Nº 346 - TOMO 423 - 11 DE AGOSTO DE 2004

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

QUINTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

34ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Y EL SEÑOR SENADOR DOCTOR ALBERTO BRAUSE Tercer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyecto presentado

- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se crea un impuesto tributario destinado exclusivamente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

- A la Comisión de Hacienda.

5) Pedido de informes

- El señor Senador Korzeniak solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con la unidad militar destacada en la República Democrática del Congo.

- Oportunamente fue tramitado.

6) Archivo de Carpeta

- La Comisión de Educación y Cultura aconseja el archivo de la Carpeta Nº 1268/03, que contiene un proyecto de ley para la designación de la Escuela Nº 39 de la ciudad de Mercedes, con el nombre de Francisco Mario Ubillos.

- Se procederá de conformidad.

7, 9, 11, 13 y 15) Solicitudes de licencia

- Las formulan la señora Senadora Pou y los señores Senadores Millor, Garat, Nin Novoa, Virgili, Núñez y Riesgo.

- Concedidas.

8, 10, 12, 14 y 16) Integración del Cuerpo.

- Notas de desistimiento.

- Las presentan la señora Riveiro, los señores Eduardo Fernández, Notaro, Hackenbruch, Chiesa, Gorosito, González Alvarez, Falibeli, Arregui, Basso, los señores Senadores Lescano, Ferreira, Dini, el escribano Stirling y los doctores Bustos, Opertti, Gianola, Santoro, Gamarra, Gonzalo Fernández y Manuel Laguarda.

17) Plan de Desarrollo Urbano Conjunto Rivera-Santa Ana Do Livramento

- Manifestaciones del señor Senador Pereira.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Transporte y Obras Públicas y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, al señor Embajador de la República Federativa del Brasil en nuestro país, al se-ñor Intendente de Rivera, al Gobernador del Estado de Río Grande Do Sul, al señor Prefecto de Santa Ana do Livramento, al señor Presidente de la Junta Departamental de Rivera, a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y a su Presidente, y al arquitecto Carlos Lucas, de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos en Campo Grande, Matto Grosso do Sul, Brasil.

18) Carta Iberoamericana de la Función Pública

- Manifestaciones del señor Senador Correa Freitas.

- Por moción del propio señor Senador el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Presidencia de la República, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Oficina Nacional del Servicio Civil, al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y a la Confederación de Obreros y Funcionarios del Estado.

19, 23 y 25) Fondo de Administración de Activos Financieros

- Proyecto de ley por el que se precede a su creación.

- Por moción del señor Senador Carvalho, el Senado resuelve proceder al repartido del mencionado proyecto.

- Por moción del señor Senador Gargano, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- Por moción del señor Senador Gallinal, el Senado resuelve aprobar en general el proyecto de ley y remitir su articulado a estudio de la Comisión de Hacienda.

20) Solicitudes de Acuerdo del Poder Ejecutivo para designar Embajadores de la República

- Por moción del señor Senador Gargano, el Senado resuelve proceder al repartido de dichas solicitudes.

21) Responsabilidad civil por daños causados a terceros

- Proyecto de ley por el que se reglamentan los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República.

- En consideración.

- Por moción del señor Senador Pereyra, el Senado resuelve aprobar en general el proyecto de ley y remitirlo a la Comisión de Constitución y Legislación a fin de que lo informe la próxima semana.

22) Acuerdo entre el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado de Israel para la Protección Recíproca de Inversiones

- Por moción del señor Senador Herrera se procede a su repartido.

24) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

- Por moción del señor Senador Gargano, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de la presente sesión hasta agotar la discusión general del tema en debate.

26) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 10 de agosto de 2004.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 11 de agosto, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

 1º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se reglamentan los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República, referidos a la responsabilidad civil por daños causados a terceros en la ejecución de servicios públicos.

Carpeta Nº 1433/04 - Rep. N° 864/04

2º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se interpreta el artículo 31 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002, referido a la facultad conferida al Banco Central del Uruguay respecto de los ahorristas del Banco de Montevideo y del Banco La Caja Obrera.

Carp. Nº 1440/04 - Rep. N° 845/04 Anexo I

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley :

3º) por el que se establecen normas para el funcionamiento de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y se crea la Tasa de Control del Marco Regulatorio de Comunicaciones.

Carp. Nº 1418/04 - Rep. N° 852/04

4º) por el que se aprueba el Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en Montevideo el 30 de junio de 1999.

Carp. Nº 1306/03 - Rep. N°797/04

5º) por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de México el 30 de octubre de 1996.

Carp. Nº 644/97 - Rep. N° 798/04

6º) por el que se autoriza la tramitación de pasividades ante el Banco de Previsión Social por parte de familiares de beneficiarios o por terceros.

Carp. Nº 1399/04 - Rep. N°832/04

7º) por el que se establecen condiciones para el régimen de acumulación de servicios a efectos de configurar causal de jubilación, retiro o pensión.

Carp. Nº 1400/04 - Rep. N°833/04

8º) por el que se determina el contenido y fundamentación de las resoluciones relativas a pasividades dictadas por el Banco de Previsión Social.

Carp. Nº 1408/04 - Rep. N°834/04

9º) por el que se modifican los artículos 22, 23 y 24 de la Ley Nº 9.739, de 17 de noviembre de 1939, sobre Derechos de Autor (Protección Intelectual de la Actividad Periodística).

Carp. Nº 1259/03 - Rep. N°844/04

10) por el que se designa "Ingeniero Agrónomo Gregorio Helguera", la Escuela Agraria del departamento de Tacuarembó, dependiente del Consejo de Educación Técnico-Profesional (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 1396/04 - Rep. N°847 /04

11) por el que se designa "Indalecio Bengochea Rodríguez" la Escuela Rural Nº 36, del departamento de Lavalleja, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 1395/04 - Rep. N° 848/04

12) por el que se designa "Joaquín Sant’ Anna" la Escuela Nº 5 de la ciudad de Salto, departamento de Salto, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 1401/04 - Rep. N° 849/04

13) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar como Vicepresidente de las Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (PLUNA) al doctor Gustavo César Rodríguez Tabó.

Carp. Nº 1421/04 - Rep. Nº 837/04

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

14) por el que se establecen disposiciones relacionadas con los productos genéticamente modificados y su etiquetado.

Carp. Nº 745/02 - Rep. N° 863 /04

15) por el que se declara de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de discriminación.

Carp. Nº 1292/04 - Rep. N° 857 /04

16) por el que se instrumentan mecanismos de promoción de la lactancia materna.

Carp. Nº 1110/04 - Rep. N° 853 /04

17) por el que se declara el 16 de julio "Día Nacional para la Prevención del Suicidio".

Carp. Nº 1436/04 - Rep. N° 855/04

18) por el que se designa "Horacio Arredondo" el tramo de la Ruta Nacional Nº 19 comprendido entre su entronque con la Ruta Nacional Nº 15 "Doctor Javier Barrios Amorín" y la ciudad de Chuy.

Carp. Nº 1208/04 - Rep. N°861 /04

19) por el que se declara de utilidad pública la expropiación de los inmuebles padrones Nos. 117, 283, 284, 285, 286 y 313, ubicados en la Villa Ismael Cortinas, 4ª Sección Judicial del departamento de Flores.

Carp. Nº 1442/04 - Rep. N° 858 /04

20) por el que se desafectan del patrimonio del Estado y se afectan al patrimonio de la Administración Nacional de Educación Pública los inmuebles empadronados con los Nos. 3592 y 35943 de la 3ª Sección Judicial del departamento de Maldonado.

Carp. Nº 1441/04 - Rep. N° 854 /04

21) por el que se transfiere a título gratuito, del dominio del Estado - Ministerio de Transporte y Obras Públicas- a la Intendencia Municipal de Canelones, el inmueble padrón rural Nº 6877 sito en la 20ª Sección Catastral del departamento de Canelones.

Carp. Nº 1263/04 - Rep. N° 856 /04

22) por el que se transfiere a título gratuito, del dominio del Estado - Ministerio de Transporte y Obras Públicas- a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, el inmueble padrón rural Nº 2958 ubicado en Tala, 10ª Sección Catastral del departamento de Canelones.

Carp. Nº 1260/04 - Rep. N° 859 /04.

23) por el que se tipifican figuras penales relativas a la violencia sexual comercial o no comercial cometida contra menores de edad o personas mayores .de edad incapaces

Carp. Nº 1304/04 - Rep. N° 860 /04

24) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con el sumario administrativo incoado al funcionario Auxiliar II Esc. F -Personal de Servicios Auxiliares Serie b) Vigilancia, Alberto Sghirla, dependiente de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

Carp. Nº 1336/04 - Rep. Nº 862/04

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Carvalho, Cid, Correa Freitas, Couriel, De Boismenu, Fernández Huidobro, Gallinal, García Costa, Gargano, Heber, Herrera, Korzeniak, López, Mujica, Penadés, Pereira, Pereyra, Ríos, Rodríguez, Rubio, Sanabria, Sanguinetti, Scarpa, Singer y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Garat, Millor, Nin Novoa, Núñez, Pou, Riesgo y Virgili.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 17 minutos)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"El Poder Ejecutivo remite Mensajes:

- solicitando acuerdo para acreditar al doctor Luis Sica Bergara como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de Polonia.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- comunicando la promulgación del proyecto de ley por el que se precisan las condiciones para la reelección de suplentes de Intendentes, de acuerdo con lo establecido por el artículo 266 de la Constitución de la República

- TENGASE PRESENTE Y ARCHIVESE.

La Cámara de Representantes comunica:

- que ha aprobado los siguientes proyectos de ley:

- por el que se modifica el artículo 1º de la Ley Nº 17.045, de 14 de diciembre de 1998, referente a los plazos para la realización de publicidad electoral en los medios de difusión masiva.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- por el que se modifica el régimen de percepción de haberes de los suplentes de los señores Legisladores.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

- por el que se autoriza a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) la contratación de vehículos con chofer en los plazos y condiciones que se determinan.

- A LA COMISION DE PRESUPUESTO.

- que ha sancionado los siguientes proyectos de ley:

- por el que se precisan las condiciones para la reelección de suplentes de Intendentes, de acuerdo con lo establecido por el artículo 266 de la Constitución de la República.

- y por el que se declara feriado no laborable el día 10 de setiembre de 2004, con motivo de conmemorarse el centenario del fallecimiento del General Aparicio Saravia; y se declara el 1° de setiembre de cada año ‘Día de los Caídos en las Guerras Civiles’.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

- y remite las siguientes exposiciones escritas:

- del señor Representante Nacional Jaime Trobo:

- con destino a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social referido a prestaciones que atiende el Banco de Previsión Social para niños, adolescentes y personas adultas con discapacidades o incapacidad laboral

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- y con destino a la Comisión de Industria y Energía referida a la Ley Nº 17.547 de 22 de agosto de 2002, que establece normas para la instalación de los denominados Parques Industriales.

- A LA COMISION DE INDUSTRIA Y ENERGIA.

- y del señor Representante Nacional Alberto Scavarelli relacionada con la trayectoria del doctor José Antonio Cuadros, recientemente fallecido.

- TENGASE PRESENTE.

La Comisión de Medio Ambiente eleva informado el proyecto de ley sobre productos genéticamente modificados y su etiquetado.

La Comisión de Salud Pública eleva informado el proyecto de ley por el que se promueve la lactancia materna.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- referido a los ahorristas del Banco Montevideo y del Banco La Caja Obrera comprendidos en la facultad conferida al Banco Central del Uruguay por el artículo 31 de la Ley Nº 17.63 de 27 de diciembre de 2002.

- por el que se transfieren del patrimonio del Estado al de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), los inmuebles empadronados con los Nros. 3592 y 3593, de la 3ª Sección Judicial del departamento de Maldonado, balneario Pirlápolis, paraje Cerro del Toro.

- por el que se declara de utilidad pública la expropiación de los inmuebles padrones Nros. 117, 283, 285, 286 y 313, ubicados en villa Ismael Cortinas, 4ª Sección Judicial del departamento de Flores.

- por el que se declara el 16 de julio de cada año ‘Día Nacional para la Prevención del Suicidio’.

- por el que se tipifican figuras penales relativas a la violencia sexual comercial o no comercial cometidas contra menores de edad o personas mayores de edad incapaces.

- por el que se declara de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación y se crea una Comisión Honoraria.

- por el que se transfiere a título gratuito del dominio del Estado -Ministerio de Transporte y Obras Públicas- a la Intendencia Municipal de Canelones, el inmueble padrón rural Nº 6877, sito en la 20ª Sección Catastral del departamento de Canelones.

- por el que se transfiere a título gratuito del dominio

del Estado -Ministerio de Transporte y Obras Públicas- a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), el inmueble padrón rural Nº 2958, ubicado en el paraje Arroyo Vejigas, próximo a la ciudad de Tala, de la 10ª Sección Catastral del departamento de Canelones.

- y por el que se designa ‘Horacio Arredondo’ al tramo

de la Ruta Nacional Nº 19, comprendido entre su entronque con la Ruta Nacional Nº 15 ‘Doctor Javier Barrios Amorín’ y la ciudad de Chuy, actualmente denominado "Coronel Lorenzo Latorre", por el Decreto-Ley Nº 15.497, de 9 de diciembre de 1983.

- HAN SIDO REPARTIDOS. SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY."

4) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Los señores Senadores Alejando Atchugarry, Edgardo Carvalho, Ruben Correa Freitas, Francisco Gallinal y José Korzeniak presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se crea con carácter transitorio, un impuesto cuyo producido será destinado exclusivamente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias para atender sus obligaciones legales."

- A LA COMISION DE HACIENDA.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"Artículo 1°.- Con el propósito de consolidar el proceso de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, y como etapa previa a su reforma legal, créase con carácter transitorio un impuesto cuyo producido será destinado exclusivamente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias para atender sus obligaciones legales; el mismo gravará todas las sumas nominales mensuales que por cualquier concepto abone la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias a cada cédula jubilatoria o pensionaria, tanto las actualmente en curso de pago como las que otorgue en el futuro, y será retenido y recaudado directamente por el propio Instituto.-

Artículo 2°.- Serán contribuyentes del impuesto creado en el artículo anterior, los jubilados y pensionistas actuales y futuros de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.-

Artículo 3°.- La tasa del impuesto será la que corresponda según el monto nominal de la jubilación o pensión de cada contribuyente, de acuerdo a lo siguiente:

En ningún caso el monto de las retribuciones y prestaciones líquidas que surge de la aplicación de estas tasas, podrá ser inferior al que corresponda a la máxima retribución o prestación líquida de la escala inmediata inferior.-

Artículo 4°.- Con similares objetivos a los definidos en el art. 1° de la presente ley, sustitúyase el artículo 60 de la Ley N° 17.613 de 27 de diciembre de 2002, en la redacción dada por el artículo único de la Ley N° 17.740 de 8 de enero de 2003, por el siguiente: "Hasta la sanción de una ley de reforma del régimen de pasividades servidas por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, auméntase en 4,5 % (cuatro con cinco por ciento) puntos porcentuales, la alícuota de aporte patronal jubilatorio a la referida caja.

Alejandro Atchugarry, Edgardo Carvalho, Ruben Correa Freitas, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Montevideo, 9 de agosto de 2004.-

Sr. Presidente del Senado:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con la finalidad de presentar el adjunto Proyecto de Ley, por el que se crea un impuesto cuyo producido será destinado exclusivamente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.-

La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias elevó en diciembre de 2001 al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un proyecto de ley que contenía las modificaciones que era necesario introducir en la normativa vigente, a efectos de consolidar la viabilidad del Instituto en el mediano y largo plazo.-

Esa propuesta obedeció fundamentalmente a que, desde cierto tiempo antes, todos los actores que integran su dirección - representantes del Poder Ejecutivo, de las empresas públicas y privadas, de los trabajadores activos y de los jubilados- estaban en conocimiento del avance creciente de un escenario de dificultades y amenazas a las bases de sustento de ese sistema previsional, constatándose un permanente deterioro de la relación entre activos y pasivos.-

Entre múltiples causas, el Instituto identificaba como las principales, las reestructuras, tanto del sistema financiero estatal como del privado, la introducción de tecnología sustitutiva de puestos de trabajo, la creciente tercerización de servicios, la prohibición de ingresos en la Banca Oficial , el explosivo desarrollo de actividad financiera por fuera del campo afiliatorio de la Caja, y los cambios demográficos.- Antes que ese proyecto, modificado o no, u otro alternativo hubiera sido elevado a la consideración parlamentaria, sobrevino casi inmediatamente, a principios del año 2002, la situación de grave crisis nacional que tuvo su punto culminante en el feriado bancario de julio de ese año, y posterior cese de actividades y liquidación de cuatro de los Bancos Privados más grandes de la plaza uruguaya .-

Esta nueva realidad, que derivó además, en un fuerte e inevitable redimensionamiento del sistema financiero, supuso adicionar a los problemas preexistentes en el Instituto previsional , un nuevo y considerable impacto negativo que era imposible de prever, con la pérdida de miles de puestos de trabajo, y por ende, de afiliados activos aportantes.-

No obstante la urgencia de los problemas de la Caja Bancaria, hasta la fecha, y por diversas razones que no es la oportunidad de analizar, no han sido dictadas las imprescindibles normas de modificación de su régimen legal, requiriéndose además para la mayoría de las soluciones propuestas, por imperio constitucional, la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo.-

Desde hace ya algunos años, la Caja Bancaria viene cubriendo con el producido de sus inversiones, la creciente diferencia entre sus ingresos y egresos operativos, desfasaje que alcanza a la fecha la suma de setenta millones de pesos mensuales; teniendo en cuenta que el Instituto no recibe ni nunca recibió en su historia aporte estatal alguno, y se financia exclusivamente con los aportes de empresas y trabajadores y con el producido de sus reservas, es obvio que se ha iniciado un preocupante camino de agotamiento de las mismas.-

De acuerdo a los estudios de sus servicios técnicos, y a las proyecciones actuariales realizadas, el agotamiento definitivo de las reservas de la Caja ocurriría en el año 2007, y consecuentemente, la imposibilidad desde allí, de enfrentar las obligaciones legales con sus afiliados.-

Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que la casi totalidad de las inversiones de la Caja están concentradas en el Estado, por lo que la perspectiva inevitable de retiros masivos de depósitos en Bancos estatales, o de ventas importantes de papeles públicos, casi seguramente muy por debajo de su valor, no sólo impactará a la Institución, sino también a la sociedad toda.-

La realidad nacional actual y los tiempos políticos, restando poco más de un mes para el cierre de la actividad parlamentaria, en año electoral y debiendo asumir una nueva administración en el año próximo, no es posible pensar, por la complejidad que tiene, en que aún el Poder Ejecutivo eleve con su iniciativa un proyecto de ley que contenga soluciones globales a la problemática de la Caja Bancaria, y tampoco que sea posible el tratamiento parlamentario serio y profundo que tales soluciones merecen.-

Sin embargo, la peor alternativa sería la inacción o la actitud prescindente frente al problema, ya que el mero transcurrir de más tiempo, no haría sino agravar la ya complicada situación del Instituto previsional, llevándola a límites sumamente riesgosos; en materia de seguridad social, donde es imprescindible respetar derechos y situaciones ya consolidadas, es sabido que la mayoría de las modificaciones no tiene efectos beneficiosos instantáneos, sino diferidos en cierto tiempo.-

Asimismo la inacción, por un lado, prolongaría la incertidumbre de jubilados y pensionistas, que tienen derecho a gozar de su retiro sin la preocupación por el cobro seguro de sus prestaciones, y por otro, colocaría al Estado ante el riesgo más que probable de tener que enfrentar grandes costos sociales y económicos si a partir del año 2007, la Caja no pudiera enfrentar sus obligaciones.-

La única opción realista y aún viable, es la de consagrar las medidas que se proponen en este proyecto de ley, que son las posibles teniendo en cuenta las limitaciones que establece la Constitución de la República en materia de iniciativa; las mismas se proponen con la característica fundamental de la transitoriedad, por cuanto subsiste la necesidad de medidas de fondo para asegurar la viabilidad de la Caja Bancaria.- Sin embargo, de resultar aprobado este proyecto de ley, tendría la virtud de posponer por algunos años la inminencia de un colapso de graves consecuencias.-

Por otra parte, se entiende que las soluciones que se proponen, resultan razonablemente equilibradas, distribuyendo con equidad los costos de la solución entre los actores involucrados en la vida de la Caja, y sin costo alguno para el Estado ni para la sociedad.-

Se crea un impuesto del que únicamente serán contribuyentes los jubilados y pensionistas actuales y futuros de la Caja Bancaria, con destino específico y exclusivo para atender las obligaciones legales del Instituto; de acuerdo a la tasa propuesta, los jubilados y pensionistas contribuirán con exactamente las mismas sumas que se les retenía por concepto de adicional al Impuesto a las Retribuciones Personales, adicional que se derogó a partir del mes de mayo de este año, por lo que la situación personal de cada pasivo, individualmente considerado, no sería distinta de aquella en que se encontraba antes de mayo de 2004.-

Por otra parte, la alícuota de 4,5% puntos porcentuales de aporte patronal adicional que ya vienen pagando las empresas, y cuya fecha límite hoy está establecida en el 31 de diciembre de 2005, se mantiene, pero ahora sin fecha límite, subsistiendo la condición de que regirá hasta la sanción de la ley de reforma del régimen de pasividades servidas por la Caja Bancaria.-

Con la consagración de estas dos medidas, la fecha de agotamiento de las reservas de la Caja, y por tanto, de la imposibilidad de pagar las prestaciones, de acuerdo a los cálculos actuariales realizados, se traslada del año 2007 a fines del año 2011 o principios del 2012.-

Esto permite dar tranquilidad y certeza a jubilados y pensionistas sobre el cobro de sus prestaciones, aleja razonablemente el peligro de una crisis terminal del Instituto, con los altos costos que implicaría para el Estado, y evita trasladar al próximo gobierno que elija la ciudadanía, un problema complejo, agravado y acuciante, otorgándole, en cambio, el tiempo necesario para estudiar y lograr una solución razonable.-

Saludamos a usted, muy atentamente;

Alejandro Atchugarry, Edgardo Carvalho, Ruben Correa Freitas, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Senadores."

5) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República el señor Senador José Korzeniak solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional relacionado con la unidad militar uruguaya destacada en la República Democrática del Congo."

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 5 de agosto de 2004.

Sr. Presidente del Senado

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi consideración:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución, solicito a Ud. se sirva cursar al Sr. Ministro de Defensa Nacional el siguiente pedido de datos e informes:

1) Si es exacto que en el día 3 del mes de junio del corriente año fue asaltada una unidad militar uruguaya destacada en la República Democrática del Congo, en la ciudad de Kinshasa, unidad conocida con el nombre de "Casa Naval".

2) Si dicho asalto se produjo aproximadamente a la hora 11:30 local, y si los asaltantes eran un grupo fuertemente armado de congoleños.

3) Si es exacto que en ese operativo los congoleños llevaron de la "Casa Naval" armamento, explosivos, munición, los equipos de comunicación que tenían los militares uruguayos, un vehículo, además de los efectos personales y hasta la ropa de los efectivos de la base.

4) Si fueron arrebatadas además, alguna puerta y cables eléctricos de la unidad referida.

5) Si la unidad uruguaya disponía de armamento suficiente para repeler la agresión o si, en cambio, se trataba de un armamento absolutamente irrelevante para enfrentar al que disponen los que perpetraron el asalto.

6) Si el número de militares uruguayos entre oficiales y subalternos alcanzaba a una suma de entre 30 y 40.

7) Si algunos de los integrantes con cargo militar o asimilado o equiparado tuvo que regresar a Uruguay luego de una crisis nerviosa padecida durante el asalto.

8) Si esta unidad estaba dirigida exclusivamente por integrantes de la Armada Nacional, y, si así fuese, por qué razón no se había integrado a una coordinación logística con las otras armas uruguayas destacadas en el Congo.

Las razones de este pedido de datos e informes son fundamentalmente las siguientes: en primer lugar analizar la razón de nuestro voto negativo a la permanencia de nuestras fuerzas en el Congo luego del cambio del Capítulo VI al VII de la Carta de las Naciones Unidas. En segundo lugar para verificar si un informe que se encuentra analizado en un ámbito especial de una dependencia de las Naciones Unidas, contiene datos correctos o tiene imprecisiones. Dicha información conduce a la respuesta afirmativa de todas las preguntas formuladas, y agrega alguna consideración de las razones por las cuáles no había debida conexión entre la citada unidad naval uruguaya y las de las otras armas, aspecto que por otras vías parlamentarias serián pasibles de analizar.

Saluda muy atentamente.

José Korzeniak. Senador."

6) ARCHIVO DE CARPETA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de la Comisión de Educación y Cultura.

(Se da de la siguiente:)

"La Comisión de Educación y Cultura aconseja el archivo de la Carpeta Nº 1268/03 que contiene el proyecto de ley por el que se designa ‘Francisco Mario Ubillos’ la Escuela Nº 39 de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano."

- Se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

7) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Millor solicita licencia, por razones de salud, los días 10 y 11 de agosto."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 10 de agosto de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores.

Don Luis Hierro López.

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia para los días 10 y 11 de agosto del presente año por razones de salud.

Sin otro particular le saluda atentamente

Dr. Pablo Millor. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

8) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de varias notas de desistimiento.

(Se da de las siguientes:)

"El escribano Guillermo Stirling, el doctor Raúl Bustos, el señor Juan Notaro, el doctor Didier Opertti y el señor Tabaré Hackenbruch, comunican que en esta oportunidad no aceptan la convocatoria como suplentes del señor Senador Millor"

- Queda convocado el señor Senador Scarpa, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrara en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Scarpa)

9) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Garat solicita licencia por el día de hoy."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 11 de agosto de 2004.

Señor Presidente del Senado

Don Luis Hierro López.

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo, se me conceda licencia por el día de hoy, ante la imposibilidad de concurrir por razones particulares.

Saluda a usted atentamente

Carlos Garat. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Senador Ambrosio Rodríguez, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que si se encontrare en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Rodríguez)

- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Nin Novoa solicita licencia por dos días a partir de hoy."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 11 de agosto de 2004.

Don Luis Hierro López

Presidente del Senado.

Presente

De mi consideración:

Por la presente solicito licencia por dos días a partir del día de hoy, por motivos particulares.

Asimismo solicito que se cite a mi suplente.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.

Rodolfo Nin Novoa. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

"El doctor Héctor Lescano comunica que en esta oportunidad no acepta la convocatoria como suplente del señor Senador Nin Novoa."

- Queda convocado el señor Senador Eduardo Ríos, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que si se encontrara en Antesala se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Ríos)

11) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Pou solicita licencia los días 10 y 11 de agosto."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 5 de agosto de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores.

Don Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a usted licencia a las sesiones del Senado de los días 10 y 11 del corriente, por motivos personales.

Sin otro particular saludo a usted atentamente,

Ma. Julia Pou. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

12) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de varias notas de desistimiento.

(Se da de las siguientes:)

"Los señores Sergio Chiesa, Ricardo Gorosito, Oscar González Alvarez y Juan Raúl Ferreira, y los doctores Raúl Gianola y Walter Santoro, comunican que en esta oportunidad no aceptan la convocatoria como suplentes de la señora Senadora Pou."

- Queda convocado el señor Senador Gustavo Penadés, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrara en antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Penadés.)

13) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Virgili solicita licencia desde el día de la fecha hasta el 13 de agosto".

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 10 de agosto de 2004.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores.

Don Luis Hierro López.

Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar licencia médica desde el día de la fecha y hasta el 13 de los corrientes.

Lo saludo con mi mayor consideración.

Orlando Virgili. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-14 en 15. Afirmativa.

Oportunamente será convocado el suplente respectivo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Nuñez solicita licencia los días 11, 12, 18 y 19 de agosto".

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 9 de agosto de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López.

Presente.

Solicito por intermedio de la presente se me conceda licencia por los días 11, 12, 18 y 19 de Agosto y se convoque a mi suplente respectivo.

Aprovecho la oportunidad para saludar al Señor Presidente muy atentamente.

Ec. Manuel Núñez. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-14 en 15. Afirmativa.

14) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de varias notas de desistimiento.

(Se da de las siguientes:)

"Los señores Roque Arregui, Jorge Gamarra, Jorge Basso y Eduardo Fernández y los doctores Gonzalo Fernández y Manuel Laguarda, comunican que en esta oportunidad no aceptan la convocatoria como suplentes del señor Senador Núñez."

- Queda convocada la señora Senadora Sara López, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrara en antesala, se la invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala la señora Senadora Sara López)

15) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Riesgo solicita licencia por el día de la fecha".

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 11 de agosto de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores.

Don Luis Hierro López.

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a usted licencia por el día de la fecha y, en consecuencia, que se convoque a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente

Walter Riesgo. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

16) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de varias notas de desistimiento.

(Se da de las siguientes:)

"Los señores Luis Dini, Numa Falibeli y Mari Riveiro, comunican que en esta oportunidad no aceptan la convocatoria como suplentes del señor Senador Riesgo."

- Queda convocado el señor Senador Jorge Sanguinetti, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrara en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Sanguinetti)

17) PLAN DE DESARROLLO URBANO CONJUNTO RIVERA - SANTA ANA DO LIVRAMENTO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Pereira.

SEÑOR PEREIRA.- Señor Presidente: me voy a ocupar de un tema muy importante para el Norte del país. Se trata del Plan de Desarrollo Urbano Conjunto Rivera - Santa Ana do Livramento.

En ocasión del encuentro de los Cancilleres de Brasil y Uruguay en las ciudades fronterizas de Rivera y Santa Ana do Livramento, el día 16 de octubre de 1996, se celebró en la primera de ellas la III Reunión de la Comisión General de Coordinación Uruguayo-Brasileña, creada por el Tratado de Amistad, Cooperación y Comercio del 12 de junio de 1975. En el Apartado 14 del Acta final de dicha Reunión, se expresa que en cuanto a la necesidad de proceder a la elaboración de un plan de desarrollo urbano conjunto de las ciudades de Rivera y Santa Ana do Livramento, ambos Cancilleres aprobaron la creación de un grupo de trabajo que será integrado por representantes municipales, estaduales y nacionales competentes de cada país, según corresponda. Al respecto, acuerdan que el objetivo fundamental del citado grupo de trabajo es el de elaborar los términos de ejecución para la realización de un plan de desarrollo urbano conjunto que contemple aspectos tales como el ordenamiento territorial, atienda los problemas de medio ambiente y demás elementos que permitan la creación de mejores condiciones de vida para las poblaciones de ambas ciudades. Conscientes de la urgencia en dar respuesta a esta importante aspiración popular, confían en que tales términos de referencia podrán estar a disposición de las respectivas Cancillerías al finalizar el primer trimestre de 1997.

Con esta decisión se lograba concretar una aspiración largamente soñada por los Municipios de Rivera y de Livramento y, naturalmente, por los pobladores de esas ciudades. El 3 de abril de 1997 se instaló en Rivera el grupo de trabajo, con la presencia de los señores embajadores del área regional de América y, por el escritorio de representación de Itamaratí en Rio Grande do Sul, del Intendente de Rivera y del Prefecto de Santa Ana do Livramento, más de cuarenta técnicos de los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de OSE, de la Intendencia Municipal de Rivera, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y una significativa delegación de Brasil integrada por técnicos de Metroplán de Porto Alegre, Prefectura Municipal de Livramento y representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, quienes trabajaron intensamente, durante un tiempo muy importante, elaborando informes, planes, maquetas, etcétera. Participaron en estas tareas las comunidades de Rivera y de Livramento en conferencias, charlas, talleres, comisiones, etcétera y se creó un excelente clima, esperanzado en que podríamos unir más nuestras ciudades y lograr objetivos de bienestar y mejores expectativas de vida para nuestros pueblos.

En el informe referido se estudió la estructura urbana, la ocupación y el uso del suelo, el sistema vial y circulaciones, la infraestructura de servicios, el abastecimiento de agua y saneamiento, la conservación del medio ambiente, los aspectos sociales y económicos y algunos proyectos estratégicos. Todo ese material está disponible, pero la Comisión paralizó sus tareas porque la delegación brasileña quedó desintegrada cuando se produjo un cambio de gobierno en Rio Grande do Sul.

Este tema vuelve a estar sobre la mesa de trabajo. Durante esta semana se realiza en la ciudad de Campo Grande, en Matto Grosso do Sul, cerca de Pantanal, un Congreso de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos y uno de los puntos a tratar es el desenvolvimiento urbano en ciudades de frontera, al que asisten delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Está anunciada una conferencia del señor Director Nacional de Ordenamiento Territorial, arquitecto Federico Bervejil y en el panel de comunicaciones y propuestas se tratará: 1) Programa de desenvolvimiento social en zona de frontera; 2) Plan de desarrollo urbano conjunto Rivera - Livramento. Para ello viajan, sin ayuda oficial, dos técnicos uruguayos que trabajaron en el proyecto y que -según tengo entendido- habrían sido designados por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay: el arquitecto Nelson Lorenzo, coordinador de la delegación uruguaya de entonces en la elaboración del referido proyecto, hoy jubilado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el arquitecto Alejandro García, que desempeña funciones en dicho Ministerio. Allí se encontrarán con quien, al mismo tiempo, fuera coordinadora de la delegación brasileña de Metroplán, la arquitecta Lais Guimaraens de Pintos Alengue, y juntos informarán de esta experiencia.

El motivo de esta exposición, señor Presidente, es procurar sensibilizar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que saque del archivo este asunto y, por las vías que correspondan, se interese a la Cancillería brasileña para la integración de un nuevo grupo de trabajo que viabilice el enorme esfuerzo realizado oportunamente.

Puedo adelantar, con cierto optimismo, que con motivo de la visita a Rivera del señor Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, contador Enrique Iglesias -no hace mucho tiempo-, con el señor Intendente de ese departamento y el Prefecto de Livramento, entregamos un informe de este grupo de trabajo y pusimos el acento en la posibilidad de realizar un plan de saneamiento conjunto para las ciudades de Rivera y Livramento, que mucho lo necesitan, y de efectuar diversas acciones en el área de preservación y cuidado del medio ambiente, considerando que estamos encima de un tesoro como es el acuífero guaraní. La idea fue bien recibida, pero de todos modos hay que accionar otros mecanismos donde entra, naturalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, para lograr la apoyatura necesaria.

Por tales razones, solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a los señores Ministros de Relaciones Exteriores, de Transporte y Obras Públicas, y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, al señor Embajador de la República Federativa del Brasil en Montevideo, al señor Intendente de Rivera, al Gobernador del Estado de Rio Grande do Sul, al señor Prefecto de Santa Ana do Livramento, al señor Presidente de la Junta Departamental de Rivera, a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y a su Presidente, y al arquitecto Carlos Lucas, de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos en Campo Grande, Matto Grosso do Sul, Brasil.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

18) CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCION PUBLICA

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- En las asiduas intervenciones que realizo en usufructo de la potestad que me brinda este Cuerpo, trato de hacer hincapié en realidades experimentadas, sesudamente evaluadas, y así evitar la pérdida de valioso tiempo en un ámbito que necesita mucho espacio para la reflexión, la discusión y el análisis.

Por esta razón, voy a informar al Cuerpo sobre la Carta Iberoamericana de la Función Pública, que fuera aprobada por la V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 27 de junio de 2003 y que estuvo respaldada por la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Esta Carta está auspiciada por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, organismo que tuve el honor de presidir en los años 1988 a 1990, que está integrado por 25 países de América Latina, el Caribe, y la Península Ibérica, y que tiene la misión de promover la reflexión, el debate y el intercambio de experiencias e investigaciones en torno al Estado y la Administración Pública.

Hoy, con más de tres décadas de reconocida actividad, el CLAD es una institución capacitada para hacer contribuciones significativas a los gobiernos en los procesos de reforma estatal y de cambio en la gestión pública y en la búsqueda de mayores niveles de participación y equidad social.

Además del CLAD, la Carta Iberoamericana de la Función Pública, está también auspiciada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. La Carta, parte de que el Estado constituye la máxima instancia de articulación de relaciones sociales. Concretamente expresa: "Desde el punto de vista de la gobernabilidad, el progreso económico y la reducción de la desigualdad social, el papel del Estado en las sociedades contemporáneas, y en particular en el área iberoamericana, es fundamental para el logro de niveles crecientes de bienestar colectivo. Para la consecución de un mejor Estado, instrumento indispensable para el desarrollo de los países, la profesionalización de la función pública es una condición necesaria. Se entiende por tal la garantía de posesión, por los servidores públicos, de una serie de atributos como el mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la eficacia en el desempeño de su función, la responsabilidad, la honestidad y la adhesión a los principios y valores de la democracia".

La carta continúa expresando: "Diversos estudios realizados por organismos internacionales registran evidencias acerca de una relación positiva entre la existencia de sistemas de función pública o servicio civil investidos de tales atributos y los niveles de confianza de los ciudadanos en la administración pública, la eficacia gubernamental y la lucha contra la corrupción, y la capacidad de crecimiento económico sustentable de los países. Por otra parte, una Administración profesional que incorpora tales sistemas contribuye al fortalecimiento institucional de los países y a la solidez del sistema democrático".

Al final, dice lo siguiente: "Para hacer posible la existencia de sistemas de tal naturaleza, es necesario que la gestión del empleo y los recursos humanos al servicio de los gobiernos incorpore los criterios jurídicos, organizativos y técnicos así como las políticas y prácticas que caracterizan a un manejo transparente y eficaz de los recursos humanos".

Señor Presidente: sin perjuicio de lo anterior, el documento que estamos analizando estima que resulta posible y conveniente poner de manifiesto un conjunto de bases comunes, sobre las cuales debiera articularse el diseño y funcionamiento de los diferentes sistemas nacionales de función pública en los países iberoamericanos. La definición de estas bases y su adopción por los gobiernos contribuirá, por una parte, a enfocar de manera compartida los esfuerzos por mejorar los sistemas nacionales y permitirá, por otra parte, la construcción de un lenguaje común sobre la función pública, facilitando los intercambios y robusteciendo los nexos existentes entre nuestros países.

Tales son los objetivos de esta Carta Iberoamericana de la Función Pública que constituye, para los países que la adoptan, un referente común en materia de función pública. El texto define un marco de referencia genérico, no vinculante, que deberá adaptarse en cada caso a la idiosincrasia, historia, cultura, tradición jurídica y entorno institucional propios de cada país. Su desarrollo admite concreciones normativas y políticas diferentes, acordes con dicha heterogeneidad.

La concreción de estos objetivos persigue como finalidades definir las bases para configurar un sistema profesional y eficaz de función pública y montar un marco genérico de principios rectores, políticas y mecanismos de gestión llamado a constituir un lenguaje común sobre la función pública. No olvidemos que la función pública está constituida por el conjunto de normas mediante las que se articulan y gestionan el empleo público y las personas que integran éste, en una realidad nacional determinada. Dicho conjunto comprende normas, escritas o informales, estructuras, pautas culturales, políticas explícitas o implícitas, procesos, prácticas y actividades diversas cuya finalidad es garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos, en el marco de una administración pública profesional y eficaz, al servicio del interés general.

En el ámbito público, las finalidades de un sistema de gestión del empleo y los recursos humanos deben compatibilizar los objetivos de eficacia y eficiencia con los requerimientos de igualdad, mérito e imparcialidad que son propios de administraciones profesionales en contextos democráticos.

Los criterios que inspiran los enunciados de la Carta y a los que nosotros nos adherimos son, en primer lugar, la preeminencia de las personas para el buen funcionamiento de los servicios públicos, y la necesidad de políticas que garanticen y desarrollen el máximo valor del capital humano disponible por los gobiernos y organizaciones del sector público. En segundo término, la profesionalidad de los recursos humanos al servicio de las administraciones públicas, como garantía de la mayor calidad de los servicios públicos prestados a los ciudadanos. En tercer lugar, la estabilidad del empleo público y su protección frente a la destitución arbitraria, sin perjuicio de la duración, indefinida o temporal, que se establezca. En cuarto término, la flexibilidad en la organización y gestión del empleo público, necesaria para adaptarse, con la mayor agilidad posible, a las transformaciones del entorno y a las necesidades cambiantes de la sociedad. En quinto lugar, la responsabilidad de los empleados públicos por el trabajo desarrollado y los resultados del mismo, así como su respeto e implicación en el desarrollo de las políticas públicas definidas por los gobiernos. En sexto término, la observancia, por parte de todo el personal comprendido en su ámbito de aplicación, de los principios éticos del servicio público, la honradez, la transparencia, la escrupulosidad en el manejo de los recursos públicos y los principios y valores constitucionales. En séptimo lugar, el protagonismo de los directivos públicos y la interiorización de su papel como principales responsables de la gestión de las personas a su cargo. En octavo término, la promoción de la comunicación, la participación, el diálogo, la transacción y el consenso orientado al interés general, como instrumentos de relación entre los empleadores públicos y su personal, a fin de lograr el clima laboral más favorable, y el mayor grado de alineamiento entre los objetivos de las organizaciones y los intereses y expectativas de su personal. En noveno lugar, el impulso de políticas activas para favorecer la igualdad de género, la protección e integración de las minorías, y en general la inclusión y la no discriminación por motivos de género, origen social, etnia, discapacidad u otras causas. En décimo término, los empleados públicos deberán recibir la capacitación adecuada para complementar su formación inicial o de acceso, para adaptarse a la evolución de las tareas, para hacer frente al déficit de rendimiento, para apoyar su crecimiento profesional y para afrontar los cambios organizativos.

La formación de los empleados públicos deberá desarrollarse mediante planes diseñados para apoyar prioridades claras de la organización, en el marco de las políticas globales, y basarse en diagnósticos fiables de necesidades. La inversión en formación debe ser objeto de evaluación, que se extenderá a la apreciación de los aprendizajes producidos, la satisfacción de los participantes, la relación entre resultados y costos y el impacto sobre el rendimiento de las personas en sus puestos de trabajo.

Señor Presidente: creo que es muy importante para nuestro país, inmerso en la realidad cultural iberoamericana, prestar especial atención a lo actuado por los organismos que patrocinan esta Carta Iberoamericana de la Función Pública, ya que los mismos accionan en base a datos muy relevantes, a opiniones extremadamente serias, que no persiguen objetivos políticos o comerciales, y que constituyen el foro indiscutido en los temas de reforma del Estado y optimización de la función pública.

Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida a la Presidencia de la República, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Oficina Nacional del Servicio Civil, al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), con sede en Caracas, Venezuela y a la Confederación de Obreros y Funcionarios del Estado (COFE).

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

19) FONDO DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería que el Senado ingresara en la consideración del Orden del Día.

SEÑOR CARVALHO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARVALHO.- Solicito que se distribuya el proyecto de ley relativo a la creación del Fondo de Administración de Activos Financieros, que figura en la carpeta número 1446/04, repartido número 2825/04.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

20) SOLICITUDES DE ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO PARA DESIGNAR EMBAJADORES DE LA REPUBLICA

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Formulo moción para que se distribuyan las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para designar al doctor Julio César Benitez Saenz como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y al doctor Luis Sica Bergara como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Polonia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

21) RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en primer lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se reglamentan los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República, referidos a la responsabilidad civil por daños causados a terceros en la ejecución de servicios públicos. (Carp Nº 1433/04 - Rep. Nº 864/04.)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1433/04

Rep. Nº 864/04

PROYECTO DE LEY

REGLAMENTACION DE LOS ARTICULOS 24 Y 25 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

Artículo 1º.- Las acciones de repetición a que hace referencia el artículo 25 de la Constitución de la República serán ejercidas por el Ministerio Público, el que deberá determinar si corresponde o no su iniciación, conforme a lo establecido en la citada norma.

Sólo por resolución debidamente fundada, el Ministerio Público podrá resolver la no iniciación de la acción.

Los antecedentes relativos a cada caso deberán inscribirse en un Registro especial que llevará la Oficina Nacional del Servicio Civil en la forma establecida en el artículo 2º de la presente ley.

Artículo 2º.- El Registro citado constará de dos partes:

I) En la primera se inscribirán todas las sentencias que condenen al Estado o a cualquiera de los órganos referidos en el artículo 24 de la Constitución de la República, indicándose los Juzgados y Tribunales ante los cuales se haya tramitado el expediente con la identificación que corresponda y si la sentencia ha quedado ejecutoriada o no.

II) En la segunda parte se anotará todo juicio iniciado contra funcionarios o ex funcionarios, para repetir lo que se hubiera pagado o se debiera pagar en reparación como consecuencia de las sentencias ejecutoriadas o las transacciones aprobadas judicialmente o extrajudiciales que hayan terminado en el reconocimiento de la responsabilidad civil a que hace referencia el artículo 24 de la Constitución de la República, relacionándolos con las sentencias ejecutoriadas o transacciones judiciales o extrajudiciales inscriptas en la primera parte.

Deberán indicarse los Juzgados o Tribunales ante los cuales se tramita el juicio con la identificación correspondiente y en si la sentencia ha quedado ejecutoriada o no.

Asimismo, en caso de sentencia ejecutoriada, se indicará el monto de la restitución que el funcionario o ex funcionario deberá realizar y sus condiciones de pago, en caso de existir éstas, indicándose los pagos que se puedan ir realizando, saldo de la deuda y constancia de cuándo ésta ha sido cancelada.

También deberán inscribirse en la parte segunda las transacciones aprobadas judicialmente o acuerdos extrajudiciales que hubieren terminado en el reconocimiento por parte del funcionario o ex funcionario de su deuda, con las indicaciones expresadas en el párrafo anterior.

Para la realización de esta inscripción, el Ministerio Público, cuando realice el acuerdo extrajudicial o haya intervenido en la transacción aprobada judicialmente, deberá comunicarlo de inmediato al Registro.

Artículo 3º.- Toda sentencia que condene al Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados o, en general, a todo órgano del Estado. (Constitución de la República, artículo 24) como responsable civil del daño causado a terceros, deberá ser notificada al Registro referido en el artículo 1º, dentro de los 10 días hábiles siguientes de dictada.

La omisión de la notificación correspondiente dentro del plazo configurará omisión funcional, susceptible de ser sancionada de acuerdo a las normas disciplinarias pertinentes.

Una vez notificada la sentencia definitiva, o inscripta en la parte 1ª del Registro la transacción judicial o acuerdo extrajudicial a que hace referencia el artículo 2º, la Dirección del citado Registro librará, de inmediato, aviso a los organismos del Estado que corresponda y al Ministerio Público.

La Dirección del Registro velará que se inicien las gestiones para la repetición correspondiente.

Artículo 4º.- Dentro de los 30 días siguientes de configurada la obligatoriedad del pago por parte del Estado o cualquiera de los órganos mencionados en el artículo 24 de la Constitución, el órgano en el cual fuera o hubiese sido funcionario el causante del daño que motiva la indemnización, deberá remitir todos los antecedentes del caso al Ministerio Público a efectos de que este inicie la acción de repetición contra dicho funcionario o ex funcionario, en caso de entenderse que ha obrado con culpa grave o dolo.

Luego de recibidos los antecedentes, el Ministerio Público dispondrá de un plazo máximo de 60 días para iniciar las reclamaciones que, por repetición de lo que se hubiere pagado o debiera pagar por reparaciones civiles, correspondiere realizar contra los funcionarios o ex funcionarios responsables, salvo que hubiera resuelto lo contrario por resolución debidamente fundada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º.

Iniciada la reclamación, el Ministerio Público lo comunicará de inmediato al Registro, suministrando los datos requeridos por esta ley, para su inscripción.

Igual comunicación deberá realizar en caso que entienda no corresponde iniciar reclamación, remitiendo copia de la resolución fundada.

El Registro relacionará la comunicación con la respectiva inscripción existente en la primera parte del registro.

Artículo 5º.- Si dentro de los plazos establecidos no se cumpliere lo determinado en el inciso 3º del artículo 3º e inciso 1º del artículo 4º, el responsable de la omisión incurrirá en las faltas y sanciones previstas en el Libro IX, Título II del Texto Ordenado de las normas vigentes en materia de Funcionarios Públicos (TOFUP) - (Decreto 200/97, de 18 de junio de 1997), pudiéndose llegar hasta la destitución.

Artículo 6º.- El incumplimiento de lo determinado en el inciso final del artículo 3º e incisos 2º y 3º del artículo 4º, dentro de los plazos establecidos, dará lugar a las correcciones disciplinarias previstas en el artículo 38 del Decreto-Ley Nº 15.365, de 30 de diciembre de 1982 - (Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal)- pudiéndose llegar hasta la destitución.

Artículo 7º.- Sin perjuicio de lo establecido en esta ley, en los casos no previstos por los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República, el Estado y cualquiera de sus órganos, deberá iniciar gestiones reparatorias contra los funcionarios o ex funcionarios que les ocasionen o les hayan ocasionado daños y perjuicios patrimoniales.

Quienes sean omisos en la iniciación de dichas gestiones reparatorias, incurrirán en las faltas y sanciones previstas en la parte final del artículo anterior.

Carlos Julio Pereyra. Senador.

RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO

EXPOSICION DE MOTIVOS

Frecuentemente el Estado o algunos de sus órganos o sus reparticiones son condenados a pagar sumas de dinero a personas físicas o personas jurídicas, nacionales o extranjeras, como responsables civiles de algún daño causado.

Como consecuencia, son los habitantes del país, que pagan los tributos o precios de determinados servicios, quienes, en la última instancia, se hacen cargo de los gastos de reparación por esos daños.

Existe la impresión -como consecuencia de hechos de notoriedad- que en los últimos tiempos esas situaciones son más comunes, así como la duda de si el Estado es lo suficientemente diligente para recuperar lo perdido por el dolo o la culpa grave de sus funcionarios o ex-funcionarios.

Mucho se ha hablado de la necesidad de disminuir los gastos del Estado para atenuar la carga impositiva que acosa a los contribuyentes. Sin embargo, aparentemente no existe organizadamente alguna repartición pública que se encargue de controlar que el Estado o sus dependencias repitan lo pagado, conforme a lo establecido por el artículo 25 de la Constitución, contra los funcionarios que en ejercicio u ocasión de sus funciones, por culpa grave o dolo, han causado ese perjuicio y generado esa obligación del Estado de repararlo y, en consecuencia, que los habitantes del país deban finalmente pagarlo.

Es por ello que por este proyecto de ley se encomienda al Ministerio Público el ejercicio de las acciones para que se logre la restitución de lo pagado, no sólo por tratarse de un instituto jurídicamente especializado, representante del Estado, sino también por tratarse de una repartición alejada de las oficinas en que desempeña o ha desempeñado funciones el funcionario responsable del daño, ya que allí por compañerismo o amistad se puede llegar a ser benévolo en cuanto a la iniciación o desarrollo del trámite.

Por ello también se crea un registro de sentencias u otras situaciones que obligan al Estado a reparar perjuicios y consiguientemente, las acciones que éste deberá iniciar contra los funcionarios responsables, en una de cuyas secciones se deben inscribir, con los requisitos necesarios, los juicios en que el Estado, sus órganos o diferentes oficinas, han sido condenados a pagar daños y perjuicios, o las transacciones judiciales o acuerdos extrajudiciales con iguales efectos, y en otra sección se deben registrar los juicios que el Estado debe tramitar para resarcirse del perjuicio causado por sus funcionarios o ex-funcionarios.

En este registro se deberán inscribir todas las sentencias que en estos casos condenen al Estado a resarcir perjuicios, para que sea la Dirección del registro la que determine si han quedado ejecutoriadas o existe todavía otra instancia, a fin de no omitir ninguna posibilidad de resarcimiento.

Es el Director del Registro que deberá comunicar de inmediato, al órgano correspondiente y al Ministerio Público, la sentencia definitiva, que le sea notificada, que condene al Estado o a algunos de sus órganos o las transacciones judiciales o acuerdos extrajudiciales que obliguen al Estado o sus dependencias a pagar indemnizaciones para reparar perjuicios causados.

El órgano afectado, dentro de los 30 días de recibida la comunicación del Director del Registro, deberá elevar los antecedentes del caso al Ministerio Público, que como defensor de la sociedad, del Estado y representante de éste, deberá iniciar las acciones de repetición correspondientes contra los funcionarios o ex funcionarios responsables, en un término de 60 días, necesario para preparar la demanda y obtener y recoger las pruebas.

El Ministerio Público, por resolución debidamente fundada podrá no iniciar la acción cuando considere que no ha existido culpa grave o dolo por parte del funcionario u otra circunstancia de gravedad que haga inútil la iniciación del trámite (Constitución de la República, artículo 25).

El no cumplimiento en los plazos previstos, hará pasible a el o los funcionarios responsables de la omisión, que no integren el Ministerio Público, de las faltas y sanciones previstas en el Libro IX, Título II del Texto Ordenado de las normas vigentes en materia de Funcionarios Públicos (TOFUP), pudiéndose llegar hasta la destitución.

También se establecen las responsabilidades de los funcionarios omisos del Poder Judicial (que no notifiquen en tiempo la sentencia) y del Ministerio Público.

Creemos que la creación de este registro y el procedimiento subsiguiente, serán útiles para que el Estado y en la última instancia, los habitantes del país, puedan resarcirse de los gastos que han debido realizar por la conducta dolosa o gravemente culposa de algunos de sus funcionarios o ex funcionarios.

Finalmente, en el artículo 7º, se aclara que lo establecido en esta ley no implica que no se deban iniciar las acciones correspondientes contra los funcionarios o ex funcionarios que hayan ocasionado daños y perjuicios al Estado o sus órganos, fuera de lo establecido por los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República, determinándose las sanciones pertinentes en caso de omisión.

En suma, el presente proyecto de ley procura -al reglamentar los artículos 24 y 25 de la Constitución- evitar que el erario público y los habitantes del País se ven afectados patrimonialmente por conductas o hechos realizados por funcionarios públicos, haciendo finalmente responsables a éstos del daño causado.

Carlos Julio Pereyra. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: el proyecto que sometemos a consideración del Senado refiere a cómo se aplica la responsabilidad del Estado frente a eventuales perjuicios que hubiera causado a terceros, lo cual está contenido en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República. Sobre este tema se han presentado dos posiciones: una sostiene que, en última y única instancia, es la Administración la que responde por los daños causados a terceros y, por tanto, es a la que corresponde la indemnización que los jueces pudieran establecer en los juicios que se lleven a cabo; la otra, traslada esa responsabilidad al funcionario causante del daño, si así determina la Justicia la existencia del daño.

El proyecto tiende, entonces, a aclarar el alcance -fundamentalmente del artículo 25 de la Constitución-, ya que el traslado a los funcionarios de la responsabilidad por el daño causado está establecido en forma opcional, lo que significa que una vez determinada la responsabilidad del Estado por parte de la Justicia, el Estado puede o no repetir la acción contra el o los funcionarios culpables del daño cometido, del que tiene que hacerse cargo a través de las indemnizaciones correspondientes ya sea el Estado o aquellos órganos del mismo en cuyo ámbito se hubiera causado el daño.

En nuestro país han existido las dos posiciones. La de trasladar la responsabilidad al funcionario está establecida en la Constitución de 1934, pero en la Constitución de 1951-1952 -en 1951 se elaboró y en 1952 empezó a regir- se eliminó la posibilidad de trasladar la responsabilidad al funcionario, quedando exclusivamente a cargo de la Administración el responder por el daño causado a terceros.

El artículo 24 de la Constitución de 1934 decía: "Será civilmente responsable cualquier funcionario que, en ejercicio de la función pública que le estuviere confiada, y con incumplimiento de los deberes que el cargo le impone, cause perjuicio a terceros". Y señala: "Responderán subsidiariamente, el Estado, los Municipios, los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, o el órgano público de que dependa el funcionario". En última instancia, pues -claramente-, se traslada la responsabilidad del Estado a los funcionarios. Son ellos quienes responden por el daño causado.

En el artículo 24 de la Constitución de 1952, sin embargo, se establece la responsabilidad del Estado y en el artículo 25 se consagra la opción de que el Estado puede repetir la acción contra el o los funcionarios que hubieren causado el daño.

El tema dio lugar a una discusión importante en el ámbito del Parlamento en oportunidad de la reforma constitucional de 1951, en torno a las dos posiciones: la de mantener la facultad preceptiva de que el Estado repita la acción contra el funcionario cuando pierde un juicio por daños causados a terceros, o la de modificar esto en el sentido de darle al Estado, no la obligación de repetir la acción, sino la opción para que pueda o no hacerlo.

Voy a citar algunas opiniones. En la discusión particular, el Legislador Horacio Terra Arocena decía: "No nos parece normal que el Estado pueda o no, después, repetir contra el funcionario que considera culpable. Debía ser, por lo menos, el juicio mismo el que dijera si hay o no lugar a la acción contra el funcionario". Es decir, cuando hubiera un juicio contra el Estado, en el mismo acto se debía establecer si había responsabilidad del funcionario o no, para que se hiciera efectiva la responsabilidad sobre él.

El Legislador Brena decía en el mismo sentido: "La sentencia deberá también determinar si existe mérito suficiente para iniciar la acción de reparación contra el funcionario". Evidentemente, no confía en la imparcialidad de la Administración y quiere que se establezca expresamente que el Estado tiene la obligación de repetir la acción contra el funcionario. El doctor Brena presentaba este proyecto para el artículo 25: "Las sentencias que declaren la responsabilidad de una persona de derecho público de las indicadas antes, deberán también dictaminar si existen méritos suficientes para iniciar la acción de reparación contra el funcionario, en cuyo caso será imperativa la promoción del juicio correspondiente".

El doctor Enrique Beltrán, entonces Diputado, frente a la modificación que se había presentado, dejando enteramente la responsabilidad a cargo de la Administración, decía: "Creemos que ha sido una desdichada modificación que puede sentar el privilegio y la injusticia." En mi concepto, la sustitución de la palabrita "deberá" por "podrá" significa decretar la inmunidad de los funcionarios. Y agregaba: "No me parece que sea correcto admitir el principio de que la Administración cubre siempre la responsabilidad del funcionario sin establecer al mismo tiempo en forma preceptiva la acción posterior de la Administración para el funcionario que no ha sabido cumplir con los deberes de su cargo."

Finalmente, al aprobarse el artículo en el Plenario, el mismo doctor Beltrán dejaba esta constancia: "El llamado sistema de la garantía administrativa, aquella en que la Administración entra a discriminar contra cuál de los funcionarios, aunque todos se encuentren en el mismo plano de responsabilidad, debe o no accionar: esto significa abrir las puertas al favoritismo y abrir las puertas a la injusticia. Y significa, sobre todo, hacer ilusoria la responsabilidad en los más altos jerarcas, porque no nos tenemos que engañar si pensamos que con esta disposición constitucional va a ser frecuente que los altos jerarcas de los servicios administrativos sean responsabilizados por sus actos, aunque ellos sean dolosos o aunque ellos hayan sido motivados con grave culpa funcional". Luego, agregaba: "Contra aquel sistema de la garantía administrativa reaccionaron, como una de las banderas más poderosas, los republicanos en Francia para instaurar sobre su modificación el sistema de la garantía jurisdiccional: que fuera la autoridad jurisdiccional la que dijera cuándo había que reclamar y cuándo no se debía reclamar contra el funcionario."

Es decir que estos Legisladores buscaban sacarla del ámbito de la Administración, para trasladar al funcionario la responsabilidad por el daño que eventualmente se hubiera causado a terceras personas.

Este mismo Legislador insistió mucho sobre este tema y, finalmente, firmó el proyecto de reforma constitucional, con salvedades por este artículo. De manera que aquí vemos la gravedad que se le asignaba a la disposición que hacía opcional repetir o no contra el funcionario la acción judi-cial.

Decía el doctor Beltrán: "La discrecionalidad administrativa es muy peligrosa en esta materia, como lo he hecho notar en alguna otra oportunidad. Considero que las normas legales deben establecer criterios generales e impersonales, pero que dejen, en lo posible, la menor zona a la discrecionalidad o al capricho administrativo.

No tenemos que olvidarnos que el Estado es un conjunto de órganos, pero que actúa por la voluntad de sus funcionarios, del soporte humano que lo constituye. Y la verdad de las cosas es que quienes transgreden las leyes, quienes violan las normas legales y quienes pueden cometer los atropellos son los elementos humanos que integran la voluntad del Estado. Quiero decir que tenemos que crearles el sentido de una responsabilidad detrás de cada uno de sus actos, y no dejarlos desperdigados, porque entonces creo que no vamos a defender los derechos del ciudadano en la forma en que debemos hacerlo."

Respecto a las Constituciones de 1934 y 1942, que establecían la base de la responsabilidad del funcionario, agregaba: "Era lógico ese artículo, tenía su sentido: establecer la responsabilidad funcional del funcionario, pero ahora establecemos la responsabilidad del Estado, y esta responsabilidad en la falta personal o en la falta de servicio."

Quienes no compartían esta posición planteaban el argumento de que, en los casos en que se debiera trasladar al funcionario la responsabilidad o determinar de quién era, bastaba con la acción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Frente a ello, el doctor Beltrán dice: "Debo advertir que no basta afirmar que el otro aspecto está encarado en el Capítulo de lo Contencioso Administrativo. En mi concepto, no llega a estar enteramente encarado, porque la parte de la responsabilidad pecuniaria del Estado por lesión de derechos está legislada en este artículo 24.

Creo que el error radica un poco en que no hemos advertido que hemos modificado el eje de la responsabilidad. Y entonces la redacción, que tenía sentido en la Constitución vigente," -es decir, en la de 1934- "lo pierde en esta Constitución". Por ello, dice: "Acompaño el reclamo de que se establece que preceptivamente el Estado, en el caso de dolo o culpa grave del funcionario, repetirá contra éste. Pero quiero hacer una tercera observación: a través de esta redacción creo que se corre el enorme peligro de sancionar la irresponsabilidad por actos legislativos del Estado.

En mi concepto, se modifica fundamentalmente el eje de la responsabilidad. La Constitución actual" -la de 1934- "legisla sobre responsabilidad del funcionario del Estado. Pero aquí no; aquí concretamos y estudiamos la responsabilidad del Estado". Pero dejamos la responsabilidad sin trasladarla al funcionario.

El tercer razonamiento que se hizo para evitar el carácter preceptivo de la reclamación, es que "La acción sería inocua, o puede ser a veces inocua. La verdad de las cosas es que no creo que pueda ser perjudicial para el Estado el que inicie acciones, aunque sólo tuvieran eficacia moral. En cambio, me parece que abrimos la puerta -como lo señalaba anteriormente y lo reitero ahora- al favoritismo y al privilegio, y eso me parece muy peligroso, sin perjuicio de que estimulamos, me parece a mí, la disminución del sentido de responsabilidad de este funcionario".

El argumento a favor de la modificación que eximiría al funcionario y posibilitaría que jugaran factores de favoritismo se quiso disimular diciendo que como se establecía en aquella Constitución el régimen colegiado y el Poder Ejecutivo a través de la integración de más de un Partido en este organismo central, existía el contralor necesario. Con la posición que defendemos se evitarían injusticias o favoritismo, como decía el doctor Beltrán, que podían darse cuando el Estado tiene la facultad y no la obligación de repetir la acción contra el funcionario culpado. Jugarían distintos elementos que, en los hechos, podrían evitar que el Estado hiciera efectiva esa responsabilidad contra el funcionario.

Sobre este argumento, el doctor Beltrán agrega: "La verdad de las cosas es que no creo que pueda ser perjudicial para el Estado el que inicie acciones, aunque sólo tuviera una eficacia moral. En cambio, me parece que abrimos la puerta, como lo señalaba anteriormente y lo vuelvo a señalar ahora, al favoritismo y al privilegio."

Otro argumento con respecto a esta opción que da el artículo 25, es decir, la de cambiar la palabrita "deberá" por "podrá", es el siguiente. Dice el doctor Beltrán: "Muy posiblemente el Estado, estableciendo el carácter preceptivo de la acción de repetición, tuviera que amontonar expedientes inútiles en los Juzgados; debo señalar que ese riesgo, si existe, lo único que indicaría es que es mucho más frecuente de lo que creemos el caso de funcionarios que actúan con violación de los deberes de su cargo, porque solamente el Estado actuaría contra el funcionario después de haber sido derrotado en un juicio frente al particular y, precisamente, entonces más a mi favor, está indicando la necesidad de llamar a responsabilidad al funcionario y de no dejar librado al capricho de la Administración, que puede ser injusta, el juego o la acción efectiva de la responsabilidad."

El Legislador Arturo Dubra también se plegaba a esta posición defendida por el doctor Beltrán, estableciendo que esta obligación de trasladar la responsabilidad al funcionario estaba entre los principios universalmente aceptados.

Finalmente, señor Presidente, quiero trasmitir la posición de una autoridad como la del doctor Justino Jiménez de Aréchaga. En la síntesis que hace sobre las distintas Constituciones que han regido en Uruguay hasta 1942, en la página 318 de la publicación que hizo el Senado de la República, dice: "Se consagra amplia y eficazmente el principio de que no hay Gobierno sin responsabilidad, de modo que la responsabilidad siga al ejercicio del poder tan natural e inexorablemente como sigue la sombra al cuerpo. Desde este punto de vista, las fórmulas de nuestra Constitución son bien variadas. Hay un conjunto" -esto es lo fundamental- "de resortes destinados a hacer efectiva la responsabilidad de todo individuo" -no sólo del Estado- que ejerza el poder público." Es decir, traslada la responsabilidad al individuo y no a la institución Estado.

Bien, señor Presidente, para que el Estado pueda tener la obligación de repetir contra el funcionario la acción, sería necesario reformar la Constitución. En una primera instancia uno piensa que debería ser así, pero hemos buscado un procedimiento que, sin llegar a modificar la Constitución, nos parece que es un camino para que, precisamente, no haya favoritismo o injusticia por parte del Estado para aplicar el artículo 25, o sea, para repetir contra el funcionario la acción cuando tiene que indemnizar por daños o perjuicios causados a terceros.

¿Cuál es ese camino? Una vez ejecutoriada la sentencia, trasladar todos los antecedentes al Ministerio Público y Fiscal. Por ser éste el defensor de la sociedad es, a nuestro juicio, el que debe determinar, en función de su opinión, si corresponde o no seguir el juicio contra el funcionario. Recordemos lo que dice el artículo 25 de la Constitución: "Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación". Si dejamos en manos del Ministerio Público y Fiscal analizar los resultados del juicio y éste determina que el Estado debe iniciar la acción de repetición, creemos que la sociedad estará defendida por quien la ley establece, que es ese Ministerio.

Por ello, el artículo 1º de nuestro proyecto establece esta intervención del Fiscal diciendo que las acciones de repetición a que hace referencia el artículo 25 de la Constitución de la República serán ejercidas por el Ministerio Público, el que deberá determinar si corresponde o no su iniciación conforme a lo establecido en la citada norma. Dejamos, entonces, en manos del Fiscal aconsejar o no repetir la acción contra el funcionario. No modificamos la Constitución, sino que damos la posibilidad de que el Fiscal in-tervenga. De esta manera evitaríamos lo que suele suceder cuando por distintas formas de favoritismo, por amistad, por vinculación política o por lo que fuere, el Estado en la mayor parte de las veces no repite la acción contra el funcionario. Entonces, reitero, para evitar esa situación que ya en 1951 temía el doctor Beltrán, pensamos que se debe reglamentar este artículo 25 de la Constitución, dejando en manos del Fiscal determinar si a su juicio corresponde o no iniciar la acción de repetición contra el funcionario.

Para que esto se cumpla, en el artículo 2º se establece que habrá un registro en el que se inscribirán, por una parte, todas las sentencias que condenen al Estado y, por otra, se anotará todo juicio iniciado contra funcionarios o ex funcionarios para repetir lo que se hubiere pagado o hubiere de pagar en reparación como consecuencia de las sentencias ejecutoriadas o las transacciones aprobadas judicialmente o extrajudiciales que hayan determinado el reconocimiento de la responsabilidad civil a que hace referencia el artículo 24 de la Constitución.

Por su parte, en el artículo 3º se establece la forma en que se debe cumplir esta disposición. Al respecto, se dice que toda sentencia que condene al Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados, en general, a todo órgano del Estado -como dice la Constitución en su artículo 24-, deberá ser notificada al Registro referido en el artículo 1º.

El artículo 4º establece los plazos para los procedimientos, señalando: "Dentro de los 30 días siguientes de configurada la obligatoriedad del pago por parte del Estado o cualquiera de los órganos mencionados en el artículo 24 de la Constitución, el órgano en el cual fuera o hubiese sido funcionario el causante del daño que motiva la indemnización, deberá remitir todos los antecedentes del caso al Ministerio Público a efectos de que éste inicie la acción de repetición contra dicho funcionario o ex funcionario, en caso de entenderse que ha obrado con culpa grave o dolo". Estas son las condicionantes que pone la Constitución en su artículo 25. También para el pronunciamiento del Ministerio Público y Fiscal se fija un plazo de 60 días.

Los artículos 5º y 6º refieren a la aplicación de sanciones para evitar que por negligencia o por otras razones que ya hemos explicitado, a pesar de la opinión del Fiscal, no se llevaren a cabo las medidas para repetir la acción contra el funcionario que hubiere causado el daño que en última instancia tiene que reparar el Estado. En última instancia, quien tiene que cargar con todos los costos de la reparación es la ciudadanía en general, la población del país.

El objetivo que perseguimos, en un país que frecuentemente aparece conmocionado por daños graves que sufre la sociedad debido a funcionarios que no actúan correctamente, que no cumplen eficazmente su función -incluyendo las condicionantes establecidas en la Constitución, es decir, falta grave o dolo-, es que el Estado, la sociedad, ponga la defensa de sus intereses, una vez condenado aquél, en manos del Ministerio Público y Fiscal para que dé su opinión en cuanto a si corresponde o no repetir la acción. Es decir que no obliga a repetir la acción, pero trasladamos la instancia a la opinión del Ministerio Público y Fiscal para garantizar a la población que habrá un punto de vista fundado -del defensor de la sociedad- para que aconseje o no la repetición de la acción contra el o los funcionarios culpables. Pensamos que hay que defender a la sociedad entera de estos perjuicios que terminan recayendo sobre ella y que muchas veces el Estado, reitero, por negligencia, por vinculaciones políticas, por el deseo de proteger a funcionarios o por la razón que fuere, deja de trasladar hacia el funcionario el daño que le causa a él o a la sociedad entera.

En resumen, pensamos que era conveniente reglamentar -como en otras oportunidades ha hecho el Poder Legislativo- los artículos 24 y 25 de la Constitución, para mayor seguridad de la ciudadanía, de la población del país.

Era lo que quería manifestar a título de explicación -si es que he podido hacerlo- sobre este proyecto de ley.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: quiero manifestar mi apoyo en general a este proyecto de ley. Me parece que para que su objetivo sea captado con más precisión, convendría primero describir lo que dicen los artículos 24 y 25 de la Constitución, puesto que se trata de una iniciativa que reglamenta ambas disposiciones. El artículo 24 dice que el Estado y todos sus órganos son responsables por los daños que causan a terceros en la ejecución de los servicios públicos confiados a su gestión o dirección. Quiere decir que la solución que ese artículo toma implica que cuando la actividad del Estado cause un daño a una persona, ésta, si va a demandar, tiene que hacerlo primero al órgano público o estatal y no a la persona física del funcionario que le causó directamente el daño. Esta es la solución del artículo 24 que, con toda prolijidad, ha explicado el señor Senador Pereyra. Aclaremos que cuando se habla de la ejecución de los servicios públicos, no se está haciendo referencia a éstos en sentido estricto sino a toda la actividad del Estado. Los servicios públicos constituyen uno de los tipos de cometidos que el Estado tiene, junto a los servicios sociales, las actividades esenciales, etcétera.

Efectivamente, el sistema del artículo 25 dice que cuando el Estado ha tenido que reparar, está facultado a repetir contra el funcionario lo que el Estado hubiera tenido que pagar en reparación. Además, dice que el Estado queda facultado para ello cuando el funcionario actuó con culpa grave o dolo.

Este es un tema que se ha discutido en el Derecho Comparado y existen muchas soluciones. Por un lado, está la de que las demandas tienen que ir contra el Estado, mientras que en otros países, como es el caso de México, se ha establecido que tienen que ir contra el funcionario, y sólo una vez que se haya probado que el funcionario es insolvente, entonces existe el derecho de ir contra aquél. Se trata de una solución opuesta. Por otra parte, está la solución -más o menos clásica- francesa, que dice que las demandas van contra el Estado o contra los funcionarios; si fue una culpa o falta personal, se va contra el funcionario, pero si fue una falta de servicio -en el lenguaje francés-, se va contra el Estado.

Ahora bien, ¿cuál es la crítica que se ha hecho, básicamente -como explicaba el señor Senador Pereyra-, a la solución de la Constitución uruguaya? Aclaro que en algunos países, como México, esto no es de nivel constitucional, sino que se encuentra contenido en los Códigos Civiles. Concretamente, lo que se ha dicho es que se acepta -está en la Constitución- que cuando el Estado cause un daño, la demanda sea contra él. Sin embargo, no es bueno que después el Estado tenga la opción de repetir o no, demandar o no, al funcionario realmente culpable, el resarcimiento de lo que el Estado tuvo que pagar a un tercero. Esta es la crítica básica.

Personalmente, declaro que mi propuesta es que la Constitución tendría que decir que en esos casos el Estado debe repetir, y no que podrá repetir, tal como lo establece actualmente.

Por lo que he estudiado, con todo el detenimiento que me ha sido posible, el proyecto pretende atenuar esa solución que está en la Constitución, y lo hace de una manera que, a mi juicio, es técnicamente impecable. Si en una ley reglamentaria del artículo 25 se dijera que cuando el Estado tiene que reparar, debe necesariamente repetir contra el funcionario, esa ley sería inconstitucional al cambiar la facultad por una obligación. No obstante, lo que el proyecto de ley establece -reitero que, a mi juicio, con una buena e ingeniosa técnica- es que sólo cuando hay razones debidamente fundadas, el Estado no reclama la repetición contra el funcionario. Me parece que esta es una buena, ingeniosa y, sobre todo, justa salida, porque no es justo que el Estado repare y no demande a un funcionario suyo que fue el que de verdad causó el daño.

En consecuencia, apoyo la iniciativa en líneas generales e, incluso, estoy dispuesto a votarla hoy mismo en general. Sin perjuicio de ello, me parece que sería bueno tomarnos un respiro cronológico para solucionar determinados problemas del texto vinculados con algunos puntos que voy a enumerar rápidamente, no cuestiones relacionadas con la necesidad de legislar y la manera como se ha resuelto sustancialmente el punto.

En primer lugar, la Constitución dice que el Estado puede repetir contra los funcionarios cuando estos actuaron con dolo o culpa grave. El proyecto de ley no intenta definir estos conceptos que, ciertamente, son básicos del Derecho pero presentan dificultades. Las definiciones de dolo importantes que conocemos, son sencillas. Por ejemplo, hay dolo cuando el resultado -en este caso fue un daño a un tercero- se ajusta a la intención. Esa es la definición que da tanto el artículo 18 del Código Penal -a los efectos penales- como los artículos 13, 19 y siguientes del Código Civil, que regula la responsabilidad extracontractual, es decir, el dolo civil por hechos ilícitos civiles, no por delitos. No creo que el dolo presente dificultades. Un ejemplo -que, aunque parezca exagerado, tiene por finalidad ser claro- puede ser el de un funcionario que, utilizando un tractor, rompe la casa de un vecino con la intención de causarle un daño.

En cuanto a la culpa grave, me parece que la ley debería tener una pauta, ya que ni el Código Civil ni el Código Penal la define. El Código Penal tiene una definición de culpa, que es realmente una obra maestra de Irureta Goyena. Recuerdo, más o menos, que dice que hay culpa cuando, con motivo de un hecho en sí mismo jurídicamente indiferente, se produce un resultado que, pudiendo ser previsto, no lo fue por impericia, imprudencia o violación de leyes o reglamentos. Está muy bien, pero esa es la definición de culpa. Lo cierto es que la Constitución habilita la reclamación contra el funcionario cuando es culpa grave, y el Código Civil no distingue la culpa grave de la culpa leve o no grave, ya que habla de culpa, dolo o negligencia. Por lo tanto, me parece que aquí habría que dar una definición.

SEÑOR PEREYRA.- ¿Me concede una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Comprendo las dificultades de interpretación que plantea el señor Senador Korzeniak. Por eso mismo, creo que no debe quedar librado a la Administración el determinar si se dan o no esas condicionantes. Me ha parecido el camino adecuado encargar de ello a quien defiende a la sociedad por mandato legal, que es el Ministerio Público y Fiscal. De manera que, a nuestro juicio, allí puede establecerse una garantía más, que es la opinión de quien ejerce la tutela de los derechos de la población.

Esa es la aclaración que quería realizar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Los dos primeros artículos van con esa intención. El hecho es que hay sanciones para los funcionarios, ya sean los de registro, como los fiscales, que a su vez no actúan dentro de los plazos y con las diligencias debidas. Sin embargo, en última instancia, a menos que, cuando le reclamen, el funcionario pague, esto termina en un Juzgado. Es el juez quien va a decir si hubo o no culpa grave, y creo que debe tener alguna pauta, algún criterio, sobre todo porque la Constitución introdujo un concepto de culpa grave que no está definido por ningún lado. Inclusive, quiero decir que cuando aquí votamos la ley sobre el polémico tema de la responsabilidad médica, ocasión en que manifestamos que quedaban excluidos los casos de dolo, olvidé que podríamos haber agregado la expresión "o culpa grave", con lo cual habríamos recogido una expresión que ya tiene asiento en la Constitución. Lo cierto es que habría que dar alguna pauta -que no es totalmente difícil-, tanto para el Fiscal, a los efectos de fundamentar que no reclama -porque sólo con un buen fundamento puede no reclamar-, como para el juez, en el caso de que tenga que fallar. Imaginemos la culpa grave en el Derecho Civil mediante el ejemplo de un accidente de automóvil que provoca un daño y la persona que va manejando no tiene la licencia de conducir. En ese caso hay culpa porque hay una violación del reglamento: para conducir se requiere la libreta en la mano, o en la cajuela. Pero puede ocurrir que la persona no tenga la licencia porque le dieron hora para renovarla dentro de veinte días. ¿Esto es culpa grave, leve o meramente negligencia? Creo que no sería difícil definir alguna pauta en ese sentido. Entiendo que la culpa grave debe tener un ingrediente del dolo, que es la intención de estar en falta pero sin que el resultado se ajuste a la intención, porque en ese caso estaríamos hablando directamente de dolo.

Por otra parte, cuando se habla de los funcionarios, creo que sería necesario aclarar -porque no están excluidos- que abarca a los funcionarios en sentido lato, desde el Presidente de la República hasta el portero. Esto es muy importante, porque la Constitución uruguaya habitualmente, cuando habla de "funcionarios", parece referirse a los empleados administrativos y de servicio pero no a los jerarcas, y creo que debe quedar claro -no tengo dudas de que la intención del proyecto es esta- que la ley incluye al Presidente y a los Legisladores. Incluso, probablemente la culpa grave o dolo más de una vez sea por decisiones de los jerarcas; a veces el daño es causado a partir de un servicio público mal ejecutado por un funcionario subordinado que no hizo más que cumplir una orden que le dio su jerarca, que puede ser un jefe o el propio Presidente de la República.

Ahora bien, debajo de esta apreciación que estoy haciendo hay otro problema jurídico mucho más difícil que también habría que resolver. Todos conocemos que los Legisladores -Senadores y Diputados- están amparados por una serie de fueros o privilegios. En general a los Legisladores no les gusta la palabra "privilegios", pero es el término clásico. Concretamente, tienen inmunidad de responsabilidad por votos y opiniones -artículo 112-, inmunidad de arresto -artículo 113- e inmunidad de procesamiento, según el artículo 114. Por lo tanto, para que esa inmunidad cese, debe existir un desafuero o un juicio político que los destituya, en cuyo caso quedan a disposición del juez. Los ministros, a su vez, gozan de los mismos fueros -tal como lo establece el artículo 178 de la Constitución- y para quitárselos hay que hacerles un juicio político. Igualmente, el Presidente de la República goza de los mismos fueros -es el artículo 172- y la única forma de hacerle un enjuiciamiento es también por la vía de un juicio político. Pero hay una discusión -que, más que no terminada, no está siquiera empezada, porque no hay publicaciones sistemáticas sobre el tema- en torno a si esos fueros sólo abarcan la responsabilidad penal o también se refieren a la responsabilidad civil. ¿Se puede demandar a un ministro civilmente o hay que hacerle un juicio político? Es un tema que la doctrina uruguaya ha abordado muy poco y que no está resuelto. Los jueces tienen sus grandes dudas, pero no les ha tocado habitualmente resolver al respecto.

Entonces, me parece que un proyecto que refiere básicamente a la responsabilidad del funcionario -porque la responsabilidad del Estado está en la Constitución- debe apuntar a evitar que el Estado haga de perdonavidas cuando hay hechos notorios que implican la necesidad de reclamarle a quien actuó con dolo o culpa grave el dinero que pagó el Estado.

En definitiva, creo que sería muy importante que quedara claro en el proyecto que se incluye a todos los funcionarios, desde el de menor jerarquía hasta el de máxima jerarquía. Y, en segundo lugar, en cuanto al tema de la responsabilidad civil, salvo en los casos de votos y opiniones -en los que me parece que la Constitución es tremendamente amplia y da una inmunidad eterna-, tengo mis grandes dudas de que haya necesidad de desafueros o juicios políticos para demandas de tipo civil. Es un tema, repito, en el que no hay jurisprudencia en Uruguay y la doctrina está en pañales todavía sobre el punto, por lo que sería una buena oportunidad para incluir algún artículo que resolviera la cuestión.

Por lo tanto, apoyo este proyecto de ley, más allá de que no tuve tiempo de consultarlo con mis compañeros de Bancada, y estaría dispuesto a votarlo en general hoy, pero entiendo que debería tener un par de precisiones en su texto, que de pronto podrían agregarse en la discusión particular.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- El proyecto de ley que está a consideración del Senado en la tarde de hoy, tiene que ver con una de las cuestiones más importantes del Derecho Público moderno, como es el tema de la responsabilidad del Estado y de los funcionarios. Este es un tema que ha motivado, diría que en los últimos diez años, intensos debates doctrinales y jurisprudenciales, que abarcan no sólo la cuestión de la responsabilidad sino también otro aspecto sobre el cual he presentado un proyecto de ley, que es el tema de la reparación. Esto fue objeto, incluso, de una revisión en la reforma constitucional de 1997, dado que allí se reformó el artículo 312 de la Constitución de la República. La iniciativa que oportunamente presenté está referida, justamente, a interpretar ese artículo 312, porque ha motivado algunas cavilaciones y dudas de nuestros tribunales.

Indudablemente, el proyecto de ley presentado por el señor Senador Pereyra tiene que ver específicamente con la responsabilidad civil de los funcionarios públicos, en especial con la repetición de lo que haya pagado eventualmente el Estado o cualquier órgano público contra sus funcionarios. Como ya lo aclarara el señor Senador Pereyra, a partir de la Constitución de 1952 se consagró un sistema en el cual se establece la responsabilidad directa del Estado y la responsabilidad subsidiaria a cargo de los funcionarios públicos. Quiere decir que frente a un evento dañoso, una situación que genera daños y perjuicios a terceros, en primer lugar responde el Estado y luego eventualmente, si ha habido dolo o culpa grave, puede repetir contra los funcionarios lo que haya pagado por concepto de reparación.

Una primera lectura de este proyecto de ley me causó algunas dudas de interpretación y, fundamentalmente, de adaptación del texto a la Constitución. Sin embargo, luego de haberlo leído más atentamente y de hacer un razonamiento más profundo, he llegado a la conclusión de que estamos frente a una iniciativa que interpreta el artículo 25 de la Constitución de la República. Dicha interpretación se hacía necesaria en esta materia, porque hasta la fecha sólo contábamos con un decreto del Poder Ejecutivo, dictado durante el Gobierno del doctor Lacalle, en el año 1990.

En este sentido, señor Presidente, pienso que ante la exposición que ha efectuado el señor Senador Pereyra -redactor del proyecto de ley-, es importante recordar cuáles son los sistemas de responsabilidad de los funcionarios públicos según el Derecho Comparado. A este respecto, en nuestra doctrina un único autor, el doctor Martín Risso Ferrand -Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Uruguay-, ha planteado la duda de si los particulares perjudicados, dañados, pueden demandar directamente a los funcionarios públicos. Sobre el particular, es necesario analizar el Derecho Comparado, porque nos va a iluminar a propósito de la resolución que el Senado debe adoptar en la tarde de hoy. Este proyecto de ley, que personalmente voy a aprobar, da un paso importante y trascendente, no sólo en relación con la transparencia de la gestión pública, sino también en lo que tiene que ver con un aspecto que cada vez es más fundamental, es decir, la responsabilidad civil del Estado y de sus funcionarios.

En ese mismo sentido, el Profesor brasileño Bandeira de Mello ha enseñado que el Estado, como persona jurídica, no tiene voluntad ni acción. Ambas categorías sólo son aplicables a los seres humanos. Quizás se pueda aplicar también la acción a los animales, pero no a las personas jurídicas. Existe, sin duda, una relación jurídica de imputación directa de la voluntad y de la acción de los agentes estatales al Estado, lo que equivale a decir que cuando el agente público quiera algo, aunque lo haya querido bien o mal, se lo imputa directamente al Estado. Por lo tanto, se considera que fue el Estado quien lo quiso.

Por su parte, el destacado Profesor francés De Laubadère, afirma que la distinción entre la responsabilidad de la Administración y la del funcionario reposa en diferenciar la falta de servicio de la falta personal. Esta noción fue elaborada por la jurisprudencia del Consejo de Estado francés. Respecto de quién debe reparar los daños causados, el destacado profesor galo señala que, teóricamente, pueden concebirse tres soluciones. La primera de ellas, es un sistema donde el funcionario, autor del hecho dañoso, es responsable con su patrimonio personal, lo que constituye la fórmula tradicional anglosajona, aplicada en Inglaterra hasta 1947 y en los Estados Unidos hasta 1946. Una segunda solución se pronuncia porque el Estado siempre es responsable de la acción de sus agentes o funcionarios, así como del funcionamiento de los servicios públicos, pudiendo ser admitida la acción de repetición de lo pagado por el Estado contra sus funcionarios. Lo esencial de esta fórmula es que la víctima siempre puede reclamar la reparación contra el Estado. En un tercer sistema la responsabilidad se imputa según los casos, sea al funcionario o a la persona pública, debiendo la víctima demandar a una u otra, según las condiciones en las cuales el daño ha sido provocado.

En nuestra doctrina, el doctor Daniel Hugo Martins, ante la pregunta de si la víctima no tiene derecho a demandar subsidiariamente al Estado en caso de que el funcionario sea insolvente, ha señalado que así surgieron en las Constituciones de la primera posguerra tres sistemas: uno, en el que el funcionario es directamente responsable ante la víctima y subsidiariamente responde el Estado o el órgano de que depende; un segundo, en el que el funcionario y el órgano estatal son solidariamente responsables; y un tercero, en el cual el Estado responde directamente ante la víctima y tiene derecho a repetir los pagos contra el funcionario culpable.

En el Derecho Comparado moderno nos encontramos con las siguientes soluciones. En Alemania, la Constitución Federal de 1949 consagra, mediante su artículo 34, la responsabilidad de principio del Estado, apartándose de la solución de la responsabilidad directa del funcionario que establecía la Constitución alemana de Weimar, de 1919. En Francia, para que un agente sea declarado civilmente responsable por un daño causado a un tercero o a la Administración, es necesario que haya cometido una falta personal, en el sentido que da a ese concepto la jurisprudencia del Tribunal de Conflictos, la del Consejo de Estado y la del Tribunal de Casación, que siguen la célebre fórmula de Laferrière: hay falta de servicio si el acto dañoso administrativo es impersonal y revela al administrador más o menos sujeto a error; la falta personal, por el contrario, es la que revela al hombre con sus debilidades, sus pasiones e imprudencias.

En España, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, de fecha 6 de noviembre de 1992, establece en su artículo 145 que para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que refiere el Capítulo I de este Título, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente, las indemnizaciones por daños y perjuicios causados por las autoridades y el personal a su servicio, pudiendo la Administración repetir lo pagado contra el funcionario siempre que medie dolo, culpa o negligencia grave.

En Italia, la Constitución de 1947 establece que los funcionarios y empleados del Estado y de los entes públicos serán directamente responsables, con arreglo a las leyes penales, civiles y administrativas, de los actos ejecutados violando Derecho. En tales casos, la responsabilidad civil se extiende al Estado y a los entes públicos.

En Portugal, el artículo 271 de la Constitución de 1976 establece que los funcionarios y agentes del Estado y de las demás entidades públicas son responsables civil, criminal y disciplinariamente por las acciones y omisiones practicadas en el ejercicio de sus funciones y por causa de ese ejercicio que resulte violación de los derechos o intereses legalmente protegidos de los ciudadanos, no dependiendo la acción o procedimiento en cualquier fase de autorización jerárquica.

La responsabilidad del funcionario queda eximida cuando actúe en el cumplimiento de órdenes o instrucciones emanadas de legítimo superior jerárquico y en materia de servicio, si previamente ha reclamado o exigido que las mismas se hayan transmitido o confirmado por escrito.

En Argentina, el artículo 1112 del Código Civil establece que los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son comprendidas en las disposiciones de este Título. Esta disposición ha sido interpretada tanto por los civilistas como por los administrativistas y se refiere únicamente a la responsabilidad directa de los funcionarios frente al Estado por el desempeño irregular de la función que les ha sido atribuida.

En la doctrina argentina, Bielsa enseña que mientras que el artículo 1109 del Código Civil contiene la regla general de la responsabilidad civil extracontractual, el artículo 1112 establece la regla especial para los agentes de la Administración, siendo elementos constitutivos de la responsabilidad de los funcionarios públicos el daño jurídico y la culpa.

En Brasil, la Constitución de 1988, con la enmienda constitucional Nº 19 de fecha 4 de junio de 1998, consagra en el artículo 37, ordinal 6º, que las personas jurídicas de Derecho Público y las de Derecho Privado, prestadoras de servicios públicos, responderán por daños que sus agentes en esa calidad causaren a terceros, asegurando el derecho de repetición contra el responsable en los casos de dolo o culpa.

En Chile, la Constitución de 1980, con las modificaciones de 1989 y 1991, prevé, en el inciso segundo del artículo 38, que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los Tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que hubiere causado el daño.

En Colombia, la Constitución de 1991 establece que la ley determinará la responsabilidad de los servicios públicos y la manera de hacerla efectiva.

En Paraguay, la Constitución de 1992 prescribe, en el artículo 106, que ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad. En los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de éste a repetir el pago de lo que llegase a abonar en tal concepto.

En Ecuador, la Constitución de 1998 establece, en su artículo 20, que las instituciones del Estado, sus delegatorias y concesionarios, estarán obligados a indemnizar a los particulares por perjuicios consecuencia de la prestación deficiente de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados en el desempeño de sus cargos. Las instituciones antes mencionadas tendrán derecho de repetición y harán efectiva la responsabilidad de los funcionarios o empleados que por dolo o culpa grave judicialmente declarada hayan causado los perjuicios. La responsabilidad penal de tales funcionarios y empleados será establecida por los jueces competentes.

Finalmente, en México, según el constitucionalista Tena Ramírez, la Constitución considera responsable de toda clase de delitos y faltas a los funcionarios públicos, incluyéndolos así en el principio de igualdad ante la ley, aclarando que la excepción a la regla de la responsabilidad es la de la impunidad de que disfrutan los Diputados y Senadores por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, de acuerdo con el artículo 61 de la Carta de dicho país.

Este es, señor Presidente, un panorama bastante exhaustivo del Derecho Comparado vigente en materia de responsabilidad civil de los funcionarios públicos. A su vez, vemos como, en general, los sistemas se inclinan por la responsabilidad civil directa del Estado y la subsidiaria a cargo de los funcionarios públicos, contra los que puede repetir aquél en los casos de dolo o culpa grave. Esa es la solución que está incluida en los artículos 24 y 25 de la Constitución uruguaya. En este sentido, cuando se aprobó la Carta de 1952, con la particular y habitual claridad con la que enseña Enrique Sayagués Laso en el "Tratado de Derecho Administrativo" al analizar estas disposiciones, nos dice que el texto constitucional es claro en cuanto a que la responsabilidad patrimonial frente a terceros recae sobre la Administración, no siendo posible accionar contra el funcionario. Además, expresa que fue la razón determinante de la reforma.

En idéntico sentido se pronuncia Martins al señalar que la primera premisa del nuevo régimen consiste en que los funcionarios no pueden ser responsabilizados por los particulares por los daños que causen en el desempeño de sus funciones administrativas.

Señor Presidente: el proyecto de ley que estamos analizando establece que las acciones de repetición a que hace referencia el artículo 25 de la Constitución de la República serán ejercidas por el Ministerio Público, el que deberá determinar si corresponde o no su indemnización, conforme a lo establecido en la citada norma.

En lo personal tengo, por lo menos, una duda que quisiera trasmitir al Cuerpo. Quien debe repetir es el órgano que pagó, es decir, el que ha debido abonar la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios. La Constitución de la República dice que el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos lo que hubiere pagado en reparación. Es indudable que el Ministerio Público no es el órgano que ha pagado la reparación, razón por la cual me ha asaltado la duda -legítima, por otra parte- en cuanto a si con esta disposición, el artículo 1º del proyecto de ley, no se está violando el artículo 25 de la Constitución de la República.

SEÑOR PEREYRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CORREA FREITAS.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- En primer término, debo señalar lo ilustrativa que ha sido la exposición del señor Senador Correa Freitas porque, además, es un constitucionalista destacado y, frente a su idoneidad, a mí, que soy un lego en la materia, realmente me resulta difícil interrumpirlo.

El señor Senador señala que el órgano público es el que podrá repetir la acción y que, por lo tanto, el protagonista sería el que inicia la acción. En mi exposición señalé -y creo que es de conocimiento de todos- que muy pocas veces se repite la acción porque, de pronto, hay negligencia de las jerarquías administrativas. Quiero aclarar que no digo debe porque, precisamente, la diferencia está entre el "deberá" y el "podrá".

Por ello, creemos que el órgano público de pronto no tiene el celo necesario para llevar a cabo la acción. Entonces, ¿a quién perjudica la sentencia? A la población; es decir, al Estado, porque en realidad el Estado somos todos nosotros y entonces, repito, se está perjudicando a la población, que es la que va a aportar los fondos necesarios para el pago de la indemnización.

La sociedad tiene un defensor, que es el Ministerio Público y Fiscal, según lo determina su ley de creación. Por ello creemos que, en este caso, quien va a poner mayor celo es quien legalmente es el defensor de la sociedad, que es la que va a resultar perjudicada, en última instancia, por aquellas sentencias adversas al Estado.

Quería hacer esta referencia porque me parece que justifica al artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Agradezco al señor Senador Pereyra las aclaraciones que ha hecho en cuanto a esta duda que tengo sobre la constitucionalidad del artículo 1º del proyecto de ley que estamos considerando.

Creo que, quizás, se podría solucionar el tema, ya que tenemos el mejor ánimo de contribuir para que este proyecto se apruebe. Tenemos toda la intención de colaborar con esta propuesta que, además de muy interesante e importante, nos parece trascendente en cuanto tiene que ver con la transparencia y la ética en el ejercicio de la función pública.

En tal sentido, creo que quizá habría que modificar el artículo 1º y agregar que la acción será ejercida por el órgano público correspondiente con el Ministerio Público o, pensándolo de otra manera, se podría decir que el Ministerio Público intimará o exigirá al órgano público correspondiente la iniciación de la acción.

Tendríamos que ver en qué forma se podría redactar esta disposición pues, insisto, no está en mi ánimo entorpecer su aprobación; pero creo que habría que salvar una posible acción de inconstitucionalidad por parte de quienes eventualmente se vean perjudicados o sometidos a una acción de repetición por el Ministerio Público en base a esta ley, porque perfectamente el abogado de la parte demandada -es decir, del funcionario- puede plantear una cuestión de legitimación o un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, dado que el texto constitucional, que en este caso es el artículo 25, nos parece muy claro en esta materia.

Esta es una de las dudas que posteriormente en la discusión particular podremos aclarar. Reitero que tenemos el mejor ánimo como para que esta disposición sea aprobada siguiendo los lineamientos del texto constitucional.

Otra duda que me asalta desde el momento en que estudié y leí el proyecto de ley, tiene relación con el inciso segundo del artículo 1º del proyecto de ley, que dice: "Sólo por resolución debidamente fundada, el Ministerio Público podrá resolver la no iniciación de la acción". En lo que me es personal, me genera una duda, que es la siguiente. Partimos de la base de que el texto constitucional establece que la acción de repetición contra el funcionario solamente se puede ...

SEÑOR PRESIDENTE.- Perdón, señor Senador, pero ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el tiempo del que dispone.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 23. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Agradezco al Cuerpo que me haya concedido más tiempo.

Como había dicho anteriormente, de acuerdo con el texto constitucional, la acción de repetición contra el funcionario solamente cabe en aquellos casos en que ha habido dolo o culpa grave. Creo que acá, en el proyecto de ley, se invierte lo que dice el texto constitucional. Digo esto porque creo que lo primero que tiene que determinar -admito que puede ser el Ministerio Público- el Ministerio Público, es si hubo o no dolo o culpa grave. Entonces, a mi juicio, no es posible decir -y ahí es donde tengo la duda- que en todo caso el Ministerio Público debe iniciar la acción y sólo por resolución fundada podrá resolver su no iniciación. Quizás sea un tema de redacción o, simplemente, de demasiado apego al texto constitucional, pero es mi tarea, mi responsabilidad y, por lo tanto, mi deber plantearlo al Senado.

SEÑOR PEREYRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CORREA FREITAS.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Creo que está claro en el artículo 1º cuál es la función del Fiscal, porque dice que las acciones de repetición a que hace referencia el artículo 25 serán ejercidas por el Ministerio Público el que deberá determinar si corresponde o no su iniciación. De modo que es el Ministerio Público el que deberá determinar si corresponde o no la iniciación.

En cuanto a la fundamentación, evidentemente, tendrá que hacerlo a favor o en contra y, precisamente, pretendemos que su opinión esté debidamente fundada. Es obvio que así será. De pronto puede parecer redundante pero, de cualquier manera, la intención es que el Ministerio Público y Fiscal determine, y en este caso aconseje, la iniciación de la acción de repetición. Esa fue nuestra intención; tal vez no lo planteamos claramente, aunque me parece que sí.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Agradezco al señor Senador Pereyra la aclaración que ha realizado, pero creo que quizás habría que perfeccionar el texto del artículo 1º para evitar este tipo de dudas que, honestamente, se nos ha planteado.

En lo que refiere al contenido del proyecto de ley, quiero decir que estoy de acuerdo y me parece una buena solución legislativa. Creo que, con las aclaraciones, correcciones y, fundamentalmente, con la adaptación del texto a la Constitución de la República, podemos aprobar este proyecto de ley porque, sin ninguna duda, estaremos dando un paso de real trascendencia en lo que es el tema general de la responsabilidad del Estado y, en particular, la de los funcionarios públicos.

Muchas gracias.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: creo que del prolijo estudio que ha hecho el señor Senador Correa Freitas sobre el Derecho comparado en la materia, resulta que en la mayoría de los países se traslada la acción al funcionario; es responsable el Estado pero, subsidiariamente, debe responder el funcionario. Me parece que sucede así en la mayoría de los países que citó el señor Senador.

Si me permiten, quiero indicar que en nuestro país, en materia municipal, ya existe una disposición de ese tipo. Me refiero al artículo 73 de la Ley Orgánica Municipal, la Nº 9.515, que expresa: "Los Tribunales Administrativos o los Judiciales, en caso de condenación del Municipio, harán declaración expresa sobre si hubo culpa grave que sea imputable a los miembros de las autoridades departamentales.

Estos serán pasibles ante el Estado de la responsabilidad civil consiguiente".

De manera que ya existe un antecedente viejo en la materia, por lo cual no estamos innovando mucho sino, simplemente, procurando que se traslade al funcionario la responsabilidad por los daños causados al Estado y que, reitero, en última instancia va a pagar la sociedad.

No sé si hay oradores inscritos para hacer uso de la palabra, pero los que ya lo han hecho, eminentes constitucionalistas, entienden que en general la solución puede ser votada, naturalmente, con las correcciones que se introduzcan en la discusión particular. Por tanto, creo que estamos en condiciones de votar en general el proyecto de ley y otorgarle a la Comisión de Constitución y Legislación un plazo breve para que plantee en el articulado las modificaciones que entienda necesarias. De esa manera, considero que podríamos solucionar las dudas que tienen los señores Senadores Korzeniak y Correa Freitas, lo cual, por tratarse de especialistas, es sumamente respetable y seguramente, tendremos el privilegio de contar con su asesoramiento técnico.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa consulta al señor Senador Pereyra si lo que propone es votar en general el proyecto de ley.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: no podemos ignorar que estamos casi al final del período; queda poco más de un mes para su finalización. En consecuencia, solicito que ahora se vote en general el proyecto de ley y que la Comisión de Constitución y Legislación, la próxima semana, eleve al Cuerpo las correcciones correspondientes.

Mociono en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

A continuación, corresponde votar la moción del señor Senador Pereyra en el sentido de que el proyecto de ley pase a la Comisión de Constitución y Legislación y en una semana ésta eleve al Cuerpo el informe respectivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

22) ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL PARA LA PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES

SEÑOR HERRERA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HERRERA.- Señor Presidente: solicito que se distribuya en forma urgente la carpeta correspondiente al Acuerdo entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República de Israel para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y su Protocolo, suscritos en Jerusalén el 30 de marzo de 1998. Este Acuerdo ha sido tratado en la Comisión de Asuntos Internacionales, fue elevado al Senado y regresó nuevamente a dicha Comisión.

Creo que sería bueno rescatarlo y que se distribuya, tal como he indicado, en forma urgente a efectos de que sea tratado por este Cuerpo. Formulo moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

23) FONDO DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: en nombre de la Bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, hemos hecho llegar a la Mesa una moción para que sea considerado en el día de hoy, con carácter de urgente, el proyecto de ley relativo a la Administración de Activos Financieros, tal como figura en la carpeta del distribuido correspondiente. Nosotros lo enviamos a la Secretaría titulándolo "Anteproyecto de ley de Creación de un Fondo de Administración de Activos Financieros", para administrar fideicomisos financieros.

La razón de la urgencia radica en que, como es de público conocimiento, el Banco Central del Uruguay está en vías de adoptar resoluciones administrativas que, de consagrarse, transferirían la cobranza de los créditos de los ex Bancos Montevideo, Comercial y La Caja Obrera a una empresa particular, en las condiciones que todos saben. Pudimos hacer pública esta situación hace más de una semana; rápidamente se procesó la adjudicación, al menos en principio, aunque ignoramos si se ha avanzado más. Por ese motivo, tenemos urgencia para que, antes de materializarse cualquier tipo de contrato que genere obligaciones para el Estado, se considere y apruebe -si es que hay votos suficientes para ello- este proyecto de ley de Creación de un Fondo de Administración de Activos Financieros.

En breve síntesis, se trata de salvar los créditos que tiene el Estado y de lograr que los acreedores de esos fondos -que son los depositantes- recuperen los activos. También se pretende crear un Directorio especial en el que estén representados por un lado el Estado -por un Directorio integrado por tres miembros; uno por el Banco Central del Uruguay, otro por el Banco de la República Oriental del Uruguay y otro por el Poder Ejecutivo- y, por otro, una terna propuesta por organizaciones representativas de los ahorristas acreedores de las instituciones financieras en liquidación. Creo que esta idea no sólo es compartida por el conjunto de los representantes del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, sino también por un grupo de organizaciones entre las cuales podemos mencionar a las pequeñas y medianas empresas, la Federación de Cooperativas de Producción, CUDECOOP, AEBU, la Comisión Nacional de Fomento Rural y la Asociación de Cultivadores de Arroz. Seguramente, me estoy olvidando de algunas organizaciones.

Lo importante es resaltar que esta situación está afectando en forma muy grave la posible administración de los fondos. A título de ejemplo, deseo indicar que, desde el momento en que pusimos en conocimiento público que esos fondos iban a ser adjudicados y dijimos que la comisión que había presentado uno de los ofertantes se ubicaba en el 22%, en tanto otro había ofrecido un 19,85%, la adjudicación bajó al 13,75%. Ello indica que el manejo de las cifras de las comisiones puede tener un costo para el Estado; nosotros manejamos una cifra estimativa de los créditos que se ubica entre U$S 600:000.000 y U$S 650:000.000.

De manera que está planteada la urgencia y es menester que se adopte una resolución en tal sentido a efectos de determinar si esto lo va a gestionar un fideicomiso de estas características o si lo va a administrar una empresa particular que cobrará comisiones por esa tarea.

SEÑOR PRESIDENTE.- La moción no tiene discusión, pero considero pertinente informar al Senado que el señor Ministro de Economía y Finanzas ha comunicado que en el día de mañana concurrirá a la Comisión de Hacienda a tratar otro proyecto de ley. Sin embargo, vendría acompañado por el señor Presidente del Banco Central del Uruguay a los efectos de considerar este proyecto de ley y dar los puntos de vista del Poder Ejecutivo, si es que el Senado no lo aprueba hoy.

Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 18 en 28. Afirmativa.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: me parece extremadamente importante que el Senado considere este proyecto de ley. En realidad, planteamos este tema en la interpelación que hicimos al señor Ministro Alfie en el mes de febrero en el marco de la Comisión Permanente. Creímos que había una ingeniería económica y financiera que permitía abordar el tema del endeudamiento, en particular de las carteras que estaban en los fondos de liquidación de los Bancos Comercial, Montevideo y Caja Obrera. Pensamos que era conveniente que esto fuera considerado en conjunto con las carteras que estaban siendo objeto de fideicomiso en el Banco de la República. Existían importantes cruzamientos con las Categorías 4 y 5 de dicho Banco, estén o no en su fideicomiso, lo que permitía buscar una salida de fondo, considerando caso a caso, en este marco y en esta ingeniería financiera. De esta forma se trataría con profundidad el tema del endeudamiento y no se tendría a la gente en una especie de zozobra permanente que puede diferirse en algunos meses pero que no terminaría nunca de ser considerada. Entiendo que mucho menos podría tener salida esta situación por la vía de tercerizar la gestión de los fondos de estas carteras.

En definitiva, estimo absolutamente oportuno que el Senado considere un tema de altísima sensibilidad que ocupa a muchos uruguayos para luego encarar la aprobación de este proyecto de ley para el que supongo debe haber mayoría parlamentaria.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: hemos votado afirmativamente la moción de urgencia a los efectos de habilitar la discusión de un proyecto de ley sobre un tema extremadamente complejo que entendemos merece la atención del Senado.

SEÑOR HERRERA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HERRERA.- Señor Presidente: no he votado la urgencia en función de la información que brindó el señor Presidente de Cuerpo. Me parece que es un tema estrictamente financiero, tal como refleja el texto que ha llegado a nuestra mesa en el día de hoy. Además, figura en el Orden del Día de la Comisión de Hacienda y como no fue tratado, el señor Ministro de Economía y Finanzas dará su punto de vista en el día de mañana. Considero insoslayable, previo a tomar cualquier decisión, escuchar su opinión.

En definitiva, no he dado mi voto afirmativo, ya no porque el tema no sea trascendente y pudiera ameritar ser considerado de forma urgente, sino porque en el día de mañana concurrirá el señor Ministro a la Comisión de Hacienda. Luego, sí podríamos estar en condiciones de discutir e informar al Senado sobre un asunto que debido a su trascendencia y complejidad requiere un estudio mayor al que le podríamos dar en forma apresurada en la tarde de hoy.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: he votado negativamente por similares razones a las expresadas por el señor Senador Herrera. Además, acoto que la Comisión de Hacienda ya recibió a las asociaciones proponentes. Entonces, más allá o más acá de la felicidad o no de las gestiones anteriores de cobro, sabiendo que este es un asunto que ha estado desde el primer día dentro de las obligaciones que el país tiene asumidas, tanto en forma interna con los ahorris-tas, como externas, considero que aunque el señor Ministro no hubiese pedido ser oído, igual habría que escucharlo.

Estas son las razones por las cuales he votado negativamente, pero las mayorías mandan.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el proyecto de ley cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se crea el Fondo de Administración de Activos Financieros. (Carp. Nº 1446/04 - Distribuido. Nº 2825/04)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1446/04

Dist. 2825/04

PROYECTO DE LEY DE CREACION DE UN FONDO DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS, PARA ADMINISTRAR FIDEICOMISOS FINANCIEROS

Artículo 1º.- Créase el Fondo de Administración de Activos Financieros, como persona jurídica de derecho público no estatal, que tendrá como cometido actuar como fiduciario en todos los fideicomisos constituidos y a constituirse por entidades bancarias oficiales o por el Banco Central del Uruguay, actuando en su carácter de liquidador de instituciones financieras privadas.

Artículo 2º.- El Fondo tendrá su domicilio legal en la ciudad de Montevideo.

Artículo 3º.- El Fondo será administrado por un Directorio de tres miembros: uno, que lo presidirá, designado por el Banco Central del Uruguay, otro, designado por el Banco de la República Oriental del Uruguay, que actuará como Secretario, y el tercero, designado por el Poder Ejecutivo, de una terna de nombres propuesta por las organizaciones representativas de los ahorristas acreedores de las instituciones financieras en liquidación.

Artículo 4º.- Los miembros del Directorio durarán en sus cargos cinco años, y podrán ser removidos en cualquier momento por los organismos facultados para su designación. Transcurridos los cinco años de gestión, podrán ser reelectos en sus cargos por única vez.

Artículo 5º.- Serán competencias del Directorio:

a) Ejercer la dirección, administración y control del Fondo de Administración.

b) Proyectar el presupuesto y elevarlo al Poder Ejecutivo para su aprobación.

c) Contratar, promover, trasladar, sancionar y despedir a los empleados de su dependencia.

d) Establecer la organización administrativa del Fondo, determinar las atribuciones de sus dependencias y, en general, dictar los reglamentos, disposiciones y resoluciones necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

e) Disponer la apertura o clausura de agencias en el interior y en la capital de la República, designando los agentes y contratando los servicios necesarios.

f) Celebrar, en calidad de fiduciario, contratos de fideicomiso con el Banco de la República Oriental del Uruguay, o con el Banco Central del Uruguay, en su condición de liquidador de instituciones privadas de intermediación financiera.

g) Establecer políticas de recuperación de carteras, de administración y de venta de activos de acuerdo al contrato de fideicomiso pertinente, y de rescate de certificados de participación.

h) Celebrar los contratos de compraventa, arrendamiento, mandato y todos aquellos necesarios para su funcionamiento.

i) En general, todas aquellas atribuciones necesarias para el cumplimiento de sus cometidos.

Artículo 6º.- La representación del Fondo, tanto en juicio como fuera de él, corresponderá al Presidente y Secretario del Directorio actuando conjuntamente, quienes podrán otorgar los mandatos para la representación del instituto.

Artículo 7º.- Toda resolución violatoria de la Constitución, leyes o reglamentos, importará la responsabilidad personal y solidaria de los miembros del Directorio.

Quedan exentos de esta responsabilidad:

a) Quienes hubieran hecho constar en el acta el voto negativo y su fundamento.

b) Los ausentes de la reunión en que se adoptó la resolución ilegítima, siempre que, en la primera sesión ordinaria posterior, a la que asisten, formulen la constancia prevista en el literal anterior.

En el caso de voto negativo por razones de legitimidad, quedará en suspenso la resolución y dentro de los dos días hábiles siguientes a la sesión en que se aprobó el acta. El Secretario del Directorio, sin necesidad de previa resolución, elevará al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas, testimonio del acta respectiva y de los antecedentes que existieren. Si dicho Poder no se expidiera dentro de los sesenta días siguientes a la recepción del acta, la resolución del Directorio quedará firme y se cumplirá sin más trámite.

Artículo 8º.- El Banco Central del Uruguay, como liquidador, deberá constituir fideicomiso de administración de los bienes, derechos y acciones de las instituciones liquidadas a que refieren los artículos 18, 25, 38 y 39 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002, existentes a la fecha de promulgación de la presente ley, con el Fondo de Administración de Activos Financieros a que refiere el artículo 1º de esta ley.

Los créditos contra las instituciones liquidadas se transformarán en certificados de participación en el patrimonio objeto de fideicomiso, a prorrata de su valor en el conjunto del pasivo, a la fecha de suscripción del contrato de fideicomiso.

Artículo 9º.- El Banco de la República Oriental del Uruguay podrá constituir fideicomiso de administración de sus créditos, derechos y acciones con el Fondo de Administración de Activos Financieros.

Artículo 10.- Los fideicomisos a constituir por el Banco de la República Oriental del Uruguay, así como los constituidos a la fecha de promulgación de la presente ley, pasarán a ser administrados por el Fondo de Administración de Activos Financieros que por esta ley se crea.

En el caso de los Fondos de Recuperación del Patrimonio bancario de los ex - Bancos Comercial, Montevideo - Caja Obrera y de Crédito, el Banco Central del Uruguay deberá constituir los respectivos fideicomisos a favor del Fondo. En ambos casos, deberán transferirle la totalidad del patrimonio en fideicomiso, incluso los activos líquidos disponibles.

Artículo 11.- El Fondo deberá mantener contabilidad separada de los distintos patrimonios administrados, y de su propio patrimonio: elaborar y presentar estados contables ante los organismos de control, y en general, administrar con la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios.

Sin perjuicio de la independencia de los patrimonios recibidos en los diferentes fideicomisos, el Fondo procurará el tratamiento unitario del pasivo de un mismo deudor o grupo económico, cuando se trate de empresas agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, con la finalidad de facilitar la recuperación o reconversión productiva y el mantenimiento de las fuentes de empleo.

Artículo 12.- Los manuales de recuperación de activos que se instrumenten por el Fondo de Administración de Activos Financieros, se ajustarán a las previsiones del respectivo contrato de fideicomiso, y serán aprobados por la unanimidad del Directorio con la conformidad del Comité de Sindicatura.

Artículo 13.- El contrato de fideicomiso podrá autorizar al Directorio del Fondo a reducir la tasa de interés pactada en los documentos suscritos con anterioridad al 19 de junio de 2002, por los deudores comprendidos en el mismo, fijándola inferior, en todos los casos, a la tasa de interés más baja de las tasas por operaciones bancarias activas, a la fecha de constitución del respectivo fideicomiso.

Cuando se tratara de empresas agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, se requerirá estudio previo de su viabilidad económica.

Artículo 14.- Asimismo, el contrato, de fideicomiso podrá autorizar al Directorio del Fondo, por unanimidad de los integrantes, para que, previo informe preceptivo del Comité de Sindicatura, acuerde, con los deudores comprendidos en el mismo, quitas y esperas.

Cuando se tratare de empresas mencionadas en el inciso 2º del artículo anterior, esta potestad se habilita cuando la situación patrimonial y viabilidad económica de la empresa, asegure el cumplimiento del respectivo convenio, en atención al carácter social, o a la importancia para el país de la actividad que desarrolla.

Artículo 15.- La gestión y administración del Fondo serán controladas por un Comité de Sindicatura de cuatro miembros, designado por el Poder Ejecutivo, cuya intervención será preceptiva en caso de disponerse la enajenación o cesión de los bienes, derechos o acciones dados en fideicomiso.

Si el Comité de Sindicatura formulara observaciones, el acto de cesión o enajenación sólo será válido si fuere aprobado por la unanimidad de integrantes del Directorio.

La designación deberá recaer en personas de reconocida idoneidad propuestas respectivamente por AEBU, las gremiales más representativas de la agropecuaria, las de la industria y el comercio, y de las pequeñas y medianas empresas.

Artículo 16.- Por cada fideicomiso habrá un Comité de Auditoría contable de tres miembros, designado por el Poder Ejecutivo, que tendrá a su cargo el control de la gestión de los fideicomisos cometidos al Fondo. Sus miembros serán designados, uno, a propuesta de la Auditoría Interna de la Nación, otro, a propuesta de los deudores de los derechos transmitidos en fideicomiso, y el tercero a propuesta de los tenedores de certificados de participación, o en su caso, del fideicomitente. El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento de designación, que recaerá en personas de notoria idoneidad, quienes permanecerán en sus cargos por el tiempo y en las mismas condiciones que los miembros del Directorio.

El Comité de Auditoría informará anualmente al fideicomitente, a cuyos efectos el Fondo deberá facilitar amplia información sobre la contabilidad del patrimonio fideicometido, y mantener actualizados los inventarios y estados contables de los respectivos patrimonios en fideicomiso.

Artículo 17.- Las remuneraciones de los Directores serán fijadas por el Poder Ejecutivo y tendrá como referencia máxima las retribuciones de los directores de los bancos oficiales.

Las remuneraciones de los integrantes del Comité de Sindicatura y del Comité de Auditoría serán fijadas por el Poder Ejecutivo y guardará una razonable proporcionalidad con las retribuciones de los Directores.

Artículo 18.- La relación de trabajo de los empleados del Fondo se regirá por el Derecho Laboral. En todas las reclamaciones que se originen por los conflictos individuales emergentes de la relación laboral entre el Fondo y los empleados serán competentes la Justicia del Trabajo.

Los empleados del Fondo quedarán amparadas por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, en relación a su afiliación, y en general, a todos los efectos de la seguridad social.

Artículo 19.- Los importes que se recuperen por la administración de los activos serán distribuidos de la siguiente forma:

a) Se aplicará hasta un máximo del 10% (diez por ciento) de lo recuperado, según lo establecido en el contrato de fideicomiso, como recursos del Fondo de Administración, a los efectos de atender sus gastos de funcionamiento y las remuneraciones de su personal; y

b) El saldo será entregado semestralmente al fideicomitente o, en su caso, será distribuido entre los tenedores de títulos de participación del respectivo fideicomiso.

Artículo 20.- A los efectos impositivos los fideicomisos constituidos con activos provenientes de los Fondos de Recuperación de Patrimonio Bancario estarán exonera-

dos de los impuestos a los activos a las empresas bancarias y el impuesto del contralor del sistema financiero, sin perjuicio de las exoneraciones previstas en el artículo 43 de la Ley Nº 17.703, de 27 de octubre de 2003.

Artículo 21.- El Fondo tendrá todas las facultades de administración otorgadas al Banco Central del Uruguay por los artículos 15 y 18 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002.

Artículo 22.- Contra las resoluciones del Directorio procederá el recurso de revocación, que deberá interponerse dentro de los diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación al interesado. El recurso no procederá en caso de actos de administración o disposición del patrimonio fideicometido.

Una vez interpuesto el recurso el Directorio dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver el asunto y se configurará denegatoria ficta por la sola circunstancia de no dictarse resolución dentro de dicho plazo.

Denegado el recurso de revocación el recurrente podrá interponer únicamente por razones de juridicidad, demanda de anulación del acto impugnado ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil que por turno corresponda.

La interposición de esta demanda deberá hacerse dentro del término de veinte días de notificada la denegatoria expresa o, en su defecto, del momento en que se configure la denegatoria ficta. La demanda de anulación sólo podrá ser interpuesta por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto impugnado. La sentencia del Tribunal no admitirá recurso alguno.

Artículo 23.- Derógase toda disposición legal que se oponga directa o indirectamente a lo establecido en esta ley.

Alberto Couriel, Alberto Cid, Marina Arismendi, Edgardo Carvalho, Eleuterio Fernández Huidobro, Reinaldo Gargano, José Korzeniak, José Mujica, Manuel Núñez, Enrique Rubio, Mónica Xavier. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I) Objetivos:

Desarrollo del interés general

 

Los uruguayos hemos vivido los últimos años bajo las llamadas políticas de estabilización, que han ubicado al mercado en el centro del funcionamiento de nuestra sociedad. A través del manejo del tipo de cambio, lo que se ha denominado "atraso cambiario", se logró un abatimiento de la inflación que, junto a la rebaja indiscriminada de aranceles, favoreció el ingreso masivo de productos importados. El ingreso masivo de productos importados como la pérdida de competitividad de los sectores exportadores, nos llevó al déficit crónico de la balanza comercial, al desempleo y al endeudamiento externo astronómico del país, obligando a los sectores productivos a soportar la competencia desleal sin las necesarias responsabilidades y controles cuya consecuencia ha sido privilegiar la especulación financiera.

Esta política económica implantada desde la década atrás con largos períodos de atraso cambiario, junto con las tasas de interés locales muy superiores a las internacionales (hoy en USA es el 1%), se han constituido en los factores fundamentales para el sobreendeudamiento y han originado una transferencia permanente de recursos desde el sector productivo hacia el sistema financiero y los grandes importadores, en detrimento de los sectores de la producción y del trabajo.

Aquellos que se la "jugaron" invirtiendo para salir al exterior o enfrentar a los "productos importados", hoy conforman uno de los fenómenos más expresivos de la crisis socioeconómica, un universo heterogéneo de deudores de cuya conducta y posibilidades de rehabilitación productiva depende en gran parte el futuro desarrollo del país. Quienes se han endeudado para producir y generar riqueza, para fomentar el trabajo y la dignificación de las condiciones de vida de los uruguayos, quienes se han endeudado para satisfacer las necesidades más elementales de la condición humana, trabajadores y familias de la producción, hoy no sólo exigen del sistema político soluciones, sino que ofrecen propuestas para resolver esta lamentable situación.

Por lo tanto, el tratamiento de la misma no puede quedar librado a la discrecionalidad del gobierno, sino que debe contemplar la más absoluta transparencia, el cabal conocimiento y la participación efectiva de todos los uruguayos. El no resolver esta cuestión en forma democrática y en base al interés general, estrecha en grado sumo las posibilidades de reactivación productiva y generación de empleo.

Se trata de articular una propuesta que además del interés específico del Sector Financiero del Uruguay integre en forma compatible el interés del país en lo que refiere a la preservación de los Sectores Productivos, Industriales, del Comercio y Servicios, sobre todo aquellos con más impacto en el empleo y la generación de riqueza, como es expresado en el Art. 50 de la Constitución de la República.

Debe quedar bien claro que encontrar soluciones globales al tema, no significa que se pretende un igual tratamiento para todos los deudores, ya que con ello se estaría profundizando una situación de injusticia que se ha venido procesando a lo largo del tiempo, como consecuencia del manejo político del tema. Existen tres franjas de deudores claramente diferenciales, que merecen un tratamiento selectivo:

aquellos que se endeudaron trabajando y hoy su actividad productiva o bien ha mejorado en su valor y rentabilidad (gracias a la mejora de la competitividad en varias áreas de la producción), o bien se encuentran al borde del mercado, a los cuales hay que reconvertirlos en empresas viables y sostenibles.

aquellas situaciones excepcionales de familias donde el impacto económico debe resolverse con soluciones que atiendan la problemática social.

aquellos que obtuvieron créditos gracias a favores políticos, así como los especuladores que -pudiendo- optaron por no pagar, a los cuales hay que ejecutar por los medios más rápidos e idóneos.

Fortalecimiento del Sistema Financiero

Este Anteproyecto de Ley se sustenta en el interés general: se trata de articular una alternativa que además del interés específico de salvaguarda y fortalecimiento del Banco de la República Oriental del Uruguay, integre en forma compatible el interés del país en lo que refiere a la preservación de los sectores productivos, sobre todo aquellos con más impacto en el empleo y la generación de riqueza, que están comprendidos en la misión institucional del banco. Con referencia a los Fondos de Recuperación del Patrimonio Bancario (FRPB) -que están en proceso de tercerización por parte del BCU en el marco de la Ley Nº 17.613-, si bien no está concluida la adjudicación, el pliego prevé comisiones que están fuera de mercado y son rayanas en lo inmoral. Se suma a ello que las empresas precalificadas son mayoritariamente extranjeras, por lo tanto el incentivo central de las mismas será el cobro de las comisiones, sin asumir ningún compromiso con la sociedad uruguaya que sopese las pérdidas sociales, ni la incidencia en la capacidad de producción de riqueza nacional, que derivarán de una feroz carrera en prosecución de obtener cualquier acuerdo que justifique el derecho al cobro de la abultada comisión pactada.

Es imprescindible que la gestión de las carteras de los bancos oficiales se procese ligada al tratamiento que se dé a los activos incluidos en los FRPB, en función de las siguientes consideraciones:

en primer lugar debido al importante "cruzamiento" de personas y empresas deudoras que estas instituciones, lo que significaría un tratamiento diferencial para con el deudor según sea el banco acreedor.

en segundo lugar porque se debe salvaguardar la mayor transparencia, ideoneidad profesional y control democrático sobre los más de 2 mil millones de dólares de activos; y

un tercer aspecto a tener en cuenta es que este tema trasciende una consideración exclusivamente técnica, dado que el impacto social es enorme. Sólo en los FRPB se involucra a más de 61 mil deudores, de los cuales más de 41 mil corresponden a préstamos a familias (inmobiliario y consumo).

Por una solución sustentable

Es necesario abordar en forma urgente otros aspectos fundamentales para la reactivación del crédito y la confianza en el sistema financiero, que brevemente nos atrevemos a enunciar;

reglamentar y poner en funcionamiento el seguro a los depósitos bancarios, en el marco de la Superintendencia de Protección al Ahorro Bancario creada en la Ley Nº 17.613; y

la definición de una propuesta-marco para el otorgamiento de créditos por parte de las instituciones financieras, en concordancia con la definición de los sectores prioritarios para la economía, tomando en cuenta la incidencia de moneda y plazos, así como los ciclos de los distintos sectores, que actúe en forma anticíclica.

Por lo tanto, a la vez de abordar la coyuntura y trascenderla se trata de establecer una Ley que deje planteado un camino institucional de dilucidación del endeudamiento, que contemple tanto el interés del país, de los ahorristas y de los deudores en cuanto al tratamiento justo e igualitario, y que siente las bases de una nueva cultura en cuanto al riesgo moral de cada uno de los actores.

Oponemos:

Crear una única entidad de dominio público en la que estén representados todos los sectores involucrados, lo que permitiría concentrar y coordinar las acciones con los siguientes objetivos:

1) Apuntalar a los sectores de relevancia productiva y económica nacional, ya que no se puede seguir perdiendo puestos de trabajo ni disgregando a las familias en base a justificaciones económicas.

2) Atender la necesidad de realizar la reestructuración de los deudores de acuerdo a las condiciones sociales y económicas de la producción.

3) Propender a la mayor recuperación de los montos de los activos, en función del nivel de actividad económica del deudor en el marco de la reactivación.

4) Permitir la recuperación de depósitos de los ahorristas reprogramados y los de los bancos en liquidación.

5) Salvaguardar y fortalecer al BROU para que vuelva a constituirse en el banco de fomento de la actividad económica de la nación.

Se trata de alcanzar el fortalecimiento patrimonial del Sector Financiero y obtener una gestión más profesional y alejada de las presiones políticas, mediante una propuesta sustentable dentro de las normas existentes para el Sistema Financiero por parte del Banco Central del Uruguay. Los criterios generales para el tratamiento por parte de la nueva institución serán:

a) Administración profesional y con independencia técnica.

b) Maximización de los resultados en el proceso de recuperación, dado que en general se cumple que el valor de las garantías supera el valor contable registrado que se pasa al Patrimonio de afectación.

c) Selectividad a la hora de tratar a los clientes distinguiendo:

c.1. aquellos que hay que ejecutar por los medios más idóneos,

c.2. aquellos que pueden reconvertirse debido a su realidad productiva y a los cuales se los puede mantener en actividad pasando a mejorar su categorización.

c.3. aquellos que analizando su patrimonio y actividad con todo el sistema financiero puedan ser inducidos a mejorar su nivel de cumplimiento con el Sistema Financiero.

d) Los criterios señalados servirán de sustento para el objetivo de recomponer la relación del cliente con el Sistema Financiero.

2) Instrumento

Un Fondo de Administración de Activos Financieros, persona jurídica de derecho público no estatal con la finalidad de administrar fideicomisos financieros

Fideicomitentes

Serán las Instituciones Financieras oficiales que constituyan patrimonios de afectación independiente; tanto el Banco de la República Oriental del Uruguay, como el Banco Central del Uruguay, en su carácter de administrador de los Fondos de Recuperación del Patrimonio Bancario. Se exceptúa al Banco Hipotecario del Uruguay que tiene, conforme a la ley, facultades propias para constituir Fideicomisos y que, por el carácter social de la vivienda, requiere soluciones distintas a las típicas soluciones financieras del resto de la actividad bancaria.

Fiduciario

El fiduciario actuará conforme a lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley Nº 17.703 de 27 de octubre de 2003 y el Decreto Reglamentario 516/003, mediante la constitución en forma unilateral de fideicomisos financieros, constituyendo patrimonios de afectación independientes con las carteras asignadas y dentro de la competencia propia que le asigna el presente proyecto. Es importante y corresponde destacar la constitución de contabilidades y administraciones separadas de los diferentes fideicomisos. Para la designación del Gerente del órgano fiduciario deberán requerirse condiciones de alta especialización en la materia y condiciones especiales que le permitan obtener el total respaldo. La selección del mismo deberá ser clara y transparente, mediante un llamado que contemple además de los requisitos técnicos, la solvencia moral y ética del aspirante. El mismo contará con todas las atribuciones en cuanto a funcionarios, contratación de servicios y otros, etc.

Beneficiarios

El fideicomiso financiero exige la emisión de certificados de participación, cuyos beneficiarios serán el propio fideicomitente en el caso del BROU y los cuotapartistas de los fondos de recuperación en el caso de los bancos liquidados por el Banco Central.

Objeto del Fideicomiso

Estará determinado por el contrato que, además, especificará el tratamiento a otorgar a los deudores según sus posibilidades de recuperación y reconversión, de acuerdo a las instrucciones claras y precisas que encomendará el fideicomitente.

Para buscar la excelencia en el servicio se procurará atender especialmente los siguientes aspectos:

* Profesionalización de la gestión fiduciaria.

* Régimen de incentivos financiados por los resultados que se obtengan en la propia recuperación.

* Controles de Auditoría (interna y externa) que aseguren el fiel cumplimiento de los fines propuestos.

Alberto Couriel, Alberto Cid, Marina Arismendi, Edgardo Carvalho, Eleuterio Fernández Huidobro, Reinaldo Gargano, José Korzeniak, José Mujica, Manuel Núñez, Enrique Rubio, Mónica Xavier. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

SEÑOR SINGER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGER.- Señor Presidente: este es un proyecto de ley de mucha importancia y complejidad. Estamos hablando de una iniciativa que contiene 23 artículos, que refiere a la creación del Fondo de Administración de Ac-tivos Financieros, que regula las competencias que va a tener el Directorio de tres miembros, etcétera. Por tanto, tratarlo sobre tablas me plantea objeciones que, desde mi punto de vista, son insalvables. Creo que amerita ser considerado por la Comisión y que ésta remita un informe al Senado.

Deseo aclarar que no estoy negando mi disposición a tratar este asunto, sino que por el contrario me parece que éste puede ser un camino. ¡Ojalá lo sea! Sin embargo, opino que debemos oír al señor Ministro de Economía y Finanzas y al señor Presidente del Banco Central del Uruguay, para que la Comisión analice el proyecto de ley y eleve un informe para trabajar sobre bases más sólidas, que es la forma en que podemos tratar en serio una cuestión de esta importancia y complejidad.

Por lo expuesto, señor Presidente, hago moción para que este asunto vuelva a Comisión porque considero que es lo más razonable. Todos sabemos que estamos con los plazos muy acotados -quedan pocas sesiones en este mes y el 15 de setiembre termina la Legislatura, aunque tengo entendido que en el día de ayer los coordinadores pensaron en la posibilidad de efectuar algunas sesiones extraordinarias en agosto- pero nos tomaremos el tiempo necesario y convocaremos a una sesión para tratar este asunto o cualquier otro de importancia semejante. Así, sobre tablas, francamente -esto dicho con mucho respeto por los señores proponentes- esto no me resulta serio. Con esto no quiero decir que los señores Senadores proponentes no lo sean, pero reitero que tratar un asunto de esta envergadura sobre tablas hace que sienta una resistencia institucional. Además, tal como se ha anunciado, existe la voluntad del señor Ministro de concurrir en el día de mañana para traer información sobre este tema, por lo cual pienso que podemos tratarlo la semana que viene.

En definitiva, hago moción para que este asunto vuelva a Comisión.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay varios señores Senadores que entiendo se anotaron para hablar en general del proyecto.

SEÑORA ARISMENDI.- Yo voy a referirme a la moción.

SEÑOR KORZENIAK.- Yo quería fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Lo que sucede es que la Mesa le dio la palabra al señor Senador Singer inaugurando la discusión del proyecto.

Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Tiene razón la Mesa.

Con todo respeto por las inquietudes que asaltan hoy al señor Senador Singer, quiero decir que más allá del contenido de este proyecto de ley, se trata de un articulado que ha tenido un largo debate en este Parlamento. Los problemas del sistema financiero y del endeudamiento no empezaron hoy ni ayer, ni el 27 de junio, fecha en que el proyecto ingresó formalmente. Es más, meses antes todos estuvimos buscando, al igual que hace un par de días en el propio debate que se dio en este Senado, donde se dijo que para todo esto había que encontrar una salida seria, estudiada, sólida, que realmente abarcara a la situación general que el país tiene.

Nosotros hemos estudiado el proyecto de las agremiaciones que respaldan esta iniciativa, porque ha llegado a nuestras manos -como a las de todos los señores Senadores- antes, incluso, de que tuviera estado parlamentario, y creemos que merece un tratamiento urgente.

Se señala que los plazos son cortos y eso abona en favor de que lo tratemos en el día de hoy, porque todos sabemos que si se aprueba debe ir a la Cámara de Representantes, lo que sin duda deja en claro la premura que existe. Las afirmaciones del señor Senador Atchugarry acerca de que han sido visitados en la Comisión significan agua para el molino de quienes sostenemos que esta iniciativa debe tratarse hoy. Pero además existe un hecho muy grave; si es verdad que el tema es muy serio -como creo está convencido el señor Senador Singer cuando hace su fundamentación-, si es verdad que hay que tratarlo con una dimensión nacional, si es verdad que en definitiva atañe al conjunto de la sociedad directa o indirectamente, si es verdad que merece un sólido sustento para una salida que realmente no ponga en riesgo el futuro del país e incluso la firmeza de alguna de sus instituciones y del propio sistema financiero y de su aparato productivo, ¿cómo es posible que el 5 de agosto el Banco Central del Uruguay ya haya anunciado públicamente medidas como, por ejemplo, la adjudicación del fondo de recuperación del patrimonio bancario de los Bancos Comercial, Montevideo y Caja Obrera a una empresa equis? Parecería poco serio, apresurado y que no importa la opinión de este Parlamento; Parlamento, además, que se abocó con celeridad y seriedad a buscar salidas para este país. Creo que no hay nadie que pueda decir que nosotros no hemos colaborado con esfuerzo, con trabajo y con dedicación de horas para con las soluciones, algunas que no acompañamos y otras que sí, ya sea en el acierto o en el error. Entonces estamos ante un "fait accompli". En consecuencia, si el Banco Central del Uruguay nos presenta un plato servido, que podemos compartir o no, porque no importa lo que opinemos, ¡cómo este Senado, que tuvo oportunidad de tratar el tema, que contó con la propuesta de las gremiales, que recibió a las delegaciones, que escuchó el problema, que analizó la situación de los deudores y del endeudamiento del país, puede dilatar una solución seria, estructurada, documentada, técnicamente sustentable y que es un paso, no hacia el remate ni la dilapidación de los fondos y del patrimonio bancario, ni hacia las garantías reales que sabemos -creo que todos lo sabemos- que hay detrás! No es de recibo que vayamos a un entierro de lujo, porque es lo que significaría enviar esta iniciativa nuevamente a Comisión cuando sabemos que el 1º de febrero termina la Legislatura y estamos en el momento en que estamos.

Comprendo la preocupación del señor Senador Singer, pero mientras nosotros deliberamos si el proyecto vuelve a Comisión y luego se estudia en ese ámbito, el Banco Central del Uruguay opera, actúa, toma medidas y otros también, aquellos -me permito decirlo porque mis compañeros saben los matices que tengo en mi decisión aunque voy a acompañar esta iniciativa porque es lo mejor que podemos hacer en este momento- que se estaban afilando las uñas mientras nosotros recién estábamos discutiendo la Ley de Fideicomiso. Los señores Senadores me habrán escuchado decir en su momento que tenía profundas dudas sobre el proyecto y sobre el instrumento, no por los aspectos vinculados a la familia, etcétera, sino por el sistema financiero. Sabíamos, como sabe todo el país -el Uruguay es muy chiquito y nos conocemos todos-, que había algunos que estaban aprontando los estudios, alquilando los salones y afilándose las uñas para quedarse con la parte del león de esto.

En consecuencia, fundamentamos en contra de la propuesta que realizara el señor Senador Singer.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador había pedido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR KORZENIAK.- Exacto, señor Presidente, pero cuando usted con todo acierto me aclaró que ya estábamos en otra moción, dije que sustituía mi apunte para referirme a esta moción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Quiero compartir la absoluta necesidad de que se trate y se vote con urgencia este proyecto de ley en lugar de su envío a Comisión, donde ya ha estado, ya que tiene varios días de presentado. Las razones por las cuales estoy totalmente convencido de que deberíamos tratarlo -y en mi caso apoyarlo- en el día de hoy, trataré de resumirlas rápidamente.

Ante todo debo aclarar que el Banco Central estaba absolutamente enterado de la existencia de este proyecto de ley y tenía en su poder el texto, pero no me pidan ahora que muestre actas al respecto. Todos los Directores y el equipo económico del Banco Central contaban con todo este material; no obstante, decidió -no voy a decir intempestivamente, pero sí con mucha rapidez- hacer la adjudicación y lograr que los que se habían presentado bajaran una comisión realmente insólita y que ahora llega aproximadamente al 12%. Tengo que decir con mucha claridad que no cuento con ninguna garantía de que aunque en el día de mañana venga el señor Ministro y prometa que no se va a firmar el contrato -lo que aún no se ha hecho-, esto no se hará. Ya estoy un poco cansado de que después de la firma de esos contratos se mencione el principio de intangibilidad de los contratos para no generar problemas.

Sinceramente, la manera súbita como fue adjudicada esta licitación, a sabiendas de que había un proyecto, que en lo personal me parece muy razonable, no me hace descartar para nada que ya se empiece a funcionar, y si esto sucede en realidad, firmándose un contrato o sin firmarse, entregando todos los expedientes -ya explicaré por qué-, me genera la necesidad de decir que conocemos el proyecto, que todos lo hemos leído y que las organizaciones interesadas han hablado con todas las Bancadas y han dado serios fundamentos.

Además, quien va a administrar este Fondo nacional va a ser un directorio que tiene un representante del Banco de la República, uno del Banco Central y uno nombrado por el Poder Ejecutivo, quienes van a elaborar nada menos que el manual para la recuperación de activos. Quiere decir que se conforma una terna que proponen los únicos que podrían sentirse afectados, es decir, los ahorristas, que son los acreedores de los bancos y podrían pensar que la recuperación no va a ser rápida. En definitiva, ellos van a tener su representación en ese directorio.

De manera que, a mi entender, aunque se diga que este proyecto es complejo, en realidad es sabio y va a contribuir no sólo a que se actúe con criterio razonable en la recuperación de activos, sino también a que se recomponga una confianza en la banca que actualmente no existe.

Por otra parte, señor Presidente, quiero decir que la vehemencia surge del hecho de que entiendo que este asunto debe ser considerado urgentemente. En lo personal, he sido auxiliar, procurador y abogado de la Jurídica del Banco de la República y abogado de la del Banco Central. En un momento determinado -porque hubo una crisis-, en esas secciones teníamos miles de juicios para resolver y el Gobierno, sin contar en aquel momento con la aquiescencia del Banco Central, dispuso que un gran número de las carpetas pasara a un estudio privado. Esa no fue una buena decisión y quienes hemos sido abogados sabemos que por más que exista un criterio social, no es lo mismo que se envíe una carta mediante la cual la Dirección del Fondo avise que se cuenta con un plazo y que si no se acuerda una fórmula, se procederá a la ejecución, a que un estudio o una empresa -a la que aparentemente se le solicitó que bajara la comisión- proceda a efectuar una intimación judicial. Por su parte, el juez, con total buena fe, se va a sentir obligado a fijar un honorario, que ya por el hecho de tratarse de un escrito de intimación resulta muy alto. ¿Quién va a pagar esos honorarios? ¿Los pagará el deudor, la sociedad uruguaya o el Estado? Asimismo, alguien debe pagar la comisión que fijó el Banco Central, ya sea el pueblo, el deudor -que por cierto forma parte del pueblo- o el Estado, que también integran los ahorristas.

Por consiguiente, me parece que el proyecto, en el fondo, es muy razonable y aquí todos lo conocemos. También lo conocía el equipo económico y el Presidente de la República cuando adjudicaron la licitación. En realidad, en lo personal no tengo garantía alguna de que va a venir el señor Ministro a decirnos que si cambiamos tal o cual palabra del proyecto, igualmente se llegará a una solución parecida. Por el contrario, las declaraciones públicas del Ministro demuestran que piensa en sentido totalmente opuesto a aceptar una solución.

SEÑOR CARVALHO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARVALHO.- Creo que esta moción no se puede sostener porque debemos tener en cuenta el hecho de que simultáneamente a esta sesión del Senado y a la reunión de la Comisión de Hacienda prevista para el día de mañana, se está desarrollando -aparentemente a toda máquina- un proceso administrativo tendiente a concretar el acto jurídico de adjudicación por parte del Banco Central a una empresa -su nombre ya ha sido difundido; se trata de la empresa Thesis- de la gestión de los fondos de recuperación a que precisamente refiere este proyecto de ley. Naturalmente, el señor Senador Singer no puede darnos la única garantía que justificaría que aplazáramos la consideración del proyecto, que es la de que el Poder Ejecutivo y el Directorio del Banco Central, tomando en cuenta que el Parlamento Nacional está ocupándose del tema, nos garantizasen que no adoptarán decisiones y no firmarán contratos hasta que, en un plazo razonable, podamos recibir al señor Ministro, al Directorio del Banco Central y toda otra comparecencia que sea necesaria.

Obviamente, el señor Senador Singer y la Bancada de Gobierno no nos pueden dar esa garantía, así como tampoco lo pueden hacer el señor Ministro de Economía y Finanzas y el Directorio del Banco Central. Todos los antecedentes que tenemos sobre la mesa, los trascendidos y lo que se ha informado, apuntan a que se está avanzando a toda máquina en la adjudicación a la empresa Thesis de la gestión de los Fondos de Recuperación. Indudablemente, todos sabemos cómo se puede blindar un contrato, cómo se puede prever una millonaria indemnización en dólares para el caso de que normas o actos jurídicos supervinientes del contrato lo dejen sin efecto o anulen las posibilidades que surgían de él para la empresa contratante, como el lucro cesante, etcétera. En este momento, no tengo ni puedo tener la garantía del señor Ministro de Economía y Finanzas y de los Directores del Banco Central en el sentido de que nos van a conceder el plazo que sería razonable para poder oírlos, teniendo en cuenta además que este proyecto, como bien se ha dicho, ha tomado estado público hace varios meses. Incluso, desde hace semanas esa información circula por el ámbito parlamentario y está radicada en la Comisión. Sin embargo, el señor Ministro, que es un hombre locuaz, ha hablado sobre una cantidad de temas en los últimos días, quizás asumiendo su calidad de candidato para las próximas elecciones por su partido, pero en ningún momento ha creído necesario referirse a este asunto. Por ejemplo, sí ha mencionado el proyecto sancionado por el Senado sobre la situación de los becarios y pasantes, y lo ha hecho en términos que, a mi entender, son descomedidos.

En definitiva, el señor Ministro es un hombre que tiene una amplia posibilidad de manifestación pública de sus opiniones, pero hasta el momento no se ha sentido llamado a referirse al tema que hoy nos ocupa. Sin embargo, parece que ahora se ha sentido llamado a hacerlo y ha reclamado ser oído con una urgencia que seguramente se relaciona con el hecho de que estamos tratando de sancionar una norma legal que nos permita regular sobre este punto, que tiene una importancia social y económica extraordinaria.

Por consiguiente, debo manifestarme en contra de la moción presentada por el señor Senador Singer.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: creo que reglamentariamente no corresponde votar la moción presentada por el señor Senador Singer, por la sencilla razón de que se votó la declaración de urgente consideración del proyecto de ley. Si esa votación hubiera resultado negativa, el proyecto quedaba en la Comisión. O sea que en realidad el señor Senador Singer nos está pidiendo una reconsideración de la moción que ya se votó. Precisamente, la decisión contraria a la que tomó el Senado era mantener el proyecto en la Comisión. Por nuestra parte, hemos votado en ese sentido a fin de habilitar la discusión, para escuchar la opinión de los proponentes, para dar las nuestras y, en función de lo que se manifieste en Sala, tomar las decisiones que correspondan. No obstante, me parece que era evidente que al votarse la moción de urgente consideración, si el resultado no era afirmativo, el proyecto quedaba en Comisión, lo que quiere decir que estamos votando nuevamente la misma moción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene razón el señor Senador Gallinal, pero ocurre que como la moción de urgencia no tuvo discusión, se habilitó el debate por esta vía indirecta en virtud de que se había hablado de que mañana contaríamos con la presencia del señor Ministro.

Se va a votar la moción del señor Senador Singer.

(Se vota: )

- 10 en 28. Negativa.

Continúa la consideración del proyecto de ley.

SEÑOR CARVALHO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Carvalho.

SEÑOR CARVALHO.- Señor Presidente: creo que todos somos conscientes de que este país vivió, a partir del año 2002 -y como consecuencia de una política económica que se arrastra, por lo menos, desde la década de los noventa-, una crisis económica y social muy grave. Incluso, hay quienes dicen que esta crisis ha sido una de las más importantes que conoció nuestro país. También todos somos conscientes de que en su momento el Parlamento Nacional fue sensible a esta situación y legisló, incluso en algunas ocasiones en lapsos muy breves de 24 ó 48 horas, para atender esa situación social y económica de emergencia, concretamente en lo que refiere al sistema financiero.

En mi opinión, todos los antecedentes de los países de la región, de aquellos con los que estamos asociados en el MERCOSUR, que han vivido situaciones similares, demuestran que frente a circunstancias de emergencia es preciso adoptar soluciones de emergencia. Asimismo, cuando ocurren situaciones de gravedad generalizada es preciso que las soluciones se adopten por la vía legal. Sin duda, pretender que se resuelvan problemas de esta naturaleza por la vía de ejecuciones promovidas individualmente por los liquidadores o los acreedores, no representa una solución desde el punto de vista de la recuperación de los activos en juego y mucho menos desde el de consolidar o estabilizar la situación económica y proteger a las víctimas. En este caso no se trata solamente de los depositantes, sino también de los empresarios que invirtieron, de los trabajadores que tienen sus fuentes de trabajo en empresas que pusieron dinero, que confiaron en una política cambiaria, en los compromisos de Gobierno y que luego se vieron defraudados por el cataclismo de la devaluación inesperada que los condujo a una situación económica muy difícil.

Por consiguiente, cuando las situaciones de emergencia adquieren las características de gravedad y generalidad y comprometen, por un lado, a decenas de miles de empresas y de núcleos familiares y, por otro, a miles de ahorristas que se vieron perjudicados por la quiebra de Bancos que en su momento debieron ser controlados por el Banco Central y no lo fueron -esta es otra historia-, ha llegado el momento de ocuparse y de legislar. La única solución que está propuesta, contemplando el interés social y económico en juego, es la que viene en este proyecto de ley. Este me parece fundado, serio, y no pretende perdonar a nadie ni prorrogar las ejecuciones; es un proyecto que confía la gestión de esos patrimonios a una entidad pública que estará integrada por un Directorio nombrado por el Banco Central, el Banco de la República y el Poder Ejecutivo. Se considera que esa gestión, en manos de una entidad de esas características, contemplará tanto la necesaria recuperación de esos activos como la situación social y económica de las empresas y de las familias que se han visto comprometidas como consecuencia de la crisis cambiaria de 2002. Este es un proyecto sensato, razonable, que ha circulado públicamente, por lo que existió la oportunidad de conocerlo, discutirlo y presentar propuestas alternativas; sin embargo, desde el Poder Ejecutivo se ha seguido el camino contrario, pues se ha acelerado todo lo posible la entrega de la gestión de estos patrimonios de U$S 2.000:000.000 en activos a una empresa privada. Que cada cual, señor Presidente, asuma sus responsabilidades.

Personalmente, estoy convencido de que este proyecto es una solución equitativa y justa que contempla el interés, tanto de la colectividad como de las empresas, de los trabajadores y de las familias que hoy están en riesgo como consecuencia de una crisis económica que ellos no provocaron. A mi juicio, equivocada y lamentablemente, podrían quedar en manos de una empresa privada cuyo único interés, como es lógico, será el cobro de las comisiones que se derivarán de la ejecución rápida de todos los documentos de crédito, sin tomar en cuenta, seguramente -supongo que nadie será tan ingenuo como para pensar lo contrario-, lo que son los intereses sociales y humanos que están comprometidos detrás del cataclismo que sufrió este país en el año 2002.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Muy brevemente, casi a modo de anticipo de fundamento de voto -el Senado me conoce-, no voy a hablar para perder el tiempo o generar obstáculos, pero francamente, señor Presidente, la creación de una nueva entidad estatal para administrar estas Carteras me parece inconveniente e innecesaria.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Quiero decir que la naturaleza jurídica de este organismo está definida como persona de Derecho Público no estatal.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Sí, pero estará dirigido por representantes del Banco Central y del Banco de la República.

De cualquier manera, señor Presidente, tengo la sensación de que crear una unidad separada con este único propósito, es inconveniente. De acuerdo con lo que hemos escuchado en Comisión, hay quienes tienen mucha esperanza en los famosos manuales de procedimiento de recuperación de activos. Con franqueza, no entiendo siquiera por qué se crea una unidad. Yo no sería partidario de otorgar ese patrimonio al fideicomiso del Banco de la República y creo que hay que seguir otros mecanismos pero, en tren de lo que se quiere hacer, tampoco entiendo por qué se crea una persona de Derecho Público no estatal con dirección del Estado para organizar todo esto, con sus gastos, sus demoras, etcétera.

Desde todo punto de vista creo que sin dejar de pensar, como lo hemos hecho en todo momento, a partir de la situación que hemos pasado hay que ir buscando los mecanismos que ayuden a cumplir, y que tampoco es bueno dar la señal de que la idea es que nunca se cumpla nada. No quiero decir con ello que este proyecto así lo plantee, pero desde que va a generar una notoria demora, va a afectar básicamente al próximo gobierno. Estamos libres de sospecha en esa materia, por lo que no lo voy a votar, con la mayor contribución de no complicarle la vida. Me parece que hay que buscar otro tipo de solución que no sea esta.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: esperábamos de parte de los firmantes del proyecto y de quienes lo han presentado, una entrada a fondo en los fundamentos, en función de los cuales normas de las características como las que se están planteando se consideran convenientes para buscar una solución a los problemas derivados de la crisis del sistema financiero y bancario que el país vivió en el transcurso de los últimos años. Debo señalar que estamos sorprendidos de que no se ingrese al tema y de que se traiga un proyecto de ley tan complejo que busca resolver problemas tan importantes, sin que haya, aunque sea de hecho, un Miembro Informante en nombre de quienes lo han presentado, que nos aclare y nos explique los objetivos marcados, la forma en que piensan que funcionará el instituto, cómo va a actuar el fideicomiso y cuáles son los beneficios que se pretenden obtener con una iniciativa de estas características.

Cuando se pide la consideración urgente de un proyecto de ley, sobre todo cuando se trata de un tema de alta sensibilidad que atiende y busca la solución de problemas tan profundos e importantes, me parece de toda lógica que haya alguien que lo defienda, lo respalde, lo fundamente y lo desarrolle. De esta manera, también podremos dar nuestra opinión y proponer algunas soluciones alternativas a efectos de tener una ley que apunte claramente a resolver el gran problema que tiene planteado el país. Repito que me parece que no es la manera de enfocar un problema de estas características. Por lo tanto, lo que me corresponde es presumir lo que se busca a través del proyecto, analizarlo, hacer algunas consideraciones y plantear algunas alternativas a efectos de ver si podemos conformar las mayorías necesarias para aprobar una ley.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- No quiero abrir ninguna polémica, pero fundamento por qué no me anoté de inmediato para hacer una exposición sobre el tema diciendo que fue por temor a que el Senado pudiera quedar sin número. Como no había oradores inscriptos, como dijo el señor Presidente, se iba a votar.

Simplemente, quería explicar por qué no había hecho una exposición.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Entonces, si es así, quisiera que hablaran los proponentes del proyecto para que lo expliquen, lo argumenten, y podamos, tal como lo hemos hecho durante todos estos años, discutir en serio un tema de estas características. En tal sentido, pediría que se contaran los minutos que he hablado y que luego pueda hacer la exposición que me corresponde. Debo decir que nosotros estamos dispuestos a permanecer en Sala, porque nos parece que se trata de un tema de alta sensibilidad, de gran jerarquía y de fundamental importancia, tal como lo es sin duda para todo el Senado. En consecuencia, como hay en Sala autores del proyecto, creo que les toca a ellos hacer uso de la palabra. Me parece que ese es el orden debido, por lo que, ante lo que señala el señor Senador Korzeniak, detengo mi exposición en este momento para escuchar y luego hacer las argumentaciones que correspondan.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Me quiero referir a la preocupación que había manifestado el señor Senador Atchugarry. En realidad, hay una amplia experiencia internacional en esta materia que muchos conocemos y que ha sido divulgada. También hay muchas experiencias que han fracasado y otras que han sido exitosas en algunos lugares. En general, en el caso de las exitosas, las instituciones son de relativa independencia, más allá de que sean públicas y de que los sectores del ámbito público que tienen patrimonio, estén directamente afectados. Pero debe haber otros actores que den garantías. En ese sentido -esto es algo propio de la ingeniería que se ha utilizado en el Uruguay para resolver muchas cosas-, hay que apelar al formato de las personas públicas no estatales. Parte de las preocupaciones están contempladas en los artículos 3º y 16 de la iniciativa. En el artículo 3º se establece que el Fondo será administrado por un directorio de tres miembros; uno de ellos, el que lo presidirá, será designado por el Banco Central, otro por el Banco de la República, que actuará como secretario, y el tercero será designado por el Poder Ejecutivo de una terna de nombres propuesta por las organizaciones representativas de los ahorristas acreedores de las instituciones financieras en liquidación. Me parece que esta es una idea altamente conveniente que introduce transparencia, que hace que los principales interesados, aparte del Estado, estén directamente en el directorio. Este aspecto la distingue de otras que lo que hacen es simplemente tirar la pelota hacia adelante, sin crear intereses contrapuestos. Acá sí hay intereses contrapuestos entre el Estado y los acreedores, más los que podrían tener algunos deudores que procurarían no pagar, y un interés manifiesto de buscar una salida a las situaciones pero con recuperación de activos.

Por su parte, el artículo 16 establece que por cada fideicomiso -recordemos que son varios- habrá un comité de auditoría contable de tres miembros designado por el Poder Ejecutivo, que tendrá a su cargo el control de la gestión de los fideicomisos cometidos al Fondo. Uno de sus miembros será designado a propuesta de la Auditoría Interna de la Nación, otro a través de los deudores de los derechos trasmitidos en fideicomiso y el tercero a propuesta de los tenedores de certificados de participación o, en su caso, del fideicomitente. Se expresa que el Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento de designación. Asimismo, el comité de auditoría informará anualmente al fideicomitente, a cuyos efectos el Fondo deberá facilitar amplia información sobre la contabilidad del patrimonio del fideicometido y mantener actualizados los inventarios de estados contables de los respectivos patrimonios de fideicomiso. Es decir que, en distinto carácter, participan en la conducción o en lo que es la transparencia del proceso los distintos actores. Esto no es una especie de contubernio de gente interesada en que no se pague; me parece que se trata de una propuesta muy seria y, en particular, se puede discutir el alcance de determinados artículos, mejorando quizás alguno de ellos.

En términos generales, lo más importante de esta iniciativa es que desecha alguna de las vías que en estos días se procuran llevar adelante por parte del Banco Central e introduce la novedad de un nuevo sistema para encarar estos problemas de endeudamiento y de recuperación de créditos. Por lo tanto, me parece que el Senado debería ingresar en la discusión de fondo, tal como lo solicita el señor Senador Gallinal. En lo personal me quería referir simplemente a la observación que se había realizado sobre el formato institucional de este proyecto, que -según entiendo- debería aprobarse en general para luego ingresar a la consideración en particular más detallada. Esperamos que si el Senado procede de esta manera, el señor Ministro de Economía y Finanzas y las autoridades del Banco Central tendrán la sensibilidad necesaria para considerar lo que esto significa en la actual situación y diferirán determinadas decisiones para dar tiempo al Poder Legislativo a adoptar en este terreno la postura que crea necesaria.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Quisiera comenzar diciendo que este proyecto de ley ha tenido un trámite de aproximadamente dos meses en la Cámara de Representantes. Absolutamente todas las Bancadas han sido visitadas por las organizaciones proponentes en reuniones que se han prolongado dos o tres horas. Es decir que todo el mundo sabe en qué consiste este proyecto, incluso en sus detalles, algunos de los cuales fueron abordados por el señor Senador Rubio en esta breve exposición que ha realizado. Pero yo voy a dar las razones políticas por las cuales nosotros adherimos a esta propuesta, la trajimos aquí y hemos planteado su tratamiento como grave y urgente. Existe una política diametralmente contrapuesta a esta, que está llevando adelante el Banco Central y que supone dar la liquidación de los activos a una firma particular. A pesar de que no tengo aquí todos los documentos para confirmar lo que voy a decir, voy a proporcionar algunos números. Manejé una cifra de U$S 650:000.000 de las Carteras globalmente consideradas de los tres Bancos, pero hay quien estima que podría ascender a una cantidad cercana a los U$S 1.000:000.000. En lo personal, de verdad quedé muy impresionado cuando después del tratamiento de estas cuestiones nos enteramos de esta situación. Ello ha sido tratado con absoluta reserva de parte del Banco Central y no ha habido una publicidad de naturaleza tal que nos permitiera enterarnos de cómo fue que se llamó a ofertantes o por qué se decidió que la política iba a ser que hubiera gestores privados que llevaran adelante la ejecución de los activos que quedan. Esto no es poca cosa. Hoy mencionaba que las dos primeras ofertas -esto lo informamos a la opinión pública nosotros, porque nos trajeron los materiales que estaban interesados que se conocieran- eran de una empresa ligada con el Citibank, una del 22% más IVA en la comisión y la otra del 19,85%. No voy a hacer estimaciones sobre el monto global de las Carteras, pero obsérvese el apresuramiento de los ofertantes y la seguridad con la que pusieron una comisión del 19,85%, bajándola al 13,75%. Aquí hay una diferencia de aproximadamente cinco puntos en la comisión.

Asimismo, algunas personas que se han comunicado con nosotros nos han dicho que estas carteras son malas, incluidas algunas de los Peirano que sacaron los préstamos allí y que son incobrables. Pero yo tengo información -claro, no tengo los papeles para probarlo porque el Banco Central no me ha dado acceso a ellos- de que hay U$S 200:000.000 de esta Cartera que están garantizados y de que si se ejecutan las garantías por parte de esta firma privada se recupera directamente esa cantidad. Ahora bien, de ese dinero, por cada U$S 100:000.000, U$S 17:850.000 más el IVA van a la empresa privada. Es decir que el negocio que ésta hará, como mínimo, fácilmente llegará a los U$S 50:000.000 o U$S 60:000.000 si cobra mal, es decir si no es capaz de cobrar absolutamente nada de los préstamos que están garantizados. Es mucho dinero, y el Estado también ha puesto mucho dinero. Puedo recordar aquí algunas cifras que tengo en la memoria. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, por medio del mecanismo de la orden verbal del Presidente de la República y el Ministro de entonces, contador Bensión, otorgó en forma directa U$S 528:000.000 de asistencia financiera que fueron sacados del Presupuesto Nacional, de plata que en el Presupuesto tenía destino preciso para la salud, la educación, la vivienda, etcétera. A mi juicio -lo dije en aquella oportunidad y también lo digo hoy-, esta es una acción absolutamente inconstitucional en la que incurrieron el Presidente de la República y el entonces señor Ministro de Economía y Finanzas, que debe ser analizada por la Justicia. Afortunadamente, se creó una Comisión Investigadora en la Cámara de Representantes y creo que hubo votos suficientes como para enviar los antecedentes a la Justicia. Veremos, pues, qué es lo que esta resuelve.

(Ocupa la Presidencia el doctor Alberto Brause.)

- Pero, además, hubo una asistencia financiera al conjunto del sistema -que estaba jaqueado- de U$S 1.700:000.000, creo yo, desde el Banco Central. Es muchísimo dinero, señor Presidente, y ha quedado un montón de gente por el camino, por ejemplo, ahorristas y acreedores de los Bancos. Por eso quiero que esté aquí el Banco de la República, el Banco Central, los ahorristas, y que eso se audite, porque hay experiencia en la materia. Lo sé porque me han comunicado que, sin que sea necesario que haya ocurrido el mecanismo de traspaso de las Carteras al sector privado, las ejecuciones que se están llevando a cabo arrasan con todo. Tengo información de que cuando los deudores de estos Bancos ahora gestionados por el Banco Comercial comparecen a hacer una oferta, la respuesta ha sido: "No estamos en condiciones de tratar ninguna propuesta", tesitura que puede llevar a que haya una verdadera sangría de deudores.

El objetivo de la creación de un fideicomiso de esta naturaleza es que haya una entidad responsable que rescate para el Estado la mayor parte del dinero que pueda y que no cobre las comisiones extraordinarias, diría escandalosas, que se están cobrando. Es escandaloso que para cobrar esta cantidad de dinero, el Estado -se trata de plata del Estado- que somos todos, la población en general del Uruguay, pague este nivel de comisiones.

SEÑOR SANABRIA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Le pido al señor Senador que me permita terminar con las ideas básicas para luego concederle la interrupción que me solicita.

Decía que es dinero de todos. Cuando hablamos del Estado se cree que nos referimos al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, pero el Estado es la gente, los ciudadanos que constituyen este país. Sin ellos no hay Estado. Son los que, precisamente, pagan los impuestos y han aguantado estos tres o cuatro años de crisis brutal que hemos vivido frente a esta realidad económica.

Aquí hablamos siempre de los productores y de las empresas comerciales, y me hago cargo de eso; también me hago cargo de los emprendimientos industriales que se han visto frustrados, que han sido rematados, o de otros que han tenido que vender las máquinas para pagar los créditos asumidos o que las tienen detenidas y arrumbadas. Pero, pregunto: ¿qué ha ocurrido con la gente que ha quedado por el camino en materia salarial y ha perdido prácticamente todo ingreso? ¿Acaso vamos a permitir que continúe el manejo de los fondos estatales? Porque de eso se trata: de fondos estatales. El Nuevo Banco Comercial es una entidad que actúa en el Derecho Privado pero que pertenece al Estado, es de él, y está dando sus Carteras para que sean gestionadas por una entidad privada a un costo infernalmente alto, diría que escandaloso.

Entonces, el fundamento político es que tengo un Banco Central que opera en esta dirección, que abre los sobres, que adjudica y que mañana firma el contrato, señor Sena-dor Gallinal; mi fundamento político de votar ya es ese, porque los contenidos los conocemos todos y, además, porque el proyecto está estructurado de tal forma que da garantías absolutas a todo el mundo. Permite, por ende, no sólo defender el dinero de los acreedores de los Bancos fundidos, sino también el tratamiento social de los deu-dores, porque créanme que si Thesis tiene en juego los U$S 17:000.000 o U$S 34:000.000 o U$S 50:000.000 ó U$S 60:000.000, les arranca las muelas a los deudores, los ejecuta, y no para recuperar íntegramente el dinero para el Estado, sino para ganar las comisiones. Lo dijo el señor Senador Carvalho, lo planteó el señor Senador Korzeniak y lo está indicando la señora Senadora Arismendi: ¡cuántos abogados, cuántas defensas, cuánto papel en el medio, cuánto timbre y vaya a saber cuánta fijación de honorarios de acuerdo al arancel, se están moviendo aquí!

Creo, pues, que estamos ante un hecho de mucha trascendencia. Concuerdo con el señor Senador Singer: este es un tema absolutamente grave, pero grave, además, por la urgencia con que hay que tratarlo. Si nos quedamos en que esto tiene que ir a Comisión y esperamos un mes, en ese tiempo la empresa a la que se adjudique la responsabilidad de llevar adelante esto, por las comisiones que están en juego, presenta setecientos escritos de intimaciones de pago y con eso ya instauró el juicio.

He oído críticas muy duras a algunas opiniones que hemos vertido. No voy a convertir esto ahora en el centro de la discusión, porque fueron interpuestas como un mecanismo para alertar sobre la suspensión de las ejecuciones. Resulta que gente que no tiene formación jurídica, que no sabe siquiera qué es una ejecución, decía que esto suponía romper los contratos. Detener una ejecución implica una decisión legal que adopta un Juez al suspender un remate. Se trata de detener un remate y no del trámite de embargo sobre los bienes. Sé que no se puede pedir a todo el mundo que conozca esto; yo desconozco una cantidad de cosas y estoy hablando aquí con fundamentos políticos y no tanto con fundamentos jurídicos.

Ahora le concedo con mucho gusto la interrupción que me solicitara el señor Senador Sanabria.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Alberto Brause).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Es muy importante escuchar las consideraciones políticas generales que hace el señor Senador Gargano sobre el tema del endeudamiento y sobre todo lo financiero, que también sigue siendo una preocupación de todos.

He escuchado decir en esta Sala que todos hemos ayudado a salir al sistema financiero y como consecuencia de ello ha venido la reactivación económica. Creo que en proyectos de ley como este y como en otro cualquiera, se ayuda cuando se vota, pero esta es simplemente una constancia personal.

Estamos analizando un proyecto de ley que involucra al sector privado. Entonces, no nos asustemos tanto con el concepto de "privado" vinculado a la licitación a la que llamó el Banco Central, porque esta también es una he-rramienta del Derecho Privado. La comisión de esa licitación -que trascendió públicamente- no es del 17% o del 18%, sino del 13,8%. Pregunto cuánto nos ha costado durante este año y medio la recuperación de esta Cartera. Hemos recuperado U$S 15:000.000 y gastado U$S 10:000.000 en funcionamiento, es decir que nos ha costado un 33%. Estos son números de la realidad: hasta ahora la recuperación de la Cartera de este Fondo nos ha costado aproximadamente un 33%. Lo digo para dejar las cosas aclaradas y sin entrar en el tema de fondo, que más adelante analizaremos con mucho gusto.

Nosotros creemos en la comisión, porque esto está muy verde desde el punto de vista de la explicación y, en definitiva, se trata de la creación de una especie de banco, de algo grande, no de un tema chico. Entonces, a los efectos de centralizar la discusión, debemos decir que estamos abordando el tema de dos institutos privados: uno que está planteando el Banco Central y otro que está planteando este proyecto de ley.

Por otro lado, afirmo que hasta ahora el costo que ha tenido el Estado en la recuperación oficial, pública -por decirlo de alguna manera-, ha rondado el 33%. Quiere decir que de U$S 15:000.000 que se recaudaron en este año y pico, U$S 10:000.000 se fueron en salarios. En conclusión, estamos hablando del 33% de costo. Sólo el 66% ha quedado para los ahorristas o para el Estado.

Asimismo, debo señalar que cuando se habla de la asistencia del Estado a los Bancos, hay que dar también una información correcta. Esos millones de dólares que el Estado ponía eran los mismos que los ahorristas sacaban de los Bancos, y seguramente nadie me lo puede desmentir. Digo esto para que la discusión sea más o menos centrada y seria.

Gracias, señor Presidente y señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Alberto Brause).- Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Quisiera hacer algunas aclaraciones a la intervención del señor Senador Sanabria.

Empecemos diciendo que en julio de 2002 se decretó el feriado bancario, pero la asistencia empezó en enero y había Bancos que ya habían quebrado, con los cuales el Estado hizo un contrato que toda la opinión jurídica -que conozco y respeto- dijo que no estaba en condiciones de hacer; me refiero al que se realizó primero con el Banco Comercial, y ya se había gastado una troja de dinero. Se sabía -lo investigó la Cámara de Representantes y consta en la versión taquigráfica, que he leído- que en el Banco de Montevideo -cuando lo voy a mencionar me surge el nombre del Pan de Azúcar, porque tienen algunas similitudes- las irregularidades eran brutales; y tengo la convicción moral de que se sabía que el Banco Comercial había sido robado y vaciado, puesto que se habían llevado U$S 600:000.000 en papeles que habían negociado en el exterior. ¡Claro que tengo todas las cifras en análisis! Si la gestión del Banco Comercial unificado para recuperar los montos y demás, ha costado lo que ha costado…

SEÑOR SANABRIA.- No es el Banco Comercial; son los fondos, que es otra cosa.

SEÑOR GARGANO.- La aclaración está hecha: estamos hablando de los fondos rescatados.

Será porque seguramente la dirección que se ha impreso a la Institución no es la que anda mejor, si tiene un monto de esa magnitud y sólo ha recuperado ese porcentaje, que le ha dado el costo que le ha dado…

(Intervención del señor Senador Sanabria)

- Yo no tengo las cifras; quien las tiene es el señor Senador Sanabria, que pertenece al Gobierno y por eso las conoce.

SEÑOR SANABRIA.- No, señor Senador, al país; es la realidad del país.

SEÑOR GARGANO.- Es del Gobierno, sobre todo del Gobierno.

De todas formas, quiero decir que la materia que estamos tratando es la de garantizar que sea el Estado. Aquí no vamos a pagar comisiones a nadie. Estamos estableciendo que los directores no van a ganar más que un director de un banco del Estado y que el Banco República y el Banco Central tienen abogados en demasía. Estoy pensando en algunos que han tenido relación con el ejercicio de la profesión en esos Bancos, donde ganan sueldos bastante respetables. Además, por supuesto que no se va a pagar por la acción que lleven adelante ni van a pedir regulación de honorarios, aunque algunos sí lo hicieron en su carácter de liquidadores nombrados por el Banco Central. En esta mención debo aclarar que no está incluido el actual señor Senador Korzeniak.

Entonces, la operación global en la que nos hemos introducido consiste en buscar una salida decorosa que permita rescatar bienes para el Estado. Aquí no se van a pagar esos U$S 34:000.000, U$S 50:000.000 o U$S 60:000.000 que Thesis puede obtener. Tengo el mayor respeto por los socios uruguayos de la empresa, que según tengo entendido son los señores Acle, Varela -que fue Ministro de Salud Pública hasta hace poco tiempo- y Aznárez. Estos señores pueden ser muy competentes, aunque en general no han tenido competencia para desarrollar sus actividades en el plano comercial. Dicen que la empresa Thesis, que es de origen mexicano, tiene capitales no sé dónde, y no sé cuánto importa la parte uruguaya. A mí me parece mejor que estos señores gestionen sus intereses privados y que los intereses del Estado los defienda el Estado a través de este fideicomiso que nosotros queremos crear.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Alberto Brause).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Lo que sí es seguro es que hay una colección de ex Ministros no muy destacados del período dictatorial y del posterior; algunos de ellos pasaron por varias Carteras y otros estuvieron en el período de triste memoria.

En primer lugar quiero decir que no doy por buena ninguna de las cifras del señor Senador Sanabria, no porque las haya dado él sino porque no coinciden con las mías. Pero podemos ver este aspecto en otra oportunidad y no ahora, durante el uso de una interrupción.

Este tema ya estaba planteado a comienzos de año; se siguió con el mismo mecanismo, y si no hay una recuperación tan grande como podría haber habido, no es porque hayamos sido partidarios de mantenerlo sino porque, aunque se pensaba que había que tomar otro camino, el Banco Central persistió en la misma línea. A esto quiero agregar que no nos dio respuestas, ya que le planteamos un conjunto de preguntas y todavía estamos esperando. No sabemos cuáles son los informes de los servicios del Banco Central y de las asesorías externas que indican que este es el camino más adecuado, ni cuáles son los criterios de recuperación que se aplicarán, ni por qué se tomó el camino de estas comisiones, cuyo método cambió pero su volumen sigue siendo extraordinario y de gran motivación para tratar de operar una recuperación fuerte e incidir con presiones muy importantes sobre los deudores con el fin de conseguir algo, porque de lo contrario ya se conoce el resultado.

Tampoco sabemos por qué se entiende que es razonable tener un criterio para manejar el endeudamiento en el fideicomiso del Banco de la República y otro en este sistema, cuando hay cruzamiento. La respuesta que se dio era de una extraordinaria picardía, pues se dijo que el cruzamiento era más bajo de lo que decíamos porque se refería sólo a las Carteras que estaban en el fideicomiso del Banco de la República y no a las Carteras pesadas que estaban en el conjunto de esa Institución. Pero lo cierto es que acá hay un cruzamiento que puede tener un efecto sobre el Banco.

Y no sabemos, tampoco, por qué se pusieron condiciones tan altas que excluyeron a muchas empresas de la posibilidad de participar en este tipo de cuestiones.

Entonces, a mi juicio, aquí existe una voluntad empecinada de tomar un camino que va a terminar por recuperar poco para los principales acreedores -que es la sociedad, a través de su sistema bancario-, provocando un impacto que va a ser extraordinariamente negativo en sectores de la producción y para muchos deudores.

Estos fundamentos y este debate no son nuevos, ya que sobre el tema que nos ocupa hoy venimos discutiendo en el país desde hace por lo menos seis o nueve meses. Las gremiales han hecho un esfuerzo extraordinario por elaborar un proyecto ponderado y equilibrado, que no es maximalista, sino muy sensato. Por lo tanto, si bien se pueden hacer extensos fundamentos, el tema está en conocimiento. Lo que acelera este tratamiento parlamentario es la decisión del Banco Central y del Ministerio de Economía y Finanzas de presionar y seguir en esta marcha para lograr el contrato y entrar así en una ruta irreversible que provoca un daño social muy importante.

Gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Alberto Brause).- Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Alberto Brause).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: quería recordar un antecedente que existe en el Uruguay y que es reciente. Las disposiciones que se han estado manejando, incluso las que figuran en este proyecto de ley, no se pueden considerar como normas que estén atacando contratos de nadie; son criterios para enfocar contratos que existieron. Y quiero decir que el principio de modificar directamente contratos, pactos de intereses, plazos o cargos ya establecidos -aclaro que no estoy diciendo que sea esto lo que trae este proyecto de ley-, por mora, por sanciones monetarias debido a atrasos, es decir, todo eso que ya estaba en contratos firmados por el público con la Banca, fue objeto de tres leyes de refinanciación en nuestro país, como todos recordamos.

Pero lo que quiero aportar, para que de una vez por todas se tenga en cuenta, es que dos de esas leyes fueron impugnadas por los Bancos privados y oficiales, así como también por otros acreedores privados, ante la Suprema Corte de Justicia, a raíz de esa modificación de los contratos que, efectivamente, sí se realizaba en esas leyes, pues otorgaban plazos mayores y hacían quitas a lo pactado en los contratos. Así, los Bancos oficiales impugnaron la ley contra la opinión de sus departamentos jurídicos, que les dijeron que iban a perder. Sin embargo, lo hicieron igual. Fue una especie de regla política.

Cabe agregar que la Suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado sobre ese tema. De hecho, lo hizo innumerables veces durante muchos años, cuando las leyes modificaban los contratos de arrendamiento. Aquí también lo hizo, señalando que no eran normas inconstitucionales, sino leyes dictadas por razones de interés general cuando el Parlamento, por mayoría, entendió que existían dichas razones. Quiere decir que rechazó la impugnación, con tres integraciones diferentes; esa es la jurisprudencia de la Corte, y ha sido siempre así.

De manera que esa intangibilidad, a mi modo de ver, constituye un principio elaborado por el neoliberalismo, por una filosofía política respetable, pero que no comparto. Cuando en Uruguay hay pleito, ese principio pierde, tanto ante los juzgados comunes como ante la Suprema Corte de Justicia.

Pero como decía el señor Senador Gargano, no estamos hablando ahora de normas que estén modificando contratos, ni mucho menos. Sin embargo, las leyes que mencioné, como he dicho, sí lo hacían; de hecho, participé en la redacción de la última que se dictó, que decía expresamente que cualesquiera fueran las cláusulas que estuvieran en los contratos, se cambiarían por las nuevas reglas. Tal vez sea verdad que hubo gente que no cumplió tampoco con esas leyes de refinanciación, pero sepamos de una vez por todas que no estamos ante ilegalidades ni nada de eso; estamos ante un tema en el que el interés general aconsejaría -pienso yo- que esta ley fuera aprobada.

Repito que tengo en mi despacho una lista de los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia, que son alrededor de veinte. En este caso mencioné sólo tres por tratarse de leyes de refinanciación aprobadas por el Parlamento -dos de ellas cuando quien habla ya era Senador-, pero son muchas más. Entre esas leyes había algunas en las que se modificaban contratos de arrendamiento, contratos de compraventa, etcétera. Estoy hablando de aquella época de la lucha contra la usura, en la que también se modificaban los contratos.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Alberto Brause).- Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Gracias, señor Presidente.

Además de los fundamentos políticos que he dado, quiero decir que para actuar de esta manera -urgente, rápida y efectiva-, para crear este fideicomiso, me baso en el hecho de que desde el inicio de la crisis del sistema financiero he sido testigo de cosas que se decía que se harían de determinada manera y que luego se hicieron de otra. Durante meses estuvimos esperando que el Poder Ejecutivo actuara sobre lo que era el Banco de Crédito, porque se decía: "Vamos a salvar al Banco de Crédito", y entonces lo dejamos aparte, porque se nos decía que se salvaba, que se iba a llegar a un arreglo; sin embargo, finalmente el Banco de Crédito fue cerrado y ordenada su liquidación, lo que significó también que alrededor de 700 trabajadores quedaran fuera, aunque unos 150 estuvieron abocados a ella. Y fíjese, señor Presidente, que fueron muy eficaces en su labor, porque recuperaron en forma muy rápida una parte muy importante de la cartera. Esa tarea estaba dando tan importante resultado, que el Directorio de la Institución resolvió terminar con la liquidación y sacar a los funcionarios y al liquidador. Realmente, esto es algo insólito. Efectivamente, el resultado estaba siendo bueno y se estaba recuperando la cartera a un ritmo que no se preveía antes; sin embargo, en lugar de alentar a que esos trabajadores siguieran en esa función y a que el liquidador actuara de la manera como lo estaba haciendo, lo que hizo el Banco Central -y aclaro que cuando hablo del Banco Central me refiero al Poder Ejecutivo, porque este Banco no habría actuado así si el Presidente de la República no lo hubiera querido; es decir que la Institución actúa en la línea que el Presidente le manda- fue terminar con la liquidación.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Alberto Brause).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Alberto Brause).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Seré muy breve, señor Presidente.

A mi juicio, sobran las razones para aprobar con urgencia un proyecto de esta naturaleza. Lo que creo necesario y quiero es impedir que se formalice el contrato que entrega las carteras a la empresa privada. Está claro que trato de impedir que se lleve adelante esa política y de lograr que existan mayorías para llevar a cabo otra, como la que figura en este proyecto de ley, que es conocida por todas las Bancadas del país. Inclusive, la Cámara de Representantes pidió prórrogas sucesivas, de 30 días la primera vez y de otros 30 la segunda. Y el Banco Central siguió adelante.

Entonces, verdaderamente hay razones para la urgencia, y más que razones políticas son económicas y financieras, con el objeto de defender lo que va quedando del patrimonio que el país colocó en el sistema financiero. Todos sabemos que aquellos que creyeron y dejaron su dinero en los bancos tuvieron que soportar, por ejemplo, que en el Banco de la República sus ahorros quedaran atrapados -al igual que en el Banco Hipotecario- y fueran reprogramados, modificando sus contratos, porque los mismos ya estaban hechos. Pero nadie habla nunca de cómo ambas instituciones bancarias, por ley, modificaron los contratos, ni de cómo la propia ley autorizó incluso a modificar los intereses y los plazos fijados por la normativa. Entonces, si bien sé que los Directores tienen un trabajo muy pesado y muchos de ellos son muy competentes y actúan con muy buena fe en aras de defender los intereses del país, hacen y deshacen, cambian fechas, plazos e intereses sin consultar al acreedor del Banco, que es el depositante. Y ciertamente hay muchas experiencias de esto, quizás miles. Además, la verdad es que algunos Directores han hecho muy poco y han dicho, por ejemplo: "Bueno, ya que está ahí, dejémoslo, y vamos a ver si puede el Banco de la República salvarse".

Por mi parte, quiero que este dinero que aquí está en juego, que es del Estado, de la gente, sea recuperado. Ya sé que se trata de una entidad privada que actuará sobre la base de las normas del Derecho Privado, pero también estarán los Directorios del Banco de la República y del Banco Central, y el Poder Ejecutivo nombrará, de una terna de los acreedores y depositantes, la tercera persona que formará parte de la administración. A su vez, hay mecanismos de seguridad que impedirán que pase lo mismo que ha ocurrido en otros lados.

A mi modo de ver, todos estos argumentos son más que suficientes para votar en el día de hoy este proyecto de ley y tratar de detener de alguna manera lo que el Banco Central está haciendo.

Muchas gracias.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Alberto Brause).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: en virtud de que se ha dicho que no se hacían cargo de los datos que proporcioné vinculados con la recuperación de los activos de los bancos cerrados y dado que ha habido confusiones bastante notorias con relación a lo que es el Banco Comercial y los fondos de recuperación del Banco de Crédito, debo señalar que lo que manifesté es más grave aún en el caso de los porcentajes.

Dije, y lo reafirmo, que la recuperación aproximada de estos fondos de U$S 850:000.000 -que son los que finalmente quedaron luego de la extracción que se hizo con respecto a la conformación del Banco Comercial-, es de U$S 15:000.000. Al mismo tiempo, entre sueldos y viáticos -entre otros conceptos-, se han gastado para esa recuperación U$S 10:000.000. Afirmé que ello tenía un costo del 33%, pero ahí sí me equivoqué, porque en realidad el costo fue del 66%. No me equivoqué cuando mencioné la cifra de U$S 15:000.000 -están los datos oficiales-, sino -reitero- en el porcentaje de costos para el país. Son los mismos millones de los ahorristas y del Uruguay.

Con respecto al Banco de Crédito, en el día de hoy -tal como se comprometió el equipo económico- quedó devuelto el 100% de los depósitos a los ahorristas de esa institución en Bonos del Tesoro, en la cuenta Caja de Ahorros que ellos tienen en el Banco de la República Oriental del Uruguay.

No es poca cosa señalar que, luego de la crisis impresionante que afectó al país, se ha logrado que el 96% de los ahorristas uruguayos tuviera satisfacción, fundamentalmente aquellos a los que amparó la Ley de Fortalecimiento Bancario con depósitos de hasta U$S 100.000, que votamos -por supuesto que no todos- en este Parlamento. Como decía, el 96% de esos ahorristas hoy tiene satisfacción a través de pequeñas partidas en efectivo, otros en canje, en certificados de depósito de los propios Bancos o en Bonos del Tesoro. En el caso del Banco de Crédito -sobre el cual aquí también se equivocó la información vinculada a la recuperación-, no olvidemos que de los U$S 160:000.000 que se recaudaron en recuperación de créditos, más de U$S 100:000.000 correspondieron a la acción del Banco Central en la negociación con el socio. No fueron los funcionarios en la ventanilla del Banco de Crédito que recuperaron esa cifra superior a U$S 100:000.000, sino -reitero- la negociación acertada del Banco Central y del Ministerio de Economía y Finanzas con el accionista minoritario de esa institución, que pagó sus deudas y compromisos.

Evidentemente, señor Presidente, también hay que señalar que el país -no el Banco Central ni el Estado, así como tampoco el Gobierno- ha encontrado un freno muy importante para que estos fondos funcionen. No hay que olvidarlo. Lamentablemente, los 137 funcionarios del Banco de Crédito fueron despedidos porque no contribuían a generar las liquidaciones imprescindibles para que el Banco Central tomara una decisión.

(Ocupa la Presidencia el señor Luis Hierro López.)

-Ese tema fue analizado en el seno de la Comisión de Hacienda, y en la versión taquigráfica consta que el gremio no venía a defender a los funcionarios que habían sido cesados, para que fueran reintegrados a sus puestos. Es evidente que había un reconocimiento de las tremendas dificultades que tiene el Estado para recuperar esos fondos de mucha gente que quiere pagar. A propósito, también es cierto que, así como encontramos personas que no pueden pagar, vemos -desde hace mucho tiempo, no de ahora- otras que quieren hacerlo pero no concurren a hablar con los Directores del Banco Central o con el equipo económico, sino con los funcionarios de esas instituciones bancarias. Hoy día está sucediendo que ni siquiera reciben las explicaciones razonables y de comprensión de parte de esos funcionarios. Resulta evidente que ahí también hay dificultades que se están agregando a las que tienen muchos deudores que quieren pagar pero que, lamentablemente, no han podido hacerlo aun cuando tienen la voluntad y el dinero para ello.

También debo señalar que no me voy a pronunciar sobre el proyecto, porque aspiro a analizarlo y a que me convenzan en el seno de la Comisión de Hacienda del Senado de que puede ser importante para este Fondo. Tampoco voy a pronunciarme sobre la decisión del Poder Ejecutivo vinculada con este llamado a licitación, porque no la he estudiado y seguramente la analizaremos en estas horas.

Queda claro, señor Presidente, que lo que se está planteando no es, como dijo algún señor Senador, que esto no tiene costo, porque el propio proyecto prevé uno de hasta el 10%. Quiere decir que, lamentablemente, no hemos contado con la información más allá del texto que, como es evidente, tampoco hemos tenido tiempo de analizar en profundidad.

Nada más. Muchas gracias.

24) PRORROGA DE LA HORA DE FINALIZACION DE LA SESION

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: esta es una sesión ordinaria que culminaría a las 20 horas, por lo que voy a solicitar que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta el momento en que se vote en general el proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 20 en 24. Afirmativa.

25) FONDO DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del proyecto de ley por el que se crea el Fondo de Administración de Activos Financieros.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: brevemente quisiera tratar de rumbear el tema hacia otra visión e inducir a pensar, particularmente a quienes representan al Gobierno, a partir de ubicarnos en dónde estamos parados. En definitiva, este es uno de los tantos coletazos del cimbronazo que sufrió el país.

Estamos en tiempos electorales y tenemos un paquete de deudas que no se ha podido cobrar. Sobre el particular se han anotado muchas cosas y yo quiero agregar un argumento. Una de las grandes dificultades que ha habido fue la propia crisis económica. El tiempo, que va curando heridas, tiende a hacer lo propio con la economía, y a partir de hacerla más viable, comienzan a aparecer recursos que apenas eran nominales. Es verdad que pasó mucho tiempo, pero creo que éste no fue inútil, porque aun desde el punto de vista contable su paso tiende a acumular intereses. Cuando las garantías son reales, inmobiliarias, el paso del tiempo mejora su calidad; si ya eran nominales, estamos con un problema peor, pero donde había garantías reales la verdad es que no se ha perdido tanto. Tal vez estamos inmersos en esta discusión porque no pudimos convencer en 1999 y en 2000, y problemas que pudieron haberse enfrentado cuando teníamos capacidad de maniobra, no fueron tratados.

Hemos atravesado por una crisis enorme. Pero no tuvimos una conducta ejemplar como nación sólo en el entierro del General Seregni, porque dentro del dolor de una crisis, aun estando en la vereda de enfrente, socialmente hemos tenido una conducta envidiable para cualquier otra nación, si se mide lo que fue el terremoto financiero.

Detrás de este proyecto está la cabecita de varios gremios, pero hay uno con el cual me he peleado mucho -me refiero a AEBU- porque es acérrimo defensor de su fuente de trabajo, pero que ha demostrado que no tiene la cabeza sólo para llevar una gorra, porque no se preocupa solamente por el corto plazo, sino que tiene la visión de pelear por lo menos por el mediano plazo y, en tal sentido, está planteando un proyecto que dé salida a esta situación que ha costado quince o veinte proyectos, iniciativas o borradores para enfrentar el endeudamiento.

Se presentaron varias propuestas de suspensión de ejecuciones, pero este proyecto es como para decir: "Vamos a terminarla". Pregunto si no le valdrá la pena al Gobierno reconsiderar y, en un año preelectoral, fumar la pipa de la paz frente a un problema difícil como este, cuando se está dispuesto a construir, de hecho, por una semilicitación, una empresa privada, un mecanismo de cobro que tienda a dar garantías al conjunto de la sociedad, tanto a los deudores sanos como -en la otra punta- a los ahorristas, con la presencia de un Estado que no se ampara en el Derecho Público, que probablemente tenga que ejecutar si quiere cobrar, pero que tiene la sutileza de establecer una política de mediano plazo que le dé perspectiva de vida a lo que racionalmente puede estar vivo. ¿Para qué? Para que maneje, caso a caso, la viabilidad de la fórmula de pago de cada deudor. ¿Por consideración social? ¿Por lástima? No; como una manera de restituir valor para el conjunto del sistema financiero y económico del país.

En un proyecto donde se establece algo que es una función de gobierno que, en realidad, tendría que ser una potestad del Banco Central, que asume esta figura de cómo manejar las tasas y los plazos, nos preguntamos en función de qué se actúa de esa manera. ¿De un capricho político? No; de la viabilidad racional que pueda tener una empresa. Pero además se establece un conjunto de mecanismos cruzados que por lo menos servirían para taparme la boca a mí, opositor, porque no hay mejor control que el entrecruce de intereses: de ahorristas, de deudores, de una sindicatura que va a cuestionar las decisiones de la Dirección.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MUJICA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: a tal punto es cierto lo que dice el señor Senador Mujica que, por ejemplo, en el caso del Banco de Crédito, se estaban recuperando. Había cerca de U$S 200:000.000 que se podían recuperar, pero el interventor fue sacado y se dejó de recuperar; lo pasaron a otro destino y terminaron contratándolo en el fideicomiso del Banco de la República. ¡Si sería bueno, que ha tenido éxito en el Banco de la República! Pero se dejó de hacer, no se sabe por qué razones ni por qué intereses.

Entonces, si en realidad cambiaron las autoridades de los Fondos a fin de año y las volvieron a cambiar ahora; si en el período en que funcionó tenían U$S 26:000.000 recuperados y, según mi información, convenio por alrededor de U$S 40:000.000 y convenio a firmar por el Banco Central por otros U$S 40:000.000 -con lo cual estamos en el orden de los U$S 100:000.000-, y si se computan en los U$S 10:000.000 los sueldos del Nuevo Banco Comercial que se siguieron pagando y que figuran en esta misma contabilidad, las cifras son de un enorme contraste.

Me parece que quizás podrá no haber habido toda la eficiencia del mundo en una realidad nueva y muy complicada, pero la información y la realidad eran otras.

Ahora bien, si queremos una gestión transparente y eficiente, tiene que existir ese tipo de transparencia y de contraposición de intereses a que se refería el señor Senador Mujica.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Mujica.

SEÑOR SANABRIA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MUJICA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: más allá del tema de fondo, creo que es importante señalar que sobre temas históricos, que ya pasaron, no debemos tener discrepancias. Uno de los que están hoy al frente del fideicomiso del Banco de la República es el mismo que estaba al frente de la liquidación del Banco de Crédito, y esto no tiene nada que ver con lo que yo señalaba con respecto a la recuperación de los Fondos de los Bancos Montevideo, Comercial y Caja Obrera. Todo esto va por cuerdas separadas y no tienen nada que ver los números de un lugar con los de otro ni con los del Banco Comercial. Evidentemente, cuando se genera lo del Banco Comercial, se recorre un camino totalmente distinto. Claro que yo mismo he defendido en este Parlamento el buen éxito de la recuperación del Banco de Crédito, que inclusive exigió la necesidad de incluir un artículo en el mes de diciembre que permitiera la compensación entre fondos de recuperación y ahorristas en los Bancos Montevideo y Caja Obrera, cuando con la misma ley lo estaba haciendo. Es así que el Banco de Crédito lo llevó a cabo y los otros no. Celebré la recuperación que tuvo el Banco de Crédito pero, lamentablemente, cuando se llegó a la recta final no hubo colaboración de parte de los funcionarios. Es por eso que el Banco Central tuvo que tomar medidas con el fondo de recuperación. Lamentablemente, es notoria la poca disposición que ha habido de parte de los funcionarios en el sentido de seguir adelante y, reitero, esa ha sido una de las causales de la dificultad que tenemos.

En conclusión, señor Presidente, debo señalar que coincido con lo que significa buscar el mejor camino. De la misma manera que se nos pide una señal para la oposición, me pregunto qué mejor señal puede dar un Gobierno -como dije el otro día con referencia a los temas de ANCAP- que hacer lo que tiene que hacer, más allá de los costos políticos. ¡Qué mejor sería para un Gobierno que, evidentemente, tiene dificultades de comprensión electoral, que decir: "Vamos para donde quiera ir cada uno; larguemos la piola", cuando quizás después no tengamos de dónde agarrar el balde! Sin embargo, estamos analizando la situación general con datos objetivos, y ¡vaya que nos ha dado resultado el hecho de mantenernos en una línea de seriedad vinculada fundamentalmente a la recuperación de los activos, sin dejar a nadie por el camino! Creo que cualquier solución que se plantee no puede dejar por el camino a nadie que quiera pagar. De eso se trata, y por eso me encanta oír hoy, de parte de la oposición, hablar de "caso a caso" y de analizar, porque hace poco tiempo no se trataba de eso, sino de un "perdonatutti" y de leyes apuradas.

Creo que este tema merece un análisis y, por eso, reitero que tendríamos que tener esa discusión -sigo confiando en el buen criterio de todos los señores Senadores- en la Comisión de Hacienda. Allí podríamos analizar cuál es el mejor camino y quizá llegaríamos a un acuerdo, pero me parece que no vamos a alcanzarlo presentando un proyecto de ley con un articulado bastante complejo que hace aparecer la creación de un nuevo instituto privado. Aquí se quiere entreverar, pero el fideicomiso es una figura del Derecho Privado y, evidentemente, se va a cobrar una comisión de hasta el 10%, como se dice en la iniciativa.

En definitiva, reitero que debemos analizar todo este tema en profundidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Mujica.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: no quiero bifurcarme, pero no tengo más remedio que recoger una vieja experiencia empresarial de alguien que recuperó a la General Motors. Si un capataz no puede atender a cuarenta o cincuenta personas, porque éstas no producen, que no siga multiplicando capataces. Por el contrario, hay que tratar de arreglar los problemas laborales y que la gente ponga su voluntad para trabajar porque, a la larga, es siempre lo más barato, aunque tenga que rascarse la cabeza. Precisamente, este proyecto de ley apunta en ese sentido. Si yo fuera funcionario del banco equis y estuviera en la situación de que cuando se liquide me echan, ¿qué quieren? ¿Que sea héroe? ¡Por favor! Esa no es la visión global del gremio, sino la actitud de la barra que instintivamente tiene que defender su bolsillo. Así razonamos los hombres y mujeres normales de este país. La inteligencia del gremio es otra historia. Pero el gremio se hace pelota si va a picanear, porque hay una contradicción entre el interés general y el interés particular de los individuos. Hay que advertir esa fineza; si no, no se entiende lo que es la vida.

Este proyecto de ley tiene la ventaja de que cuenta con el prestigio de un gremio fundamental. Entonces, lo que es un problema, en realidad es una solución, porque si pretendemos cobrar y que las cosas caminen, la barra tiene que funcionar con entusiasmo. Eso es lo que está en juego. ¿O no lo percibe el Gobierno? Hay problemas que no se arreglan pechando, sino zurciendo intereses que pueden tener razones distintas.

Quería hacer este enfoque político porque, además, esto surge a tres meses del pleito electoral, que nos enreda toda la madeja. ¿Saben lo que significaría que pudiéramos despejar este problema en un momento político, en donde nos vamos a agarrar de las crines? ¿Saben la lección que le daríamos a este país? Precisamente, ayer invité públicamente al señor Ministro a conversar, pero es demasiado joven. Cuando uno es joven, se cree un rey o el campeón del mundo. Pero, en mi opinión, le falta reumatismo.

Como dije antes, creo que esto que aparentemente es un problema, en los hechos es una bruta oportunidad también para el Gobierno, porque significa darle salida a uno de los problemas más difíciles. Del mismo modo que mañana o pasado mañana vamos a votar por acuerdo político un proyecto de ley para atender los problemas de la granja, esta iniciativa también tendríamos que aprobarla por acuerdo político. Pero, ¿qué ocurre? Estamos acotados en el tiempo porque no sabemos cuál es la intención del Gobierno y porque, además, este pretende suscribir un acuerdo con una empresa privada que no arregla el lío, sino que lo tira para adelante. Por ello, somos desconfiados como caballo tuerto. Y es natural que seamos desconfiados. Al fin y al cabo, ante la posibilidad de convocar a una empresa privada, ¿qué garantías le da ésta al Gobierno? De que puede ejecutar rápido, pero no de rescatar más valor, pues el interés de esa compañía es otro, es decir, el de hacer ganancias rápidamente. Sin embargo, el interés de este proyecto de ley es recuperar valor, aunque lleve más tiempo. Pero el tiempo corre a favor de recuperar valor, si ustedes creen como Gobierno en el discurso oficial que están levantando. Si la economía camina, el tiempo está a favor de recuperar valor.

De manera que nosotros estábamos en un brete: si se opta por el camino de los remates -por el cual tendríamos más problemas- o si se acepta esta otra alternativa -porque las circunstancias no nos dejan otra opción- de forzar esta noche la votación y levantar la mano, reconociendo que este proyecto de ley necesitaría tiempo. Lo cierto es que, por un lado, tenemos la lanza de las ejecuciones en el costillar y, por otro, las decisiones que va a tomar el Gobierno. Si uno tiene que atender los dramas del Gobierno, éste también tiene que ver los nuestros. ¿Cómo le damos salida al problema en estas circunstancias? No tenemos toda la libertad, sino aquella a la que podemos acceder en el marco de esta situación. Alguien me dijo: "Ahora podemos votar y ganamos". ¿Para qué me sirve ganar en un ratito de descuido y que mañana me torpedeen? ¿Por qué no nos planteamos otras opciones? Ganar sería resolver este problema entre todos. Al fin y al cabo, este no es un proyecto de ley de refinanciación ni detiene ejecuciones; en todo caso, repercutirá sobre un interés privado o en algún escritorio que va a ganar algún peso menos.

Quería hacer este encuadre político de la situación porque me parece que es lo más importante. En este momento voy a dejar mi intervención por acá con la idea de hablar después con más profundidad.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: es un hecho público y notorio, en particular para este Senado, que cuando tuvo lugar la crisis del sistema financiero y bancario que debió soportar el país en el año 2002 -cuyas consecuencias todavía estamos sufriendo-, nosotros tuvimos una activa participación, con los demás partidos políticos, en la búsqueda de las soluciones que permitieran amortiguar el duro golpe que para la sociedad en su conjunto significó la crisis a la que hacemos referencia. Estoy hablando de esa activa participación que nos llevó no solamente a redactar buena parte de los artículos de las leyes que, por mayoría primero y por unanimidad después -o prácticamente con la participación de todos los partidos-, se aprobaron al final de ese año, sino también a desarrollar una disposición y predisposición al diálogo permanente con los gremios, en particular, con AEBU -con quienes compartimos varias instancias de trabajo-, con los deudores a quienes hemos recibido en todas y cada una de las recorridas que hemos hecho por el país -en cada capital departamental nos estaban esperando-, con los acreedores y con los ahorristas damnificados por la crisis, en fin, con todos los actores, tratando siempre de remar y de contribuir a la salida de este problema. Incluso, señor Presidente, hemos puesto siempre la cara en estos temas en momentos en que no era fácil hacerlo y en los que prácticamente nadie salía a hablar, porque no existían soluciones; y nosotros empezábamos a discutirlas en un proceso incipiente para tratar de encontrarlas. Esa misma actitud nos trae hoy aquí con la idea de conformar mayorías con todos los partidos políticos, pues entendemos que cuando los problemas se resolvieron de esa manera, todo anduvo mucho mejor. Creo que la de hoy es una de esas circunstancias. Quienes respaldan este proyecto de ley han puesto de manifiesto que tenemos por delante dos temas fundamentales, que son los que aparentemente precipitarían la necesidad de aprobarlo. El primero de ellos es la eventualidad de ejecuciones que dañarían las posibilidades de recuperación del país y frustrarían las expectativas de empresas que son viables desde el punto de vista económico. Estas, si se acompasan a la reactivación, pueden salir adelante, pero están cargando con un fuerte endeudamiento que necesitan resolver en algún momento.

El segundo tema que se ha puesto de manifiesto tiene que ver con la cesión -por vía administrativa- de las carteras pertenecientes a los ex Bancos Montevideo, Comercial y La Caja Obrera, que ha realizado el Banco Central del Uruguay. Creo que en su mayoría son las carteras de menor valor, catalogadas casi todas como Categorías 4 y 5.

Con respecto al primer tema, el de las eventuales ejecuciones, el Partido Nacional está recorriendo un camino que no se ha agotado, y en el día de hoy ha tenido una nueva instancia -promovida por el doctor Jorge Larrañaga- en función de la cual se procura lograr un entendimiento entre el Gobierno, los acreedores y las instituciones de intermediación financiera, a efectos de evitar que de aquí al 31 de diciembre -esto significa llevar el plazo al 1º de marzo del próximo año, si tenemos en cuenta la feria judicial- se lleven adelante ejecuciones. En principio se obtuvo una respuesta favorable de parte del señor Ministro de Economía y Finanzas, quien luego de mantener conversaciones con representantes de las instituciones involucradas se encontró con algún obstáculo. Hoy se entabló un nuevo diálogo entre el doctor Larrañaga y el señor Ministro, de manera que se están abriendo nuevas instancias a fin de evitar llegar a esas ejecuciones y dejar definitivamente por el camino toda chance de aprobar una ley que signifique la suspensión de ejecuciones, porque todos creemos que dañaría enormemente las posibilidades de recuperación que tiene el país. Esto no lo entendemos solamente nosotros, sino también el doctor Tabaré Vázquez, líder del Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría quien, de acuerdo con las versiones de prensa que todos conocimos en el día de hoy, habría impulsado dentro de su fuerza política la necesidad de desistir de un proyecto de ley promovido por distintos sectores que conforman dicha fuerza, en contradicción con otros sectores, en especial con aquellos que son sus principales referentes económicos. Esa es la realidad. Incluso, podría interpretar que puede haber una suerte de transacción, esto es, no seguir insistiendo con el proyecto de ley relativo a la suspensión de ejecuciones a cambio de llevar adelante la iniciativa que hoy estamos discutiendo.

Cabe destacar que la urgencia de este proyecto de ley se plantea hoy, ya que fue presentado hace unos cuantos días. Nunca se había apretado el acelerador a fondo al punto tal de promover que se trate con carácter urgente y se apruebe sobre tablas. Esto se hizo recién en el día de hoy, cuando se tomó conocimiento, simultáneamente, de que no se va a insistir con el proyecto de ley de suspensión de ejecuciones. Ese es un dato de la realidad. Me parece que si queremos construir una solución seria, responsable, sana y que esté de acuerdo con las leyes que en su momento aprobamos y que en buena parte han dado frutos interesantes, deberíamos buscar -y en este sentido comparto el razonamiento del señor Senador Mujica- caminos de entendimiento dentro del sistema político que sigan la misma línea de aquellas normas del año 2002. Me refiero a disposiciones que generen certezas dentro y fuera del país y procuren defender lo que en el texto de la ley aprobada a mediados de 2002 señalamos que queríamos defender. Fue así que logramos introducir un artículo en el que se dice que la ley procura amortiguar el impacto que significa para la sociedad la crisis del sistema bancario y defender los derechos de los acreedores, deudores, trabajadores -creo que hemos logrado mucho en los tres ámbitos- y de la sociedad en su conjunto, que puede no ser deudora, acreedora o trabajadora, pero que sin duda está profundamente implicada en la definición de este tema.

Frente a la primera pregunta acerca de si tenemos que evitar las ejecuciones y, sobre todo, aquellas que matarían definitivamente la posibilidad de reactivación de deudores comprometidos pero viables, me parece que la mejor solución es la de este entendimiento que estamos procurando. Seguramente, si participaran todas las fuerzas políticas sería mucho más que posible llevar adelante este entendimiento. De manera que no existe esa tal urgencia en tanto se pueda seguir transitando y avanzando en ese camino, tal como se hizo en estos días -y pensamos que se podrá hacer en los próximos-, sobre todo si detrás de esas soluciones estamos todos.

De acuerdo con la segunda apreciación que se ha realizado, la cesión que acaba de realizar el Directorio del Banco Central del Uruguay obliga a la aprobación de este proyecto de ley. En realidad, la cesión ya se hizo y no porque se apruebe en una Cámara un proyecto de ley, ello va a significar que éste quede por el camino. Tengo en mi poder la resolución del Banco Central del Uruguay fechada el 5 de agosto del presente año, en la que figura la adjudicación; de manera que el acto administrativo está cumplido. Todavía le falta -es verdad- la firma del contrato correspondiente.

SEÑORA ARISMENDI.- ¡Pequeño detalle!

SEÑOR GALLINAL.- Entonces, puede existir algún margen de conversación. Por tanto, creo fundamental contar con la presencia del señor Ministro de Economía y Finanzas -cuya opinión sería bueno escuchar- hoy o mañana en la Comisión. Seguramente en la intención de los autores del proyecto de ley no está generar una nueva responsabilidad para el Estado por un acto administrativo dictado, cuando lo que resta es ejecutar a través de la firma del contrato correspondiente. Además, la ley no frena esa situación; me parece que mucho más lo haría -podríamos llegar a compartir una acción en ese sentido- la convocatoria al señor Ministro para que, en el transcurso de esta sesión o mañana en la Comisión, acompañado de representantes del Directorio del Banco Central del Uruguay, nos explique cuáles son los pasos que se han dado y si, en caso de dejar sin efecto esta resolución, ello significaría el pago de una indemnización a dicha institución. Tengo entendido que no está prevista ninguna multa, dato que puede ser interesante en toda esta solución.

Entonces, si verdaderamente el objetivo es actuar con responsabilidad al enfrentar estas dos circunstancias, me parece que el camino que estamos recorriendo es el correcto. Además, tal como está planteado, el proyecto de ley no soluciona el problema que estamos enfrentando. El artículo 1º expresa: "Créase el Fondo de Administración de Activos Financieros, como persona jurídica de derecho público no estatal, que tendrá como cometido actuar como fiduciario en todos los fideicomisos constituidos y a constituirse por entidades bancarias oficiales o por el Banco Central del Uruguay, actuando en su carácter de liquidador de instituciones financieras privadas". En el caso concreto de estos tres bancos no estamos hablando de ningún fideicomiso, sino de una cesión de gestión de carteras que quedan en propiedad de quien actualmente es su titular. Por su parte, el artículo 9º dice: "El Banco de la República Oriental del Uruguay podrá constituir fideicomiso de administración de sus créditos, derechos y acciones con el Fondo de Administración de Activos Financieros". De todos modos, si no lo constituye, tampoco pasa a la órbita de esta Institución. A su vez, el artículo 10º establece lo siguiente: "Los fideicomisos a constituir por el Banco de la República Oriental del Uruguay, así como los constituidos a la fecha de promulgación de la presente ley, pasarán a ser administrados por el Fondo de Administración de Activos Financieros que por esta ley se crea.- En el caso de los Fondos de Recuperación del Patrimonio bancario de los ex - bancos Comercial, Montevideo - Caja Obrera y de Crédito," -que son parte de los que se pretende incluir en esta institución- "el Banco Central del Uruguay deberá constituir los respectivos fideicomisos a favor del Fondo. En ambos casos, deberán transferirle la totalidad del patrimonio en fideicomiso, incluso los activos líquidos disponibles". Como se observa, no se fija un plazo ni la forma en que debería tomarse una decisión de estas características por parte de una autoridad autónoma, como lo es el Banco Central del Uruguay. En consecuencia, tampoco estamos consiguiendo la solución urgente que se pretende.

Por lo tanto, a mi juicio, estos artículos merecen una modificación de redacción si es que realmente se quiere llegar a los objetivos que se han planteado. No voy a entrar en la consideración del artículo 20, que establece la exoneración de los impuestos a los activos a las empresas bancarias y el impuesto al contralor del sistema financiero, para lo cual todos estamos de acuerdo en que se necesita la iniciativa del Poder Ejecutivo. Como aspiro a que mi partido sea Gobierno, no soy partidario de sentar un precedente de estas características, en el sentido de exonerar impuestos sin la iniciativa correspondiente.

Si bien con lo dicho alcanza para demostrar que es necesario modificar varios artículos, hay otros aspectos que también corresponde destacar.

En lo que tiene que ver con el fideicomiso, debo manifestar, desde ya, mi total apoyo a su posible constitución, ya que fui autor del proyecto de ley que luego se transformó en ley. Recuerdo que reiteradamente negocié con el entonces Ministro Atchugarry, con quien impulsamos la aprobación de un instituto de estas características, que si bien está pensado para otros objetivos, también incluye el que nos ocupa. Por lo tanto, recurrir al instituto del fideicomiso sería implementar lo que pusimos a disposición del sistema jurídico nacional, aprobando la ley que lo creó. Sin embargo, si bien estoy totalmente de acuerdo con el fideicomiso, debo señalar que ese es el segundo tema que abarca este proyecto de ley, mientras que el primero refiere a la creación de una persona jurídica de Derecho Público no estatal. La gente nos mira con preocupación y diría que hasta aterrada cada vez que desde este poder del Estado se plantea la posibilidad de crear una nueva persona jurídica, con todo lo que ello significa. Suficientes problemas tenemos con muchas de las figuras jurídicas que se han creado en el transcurso de los últimos años como para que en este tema en particular agreguemos otra cuando, además, para administrar ese fideicomiso ya disponemos de instituciones y de figuras jurídicas que perfectamente podrían hacerlo. A mi juicio, este no es un tema menor, sino superior. Tan importante es que cuando discutimos la ley del sistema bancario con el propósito de encontrar soluciones a los ahorristas y a los trabajadores, nos dedicamos todos juntos, en la Subcomisión que se formó, a definir muchos de estos temas. Precisamente, junto con los señores Senadores Korzeniak y Brause coincidimos en que no era conveniente -como en algún momento se pensó y hasta se llegó a redactar- crear una nueva persona jurídica que funcionara en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, porque éramos conscientes de que nos iba a generar una enorme resistencia, con razón, a nivel de la población. Entonces, no me parece que el camino indicado sea la creación de una nueva persona jurídica que, precisamente, es uno de los elementos principales que contiene el presente proyecto de ley. Como dije, el otro refiere a darle la administración del fideicomiso. Reitero que en este punto podemos llegar a estar de acuerdo, ya que creemos en el instituto del fideicomiso, pero no nos parece oportuno crear una nueva persona jurídica porque ya existen otras con suficiente responsabilidad como para administrar -insisto- un fideicomiso de estas características.

Se ha dicho que si se continúa por el camino que está planteado, además del 13% que se otorga, se generarán gastos de abogados, timbres, honorarios, etcétera. ¿Alguien cree que la instrumentación de este fideicomiso no va a traer aparejado los mismos gastos de honorarios y de profesionales? ¿Será que cualquiera se presentará en nombre de un nuevo instituto, como administrador de un fideicomiso, y con ello tendrá patente para ir ante un Juzgado a pretender cobrar un crédito? Desde mi punto de vista, vamos a terminar en la misma situación.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: agradezco al señor Senador la interrupción que me ha concedido.

He escuchado decir al señor Senador Gallinal que no está de acuerdo con la creación de una persona jurídica, aunque tendrá representantes de organismos del Estado. A lo mejor, al señalar que ya hay otras instituciones, se está refiriendo a alguna persona jurídica ya existente o, simplemente, a crear una Comisión con los representantes que se establecen en el texto. También lo he escuchado manifestar que no hay un plazo para la creación del fideicomiso. Si bien es así, existe la obligación de hacerlo. Por ejemplo -no sé si estaremos manejando versiones distintas-, el artículo 8º dice: "deberá constituir". También se ha referido a que hay un problema formal en lo que tiene que ver con la exoneración impositiva. Se me ocurre que con buena voluntad podríamos solucionar esos temas dentro de un rato.

De todos modos, quiero recordar que el Estado dispone de una cantidad de abogados, procuradores y gestores que cobran su sueldo y que, según mi opinión, no tienen derecho a percibir otros honorarios. Así lo viví durante más de treinta años, mientras trabajé en la Sección Jurídica del Banco de la República Oriental del Uruguay y del Banco Central del Uruguay. Incluso, fui interventor de una de las sociedades que tenía Peirano en el "Mercantile River Plate". Nunca cobré honorarios y creo que esa es la solución correcta, porque es parte de la función que tienen los abogados de los bancos oficiales donde perciben un sueldo. Aclaro que esta es mi opinión y no compromete a nadie más. Pero quiero señalar que la votación de una moción de orden que presentó el señor Senador Gargano, tuvo lugar en el sentido de que se prolongara esta sesión hasta cumplir con la votación, en general, del proyecto de ley. Entendí eso y fue de esa manera que se votó.

Quiero decir que puede haber una mejora en cualquiera de los artículos, pero me parecería muy interesante que cuando el señor Ministro de Economía y Finanzas concurra mañana a una Comisión del Parlamento, vea que el Senado ya aprobó en general, por lo menos por una buena mayoría, un proyecto de ley que sustituye la adjudicación a una empresa privada, que también es un instituto en sentido amplio, aunque no del Estado, no de Derecho Público, pero una persona jurídica. Me parece que contribuiría mucho que la visita del señor Ministro se produjera conociendo la voluntad de una de las dos Cámaras de este Parlamento que aprobó, por una buena mayoría -si fuera por unanimidad, muchísimo mejor-, una solución alternativa distinta a la que el Gobierno está llevando adelante. Por ello, entiendo que un estudio en particular podría llevar a hacer algunas correcciones. Por ejemplo, en aras de lograr un acuerdo, las tres que señaló el señor Senador Gallinal se podrían arreglar en diez minutos. Sin embargo, reconozco que a lo mejor se podría armar una discusión acerca de si en lugar de una persona jurídica de Derecho Público no estatal habría que crear una Comisión o bien una Comisión con un grado de concentración dentro del Banco Central, abriendo así un abanico de posibilidades, ahorrando gastos y diciendo también que trabajen los bancarios, que son los que saben de esto.

En cuanto a los impuestos, si no hay iniciativa y alguien plantea la inconstitucionalidad de un artículo, no de todos, podríamos encontrar otra salida. De todos modos, creo que eso no justifica que no se vote el proyecto en general. Es la impresión que recojo; no sé si estoy equivocado, pero dejo planteada la pregunta. Me parece que el señor Senador Gallinal está diciendo que podemos llegar a votarlo en general y que tiene algunos arreglos para hacer.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR SANABRIA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Sanabria.

SEÑOR SANABRIA.- Antes que nada quiero decir que recién ahora, con las expresiones del señor Senador Gallinal, entramos realmente a analizar el proyecto de ley. Hasta ahora lo que hubo fueron consideraciones políticas, pero no existió profundidad en el análisis del proyecto, aunque nosotros aspirábamos a que la Bancada que lo presentó así lo hiciera. Esta es una razón más que justificada, reitero, para analizar en profundidad todos sus aspectos. Los tres artículos a los que se refirió recientemente el señor Senador Gallinal y luego el señor Senador Korzeniak, allanándose a buscar alternativas a los mismos, son los fundamentales del proyecto de ley. Evidentemente, ello genera la posibilidad cierta de analizar en serio la iniciativa para gente que está en el país; por un lado, están los ahorristas que tienen preocupaciones por lo que haremos con sus ahorros y, por otro, los deudores que también están interesados en saber quiénes van a administrar sus deudas. Hoy se hizo aquí una referencia vinculada a un análisis relacionado con los funcionarios bancarios. Todos los días tenemos conocimiento de la preocupación de algunos ciudadanos que recorren oficinas y aprecian el crecimiento de la operativa de los bancos públicos y de estos fondos; sin embargo, en muchos casos no reciben la atención o el buen trato que están reclamando. Cuando digo "buen trato", me refiero a un elemento básico del relacionamiento con los deudores que golpean las puertas de estos Bancos y realmente no encuentran soluciones a sus problemas, a pesar de que tienen total voluntad de pago. Como decía el señor Senador Mujica, esto es producto de la reactivación económica que ya nadie niega en nuestro país y que nosotros aspiramos a que siga consolidándose en los próximos meses. Inclusive, esperamos que ello ocurra hasta desde el punto de vista electoral, para que en estos ochenta días los uruguayos vayamos comprendiendo, compartiendo y viviendo todo esto. Siempre nos hemos alegrado de que al país le vaya bien y seguiremos haciéndolo mañana, esté o no mi partido en el Gobierno porque, en definitiva, sentimos que el destino de los uruguayos pasa inexorablemente por ir resolviendo, de manera constructiva y justa, los distintos problemas que nos convocan hoy y nos van a convocar en el futuro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Formulo moción en el sentido de que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Cuando digo que puede haber otra institución que maneje este fideicomiso, no estoy pensando en el Banco Hipotecario ni en el Banco de Seguros del Estado, sino en la posibilidad de que lo haga el Banco de la República. Creo que tengo derecho, como lo tiene el Senado, a preguntar si el Banco de la República está de acuerdo o podría mostrarse proclive a administrar los fondos que vienen de estas instituciones fenecidas. Pero me hago una pregunta mucho más importante todavía: ¿el Banco de la República está de acuerdo con que esta Institución administre sus fondos? Me parece que estas son preguntas que tenemos que realizar al Banco de la República, porque uno de los grandes temas que tenemos por delante en este país es, justamente, ese Banco.

SEÑORA ARISMENDI.- ¿Qué están haciendo ahora con el Banco de la República?

SEÑOR GALLINAL.- El Banco de la República no está en su mejor momento, aunque tampoco está en situación de riesgo, ya que felizmente salió adelante con la ley que aprobamos aquí, por mayoría, en el año 2002. De todos modos, pensamos que necesita una reforma estructural muy importante. Por muchos años se terminó en el Uruguay la banca privada nacional, ya que lo único que tenemos -y creo que también por muchos años- es el Banco de la República. Entonces, si vamos a quitarle las Carteras 4 y 5 para que las administre otro, preguntemos primero al Directorio y al nivel gerencial si están de acuerdo con ello. Por el contrario, también debemos preguntarle qué opinión tiene sobre su capacidad logística para gestionar nuevas carteras que pertenecían a otras instituciones. Pero aquí el tema que sigue siendo importante acerca del Banco de la República es si vamos a crear una nueva persona jurídica de Derecho Público no estatal para administrar las Carteras 4 y 5 de menor valor de los bancos liquidados y, eventualmente, de esa institución. ¿Vamos a formar una nueva institución con toda la burocracia que ello significa para administrar esto? Puedo llegar a acompañar la votación en general del proyecto de ley, que es lo que se está pidiendo, para luego pasar a cuarto intermedio; pero si lo voto en general, ¿habrá después disposición para sustituir esta persona jurídica y buscar, en consulta con el Banco de la República, un destino para este fideicomiso? Me parece que esa es una pregunta que tengo derecho a formular, aunque también tengo otras.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Luego se la daré para que conteste todas mis interrogantes.

Si se crea una nueva persona jurídica o si se le da esto al Banco de la República, ¿cuáles serían las instrucciones y qué es lo que tendría que hacer? Hago esta pregunta porque ello no surge del proyecto de ley. Debemos pensar en la suerte de los acreedores porque merecen ser defendidos, pero en beneficio de su suerte no sería bueno entrar en una etapa de recuperación de activos porque ni siquiera van a recuperar el 50% de los créditos que otorgaron. Asimismo debemos preguntarnos qué garantía tienen los deudores con este proyecto, pues para mí no tienen ninguna. Aquí no se dice absolutamente nada sobre cómo la nueva institución tiene que gestionar esas carteras a través del fideicomiso; no se dice que no va a ejecutar o que lo hará, pero tampoco se dice si va a dar plazo. Entonces, ya que vamos a aprobar una ley, me parece que la mejor manera de defender sus derechos es introducir temas de estas características. Por tanto, no sólo los acreedores sino tampoco los deudores tienen garantía a través de este proyecto de ley, de modo que pienso que podríamos establecer un plan.

Cuando discrepamos con la definición de que el Banco de la República creara ese fideicomiso, básicamente lo hacíamos porque allí no estaba establecido un plan sobre el que se llevaría adelante esa gestión. Me parece que esa es una señal fundamental que tenemos que dar a través de la ley estableciendo, por lo menos, distintos alcances.

Como dije, hay disposición para solucionar el tema por diferentes razones. En primer lugar, con el acuerdo de las instituciones de intermediación financiera y los acreedores, estamos buscando a través del doctor Larrañaga la suspensión de las ejecuciones acordadas hasta fin de año. En segundo término, siempre mostramos disposición a llegar a todo tipo de acuerdo. Aquí tengo la resolución aprobada del Banco Central. Entonces, démonos la instancia de conversar con el Directorio de ese organismo y con el señor Ministro de Economía y Finanzas para analizar qué posibilidades hay de rever esa definición. ¿Qué costo tiene para el país -si es que lo tiene- dejar sin efecto esa adjudicación? Esta puede llegar a ser buena y nosotros podemos llegar a compartir esas definiciones previas, que son fundamentales. Esas son las dudas más importantes que tengo y, a efectos de que me las aclaren, concedo al señor Senador Korzeniak la interrupción que me solicitó.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- No he tenido contacto con la Bancada, por lo que no puedo responder en su nombre y, por tanto, no tengo más autoridad que mi calvicie. Concretamente, se me ha preguntado si estamos dispuestos a considerar una solución que no sea la creación de una persona de Derecho Público no estatal y se ha dado una alternativa -que es una idea del señor Senador Gallinal- proponiendo al Banco de la República. La composición de esto que figura como un Directorio me parece estupenda. Realmente es una idea brillante, pero esa composición no tiene que ser una nueva persona; de eso podemos hablar. Tampoco me convence la idea de que sea el Banco de la República, pero podría ser una Comisión -estoy dispuesto a conversar si nuestra Bancada está de acuerdo; de lo contrario, me disciplinaré políticamente, como creo que debe hacerse-, aspecto -como dije- que se puede conversar. Lo que ocurre es que la pregunta se formuló como una alternativa de hierro: esto o el Banco de la República. Sinceramente preferiría que no fuera el Banco de la República.

Ahora quisiera devolver la pregunta. Sabiendo que esto se va a conversar -de no ser así, no se acordaría y no habría votos-, ¿el señor Senador Gallinal estaría dispuesto a votar hoy en general este proyecto de ley? Eso me parece muy positivo, pues es obvio que cuando se discuta en particular se van a realizar distintos planteos. Aquí se habla del plan de recuperación de activos y no hay dos pautas o una genérica que podría ponerse como orientación. No me refiero a que se diga que se van a suspender las ejecuciones o que se van a llevar a cabo, porque volveríamos a las soluciones provisorias en las que a veces todos pensamos.

El señor Senador Gallinal ha dicho que el doctor Larrañaga está buscando un camino para llegar a la suspensión y eso está bien, pero todos tratamos de llegar a un proyecto más de fondo: los que decimos que si no sale nada, igual hay que suspender por un tiempo algunas ejecuciones, y los que dirán que no hay que suspender nada. Doy mi respuesta sólo a título personal, porque no me parecería táctico -lo digo en el buen sentido de la palabra- pedir un cuarto intermedio para ver, con mis compañeros de Bancada, si hay acuerdo en sustituir una persona de Derecho Público no estatal por una Comisión que, desde mi punto de vista, debería funcionar con esa integración. Esto era cuanto quería responder al señor Senador Gallinal.

Tácticamente, me interesa llegar a la votación en general porque creo que es una señal importante para que el Poder Ejecutivo sepa que la mayoría de este Senado tiene una solución planteada y que es una alternativa muy distinta a la de la adjudicación a la empresa Thesis.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Votar en general habilita la discusión en particular. Este es un tema complejo y en la discusión particular se puede mostrar que algunos artículos son mejorables. Por mi parte tengo dudas sobre algunos, quiero ver qué alternativas se proponen y qué información hay. En estos momentos estamos discutiendo el trazo grueso del encare político de este problema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Creo que vamos avanzando. Como dije al comienzo de mi exposición, considero que debemos encontrar soluciones, y cuantos más protagonistas haya en el logro de ellas, mejor para el país. Por lo que acaban de expresar los señores Senadores, no estamos aquí para votar sobre tablas y se admite que el proyecto necesita modificaciones en su articulado. Por otra parte, el señor Senador Korzeniak dio su opinión personal de no crear una nueva persona jurídica, y si la misma fuera la opinión de la fuerza política que él integra, creo que estaríamos dando un paso mayor.

Aclaro que no puse como condición al Banco de la República, sino que dije que podría ser esa Institución, por lo menos, en lo que refiere a sus Carteras 4 y 5. Entiendo que sobre esto hay que consultar a sus autoridades. El señor Senador Korzeniak admite -si lo hace en nombre de su fuerza política seguimos avanzando hacia la votación en general- que podría haber disposición a no crear una nueva persona jurídica, alternativa que me parece una aberración, sobre todo en el momento actual. Si eso fuera así, podrían estar los votos para la votación en general y podríamos ir a la Comisión a discutir quién administra el fideicomiso.

Entiendo que podemos seguir dando más pasos y no creo que haya nadie en contra del hecho de que el fideicomiso sea el instrumento a través del cual se puede empezar a trabajar en la solución de estos temas. Ya ha habido intención de todos los partidos de buscar una solución por medio del fideicomiso para esta temática. Me parece que podemos estar todos de acuerdo en que haya una suspensión de ejecuciones acordada con los agentes de intermediación financiera y, como señalé en algún momento, cuantos más seamos en el respaldo de una solución de estas características, mayores posibilidades habrá de que se concrete.

Planteadas estas interrogantes y si hubiera disposición, de nuestra parte también hay voluntad de seguir avanzando. La hemos tenido en todos los temas, y hace pocas horas firmamos con Senadores de todos los partidos un proyecto de ley que pretende ayudar transitoriamente a la Caja Bancaria para que siga cumpliendo con sus obligaciones, las que podrían estar en riesgo a partir del año 2007. Esto último fue también producto del diálogo con muchos de los sectores que están involucrados en esta misma temática, y estamos esperando la opinión del Poder Ejecutivo para ver si transformamos en ley, con respaldo unánime, ese proyecto que presentamos con Senadores de todos los partidos.

En consecuencia, creo que hay objeciones muy importantes para realizar al articulado tal cual está presentado. Por otra parte, considero que muchos de esos artículos pueden mejorarse, y entiendo que es fundamental recoger la iniciativa del Poder Ejecutivo para el artículo 20, porque de otro modo se le complica sobremanera a ese fideicomiso seguir adelante en el cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, si también hay disposición a no crear esa nueva persona jurídica, más cerca estaremos todavía de poder avanzar en todos estos temas.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: si como anuncia el señor Senador Gallinal podríamos tener los votos para aprobar esta iniciativa, francamente no deseo alargar el debate. El Senado me conoce bastante y sabe que no soy amigo de prolongar debates cuando estamos en condiciones de definir. El tema es que me cuesta saber si efectivamente están los votos para aprobar este proyecto de ley. Por supuesto que aprecio mucho la postura del señor Senador Gallinal.

Me anoté para hacer uso de la palabra no porque no se hubieran dado ya los argumentos fundamentales; creo que diversos integrantes de nuestra Bancada ya los dieron, pero me parece que en esta última exposición del señor Senador Gallinal se han mezclado algunos conceptos que en mi modesta opinión no debieron mezclarse. Adelanto que me refiero a la suspensión de ejecuciones con recuperación de activos de los bancos liquidados. Se trata de dos cosas absolutamente diferentes que acá han estado presentes permanentemente en el análisis.

En segundo lugar, quisiera discrepar con el hecho de que el asunto fundamental de este proyecto sea crear una persona de Derecho Público no estatal. La materia fundamental de este proyecto es encontrar otro camino para recuperar los activos de los bancos liquidados que a nosotros nos parece mejor que el que está planteado. Ese es el punto; lo demás se puede discutir. El tema es si el camino que el país viene siguiendo hasta ahora es el mejor, y nosotros creemos que no.

Me gustaría destacar argumentos que aquí ya se dieron y que, con todo respeto, el señor Senador Gallinal no contestó. Esos argumentos me parecen fundamentales. Por supuesto, se puede estar de acuerdo o no con ellos, pero no hay duda de que son los argumentos centrales de esta propuesta.

Para empezar, quiero decir que no estoy de acuerdo con que esta Bancada esté acelerando a fondo el tratamiento del proyecto de ley. Esta propuesta, sí de urgencia, se apoya en tres razones. La primera es de largo aliento. El proceso de recuperación de activos en el Uruguay ha sido extraordinariamente lento y por ello lo primero que ha logrado es que se deterioraran los activos a recuperar, tal como lo venimos diciendo desde diciembre de 2002 cuando se trató la ley. Recuerdo que por aquellos días estaba la Navidad de por medio y decíamos: "Votemos rápido porque si no se deterioran los activos a recuperar". Sin embargo, todavía estamos recuperando activos y les dimos tiempo a todos para esconder los bienes.

Por supuesto que esta no es una buena imagen del país ante los organismos internacionales, que están preocupadísimos por la lentitud de esta recuperación de activos. Además, esta situación no milita a favor de la consideración de los problemas uruguayos. Por ello, la primera razón es acelerar el proceso.

En segundo término, el período parlamentario se está agotando. Todos sabemos que estamos en campaña electoral y tengo miedo de que esté tiñendo mucho la discusión de este tema. Cada vez va a ser más difícil aprobar iniciativas legales.

La tercera razón es que el Banco Central ha dado un paso importantísimo al que le falta sólo la firma de un contrato, tal como decía el señor Senador Gallinal. Eso es cuestión de horas. No es que aquí haya una aceleración a fondo de un tema por razones ajenas a las que estamos percibiendo en la realidad; hay una aceleración por motivos fundados. Repito que el primero no apareció ayer, sino que viene de largo aliento; los segundos, por otra parte, son sí más perentorios.

Me pareció que el señor Senador Gallinal también sugirió que aquí hay una suerte de transacción. Frenamos la suspensión de ejecuciones a cambio del impulso a este proyecto. De nuestra parte cabe aclarar que no hay ninguna transacción. Nosotros siempre estuvimos convencidos, por unanimidad en nuestra Bancada, de impulsar esta iniciativa. Aquí me interesa destacar especialmente que no es bueno mezclar el tema de la suspensión de ejecuciones con el de la recuperación de activos. Recuperar activos no es ejecutar, sino más bien encontrar -según mi parecer- programas razonables de pagos que eviten las ejecuciones. Ese debería ser el objetivo del liquidador. El camino de la ejecución es el peor, por lo cual me inclinaría a separar ambas cosas.

Por supuesto, me parece perfecto el camino que está siguiendo el doctor Larrañaga en este momento al buscar un entendimiento para evitar ejecuciones. Considero que es muy bueno y lo celebro, porque hasta hace muy poco tiempo creía en el otro, es decir, en la suspensión de ejecuciones y en las refinanciaciones por vía de ley. Celebro este cambio y creo que hay que darle apoyo, pero son cosas complementarias. Por un lado tratemos de encontrar lo mejor para recuperar activos y al mismo tiempo sigamos buscando estos entendimientos con los bancos para que se ayude a pagar a los que quieren hacerlo, puesto que ese debería ser el objetivo. No creo que el objetivo deba ser amparar a los que nunca quisieron pagar y siguen sin querer hacerlo. Esta es casi una profesión en este país, después de 40 años -quizás me quede corto- de refinanciaciones por la vía de la ley.

Entonces, no veo acá confusión de conceptos. Deberíamos separarlos y, al mismo tiempo, encontrar las vías de complementación entre ambas cosas, lo que creo que es perfectamente posible.

Los argumentos que me parece que deberían ser tenidos en cuenta -y repito que se pueden compartir o no, pero no son los que se contestaron- tienen que ver con las causas por las que se propone un camino de este tipo. Creo que se hace por dos razones. La situación de endeudamiento y de ahorristas acreedores de las instituciones financieras liquidadas es muy compleja y está comunicada entre sí. Muchas veces hemos dicho que si los deudores no pagan, los ahorristas no cobran, y en el medio están las instituciones financieras intermediarias. No podemos considerar un problema independientemente del otro; por lo tanto, son situaciones complejas. Pero lo son no sólo por eso, sino también porque hay muchas instituciones intermediarias -estoy queriendo decir de intermediación financiera- involucradas en este problema. No se trata de que haya deudores de una institución y ahorristas de una institución, sino que hay ahorristas y deudores de varias instituciones. Estos comparten condiciones que a nosotros nos parece que deberían ser consideradas con un criterio global que permita analizarlas conjuntamente. Para nosotros, ese es un argumento fundamental. Sin embargo, el camino que se está siguiendo ahora no permite esta consideración global; no permite hacer un análisis conjunto donde podamos ver -disculpen la licencia- situaciones netas, pudiendo administrar y llevar adelante a la luz de lo que podría ser una solución conjunta para esa situación compleja. Yo estoy seguro de que si dejamos avanzar el fideicomiso República por un lado y la tercerización de las otras instituciones por otro, el riesgo de cometer errores en perjuicio del interés nacional y de los intereses privados involucrados, es mucho más grande. Digo esto porque vamos a estar manejando descoordinadamente -o por lo menos sin coordinación- situaciones que no admiten una fragmentación.

Junto con ese argumento expongo el siguiente: esa perspectiva global y practicada desde el interés público es mucho mejor para manejar situaciones muy delicadas donde los límites entre la viabilidad y la inviabilidad son muy ambiguos y difusos. Me refiero, por ejemplo, a los deudores, a la recuperación de activos. Entonces, como uruguayo, me gustaría más que esa situación sea encarada con ese criterio global que mencioné recién y con esa perspectiva nacional, que -y lo voy a decir respetuosamente- el hecho de que llegue hasta aquí una firma transnacional con obvios intereses de lucro a definir situaciones de esta naturaleza. Se ha dicho: buscaremos programas razonables de pago en lugar de ejecutar. Eso está muy bien, pero me parece que en este caso el interés público ofrece mayor garantía de buscar programas razonables de pago.

Por estos dos argumentos -que me parece que hemos dejado por el camino en el último tramo del debate- es que se propone esta iniciativa que, a mi juicio, es mejor que la que está en curso. Por las razones que expuse al principio es que lo hacemos ahora, con perentoriedad; no lo hacemos por gusto o por transacción, sino porque las situaciones urgen, y no por voluntad nuestra.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ASTORI.- El señor Senador Gallinal expresaba que la ley no dice cómo se va a administrar, si se va a ejecutar o no. Eso es lo que me pareció entender y aclaro que en unos momentos voy a darle la interrupción que me solicitó porque lo he estado aludiendo mucho. Lo que sucede es que la ley no puede decir cómo se va a administrar la recuperación de activos; no debe decir si va a ejecutar o va a hacer un programa razonable de pago. No puede decir el contenido de los programas razonables de pago. En este caso, la ley tiene que ser la columna vertebral que constituye este proyecto. Sin duda, tiene aspectos particulares a mejorar y por eso nos parece atinada la propuesta del señor Senador Gallinal. Aunque no he consultado a mis compañeros, creo que es de recibo analizar cómo mejorar esto. Por supuesto que debe ser perfectible y mejorable desde muchos puntos de vista, desde la persona jurídica no estatal hasta otros aspectos de su contenido y su instrumentación. Dicho sea de paso, creo que nadie presentó esto para tomarlo o dejarlo en un 100%. Personalmente, estuve en algunos momentos ausente de Sala por motivos de mi trabajo, pero creo que nadie lo presentó de esa manera. De todos modos, si es preciso señalar la necesidad de conversar la posibilidad de seguir adelante con esto, vuelvo a decir que desde mi punto de vista personal la negociación que está haciendo el doctor Larrañaga es de sumo interés; me parece que es un camino correctísimo y ojalá tenga buenos resultados con el Ministro de Economía y Finanzas porque eso va a ayudar a mucha gente. Entiendo que hay que complementar las dos cosas sin mezclarlas. No queremos recuperar activos para ejecutar, sino para que los ahorristas cobren, que es lo que importa. Por eso creo que la ley no debería entrar en este terreno -no puede hacerlo- y naturalmente todos vamos a estar dispuestos a mejorar esta iniciativa con propuestas que, entre otras, puedan venir del señor Senador Gallinal.

Pido disculpas al señor Senador Gallinal, pero con mucho gusto le concedo la interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Después utilizaré la vía de la alusión por algunas cuestiones en particular. Pedí la interrupción al señor Senador Astori porque creo que podemos seguir avanzando. Además, con él estuvimos de acuerdo en que era buena la ley de reprogramación de los depósitos del Banco de la República Oriental del Uruguay y a partir de allí, aunque no hayamos votado juntos en muchas oportunidades, hemos tenido muchas coincidencias en la Comisión sobre el proceso de consolidación de los nuevos instrumentos que le dimos al país a partir de aquella circunstancia.

Creo que el señor Senador Astori puede coincidir -y por eso le pedí la interrupción- en que no es bueno sacarle las carteras al BROU sin antes consultarlo sobre qué opina de prescindir de ellas. Considero que sería buena una instancia de consulta con los Directores del Banco Central y con el Ministro de Economía y Finanzas para ver cómo podemos amortiguar las consecuencias económicas negativas que pudiera tener dejar sin efecto la resolución que el Banco Central adoptó con fecha 5 de agosto, porque me parece que de esa manera también seguimos protegiendo los intereses nacionales.

Creo asimismo -y en esto también coincidirá el señor Senador Astori- que si hay posibilidades de no crear esta nueva persona jurídica, debemos recorrer ese camino porque, si no, esa persona jurídica puede terminar siendo un elefante en un bazar.

Por otra parte, creo que la ley algo tiene que decir sobre la gestión de estas Carteras, por lo menos establecer alguna pauta, porque no termino de entender bien el razonamiento del señor Senador Astori. Comparto que la recuperación de los activos fue lenta, que tenemos que acelerarla más, pero mucho más la comparto respecto a las Carteras 1, 2 y 3 -en el proyecto de ley no se dice absolutamente nada al respecto-, que son las que más tendríamos que proteger. En este proyecto de ley, de esos activos no se habla absolutamente nada. O sea que no es éste el camino para esos vasos comunicantes que nos lleven a proteger los derechos de los acreedores mediante la recuperación más rápida posible de los Activos 1, 2 y 3, puesto que no están en la ley.

Ahora bien, para acelerar la recuperación de las 4 y 5, al parecer, vamos a trabajar sin la intención de suspender ejecuciones; tampoco eso me cierra. Tampoco es este el camino de acelerar las 4 y 5, sino que para acelerar su recuperación hay que gestionarlos e ir en búsqueda de esos recursos. Por eso, volviendo al otro planteamiento, me parece fundamental establecer un mínimo de 3 criterios en cuanto a cómo se van a gestionar estas Carteras, sea quien sea la persona jurídica responsable de la gestión.

Solicité la interrupción al señor Senador Astori en la búsqueda de una respuesta sobre si vamos a sacarle las Carteras al Banco de la República sin consultarlo, si no vale la pena tener una instancia de consulta con el señor Ministro de Economía y Finanzas y el Directorio del Banco Central, si no vale la pena buscar una alternativa a la creación de una nueva persona jurídica y si no correspondería, también, establecer una suerte de pauta con respecto a la gestión que el fideicomitente tendrá que desarrollar a partir de la decisión correspondiente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI.- Anuncio que estoy terminando.

Voy a hacer una invitación al señor Senador Gallinal -que, estoy seguro, va a aceptar- en el sentido de que todos colaboremos en no hacer ingresar la campaña electoral en este debate porque, si lo hacemos, seguramente nos vamos a quedar hasta altas horas de la madrugada, ya que también nosotros tenemos unas cuantas cosas que decir. Como decía, estoy seguro de que el señor Senador Gallinal va a aceptar esta sugerencia.

Me parece bien escuchar la opinión del Banco de la República; no hay dudas de ello. No obstante, quiero decir que cualquiera sea la herramienta por la que nos inclinemos en particular, el Banco de la República va a estar representado en esto.

Finalmente -y esto me parece muy importante- no sé a qué Carteras 1, 2 y 3 se refiere el señor Senador Gallinal, si a las del Banco de la República o a las de los Bancos liquidados, porque las de estos son las que hoy tiene el Nuevo Banco Comercial. Recordemos que le pusimos los mejores activos para que naciera sólido y, por supuesto, no se los vamos a sacar ahora. En consecuencia, me parece que este proyecto de ley se refiere a las carteras a las que se tiene que referir.

Naturalmente que el tema de la gestión es opinable. Me parece peligrosísimo que una ley empiece a decir en una experiencia de este tipo cómo se tiene que gestionar la recuperación de activos. En mi opinión, se trata -y pido que se reflexione sobre ello- de algo muy peligroso porque puede acotar inconvenientemente el margen de maniobra de un liquidador, de un recuperador de activos.

Es cuanto tenía para decir.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- No tengo la menor intención de traer a Sala la campaña electoral; no la he traído yo ni fui quien dijo que saludaba con beneplácito el cambio de posición del doctor Larrañaga en tanto está llevando adelante negociaciones con el Poder Ejecutivo para una suspensión de ejecuciones. Creo que los momentos económicos en los que se presenta una suspensión de las características de la que presentó el doctor Larrañaga eran absolutamente distintos a los que estamos viviendo hoy. En todo caso, el doctor Larrañaga sabe defenderse solo y no necesita que yo lo esté haciendo hoy aquí. Hice referencia a una transacción porque me llama la atención -y tengo derecho a sentirme sorprendido- que el mismo día en que se anuncia que el doctor Vázquez no es partidario de llevar adelante una suspensión de ejecuciones por ley, respaldando la línea del señor Senador Astori, se aprieta el acelerador en este proyecto de ley y se viene a sacarlo sobre tablas. Me alegro de que ahora se abra la posibilidad de cambiar la estructura del proyecto y de dar una redacción alternativa a muchos de sus artículos; pero lo cierto es que se vino a sacarlo sobre tablas. Cuando el señor Senador Astori dice que hay una confusión, aparentemente, de conceptos de mi parte porque introduzco aquí el tema de la suspensión de ejecuciones, me siento en la obligación de recordar que quienes fundamentaron un proyecto de ley en la materia fueron los Senadores de su propio partido y no yo; todos y cada uno lo hicieron cuando los invitamos a fundamentar el proyecto. Digo, además, que intentó aprobarse sin ningún tipo de fundamentación. En consecuencia, no estoy mezclando para nada los temas; pero si se lo hiciera me parecería bien, porque hay una ligazón y una relación evidente entre un tema y otro.

En resumen, me parece que el diálogo deberá sostenerlo con sus compañeros de sector que, repito, fueron quienes fundamentaron aquí la importancia de esta ley para aprobarla sobre tablas hoy en el tema de las ejecuciones y en la decisión del Banco Central.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Muy breve, señor Presidente, porque no es esto lo que tenemos que discutir hoy aquí. No obstante, debo decir que cuando me referí a la confusión conceptual, hablaba de conceptos que están en discusión. No es lo mismo recuperar activos que ejecutar y eso, discúlpenme, lo sigo sosteniendo.

También quiero recordar que este proyecto de ley que hoy estamos fundamentando comenzó a ser tratado el 6 de mayo de este año. O sea que no es que aparezca como caído del cielo en un momento determinado; repito que empezamos a trabajar en él desde el 6 de mayo y, por supuesto, surgió al interés político de nuestra Bancada mucho antes que cualquier propuesta de suspensión de ejecuciones. Recuerdo que, quizá, además del período parlamentario, el elemento detonante de la urgencia de su tratamiento fue la decisión del Banco Central -que no es responsabilidad nuestra- tomada en las últimas horas. Por otra parte se está por firmar un contrato, a lo cual también se refirió el coordinador de la Bancada de Senadores del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, el señor Senador Gargano, en una conferencia de prensa hace unos días. Esta es la explicación de por qué hoy estamos intentando salir adelante con esta iniciativa y me parece que no debería decirse "sobre tablas" o "a rajatabla", porque estamos dispuestos a analizar mejoramientos.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: en función de la sugerencia que hacía el señor Senador Astori -que comparto-. y más allá de que a veces nos tentamos de entrar en algunos debates que se plantean, precisamente, para que nos distraigamos del problema de fondo y discutamos otras cosas, no voy a contestar muchísimas cosas que se dijeron en Sala y que, en realidad, no hacían al debate del proyecto sino a la campaña electoral. Reitero que comparto lo que decía el señor Senador Astori, pero aclaro que el hecho de no ingresar en esto no implica que no tenga opinión.

En segundo lugar, creo que ha quedado claro que el señor Senador Gallinal, más allá de que pedía explicaciones, fundamentaciones, aclaraciones y desarrollo del proyecto con un informe inicial, por lo menos había leído la iniciativa y había traído materiales al respecto. Incluso, tiene en su poder documentación que quien habla no posee sobre la resolución por la cual el Banco Central el 5 de agosto le adjudica a la empresa Thesis el patrimonio nacional. Quiere decir que todos sabemos de qué estamos hablando y llegamos a Sala con conocimiento del tema.

Como bien decía el señor Senador Astori, este proyecto de ley fue repartido con fecha 27 de julio de 2004, pero su ingreso al Cuerpo fue anterior. Tiene el respaldo total del Frente Amplio-Encuentro Progresista-Nueva Mayoría, por lo que es fácilmente demostrable que cualquier disquisición de este tipo forma parte de las piruetas que se tratan de hacer para no discutir lo necesario.

Por otra parte, creo que es muy importante que tengamos en cuenta un aspecto que me señaló el señor Senador Ríos, quien pensé que iba a hacer uso de la palabra. No me quiero apropiar de su idea porque respeto los derechos de autor, pero me comentaba -con razón- la importancia de un proyecto que surge de la conjunción de propuestas de gremiales rurales, de pequeñas y medianas empresas, de cooperativas de producción y del gremio de los trabajadores bancarios. Teórica y objetivamente, en muchos casos puede haber contradicción de intereses y, sin embargo, dichos grupos forman parte de la sociedad organizada que fue capaz de ponerse de acuerdo para preservar cada uno los suyos propios y, al mismo tiempo, el interés general. Creo que este es un elemento muy importante a tener en cuenta en este Senado. Específicamente, si hay algo a lo que aspira mi fuerza política -creo que lo mismo puede decirse con respecto al Frente Amplio- es a hacer participar a la sociedad organizada en las grandes decisiones y salidas a los problemas trascendentes. Personalmente, esto tiene una importancia muy grande. ¿Cómo, Senadores que aspiran a representar a los más amplios sectores de la sociedad, o cada uno a su franja, no pueden ponerse de acuerdo en el Senado de la República, cuando la sociedad organizada, desde distintos ángulos, es capaz de presentar un proyecto de ley que hace al interés conjunto de ella?

Por eso digo que esto es muy importante y demuestra que no se trata de aprobar sobre tablas o aprovechar las circunstancias. Hay que tener en cuenta que, a su vez, absolutamente todos los partidos, sin excepción, tienen en esa sociedad organizada seres humanos de carne y hueso con sus intereses, que sin dejar de lado sus puntos de vista político-partidarios fueron capaces de ponerse de acuerdo en una propuesta política en el sentido más noble y más claro del término. Creo que el Senado debe tener en cuenta esto.

Aspiramos a que se vote en general el proyecto de ley y, como siempre, estamos dispuestos a modificar, perfeccionar y escuchar otras propuestas que puedan ser mejores porque ese fue, además, el camino que recorrió nuestra Bancada. No se trata de que cada uno de nosotros esté enamorado de los artículos desde su primera mayúscula hasta su último punto, pero es parte del debate democrático y de la búsqueda de caminos para elaborar propuestas que sirvan al interés general. Voy a aburrir a los señores Senadores reiterando algo que digo siempre: les consta que no me importa quién presente o firme una iniciativa -aunque no la apoye en un cien por ciento- si está abonando a una salida seria, sólida y que responde a los intereses de la vida del país.

Al igual que el señor Senador Astori, quiero expresar que ojalá le vaya bien al doctor Larrañaga. Sin embargo, estoy medio vieja, tengo muchos años de militancia, primero sindical y luego política, y hace mucho que dejé de creer en los Reyes Magos. Pero si es como dicen, soy la primera que me paro a aplaudirlo, porque la necesidad, la angustia y la urgencia que existen en este momento en el país, necesitan soluciones. Si esa es la solución y da rédito político al doctor Larrañaga y al Ministro de Economía y Finanzas, me van a ver en primera fila aplaudiendo. Es un deseo que eso se cumpla, pero permítanme no creer y demuéstrenme lo contrario; si lo hacen, voy a reconocer mi equivocación.

SEÑOR RIOS.- ¿Me concede una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA ARISMENDI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RIOS.- Siguiendo con el razonamiento de la señora Senadora Arismendi, creo que con estos niveles de desarrollo del siglo XXI, los Legisladores y los políticos debemos acostumbrarnos a que no somos los únicos representantes de la sociedad. Esta no está representada exclusivamente por los partidos políticos, que cumplen su función en áreas determinadas y no en el cien por ciento del quehacer nacional. La señora Senadora Arismendi decía que tiene una larga militancia sindical; quien habla puede decir que ha participado muchos años en gremiales empresariales y se felicita de poder considerar hoy un proyecto de ley que emerge de actores no politizados, muchas veces enfrentados y con intereses contrapuestos que tienen un gran valor.

Cuando el señor Senador Gallinal pedía explicaciones, el señor Senador Astori manifestaba que todos contábamos desde hace tiempo con la información. Tal vez nos cueste aceptar que emerjan iniciativas fuera del cuerpo político, y muchas veces buscamos corregirlas. Creo que ese es un nuevo camino -aunque no el único- que los Legisladores del presente y del futuro debemos tomar en cuenta. Así como los líderes del siglo XX debían tener capacidad de respuesta, los nuevos estadistas dicen que los líderes del siglo XXI, por sobre todas las cosas, tienen que saber escuchar. Entonces, si nosotros nos interpelamos para escucharnos, ¡cuánto más sensibles tenemos que mostrarnos ante la sociedad cuando ella nos interpela para que la escuchemos! El Encuentro Progresista no trajo hoy este proyecto de ley para tratarlo sobre tablas ni para que se hicieran pequeñas maniobras para meternos en un corral de ramas que, entre otras cosas, lleva al descrédito de este Cuerpo y traslada los niveles de politización a temas cuya discusión no tiene por qué ser partidizada.

Comparto plenamente lo manifestado por el señor Senador Astori y otros compañeros respecto a la profundidad de este proyecto y a los elementos que contiene, así como a la apertura que debemos tener, luego de votarlo en general, para encontrar los consensos más amplios para que el problema encarado se solucione. Aquí no estamos ante un problema de proyectos ni de pelear por uno nuevo; lo que debemos hacer es tratar de atender un problema que aún está sin solucionar. Para ello, estamos dispuestos a buscar las formas que ayuden a lograr el consenso, pero en tiempos que sean prudentes, porque hay muchos actores de la vida política que actúan de una manera y otros que actúan de otra distinta y que también sobreactúan. Pero lo cierto es que no tenemos todo el tiempo del mundo, por lo que aquí ya se ha dicho.

Era cuanto queríamos manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- Gracias, señor Presidente.

Antes de conceder la interrupción al señor Senador Ríos, señalaba que le deseaba suerte al doctor Larrañaga. Además, creo que no es contradictorio votar el proyecto de ley con las gestualidades, con los intercambios o, a lo mejor, con la capacidad de convencimiento que pueda tener para con el Ministro de Economía y Finanzas. Realmente, me parece que no es contradictorio.

Sin embargo, desde que una estudió el Ideario Artiguista, sabe que es muy veleidosa la probidad de los hombres y -como tendría que agregar ahora, para ser coherente- también de las mujeres. Además, los hombres y las mujeres pasan, como también pasan los ministros. ¡Hemos visto pasar a tantos! Y también cambian las actitudes, según los ministros que pasan. Asimismo, transcurren los tiempos, los electorales y aquellos en los que se hacen determinados gestos. Sin embargo, las normas quedan. Y lo cierto es que hoy tenemos urgencias. Mañana podemos no estar, pero actuando ahora habremos dado un paso importante.

Aunque no es un misterio, en este proyecto de ley hay una cantidad de cosas -en realidad, no necesitaría decir esto, pero lo voy a hacer por honestidad intelectual y antes de que alguien aproveche y lo señale para desviar la atención del debate- sobre las que tendría algún tipo de cuestionamiento. Pero hoy estoy convencida de que este es el camino que debemos adoptar, aunque no porque me encanten todos los instrumentos que el proyecto de ley pretende llevar adelante. Aun así, le doy el valor que tiene. Creo que cierra el paso a un disparate, al despilfarro y, en mi opinión, -como dije hoy, cuando se discutía el posible pasaje a Comisión- a actitudes que lo que hacen es dilapidar el esfuerzo enorme realizado por todos, absolutamente todos. Realmente, esta sociedad uruguaya, este pueblo uruguayo, este Parlamento uruguayo y estos trabajadores uruguayos, hicieron un esfuerzo muy grande -que, lamentablemente, no vimos en otros países, como hubiéramos querido- para que, en lugar de vivir todo tipo de problemas, agresiones y violencia -todo lo que desafortunadamente, repito, vimos en otros países a través de los medios de comunicación-, aun con el dolor, con la angustia, con la inseguridad y con la impaciencia que todo el mundo tenía, esto se desarrollara siempre dentro del marco democrático de las instituciones y de una actitud abnegada de nuestra gente, ya fueran ahorristas, deudores o trabajadores bancarios. ¡Había que ver! Confieso que a mí me emocionó, señor Presidente -no sé si a ustedes les pasó lo mismo-, cuando en la primera apertura, en medio de nuestro miedo -precisamente, yo fui una de las que se plantearon cómo iban a ser las cosas luego del feriado bancario-, veíamos aquellas colas que se formaban, y también a los trabajadores y trabajadoras brindando ayuda al que se sentía mal u ofreciendo un café a otra persona; en fin, ¡cuán distinto a lo que ocurre en otros países del mundo! ¡Qué orgullosos podemos sentirnos los uruguayos de nuestra gente y de nuestros trabajadores!

Por consiguiente, quisiera dejar algo bien en claro, porque este es un tema que hemos seguido con mucha atención. A propósito de esto, advierto que, al parecer, el señor Senador Sanabria -que antes estaba de cara larga- recuperó la sonrisa después de escuchar las manifestaciones del señor Senador Gallinal, pero de cualquier manera no voy a dejar pasar algunas de sus expresiones. Personalmente, después de lo que pasó en este país, después de todo el esfuerzo que la sociedad uruguaya hizo, con los trabajadores a la cabeza, para que, en el acierto o en el error, en acuerdo o en desacuerdo con las medidas adoptadas por parte del Gobierno, las cosas tomaran por ese camino, no permito, no admito en esta Sala que se llegue al paroxismo de decir -como hemos escuchado aquí, para que uno entre en ese debate, cosa que voy a hacer ahora pero no porque sea una discusión de tipo electoral, sino porque aquí están en juego los principios- que la culpa de todo lo que ha pasado en el Uruguay es de los trabajadores. No admito que se diga que la culpa de los problemas del sistema financiero es de los trabajadores y no de quienes vaciaron los bancos, y que la gente vive en la miseria o está desocupada porque no quiere trabajar. Así podríamos seguir, haciendo un razonamiento lógico y formal, pero incorrecto, y llegar a la conclusión de que la culpa de que haya pobres la tienen los mismos pobres, por existir. Realmente, no voy a admitir esto.

Como es sabido, desde hace dos legislaturas trabajo permanentemente en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. Y quiero decir aquí lo mismo que he dicho en todas las instancias a quien me lo ha preguntado: los trabajadores fueron echados y, para vergüenza nuestra, tuvimos un Ministro de Trabajo y Seguridad Social que, cuando se le reclamó desde la mencionada Comisión y ante la Organización Internacional del Trabajo, declaró públicamente que él no podía hacer nada porque no podía marcar pautas al Estado sobre cómo tratar a los trabajadores o cómo resolver el tema de los despidos, ya que eso iba contra el propio Estado. Entonces yo pensaba, y lo he dicho: ¿qué queda para la trabajadora de la vestimenta de un taller clandestino? ¿Qué queda para el trabajador de la construcción que se cae de una obra porque no tiene medidas de protección si, cuando es el Estado el que echa, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social dice que no puede hacer nada?

Entonces, no enchastremos la cancha. Discutamos con altura, porque hay cosas que no se pueden ensuciar. Efectivamente, es cierto que se trata muy mal a la gente cuando va a estos bancos; tan mal, que los reciben con un cartelito pegado que dice que hasta nuevo aviso no se sabe qué van a hacer. Deben ser esas personas las que han venido a quejarse ante el señor Senador Sanabria. ¿O, acaso, serían los que van a la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay a preguntar cómo diablos hacen para pagar, porque quieren hacerlo? ¿O los que intentan hacer un depósito en una cuenta y lo único que les queda en la mano es un tique, con lo cual no saben, en definitiva, qué es lo que están pagando?

Hablemos en serio de un problema que es muy serio, ya que eso es lo que aquí se ha reclamado desde que el señor Senador Singer comenzó el debate, haciendo uso de la palabra. No aprovechemos esto para jugueteos político-electorales. En mi caso, no podía dejar pasar sin responder algunas expresiones, porque considero que estamos ante un problema de principios. En definitiva, después de que se hizo la vista gorda al vaciamiento de los bancos, después de que pasó todo lo que vimos en este país, después de que los productores quebraron, después de que los trabajadores de las empresas quedaron sin trabajo y de que en el agro le remataran a la gente las herramientas y los campos en U$S 10.000, cuando terminan teniendo una deuda de U$S 200.000, U$S 300.000 o U$S 400.000, es muy fácil decir que la culpa la tienen los trabajadores.

Entonces, conociendo al señor Senador Sanabria, lo exhorto a que guarde silencio, porque creo que lo mejor que podría hacer, por él y por su partido, es quedarse callado y no contestarme. Soy consciente de que lo he aludido pero, reitero, lo mejor que podría hacer -es el consejo que le doy- es no decir más nada.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: las recientes expresiones de la querida señora Senadora Arismendi rescatan sus últimos treinta años de actividad sindical. Esas banderas en el mundo de mandar a callar en el Parlamento, ya ni siquiera resisten el planteamiento. Sucede todo lo contrario, porque el mundo se abre y en estos últimos treinta años se han recorrido caminos que han estado a la vista de su propio partido, y más precisamente de su sector. No quiero recorrer otra jurisdicción que no sea la de los datos objetivos que hemos manifestado en un tema muy serio, como lo han sido también todos aquellos vinculados con el sistema financiero. Además, no nos hemos negado a analizarlos con serenidad. Fíjense que en la sesión de la Comisión de Hacienda que tendrá lugar mañana, a la que está convocado el señor Ministro de Economía y Finanzas, estamos pidiendo que se analice este tema.

Entonces, no voy a recorrer la cancha chica de decir que este es un tema de frivolidad, porque es muy serio para el país. Es claro que hay gente que ahora tiene dificultades por estar defendiendo, al mismo tiempo, a los ahorristas, a los Bancos, al gremio y a los deudores. ¡Vaya que hemos dicho cientos de veces en este Parlamento que defender al sistema financiero no lleva al Paraíso a los políticos que lo hacemos, pero no defenderlo nos conduce al Infierno! Lamentablemente, tuvimos razón porque los que nunca lo defendieron y siempre criticaban a viva voz al sistema financiero, así como a los Bancos, hoy tienen dificultades para recorrer un camino de centro a los efectos de ir retomando el acercamiento a la verdad. No tengo ninguna dificultad en defender lo que siempre hemos apoyado, que es la claridad de los objetivos que hoy el Gobierno está llevando adelante, por supuesto que con muchos inconvenientes e incomprensiones. Sin embargo, las dificultades no están de este lado del partido, sino del otro, por lo que ahora resulta muy difícil recorrer el camino del medio para alguna gente que nunca lo hizo.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR HERRERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HERRERA.- Señor Presidente: al inicio de este debate decíamos que nos parecía que la trascendencia y la importancia de este tema exigía otro tipo de tratamiento, aunque fuera urgente y que, en el día de mañana, ya teníamos acordada la presencia -no en función de este asunto, sino incluido este tema- del señor Ministro de Economía y Finanzas y del señor Presidente del Banco Central, de acuerdo con la información que dio el señor Presidente del Cuerpo.

Confieso que no tengo una posición definitiva en cuanto a este proyecto de ley. No puedo tenerla. El señor Senador Astori decía -si le entendí bien- que estamos trabajando desde el 6 de mayo. No sé en qué ámbito se estará haciendo, pero no se está llevando a cabo en el seno de la Comisión de Hacienda. Quizás hayan trabajado con las gremiales que propician este proyecto de ley y que lo presentaron como un anteproyecto, pero no con nosotros ni con la Comisión de Hacienda.

A su vez, la señora Senadora Arismendi decía que el proyecto de ley no fue presentado el 27 de julio, sino antes. En realidad, fue presentado el 20 de julio, y el 27 de ese mes fue derivado a la Comisión de Hacienda. Quiere decir que el conocimiento que el Senado tuvo formalmente -no materialmente- respecto a este proyecto de ley, se inicia efectivamente el 27 de julio. Digo "formalmente" y "no materialmente", porque en la Comisión de Hacienda nadie planteó la urgencia de su tratamiento. En algún momento de este debate, sobre todo al principio, se planteó considerarlo y votarlo en el día de hoy. Esos son los términos que yo interpreté a raíz de lo manifestado.

Entonces, si se estaba trabajando desde el mes de mayo, se pudo haber presentado antes y solicitado su tratamiento con urgencia en el seno de la Comisión de Hacienda, que preside el señor Senador Núñez. Es más; pudo haberlo planteado como una aspiración de su fuerza política y suya propia. Todos los que integramos dicha Comisión podemos estar de acuerdo en que eso no sucedió y en que durante estos apenas trece o catorce días en que está a consideración el proyecto, el Cuerpo se ha reunido y ha tratado otros temas de importancia. Precisamente no se trata de una Comisión a la que le falte trabajo.

En lo personal, me resulta imposible pronunciarme con responsabilidad sobre este tema -por lo menos no con la que me exige la posición que ocupo circunstancialmente- sin antes escuchar al señor Ministro de Economía y Finanzas, al Banco Central, al Banco de la República Oriental del Uruguay, a los ahorristas, y quizás a otras categorías de deudores como las que mencionaba el señor Senador Gallinal hace un momento. Es necesario ver qué cosas impactan y cuáles no, así como los puntos de vista de todo este conjunto de actores sociales e institucionales. El hecho de tomar una decisión en el día de hoy, siquiera en general, sería de alguna forma tomar partido y ubicarnos en una posición que no sabemos si va a ser la mejor. Sí sé que hoy no estoy en condiciones de pronunciarme, porque no tengo argumentos ni elementos, así como tampoco información suficiente. El debate de esta noche en el Senado -que, por cierto, me ha parecido muy interesante; no estoy descalificándolo- es incompleto en cuanto a la información que necesitan todos sus integrantes para siquiera decir que están de acuerdo en general y mucho menos para ingresar a su discusión particular.

Por lo tanto, hemos mantenido un debate y, a través de los medios de comunicación, la sociedad y el Gobierno están en conocimiento del tema. De modo que mañana, en la reunión de la Comisión de Hacienda, estoy dispuesto a acompañar el planteo en el sentido de que se aceleren los tiempos para poder recibir a todas las delegaciones lo más pronto posible, incluso con la realización de sesiones extraordinarias a los efectos de procesar y comprender toda la información que, en mi caso, necesito para pronunciarme al respecto.

También se ha dicho aquí -así me pareció entenderlo, luego de tantas horas de debate- que esto lo precipitaba la decisión adoptada por el Banco Central respecto a la adjudicación de la recuperación de los activos a una empresa privada, concretamente a un consorcio. No se trata de una decisión que no supiéramos que estuviera precedida de un proceso público, porque tuvo ese carácter. Asimismo tuvimos información de la prensa y, por tanto, sabíamos si se habían presentado una, dos, tres, cuatro o cinco empresas a ese proceso en curso. No se trata de que sorpresivamente el Banco Central hubiera sacado una asociación de la manga y que luego de un proceso secreto y oculto -que a todos nos llenaría de suspicacias, y más aún porque sería inadmisible-, viniera con una resolución diciendo que se hizo esa adjudicación a determinada empresa, porque fue la que apareció. No fue así. Incluso hubo una primera vuelta, se rechazaron las ofertas, se hicieron ajustes y bajaron sensiblemente los porcentajes respectivos. Este no es un hecho desconocido en sí. Si se quiere, lo más ignorado es este proyecto de ley, no porque no estuviera presentado con antelación por las agremiaciones en nuestros despachos, porque efectivamente sí lo estaba. Sin embargo, yo necesito ir a la Comisión de Hacienda a escuchar la información del caso, pues para eso existe ese ámbito en el que podemos compartir puntos de vista con los demás integrantes y recibir aportes que nos enriquecen y aclaran las dudas. Es lo que hemos hecho con todos los temas sobre los que hemos trabajado en las distintas Comisiones del Parlamento, para luego sí encarar el debate con una posición ya más definida, y alguna vez, incluso, adoptarla en el propio Senado cuando nos faltaba algún elemento o alguien nos hizo llegar a determinada conclusión.

Considero que este tema es de demasiada trascendencia social, tanto económica como financiera. Por lo tanto, este Senador no puede pronunciarse responsablemente y, si lo obligaran a votar, tendría que hacerlo por la negativa. Insisto en que no deberíamos aprobarlo en el día de hoy, sino esperar a escuchar el informe de las autoridades correspondientes en la Comisión de Hacienda que está convocada para el día de mañana. Ahí estaríamos en condiciones de elaborar un plan de trabajo breve y acelerado, que nos permita llegar rápidamente a una conclusión.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR SINGER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGER.- En primer lugar, quiero hacer una referencia a la objeción que a mi moción hizo el señor Senador Gallinal; creo que lo hizo más como una travesura parlamentaria que como un fundamento serio en el sentido de que si el proyecto estaba en la Comisión y ahora se había resuelto tratarlo como grave y urgente, no se podía formular una moción de pase a ese ámbito. No es así; muchas veces los proyectos ya vienen informados por la Comisión y están en el Orden del Día, y al comienzo de su tratamiento o durante su discusión se puede pedir el pase a Comisión.

SEÑOR GALLINAL.- No fue una travesura parlamentaria, sino que mis expresiones fueron producto de mi inexperiencia.

SEÑOR SINGER.- De modo que mi moción era totalmente pertinente desde todo punto de vista reglamentario.

En segundo término, si el señor Senador Gallinal me hubiera dicho que siente la necesidad de hacer una serie de consideraciones de fondo sobre este proyecto y considera que esta era la oportunidad para ello, quien habla hubiera retirado la moción. No habría tenido ningún inconveniente en hacerlo porque la exposición del señor Senador Gallinal fue sólida, consistente y contó con una serie de observaciones sobre el contenido del proyecto que, en definitiva, militan a favor de que sea tratado en la Comisión, es decir, en un ámbito más adecuado para un asunto de la seriedad, importancia y complejidad de éste.

Por otra parte, quiero realizar un par de puntualizaciones. Creo que todos estamos de acuerdo en que el objeto de esto es la recuperación de activos. Ese es el centro de la cuestión. ¿Cómo recuperamos los activos? ¿Cuál es el método más idóneo, más eficiente y, sobre todo, más rápido para recuperar los activos en defensa del país y de los que tienen el mejor derecho, que son los ahorristas que no los pueden cobrar? Algunos ahorristas pueden ser gente pudiente y tener depósitos muy importantes, pero hay miles de ahorristas cuyos depósitos, que no pueden cobrar, son un complemento de sus ingresos. Esto lo tenemos que tener muy claro para actuar seriamente.

Aquí se ha dicho que desde la aprobación de la ley en diciembre de 2002, la recuperación de activos fue lenta y carísima, y se ha hablado también de algunos proyectos de cobro de comisiones. Hoy el señor Senador Sanabria manejó una cifra al respecto. ¿Saben cuál es la cifra de punta que tengo en cuanto a los costos de la recuperación de activos? Hasta ahora es de entre el 30% y el 40%, como mínimo y máximo, y esto es así por muchas de las razones que todos conocemos. Esta es una realidad que debemos tener en cuenta; me refiero a la creación de este invento uruguayo -uno de esos grandes inventos-, es decir, la persona pública no estatal. Cuando he comentado en el exterior que en el Uruguay hay personas públicas no estatales, juristas de otros países me han quedado observando, como yo digo, con la mirada trabada, es decir, sin saber qué es lo que quiero expresarles. Por lo tanto, con la creación de esta nueva persona pública no estatal, ¿tenemos la seguridad de que irá más rápido la recuperación de los activos? Permítaseme que deje planteadas mis dudas.

La segunda cuestión que ha sido muy bien formulada por el señor Senador Gallinal tiene que ver con lo siguiente. ¿El Banco de la República está de acuerdo con el hecho de que la recuperación de sus activos se haga mediante este procedimiento, es decir, que sus activos sean trasladados para que queden en manos de esta nueva persona pública no estatal? Me parece que esa consulta no es sólo necesaria, sino absolutamente indispensable. No sería serio aprobar un proyecto de ley quitándole al Banco de la República sus activos para decir que de ellos se va a ocupar una nueva persona pública no estatal que acabamos de crear.

Hay otra interrogante que me parece muy importante. ¿Cuántos funcionarios van a terminar trabajando en esta persona pública no estatal? Hoy conversábamos con compañeros del Senado y estas cifras variaban, pero deben ser algunos cientos. De ahí es comprensible que también esté participando AEBU en este tema, porque hay funcionarios de los bancos que están sin cargos y no tienen puestos de trabajo. Entonces, esta persona pública no estatal es un medio idóneo para ellos a fin de que tengan un nuevo puesto de trabajo. ¿Por cuánto tiempo? ¡Vaya uno a saber! Estas son preguntas que vienen atadas. ¿Se recuperarán más rápido los activos? ¿Cuántos puestos de trabajo se van a crear con la persona pública no estatal?

Finalmente, quisiera hacer una consideración muy importante que debemos tener clara. Aquí se ha hablado de que la sociedad no está integrada solamente por los partidos políticos ni por los políticos, sino que los protagonistas son muchos otros actores. En este caso hay una confluencia de intereses de deudores y de bancarios, y por eso es que unos y otros son los que han estado en la redacción, en la incentivación y en la promoción de este proyecto. Pero aquí hay otros actores que merecen ser consultados y, diría, prioritariamente: los ahorristas. ¿A ellos no los consultamos? ¿Qué participación directa les damos en este tema? Reitero, hay que consultarlos ahora, porque de la recuperación de los activos depende que cobren o no; y cuando hablo de los ahorristas me están importando decenas de miles de ellos que han colocado sus ahorros que, en muchísimos casos -me atrevería a decir, con toda franqueza, que en su mayoría-, son el producto de una vida de trabajo. Y, a la vez, sus familias dependen de los ingresos de dichos ahorros, los cuales hoy están colgados de un pincel. Por lo tanto, creo que esos ahorristas también tienen que ser escuchados ahora y no después.

Por todo lo expuesto, creo que este es un asunto serio y al mismo tiempo complejo. Me parece que nosotros tenemos que tratar de resolverlo porque es la obligación de todos los aquí presentes y, en ese sentido, estamos todos de acuerdo. En definitiva, debemos escuchar a todos los interesados que he mencionado y hacer las cosas de una manera eficiente. De una manera eficiente significa escuchar al señor Ministro de Economía y Finanzas, al Banco Central, al Banco de la República y a las partes interesadas.

Todos sabemos -no voy a repetir lo que ya sabemos- que estamos con los plazos muy acotados, pero este es un asunto muy importante, serio, y amerita que se adopte una decisión de fondo. En consecuencia, aceleremos el tratamiento de este tema para venir luego al Plenario y, de acuerdo a la posición de cada uno, poder votar seriamente un proyecto de esta dimensión e importancia.

Esto era lo que quería manifestar de acuerdo al debate que se ha dado en el día de hoy. Veremos qué resulta de las resoluciones que se adopten.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señores Senadores: no hay más oradores inscriptos, por lo que habría que pasar a la votación en general del proyecto de ley, pero la Mesa siente la necesidad de establecer un criterio procesal.

A partir de la intervención del señor Senador Gallinal, varios de los señores Senadores autores del proyecto de ley fueron aceptando la idea de trabajar sobre el articulado en la Comisión; sin embargo, la moción formulada por el señor Senador Gargano no refleja ese sentido. Por lo tanto, la Mesa consulta respecto al espíritu de fondo del tema, pero antes aclara que, a su entender, el proyecto se votaría en general y volvería a Comisión, a los efectos de habilitar una instancia de una semana o un plazo equis para hacer las consultas que fueron surgiendo a partir de la intervención de los señores Senadores Gallinal, Herrera y Singer. Tal como informamos inicialmente, mañana concurren a la Comisión de Hacienda el señor Ministro de Economía y Finanzas y el señor Presidente del Banco Central a exponer sus puntos de vista y, eventualmente, la Comisión podría elaborar una agenda rápida de consulta con otros sectores para elevar un informe al Senado. De no ser así, ocurriría que el día martes, al iniciarse la sesión ordinaria, tendríamos que abordar la discusión particular del proyecto de ley.

La Mesa señala estas alternativas a los efectos de dar espacio para una aclaración.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: votar en general el proyecto de ley, tal como se ha expresado en Sala, es votar en general, es decir que la discusión particular queda postergada. La moción fue planteada en el sentido de que la sesión finalizara cuando se votara en general. De modo que la idea de que la Comisión asuma el tratamiento en particular fue informada por los propios señores Senadores del Gobierno y, en ese sentido, tratarán mañana ese tema con el señor Ministro. Si el martes está listo un criterio sobre la materia, trataremos el asunto como primer punto del Orden del Día.

SEÑOR PRESIDENTE.- No es así, señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Sí, señor Presidente, porque el proyecto de ley ya estaría votado en general.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia aclara que hay un tema de procedimiento: en ese caso, la Comisión no tiene competencia. Naturalmente, lo puede retomar, pero si el Senado no devuelve el proyecto de ley, sigue estando en el Orden del Día y tendría que ingresar a la discusión particular. En ese caso, la Comisión no tendría competencia para elaborar un informe, cambiar el articulado, etcétera.

Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Me parece que el señor Presidente no me entendió. Dije que, efectivamente, el proyecto de ley vaya a la Comisión, que lo estudie en particular y que el martes retorne al Senado con una postura concreta. Esa es la propuesta.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- En nombre de la Bancada del Partido Nacional solicito un cuarto intermedio hasta la hora 22 y 15 minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, el Senado pasa a cuarto intermedio hasta la hora 22 y 15 minutos.

(Así se hace. Es la hora 21 y 58 minutos.)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 23 y 4 minutos.)

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: en nombre del Partido Nacional vamos a mocionar que se vote en general el proyecto de ley y que, en caso de que la votación resulte afirmativa, la iniciativa vuelva a la Comisión de Hacienda. Lo hacemos como resultado de lo que fue el debate en el transcurso de esta noche y en el entendido de que eso puede dar espacio para fortalecer el camino de negociación que con el Poder Ejecutivo y el señor Ministro de Economía y Finanzas inició el doctor Larrañaga en aras de llegar a un acuerdo con los acreedores para suspender las ejecuciones hasta el 31 de diciembre.

Interpretamos como respuesta positiva a nuestros planteamientos la disposición de la Bancada del Encuentro Progresista - Frente Amplio a estudiar en Comisión el articulado del proyecto de ley, partiendo de la base de que, a nuestro juicio, es muy mala la creación de una persona jurídica de Derecho Público no estatal para la gestión del fideicomiso en cuestión y que corresponde buscar soluciones alternativas. Incluso, si mañana existe un proyecto de ley, vamos a insistir en la necesidad de fijar desde el propio proyecto, por lo menos un mínimo de pautas de la gestión que se debe llevar adelante. Tal como está planteado, quien actúe en calidad de fideicomitente puede proceder a una realización inmediata de los activos en busca de la recuperación, como también puede detener absolutamente toda acción. En definitiva, no hay ninguna pauta que surja del proyecto de ley en cuestión.

Por otro lado, nos parece fundamental escuchar la opinión del Banco Central del Uruguay con respecto a los perjuicios que pudiera significar para el país dejar sin efecto una resolución de fecha 5 de agosto, que nosotros hemos puesto de manifiesto porque hemos podido acceder a una copia de la misma.

También creemos importante oír la opinión del Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay para saber si efectivamente existe voluntad para que una parte de su patrimonio, los activos que refieren a las Carteras 4 y 5, pasen a ser administrados por una persona jurídica diferente de su titular.

Además, entendemos que el punto de vista del señor Ministro de Economía y Finanzas importa en ambos temas y también para saber hasta qué punto se va a seguir adelante con la ejecución de esta decisión del Banco Central, que supone, como una siguiente etapa, la firma del contrato respectivo y su puesta en ejecución.

En ese entendido, con esa visión y fundamentos y con la necesidad de escuchar esas opiniones para intercambiar puntos de vista sobre la redacción del proyecto de ley, en una sola votación vamos a apoyar en general el proyecto de ley y su pase a la Comisión de Hacienda.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley y su pase a la Comisión de Hacienda.

(Se vota:)

- 20 en 30. Afirmativa.

SEÑOR CARVALHO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARVALHO.- Señor Presidente: como lo expuse anteriormente, he votado afirmativamente con la convicción de que el Senado ha aprobado en general una solución justa, equitativa y respetuosa de todos los intereses comprometidos en este grave problema. A nuestro juicio, desde todo punto de vista esto es mejor que el camino que hasta ahora han seguido el Poder Ejecutivo y el Banco Central.

Mañana, en la Comisión de Hacienda, escucharé al señor Ministro y le formularé una pregunta básica, que quizás resuelva el problema. Concretamente, quiero saber si el Poder Ejecutivo está dispuesto a entender el gesto político que tuvo el Senado en la noche de hoy y va a dilatar la ejecución de la resolución del Directorio del Banco Central, o si, por el contrario, va a otorgar el contrato a la empresa Thesis. Si esto es así, realmente la sesión será muy breve, las explicaciones del señor Ministro sobrarán y cada cual deberá decidir de acuerdo con su responsabilidad.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: he votado afirmativamente en general este proyecto de ley por los fundamentos que hemos expresado, en el entendido de que el martes abordaremos la discusión en particular. Quiere decir que, pase lo que pase en la Comisión, en la próxima sesión deberemos continuar con la consideración de este proyecto de ley; de no ser así, plantearemos su urgente consideración, pues la suspensión de los juicios ejecutivos no asegura que el Ministro no otorgue el contrato a la empresa adjudicataria. La única manera de solucionar el problema es aprobar una ley. Eso me parece muy claro y es en ese entendido que hemos votado afirmativamente la moción presentada.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Solamente quiero decir que si mañana van a venir el señor Ministro de Economía y Finanzas y las autoridades del Banco Central, también sería bueno que vinieran las del Banco de la República Oriental del Uruguay, a fin de que las consultas básicas se puedan realizar en la reunión de la Comisión de Hacienda. De esta forma se facilitaría de inmediato toda la tarea de intercambio a que hizo referencia permanentemente el señor Senador Gallinal.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dado que la Comisión de Hacienda está citada para la hora 10 del día de mañana, la Mesa no puede confirmar en este momento la presencia del Banco de la República Oriental del Uruguay.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Antes de fundar el voto, me gustaría establecer el horario de la Comisión de Hacienda, dado que a las 10 de la mañana el Partido Nacional tiene un compromiso ineludible. Me gustaría que el Presidente de la Comisión y los delegados de todos los partidos se pusieran de acuerdo en la hora en que puede comenzar el trabajo ya que, como dije, nuestro partido tiene un compromiso importante que tiene que ver con su candidatura, que no podemos cambiar. Advierto que quisiera reunirme después de esta sesión para poder combinar un mejor horario y trabajar en el día de mañana; no tengo inconveniente en que vengan todos en el horario de la tarde, porque no hay tema más importante que este.

Por otra parte, quiero expresar que no vemos con buenos ojos la actitud del Banco Central de apurar el otorgamiento de la licitación de estas carteras, puesto que ello ha precipitado las urgencias por parte de una fuerza política en el Senado y no ha dado tiempo como para votar a conciencia el proyecto de ley. La Comisión de Hacienda no ha tenido tiempo más que para recibir a quienes promueven y respaldan esta iniciativa, pero no ha podido hacer un estudio profundo del tema. Me parece muy importante la propuesta que el señor Senador Gallinal realizara en nombre de todo el Partido Nacional en el sentido de que este proyecto de ley sea estudiado con más detenimiento, porque no son temas sencillos ni superficiales si consideramos la importancia del endeudamiento, del sistema financiero y de los ahorristas, y a la hora de estudiar este proyecto de ley debemos tener presentes todas las variables.

Para terminar mi fundamento de voto, quiero señalar que el Reglamento del Senado no establece la aprobación en general de un proyecto; esta es, simplemente, la disposición del Cuerpo a estudiarlo en particular. Yo tengo disposición a estudiar en particular este proyecto y por eso he votado en general, pero ello no implica que lo esté aprobando; quiero estudiarlo y reclamo para mi fuerza política, por parte del Poder Ejecutivo, el tiempo necesario para poder hacerlo, a fin de no votar cosas sin la debida seriedad. La actitud del Banco Central precipita estas decisiones y hace que no podamos analizarlo debidamente. Por ello, reitero, reclamo para mi fuerza política el tiempo necesario como para hacer un estudio más detallado de la iniciativa y de sus consecuencias porque, como muy bien ha señalado el señor Senador Gallinal en nombre del Partido Nacional, debemos evaluarlas a la hora de aprobarla.

Es en este sentido que hemos votado favorablemente el proyecto de ley.

26) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 23 y 16 minutos, presidiendo el señor Luis Hierro López y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Carvalho, Correa Freitas, Fernández Huidobro, Gallinal, García Costa, Gargano, Heber, Herrera, Pereyra, Ríos, Rodríguez y Sanguinetti.)

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretarios

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.