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Nº 320 - TOMO 421 - 13 DE ABRIL DE 2004

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

QUINTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

8ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR SEÑOR MARIO FARACHIO Y LA PROSECRETARIA SEÑORA EMMA ABDALA

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

- El señor Senador Fernández Huidobro solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con la situación de los Bañados de Rocha.

- El mismo señor Senador solicita se curse otro pedido de informes a la Oficina Nacional del Servicio Civil, reiterando el ya cursado el día 12 de diciembre de 2003, relacionado con la situación del funcionario Daniel Castellano.

- El señor Senador Gargano solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionado con las vacantes en cargos del Servicio Exterior.

- El señor Senador Larrañaga solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sobre la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo.

- Oportunamente fueron tramitados.

5) Proyectos presentados

- El señor Senador Gargano presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre "Represa Hidroeléctrica Doctor Julio César Grauert" la actual Represa llamada "Rincón del Bonete".

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

- La señora Senadora Arismendi presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley referido a los ascensos de los funcionarios policiales en aplicación del artículo 13 de la Ley Nº 17.556.

- A la Comisión de Presupuesto.

- El señor Senador Singer presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara Día Nacional de la Inclusión Digital, el último sábado del mes de marzo de cada año.

- A la Comisión de Educación y Cultura.

6 y 8) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Nin Novoa y Virgili.

- Concedidas.

7 y 9) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento. Las presentan el señor Senador Lescano y el señor Hackenbruch comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

10) Señor Presidente de la República, doctor Jorge Batlle Ibáñez. Solicitud de autorización para ausentarse del territorio nacional

- Nota del señor Presidente solicitando la autorización prescrita en el artículo 170 de la Constitución de la República para ausentarse del territorio nacional.

- Concedida.

11) Situación de la Seguridad Social

- El señor Senador Gargano solicita autorización para realizar una exposición de 45 minutos sobre este tema, en la sesión ordinaria a realizarse el día 14 de los corrientes.

- Concedida.

12) Biblioteca Jiménez de Aréchaga

- Manifestaciones del señor Senador Correa Freitas.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Presidencia de la República, al Ministerio de Educación y Cultura, a las Comisiones de Educación de ambas Cámaras y a la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

13, 15 y 17) Defensa de la Salud Reproductiva. Proyecto de Ley por el que se dictan normas al respecto

- En consideración.

14) Creación del Parlamento del MERCOSUR

- Por moción de varios señores Senadores, el Senado resuelve invitar a Sala al señor Ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que brinde información sobre este tema.

- El señor Presidente coordinará con el señor Ministro la fecha de comparecencia.

16) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

- A sugerencia del señor Presidente del Cuerpo, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de la presente sesión hasta que el señor Senador Riesgo culmine su exposición.

18) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 1º de abril de 2004.

LA CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 13 de abril, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) por el que se establecen normas para la defensa de la salud reproductiva.

Carp. Nº 984/02 - Rep. Nº 762/03

2º) derechos y obligaciones de los pacientes con respecto a los profesionales de la salud.

Carp. Nº 514/01 - Rep. Nº 478/02

3º) por el que se dictan normas para la prevención y control de la exposición al plomo a nivel ocupacional.

Carp. Nº 806/02 - Rep. Nº 785/04

4º) por el que se aprueba el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, aprobado en el 31° Período de Sesiones de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que se realizó en la ciudad de Roma entre el 2 y el 14 de noviembre de 2001.

Carp. Nº 1234/03 - Rep. Nº 782/04

5º) por el que se aprueba el Memorándum de Entendimiento suscrito entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Italiana, en relación a la concesión de un crédito de ayuda para el Sistema Sanitario Público.

Carp. Nº 1321/03 - Rep. Nº 783/04

6º) por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Turística entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Dominicana, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 21 de agosto de 2001.

Carp. Nº 1298/03 - Rep. Nº 781/04

7º) por el que se designa "Maestra Egriselda Gutiérrez Bravo" la Escuela Especial Nº 115 de la ciudad de Cardona del departamento de Soriano.

Carp. Nº 1190/03 - Rep. N°786/04

8º) por el que se concede una pensión graciable al señor Héctor Cincunegui.

Carp. Nº 1265/03 - Rep. Nº 784/04

9º) por el que se determina el período necesario para ser reelectos quienes se desempeñan como suplentes de Intendentes en los Gobiernos Departamentales.

Carp. Nº 1180/03 - Rep. Nº 789/04

10) por el que se prohíbe la realización de estudios sobre los restos mortales del Cacique Vaimaca Perú.

Carp. Nº 1300/03 - Rep. Nº 790/04

11) por el que se designa "Ruta de los Charrúas" la Ruta Nacional Nº 90 y su continuación al este sobre la Cuchilla de Haedo hasta su finalización en la Ruta Nacional Nº 5 Brig. Gral. Fructuoso Rivera.

Carp. Nº 1312/03 - Rep. Nº 791/04

12) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia para destituir de su cargo a un funcionario de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

Carp. Nº 1335/04 - Rep. Nº 769/04

13) Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando venia para destituir de su cargo a:

- una funcionaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Plazo constitucional vence el 15 de abril de 2004. Se incluye en el Orden del Día en cumplimiento del artículo 62 del Reglamento del Senado).

Carp. Nº 1330/04 - Rep. Nº 779/04

- una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas. (Plazo constitucional vence el 29 de abril de 2004. Se incluye en el Orden del Día en cumplimiento del artículo 62 del Reglamento del Senado).

Carp. Nº 1332/04 - Rep. Nº 787/04

- un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (Plazo constitucional vence el 12 de mayo de 2004. Se incluye en el Orden del Día en cumplimiento del artículo 62 del Reglamento del Senado)

Carp. N° 1326/04 - Rep. N° 788/04

Hugo Rodriguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Brause, Cid, Correa Freitas, Couriel, De Boismenu, Fernández Huidobro, Gallinal, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Herrera, Korzeniak, Larrañaga, Michelini, Millor, Mujica, Núñez, Pereyra, Pou, Riesgo, Ríos, Rubio, Sanabria, Scarpa, Singer y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Nin Novoa y Virgili.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 21 minutos)

-Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina varios Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- por el que se dictan normas relacionadas a la Firma Digital y Prestadores de Servicios de Certificación.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- por el que se aprueba el Convenio de Montreal para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional 1999.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- por el que se solicita la autorización correspondiente a efectos de que 2 Jefes de Personal Superior, 4 Oficiales Subalternos y 27 efectivos de Personal Subalterno de la Armada Nacional participen en el Ejercicio de Operaciones de Mantenimiento de la Paz Combinado UNITAS XLV (Fase Anfibia), entre el 24 de junio y el 10 de julio de 2004, en la República del Perú.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes:

- solicitando venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Salud Pública.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

- comunicando que ha promulgado los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Tratado (Estatuto) para la creación del Consejo Iberoamericano del Deporte (CID).

- por el que se aprueba el Decimoprimer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del Mercosur y el Gobierno de la República de Bolivia y su anexo.

- por el que se declara el 23 de mayo de cada año ‘Día del Investigador, de la Ciencia y la Tecnología’.

- por el que se aprueba el Protocolo Adicional al Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en relación con el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, suscrito en la ciudad de Viena, Austria, el día 29 de setiembre de 1997.

- Por el que se aprueba el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional entre el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el 23 de julio 1998.

- Por el que se faculta a la Corte Electoral a disponer la extensión horaria de sus oficinas y a compensar a su personal en la preparación y ejecución de los actos electorales a celebrarse en el año 2004

- por el que se declara el 24 de abril como ‘Día de recordación de los mártires armenios’.

- por el que se aprueba la enmienda del artículo VI del Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica.

- por el que se declara feriado para la ciudad de Trinidad, departamento de Flores, el día 14 de abril de 2004, con motivo de conmemorarse el bicentenario de su fundación.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

- y adjuntando:

- copia de la resolución por la que se tributan honores fúnebres de Ministro de Estado a los restos mortales del doctor Nicolás Storace Arrosa.

- copia de la resolución de fecha 10 de marzo de 2004 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, referente a transposición de créditos presupuestales entre Proyectos de Inversión del Programa 001, Despacho de la Secretaría de Estado y Oficinas Dependientes.

- y Decretos por los que se aprueban las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2002 y del Banco Hipotecario del Uruguay correspondientes al ejercicio 2000.

- TENGANSE PRESENTES.

La Oficina Nacional del Servicio Civil remite la información solicitada por el señor Senador Eleuterio Fernández Huidobro, referida al funcionario Danilo Castellano Novelino.

El Ministerio de Defensa Nacional remite la información solicitada por el señor Senador Eleuterio Fernández Huidobro relativa al procedimiento utilizado por el Comando General de la Fuerza Aérea Uruguaya para la adquisición de radares.

- OPORTUNAMENTE LE FUERON ENTREGADAS AL SEÑOR SENADOR ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO.

El Ministerio de Turismo remite la información solicitada por el señor Senador José Mujica relacionada con posibles juicios en los que se planteen reclamos pecuniarios.

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR JOSE MUJICA.

El señor Ministro de Defensa Nacional remite con destino a la Comisión de Transporte y Obras Públicas documentación relativa a la subasta del Aeropuerto Internacional de Carrasco, que le fuera solicitada en oportunidad del llamado a Sala realizado el 8 de octubre de 2003.

- A LA COMISION DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

La Cámara de Representantes:

- comunica que ha sancionado el proyecto por el que se faculta a la Corte Electoral a disponer la extensión horaria de sus oficinas y a compensar a su personal en la preparación y ejecución de los actos electorales a celebrarse en el año 2004.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVESE.

- y remite:

- con destino a la Comisión de Hacienda, la exposición escrita del señor Representante Nacional Jaime Trobo, referida a los automóviles cero kilómetro.

- A LA COMISION DE HACIENDA .

- y con destino a las Comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda, los informes producidos por la Comisión Investigadora sobre diversas actuaciones relacionadas con el sistema financiero y bancario y fotocopia autenticada de la Resolución aprobada en relación al tema.

- A LAS COMISIONES DE CONSTITUCION Y LEGISLACION Y DE HACIENDA.

La Comisión de Salud Pública eleva informado un proyecto de ley por el que se dictan normas para la prevención y control de la exposición al plomo en el ámbito ocupacional.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informado el proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable al señor Héctor Cincunegui.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva por vencimiento del plazo reglamentario las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a una funcionaria y a un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se prohibe la realización de estudios sobre los restos mortales del Cacique Vaimaca Perú.

- por el que se determina el período necesario para ser reelectos quienes se desempeñan como suplentes de Intendentes en los Gobiernos Departamentales.

- por el que se designa "Ruta de los Charrúas" la Ruta Nacional Nº 90 y su continuación al este so-bre la Cuchilla de Haedo hasta su finalización en la Ruta Nacional Nº 5 Brig. Gral. Fructuoso Rivera.

- HAN SIDO REPARTIDOS. ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DE HOY.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informada la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para acreditar en calidad de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República ante la República Helénica, a la señora Dra. Diana Espino de Papantonakis.

- REPARTASE E INCLUYASE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION ORDINARIA QUE REALICE EL CUERPO.

La Junta Departamental de Maldonado remite nota adjuntando expediente, conforme lo establecido en el artículo 296 de la Constitución de la República, acusando al suplente de Edil señor José Barrales.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION."

4) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Fernández Huidobro solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con la situación de los Bañados de Rocha."

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, marzo 22 de 2004.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Amparado en las facultades que me confiere el Art. 118 de la Constitución de la República, le solicito tenga a bien cursar el siguiente pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas:

a) Situación general de los Bañados de Rocha y del Canal Andreoni.

b) Si el MTOP ha hecho estudios sobre el impacto en el ecosistema de esas zonas.

c) En caso afirmativo, cuáles y cuántos han sido esos estudios.

d) De ser así, solicito se me envíen para conocimiento y estudio.

Sin otro particular le saludo atentamente.

Eleuterio Fernández Huidobro, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Fernández Huidobro solicita se curse un pedido de informes a la Oficina Nacional del Servicio Civil, reiterando el ya cursado el 12 de diciembre de 2003, en lo que hace a su numeral 6º, relacionado con la situación del funcionario Daniel Castellano."

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, marzo 30 de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Don Luis Hierro López.

De mi mayor consideración:

Al amparo de las facultades que me confiere el art. 118 de la Constitución de la República y la Ley Nº 17.673 de 21-7-03 vengo a solicitarle tenga a bien reiterar el pedido de informes cursado a la Oficina Nacional del Servicio Civil en lo referente al numeral 6º del mismo.

En efecto, según surge de la nota cursada a la Presidencia de la Cámara de Senadores de fecha 17 de marzo de 2004, la Oficina Nacional del Servicio Civil no ha brindado toda la información que le fuera oportunamente solicitada, sin expresión de causa alguna que justifique dicha actitud.

Se trata de la información solicitada con fecha 12 de diciembre de 2003 en el numeral 6º de la nota correspondiente, donde se le pedía a la Oficina Nacional del Servicio Civil que expresara "6) Si existen controles documentados sobre sus entradas y salidas por parte del Departamento de Personal cuando no tenía el cargo de Sub Director de la ONSC".

Si se coteja lo solicitado por el suscrito con la información aportada por la Oficina Nacional del Servicio Civil podrá apreciarse claramente que dicha repartición nada informa respecto del debido control de Presencia del funcionario Danilo Castellano en su lugar de trabajo y en el horario correspondiente.

En consecuencia dada la omisión de la ONSC corresponde reiterar el pedido de informes de referencia en lo relativo al numeral 6º referencia en el cuerpo de la presente.

Sin otro particular le saluda atentamente.

Eleuterio Fernández Huidobro, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Gargano solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionado con las vacantes en cargos del Servicio Exterior."

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 23 de marzo de 2004.

Sr. Presidente del Senado

de la República

Don Luis Hierro López.

De nuestra mayor consideración:

De conformidad con lo establecido por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a usted el envío del siguiente pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores.

1) ¿Cuántos cargos del Servicio Exterior están vacantes en Embajadas, Representaciones o Consulados a la fecha de este pedido de informe?

2) ¿A qué cargos presupuestales del Servicio Exterior corresponden dichas vacantes (Embajador, Ministro u otros rangos inferiores) y en que países se hallan emplazadas estas Embajadas, Delegaciones o Consulados?

3) ¿Qué costo aproximado representa para el Presupuesto Nacional cada una de estas designaciones, incluyendo adelanto de partidas de sueldo, partidas de instalación, pasajes, costo y flete de efectos personales y todo otro gasto que corresponda abonar al funcionario a propósito de su designación?

4) ¿Cuáles cargos de éstos piensan ser provistos por el Ministerio de Relaciones Exteriores antes del mes de octubre de 2004?

5) ¿En cuántos de estos casos, los destinos ya han sido anunciados y se encuentra en trámite la resolución de designación?

6) ¿En cuántos de estos casos se requerirá venia del Senado?

7) ¿Cuántos cargos quedan vacantes entre el mes de octubre de 2004 y el mes de marzo de 2005?

8) ¿En qué países están emplazadas las vacantes previstas para el período octubre 2004/marzo 2005?

9) ¿A qué cargos presupuestales del Servicio Exterior (Embajador, Ministro, Ministro Consejero u otras categorías inferiores) corresponden estos cargos?

10) ¿Cuáles de estos cargos piensa cubrir el Ministerio de Relaciones Exteriores antes de marzo de 2005?

11) ¿Cuál es el costo financiero estimado del retorno de un funcionario de jerarquía de Embajador o Ministro Consejero del Servicio Exterior desde su lugar de destino, discriminado según se trate de Europa, América Latina o Africa, en caso de adscripción a la República?

12) ¿Está en estudio la apertura de nuevas Embajadas, Representaciones o Consulados? En caso afirmativo, ¿cuáles?

13) ¿Está en estudio el cierre de algunos de los destinos citados? ¿Cuáles?

Saluda atentamente.

Reinaldo Gargano, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Larrañaga solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sobre la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo."

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 2 de abril de 2004.

Señor Presidente del Senado

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

COMISION TECNICA MIXTA DEL FRENTE MARITIMO

De acuerdo a los poderes que me confiere el Art. 118 de la Constitución de la República, solicito a usted, eleve el siguiente Pedido de Informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

ANTECEDENTES

La Comisión Técnica Mixta del frente Marítimo es un Organismo Binacional (Uruguay - Argentina) y a ella le compete la realización de estudios y la adopción y coordinación de planes y medidas relativas a la conservación, preservación y racional explotación de los recursos vivos así como a la protección del Medio Ambiente en la Zona Común de Pesca (ZCP), siendo las fuentes de Derecho de su existencia y desempeño el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, así como el estatuto de la comisión y su reglamento.

La labor de la CTMFM comprende no sólo la preservación y racional explotación de los recursos pesqueros a través de lo cuál se propende a la obtención de un rédito económico sustentable para la sociedad toda y en particular del sector pesquero para la economía nacional.

La CTMFM es una de las varias Comisiones que relacionan a nuestro país con la República Argentina, estableciendo un primer nivel de tratamiento permanente de temas de interés común.

El Art. 21 del Capítulo IX del Estatuto de la Comisión establece que "las partes efectuarán aportes iguales de los fondos y elementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Comisión".

Es de hacer notar que esta Comisión no posee recursos propios por lo que depende exclusivamente de los aportes de los Países, los que a la fecha se encuentran atrasados en sus pagos.

Atento a lo expuesto solicitamos tenga a bien informarnos sobre:

1) Los importes anuales que le han correspondido aportar a nuestro país en los años 2001 - 2002 y 2003.

2) El detalle de los pagos efectuados por todo concepto en dichos años y en el año en curso si los hubiere, indicando a cuenta de qué períodos corresponden.

3) Si se tiene conocimiento del riesgo inminente de cierre de la Comisión por falta de recursos para su funcionamiento y cuál o cuáles han sido las medidas tomadas para superar la grave situación planteada.

Jorge W. Larrañaga, Senador."

5) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

" El señor Senador Gargano presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el cual la Represa Hidroeléctrica de Rincón del Bonete pasará a llamarse ‘Represa Hidroeléctrica Dr. Julio César Grauert’."

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"Montevideo, 31 de marzo de 2004.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.-A partir de la promulgación de la presente Ley, la represa hidroeléctrica de Rincón del Bonete pasará a llamarse "Represa Hidroeléctrica Dr. Julio César Grauert".

Reinaldo Gargano, Senador.

Montevideo, 31 de marzo de 2004.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con asombro, los ciudadanos de este país escuchamos en las informaciones públicas que la represa hidroeléctrica de Rincón del Bonete es llamada "Represa Dr. Gabriel Terra".

El Dr. Gabriel Terra ha pasado a la historia de la República como el principal responsable del Golpe de Estado del 31 de marzo de 1933, que arrasó con las Instituciones democráticas por primera vez en el siglo 20. Y fue, precisamente, la dictadura militar instalada en el país a partir del 27 de junio de 1973 la que dio su nombre a la represa de Rincón del Bonete.

Es deber de un Gobierno democrático, y en especial, de su Parlamento, eliminar todo vestigio de glorificación a los responsables del arrasamiento a las Instituciones. Es de justicia, en cambio, exaltar el recuerdo y el ejemplo de quienes, en épocas oscuras, han luchado en defensa de la Democracia. Por ello, el nombre del Dr. Julio César Grauert, tiene un profundo significado. Julio César Grauert, Diputado en la Legislatura arrasada por el golpe de 1933, fue la primera víctima mortal de la dictadura terrista, al caer asesinado por las fuerzas represivas del régimen golpista.

Reinaldo Gargano, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"La señora Senadora Marina Arismendi presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley referido a los ascensos de los funcionarios policiales, realizados en aplicación del artículo 113 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002."

- A LA COMISION DE PRESUPUESTO.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"PROYECTO DE LEY

ASCENSOS DE FUNCIONARIOS POLICIALES REALIZADOS EN APLICACION DEL ARTICULO 113 DE LA LEY Nº 17.556.

Se interpreta que son retroactivos al 1º de febrero de 2002.

Artículo Unico.- Interprétase que los ascensos de funcionarios policiales realizados en aplicación del artículo 113 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002 serán retroactivos al 1º de febrero del año 2002.

Montevideo, 01 de abril de 2004.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Art. 113 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002 tuvo por objeto concretar una aspiracion dirigida a contemplar la posibilidad de ascenso por transformación de grado, a los comisarios que tenían 30 años de servicio y 10 años de grado. Es así que dicho artículo de la mencionada Ley modifica la fecha de antigüedad en la institución a 25 años, y especifica como condición una antigüedad mínima de 10 años en el grado de "Comisario" o equivalente al 1º de febrero de 2002.

Del mismo modo, el Art. Aprobado especifica "Los Comisarios o equivalentes, cuyos cargos sean transformados en virtud de haberse acogido al régimen de la presente ley, pasarán a retiro obligatorio a los seis años a contar desde el 1º de febrero de 2002, salvo que ascendieran al grado de Inspector Mayor en dicho período".

Por lo expuesto, incluyendo la lectura atenta de los avatares de la discusión, sostenemos que debe aplicarse la Ley con carácter retroactivo a la fecha varias veces mencionada, e impulsamos, a esos efectos, una Ley interpretativa para no dejar ningún margen de dudas con respecto a la intención del Legislador.

Marina Arismendi, Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Singer presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara ‘Día Nacional de la Inclusión Digital’ el último sábado del mes de marzo de cada año."

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

(Texto del proyecto presentado:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárese el último sábado del mes de marzo de cada año "Día Nacinal de la Inclusión Digital" con el objeto de promover, mediante diversas actividades, las tecnologías de la información y de la comunicación y resaltar la importancia de la inclusión digital como instrumento de desarrollo económico y social.

Artículo 2º.- En caso de que el día señalado en el artículo anterior forme parte de la Semana de Turismo el Día de la Inclusión Digital se celebrará el sábado subsiguiente.

Juan Adolfo Singer, Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la 109ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria celebrada en Ginebra el 3 de octubre de 2003, con el voto unánime de todas las delegaciones -incluida la de nuestro Parlamento-, se aprobó una resolución recomendando la promoción de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) como un medio idóneo de contribuir a la buena gobernabilidad, el perfeccionamiento de la democracia y el manejo de la globalización.

Esa resolución destaca que las TICs "no son la solución para los problemas del mundo, pero son herramientas, mecanismos y oportunidades que requiere la voluntad política de la sociedad y la cooperación entre los Estados, a fin de asegurar que estén al servicio de los objetivos perseguidos a nivel nacional e internacional". Al mismo tiempo afirma que sin una política pública apropiada las TICs no pueden ser un factor de progreso compartido.

En la misma ciudad de Ginebra, del 10 al 12 de diciembre de 2003 se llevó a cabo la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en su primera fase (la segunda se realizará en Túnez en el 2005) asumiendo el desafío de encauzar el potencial de las TICs para promover las metas de desarrollo de la Declaración del Milenio (erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la educación primaria universal; promover la igualdad de género; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sustentabilidad ambiental y forjar alianzas internacionales para el desarrollo en un mundo más pacífico, justo y próspero. En ese sentido se subrayó la necesidad de habilitar a la gente más pobre y marginalizada, en especial a la que vive en zonas rurales, a acceder a la utilización de las TICs "como instrumento para apoyar sus esfuerzos por liberarse de la pobreza".

Por su parte en Brasil se inicia en 1995 la actividad del Comité para la Democratización de la Informática (CDI), una ONG dedicada a otorgar a jóvenes de bajos recursos la oportunidad de participar activamente en la era del conocimiento. El CDI se expande internacionalmente y lleva instaladas 833 Escuelas de Informática y Ciudadanía, ubicadas en 11 países, donde se han capacitado 536.900 estudiantes hasta diciembre de 2003, en especial niños y jóvenes. En Uruguay se inaugura en junio del 2000 con el propósito de contribuir a romper el círculo vicioso ignorancia-pobreza dando acceso al conocimiento, por medio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a comunidades de bajos recursos, transformando la barrera digital en oportunidad digital.

CDI Uruguay integra la Red Internacional de CDIs cuya exitosa práctica muestra una influencia positiva en el desarrollo socioeconómico de los países donde actúa, ampliando el concepto de inclusión digital como una integración entre educación, tecnología y ciudadanía.

La principal actividad de CDI es la implantación de Escuelas de Informática y Ciudadanía (EICs) en comuni-dades de bajos recursos, ofreciendo equipamiento, capa-citación pedagógica e integración a una red internacional de comunidades muy diversas y unidas por metas comu-nes.

Las EICs son espacios de aprendizaje inscriptos en el marco de la educación no formal y creados por medio de una labor conjunta entre CDI y organizaciones comunitarias.

En las 18 EICs instaladas hasta el presente por CDI Uruguay en la periferia de Montevideo y en zonas rurales de nuestro país se ha capacitado a 7.800 estudiantes y reciben capacitación 3.000 estudiantes al año.

Por iniciativa del CDI la sociedad civil viene conmemorando el "Día de la Inclusión Digital", el último sábado del mes de marzo, desde el año 2001.

En 2002 participaron: Brasil, México, Argentina, Chile y Uruguay (en forma conjunta y simultánea mediante videoconferencias y otras actividades). En Uruguay el encuentro se realizó en el Edificio Libertad, sede de la Presidencia de la República, con la colaboración del programa de Conectividad Educativa. En 2003 similares actividades se realizaron en Montevideo Shopping.

Para la realización de sus tareas el CDI capta recursos por medio de convenios con instituciones públicas, organismos internacionales, empresas privadas y organizaciones filantrópicas.

En nuestro país CDI cuenta con una Declaración de Interés Nacional desde el año 2000 y firmó un convenio con ANTEL que la provee de conectividad a las EICs.

Posee también convenios de cooperación con UNESCO, Universidad de la República, Universidades privadas, Ministerio de Educación y Cultura y diversas ONGs.

El Consejo Asesor de CDI Uruguay está integrado por: Juliana Abella (DINACYT-MEC), Breogán Gonda (AR Tech- GENEXUS), Juan Berchesi (República AFAP), Orlando Dovat (ZONAMERICA Business & Technological Park), Carlos Alberto Lecueder (Estudio Luis Lecueder) y Pablo Marqués (Punto Ogilvy & Mather).

La dirección está a cargo de la profesora Julia Pieruzzi Tirelli. Colaboran con el programa siete voluntarios en la coordinación general y más de cien voluntarios en el trabajo de campo en las EICs.

Es desde esos antecedentes, entonces, que se hace oportuno y conveniente dictar una ley para promocionar las tecnologías de la información y la comunicación, vinculándolas estrechamente al desarrollo educativo y procurando, al mismo tiempo, su más amplia difusión y conocimiento entre el público.

La celebración de un Día de la Inclusión Digital, entendiendo este concepto como acceso a las TICs y por su intermedio al conocimiento, de las personas que por pobreza o por lejanía (zonas rurales apartadas) están hoy excluidas, apunta a lograr una información masiva sobre la importancia de las TICs,a involucrar en su promoción a nuevos actores tales como instituciones públicas, universidades, empresas, ONGs, y a lograr una vasta sensibilización sobre el tema de forma de obtener recursos, donaciones de computadoras y accesos gratuitos a Internet.

Es una manera de incorporar a toda la sociedad al tema y de incentivarla para que se inserte en el mundo del conocimiento, asegurando para más uruguayos la igualdad de oportunidades que permite el acceso a las TICs y el desarrollo de la capacidad de aprender, de pensar y de crear que es la llave maestra del desarrollo.

Del desarrollo y de un pleno ejercicio de la ciudadanía, soporte y sustento básico de la democracia.

Se propone que la celebración del Día de la Inclusión Digital se lleve a cabo un día sábado para permitir, sin interrupción de las actividades de los días hábiles de la semana, la realización de conferencias, debates, simposios y festejos con la participación de escolares y estudiantes como una forma de involucrar en el tema a la sociedad en su conjunto.

Si bien hay consenso en la relevancia de las TICs, hasta el presente ningún país del mundo ha instituido un "Día Nacional de la Inclusión Digital" que le otorgue reconocimiento oficial, colaborando así a profundizar las acciones para optimizar su utilización al servicio del desarrollo humano. Mediante la aprobación de este proyecto de ley, Uruguay se constituiría en país pionero en el mundo en hacer este reconocimiento, dando un ejemplo que seguramente será seguido por otros países.

Es por estos fundamentos que presentamos el adjunto proyecto de ley, en la convicción de que el Senado los compartirá y le prestará su pronta aprobación.

Juan Adolfo Singer, Senador."

6) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Nin Novoa solicita licencia por el día de la fecha."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 13 de abril de 2004.

Don Luis Hierro López

Presidente del Senado

Presente

De mi consideración:

Por la presente solicito licencia por el día de hoy, por motivos particulares.

En consecuencia, solicito se cite a mi suplente.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,

Rodolfo Nin Novoa, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 16 en 17. Afirmativa.

7) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una nota de desistimiento llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El doctor Héctor Lescano comunica que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto."

- Corresponde convocar al señor Senador Ríos, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrare en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Ríos.)

8) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Virgili solicita licencia a partir de hoy hasta el día 16 del corriente."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 13 de abril de 2004.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

Presente

Solicito a Ud. se me conceda licencia reglamentaria por razones particulares a partir del día de hoy y hasta el 16 de los corrientes.

Lo saludo con mi mayor consideración y estima.

Orlando Virgili, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 16 en 18. Afirmativa.

9) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una nota de desistimiento llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Tabaré Hackenbruch comunica que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto."

- Queda convocado el señor Senador Roberto Scarpa, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrara en Antesala, se le invita a ingresar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Scarpa.)

10) SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. DOCTOR JORGE BATLLE IBAÑEZ. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una nota de la Presidencia de la República llegada a la Mesa y de la que se dio cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.

(Se lee:)

"Montevideo, 13 de abril de 2004.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores.

Presente.

Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente a los efectos de solicitar la autorización prescrita por el artículo 170 de la Constitución de la República, en virtud de que me ausentaré del territorio nacional por más de cuarenta y ocho horas a partir del 25 de abril de 2004, con motivo de la visita oficial que realizaré a la República de Sudáfrica y a la República del Congo.

Saludo al señor Presidente con mi más alta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ Presidente de la República."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) SITUACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Reinaldo Gargano solicita autorización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 171 del Reglamento del Cuerpo, para realizar una exposición de 45 minutos, el miércoles 14 de abril, a fin de desarrollar el tema: ‘Situación de la seguridad social’."

- Se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) BIBLIOTECA JIMENEZ DE ARECHAGA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: la biblioteca jurídica, especializada en Derecho Público, formada a través de los años por tres ilustres titulares de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de la República: Justino Jiménez de Aréchaga, Justino E. Jiménez de Aréchaga y Justino Jiménez de Aréchaga, el tercero de los Aréchaga, que se sucedieron en ella desde el último cuarto del Siglo XIX hasta la séptima década del XX, constituye hoy uno de los conjuntos bibliográficos más ricos que, en la materia, existen en Uruguay.

Debemos recordar la valiosa contribución al estudio del Derecho Constitucional y de la Constitución Uruguaya que realizaron los tres Aréchaga desde la Cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Fue así como el primero de los Aréchaga, que ocupó la Cátedra entre 1875 y 1884, publicó en 1906 las recordadas obras "El Poder Legislativo" y "La libertad política".

El segundo de los Aréchaga, Justino E. Jiménez de Aréchaga, que asumió la Cátedra en 1911, publicó su clásica obra "El Poder Ejecutivo y sus Ministros".

Finalmente el tercero de los Aréchaga, Justino Jiménez de Aréchaga, ejerció con particular brillo la Cátedra de Derecho Constitucional entre 1938 y 1957, caracterizándose por la precisión en el enfoque de los problemas constitucionales, por la erudición de sus conocimientos y por su apasionada defensa del ser humano y de la libertad, como lo justifican su "Teoría del Gobierno", "La Constitución Nacional", obra publicada en diez tomos, y "La Constitución del Uruguay de 1952", publicada en cuatro tomos.

Esa gran biblioteca jurídica permaneció cerrada a los estudiantes prácticamente sin ser utilizada por ninguna persona desde el fallecimiento del tercero de los Aréchaga, el 6 de febrero de 1980, hasta la muerte de su viuda, Lydia Ceriani de Jiménez de Aréchaga, ocurrida a fines del mes de enero de este año.

Dicha biblioteca se encuentra en la casa montevideana que ocupó siempre Justino Jiménez de Aréchaga -el tercero de los Aréchaga-, hasta el día en que dejó de existir y en la que antes había vivido su padre, en la calle Pablo de María 1019.

Esa biblioteca, de acuerdo a testimonios que he recibido, está integrada por más de veinte mil volúmenes, razón por la cual constituye, a mi juicio, un tesoro cultural que forma parte del patrimonio intelectual de la Nación uruguaya, por lo que, conforme al artículo 34 de la Constitución de la República, "estará bajo la salvaguardia del Estado y la Ley establecerá lo que estime oportuno para su defensa".

Considero que no puede permitirse que se disperse este tesoro cultural de la Nación y que a través de ventas parciales se destruya el conjunto y se pierda su necesaria unidad. Tampoco puede tolerarse que, como en otras ocasiones -por ejemplo en los casos de las bibliotecas de los doctores Felipe Ferreiro y Juan Carlos Gómez Haedo-, el país pierda esa riqueza, mediante la venta a una biblioteca o universidad del exterior.

De acuerdo a la información que obra en mi poder, la biblioteca Jiménez de Aréchaga, después del fallecimiento de la viuda de Justino se pondrá a la venta, lo que ya habría sido decidido por sus tres hijos, que son sus únicos y universales herederos.

Estimo que el Estado no puede permanecer indiferente ante esta situación.

En tal sentido, pienso que el Estado uruguayo debe adquirir esa biblioteca, para evitar su dispersión o su venta al extranjero y para que esté abierta en beneficio de la cultura nacional, para su utilización general, manteniendo su unidad y sus características propias.

La forma más racional de lograr estos objetivos sería que el Estado procediera a su adquisición y que ese valiosísimo conjunto bibliográfico pasara a formar parte de la biblioteca del Poder Legislativo, constituyendo un fondo autónomo y separado, ubicado en un lugar distinto del que ocupa la actual biblioteca del Poder Legislativo, individualizada como "Biblioteca Jiménez de Aréchaga".

Este fondo bibliográfico especializado en Derecho Público, destinado a su utilización general, debidamente ubicado y organizado modernamente con la mejor tecnología bibliotécnica actual, sería de enorme valor para la cultura jurídica nacional y su utilización por Legisladores, gobernantes, jueces, profesores, estudiantes y público en general, constituiría una contribución al mejoramiento intelectual y democrático de la República.

Señor Presidente: por todo lo expuesto, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se remita a la Presidencia de la República, al Ministerio de Educación y Cultura, a las Comisiones de Educación y Cultura de ambas Cámaras y a la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

13) DEFENSA DE LA SALUD REPRODUCTIVA. PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE DICTAN NORMAS AL RESPECTO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se establecen normas para la defensa de la salud reproductiva. (Carp. Nº 984/02 - Rep. Nº 762/03)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 984/02

Rep. Nº 762/03

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

DE LOS DEBERES DEL ESTADO

Artículo 1º.- El Estado velará por el derecho a la procreación consciente y responsable, reconociendo el valor social de la maternidad, la paternidad responsable y la tutela de la vida humana. A esos efectos se promoverán políticas sociales y educativas tendientes a la promoción de la salud reproductiva, a la defensa y promoción de los derechos sexuales y a la disminución de la morbimortalidad materna.

Dichas políticas buscarán alentar la responsabilidad en el comportamiento sexual y reproductivo, a los efectos de un mayor involucramiento en la planificación de la familia.

Artículo 2º.- El Ministerio de Salud Pública deberá incluir en su presupuesto un programa con los siguientes objetivos:

A) Planificar y hacer ejecutar políticas en materia de educación sexual que propendan al ejercicio armónico de la sexualidad y a la prevención de los riesgos.

B) Planificar y hacer ejecutar políticas en materia de planificación familiar.

C) El cumplimiento de los objetivos mencionados involucrará a todo el personal de la salud, ampliando y mejorando su capacitación en la esfera de la salud sexual y reproductiva y de la planificación de la familia, incluyendo la capacitación en orientación y comunicación interpersonal.

D) Instrumentar medidas que tiendan a la disminución de la morbimortalidad derivada de la interrupción de embarazos practicada en situación de riesgo.

E) Permitir que la mujer ejerza el derecho a controlar su propia fecundidad y a adoptar decisiones relativas a reproducción sin coerción, discriminación ni violencia.

Artículo 3º.- El Ministerio de Salud Pública, en cumplimiento de los objetivos encomendados en el artículo precedente, coordinará acciones con los organismos del Estado que considere pertinentes.

CAPITULO II

CIRCUNSTANCIAS, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Artículo 4º.- Toda mujer tiene derecho a decidir sobre la interrupción de su embarazo durante las primeras doce semanas de gravidez, en las condiciones que establece la presente ley.

Artículo 5º.- Para ejercer el derecho acordado por el artículo anterior, bastará que la mujer alegue ante el médico, circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etáreas, que a su criterio le impidan continuar con el embarazo en curso.

El médico deberá:

A) Informar a la mujer de las posibilidades de adopción y de los programas disponibles de apoyo económico y médico, a la maternidad.

B) Brindar información y apoyo a la mujer pre y post intervención relativa a la interrupción voluntaria del embarazo.

Artículo 6º.- El médico que realice la interrupción de la gravidez dentro del plazo y en las condiciones de la presente ley, deberá dejar constancia en la historia clínica de que se informó a la mujer en cumplimiento de lo establecido en el inciso segundo del artículo 5º.

Asimismo, deberá recoger la voluntad de la mujer, avalada con su firma, de interrumpir el proceso de la gravidez, que quedará adjunta a la historia clínica de la misma, con lo cual su consentimiento se considerará válidamente expresado.

Artículo 7º.- Fuera de lo establecido en el artículo 4º, la interrupción de un embarazo sólo podrá realizarse cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer o cuando se verifique un proceso patológico que provoque malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina.

El médico dejará constancia por escrito en la historia clínica de las circunstancias precedentemente mencionadas. En todos los casos someterá tal decisión a consideración de la mujer, siempre que sea posible.

En todos los casos se deberá tratar de salvar la vida del feto sin poner en peligro la vida o la salud de la mujer.

CAPITULO III

CONSENTIMIENTOS ESPECIALES

Artículo 8º.- En los casos de mujeres menores de dieciocho años no habilitadas el médico tratante recabará el consentimiento para realizar la interrupción, el que estará integrado por la voluntad de la menor y el asentimiento de al menos uno de sus representantes legales o, en su ausencia o inexistencia, su guardador de hecho.

Artículo 9º.- Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el asentimiento de quien debe prestarlo, habrá acción ante los Jueces Letrados competentes en materia de familia para que declaren irracional el disenso o brinden el asentimiento.

La menor comparecerá directamente con la mera asistencia letrada. El procedimiento será verbal y el Juez, previa audiencia con la menor, resolverá en el plazo máximo de cinco días contados a partir del momento de su presentación ante la Sede, habilitando horario inhábil si fuera menester.

Artículo 10.- En los casos de incapacidad declarada judicialmente, el asentimiento para la interrupción del embarazo lo prestará el titular de la sede judicial competente del domicilio del incapaz, a solicitud del curador respectivo, rigiendo igual procedimiento y plazo que los establecidos en el artículo anterior.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 11.- Las interrupciones de embarazo que se practiquen según los términos que establece esta ley serán consideradas acto médico sin valor comercial. Todos los servicios de asistencia médica integral, tanto públicos como privados habilitados por el Ministerio de Salud Pública, tendrán la obligación de llevar a cabo este procedimiento a sus beneficiarias, siendo efectuado en todos los casos por médico ginecotocólogo, en las hipótesis previstas en esta ley.

Será de responsabilidad de todas las instituciones señaladas en el inciso anterior, el establecer las condiciones técnico-profesionales y administrativas necesarias para posibilitar a las mujeres el acceso a dichas intervenciones en los plazos que establece la presente ley.

Artículo 12.- Aquellos médicos o miembros del equipo quirúrgico que tengan objeciones de conciencia para intervenir en los actos médicos a que hace referencia la presente ley, podrán hacerlo saber a las autoridades de las instituciones a las que pertenezcan, dentro de los treinta días contados a partir de la promulgación de la misma. Quienes ingresen posteriormente, deberán manifestar su objeción en el momento en que comiencen a prestar servicios.

Los profesionales y técnicos que no hayan expresado objeción, no podrán negarse a efectuar las intervenciones.

Lo dispuesto en el presente artículo no es de aplicación en los casos graves y urgentes en los cuales la intervención es indispensable.

Artículo 13.- El médico que intervenga en un aborto o sus complicaciones, deberá dar cuenta del hecho, sin revelación de nombres, al sistema estadístico del Ministerio de Salud Pública.

Artículo 14.- Sólo podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley, las ciudadanas uruguayas naturales o legales y aquellas que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República durante un período no inferior a un año.

CAPITULO V

DE LA MODIFICACION DEL DELITO DEL ABORTO

Artículo 15.- Sustitúyese el Capítulo IV, Título XII, del Libro II del Código Penal, promulgado por la Ley Nº 9.155, de 4 de diciembre de 1933, y modificado por la Ley Nº 9.763, de 24 de enero de 1938, por el siguiente:

"ARTICULO 325. (Delito de aborto).- La mujer que causare o consintiere la interrupción del proceso fisiológico de la gravidez y quienes colaboren con ella, realizando actos de participación principal o secundaria, fuera de las circunstancias, plazos y requisitos establecidos en la ley, cometen delito de aborto y serán castigados con pena de tres a veinticuatro meses de prisión.

ARTICULO 326. (Aborto sin consentimiento de la mujer).- El que causare la interrupción de la gravidez sin el consentimiento de la mujer para la realización del aborto fuera de las condiciones o sin las autorizaciones establecidas en la ley será castigado con pena de dos a ocho años de penitenciaría.

ARTICULO 327. (Aborto con consentimiento de la mujer).- No constituye delito el aborto consentido por la mujer en las circunstancias, plazos y condiciones previstos por la ley.

ARTICULO 328. (Lesión o muerte de la mujer).- Si a consecuencia del delito previsto en el artículo 325 sobreviniera a la mujer una lesión grave o gravísima, la pena será de tres a nueve años de penitenciaría, y si sobreviniere la muerte, la pena será de cuatro a doce años de penitenciaría.

Si a consecuencia del delito previsto en el artículo 326 sobreviniere a la mujer una lesión grave o gravísima, será de tres a quince años de penitenciaría, y si sobreviniere la muerte, la pena será de quince a treinta años de penitenciaría".

ARTICULO 328 BIS. (Causas atenuantes o eximentes):

1º.- Si el aborto se cometiere para eliminar el fruto de la violación, con consentimiento de la mujer, será eximido de pena.

2º.- Si el aborto se cometiere por causas graves de salud, será eximido de pena.

3º.- En el caso de que el aborto se cometiere por razones de angustia económica, el Juez podrá disminuir la pena de un tercio a la mitad y podrá llegar hasta la exención de la pena.

Artículo 16.- Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 9.763, de 24 de enero de 1938, por el siguiente:

"ARTICULO 2º.- Cuando se denunciare un delito de aborto, el Juez competente procederá en forma sumaria y verbal a la averiguación de los hechos, consignando el resultado en acta. Si de las indagaciones practicadas, se llegara a la conclusión de que no existe prueba o de que el hecho es lícito, mandará clausurar los procedimientos, observándose los trámites ordinarios."

CAPITULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 17. (Derogaciones).- Deróganse los artículos 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley Nº 9.763, de 24 de enero de 1938, y todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 18. (Reglamentación y vigencia).- Atento a la responsabilidad cometida al Estado y a los efectos de garantizar la eficacia de lo dispuesto en la presente ley, la misma entrará en vigor a los treinta días de su promulgación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo la reglamentará.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 10 de diciembre de 2002.

Guillermo Alvarez Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

La Presidencia aclara que, a solicitud de varios coordinadores de Bancadas, hay un preacuerdo que debería convalidar el Senado, a fin de otorgar a un señor Senador de cada una de las Bancadas el régimen horario de que disponen los miembros informantes de las Comisiones. Naturalmente, el resto de los señores Senadores tendría el régimen habitual.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar este régimen de trabajo propuesto.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Tiene la palabra la señora Senadora Xavier, en calidad de Miembro Informante de este proyecto de ley.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: antes de introducirme en el tema que hoy nos convoca, quiero destacar la presencia en la Barra de numerosas personas que representan a Legisladores de países amigos y representantes de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y del tema de las mujeres, así como de políticos, académicos y público en general. Según se nos ha informado, algunos de ellos todavía no han ingresado a la Barra.

Quisiera dar cuenta, también, de la importancia de la cobertura de la prensa en un tema de esta naturaleza. Creo que todo esto da cuenta de la relevancia del tema y del debate que hoy debe encarar el Senado de la República.

Señor Presidente: la Comisión de Salud Pública del Senado recibió, el 11 de diciembre de 2002, el proyecto llamado "Defensa de la Salud Reproductiva", proveniente de la Cámara de Representantes, donde fuera aprobado por representantes de todos los partidos políticos. A partir de ese momento, se inició una etapa de relevante participación de la sociedad civil y del ámbito académico, que da cuenta del consenso existente respecto al proyecto que venía con media sanción.

Dos de los acontecimientos más importantes a reseñar son la conformación de la Coordinadora Nacional de Organizaciones por la Defensa de la Salud Reproductiva, integrada por entidades de defensa de Derechos Humanos, religiosas, feministas, de jóvenes y de mujeres, así como representantes del PIT-CNT, las cuales concertaron la realización de una serie de actividades, conferencias y debates con el objetivo de promover la sanción del proyecto de ley de Defensa de la Salud Reproductiva y su más amplia discusión.

Otro acontecimiento que merece ser destacado es la aprobación por unanimidad, a fines de 2002, de una declaración pública del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República referida al proyecto a estudio, en el marco del artículo 2º de su Ley Orgánica, en la cual se reconoce que el aborto es una práctica frecuente y clandestina en todas las capas sociales, que se agudiza en los sectores más vulnerables y que, atento a ello, se plantea la sustitución del criterio penalizador por políticas públicas que permitan el libre ejercicio de la sexualidad y presten a las mujeres el apoyo necesario para procesar decisiones libres, autónomas y conscientes, así como sostener las mismas condiciones de equidad y dignidad. La Universidad de la República considera necesario que la sociedad debata y comprometa su aporte y contribución científica y académica para colaborar con la resolución de este problema sanitario y social, respetando el derecho de las personas a ejercer su capacidad de libre decisión de acuerdo a sus convicciones y garantizando el acceso equitativo a los recursos para sostener dichas decisiones.

Lo antes mencionado es una muestra ilustrativa del amplio consenso social que concitó el proyecto que hoy tenemos en discusión.

De agosto a octubre del año pasado, en acuerdo con los demás integrantes de la Comisión, se inició el tratamiento efectivo del proyecto de ley, pero cabe aclarar que anteriormente habíamos recibido a algunas personalidades que, desde el exterior y desde varios ángulos, aportaron su visión sobre el tema. En aquel momento abrimos una instancia de recepción de opiniones y fue así que recibimos a veinticinco delegaciones -en muchos casos, tratando de que no se superpusieran a las que ya habían sido recibidas en la Cámara de Representantes-, a los efectos de tener la más amplia diversidad de opiniones. Éstas correspondían a personas del mundo académico, de la salud, de distintas religiones, posiciones éticas, filosóficas y de agrupaciones sociales promotoras o detractoras del proyecto a estudio. De todas esas intervenciones, incluso las provenientes de ámbitos internacionales, hemos sacado provecho los integrantes de la Comisión de Salud Pública del Senado. No obstante, no hemos podido acordar una opinión acerca del proyecto, razón por la cual considerando unánimemente la importancia y trascendencia del debate, optamos por remitirlo al Plenario sin informe; simplemente nos pusimos de acuerdo en el trámite y todos estuvimos contestes en que era muy importante analizarlo en este ámbito.

Atento a lo manifestado y en acuerdo con el señor Senador Cid -otro de los miembros de la Comisión que ha manifestado su voluntad de aprobar el proyecto de Defensa de la Salud Reproductiva- procederemos a señalar las razones por las cuales consideramos que el Senado de la República debe votar afirmativamente este proyecto de ley.

El primer aspecto sobre el que quisiera extenderme refiere a ¿por qué planteamos modificar la Ley de 1938? Actualmente se encuentra vigente la Ley Nº 9.736, aprobada por la Cámara de Senadores el 24 de enero de 1938 y promulgada el 28 de enero de dicho año, que modifica el Capítulo IV, Título XII del Libro II del Código Penal, artículos 325 a 328, que fuera promulgado por la Ley Nº 9.155 de 4 de diciembre de 1933, y por la que se declara delito al aborto con determinadas eximentes o atenuantes e imponiendo penas tanto de prisión como de penitenciaría según la tipificación delictiva. En dicho cuerpo legal y como ejemplo de anacronismo, el artículo 328 establece como una de las atenuantes o eximentes el móvil del honor, tanto propio como el de la esposa o un pariente próximo, salvo si quien comete el delito es también causante del embarazo, hipótesis legal que todos recordamos fuera duramente objetada por el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres -CEDAW- hace no mucho tiempo.

Otros aspectos más relacionados con la realidad social establecen que si el delito se llevara a cabo a consecuencia de una violación o por razones de angustia económica, el Juez podrá disminuir la pena de un tercio a la mitad e incluso extinguirla, siempre y cuando el aborto fuese realizado por un médico dentro de los tres primeros meses de la concepción. Este plazo no rige si las razones refieren a un riesgo de salud.

Esta Ley de 1938 también establece, en su artículo 3º, una serie de requisitos a cumplir por parte del médico que intervenga en un aborto o en sus complicaciones, requisito que -luego veremos- se ha distorsionado en la práctica.

Esta Ley, vigente desde hace sesenta y seis años, sin embargo ha sido jurídicamente ineficaz, pues en los hechos no ha desalentado la práctica del aborto. Es más, su relegamiento al territorio de la clandestinidad ha llevado al enriquecimiento ilegítimo de quienes realizan las prácticas de la generación de un grave problema de salud para las mujeres.

Así lo han señalado muchos de los entendidos que concurrieron a la Comisión de Salud Pública, como es el caso del doctor Langón, el ex Legislador Sanseviero e, incluso, el doctor Guillot en su presentación ante la Cámara de Representantes.

El representante residente de la Universidad para la Paz, señor Roberto Domínguez y los investigadores de dicha entidad académica, señores Rafael Sanseviero y Américo Migliónico, así como las señoras Susana Rostagnol y Mónica Guchín, que concurrieron el 14 de octubre de 2003 a la Comisión de Salud Pública, dan cuenta de un estudio muy profundo que, de manera organizada y formal, se ha hecho acerca de la problemática del aborto en el Uruguay y sus derivaciones que han dado a conocer públicamente a través de un libro titulado "Condena, tolerancia y negación del aborto en el Uruguay".

En dicha investigación se plantea la forma en que la sociedad uruguaya toma el tema del aborto, señalándose que se oscila entre la condena y la tolerancia. Si bien en nuestra sociedad predomina un nivel normativo y discursivo de condena, el alto número de abortos relevados por la investigación dan cuenta de un consenso social de hecho, que lo tolera en la práctica a través de la negación o "invisibilización" del mismo. Esta es la forma en que se resuelve este nivel de conflicto fuerte que tiene la práctica masiva, articulada en una densa trama social en la que participan numerosos y calificados actores, entre ellos, los del campo médico, del policial y del judicial. La práctica del aborto no se gestiona como una fractura o una censura con respecto a lo que es la vida de la comunidad, sino que se desarrolla inscripta en la vida de la comunidad, según dicen los investigadores.

En lo que refiere a los significados de la penalización del aborto, la investigación releva informaciones obtenidas del Instituto Técnico Forense que señalan que, tanto en 2000 como en 2001, los procesamientos por delito de aborto fueron 16 en cada uno de los años. Esto es, hubo 16 procesamientos por delitos conexos con el aborto, lo que implica que los referidos a mujeres involucradas fueron, obviamente, menos de 16. De acuerdo con la investigación y los números de abortos que estimativamente se practican anualmente, se infiere que sólo el 0,04% de aquellos que incurren en el delito tipificado son penalmente perseguidos. Ello se produce no sólo en los años señalados por la investigación, sino que este porcentaje de procesamiento por esos delitos se mantiene estable por lo menos en los últimos quince años.

El doctor Langón -que nos visitara en su carácter de especialista en Derecho Penal- señala que en la materia se está viviendo lo que se denomina un Derecho Penal simbólico, porque la normativa del aborto es una de las que en los hechos realmente no se cumple. Este Derecho Penal simbólico mantiene una vigencia teórica debido a que las cifras de abortos no se registran ni se conocen y, por tanto, no se puede determinar con certeza el número de delitos y de delincuentes, pero de todas maneras hay una enorme impunidad porque en los registros judiciales no aparecen sentencias de abortos, como decía el especialista Langón en la Comisión de Salud Pública. Es más; de las escasas hipótesis de aplicación de la Ley de 1938, puede extraerse que se produce un proceso de selección negativo, a través del cual quienes sufren las consecuencias del sistema penal son, obviamente, los sectores más vulnerables, es decir, quienes no han podido acceder a asistencia técnica o a procedimientos médicos adecuados. El proyecto a estudio, en opinión del citado especialista, es una forma de reconocer esta realidad y que hay que darle una solución, puesto que concluye que, más allá de la polémica ideológica, filosófica, moral, ética o religiosa, en el Uruguay el aborto está descriminalizado en la realidad.

También el doctor Guillot, en su visita a la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes, expresa la existencia de una desaplicación de hecho del texto legal vigente al señalar el efecto disuasivo absolutamente nulo que ha tenido en nuestro país la incriminación del aborto como delito. Aun cuando comparte el postulado jurídico de que la costumbre no es fuente de derecho y, por ende, no deroga la ley, entiende que la pérdida del consenso de la sociedad con respecto a su validez, la hace devenir ineficaz.

La doctora Graciela López Machín -funcionaria de alta jerarquía del Ministerio del Interior, pero que concurre a título personal a la Cámara de Representantes, y así lo deja expresamente establecido- plantea que existe una división entre el sentir individual y colectivo de la legalidad, entendida como lo que es considerado socialmente adecuado o justo, por el distanciamiento entre la realidad social que viven algunas mujeres y las normas jurídicas.

Con esto queremos señalar que el texto legal vigente no es eficaz ni eficiente para responder a las necesidades de justicia y de seguridad jurídica de nuestra sociedad, que no cumple la finalidad para la que fue aprobado en su momento, es decir, disuadir a los integrantes de nuestra sociedad a practicar abortos. Si bien la Ley de 1938 no cumplió su objetivo de disuasión, tuvo otros efectos lesivos para la sociedad en su conjunto, relacionados con el temor a la incriminación. Se trata del temor que sienten las mujeres -y acá sí nos referimos a las mujeres de todas las capas sociales, pero sobre todo a las más pobres-, por lo cual consultan tardíamente frente a complicaciones del aborto o no lo hacen en absoluto, lo que trae consecuencias trascendentes a nivel epidemiológico. También está el temor de los médicos, quienes se resisten a llevar a cabo un aborto aun dentro de las hipótesis legales o que, frente a una paciente con complicaciones como consecuencia de un aborto mal practicado, se sienten compelidos a denunciarlo. Con ello vuelve a cerrarse el círculo de temor en el que están insertas las mujeres uruguayas. Este temor a la represalia legal lleva también a que quienes practican los abortos extremen a tal punto sus precauciones, que reiteran el entorno de violencia en que se encuentran las mujeres. Se trata de un entorno que ni siquiera está fundado en la ley vigente, sino que es producto de un imaginario colectivo que, en desconocimiento del contenido específico de los textos legales, lleva a determinar requerimientos cada vez más severos para realizar los actos médicos debidos.

Es en ese sentido que hemos recibido comunicaciones de mujeres que, frente a un requerimiento de interrupción del embarazo por razones médicas, malformaciones del feto, riesgo de la vida de la madre, han debido padecer un calvario en entidades médicas públicas y privadas, donde las decisiones se dilataban, obligándolas entonces a optar por la práctica de un aborto clandestino. Esta constatación del desconocimiento de los contenidos normativos, de inexistencia de protocolo o de reglamentación alguna que determinen los pasos a seguir en situaciones incluidas en la hipótesis legal, ha llevado a la inoperancia de los niveles de decisión administrativa de los establecimientos sanitarios. Tanto es así que cuando en el Hospital Pereira Rossell se solicitó que se explicitara cuál era la disposición que obligaba a los médicos a denunciar a las mujeres que concurrían a asistirse luego de haberse practicado un aborto riesgoso, ella no fue encontrada, por la simple razón de que no existía. Esto no es más que el reflejo de lo que hablábamos anteriormente, es decir, el temor o inhibición frente a una norma que no se comprende ni se ajusta a las pautas y costumbres sociales, pero que aun así exige el tributo de un celo exacerbado para su cumplimiento, con el consiguiente y reiterado perjuicio de quienes están en la posición más vulnerable, esto es, las mujeres y, dentro de ellas, las más pobres.

La Ley de 1938 que penaliza el aborto, no sólo es ineficaz para disuadir su práctica, sino que de hecho produce perjuicios mucho más graves ajenos al texto legal, pero que, por cierto, inciden en forma desfavorable en la vida y en la salud de nuestras mujeres.

Creo que, llegados a este punto, debemos preguntarnos cuál es la entidad de este problema, cuál es la verdadera situación del aborto en Uruguay y cuántas mujeres abortan en nuestro país.

Según la publicación realizada el año pasado por CLADEM Uruguay y MYSU sobre "Derechos sexuales y reproductivos. Diagnóstico nacional y balance regional", las primeras cifras que se manejaron en nuestro país surgen de un trabajo del doctor Turenne, del año 1933, en el que se establece que en 1908 se practicaban dos abortos cada cien partos, ascendiendo a cuarenta cada cien partos en 1925. El profesor Hermógenes Alvarez, precursor en Uruguay de los métodos de planificación familiar, la anticoncepción y la salud reproductiva, indicó que en el año 1934 había cincuenta abortos cada cien partos. En el año 1978, el doctor Emilio Thevenet consideraba que se realizaban anualmente entre 100.000 y 150.000 abortos. En una investigación realizada en 1986 se indicó que existían 17 abortos cada cien partos anuales.

Si bien las cifras nunca fueron controvertidas porque no había un relevamiento metódico ni no metódico, ni estudios que avalaran sus criterios hasta ahora, existía una gran disparidad entre cifras máximas y mínimas: de 15.000 a 160.000. Aclaro que todas las personas que he nombrado han sido muy relevantes y competentes en la historia de la medicina uruguaya.

El doctor Leonel Briozzo, quien concurrió a la Comisión de Salud Pública del Senado en representación del Sindicato Médico del Uruguay, en la revista médica de dicha institución de diciembre de 2003 -volumen 19, número 3- se remite a los resultados de la investigación ya señalada del Centro de Investigaciones de la Universidad para la Paz. En esta investigación se utilizaron fuentes directas e indirectas y se cruzaron variables, cuantitativa y cualitativamente. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. En Uruguay, contrariamente a lo que ocurre en el resto de América Latina, el 81% de los abortos se realizaría mayoritariamente en clínicas, y sólo el 19% restante -aunque este sea el porcentaje más difícil de evaluar, porque hay procedimientos de los cuales no se puede dar cuenta- se llevaría a cabo a través de prácticas autogestionadas por las mujeres o en contextos de vecindades o vías de otra naturaleza.

A partir de esto, en la investigación se definen tres categorías de mujeres según su capacidad de acceso a las prácticas de interrupción del embarazo. Aquellas que no tienen acceso a las clínicas, con escasos recursos económicos, reducido capital social y cuyos abortos se estima que llegan a la cifra de -según los egresos hospitalarios del sector público- 4.289 en el interior del país y 1.718 en Montevideo. Esto significa un total de 6.007 abortos anuales, reitero, en los grupos de mujeres de escasos recursos económicos.

Otra categoría está compuesta por mujeres del sector social medio del interior del país, que cuentan con medios económicos que les permite acceder a clínicas radicadas en sus lugares de residencia o cercanos. En este grupo se practica un total de, aproximadamente, 11.000 abortos anuales.

Por último, se encuentra la categoría de las mujeres del sector medio y alto de Montevideo y del interior, que acceden a clínicas en la capital; el 75% de esta ciudad y el resto del interior. En este grupo se producirían cerca de 16.000 abortos anuales.

En esta investigación se concluye que en el año 2000 se habrían practicado 33.000 abortos clandestinos, lo cual significa que habría una proporción de 38,5% de abortos del total de embarazos. Esto ubicaría a Uruguay en el lugar número doce entre los más de ochenta en los que se han realizado estudios comparables a los que se efectuaron en nuestro país y, por lo tanto, son metodológicamente aceptables. Esto también quiere decir que en Uruguay, de cada diez concepciones, cuatro se abortarían.

La constatación antes mencionada lleva a los investigadores a concluir que hoy día la sociedad uruguaya -no es, en absoluto, la posición de esta Legisladora- sigue recurriendo al aborto como un medio para regular la fecundidad, teniendo en cuenta la estabilidad en el número de nacimientos que, de 60.000 ha decaído a 50.000, anualmente, en el último período. La reducida eficacia de los programas de difusión de los métodos anticonceptivos, obviamente, incide en esta realidad.

En dicha investigación también se señala que cada aborto es un acto privado que protagoniza una mujer y, al mismo tiempo, un hecho social en el que participan múltiples ac-tores. Desde esa perspectiva, a la necesidad de abortar se anexa un conjunto de vulnerabilidades socialmente produci-das. Me estoy refiriendo a la vulnerabilidad individual de la mujer en esa circunstancia, ya que habitualmente está sola; a la vulnerabilidad social relacionada con su entorno socio-económico, y a la llamada vulnerabilidad programática, que tiene que ver con la existencia o no de políticas públicas en relación con la salud reproductiva y social y, en particular, con la inaccesibilidad legal a la interrupción del embarazo.

La práctica mayoritaria del aborto se presenta como un servicio médico -a diferencia de lo que ocurre en países de América Latina- público e ilegal, de gestión privada. Mediante esta investigación se habrían relevado aproximadamente 22 procedimientos para interrumpir el embarazo. Se clasifican en dos grandes grupos: aquellos medicalizados, que se ubicarían en el entorno del 81%, realizados en clínicas clandestinas y con la participación de profesionales de la salud, y los efectuados mediante prácticas de sabiduría popular, que estarían en el entorno del 19%. Obviamente, las mujeres que recurren al último tipo de práctica señalada son quienes no tienen acceso a las primeras. No obstante, todos estos métodos implican experiencias de violencia material y simbólica, así como el abatimiento de los derechos de aquellas mujeres que los protagonizan, cuyas consecuencias nefastas se expanden en forma exponencial. De esta forma, por cada muerte que se produce a consecuencia de un aborto en condiciones de riesgo, cincuenta mujeres quedan con lesiones graves que, seguramente, les impedirán procrear el resto de su vida; cien mujeres quedan con lesiones graves, y mil deben abandonar su entorno familiar o laboral como producto de abortos inseguros. Esta es la forma exponencial en que la consecuencia de los abortos inseguros daña la salud y la vida de las mujeres uruguayas y de otras partes del mundo.

Aclaro que estas proyecciones se utilizan cuando no existen registros a los cuales recurrir.

Este drama social que vive nuestro país, además de los costos humanos en la salud de las mujeres, tiene fuertes aunque invisibles impactos económicos. Entonces, cabe preguntarnos cuánto se gasta en la práctica de abortos en nuestro país. Si tomamos en cuenta que se realizan 33.000 abortos anuales -según los relevados por esta investigación- y que el 81% podría estar realizado en clínicas -los valores oscilan entre U$S 600 y U$S 800 por procedimien-to-, tendríamos 26.730 abortos. Entonces, si consideramos un valor entre U$S 500 y U$S 600, estos abortos "medi-calizados" darían como resultado U$S 14:701.500. Esta cifra no paga aportes, no tributa impuestos ni genera inversiones productivas; tampoco promueve equilibrio económico y sí tiende a profundizar el desequilibrio de quienes tienen que distorsionar su presupuesto familiar para poder acceder a un procedimiento medianamente seguro. Si a este cálculo sumamos el gasto que asumen el Estado y la salud privada en la reversión de los efectos del aborto realizado en condiciones de riesgo, la cantidad a considerar es, obviamente, mucho mayor. Eliminar la práctica del aborto del circuito clandestino implicará, asimismo, una redis-tribución por lo menos parcial de esta suma en empren-dimientos más provechosos para la sociedad toda y permitirá a las mujeres recuperar con dignidad un servicio profesional para atender una problemática que hoy día implica violencia, maltrato, penurias económicas y discriminación.

Cabe preguntarse asimismo cuál ha sido la experiencia de otros países respecto a la práctica del aborto y cuál es la relación de la mortalidad materna con la legislación permisiva o prohibitiva que sustentan. Como vivimos en un mundo globalizado, y esto implica no poder dejar de considerar las experiencias de otros países, debemos evaluar los resultados de las prácticas legislativas, tanto en países centrales como en los periféricos. En ese sentido existe una línea claramente marcada entre el Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur. En el Norte, obviamente, impera la práctica de una normativa de aborto voluntario y los riesgos sanitarios de la población femenina son mínimos. Mientras tanto, si observamos el Sur, observamos que América Latina y Africa fundamentalmente, la mortalidad es preponderante y la penalización de la práctica también. Es decir que existe una clara relación entre la liberalización o no penalización del aborto y la reducción de la morbimortalidad materna por un lado y, por otro, un aumento de la misma en los países cuyos ordenamientos jurídicos consideran dicha práctica un delito.

También nos hemos preguntado si las leyes tienen como impacto un aumento del aborto. Se ha señalado al respecto -y así lo han manifestado algunos de los invitados que concurrieron a la Comisión de Salud Pública como, por ejemplo, el doctor Briozzo- que uno de los problemas potenciales que se plantea que puedan traer las leyes que despenalizan o liberan el aborto, es el aumento de los índices de su práctica. Sin embargo, los países con legislación liberal al respecto, como Bélgica, tienen un índice de 6 abortos cada 1.000 mujeres, mientras que Perú, con legislación restrictiva, registra una tasa de 56 abortos cada 1.000 mujeres, sin considerar el subregistro. De manera que en los países donde hay una práctica legal del aborto, la tasa desciende. Son ilustrativos, en tal sentido, los casos de Italia y Francia, que liberalizaron el aborto entre los años 1970 y 1980 y que al principio registraron un pequeño aumento de la tasa -explicable a partir del subregistro previo- para luego observar una clara disminución. Obviamente, esto también está vinculado a la posibilidad de implementar programas acordes a las realidades que se relevan. La razón de este leve ascenso y de su posterior decaimiento proviene de que, como en el proyecto a estudio, la legislación aprobada se acompaña de políticas y programas de planificación familiar y de educación sexual que van inculcando, en mujeres y hombres, el concepto de derechos sexuales y reproductivos y el reconocimiento de otras formas de contraconcepción. El aborto voluntario como tal es la última alternativa frente a un embarazo no deseado, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, y sólo se utiliza con dicho fin por inexistencia de opciones reales, cuando los métodos anticonceptivos son inaccesibles o inefectivos.

En definitiva, en todos los países del mundo en los que se liberaliza la practica del aborto, no sólo se reducen las tasas de mortalidad y de morbilidad materna, sino también el número de abortos provocados.

En cuanto a la otra cara del problema, es decir, la que atañe a los países que se encuentran bajo la sutil línea que los divide en centrales y periféricos -o entre desarrollados y no desarrollados-, vemos que en los que prevalece la legislación punitiva y la ilegalidad, los abortos realizados en mujeres entre 15 y 44 años y las muertes maternas aumentan sustancialmente, pero se destaca que este aumento no refiere estrictamente a las carencias del subdesarrollo, sino a la legalización del aborto. Sin embargo, se nos informaba en la Comisión que Túnez, país del Norte africano no desarrollado, pero con legislación no punitiva, mantiene una tasa de abortos relativamente baja de 9 cada 1.000 mujeres. En cambio, en países de América Latina en los que la práctica es ilegal, las tasas de abortos y de muertes por dicha causa son mucho mayores.

Como se ha señalado reiteradamente, el aborto implica un grave problema de salud para la población. La FIGO -Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia- ha dado cuenta de dicho problema y en el año 2000 ha establecido ciertas recomendaciones relativas al aborto provocado por razones no médicas, considerando el derecho de las mujeres a reproducirse o no y a interrumpir voluntariamente su embarazo en condiciones de seguridad y sin que los miembros del equipo de salud le impongan sus criterios religiosos o culturales relativos a la práctica. La recomendación de FIGO resume que las mujeres deben tener derecho de acceso al aborto inducido por medios médicos o quirúrgicos y los servicios sanitarios tienen la obligación de suministrarlos con las máximas condiciones de seguridad. El Sindicato Médico del Uruguay, la Sociedad de Ginecotocología del Uruguay, la Facultad de Medicina y otras entidades y personas con conocimiento de la situación, han puesto de manifiesto el significado epidemiológico de que el aborto sea la principal causa de muerte materna en nuestro país. Esta mortalidad materna es un indicador -según se nos decía- más sensible y específico de salud, tanto a nivel mundial como en nuestra realidad nacional. No hay otro indicador sanitario -ni la mortalidad infantil, ni la mortalidad perinatal- tan sensible para detectar los déficit en materia de salud como el de la mortalidad materna. Esto lo señalaba el doctor Briozzo en su visita a nuestra Comisión y deriva de que las mujeres que mueren durante el embarazo, el parto o el puerperio -es decir, todo lo que engloba el concepto de "mortalidad materna"- lo hacen mayoritariamente debido a retrasos en sus diagnósticos, ya sea por no poder acceder a la consulta o al tratamiento.

Un estudio realizado entre los años 1995 y 1999 sobre mortalidad vinculada al embarazo, parto y puerperio en el Uruguay, da cuenta de que en dicho período se produjeron 17 muertes como consecuencia de abortos provocados en condiciones de riesgo, sobre un total de 62 muertes maternas. Estas muertes representan el 27,9% de la mortalidad materna general. Pero mucho más preocupante fue la constatación de que en ese período, en la puerta del Hospital Pereyra Rossell -nuestro hospital materno infantil de referencia- el señalado porcentaje ascendía a 47%. Esto da la pauta de la gravedad del tema y su sustancial focalización en las mujeres más vulnerables -las pobres-, teniendo presente que los porcentajes de mortalidad materna por aborto inseguro, promedialmente en el mundo ascienden a un 13%, en Latinoamérica a 21%, en Sudamérica a un 24%, en Uruguay a un 27% y, específicamente en la puerta del Pereyra Rossell, reitero, a 47%. Las alarmantes cifras de mortalidad materna a consecuencia de abortos realizados en condiciones de riesgo fueron las que encendieron la alarma sobre la real entidad del problema planteado. Esta situación fue advertida por los integrantes de las Cátedras de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República que realizan sus internados en el Hospital Pereyra Rossell.

Ante la enorme incidencia de las consecuencias del aborto en condiciones de riesgo en la mortalidad de las pacientes, promovieron lo que se dio en llamar "Iniciativas médicas contra el aborto provocado en condiciones de riesgo". Estas, sin definirse a favor o en contra del derecho a la interrupción del embarazo, despiertan la conciencia en la sociedad en general, y en los médicos en particular, sobre la existencia de un grave problema de salud evitable en la mayoría de los casos. En su propuesta, los autores señalan la ausencia de políticas y programas dirigidos a ofrecer prestaciones de calidad en materia de salud reproductiva y anticoncepción, fundamentalmente a la población más carenciada. Ante ello, asumen y destacan la responsabilidad del médico con respecto a la salud de la mujer -que acude a su consulta para confirmar un embarazo- en cuanto a obtener un trato digno, información sobre situaciones de riesgo para su salud, orientación sobre su prevención y medidas que posibiliten el seguimiento de todo el proceso. A su vez, en los casos en que la usuaria del servicio tome la decisión de realizarse un aborto provocado, los médicos proponen desarrollar medidas que posibiliten un seguimiento y procuren disminuir las complicaciones inmediatas, que son el preámbulo del riesgo de la muerte materna, manejando dichas complicaciones, el aborto y las interrupciones del embarazo seguras "hasta donde la ley les permita", según ellos decían. Este planteamiento, presentado por la Sociedad de Ginecotocología del Uruguay, el Sindicato Médico del Uruguay y la Facultad de Medicina al Ministerio de Salud Pública en marzo de 2001 -con respecto al cual no se obtuvo respuesta, más allá de que en el día de ayer nos llegó alguna comunicación por parte del Ministerio- fue otro de los elementos tomados en cuenta para iniciar una campaña a favor de la sanción de una ley sobre derechos reproductivos que incluyera el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo dentro de determinados parámetros, puesto que se tomó conciencia de que aun aprobadas las iniciativas planteadas, eran insuficientes para solucionar el problema que teníamos. La única situación posible frente a los hechos descritos es muy clara: el aborto provocado en condiciones de riesgo es en el Uruguay un problema prioritario de salud que el Estado debe asumir de inmediato mediante la determinación de soluciones accesibles a todas las mujeres pero, fundamentalmente, a las más vulnerables y desprotegidas, como forma de revertir la iniquidad social que finalmente se traduce en un déficit democrático.

Todos los Senadores y Senadoras hemos conocido, señor Presidente, el doloroso caso de Flavia, la adolescente de 16 años de Nueva Palmira, madre de un niño de seis meses, quien creyéndose nuevamente embarazada se introdujo una pastilla de veneno para exterminar tucutucu, que muriera intoxicada ante la mirada impotente de los médicos de Carmelo, algunos de los cuales están presentes hoy en la Barra. Nos relata este hecho en la Comisión la profesional que la atendiera en la urgencia, quien ante tanto dolor se compromete como mujer, como médica y como ciudadana a erradicar situaciones como la que le tocó vivir. Personalmente, señor Presidente, como mujer, como médica y como Legisladora en mi calidad de Senadora de la República por mandato de la ciudadanía, también me comprometo a que estas situaciones no sigan ocurriendo.

Es necesario revisar, entonces, señor Presidente, el entorno en que debemos legislar. Me refiero en primera instancia a que el proyecto a estudio está inserto en un estado social de Derecho, erigido a partir de la norma constitucional en base a un sistema democrático en el que se reconocen derechos a todos los que habitan dentro de sus límites y donde el Estado está desde hace casi un siglo separado de cualquier iglesia o credo religioso. Esto significa, señor Presidente, que el Estado no tiene religión alguna y que por los soportes de sus órganos y cargos, es decir, las personas que cumplen los cometidos asignados al Estado, no pueden ni deben afectar sus decisiones más que por el interés general, prescindiendo de religión o credo que profesen. En este sentido, la laicidad del Estado uruguayo, al decir del señor Senador Korzeniak, casi se identifica con el concepto de pluralismo. La cuestión del Estado laico desde una perspectiva socio jurídica abarca al ámbito de la educación, de la administración de justicia y del acceso a la ciudadanía. Hoy día, señor Presidente, la laicidad tiene otra dimensión: la de la inclusión social y el respeto a la diversidad. Hoy día la laicidad implica el acceso a servicios de salud reproductiva, el derecho a vivir y morir con dignidad, el derecho a compartir la vida con otra persona, a casarse o a no casarse, a divorciarse, a tener una opción u orientación sexual y, en definitiva, a tener libertad personal para opinar, actuar y ser respetados en dicha libertad. La laicidad encuentra sus raíces en el superior credo de la democracia que implica respeto a la diversidad cultural y religiosa, así como a la autonomía personal, rechazando cualquier tipo de fundamentalismo que intente poner pautas religiosas a quienes no profesan determinado culto. Por ello, señor Presidente, nuestro entorno social y cultural, el Estado que consagramos en nuestra Constitución, nos obliga a legislar en forma inclusiva, incorporando todas las visiones y respetando la diversidad cultural, religiosa, étnico racial y de cualquier otro tipo, sin perder de vista el interés general de todos los habitantes del país en el momento de definir textos legales que determinan políticas públicas como ésta, referida a la salud reproductiva.

Llegados a este punto debemos realizar una conceptualización mínima de lo que consideramos derechos sexuales y reproductivos, para hacer luego también un breve relevamiento de los compromisos que asumiera nuestro país con respecto a la salud reproductiva y a los derechos sexuales. Los derechos sexuales y reproductivos refieren a la potestad de cada persona para tomar decisiones informadas y responsables sobre su propia fertilidad, capacidad reproductiva, cuidado, crianza de los hijos, salud reproductiva y actividad sexual, así como para acceder a recursos que impliquen la posibilidad de llevar a la práctica esas decisiones de manera segura, efectiva y sin discriminaciones. Los derechos sexuales incluyen el derecho de todas las personas a decidir de manera libre y responsable sobre los aspectos de su sexualidad. Los derechos reproductivos incluyen los derechos de las personas a decidir libre y responsablemente acerca de la cantidad de hijos que desean tener y cada cuánto tiempo, así como contar con la educación y los medios para lograrlo. Los derechos de la salud sexual y reproductiva incluyen la formación, la orientación, el servicio de planificación, la atención prenatal, la del parto y la posnatal, así como la atención de la salud infantil. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos de todas las personas, de todas las edades, preferencias sexuales, culturas, etnias y desde la perspectiva de las mujeres les permite controlar su propia fecundidad y adoptar decisiones relativas a la reproducción sin coerción, discriminación ni violencia. Esta conceptualización del derecho a disponer del propio cuerpo y a optar cuándo, cómo y de qué manera reproducimos, como un derecho humano, está señalando el pasaje de lo privado a lo público, de la construcción de relaciones de democracia y de libertad en la vida cotidiana y es el gran paso que se ha dado a nivel mundial con la CEDAW, la Convención Interamericana sobre la Violencia contra la Mujer de Belén do Pará, la Conferencia de El Cairo y la de Beijing. Si bien los derechos de las mujeres integran el "jus cogens" de los derechos humanos, es decir, las normas emanadas de la convicción colectiva mundial respecto a que ciertos derechos son inherentes a la personalidad humana y en dicho caso constituye un derecho positivo sobre las normas constitucionales internacionales, los derechos sexuales y reproductivos ya han sido incorporados en diversos instrumentos internacionales. La CEDAW, Convención para la Erradicación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, suscrita en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas a fines de 1979, reconoce a las mujeres una serie de derechos entre los que se incluyen el derecho al acceso a la salud en general y a la reproductiva en particular. Esta Convención establece que hombres y mujeres tienen los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el intervalo entre los nacimientos y tener acceso a la información, la educación y los medios que le permitan acceder a esos derechos. La Conferencia Mundial de Población y Desarrollo, reunida en El Cairo en 1994, estableció un plan de acción sobre la base de la promoción de la equidad y de la igualdad entre sexos, así como la promoción de los derechos de las mujeres. También propugna la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres, a fin de asegurar que sean ellas las que controlen su fecundidad, sin coacciones. Es también en esta conferencia que se establece que, frente al derecho de las personas a usufructuar los servicios de la salud, existe un correlativo deber del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar, en condiciones de igualdad, entre hombres y mujeres, en todas las etapas de su vida, el acceso universal a los servicios médicos, incluso a aquellos relacionados con la salud reproductiva y la salud sexual. La reciente Reunión de la Mesa Directiva Ampliada del Comité Especial sobre Población y Desarrollo de la CEPAL, celebrada en Santiago en marzo de 2004, aprobó por consenso una declaración que reafirma los acuerdos de El Cairo, con la sola reserva de los Estados Unidos de Norteamérica. La Convención de Belén do Pará establece las líneas rectoras del respeto a los derechos humanos y la obligatoriedad de los gobiernos para eliminar todas las formas de violencia física, sexual y psicológica hacia las mujeres. Entre los puntos sustanciales promovidos por la Conferencia de Beijing de 1995 se establece la necesidad de garantizar la igualdad de trato y de acceso a la atención de la salud y la promoción de la salud sexual y reproductiva de la mujer. Uruguay ha aprobado la CEDAW y la Convención Interamericana de Belén do Pará, y ha suscrito compromisos emanados de las conferencias de Naciones Unidas de El Cairo y Beijing, por lo que debe asumir dichos compromisos a través de la sanción de leyes y el cumplimiento efectivo de las mismas. El proyecto de defensa de la salud reproductiva, señor Presidente, no es más que la forma que le hemos dado a este tipo de recomendaciones para mejorar, en particular, la salud de las mujeres en nuestro país. Así lo ha señalado el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer en su informe de 2002, al concluir que 17 años de gobiernos democráticos no han alcanzado al Uruguay para poner en consonancia su normativa en materia de derechos sexuales y reproductivos con el desarrollo alcanzado a nivel de los documentos y recomendaciones de las conferencias internacionales en la materia, y que uno de los avances más significativos de los derechos sexuales y reproductivos lo constituyó la sanción en la Cámara de Representantes de este proyecto de ley que hoy estamos discutiendo.

¿Cuál es, entonces, la responsabilidad del Estado frente a los derechos sexuales y reproductivos? La responsabilidad derivada de la ratificación de tratados, convenciones y pactos de derechos humanos, y la suscripción de documentos emanados de conferencias de similar índole por parte de los Estados, consiste en la asunción de una serie de compromisos que implican la realización de acciones concretas que traduzcan la voluntad política de implantarlos en el ámbito nacional, adecuándolos a ordenamientos jurídicos preexistentes e instrumentando políticas públicas que favorezcan la plena realización de los derechos reconocidos. Específicamente, el plan de acción de El Cairo establece que los países signatarios deberán instrumentar políticas públicas que garanticen los derechos reproductivos, con énfasis en el derecho a la salud sexual y reproductiva, considerando que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental y que la salud reproductiva lo integra. Nuestro país se encuentra obligado a reconocer y proteger dichos derechos, instrumentando medidas para promover los mismos, de manera de estimular una procreación consciente y responsable, el acceso a la información y educación sexual y reproductiva, a servicios de salud sexual y reproductiva a toda la población, al progreso científico, a servicios sociales y legales que le garanticen el ejercicio de los derechos sin violencia y en condiciones de igualdad y equidad entre sexos. Por lo tanto, la salud es un derecho de todos los habitantes de nuestro país, entendida no como la ausencia de enfermedad, sino como el derecho a tener cubierta la atención de la salud física y psíquica a fin de desarrollar su vida en condiciones de dignidad. Existe un deber del Estado de garantizar tal prestación como un servicio social, obligatorio, de promoción y prevención de la salud, por lo que el proyecto a estudio no es más que el cumplimiento efectivo del cometido estatal asignado por la Constitución de la República y condicionado por las convenciones internacionales que nuestro país, libremente, ha ratificado. Desde que este país surgió nuevamente a la vida democrática luego de más de una década de dictadura, la despenalización del aborto ha sido aspiración de los Legisladores de todos los partidos políticos. El primero de ellos data de 1985; fue denominado "Aborto practicado con consentimiento de la mujer", y fue presentado por los Diputados Lamas y Vaillant. Su contenido refería a modificaciones de varias disposiciones del Código Penal. En 1991, el Diputado Díaz Maynard proponía modificar el Artículo 328 de la Ley de 1938 a través de un proyecto denominado "Penalización de actos que afecten los derechos de la mujer". Más adelante, en 1993, se presentó un proyecto sobre interrupción voluntaria de la gestación, suscrito por Legisladores de todos los partidos políticos: Beramendi, Piñeyrúa, Alba Osores de Lanza, Sanseviero, Tabaré Caputti, Carlos Pita, Batlle Bertolini, Rafael Michelini, José Bayardi, Daniel Díaz Maynard y Ramón Legnani. Si bien esta iniciativa fue aprobada por la Comisión de Bioética de la Cámara de Representantes, nunca llegó a ser tratada en el Plenario. Este último proyecto, redactado fundamentalmente por Sanseviero y por nuestra querida y recordada doctora Graciela Dufau -a cuya memoria pretendo rendir homenaje promoviendo la aprobación de este proyecto de ley- fue elaborado en consulta con distintas organizaciones sociales relacionadas con el tema y, en líneas generales, es una fuente directa del que hoy estamos discutiendo. Ninguna de estas iniciativas, a las que debe sumarse la suscrita a mediados de 1994, en términos similares a la de 1993, por los entonces Diputados Atchugarry, Bertolini, Caputti y Piñeryrúa, llegó a pasar a la instancia que hoy tenemos. Sin embargo, en 2001 fueron desarchivadas a solicitud de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Representantes y trasladadas a la Comisión de Salud de dicho Cuerpo. Tomándolas como base, se concreta el actual proyecto que ha sido remitido a nuestra consideración. Es así que esta iniciativa no es novedosa; ha esperado pacientemente hasta obtener su mayoría de edad, para ser discutida en este Plenario. El problema del aborto inseguro y las muertes que provoca no es algo nuevo, aunque sí existe una renovada preocupación en los operadores de la salud y de otros sectores sociales, por lo que esperamos tener la suficiente madurez para resolver en la forma más adecuada y más tolerante los requerimientos de diversos segmentos de nuestra sociedad.

En esta instancia, y antes de ingresar al análisis del proyecto de ley, debo señalar que me he comprometido a apoyarlo como mujer, como médica y como Legisladora. Como mujer, me preocupa el reconocimiento del derecho de toda mujer a resolver libremente cuándo y en qué circunstancias va a ser madre. Este derecho se complementa con el de la procreación libre y sin violencia, con el de tener hijos deseados y con el derecho de los hijos a ser deseados. También me preocupa el ejercicio de este derecho en la accesibilidad que se tenga para su goce, puesto que en este tema -como en muchos más-, quien está en una situación de vulnerabilidad sufre más las condiciones negativas o la restricción en la prestación de los servicios. Por ello, mi compromiso va dirigido especialmente a las mujeres que viven en situación de pobreza, a fin de que sean las más privilegiadas en el acceso a la información y a las prestaciones relacionadas con la salud sexual y reproductiva. Pretendo que, con este aval legal, todas las mujeres tengan acceso a la píldora del día después, mediante la cual pueden protegerse de embarazos no deseados cuando otros métodos anticonceptivos han fallado. También aspiro a que esta protección no sólo llegue a quienes pueden adquirir el producto en una farmacia, sino a todas las mujeres que lo necesiten, sin restricciones.

Como médica, mi compromiso refiere, básicamente, a la lucha contra el aborto provocado en condiciones de riesgo, por ser este un grave problema de salud. En Uruguay hoy hay mujeres muriéndose por haberse provocado un aborto sin las mínimas condiciones de seguridad sanitaria y por evitar la asistencia médica al aparecer las complicaciones por temor a la denuncia y a las derivaciones de un proceso penal. Entonces, mi compromiso pasa por informar a las mujeres de sus derechos a condiciones de salud dignas y por el seguimiento de políticas públicas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos.

Mi compromiso como Legisladora refiere, fundamentalmente, a incorporar a los textos legales la inclusión social, el respeto a la diversidad; en definitiva, incorporar a los proyectos a estudio la perspectiva de género, la visión de las mujeres desde las mujeres.

La interrupción del embarazo no es una decisión que las mujeres tomen con ligereza; por el contrario, es una decisión muy dolorosa, asumida con responsabilidad y con total conciencia de las consecuencias sanitarias, psicológicas y punitivas que ello conlleva, pese a lo cual difícilmente se modifique. La determinación persiste aun cuando la sociedad la señale y la estigmatice, aun cuando algunos sectores conservadores, religiosos, las hagan objeto de su intolerancia.

Entonces, señor Presidente, si a pesar de toda la represión que se cierne sobre las mujeres, estas no son desviadas de su decisión, ¿cuál es el sentido de mantener una legislación represiva e inefectiva? ¿Cuál es el sentido de aumentar el dolor y la violencia a que deben someterse quienes quieren interrumpir su embarazo?

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay una moción para que se prorrogue el término de que dispone la señora Senadora.

Se va a votar

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

Puede continuar la señora Senadora, quien dispone de media hora más para desarrollar su exposición.

SEÑORA XAVIER.- Agradezco al señor Presidente y al Cuerpo.

Por más breve y lineal que sea el análisis que se realice de la situación, el interés general de nuestra sociedad y el compromiso asumido en relación con el respeto a los derechos humanos, nos obliga a ponernos a favor de la Ley de Defensa de la Salud Reproductiva.

Los aspectos generales del proyecto son los siguientes. Instituye al Estado como garante de los derechos sexuales y reproductivos; promueve la paternidad y maternidad responsables; obliga al Estado a establecer programas con respaldo presupuestal para la implementación de la ley, trampa en la cual habitualmente caemos muchas veces cuando legislamos; promueve la educación sexual; obliga a la capacitación de los equipos de salud y relaciona la interrupción voluntaria del embarazo con la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Quiero aclarar que la ley no obliga a la embarazada a interrumpir el embarazo que no quiere interrumpir, ni obliga al profesional que objete conciencia sobre el tema a realizar un procedimiento que no quiera realizar.

Ahora vamos a tratar de analizar en concreto el proyecto a estudio, que consta de 6 capítulos y 18 artículos.

A los efectos de realizar este análisis, me apoyaré en la intervención que tuve en la Comisión y en los estudios que realizara la recordada doctora Graciela Dufau, infatigable defensora de los derechos de las mujeres.

El Capítulo I se titula "De los Deberes del Estado" y establece en el primer párrafo de su artículo 1º la obligación del Estado de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos relacionados con la procreación consciente y responsable de ambos progenitores, mediante la instrumentación de políticas sociales y educativas referidas a la salud reproductiva, a los derechos sexuales y a la reducción de la morbimortalidad materna. En el segundo párrafo se hace hincapié en la responsabilidad de las personas respecto a su comportamiento sexual y reproductivo, comprometiéndolas a asumir conductas adecuadas respecto a la paternidad y a la maternidad.

Por otra parte, el artículo 2º pone a cargo del MSP, responsable de los cometidos establecidos por el proyecto, la planificación y ejecución de políticas relativas a la educación sexual y planificación familiar, debiendo incluir en su presupuesto en forma permanente y en carácter de programa un ámbito institucional para su ejecución. Por este artículo se establecen los objetivos del programa, entre los que se destaca la obligación de capacitar a todo el personal de la salud en salud sexual y reproductiva y planificación familiar, incluidos aspectos relativos a la orientación y a la comunicación interpersonal, protegiendo a quienes utilicen las técnicas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad de una nueva culpabilización por la decisión tomada.

El artículo 3º obliga al Ministerio a coordinar sus acciones con otros organismos del Estado a los que incumban los derechos sexuales y reproductivos, aspecto esencial para formular un plan de acción homogéneo, evitando duplicidad de esfuerzos y de recursos económicos, así como vacíos operacionales que habitualmente nadie cumple.

El Capítulo II, titulado "Circunstancias, Plazos y Condiciones de la Interrupción Voluntaria del Embarazo", comienza con el artículo 4º en el que se establece el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en determinadas condiciones y con determinados requisitos, permitiendo que la mujer ejerza el derecho a controlar su propia fecundidad y a adoptar decisiones relativas a la reproducción, sin coerción, discriminación ni violencia. Este artículo reconoce a las mujeres el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo durante las doce primeras semanas de gravidez, en las condiciones que establece el proyecto: información, apoyo y registro médico de la intervención. Es también respecto a este artículo que se han producido grandes polémicas, tanto en el seno de la Comisión como en la deliberación parlamentaria previa en la otra Cámara. El punto refiere concretamente al artículo 4º del Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva, si colide en algún sentido con el artículo 4º del Pacto de San José de Costa Rica. En esta instancia debemos interpretar el Pacto de San José de Costa Rica para establecer si el Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva lo viola o no. Brevemente, el Pacto de San José de Costa Rica establece que los Estados deben comprometerse a respetar el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos y a no limitarlos en mayor medida de lo previsto en el mismo. Por aplicación del Pacto tampoco es posible limitar el goce o el ejercicio de derechos y libertades reconocidos en leyes nacionales o vigentes, de acuerdo con otras convenciones de las que el Estado se aparte. Para interpretar el Pacto debemos referirnos a la discusión del mismo, es decir su contexto, discusión en la que participó nuestro país a través de delegados enviados en esa instancia. A ese respecto existe la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso conocido como "baby-boy". Los Estados Unidos se presentan ante esta Comisión y cuestionan una resolución de la Corte Suprema de Massachusetts. Originalmente, el Comité de Juristas había presentado un texto diferente para el artículo 4º. Este artículo establece actualmente lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción." Sin embargo, en un principio no decía "en general", lo que llevó a que objetaran dicho texto las delegaciones de Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos, México, Perú, Uruguay y Venezuela. En ese momento nuestra delegación consideró que si no se incluía la frase "en general", se estaban violando las leyes que existían en el país con respecto al tema del aborto, de manera que ya en este caso, nuestro país ha expresado su voluntad a nivel internacional a través de sus delegados y así consta en los organismos. Esta no es mi posición personal ni la de la doctora Dufau, sino la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta es la única interpretación posible del contexto del Pacto de la opinión que en su momento dio nuestro país internacionalmente, que pauta su quehacer posterior a la luz de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

Es así, entonces, que este proyecto no colide ni viola el pacto de San José de Costa Rica que, por otra parte, si se interpretara en forma diferente implicaría que la ley vigente, al eximir de pena a algunas hipótesis del aborto, también estaría violando el referido Pacto.

En suma, este proyecto armoniza perfectamente con el Pacto de San José de Costa Rica, tal como lo ha señalado la mayoría de los académicos entrevistados en la Comisión: el profesor Cassinelli Muñoz, la propia doctora Dufau e, incluso, el profesor Gros Espiell, que en principio participa de otro criterio con relación al proyecto y ha coincidido con el profesor Cassinelli en que la expresión "y en general" del artículo 4º del Pacto significa la posibilidad de que se abran, por vía de la ley, casos excepcionales que permitan la interrupción voluntaria del embarazo. Así lo ha considerado también el doctor Langón, quien ha señalado que la misión del Derecho Penal no consiste en proteger una moral, una religión o una ideología determinada, sino permitir una vida comunitaria y aceptable mediante la construcción de una normativa mínima que sancione las conductas incompatibles con aquella y que no puedan ser desalentadas por otros métodos menos radicales. En este sentido, Langón señala que esta ley no haría otra cosa que incorporarse dentro de un sistema que es el que siempre utilizó el Derecho Penal para proteger la vida, pero así y todo el Legislador ha protegido la vida en forma diferencial.

En similar sentido, la doctora Graciela López expresa que las normas deben colocar en orden de prelación la tutela de un mismo derecho: el derecho a la vida de una persona que existe, de la cual dependen otras personas que también existen y tienen una vida de relación y forman parte del capital social del país y, por otro lado, de una vida fisiológicamente dependiente en los primeros tiempos de su gestación. La doctora López entiende que es tarea del Legislador encontrar el equilibrio entre estos derechos, en forma adecuada a la realidad del Siglo XXI, a las posiciones más modernas de protección integral de los Derechos Humanos y a las normas que tienden a lograr la igualdad de trato y oportunidades para las mujeres. En ese sentido, considera la solución legal del proyecto como justa y razonable.

Elena Highton de Nolasco, jurista argentina postulante a la Suprema Corte de Justicia de dicho país, en un artículo publicado en la "Revista de Derecho Privado y Comunitario", señala que "en el tema del aborto está en juego, no sólo la colisión de intereses entre el valor vida del embrión o del feto frente al valor libertad y autodeterminación de la madre, sino también -y eso es importante resaltar- el conflicto propio del derecho del no nacido y no querido. Debe resolverse dónde hay daño, si en la supresión de la persona o futura persona o en llevar un embarazo a término y hacer ver la luz a un niño forzadamente, para que sea maltratado, quede abandonado física o moralmente o esté a cargo de instituciones de beneficencia y del Estado."

Existe un aspecto del artículo 4º del proyecto de ley con la decisión exclusivamente femenina de culminar un embarazo, que ha causado también algún tipo de polémica y que consideramos una solución correcta del problema, por una serie de razones.

Existe una investigación de UNICEF y de la Universidad de la República de nuestro país que encuesta a 1.500 mujeres de Montevideo y del área metropolitana, que establece cuál es la responsabilidad que el padre biológico tiene después del divorcio o la separación, que demuestra que en el 80% de los casos no se brindan ni siquiera las pensiones alimenticias que la ley obliga. Imagínense, que si esto sucede frente a una pensión alimentaria, lo que puede ocurrir con relación a la situación que estamos enfrentando hoy, que es extremadamente más difícil. Lamentablemente, en general se comprueba que somos las mujeres las que enfrentamos, en última instancia, la crianza de los niños, su educación, en definitiva, la carga parental. Entonces, es de justicia que la última decisión sea tomada por la mujer.

Sin perjuicio de lo expuesto, la ley no prohibe la consulta con el padre biológico y si existe una pareja armónica, la resolución de la mujer va a ser tomada en discusión previa con la misma. Reitero que la ley no lo prohibe, pero lo que no exige es que un padre que habitualmente está ausente, inaccesible o sin disposición, deje a la mujer sin la posibilidad de ejercer ese derecho, que implicaría reinsertarla en el espiral de requisitos e inconvenientes prácticos que le dificultan y, de hecho, imposibilitan el cumplimiento de su voluntad.

En definitiva, el artículo 4º del proyecto se enmarca en un contexto de promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos fundamentales. Además, hay algo que es muy importante, que es el hecho de que no obliga a las mujeres a interrumpir su embarazo, ya que seguirá siendo un delito la hipótesis del embarazo contra la voluntad de la mujer. Sin embargo, sí permite ejercer el derecho a controlar su propia fecundidad y a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin coerción, sin discriminación, sin violencia y promoviendo la salud reproductiva.

El artículo 5º define los requisitos y condiciones para ejercer el derecho que se confiere en el artículo 4º estableciendo una carga para el médico, es decir, una obligación que se dispone en su propio interés. Obliga al médico a informar a la posible usuaria otras opciones: adopción, programas de apoyo a la maternidad, etcétera. O sea que obliga al profesional actuante a dar información y apoyo antes y después de la intervención. Luego de efectuada la intervención, de acuerdo con el artículo 6º, el profesional deberá dejar constancia en la historia clínica de haber cumplido con los requisitos previstos. En forma coordinada, el artículo 13 posteriormente obliga a registrar -sin revelar la identidad de la usuaria- la situación de aborto o sus eventuales complicaciones a través del Ministerio de Salud Pública, con lo que se podrá tener mayor conocimiento estadístico de la realidad y, de esa manera, se podrán definir planes y programas, que es algo imprescindible para diseñar políticas preventivas.

Dentro de las razones esgrimidas por la mujer que el médico deberá tomar en cuenta para realizar la interrupción del embarazo, el artículo 4º prevé circunstancias en que se ha producido la concepción, tales como penuria económica, circunstancias sociales, familiares o de edad de la interesada que, en su opinión, no permiten continuar la gestación. También es obligación del profesional actuante recabar el consentimiento informado de la mujer que resuelve interrumpir el embarazo, mediante la suscripción de una constancia que se agregará a la historia clínica, con lo cual quedan a salvo la responsabilidad del médico como la de la mujer que solicita la intervención.

De acuerdo con lo establecido, en el plazo de doce semanas y cumpliendo con los requisitos dispuestos en los artículos 4º a 6º, que configuran la parte general del Capítulo, la realización del aborto no es delito. Tampoco lo es en la hipótesis del artículo 7º, es decir, si se realiza fuera del plazo de las doce semanas, pero solamente frente a casos de grave riesgo de la salud de la mujer o de malformaciones congénitas del concebido, a criterio del médico actuante. Esta es una especialidad de la parte general establecida en los artículos 4º a 6º, ya que el artículo 7º plantea la hipótesis de un aborto realizado fuera de los parámetros de los artículos anteriores pero sin que configure delito.

Desde el punto de vista jurídico, entonces, fuera de las doce semanas y en las circunstancias previstas en el artículo 7º se puede practicar un aborto, ya sea cuando existe un grave riesgo para la salud de la mujer, o cuando se realiza " para salvar la vida", expresión que incluye además del riesgo para la salud, todas las otras circunstancias que puedan ingresar en dicha expresión "para salvar la vida", esencia del deber médico.

A su vez, en la segunda parte del artículo 7º, cuando se habla del proceso patológico que provoque malformaciones congénitas incompatibles con la vida, trata el tema del aborto eugenésico de criterio restrictivo, porque sólo se trata de aquellas malformaciones del feto incompatibles con la vida extrauterina; no es cualquier malformación. Entonces, el proyecto es amplio para salvar la vida de la mujer, para que no corra riesgo su salud y restrictivo en materia de aborto eugenésico. El último inciso del artículo 7º señala que, en todos los casos, se deberá tratar de salvar la vida del feto sin poner en peligro la vida o la salud de la mujer. Estamos ante la situación de un aborto no deseado, pero se trata de una mujer que tiene en riesgo su salud y su vida y, por tanto, a texto expreso la ley obliga a tratar de salvar la vida del feto en esta circunstancia.

El Capítulo III, denominado "Consentimientos especiales" contiene un eje clave del proyecto: el tema del consentimiento. Hoy día, a través de la posición de Naciones Unidas en referencia al respeto a los Derechos Humanos, los países ya no pretenden resolver los problemas demográficos mediante el control de la natalidad, sino que la concepción de los derechos reproductivos y sexuales ha llevado a que no se pueda planificar la población más allá de la voluntad de los individuos que la integran.

Este proyecto de ley ha tomado en consideración el tema del consentimiento como eje central, teniendo en cuenta que el derecho a la reproducción o a la no reproducción es un derecho humano. Este aspecto ha sido visualizado por los expertos internacionales que han visitado la Comisión, como el doctor Faúndez, Director de la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia, quien manifestara que este "es el mejor proyecto de ley que he visto, porque responde a gran parte de la problemática que genera la penalización del aborto". La señora Frances Kissling, representante de "Católicas por el Derecho a Decidir" ha estado de acuerdo con la iniciativa. También se han manifestado en forma favorable al proyecto la doctora Rebecca Cook, abogada y docente canadiense, catedrática en Derechos Humanos de la Universidad de Toronto, de prominente trayectoria, quien señala la visión de avanzada del proyecto, que sería único en el mundo, en cuanto relaciona la interrupción voluntaria de la gravidez con la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Esta consideración de avanzada del proyecto también se debe al equilibrio en el tema del consentimiento y de la sanción grave para quien realice un aborto a una mujer sin su consentimiento.

En lo que refiere a las mujeres menores de 18 años, la finalidad de este proyecto, en su artículo 8º, es atender la situación del embarazo adolescente, que es otra situación de riesgo en nuestro país. En estos casos el proyecto tiene en cuenta siempre la voluntad de la adolescente que es el eje del consentimiento y cuya voluntad es complementada por el asentimiento de sus padres o representantes legales; estableciéndose incluso una solución legal para el caso de ausencia de padres o representantes, mediante el consentimiento del guardador de hecho.

La figura del asentimiento, establecida en el artículo 8º citado y también en el artículo 9º cuando lo otorga el juez, es muy distinta a la del consentimiento; es un instituto jurídico que complementa la voluntad de la persona sobre la que se va a realizar el acto. Por tanto son dos figuras distintas: el consentimiento, que presta la adolescente y el asentimiento que otorgan quienes la ley establece.

El proyecto establece, en el citado artículo 9º, las acciones a tomar frente al no asentimiento, a la interrupción del embarazo por parte de progenitores, representantes o guardadores de hecho, en lo que se conoce como "irracional disenso", que significa que quienes deben dar asentimiento se niegan a brindarlo en forma irracional.

La potestad otorgada al juez es una solución prevista por el proyecto, en cuanto establece todas las medidas y salva los posibles obstáculos para el efectivo ejercicio del derecho.

El consentimiento establece, "contrario sensu", que si alguien no da su consentimiento para interrumpir el embarazo, sea mayor o menor de edad, la intervención no puede realizarse.

El artículo 10 establece la hipótesis legal de las incapaces declaradas tales por disposición judicial. Cuyo asentimiento deberá prestarlo el juez de la interdicción, a pedido de su curador. Si bien la ley no lo establece específicamente, la reglamentación deberá determinar los casos en que la severidad de la incapacidad impide a la mujer establecer o trasmitir su voluntad.

El Capítulo IV del proyecto refiere a las "Disposiciones Generales" y su artículo 11 establece que la interrupción del embarazo será considerada acto médico sin valor comercial, como cualquier acto médico, con lo cual se obliga a todas las instituciones de asistencia médica públicas o privadas a prestar este servicio. Es además una disposición de equidad, porque permite a todas las mujeres, independientemente de su capacidad económica, acceder a las prácticas de interrupción del embarazo, y no reitera la vulnerabilidad que presentan las mujeres de bajos ingresos.

El último inciso dice: "Será de responsabilidad de todas las instituciones señaladas en el inciso anterior el establecer las condiciones técnico-profesionales y administrativas necesarias para posibilitar a las mujeres el acceso a dichas intervenciones en los plazos que establece la presente ley", con lo que se establece una obligación para las instituciones médicas en cuanto a instrumentar las medidas para dar cumplimiento efectivo a la ley.

En el artículo 12 se legisla respecto a los profesionales de la salud objetores de conciencia, a quienes se otorga un término de treinta días para que pongan en conocimiento del establecimiento de sanidad para el cual trabajan su interés de no participar en intervenciones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo. Este requisito impide que la objeción de conciencia se realice en el momento de la intervención, obstaculizando su efectivo ejercicio. Este es el objetivo del proyecto, puesto que la objeción de conciencia es algo personal y no institucional; las personas jurídicas no pueden tener objeción de conciencia. Este artículo le da eficiencia al proyecto e impide tergiversar su voluntad ínsita: obligar a las instituciones médicas a efectuar las técnicas, permitiendo a los profesionales de la salud que tengan objeciones de conciencia a mantenerse ajenos a los actos médicos relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo, salvo casos graves o urgentes, en cuyo caso deberán prestar la asistencia debida, so pena de considerárseles omisos en su obligación, exigencia que al día de hoy ya existe. Por tanto, la ley obliga a efectuar las técnicas pero admite que los profesionales médicos se eximan de realizarlas, salvo en situaciones de gravedad o urgencia.

El artículo 13 dispone, como lo señalábamos al establecer los requisitos para la interrupción del embarazo, la obligación del profesional médico de informar al Ministerio de Salud Pública, a los efectos de su registro, respecto de los abortos realizados o sus complicaciones. El fundamento estadístico del registro radica en la necesidad de conocer fehacientemente cuál es la extensión del problema de salud reproductiva, a efectos de buscar soluciones.

El artículo 14 limita las hipótesis protegidas por el proyecto de ley a las ciudadanas o residentes en el país por más de un año, previendo con ello el llamado "turismo abortivo" y los posibles conflictos con los países limítrofes.

El Capítulo V, denominado "De la modificación del delito de aborto", incorpora modificaciones al Código Penal, especialmente en sus artículos 325, 326, 327 y 328 mediante la tutela de ciertos bienes jurídicos, fundamentalmente en situaciones extremas o de último "ratio", que son aquellas en las que socialmente no se considera posible solucionar el conflicto por otros medios.

En este sentido, el proyecto solamente considera la situación de delito cuando no se han cumplido las condiciones establecidas. Sólo si la interrupción se realiza fuera del plazo y las circunstancias, o sin el consentimiento de la mujer, estaremos en situación de delito.

En cuanto al artículo 327 es una reafirmación de que la mujer que consiente o causa su propio aborto, en los términos de la ley, está exenta de pena.

El inciso primero del artículo 328 bis refiere a un aborto realizado en un caso de violación fuera del plazo de las doce semanas, que es delito pero está eximido de pena. Este no es un artículo que en lo personal considere necesario, pero entiendo que armoniza con el temperamento algo conservador de la parte penal del proyecto.

El segundo inciso del artículo 328 prevé las consecuencias penales en caso de muerte, lesión grave o gravísima de la mujer a consecuencia de un aborto.

El artículo 16 del capítulo antes citado refiere a la forma procedimental que deberá llevar a cabo el juez para establecer si una determinada interrupción del embarazo es lícita o no, es punible o no.

Finalmente, el Capítulo VI denominado "Disposiciones finales" establece en su artículo 17 las derogaciones de las disposiciones que se oponen al proyecto a estudio, y el artículo 18 establece un plazo de vigencia de la ley a partir de los treinta días de su promulgación, plazo dentro del cual el Ministerio de Salud Pública deberá reglamentar el texto legal.

De acuerdo con el análisis realizado, señor Presidente, debe coincidirse que el proyecto a estudio es idóneo para promover la salud reproductiva y la educación sexual, reconocer el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, garantizando servicios que lo realicen y en definitiva es idóneo para reducir el grave problema de salud que significa la morbimortalidad materna por interrupción del embarazo en condiciones de riesgo.

Tender al completo bienestar físico, mental y social es el derecho a la salud que tienen todas las personas; la sanción del presente proyecto comprensivo de todas las situaciones de riesgo, que no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo sino que le brinda herramientas para la toma de la decisión es un paso más hacia la efectiva introducción de la perspectiva de género en la normativa legal, hacia la equidad y hacia la construcción de más democracia. Las mujeres uruguayas confiamos en la racionalidad y compromiso social de los Legisladores que, en esta instancia, deberemos resolver si asumimos el compromiso de promover y garantizar los derechos humanos o si nos mantenemos omisos ante este desafío histórico.

Señalo uno de los tantos correos recibidos en relación con el proyecto en trámite: "Indignada acabo de ver en el informativo el caso de un niño de cinco años al que su madre -que tiene diez hijos más- ataba con una cadena y mantenía desnudo y encerrado en un pozo de agua. Seguramente si esa mujer hubiese podido elegir no tendría once hijos. Si hubiese una ley que amparase los derechos reproductivos no habría tantos hijos no queridos; no habría tantos niños maltratados; no habría tantas mujeres mutiladas o muertas a causa de abortos autoinducidos. Como mujer, madre y ciudadana pido a quienes tienen en sus manos el poner remedio a esta situación de injusticia social que aprueben la ley de salud reproductiva, que es muchísimo más importante que otras que protegen intereses económicos de pocos privilegiados". Otro correo que he recibido -de los que no son un cliché o fotocopia- refiere a la situación de un matrimonio que, advertido de la malformación genética de su hijo, plantea a su mutualista la interrupción del embarazo y esta remite al Ministerio de Salud Pública la pertinente solicitud. Dos semanas más tarde, aún sin respuesta, escribe: "Como usted supondrá, todo este tema ha creado una situación de incertidumbre, tanto para adoptar la situación y ahora por la agonizante espera por parte de las entidades correspondientes. Es también porque queremos la mejor seguridad para mi señora, tanto en este momento como para tener la posibilidad nuevamente a futuro de poder reintentar tener nuevos hijos, que estamos siguiendo el camino legal indicado". Sin embargo, este marido angustiado no sabe que la Comisión del Ministerio de Salud Pública está desintegrada por licencia de alguno de sus respetables miembros y que, de todas maneras, la malformación genética causante de la solicitud no será considerada dentro del marco legal habilitante para interrumpir el embarazo, por no generar riesgos de vida a la gestante.

Estas dos situaciones de vida planteadas no implican, señor Presidente, una valoración ética, moral o religiosa de la situación, sino que realizan apreciaciones prácticas que se relacionan con aspiraciones de personas que pretenden -justificadamente- una solución.

No es, decíamos, un problema ético, moral o religioso; es un problema social, referido básicamente a carencias en la prestación de salud que resultan en la muerte, mutilación y lesiones y agresiones de todo tipo a miles de mujeres, frente al cual el Estado se ha demostrado incapaz en su cometido de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas y es por tanto el Estado, a través de su potestad legislativa, el que deberá regular nuevamente la situación, de forma de contemplar los intereses superiores del Soberano.

Me parece imprescindible señalar que la Comisión de Bioética del SMU, a través de la doctora Rotondo, ha destacado en forma permanente la imposibilidad o falacia que significa aprobar y desaprobar un proyecto como el que hoy tenemos a estudio desde el aspecto ético. En ese sentido, consideramos que lo que sí configura una falta de ética es pretender imponer nuestra ética individual o privada sobre la ética social.

Nadie, y tampoco nosotros como Legisladores, practicantes o no de diversas religiones, afines a distintas posturas ideológicas, sustentadores de diferentes códigos morales, podemos imponer nuestros juicios de valor, sino que, como representantes del Soberano, debemos actuar conforme a su interés general.

Esto implica la aceptación de la diversidad, de la existencia de distintas y variadas miradas sobre las mismas cosas, y el accionar tolerante y respetuoso de dicha diversidad.

Nadie puede, so pena de cometer una falta de ética, imponer sus valores personales al decidir sobre una norma que se va a proyectar sobre la sociedad toda. Si actuáramos de esa manera estaríamos cometiendo el mismo error que -a mi juicio- cometió la mayoría de los Legisladores de 1938.

El Legislador, como representante de la ética social, debe trascender su posición o circunstancias personales y, en la colisión entre los derechos de la mujer y los del concebido, optar por el que produzca menor perjuicio. Expuesto así el aspecto ético de la problemática del aborto, como Legisladores debemos focalizar nuestra responsabilidad en cuanto a generadores de normas generales y abstractas, aplicables a todo el colectivo social amparado por la hipótesis legal, delegando a nuestro estricto ámbito individual las valoraciones éticas personales que el proyecto nos merece y permitir que en ese ámbito individual cada mujer resuelva de acuerdo con sus valores éticos, sin imposiciones.

Las muertes y mutilaciones de mujeres a consecuencia de abortos realizados en condiciones de riesgo plantean un grave problema nacional de salud reproductiva y debemos enfrentarlo articulando un consenso social que concrete el diseño e implementación de una política integral de salud reproductiva, única respuesta adecuada ante la magnitud de la situación.

Otro de los tantos correos -el último que leo- dice lo siguiente: "Hoy está de moda el problema del aborto y nuestros parlamentarios, mayoría hombres, han salido a opinar sobre el mismo. ¡Claro, opinar por opinar cualquiera puede hacerlo!" En realidad, lo que el lector dice es que las mujeres deberíamos resolver. Personalmente discrepo con esto porque creo que es un tema de la sociedad toda y, si resolviéramos las mujeres -en este hemiciclo absolutamente subrepresentadas-, sabríamos cuál sería la respuesta.

Por otro lado quiero decir que mantener la legislación restrictiva del aborto no es un costo que esté dispuesta a aceptar como mujer, como médica o como Legisladora, por lo que propongo que comencemos a comprender qué implica tener una visión de género en el ámbito legislativo, en la construcción de la equidad y de la democracia.

El ex Presidente de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, afirmaba: "Las mujeres no se están muriendo a causa de enfermedades incurables; se están muriendo porque en ciertas sociedades aún no se ha decidido que vale la pena salvarles la vida".

Señor Presidente, señores Senadores, creo que es el momento de que decidamos, entre todos y frente a todas las mujeres uruguayas, frente a toda la sociedad hoy y a las mujeres del mañana, que sí vale la pena salvarles la vida, que sí vale la pena reconocerles sus derechos sexuales y reproductivos y que sí vale la pena suscribir un nuevo compromiso de respeto y garantía integral de los derechos humanos, con perspectiva de género y participación equitativa, que permita la construcción de un Uruguay más democrático.

Muchas gracias.

14) CREACION DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una moción llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 119 de la Constitución, mocionamos para que se convoque al señor Ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que informe en lo relativo a: posición del Poder Ejecutivo sobre la creación del Parlamento del Mercosur. Firman la señora Senadora Pou y los señores Senadores Pereyra, Garat, Larrañaga, Gallinal y Heber."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

- 14 en 22. Afirmativa.

SEÑOR SINGER.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGER.- Señor Presidente: he votado en contra como lo hizo mi partido, pero debo reconocer que el tema es muy importante, ya que prácticamente todo el Partido Nacional está haciendo la convocatoria al señor Ministro por una cuestión que además, por manifestaciones que hemos oído de sus principales dirigentes, les toca muy de cerca.

En reiteradas oportunidades y en diversos foros internacionales hemos puesto de manifiesto nuestras serias reservas sobre la posibilidad de que se constituya un Parlamento subregional del Mercosur, por muchas razones. Entre ellas, no vemos claro qué competencia podemos dar a un Parlamento cuando el Mercosur en sí mismo no tiene una organización comunitaria, o sea supranacional, suficiente como para que además exista un órgano de esa magnitud que pueda dictar alguna legislación que tenga efecto para todos los países integrantes. Por otra parte, tenemos la convicción de que la orientación del país debe ir hacia el fortalecimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, órgano que ya se ha estatuido y fue incorporado en el Protocolo Adicional de Ouro Preto al Tratado de Asunción.

Por lo tanto, pensamos que la concurrencia del señor Ministro de Relaciones Exteriores para informar sobre esto permitirá esclarecer la posición que tiene el propio Gobierno en esta materia, lo cual me parece saludable. Sin embargo, como conozco la posición del Gobierno, que está en la misma línea de lo que acabo de mencionar, no consideraba necesario que se hiciera un llamado a Sala en la forma en que se planteó. Pienso que el llamado del señor Ministro a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado hubiera bastado. Únicamente por esa razón he votado en contra.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: hemos votado a favor de esta propuesta por considerarla importante y oportuna. Ya el señor Senador Singer, aunque no puedo hacer alusión en un fundamento de voto, hacía una suerte de síntesis de los problemas a tratar, pero a diferencia de lo expuesto creo que está bien considerar este tema en el Plenario porque el Uruguay necesita hacer por lo menos el intento de acuñar una posición de Estado a ese respecto.

Soy miembro de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur y puedo decir que, a este respecto, hemos tenido que encarar el planteo de los países vecinos, casi en forma permanente, en las últimas sesiones. Por ese motivo, siento que Uruguay necesita definir una posición de Estado en esta materia.

Por cierto, como es lógico, la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur está integrada por representantes de todos los partidos políticos del Uruguay y muchas veces experimenta la conveniencia y la necesidad de encontrar criterios colectivos para encarar algunos de los aspectos que se vienen planteando por parte de los integrantes del Mercosur respecto a la posibilidad de instrumentar un Parlamento en el futuro.

En consecuencia, creo que la discusión nos va a hacer bien. Además, el hecho de plantear este tema a nivel del Plenario del Senado le otorga una jerarquía importante en cuanto a definir acciones futuras del país en los diferentes ámbitos en los que se trate, en particular, en las reuniones de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur. Como es lógico, la Comisión está recibiendo planteos muy importantes a ese respecto que, sobre todo, se vuelcan por parte de Argentina y de Brasil.

Pienso que es allí donde hay que debatir y analizar y, por esa razón, considero importante y oportuno el planteo que se ha hecho y que hemos votado favorablemente.

SEÑOR HERRERA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HERRERA.- Señor Presidente: he votado negativamente la convocatoria a Sala del señor Ministro de Relaciones Exteriores y mi razonamiento es el siguiente. Pienso que este es un tema que no está elaborado dentro del Mercosur pues no hay una propuesta concreta que haya sido delineada y presentada formalmente dentro de los grupos de trabajo del Mercosur.

Por lo tanto, creo que estaríamos frente a una discusión de tipo teórico, que me parece útil y preventiva para tener una posición de país antes de que se nos presenten propuestas que después tengamos que rechazar o aceptar según su contenido, pero cuyo ámbito tendría que ser el de la Comisión de Asuntos Internacionales, sin darle la jerarquía y la relevancia que significa, desde el punto de vista político, una interpelación con la aparente gravedad que la misma conlleva.

En síntesis, estamos sosteniendo una posición contraria a quienes solicitan el llamado a Sala del señor Ministro de Relaciones Exteriores pues, reitero, ello implicaría dar a ese procedimiento una significación política en nuestro país que no debería tener desde el momento en que los más interesados dentro del Mercosur aún no han presentado una propuesta formal.

Por estas razones, señor Presidente, he votado negativamente el llamado a Sala del Canciller, pero quiero aclarar que sí me parece bien que concurra a la Comisión de Asuntos Internacionales para informar y debatir con los Legisladores que quieran estar presentes.

SEÑOR PEREYRA.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

- 15 en 26. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: quiero explicar que voté afirmativamente por razones de cortesía parlamentaria, o sea, simplemente porque no me parece correcto oponerme a un pedido de interpelación aunque considero que no tiene fundadas razones para llevarse adelante.

Muchas gracias.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: debo decir que cumplo la función actual de coordinador de Bancada y, sin embargo, no fui consultado al respecto; pero no importa. No obstante, quiero señalar que observé una reacción espontánea de mis compañeros en el sentido de votar afirmativamente y acompañé esa actitud, tal como lo hemos hecho siempre que una Bancada solicita que venga un Ministro a Sala para tratar un tema de interés. Además, nos pareció importante apoyar esta propuesta para que la gente se entere de la discusión que llevan adelante los Legisladores.

Por cierto, después de estos cinco minutos en los que se han planteado diferentes fundamentos de voto, confirmo mi posición y creo que es muy importante que venga el señor Ministro a hablar de este tema. Integré la Comisión Parlamentaria del Mercosur durante diez años con varios de los señores Senadores aquí presentes y puedo decir que remitimos al Consejo del Mercado Común doscientas recomendaciones, pero no trataron absolutamente ninguna. Quiero agregar que la Comisión Parlamentaria está estatuida, no por el Protocolo de Ouro Preto, sino por el Tratado de Asunción, concretamente, por su artículo 24. Recuerdo que tuvimos una larga discusión en una Comisión en la que estuvo prácticamente todo el Senado reunido durante meses discutiendo este tema.

Insisto en que creo que esto es importante porque sí hay propuestas definidas y porque el Gobierno brasileño sí ha hecho propuestas concretas y las ha puesto sobre el papel. Por supuesto, no ha dicho en qué forma se haría esto, pero lo cierto es que el planteo está ahí. Además, también ha planteado la posibilidad de extender el Mercosur al resto de Sudamérica en el intento de conformar un Mercado Común que comprenda todo este continente como un paso para expandir la economía de la región. Esas ideas también hay que discutirlas, pues Argentina y Brasil han firmado una especie de consenso en Copacabana y sería bueno saber qué piensa el Gobierno uruguayo a ese respecto.

En consecuencia, desde ya adelanto que vamos a discutir todos estos temas en la interpelación y no vamos a restringir la discusión al problema del Parlamento del Mercosur, porque ello sería como discutir si vamos a gastar más plata en Diputados o en Senadores. Digo esto, porque hay algunos Legisladores que encaran la reforma política por el lado del dinero. La democracia cuesta. Por ejemplo, los europeos han pagado muchísimos sueldos para llevar adelante la Unión Europea que, al día de hoy, es la primera organización económica mundial.

Finalmente, quiero decir que a medida que se han expuesto los fundamentos de voto me he convencido de que va a ser muy importante y muy adecuado saber qué piensa el Gobierno, porque me temo que no habla de esto dado que no está a favor de ninguno de los planteos que se han formulado.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: he votado negativamente el llamado a Sala del señor Ministro de Relaciones Exteriores, en primer lugar, porque este tema de la creación del Parlamento del Mercosur no ha sido planteado por Uruguay, sino por Brasil, y no hay ninguna decisión en la materia. En segundo término, porque el tema del Parlamento del Mercosur lo hemos conversado y discutido bastante en el ámbito del Senado de la República, durante varias sesiones, a propuesta del señor Senador Heber. Reitero, entonces, que discutimos este tema durante varias sesiones y, personalmente, no hice una exposición para dar mi opinión debido a lo extenso del debate y a la cantidad de días que le llevó al Senado tratar este tema.

En lo que me es personal, no estoy de acuerdo, en este momento, con la creación de un Parlamento del Mercosur, porque entiendo que no es oportuno. No obstante, no nos negamos a analizar este tema.

Estas son las razones por las cuales voté negativamente el llamado a Sala del señor Ministro de Relaciones Exteriores y reitero que no es un tema que lo haya planteado y lo esté considerando el Uruguay.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: la Bancada nacionalista ha planteado el llamado a Sala del señor Ministro en la medida en que este tema está pendiente sobre la República Oriental del Uruguay. La creación de un Parlamento del Mercosur implica la creación de una entidad supranacional que se sobrepondrá a las entidades nacionales constitucionales. No sólo es Brasil el que propugna por su establecimiento, sino que también lo hace Argentina. Ambos países no se han limitado solamente a una genérica referencia sobre creación de este Parlamento del MERCOSUR, sino que han articulado sus propuestas en documento concreto que se ha hecho llegar a cada país. Hay un Parlamento del MERCOSUR diseñado, por ahora en el papel, por el Brasil, y otro no muy distinto diseñado por Argentina. Las consecuencias de la existencia de ese Parlamento no es preciso señalarlas al Cuerpo porque creo que todos los que nos sentamos acá las conocemos. Lo que sí es de enorme interés es que el Poder Ejecutivo, que lleva adelante la política exterior del país, pueda comparecer en el seno del otro Poder del Estado que colabora en esa conducta relativa a la marcha de las relaciones internacionales, y nos explicite su posición. No estamos en la hipótesis de que vamos a recibir una información de la que a priori seamos antagónicos. De pronto -no sería malo para el país- este Cuerpo culmina determinando su posición con un alcance que permita al Poder Ejecutivo defender cosas que al país todo le importan mucho. Si así no fuere, habrá que juzgar a un Poder Ejecutivo por las razones que discutiremos en su oportunidad. No hay ninguna duda de que el tema tiene trascendencia y que ahora es oportuno analizarlo.

Hace unas tres semanas los integrantes de la Comisión Parlamentaria Conjunta uruguaya estuvimos convocados con las otras tres Comisiones Parlamentarias Conjuntas sobre cómo va a diseñarse el Parlamento del MERCOSUR. Es verdad que ello no está en los Tratados internacionales como se ha dicho, pero igualmente Argentina ya tiene una tesis por la cual dice que tanto en el Tratado de Asunción como en el de Ouro Preto está autorizada la creación, con facultades, del Parlamento del Mercado Común del Sur.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: mi aclaración refiere al tema de la existencia de propuestas muy concretas sobre la creación del Parlamento del MERCOSUR y de sus diferentes orígenes, pero particularmente de Argentina y de Brasil.

Aprovecho esta breve aclaración para decir que también hay propuestas concretas, y algunas de ellas están en ejecución, acerca de lo que el señor Senador Singer llamó hoy la jerarquización de la Comisión Parlamentaria Conjunta actual.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: la propuesta para este llamado a Sala ha sido formulada por escrito y firmada por todos los señores Senadores del Partido Nacional, pero no se ha indicado quién será el miembro interpelante. En ese caso pediría que la Mesa tomara nota en el sentido de que el miembro interpelante será el señor Senador García Costa.

Nada más. Muchas gracias.

15) DEFENSA DE LA SALUD REPRODUCTIVA. PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE DICTAN NORMAS AL RESPECTO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión general del proyecto de ley por el que se establecen normas para la defensa de la salud reproductiva.

Tiene la palabra el señor Senador Riesgo.

SEÑOR RIESGO.- Señor Presidente: coincido con algunas expresiones de la señora Senadora, pero con otras no, aunque no quise interrumpirla porque su disertación iba a ser extensa. Estando o no de acuerdo con ella, debo reconocer que la suya fue una buena disertación.

En primer lugar, creo que es correcto agradecer las visitas que tuvimos en la Comisión. Algunos señalaron que fueron muchas, pero a mi entender faltó gente, aunque la que concurrió dio sus puntos de vista en forma muy correcta marcando su pensamiento, su filosofía y su formación diferente. Casi todos encontraron fallas a este proyecto de ley -aunque podían coincidir en el pensamiento- que más adelante las abordaremos en detalle.

A mi juicio, lo primero que tenemos que señalar es qué significa abortar. En resumen, "abortar" significa terminar con algo. Se pueden abortar hechos, situaciones, leyes, pero en este caso estamos hablando de terminar con una vida. Este es el tema de hoy desde mi humilde punto de vista: si terminamos o no con una vida; qué derecho tenemos y si existe o no vida. En lo personal, considero que sí hay vida, desde el punto de vista legal -no soy un especialista en el tema; hay otros señores Senadores que lo abordarán extraordinariamente bien-, y sobre esto sólo voy a hacer una pequeña reseña. En cuanto a la defensa de la vida, está demostrado científicamente que esta comienza en un determinado momento y, sobre este punto, lo único que he escu-chado fueron expresiones acerca de la defensa de la madre, pero nunca de la vida del niño, de la vida futura. Reitero que es una pequeña reseña y pido disculpas a los señores Senadores del Cuerpo que son abogados si empleo algún término incorrecto, pero a mi juicio debemos remitirnos a varias leyes vigentes en el país que habilitan este tema.

La Ley Nº 15.737, de Amnistía, en su artículo 15 establece que se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamado Pacto de San José de Costa Rica, firmada en la ciudad de San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, cuyo texto forma parte de la presente ley. Sin embargo, considero que el artículo 4º es el más importante y ha generado esta discusión; en él se dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción nadie puede ser privado de vida arbitrariamente. Creo que este es un texto muy claro. La discusión del tema, incluso por parte de algunos constitucionalistas, gira en torno a la expresión "y en general". Sin embargo, si leemos todo el artículo 4º, que consta de seis incisos, veremos que el primero habla de proteger la vida desde el momento de la concepción y en él figura la expresión "y en general". Si nos enfrascamos en todo el artículo 4º, ¿qué contiene? Simplemente abre un paréntesis para la pena de muerte. En su artículo 2º dice que en los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por determinados delitos, y luego sigue la redacción. En el artículo 3º se expresa que no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. En el artículo 4º se dice que en ningún caso se podrá aplicar la pena de muerte por delitos políticos. En el apartado 5 del artículo 4º se indica que no se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. En el apartado 6 del mismo artículo 4º se indica que toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar amnistía. De manera que en esta ley se está reconociendo la vida desde el momento de la concepción. La expresión "y en general" abre una puerta a los países en los que, por ley, existe la pena de muerte. No se trata de que la expresión "y en general" les permita hacer lo que quieran. A mi juicio, el tema está muy claro. El artículo 4º consagra el derecho a la vida, en el 1º se aclara que ese derecho comienza a partir de la concepción y los otros cinco artículos se refieren, lisa y llanamente, a la pena de muerte. Por lo tanto, entiendo que la expresión "y en general" no le quita absolutamente nada a la defensa de la vida desde el momento de la concepción; al revés, creo que la respalda en su totalidad.

También podemos mencionar la Ley Nº 17.514, relativa a la violencia doméstica. En el artículo 2º de esta norma se expresa que constituye violencia doméstica toda acción u omisión directa o indirecta que por cualquier medio menoscabe limitando ilegítimamente, el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo o afectiva, basada en la cohabitación y originada por el parentesco por matrimonio o por unión de hecho. Creo que, claramente, podemos hacer un paralelismo entre la última parte de este artículo, cuando se habla de parentesco, y la relación existente entre el bebé no nacido, el feto y su madre. En primer lugar, porque existe una relación afectiva real. Nadie puede negar que entre el feto y la madre existe una relación de ese tipo. Creo que nadie puede afirmar que el feto no siente todos los problemas externos o internos. Incluso, cuando se habla de "cohabitación" se puede pensar en que el bebé no nacido cohabita con su madre. Pienso que la relación de parentesco entre ambos no tiene discusión.

También podríamos referirnos a los artículos 3º y 29. Precisamente, en este último se habla de tender al abatimiento de este tipo de violencia en todas sus manifestaciones, fomentando el irrestricto respeto a la dignidad humana, en cumplimiento de todas las normas nacionales vigentes, así como de los compromisos asumidos por el Estado en el sentido de ratificar las convenciones y los tratados de derechos humanos. Por lo tanto, se ratifican todos los tratados mencionados. Por ejemplo, en el caso del bebé no nacido podríamos acudir al artículo 4º del Pacto de San José de Costa Rica.

Aclaro que estamos hablando de leyes, no de conferencias, ya que puede haber muchas. Las conferencias son, simplemente, una expresión. La ley o la Constitución son algo completamente distinto, y es por lo que nos tenemos que regir.

En el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño se indica que teniendo presente que, tal como se establece en la Declaración de los Derechos del Niño, este, por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales; incluso, requiere la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento. Por supuesto que podríamos citar más artículos.

Pero vayamos a algo nuestro, a la ley de creación del Instituto Nacional del Menor. ¿Qué dice el literal a) del artículo 2º de dicha ley? Se habla de asistir y proteger a los menores moral o materialmente abandonados, desde su concepción hasta la mayoría de edad. Reitero que estamos hablando de la norma mediante la cual se creó el INAME. No nos estamos refiriendo a tratados internacionales que han sido ratificados y aprobados en el Senado y que hoy son ley. La ley de creación del INAME, de 17 de octubre de 1988, indica claramente que la vida empieza desde la concepción.

A continuación, voy a aludir al Decreto 258/92. Allí se habla de la conveniencia de establecer con valor y fuerza reglamentaria un conjunto de normas sobre la conducta médica y derechos del paciente. También se hace referencia a que, desde hace mucho tiempo, existen reglas destinadas a regir la realización del acto médico y a que, más modernamente, se ha manifestado una creciente preocupación por codificar los derechos del paciente. Se trata de un decreto que contiene muchos artículos a través de los cuales se regula todo lo que es el tema médico. En especial, en el artículo 2º, se establece que el médico debe defender los derechos humanos relacionados con el ejercicio profesional, en particular, el derecho a la vida desde el momento de la concepción.

También se habla de este tema en los artículos 1.2 y 4.1 de la Convención Interamericana de los Derechos, aprobada por la Ley Nº 15.737, de 8 de marzo de 1985, y en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Ley Nº 16.137, de 28 de setiembre de 1990.

Asimismo, en los artículos 7º, 44 y 72 de la Constitución de la República se hace referencia a la salvaguardia de los derechos y dignidad de la persona humana. También se indica que debe negarse terminantemente a participar directa o indirectamente, a favorecer o siquiera admitir con su sola presencia toda violación de tales derechos, cualquiera fuera su modalidad y circunstancia.

Podríamos continuar mencionando otras leyes vigentes en el país. Hablo de leyes, señor Presidente, no de exposiciones o conferencias que se realizaron en distintas partes del mundo. Son leyes que fueron votadas en este Parlamento, algunas de ellas, hace muy poco tiempo.

Ahora quisiera referirme a lo que se expresa en el número 3 del volumen 19 de la revista del Sindicato Médico del Uruguay, del 2003. Creo que corresponde que haga algunas consideraciones al respecto; además, la persona que lo escribió es muy inteligente. En realidad, me enviaron esta revista hace pocos días, no sé si por delicadeza o por qué razón. Fue así como comencé a leerla y encontré este artículo, que no tiene desperdicio, a pesar de lo cual sólo voy a leer algunas partes. Allí se indica que la conformación de un nuevo genoma establece una ruta predeterminada de desarrollo y crecimiento de un nuevo ser vivo, pero no determina que siempre llegue al destino de un nuevo ser humano. Lo importante es que el autor acepta, reitero, que el nuevo genoma establece una ruta predeterminada de desarrollo y crecimiento de un nuevo ser vivo. Sin embargo, más adelante cambia y en otras partes lo vuelve a aceptar. No creo que sea claro hablarle así a la población. Me acota mi compañero el señor Senador Brause que aún no he dicho el nombre del autor. Pido disculpas por ello. Se trata del doctor Leonel Briozzo.

Más adelante, en este artículo se dice que desde el punto de vista biológico se puede definir como el estado de existencia caracterizado por un metabolismo activo independiente. En base al criterio más estricto en cuanto a considerar con mayor precocidad el desarrollo del cerebro, se puede plantear que debe existir una dotación neuronal propia de la especie de, aproximadamente, cien mil neuronas, y que deben existir en el desarrollo de la base de sus conexiones que posibiliten que el cerebro desarrolle funciones, es decir, la estructura de la sinapsis. Se puede afirmar que esto existe en la etapa de la evolución del desarrollo del mesencéfalo, coincidente con la décima semana de gestación. A su vez, se debe considerar el inicio de la actividad cerebral como algo muy difícil de precisar, aunque se piensa que ello no se puede plantear antes de las doce semanas. En la Ley, una de las razones fundamentales por la cual se plantean las 12 semanas de gestación, es la garantía absoluta de que el cerebro está funcionando. Aquí, el doctor Briozzo, alguien muy prestigioso, me dice que no hay seguridad en el tema y que él se basa en 10 semanas. Señala que se podría concluir, entonces, que el cigoto tiene lo necesario pero no lo suficiente como para convertirse en un ser humano, en un embrión-feto de nuestra especie y que, en esta medida, antes de la existencia de la base morfofuncional para el desarrollo del pensamiento en términos biológicos, nos encontraríamos en presencia de una vida humana en potencia, pero no de una vida humana ya desarrollada. Señor Presidente: en potencia, o en desarrollo, lo que nos está diciendo el doctor Briozzo -quien defiende el aborto- es que hay vida, y lo dice claro: "en potencia o en desarrollo"; cualquiera de las dos definiciones me sirve. Más adelante se establece que la vida humana comienza cuando el embrión de nuestra especie, desarrollado morfológicamente con una base neurofisiológica que lo habilita para el futuro desarrollo del pensamiento, se encuentra transitando inequívocamente de acuerdo con un programa genético predeterminado. ¿Qué me vuelve a decir el doctor Briozzo cuando me habla de un programa genético predeterminado? Que científicamente se acepta que el programa genético comienza en el momento de la concepción. Más adelante se señala que en Uruguay se calcula que se producen 33.000 abortos provocados anualmente, lo que equivaldría a 90 abortos por día, lo que quiere decir que en nuestro país cuatro de cada diez embarazos terminarían en abortos provocados. La tasa de 34 abortos cada cien nacidos vivos colocaría a Uruguay en el lugar duodécimo en cuanto a prevalencia del aborto provocado. Quiero agregar que cuando el doctor Briozzo estuvo en la Comisión no habló de 33.000 abortos, sino que dijo que por cada nacimiento se efectuaban tres abortos. Por lo tanto, si estamos hablando de 50.000 nacimientos -que fue la cifra que manejó- estaríamos en el orden de los 150.000 abortos. Incluso el señor Senador Correa Freitas pidió que le rectificaran la cifra y esto consta en la versión taquigráfica. Asimismo, se habla del aborto provocado en condiciones de riesgo, y se cita la definición por la Organización Mundial de la Salud como aquel procedimiento para terminar un embarazo no deseado practicado por personas que carecen de calificación y que es practicado en un ambiente sin las condiciones mínimas de seguridad. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí el doctor Briozzo? ¿Qué los abortos que hace doña María en un barrio con una aguja, sin las mínimas condiciones de seguridad, son los malos pero que los otros son los buenos? ¿Me está diciendo que lo que sucede en las clínicas privadas no es malo porque se dan las condiciones? ¿El mismo está aceptando en el día de hoy el tema del aborto de una manera tan dura? ¿Les parece bien que un médico diga esto?

Voy a hacer referencia a dos o tres artículos más de esta revista. En alguna parte el doctor Briozzo habla del embrión considerado a partir de los 12 ó 15 días. Me imagino que estará haciendo referencia a la anidación que tanto discutimos cuando tratamos el tema de la reproducción humana asistida. Se señala que el feto, desde la 8ª semana es un ser que depende totalmente de la madre y que va adquiriendo progresivamente derechos pero que, sin embargo, no pueden equipararse a los de la madre. O sea que lo que está diciendo es que el feto a la 8ª semana no tiene absolutamente ningún derecho. Por otro lado se afirma que el feto, al llegar a la edad gestacional en que podría vivir separado de la madre comienza, desde el punto de vista médico, a ser un paciente digno. ¿Ahí empieza a ser un paciente digno? ¿Antes el feto no es un paciente digno? Creo que el concepto de que a determinada altura de edad gestacional el feto es un paciente digno y antes no, es terrible, más aún viniendo de una persona que integra el Sindicato Médico. Se dice que en función del principio de beneficencia y buscando el criterio más radical en cuanto a la defensa de la vida humana, pienso que el embrión comienza a tener la base que lo constituirá como ser humano entre las semanas 9 y 12. Quiere decir que no está seguro porque no está claro si debe referirse a la semana 9 o a la 12. Indudablemente, nadie lo sabe y se deja bien en claro en el artículo cuando se establece que "se convertiría en paciente después de la semana 9 ó 12". En definitiva, hasta los tres meses el feto no se considera una persona digna de derechos, ni siquiera para tenerlo en cuenta como paciente. Después se dice que, por lo tanto, el principio de la autonomía -que lo había leído en otro lado y vuelve a aparecer aquí- es aplicable sólo a la madre, que es la paciente hasta tanto el producto de la concepción también lo sea. El doctor Natanson -famoso médico americano que tiene la cifra récord de 75.000 abortos realizados y que llegado a esa cifra, por razones que él sabrá, comenzó a enfrentar el tema del aborto, fundamentalmente, cuando en la década del 70 surgió el ultrasonido y empezó a ver al bebé y a sentir su corazón- sobre el tema de la autonomía dice que en este país la autonomía es otra palabra que se utiliza para describir opción y que ha sido deificada; al hacer esto ha perdido sus raíces y vínculos con todo lo demás. Y agrega que ahora las opciones se toman en un vacío ético y que cuando la gente toma una opción y opta no hay respeto ni consideración por la familia de uno, por la iglesia, por el gobierno ni por la comunidad. Cuando la autonomía -señala- corre salvajemente sin restricciones y sin ser reprimida, se crean los problemas. El aborto, según Natanson, es el ejercicio de este tipo de autonomía sin restricción, así que cuando la gente le pregunta si van a ganar esta guerra contra el aborto, su respuesta es que ganaremos esta batalla cuando la gente empiece a poner la autonomía en su perspectiva correcta.

No quiero seguir citando esta revista porque, en realidad, me chocó su contenido, pero más adelante se hace referencia al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y ¿saben a lo que me hace acordar el tema de los derechos humanos cuando se los expone de esta forma? Al caso de aquél que produce un hecho de sangre y sobre el que la gente dice "bueno, pero el finado no tiene derechos; tiene derechos el que mató". Esto es lo que él declara acá. A su vez habla de interrumpir un embarazo partiendo de que directa o indirectamente partió de un hecho de violencia. ¿Quiere decir que parte del hecho de que el embarazo se produce como consecuencia de la violencia y por ninguna otra razón? Está bien; cada uno tiene su teoría y la mía, señor Presidente, es la de que la vida comienza con la concepción y a ésta creo que la podemos definir claramente como el momento en que el espermatozoide ingresa en el óvulo. Allí se forma un código genético único e irreversible sin importar la etapa de la vida: desde que es un huevo, hasta que es un feto, cuando nace, es un niño, un joven, un anciano. Eso sólo termina con la muerte. La vida solo la corta o la termina la muerte. ¿Y eso es lo que queremos dejar plasmado a través de esta ley? ¿Que en el Uruguay la pena de muerte existe -y pido disculpas si a alguien le molestan mis palabras- para el futuro ser que va a nacer?

Me he preguntado muchísimas veces por qué tres meses. Nadie ha sido claro en ese sentido y no existe una teoría clara. Incluso, algunos hablan de nueve. La verdad es que no lo acepto, pero podría pensar que lo más lógico es lo que planteó algún señor Senador en determinado momento, tomando como referencia la anidación, esto es, en más o menos diez días. Esto lo podría aceptar perfectamente, pero no la fecha de los tres meses sin que me aclaren por qué. En reproducción humana asistida se hablaba de anidación y luego se aceptó otra posición. Al respecto, debo decir que me alegro de que se haya tratado de un proyecto de ley que se consideró en forma muy eficiente por la Comisión de Salud Pública, a la que asistió el señor Senador García Costa, en el cual todas las partes tuvieron que ceder algo para alcanzar una buena ley, dicho esto por todos. Pero antes de entrar al tema de técnicas de reproducción humana asistida, simplemente quisiera recordar que entre la sexta y la octava semana todos los órganos del bebé están completos: la cabeza desarrollada, la boca y la lengua formada y el cerebro completo. En la octava semana, los dedos de manos y pies están completos y ya tiene huellas digitales, es decir que ya tiene una identificación propia. En la undécima y duodécima semana -que es el momento en el que se puede interrumpir el embarazo por distintas razones que todos conocemos, como por ejemplo la pérdida de tiempo y la duda de la existencia o no del embarazo- todos los sistemas funcionan. Los músculos y los nervios se sincronizan y los brazos y las piernas se mueven.

Quiero entrar ahora a analizar una ley que votamos hace poco tiempo en esta Casa, es decir, a la ley de reproducción humana asistida, que estuvo muchos años trancada en el Senado de la República, poniendo a prueba la paciencia del señor Senador Cid, hasta que finalmente salió. Creo que la primer frase de esa ley, que no fue de mi autoría, sino del señor Senador García Costa, dice: "teniendo como base sustancial el respeto a la dignidad humana y a la vida". Queda bien claro en el principio de esa ley de reproducción humana asistida el concepto por el cual se iba a transitar durante esta y las próximas leyes.

Ahora bien, al momento de su tratamiento no hicimos más diferencia entre lo que era preembrión o anidación, sino que todos coincidimos en que el tema era el embrión. Esa era la definición y no había otra. No había más nada.

En el literal a) del artículo 2º dice: "cuando haya posibilidades razonables de éxito y no supongan riesgo grave para la salud de la mujer o la posible descendencia". Esta ley de reproducción humana asistida no sólo pensaba en la mujer, sino también en el niño. Pero la ley no acaba ahí, sino que tiene muchos más artículos. En el artículo 2º también se expresa lo siguiente: "Por escrito y como requisito previo, la pareja", etcétera. Aquí no habla de la mujer, sino de la pareja y hace una diferencia notable. Para crear vida se necesita la pareja y para terminar vida ella no hace falta, así como tampoco la familia. Quizás esta ley está muy mal -aunque, si no me equivoco, la votó todo el Senado de la República- porque colide completamente con lo que estamos hablando.

Repito que en el artículo 2º se expresa que por escrito y como requisito previo la pareja deberá autorizar la entrega y custodia y a los solos fines de la presente ley al Centro actuante en el procedimiento de los embriones excedentarios y no utilizados por imposibilidad. En esta ley no se le permite destruir ningún embrión; embrión que no llegó ni siquiera a la etapa de anidación, menos aún a los tres meses. Estamos hablando de horas. Insisto en que esta ley no lo permite; no permite la destrucción de la vida.

Por otro lado, el artículo 4º de esta ley es muy claro, ya que dice: "En aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida autorizadas se inseminará sólo los óvulos necesarios para transferir al útero exclusivamente el número de los mismos considerados científicamente más adecuados para asegurar razonablemente el embarazo y evitar la multigestación." Creo que no hay más nada de qué hablar. Está claro; se topean los óvulos fecundados. ¿Por qué se topean los óvulos fecundados? Para que no haya pérdida de vida. Esto lo aceptaron los señores Senadores, los médicos que practican esta técnica y todo el mundo.

Más adelante, la ley dice: "Los embriones a obtenerse serán siempre con límite de tres por ciclo de tratamiento. Todos los óvulos fertilizados en un ciclo de tratamiento deberán ser transferidos a la cavidad uterina de la paciente quedando prohibido desechar o eliminar embriones". Vuelvo a decir lo mismo, señor Presidente, aquí estamos hablando de horas y no de tres meses. Si defendíamos la vida en horas, ¿cómo ahora vamos a aceptar ese hecho a los tres meses de vida, cuando ya hay un ser vivo, desarrollado y con un tamaño importante? ¿Por qué aquí defendíamos tanto el embrión y en esta nueva ley, no?

En otra parte de la ley se expresa: "siempre habrá consentimiento de ambos integrantes de la pareja estable". Siempre se habla de la familia; no hablan de matrimonio, pero sí de la familia y de la pareja. Ese tema se trabajó claramente entre todos los miembros de la Comisión. Más adelante dice: "Los embriones excedentarios no utilizados por imposibilidad, sobrantes, no transferidos al útero, provenientes de las circunstancias previstas en el inciso tercero del artículo 4º se crioconservarán en los Bancos autorizados." Al tema de la crioconservación muchos nos resistimos, porque entendíamos que no era bueno y que había que buscar otras soluciones, aunque realmente no las encontramos. En definitiva, lo que fundamentalmente expresa esta ley es que la vida se cuida. Nadie sabe lo que va a pasar con esos embriones congelados y lo más probable es que con el correr del tiempo sean inviables. Insisto en que nadie sabe qué sucederá, sin embargo nadie se atrevió durante el tratamiento de esa ley, cuando estábamos hablando de probeta -ni siquiera referíamos al útero de la mujer-, a decir que eso era una cuestión de horas y que lo que sobrara podíamos tirarlo. Todos coincidimos en cuidar la vida. Sin embargo, es diametralmente opuesto el pensamiento plasmado en la Ley de Reproducción Humana Asistida al que anima al proyecto de ley que estamos analizando hoy.

El artículo 11 señala que toda intervención diagnóstica sobre el embrión "in vitro" no podrá tener otra finalidad que la valoración de su viabilidad o la detención de enfermedades hereditarias. Quiere decir que se sigue cuidando la vida. Esa ley que elaboramos -aramos dijo el mosquito- tuvo el consentimiento de varios señores Senadores que trabajaron mucho en la Comisión de Salud Pública como, por ejemplo, el señor Senador García Costa.

Para terminar de referir a esta ley, cabe destacar que el artículo 21 establece que el que con conciencia y voluntad ponga en peligro la vida, la salud o la integridad del embrión humano producto de las técnicas por esta ley autorizadas, será castigado con seis meses de prisión a dos años de penitenciaría; y si del hecho derivare la muerte del embrión agredido, la pena será de un año de prisión a tres años de penitenciaría y la inhabilitación del título, si lo tuviera, por doble tiempo de la condena. Creo que más claro sería imposible. Esto define claramente cuál era el concepto de esa ley: la defensa de la vida, concepto aprobado y respaldado por todos los señores Senadores. Es así que no entiendo por qué hoy existe este cambio de posición al respecto.

Aclaro que no estoy en contra de la mujer que toma estas decisiones. No puedo juzgar la casa que no es mía porque en su casa cada uno sabe cuáles son realmente los problemas; pueden ser infinitos y algunos, ciertamente, han de ser enormemente duros. Quiero ayudar a esa mujer pero no acompañándola a un quirófano para eliminar una vida. Quiero ayudarla por todos los medios que sea pero no partiendo por lo más simple y aberrante, que es terminar con una vida. Eso no es bueno. ¿Por qué y con qué derecho vamos a consagrar la eliminación de seres humanos en una ley? ¿El Parlamento uruguayo va a consagrarlo en una ley y va a decir que podemos eliminar vidas? Si eso es así, sepamos que la eutanasia viene mañana, aunque aclaro que no deseo ingresar en esa discusión. Después de esto, señor Presidente, está la pena de muerte y digo esto con toda sinceridad, sin pretender ofender en su pensamiento a ningún señor Senador. Creo que no es de buena técnica legislativa que dejemos asentado en una ley que la solución para la planificación familiar sea el aborto, es decir, terminar con una vida. Evidentemente, acepto que la mujer tiene derecho a no quedar embarazada. En tal sentido, acepto todas las técnicas. La mujer tiene todo su derecho a no quedar embarazada y, a tal fin, puede utilizar cualquiera de las técnicas. La aplaudo y la felicito; puede utilizar el condón, el DIU, las pastillas y otros muchos sistemas que como hombres no conocemos, pero sí las mujeres. Allí está el derecho de la mujer a no quedar embarazada y es hacia donde debemos apuntar, pero no a la solución cuando ya hay vida. Personalmente no coincido con que la mujer, la pareja, el juez ni el médico interrumpan una vida. Estamos hablando de un derecho inherente a la persona que le pertenece a ella. ¿Por qué se lo voy a quitar sin siquiera consultarla? ¿Por un antojo? ¿Porque 31 Senadores dispusimos que fuera así? ¿Porque no tiene derecho ese ser humano? Si hay algo de lo que estoy convencido es de que el aborto, señor Presidente, no interrumpe sino que, simplemente, mata. Usar el eufemismo en este tema está demás, puesto que hay que hablar muy claro: el aborto es muerte, así de simple, no tiene otra definición. Entonces, si en nuestra casa no comenzamos a respetar la vida antes de nacer, muy poco derecho tendremos a pedir su respeto en otra etapa de su vida. No existe la muerte sin la concepción y, por lo tanto, eliminar la vida en cualquier etapa es lo mismo. No quiero calificar este hecho como correspondería dado que no deseo ser el causante de entrar en una definición que estaría tentado a transitar, pero sería un camino que nos llevaría a enfrentamientos que no serían buenos para nadie.

El bien más importante para cualquier Estado es la vida. Sin ella no existe nada; no existe Estado, sociedad ni justicia. El valor más importante es el ser humano -sobre eso no hay discusión-, que todo lo crea, y sin él no existe absolutamente nada. Sin ninguna duda, el derecho a la vida es el primero y el más importante.

Cuando en el Uruguay hablamos de pena de muerte, la mayoría se opone. No voy a entrar en esa discusión. Las razones son diversas y, fundamentalmente, se apunta hacia el tema de los derechos humanos. Muchos uruguayos, con razón, se preguntan si a un violador que destrozó la vida a varias niñas lo vamos a tratar mejor que a esa vida que está por venir. A quien mató hace pocos días a una muchacha en las afueras de Montevideo, la que fue violada antes de morir en un hecho repugnante -creo que todos seguimos el caso por los medios de prensa- ¿hay que cuidarlo, defenderlo? Sin embargo, antes de los tres meses podemos matar un embrión. ¡Qué diferencia! Si realmente pudiéramos decidir entre el embrión y esa persona que llevó a cabo un acto tan aberrante hace veinte días o un mes -se demoró bastante tiempo en descubrirlo-, creo que no haría falta contestar; todos sabemos íntimamente lo que pensamos y lo que decidiríamos, repito, entre el embrión y ese señor o muchos otros señores como ese. Digo más; aquí tenemos un grupo de gente, al que aplaudo, que defiende la vida. Por ejemplo, algunos defienden a los lobos marinos; me parece extraordinario, creo que hay que defenderlos. Hay otros que dicen: "Defendamos a los delfines", y salimos a defender a los delfines apasionadamente. Y creo que está bien; estoy convencido de que está bien. Otros dicen: "Defendamos la naturaleza y el medio ambiente, obligación de todos." Y está bien. Pero a un niño y a una niña que ya tienen vida, esos defensores pueden decir que la pueden eliminar. Si defendemos con tanta pasión el mundo, los animales y las plantas, ¿cómo no vamos a defender la vida humana? Hay un enfrentamiento de cosas que uno no llega a comprender realmente y se ha preguntado una cantidad de veces estos días. No crean que este ha sido un tema fácil para uno; ha sido un tema enormemente difícil, porque lamentablemente la vida enseña a los hombres, cuando llegamos a determinada edad, que los errores que cometimos fueron muy graves. Esa es la verdad.

Yo me pregunto: ¿atendemos a la mujer con esta ley? No, señor Presidente; no es cierto. Lo más peligroso para un embarazo es un aborto y sobre eso no hay discusión; en la situación que se quiera, lo más peligroso en un embarazo es un aborto. Es un acto no natural. No existe el aborto seguro, no existe el aborto garantido. No existe. El aborto agrega a la mujer situaciones espantosas de estrés, de trauma, de dolor, de suicidio, de problemas médicos, de lesiones importantes, de secuelas sicológicas, de depresiones, inclusive extendidas al grupo familiar. Y hay estudios en otros países -aquí todavía no, pero tampoco nadie lo desmintió, y quien calla otorga- de los que surge que el cáncer de mama puede tener una relación directa con el tema del aborto. Hay estudios a nivel mundial, y los médicos saben que los hay y que está escrito.

Se dice: "el aborto es una práctica común; por lo tanto, legalicémoslo". Lamentablemente, tengo que reconocer que efectivamente es una práctica muy común. ¿Cómo no lo voy a reconocer? ¿Cómo puedo ser tan necio? Pero con ese criterio, empecemos a despenalizar todo. El hurto, la rapiña, el homicidio, todo debe ser despenalizado porque, en definitiva, son prácticas comunes; no digo tanto el homicidio, pero el hurto y la rapiña en medio de la inseguridad que actualmente vive el país, sí lo son. Realmente, señor Presidente, no creo que el aborto sea una práctica común, pero si lo fuera, habría que pensar que estamos legalizando la extinción en masa de muchos compatriotas.

No me cabe ninguna duda de que la Ley de 1938 puede ser perfectible. Dentro de las excepciones podría incluirse -¿por qué no?- la del niño no viable. ¿Por qué no? No soy tan cerrado en este tema. Pero seamos sinceros: la que hizo inoperante a la ley de 1938 fue la sociedad misma. Además, desde aquella época hasta hoy el Ministerio del Interior no procedió en forma correcta. Si vamos a la cifra menor de 11.000 abortos -no quiero ir a la mayor, de 150.000-, ¿a quién le van a hacer creer que el Ministerio del Interior no sabe quién practica los abortos? Me pregunto: Salud Pública, ¿tampoco sabe?

SEÑOR MICHELINI.- Habría que preguntarle al escribano Stirling.

SEÑOR RIESGO.- Estoy hablando de 1938 a la fecha y hablo de un tema serio, que no da lugar a bromas y que hay que tomar con la seriedad que corresponde. Por lo tanto, no hagamos comentarios en la discusión de este tema, que para unos es muy preciado y delicado. Agradezco al Senador Michelini que guarde los respetos del caso.

Lo que aquí existe, señor Presidente, es un sistema que está corrompido, fundamentalmente por el dinero. Es cierto que la ley no elimina la práctica social; es cierto que la ley no es para educar, puesto que la educación pasa por otras áreas que no hemos usado. Pero pensemos lo siguiente. Se han manejado cifras de 11.000 a 150.000 abortos por año -no quiero entrar en la discusión acerca de quién tiene razón-, pasando por cifras como 33.000 u otras. Ahora bien, ¿saben los señores Senadores de cuánto estamos hablando si manejamos la cifra menor de 11.000 abortos? Si calcula-

mos que cada aborto se cobra U$S 500 -que sería muy barato, ya que la cifra es superior-, estaríamos en el orden de U$S 5:500.000. Pero si nos vamos a la cifra mayor -en la que no creo-, hablaríamos de U$S 70:000.000. ¿Cómo no se quiere, entonces, que el sistema esté corrompido? Indiscutiblemente, estamos hablando de un gran negocio y no me cabe la menor de las dudas de que si se aprueba la ley que estamos tratando van a proliferar las clínicas privadas, al igual que lo hicieron en todas las partes del mundo donde el aborto se liberalizó. Me pregunto si todas las mujeres van a ir a hacerse un aborto a las mutualistas. Seamos sinceros: ¿los padres van a llevar a sus hijas? ¿Las personas jóvenes van a dejar que en la ficha donde figura toda su historia clínica su nombre se vea rozado? No, no van a ir.

Por otra parte, ¿cómo vamos a obligar a las mutualistas si ni siquiera las sancionamos en esta ley? Sólo les decimos que tienen la obligación. Y si me dicen que eso se va a hacer después, en el reglamento, debo responder que no sé de qué manera lo van a instrumentar cuando ni siquiera se establece en la ley una sanción a la mutualista que no la obedezca. Y quiero manifestar que aplaudo a la mutualista que no obedezca la ley. Por lo menos, incluyamos una sanción para obligarla y determinemos también la prohibición para las clínicas privadas. Si no establecemos en el proyecto la condición de que las clínicas privadas están realmente prohibidas, van a proliferar, porque la ley no dice nada al respecto; las deja libres.

Se fija un plazo de treinta días para que el médico se decida. Repito: treinta días y se acabó. Si a los 27 ó 28 años dice que participa del aborto y dos o tres años después, por distintas razones quiere dar marcha atrás, no puede hacerlo. Entiendo que el tema de la conciencia profesional está mal encarado en este proyecto de ley.

Pero, además, hay un problema mayor. Vamos a una situación extrema: ¿qué ocurre si en una mutualista todos los facultativos dicen que realizan cualquier otro tipo de acto médico pero, por distintas razones, no practican abortos? ¿Qué va a hacer esa mutualista? ¿Va a contratar médicos nuevos nada más que para practicar abortos? Eso tampoco lo cree nadie, ¿verdad?

Las mujeres de pocos recursos tampoco van a ir al hospital. En ese sentido, comparto lo que dijo una persona que no es de mi Partido y que es candidato presidencial, que fue claro en su definición en cuanto a que la mujer no iba a ir al Hospital Pereira Rossell. Todos sabemos lo que le cuesta a la mujer llegar a esa etapa, a esa definición y enfrentar a la sociedad; por sí y ante sí, irán algunas.

Se dice que hoy el 81% de las mujeres que van a abortar acude a las clínicas privadas, mientras que el 19% restante recurre a las prácticas populares. Es decir que estamos hablando de que el 81% de las mujeres que abortan pagan, van a clínicas, y allí no está doña María con una aguja, sino un médico recibido o un personal técnico que estudió y se preparó. No está la mujer aquella para hacerle no sé qué cosa y eso lo sabemos todos. Estamos hablando de un tema comercial de médicos. Si me dicen -esto lo expresó el señor Sanseviero en su libro- que el 81% de las mujeres acude a clínicas privadas, ¿qué me están diciendo? Que las clínicas privadas tienen seguridad, limpieza, determinadas garantías, y que hay médicos.

Señores: seamos sinceros. En el día de hoy, en los hospitales públicos, ¿no se hará algún aborto? En las mutualistas, ¿no se hará alguno, también? Médicos con las mismas características del instalado en la clínica privada, también se encuentran hoy con su negocio en los hospitales y en las mutualistas. Al respecto, todos conocemos anécdotas.

16) PRORROGA DE LA HORA DE FINALIZACION DE LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado una moción a la Mesa para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

Correspondería también, si el señor Senador Riesgo va a utilizar todo su tiempo, votar una prórroga de la hora de finalización de la sesión hasta que él termine, dado que son las 19 y 33, e indefectiblemente la sesión culmina a la hora 20.

Por lo tanto, se va a votar la prórroga de la hora hasta que finalice el señor Senador Riesgo.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

17) DEFENSA DE LA SALUD REPRODUCTIVA. PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE DICTAN NORMAS AL RESPECTO

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Riesgo.

SEÑOR RIESGO.- Señor Presidente: me pregunto, porque no lo sabemos, cuántos legrados, raspajes y curetajes -es todo lo mismo- se realizan hoy en centros públicos y privados. ¿Son todos para exámenes? No puedo decir si son la mayoría o la minoría, porque no me animo, pero no se puede afirmar que todos son para exámenes médicos o para solucionar un problema de salud. Realmente, es una cifra que me gustaría conocer.

Ahora vamos a analizar las cifras de mortandad que recién se manejaron. Aclaro que voy a hacer referencia a números reales del Uruguay y del Hospital Pereira Rossell y no a porcentajes.

En nuestro país, en 1995 fallecieron 5 mujeres por abortos; en 1996, 4; en 1997, 4; en 1998, 3 y en 1999, 1, lo que totaliza 17 muertes en 5 años, que son muchísimas. Indiscutiblemente lo son, pues una ya es muchísimo. No sabemos en qué condiciones se hicieron los abortos, aunque sí que murieron por esa causa.

Luego tenemos las cifras del Hospital Pereira Rossell, donde en el mismo período en que fallecieron esas mujeres por abortos, nacieron 57.000 niños y niñas. Estamos hablando del Centro Materno, donde nace una mayoría importante de niños, ya que no existe comparación en cantidad con ningún hospital del país. En 1996 hubo una muerte; en 1997, una; en 1998, ninguna; en 1999, ninguna; en 2000, ninguna y en 2001, 5; es decir que se produjeron 7 muertes en seis años, en un lugar en el que nacieron 57.000 niños.

Reitero que una vida es muchísimo; no queremos manejar mal las cifras ni decir algo fuera de lugar, pero si de vida estamos hablando y de vida nos tenemos que preocupar, no sólo es obligación del Presidente Batlle, sino también de este Parlamento, elaborar un Código de seguridad vial, porque llegaron a morir dos uruguayos por día en forma directa en accidentes de tránsito, y este Parlamento no hizo nada, aunque muchos responsabilizan al Gobierno porque no envió ninguna ley al respecto.

En nuestro país, el 30% de los uruguayos que fallecen muere del corazón. ¿Estamos haciendo algo para evitar problemas del corazón a esta población? Por el tabaquismo mueren 15 uruguayos por día. ¿Estamos haciendo algo por ellos? Los que ayudan son Astori y García Pintos y aclaro que no estoy haciendo una comparación política, sólo en el tema contra el cigarro.

Luego nos dicen que no sólo los centros privados y públicos van a ser obligados a hacerlo, sino también que van a ser honorarios. Con todo respeto, digo que esto ya es demasiado; aunque no considero que esté mal -porque estaría bien-, personalmente no lo creo. Tengo que decir, con toda sinceridad, que no creo que en el Uruguay exista un acto médico honorario. Quizás esto ocurra en el interior; aunque no voy a dar nombres, me acuerdo de Tranqueras y de Vichadero, donde había dos o tres médicos que sacrificaron su vida en esos pueblos haciendo un trabajo realmente importante y desinteresado. Pero ocurre que los médicos son seres humanos y no creo que realicen trabajos gratis. Los hemos visto discutir en los últimos años por cosas increíbles. ¡Más vale no hablar! Si el aborto es un acto médico y si matar es gratis -yo considero que el aborto mata-¿por qué tenemos que pagar un acto médico para vivir? Pensémoslo al revés. ¿Por qué si me salvan la vida con una apendicectomía tengo que pagar? ¿Por qué si me operan del corazón tengo que pagar, pero si mato un embrión con menos de tres meses es gratis? Ese es el concepto de esta ley: el aborto es un acto médico, indiscutiblemente; nadie lo puede negar. O sea que acá matar es gratis, señor Presidente. Creo que un acto médico no debe matar; el acto médico debe curar, salvar y proteger la vida, pero no terminar con ella.

Yendo al título de esta ley: "Defensa de la salud reproductiva", quiero decir que la salud es vida y no muerte. Pero acá estamos hablando de salud en un proyecto por el que vamos a terminar con la vida de un ser humano. Por otra parte, reproducción significa multiplicarse; según algún diccionario quiere decir: "perpetuarse la materia viva". Por lo tanto, ni siquiera el título de la ley tiene que ver con el tema. Este título ha cambiado varias veces durante el transcurso del tratamiento del proyecto de ley: se ha llamado "Despenalización del aborto", "Interrupción de la gravidez" y luego "Defensa de la salud reproductiva". Lindo título, gran engaño. Este proyecto de ley siempre buscó tratar el tema aborto, y luego cambió su óptica de forma estratégica velando por la salud de la madre, cuando tenemos que velar por la salud de los dos y, si se quiere, por la salud de la familia. En el acto del aborto hay dos víctimas claras: primero el niño, indiscutiblemente, y luego la madre. Lo que se busca con el título es ocultar el problema más grave, que es la destrucción de la vida del niño ante el supuesto derecho de la madre. Por lo menos de mi parte, eso no tiene discusión.

No dudo de la intención de las personas que hicieron este proyecto de ley; a varios de ellos los conozco bien y tengo el mejor de los conceptos, pero pienso que se equivocaron. No creo que pensaran de la manera en que yo lo hago, pero estoy convencido de que se han equivocado. Tengo que decirlo en defensa de los señores Senadores que estoy atacando en este momento en la discusión de esta ley; nobleza obliga. Repito que se equivocaron. La vida no es opinión de una persona; la vida es algo tan sublime, tan dichoso, tan valioso, que nadie tiene el derecho de juzgar quién nace o quién no, quién puede respirar y gritar y quién no tiene derecho a abrir los ojos.

¿El aborto es un acto de respeto? ¿Es un acto de amor de madre? Para mí el aborto es un acto aberrante, traumático, irrespetuoso a todo lo que tiene que ver con la ética del ser humano. ¿Acaso los seres humanos no son iguales en su dignidad? ¿Por qué la vida en desarrollo no vale igual en un no nacido que en un nacido desde el momento que tiene dos segundos de vida? Este tiene derecho; el anterior, no. Es terrible esta situación.

Yendo más lejos: ¿por qué a las mujeres embarazadas no se les aplica la pena de muerte en los países en los que rige esta ley? Muy simple: lo que pasa es que ella lleva otra vida, otro ser, y se entiende que a ese ser no hay derecho a matarlo porque no es culpable y es biológicamente otra vida y genéticamente diferente. Por eso es que a la mujer embarazada no se le aplica la pena de muerte. Creo que lo que hace diferente la fecha de doce semanas es que corresponde al período en el cual la mujer corre menos peligro, pero nada más. Seguramente, después de las doce semanas de gestación la mujer corre más peligro y por ello el médico se planta en los tres meses, donde existe determinada seguridad. Este es mi pensamiento. Pero no se trata del tema de las diferentes etapas de gestación ya que esa discusión ya se superó en el Senado.

¿Por qué en vez de estimular y despenalizar el aborto no buscamos la educación y la formación en valores? ¿Por qué el CODICEN, en Primaria y en Secundaria, no forma a los jóvenes en una vivencia responsable y segura de su sexualidad? No me digan que no lo intenté. En oportunidad de estudiarse el Presupuesto Nacional, junto con el señor Senador Correa Freitas presentamos varios artículos mediante los cuales se pedía que el CODICEN se preocupara por los temas de educación sexual, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción y otros que no recuerdo. Sin embargo, nos dijeron de todo, desde nuestro Partido y desde tiendas contrarias. Algunos defendían la autonomía del CODICEN, un CODICEN que es completamente responsable en el tema del aborto porque no ha hecho una política de educación como todos estamos de acuerdo que debería haber hecho. No ha movido un pelo y, por lo tanto, lo considero muy responsable. Creo que el tema de la educación sexual es fundamental, tanto en la escuela como en Secundaria, así como también el respaldo económico a la mujer carente, no tenemos por qué negarlo.

Pero también está el tema de la agilización de los trámites de adopción. Por cada adopción que hay, existen seis familias esperando para adoptar. Sin duda, la educación sexual es el gran tema y en el Uruguay estamos en falta con respecto a él. Estamos estancados, tenemos tabúes. Hablemos de educación sexual sin trauma, comprometiéndonos con la vida y no con la enfermedad y con la muerte. No hay que tener miedo a hablar de educación sexual, porque es un seguro de salud hablar de ella. La familia es la base de nuestra nación y lo que hagamos nunca será suficiente para mantenerla. Todos los días tenemos que regarla, y de su fortaleza dependerá, sin duda, nuestra nación. El aborto no combina con el concepto de familia; por el contrario, el aborto socava la estructura de la misma.

Si miramos esto desde el punto de vista biológico, estamos convencidos de que la vida comienza con la concepción, cuando se forma una célula completa desde el punto de vista genético. Lo que caracteriza a la especie es el número de cromosomas y no la madurez organográfica.

Todo este proyecto de ley está discutiendo, y es por demás abundante, los derechos de la mujer con respecto a la disponibilidad de su cuerpo. Así se introduce la promoción de los derechos sexuales, derechos a la salud reproductiva y derechos a interrumpir la vida, o sea, a abortar.

En este entrevero de razones, queda claro que nunca el derecho a la salud puede ni siquiera opacar el derecho a la vida, ni puede destruirla. También es cierto que la mujer no está disponiendo de su propio cuerpo, sino de otra vida que es propia por concepción de la persona, pero ajena por su existencia.

Para terminar permítanme ocuparme de cuestiones cruciales para enfrentar el aborto. Creo que la educación, la formación en valores, la formación cultural y la información de la gente es lo primero y fundamental; nada más podemos hacer. La prevención es importante y también lo son las políticas reales de salud; reitero: reales, no basadas en uno o dos artículos donde se muestra una gran buena voluntad pero lo que se resume es planificación familiar con aborto.

En cuanto a la falta de alentar a no abortar, debo decir que hay familias esperando para adoptar, y es importante que esas vidas no se pierdan y que esas familias también sean felices con niños que les pueden dar una vida futura por demás importante.

Podría analizar una cantidad de temas que figuran en las versiones taquigráficas, pero sólo voy a ingresar en dos de ellos, porque sé que hay otros señores Senadores que los van a abordar con mayor profundidad que yo.

Por un lado, me voy a referir a los Jueces. ¿Qué dijeron los Jueces cuando concurrieron a este ámbito? Que procesalmente ellos no podían decidir. ¿En qué tiempo lo harían? Por más rápido que lo hicieran, la criatura ya habría nacido. Preguntaban por qué para ellos no se tomaba en cuenta la objeción de conciencia y para los médicos sí; y creo que tienen razón. Pedirle a un Juez en el Uruguay, donde la pena de muerte no es ley, que la aplique en este caso, le causaría una gran contradicción, y ello figura en las versiones taquigráficas.

Por otro lado, quienes pertenecen al Departamento de Medicina Legal, doctores Berro y López, hablaron de un montón de errores, pero nunca se quiso cambiar ni una coma. Todos, inclusive los que estuvieron de acuerdo, como el doctor Langón, hablaron de fallas técnicas importantes en la ley.

Por las razones expuestas, señor Presidente, no vamos a votar a favor del aborto ni en general ni en particular, y en cada artículo que se discuta dejaremos asentado por qué nos pronunciamos en contra.

Para terminar, no tengo temor de decir que este tema me ha hecho pensar muchísimo desde hace bastante tiempo y que he llegado a esta conclusión creyendo, razonando, y valorando profundamente la vida humana. También, he llegado a ella -no me da vergüenza decirlo; a algunos quizás les dé- por los conceptos cristianos en los cuales fui formado.

Muchas gracias.

(Aplausos en la Barra.)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa advierte que el público que asiste a la Barra no puede hacer manifestaciones a favor ni en contra.

Antes de proceder al levantamiento de la sesión, corresponde informar precisamente, a las personas que asisten a la Barra, que el Senado va a continuar con el debate en cuestión mañana a la hora 18, porque tiene asuntos previos que tratar.

18) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Había acuerdo para levantar la sesión, pero dado que faltan siete minutos para la hora de finalización, se va a votar si se procede en tal sentido.

(Se vota:)

- 24 en 26. Afirmativa.

Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 19 y 53 minutos, presidiendo el señor Luis Hierro López y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Atchugarry, Brause, Cid, Correa Freitas, Couriel, De Boismenu, Fernández Huidobro, Gallinal, Garat, García Costa, Gargano, Herrera, Larrañaga, Michelini, Millor, Mujica, Núñez, Pou, Riesgo, Ríos, Rubio, Sanabria, Scarpa y Xavier.)

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio Secretario

Sra. Emma Abdala Prosecretaria

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.