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Nº 3204 - 18 DE MAYO DE 2004

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

QUINTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

23ª SESIÓN

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES
DOCTOR JOSÉ AMORÍN BATLLE
(Presidente)
Y DOCTOR LUIS JOSÉ GALLO IMPERIALE (4to. Vicepresidente)

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y DOCTORA MARGARITA REYES GALVÁN LOS PROSECRETARIOS DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO Y SEÑOR ENRIQUE SENCIÓN CORBO

 

Texto de la citación

Montevideo, 13 de mayo de 2004.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, el próximo martes 18, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Quinto Período de la XLV Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

2º.- Comisión Administrativa del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Quinto Período de la XLV Legislatura). (Ley Nº 16.821, de 23 de abril de 1997).

3º.- Certificados de depósito y warrants. (Regulación). (Carp. 3640/003). (Informado). Rep. 1538 y Anexo I

4º.- Constitución de la República. (Se modifican diversas normas). (Carp. 2979/003). (Informado). Rep. 1264 y Anexo I

5º.- Exportaciones. (Se deroga la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para establecer detracciones). (Carp. 3758/004). (Informado). Rep. 1572 y Anexo I

6º.- Vigesimoprimer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 entre los Gobiernos de los Estados Parte del MERCOSUR y el Gobierno de Chile, y su Anexo ("Régimen de Solución de Controversias"). (Aprobación).(Carp. 2904/003). Rep.1244 y Anexo I

7º.- Resoluciones relativas a pasividades dictadas por el Banco de Previsión Social. (Se determina su contenido y fundamentación). (Carp. 3439/003). (Informado). Rep. 1469 y Anexo I

8º.- Portugal. (Designación a la Escuela Rural Nº 91 del departamento de Salto). (Carp. 2556/002). (Informado). Rep. 1113 y Anexo I

9º.- Meseta de Artigas (Designación a la Escuela Rural Nº 86 de Colonia Baltasar Brum, camino de acceso a la Meseta de Artigas, departamento de Paysandú). (Carp. 3027/003). (Informado). Rep. 1289 y Anexo I

10.- Reglamento de los Grupos de Amistad Interparlamentarios. (Aprobación). (Carp. 3737/004). (Informado). Rep. 1569 y Anexo I

HORACIO D. CATALURDA     MARGARITA REYES GALVÁN
S e c r e t a r i o s


S U M A R I O

1.- Asistencias y ausencias

2.- Asuntos entrados

3.- Proyectos presentados

4 y 6.- Exposiciones escritas

5.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

7.- Cincuentenario de Radio Litoral de Fray Bentos, departamento de Río Negro.

— Exposición del señor Representante Castromán Rodríguez

8.- Vejámenes a que fueron sometidos prisioneros iraquíes por parte de militares estadounidenses.

— Exposición del señor Representante Bergstein

9.- Cincuentenario de la Asociación de Productores de Leche de Paysandú.

— Exposición del señor Representante Obispo

10.- Demora en el traslado de Montevideo a Rivera de una paciente portadora de VIH-sida.

— Exposición del señor Representante Legnani

11.- Necesidad de una mayor presencia del Estado en la campaña contra el sida.

— Exposición del señor Representante Abdala

12.- Incumplimiento de disposiciones legales que establecen el monopolio de ANTEL al adjudicar una nueva banda de telefonía celular.

— Exposición del señor Representante Pérez Morad

CUESTIONES DE ORDEN

14 y 18.- Aplazamientos

13.- Integración de la Cámara

13.- Licencias

17.- Sesión extraordinaria

VARIAS

16.- Comisión Especial de Seguridad Ciudadana. (Prórroga de plazo)

22.- Llamado a Sala al señor Ministro de Economía y Finanzas.

— Se vota afirmativamente

ORDEN DEL DÍA

15.- Certificados de depósito y warrants. (Regulación).

Antecedentes: Rep. Nº 1538, de enero de 2004, y Anexo I, de mayo de 2004. Carp. Nº 3640 de 2003. Comisión de Hacienda.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

19.- Exportaciones. (Se deroga la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para establecer detracciones).

Antecedentes: Rep. Nº 1572, de abril de 2004, y Anexo I, de mayo de 2004. Carp. Nº 3758 de 2004. Comisión de Hacienda.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

20.- Vigésimo primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 entre los Gobiernos de los Estados Parte del MERCOSUR y el Gobierno de Chile, y su Anexo ("Régimen de Solución de Controversias"). (Aprobación).

Antecedentes: Rep. Nº 1244, de abril de 2003, y Anexo I, de mayo de 2004. Carp. Nº 2904 de 2003. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Se pasa a la discusión particular.

— Se aplaza la consideración del artículo único por no haber en Sala el quórum necesario para proceder a su votación

21.- Resoluciones relativas a pasividades dictadas por el Banco de Previsión Social. (Se determina su contenido y fundamentación).

Antecedentes: Rep. Nº 1469, de octubre de 2003, y Anexo I, de diciembre de 2003. Carp. Nº 3439 de 2003. Comisión de Seguridad Social.

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

23.- Portugal. (Designación a la Escuela Rural Nº 91 del departamento de Salto).

Antecedentes: Rep. Nº 1113, de noviembre de 2002, y Anexo I, de mayo de 2003. Carp. Nº 2556 de 2002. Comisión de Educación y Cultura.

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

24.- Meseta de Artigas. (Designación a la Escuela Rural Nº 86 de Colonia Baltasar Brum, camino de acceso a la Meseta de Artigas, departamento de Paysandú).

Antecedentes: Rep. Nº 1289, de mayo de 2003, y Anexo I, de junio de 2003. Carp. Nº 3027 de 2003. Comisión de Educación y Cultura.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

25.- Reglamento de los Grupos de Amistad Interparlamentarios. (Aprobación).

Antecedentes: Rep. Nº 1569, de marzo de 2004, y Anexo I, de mayo de 2004. Carp. Nº 3737 de 2004. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Se aprueba el proyecto de resolución

— Texto del proyecto aprobado

1.-     Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Washington Abdala, Guzmán Acosta y Lara, Ernesto Agazzi, Guillermo Álvarez, Juan Justo Amaro, Gustavo Amen Vaghetti, José Amorín Batlle, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Carlos Baráibar, Raquel Barreiro, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Edgar Bellomo, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, José L. Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Brum Canet, Felipe Carballo, Julio Cardozo Ferreira, Ruben Carminatti, Nora Castro, Ricardo Castromán Rodríguez, Roberto Conde, Jorge Chápper, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Sebastián Da Silva, Ruben H. Díaz, Daniel Díaz Maynard, Juan Domínguez, Óscar Echevarría, Ricardo Falero, Luis José Gallo Imperiale, Schubert Gambetta, Carlos González Álvarez, Miguel Guzmán, Tabaré Hackenbruch Legnani, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, Luis Alberto Lacalle Pou, Luis M. Leglise, Ramón Legnani, Óscar Magurno, José Carlos Mahía, Diego Martínez, Juan Máspoli Bianchi, José Homero Mello, Felipe Michelini, Pablo Mieres, Ricardo Molinelli, Martha Montaner, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Edgardo Ortuño, Gabriel Pais, Ronald Pais, Gustavo Penadés, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, Enrique Pintado, Carlos Pita, Iván Posada, Ernesto Rodríguez Altez, Francisco Rodríguez Correa, Glenda Rondán, Víctor Rossi, Adolfo Pedro Sande, Alberto Scavarelli, Leonel Heber Sellanes, Raúl Sendic, Pedro Señorale, Jorge Silva Rotta, Julio C. Silveira, Tomás Teijeiro, Lucía Topolansky, Daisy Tourné, Wilmer Trivel, Jaime M. Trobo, Walter Vener Carboni y Homero Viera.

Con licencia: Álvaro Alonso, Ramón Fonticiella, Orlando Gil Solares, Gustavo Guarino, Julio Lara, Guido Machado, Alberto Perdomo, Martín Ponce de León, Yeanneth Puñales Brun, María Alejandra Rivero Saralegui y Diana Saravia Olmos.

Faltan con aviso: Fernando Araújo, Nelson Bosch, Daniel García Pintos, Artigas Melgarejo, Andrés Oribe, Ambrosio Rodríguez, Julio Luis Sanguinetti y Gustavo Silveira.

Sin aviso: Luis Arismendi.

Actúa en el Senado: Margarita Percovich.

2.-     Asuntos entrados.

"Pliego Nº 306

PROMULGACIÓN DE LEYES

El Poder Ejecutivo comunica que ha promulgado las siguientes leyes:

-    Archívense

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes los siguientes proyectos de ley, remitidos con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo:

-    A la Comisión de Educación y Cultura

-     A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

La citada Presidencia remite copia autenticada de las resoluciones del Poder Ejecutivo, autorizando diversas transposiciones de créditos presupuestales entre varios proyectos de inversión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. C/105/000

-    A la Comisión de Presupuestos

DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores comunica que ha sancionado los siguientes proyectos de ley:

-    Téngase presente

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Hacienda se expide sobre los siguientes proyectos de ley:

La Comisión de Asuntos Internacionales se expide sobre el proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio Internacional del Trabajo Nº 184, sobre Seguridad y Salud en la Agricultura, 2001, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en la 89ª Reunión, celebrada en Ginebra en junio de 2001. C/3688/004

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca se expide sobre el proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa para la creación de un Fondo de Recuperación de la Producción Ovina y la aprobación de normas para su financiamiento. C/3826/004

La Comisión de Seguridad Social se expide sobre los siguientes asuntos:

-    Se repartieron con fecha 13 de mayo

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Departamental de Maldonado remite copia de la resolución, aprobada por dicho Cuerpo, por la que se propone la designación del Aeropuerto "El Jagüel", en el citado departamento, con el nombre de "Don Francisco Salazar". C/4/000

-    A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

La Junta Departamental de San José remite los siguientes asuntos:

-    A la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas

La Intendencia Municipal de Montevideo contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Martín Ponce de León, sobre las obras que se realizan en el espejo de aguas de la Bahía de Montevideo, en la zona adyacente a la Escollera Sarandí. C/27/000

-     A sus antecedentes

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta los siguientes pedidos de informes:

El Ministerio de Defensa Nacional contesta el pedido de informes del señor Representante Roque Arregui, acerca de la participación de personal militar en obras de una empresa de la ciudad de Dolores, departamento de Soriano. C/3682/004

-    A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

-    Se cursaron con fecha 12 de mayo

El señor Representante José Homero Mello solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acerca de la aplicación de los fondos resultantes de la subasta de la Playa de Contenedores del Puerto de Montevideo. C/3833/004

-    Se cursó con fecha 13 de mayo

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

La señora Representante Lucía Topolansky solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino al Banco Hipotecario del Uruguay, relacionado con las opciones de refinanciación de adeudos para los promitentes compradores de un edificio de propiedad horizontal en la ciudad de Paysandú. C/3836/004

-    Se cursaron con fecha 14 de mayo

PROYECTOS PRESENTADOS

El señor Representante Guido Machado presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa para la creación de la figura del traductor público de oficio. C/3841/004

-    A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración".

3.-     Proyectos presentados.

"TRADUCTOR PÚBLICO DE OFICIO. (Se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa para la creación de esta figura).

MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo, elevar un proyecto de ley que contemple los objetivos que se persiguen en el articulado siguiente y la exposición de motivos respectiva.

"ARTÍCULO 1º.- Créase la figura del traductor público de oficio.

ARTÍCULO 2º.- El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura y con el asesoramiento del Colegio de Traductores Públicos del Uruguay implementará y reglamentará los requisitos para la designación y competencias de los traductores públicos de oficio.

ARTÍCULO 3º.- El ámbito territorial donde los traductores públicos de oficio ejercerán su profesión será dentro de la jurisdicción de los departamentos fronterizos comprendidos en el acuerdo firmado entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil que crea el documento de fronterizo.

ARTÍCULO 4º.- Las gestiones que realicen ante las oficinas públicas los traductores públicos de oficio en cumplimiento de sus funciones estarán exoneradas de toda clase de tributación".

Montevideo, 12 de mayo de 2004.

GUIDO MACHADO, Representante por Rivera.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente inquietud está motivada por el planteamiento que me han realizado los ciudadanos del departamento de Rivera.

Es un tema que no solo los afecta a ellos, sino que también a todos los ciudadanos que viven en los departamentos de frontera especialmente con la República Federativa del Brasil.

Todos somos conscientes que en la zona de frontera nacen niños del lado brasileño y luego viven y estudian del lado uruguayo.

Esta situación conlleva a una posterior regularización de documentación en donde necesariamente intervienen los traductores públicos. No debemos olvidar que además de los gastos de sellados y timbres ante las oficinas públicas que correspondan están los honorarios del profesional que actúa.

En ocasiones a las familias de bajos recursos les resulta prácticamente inaccesible obtener determinados documentos públicos necesarios ya desde la temprana edad como la cédula de identidad. Este es solo un ejemplo de la realidad cotidiana de mis conciudadanos.

Es por ese motivo que solicitamos al Cuerpo que se eleve al Poder Ejecutivo la presente minuta de comunicación por la cual se crea la figura del traductor público de oficio como instrumento para solucionar la problemática planteada.

Montevideo, 12 de mayo de 2004.

GUIDO MACHADO, Representante por Rivera".

4.-     Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 35)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Roque Arregui solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

El señor Representante José Homero Mello solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social, referente a una deuda mantenida con dicha Institución por una asociación civil sin fines de lucro del departamento de Paysandú. C/27/000

El señor Representante Artigas Melgarejo solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas al Ministerio de Educación y Cultura:

El señor Representante Guzmán Acosta y Lara solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios del Interior, y por su intermedio a la Jefatura de Policía de Durazno; de Economía y Finanzas; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre; de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Durazno, y a la Sociedad Rural del citado departamento, acerca de la distribución de recursos provenientes de la subasta de bandas de telefonía celular, en varios proyectos de inversión en políticas sociales. C/27/000

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

——Se votarán oportunamente.

5.-    Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión Ordinaria realizada el 12 de mayo de 2004:

Con aviso: Luis A. Arismendi, Roberto Conde, Gabriela Garrido, Yeanneth Puñales Brun, Ambrosio Rodríguez y Alberto Scavarelli.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Miércoles 12 de mayo

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Con aviso: Diana Saravia Olmos, Ernesto Rodríguez Altez, Gustavo Borsari Brenna y Luis Alberto Lacalle Pou.

GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Con aviso: Ricardo Falero.

HACIENDA

Con aviso: Silver R. Estévez Rodríguez.

INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Con aviso: Álvaro Alonso.

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: Daisy Tourné y Luis Alberto Arismendi Ledesma.

PRESUPUESTOS

Con aviso: Adolfo Pedro Sande, Brum Canet y Roberto Conde.

TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

Con aviso: Óscar Magurno.

VIVIENDA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Con aviso: Julio Cardozo Ferreira.

Jueves 13 de mayo

INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Con aviso: Juan C. Siázaro Andreotti y Nelson Bosch.

ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Con aviso: Alberto Scavarelli, Daniel Díaz Maynard, Nelson Bosch y Silver R. Estévez Rodríguez".

6.-     Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Veintiséis en veintisiete: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre la situación de un trabajador forestal en el departamento de Soriano.

"Montevideo, 12 de mayo de 2004. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor José Amorín Batlle. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En la plaza Artigas, de la ciudad de Mercedes, capital del departamento de Soriano, se encadenó un trabajador forestal debido a la falta de políticas sociales que lo afectan directamente. En tal sentido, adjuntamos información de prensa. Hay muchas personas en nuestro país que viven situaciones dramáticas como la que nos ocupa. Debería ser una de las principales prioridades no dejar en el desamparo a ese sector de la población. Por lo expuesto, solicitamos la inmediata aplicación de políticas sociales, que cubran ese tipo de situaciones. Hay países que han establecido que a las personas que no llegan a padecer un 66% de discapacidad, pero que tienen más del 33%, se les brinda formas de apoyo, como por ejemplo: medias pensiones, subsidios, horarios restringidos en trabajos que son compatibles y que les procura el propio Estado. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

2) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco de Seguros del Estado, relacionada con la necesidad de considerar como accidentes de trabajo, a aquellos sufridos por los trabajadores de fiestas hípicas.

"Montevideo, 13 de mayo de 2004. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor José Amorín Batlle. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco de Seguros del Estado (BSE). El BSE, considera a las fiestas hípicas, domas espectáculos, como una actividad deportiva, por lo que las personas que sufren accidentes en esas actividades ya sean los jinetes, los apadrinadores, y otros, no son considerados como accidentes de trabajo, lo que significa que no se cubre la parte médica. La Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989, habilita al BSE para dar solución a este problema. Actualmente, se puede asegurar a las personas que trabajan en las fiestas hípicas de referencia, pero solo cubre el fallecimiento hasta cierta cantidad, y una prestación temporaria hasta cierto límite. En función de estas limitaciones, solicito a las autoridades destinatarias de esta exposición escrita que revean esta situación, y que se contemple a los jinetes, a los apadrinadores, y a quienes trabajan en los espectáculos hípicos, de forma similar a quienes son asegurados por accidentes de trabajo. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

3) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Laboratorio Tecnológico del Uruguay, acerca del monto que cobra dicho Laboratorio por concepto de inspección de balanzas.

"Montevideo, 13 de mayo de 2004. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor José Amorín Batlle. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). De acuerdo a información que se nos proporcionó, el LATU cobra por inspección de balanzas la suma de $ 510. Esta es una cifra muy elevada, que afecta al comerciante, especialmente al pequeño y al mediano, y no se ajusta a los gastos que dicha tarea insume al LATU, por lo que en la práctica termina convirtiéndose en una forma de recaudación, similar a un impuesto. Por lo expuesto, solicito la revisión de dicho valor, ajustándose a lo que realmente significa el servicio de inspección. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

4) Exposición del señor Representante José Homero Mello al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social, referente a una deuda mantenida con dicha Institución por una asociación civil sin fines de lucro del departamento de Paysandú.

"Montevideo, 13 de mayo de 2004. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor José Amorín Batlle. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social (BPS). Hemos recibido una nota de la Asociación Sanducera de Apoyo a la Ancianidad (ASAPA), en la que se nos hace saber en qué situación se encuentra dicha Asociación con respecto a la notificación de una deuda contraída con el BPS. Con fecha 10 de marzo de 2004, los Directivos de ASAPA se enteraron de la existencia de un expediente en trámite que indica que la mencionada Asociación debe $ 353.421 por concepto de aportes no realizados en el período comprendido entre los años 1997 y 1999, liquidación efectuada al 30 de diciembre de 2003. Como se comprenderá, esa institución, que ha trabajado con esfuerzo para conseguir albergar ancianos, no cuenta con recursos para pagar la deuda mencionada. La Comisión Directiva de ASAPA expresa, en una nota que nos enviara, la voluntad de hacerse cargo del pago de los aportes adeudados, pero sin las multas y los recargos que alcanza la cifra actualmente en trámite. Por lo expuesto, solicitamos que se estudie y que se resuelva favorablemente la situación planteada. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JOSÉ HOMERO MELLO, Representante por Paysandú".

5) Exposición del señor Representante Artigas Melgarejo al Ministerio de Educación y Cultura sobre el cierre de una institución de promoción y desarrollo social de la tercera edad en Mariscala, departamento de Lavalleja.

"Montevideo, 14 de mayo de 2004. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor José Amorín Batlle. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura. En villa Mariscala, en el departamento de Lavalleja, la Comisión de Promoción y Desarrollo Social para la 3ª edad, integrada al Programa para la Ancianidad del Banco de Previsión Social (BPS) -Ley Nº 17.066, de 24 de diciembre de 1998- fue intervenida el 24 de marzo de 2003, por resolución del Poder Ejecutivo, por el término de seis meses a partir de la toma de posesión de su cargo por parte de la señora interventora nombrada, escribana Albana Juárez Alemán. Con fecha 24 de abril de 2003, el Presidente y la Secretaria de la Comisión Directiva de dicha institución interpusieron recurso de revocación contra la citada resolución. El recurso fue rechazado, por lo que el 24 de setiembre de 2003, se ratificó la intervención a la institución. La señora interventora actuó hasta el mes de enero de 2004, fecha en que cerró las instalaciones de la institución y se llevó la llave. Desde ese momento, los socios de la misma -que son alrededor de 200- no han tenido más noticias. Solicitamos, por medio de la presente exposición escrita, la intervención del Ministerio, en la forma más urgente posible, ya que como se comprenderá esta situación tiene muy inquieta y nerviosa a una gran cantidad de vecinos de Mariscala, que encontraba en dicho lugar un medio de distensión y de socialización muy importante para el adulto mayor, y que ahora ve coartada la posibilidad de disponer de él. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ARTIGAS MELGAREJO, Representante por Montevideo".

6) Exposición del señor Representante Artigas Melgarejo al Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con presuntas irregularidades denunciadas por vecinos integrantes del Centro de Barrio Nº 3 "Cañada Zamora", de la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja.

"Montevideo, 14 de mayo de 2004. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor José Amorín Batlle. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura. El Centro de Barrio Nº 3 Cañada Zamora, de la ciudad de Minas, en el departamento de Lavalleja, es una agrupación de vecinos que tiene entre sus finalidades la de proteger a los niños y a las familias, con el asesoramiento del Instituto Nacional del Menor (INAME) y de conformidad con el artículo 8º del Código del Niño. La zona de influencia de dicho Centro, está delimitada por las calles Washington Beltrán hasta Domingo Pérez, por esta vía hasta Oficial 80, por Oficial 80 hasta tránsito pesado e Ituzaingó, desde Ituzaingó hasta Camino de las Tropas y Machado Amor, y por esta última calle hasta General Flores y Washington Beltrán, tal como figura en el artículo 1º de sus Estatutos. A través de esta exposición escrita queremos transmitir una serie de preocupaciones que nos fueron presentadas por un conjunto de vecinos del Centro mencionado adjuntando fotocopia de la nota original -en la que se detallan las irregularidades denunciadas, algunas de las que hemos podido constatar- remitiéndose, asimismo, las firmas de los vecinos que presentan dichas inquietudes, y los Estatutos de Centro de Barrio Nº 3 Cañada Zamora. Ante la serie de irregularidades denunciadas por personas residentes en el barrio mencionado, solicitamos a esa Secretaría de Estado que realice la investigación correspondiente, a la brevedad posible, para que los planteamientos de gran cantidad de vecinos, preocupados por la situación del centro barrial, sean escuchados y atendidos como corresponde. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ARTIGAS MELGAREJO, Representante por Montevideo".

7) Exposición del señor Representante Guzmán Acosta y Lara a los Ministerios del Interior, y por su intermedio a la Jefatura de Policía de Durazno; de Economía y Finanzas; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre; de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Durazno, y a la Sociedad Rural del citado departamento, acerca de la distribución de recursos provenientes de la subasta de bandas de telefonía celular, en varios proyectos de inversión en políticas sociales.

"Montevideo, 18 de mayo de 2004. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor José Amorín Batlle. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio del Interior y, por su intermedio, a la Jefatura de Policía de Durazno; al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; a la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR); al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP); a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Durazno; y a la Sociedad Rural de Durazno. El pasado miércoles 12, se llevó a cabo la subasta de bandas de telefonía celular, lo que, sin dudas, es un gran logro, por diversos motivos, entre ellos la confianza del inversor extranjero en nuestro país y en nuestro sistema económico. Dicha subasta generó algo más de 30 millones de dólares, los cuales pasaron a Rentas Generales, a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas. Entendemos que dicha suma, más allá de darle, en principio, un destino genérico, como es el de Rentas Generales, sería más conveniente asignarle destinos específicos. Exhortamos a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas a considerar las siguientes propuestas que, sin dudas, darían múltiples beneficios en lo que respecta a políticas sociales. Parte de esa suma habría que asignarla a MEVIR -de manera que esa Comisión, que se encuentra desfinanciada, que ha debido suspender obras en todo el país y cancelar el inicio de tantas otras- pueda contar con recursos frescos de forma que, al menos, continúe con las obras suspendidas. Por otra parte, dadas las enormes carencias que se constatan en todos los centros educativos, en cuanto a su infraestructura, estado de conservación de los inmuebles y falta de equipamiento, sería bueno transferir parte de esos millones para que ANEP y sus Consejos Desconcentrados realicen las inversiones más necesarias en los locales de estudio, sobre todo del interior del país. Por último, solicitamos que se dote al Ministerio del Interior de un fondo especial para la prevención y el combate del delito de abigeato, y de que se distribuyan esos recursos en las Jefaturas del interior más afectadas por ese delito económico, que tanto daño no solo le infiere a la economía nacional, sino que destroza las posibilidades económicas de los pequeños y medianos productores agropecuarios. Dicho fondo estaría destinado para la compra de armamento, de vehículos, de equipos de comunicación, y para la dotación de combustible y la eventual contratación de personal para cubrir las enormes extensiones de territorio, que en el interior carecen de vigilancia y donde se llevan a cabo esos ilícitos por parte de bandas organizadas, que cuentan con modernos recursos y tecnología. De esta forma bien concreta, entendemos que ese dinero estaría atendiendo tres áreas bien definidas, que hacen a las políticas sociales y a la defensa de los recursos económicos del primer sector de nuestra economía. Exhortamos a todas las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas a que esos dineros, tan bienvenidos para el Uruguay todo, sean invertidos en temas bien concretos y definidos, como los que hemos propuesto, de manera que toda la sociedad sea, en definitiva, la primera y única beneficiada. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUZMÁN ACOSTA Y LARA, Representante por Durazno".

8) Exposición del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Río Negro y por su intermedio a las Juntas Departamentales de Nuevo Berlín y Algorta; y al Ministerio del Interior, referente a la necesidad de prevenir incendios forestales.

"Montevideo, 18 de mayo de 2004. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor José Amorín Batlle. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio del Interior; a la Intendencia Municipal de Río Negro y, por su intermedio, a las Juntas Locales de Nuevo Berlín y de Algorta, y a la Junta Departamental de Río Negro. Villa Nuevo Berlín y la localidad de Algorta, en el departamento de Río Negro, son centros poblados que no escapan a la circunstancia de estar rodeados de inmensas masas forestales de eucaliptos y de pinos, particular y especialmente en la localidad de Algorta, donde se concentra la mayor cantidad de emprendimientos forestales los que, prácticamente, encierran a esta localidad y a quienes la habitan. En el pasado mes de marzo se desató el incendio más grande que se recuerde en zonas aledañas a Paso de la Cruz, en campos de la firma Rivermol, afectando el siniestro a una cifra calculada entre las mil doscientas y mil quinientas hectáreas, con los perjuicios que ello conlleva. En ese histórico incidente pudo probarse que de no mediar la firme y responsable actitud del Estado uruguayo a través de organismos departamentales como las Intendencias Municipales de Río Negro y de Paysandú, aportando maquinaria, combustible y personal y organismos nacionales contribuyendo con personal policial, de bomberos, del Ejército Nacional, y de la participación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Ministerio de Salud Pública, y de pobladores de la zona. Sin esos aportes el incendio hubiese tenido consecuencias imprevisibles. Quizá, las empresas no están cumpliendo con el decreto reglamentario de la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987, que establece una serie de requisitos en materia de seguridad y de elementos necesarios para el combate de siniestros. Por lo expuesto, consideramos legítimo el planteo que nos realizaron vecinos de villa Nuevo Berlín y de pueblo Algorta para que las correspondientes autoridades departamentales y nacionales, puedan acordar con las grandes empresas forestales, la instalación de cuartelillos de bomberos en las localidades antes indicadas. Creemos que, además de colaborar con las poblaciones del lugar llevando tranquilidad, también se están tomando las previsiones ante la eventualidad de algún siniestro que pudiera desatarse, situación que deseamos no se repita. En la seguridad de que las autoridades nacionales y departamentales pondrán todo lo que esté a su alcance en procura de atender el reclamo, saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro".

9) Exposición del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Río Negro y al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Educación Pública, para su remisión al Consejo de Educación Técnico-Profesional, sobre la situación funcional de una docente interina del referido Consejo.

"Montevideo, 18 de mayo de 2004. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor José Amorín Batlle. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y al Consejo de Educación Técnico-Profesional; y a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro. La señora Gloria Libertad Gutiérrez Cabrera, cédula de identidad Nº 3.004.334-3, con domicilio en la ciudad de Young, en el departamento de Río Negro, nos envió una carta en la que plantea su situación personal, desde el punto de vista laboral, explicitando su vínculo con el Consejo de Educación Técnico-Profesional, desde el 22 de julio de 1974, en que comenzó a desempeñarse como Maestra Técnica en la ciudad de Young, en forma ininterrumpida hasta el año 1998, es decir, cumpliendo 24 años de servicio. Posteriormente, prestó funciones en la Escuela Técnica de Fray Bentos, con los destinos de Nuevo Berlín y de San Javier, respectivamente, en el departamento de Río Negro, en los cursos CAM, en el período comprendido entre los años 1999 y 2002, inclusive. El cargo desempeñado por la docente interina, en todo ese tiempo, fue grado 3, cuando en realidad por todos los años de desempeño en la tarea, en las distintas reparticiones de UTU, debería, a juicio de la profesora, ser grado 7 y con efectividad. Aclara la docente en su relato, que en todo el tiempo que desempeñó el cargo, no hubo llamado a aspirantes al cargo y a la efectividad, en las ramas en que se desempeñó, habiendo solicitado a la señora Consejera de Educación Técnico-Profesional, maestra Fanny Arón Núñez, oportunamente, su aspiración de integrar la plantilla de profesores del instituto, en forma regular. En febrero del año 2003, se presentó, como cada año, en la Escuela Técnica de Fray Bentos, en el departamento de Río Negro, para la elección de horas, y allí se le informó que su nombre no estaba incluido en el escalafón docente. Posteriormente, efectuó el reclamo, informándosele que por ser interina no tenía ni voz ni voto. En febrero del corriente año, envió su carpeta de méritos a la Regional Salto, y el día 11 de marzo recibió una nota de parte de la Inspectora, señora Nancy Cámara Rebollo, quien le adjuntó un formulario de aspiración al cargo, que fue llenado y enviado rápidamente al sector Recursos Humanos en la ciudad de Montevideo, no habiendo tenido, hasta la fecha, ningún tipo de respuesta. En atención a lo narrado y en mérito a que estos dos años de inactividad han generado a esa persona una situación muy difícil y comprometida -según se nos expresó- desde el punto de vista económico y social, ya que tiene tres hijos a su cargo, dos de los cuales estudian, haciéndose mucho más difícil la situación, y en nuestro carácter de Representante Nacional de nuestra gente, creemos que las autoridades competentes tomarán debida nota de lo expuesto. Esperando una solución a la brevedad, saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro".

10) Exposición del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Río Negro y por su intermedio a la Junta Local de Nuevo Berlín; y al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, relacionada con la necesidad de proveer un cargo docente en educación especial en la Escuela Nº 8 "República de Alemania", de la citada localidad.

"Montevideo, 18 de mayo de 2004. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor José Amorín Batlle. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP); a la Intendencia Municipal de Río Negro y, por su intermedio, a la Junta Local de Nuevo Berlín, y a la Junta Departamental de Río Negro. En visita que realizáramos a villa Nuevo Berlín, en el departamento de Río Negro, nos fue planteada la problemática que se vive en la Escuela Nº 8 República de Alemania en un área de la educación, especialmente, como lo es el de la enseñanza a niñas y a niños con capacidades diferentes. Los vecinos nos expresaban que, desde el año 1989, hasta finales del año 2001, se disponía en el referido centro educacional de una clase de educación especial, integrada a la escuela común; esa había sido la solución para los niños con capacidades diferentes de la villa y del entorno; obviamente, con maestros especializados. El cargo se perdió, y los habitantes de Nuevo Berlín desconocen las razones para que ello ocurriera, después de 12 años de prestar el servicio de la docencia en la especialidad antes indicada. Por lo expuesto, creemos que las autoridades de la enseñanza tomarán debidamente el planteo que realizamos en nombre de los vecinos del lugar. Esperando una respuesta que atienda el reclamo de los pobladores de Nuevo Berlín, saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro".

MEDIA HORA PREVIA

7.-     Cincuentenario de Radio Litoral de Fray Bentos, departamento de Río Negro.

——Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Castromán Rodríguez.

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Señor Presidente: el 20 de mayo, Radio Litoral de Fray Bentos cumplirá cincuenta años de vida en el éter del departamento y de la región; es la primera radiodifusora del departamento de Río Negro.

Don Guillermo Aristi fue el precursor y fundador de esta emisora, en el año 1954, en tiempos de trabajo en la ciudad, cuando el viejo Frigorífico Anglo cobijaba a miles de obreros en la tarea cotidiana, cuando el puerto, la industria, el comercio y la construcción eran florecientes. Revisando documentos de la época pudimos constatar que de una población de más de veinte mil habitantes en la ciudad capital del departamento, Fray Bentos, cinco mil trabajaban todos los días en estos lugares a los que estoy haciendo referencia.

La radio, con su programación novedosa, pueblerina, popular desde siempre y, especialmente, solidaria -lo que fue la impronta, la marca indeleble que al día de hoy tiene, puesta por quien fuera su fundador y que continúa con el actual propietario y su personal, integrantes de la familia de Radio Litoral-, hace que hoy sintamos orgullo por tener en nuestro departamento a esta emisora amiga.

Fue, y sigue siendo, un medio de prensa comprometido con la gente, con la justicia y con los hechos históricos más trascendentes, compromiso que en estos cincuenta años de rica y proficua vida ha mantenido dentro del departamento y la región. La lucha reivindicativa de los obreros de la carne en su primera e histórica marcha a pie desde Fray Bentos hasta Montevideo, en el año 1956, contó con los micrófonos abiertos de la emisora hasta el momento del triunfo de los obreros organizados. Los obreros portuarios de esta ciudad clasista y combativa, y sus luchas, contaron también con la disposición generosa y sin retaceos de la radio. El apoyo a la cultura, al deporte, a la pluralidad democrática y el haber sido consecuente con la población en las duras épocas de la dictadura son las formidables cartas de presentación, históricas y actuales, de esta emisora.

Quiero destacar que su principal y sus funcionarios responsables, como asimismo el resto del equipo, han procurado estar a la altura de los tiempos que se viven. Es así que con programas amenos, de gran audiencia, brindan todo lo que la gente quiere escuchar: informativos serios, veraces; programas políticos, sociales, musicales y de opinión que, en definitiva, son la esencia de la radio.

Por último, quiero hacer notar sus pilares fundamentales. Es un medio de puertas abiertas, plural, donde cada uno de quienes utilizan los micrófonos puede expresarse libremente. Y destaco también la solidaridad, la inquietud del cuerpo de periodistas -excelentes todos- y de todos aquellos que son parte de la radio y que cotidianamente ayudan a ejercer ese nexo tan importante entre la sociedad y el medio de prensa. Todo esto hace que festejemos y conmemoremos con mucha alegría los cincuenta años de Litoral, la nueva radio.

Desde este lugar, en este especial aniversario, con alegría y afecto envío un saludo fraterno a todos los integrantes de la radio.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a Radio Litoral de Fray Bentos y a la Organización de la Prensa del Interior, así como a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Río Negro.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta en treinta y uno: AFIRMATIVA.

8.-    Vejámenes a que fueron sometidos prisioneros iraquíes por parte de militares estadounidenses.

Tiene la palabra el señor Diputado Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: grande ha sido nuestra consternación cuando, en los últimos días, recibimos información acerca de algunos vejámenes y humillaciones que recibieron prisioneros iraquíes por parte de militares estadounidenses. Ha habido torturas morales, quizás físicas también, vejámenes y humillaciones.

Quienes vivieron bajo regímenes totalitarios saben que lo primero que se sufre en esos regímenes es humillación y que no hay peor discriminación que sentirse desprotegido.

La consternación se debe a que esto se produce nada menos que a manos de un país como los Estados Unidos de América, que es el paradigma de la democracia y de la defensa de los derechos humanos. La creación de los Estados Unidos de América es una de las aventuras más extraordinarias en la historia de la humanidad, porque ese país refleja lo que representa la igualdad de oportunidades; refleja hasta dónde pueden llegar, en libertad, el hombre o la mujer con su esfuerzo, su dedicación, su capacidad y su trabajo. Estados Unidos de América es, quizás, la potencia hegemónica más benigna en la historia de la humanidad. Por eso es grande nuestra sorpresa ante este hecho.

No nos vamos a valer de esta oportunidad para expresar que en otros lugares pasan cosas infinitamente peores, porque no vamos a incurrir en la ofensa de decir al pueblo y al Gobierno de Estados Unidos de América que estamos haciendo la más mínima comparación con otros regímenes de neto cuño totalitario. Pero precisamente porque se trata de Estados Unidos de América, de esta gran nación, debemos reclamar que apele a sus reservas morales para que estos hechos sean investigados y sean expuestos en forma transparente a la luz pública, a fin de que los responsables directos e indirectos y los autores materiales e intelectuales sean sometidos a la Justicia.

Más de una vez, Estados Unidos de América se ha visto enfrentado a situaciones que ponían entre signos de interrogación su visión moral de la perspectiva histórica; esta es una de ellas. Son circunstancias difíciles y dolorosas.

Así como tantas veces hemos elevado en Sala nuestra humilde voz para exponer las violaciones de derechos humanos en otras latitudes, es nuestro deber no pasar por alto lo que nos han revelado informaciones de prensa, fotografías e, inclusive, el reconocimiento de los hechos por parte de oficiales norteamericanos. Pretendemos que se investigue a fondo y que se actúe en consecuencia. Estados Unidos de América -reitero: una de las más grandes creaciones en la historia de la humanidad- tiene la fuerza moral para hacerlo.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al señor Ministro de Relaciones Exteriores y al señor Embajador de Estados Unidos de América.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Veintisiete en treinta: AFIRMATIVA.

9.-    Cincuentenario de la Asociación de Productores de Leche de Paysandú.

Tiene la palabra el señor Diputado Obispo.

SEÑOR OBISPO.- Señor Presidente: en estos minutos queremos resaltar un hecho que consideramos importante para Paysandú, para la región y para el sector productivo.

El día viernes próximo pasado, tuvimos oportunidad de participar en Paysandú de los festejos por los cincuenta años de la Asociación de Productores de Leche de ese departamento. A través de su trayectoria, y en especial en los últimos años, pudimos vivir con ellos todas las inquietudes, los avatares y los sacrificios del sector lechero. También pudimos ver a esta, como a otras organizaciones gremiales, no solo reivindicar la situación de los productores sino preocuparse por el país, por la industria. En definitiva, su preocupación es por un sector que resulta estratégico en la vida del país.

A pesar de las dificultades serias y tangibles que tienen todos los productores lecheros del país, en Paysandú han sabido mantener una línea de conducta de participación y de pluralidad en los planteos. Ante cada uno de los serios problemas padecidos por el sector estas organizaciones han estado presentes defendiendo a los productores, a la industria y a un sector que resulta fundamental para el país y que, por suerte, en los últimos tiempos tiene perspectivas muy positivas.

Como homenaje a este sector y a los cincuenta años de la Asociación de Productores de Leche de Paysandú -en esa perspectiva de organización gremial de productores dedicada a las reivindicaciones y también a las soluciones-, quiero recordar que el 20 de octubre de 2001 esta asociación, junto con la Universidad de la República, con representantes de la industria y con otros gremios, realizó en el departamento un foro regional de lechería que tenía como puntos sujetos a debate la cuantificación del impacto económico y social de la operativa de la industria lechera local, la exploración del espacio existente para la complementariedad industrial y comercial de la industria, el análisis de los sistemas productivos de la región, el estudio de las posibilidades para la certificación de procesos productivos en el sector primario e industrial que mejoren el valor agregado del producto, etcétera.

Además, se planteó la posibilidad de modificar el Decreto-Ley Nº 15.640 y la creación de las Juntas Regionales de la Leche.

Sabemos que este proyecto, que recogimos y presentamos, ha tenido un largo proceso de discusión y que hoy hay amplios sectores que apuntan a que la Junta Nacional de la Leche debe tener otros cometidos. Se dice que a través de ella deben fijarse políticas que permitan que el país utilice el patrimonio que tiene en la producción, en los trabajadores y en la industria. Sería bueno que en lo que queda de esta Legislatura pudiéramos concretar estas iniciativas como un aporte de este Parlamento al desarrollo de una industria tan importante.

Quería destacar esto porque nos parece que cualquier Gobierno que planifique políticas de desarrollo debe contar con organizaciones gremiales fuertes y claras en sus objetivos. Creemos que esta Asociación va a resultar fundamental en esta posibilidad. Por eso, vayan nuestras felicitaciones.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Asociación de Productores de Leche de Paysandú, a la Junta Departamental de Paysandú, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a la respectiva Comisión asesora de nuestra Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y dos en treinta y tres: AFIRMATIVA.

10.-    Demora en el traslado de Montevideo a Rivera de una paciente portadora de VIH-sida.

Tiene la palabra el señor Diputado Legnani.

SEÑOR LEGNANI.- Señor Presidente: el pasado 31 de marzo de 2004, de acuerdo con las potestades que otorga el artículo 118 de la Constitución de la República, cursamos un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública en el que señalábamos que una paciente originaria de Rivera estaba internada en el SEIC -Servicio de Enfermedades Infecto-Contagiosas- que funciona en la órbita del Instituto de Higiene, y que tuvo que esperar más de doce días a que el Director del Hospital de Rivera diera la autorización a la ambulancia correspondiente para su traslado a aquella localidad del norte.

Según nuestros informes de aquel entonces, decíamos que el único motivo por el cual no se autorizó el traslado de la paciente fue que era portadora de VIH. En una entrevista radial al señor Director del Hospital de Rivera, doctor Carlos Laguzzi, este habría manifestado: "Los sidosos de Rivera me tienen harto".

En aquel momento, cuando escribimos este pedido de informes, nos basamos en testimonios de terceras personas. Entonces señalábamos la gravedad de la situación, por la presión psíquica y los trastornos emocionales que aquella ocasiona a un paciente que está dado de alta y que sigue esperando durante varios días, sin saber cuándo va a poder retornar a su hogar, con todo lo que esto significa de angustia para los familiares acompañantes y para quienes lo esperan en su domicilio. Por otra parte, cuando se realizan internaciones que se prolongan más allá de lo que exigen los requerimientos médicos asistenciales, hay que tener en cuenta, además, el aspecto económico, ya que se hacen gastos totalmente evitables.

Cuando sucedió eso, preguntamos al Ministerio de Salud Pública si se había investigado la causa por la cual la paciente referida permaneció doce días internada luego de haber sido dada de alta y qué medidas se pensaba implementar ante ese hecho y otros similares, como el caso concreto -que señalamos en una exposición escrita- de un paciente del departamento de Colonia.

A esto se han sumado algunos hechos de gravedad. En una nota que salió al aire en una radio de Rivera -creo que fue en CX 203D, Columbia FM (88.5 Mhz)-, el señor Director del Hospital, además de manifestar que no sabía qué era el SEIC, al preguntarle la periodista que lo entrevistaba si pensaba realizar alguna acción contestó que sí y mencionó por su nombre a un integrante de una organización de defensa de los derechos humanos, señalándolo como portador de la enfermedad VIH-sida, violando así la confidencialidad y poniéndolo en evidencia ante la comunidad en la que vive.

Por otra parte, para agravar la situación, es dable señalar que a su retorno a Rivera la paciente perdió su empleo y ha recibido presiones psíquicas que le significaron un grave daño desde el punto de vista emocional.

Esta paciente permaneció doce días sin un móvil que la fuera a recoger. Tengo en mi poder fotocopia del certificado de alta que le fue entregado, así como testimonios y documentación sobre los numerosos faxes que desde el SEIC fueron enviados al Hospital de Rivera solicitando el traslado de la paciente. Esto, en cierto modo, deja en falso las afirmaciones del señor Director del Hospital de la localidad del norte, quien había manifestado que nunca se había pedido el traslado de la paciente.

Estamos ante una situación en que, potencialmente, un importante porcentaje de uruguayos podría ingresar en el ámbito de aquellos que son portadores de VIH-sida, ya que en nuestro país son denunciados cuatro casos y medio por día. No creemos que con estas actitudes se favorezca, precisamente, la lucha contra este mal.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al Ministerio de Salud Pública y en especial al Director de ASSE; a las Comisiones de Salud de las Juntas Departamentales de Rivera, Florida, Colonia y Montevideo; a las radios de Rivera, CX 144 AM, Radio Rivera -1440 Mhz-, CX 203D, Columbia FM -88.5 Mhz-, y a las organizaciones de defensa de los enfermos portadores de VIH-sida.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y tres en treinta y cuatro: AFIRMATIVA.

11.-     Necesidad de una mayor presencia del Estado en la campaña contra el sida.

Tiene la palabra el señor Diputado Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: escuché con mucha atención al señor Diputado Legnani, y me parece que el tema que está planteando amerita un grado mayor de información.

A esta altura, no sé exactamente qué cantidad de enfermos de VIH-sida hay en el país, pero con toda franqueza me gustaría contar con la información total. Creo que este es uno de esos problemas que empiezan a procesarse a nivel del país, que van a una cierta velocidad y que en los hechos parece que no les prestamos la suficiente atención.

Días atrás, el señor Presidente de la República estuvo en África, y a raíz de la información que trajo nos enteramos de que en ese continente esta epidemia sigue avanzando de manera absolutamente escandalosa y que los organismos internacionales no pueden frenar esta situación. Hay un dato de la realidad: allí, el combate está bastante fragmentado.

Me parece que en Uruguay quizás no exista la suficiente socialización. Aquí hay dos tipos de personas, y nada más: los que estamos de acuerdo en que sobre esta enfermedad debe haber un grado de información, asistencia, socialización y una presencia del Estado muy fuertes, y aquellos que miran para el costado y que tienen una mirada no sé si conservadora o desatenta.

Sigo insistiendo en que la mayoría de nosotros deberíamos estar en el primer escenario, que implica decir públicamente lo que corresponde decir, tratando de formar a la gente más joven en materia de educación sexual. Claro, en el Uruguay nos enfrentamos con gente muy conservadora, con gente que poco menos que ideologiza estos temas o les pone un matiz filosófico. Hay que analizar esto, porque lo que está pasando es que los más jóvenes son los que ahora entraron en el ciclo complejo y están teniendo resultados muy malos. Se suponía que eran los que más informados estaban de este tema y, lamentablemente, no es así.

Creo que hay que volver a tener presencia por parte del Estado a nivel de los grandes medios de comunicación, que sea explicativa, esclarecedora e informadora; de lo contrario, no sé cómo se va a enterar la gente. Este Parlamento está lleno de médicos -veo a tres de ellos- y me gustaría preguntar si alcanza con que ellos hablen de este tema, si alcanza con que algún político de vez en cuando lo aborde, o si alcanza con que algún canal haga una reflexión al respecto. No alcanza; los números nos están saliendo mal. Además, nos estamos equivocando, porque gane quien gane este lío va a seguir avanzando y va a significar un costo para Uruguay. Por lo tanto, hay que hacer inversión social ahora para que mañana no haya que invertir para recuperar gente que tiene un problema de vida brutal.

Me parece que el señor Diputado Legnani hizo muy bien en realizar ese planteo; comparto su inquietud. No conocía el episodio que él ha mencionado, por lo que me sirve para esclarecer el tema. Insistamos al señor Ministro de Salud Pública, que sé que es un hombre afecto al tema, con una templanza especial y una mirada avanzada, para que tome en cuenta esta situación. No sé qué se puede hacer, pero algo se tiene que poder hacer. Por lo pronto, hay que hacer un llamado de atención.

En este momento se está prendiendo una luz amarilla para que yo tome noticia de que el tiempo se va acabando. Del mismo modo, que se prenda una luz amarilla en el país para poner en conocimiento que el tema del sida está tomando volúmenes importantes, que las cifras no son las que habríamos deseado, que se está generando preocupación y que la gente más joven debe tener el camino balizado. Los más jóvenes tienen que saber los mecanismos de prevención; hay que explicárselos, hay que decírselos, hay que informarlos. Eso es lo que se puede hacer.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al señor Ministro de Salud Pública.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta en treinta y dos: AFIRMATIVA.

12.-    Incumplimiento de disposiciones legales que establecen el monopolio de ANTEL al adjudicar una nueva banda de telefonía celular.

Tiene la palabra el señor Diputado Pérez Morad.

SEÑOR PÉREZ MORAD.- Señor Presidente: en las últimas horas, por decisión de la URSEC y por mandato del Poder Ejecutivo, se adjudicó una nueva banda de telefonía celular.

El artículo 6º del decreto-ley por el que se creó ANTEL, de 1974, establece claramente el monopolio de los servicios por parte del ente. Posteriormente, por medio de la ley de empresas públicas se derogó tal artículo, pero a través del referéndum del 13 de diciembre de 1992 se recuperó el monopolio. Luego sucede otro hecho, que es la aprobación de los artículos 612 y 613 de la ley de Presupuesto de 2001, por los que el monopolio del ente se restringía exclusivamente a la telefonía básica y se permitía la intervención del sector privado en la telefonía celular.

Más adelante, los uruguayos, nucleados en una Comisión de Defensa del Patrimonio, recolectaron firmas, cumpliendo los requisitos establecidos para llamar a referéndum. En tal ocasión se alcanzaron más de 700.000 firmas para que la gente pudiera, a través del mecanismo del voto obligatorio, definir por segunda vez si el monopolio correspondía al ente estatal. Como todos sabemos, porque fuimos protagonistas de la discusión, no se llegó al referéndum y se prefirió derogar aquellos dos artículos a través de otra ley. Así quedaron anulados los mencionados artículos 612 y 613. Recordarán que en el ínterin, mientras estuvieron vigentes esos dos artículos, se introdujo una decena de empresas privadas para competir con ANTEL en las llamadas de larga distancia internacional, las cuales, más allá de las diferentes interpretaciones que tengamos con respecto a lo que fue derogar una ley con otra y los alcances que esto tiene, se llevaron -y se siguen llevando- buena parte del mercado, así como la recaudación. En esa oportunidad planteamos una cuestión política, porque esas empresas de larga distancia internacional habían suscrito un contrato con el Poder Ejecutivo para llevar adelante ese servicio que era precario, revocable y sin derecho a indemnización. Como estaban dadas las condiciones, el Poder Ejecutivo podía rescindir el contrato, si así lo deseaba. De acuerdo con lo establecido en la última parte, no había derecho a indemnización alguna, ya que se lo había suscrito cuando se estaban recolectando las firmas. Cuando se hizo la petición de dejar sin efecto esos contratos para recuperar el monopolio del ente estatal, el Poder Ejecutivo estableció en uno de los considerandos de su resolución de 24 de junio de 2003 que, de acuerdo con la Ley Nº 17.524, de 5 de agosto de 2002, se derogaron las disposiciones de la Ley Nº 17.296, retornándose al marco normativo del Decreto-Ley Nº 14.235, de 1974, y normas concordantes. En consecuencia, retomaba vigencia absoluta el monopolio de las telecomunicaciones a favor del ente estatal.

Por lo tanto, entendemos que ahora, con esta disposición de la URSEC, se desconocen nuevamente estas normas legales establecidas y avaladas por voluntad mayoritaria del pueblo uruguayo.

En base a estos considerandos, este legislador, integrante de este Cuerpo, afirma, en primer lugar, que no se ha respetado la ley votada por el Parlamento; en segundo término, que no puede ser que un acto administrativo tenga más fuerza que una ley; en tercer lugar, que no puede ser que no se respete lo que la gente estableció, con mucho sacrificio y claridad: la recuperación del monopolio del ente estatal; en cuarto término, que veo afectados mis fueros parlamentarios y el fuero de este Cuerpo, ya que no se respetan la ley aprobada por esta Cámara ni la independencia de Poderes. Por último, me preocupa seriamente la pérdida que va a tener la recaudación del bolsillo mayor de los uruguayos al efectivizarse esta subasta de la banda para telefonía celular.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al señor Presidente de la República, al Directorio de ANTEL, a todas las Juntas Departamentales y Juntas Locales del país, a SUTEL, al PIT-CNT y a los medios de prensa acreditados en este Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Veintiocho en veintinueve: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

13.-    Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

Del señor Representante Martín Ponce de León, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, literal C) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para asistir al "The Microsoft Government Leaders Forum-Americas", a realizarse en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, por el período comprendido entre los días 17 y 22 de mayo de 2004, convocándose al suplente siguiente, señor Miguel Guzmán, por el período comprendido entre los días 18 y 22 de mayo de 2004.

De la señora Representante Alejandra Rivero Saralegui, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 18 y 19 de mayo de 2004, convocándose al suplente siguiente, señor Luis Alberto Arismendi Ledesma.

De la señora Representante Diana Saravia Olmos, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 18 y 19 de mayo de 2004, convocándose al suplente siguiente, señor Francisco A. Rodríguez Correa.

De la señora Representante Yeanneth Puñales Brun, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 18 y 19 de mayo de 2004, convocándose al suplente siguiente, señor Jorge Silva Rotta.

Del señor Representante Guido Machado, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 18 de mayo y 10 de junio de 2004, y sin goce de remuneración, inciso cuarto de la referida ley, por el período comprendido entre los días 11 y 27 de junio del corriente. Habiéndose agotado la nómina de suplentes solicítase a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

Ante la incorporación de la señora Representante Margarita Percovich, a la Cámara de Senadores por los días 18 y 19 de mayo de 2004, se convoca al suplente siguiente, señor Edgardo Ortuño".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Veintisiete en treinta y uno: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, a quienes se invita a pasar a Sala, y se oficiará a la Corte Electoral en el caso pertinente.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 12 de mayo de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia al amparo del literal C) de la Ley Nº 16.465 desde el 17 al 22 de mayo del corriente, a los efectos de asistir al "The Microsoft Government Leaders Forum-Americas".

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

MARTÍN PONCE DE LEÓN
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 17 de mayo de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi consideración:

Comunico a usted que por esta única vez no acepto incorporarme al Cuerpo que usted preside.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente,

Enrique Soto".

"Montevideo, 17 de mayo de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi consideración:

Comunico a usted que por esta única vez no acepto incorporarme al Cuerpo que usted preside.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente,

Edgardo Ortuño".

"Montevideo, 17 de mayo de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi consideración:

Comunico a usted que por esta única vez no acepto incorporarme al Cuerpo que usted preside.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente,

Eleonora Bianchi".

"Montevideo, 17 de mayo de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi consideración:

Por este intermedio comunico a Ud. que, por esta única vez, no acepto la convocatoria a la Cámara que Ud. preside.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente,

Eduardo Brenta".

"Montevideo, 17 de mayo de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi consideración:

Por este intermedio comunico a usted que por esta única vez no acepto la convocatoria a la Cámara que usted preside.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Laura Fernández".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior del señor Representante por el departamento de Montevideo, Martín Ponce de León, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para asistir al "The Microsoft Government Leaders Forum-Americas", a realizarse en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América.

CONSIDERANDO: I) Que solicita licencia por el período comprendido entre los días 17 y 22 de mayo de 2004.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señores Enrique Soto, Edgardo Ortuño, señora Eleonora Bianchi, señor Eduardo Brenta y señora Laura Fernández.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el literal C) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994 y en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia al señor Representante por el departamento de Montevideo, Martín Ponce de León, por el período comprendido entre los días 17 y 22 de mayo de 2004, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para asistir al "The Microsoft Government Leaders Forum-Americas", a realizarse en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América.

2) Acéptanse las negativas que por esta única vez han presentado los suplentes siguientes señores Enrique Soto, Edgardo Ortuño, señora Eleonora Bianchi, señor Eduardo Brenta y señora Laura Fernández.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el período comprendido entre los días 18 y 22 de mayo de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 77 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Miguel Guzmán.

Sala de la Comisión, 18 de mayo de 2004.

GUILLERMO ÁLVAREZ, TABARÉ HACKENBRUCH, TOMÁS TEIJEIRO".

"Montevideo, 17 de mayo de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.

Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a usted se me otorgue el uso de licencia por los días 18 y 19 del corriente mes, debido a motivos personales.

Sin otro particular, lo saluda atentamente.

MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI
Representante por Cerro Largo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Cerro Largo, Alejandra Rivero Saralegui.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 18 y 19 de mayo de 2004.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y en el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 18 y 19 de mayo de 2004, a la señora Representante por el departamento de Cerro Largo, Alejandra Rivero Saralegui.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 333 del Lema Partido Nacional, señor Luis Alberto Arismendi Ledesma.

Sala de la Comisión, 18 de mayo de 2004.

GUILLERMO ÁLVAREZ, TABARÉ HACKENBRUCH, TOMÁS TEIJEIRO".

"Montevideo, 18 de mayo de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes
José Amorín Batlle

Presente
De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, por los días 18 y 19 de mayo del año en curso.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

DIANA SARAVIA OLMOS
Representante por Treinta y Tres".

"Treinta y Tres, 18 de mayo de 2004.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes
José Amorín Batlle

Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Cecilia Saravia Olmos".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Treinta y Tres, Diana Saravia.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 18 y 19 de mayo de 2004.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto, la suplente siguiente, señora Cecilia Saravia Olmos.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 18 y 19 de mayo de 2004, a la señora Representante por el departamento de Treinta y Tres, Diana Saravia.

2) Acéptase la negativa que por esta vez ha presentado la suplente siguiente, señora Cecilia Saravia Olmos.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 958 del Lema Partido Colorado, señor Francisco A. Rodríguez Correa.

Sala de la Comisión, 18 de mayo de 2004.

GUILLERMO ÁLVAREZ, TABARÉ HACKENBRUCH, TOMÁS TEIJEIRO".

"Rocha, 18 de mayo de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por los días 18 y 19 de mayo del año en curso.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

YEANNETH PUÑALES BRUN
Representante por Rocha".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Rocha, Yeanneth Puñales Brun.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 18 y 19 de mayo de 2004.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 18 y 19 de mayo de 2004, a la señora Representante por el departamento de Rocha, Yeanneth Puñales Brun.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2323 del Lema Partido Colorado, señor Jorge Silva Rotta.

Sala de la Comisión, 18 de mayo de 2004.

GUILLERMO ÁLVAREZ, TABARÉ HACKENBRUCH, TOMÁS TEIJEIRO".

"Montevideo, 12 de mayo de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
José Amorín Batlle

Presente.
De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales desde el 18 de mayo hasta el 10 de junio inclusive (total 24 días).

Asimismo se sirva concederme el uso de licencia por razones personales sin goce de sueldo desde el 11 de junio hasta el 27 de junio inclusive.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

GUIDO MACHADO
Representante por Rivera".

"Rivera, 13 de mayo de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración:

Atento a la convocatoria de la que soy objeto para cumplir la representatividad de la diputación por el departamento de Rivera, ante la licencia solicitada por el titular, desde el día 18 de mayo al 27 de junio del presente año, le manifiesto que por esta única vez no accederé a cubrir la banca por el período de licencia de referencia.

Sin otro particular saludo atentamente.

María Terrón de Esteves".

"Rivera, 13 de mayo de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración:

Atento a la convocatoria del que soy objeto para cumplir la representatividad de la diputación por el departamento de Rivera, ante la licencia solicitada por su titular, le manifiesto que por esta única vez no accederé a cubrir la Banca.

Saluda a usted atentamente.

Walter Machado".

"Tranqueras, 18 de mayo de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

Presente.
De mi mayor consideración:

Atento a la convocatoria de la que soy objeto para cumplir la Representatividad de la diputación por el departamento de Rivera ante la licencia solicitada por su titular en la fecha 18 de mayo y hasta el día 27 de junio inclusive, manifiesto que por esta única vez no accederé a cubrir la banca.

Saluda a usted atentamente.

Ariel Abarno".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: Las solicitudes de licencia por motivos personales y sin goce de remuneración del señor Representante por el departamento de Rivera, Guido Machado.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia los períodos comprendidos entre los días 18 de mayo y 10 de junio de 2004 y 11 y 27 de junio de 2004, por las causales mencionadas.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes siguientes, señora María Terrón de Esteves, señores Walter Machado y Ariel Abarno.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y en los incisos tercero y cuarto del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales, por el período comprendido entre los días 18 de mayo y 10 de junio de 2004 y sin goce de remuneración por el período comprendido entre los días 11 y 27 de junio de 2004, al señor Representante por el departamento de Rivera, Guido Machado.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, presentaron los suplentes correspondientes de la hoja de votación Nº 292000, del Lema Partido Colorado, señora María Terrón de Esteves y señores Walter Machado y Ariel Abarno.

3) Ofíciese a la Corte Electoral.

Sala de la Comisión, 18 de mayo de 2004.

GUILLERMO ÁLVAREZ, TABARÉ HACKENBRUCH, TOMÁS TEIJEIRO".

"Montevideo, 14 de mayo de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.

Presente
De mi mayor consideración:

Por este intermedio deseo solicitar licencia del día 14 al 20 de mayo del presente año por haber sido convocada por la Cámara de Senadores.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente,

MARGARITA PERCOVICH
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 14 de mayo de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.

Presente
De mi mayor consideración:

Por este intermedio, le comunico que por esta vez no acepto la convocatoria de la Cámara que usted preside.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente

Enrique Soto".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: I) Que la señora Representante por el departamento de Montevideo, Margarita Percovich, se incorporó a la Cámara de Senadores por el período comprendido entre los días 18 y 19 de mayo de 2004.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente siguiente, señor Enrique Soto.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y en los artículos tercero y cuarto de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Acéptase la negativa que, por esta única vez, ha presentado el suplente siguiente, señor Enrique Soto.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el período comprendido entre los días 18 y 19 de mayo de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 77, del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Edgardo Ortuño.

Sala de la Comisión, 18 de mayo de 2004

GUILLERMO ÁLVAREZ, TABARÉ HACKENBRUCH, TOMÁS TEIJEIRO".

14.-     Aplazamientos.

——Se entra al orden del día.

En mérito a que no han llegado a la Mesa listas de candidatos, si no hay objeciones correspondería aplazar la consideración de los asuntos que figuran en primero y segundo término del orden del día, que refieren, respectivamente, a la elección de miembros de la Comisión Permanente y de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo para el Quinto Período de la XLV Legislatura.

15.-    Certificados de depósito y warrants. (Regulación).

Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Certificados de depósito y warrants. (Regulación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1538

"CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Todo depositario podrá expedir certificados de depósito y warrants en relación a los bienes muebles de cualquier naturaleza que reciba o hubiere recibido para su guarda o custodia. Los depositarios deberán registrar la expedición de dichos documentos en un libro especial de certificados de depósito y warrants que llevarán al efecto, así como conservar copia de dichos documentos, por el plazo que determine la reglamentación.

Artículo 2º.- Los certificados de depósito y los warrants son representativos de los bienes que en ellos se especifican, con el alcance que esta ley establece. Dichos títulos se regirán subsidiariamente y en lo pertinente por el Decreto-Ley Nº 14.701, de 12 de setiembre de 1977.

Artículo 3º.- Los certificados de depósito atribuyen a su legítimo tenedor el derecho exclusivo de retirar los bienes del depósito y de disponer de los mismos; los warrants, a su vez, atribuyen un derecho de crédito sobre una suma de dinero, garantizado mediante la prenda de los referidos bienes consignada en el título.

Artículo 4º.- Dichos documentos deberán contener:

a) La denominación.

b) Serie y número, que será el mismo en los certificados de depósito y warrants expedidos en relación a los mismos bienes y a una misma operación de depósito.

c) La fecha de expedición por el depositario.

d) El nombre y domicilio del depositario. Las expresiones "nombre" y "domicilio" utilizadas en la presente ley se entenderán referidas a la "denominación social" y a la "sede" si el sujeto al que la norma se refiere es una sociedad comercial.

e) La descripción precisa de los bienes recibidos en depósito, con expresión de su clase, cantidad, peso, clase y número de envases, calidad, estado, marcas, y toda otra indicación que sirva para individualizarlos, con arreglo a las prácticas establecidas en comercio de los productos de que se trate.

f) El monto del seguro, y el nombre y domicilio o sede del asegurador.

g) El plazo del depósito.

h) El precio del depósito, y en su caso, el de otros servicios y gastos del depositario.

i) El nombre y domicilio del depositante.

j) La declaración del depositante de ser propietario de los bienes depositados y de no encontrarse los mismos afectados por embargos, gravámenes o cualquier otra afectación.

k) El lugar en el que se tendrán los bienes en depósito.

l) La firma del depositario.

Artículo 5º.- El certificado de depósito deberá contener asimismo la constancia de si se expide, en relación a los mismos bienes y a la misma operación de depósito, un warrant.

Artículo 6º.- Además de las menciones enumeradas en el artículo 4º de la presente ley, el warrant deberá contener:

a) El lugar y fecha de la emisión.

b) La promesa incondicional de pagar una suma de dinero, expresada en números y en letras, especificando la clase de moneda y, en su caso la tasa de interés.

c) La constitución de una prenda sobre los bienes depositados, en garantía del cumplimiento de la obligación a que se refiere el literal anterior.

d) El nombre y domicilio del beneficiario.

e) El lugar y fecha del pago.

f) El nombre y domicilio del creador.

g) La firma del creador.

h) La constancia firmada por el depositario que se han efectuado las anotaciones previstas en el artículo 9º de la presente ley.

Artículo 7º.- Los certificados de depósito y los warrants podrán ser a la orden o nominativos.

Artículo 8º.- La emisión o libramiento del certificado de depósito tendrá lugar cuando el mismo sea expedido por el depositario. La emisión o libramiento del warrant tendrá lugar en el momento en el cual su creador, luego de anotar su importe y de firmarlo, lo entregue al beneficiario.

Artículo 9º.- Antes de la emisión del warrant, este, conjuntamente con el certificado de depósito correlativo, deberá ser presentado al depositario, el cual anotará en dicho certificado y en un libro especial que llevará al efecto, el importe, intereses y vencimiento del primero de los referidos títulos, así como el nombre y domicilio del beneficiario de este. Posteriormente, el depositario deberá dejar constancia en el warrant, de haber efectuado ambas anotaciones. Las anotaciones y constancias que realizare el depositario en los documentos antedichos, deberán ser firmadas por este.

Artículo 10.- El tenedor legítimo del certificado de depósito podrá en cualquier momento retirar los bienes depositados, contra la entrega de dicho instrumento al depositario. Si conjuntamente con el mismo se hubiere expedido un warrant, el depositario deberá exigir, como condición para la entrega de los bienes, ambos documentos.

Aunque el tenedor del certificado de depósito no tuviera en su poder el warrant, podrá igualmente retirar la mercadería entregando el primero de los referidos documentos al depositario, y consignando en manos de este la suma que según la constancia efectuada en el mismo, se le deba al tenedor legítimo del segundo. Dicha suma quedará a la orden del tenedor del warrant, no generando intereses ni reajustes de especie alguna por el período en que la misma permanezca en poder del depositario. Si el tenedor del certificado efectuara la consignación antes referida con anterioridad al vencimiento de la obligación consignada en el warrant, no podrá exigir que se le efectúe descuento alguno por pago anticipado.

Artículo 11.- En todos los casos, el tenedor del certificado de depósito deberá pagar al depositario, en forma previa al retiro de los bienes, el precio pactado por todo el plazo del depósito, y cualquier otra cantidad que se le deba conforme lo establecido en ese instrumento.

Artículo 12.- El tenedor legítimo de un warrant podrá optar, una vez producido su vencimiento sin que el mismo haya sido cancelado, entre reclamar el pago judicialmente contra uno o más de los firmantes de dicho título o solicitar al depositario que haga vender en remate público con o sin base, a elección del tenedor, la mercadería mencionada en el mismo. Podrá requerir, asimismo, al depositario que venda en forma directa, previa tasación, la referida mercadería, siempre que dicha posibilidad se encuentre expresamente prevista tanto en el texto del warrant como en el del certificado de depósito correlativo. La designación del rematador se realizará por el procedimiento que surja del texto de ambos documentos o, en su defecto, por el que establezca el Poder Ejecutivo. Si tampoco estos resolvieran el punto, será designado por el tenedor del warrant solicitante de la subasta.

Artículo 13.- El depositario que fuere requerido en los términos del artículo anterior, previo aviso al depositante y al último tenedor del certificado de depósito que le hubiera comunicado por escrito su domicilio, procederá de inmediato en la forma indicada. Si se tratare de vehículos automotores para cuya venta se requiera título, el rematador podrá firmarlo en representación del propietario del bien.

Verificada la venta, el depositario deducirá de la suma recibida por concepto de precio, los gastos de la venta o remate, los gastos eventuales de tasación y lo que se le deba por concepto de almacenaje, de otros servicios y de gastos, conforme lo establecido en el warrant. Luego pagará al tenedor de dicho documento el importe consignado en el mismo. El resto lo conservará a la orden del legítimo tenedor del certificado de depósito correlativo.

Artículo 14.- Al vencimiento del término del depósito fijado en el certificado, el depositario podrá intimar al depositante, o en su caso, al último tenedor del certificado de depósito cuyo domicilio le hubiere sido comunicado por escrito, al retiro de los bienes dentro del plazo indicado en dicho documento, o en su defecto, dentro del plazo de treinta días corridos.

Si vencido dicho plazo los bienes no hubieran sido retirados, el depositario podrá venderlos en remate público, o directamente previa tasación si esa posibilidad hubiere sido prevista en ambos títulos, procediendo respecto del producido conforme lo establecido en el artículo anterior.

En caso de que verificada la venta, se presentara primero el tenedor legítimo del certificado de depósito, el depositario le entregará el producido de la venta, previa deducción de los gastos del remate, de lo que le deba por concepto de almacenaje y otros conceptos, y de la suma necesaria para cancelar el warrant más sus intereses. Esta última suma será la que resulte de la constancia puesta en el certificado de depósito y será entregada al legítimo tenedor del warrant contra la restitución de dicho documento, sin intereses ni reajustes.

En este caso, al igual que en el del artículo anterior, el depositario comunicará con la debida anticipación al depositante o al último tenedor del certificado de depósito que le hubiera dado cuenta por escrito de su domicilio, el lugar, día y hora del remate, o la puesta de los bienes en venta directa, si la misma correspondiere.

El Poder Ejecutivo determinará el procedimiento a seguir para la destrucción por el depositario, de los bienes no retirados en el plazo señalado en el inciso primero de este artículo que carecieran de valor de cambio, o de los que representaran un peligro cierto para las personas, o para los bienes del depositario o de terceros.

Artículo 15.- En caso de que el producido de la venta directa o remate de la mercadería fuera insuficiente para la cancelación total del importe consignado en el warrant, el depositario restituirá dicho instrumento a su tenedor para que el mismo pueda ejercitar las acciones directa o de regreso, previa anotación por este en el título del pago parcial y contra la entrega del recibo correspondiente.

Artículo 16.- Contra los procedimientos establecidos en los artículos 12 a 15 de la presente ley, no se admitirá recurso alguno judicial de efecto suspensivo. En consecuencia, los tribunales no darán curso a ninguna solicitud dirigida a suspender la venta o remate de los bienes mencionados en el warrant o a impedir el pago de su importe al tenedor legítimo del mismo. El referido procedimiento tampoco se suspenderá en virtud de la moratoria, concordato, quiebra, liquidación judicial o concurso del deudor. La persona que algo tuviese que reclamar, solo podrá hacerlo por la vía ordinaria.

La realización de la venta o remate podrá evitarse si se consigna en manos del depositario los gastos de los mismos ya verificados, así como el importe del warrant y de sus intereses. Si la venta o remate hubieran sido dispuestos por iniciativa del depositario, para evitar su realización se deberá además pagar a este lo que se le deba por el depósito u otros conceptos.

Artículo 17.- En caso de producirse un siniestro que afecte a los bienes depositados, el depositario recibirá del asegurador la indemnización correspondiente, con independencia de quien haya contratado el seguro. El depositario tendrá respecto de dicha indemnización las mismas facultades que se le atribuyen en esta ley sobre el producido de la venta o remate de dichos bienes, debiendo proceder en relación a las sumas recibidas por tal concepto en la forma establecida en los artículos 13, 14 y 15 de la presente ley.

Artículo 18.- Los firmantes del warrant sea como libradores, endosantes o avalistas, quedarán obligados solidariamente al pago del importe del mismo y de sus intereses, no pudiendo oponer a su tenedor legítimo ninguna excepción que no sea de las admitidas a los firmantes de una letra de cambio.

Artículo 19.- Los warrants, incluyendo su fecha, se presumirán auténticos, sin perjuicio de la prueba contraria y constituirán títulos ejecutivos contra el librador y contra los endosantes o avalistas, sin necesidad de protesto ni de diligencia judicial de reconocimiento de firma. La ejecución no podrá decretarse sin previa intimación de pago al deudor, con plazo de tres días, la que podrá efectuarse por telegrama colacionado.

Artículo 20.- El firmante que pague el warrant podrá optar entre iniciar las acciones a que hubiere lugar contra los demás firmantes del título o solicitar al depositario la venta de los bienes prendados, en forma directa si correspondiere o en remate público.

Artículo 21.- Será castigado con pena de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría:

1º) El depositario o el depositante que falsearen cualquiera de las enunciaciones de los artículos 4º, 5º y 6º de la presente ley y las personas que hicieren circular certificados de depósito o warrants con conocimiento de que los mismos contienen enunciaciones falsas.

2º) El depositario que se apropiare, destruyere, deteriorare o rehusare entregar a quien por derecho corresponda, las cosas puestas por el depositante bajo su custodia en las condiciones previstas en la presente ley o las entregara a personas distintas de las legitimadas conforme a la misma.

3º) El depositario que se apropiare del dinero que se le hubiere entregado para la cancelación de un warrant o del recibido conforme a esta ley del asegurador de los bienes depositados o del adquirente de los mismos en el remate, o le diera un destino distinto del establecido.

Artículo 22.- Los administradores y directores de las sociedades comerciales que expidan certificados de depósito o warrants, serán solidariamente responsables entre sí y con la sociedad en virtud del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente ley y de las condiciones generales incluidas en los referidos documentos.

Artículo 23.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 37 de la Ley Nº 15.921, de 17 de diciembre de 1987, por el siguiente:

"Los usuarios de zonas francas podrán expedir certificados de depósito y warrants relativos a los bienes depositados en los espacios físicos que les hubiesen sido asignados, siempre que los referidos documentos sean refrendados previamente por el explotador de la zona franca respectiva. Este no autorizará la salida de la zona franca de dichos bienes si previamente no se le exhiben los instrumentos mencionados con la constancia de su anulación o se le acredita, en la forma que determine la reglamentación, el cumplimiento de cualquier otra circunstancia habilitante del retiro de los bienes. Los explotadores privados de zonas francas deberán llevar un adecuado control de inventarios, conforme al régimen que se establezca en la reglamentación".

Artículo 24.- Los certificados de depósito y los warrants se regirán por las normas generales sobre títulos valores y los warrants por las normas especiales sobre letras de cambio, en cuanto sea pertinente.

Artículo 25.- Las acciones contra los libradores de los warrants prescribirán a los cuatro años y las acciones contra los endosantes y avalistas al año, a contar en ambos casos desde la fecha de vencimiento del título.

Artículo 26.- Los tenedores de certificados de depósito o de warrants tendrán derecho a inspeccionar la mercadería mencionada en los mismos así como a retirar muestras de esta si ello fuera posible en razón de su naturaleza, en la proporción y forma que determinen las condiciones generales incluidas en dichos títulos o, en su defecto, la reglamentación de la presente ley.

Artículo 27.- El tenedor legítimo de ambos documentos tendrá derecho a que el depositario, contra la entrega conjunta de estos para su anulación, le expida nuevos certificados de depósito y warrants referidos a cantidades parciales o a partidas o lotes menores a las consideradas en la operación de depósito original.

Artículo 28.- El Poder Ejecutivo podrá fiscalizar las actividades de los depositarios que expidan warrants y certificados de depósitos, pudiendo aplicarles, en caso de constatarse infracciones a la presente ley, a su reglamentación o a las condiciones generales incluidas en los títulos, y según la gravedad de la infracción, las sanciones de observación, apercibimiento, multas de hasta $ 3:000.000 (pesos uruguayos tres millones) reajustables en la forma que determine la reglamentación, intervención con o sin sustitución de autoridades, suspensión total o parcial de actividades y clausura del establecimiento.

Artículo 29.- La falta de reglamentación de la presente ley no obstará a la emisión y circulación de los documentos a los que la misma se refiere, los que se regularán en los aspectos no tratados en esta, por las condiciones generales impresas en dichos títulos.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 10 de diciembre de 2003.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario"

Anexo I al
Rep. Nº 1538

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Legisladores:

El presente proyecto de ley, que fuera aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores, surge del desglose realizado en un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que, originalmente, se denominaba "De facilitación del Crédito" y que contenía también disposiciones que regulaban el Instituto del Fideicomiso.

Este último fue contemplado con la aprobación de la Ley Nº 17.703, de 27 de octubre de 2003. El proyecto que ahora considera este Cuerpo complementa entonces la norma legal ya aprobada debido a que, tal como se expresaba en la exposición de motivos del proyecto original, se tiende a "adoptar mecanismos que propendan a la reactivación económica". En ese marco, se promueven nuevos instrumentos jurídicos que permitan captar ahorro y generar crédito, con la finalidad de su utilización por los sectores productivos.

La utilidad de estos instrumentos también resulta claramente explicitada por el profesor doctor Ricardo Olivera García, en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado, cuando expresa: "En el caso de los certificados de depósitos y de los warrants, en realidad, lo que se busca es viabilizar la utilización de bienes muebles como garantía de créditos. Todos sabemos que la garantía prendaria tradicional tiene muy poca acogida en los dadores de crédito y genera cierta desconfianza. Me parece que la gran virtud del instrumento es fortalecer esta garantía, al tiempo que crea un vehículo para la captación de ahorro y un vehículo en el mercado de capitales" (Ricardo Olivera García - Comisión de Hacienda del Senado, 15 de mayo de 2003).

Los orígenes del instituto pueden ubicarse a comienzos del siglo XIX, si bien en Inglaterra, los warehouses o docks comenzaron a utilizarse en Liverpool en el año 1699. Ellos dieron origen a la expresión "warrant", establecida en 1803 y luego universalizada. En esa época se conocieron los delivery warrant y los warehousing receipts como documentos que acreditaban la titularidad de mercaderías depositadas.

Según Frávega y Piendibene "Las ventajas de una operatoria que evitara desplazamientos costosos e improductivos de la mercadería derivó en el desenvolvimiento del warrant, al que no solo los ingleses adhirieron, ya que luego resultó utilizado por mercaderes y armadores en Holanda y Alemania.

Casi un siglo y medio tardó Francia en pronunciarse normativamente sobre el instrumento. Este país adoptó un régimen funcional similar al título utilizado en Inglaterra, pero con la diferencia de dotar al Estado de mayor injerencia en la habilitación de las empresas almacenadoras, que debían contar con previa autorización estatal y en lo que a su intervención de los negocios respecta.

Por su parte, en los EE.UU. la creación de establecimientos de esta índole fue reglamentada por la Warehousing Law. La primera de las leyes que reguló la materia fue sancionada con el propósito de otorgar un nuevo marco legislativo de orden federal. Dicho cuerpo fue sancionado en 1848 y tuvo sucesivas correcciones en 1854 y 1868" (El warrant. Fernando R. Frávega y Luis E. Piendibene, página 34).

Esta evolución internacional ha generado que "Los autores que han estudiado la historia de los almacenes de depósito (Medina, Rodolfo El warrant. Datos sobre su legislación en la República y en el extranjero. Buenos Aires, 1915 página 47) distinguen por lo general los siguientes sistemas:

a) sistema inglés -de libertad plena- que deja a la iniciativa privada su creación, sin intervención del Estado, salvo lo relativo a la zona en que pueden instalarse;

b) sistema francés de autorización previa del Estado, que fija una fianza y requisitos para garantizar las obligaciones asumidas;

c) sistema italiano -ecléctico- de libertad de creación con intervención del Estado para hacer públicas y ciertas las garantías ofrecidas por los depositarios, las tarifas del depósito y servicios auxiliares, estableciendo una inspección oficial permanente". (Ruben Segal "Warrants y Certificados de Depósito" Buenos Aires - 1994, página 16).

Según este mismo autor -Ruben Segal- las razones prácticas para su utilización, en forma individual o combinada, radica en las ventajas que presenta para distintos sectores de la actividad productiva y el comercio.

Entre las mismas, pueden citarse:

1º. Hace innecesario vender los frutos o mercaderías producidas o adquiridas, puesto que el industrial o empresario no puede acumular stocks en forma continua porque ello obliga a soportar el costo financiero de la demora en su lanzamiento al mercado.

2º. Defiende al productor ante las bajas de cotización de los bienes de producción con características de estacionalidad, o bien en épocas de zafra, cosecha o recolección, en las que normalmente existe mayor exigencia de fondos líquidos.

3º. Lo defiende igualmente ante la suba del precio de los servicios de transporte y flete.

4º. Facilita la comercialización cuando el mercado brinda mejores condiciones o precios.

5º. Permite que productores e intermediarios de bienes primarios y secundarios obtengan financiación con aquellos bienes o productos que por su naturaleza registran fuertes oscilaciones.

6º. Optimiza el crédito como factor dinamizador de la economía en razón de que:

- Inyecta mayor liquidez al sistema proveyendo nuevas opciones de inversión;

- Aumenta la capacidad de endeudamiento de los productores, al cual el sector financiero suele prestar insuficiente atención;

- Incrementa la atracción de inversión financiera externa;

- Permite competir con menores tasas de interés comparativamente con otro tipo de créditos, atento a la índole real de la garantía; la facilidad de fraccionar y transferir los instrumentos; y la posibilidad de su otorgamiento en moneda distinta a la nacional;

- Facilita el acceso al mercado financiero nacional o internacional al no existir restricciones a la circulación de los títulos.

- Potencia un mercado crediticio secundario para la negociación y movilización del crédito, la securitización de warrants y la conformación de fondos comunes de crédito.

7º. Aumenta el universo de deudores que pueden recurrir al sistema crediticio, eliminando los requisitos subjetivos impuestos por el mismo, permitiendo la fragmentación y diversificación de créditos.

8º. Otorga seguridad al inversor financiero desde que los productos o mercaderías se hallan fuera de la esfera del deudor, recayendo sobre esta última una garantía real inmune ante situaciones personales o patrimoniales del deudor, como serían los supuestos de fallecimiento, concurso o quiebra, los que no suspenden la ejecución.

9º. Incrementa la confianza en el sector crediticio ante diversas circunstancias específicas como ser: el bajo nivel de atrasos o incumplimientos en la operatoria con dichos títulos y consecuentemente de la conflictualidad; la rápida ejecutabilidad del crédito impago, ya que se realiza sin necesidad de trámites judiciales; la ausencia de honorarios, costas, tasas, etc...". (Ruben Segal, op. cit., páginas 27 a 29).

Analizando ahora los antecedentes del derecho uruguayo, vemos que ya el Decreto del 20 de diciembre de 1879 preveía que la Aduana de Montevideo expidiera certificados de depósito en los almacenes fiscales. Por su parte el Decreto del 15 de marzo de 1933 derogó parcialmente el citado anteriormente. Así, este último decreto estableció que los certificados de depósitos y warrants relativos a mercaderías almacenadas en los depósitos o hangares del puerto de Montevideo, serían expedidos por la Administración Nacional de Puertos.

La misma norma regula un pesado y complejo procedimiento de creación y circulación de los certificados de depósito y warrants que no prosperó.

Los depósitos se regían, en cuanto a su actividad, por las normas del Código de Comercio relativas a los barraqueros y administradores de casas de depósitos (artículos 124 a 132) y al contrato de depósito comercial (artículos 721 a 740).

Posteriormente, la Ley Nº 8.292, de 24 de setiembre de 1928, sobre prenda industrial y su decreto reglamentario, regularon la emisión de warrants, a los que se define en forma incorrecta como "préstamo con depósito de la mercadería en poder de terceros". El warrant debía recaer sobre los frutos o artículos elaborados de la propia industria. También la norma se refiere al certificado de depósito que deberá constar en el documento de prenda y se establece que el warrant será transmisible por endoso.

Las imprecisiones de la reglamentación referida hacen que el warrant aparezca más como una simple modalidad contractual que como un título de crédito.

Asimismo, la ley regula el warrant solo respecto de "las materias primas y los productos o artículos manufacturados de la industria nacional", siempre que se trate además de frutos o artículos elaborados de la propia industria.

Por otra parte, la Ley Nº 9.808 Orgánica del Banco República, de 2 de enero de 1939, también contiene una referencia expresa a los documentos de que se trata.

El Decreto-Ley Nº 14.701, de 12 setiembre de 1977, sobre títulos valores contiene diversas disposiciones referidas a dichos títulos en general y a los representativos de mercaderías en particular.

Finalmente, las leyes de zonas francas: la Nº 11.392, de 14 de diciembre de 1949, el Decreto-Ley Nº 14.498, de 19 de febrero de 1976, el Decreto 734/76, de 3 de noviembre de 1976, y, finalmente el inciso segundo del artículo 37 de la Ley Nº 15.921 (que se modifica por el artículo 23 del presente proyecto), previeron distintas regulaciones sobre warrants y certificados de depósito de las mercaderías, materias primas y productos depositados en las zonas que les hubieren sido asignadas.

Llegamos entonces al actual proyecto, que se alinea en la búsqueda de los objetivos ya explicitados de captación de ahorro, aumento de las posibilidades de obtención de crédito y financiación, promoción de inversiones y facilitación del comercio.

El texto también ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda que, por lo expuesto, recomienda su aprobación a esta Cámara de Representantes.

Sala de la Comisión, 31 de marzo de 2004

RONALD PAIS, Miembro Informante, CARLOS BARÁIBAR, SILVANA CHARLONE, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, GABRIEL PAIS, GUSTAVO PENADÉS, MARTÍN PONCE DE LEÓN, IVÁN POSADA".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: en estos días la prensa se ha ocupado particularmente de lo que viene sucediendo en la Cámara de Diputados. A mí me parece que este proyecto de ley -sin desmerecer otros- no es menor: es muy importante.

Si bien no voy a opinar sobre el fondo del asunto, sabiendo que también hay otros muy importantes a tratar, me parece que este proyecto sobre certificados de depósito y warrants amerita un tratamiento exhaustivo y con informe de quienes lo han analizado en Comisión. A quienes no pertenecemos a la Comisión de Hacienda nos interesa saber qué se trató y cómo. No quiero desmerecer a los colegas que aquí están -seguramente varios entenderán del tema-, pero digo con sinceridad que carece de seriedad el tratamiento en estas condiciones de un proyecto de ley tan importante, por lo cual dejo presente mi preocupación. El asunto que figura en cuarto término del orden del día propone una reforma a la Constitución de la República y nuestro sector, el Herrerismo, tiene un interés particular al respecto, y otros proyectos que se han aprobado en estos días en la Comisión de Hacienda -saben los colegas a cuáles nos referimos- son de relativa urgencia.

Las medias tintas no sirven para los proyectos de ley. Entonces, las sesiones se hacen y se informan realmente proyectos de esta naturaleza, o tal vez carezca de sentido incluir este tipo de proyectos en el orden del día.

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: a raíz de las palabras del señor Diputado Lacalle Pou, quiero señalar que me alegra que le interese discutir los proyectos, pero debo decir que he estado en varias Comisiones conjuntamente con él -por ejemplo, en la Comisión Especial con el cometido de analizar la problemática del deporte y de la juventud o en la Comisión de Hacienda, que él no integra, pero a la que ha concurrido varias veces- y, entre otros colegas, hemos planteado que los proyectos se discutan en profundidad. Sin embargo, él, con un estilo que respeto -en algún momento le señalé que no me parecía bueno ese tono imperativo para exigir o urgir una resolución acerca de determinados proyectos-, ha pedido que se votara -palabras más, palabras menos- a favor o en contra, pero que se votara. Esto es lo que ha ocurrido con este proyecto. Ahora nos está pidiendo lo contrario. Tal vez lo que haya que hacer -no lo digo con ánimo de censurar lo que ha manifestado- es buscar algún término medio, pero él se ha ido a los dos extremos: desde la urgencia hasta la necesidad de la discusión.

Simplemente quería dejar esta constancia.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Vamos a solicitar a los señores Diputados que terminen con este tema para centrarnos en el fondo del asunto.

Tiene la palabra el señor Diputado Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: con todo respeto, cuando lo creamos oportuno, lo vamos a terminar.

El señor Diputado ingresa en intimidades de la Comisión Especial con el cometido de analizar la problemática del deporte y de la juventud, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando ahora; era un proyecto de ley que llevaba un año y medio de tratamiento. Se había invitado a todo el mundo a la Comisión y a gente que no tenía absolutamente nada que ver. Entonces, como no se quería decir si se iba a votar o no, lo que hicimos en aquel momento fue decir que si se iba a votar, que se votara, pero que si no se iba a votar, entonces, que no se votara. ¡Al final, solo faltaba hacer un plebiscito acerca de ese proyecto de ley sobre la seguridad en el deporte!

Ahora veo que ingresó a Sala el miembro informante, señor Diputado Ronald Pais. No quiere decir que vayamos a intervenir después que él, pero por lo menos nos va a ilustrar sobre un tema complicado; no se trata de un asunto cotidiano que cualquier mortal conozca, y entre esos mortales me incluyo.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señor Presidente: el proyecto, como bien se señalaba, trata sobre un tema complejo, pero en definitiva tiene un objetivo simple: tratar de que existan mecanismos que faciliten el crédito, el comercio y el acceso a determinadas movilizaciones de mercaderías de la producción en general.

Originalmente, este tema formaba parte de un solo proyecto de ley que se denominaba "Facilitación del crédito", el cual había sido remitido por el Poder Ejecutivo con las disposiciones referidas al fideicomiso. En el Senado se desglosaron los dos proyectos y terminamos aprobando en esta Cámara el proyecto de ley correspondiente a fideicomiso, que se tradujo, precisamente, en la Ley Nº 17.703, de 27 de octubre de 2003. Quedaron las disposiciones referidas a warrants y a los certificados de depósito, que no merecieron mayores discusiones en el Senado y que no las habían merecido tampoco cuando ese proyecto vino unificado.

En nuestro informe escrito, que obra en el repartido correspondiente, intentamos realizar una apretada síntesis. Este es un instrumento de muchísima antigüedad, que ya a comienzos del siglo XIX empezaba a utilizarse, fundamentalmente en Inglaterra, tratando de que los depósitos de mercaderías o los "warehouses" tuvieran una representación titular de la mercadería allí depositada para facilitar -a veces sin desplazamiento de esa mercadería- las transacciones comerciales. A partir de allí, también en nuestra legislación ha habido un desarrollo rudimentario que no ha dado los resultados que se buscaban, y en este proyecto de ley -que, diría, complementa aquella ley ya aprobada sobre fideicomiso- se trata, precisamente, de establecer las posibilidades de que ahora sí esto comience a funcionar para tratar, entonces, de que mediante un tipo de prenda, de un tipo de garantía muy particular que se establece en estas disposiciones, se logre esa facilitación del crédito, el acceso al crédito, y la captación de inversión en bienes muebles, lo que hasta ahora no existía específicamente aplicado a este sistema.

Por lo tanto, recomendamos la aprobación de este proyecto de ley, que fue aprobado por unanimidad tanto en la Comisión correspondiente del Senado como en el propio Senado y en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ya que contiene disposiciones que tratan de actualizar, modernizar y poner en vigencia lo que se intentaba ya desde el Código de Comercio con las disposiciones establecidas para los barraqueros y administradores de casas de depósito.

Como se detalla en nuestro informe escrito, tanto la Ley Nº 8.292, de 1928, sobre prenda industrial, como la propia ley de títulos y valores, que se hace extensiva a este tipo de documentación, y también las leyes de zonas francas -especialmente la que se modifica a través del proyecto de ley que tenemos a consideración-, no dieron el resultado esperado y, entonces, aguardamos con expectativa que la Cámara considere y apruebe este proyecto que, en nuestro concepto, agrega documentos y mecanismos que complementan los tradicionales de crédito y la aplicación del tipo de prenda que no ha funcionado hasta el momento con la legislación actual.

Sobre esas bases, el artículo 1º del proyecto de ley establece los conceptos y quién puede expedir los certificados de depósito y warrants. Adopta un sistema flexible, a diferencia de lo que era un sistema francés bastante rígido con autorizaciones específicas; aquí, todo depositario puede expedir los certificados. En definitiva, hay un mecanismo por el que los documentos se expiden al principio, es decir, un mismo expedidor libera los dos tipos de documento, que pueden separarse luego por el ejercicio comercial y que terminan reuniéndose al final del proceso. Me parece que lo que establece el artículo 1º es el comienzo de un mecanismo que luego desarrolla el resto del articulado de la ley y, en ese sentido, acompañaremos este proyecto con nuestro voto, como lo hicimos en la Comisión de Hacienda.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Treinta en treinta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR POSADA.- Mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y siete en treinta y nueve: AFIRMATIVA.

SEÑOR ORTIZ.- Mociono para que se consideren en bloque los artículos 1º a 29, inclusive.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y cuatro en treinta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 1º a 29, inclusive.

SEÑOR RODRÍGUEZ ALTEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ ALTEZ.- Señor Presidente: vamos a acompañar en todo su contenido el proyecto de ley, no solo por los conceptos que ha vertido el señor miembro informante con gran claridad y por lo que se expresa en el informe de la Comisión de Hacienda, sino por la circunstancia de que este proyecto de ley tiene ya media sanción y ha sido ampliamente debatido en el Senado, logrando la unanimidad de la Cámara Alta.

De todos modos, no es ocioso lo que afirmó el señor Diputado Lacalle Pou. Es cierto que en los últimos tiempos se han hecho distintos enfoques, de la Cámara de Diputados concretamente, y en general del Parlamento, y creo que la mejor respuesta que podemos dar -aquí coincido con lo que señalaba el señor Diputado Lacalle Pou- es culminar la tarea legislativa en temas realmente importantes para el país.

Este proyecto de ley se inscribe en un "aggiornamento" del derecho comercial uruguayo que, sin duda, tiene una necesidad en esta materia. El régimen general de prenda sin desplazamiento ha caído en la práctica en un grave desuso o en un mal uso, porque se ha concentrado en escasos elementos que son objeto de este derecho real, fundamentalmente en materia de automóviles y eventualmente en prendas industriales que, por cierto, tampoco permiten a los productores cubrir sus aspiraciones de crédito.

También va a incorporar, en un momento muy importante para el país en materia de necesidades de desarrollo, un elemento nuevo de generación de crédito, que constituye una gran facilidad para el crédito porque permite, inclusive -como se señala detalladamente en el informe-, evaluar distintas expectativas en materia de mercaderías y de bienes que se pueden dejar en custodia o en depósito.

Creemos que en estos días la Cámara de Diputados ha dado fiel respuesta a sus responsabilidades. En días pasados, en una innovación notoria dentro del derecho civil uruguayo, hemos dado media sanción a un proyecto de ley que significa nada más y nada menos que salir del principio de autonomía de la voluntad para ingresar en el derecho civil social. Me refiero al proyecto sobre corredores inmobiliarios, en el que se deja de lado aquello que fue la base de nuestro Código Civil -según el cual las partes estaban en igualdad de condiciones, en una igualdad casi ideal-, para reconocer una realidad que hoy impera en cuanto a que hay intermediación, a que hay empresas, a que hay una situación distinta que debemos regular.

En el día de hoy se complementa -como la ley sobre fideicomiso que se aprobó hace un tiempo- con un nuevo instrumento de crédito, un nuevo instrumento de garantía real que, sin duda, va a facilitar el crédito para los productores fundamentalmente, la comercialización y de modo eventual un "aggiornamento" del derecho, que era imprescindible.

Por estas razones votaremos los veintinueve artículos como se ha propuesto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 1º a 29, inclusive.

(Se vota)

¾ ¾ Treinta y siete en treinta y ocho: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: me sumo a las voces que aceptan la actualización que estamos aprobando. Hablo de actualización en el sentido de nuevas formas jurídicas que son muy comunes en el mundo desde hace mucho y que pueden ser herramientas para solucionar graves problemas que tenemos, puesto que permitirían captar ahorros y generar créditos, ya que son figuras que dan garantías. Apoyamos esto porque entendemos que se trata de figuras que dan seguridad al inversor y que nos permiten obtener financiaciones a partir de bienes o de productos de distinta naturaleza.

En momentos en que muchas veces los debates que realizamos en el país se refieren a que todo se arregla con inversiones extranjeras y/o con concesiones, y/o con privatizaciones, esta actualización que introduce estas figuras que permiten regular también un ahorro interno viable -como algunos hechos económicos que se están desarrollando actualmente, que han sido posibles solo por un ahorro interno importante que se ha canalizado más con formas de buena voluntad que con arreglos jurídicos apropiados-, tiene contenidos importantes y muy positivos, que no arreglan nada por sí, pero pueden ser una herramienta muy útil para mejorar la obtención de crédito, la financiación o la promoción de inversiones, no solo extranjeras sino también nacionales.

Es cuanto quería decir.

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: consulto a la Mesa si se puede hacer un esfuerzo para convocar cincuenta legisladores a Sala de manera de votar la comunicación inmediata del proyecto de ley que se acaba de sancionar, porque esta es la última sesión del mes de mayo, y si esa comunicación no se vota en el día de hoy no podrá hacerse hasta la primera sesión del mes de junio, cuando también, por razones obvias, habrá problemas para que la Cámara sesione.

Me permito solicitar que la Mesa -y estoy haciendo tiempo a los efectos de lograr eso- llame a los señores legisladores a Sala de manera de reunir los cincuenta legisladores necesarios para votar que la comunicación del proyecto al Poder Ejecutivo se haga de inmediato y, si tenemos suerte, que la ley pueda ser promulgada en el correr de este mes; si no es así, la promulgación no se podrá hacer hasta mediados del próximo mes.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- La Mesa informa al señor Diputado que hay cuarenta y cinco señores legisladores en Sala. En cualquier momento de la sesión de hoy en que haya cincuenta legisladores en Sala el señor Diputado Díaz podrá mocionar para que se vote la comunicación inmediata de este proyecto de ley.

SEÑOR ORTIZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ORTIZ.- Señor Presidente: en el mismo sentido que el miembro informante y que los integrantes de la Cámara, que apoyaron casi unánimemente este proyecto sobre certificados de depósito y warrants -que complementa también la ya aprobada ley sobre fideicomiso-, creo que esto da más tranquilidad y certeza en la parte del crédito a todo el sector agropecuario y, como es lógico, también al sector agricultor.

Así como hago esta fundamentación de voto favorable al sector agropecuario, anticipo mi apoyo al proyecto de ley que aprobaremos al considerar el asunto que figura en quinto lugar del orden del día de hoy, referido a derogar la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para establecer detracciones a las exportaciones. Dicho proyecto ha sido aprobado por unanimidad en el Senado y será aprobado hoy en esta Cámara, también por unanimidad, ya que esto no solo da garantías al sector agropecuario, sino que da certeza a la producción futura.

Muchas gracias, señor Presidente.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

16.-     Comisión Especial de Seguridad Ciudadana. (Prórroga de plazo).

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por la señora Diputada Tourné y por los señores Diputados Orrico, Trobo, Julio Silveira y Michelini.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se prorrogue el plazo de que dispone para expedirse la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana hasta la finalización de la presente Legislatura. (Carpeta Nº 2063/002)".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en cincuenta: AFIRMATIVA.

17.-    Sesión extraordinaria.

Dese cuenta de otra moción de orden, presentada por la señora Diputada Rondán y por los señores Diputados Máspoli Bianchi, Amen Vaghetti, Posada, Lacalle Pou y Bentancor.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Cámara se reúna en sesión extraordinaria el próximo martes 1º de junio, a la hora 15, con motivo de homenajear a la Universidad del Trabajo del Uruguay al conmemorarse el 125º aniversario de su fundación".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en cuarenta y siete: AFIRMATIVA.

18.-    Aplazamiento.

Correspondería pasar a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Constitución de la República. (Se modifican diversas normas)". No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de la Cámara, que establece que para considerar los asuntos para cuya sanción exija la Constitución de la República dos tercios de votos se requiere quórum máximo, y de acuerdo también con los procedimientos que históricamente se han aplicado, la Mesa entiende imprescindible que en la discusión general y en la particular de la iniciativa haya cincuenta señores Representantes presentes, lo que no ocurre en este momento.

En función de lo dispuesto por el literal D) del artículo 331 de la Constitución, para la aprobación del articulado es necesario, como se expresara, contar con el voto de los dos tercios del total de componentes de cada una de las Cámaras; quiere decir que, en este Cuerpo, se necesitan sesenta y seis votos.

19.-    Exportaciones. (Se deroga la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para establecer detracciones).

Por lo tanto, se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: "Exportaciones. (Se deroga la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para establecer detracciones)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1572

"CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Derógase la facultad otorgada al Poder Ejecutivo de establecer detracciones a las exportaciones, con excepción de la correspondiente a la exportación de cueros crudos, salados, pickelados y wet-blue.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 22 de marzo de 2004.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

Anexo I al
Rep. Nº 1572

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Hacienda ha considerado y aprobado el proyecto de ley, que fuera aprobado por la Cámara de Senadores, por el que se deroga la facultad otorgada al Poder Ejecutivo de establecer detracciones a las exportaciones, con excepción de la correspondiente a la exportación de cueros crudos, salados y pickelados y wet-blue.

Este proyecto tiene su iniciativa en el que oportunamente fuera remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se establecían un conjunto de beneficios tributarios destinados a consolidar el proceso de recuperación económica y mejorar las condiciones de inversión.

El propósito que fue acompañado por todos los señores Senadores, y posteriormente, por amplia mayoría, por los señores Representantes integrantes de la Comisión de Hacienda, apunta a establecer un contexto de certidumbre en materia tributaria para quienes invierten en la producción de bienes.

En consecuencia, el mensaje que el Poder Legislativo está dando con la aprobación del proyecto en informe, apunta a estimular al inversor, que tiene la tranquilidad de que el Parlamento respalda su gestión productiva eficiente, y no está pendiente de su crecimiento económico para detraerle de la misma una porción excesiva para el Estado, en momentos en que comienza a recuperarse de los indeseables efectos económicos recientemente sufridos.

Por lo expuesto, esta Asesora aconseja al plenario la aprobación del referido proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 12 de mayo de 2004.

GABRIEL PAIS, Miembro Informante, CARLOS BARÁIBAR, SILVANA CHARLONE, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, RONALD PAIS, GUSTAVO PENADÉS, MARTÍN PONCE DE LEÓN".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Gabriel Pais.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: este proyecto de ley tiene un único artículo, por el que se establece la derogación de la potestad que tiene el Poder Ejecutivo de establecer detracciones a las exportaciones.

SEÑOR DÍAZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: me informan que en este momento hay en Sala cincuenta señores Diputados. Por tanto, creo que se podría votar si el proyecto de ley que se aprobó anteriormente se comunica de inmediato.

(Interrupciones)

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- No es así ahora, señor Diputado; en este momento no contamos con el quórum requerido.

Puede continuar el miembro informante, señor Diputado Gabriel Pais.

SEÑOR PAÍS (don Gabriel).- Como decía, de acuerdo con la legislación vigente el Poder Ejecutivo tiene la facultad de establecer detracciones a las exportaciones, esto es, aplicar un impuesto que grava las exportaciones. En los últimos años no lo ha hecho, pero por razones de seguridad jurídica y como forma de fomentar la inversión es conveniente eliminar esta facultad que tiene el Poder Ejecutivo, de manera tal que los inversores sepan que para aplicárseles un impuesto de estas características se va a requerir la aprobación de una ley, porque el Poder Ejecutivo ya no podrá hacerlo por decreto.

Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado y por amplia mayoría en la Comisión de Hacienda. Su objetivo esencial -como acabo de mencionar- es dar seguridad jurídica a los inversores con respecto al régimen tributario, de manera que en caso de que un Gobierno decida aplicar un impuesto a las exportaciones, este deba ser previamente aprobado por el Parlamento, no como lo permite la legislación vigente: la detracción puede ser aplicada por decreto del Poder Ejecutivo. En virtud de ello, consideramos que es conveniente la aprobación del proyecto de ley que estamos informando.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: he leído el informe -no integro la Comisión de Hacienda- y entiendo las razones que señala la Comisión. El hecho de que haya detracciones no agrede jurídicamente a nadie. Es importante como definición porque se refiere, dentro de la política tributaria del país, a un tributo específico que es el de las exportaciones. Es parte de todo un sistema tributario compuesto de otro tipo de impuestos que gravan los factores de producción -como la tierra-, y los indirectos.

Este tema ha estado en el debate político en los últimos tiempos. En realidad, la política tributaria es un asunto muy importante para el país. Es cierto que permite corregir la inequidad con que los contribuyentes aportamos al Estado, tiene muchos otros componentes como los subsidios y está complementada por una política crediticia con controles a los movimientos de capital y otros soportes que tienen que ver con la competitividad para la producción nacional. Esta es una parte.

Lo apoyo porque entiendo que es una herramienta de una política de tributación, pero me parece que en forma complementaria deberían tenerse en cuenta otros aspectos que hacen a la competitividad o, en realidad, a la inserción del Uruguay en el mundo, que es un aspecto que necesariamente debe complementarla.

Es cuanto quería decir para circunscribir las razones por las cuales voy a apoyar este proyecto.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: quiero desarrollar un poco más el sentido de mis palabras al decir que este proyecto de ley da seguridad jurídica.

De acuerdo con la legislación vigente, el Poder Ejecutivo, por decreto, puede aplicar detracciones a las exportaciones, es decir que puede aplicar un impuesto a los productos que el Uruguay exporta.

(Murmullos.- Campana de orden)

——Ese decreto puede entrar en vigencia de un día para otro. ¿Por qué decimos que la modificación genera seguridad jurídica? Porque al derogarle esa facultad al Poder Ejecutivo, todo Gobierno que desee aplicar un impuesto a las exportaciones debe contar con la aprobación del Parlamento, es decir que tiene que remitir el correspondiente proyecto de ley. Como es un tributo, requiere una mayoría especial -la mayoría absoluta en cada una de las Cámaras- y, además, el proyecto tiene un trámite parlamentario. Entonces, quienes están en la producción de bienes exportables y quienes los exportan tienen la tranquilidad de que no se van a despertar una mañana con la noticia de que les están aplicando un nuevo impuesto a las exportaciones, porque para que ese impuesto comience a regir es necesario un trámite parlamentario que les otorga garantías diferentes. Me refiero a que pueden comparecer ante las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras a expresar su opinión acerca de la forma en que ese nuevo impuesto podría afectarlos.

Por otra parte, también es una tranquilidad, en la medida en que requiere una mayoría absoluta en cada una de las Cámaras. No quiere decir que se mejore la seguridad jurídica en la globalidad del sistema jurídico, pero sí en este aspecto puntual.

Ese era el sentido de nuestras palabras cuando informamos sobre el proyecto de ley en consideración.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: comparto los argumentos expuestos por el señor miembro informante, en el sentido de que es un instrumento con que cuenta el Poder Ejecutivo, aunque no lo ha aplicado, lo cual, en definitiva, marca una dirección. Al derogarse esta facultad y ser necesaria una ley, se quitan posibilidades al Poder Ejecutivo. Esto marca una dirección muy clara y da certeza y seguridad jurídica sobre los rumbos a seguir.

Históricamente, este impuesto siempre se ha establecido a favor de otro tipo de producción y en detrimento de la producción primaria nacional. Por lo tanto, creo que este es un paso muy importante y una señal muy clara a favor de uno de los rubros fundamentales para la actividad económica de este país, y estamos totalmente a favor de él. En la vecina orilla tenemos ejemplos de las consecuencias que ha tenido ese hecho y de cómo, indirectamente, los uruguayos nos hemos beneficiado con esta situación que se ha venido imponiendo en la República Argentina. En la región tenemos ejemplos claros de la utilización de este instrumento, del perjuicio que causó y de los beneficios que nosotros tenemos. Lo mejor que podemos hacer ahora es dar señales claras, marcar rumbos muy claros al inversor y esencialmente a la producción primaria. Reitero que históricamente este tipo de impuestos se ha aplicado en detrimento de la producción primaria.

SEÑOR AGAZZI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: comprendo la razón que expresa el señor Diputado Berois Quinteros. Históricamente, el Uruguay desarrolló muchas actividades a través de impuestos a las exportaciones de carne y de lana. En realidad, mucho de lo que construimos en el país fue a partir del pasto transformado en carne, pero ese camino se terminó porque el mundo cambió. Hoy ya no es posible. Quizá lo que pasó en la República Argentina fue que el sector agropecuario se vio muy favorecido por decisiones globales de política económica, y la retención a las exportaciones es en cierto sentido un arreglo que ellos encontraron para obtener un financiamiento del Estado a partir de un sector que realmente se benefició.

Está bien que así sea y estamos de acuerdo, pero pensemos que puede no ponerse detracciones, pero sí aumentar cualquier otro impuesto a la producción; me refiero a que puede haber un IVA alto para la energía eléctrica o un IMESI a los combustibles. Con eso no afectamos las detracciones, pero sí la competitividad. Entonces, si bien este proyecto es positivo, debe ser parte de un todo para que lo que no establecemos aquí no aparezca en otro lugar.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Puede continuar el señor Diputado Berois Quinteros.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: podemos discutir cuando lleguen proyectos para gravar al sector primario con otros impuestos, pero la dirección y el objetivo específico de este proyecto son muy claros porque, precisamente, dan una señal transparente a un sector que la necesita. Esos son los argumentos primordiales para votar a favor de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y tres en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee)

¾ ¾ En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en cuarenta y seis: AFIRMATIVA.

SEÑOR RODRÍGUEZ ALTEZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ ALTEZ.- Señor Presidente: hemos votado afirmativamente por la claridad de la exposición del señor miembro informante, a la que se suman las argumentaciones del señor Diputado Berois Quinteros. Sin embargo, no debemos olvidar que en este aspecto hoy la Cámara está recuperando una materia que es reserva de ley. Me refiero a que no existen tributos sin una ley que los establezca. Por razones generales, el Poder Ejecutivo tiene iniciativa en materia tributaria. Entonces, no es bueno que existan disposiciones como la que se deroga hoy, que otorgan una suerte de cheque en blanco o una potestad delegada por el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo.

A partir de hoy volvemos a la situación general que establece nuestra Constitución, en la que el Poder Ejecutivo tendrá iniciativa en esta temática, pero es el Poder Legislativo el que debe decidir sobre ella.

SEÑOR MOLINELLI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MOLINELLI.- Señor Presidente: hemos votado este proyecto de ley que refiere a una tributación en la que la facultad para aplicarla a los sectores más dinámicos de la economía, que son precisamente los sectores exportadores, la tenía el Poder Ejecutivo. Sin duda, en un momento en que el país y su recuperación dependen de manera fundamental del desarrollo de este sector, esta facultad de establecer un impuesto tan importante debe quedar -como dijeron anteriormente los señores Diputados que expusieron sus argumentaciones a favor del proyecto-, como estaba originalmente, en manos del Parlamento, pero con iniciativa del Ejecutivo.

Por lo tanto, creemos que es un proyecto sumamente positivo para dar seguridad a los sectores más dinámicos de la economía.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

20.-      Vigésimo primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 entre los Gobiernos de los Estados Parte del MERCOSUR y el Gobierno de Chile, y su Anexo ("Régimen de Solución de Controversias"). (Aprobación).

¾ ¾ Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: "Vigésimo primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 entre los Gobiernos de los Estados Parte del MERCOSUR y el Gobierno de Chile, y su Anexo ('Régimen de Solución de Controversias'). (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1244

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 21 de mayo de 2002.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168, numeral 20 y el artículo 85, numeral 7, de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el cual se aprueba el Vigesimoprimer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 entre los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno de Chile (ACE Nº 35) y su Anexo ("Régimen de Solución de Controversias"), suscrito en la ciudad de Montevideo, el día 19 de octubre de 1999.

I. Antecedentes.

El 25 de junio de 1996 se suscribió en Potrero de los Funes, Provincia de San Luis (República Argentina), el Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 entre el MERCOSUR y la República de Chile (ACE Nº 35) con el objeto de promover las inversiones recíprocas entre los agentes económicos de las Parte Signatarias, fomentar la complementación y cooperación en diversos ámbitos y formar un área de libre comercio entre las Partes ("establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores productivos").

En su Título VIII, el ACE Nº 35 estableció un mecanismo para la solución de las controversias que pudieran surgir entre las Partes, con respecto a la interpretación, aplicación o incumplimiento del Acuerdo, así como de los Protocolos celebrados en el marco del mismo. Dicho mecanismo fue regulado en extenso en el Anexo 14 al Acuerdo. Este régimen estuvo destinado a regir por un período máximo de tres años desde la vigencia del ACE Nº 35 (hasta el 30 de setiembre de 1999), previéndose el establecimiento de un nuevo régimen, que regiría a más tardar desde el cuarto año de vigencia del Acuerdo e incluiría un procedimiento arbitral.

En la VI Reunión Extraordinaria de la Comisión Administradora del ACE Nº 35 (MERCOSUR-Chile), que tuvo lugar en Montevideo, el 29 de setiembre de 1999, se resolvió aprobar el proyecto de Protocolo sobre "Procedimiento de Solución de Controversias" (Resolución MCS-CH Nº 1O/99) -de carácter transitorio- destinado a regir hasta el momento de entrada en vigor del "Régimen de Solución de Controversias" definitivo, cuyo proyecto de Protocolo también fue aprobado en la citada Reunión (Resolución MCS-CH Nº 9/99).

II. El Régimen de Solución de Controversias.

El "Régimen de Solución de Controversias", que consta en Anexo al Vigesimoprimer Protocolo Adicional al ACE Nº 35, fue suscrito el 19 de octubre de 1999 y tiene como finalidad establecer los mecanismos -definitivos- para resolver las posibles diferencias que se susciten en torno a la interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones del ACE Nº 35, sus Protocolos y demás instrumentos suscritos o que se suscriban en el futuro en el marco del mismo.

Son Partes Signatarias del Protocolo, los Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la República de Chile y constituyen Partes Contratantes de este instrumento el MERCOSUR y la República de Chile (artículo 1).

II.1. Ámbito de aplicación.

El artículo 2 establece, con carácter general, que este régimen de solución de controversias se aplica a las diferencias que se planteen sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento de las normas del ACE Nº 35, así como de los Protocolos y otros instrumentos ya suscritos o a suscribir en el futuro en el marco del mismo.

No obstante, en lo que tiene que ver con las diferencias que surjan en torno a la interpretación del artículo 15 del ACE Nº 35, se contempla la posibilidad de que las Partes en la controversia, mediante acuerdo alcanzado durante la etapa de negociaciones directas, opten entre someter la misma al procedimiento establecido en este Protocolo o al previsto en el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias que forma parte del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Estas cuestiones previstas en el artículo 15 del Acuerdo se refieren a la "aplicación de medidas compensatorias o antidumping destinadas a contrarrestar los efectos perjudiciales de la competencia desleal". Según esta disposición, en esta materia "las Partes Signatarias se ajustarán en sus legislaciones y reglamentos, a los compromisos de los Acuerdos de la OMC". En este caso, si no existe acuerdo entre las Partes en cuanto al procedimiento a seguir, la opción le corresponde a la Parte reclamante. Una vez iniciada la acción, la opción elegida tiene carácter definitivo y excluyente, por lo cual una vez seleccionado uno de los foros previstos en el Protocolo, no será posible acudir al otro a efectos de resolver la controversia.

Según el artículo 3 del "Régimen de Solución de Controversias", pueden ser Partes en la controversia, tanto las Partes Contratantes, vale decir el MERCOSUR y la República de Chile, como esta última y uno o más Estados Partes del MERCOSUR.

II.2. Los procedimientos para la solución de controversias.

El "Régimen de Solución de Controversias" prevé tres instancias que funcionan necesariamente con carácter sucesivo: las negociaciones directas; la intervención de la Comisión Administradora y, por último, el procedimiento arbitral.

II.3. Negociaciones directas.

El Capítulo II contempla el procedimiento de las negociaciones directas. Esta instancia fue establecida originalmente en el Protocolo de Brasilia (artículo 20), luego en el Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 entre el MERCOSUR y Bolivia y también en el Anexo 14 al ACE Nº 35. En todos los casos, este mecanismo tiene carácter obligatorio, previo al funcionamiento de las demás instancias, sin perjuicio de que pueda estar precedido de consultas recíprocas entre las Partes.

Las negociaciones serán conducidas, en el caso del MERCOSUR, por intermedio de la Presidencia Pro-Tempore (cuando el propio MERCOSUR sea Parte en la controversia) o de los Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común (cuando una de las Partes de la controversia esté constituida por uno o más Estados Partes del mecanismo de integración). Con respecto a la República de Chile, las negociaciones se conducirán a través de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país (DIRECON) (artículo 4).

La instancia de negociaciones directas se inicia mediante la solicitud escrita que una de las Partes en la diferencia dirija a la otra. La mencionada solicitud deberá contener los motivos en que se funda y será comunicada a las Partes Signatarias (en este caso, todos los Estados Partes del MERCOSUR), a la Presidencia Pro-Tempore y a DIRECON (artículo 5).

Una vez recibida la solicitud, la otra Parte debe responderla dentro de los diez días corridos a partir del día siguiente al de su recepción. Durante el desarrollo de las negociaciones, las Partes intercambiarán informaciones, a las que darán un tratamiento reservado. Las negociaciones no podrán prolongarse por más de treinta días contados desde la fecha de recepción de la solicitud, salvo que las Partes acuerden extenderlas por un plazo adicional máximo de quince días. Cabe destacar que la solución adoptada se aparta de la originalmente prevista en el Anexo 14 al ACE Nº 35. En efecto, en lugar de los treinta días de prórroga previstos en este último, el nuevo régimen prevé una prórroga de solo quince días a los efectos de agilizar el procedimiento (artículo 6).

II.4. Intervención de la Comisión Administradora.

El Capítulo III establece las condiciones y el procedimiento a seguir en el caso de que se solicite la intervención de la Comisión Administradora.

II.4.1. Condiciones.

Esta instancia, que ya fuera contemplada en el ACE Nº 36 (MERCOSUR-Bolivia) y en el Anexo 14 al ACE Nº 35, solo tiene lugar si no se llega a una solución satisfactoria para ambas Partes por la vía de las negociaciones directas en el plazo previsto en el artículo 6, o si la controversia se resuelve en forma parcial.

Al igual que en el caso de las negociaciones directas, esta instancia se convoca a solicitud de cualquiera de las Partes, la que deberá solicitar por escrito fundado, que la Comisión trate el asunto que es objeto de la controversia (artículo 7). En dicho escrito deberán incluirse las circunstancias de hecho y los fundamentos de derecho en que se basa la controversia, con indicación de las normas jurídicas aplicables. Teniendo en cuenta lo dispuesto con carácter general por el artículo 38, en el sentido de que las referencias realizadas en el Protocolo a las comunicaciones dirigidas a la Comisión implican comunicaciones a todas las Partes Signatarias, esta solicitud deberá ser comunicada a todos los Estados Signatarios del Protocolo.

II.4.2. Procedimiento.

La Comisión deberá reunirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que todas las Partes Signatarias hayan recibido comunicación de la solicitud (artículo 8).

La acumulación de procedimientos relativos a los casos que conozca la Comisión, solo podrá tener lugar cuando medie consenso de sus integrantes y en caso de que la naturaleza de las cuestiones o su vinculación temática, haga conveniente su examen conjunto (artículo 9).

La Comisión dispondrá de un plazo de treinta días a partir de la fecha de la primera reunión para:

a) formular las recomendaciones que estime pertinentes, luego de haber evaluado la controversia y de haber dado oportunidad a las Partes para exponer sus posiciones y, de ser necesario, aportar información adicional; o bien

b) en caso de considerarlo necesario, ordenar la constitución de un Grupo de Expertos que brinde asesoramiento especializado para la formulación de sus recomendaciones (artículo 10).

A los efectos de constituir los Grupos de Expertos, cada una de las Partes Signatarias deberá comunicar a la Comisión una lista de diez personas que posean reconocida competencia en las materias relacionadas con el Acuerdo, de las cuales cuatro no podrán ser nacionales de ninguna de las Partes Signatarias. Esta comunicación deberá tener lugar dentro de los treinta días posteriores a la entrada en vigor del Protocolo (artículo 11, inciso final).

Tomando como base las designaciones de las Partes Signatarias, la Comisión constituirá la lista de expertos. Esta, así como sus modificaciones, deberán notificarse a la Secretaría General de la ALADI (artículo 12).

De conformidad con el artículo 13, el Grupo de Expertos estará conformado por tres integrantes, que se elegirán de la lista constituida por la Comisión, de la siguiente forma:

a) dos de ellos serán designados por cada una de las Partes en la controversia dentro de los diez días siguientes a la solicitud de conformación del Grupo, y

b) el tercero -que no podrá ser nacional de ninguna de las Partes Signatarias- se designará de común acuerdo por las Partes dentro del mismo plazo. A este tercer experto le corresponderá la coordinación de las actuaciones del Grupo.

c) en caso de que las anteriores designaciones no se cumplieran dentro del plazo previsto, las mismas serán efectuadas, a solicitud de cualquiera de las Partes, por la Secretaria General de ALADI mediante el sistema de sorteo.

En todo caso, las designaciones serán comunicadas a las Partes Contratantes.

La actuación de los expertos estará regida por los principios de independencia técnica e imparcialidad. Así, no podrán actuar como tales, quienes hayan intervenido de cualquier manera en otras etapas del procedimiento o quienes no posean independencia con respecto a las posiciones de las Partes (artículo 14). Al aceptar su designación, los integrantes del Grupo deberán asumir por escrito ante la Secretaría General de la ALADI, el compromiso de actuar de conformidad con estos principios (artículo 40).

Los gastos derivados de la actuación del Grupo serán cubiertos por las Partes por montos iguales. En cuanto a la compensación pecuniaria de los expertos, esta será acordada por las Partes y convenida con aquellos en un plazo no mayor a cinco días posteriores a su designación (artículo 15).

II.4.3. Fin del procedimiento.

El Grupo de Expertos podrá expedirse a través de un informe conjunto (cuando se alcance la unanimidad de opiniones) o de las conclusiones de sus integrantes (cuando no se logre dicha unanimidad), los que deberán remitirse a la Comisión dentro de un plazo de treinta días a partir de la comunicación de la designación del tercer experto. La Comisión dispondrá de quince días a partir de la recepción del informe o de las conclusiones, para emitir sus recomendaciones (artículo 16).

Las Partes tendrán un plazo -fijado por la Comisión- no mayor a quince días a efectos de evaluar el informe o las conclusiones del Grupo de Expertos y las recomendaciones de la Comisión. En caso de que las Partes no lleguen a una solución mutuamente satisfactoria en el plazo establecido, se dará por terminada esta etapa del procedimiento (artículo 17).

II.5. Procedimiento arbitral.

El Capítulo IV regula el procedimiento arbitral, última instancia del Régimen de Solución de Controversias.

II.5.1. Características generales.

De conformidad con el artículo 18, el procedimiento arbitral tiene lugar:

a) si la controversia no pudo resolverse por la vía de las negociaciones directas ni de la intervención de la Comisión Administradora;

b) si hubieran vencido los plazos previstos en ambas instancias, sin cumplirse los trámites correspondientes; o

c) si no se hubiesen ejercido los derechos previstos a favor de las Partes.

El procedimiento arbitral regulado en el presente Protocolo tiene carácter necesario -por oposición a voluntario-, en tanto bastará que cualquiera de las Partes decida someter la controversia a arbitraje y así lo haga saber a la otra Parte, para que dé comienzo el procedimiento. El Protocolo no contempla la posibilidad de que la Parte reclamada pueda oponerse a esta decisión de la Parte reclamante (artículo 18).

Por otra parte, por el solo hecho de aprobar este Protocolo, las Partes aceptan la obligatoriedad de la jurisdicción del Tribunal Arbitral que se constituya en cada caso, sin necesidad de un acuerdo especial (artículo 19).

Teniendo en cuenta que el arbitraje puede ser de derecho o de equidad, el artículo 28 establece que se admitirá una u otra modalidad, conforme a la previsión de las Partes. No obstante, se prevé que en ausencia de acuerdo, se entenderá que el arbitraje es conforme a derecho, debiendo tener en cuenta el Tribunal Arbitral, no solo el ACE Nº 35, los Protocolos Adicionales y demás instrumentos suscritos en el marco del mismo, sino también los principios y disposiciones del derecho internacional aplicables en la materia.

Desde otro punto de vista, puede considerarse que se trata de un arbitraje de carácter institucional (en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración -ALADI-). Ello se funda en diversas disposiciones del Protocolo. Así, la decisión de una de las Partes en el sentido de acudir al procedimiento arbitral no solo debe comunicarse a la otra Parte y a la Comisión Administradora, sino también a la Secretaría General de la ALADI (artículo 18). También debe comunicarse a la Secretaría General la lista de árbitros y sus modificaciones, correspondiéndole a esta nombrar a los integrantes del Tribunal Arbitral en defecto de designación por las Partes dentro del plazo previsto (artículo 21, inciso segundo, literal c). Finalmente, el compromiso de actuar con imparcialidad e independencia asumido por los árbitros debe dirigirse también a la Secretaría General de la ALADI (artículo 40).

No obstante lo expresado en el párrafo anterior, el procedimiento regulado por este Protocolo podría caracterizarse como un arbitraje ad hoc, en el sentido de que es necesario designar árbitros, fijar la sede y establecer procedimientos específicos para cada litigio en particular (artículos 21 y 24).

II.5.2. El procedimiento.

a. Designación de los árbitros.

En forma similar a la prevista para la lista de expertos (en el marco de la intervención de la Comisión Administradora), se establece que dentro de los treinta días a partir de la entrada en vigor del Protocolo, cada una de las Partes Signatarias deberá designar doce juristas de reconocida competencia en las materias que puedan ser objeto de controversia -de los cuales cuatro no podrán ser nacionales de ninguna de ellas-, a efectos de constituir la lista de árbitros. La misma será comunicada a las demás Partes Signatarias y a la Secretaría General de la ALADI y no podrá ser modificada a partir del momento en que una Parte de la controversia hubiera comunicado a la otra su intención de acudir al Tribunal Arbitral (artículo 20).

b. Integración del Tribunal Arbitral.

El Tribunal Arbitral que entenderá en la controversia, estará integrado por tres árbitros designados entre los juristas que integren la lista prevista en el artículo 20.

Cada Parte en la controversia designará un árbitro y su suplente. El tercer árbitro y su suplente -que no podrán ser nacionales de ninguna de las Partes Signatarias- se designarán por ambas Partes de común acuerdo, correspondiéndole la Presidencia del Tribunal. La designación de los árbitros y sus suplentes deberá efectuarse dentro de los veinte días posteriores a la comunicación que una de las Partes efectúe a la otra, acerca de la intención de someter la diferencia a arbitraje. Del mismo modo que respecto del Grupo de Expertos (asesor de la Comisión Administradora), si las designaciones no se realizan dentro del plazo previsto, se harán por la Secretaría General de la ALADI a solicitud de alguna de las Partes, mediante sorteo efectuado entre los árbitros que integren la lista conformada según el artículo 20. Los suplentes sustituirán al árbitro titular en caso de incapacidad o excusa de este, tanto en el momento de la integración como en el transcurso del procedimiento. En todo caso, las designaciones deberán comunicarse a las Partes Contratantes (artículo 21).

El Tribunal quedará constituido formalmente a los quince días de haberse producido la aceptación de su designación por parte del presidente (artículo 30 inciso primero).

También en el caso del arbitraje rigen los principios de imparcialidad e independencia, por cuanto estarán inhibidos de actuar como árbitros quienes hubieran intervenido en cualquier forma en las etapas anteriores del procedimiento (consultas recíprocas, negociaciones directas, intervención de la Comisión Administradora), así como quienes no tengan la independencia necesaria con respecto a los Gobiernos de las Partes (artículo 22). Al aceptar su designación, los integrantes del Tribunal deberán asumir por escrito ante la Secretaría General de la ALADI, el compromiso de actuar de conformidad con estos principios (artículo 40).

De conformidad con el principio de economía procesal, en caso de decidirse la acumulación de procedimientos -por considerarse conveniente su examen conjunto en virtud de su naturaleza o vinculación temática- las Partes Signatarias que pasen a intervenir en la controversia deberán unificar su representación ante el Tribunal Arbitral y designar de común acuerdo un solo árbitro, dentro de los veinte días posteriores a la comunicación de la Parte reclamante en el sentido de someter la controversia a arbitraje (artículo 23).

c. Fijación de la sede y procedimiento.

En cada caso, el Tribunal Arbitral fijará su sede, la que deberá ubicarse en el territorio de alguna de las Partes Signatarias. También en cada caso, el Tribunal deberá adoptar sus propias reglas de procedimiento, las que deberán seguir los lineamientos generales establecidos por la Comisión en la primera reunión siguiente a la entrada en vigor de este Protocolo. Estos lineamientos deberán respetar las garantías del debido proceso y asegurar que los procesos se lleven a cabo en forma expedita (artículo 24).

A los efectos de defender sus derechos, las Partes podrán nombrar asesores. Además, deberán designar sus representantes ante el Tribunal Arbitral, a quienes se harán llegar las notificaciones que el Tribunal efectúe a las Partes (artículo 25).

d. Información sobre las instancias cumplidas.

Las Partes deberán informar al Tribunal Arbitral sobre las instancias previas al proceso arbitral (consultas recíprocas, negociaciones directas, intervención de la Comisión Administradora) y fundar sus respectivas posiciones (artículo 26).

e. Medidas provisionales.

El Tribunal Arbitral podrá adoptar medidas provisionales a fin de prevenir daños graves e irreparables a alguna de las Partes. Dichas medidas serán adoptadas a solicitud de parte, siempre que existan presunciones fundadas acerca de dichos daños, según las circunstancias y en las condiciones establecidas por el propio Tribunal. Los efectos de estas medidas se extenderán hasta que se dicte el laudo que ponga fin al procedimiento (artículo 27).

f. Laudo arbitral.

Una vez considerados los argumentos de las Partes, las pruebas y los informes producidos, así como todo otro elemento que se considere conveniente, el Tribunal Arbitral dictará su laudo dentro de los sesenta días a partir de su constitución (artículo 29).

El laudo deberá constar por escrito, será debidamente fundamentado, adoptado por mayoría y suscrito por los integrantes del Tribunal (artículo 30). Asimismo, deberá contener los elementos que identifiquen la controversia (Partes que intervienen en la misma, nombres de sus representantes, objeto, así como datos relativos a los miembros del Tribunal y fecha de su conformación), un informe del desarrollo del procedimiento, los costos que deberá cubrir cada Parte, la decisión alcanzada acompañada de los fundamentos de hecho y de derecho, así como fecha y lugar de emisión (artículo 31).

El laudo será definitivo y obligatorio a partir del momento de la recepción de la notificación. No será objeto de revisión alguna y tendrá fuerza de cosa juzgada para las Partes de la controversia, debiendo cumplirse en un plazo de treinta días, salvo que el Tribunal establezca un plazo distinto (artículo 32).

g. Recurso de aclaración o interpretación.

El único recurso que cabe interponer con respecto al laudo es el de aclaración o interpretación sobre la forma en que el mismo debe cumplirse. El mismo deberá interponerse dentro de los quince días contados a partir de la notificación a las Partes. El Tribunal Arbitral que dictó el laudo dispondrá de quince días para pronunciarse sobre la cuestión que motiva el recurso, pudiendo disponer la suspensión del cumplimiento del laudo hasta que se adopte dicha decisión (artículos 33 y 35).

h. Ejecución forzada.

Si dentro de los treinta días siguientes a la notificación del laudo a las Partes, no se hubiera dado cumplimiento al mismo o hubiera un cumplimiento parcial, el Protocolo prevé un medio indirecto a los efectos de obtener su ejecución forzada. Este medio consiste en la suspensión temporal por la Parte reclamante de las concesiones u otras obligaciones equivalentes a la Parte reclamada, lo que deberá comunicarse por escrito fundado a las demás Partes Signatarias. En este caso, la Parte reclamante intentará suspender, en primer lugar las concesiones u otras obligaciones relativas al mismo sector o sectores afectados. Si la Parte reclamante considera que la aplicación de dicha medida es impracticable o ineficaz, podrá suspender otras concesiones u obligaciones, debiendo indicar las razones en que se funda, en la comunicación en que anuncie su decisión de efectuar la suspensión.

En caso de entender que esta medida es excesiva, la Parte reclamada podrá solicitar al mismo Tribunal Arbitral que emitió el laudo, que se pronuncie en torno a la equivalencia de dicha medida con respecto al perjuicio sufrido. El Tribunal dispondrá de un plazo de treinta días a partir de su constitución para pronunciarse sobre esta cuestión. Asimismo, la Parte reclamada comunicará sus objeciones a la otra Parte y a la Comisión (artículos 34 y 35).

i. Gastos.

Se consideran gastos del Tribunal Arbitral los relativos a la compensación pecuniaria del Presidente y de los demás árbitros, los gastos de pasajes, traslados, viáticos, notificaciones y otras erogaciones que demande el procedimiento. La compensación pecuniaria que corresponde a cada uno de los árbitros, incluyendo al Presidente, deberá acordarse por las Partes y convenirse con los árbitros dentro de los cinco días siguientes a la designación del Presidente. Cada Parte sufragará los gastos generados por la actuación del árbitro designado por ella. Salvo decisión contraria del Tribunal, la compensación pecuniaria del Presidente y los demás gastos que demande el procedimiento, deberán sufragarse en montos iguales por las Partes (artículo 36).

II.6. Disposiciones generales.

II.6.1. Comunicaciones.

Las comunicaciones que se realicen entre el MERCOSUR o sus Estados Partes y la República de Chile, se cursarán a la Presidencia Pro-Tempore (en el caso del MERCOSUR) o a los Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común (si la Parte en la controversia está constituida por uno o más Estados Partes del MERCOSUR) y en el caso de la República de Chile, a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (artículo 37).

Las comunicaciones dirigidas a la Comisión implican a su vez comunicaciones a todas las Partes Signatarias (artículo 38).

II.6.2. Plazos.

Los plazos a que hace referencia este Protocolo se consideran expresados en días corridos. Cuando los mismos se inicien o venzan en día sábado o domingo, comenzarán a correr o vencerán el día lunes siguiente (artículo 39).

II.6.3. Principio de reserva.

Tanto los documentos, como las actuaciones relativas al procedimiento, como las sesiones del Tribunal Arbitral tienen carácter reservado. La única excepción a este principio está constituida por los laudos emitidos por el Tribunal Arbitral (artículo 41).

II.6.4. Otros modos de conclusión de la controversia.

La controversia podrá concluir, en cualquier momento del procedimiento:

a) por el desistimiento de la Parte reclamante; o

b) por haberse logrado una transacción entre las Partes.

En cualquiera de los dos casos, deberá comunicarse dicha circunstancia a la Comisión Administradora o al Tribunal Arbitral, según cual sea la etapa en que se encuentra el procedimiento, a fin de que se adopten las medidas correspondientes (artículo 42).

Por lo expuesto, y con la finalidad de obtener una regulación definitiva en la materia objeto del Protocolo para los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Chile, el Poder Ejecutivo estima de singular importancia la entrada en vigor del presente instrumento jurídico internacional, por lo que se solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, DIDIER OPERTTI, ALBERTO BENSIÓN.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Vigesimoprimer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 entre los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno de Chile (ACE Nº 35) y su Anexo ("Régimen de Solución de Controversias"), suscrito en la ciudad de Montevideo, el 19 de octubre de 1999.

Montevideo, 21 de mayo de 2002.

DIDIER OPERTTI, ALBERTO BENSIÓN

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Vigesimoprimer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 entre los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno de Chile (ACE Nº 35) y su Anexo ("Régimen de Solución de Controversias"), suscrito en la ciudad de Montevideo, el 19 de octubre de 1999.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 1º de abril de 2003.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario

TEXTO DEL ACUERDO

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, en su condición de Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), por una parte, y de la República de Chile, por la otra, acreditados por sus respectivos Gobiernos según poderes que fueron otorgados en buena y debida forma, depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación.

CONSIDERANDO Que según lo establecido en el artículo 22 del ACE Nº 35 MERCOSUR-Chile, las Partes han concluido las negociaciones necesarias para definir y acordar un procedimiento arbitral,

CONVIENEN:

Artículo 1º.- Aprobar el "Régimen sobre Solución de Controversias" que figura como Anexo del presente Protocolo y forma parte del mismo.

Artículo 2º.- El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha en que la Secretaría General comunique a las Partes la recepción de la última notificación relativa al cumplimiento de las disposiciones legales internas para su puesta en vigor.

La Secretaría General de la Asociación será depositaria del presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos signatarios.

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los diecinueve días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.

(SIGUEN FIRMAS)

ANEXO

RÉGIMEN DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

CAPÍTULO I

PARTES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y la República de Chile, serán denominados Partes Signatarias. Las Partes Contratantes del presente Protocolo son el MERCOSUR y la República de Chile.

Artículo 2

Las controversias que surjan con relación a la interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Nº 35 celebrado entre el MERCOSUR y la República de Chile –ACE Nº 35–, en adelante denominado "Acuerdo", y de los protocolos e instrumentos suscritos o que se suscriban en el marco del mismo, serán sometidas al procedimiento de solución de controversias establecido en el presente Protocolo.

No obstante, las controversias que surjan con relación a la interpretación, aplicación o incumplimiento del artículo 15, Título V del "Acuerdo", podrán ser sometidas, si las Partes así lo acuerdan durante la etapa de negociación directa, al procedimiento establecido en este Protocolo Adicional o al previsto en el Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias que forma parte del Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio (OMC).

De no existir acuerdo entre las Partes, la decisión será adoptada por la reclamante, en el entendido que una vez iniciada la acción, el foro seleccionado será excluyente y definitivo.

Artículo 3

A los efectos del presente Protocolo, podrán ser Partes en la controversia, en adelante denominadas "Partes", ambas Partes Contratantes, es decir, el MERCOSUR y la República de Chile, así como uno o más Estados Partes del MERCOSUR y la República de Chile.

CAPÍTULO II

NEGOCIACIONES DIRECTAS

Artículo 4

Las Partes procurarán resolver las controversias a que hace referencia el artículo 2 mediante la realización de negociaciones directas, que permitan llegar a una solución mutuamente satisfactoria.

Las negociaciones directas serán conducidas, en el caso del MERCOSUR, a través de la Presidencia Pro-Témpore o los Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común, según corresponda, y en el de la República de Chile, a través de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en adelante DIRECON.

Las negociaciones directas podrán estar precedidas por consultas recíprocas entre las Partes.

Artículo 5

Para iniciar el procedimiento cualquiera de las Partes solicitará, por escrito, a la otra Parte, la realización de negociaciones directas, especificando los motivos y lo comunicará a las Partes Signatarias, a la Presidencia Pro-Témpore y a DIRECON.

Artículo 6

La Parte que reciba la solicitud de celebración de negociaciones directas deberá responder a la misma dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de su recepción.

Las Partes intercambiarán las informaciones necesarias para facilitar las negociaciones directas y darán a esas informaciones tratamiento reservado.

Estas negociaciones no podrán prolongarse por más de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud formal de iniciarlas, salvo que las Partes acuerden extender ese plazo hasta por un máximo de quince (15) días adicionales.

CAPÍTULO III

INTERVENCIÓN DE LA
COMISIÓN ADMINISTRADORA

Artículo 7

Si en el plazo indicado en el artículo 6 no se llegara a una solución mutuamente satisfactoria o si la controversia se resolviera solo parcialmente, cualquiera de las Partes podrá solicitar por escrito que se reúna la Comisión Administradora, en adelante "Comisión", para tratar el asunto.

Esta solicitud deberá contener las circunstancias de hecho y los fundamentos jurídicos relacionados con la controversia, indicando las disposiciones del Acuerdo, Protocolos Adicionales e instrumentos suscritos en el marco del mismo.

Artículo 8

La Comisión deberá reunirse dentro de los treinta (30) días, contados a partir de la recepción por todas las Partes Signatarias de la solicitud a que se refiere el artículo anterior.

A los efectos del cómputo del plazo señalado en el párrafo anterior, las Partes Signatarias acusarán recibo, de inmediato, de la referida solicitud.

Artículo 9

La Comisión podrá acumular, por consenso, dos o más procedimientos relativos a los casos que conozca solo cuando, por su naturaleza o eventual vinculación temática, considere conveniente examinarlos conjuntamente.

Artículo 10

La Comisión evaluará la controversia y dará oportunidad a las Partes para que expongan sus posiciones y, si fuere necesario aporten información adicional, con miras a llegar a una solución mutuamente satisfactoria.

La Comisión formulará las recomendaciones que estime pertinentes, a cuyos efectos dispondrá de un plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de su primera reunión.

Cuando la Comisión estime necesario el asesoramiento de expertos para formular sus recomendaciones, o así lo solicite cualquiera de las Partes, ordenará, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la conformación de un Grupo de Expertos, en adelante "Grupo", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, aplicándose en tal caso el procedimiento previsto en el artículo 16.

Artículo 11

Para los efectos previstos en el inciso final del artículo 10, cada una de las Partes Signatarias comunicará a la Comisión una lista de diez expertos, cuatro de los cuales no serán nacionales de ninguna de las Partes Signatarias, en el plazo de treinta (30) días a partir de la entrada en vigor de este Protocolo.

La lista estará integrada por personas de reconocida competencia en las materias relacionadas con el Acuerdo.

Artículo 12

La Comisión constituirá la lista de expertos en base a las designaciones de las Partes Signatarias mediante comunicaciones mutuas. La lista y sus modificaciones serán notificadas a la Secretaría General de la ALADI, a los efectos de su depósito.

Artículo 13

El Grupo se conformará de la siguiente manera:

a) Dentro de los diez (10) días posteriores a la solicitud de conformación del Grupo, cada Parte designará un experto de la lista a que se refiere el artículo anterior.

b) Dentro del mismo plazo las Partes designarán de común acuerdo un tercer experto de los que integran la aludida lista, el cual no será nacional de ninguna de las Partes Signatarias y coordinará las actuaciones del Grupo.

c) Si las designaciones a que se refieren los literales anteriores no se realizaren dentro del plazo previsto, estas serán efectuadas por sorteo por la Secretaría General de la ALADI, a pedido de cualquiera de las Partes, de entre los expertos que integran la lista mencionada en el artículo anterior.

d) Las designaciones previstas en los literales a), b) y c) del presente artículo, serán comunicadas a las Partes Contratantes.

Artículo 14

No podrán actuar como expertos personas que hubieran intervenido bajo cualquier forma en las etapas anteriores del procedimiento o que no tuvieran la necesaria independencia en relación con las posiciones de las Partes.

En el ejercicio de sus funciones los expertos deberán actuar con independencia técnica e imparcialidad.

Artículo 15

Los gastos derivados de la actuación del Grupo serán sufragados por las Partes por montos iguales.

Dichos gastos comprenden la compensación pecuniaria por su actuación y los gastos de pasaje, costos de traslado, viáticos y otras erogaciones que demande su labor.

La compensación pecuniaria a que se refiere el párrafo anterior será acordada por las Partes y convenida con los expertos en un plazo que no podrá superar los cinco (5) días siguientes a su designación.

Artículo 16

En un plazo de treinta (30) días contados a partir de la comunicación de la designación del tercer experto, el Grupo deberá remitir a la Comisión su informe conjunto o las conclusiones de sus integrantes, cuando no alcance la unanimidad para emitir su informe.

El informe del Grupo o las conclusiones de los expertos se comunicarán a la Comisión en la forma prevista en el artículo 37, la que dispondrá de un plazo de quince (15) días, contados a partir del día siguiente al de su recepción, para emitir sus recomendaciones.

Artículo 17

La Comisión fijará un plazo no superior a quince (15) días a fin de que las Partes evalúen el resultado del informe o las conclusiones del Grupo y las recomendaciones de la Comisión a que se refieren los artículos 10 ó 16, en su caso, con el objeto de lograr un arreglo.

Si las Partes no llegaran a una solución mutuamente satisfactoria dentro del plazo antes mencionado, se dará de inmediato por terminada la etapa del procedimiento prevista en el presente Capítulo.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTO ARBITRAL

Artículo 18

Cuando la controversia no hubiera podido solucionarse mediante la aplicación de los procedimientos previstos en los Capítulos II y III, no se hubiesen ejercido los derechos previstos a favor de las Partes, o hubiesen vencido los plazos previstos en dichos capítulos sin cumplirse los trámites correspondientes, cualquiera de las Partes podrá decidir someterla al procedimiento arbitral contemplado en el presente Capítulo, a cuyos efectos comunicará dicha decisión a la otra Parte, a la Comisión y a la Secretaría General de la ALADI.

Artículo 19

Las Partes Signatarias declaran reconocer como obligatoria, ipso facto y sin necesidad de acuerdo especial, la jurisdicción del Tribunal Arbitral que en cada caso se constituya para conocer y resolver las controversias a que se refiere el presente Protocolo.

Artículo 20

En el plazo de treinta (30) días a partir de la entrada en vigor de este Protocolo cada una de las Partes Signatarias designará doce árbitros, cuatro de los cuales no serán nacionales de ninguna de las Partes Signatarias, para integrar la lista de árbitros. La lista de árbitros y sus sucesivas modificaciones deberá ser comunicada a las demás Partes Signatarias y a la Secretaría General de la ALADI, a efectos de su depósito.

Los árbitros que integren la lista a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser juristas de reconocida competencia en las materias que puedan ser objeto de controversia.

A partir del momento en que una Parte hubiera comunicado a la otra Parte su intención de recurrir al Tribunal Arbitral según lo dispuesto en el artículo 18 del presente Protocolo, no podrá modificar para ese caso la lista a que se refiere el párrafo primero de este artículo.

Artículo 21

El Tribunal Arbitral ante el cual se sustanciará el procedimiento, estará compuesto por tres árbitros de los que integran la lista a que se hace referencia en el artículo 20.

El Tribunal Arbitral se conformará de la siguiente manera:

a) Dentro de los veinte (20) días posteriores a la comunicación a la otra Parte a que se refiere el artículo 18, cada Parte designará un árbitro y su suplente de la lista mencionada en el artículo 20.

b) Dentro del mismo plazo las Partes designarán de común acuerdo un tercer árbitro y su suplente de la referida lista del artículo 20 quien presidirá el Tribunal Arbitral. Esta designación deberá recaer en personas que no sean nacionales de las Partes Signatarias.

c) Si las designaciones a que se refieren los literales anteriores no se realizaren dentro del plazo previsto estas serán efectuadas por sorteo por la Secretaría General de la ALADI a pedido de cualquiera de las Partes de entre los árbitros que integran la mencionada lista.

d) Las designaciones previstas en los literales a), b) y c) del presente artículo deberán ser comunicadas a las Partes Contratantes.

Los miembros suplentes sustituirán al titular en caso de incapacidad o excusa de este para formar el Tribunal Arbitral, sea en el momento de su integración o durante el curso del procedimiento.

Artículo 22

No podrán actuar como árbitros personas que hubieran intervenido bajo cualquier forma en las fases anteriores del procedimiento o que no tuvieren la necesaria independencia con relación a los Gobiernos de las Partes.

Artículo 23

Para el caso en que se decida la acumulación, en los términos previstos en el artículo 10, si pasan a intervenir en la controversia otras Partes Signatarias, estas deberán unificar su representación ante el Tribunal Arbitral y, por ende, designarán un solo árbitro, de común acuerdo en el plazo establecido en el artículo 21, párrafo 2, literal a).

Artículo 24

El Tribunal Arbitral fijará su sede, en cada caso, en el territorio de alguna de las Partes Signatarias.

El Tribunal deberá adoptar sus propias reglas de procedimiento sobre la base de los lineamientos generales que apruebe la Comisión en la primera reunión siguiente a la entrada en vigor del presente Protocolo.

Tales reglas y lineamientos generales garantizarán que cada una de las Partes tenga plena oportunidad de ser escuchada y de presentar sus pruebas y argumentos y también asegurarán que los procesos se realicen en forma expedita.

Artículo 25

Las Partes designarán sus representantes ante el Tribunal Arbitral y podrán nombrar asesores para la defensa de sus derechos.

Todas las notificaciones que el Tribunal Arbitral efectúe a las Partes serán dirigidas a los representantes designados. Hasta que las Partes designen sus representantes ante el Tribunal, las notificaciones se realizarán en la forma prevista por el artículo 37.

Artículo 26

Las Partes informarán al Tribunal Arbitral sobre las instancias cumplidas con anterioridad al procedimiento arbitral y presentarán los fundamentos de hecho y de derecho de sus respectivas posiciones.

Artículo 27

A solicitud de una de las Partes y en la medida en que existan presunciones fundadas de que el mantenimiento de la situación ocasionaría daños graves e irreparables a una de las Partes, el Tribunal Arbitral podrá dictar las medidas provisionales que considere apropiadas, según las circunstancias y en las condiciones que el propio Tribunal establezca, para prevenir tales daños.

Las Partes cumplirán inmediatamente, o en el plazo que el Tribunal Arbitral determine, cualquier medida provisional la que se extenderá hasta tanto se dicte el laudo a que se refiere el artículo 30.

Artículo 28

El Tribunal Arbitral decidirá la controversia sobre la base de las disposiciones del Acuerdo, Protocolos Adicionales y los instrumentos firmados en el marco del mismo y los principios y disposiciones del derecho internacional aplicables en la materia.

Lo establecido en el presente artículo no restringe la facultad del Tribunal Arbitral de decidir la controversia ex aequo et bono, si las Partes así lo convinieran.

Artículo 29

El Tribunal Arbitral tomará en consideración los argumentos presentados por las Partes, las pruebas producidas y los informes recibidos, sin perjuicio de otros elementos que considere conveniente.

Artículo 30

El Tribunal Arbitral emitirá su laudo por escrito en un plazo de sesenta (60) días, a contar de su constitución, la que se formalizará a los quince (15) días de haber aceptado el presidente su designación.

El plazo antes indicado podrá ser prorrogado por un máximo de treinta (30) días lo que se notificará a las Partes.

El laudo arbitral se adoptará por mayoría, será fundamentado y suscrito por los miembros del Tribunal. Estos no podrán fundamentar votos en disidencia y deberán mantener la confidencialidad de la votación.

Artículo 31

El laudo arbitral deberá contener necesariamente los siguientes elementos, sin perjuicio de otros que el Tribunal Arbitral considere conveniente:

I. indicación de las Partes en la controversia;

II. el nombre, la nacionalidad de cada uno de los miembros del Tribunal Arbitral y la fecha de su conformación;

III. los nombres de los representantes de las Partes;

IV. el objeto de la controversia;

V. un informe del desarrollo del procedimiento arbitral, incluyendo un resumen de los actos practicados y de las alegaciones de cada una de las Partes;

VI. la decisión alcanzada con relación a la controversia, consignando los fundamentos de hecho y de derecho;

VII. la proporción de los costos del procedimiento arbitral que corresponderá cubrir a cada Parte;

VIII. la fecha y el lugar en que fue emitido; y

IX. la firma de todos los miembros del Tribunal Arbitral.

Artículo 32

Los laudos arbitrales son inapelables, obligatorios para las Partes a partir de la recepción de la respectiva notificación y tendrán respecto de ellas fuerza de cosa juzgada.

Los laudos deberán ser cumplidos en un plazo de treinta (30) días, a menos que el Tribunal Arbitral establezca uno diferente.

Artículo 33

Cualquiera de las Partes podrá solicitar, dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación del laudo, una aclaración del mismo o una interpretación sobre la forma en que deberá cumplirse.

El Tribunal Arbitral se pronunciará dentro de los quince (15) días subsiguientes.

Si el Tribunal Arbitral considerara que las circunstancias lo exigen, podrá suspender el cumplimiento del laudo hasta que decida sobre la solicitud presentada.

Artículo 34

Si dentro del plazo establecido en el artículo 32 no se hubiera dado cumplimiento al laudo arbitral o se hubiera cumplido parcialmente, la Parte reclamante podrá comunicar a las demás Partes Signatarias, por escrito, su decisión de suspender temporalmente a la Parte reclamada, concesiones u otras obligaciones equivalentes, tendientes a obtener el cumplimiento del laudo.

La Parte reclamante intentará, en primer lugar, suspender las concesiones u otras obligaciones relativas al mismo sector o sectores afectados. Si la Parte reclamante considera impracticable o ineficaz la aplicación de dicha medida, podrá suspender otras concesiones u obligaciones, debiendo indicar las razones en que se funda en la comunicación en que anuncie su decisión de efectuar la suspensión.

En caso de que la Parte reclamada considere excesiva la suspensión de concesiones u obligaciones adoptadas por la Parte reclamante, podrá solicitar al Tribunal Arbitral que emitió el laudo que se pronuncie respecto a si la medida adoptada es equivalente al grado de perjuicio sufrido, disponiendo para ello de un plazo de treinta (30) días contados a partir de su constitución.

La Parte reclamada comunicará sus objeciones a la otra Parte y a la Comisión.

Artículo 35

En caso de producirse las situaciones a que se refieren los artículos 33 y 34, estas deberán ser resueltas por el mismo Tribunal Arbitral que dictó el laudo.

Cuando el Tribunal Arbitral no pueda constituirse con los miembros originales, titulares y suplentes, para completar su integración se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 21.

Artículo 36

Los gastos del Tribunal Arbitral comprenden la compensación pecuniaria del Presidente y de los demás árbitros así como los gastos de pasajes, costos de traslado, viáticos, notificaciones y demás erogaciones que demande el arbitraje.

La compensación pecuniaria del Presidente del Tribunal Arbitral, así como la que corresponde a cada uno de los demás árbitros, será acordada por las Partes y convenida con los árbitros en un plazo que no podrá superar los cinco (5) días siguientes a la designación del Presidente del Tribunal.

Cada Parte sufragará los gastos ocasionados por la actuación del arbitro designado por ella. La compensación pecuniaria que corresponde al Presidente del Tribunal y los demás gastos que demande el arbitraje, serán sufragados en montos iguales por las Partes, a menos que el Tribunal decidiere distribuirlos en distinta proporción.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 37

Las comunicaciones que se realicen entre el MERCOSUR o sus Estados Partes y la República de Chile, deberán ser cursadas, en el caso del MERCOSUR, a la Presidencia Pro-Témpore o a los Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común, según corresponda, y en el de la República de Chile, a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 38

Las referencias realizadas en el presente Protocolo a las comunicaciones dirigidas a la Comisión implican comunicaciones a todas las Partes Signatarias.

Artículo 39

Los plazos a que se hace referencia en este Protocolo, se entienden expresados en días corridos y se contarán a partir del día siguiente al acto o hecho al que se refiere. Cuando el plazo se inicie o venza en día sábado o domingo, comenzará a correr o vencerá el día lunes siguiente.

Artículo 40

Los integrantes del Grupo y del Tribunal Arbitral, al aceptar su designación, asumirán por escrito el compromiso de actuar de conformidad con las disposiciones de este Protocolo y, en especial, de los artículos 14 y 22 del mismo, respectivamente. Dicho compromiso escrito se dirigirá a la Secretaría General de la ALADI.

La Comisión en la primera reunión siguiente a la entrada en vigor del presente Protocolo elaborará los textos de las declaraciones de compromiso a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 41

Toda la documentación y las actuaciones vinculadas al procedimiento establecido en este Protocolo, así como las sesiones del Tribunal Arbitral, tendrán carácter reservado, excepto los laudos del Tribunal Arbitral.

Artículo 42

En cualquier etapa del procedimiento, la Parte que presentó el reclamo podrá desistir del mismo, o las Partes podrán llegar a una transacción, dándose por concluida la controversia en ambos casos. Los desistimientos o las transacciones deberán ser comunicados a la Comisión o al Tribunal Arbitral, según el caso, a efectos de que se adopten las medidas necesarias que correspondan.

Artículo 43

El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha en que la Secretaría General comunique a las Partes la recepción de la última notificación relativa al cumplimiento de las disposiciones legales internas para su puesta en vigor.

(SIGUEN FIRMAS)

ACTA DE RECTIFICACIÓN

En la ciudad de Montevideo, a los once días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, la Secretaría General en uso de las facultades que le confiere la Resolución 30 del Comité de Representantes como depositaria de los Acuerdos y Protocolos suscritos por los Gobiernos de los países miembros de la Asociación, y de conformidad con lo establecido en su artículo tercero, hace constar:

Primero.- Que la Secretaría General advirtió la existencia de errores dactilográficos en la versión en español del Vigesimoprimer Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica Nº 35, suscrito entre los Gobiernos de los Estados Parte del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Chile con fecha 19 de octubre de 1999.

Segundo.- Que dichos errores se registran en el texto del Régimen de Solución de Controversias anexo al referido Protocolo, y consisten en lo siguiente:

a) En el primer párrafo del Artículo 20 se expresa "...deberá ser comunica a las demás..." en lugar de "...deberá ser comunicada a las demás...";

b) El segundo párrafo del Artículo 21 comienza expresando "El Tribuna Arbitral..." cuando debió decir "El Tribunal Arbitral...", y

c) En el segundo párrafo del Artículo 34 al referirse a la suspensión de concesiones u otras obligaciones establece "Si... la aplicación de dicha medidas..." cuando esta última palabra debió expresarse en singular.

Tercero.- Que lo que antecede fue puesto en conocimiento de las Representaciones de los países signatarios y dada su naturaleza, esta Secretaría General procede a testar en la versión en español del anexo del Vigesimoprimer Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 las palabras "comunica" en el Artículo 20, "Tribuna" en el Artículo 21 y "medidas" en el artículo 34, e interlinear en su lugar "comunicada", "Tribunal" y "medida", respectivamente.

Y para constancia, expide esta Acta de Rectificación en el lugar y fecha indicados, en sendos originales en idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.

15 de noviembre de 1999.

(SIGUEN FIRMAS)"

Anexo I al
Rep. Nº 1244

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Asuntos Internacionales

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión tiene el agrado de poner a consideración del plenario de la Cámara de Representantes el presente informe acerca del Vigésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 entre los Gobiernos de los Estados Parte del MERCOSUR y el Gobierno de Chile y su Anexo "Régimen de solución de controversias".

La finalidad de este régimen es el establecimiento de mecanismos definitivos para resolver las posibles diferencias que se susciten en torno a la interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones de dicho Acuerdo de Complementación, los Protocolos y otros instrumentos ya suscritos o a suscribir en el futuro en el marco del mismo.

También se establece que, en cuanto a la aplicación de medidas compensatorias o antidumping destinadas a contrarrestar los efectos perjudiciales de la competencia desleal, las Partes Signatarias se ajustarán en sus legislaciones y reglamentos a los Compromisos y Acuerdos de la OMC.

Pueden ser partes en las controversias, el MERCOSUR y la República de Chile, como esta última y uno o más Estados Partes del MERCOSUR.

El Régimen de Solución de Controversias prevé tres instancias sucesivas:

A) Negociaciones directas, de carácter obligatorio, y previo al funcionamiento de las demás instancias. Dirigidas por la Presidencia Pro-Témpore del MERCOSUR, si este es Parte, los Coordinadores Generales del Grupo Mercado Común, si la controversia se traba con uno o más Estados Partes, o la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, en su caso.

B) Intervención de la Comisión Administradora, que corresponde solo en caso de no llegar a acuerdo por medio de las negociaciones directas dentro del plazo previsto por el artículo 6, o de que haya habido acuerdo parcial.

C) El procedimiento arbitral corresponde si la controversia no pudo resolverse mediante los procedimientos mencionados precedentemente, o si hubieran vencido los plazos indicados para ambas instancias sin cumplirse los trámites correspondientes, o si no se hubiesen ejercido los derechos previstos por las Partes. Este procedimiento es obligatoriamente necesario toda vez que una Parte lo comunique a la otra para que comience, quedando reconocida la jurisdicción del Tribunal Arbitral por la aprobación de este instrumento. El Tribunal se integra con tres miembros de una lista de expertos de reconocida competencia en materias que puedan ser objeto de controversia, nutrida con la designación de doce ciudadanos dicha competencia que realice cada una de las Partes Signatarias. El laudo arbitral será fundado y deberá constar por escrito, adoptado por mayoría y suscrito por todos los integrantes del Tribunal, dentro de los sesenta días de su constitución. Admite solo el recurso de aclaración o interpretación sobre la forma en que debe ser cumplido. Si el cumplimiento no se hubiere verificado dentro de los treinta días de la aprobación del laudo, se procederá a la suspensión temporal por la Parte reclamante de las concesiones u otras obligaciones equivalentes a la Parte reclamada, o que deberá comunicarse por escrito fundado de las demás Partes Signatarias. Salvo los laudos, todas las actuaciones del Tribunal Arbitral son reservadas. La controversia puede concluir por desistimiento o por haberse logrado una transacción entre las Partes.

Vuestra Comisión sugiere a la Cámara la aprobación de la iniciativa aludida para hacer posible su pronta entrada en vigencia. No nos proponemos distraer más el tiempo del Cuerpo para señalar adjetivos laudatorios de estos mecanismos que tienden no solo a impedir el debilitamiento en las relaciones entre las naciones involucradas, sino a reforzar su bondad, mejorar su comercio, la economía de las partes involucradas, la calidad de vida de los pobladores de dichos Estados. En particular para nuestro país, estos acuerdos que establecen mecanismos de solución de controversias constituyen una garantía adicional a las establecidas en los tratados.

Sala de la Comisión, 5 de mayo de 2004.

JAIME MARIO TROBO, Miembro Informante, RAMÓN FONTICIELLA, DIEGO MARTÍNEZ, ARTURO HEBER FÜLLGRAFF, CARLOS PITA, ENRIQUE PINTADO".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

La Mesa informa que para la aprobación del artículo único se necesitan cincuenta votos conformes y en este momento no hay en Sala el quórum necesario. Por lo tanto, se aplaza su consideración.

21.-    Resoluciones relativas a pasividades dictadas por el Banco de Previsión Social. (Se determina su contenido y fundamentación).

Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: "Resoluciones relativas a pasividades dictadas por el Banco de Previsión Social. (Se determina su contenido y fundamentación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1469

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Fundamentación de las resoluciones).- Las resoluciones que dicte el Banco de Previsión Social (BPS) sobre las solicitudes de cualquiera de las prestaciones que sirve, deberán contener una pormenorizada fundamentación de las razones que las determinan.

Especialmente las resoluciones sobre Prestaciones Asistenciales No Contributivas por Invalidez (Pensiones por Invalidez), Jubilación por Discapacidad o Subsidio Transitorio por Discapacidad Parcial deberán establecer en su fundamentación, al menos:

A) Si el solicitante padece una afección física o mental, y para el caso afirmativo cuál o cuales.

B) Si la incapacidad se reputa absoluta y permanente para todo el trabajo o para el empleo o profesión habitual, estableciendo en este último caso el período máximo por el cual debe servirse la prestación correspondiente.

La fecha desde la que se considera que se configuró la incapacidad.

C) La normativa del Baremo aplicada en el caso concreto.

Artículo 2º. (Vigencia).- Las normas de la presente ley entrarán en vigencia a los treinta días de su promulgación.

Montevideo, 9 de octubre de 2003.

GUSTAVO SILVEIRA, Representante por Cerro Largo, LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Anima esta iniciativa la necesidad de brindarle mayor certeza y mejores posibilidades de defensa al solicitante de una prestación, y por lo tanto mayor justicia a la relación del ciudadano con el llamado brazo solidario de la sociedad uruguaya, el Banco de Previsión Social.

Mayor certeza, pues una pormenorizada fundamentación, especialmente en las resoluciones sobre las prestaciones asistenciales no contributivas por invalidez, genera certidumbre sobre las razones por las cuales al solicitante se le concede o no la prestación.

Mejores posibilidades de defensa, pues en la articulación de los recursos -que un ciudadano solicitante de una pensión por invalidez intente plantear contra una denegatoria, por ejemplo- nos encontramos frente a uruguayos en una situación socioeconómica en general muy difícil, que cuentan con diez días para conseguir un abogado, y el contar en la resolución con los elementos básicos que la deben fundamentar, muchas veces permitirá llegar a tiempo y con las razones procedentes.

Debemos dar un marco de actuación a los organismos públicos en sus relaciones con los ciudadanos, que mejoren las condiciones de equilibrio entre ambos y entendemos que la situación de los ciudadanos solicitantes de las prestaciones que pueda brindarles el Banco de Previsión Social, merece nuestro amparo y la vigilancia de que reciban la adecuada consideración.

Montevideo, 9 de octubre de 2003.

GUSTAVO SILVEIRA, Representante por Cerro Largo, LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones".

Anexo I al
Rep. Nº 1469

"Comisión de Seguridad Social

INFORME

Señores Representantes:

Anima esta iniciativa la necesidad de brindarle mayor certeza y mejores posibilidades de defensa al solicitante de una prestación, y por lo tanto mayor justicia a la relación del ciudadano con el llamado brazo solidario de la sociedad uruguaya, el Banco de Previsión Social.

Mayor certeza, pues una pormenorizada fundamentación, especialmente en las resoluciones sobre las prestaciones asistenciales no contributivas por invalidez, genera certidumbre sobre las razones por las cuales al solicitante se le concede o no la prestación.

Mejores posibilidades de defensa, pues en la articulación de los recursos -que un ciudadano solicitante de una pensión por invalidez intente plantear contra una denegatoria, por ejemplo- nos encontramos frente a uruguayos en una situación socioeconómica en general muy difícil, que cuentan con diez días para conseguir un abogado, y el contar en la resolución con los elementos básicos que la deben fundamentar, muchas veces permitirá llegar a tiempo y con las razones procedentes.

Debemos dar un marco de actuación a los organismos públicos en sus relaciones con los ciudadanos, que mejoren las condiciones de equilibrio entre ambos y entendemos que la situación de los ciudadanos solicitantes de las prestaciones que pueda brindarles el Banco de Previsión Social, merece nuestro amparo y la vigilancia de que reciban la adecuada consideración.

Sala de la Comisión, 12 de noviembre de 2003.

JOSÉ L. BLASINA, Miembro Informante, SCHUBERT GAMBETTA, GUSTAVO SILVEIRA.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Fundamentación de las resoluciones).- Las resoluciones que dicte el Banco de Previsión Social (BPS) sobre las solicitudes de cualquiera de las prestaciones que sirve, deberán contener una pormenorizada fundamentación de las razones que las determinan.

Especialmente las resoluciones sobre Prestaciones Asistenciales No Contributivas por Invalidez (Pensiones por Invalidez), Jubilación por Discapacidad o Subsidio Transitorio por Discapacidad Parcial deberán establecer en su fundamentación, al menos:

A) Si el solicitante padece afecciones físicas o mentales, y para el caso afirmativo cuál o cuáles.

B) Si la incapacidad se reputa absoluta y permanente para todo el trabajo o para el empleo o profesión habitual, estableciendo en este último caso el período máximo por el cual debe servirse la prestación correspondiente.

C) La fecha desde la que se considera que se configuró la incapacidad.

D) La normativa del baremo aplicada en el caso concreto.

Artículo 2º. (Vigencia).- Las normas de la presente ley entrarán en vigencia a los treinta días de su promulgación.

Sala de la Comisión, 12 de noviembre de 2003.

JOSÉ L. BLASINA, Miembro Informante, SCHUBERT GAMBETTA, GUSTAVO SILVEIRA".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Blasina.

SEÑOR BLASINA.- Señor Presidente: este proyecto de ley, que hemos aprobado por unanimidad en la Comisión de Seguridad Social, trata de lograr una mayor aproximación entre el Banco de Previsión Social y el conjunto de la población. Entre estos dos actores actualmente existe una distancia que consideramos esencial, puesto que conocemos múltiples ejemplos en los cuales la información es retaceada o, en muchos casos, ni siquiera existe. Por ejemplo, en las gestiones de pensiones por invalidez -en general, tramitadas por gente de escasos recursos- el Banco responde negativamente sin ningún tipo de fundamentación y la persona tiene diez días para recurrir el fallo. En ese plazo debe conseguir un abogado patrocinante y, si lo hace, este debe enfrentar la dificultad de presentar el recurso sin la fundamentación de la denegatoria. Esto se ha dado en muchos casos.

Otro ejemplo, para no abundar demasiado, se presenta cuando hay solicitudes de subsidio por incapacidad. Se sabe que el peticionante debe pasar por la junta médica, integrada por cuatro especialistas y que funciona regularmente como órgano que dictamina en base a lo que se suele llamar en términos técnicos el baremo, que es el porcentaje de incapacidad que se adjudica al peticionante.

Hay que tener en cuenta -y esto es algo extremadamente sensible- que el peticionante llega con una historia clínica, en general armada por especialistas, y la junta médica recibe los antecedentes, pero no realiza ningún tipo de indagatoria con los especialistas y dictamina por sí y ante sí el porcentaje de incapacidad. Este puede ser considerado justo o absolutamente arbitrario, puesto que no se conocen los fundamentos que aplica la junta médica para establecerlo. En algunos casos -diría en muchos- deja fuera de la posibilidad de acceder al subsidio por incapacidad a los peticionantes, con un agregado extremadamente delicado: los médicos tratantes, los especialistas, no saben por qué razón se estableció tal o cual porcentaje, puesto que no tienen ningún tipo de información de parte de la junta médica. De pronto, en función del porcentaje, la persona queda habilitada para volver a trabajar. En cambio, se dan casos en los que los especialistas, que son quienes tienen la responsabilidad de proseguir con el tratamiento, dictaminan que la persona no está habilitada para trabajar, pero quedan absolutamente desvalidos. Casos de este tipo suceden en cantidades.

En la exposición de motivos no quisimos abundar en los innumerables ejemplos puestos por todos los miembros de la Comisión que están vinculados con situaciones como las que acabo de describir.

Con este proyecto se plantea que el Banco de Previsión Social, sobre todo en estas situaciones delicadas, dé la información correspondiente; con el avance informático que ha alcanzado, no hay ninguna razón para que se presenten estas dificultades: lo único que debe mediar es la voluntad política para informar al involucrado como corresponde.

A veces da la sensación de que estamos en épocas pretéritas. Digo más: cuando no existía ni por asomo el avance informático actual, la entonces Caja de Jubilaciones brindaba información por lo menos un poco más amplia que hoy. Quiere decir que desde ese punto de vista hemos ido hacia atrás.

Por estas razones y por los múltiples elementos de juicio surgidos espontáneamente de personas que han sufrido esos inconvenientes y de las indagatorias que hemos realizado, la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Seguridad Social entendió que había sobrados motivos para plantear un proyecto de esta naturaleza.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: el tema del Banco de Previsión Social, de las pensiones y jubilaciones, tiene muchas cosas a favor, pero también muchas otras que deberíamos revisar. Esta es una de ellas. Este proyecto de ley fue redactado por el señor Diputado Gustavo Silveira, del Partido Colorado, quien luego nos invitó a firmarlo y así lo hicimos. Ahora nos alegra que toda la Comisión lo haya votado, pues consideramos que es de estricta justicia.

En primer lugar, las leyes se aplican en favor del administrado, o por lo menos así debería ser. Además, las leyes deberían generarse e interpretarse en favor del administrado, en este caso el que acude para solicitar una pensión o una jubilación. Cuando se le contesta, muchas veces se le dice que está denegada por un mero puntaje, porque no llegó a 66 puntos. A veces, como mucho y dependiendo del lugar, se le dicen dos o tres palabras que en algunos casos ni quienes somos abogados entendemos. Entonces, ¿qué va a hacer una persona que desea obtener una jubilación o una pensión, que es lega en términos jurídicos, que a veces ni siquiera sabe que tiene que recurrir a un abogado y se le pasan los plazos, porque en algunos casos son días hábiles y en otros son días corridos? Por supuesto que cuando llega, no le da el tiempo para hacer los descargos necesarios.

Por esa razón creo que esto es un avance.

Además, voy a aprovechar para pasar un mensaje a la Comisión y a la Cámara: hay dos o tres proyectos que residen en la Comisión de Seguridad Social y en la de Hacienda y que hacen referencia a los pasivos. El primero de ellos, que también es de autoría del señor Diputado Gustavo Silveira -y que tuve el gusto de acompañar-, refiere a que las jubilaciones o pensiones se paguen desde el momento en que se solicitan. ¿Cuánto tiempo están en Archivo, en Jurídica, en Pando, en la sede central de la Caja, allá o acá? Dos años, tres años, cuatro años, cinco años. Entonces, porque no hubo celeridad, esa jubilación o esa pensión se empieza a pagar tres años después.

Aspiramos a que este proyecto de ley también sea votado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión. Cuando digamos a la Caja de Jubilaciones, al funcionario, al Director o al Gerente: "Mire que esta pensión va a correr desde el día en que se solicitó", creo que la celeridad va a ser otra.

También tengo una preocupación enorme por aquella gente que sufre un accidente que le provoca una incapacidad y que, cuando va a pedir la pensión, se la deniegan argumentando que puede trabajar. Sin embargo, cuando va a tratar de obtener el carné de salud, le dicen que no es apto para trabajar. Entonces, parece mentira que en nuestro propio país, dos dependencias públicas, el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Salud Pública, no se pongan de acuerdo y uno de ellos diga: "Váyase, usted no está incapacitado para trabajar", pero el otro no le otorgue el carné de salud. Estas son cosas que van en contra del administrado y que se deben regular.

Disculpen que mencione un último proyecto que es de nuestra autoría, pero trata varias cosas y una de ellas es el vencimiento de las facturas. A veces, a los jubilados se le vencen las facturas cuando aún no cobraron. Lo mismo sucede con funcionarios públicos, ya sea de la Administración Central, de los entes autónomos, de los servicios descentralizados o de las Administraciones Municipales. Una vez más, el Estado es generador de injusticias, porque por un lado no paga las pasividades o las jubilaciones y, por otro, apura a través de sus entes autónomos y servicios descentralizados el pago de las tarifas.

Este proyecto también está en la Comisión de Seguridad Social. Por lo tanto, apelo a uno de sus miembros que está presente en Sala y también al señor Diputado Gustavo Silveira -que ha redactado este proyecto que hoy se ha presentado- para que se den los pasos necesarios a fin de que se otorgue este tipo de prestaciones a aquellos que necesitan de la solidaridad de nuestra sociedad.

SEÑOR DÍAZ .- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LACALLE POU.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ .- Señor Presidente: también voy a votar este proyecto de ley, pero hay algunas cosas que se podrían decir sobre este tema que no han sido expresadas en Sala.

La primera de ellas es que lo que paga este país en materia de incapacidad lo coloca -me atrevo a decirlo- en el primer lugar en el mundo, teniendo en cuenta la población y las personas sin capacidades a quienes el Estado les paga un subsidio. El país está pagando US$ 240:000.000 por año por este tipo de pasividades. Si bien uno no es médico, sino un lego en esta materia, a diario ve personas a las que no tiene sentido que no se les dé la pensión por incapacidad. Por eso me parece muy bien que existan garantías para que se dé un fundamento técnico, desde el punto de vista médico, cuando no se otorga la pensión solicitada, a fin de que la persona lo conozca.

Ahora, yo pregunto: ¿qué garantías tiene el Estado de que no le ocurra lo mismo que ya sucedió cuando, en un período de Gobierno de mi propio Partido, el número de discapacitados pasó de doce mil a sesenta mil? Para eso, ¿qué garantía hay? Los uruguayos que contribuimos diariamente con nuestros aportes, con nuestros impuestos, que terminamos pagando ese tipo de cosas, nos preguntamos si es verdad que de golpe aparecieran tantos discapacitados en el término de tres años.

Entonces, voy a votar este proyecto de ley, pero me parece que algún día habría que tener las garantías de que, cuando se otorgan pensiones por discapacidad que no corresponden, se apuren los controles y los médicos que certificaron eso tengan las sanciones profesionales, penales y otras que correspondan.

También es cierto que a partir de la aprobación de la reforma de la previsión social, las causales jubilatorias se han complicado y los ciudadanos tienen mas dificultades para hacer valer años trabajados. En la medida en que ello ocurre, también sucede que la presión política, o no política, social, asistencial o la que fuere para lograr pensiones por discapacidad, es muy fuerte contra el Banco de Previsión Social, contra las autoridades y contra los médicos de esa institución.

Entonces, si bien este proyecto de ley es necesario -porque todos diariamente vemos lo que a simple vista parecen flagrantes injusticias y queremos evitar que en esta materia se pretenda apretar los tornillos para que, como hay demasiada gente que cobra por discapacidad, sean pocos los que puedan acceder al sistema-, también es cierto que el Estado debería protegerse de profesionales y de administraciones que dispendiosamente declaran discapacidades. Después, si el régimen es permisivo, es muy difícil para un médico no poner una firmita y decir: "Este también va".

En este momento, tenemos más de setenta mil personas en estas condiciones. Pero también hay algunas que claramente están discapacitadas y que no pueden cobrar. ¡Es verdad! Yo lo he visto y me ha preocupado. Me parece injusto. Pero advierto: ¡cuidémonos de lo otro, de que el número de discapacitados en el país se dispare como ya sucedió, pasando de doce mil a sesenta mil en dos o tres años!

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Puede continuar el señor Diputado Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR AMEN VAGHETTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR AMEN VAGHETTI.- Señor Presidente: voy a acompañar con mi voto este proyecto de ley. Pienso que la iniciativa que la Comisión trae a Sala es buena.

Todos quienes estamos en esta actividad debemos haber sido consultados muchísimas veces por personas con historias médicas en las cuales -en esto no soy lego- se declaran incapacidades totales, y muchas veces no hay explicación de por qué luego otros profesionales, que no son especialistas en la materia, las niegan. Entonces, hay toda una zona gris en la cual es muy difícil para esa gente entender por qué si alguien con un título que tiene tanta validez como los de quienes integran la junta médica que revisa la situación, dice que tiene esas discapacidades, luego no le es otorgada la pensión. Creo que todo lo que tienda a hacer más transparente el mecanismo por el cual se otorgan o no las pensiones, estableciendo las fundamentaciones que deba haber, como establece este proyecto, en cuanto a los porcentajes del baremo que se aplican, sirve, por un lado, para defender los derechos de la gente que, lamentablemente, tiene que pedir este tipo de pensiones y, por otro, da seguridad al Estado y va a hacer que los profesionales tengan más cuidado en lo que ponen cuando emiten esos certificados.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR LACALLE POU.- ¡Que se suprima la lectura y se voten los artículos 1º y 2º en bloque!

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y tres en cuarenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 1º y 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

22.-     Llamado a Sala al señor Ministro de Economía y Finanzas.

¾ ¾ Dese cuenta de una moción presentada por el señor Diputado Bayardi.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se llame a Sala al señor Ministro de Economía y Finanzas a fin de recibir explicaciones sobre los hechos relacionados con la suspensión de actividades relativas a los Fondos de Recuperación de los Patrimonios de los ex Bancos Comercial, La Caja Obrera y de Montevideo, y la perspectiva planteada para los mismos, así como la anunciada subasta de parte de las carteras del Banco de Crédito, prevista para el próximo 24 de mayo".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

La Mesa se comunicará con el señor Ministro de Economía y Finanzas a los efectos de fijar la fecha del llamado a Sala.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: quisiera hacer algunas aclaraciones.

En primer lugar, hace quince o veinte minutos la bancada resolvió convocar al señor Ministro de Economía y Finanzas, motivada -como dice la moción- por la suspensión de actividades de los fondos de liquidación, decidida en la mañana de hoy y comunicada cerca del mediodía. Además, en una resolución de la que nos pudimos hacer hace apenas diez minutos -porque no se había hecho pública hasta ahora-, que es un comunicado del Banco Central, aparentemente se fundamentaría la convocatoria realizada a través de la Dirección Nacional del Trabajo. Por eso queremos entender el comunicado del Banco Central, haciendo referencia a una resolución adoptada por el Directorio del Banco Central el 14 de mayo, y referirnos a la situación actual de los Fondos de Recuperación de los Patrimonios de los Bancos Comercial, de Montevideo y La Caja Obrera, ya que las supervisoras de los Fondos de Recuperación de los Patrimonios, actuando conjuntamente con los liquidadores, habrían procedido a decretar este cierre en la mañana de hoy.

Esto lo resolvimos ahora, rápidamente, por ser esta la última sesión de mayo. Prácticamente no lo comunicamos a los señores coordinadores, ya que algunos no estaban en Sala o no pudimos localizarlos. Sí le comunicamos al señor Presidente que íbamos a proceder de esta manera.

Como el señor Presidente comprenderá, dentro del marco constitucional que tiene, esta situación reviste un carácter de urgencia, en primer lugar, por el cierre del fondo de liquidación -una especie de "lock ut" patronal- que se realizara en la mañana de hoy; en segundo término, por algunas consideraciones que han agravado el tema del comunicado; en tercer lugar, porque hay iniciativas llevadas adelante para la creación de un fondo para la administración de los fideicomisos a crearse con respecto al endeudamiento, tema que está a consideración de las respectivas bancadas y que fue presentado por un conjunto de gremiales en anterior oportunidad, y por la reafirmación en el comunicado del Banco Central de una línea de conducta a seguir, que consideramos inconveniente y que fuera ratificada por el Presidente de la República y por el señor Ministro de Economía y Finanzas.

Digo esto no solo a vía de fundamento de voto, sino también de disculpas por no haberlo comunicado a algunos coordinadores que no estaban en Sala en el momento; los buscamos, pero solo se lo comunicamos a tres.

Dejamos constancia de que el miembro interpelante designado por la bancada será el compañero Diputado Álvarez.

SEÑOR TROBO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: dejo constancia de que el sector del Herrerismo no fue informado previamente a la presentación de esta moción, razón por la cual no pudo evaluar su conveniencia o inconveniencia política.

SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: estoy en la misma tesitura que el señor Diputado Trobo. Con toda franqueza, una convocatoria a un Ministro de Economía y Finanzas por un tema de esta naturaleza... Perdóneseme, pero hay una cosa fantástica que el mundo ha generado -se la puedo mostrar; no sé si la tengo acá-, que es maravillosa y se llama celular. Me pueden pasar el mensaje a través del celular y si no me encuentran en el corredor, estoy en Sala; desde hoy temprano estoy en Sala.

Estamos llamando al Ministro de Economía y Finanzas nada menos que por un tema de una gravedad superlativa. Discrepo con esto, porque me parece que estas son las sesiones en las que en un clima semielectoral terminamos creando más nivel de tensión, en un tema en el que aspiro a que todos colaboremos para dar una mano. Son todas presunciones acerca de un comunicado del Banco Central, de un cierre, de un "lock out". No me parece que sea así. Respeto el derecho que tienen los legisladores de la oposición a convocar al señor Ministro y, naturalmente, entiendo el Reglamento y la ley, pero con toda franqueza, si tuviera la inquietud -como supongo que la debe tener la mayoría de los señores legisladores- de sacar adelante de la mejor forma el tema de los Bancos Comercial, La Caja Obrera y de Montevideo, y venimos acá a tensar una sesión, capaz que las chances son menores. Además, venimos acá y nos polarizamos todos, nos abroquelamos unos en una postura y otros en otra. Pero, bueno, cada uno construye su propia peripecia política. No recomendaría esto, porque mañana o pasado mañana vendrá el señor Ministro de Economía y Finanzas a una de nuestras Comisiones -no sé si a la de Presupuestos o a la de Hacienda-; ayer hablé con él. Si hubiera intención de franquear información, lo que corresponde es trabajar directamente en una Comisión. ¿Queremos montar una reunión de esta naturaleza? Me parece que reviste un grado de importancia.

Es lo que quería decir.

SEÑOR ÁLVAREZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ÁLVAREZ.- Señor Presidente: creo que el señor Diputado Bayardi ya dio las explicaciones, pero de todos modos nosotros queremos ahondar un poco más.

En realidad, este tema por el que va a ser convocado el señor Ministro de Economía y Finanzas venía siendo considerado por la Comisión de Hacienda y en su momento por la Comisión Permanente. Hay un proyecto de ley, elaborado por doce agremiaciones, que en este momento está a consideración de algunas bancadas; unas han expresado su acuerdo y otras han señalado dificultades. Sin embargo, esta iniciativa implica un trabajo serio del Parlamento. En ese sentido, la Comisión de Hacienda había proyectado para mañana la posibilidad de enviar una minuta de comunicación al señor Ministro, solicitándole que postergase cualquier tipo de medida hasta tanto el Parlamento tratara alguna salida. En el día de hoy nos encontramos con que el señor Ministro ha avanzado en la toma de medidas y eso es lo que ha obligado a esta bancada a solicitar su comparecencia.

Hemos tenido que dejar -no porque nosotros quisiéramos- el trabajo que se venía realizando en Comisión, porque el señor Ministro tomó medidas que lo vuelven ineficaz. Creemos que va a ser mucho más eficiente conversar con el señor Ministro en el plenario que volver a citarlo, con lo que la semana que viene podemos encontrarnos con otro hecho ya detonado, siendo cada vez más difícil lograr un consenso entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo en torno a un tema que no afecta a la oposición, sino a todos los uruguayos en su conjunto.

Muchas gracias.

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: he votado negativamente esta interpelación como una expresión política de que acompaño todas y cada una de las medidas que el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas han adoptado en esta materia, pero la verdad es que me parece que va a ser una excelente oportunidad para que el señor Ministro de Economía y Finanzas demuestre cómo AEBU se ha convertido en un instrumento que está impidiendo una lógica, razonable y justa liquidación de los diferentes bancos que han quedado en la situación que todos conocemos a partir de la crisis de agosto de 2002.

El Banco Central y el Gobierno, con las medidas que tomaron en el día de hoy, procuran llegar a saber lo mínimo, ¡lo mínimo!: ¿qué hay en las cajas de esos bancos? Son medidas que, por otra parte, se han desencadenado luego de que cuatro funcionarios que trabajaban en la intervención, todos afiliados a AEBU, fueran juzgados y condenados penalmente por un asunto de más de US$ 1:000.000.

Sin duda, este tema podrá ser debatido extensamente y en profundidad cuando se desarrolle la interpelación y, por lo tanto, no quiero adelantar argumentos. Pero sí digo que me parece muy bien que se esclarezca a fondo qué han hecho y qué han dejado de hacer, qué costo tiene para los ahorristas de esos bancos mantener la actual situación y el estado de cosas en las intervenciones.

Muchas gracias.

SEÑORA CHARLONE.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA CHARLONE.- Señor Presidente: el señor Diputado Álvarez se ha adelantado en algo a lo que queríamos exponer y reafirmamos sus palabras. Lo que sí decimos es que solicitamos este llamado a Sala al señor Ministro porque no queremos que se siga generando una lógica de hechos consumados, de hechos que pasan a toda velocidad, mientras que el Parlamento, discutiendo otros temas, queda de lado. Queremos por lo menos, con suerte o con mala suerte, tener la oportunidad de conocer información y decir si estamos o no de acuerdo con lo que se está haciendo.

La verdad es que el ámbito de las Comisiones a veces suele ser muy lento e inoperante para detener algunos temas. Con respecto al Banco de Crédito, fueron convocados el señor Ministro de Economía y Finanzas y el Banco Central, y basta leer las versiones taquigráficas para hacernos una idea de la escasísima información que se nos proporcionó. El argumento más fuerte que se manejó fue que lo público no puede administrar casi nada.

Para el Banco de Crédito existe una fecha tope, que es el 24 de mayo, día en que está previsto que se concrete la licitación de parte de las carteras. Hoy le preguntamos al señor Ministro cuáles son los pliegos, con qué condiciones, cómo está garantizada la cartera, qué valor tiene, y no pudo contestarnos. ¡Claro que estamos planteando que concurra al plenario a dar explicaciones! Y nos gustaría, y estaríamos casi exigiendo -aunque no es reglamentario, pero sí es nuestro derecho político- que sea antes del día 24 porque no queremos más lógica de hechos consumados. El señor Diputado Bayardi hacía referencia a que la resolución del Banco Central, con relación a la suspensión del proceso de recuperación de activos, fue tomada el 14 de mayo, y nos enteramos hoy, los legisladores como todos los uruguayos, de que el Banco La Caja Obrera tenía las puertas cerradas, que había guardia policial y que los trabajadores no podían ingresar. Si así se toman y se consolidan las decisiones políticas, ¿de qué consensos y de qué galanterías podemos hablar cuando uno en definitiva está viendo que al Parlamento le pasan por el costado elementos que para nosotros son esenciales y que hacen al patrimonio de muchísimos ahorristas, a la situación de muchísimos deudores y a la situación de muchos trabajadores? Estamos reclamando nuestro derecho.

Muchas gracias.

(Aplausos en la barra.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- La Mesa informa que si hay alguna otra manifestación de la barra, será desalojada, de acuerdo con lo que establece el Reglamento.

SEÑOR ORRICO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: espero que después de tan vehemente exposición de un señor Diputado del oficialismo, el señor Ministro de Economía y Finanzas, que parece que tiene tantos argumentos, venga aquí y los exponga, porque nosotros los desconocemos.

Se dio una situación de emergencia para una bancada opositora, en tanto se tomó una serie de medidas que pueden tener repercusiones muy graves. Por lo tanto, y dada tan fogosa exposición, esperemos que el señor Ministro no se tome todo el plazo que normalmente se toman para venir, y que mañana mismo esté aquí y, con toda esa andanada de argumentos que él tiene, nos convenza de que vamos por el camino correcto. Creo que acá hay una ideologización realmente terrible de toda la gestión del Estado, un Estado abandónico que parece que también pretende abandonar las cosas más elementales, como las liquidaciones de los bancos.

Nada más.

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: esperemos que mañana comparezca el señor Ministro Alfie, tal como ha sido votado.

Soy integrante de la Comisión de Hacienda y en ese ámbito hemos recibido durante el mes de abril al señor Ministro Alfie, al señor Presidente del Banco Central y a AEBU. Tuvimos una discusión que prácticamente es calcada de la que provoca esta nueva medida, o sea que ya advertimos al señor Ministro, en una actitud prudente, porque fue en la Comisión; casi diría que la mayoría de los colegas desconocen este debate fuerte que tuvimos hace menos de un mes. Consta en la versión taquigráfica; léanla.

De modo que el señor Ministro estaba claramente advertido, con relación al episodio anterior, que es la privatización de las carteras del Banco de Crédito -un episodio que en sí mismo es distinto, pero que está rodeado de elementos con características idénticas-, de que existía falta de argumentos, falta de interés de que el Parlamento sepa, falta de consideración para aportar datos; y se lo dijimos en la Comisión sin querer hacer ruido, intentando hacerlo con prudencia. Pero visto está que ni al señor Ministro ni al señor Presidente del Banco Central les sirven los argumentos prudentes. Y, bueno, hay que pasar a otras instancias, como la del llamado a Sala, para que sea interpelado.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: quisiera decir a los señores Diputados Trobo y Abdala -quien en este momento no se encuentra en Sala-, que son coordinadores, que cuando hice mi intervención expliqué los motivos de la urgencia de la resolución de mi bancada. No hubo ningún ánimo de tensar, en este contexto, la realidad política con este tema. Esto ni siquiera lo pudimos resolver en la mañana porque lo único de lo que nos enteramos hoy, martes, era de que se estaba cerrando el fondo de liquidación, y no teníamos los elementos con los que contamos a partir de esta tarde. Al conversar con el señor Presidente, tanto él como yo caímos en la cuenta de que había muchos otros legisladores con obligaciones políticas que iban a asumir dentro de poco, por lo que decidimos acelerar este proceso; el señor Presidente lo aceptó a mi solicitud. Si hay que pedir disculpas por esto, no tengo ningún problema en hacerlo. Hace quince años que estoy acá y no fue mi intención ocultar información sino acelerar este trámite, para lo cual se contaba con los votos suficientes en un momento determinado.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: desde hace un tiempo vengo notando una suerte de apartamiento de las normas constitucionales en materia de los contralores que debe ejercer el Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo, y no lo voy a callar más.

En el llamado a Sala al señor Ministro Cáceres, el Parlamento votó una resolución que no es acorde a la Constitución, por la cual se pretende mandatar al Ejecutivo acerca de las acciones que debe llevar adelante en materia portuaria. Las potestades de contralor están establecidas en la Constitución. Si hay una resolución del Poder Ejecutivo que el Parlamento entienda que es apartada de la ley, que llame a Sala al Ministro, pero entiendo que los Ministros no tienen por qué dar explicaciones previas de sus acciones. Las potestades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo están claramente establecidas. El Poder Ejecutivo tiene que actuar, y el Parlamento, si entiende que actúa mal, tiene la facultad de llamar a sus representantes a Sala, de interpelarlos y de censurarlos.

Desde hace algún tiempo vengo notando que cuando algún integrante del Poder Ejecutivo es citado a Comisión, si hay opiniones contrarias, tiene poco menos que frenar determinado tipo de resoluciones, de políticas o de acciones, y eso no es así. Las potestades de contralor están establecidas en la Constitución. Por vía de resoluciones que no tienen efecto jurídico, pretendemos mandatar al Poder Ejecutivo acerca de los pasos que debe dar. Esos no son los mecanismos y, cada vez que eso suceda, tenemos que decirlo claramente: se están adoptando resoluciones que exceden las potestades de contralor que tiene el Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, participé en la misma Comisión en la que estaba el señor Diputado Baráibar, y las explicaciones que dieron el Banco Central y luego el Poder Ejecutivo respecto de la política que se estaba siguiendo en lo que tiene que ver con los fondos de liquidación de los bancos, fueron claras y contundentes. La circunstancia de que hayan convencido o no a algunos parlamentarios no significa que esas explicaciones no hayan existido o que no haya habido suficientes razones para tomar una determinada resolución.

Me parece que correspondía que realizáramos algunas puntualizaciones y que no cabía dejar pasar determinadas afirmaciones formuladas en Sala.

Gracias, señor Presidente.

23.-    Portugal. (Designación a la Escuela Rural Nº 91 del departamento de Salto).

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día: "Portugal. (Designación a la Escuela Rural Nº 91 del departamento de Salto)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1113

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 17 de octubre de 2002.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese alto Cuerpo con el fin de someter a su consideración el proyecto de ley que se acompaña, por el cual se designa a la Escuela Nº 91 Rural del departamento de Salto, con el nombre de "Portugal".

La propuesta efectuada por la Dirección, la Comisión de Fomento y vecinos del centro escolar, cuenta con el informe favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente y por su intermedio a los demás miembros de ese alto Cuerpo.

LUIS HIERRO LÓPEZ, ANTONIO MERCADER.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Desígnase a la Escuela Nº 91 Rural del departamento de Salto, con el nombre "Portugal".

Montevideo, 17 de octubre de 2002.

ANTONIO MERCADER.

Anexo I al
Rep. Nº 1113

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes aconseja al Cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley, por el que se designa "Portugal" a la Escuela Nº 91 Rural del departamento de Salto.

La iniciativa del Poder Ejecutivo recoge la propuesta formulada por la Dirección, la Comisión de Fomento, vecinos y amigos del centro docente y también cuenta con el informe favorable de las autoridades correspondientes de la Administración Nacional de Educación Pública.

La presente propuesta de nominación significa de por sí un justo homenaje; en efecto, Portugal ha aportado una importante corriente inmigratoria al departamento de Salto, y particularmente, a la zona de chacras donde se asienta el local escolar: los pobladores son en su gran mayoría de origen portugués, por cuanto las familias que allí residen, todas ellas arraigadas y solidarias para con la escuela, son casi todas descendientes de los primeros portugueses que se asentaron en la zona en la década del 30, cuyos hijos han mostrado atributos de laboriosidad, honestidad, concepto de respeto y solidaridad social. Es oportuno, entonces, dar a la escuela el nombre de la madre patria de los lugareños, vecinos del centro educativo.

Designar a esta escuela con el nombre propuesto permitirá estrechar vínculos y reconocer los aportes que la colectividad portuguesa ha brindado al departamento de Salto y a la República toda.

Por lo expuesto precedentemente, se aconseja al plenario la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 23 de abril de 2003.

PABLO MIERES, Miembro Informante, ROQUE ARREGUI, NAHUM BERGSTEIN, JOSÉ CARLOS MAHÍA.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Desígnase "Portugal" la Escuela Rural Nº 91 del departamento de Salto, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de la Comisión, 23 de abril de 2003.

PABLO MIERES, Miembro Informante, ROQUE ARREGUI, NAHUM BERGSTEIN, JOSÉ CARLOS MAHÍA".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y uno en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y uno en cuarenta y dos: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

24.-      Meseta de Artigas. (Designación a la Escuela Rural Nº 86 de Colonia Baltasar Brum, camino de acceso a la Meseta de Artigas, departamento de Paysandú).

¾ ¾ Se pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del orden del día: "Meseta de Artigas (Designación a la Escuela Rural Nº 86 de Colonia Baltasar Brum, camino de acceso a la Meseta de Artigas, departamento de Paysandú)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1289

"CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.-Desígnase con el nombre "Meseta de Artigas" a la Escuela Rural Nº 86 de Colonia Baltasar Brum, camino de acceso a la Meseta de Artigas, departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 13 de mayo de 2003.

WALTER RIESGO
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario"

Anexo I al
Rep. Nº 1289

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura aconseja el pronunciamiento favorable del proyecto de ley aprobado por el Senado, por el que se designa "Meseta de Artigas", la Escuela Rural Nº 86 del departamento de Paysandú.

Dicha escuela se encuentra ubicada en el kilómetro 463 de la Ruta Nº 3, en la entrada que conduce a la Meseta de Artigas, a unos diez kilómetros de la misma.

Los sanduceros conocen a la mencionada escuela como "la escuela de la Meseta". Tanto maestra, alumnos, así como sus padres, están consustanciados con la histórica referencia geográfica, y con su significación.

La Meseta de Artigas es uno de los monumentos más destacados en todo el territorio nacional.

La pieza escultórica allí ubicada fue realizada por el italiano Juan Azzarini. La misma consta de tres partes: su base, labrada en piedras cuya forma es piramidal (diecinueve metros), la columna y plinto (veinte metros), capitel y busto de bronce (5,5 metros), hace que su visibilidad sea posible desde diez kilómetros.

Al ser esta escuela representativa de la primera de la Patria -la que fundara José Artigas, en Purificación en 1815- resulta de justicia la propuesta denominación.

Sala de la Comisión, 4 de junio de 2003.

BEATRIZ ARGIMÓN, Miembro Informante, HUGO E. CUADRADO, GABRIELA GARRIDO, PABLO MIERES, GLENDA RONDÁN".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Treinta y cinco en treinta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y seis en treinta y siete: AFIRMATIVA.

SEÑOR OBISPO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR OBISPO.- Señor Presidente: por este medio quiero manifestar mi satisfacción por la designación de la Escuela Rural Nº 86 con el nombre "Meseta de Artigas".

Todas estas cosas que últimamente han ido sucediendo con relación a nuestro departamento, como es la reivindicación de su pasado histórico, nos congratulan enormemente.

Sabemos que la Directora, los padres y los alumnos tienen por esta escuela y por ese lugar un cariño muy grande, por lo que nos parece de estricta justicia esta designación, por un lado, porque recoge el sentimiento de los vecinos y, por el otro, porque este lugar histórico del departamento ha pasado a ser una referencia y un homenaje a nuestro prócer.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Gallo Imperiale)

¾ ¾ Por lo tanto, me parece de estricta justicia la designación que se ha hecho hoy.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR MOLINELLI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MOLINELLI.- Señor Presidente: hemos votado afirmativamente y con mucha satisfacción este proyecto de ley que hace justicia a una larga aspiración de los vecinos, de los padres y de los alumnos que han concurrido a esta Escuela Rural Nº 86 del departamento de Paysandú. Esta escuela realmente está muy unida a lo que es la Meseta de Artigas. Por lo tanto, es muy justo que lleve este nombre porque por ella pasa el camino que nos conduce a este lugar de significado tan grande.

El año pasado sancionamos en el Parlamento una ley -que fue una iniciativa del querido colega lamentablemente fallecido, Diputado Laviña- en la que se daba mucha importancia al lugar en que estaba ubicado el campamento de Purificación, que está ligado a la Meseta de Artigas; no es el mismo lugar estratégico, pero está estrechamente relacionado con él. Entonces, reivindicar estos nombres en una escuela que está muy unida al lugar, sin duda es muy importante para lo que es el ser histórico de nuestro país y de nuestro departamento. Por eso, es un hecho muy significativo haber votado este nombre, "Meseta de Artigas", para la Escuela Rural Nº 86 de Paysandú.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: creo que voy a ser el único no sanducero que fundamente el voto.

Con mucho gusto damos nuestro voto para que la Escuela Nº 86, a la que anteriormente llamaban la escuela de Chapicuy, pase a llamarse "Meseta de Artigas".

Asigno mucha importancia a este lugar. En mi desempeño profesional trabajé en esa zona y conocí esa escuela. Esta es una zona ocupada por rusos y alemanes que se instalaron en estas tierras cuando el Instituto Nacional de Colonización las fraccionó. Esta escuela tiene una historia muy importante en materia de brindar educación a niños de familias rurales, de colonos, de campesinos; para ellos, la escuela, como ámbito de nucleamiento en el pago, fue muy importante. Es trascendental el rol social que cumple este tipo de escuela en la zona porque, además de cumplir el papel educativo natural que tiene para las familias campesinas que viven en las colonias, es motivo de reunión del vecindario.

Me parece que es bueno que la escuela y su labor se unan con la gesta artiguista y que finalmente sea denominada "Meseta de Artigas", lo cual, con justicia, en estas regiones, hace que se valorice la importancia de la escuela rural.

Por ese motivo, he votado con satisfacción este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

25.-     Reglamento de los Grupos de Amistad Interparlamentarios. (Aprobación).

¾ ¾ Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo término del orden del día: "Reglamento de los Grupos de Amistad Interparlamentarios. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1569

"PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

- Aprobar el Reglamento de los Grupos de Amistad Interparlamentarios.

- Comunicarlo a la Cámara de Senadores.

Reglamento de los Grupos de Amistad
Interparlamentarios

1º) Los Grupos de Amistad Interparlamentarios, en adelante los Grupos de Amistad, son órganos de trabajo interno del Parlamento uruguayo, cuyo propósito es contribuir con otros países al mutuo entendimiento político y a un estrechamiento de la cooperación en los campos: social, económico, comercial, cultural y político.

2º) La creación de los Grupos de Amistad procederá exclusivamente con aquellos países con los que la República Oriental del Uruguay mantiene relaciones diplomáticas o consulares, responderá a iniciativa de la o las Comisiones de Asuntos Internacionales, o a proposición de un señor Legislador, tramitada a la respectiva Comisión, previa constatación formal del interés recíproco de ambos Parlamentos, expresado por su Presidente o por el de alguna de sus Cámaras legislativas, por el Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales o por el Embajador acreditado ante nuestro Gobierno por el respectivo país.

Asimismo, podrán constituirse Grupos de Amistad con relación a aquellos organismos internacionales de los cuales la República es miembro, de acuerdo con la aprobación por vía legal de dicha membresía.

3º) La aprobación de la iniciativa por parte de una de las Comisiones de Asuntos Internacionales será puesta en conocimiento de su homóloga, y de existir acuerdo, se coordinará la constitución del Grupo de Amistad, en caso de no recibir respuesta en un plazo no mayor a los sesenta días, la Comisión proponente podrá constituir el mismo con legisladores de una sola Cámara.

4º) Los Grupos de Amistad serán integrados por los legisladores que cada partido proponga por escrito, con un máximo de cuatro por partido, quedando sujeto a la designación realizada conjuntamente por las Comisiones de Asuntos Internacionales, las que a estos efectos se reunirán, o por la Comisión de Asuntos Internacionales correspondiente, la que deberá ajustarse a la proporcionalidad de la representación parlamentaria.

Al menos un miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales de cada Cámara deberá integrar el Grupo de Amistad, cuando exista previo acuerdo, el que actuará como vínculo entre el Grupo de Amistad y las mencionadas Comisiones.

La o las Comisiones de Asuntos Internacionales podrán, por razones de interés para las relaciones internacionales, y fundamentadas, acordar otras formas de integrar los Grupos de Amistad, de lo que informarán a la o las Presidencias de las ramas legislativas.

5º) La integración del Grupo de Amistad deberá ser realizada dentro de los sesenta días de constituido el mismo, o dentro de los sesenta días de la apertura de cada Legislatura.

6º) Los miembros del Grupo de Amistad reunidos designarán un Presidente y dos Vicepresidentes, que ejercerán sus cargos por el término del período legislativo, pudiendo ser reelectos.

Ningún legislador podrá ser designado para presidir más de tres Grupos de Amistad simultáneamente.

Para dicha designación se tendrá especialmente en cuenta el equilibrio entre ambas Cámaras y el quórum necesario para sesionar será de un tercio de sus miembros y, para resolver, la mayoría de la mitad más uno de sus miembros.

7º) La Secretaría del Grupo de Amistad estará a cargo del funcionario Secretario o Prosecretario de Comisión que designe la Cámara de la que sea miembro el Presidente del mismo.

8º) El plenario del Grupo de Amistad se reunirá por lo menos dos veces por período, será convocado por su Presidente, quien podrá convocarlo en forma extraordinaria cuando asuntos de importancia así lo requieran.

9º) El plenario del Grupo de Amistad mantendrá informadas a las Comisiones de Asuntos Internacionales de ambas Cámaras sobre el trabajo realizado y los planes y proyectos pendientes, lo que deberá realizar por escrito al menos una vez al año.

10) El plenario del Grupo de Amistad podrá resolver, por acuerdo de dos tercios de sus componentes, su disolución, cuando por razones fundadas o de interés así corresponda.

11) El funcionamiento de las reuniones de los Grupos de Amistad se regirá, en cuanto a su funcionamiento, de acuerdo al presente reglamento y supletoriamente por el de la Cámara de Representantes.

12) La constitución de los Grupos de Amistad perdurarán entre Legislaturas.

13) (Disposición transitoria).- La integración de los Grupos de Amistad, constituidos a la fecha de aprobación del presente Reglamento, se ajustará al mismo en un plazo no mayor a los noventa días de su vigencia. La vigencia de este Reglamento será efectiva a partir de su aprobación.

Montevideo, 17 de marzo de 2004.

JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo, DIEGO MARTÍNEZ, Representante por Montevideo, RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto, JULIO LUIS SANGUINETTI, Representante por Canelones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las relaciones interparlamentarias internacionales, han tomado en los últimos tiempos importante desarrollo. Su progresiva importancia en las relaciones internacionales de los Estados entre sí, así como entre comunidades de Estados ha permitido que los históricos procesos de relacionamiento cultural o económico, sumen hoy día con gran protagonismo el relacionamiento político, en el cual los contactos y la cooperación parlamentaria tienen un creciente protagonismo.

Uno de los instrumentos que facilitan el desarrollo de las relaciones políticas es la denominada "amistad parlamentaria". Debe tenerse especialmente en cuenta en los Parlamentos están en general representadas las fuerzas o corrientes políticas diversas de mayor representación popular, lo que agrega una mayor profundidad al compromiso político de cooperación que se expresa a través de la tradicional relación entre gobiernos.

Es así que Parlamentos de distintos países del mundo desarrollan una agresiva política de relaciones interparlamentarias y de cooperación entre los Parlamentos y en esa actividad actúa la diversidad del arco político nacional representado en el Poder Legislativo. Esto ocurre con instituciones parlamentarias europeas, americanas, asiáticas, africanas, en fin, de distintas culturas, constatándose que los países más importantes del mundo trabajan en esta dirección, dándole mucha importancia a estas acciones a las que les reservan un espacio importante en su política exterior.

El Uruguay, que por sus características tiene una gran vocación internacional, tiene en el desarrollo de las relaciones interparlamentarias un activo muy importante, y es preciso que les dote de instrumentos de organización y mejor desarrollo, que estén alineadas con las tendencias que se desarrollan en la actualidad.

Los grupos de "amistad parlamentaria" tienen en nuestro Parlamento una rica historia, han sido un instrumento idóneo de profundización de relaciones entre Estados amigos, y en algunos casos su constitución ha ayudado a reconstruir relaciones, o simplemente a construirlas.

No obstante, es necesario reconocer que la regularidad en su trabajo, luego de la importante señal que significa su constitución, se constituye en un objetivo prioritario de la responsabilidad de lograr su mejor eficacia. Para ello, teniendo en cuenta antecedentes locales, así como disposiciones y reglamentaciones de otros países, se ha elaborado un cuerpo normativo que incluye pautas de trabajo homogéneo, obligaciones de un funcionamiento regular, apertura para su integración y responsabilidad para su acción.

Debe tenerse en cuenta que en un régimen bicameral como es el de nuestro Poder Legislativo, es preciso crear mecanismos de coordinación que, sin perjuicio de la independencia de los órganos que lo integran, logren crear un instrumento idóneo que sirva a los fines del mejor desarrollo de las relaciones interparlamentarias del Uruguay.

En la solución de este tema se propone que la Cámara de Representantes apruebe una Resolución que aspiramos sancione el Senado en igual texto con el objetivo de tener un instrumento que comprometa y obligue a las dos Cámaras en un tema de indudable importancia.

Debe destacarse que el texto del proyecto de resolución que ha aprobado la Comisión de Asuntos Internacionales, ha sido enviado durante el ejercicio 2003 a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado para acordar una propuesta común en ambas Cámaras.

Montevideo, 17 de marzo de 2004.

JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo, DIEGO MARTÍNEZ, Representante por Montevideo, RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto, JULIO LUIS SANGUINETTI, Representante por Canelones".

Anexo I al
Rep. Nº 1569

"Comisión de Asuntos Internacionales

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales recomienda al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de resolución que reglamenta el funcionamiento de los denominados "Grupos de Amistad Interparlamentarios". Estos grupos de trabajo integrados por legisladores en representación de ambas Cámaras del Poder Legislativo, habitualmente, son instrumento idóneo para la promoción de las relaciones entre Parlamentos de distintos países, complementando eficazmente las relaciones diplomáticas tradicionales. Cumplen asimismo un rol importante en la relación de los órganos legislativos con organismos internacionales.

En el Uruguay, varios de estos grupos han sido creados a lo largo del tiempo, no obstante, la falta de una reglamentación de funcionamiento adecuado ha impedido que tengan la eficacia esperada, encontrándose entre sus fallas la falta de funcionamiento regular, la falta de obligaciones respecto de sus tareas o de la necesaria rendición de cuentas de gestión y medición de sus resultados.

El presente proyecto, que fuera elaborado por quien suscribe como miembro informante y que la Comisión consideró necesario sancionar, ha sido enviado a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, para que aquella Cámara analice su probable sanción, a efectos que la organización futura de los Grupos de Amistad se rija por las mismas obligaciones para Senadores como para Representantes Nacionales y de ese modo la actividad conjunta de los mismos tenga eficacia y resultados.

Los denominados Grupos de Amistad Interparlamentarios con un funcionamiento regular pueden contribuir eficazmente a fortalecer la cooperación internacional con otros Estados u organismos internacionales con los cuales nuestro país tiene relaciones.

Sala de la Comisión, 5 de mayo de 2004.

JAIME MARIO TROBO, Miembro Informante, RAMÓN FONTICIELLA, ARTURO HEBER FÜLLGRAFF, DIEGO MARTÍNEZ, ENRIQUE PINTADO, CARLOS PITA".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Trobo.

SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: voy a hacer una breve consideración sobre este proyecto, porque tengo cierto temor de que el quórum de la Cámara se extinga y no podamos aprobarlo definitivamente.

Este proyecto de resolución pretende reglamentar o establecer un método de trabajo para los denominados Grupos de Amistad Interparlamentarios que existen en Uruguay desde hace mucho tiempo. Son organizaciones creadas con la participación de parlamentarios, integrantes de la Cámara de Representantes y del Senado, que tienen como objetivo desarrollar acciones tendientes a fortalecer los lazos de amistad con Parlamentos de países amigos de Uruguay o con los que nuestro país tiene relaciones diplomáticas o consulares.

Nos ha parecido bueno tomar algunos antecedentes de la experiencia internacional. En ese sentido, el proyecto que presentamos para la aprobación de la Cámara pretende ser un avance para que el Senado de la República apruebe una reglamentación de las mismas características, permitiendo que ambas Cámaras actúen conjuntamente con un sistema que las habilitará a conocer el trabajo que se viene realizando y a profundizar en acciones de relacionamiento diplomático a nivel parlamentario, lo que sin duda será beneficioso para las relaciones internacionales de Uruguay en general.

En la Comisión de Asuntos Internacionales, creímos necesario establecer un procedimiento objetivo de trabajo, de designación, de mandato y de evaluación de las tareas realizadas, a los efectos de que se pueda conocer el avance que en este tipo de relaciones se tiene. Por ese motivo, ponemos a consideración de la Cámara el proyecto de resolución que está a estudio en este momento.

SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de resolución.

(Se vota)

——Veintisiete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: hemos votado favorablemente esta iniciativa que han presentado varios señores legisladores y que fuera aprobada por la unanimidad de la Comisión de Asuntos Internacionales contando con el respaldo de todas las bancadas, porque quienes hemos estado en instancias que han tenido que ver con la conformación de los Grupos de Amistad Interparlamentarios percibimos que, una vez terminada la instancia formal en la que ellos se constituyen -lo cual a veces se hace con la visita de parlamentarios del país con el que se establece el acuerdo o, en algunos casos, con su representación diplomática en el país-, que es protocolar y bastante solemne, no pasa absolutamente nada más con estos Grupos. Este proyecto, además de pretender abrir la participación a distintos parlamentarios integrantes de todas las bancadas, apunta a que los Grupos de Amistad tengan continuidad y puedan generar otras iniciativas emanadas de haber suscrito un acuerdo entre grupos parlamentarios de distintos países.

Por ese motivo, votamos favorablemente este proyecto de resolución y esperamos que dé sus frutos, si no en esta Legislatura, por lo menos en la próxima, con aquellos a quienes les toque llevarlo a la práctica.

SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Queda aprobado el proyecto de resolución.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado, que corresponde al presentado)

¾ ¾ Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Es la hora 18 y 52)

 

 

Dr. JOSÉ AMORÍN BATLLE

PRESIDENTE

 

Dra. Margarita Reyes Galván

Secretaria Relatora
Dr. Horacio D. Catalurda

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.