del Libro I del Código Civil).

Fundamentación: En el inciso segundo del artículo se cita precisamente la definición que da el Código Civil del domicilio, que implica la residencia, conceptos que por ende no pueden citarse como complementarios. Sobre el punto hay una larga e inteligente elaboración doctrinaria y jurisprudencial que no conviene dejar de lado.

Artículo 178 (Preferencia).- El Instituto Nacional del Menor y las demás autoridades con competencia en materia de adopción, deberán dar preferencia para la misma a familias que los requieran y habiten en el territorio nacional.

Fundamentación: El principio fundamental enunciado en la norma se establece con mayor contundencia.

En particular se elimina la referencia imprecisa de "ubicación" de niños y adolescentes.

 

 

 

 

 

Artículo 179. (Competencia).- Serán competentes para el otorgamiento de la adopción internacional los Jueces de Familia del domicilio del adoptado, quienes procederán de acuerdo a los trámites del juicio extraordinario del Código General del Proceso (artículo 346, siguientes y concordantes).

Los solicitantes deberán comparecer preceptivamente a la audiencia. También deberán hacerlo cuando el Tribunal, en forma fundada, lo considere conveniente.

El impedimento fundado de los solicitantes a concurrir personalmente a la audiencia hará que el Juzgado fije otra, pero en ningún caso se permitirá la representación por apoderado.

Hasta tanto no haya recaído sentencia firme, para que el niño o adolescente pueda salir del país deberá hacerlo en compañía de uno de los solicitantes, contando con autori-


zación judicial, la que no podrá concederse sin intervención preceptiva del Ministerio Público, si fundadamente se probare la integración del niño.

 

 

 

 

 

Artículo 152. (Requisitos).- Las adopciones internacionales se constituirán con la intervención preceptiva del Instituto Nacional del Menor, quien una vez obtenidos todos los antecedentes presentará en el plazo de sesenta días un informe pormenorizado, teniendo asimismo los demás requisitos previstos en los artículos 133, 145 y 154 de este Código.

El no pronunciamiento en plazo se tendrá por aceptación.

 

 

 

Artículo 153. (Residencia).- La adopción internacional tendrá el mismo efecto que la legitimación adoptiva, pudiendo acceder a ella cónyuges cuya unión matrimonial no sea inferior a cuatro años.

Sólo se realizará con aquellos países cuyas normas en materia de adopción y protección de niños y adolescentes tengan una razonable equivalencia con las de nuestro país.

Los adoptantes deberán residir y convivir con el niño o adolescente en el territorio nacional, aun en forma alternada, por un plazo de seis meses. Por razones fundadas y teniendo en cuenta el interés superior del niño, el plazo podrá ser reducido por el Juez competente.

 

 

 

Artículo 154. (Documentos necesarios).- Con la solicitud de la adopción se deberá presentar la documentación justificativa de las condiciones físicas, morales, económicas y familiares de los solicitantes. Los informes y documentos al respecto deberán tramitarse por medio de las autoridades centrales del país de los adoptantes y de la República.

 

 

zación judicial, la que deberá ser solicitada por ambos gestionantes y que no podrá concederse sin intervención preceptiva del Ministerio Público, y si fundadamente se probare la razón de la misma, y la integración del niño a la familia eventualmente adoptiva.

Fudamentación: Modificaciones de redacción. En lo relativo al proceso se simplifica las citas al Código General del Proceso.

En relación a la salida del país del niño o adolescente en trámite de Adopción Internacional, se establecen mayores requerimientos que precavan en beneficio del eventual adoptado.

Artículo 180. (Requisitos).- Las adopciones internacionales se constituirán con la intervención preceptiva del Instituto Nacional del Menor, quien una vez obtenidos todos los antecedentes presentará en el plazo de sesenta días un informe pormenorizado, cumpliendo, en lo pertinente, lo previsto en los artículos 148, 172, 182 y concordantes de este Código.

El Instituto Nacional del Menor deberá establecer precisamente si considera positiva o no la adopción solicitada. Su no pronunciamiento en plazo se tendrá por aceptación.

Fundamentación: Mejora de redacción. Se precisa con exactitud la intervención que le compete al INAME.

Artículo 181. (Residencia).- La adopción internacional tendrá el mismo efecto que la legitimación adoptiva, pudiendo acceder a ella cónyuges cuya unión matrimonial no sea inferior a cuatro años.

Sólo se autorizará para matrimonios con domicilio habitual en países cuyas normas en materia de adopción y protección de niños y adolescentes, tengan una razonable equivalencia con las de nuestro país.

Los adoptantes deberán residir y convivir con el niño o adolescente en el territorio nacional, aun en forma alternada, por un plazo de seis meses. Por razones fundadas y teniendo en cuenta el interés superior del niño, el plazo podrá ser reducido por el Juez competente.

Fundamentación: Se modifica el inciso segundo de la norma refiriendo la disposición a los matrimonios adoptantes, más que a los países como se establece en el proyecto de Diputados.

Artículo 182. (Documentos necesarios).- Con la solicitud de la adopción se deberá presentar la documentación justificativa de las condiciones físicas, morales, económicas y familiares de los solicitantes. Los informes y documentos al respecto deberán tramitarse por medio de las Autoridades Centrales del país de los adoptantes y de la República.

Fundamentación: Se establece la referencia final precisando, como exige el Derecho Internacional privado, a "Autoridades Centrales", evitando la indetermina


 

Artículo 156. (Juicios de anulación).- Corresponde a los Jueces de Familia que autorizaron la adopción, la tramitación de los juicios de anulación, los que serán resueltos teniendo en cuenta el interés superior del niño o adolescente. El trámite se regirá por el procedimiento extraordinario del Código General del Proceso (artículos 346 y 347).

 

 

 

 

 

Artículo 157. (Nacionalidad).- Los niños y adolescentes de nacionalidad oriental adoptados por extranjeros domiciliados en el exterior mantienen su nacionalidad, sin perjuicio de adquirir, además, la de los adoptantes.

 

 

 

 

 

 

CONTROL ESTATAL DE LAS ADOPCIONES

Artículo 158. (Control).- El Instituto Nacional del Menor, través de sus servicios especializados, es el organismo encargado de proponer, ejecutar y fiscalizar la política a seguir en materia de adopciones.

 

 

Para el desarrollo de programas de adopción, el Instituto Nacional del Menor podrá autorizar el funcionamiento de instituciones privadas con personalidad jurídica y especialización en la materia.

 

 

 

 

 

Artículo 159. (Cometidos del equipo técnico).- Todos los servicios e instituciones que desarrollen programas de adopción deberán contar con equipo técnico in-terdisciplinario que tendrá como cometidos:

ción que resulta del, en este caso, erróneo uso de minúsculas.

Artículo 183. (Juicios de anulación).- Corresponde a los Jueces de Familia que autorizaron la adopción, la tramitación de los juicios de anulación, los que serán resueltos teniendo en cuenta el interés superior del niño o adolescente. El trámite se regirá también por el procedimiento extraordinario del Código General del Proceso (artículos 346, siguientes y concordantes). En toda circunstancia será reservado tanto en lo judicial como en lo administrativo (artículo 169 de este Código) (artículo 162 del Código Penal).

Fundamentación: Modificación de redacción.

Se reitera la necesaria reserva en el trámite administrativo y judicial, y se señala la sanción penal a su quebrantamiento.

ELIMINADO

 

Fundamentación de la eliminación: Se omite la disposición de este artículo: en primer lugar por no compartirse sea favorable al niño o adolescente adoptado mantener una ambigua doble nacionalidad.

En segundo lugar porque proceder de tal forma altera el concepto sustancial de integración a la familia adoptante que instruye todo el Instituto de la Legitimación Adoptiva. Baste para ello considerar en hipótesis las consecuencias administrativas que exigiría esa doble nacionalidad, y como son negativas al fin que persigue la norma.

Sección IV - Control estatal de las adopciones

Artículo 184. (Control).- El Instituto Nacional del Menor, a través de sus servicios especializados, es el organismo encargado de proponer, ejecutar y fiscalizar la política a seguir en materia de adopciones, sin perjuicio de las potestades y competencias que este Código atribuye al Tribunal competente.

Para el desarrollo de programas de adopción, el Instituto Nacional del Menor podrá autorizar el funcionamiento de instituciones privadas con personería jurídica, especialización en la materia, y sin fines de lucro.

Fundamentación: En su inciso primero se reitera la intervención del magistrado en el proceso de Adopción, tal como resulta del mismo Código.

En su inciso segundo se precisa, en cuanto a las "instituciones privadas", sus condiciones, y primordialmente se legisla que no deben tener fines de lucro, lo que en el entorno social y ético de nuestro país se considera útil y necesario.

Artículo 185. (Cometidos del equipo técnico).- Todos los servicios e instituciones que desarrollen programas de adopción deberán contar con equipo técnico interdisciplinario que tendrá como cometidos:


A) Asesorar a los interesados en adoptar niños o adolescentes y analizar los motivos de su solicitud.

 

B) Evaluar las condiciones de salud, psíquicas, sociales y jurídicas de los solicitantes y las posibilidades de convivencia.

C) Llevar un Registro de Interesados en Adoptar, ordenado cronológicamente según fecha de solicitud, en el que conste el informe técnico a que refiere el literal anterior.

 

D) Seleccionar de dicho Registro respetando estrictamente el orden de inscripción, los posibles padres adoptivos, ante la solicitud formulada por el Juzgado competente, en el caso de un niño o adolescente en condiciones de ser adoptado.

El orden sólo podrá ser alterado por las necesidades del niño o adolescente, debidamente fundadas. En todos los casos el niño o adolescente deberá ser oído preceptivamente.

E) Orientar y acompañar el proceso de integración familiar.

F) Asesorar al Juez toda vez que le sea requerido su informe.

 

 

 

 

 

DEL REGISTRO DE ADOPCIONES

Artículo 160. (Registro General de Adopciones).- El Instituto Nacional del Menor llevará un registro reservado donde constarán los datos identificatorios de:

1) El niño o adolescente.

2) Los adoptantes: nombre, nacionalidad, domicilio y estado civil e institución nacional o extranjera que lo patrocinó, cuando corresponda.

3) Juzgado en que se tramitó el proceso respectivo.

A) Asesorar a los interesados en adoptar niños o adolescentes y analizar los motivos de su solicitud, e igualmente a quien o quienes, estiman, en beneficio de sus hijos biológicos, la utilidad de autorizar su adopción.

B) Evaluar las condiciones de salud, psíquicas, sociales y jurídicas de los solicitantes y las eventuales posibilidades de convivencia con un adoptado.

C) Llevar un Registro Reservado de Interesados en Adoptar, ordenado cronológicamente según fecha de solicitud, en el que conste el informe técnico a que refiere el literal anterior.

D) Seleccionar de dicho Registro, respetando estrictamente el orden de inscripción, los posibles padres adoptivos, ante la solicitud formulada por el Juzgado competente, o, en su caso, avalando la gestión de los solicitantes de Adopción en casos de niños o adolescentes en condiciones de serlo.

El orden de referencia sólo podrá ser alterado por las necesidades del niño o adolescente, debidamente fundadas. En todos los casos el niño o adolescente deberá ser oído preceptivamente. (Artículo 8º de este Código).

E) Orientar y acompañar el proceso de integración familiar.

F) Asesorar al Juez toda vez que le sea requerido su informe.

Fundamentación: Se precisan algunas de las normas, definiendo mejorar sus objetivos. Fundamentalmente en el literal A), al introducir la necesaria figura de los padres biológicos en la posible función a cumplir. Igualmente en el literal D) precisando mejor la intervención que le incumbe.

Se dispone el carácter reservado del Registro.

Sección V - Del Registro de Adopciones

Artículo 186. (Registro General de Adopciones).- El Instituto Nacional del Menor llevará un Registro Reservado donde constarán los datos identificatorios de:

1) El niño o adolescente.

2) Los adoptantes: nombre, nacionalidad, domicilio y estado civil.

 

3) Institución nacional o extranjera que intervino, cuando corresponda.

4) Juzgado en que se tramitó el proceso respectivo.


 

 

CAPITULO XII

TRABAJO

Artículo 161. (Principio general).- El estatuto de los adolescentes que trabajan se regulará conforme a las normas de este Código, leyes especiales, tratados, convenciones y convenios internacionales ratificados por el país.

 

 

Artículo 162. (Edad de admisión).- Fíjase en quince años la edad mínima que se admitirá en los adolescentes que trabajen en empleos públicos o privados, en todos los sectores de la actividad económica, salvo las excepciones especialmente establecidas en los artículos siguientes, y aquellas que, teniendo en cuenta el interés superior del niño o adolescente, conceda el instituto Nacional del Menor.

 

 

Cuando el Instituto Nacional del Menor no las otorgue de oficio, las excepciones deberán ser gestionadas por los padres o quien acredite la tutoría legal y establecer como mínimo el nombre del representante legal del menor, la naturaleza de la actividad y la jornada diaria.

 

 

 

Artículo 163. (Obligación de protección).- Para el caso de que los niños o adolescentes trabajen, el Estado está obligado a protegerlos contra toda forma de explotación económica y contra el desempeño de cualquier tipo de trabajo peligroso, nocivo para su salud o para su desarrollo físico, espiritual, moral o social.

Prohíbese todo trabajo que no le permita gozar de bienestar en compañía de su familia o responsables o entorpezca su formación educativa.

Artículo 164. (Tareas y condiciones nocivas de trabajo).- El Instituto Nacional del Menor establecerá con carácter de urgente el listado de tareas a incluir dentro de la categoría de trabajo peligroso o nocivo para la salud o para su desarrollo físico, espiritual o moral, los que estarán terminantemente prohibidos, cualquiera fuere la edad del que pretende trabajar o ya se encuentre en relación de trabajo.

Fundamentación: Se mejora la redacción como se advierte al comparar la original y la sustituta.

CAPITULO XIV

TRABAJO

Artículo 187. (Principio general).- El estatuto de los adolescentes que trabajan se regulará conforme a las normas de este Código, leyes especiales, y los instrumentos internacionales relativos al tema ratificados por la República.

Fundamentación: Modificaciones que igualan su redacción a la de otros artículos del Código (artículos 4º y 8º).

Artículo 188. (Edad de admisión).- Fíjase en quince años la edad mínima que se admitirá en los adolescentes que trabajen en empleos públicos o privados, en todos los sectores de la actividad económica, salvo las excepciones especialmente establecidas en los artículos siguientes, y aquellas que, teniendo cuenta el interés superior del adolescente de trece a quince años, conceda en forma indi-vidualizada y no genérica el Instituto Nacional del Menor, en resolución fundada, que establezca además la naturaleza de la actividad y la jornada diaria y semanal autorizada.

Cuando el Instituto Nacional del Menor no las otorgue de oficio, las excepciones deberán ser gestionadas por los padres o quien acredite la representación legal del adolescente.

Fundamentación: Sin alterar lo esencial del proyecto de Diputados se procura una mejor redacción de la disposición.

Se impone resolución fundada y la fijación de la jornada semanal, para autorizaciones que el INAME podrá conceder, estableciéndose que las mismas se concederán en forma individualizada y no genérica.

Artículo 189. (Obligación de protección).- Para el caso de que los niños y adolescentes trabajen, el Estado está obligado a protegerlos contra toda forma de explotación económica y contra el desempeño de cualquier tipo de trabajo peligroso, nocivo para su salud o para su desarrollo físico, espiritual, moral o social.

Prohíbese todo trabajo que no le permita gozar de bienestar en compañía de su familia o responsables o entorpezca su formación educativa.

Artículo 190. (Tareas y condiciones nocivas de trabajo).- El Instituto Nacional del Menor establecerá las tareas a incluir dentro de las categorías enunciadas en el artículo anterior, de trabajo peligroso o nocivo para la salud o para su desarrollo físico, espiritual, moral o educativo, los que estarán terminantemente prohibidos, cualquiera fuere la edad del que pretenda trabajar o ya se encuentre en relación de trabajo.


Asimismo, el Instituto Nacional del Menor ante la presunción de la existencia de condiciones de trabajo peligrosas o nocivas para la salud o el desarrollo físico, espiritual o moral de los adolescentes solicitará la intervención de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la que se pronunciará, en un plazo no mayor a los veinte días corridos, sobre el carácter peligroso o nocivo de la actividad.

 

 

 

 

Artículo 165. (Situaciones especiales).- El Instituto Nacional del Menor revisará las autorizaciones que ha prestado respecto al empleo de niños y adolescentes entre los trece y los quince años. Sólo serán permitidos trabajos ligeros, que por su naturaleza o por las condiciones en que se prestan no perjudican el desarrollo físico, mental o social de los mismos, ni obstan a su escolaridad.

 

 

 

Artículo 166. (Prevención, educación e información).- El Estado promoverá programas de apoyo integral para desalentar y eliminar paulatinamente el trabajo de estos niños y adolescentes.

 

La sociedad civil deberá prestar su concurso en las campañas preventivas, educativas e informativas que se desarrollen a fin de asegurar el bienestar del niño y adolescente.

Se consideran programas de educación en el trabajo, aquellos que, realizados por el Instituto Nacional del Menor o por instituciones sin fines de lucro, tienen exigencias pedagógicas relativas al desarrollo personal y social del alumno, que prevalecen sobre los aspectos productivos. En consecuencia, la remuneración que recibe el alumno por el trabajo realizado o por la participación en la venta de productos de su trabajo, no desvirtúa la naturaleza educativa de la relación.

 

 

 

 

 

Artículo 167. (Carné de habilitación).- Para trabajar, los

Asimismo, el Instituto Nacional del Menor ante la presunción de la existencia de condiciones prohibidas como las referidas, solicitará la intervención de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la que se pronunciará, en un plazo no mayor a los veinte días corridos, sobre el carácter peligroso o nocivo de la actividad.

 

Fundamentación: Se procede a modificaciones gramaticales y se elimina la expresión "con carácter urgente" que será reiterativa a la trascendencia de lo reglado e imprecisa en su aplicación.

Igualmente se elimina la expresión "listado" puesto que la referencia es a las "tareas".

Artículo 191. (Situaciones especiales).- Dentro del plazo de 180 días a partir de la vigencia de este Código, el Instituto Nacional del Menor revisará las autorizaciones que ha prestado respecto al empleo de niños y adolescentes entre los trece y los quince años. Sólo serán permitidos a los mismos, trabajos ligeros, que por su naturaleza, o por las condiciones en que se prestan, cumplan los extremos establecidos en el artículo 189 precedente.

Fundamentación: Se establece un plazo preciso para que el INAME revise las autorizaciones, para los trabajos para cuya realización se condicionan a lo antes establecido (artículo 189).

Artículo 192. (Prevención, educación e información).- El Estado, a través del Instituto Nacional del Menor y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, promoverá programas para eliminar el trabajo no autorizado de niños y adolescentes.

La sociedad civil deberá prestar su concurso en las campañas preventivas, educativas e informativas que se desarrollen a fin de asegurar el bienestar del niño y adolescente que trabajaren en violación de las normas que le son pertinentes.

Se consideran programas de educación en el trabajo, aquellos que, realizados por el Instituto Nacional del Menor o por instituciones sin fines de lucro, tienen exigencias pedagógicas relativas al desarrollo personal y social del alumno, que prevalecen sobre los aspectos productivos. En consecuencia, la remuneración que recibe el alumno por el trabajo realizado o por la participación en al venta de productos de su trabajo, no desvirtúa la naturaleza educativa de la relación.

Fundamentación: Se introducen modificaciones en el inciso primero del proyecto de Diputados, precisando los organismos intervinientes, y también a fin de hacer compatible su texto con las prohibiciones que se legislan.

Se completa, en el mismo sentido el texto del inciso segundo.

Artículo 193. (Carné de habilitación).- Para trabajar, los


adolescentes deberán contar con carné de habilitación tramitado gratuitamente ante el Instituto Nacional del Menor, en el que deberá constar:

A) Nombre.

B) Fecha y lugar de nacimiento.

C) Domicilio.

D) Consentimiento para trabajar del adolescente y sus responsables.

E) Constancia del examen médico que lo declare apto para el trabajo.

 

F) Constancia de haber completado el ciclo de enseñanza obligatoria o el nivel alcanzado.

 

 

Si el examen médico fuera impugnado por la persona legalmente responsable del adolescente podrá, a su requerimiento, realizarse un nuevo examen.

 

 

 

 

Artículo 168. (Renovación).- Anualmente, todos los menores de dieciocho años que trabajen serán sometidos obligatoriamente a examen médico, a fin de comprobar si la tarea que realizan es superior a su capacidad física. En caso afirmativo deberán abandonar el trabajo por otro más adecuado.