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Nº 313 - TOMO 421 - 2 DE MARZO DE 2004

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

QUINTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

1ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

- El señor Senador Pereyra solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública relacionado con la clausura de panaderías por utilizar sustancias tóxicas.

- El señor Senador Mujica solicita se curse un pedido de informes a varios Ministerios y organismos de la Administración Pública relacionados con los posibles juicios en los que se planteen reclamos pecuniarios.

- El señor Senador Larrañaga solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas relacionado con el Decreto Nº 322 sobre Zonas Francas.

- El señor Senador Singer solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca relacionado con las pérdidas sufridas por el sector agropecuario;

- y otro al Ministerio de Industria, Energía y Minería relacionado con la evolución del precio en dólares del petróleo importado desde el año 1988.

- Oportunamente fueron tratados.

5) Proyectos presentados

- El señor Senador Michelini presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se crea el "Fondo Montevideo - Capital del Mercosur".

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

- El señor Senador Correa Freitas presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se reglamenta la designación de los Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

- El señor Senador Correa Freitas presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 1º del Código Civil relativo a la obligatoriedad de las leyes.

- A la Comision de Constitucion y Legislacion.

6) Solicitud de licencia

- La formula el señor Senador Gargano.

- Concedida.

7) Señor Roque Gastón Máspoli. Homenaje a su memoria

- Manifestaciones del señor Senador Correa Freitas.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve ponerse de pie y guardar un minuto de silencio a la memoria del ciudadano desaparecido y enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a sus familiares, al Consejo Directivo del Club Atlético Peñarol, a la Asociación Uruguaya de Fútbol, a la Asociación de Entrenadores de Fútbol y a la Mutual de Futbolers Profesionales.

8) Situación de los residentes uruguayos en España

- Manifestaciones del señor Senador Gargano.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Relaciones Exteriores.

9) Aplicación de la Ley de Fideicomiso

- Manifestaciones de la señora Senadora Arismendi.

- Por moción de la propia señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Intendencia Municipal y Junta Departamental de Canelones y al Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

10) Percepción de haberes por parte de personas con capacidades diferentes

- Manifestaciones del señor Senador Korzeniak.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Organización de personas con capacidades diferentes, a la de los no videntes y al Directorio del Banco de Previsión Social.

11) Reactivación económica

- Manifestaciones del señor Senador Sanabria.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Turismo, a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales de todo el país, a la Cámara Uruguaya de Turismo y a la Liga de Fomento de Turismo de Punta del Este.

12) Régimen de trabajo

- A propuesta de los señores Coordinadores de Bancada, el Senado resuelve celebrar sesiones ordinarias los días martes y miércoles de 16 a 20 horas durante los dieciocho primeros días de cada mes.

13) Sesión extraordinaria

- A propuesta de los señores Coordinadores de Bancada, el Senado resuelve celebrar sesión extraordinaria el día martes 16 a la hora 16 con la finalidad de homenajear la figura del General Líber Seregni.

14) Salud reproductiva

- A propuesta de los señores Coordinadores de Bancada, el Senado resuelve incluir este tema como primer punto del Orden del Día de la sesión a realizarse el día 13 de abril del presente año.

15) Suspensión de la sesión ordinaria prevista para el día miércoles 3 de los corrientes

- A propuesta de los señores Coordinadores de Bancada, el Senado resuelve suspender la sesión ordinaria prevista para el día de mañana.

16) Numerales primero, segundo y tercero del Orden del Día. Postergación

- A propuesta de los señores Coordinadores de Bancada, el Senado resuelve postergar la consideración de los temas contenidos en dichos numerales.

17) Urgencias

- Por moción de los señores Coordinadores de Bancada, el Senado resuelve declarar la urgencia y considerar de inmediato el proyecto relativo a la Convención de las Naciones Unidas Con-tra la Delincuencia Organizada Transnacional y los proyectos por los que se designan respectivamente "Juan Jorge Lladó Wilkins", "Vaimaca Perú" y "Clemente Lucrecio Funes Molina" respectivamente a tres Escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educación Primaria.

18) Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Complementarios para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños y Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

19) "Juan Jorge Lladó Wilkins"

- Proyecto de ley por el que se designa con este nombre a la Escuela Rural Nº 34, del departamento de Durazno.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

20) "Vaimaca Perú"

- Proyecto de ley por el que se designa con este nombre la Escuela Nº 29, de Villa María (Tiatucurá), departamento de Paysandú.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

21) "Clemente Lucrecio Funes Molina"

- Proyecto de ley por el que se designa con este nombre la Escuela Rural Nº 31 del departamento de Rocha.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

22) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 1º de marzo de 2004.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, mañana martes 2, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1°) Elección de Vicepresidentes.

2°) Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución)

3°) Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: el señor Presidente del Cuerpo, Luis Hierro López y los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Brause, Cid, Correa Freitas, Couriel, De Boismenu, Fernández Huidobro, Gallinal, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Herrera, Korzeniak, Larrañaga, Michelini, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Pou, Riesgo, Rubio, Sanabria, Singer, Virgili y Xavier.

3) ASUNTOS ENTRADOS

Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 15 minutos.)

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- por el que se establece un conjunto de beneficios tributarios destinados a consolidar el proceso de recuperación económica y mejorar las condiciones de inversión.

- de fortalecimiento del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

- por el que se otorgan facilidades de pago a los sujetos pasivos de las prestaciones pecuniarias recaudadas por la Dirección Nacional de Minería y Geología del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

- A LA COMISION DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA.

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes:

- solicitando venia para conferir Ascensos al grado de Coronel del Ejército Nacional, a varios señores Tenientes Coroneles.

- comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- Por el que se designa ‘Dr. Mario Carminatti’ la Escuela Nº 60 de la ciudad de Fray Bentos, del departamento de Río Negro.

- Por el que se aprueba el Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual, aprobado en Buenos Aires el 6 de abril de 1994.

- Por el que se aprueba la adhesión de la República Oriental del Uruguay a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, suscrita en la ciudad de Nueva York, el 28 de setiembre de 1954.

- Por el que se aprueban las Actas del XXII Congreso de la Unión Postal Universal (UPU) y las Actas, Resoluciones y Recomendaciones del XVIII Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), celebrado en Panamá, en setiembre de 2000.

- Por el que se aprueba la Convención relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, adoptada en el marco de la UNESCO, suscrita en París, el 14 de diciembre de 1960.

- Por el que se sustituyen los artículos 6º y 7º de la Ley Nº 17.651, de 4 de junio de 2002, referida a la tributación del transporte terrestre de personas.

- Por el que se establecen medidas alternativas a la pena de reclusión.

- Por el que se establece ‘Día de la Antártida’ el 7 de octubre de cada año.

- Por el que se aprueba el Convenio Marco celebrado entre el Gobierno de la Federación Rusa y el Gobier-no de la República Oriental del Uruguay, el 22 de octubre de 2002, que tiene por objeto establecer la cooperación técnico-militar a desarrollar en diversas áreas.

- Por el que se establecen normas para el control de la actividad de las empresas que fabrican bebidas sin alcohol.

- Por el que se crea el Seguro para el Control de la Brucelosis.

- Por el que se sustituye el artículo 279 del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988).

- Por el que se aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes suscrito en la ciudad de Estocolmo, Suecia el 22 de mayo de 2001.

- Por el que se declara patrimonio de la Nación, monumento natural, sitio de protección y de interés turístico la Estación de Cría de Fauna Autóctona del Cerro Pan de Azúcar, propiedad de la Intendencia Municipal de Maldonado.

- Por el que se aprueba el Acuerdo que crea la Organización Internacional de la Viña y el Vino y sus Anexos, adoptados en la Conferencia de Estados miembros, los días 14, 15 y 22 de junio de 2000 y 3 de abril de 2001 en París.

- Por el que se establecen normas referidas a la transferencia de la titularidad de inmuebles e instalaciones en ellos asentadas, por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a sus actuales tenedores con título habilitante.

- Por el que se declara de interés nacional, cultural y turístico, a la Feria Artesanal de Punta del Este, cuya actividad se desarrolla durante todo el año en la plaza José Artigas de la ciudad de Punta del Este, departamento de Maldonado.

- Por el que se declara de interés nacional y turístico el evento denominado ‘Maldonado: Fiesta del Mar’ a llevarse a cabo en el mes de diciembre de cada año en el departamento de Maldonado.

- Por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay (BCU) a proceder a la acuñación de las monedas que integrarán el Programa Oficial de Monedas Conmemorativas del Centenario de la FIFA 2004 y el Programa Oficial de Monedas Conmemorativas de la Copa del Mundo FIFA Alemania 2006.

- por el que se autoriza un aumento del porcentaje de la alícuota de aporte patronal jubilatorio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

- por el que se modifican diversas normas de la Ley Nº 16.297, de 17 de agosto de 1992 referida al Fondo Nacional de Teatro.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

- y adjuntando:

- copia de resoluciones designando:

- en el Directorio del Banco de Seguros del Estado, al Dr. Huber José Díaz Garay, en calidad de miembro integrante de dicho Directorio.

- en el Directorio de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) al ingeniero Carlos Rodríguez Landoni en calidad de Presidente y al señor Tomás Castro Batista en calidad de Director.

- en el Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay al Dr. César Eugenio Ausqui Echave, en calidad de miembro integrante, y al señor Gustavo Rodolfo Delgado, en calidad de Director.

- en el Directorio de la Administración Nacional de Correos al señor Winston Eluchantz Bertullo en calidad de Presidente y a los señores Julio César Hernández Pérez y Carlos Enrique Manzor Ceriani, en calidad de Vicepresidente y Director, respectivamente.

- en el Directorio del Instituto Nacional del Menor al doctor Fernando Javier Repetto Aviles en calidad de Presidente, a la señora Graciela Rompani de Pacheco Areco en calidad de Vicepresidenta y a la doctora Stella Luz López Beltrán, como miembro integrante.

- en el Directorio de las Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (PLUNA), al doctor Nicolás Storace Montes en calidad de Director.

- en el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) al Profesor Washington Martínez D'Alessandro como miembro integrante.

- y en el Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado al señor Miguel Angel Adrover Banega, en calidad de Director.

- TENGANSE PRESENTES. AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES.

- y copia de las siguientes resoluciones:

- por la que se tributan honores fúnebres a los restos mortales del doctor Ignacio Zorrilla de San Martín.

- del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de fecha 4 de diciembre de 2003, referente a trasposición de créditos presupuestales entre Proyectos de Inversión del Programa 004, Dirección Nacional de Hidrografía.

- del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de fecha 3 de diciembre de 2003, que dispone la distribución entre los funcionarios de la asignación presupuestal establecida por el artículo 311 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996.

- TENGANSE PRESENTES.

El Ministerio de Industria Energía y Minería remite la información solicitada por el señor Senador Rafael Michelini relacionada con los servicios de ANCAP y su Directorio con respecto a la firma Sol Petróleo S.A.

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR RAFAEL MICHELINI.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite la información solicitada por el señor Senador Carlos J. Pereyra relacionada con la actuación del señor Gabriel Biurrum.

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR CARLOS J. PEREYRA.

El Ministerio de Educación y Cultura remite la información solicitada por la señora Senadora Marina Arismendi relacionada con la situación de chicos con discapacidad.

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO A LA SEÑORA SENADORA MARINA ARISMENDI.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería remite la información solicitada por el señor Senador Reinaldo Gargano relacionada con la paramétrica utilizada para la fijación de las tarifas, periodicidad de los mismos y montos de contribuciones a Rentas Generales e Inversiones por el período 1992-2002.

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR REINALDO GARGANO.

El Ministerio del Interior remite la información solicitada por el señor Senador Walter Riesgo referida a denuncias por hurtos de vehículos.

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR WALTER RIESGO.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca remite la información solicitada por el señor Senador Jorge Larrañaga relacionada con el frigorífico ONTILCOR SA.

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR JORGE LARRAÑAGA.

La Intendencia Municipal de Montevideo remite la información solicitada por el señor Senador Carlos J. Pereyra relacionada con la clausura de varias panaderías.

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR CARLOS J. PEREYRA.

El Ministerio de Educación y Cultura remite:

- la información solicitada por la Comisión de Educación y Cultura relacionada con el asesoramiento requerido por el artículo 202 de la Constitución de la República para las siguientes designaciones:

- con el nombre de ‘Arquitecto Juan Pablo Terra’, al Liceo Nº 54 de la ciudad de Montevideo.

- y con el nombre de ‘Doctor José Pedro Cardoso’ a la Escuela Nº 42 de Aiguá, departamento de Maldonado.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES.

El Presidente de la Corte Electoral remite nota comunicando que aprobó la distribución del crédito presupuestal asignado para inversiones correspondiente al Ejercicio 2004.

El Instituto Nacional del Menor remite copia de la resolución que dictó aprobando la apertura de créditos para retribuciones personales, gastos de funcionamiento y suministros e inversiones para el Ejercicio 2004.

- TENGANSE PRESENTES.

Por haber cesado en sus funciones la Comisión Permanente remite a estudio del Senado varios Mensajes del Poder Ejecutivo

- solicitando venia para:

- designar en el Directorio del Banco de Seguros del Estado al escribano Luis Alberto Avellanal. (Por disposición reglamentaria se reparte).

- destituir de sus cargos a varios funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas; a una funcionaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y dos funcionarios de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

- conferir Ascensos al grado de Coronel de la Fuerza Aérea a varios señores Tenientes Coroneles y al grado de Capitán de Navío de la Armada a varios señores Capitanes de Fragata.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

- y ampliando antecedentes solicitados por el Senado en fecha 5 de noviembre de 2003 y 18 de noviembre de 2003 sobre la solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a una funcionaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a varios funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, respectivamente.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

La Presidencia de la Cámara de Senadores comunica que ha dictado una resolución, de fecha 3 de febrero de 2004, referida al incremento de los sueldos básicos nominales de los funcionarios del Senado.

- TENGASE PRESENTE.

La Junta Departamental de Durazno remite copia de las palabras del Edil Sr, Pablo Rodríguez en relación a denuncias de trabajadores a la empresa de aserradero en Villa del Carmen adjuntando cassette con la grabación de las palabras del trabajador y del empresario.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL."

4) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, el señor Senador Carlos J. Pereyra solicita se curse un pedido de informes:

- con destino al Ministerio de Salud Pública y a la Intendencia Municipal de Montevideo relacionado con la clausura de panaderías como sanción por utilizar sustancias tóxicas."

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

"Montevideo, 21 de enero de 2004.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi consideración:

De acuerdo a lo establecido por el numeral 13 del artículo 35 de la Ley Nº 9.515 de 28 de octubre de 1935, solicito se sirva cursar al señor Intendente Municipal de Montevideo el siguiente pedido de informes:

Se ha informado públicamente que la Intendencia Municipal de Montevideo ha clausurado varias panaderías como sanción por haber utilizado en la elaboración de sus productos sustancias tóxicas que representan peligro para la salud o por haber expendido las mismas.

Teniendo presente lo establecido en el Título VII, Capítulo I del Código Penal, "DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA", artículo 218 a 226, se desea saber:

1- Si se realizó la denuncia penal a fin de que el Poder Judicial determine si hubo o no delito.

2- En caso de no haberse realizado la denuncia, razones que determinaron la no realización de la misma.

Saludo a Ud. con la mayor consideración.

Carlos Julio Pereyra, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, el señor Senador Mujica solicita se curse un pedido de informes al Miniserio del Interior, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio al Banco Hipotecario del Uruguay, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y por su intermedio a la Administración de Ferrocarriles del Estado, a la Administración de Obras Sanitarias del Estado, a la Administración Nacional de Puertos, y a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración de Combustibles, Alcohol y Portland, y a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco Central del Uruguay, y al Banco de la República, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social, al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al SODRE, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Gana-dería, Agricultura y Pesca, al Ministerio de Deporte y Juventud, y a la Suprema Corte de Justicia; relacionado con posibles juicios en los que se planteen reclamos pecuniarios."

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República, solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio del Interior.

Sírvase Informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Ministerio en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.).

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos.

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así, carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador.

Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Sírvase informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Ministerio en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.).

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos.

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así, carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador.

Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y por su intermedio al Banco Hipotecario del Uruguay.

Sírvase informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Ente en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.).

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos.

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así, carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador.

Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Sírvase informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Ministerio en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.).

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos.

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así, carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador.

Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por su intermedio a la Administración de Ferrocarriles del Estado.

Sírvase informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Ente en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.).

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos.

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así, carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador.

Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por su intermedio a la Administración de Obras Sanitarias del Estado.

Sírvase informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Organismo en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.).

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos.

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así, carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador.

Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por su intermedio a la Administración Nacional de Puertos.

Sírvase informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Organismo en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.).

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos.

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así, carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador.

Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por su intermedio a la Administración de Nacional de Telecomunicaciones.

Sírvase informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Ente en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.).

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos.

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así, carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador.

Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Sírvase informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Ministerio en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.)

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos.

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así, carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador.

Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería y por su intermedio a la Administración de Combustibles, Alcohol y Portland.

Sírvase informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Ente en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.)

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos.

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así, carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador.

Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería y por su intermedio a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas.

Sírvase informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Ente en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.)

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos.

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así, carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador.

Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas.

Sírvase informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Ministerio en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.)

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos.

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así, carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador.

Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas y por su intermedio al Banco Central del Uruguay.

Sírvase informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Ente en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.)

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos.

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así, carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador.

Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas y por su intermedio al Banco de la República.

Sírvase informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Ente en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.)

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos.

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así, carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador.

Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Sírvase informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Ministerio en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.)

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos.

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así, carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador.

Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y por su intermedio al Banco de Previsión Social.

Sírvase informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Ente en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.)

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos.

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así: carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador.

Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura.

Sírvase informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Ministerio en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.)

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos.

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así, carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador.

Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio al SODRE.

Sírvase informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Organismo en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.)

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos.

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así, carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador.

Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Salud Pública.

Sírvase informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Ministerio en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.)

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos.

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así, carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador.

Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional.

Sírvase informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Ministerio en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.)

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos.

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así, carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador.

Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Turismo.

Sírvase informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Ministerio en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.)

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos.

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así, carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador.

Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Sírvase informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Ministerio en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.)

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos.

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así, carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador.

Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Deporte y Juventud.

Sírvase informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Ministerio en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.)

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así, carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador.

Montevideo, 17 de febrero de 2004.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia.

Sírvase informar:

1) De forma discriminada los juicios que se estén tramitando en contra de ese Cuerpo en los que se planteen reclamos pecuniarios (civiles, laborales, contencioso-administrativos, etc.)

2) Se deberá informar:

a) Sede en la cual se tramita el expediente.

b) Número de ficha y denominación de los Autos.

c) Monto y concepto del reclamo.

d) Estado actual del expediente.

3) Se deberá informar asimismo si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso; y de ser así, carácter y contenido de las mismas.

4) A su vez se deberá informar si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial, en caso afirmativo detallar estado actual de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente.

José Mujica, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, el señor Senador Jorge Larrañaga solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con el Decreto Nº 322/003 sobre Zonas Francas."

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 18 de febrero de 2004.

Sr. Presidente del Senado

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

PEDIDO DE INFORMES SOBRE EL DECRETO Nº 322/003

De acuerdo a los poderes que me confieren el art. 118 de la Constitución de la República, solicito a usted, eleve el siguiente pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas.

HECHOS

1) El 18 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial el Decreto Nº 322/003, el cual en su artículo 1º otorga a la Dirección General Impositiva la potestad de efectuar auditorias, inspecciones y en general todo tipo de controles relativos a las existencias, movimientos y circulación de mercaderías y otros bienes de que dispongan económicamente o de que sean tenedores a cualquier título los usuarios y explotadores de las Zonas Francas públicas y privadas.

2) Que de acuerdo a la Ley Nº 15.921 está función corresponde realizarla a la Dirección Nacional de ZZ FF, hoy Area Zonas Francas dependiente de la Dirección de Comercio Exterior.

3) Que en la referida Ley el Estado Uruguayo garantizó las inversiones realizadas en ZZ.FF al amparo de tal marco regulatorio.

4) Por otro lado la Dirección General Impositiva ha manifestado reiteradamente que no tiene personal suficiente para la realización de sus tareas naturales, por lo que sorprende que pueda asumir otras.

En virtud de lo expuesto solicito se me informe:

1) Cuál es el motivo de dejar sin cometidos al Area Zonas Francas y trasladar los mismos a la Dirección General Impositiva.

2) Si existe norma legal que autorice al Poder Ejecutivo dejar sin cometidos al Area Zonas Francas que fuera creado expresamente con tal cometido por la Ley Nº 15.921.

3) Si se le han otorgado al Area Zonas Francas los recursos suficientes para el cumplimiento de sus fines especificando:

a) Cuántos funcionarios tiene el Area.

b) Si dispone de vehículos para su servicio y cuántos son.

c) Cuánto dinero recauda anualmente el Area Zonas Francas por todo concepto derivado de los pagos que efectúan los explotadores y usuarios de las Zonas Francas Públicas y Privadas.

d) Qué destino se da a ese dinero.

4) Exprese si la Dirección General Impositiva posee personal ocioso que además de sus tareas habituales pueda dedicarse a estos nuevos cometidos, especificando cuántos son, qué antigüedad tienen en el cargo y a qué tareas se dedicaban con anterioridad.

5) Informe si se realizó algún estudio sobre el impacto que en el área comercial y de negocios de las Zonas Francas puede tener la sustitución del órgano de contralor Area Zonas Francas, por Dirección General Impositiva.

En caso positivo se informe quién lo realizó y se acompañe copia del estudio.

6) Informe por qué se cometió el control de las Zonas Francas a la DGI y no sucedió lo mismo con los otros mecanismos de actividad logística libre de impuestos como son los Puertos Francos y los Depósitos Fiscales.

7) Informe si ello no supone colocar un sector económico en inferioridad de condiciones, en claro beneficio de sus competidores naturales.

8) Informe quién realiza el control a que refiere el art. 1º del Decreto Nº 322/003 dentro de los Puertos Francos y los Depósitos Fiscales.

9) Informe si se estudió cuál sería el costo para el Estado si tuviera que indemnizar todas las inversiones realizadas en Zonas Francas en caso de que los juicios prosperen.

10) Informe si se estudió el impacto que tendría en el interior de la República el cierre de Zonas Francas derivado de las negativas consecuencias comerciales que supone el cambio en el Organo de contralor.

Sin otro particular quedo a la espera de la contestación del pedido de informes que expreso.

Saluda a Ud. atte.

Dr. Jorge Larrañaga, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, el señor Senador Juan A. Singer solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca referido a las pérdidas sufridas por el sector agropecuario."

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 1º de marzo de 2004.

Señor Presidente del Senado

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

Señor Presidente:

Solicito se curse al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, conforme al artículo 118 de la Constitución, el siguiente pedido de informes:

1º) Monto de las pérdidas en dólares sufridas por el sector agropecuario a partir del año 1998 por la caída de los precios internacionales de los productos que se detallan a continuación:

a) carnes y sus derivados;

b) lana y sus derivados;

c) arroz;

d) trigo;

e) girasol;

f) lácteos.

2º) Repercusión en el resto de la economía de las pérdidas señaladas en el numeral anterior (sobre el PBI, sobre la balanza comercial, sobre el nivel de actividad con especial señalamiento de sus efectos sobre el nivel de empleo).

3º) Evaluación de los efectos de la crisis aftósica de los años 2001 y 2002 en el sector agropecuario y su repercusión sobre el resto de la economía, en todos sus términos.

Sin otro particular saludo al Señor Presidente con las seguridades de mi particular estimación.

Juan Adolfo Singer, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, el señor Senador Juan A. Singer solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería relacionado con la evolución del precio en dólares del petróleo importado desde el año 1998."

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 1º de marzo de 2004.

Señor Presidente del Senado

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

Señor Presidente:

De conformidad con el artículo 118 de la Constitución solicito se curse al Ministerio de Industria, Energía y Minería el siguiente pedido de informes:

1º) Evolución del precio en dólares del petróleo importado por el país desde el año 1998 inclusive al año 2003 (promedios anuales).

2º) Monto total de las importaciones petroleras año a año, desde 1998 al 2003.

Sin otro particular saludo al señor Presidente con las seguridades de mi particular estimación.

Juan Adolfo Singer, Senador."

5) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Rafael Michelini presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley, por el que se crea el ‘Fondo Montevideo - Capital del MERCOSUR’, que tendrá sede en la ciudad de Montevideo y será administrado por una Comisión Honoraria."

- A LA COMISION DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

(Texto del proyecto de ley:)

"PROYECTO DE LEY

Art. 1º.- Créase el "Fondo Montevideo - Capital del MERCOSUR", que tendrá sede en la ciudad de Montevideo y será administrado por una Comisión Honoraria.

Art. 2º.- El Fondo estará destinado a cooperar en el financiamiento, total o parcial, de los trabajos de mejora de infraestructuras y ejecución de las obras viales, edilicias o de acondicionamiento urbano que resulten necesarias para dotar a la ciudad de Montevideo de todas las capacidades adecuadas a la función de sede de las instituciones políticas y administrativas del MERCOSUR.

Art. 3º.- El Fondo se integrará con:

a) Los recursos provenientes de tributos, transferencias de Rentas Generales o endeudamiento externo, que tengan por destino el financiamiento de proyectos aprobados por la Comisión Honoraria.

b) Los recursos que obtenga, provenientes de la cooperación internacional, de organismos multilaterales o de otros países.

c) Las herencias, legados o donaciones que reciba.

d) El producto de las inversiones que se efectúen con los recursos del Fondo.

Art. 4º.- La Comisión Administradora del Fondo estará integrada por un representante del Ministerio de Obras Públicas, un representante del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas y tres representantes de la Intendencia Municipal de Montevideo. Los demás países miembros plenos o asociados del MERCOSUR serán invitados a designar representantes que actuarán en el seno de la Comisión Administradora, a título de observadores.

Art. 5º.- La Comisión Administradora adoptará sus decisiones por mayoría y reglamentará su propio funcionamiento.

Rafael Michelini, Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Existe acuerdo ampliamente mayoritario, en todo el sistema político, en cuanto a que la profundización y el fortalecimiento del MERCOSUR representa la mejor estrategia para la inserción de nuestro país en el marco internacional.

Es notorio el desarrollo alcanzado por el proceso de integración regional, las decisiones adoptadas en el sentido de relanzarlo con nuevas energías y su creciente nivel de institucionalización, del que es signo claro la creación de la Comisión Ejecutiva Permanente presidida por el ex Presidente de la República Argentina, Eduardo Duhalde.

Ello representa para nuestro país, y en particular para Montevideo, un desafío y una oportunidad.

El desafío, consiste en que el país sea capaz de justificar una capitalidad administrativa y política del MERCOSUR, dotando a la ciudad de todos los servicios, infraestructuras y capacidades que serán necesarias a medida que avance el proceso de integración, tal como ha ocurrido en casos similares.

La oportunidad es la de situar a nuestra ciudad capital como un centro administrativo y de servicios de primer nivel, con aptitud para recibir y gestionar eficientemente todo el flujo de actividad que, en los más diversos aspectos, derivarán del desarrollo de las estructuras político-institucionales del MERCOSUR y del fortalecimiento de la implantación de éste a nivel de América del Sur. No resulta necesario demostrar que los beneficios que pueden derivarse de esta evolución favorecerán, por múltiples vías, no solamente a la ciudad capital, sino al país entero.

El proyecto de ley cuya aprobación se promueve aspira a crear una estructura de cooperación entre el Estado y el Gobierno Departamental de Montevideo, a los efectos de facilitar la gestión de los recursos destinados a las inversiones necesarias para enfrentar el desafío arriba señalado. Los países miembros plenos o asociados al MERCOSUR serán invitados a designar representantes, en condición de observadores, lo que permitirá ampliar las posibilidades de acción del órgano.

Podrá decirse que es discutible la necesidad de crear estructuras que carecen, al día de hoy, de medios finan-cieros específicos para la labor que se les confía. No obstante, asigno valor a la sanción del proyecto, en un doble aspecto.

En primer lugar, como acto demostrativo del compromiso del país con el proceso de integración regional y de la voluntad política de dar todos los pasos necesarios para avanzar en esa dirección.

En segundo lugar, en cuanto al funcionamiento de la estructura propuesta crearía un ámbito adecuado para el análisis de proyectos e iniciativas, que abarquen tanto la necesaria intervención del gobierno nacional en el financiamiento de las obras derivadas de la capitalidad del MERCOSUR, como la promoción, en la forma más amplia posible, de la cooperación externa, a comenzar por la de los países involucrados en el proceso de integración.

Rafael Michelini, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Ruben Correa Freitas presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se reglamenta la designación de los Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados."

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

(Texto del proyecto de ley:)

"PROYECTO DE LEY

SE REGLAMENTA LA DESIGNACION DE DIRECTORES DE ENTES AUTONOMOS Y SERVICIOS DESCENTRALIZADOS

Art. 1º. Las solicitudes que el Poder Ejecutivo realice para designar directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, deberá contener con precisión los datos sobre los antecedentes personales, funcionales y técnicos de los ciudadanos propuestos, conforme a lo previsto por el artículo 87 de la Constitución de la República.

Art. 2º.- Se entiende por antecedentes personales los nombres y apellidos, el estado civil, el domicilio, los estudios cursados, las publicaciones realizadas, las conferencias dictadas, la asistencia o la aprobación de seminarios, postgrados, maestrías, etc.

Por antecedentes funcionales se considera la experiencia laboral en el organismo propuesto o en otras instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, así como la experiencia en el ejercicio de una profesión, especialización u oficio.

Como antecedentes técnicos se deberá tener en cuenta la especialidad del candidato propuesto, tanto en el área específica del Ente Autónomo o Servicio Descentralizado de que se trate, como cualquier otro tipo de especialización que en forma directa o indirecta sirva para el ejercicio de un cargo de dirección.

Art. 3º.- El Senado de la República, por medio de la Comisión de Asuntos Administrativos, deberá requerir la presencia de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo como miembros de los Directorios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados para que en audiencia pública expliquen los planes y programas a desarrollar. Asi- mismo, los miembros de la Comisión podrán requerir de los candidatos propuestos toda otra información que sea relevante en cuanto a la calificación de sus antecedentes personales, funcionales y técnicos.

Art. 4º.- En caso de existir dudas por parte de los miembros de la Comisión de Asuntos Administrativos, o por parte de la mayoría del Senado, antes de procederse a la votación de la venia correspondiente, podrá exigirse a los candidatos propuestos que presenten por escrito un detallado plan estratégico, que deberá contener necesariamente una clara visión sobre el presente y el futuro del organismo para el que han sido nominados, así como los planes y programas a desarrollar durante la gestión.

Dr. Ruben Correa Freitas, Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Montevideo, 1º de marzo de 2004.

Sr. Presidente del Senado:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de presentar el adjunto Proyecto de Ley, por el que se reglamenta el Art. 187 de la Constitución de la República sobre la designación de los miembros de los Directorios de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados.

En tal sentido, cabe expresar que el mencionado Art. 187 de la Constitución uruguaya, prescribe que el Poder Ejecutivo es quien designa a los miembros de los Directorios de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, requiriéndose la venia del Senado por tres quintos del total de componentes elegidos conforme al Art. 94 de la Constitución. La propuesta de designación que formula el Poder Ejecutivo, debe realizarse motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas de las personas que ocuparán los cargos de directores.

Desde hace mucho tiempo, se debate en nuestro país sobre la integración de los Directorios de las llamadas modernamente empresas públicas, criticándose por ejemplo el hecho de que se propongan como Directores o ciudadanos que no fueron electos por la ciudadanía como Legisladores o como Intendentes, como si ello en sí mismo fuera un impedimento constitucional, político o aún ético o moral. Por el contrario, me parece que nada impide que un ciudadano que se dedique a la política integre el Directorio de un Ente Autónomo o de un Servicio Descentralizado, porque en definitiva los Directorios de las Empresas Públicas son órganos políticos y las decisiones que deben adoptar estos órganos son de naturaleza esencialmente política.

Pero la Constitución de la República exige en el Art. 187 que la propuesta de designación que realice el Poder Ejecutivo, debe hacerse motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas, por lo que cabe concluir que la voluntad del Constituyente es que quienes integren los Directorios de estos organismos del Estado, sean ciudadanos que tengan una especial calificación no sólo desde el punto de vista de su persona, sino también desde el punto de vista funcional y técnico.

Por estas razones, he creído conveniente presentar esta iniciativa legislativa, al amparo del Art. 133 de la Constitución de la República, porque considero que es necesario reglamentar el Art. 187 de la Constitución de la República, con la finalidad de asegurar del modo más transparente y objetivo posible, que las personas que sean designadas como miembros de los Directorios de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, tengan la suficiente calificación política, personal y técnica, acorde con la evolución de las empresas públicas uruguayas. En efecto, se trata de organismos que tienen un patrimonio muy importante, que necesitan un plan estratégico de dirección, con definición clara de metas y objetivos, por lo que se impone mayores exigencias a la hora de decidir quiénes serán los ciudadanos responsables de la conducción de las empresas estatales.

El Proyecto de Ley que se somete a consideración del Senado de la República, procura definir con precisión qué se entiende por condiciones personales, funcionales y técnicas. Pero lo esencial del Proyecto, tiene que ver con la inclusión de la audiencia que necesariamente deberá realizar la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado con las personas propuestas para integrar los Directorios de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados. Esta audiencia pública, permitirá evaluar las condiciones de los ciudadanos propuestos, dado que deberán realizar una exposición sobre los planes y programas a desarrollar en la gestión del organismo para el que han sido propuestos.

El intercambio de ideas con los miembros de la Comisión, habilitará asimismo un mayor dinamismo en las relaciones de coordinación y de control que necesariamente debe cumplir el Parlamento, facilitando la información adecuada que muchas veces se hace difícil de obtener por parte de quienes han sido elegidos por la ciudadanía y tienen el deber de conocer adecuadamente cómo funciona la Administración Pública en su conjunto.

Estimo que este Proyecto de Ley generará un cambio político importante en esta materia, pero evitará los cuestionamientos que tantas veces se hacen al sistema político, porque sin ninguna duda es un avance importante en la modernización de las empresas públicas uruguayas, es un paso de trascendencia en la transparencia de la gestión pública y es una forma de asegurar que los miembros de los Directorios sean ciudadanos con la suficiente y adecuada calificación personal y técnica, debidamente avalada y controlada por el Senador de la República.

Saludo a Ud. muy atentamente,

Dr. Ruben Correa Freitas, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Ruben Correa Freitas presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 1° del Código Civil, relativo a la obligatoriedad de las leyes."

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

(Texto del proyecto de ley:)

"PROYECTO DE LEY

SE MODIFICA EL ARTICULO 1º DEL CODIGO CIVIL

Artículo Unico.- Modifícase el artículo 1º del Código Civil que tendrá la siguiente redacción:

"ARTICULO 1.- Las leyes sólo son obligatorias en virtud de su promulgación y publicación por el Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo promulgará las leyes utilizando la siguiente fórmula: "Cúmplase, comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos y archívese".

Salvo disposición expresa en contrario, las leyes entrarán en vigencia diez días después de publicados en el Diario Oficial".

Dr. Ruben Correa Freitas, Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Montevideo, 1º de marzo de 2004.

Sr. Presidente del Senado:

De conformidad con el Art. 133 de la Constitución de la República, vengo a formular la correspondiente iniciativa legislativa del Proyecto de Ley adjunto, por el que propongo la modificación del artículo 1 del Código Civil, con la finalidad de precisar la fecha de entrada en vigencia de las leyes en nuestro país.

En tal sentido, corresponde expresar que el artículo 1 del Código Civil prescribe:

"ARTICULO 1.- Las leyes sólo son obligatorias en virtud de su promulgación por el Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo determinará la forma de la promulgación; y desde que ésta pueda saberse, las leyes serán ejecutadas en todo el territorio de la República.

La promulgación se reputará sabida diez días después de verificadas en la Capital".

Esta es la redacción original dada por el autor del Código Civil uruguayo, el Dr. Tristán NARVAJA, que fuera aprobado por Ley Nº 917 de 23 de enero de 1868, pero que ha dado lugar a una discusión clásica entre dos destacados juristas como fueron el Dr. Pablo DE MARIA y el Dr. Eugenio LAGARMILLA, en cuanto al significado del vocablo "promulgación", es decir si comprende o no a la publicación, generando la duda en lo referente al cómputo de los diez días para la entrada en vigencia de las leyes.

La primera postura, fue defendida por el Dr. Pablo DE MARIA, quien enseña que los diez días deben contarse a partir de la publicación de la ley, dado que en la promulgación está comprendida también la publicación, tomando en cuenta el significado etimológico de promulgar, que viene del latin "provulgare", es decir hacer saber al vulgo, divulgar, publicar.

La segunda postura, pertenece al Dr. Eugenio LAGARMILLA, quien afirma que los diez días que establece el artículo 1 Código Civil para la entrada en vigencia de las leyes, deben contarse a partir de la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

Si bien ha sido pacífica en nuestra doctrina nacional, la aceptación de que las leyes entran en vigencia diez días después de su publicación en el Diario Oficial, excepto cuando la misma ley establece otra fecha de vigencia, el Proyecto de Ley adjunto tiene como finalidad principal terminar con esta discusión, proponiendo una nueva redacción, en la que se distingue el acto jurídico de la promulgación del acto jurídico de la publicación. En la promulgación, interviene el Poder Ejecutivo con la firma del Presidente de la República y el Ministro o los Ministros respectivos, que se expresa en la fórmula "Cúmplase, comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos y archívese". En la publicación, que es el acto jurídico que nade como consecuencia de la promulgación realizada por el Poder Ejecutivo, se debe hacer en el Diario Oficial, fija la fecha a partir de la cual se computarán los diez días para la entrada en vigencia de la ley.

Desde el punto de vista jurídico constitucional, con relación a las leyes, debe distinguirse entre la sanción, la promulgación y la publicación.

La sanción de la ley, es un acto jurídico que pertenece exclusivamente al Poder Legislativo, que se traduce en la fórmula prevista por el art. 146 de la Constitución de la República que dice: "El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, decretan:"

La promulgación de la ley, es el acto jurídico del Poder Ejecutivo, previsto en los arts. 143 y 145 de la Constitución, por el cual se pone el "cúmplase" a la ley sancionada por el Poder Legislativo, es decir por el que manda a cumplir y ejecutar lo que ha establecido el Parlamento.

La publicación de la ley, es el acto jurídico del Poder Ejecutivo, previsto en el Art. 168 ordinal 4º de la Constitución, por el que se da a conocimiento de todos los habitantes de la República, por medio del Diario Oficial, el texto de la ley que ha sido sancionado por el Poder Legislativo y promulgado por el Poder Ejecutivo.

Considero que la aprobación del adjunto Proyecto de Ley, contribuirá a dar mayor seguridad jurídica, poniendo fin a una polémica clásica en nuestra doctrina, brindando además una actualización y modernización necesaria e imprescindible a nuestro viejo Código Civil.

Saludo al señor Presidente del Senado muy atentamente.

Dr. Ruben Correa Freitas, Senador."

6) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Gargano solicita licencia por los días 3 y 4 de los corrientes".

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 1 de marzo de 2004.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores.

Don Luis Hierro López

Presente.-

De mi consideración:

Debiendo atender obligaciones políticas en el interior del país, solicito se me conceda licencia por los días 3 y 4 del corriente mes de marzo, conforme a lo que dispone la Ley Nº 16.465.

Sin otro particular, le saluda atentamente

Reinaldo Gargano, Senador ."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

Queda convocada la señora Senadora Sara López.

7) ROQUE GASTON MASPOLI. HOMENAJE A SU MEMORIA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: he solicitado hacer uso de esta facultad para rendir un postrero homenaje, que va a alcanzar distintas facetas del individuo, integrando la de buen deportista, excelente conductor y estratega, pero, fundamentalmente, la de una persona humilde, bondadosa y honesta. Julio César Abadie, compañero en el seleccionado mundial de l954, en Suiza, y que estuvo a su lado en las últimas horas en el sanatorio, dijo: "Más que un campeón del mundo, se fue una persona íntegra".

Jorge Fosatti, técnico de la Liga Deportiva Universitaria de Quito le dedicó el triunfo de 3 a 0 sobre Alianza de Lima y aseguró que durante el partido, lució con mucho orgullo una corbata que le había obsequiado años atrás su entrañable amigo.

Señor Presidente: como ya todos se habrán dado cuenta, voy a homenajear a don Roque Gastón Máspoli.

Máspoli nació en Montevideo el 12 de octubre de l917. A los 13 años, al fallecer su padre, quien fuera funcionario de UTE, le correspondió -como marcaba la costumbre- ingresar al organismo estatal en calidad de meritorio. A pesar de ser funcionario público, su pasión era más fuerte y empezó a jugar en Nacional a los 16 años, luego pasó a Liverpool y de éste al Club de su amor eterno: el Club Atlético Peñarol. Allí desarrolló prácticamente toda su carrera, durante 15 años, desde l940 a l955, y fue campeón uruguayo en múltiples ocasiones. Ganó 8 títulos y formó parte de equipos inolvidables, como el de l949, al que muchos aficionados comparan con la "máquina" de River o el Santos de Pelé. Integraban aquel equipo, entre otras estrellas, Obdulio Varela, Alcides Edgardo Ghiggia, Juan Alberto Schiaffino y el argentino Juan Eduardo Hohberg. Pese a que Máspoli había sido desplazado de la titularidad por Flavio Pereira Natero, fue él quien acudió como golero a la Copa del Mundo disputada en Brasil en 1950, porque en esa época ya había marcado su temple, su serenidad, y era un jugador indicado "para las bravas".

En aquel torneo, Uruguay conquistó el título y prota-gonizó en el estadio de Maracaná, con su victoria sobre Brasil en el partido final, la mayor sorpresa de la historia del fútbol.

Volvió a acudir Máspoli como titular al Mundial de 1954, en el que Uruguay ocupó la cuarta posición y donde perdió su chance de campeonar en un partidazo, muy recordado por su fragor, contra la máquina húngara, y que los periodistas calificaron como el "partido del siglo".

Tras colgar los botines en 1955, emprendió una larga carrera de más de 40 años como entrenador, que le llevó a dirigir entre otros clubes a Danubio y River Plate de Montevideo, al Elche de España, al Defensor de Lima y Sporting Cristal, ambos de Perú; a Olimpia de Paraguay; a Barcelona de Ecuador y a las selecciones de Ecuador y Uruguay.

Obtuvo sus mayores éxitos de nuevo con Peñarol, con el que ganó, entre otros, cinco Campeonatos uruguayos, la Copa Libertadores de América de 1966, sazonada con aquellos partidos finales contra River Plate argentino, la parada con el pecho de Carrizo y el 4 a 2 en Chile, después del alargue, recordados como hazaña por toda la parcialidad aurinegra.

Y como corolario de un año perfecto, la Copa Intercontinental, ganándole el 26 de octubre al Real Madrid en su propio estadio por 2 a 0.

Como seleccionador, ganó para Uruguay el recordado Mundialito de Campeones o Copa de Oro, en enero de 1981, última gran conquista de la selección nacional

frente a equipos de la talla de Argentina con Maradona, Alemania, Italia, Holanda y la recordada final con el Brasil de Sócrates, terminada con el mismo resultado histórico de 2 a 1.

En 1990 fue nombrado presidente de la Asociación de Entrenadores, entidad que, en 1997, le pidió que se hiciera cargo de la selección nacional para intentar conseguir la clasificación para el Mundial de Francia, lo que finalmente no consiguió.

Máspoli ostenta, además, un récord que será muy difícil de igualar: dirigió a la selección uruguaya contra Argentina el día en que cumplía 80 años, edad no alcanzada nunca por ningún seleccionador.

Como entrenador dio 54 vueltas olímpicas, lo que deja bien en claro su capacidad de conductor, además, claro está, de los recuerdos entrañables que dejó entre sus dirigidos.

Desde el 10 de febrero de este año la muerte lo tenía arrinconado bajo los tres palos, tirándole pelotas envenenadas como lo hicieron antes Atilio García o el argentino Rinaldo Martino y el húngaro "cabeza dorada" Kocsis. Pero, como siempre, el hombre de la sonrisa amable, del hablar sereno, no se entregaba.

Hasta que en los descuentos del domingo 22 de febrero, le apretó fuerte la mano al Pardo Abadie, sonrió y no atajó más: se dejó meter el último gol de su vida.

Pero este gol es diferente a los goles que le hicieron en los clásicos o en la selección. También es diferente a los goles que evitó en la final de Maracaná del año 50, convirtiéndose en una muralla infranqueable para los habilísimos delanteros brasileños que comenzaron a angustiarse frente a esa resistencia, trasmitiendo su impotencia a toda la torcida que, poco a poco, fue enmudeciendo para que la gesta charrúa cobrara, junto con sus actores, el carácter de mito.

Este último gol lo habilita para entrar de titular en el mejor cuadro del mundo, sin peligro de ser sustituido: en el equipo de todos los tiempos, de los triunfadores, de los respetados, de los queridos; ese equipo que en el estadio construido por la gloria gira en una vuelta olímpica interminable con los brazos en alto gritando: ¡Arriba Uruguay!

Don Roque... gracias por haber vivido, gracias por todo lo que nos dio y le pido perdón por lo que le quedamos debiendo.

Señor Presidente: solicito que mis palabras sean enviadas a su viuda, la señora Irene Estramil, a su hija Irene y a sus nietos, al Club Atlético Peñarol, a la Asociación Uruguaya de Fútbol, a la Asociación de Entrenadores y a la Mutual de Futbolers Profesionales.

Además, mociono para que el Senado se ponga de pie y guarde un minuto de silencio en homenaje a don Roque Gastón Máspoli.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Correa Freitas en el sentido de que el Senado se ponga de pie y guarde un minuto de silencio en homenaje a la memoria de Roque Gastón Máspoli.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa invita a los señores Senadores y asistentes a la Barra a ponerse de pie.

(Así se hace)

8) SITUACION DE LOS RESIDENTES URUGUAYOS EN ESPAÑA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- En el día de hoy me voy a ocupar de un tema extremadamente importante y preocupante para nosotros. Por obligaciones políticas, he tenido la oportunidad de viajar a España en febrero y, concretamente, de estar en Madrid, en Santiago de Compostela y en Barcelona, donde me reuní con centenares de uruguayos -si sumamos la cantidad de encuentros que realizamos-, muchos de los cuales, como por ejemplo cuando estuvimos en Santiago de Compostela, recorrieron cientos de kilómetros para poder conversar con nosotros acerca de su situación como inmigrantes en el Reino de España.

Como sabe el señor Presidente, el año pasado, a instancias de miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales y con la firma de los señores Senadores Garat, Pereyra, Correa Freitas, Couriel, Millor, Singer y de quien habla, el Senado emitió una declaración sobre la situación de los uruguayos en España, que decía así: "Atento a los planteos recibidos, sobre la difícil situación que viven los ciudadanos uruguayos que han ido al Reino de España, en cuanto a falta de garantías de poder ingresar, residir y trabajar en ese país, ante la puesta en vigencia de legislación española restrictiva al respecto. La Cámara de Senadores declara: Que el Tratado entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España del año 1870 mantiene su plena vigencia y que, en consecuencia, lo relativo a los derechos de los nacionales de ambos países para ingresar, residir y trabajar en los dos Estados, constituyen derechos que deben ser respetados por las partes en dicho Tratado. Que el Tratado también bilateral de 1992 en nada ha afectado la vigencia y la plena efectividad del Tratado de 1870. No ha habido derogación expresa y general del Tratado anterior por el posterior, ni derogación expresa ni tácita de ninguna de las disposiciones del instrumento internacional de 1870. Que, por tanto, los uruguayos que en este momento se encuentran en el Reino de España, o aquellos que se vayan en el futuro, deben poder disponer de todas las facilidades y garantías para ingresar, residir y trabajar allí."

Cabe destacar que esta declaración fue elaborada en la Comisión a los dos días del mes de setiembre de 2003 y que luego fue votada por el Pleno del Senado, lo que está en conocimiento de los inmigrantes uruguayos.

Si bien la representación diplomática no ha logrado conseguir un registro de la totalidad, personalmente estimo que no son menos de 40.000 y se aproximan a los 50.000 los uruguayos que están residiendo en las Islas Canarias, en Galicia, en Cataluña, en Madrid, en Valencia y en Andalucía. Están concentrados en algunos lugares en forma muy importante, pero también se distribuyen por toda la geografía española en un número muy significativo. De estos 50.000 uruguayos de los que uno habla muy rápidamente, tengo la impresión de que no menos de la mitad están en condiciones ilegales de acuerdo con la interpretación que realiza el Gobierno español de las normas jurídicas que están en vigencia.

En tal sentido, considero que conviene que una vez más el Senado tenga conocimiento de los instrumentos jurídicos a los que hacemos referencia.

El Tratado de 1870, de Reconocimiento, Paz y Amistad, se firmó en Montevideo el 18 de julio de ese año, y en su artículo 8º dice: "Los súbditos Españoles en la República Oriental del Uruguay, y los ciudadanos de la República en España, podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades, muebles e inmuebles, extraer del País sus valores íntegramente, disponer de ellos en vida o por muerte y suceder en los mismos por testamento o ‘ab intestato’, todo con arreglo a las leyes del País, en los mismos términos y bajo iguales condiciones y adeudos que usan o usaren los de la Nación más favorecida.

No podrán por consiguiente sufrir respectivamente ningún embargo, ni ser retenidos en sus buques, tripulaciones, carruajes y objetos de comercio, de cualquier clase para ninguna expedición, ni para servicio público de ninguna especie sin conceder a los interesados una indemnización previamente convenida."

Por su parte, el artículo 14 del Tratado de Cooperación y Amistad de 1992 establece: "Con sujeción a su legislación y de conformidad con el Derecho Internacional, cada Parte otorgará a los nacionales de la otra facilidades para la realización de actividades lucrativas, laborales o profesionales, por cuenta propia o ajena, en pie de igualdad con los nacionales del Estado de residencia o de trabajo necesarias para el ejercicio de dichas actividades." Obsérvese lo que dice: "en pie de igualdad con los nacionales del Estado de residencia o de trabajo necesarias para el ejercicio de dichas actividades." Y continúa: "La expedición de los permisos de trabajo laborales y profesionales, por cuenta ajena será gratuita.

Las respectivas autoridades garantizarán el efectivo goce de las facilidades mencionadas, sujeto al criterio de reciprocidad."

Más adelante, el artículo 18 expresa: "Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el presente Tratado, las Partes acuerdan que, en lo que no fuere incompatible con el mismo, se mantienen plenamente vigentes los convenios celebrados con anterioridad."

Por lo tanto, en los propios documentos se reconoce la vigencia del Tratado de 1870. Esto ha dado motivo a que los nacionales uruguayos a quienes se les ha denegado el permiso de trabajo y de residencia, hayan recurrido a los Tribunales españoles. Y yo puedo dar cuenta aquí de que en los Tribunales Supremos de Gran Canaria y en Valencia ha habido pronunciamientos favorables y hay ciudadanos uruguayos que han logrado el derecho a la residencia mediante los dictámenes y las sentencias de éstos. Esas sentencias en algunos casos han sido apeladas ante el Tribunal Supremo de España por parte del Estado, pero la jurisprudencia que hay hasta ahora va en la dirección de reconocer la vigencia de estos Tratados.

¿Por qué me ocupo de este tema? Porque en otra circunstancia uno ha tenido que conocer la vía de la emigración y saber cuál es la situación de los que tienen que emigrar. En España se está dando un fenómeno inverso al que se dio bajo la dictadura. Yo estuve exiliado en España y debo reconocer a los ciudadanos y a los Gobiernos españoles toda la ayuda que brindaron a quienes tuvimos que emigrar en aquella circunstancia y todo el apoyo que los ciudadanos uruguayos recibimos de las organizaciones del espectro democrático; no quiero excluir a ninguna. Sin embargo, ahora se está produciendo un fenómeno inverso, ya que España dice que por los compromisos contraídos a través de la Unión Europea, se ha gestado esa ley de extranjería por la que en función de la emigración que viene de otros lugares -no tanto de América del Sur- se ha producido esta situación, que paso a explicar.

Estos nacionales uruguayos que están en calidad de inmigrantes ilegales, a veces perciben en el mercado de trabajo la tercera parte de lo que corresponde pagar por los convenios. Yo estuve con compatriotas que viven en Galicia o en Cataluña, que luego de percibir la tercera parte o la mitad del salario que les corresponde, el empresario -que los tiene en negro- les dice que no necesita más de sus servicios. De esta forma hace un fabuloso negocio, ya que les paga la mitad del sueldo, no aporta a la seguridad social y los compatriotas no reciben asistencia médica, la que afortunadamente es prestada por los municipios, donde la gente es registrada y es atendida cuando lo necesita. Sin embargo, los que se registran quedan inmediatamente denunciados ante la autoridad policial, lo que hace operar al Ministerio del Interior.

Quiero decir que conozco la labor de la Cónsul General en España, la señora Marta Echarte, y de la Cónsul en Barcelona, la señora Espino, así como del primer Consejero de la Embajada, quienes trabajan todos los días en este tema en forma constante; viven en una lucha permanente por defender los derechos de nuestros compatriotas. Hay que reconocerles esa tarea, porque la cumplen cabalmente y están en esa línea de trabajo.

Este problema se vive además en otros países. Tengo aquí en mi poder algunos datos que quiero proporcionar al Senado, publicados por la demógrafa Adela Pelegrino de la Facultad de Ciencias Sociales sobre el saldo neto de viajeros, restando las entradas a las salidas que se han operado sólo en el Aeropuerto de Carrasco entre el año 2000 y 2003. Solamente por el Aeropuerto de Carrasco dichos viajeros suman 87.000. Sin hacer un gran esfuerzo, es de imaginar que por la frontera con Brasil, por Colonia del Sacramento, por Paysandú, por Salto o por Fray Bentos ha salido también una gran cantidad de gente. De alguna manera, esas personas que -digo yo- han sido expulsadas del país porque no pueden vivir y desarrollar en él su vida económica, llegan seguramente al medio millón. Hace poco estuvo un Diputado laborista australiano que nos dijo que sólo en su país había 15.000 residentes uruguayos.

Es un problema muy serio y grave, y creo que el Gobierno uruguayo debe tomar cartas en el asunto, teniéndolo como tema de prioridad. Esto es, concretamente, lo que quiero pedir.

Entiendo que hay que defender la vigencia del Tratado de 1870. Cuando yo no había regresado aún, circulaban versiones de que se decía desde el Poder Ejecutivo que no se hablaría más de ese Tratado. Creo que afirmar eso es una rotunda equivocación y un grueso error, porque es dejar desprotegidos a nuestros ciudadanos desde el área del Poder Ejecutivo.

Creo que en esta materia no pueden existir convenios ni arreglos verbales, porque no sirven. Es cierto que en España se necesita un millón de brazos extranjeros para que trabajen en condición de ilegales. La desgracia es que nuestros compatriotas tienen un nivel de carácter profesional o técnico que los hace competitivos, y entonces de lo que se trata es de que sean ilegales para que les puedan pagar un salario menor o no hacerlos beneficiarios de los servicios de la seguridad social, con la consiguiente pérdida de años de tributación y desconocimiento de los años de trabajo que les permitiría acceder a la jubilación o retiro.

Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se pase al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. No quiero creer que se haya dicho que no hablamos más del Tratado de 1870, ya que tenemos que seguir hablando y exigiendo que se cumpla, apoyando además en los Tribunales a nuestros compatriotas. Aclaro que ni voy a mencionar lo que deberíamos hacer con respecto a la situación de nuestros compatriotas en Estados Unidos y en otros países del mundo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 16 en 17. Afirmativa.

9) APLICACION DE LA LEY DE FIDEICOMISO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: en el momento en que este Cuerpo tratara la Ley de Fideicomiso, nosotros hicimos algunas observaciones y teníamos algunas preocupaciones, -así lo señalábamos en aquella oportunidad- fundamentalmente por el hecho de que este no era el instrumento más adecuado para ser aplicado en algunos ámbitos de la vida social y económica del país. Entendíamos que se trataba de una herramienta que se estaba implantando en todo el continente latinoamericano con una misma orientación, es decir, la que daban los organismos financieros internacionales de los que dependemos como nación, fruto de las deudas contraídas y de la situación compleja de pago que tenemos ante estos. Ello hace que debamos unificar o uniformizar una serie de instrumentos que, más allá de que en sí mismos pueden ser discutibles, en el marco de una determinada política y estrategia se hacen sumamente riesgosos.

En este caso queremos referirnos a un tema que preocupa y alarma a los habitantes que dependen de la Intendencia Municipal de Canelones. Estas personas se encuentran en un estado de alarma muy serio porque, según tenemos entendido, la Comuna de Canelones está utilizando este instrumento del fideicomiso para que la cobranza de la contribución inmobiliaria pase al fiduciario. Si bien nos gustaría ver el contrato -y en ese sentido haremos los esfuerzos para acceder a él y consultar a los asesores-, existen pautas para que el fiduciario cobre la contribución inmobiliaria, se cobre los costos de esa recaudación, contrate a consultorías y lo que reste de lo recaudado se destine al saneamiento y a la canalización de aguas pluviales. Insisto: más allá de no tener el contrato delante de mis ojos, escuché al doctor Yavarone señalar que el destino era el que acabo de mencionar: saneamiento y canalización de aguas pluviales. Tengo la impresión de que debe haber un error, pero quisiera saber si es cierto que esto es así, porque la Carta Orgánica de OSE señala con toda claridad que, salvo en Montevideo, donde el saneamiento se hace con los recursos que recauda la Comuna sin ningún aporte del Gobierno nacional, en las restantes dieciocho Intendencias el saneamiento depende de OSE. En este punto, entonces, se me genera una primera contradicción que no sé cómo la ha salvado la Comuna canaria, porque tanto en lo que refiere al tipo de saneamiento como a la contratación o no de empresas, las obras de saneamiento que se van a realizar con los dineros que aporten los vecinos a través de la Contribución Inmobiliaria, van a estar en manos de una sociedad que, aparentemente por treinta años, tendrá la posibilidad de cobrar, descontarse los costos y, en función de los consejos que dé la Consultoría, realizar las obras con los dineros restantes.

La pregunta que nos hacemos y que se plantean con mucha alarma los habitantes de Canelones -que ya han realizado reuniones y que en el día de mañana van a convocar a una asamblea bastante importante, porque concurrirán desde distintas localidades-, es cómo va a funcionar la actualización de la Contribución Inmobiliaria si esto se da a treinta años. ¿Esa actualización va a pasar por la Junta Departamental o no? La empresa o el fiduciario al que se le adjudique el cobro por ese plazo, ¿aceptará el riesgo o pretenderá actualizar los valores de acuerdo con las distintas variables que puedan surgir, tanto de la consultora como de las obras a emprender, que aparentemente, insisto, serían de saneamiento y canalización de aguas pluviales?

Parecería que el contrato -escuchando, insisto, al doctor Yavarone- ya existe. No conocemos sus términos y, como Parlamento, no tendríamos la posibilidad de entrometernos de manera directa en la Comuna canaria; esto lo tendría que hacer la Junta Departamental como órgano de contralor del ejecutivo comunal. Pero sería importante saber cómo se adjudicó, en función de qué estipulaciones, quién es el que recibió la adjudicación y quién controla. ¿Le compete al Tribunal de Cuentas controlar qué hace el fiduciario con los dineros que los vecinos aportan a través de la Contribución Inmobiliaria y cómo se realizan las adjudicaciones, tanto a la consultora como a la empresa o empresas que supuestamente van a hacer las obras? He realizado consultas muy rápidas y pienso realizar averiguaciones más a fondo, pero según tengo entendido, el Tribunal de Cuentas no puede hacerlo, de la misma manera que tampoco puede hacerlo el Parlamento. Precisamente, el instituto del fideicomiso está hecho para eso: para que no se pueda controlar, como sí puede la Junta Departamental controlar qué hace la Intendencia con los dineros que recauda.

Cuando discutimos el instrumento del fideicomiso quedó claro que el fiduciario tiene bienes y derechos que no ingresan a su patrimonio y, por lo tanto, forman parte de lo que se llama "propiedad fiduciaria", de afectación separada, independiente del patrimonio del fiduciario. Esto significa que mañana, cuando empiecen a rematar casas en función de criterios que no conocemos, cuando la obra no se cumpla o se cumpla en malas condiciones, o cuando se considere que los dineros no están bien utilizados, se va a poder ir contra lo que quede del dinero recaudado por concepto de Contribución Inmobiliaria, pero no contra el patrimonio de aquel a quien se le adjudicó este negocio, que me parece sumamente jugoso, sobre todo en un país -y también en un departamento- como el nuestro que, como hemos dicho muchas veces, trata de ser buen pagador, y cuando alguien debe no es porque no quiera pagar sino porque no puede. Si hacemos las cosas de tal manera que la situación se complique cada vez más, creo que esto va a tener repercusiones muy serias en el departamento de Canelones.

A su vez, me pregunto a quién se le va a ir a reclamar si las obras no cumplen con las necesidades o están mal hechas, porque tenemos una larga historia de cosas mal hechas. Si mañana se ponen camiones de tierra o se hace alguna canaleta con una zanjita, ¿a quién se le piden las cuentas por ese uso de los dineros de los vecinos y de los contribuyentes? Parecería que a la Intendencia ya no, y por supuesto -esto lo tengo absolutamente claro- al fiduciario tampoco.

Vamos a seguir trabajando e investigando este tema, y vamos a pedir asesoría jurídica en torno a esto, porque la preocupación que tienen los vecinos se agrega a la angustia actual por el doble cobro de la tasa de alumbrado que ya se está produciendo. Tal como dijimos aquí que sucedería, lamentablemente corroboramos en estas últimas semanas, en actividades en distintos lugares de la costa del departamento de Canelones, en donde nos consta, además, que no hay alumbrado, la gente ya recibió las facturas para pagar de manera doble: por un lado, deben pagar la tasa correspondiente junto con la factura de la luz, y si no lo hacen les cortan la electricidad -tal como lo señalamos cuando se aprobó- y, por otro lado, van a pagarla en la factura de la Contribución Inmobiliaria. Podemos demostrar con las facturas sobre la mesa que hay un doble pago, y que en muchos casos esto ocurre en zonas donde no hay alumbrado, por lo que no sólo pagan doble sino que lo hacen por un servicio que no reciben.

Si a esto le sumamos la situación con respecto a esta especie de securitización de la Contribución Inmobiliaria y del destino de esos dineros, estamos en un cuadro sumamente complejo. Por lo tanto, como representantes y Legisladores, vamos a seguir extremando los esfuerzos para poder asesorar a los vecinos, a fin de que puedan transitar por los mejores caminos en la defensa de esto que, creemos, es realmente negativo.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida al Intendente Municipal de Canelones, a la Junta Departamental de ese departamento y al Directorio de OSE.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 15 en 16. Afirmativa.

10) PERCEPCION DE HABERES POR PARTE DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: me voy a referir muy brevemente a un tema que creo es de alta sensibilidad humana y social.

Como se recordará, hace un tiempo el Parlamento aprobó una ley por la cual se eliminaba la incompatibilidad de las personas discapacitadas o con capacidad diferente para cobrar lo que perciben del Banco de Previsión Social además de la remuneración por trabajos públicos o privados que obtuviesen. Ese era el concepto de la ley y no fijaba ningún tope. Sin embargo, el Banco de Previsión Social, por decisión mayoritaria de su Directorio y sin ley habilitante, fijó topes hace mucho tiempo. Ello motivó protestas de Legisladores de diversos partidos, por lo que el Directorio decidió concurrir a la Comisión especializada del Senado y conversar sobre el tema. Acordaron entonces que había que resolver el punto. Los topes habían sido fijados por el Banco de Previsión Social y no estaban en la ley, pero había casos en los que por algún empleo se percibían cifras muy altas, por lo que la Institución quería establecer algún tope razonable y verosímil. Esto no era, pues, para los que percibían dos o tres salarios mínimos -que es lo que ocurre en la gran mayoría de los casos-, sumando la pensión por discapacidad a la remuneración por el empleo de esas personas con capacidad diferente.

A raíz de todo esto se planteó una iniciativa que tuvo su comienzo informal en el Banco de Previsión Social, traduciéndose luego en un proyecto del Parlamento por el que se fijan topes considerados razonables por tratarse de cifras muy altas.

He relatado la situación jurídica, pero ocurre que el Banco de Previsión Social, por su cuenta, violando sin ninguna duda una ley, sigue arrogándose el derecho de mantener aquellos topes que había aplicado a cantidad de personas. Inclusive, los coloca en situaciones dramáticas, enviando notas que reclaman sumas que les había pagado anteriormente. Aclaro que no me refiero a los casos en que alguna persona con capacidad diferente haya obtenido algún trabajo con una remuneración alta, sino a los comunes, es decir, los que se tuvieron en cuenta cuando se aprobó la ley.

Alguna de las explicaciones que dan en forma pública ciertos Directores del Banco de Previsión Social es que aquella ley que se aprobó tiene defectos y que, en definitiva, es inconstitucional, ya que han obtenido dictámenes jurídicos que así lo han establecido. De esa forma, la enmienda es peor que el soneto. La ley debe ser cumplida. Lo que está haciendo el Banco de Previsión Social es desobedecer una ley que está vigente; si no la quiere aplicar, tiene que ir a la Suprema Corte de Justicia y obtener una declaración de inconstitucionalidad, pero mientras no sea así, debe cumplirla. Personalmente, si fuera una de las personas afectadas -y lo digo con toda claridad- denunciaría por abuso de funciones a quienes mantienen la desobediencia a la ley -a sabiendas de que lo están haciendo así- por un criterio de racionabilidad o a la espera de un proyecto que está en el Parlamento, que quizás se apruebe el mes que viene, dentro de cinco años o nunca. Y lo que está aplicando el Banco de Previsión Social ni siquiera es lo que establece ese proyecto -que busca algún límite razonable para casos de abuso-, sino el criterio original de los topes que por su cuenta estableció la Institución.

Por lo tanto, creo que el Parlamento debe ocuparse de que esto no ocurra más.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a las organizaciones de personas con capacidad diferente, sobre todo a aquellas que se agrupan en una especie de confederación. Asimismo -aunque creo que integran esa confederación- solicito que se envíe a las organizaciones de no videntes -de las que conozco por lo menos dos-, dentro de las cuales se dan algunos casos realmente increíbles, ya que no se les abona lo que resulta de su pensión porque tienen trabajo, cuando el total es una suma irrisoria. Inclusive, por la fijación de esos topes hasta les están reclamando la devolución de algunas sumas pagadas anteriormente.

No quiero que se interprete como un consejo lo que dije acerca de lo que haría si estuviera en esa situación, pero quiero decir con toda claridad que lo haría, porque uno no puede imaginar que se llegue a ese extremo de inhumanidad.

Reitero que alguno de los llamados Directores "políticos" -aclaro que no me refiero a los Directores "sociales"- realizó un planteo en la Comisión, pero no es eso lo que se está instrumentando, sino que se tienen en cuenta los topes fijados por el propio Banco de Previsión Social.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras se pase a las mencionadas organizaciones -cuyos nombres exactos no puedo dar en este momento, pero son muy conocidas- y, en especial, a las dos que representan a los no videntes.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado, enviándola también al Banco de Previsión Social.

(Se vota:)

- 15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) REACTIVACION ECONOMICA

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Sanabria.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: nos gusta traer a este Parlamento buenas noticias, fundamentalmente aquellas que signifiquen reactivación económica, empleo y generación de riqueza; y no hay dudas de que luego de culminada esta temporada de verano excepcional, tengo innumerables caminos para desarrollar mi exposición vinculada a esos aspectos.

El turismo nacional se vio gratamente sorprendido por una excelente temporada, producto, entre otras cosas, de la seguridad jurídica y ciudadana que tiene el país y de la estabilidad política que aquí se vive. Además, el Uruguay ha demostrado claramente que está preparado, tanto en el área del turismo como en la de los servicios, para recibir turismo de excelente calidad, proveniente de todas partes del mundo.

Y no solamente hubo un crecimiento cuantitativo del turismo, sino también cualitativo, porque hubo una gran concurrencia a las zonas tradicionalmente turísticas de alto nivel, como Maldonado y Punta del Este, pero también a las de todo el país. La ocupación de las termas creció un 40%; en Punta del Este aumentaron entre un 50% y un 55% el consumo y el gasto. En ese sentido, hay gráficas, vinculadas fundamentalmente al consumo de productos tradicionales como carne, leche, frutas y verduras, que muestran que el mismo creció cuantitativamente un 45%. Los alquileres, luego de una decadencia muy importante en las temporadas pasadas, crecieron alrededor de un 35%. Los niveles de inversión realmente están llegando a valores similares a los más altos que hubo, fundamentalmente, en la zona de Maldonado, en 1998.

Lamentablemente, en esta Casa los temas de turismo generan pocas expresiones de interés. Hace pocas horas contabilizamos en nuestra computadora que hemos realizado más de cien exposiciones relacionadas con este tema en los años en que hemos estado en el Parlamento, tal vez por provenir de un departamento que vive, palpita y se desarrolla en función de la vida de la gente.

En la actualidad, el turismo y los servicios ocupan el 70% de la mano de obra en el país, e inciden de manera fundamental en la baja de la desocupación. Creo que vamos a cerrar un trimestre excepcionalmente bueno, ya que hay economistas que hablan de U$S 600:000.000 y otros de U$S 800:000.000. En mi opinión, si tenemos en cuenta la inversión y la propia temporada, seguramente al 31 de marzo estaremos muy cerca de los U$S 1.000:000.000 anuales.

No hay duda de que están en juego no solamente los productos de servicio y turismo, sino también los tradicionales, dado que no hay mejor exportación que la que se realiza a través del turismo y los servicios, aun en los rubros que tienen un auge económico excepcional y que están liderando la reactivación económica del país, como la carne, la lana y los granos. Evidentemente, por ahí pasa una parte importante de esta recuperación económica, que no sólo se vio reflejada en una muy buena temporada turística en todo el país, sino también en los niveles de inversión, fundamentalmente en los que tienen que ver con la industria de la construcción turística. Seguramente, este invierno empezará a reactivarse la faz laboral de dicha industria, tan alicaída y golpeada.

Todos los departamentos del país -no sólo Maldonado-, inclusive aquellos con dificultades, como los de Canelones y Rocha, hicieron esfuerzos significativos para lograr una mejor presentación de la temporada. Entre ellos podemos destacar la rambla costanera de 25 kilómetros en la Costa de Oro, obra que no sólo beneficia al turismo, sino también a aquellos que allí residen todo el año; el troncal de la Ruta Interbalnearia entre el primer peaje y el aeropuerto, así como también el mantenimiento, a nivel general, de estos departamentos. Creo que la perla de todo esto fue el departamento de Maldonado, que presentó una valiosísima preparación, donde los operadores turísticos y todos los que trabajan en este sector se prepararon como nunca. El éxito que se logró está unido a ese esfuerzo y a esa predisposición.

Sin embargo, no todo está hecho, ya que el turismo y los servicios experimentan una constante renovación. Creo que los esfuerzos vinculados a las promociones en la región tuvieron como consecuencia ese turismo internacional que está llegando, fundamentalmente, a Argentina y a Brasil, y que los fines de semana hace que lleguen a Uruguay muchos europeos, sobre todo italianos, españoles, alemanes, así como también americanos, mejicanos y colombianos. Reitero que esta población flotante, proveniente de todas partes del mundo, estuvo signando una de las mejores temporadas en lo que tiene que ver con el nivel del turismo, que se traduce no sólo en el consumo, sino también en el trabajo y bienestar que genera en los departamentos turísticos, entre los que debo destacar, también, a Colonia. A través de todo esto se puede avizorar un tiempo de mejora sustancial para todo el país, de cara a un desarrollo sustentable, en la medida en que los otros sectores de la actividad también se desarrollen. En el país se percibe, como nunca antes, un tiempo de trabajo y producción, un tiempo en el que la inversión es negocio y donde tal vez la especulación haya quedado relegada a un segundo plano. Esto lo vemos en el turismo, en la agropecuaria, en la industria y en la sustitución de importaciones. Ya hemos sostenido aquí que la inversión en los renglones antes mencionados, al que se suma ahora el del turismo, ha llegado a niveles excepcionales.

Creo que esto es un saludo y, tal vez, la expresión de que sentimos que estamos recorriendo el camino correcto de cara a estos servicios y a este turismo. Me parece que todos los uruguayos, más allá de tiempos políticos y electorales, tendríamos que poner más nuestra mirada en el turismo y en los servicios. Ejemplo claro y contundente de esto es el hecho de que este Parlamento pocas veces dispone de tiempo para la discusión y el análisis de uno de los temas de mayor redistribución de riquezas y de mayor rapidez en dicha redistribución. Así, ese mozo o esa mucama que reciben su salario o su propina en la noche, al otro día hacen ingresar dicho dinero al núcleo familiar, o sea que se trata de una redistribución directamente relacionada con todos los actores de la cadena que produce el trabajo vinculado al turismo y los servicios.

Expreso esto, porque considero que el país y muchas cosas tendrán que cambiar, entre ellas, nuestra propia concepción de cómo prepararnos para generar esas corrientes de turismo que deben continuar garantizadas por la seguridad. No hay duda de que los males de otros a veces nos benefician; sin embargo, debemos seguir trabajando para que dichos males no lleguen a nuestro país. Todos sabemos lo que pasó esta temporada tanto en Florianópolis como en la costa argentina. Por eso, todo lo relacionado con la seguridad lo valoro para el país y para todos los uruguayos, ya que la seguridad es un estado vinculado a todos y no solamente a los actores relacionados con la Justicia y la Policía.

En ese ámbito, no podía pasar por alto en esta primera sesión de la Cámara de Senadores, el hecho de que si bien este país, tan vinculado al mar, al océano, a los ríos y a los arroyos, muchas veces se ha desarrollado a espaldas de toda esta actividad, también debería mirar más hacia el turismo, actividad productiva, innovadora y redituable. Si hablamos de que el rédito de una buena temporada oscila entre los U$S 800.000 y U$S 1.000:000.000, sentimos que esto nos permitirá mirar el futuro con confianza y optimismo.

Señor Presidente: pido que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Turismo, a las 19 Intendencias del país -todas hicieron esfuerzos para captar turismo y lo lograron, cada una en su nivel-, a las 19 Juntas Departamentales y, especialmente, a la Cámara Uruguaya de Turismo y a la Liga de Fomento de Punta del Este.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) REGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el Orden del Día.

Ante todo, corresponde informar al Cuerpo sobre varias propuestas de trabajo presentadas por los Coordinadores de Bancada en su reunión del día de hoy, que tienen que ver con cuestiones relativas a la labor del Senado.

En primer lugar, correspondería votar el mantenimiento de los horarios normales de las sesiones ordinarias, los días martes y miércoles desde las 16 horas en adelante, del 1º al 18 de cada mes.

Se va a votar este punto.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR PRESIDENTE.- En segundo término, la Mesa quiere informar que se ha solicitado -y ha sido acordado- que el día martes 16, a la hora 16, el Senado lleve a cabo una sesión extraordinaria para rendir homenaje al General Líber Seregni. Una vez finalizada ésta, continuaríamos con la sesión ordinaria, asuntos entrados y demás cuestiones pertinentes.

Se va a votar la propuesta de los señores coordinado-res.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) SALUD REPRODUCTIVA

SEÑOR PRESIDENTE.- En tercer lugar, corresponde informar que hubo acuerdo para incorporar a la sesión del día martes 13 de abril, como primer punto del Orden del Día, el proyecto de ley sobre salud reproductiva.

Si existe acuerdo entre los señores Senadores, se va a votar este Orden del Día para el martes 13 de abril, a los efectos de considerar este punto.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

15) SUSPENSION DE LA SESION ORDINARIA PREVISTA PARA EL DIA MIERCOLES 3 DE LOS CORRIENTES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se resolvió sugerir la suspensión de la sesión ordinaria del día de mañana a efectos de que la Comisión de Hacienda adelante su sesión, dado que es la que tiene a estudio más asuntos, de los cuales pueden provenir cuestiones que alimenten el Orden del Día de la sesión de la semana siguiente.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la suspensión de la sesión ordinaria del día miércoles 3 de marzo.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

16) NUMERALES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL ORDEN DEL DIA. POSTERGACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería votar los puntos primero, segundo y tercero del Orden del Día, que tienen que ver con la elección de Vicepresidentes, miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo y miembros de la Comisión Administrativa, pero a solicitud de varias bancadas se postergaría su consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la postergación de la consideración de los puntos que figuran en primer, segundo y tercer lugar del Orden del Día.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

17) URGENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Tal como se ha solicitado, correspondería votar si se declara urgente la consideración de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Complementarios para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, adoptados el 15 de noviembre de 2000 en la ciudad de Nueva York";

- por el que se designa a la Escuela Rural Nº 34, del departamento de Durazno, con el nombre de "Juan Jorge Lladó Wilkins";

- por el que se designa a la Escuela Nº 29, de Villa María (Tiatucura), departamento de Paysandú, con el nombre de "Vaimaca Perú";

- y por el que se designa a la Escuela Rural Nº 31, del departamento de Rocha, con el nombre de "Clemente Lucrecio Funes Molina".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 19. Afirmativa.

18) CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS COMPLEMENTARIOS PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS, Y CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con lo resuelto por el Cuerpo, corresponde considerar el proyecto de ley por el que se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Complementarios para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños y contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, adoptados el 15 de noviembre de 2000 en la ciudad de Nueva York". (Carp. Nº 1221 - Rep. Nº 766).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1221/03

Rep. Nº 766/03

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo Unico.- Apruébase la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Complementarios para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños y contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, adoptados el 15 de noviembre de 2000 en la ciudad de Nueva York, en oportunidad de celebrarse el 55º Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2003.

Marcelo Antonaccio, Ruben Correa Freitas, Alberto Couriel, Carlos Garat, Reinaldo Gargano, Carlos Julio Pereyra.

CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS COMPLEMENTARIOS PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS Y CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE, ADOPTADOS EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2000 EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK

El Poder Ejecutivo remitió al Poder Legislativo, con fecha 17 de setiembre de 2003, un Proyecto de Ley, con exposición de motivos, por el que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y dos Protocolos Complementarios contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, adoptados el 15 de noviembre de 2000 en la ciudad de Nueva York, en oportunidad de celebrarse el 55º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En tal sentido, en la exposición de motivos el Poder Ejecutivo expresa que la Convención trata de la lucha contra la delincuencia organizada en general y alguna de las grandes actividades en la que se encuentra involucrada comunmente la delincuencia organizada transnacional, tal como lavado de dinero, corrupción y obstrucción de investigaciones o procesos. Se trata de un instrumento vinculante que obliga a los Estados que lo ratifican a adoptar una serie de medidas contra la delincuencia organizada transnacional. Estas incluyen la creación de delitos en la legislación interna para combatir el pro-blema, la adopción de nuevos marcos para la coopera-ción jurídica mutua, la extradicción, la cooperación en el cumplimiento de la ley, la asistencia técnica y la ca-pacitación. Los Estados Partes podrán confiarse mutuamente la investigación y castigo de los delitos cometidos por grupos criminales organizados si los delitos o los grupos que los cometen tienen algún elemento transnacional.

CONVENCION CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

La Convención tiene 41 artículos, estableciendo el artículo 1 que la misma tiene como finalidad promover la cooperación para prevenir y combatir mas eficazmente la delincuencia organizada transnacional. En cuanto al ámbito de aplicación, el artículo 3 prevé que a menos que haya una disposición en contratio, la Convención se aplica a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de: a) los delitos tipificados en los artículos 5 (participación en grupo delictivo organizado), 6 (blanqueo del producto del delito), 8 (corrupción) y 23 (obstrucción de la justicia) b) los delitos graves que se definen en el artículo 2, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de grupo delictivo organizado.

Por su parte el artículo 4 contiene normas sobre la protección de la soberanía, consagrando el principio de que los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así como de no intervención de los asuntos internos de otros Estados.

La Convención prevé medidas contra el blanqueo de dinero y la corrupción. En tal sentido, de acuerdo al artículo 7 los Estados Parte se obligan a establecer un régimen interno amplio de reglamentación y supervisión de los Bancos e Instituciones Financieras no bancarias y de otros órganos que se encuentren en su jurisdicción, que sean particularmente susceptibles de ser utilizados para el blanqueo de dinero. Además el artículo 9 prevé medidas contra la corrupción, estableciendo la obligación de los Estados Parte de adoptar medidas eficaces para promover la integridad y para prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos, incluso mediante la actuación de las autoridades para disuadir del ejercicio de cualquier influencia indebida la actuación de dichos funcionarios.

En lo referente a la jurisdicción, corresponde expresar que de acuerdo a lo previsto por el artículo 15 de la Convención, cada Estado Parte deberá adoptar las medidas necesarias para establecer su jurisdicción con respecto a los delitos de participación en un grupo delictivo organizado, blanqueo de dinero, corrupción y obstrucción de la Justicia, en caso que el delito se cometa en su territorio o a bordo de un buque que enarbole su pabellón o de una aeronave registrada según sus leyes al tiempo de la comisión de delito. Dentro de los principios de igualdad soberana, integridad territorial de los Estados y no intervención en los asuntos internos de otros Estados, los Estados Parte también podrán establecer su jurisdicción para conocer de los delitos antes mencionados en caso de que los mismos se cometan contra uno de sus nacionales o cuando sean cometidos por uno de sus nacionales o por una persona apátrida que resida habitualmente en su territorio.

En cuanto a la extradición, el artículo 16 dispone que para que proceda la extradición en el ámbito de la Convención, se requiere que se trate de conductas incluídas como delito en las mismas o que tratándose de los delitos previstos en el párrafo 1 del artículo 3, el mismo implique la participación de un grupo delictivo organizado. Se requiere además que la persona que es objeto de la solicitud de extradicción se encuentre en el Estado Parte requerido. Además, se establece el requisito de la doble incriminación, esto es, que el delito por el que se solicita la extradición sea punible con arreglo al Derecho Interno del Estado requirente y del Estado requerido.

Respecto de la asistencia judicial recíproca, en el artículo 18 de la Convención se consagra el deber de los Estados Parte de prestar la mayor asistencia judicial posible con respeto a cualquier investigación, proceso o actuación judicial relacionado con los delitos comprendidos en la Convención, según lo establecido en el artículo 3. La solicitud de asistencia judicial podrá tener como objetivo recibir testimonios o declaraciones de personas, presentar documentos judiciales, realizar inspecciones, incautaciones y embargos preventivos, examinar objetos y lugares, obtener información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos, entregar originales o copias certificadas de documentos o expedientes, identificar o localizar el producto del delito, bienes, instrumentos u otros elementos con fines probatorios, facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado requirente o cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado requerido. Asimismo, se prevé que toda negación de asistencia recíproca deberá estar debidamente fundada.

Los artículos 24 y 25 de la Convención consagran disposiciones sobre la protección de testigos, estableciéndose que cada Estado adoptará medidas adecuadas, dentro de sus posibilidades para brindar protección contra posibles actos de represalia o intimidación a los testigos o víctimas que participen en actuaciones penales y que den testimonios de delitos comprendidos en la Convención.

Un aspecto muy importante de la Convención, en lo relacionado a la prevención y combate de la delincuencia es la capacitación del personal vinculado a esta tarea, por lo que el artículo 29 establece la obligación de los Estados Parte de formular, desarrollar o perfeccionar programas de capacitación concebidos especialmente para el personal de los servicios encargados de hacer cumplir la ley, incluyendo a los Fiscales, Jueces de Instrucción, personal de Aduanas y otro personal encargado de la prevención, detección y control de los delitos previstos en la Convención.

Por su parte el artículo 31 prevé la necesidad de que los Estados formulen proyectos de carácter nacional para la prevención de la delincuencia organizada internacional. En tal sentido, los Estados Parte deberán procurar la adopción de medidas tendientes a reducir las oportunidades actuales o futuras de que dispongan los grupos delictivos organizados, para participar en mercados lícitos con el producto del delito. También se referirán a la prevención de la utilización indebida por parte de grupos delictivos organizados de licitaciones públicas, subsidios y licencias otorgadas por autoridades públicas para realizar actividades comerciales. Asimismo, las medidas deberían contemplar la prevención de la utilización indebida de personas jurídicas por parte de grupos delictivos organizados.

Los artículos 32 y 33 de la Convención, prevén el establecimiento de una Conferencia de las Partes con la finalidad de mejorar la capacidad de los Estados Parte para combatir la delincuencia organizada transnacional y para promover y examinar la aplicación del referido instrumento. Los servicios de secretaría de la Conferencia serán prestados por el Secretario General de las Naciones Unidas. La Conferencia será convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas, a más tardar 1 año después de la entrada en vigencia de la Convención.

En lo que se refiere a la aplicación de la Convención, el artículo 34 dispone que los Estados Parte se obligan a adoptar, según los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas necesarias, incluyendo los de naturaleza legislativa y administrativa, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas a través de la Convención. Asimismo, los Estados Partes deberán tipificar en sus derechos internos los delitos establecidos en los artículos 5, 6, 8 y 23 de la Convención, independientemente del carácter transnacional o la participación de un grupo delictivo organizado.

PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS

El Preámbulo del Primer Protocolo Anexo a la Convención, se refiere a la necesidad de adoptar un enfoque amplio e internacional tanto en los países de origen, como en los de tránsito y destino, para prevenir y combatir en forma eficaz la trata de personas, especialmentes mujeres y niños.

En el artículo 2 se definen dos fines principales y uno de carácter instrumental. Los fines principales son, la prevención y combate de la trata de personas con particular atención de las mujeres y los niños, y la protección y ayuda a las víctimas de la trata de personas. El Protocolo no sólo tipifica delitos sino que además contiene disposiciones relativas al establecimientos de medidas de cooperación, de control contra los traficantes y de protección de asistencia a las víctimas.

En el artículo 4 se define el ámbito de aplicación, precisándose que el Protocolo se aplica a la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados de conformidad con el artículo 5, así como a la protección a las víctimas: a) cuando tengan carácter transnacional; b) cuando entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.

Los artículos 6 y 7 del Protocolo, establecen disposiciones sobre protección y asistencia a las víctimas de la trata de personas. Así es como el artículo 6 dispone que los Estados Partes deberán proteger la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de personas, mencionándose a modo de ejemplo, la tutela de la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata. Asimismo, se deberá prever la seguridad física de las víctimas que se encuentren en su territorio.

En cuanto a la permanencia de las víctimas en el Estado receptor, el Protocolo establece la solución de que las Partes deberán considerar la posibilidad de adoptar medidas que permitan que las víctimas de trata de personas permanezcan en su territorio, temporal o permanentemente, tomando en consideración los factores humanitarios y personales.

Los artículos 9 a 13 del Protocolo, consagran una serie de medidas en relación a la prevención, cooperación y otro tipo de medidas a adoptar por los Estados Partes a nivel interno, con el objetivo de prevenir y combatir la trata de personas, así como de proteger a las víctimas de la referida conducta, en particular mujeres y niños, contra un nuevo riesgo de victimización.

Entre las medidas de prevención y combate de la trata se mencionan las actividades de investigación, información y difusión, iniciativas sociales y económicas, previéndose la posibilidad de actuar en cooperación con organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad civil.

PROTOCOLO CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE

El Primer Protocolo Adicional a la Convención, se refiere al problema de los grupos criminales organizados que trafican con migrantes, a menudo con un alto riesgo para éstos y un gran provecho de los delincuentes. En tal sentido el Preámbulo del Protocolo declara que la prevención y el combate eficaz del tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire requiere un enfoque amplio e internacional, que implique la cooperación, el intercambio de información y la adopción de otras medidas apropiadas, incluyendo las de carácter socioeconómico a nivel nacional, regional e internacional.

En el artículo 2 del Protocolo se establece como finalidad principal la prevención y combate del tráfico ilícito de migrantes. A dichos efectos, se prevé la necesidad de promover la cooperación entre los Estados Partes. Asimismo, se propone como finalidad adicional la protección de los derechos de los migrantes que son víctimas del tráfico.

En el artículo 6 se consagra una norma programática que exige a los Estados Parte la adopción de medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las siguientes conductas, cuando medie intencionalidad y cuando su finalidad sea la obtención directa o indirecta de un beneficio económico o cualquier otro beneficio de carácter material:

a) el tráfico ilícito de migrantes

b) la creación, la facilitación, el suministro o la posesión de un documento de viaje o de identidad falso, siempre y cuando estos delitos se cometan con el fin de posibilitar el tráfico de migrantes.

c) La habilitación de una persona que no sea nacional ni residente permanente del Estado interesado para permanecer en él sin haber cumplido los requerimientos legales, recurriendo a cualquier medio ilegal, incluído los medios incluidos en el apartado b).

En el artículo 16 se obliga a los Estados Partes a adoptar todas las medidas necesarias para preservar y proteger los derechos de las víctimas de las conductas previstas en el artículo 6 del Protocolo, en especial el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tortura o a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

DISPOSICIONES COMUNES

En lo que se refiere a la relación de los Protocolos con la Convención contra la delincuencia organizada transnacional, de acuerdo con el artículo 37 de la Convención, cabe señalar que los referidos instrumentos internacionales constituyen un complemento a la Convención, previéndose que para ser Parte en uno de ellos, los Estados o las Organizaciones Regionales de integración económica también deberán ser el Parte de la Convención. Además, los Protocolos deberán interpretarse conjuntamente con la Convención.

En lo que se refiere a la solución de controversias, en el artículo 35 de la Convención se prevé que los Estados Parte deberán procurar resolver las controversias vinculadas con la interpretación o aplicación de los referidos instrumentos por medio de la negociación. En caso que ello no sea posible, la controversia podrá someterse a arbitraje a solicitud de uno de los Estados Parte. Finalmente, en caso de no lograrse acuerdo sobre el arbitraje, cualquiera de los Estados Parte podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia.

Por las razones expuestas, esta Comisión asesora, aconseja al Senado la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas y contra el tráfico ilícito de migrantes.

Finalmente, cabe expresar que la Comisión ha aprobado un Proyecto de Ley sustitutivo del remitido por el Poder Ejecutivo, modificando el vocablo "Apruébanse" por "Apruébase", dado que se entiende que es más correcto desde el punto de vista gramatical.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2003.

Ruben Correa Freitas, Miembro Informante; Marcelo Antonaccio, Alberto Couriel, Carlos Garat, Reinaldo Gargano, Carlos Julio Pereyra, Senadores.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 17 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, adoptados el 15 de noviembre de 2000 en la ciudad de Nueva York, en oportunidad de celebrarse el 55º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La solicitud de aprobación se fundamenta en la siguiente exposición:

I

CONSIDERACIONES GENERALES

I.1. INTRODUCCION

La delincuencia organizada ha aumentado en muchas partes del mundo, adquiriendo un carácter cada vez más transnacional, lo que determina, además, la proliferación de fenómenos negativos como la violencia, el terrorismo, la corrupción y el tráfico ilegal de estupefacientes, socavando el proceso de desarrollo, menoscabando la calidad de vida de los pueblos y amenazando los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Existe una alarma creciente por la expansión y las dimensiones de la delincuencia organizada transnacional en todas sus formas y la creciente sofisticación y diversificación de las actividades de los grupos criminales organizados. Estas actividades tienen además adversas repercusiones económicas y sociales, siendo urgente la necesidad de fortalecer la cooperación para prevenirlas y combatirlas más eficazmente tanto en lo nacional como en lo regional e internacional.

Además, se constata una honda preocupación acerca de la capacidad de los grupos criminales organizados para expandir sus actividades, valiéndose de las ventajas que otorgan los acuerdos regionales establecidos para incrementar el libre comercio, la cooperación política y los vacíos en la legislación nacional y cooperación internacional. Estos grupos han establecido redes internacionales para llevar a cabo sus actividades en forma más efectiva a través de tecnología sofisticada y por la explotación de fronteras abiertas. De la misma manera que ha crecido el volumen de los negocios lícitos también lo ha hecho la delincuencia organizada transnacional. Es así que se amasan grandes fortunas derivadas del tráfico de drogas, de armas de fuego ilegales, la prostitución y otros delitos transfronterizos. Todos los años, los grupos criminales organizados blanquean enormes cantidades de dinero en procedimientos ilegales. Dichos grupos, cuyas acciones incluyen el uso de la violencia, afectan la seguridad, sobre todo, de los países en desarrollo, planteando una grave amenaza la estabilidad de esos países y la viabilidad del desarrollo de sus economías.

I.2. EVOLUCION DE LA CUESTION DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL EN EL AMBITO DE NACIONES UNIDAS

Las Naciones Unidas asumieron la cuestión de la prevención del delito como una de sus responsabilidades ya en 1950, a través de la resolución 415(V) de la Asamblea General. Esta decisión fue reafirmada por resoluciones posteriores, entre las que pueden mencionarse la 731 F (XXVIII) de 30 de julio de 1959, la 830 D (XXXII) de 2 de agosto de 1961 y las resoluciones 3021 (XXVII) de 18 de diciembre de 1972, 32/59 y 32/60 de 8 de diciembre de 1977, 35/171 de 15 de diciembre de 1980 y 36/21 de 9 de noviembre de 1981 relativas a la promoción y fortalecimiento de la cooperación internacional en esta esfera.

En el año 1989, la Resolución de la Asamblea General 44/71 de 8 de diciembre, invitó al Consejo Económico y Social a solicitar al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia que prestara atención especial al fomento de la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada.

El Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de setiembre de 1990, prestó especial atención a la cuestión de la prevención del delito y la justicia penal en el contexto del desarrollo y las realidades y perspectivas de la cooperación internacional en esta esfera. En esa instancia, se recomendó la aprobación de instrumentos tendientes a facilitar la cooperación entre Estados contra la delincuencia, prestando atención a la vinculación entre el tráfico ilícito de estupefacientes, la delincuencia organizada y las actividades delictivas de carácter terrorista.

Por Resolución 45/123, la Asamblea General solicitó al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia que examinara formas de fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada.

La idea de preparar una Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional se planteó formalmente por primera vez en la Conferencia Ministerial Mundial sobre Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada en Nápoles (Italia) del 21 al 23 de noviembre de 1994. Al aprobar la Declaración Política de Nápoles y su Plan de Acción contra la Delincuencia Transnacional Organizada, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 49/159 urgió a los Estados a implementarlos en forma urgente.

II

CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

II.1. LA CONVENCION

Con posterioridad a la Conferencia de Nápoles, tuvieron lugar una serie de iniciativas que contribuyeron a fortalecer la conciencia de la comunidad internacional sobre la necesidad de luchar contra la delincuencia organizada transnacional. Entre ellas debe destacarse el Noveno Congreso sobre la Prevención del Crimen en El Cairo (1994), los Talleres Ministeriales Regionales de Buenos Aires (1995), Dakar (1997) y Manila (1998) y la reunión de Palermo (1997). La cuestión central en todo el proceso posterior a la aprobación de la Declaración de Nápoles fue cómo encontrar una definición de la delincuencia organizada que, a pesar de las diferencias entre los conceptos, percepciones y sistemas jurídicos, fuera aceptable para la comunidad internacional en su conjunto.

Otro paso importante en la aplicación de la Declaración Política y Plan de Acción Mundial de Nápoles fue el establecimiento, de conformidad con la resolución 52/85 de 12 de diciembre de 1997 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de un grupo intergubernamental de expertos entre períodos de sesiones y abierto para que elaborase un anteproyecto de una posible convención internacional amplia de lucha contra la delincuencia transnacional organizada. El grupo de expertos celebró su primera reunión en Varsovia, del 2 al 6 de febrero de 1998. El grupo intergubernamental llegó a la conclusión de que existía un amplio consenso entre los Estados Miembros. Se preparó una lista, que equivalió a un primer borrador con diversas "opciones" relativas las disposiciones del instrumento. Sus propuestas dieron paso a un debate sobre un proyecto de resolución en que se daba la luz verde a la celebración de negociaciones oficiales sobre una convención. Al mismo tiempo, varios países sacaron al primer plano las cuestiones que les planteaban problemas. Argentina propuso que se redactara una nueva convención contra la trata de menores yAustria presentó un proyecto de convención contra el tráfico y el transporte ilícitos de migrantes. Canadá y Japón propusieron un instrumento relativo al tráfico de armas de fuego. Estas propuestas se agregaron así al primer proyecto de convención contra la delincuencia organizada transnacional que había sido presentado por el Gobierno de Polonia.

Por resolución 53/111 de 9 de diciembre de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar una convención internacional amplia contra la delincuencia transnacional organizada y examinar, de considerarlo procedente, la posibilidad de elaborar instrumentos internacionales sobre la trata de mujeres y niños, la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, y el tráfico y el transporte ilícito de migrantes. La Asamblea General dio así un paso trascendental para llenar el vacío existente en materia de cooperación internacional en esta materia.

La primera sesión del Comité se llevó a cabo en Viena (Austria), del 19 al 29 de enero de 1999. Posteriormente, tuvieron lugar otras diez sesiones en la ciudad de Viena, antes de suscribirse la Convención, durante la Conferencia de Palermo celebrada del 12 al 15 de diciembre de 2000.

En su resolución 54/126 de diciembre de 1999, la Asamblea General solicitó al Comité que acelerara y completara su trabajo en el año 2000. De ese modo, la Asamblea dio carácter oficial al plazo que se había impuesto el Comité Especial desde su establecimiento. El plazo, además de su valor simbólico, reflejaba la urgente necesidad de todos los Estados, tanto desarrollados como en desarrollo, de contar con nuevos instrumentos para prevenir y luchar contra la delincuencia organizada transnacional.

El Comité Especial aprobó la Convención en julio de 2000 y en octubre de 2000, los protocolos sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y sobre el tráfico de migrantes. El 15 de noviembre, la Asamblea General hizo oficialmente suyos esos instrumentos por resolución 55/25. Los mismos se abrieron a la firma en Palermo en diciembre de 2000.

La Convención trata de la lucha contra la delincuencia organizada en general y alguna de las grandes actividades en la que se encuentra involucrada comúnmente la delincuencia organizada transnacional, tal como lavado de dinero, corrupción y obstrucción de investigaciones o procesos. Se trata de un instrumento vinculante que obliga a los Estados que lo ratifican a adoptar una serie de medidas contra la delincuencia organizada transnacional. Estas incluyen la creación de delitos en la legislación interna para combatir el problema, la adopción de nuevos marcos para la cooperación jurídica mutua, la extradición, la cooperación en el cumplimiento de la ley, la asistencia técnica y la capacitación. Los Estados Parte podrán confiarse mutuamente la investigación y castigo de los delitos cometidos por grupos criminales organizados si los delitos o los grupos que los cometen tienen algún elemento transnacional.

II.2. FINALIDAD (ARTICULO 1).

La Convención tiene como propósito la promoción de la cooperación, en el entendido de que ésta constituye una herramienta eficaz para prevenir y combatir la delincuencia organizada internacional.

II.3. DEFINICIONES (ARTICULOS 2 Y 8).

Para facilitar su aplicación, la Convención contiene una serie de definiciones relativas a conceptos centrales, que deben adoptarse independientemente del alcance de los mismos en las legislaciones internas de los Estados Parte:

a) Grupo estructurado.

Se considera grupo estructurado, a aquel que no se ha formado por azar para la comisión inmediata de un delito, en el que no se requiere que se haya asignado a sus miembros funciones definidas formalmente ni debe existir continuidad en la condición de miembro o una estructura desarrollada (artículo 2, apartado c). En esta expresión se incluyen tanto los grupos con una estructura jerarquizada u otro tipo de estructura compleja como los grupos no jerarquizados en los que se definen expresamente las funciones de sus miembros.

b) Grupo delictivo organizado.

Es un grupo estructurado constituido por un mínimo de tres personas, con existencia durante cierto tiempo y que actúe concertadamente para cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados según la Convención, para obtener un beneficio económico u otro beneficio material en forma directa o indirecta (artículo 2, apartado a). La amplitud de esta expresión tiende a incluir, por ejemplo, delitos cuya motivación predominante fuese la gratificación sexual, como la recepción o el intercambio de materiales por integrantes de redes de pornografía infantil.

c) Delito grave.

Se entiende por delito grave aquel que es castigado con una pena de privación de libertad máxima de por lo menos cuatro años (artículo 2, apartado b).

d) Bienes.

El concepto de bienes abarca todo tipo de activos, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos (artículo 2, apartado d).

e) Producto del delito.

Está constituido por los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito (artículo 2, apartado e).

f) Embargo preventivo o incautación.

Estos términos aparecen en los artículos 12 y 13 de la Convención. Se trata de la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o movilizar bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandato de un tribunal u otra autoridad competente (artículo 2, apartado f). Es conveniente advertir que el término "incautaciones" que se utiliza en el artículo 18 (cooperación judicial) tiene un alcance más amplio que el establecido en este párrafo, por cuanto no sólo se refiere a bienes sino que alude también al recurso a medidas tendientes a obtener pruebas para presentarlas en un proceso penal por parte de las autoridades encargadas de cumplir la ley;

g) Decomiso.

Constituye la privación definitiva de un bien por decisión de un tribunal u otra autoridad competente (artículo 2, apartado g).

h) Delito determinante.

Es todo delito del cual derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6 (blanqueo) de la Convención (artículo 2, apartado h).

i) Entrega vigilada.

Es la técnica que consiste en permitir que remesas ilícitas o sospechosas salgan al territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o ingresen en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, para investigar delitos e identificar a las personas involucradas en su comisión (artículo 2, apartado i);

j) Organización regional de integración económica.

Se entiende por tal, una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la que sus Estados Miembros han transferido competencia en las cuestiones regidas por la Convención, que ha sido debidamente facultada para firmar, ratificar, aceptar o aprobar la Convención o adherirse a ella (artículo 2, apartado j);

k) Funcionario público.

A los efectos de la aplicación del párrafo 1 del artículo 8 y del artículo 9 de la Convención, se incluye en esta definición a todo funcionario público o persona que preste un servicio público de conformidad con el derecho interno y a su aplicación según el derecho penal del Estado Parte en el que la persona en cuestión desempeñe la referida función (artículo 8, párrafo 4).

II.4. AMBITO DE APLICACION (ARTICULO 3).

Salvo disposición en contrario, la Convención debe aplicarse a la prevención, investigación y enjuiciamiento de los delitos graves (según la definición del artículo 2) y de los delitos tipificados en los artículos 5 (participación en grupo delictivo organizado), 6 (blanqueo del producto del delito), 8 (corrupción) y 23 (obstrucción de la justicia), cuando dichos delitos tengan carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organiza-do.

La transnacionalidad del delito se configura en los siguientes casos:

a) cuando éste se comete en más de un Estado;

b) cuando su comisión tiene lugar dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado;

c) cuando se comete dentro de un solo Estado, pero con la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o

d) cuando se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado. La expresión "efectos sustanciales" tiene por finalidad abarcar situaciones en que el delito tiene un efecto negativo sustancial en otro Estado. Un ejemplo de esta situación podría ser el caso en que la moneda de un Estado es falsificada en otro y el grupo delictivo organizado pone la moneda falsificada en circulación a nivel mundial.

II.5. PROTECCION DE LA SOBERANIA (ARTICULO 4).

La soberanía de los Estados Parte queda asegurada a través de lo dispuesto en el artículo 4, en tanto dispone que nada de lo previsto en la Convención facultará a un Estado Parte para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro ni para realizar en él, funciones exclusivamente reservadas a sus autoridades por el derecho interno.

Asimismo, se prevé la obligación de los Estados Parte de cumplir las obligaciones que impone la Convención, en consonancia con los principios de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

II.6. PENALIZACION.

Se establecen cuatro delitos específicos, para combatir áreas que comúnmente se utilizan en apoyo de actividades criminales organizadas de carácter transnacional.

a) Participación en un grupo delictivo organizado (ar-tículo 5).

En caso de no haberlo hecho, los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas legislativas y de otra índole para tipificar como delito las siguientes conductas, cuando se cometan intencionalmente:

i) el acuerdo con una o más personas para cometer un delito grave (es decir, castigado con una pena de privación de libertad máxima de por lo menos cuatro años), con un propósito que tenga relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material, y cuando así lo prescriba el derecho interno, que constituya un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante el referido acuerdo o que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado,

ii) la conducta de cualquier persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente en actividades ilícitas de dicho grupo o en otras actividades del mismo, a sabiendas de que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes descrita;

iii) la organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento con miras a cometer un delito grave que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado.

El conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el acuerdo se podrán inferir de circunstancias fácticas objetivas.

En la hipótesis contemplada en el literal i), si el derecho interno del Estado Parte requiere la participación de un grupo delictivo organizado para la penalización de las referidas conductas, se deberá velar por que el derecho interno comprenda todos los delitos graves que entrañen la participación de grupos delictivos organizados. Dichos Estados, así como aquellos cuyo derecho interno requiera la comisión de un acto que tenga por objeto llevar adelante el acuerdo concertado con el propósito de cometer los delitos mencionados, deberán notificarlo al Secretario General de las Naciones Unidas al momento de la firma o del depósito del instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

b) Blanqueo del producto del delito (artículo 6).

Aquellos Estados Parte que no lo hubieren hecho, deberán adoptar, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

i) la conversión o transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar, disimular, obstruir el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos;

ii) la ocultación o disimulación de la verdadera natura-leza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito.

iii) con sujeción a los conceptos básicos de sus ordenamientos jurídicos:

- la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son productos del delito; y

- la participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados según el artículo 6, la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento para su comisión.

Si lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, se podrá disponer que los delitos antes mencionados no se aplicarán a las personas que hayan cometido el delito determinante: esto es, el delito del que se deriva un producto que pueda constituir materia de las conductas delictivas que configuran el blanqueo (párrafo 2, apartado e). Esta disposición contempla el caso de los Estados en los que no está permitido enjuiciar o sancionar a la misma persona por el delito determinante y el delito de blanqueo de dinero a la vez.

Los delitos enunciados en los literales i) y ii) incluyen la obstrucción del descubrimiento del origen ilícito de los bienes.

A los efectos de aplicar o poner en práctica estas disposiciones, cada Estado Parte deberá velar por aplicarlas a la mayor gama posible de delitos determinantes. Asimismo, cada Estado deberá incluir como delitos determinantes, todos los delitos punibles con una privación de libertad máxima de por lo menos cuatro años y los delitos de participación de un grupo delictivo organizado, corrupción y obstrucción a la justicia. Además, aquellos Estados cuya legislación establezca una lista de delitos determinantes, deberán incluir entre ellos, como mínimo, una amplia gama de delitos relacionados con grupos delictivos organizados. A estos efectos, los delitos determinantes deberán incluir tanto los delitos cometidos dentro como fuera de la jurisdicción del Estado. No obstante, estos últimos constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente constituya delito en el derecho interno del Estado en que se haya cometido y también según el derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica el artículo 8, si el delito se hubiese cometido allí.

El conocimiento, la intención o la finalidad que se requie-ren como elemento de los delitos tipificados en este artículo, se podrán inferir de circunstancias fácticas objetivas.

c) Corrupción (artículo 8).

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 8, aquellos Estados Parte que no lo hubieren hecho, deberán adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente:

i) la promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que ese funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales;

ii) la solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en cumplimiento de sus funciones oficiales.

Cada Estado considerará la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para tipificar como delito los actos antes mencionados, cuando esté involucrado en ellos un funcionario público extranjero o un funcionario internacional. También considerará la posibilidad de tipificar como delito otras formas de corrupción.

Asimismo, los Estados Parte se obligan a tomar las medidas necesarias para tipificar como delito la participación como cómplice en un delito tipificado según lo establecido en este artículo.

d) Obstrucción de la justicia (artículo 23).

Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias para tipificar como delito, siempre que se cometan intencionalmente:

i) el uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o bien la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a falso testimonio u obtaculizar la prestación del mismo o la aportación de pruebas en un proceso en relación con la comisión de alguno de los delitos comprendidos en la Convención;

ii) el uso de la fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o encargado de hacer cumplir la ley, en relación a alguno de los delitos previstos en la Convención. Esta disposición no impedirá que los Estados Parte puedan incluir en la protección a otras categorías de funcionarios públicos.

II.7. MEDIDAS CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO Y LA CORRUPCION.

a) Contra el blanqueo de dinero (artículo 7).

Los Estados Parte se obligan a establecer un régimen interno amplio de reglamentación y supervisión de los bancos e instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de otros órganos que se encuentren en su jurisdicción, que sean particularmente susceptibles de ser utilizados para el blanqueo de dinero. Dicho régimen deberá hacer hincapié en los requisitos relativos a la identificación del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas. Estas pueden incluir transacciones poco usuales que, por su cuantía, características y frecuencia, no son congruentes con la actividad comercial del cliente, superan los parámetros comerciales aceptados o carecen de fundamento jurídico claro y podrían constituir actividades ilícitas o estar vinculadas con éstas.

Asimismo, los Estados se comprometen a garantizar, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la cooperación judicial internacional y en materia de cumplimiento de la ley, que las autoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero (incluyendo las autoridades judiciales) sean capaces de cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional, en las condiciones prescritas en el derecho interno. A dichos efectos, los Estados Parte que aún no lo hayan hecho, deberán considerar la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que actúe como centro de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero.

Los Estados Parte asumen la obligación de considerar la posibilidad de aplicar medidas viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos negociables pertinentes, sin que ello restrinja la circulación de capitales lícitos. Entre las referidas medidas, se menciona la posibilidad de exigir a los particulares y entidades comerciales que notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de títulos negociables.

El Protocolo insta a los Estados Parte a utilizar como guía para la instauración del régimen interno de reglamentación y supervisión, las iniciativas de organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero. Aunque no se mencionan expresamente, se entiende que esta es una referencia a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales revisadas en 1996 y también a otras iniciativas en curso a cargo de organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero, como por ejemplo, el Consejo de Europa, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos.

Para la consecución de los fines establecidos en este artículo, se consagra el compromiso asumido por los Estados Parte para establecer y promover la cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral.

b) Contra la corrupción (artículo 9).

Además de las medidas relativas a la penalización de la corrupción, el artículo 9 prevé la obligación de los Estados Parte de adoptar, en la medida en que proceda y sea compatible con su ordenamiento jurídico, medidas eficaces para promover la integridad y para prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos, incluso mediante la actuación de las autoridades para disuadir del ejercicio de cualquier influencia indebida la actuación de dichos funcionarios.

II.8. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS (ARTICULO 10).

Los Estados Parte adoptarán medidas, según sus principios jurídicos, para establecer la responsabilidad de personas jurídicas que participen en delitos graves en los que esté involucrado un grupo delictivo organizado y en los delitos establecidos en los artículos 5, 6, 8 y 23 de la Convención. En el marco de los principios jurídicos de cada Estado, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de naturaleza penal, civil o administrativa. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas físicas que hayan perpetrado los delitos. Asimismo, los Estados velarán por imponer sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluyendo sanciones monetarias, a las personas jurídicas que se consideren responsables de conformidad con el presente artículo.

II.9. PROCESO, FALLO Y SANCIONES (ARTICULO 11).

Los Estados Parte se comprometen a penalizar la comisión de los delitos de participación en grupo delictivo organizado, blanqueo del producto del delito, corrupción y obstrucción de la justicia (artículos 5, 6, 8 y 23) con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de dichas conductas.

Para dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, los Estados Parte velarán por que se ejerzan las facultades legales discrecionales establecidas en su derecho interno, en relación con el enjuiciamiento de personas por los delitos previstos en la Convención.

Cuando se trate de delitos tipificados según los artículos antes mencionados, los Estados Parte adoptarán medidas tendientes a procurar que, al imponer condiciones relativas a la concesión de la libertad en espera del juicio o la apelación, se tenga en cuenta la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo procedimiento penal ulterior. Estas medidas se adoptarán de conformidad con el derecho interno de cada Estado Parte y tomando en consideración los derechos de la defensa.

Los Estados Parte se obligan a velar por que sus autoridades competentes (incluidas las judiciales) tengan presente el carácter grave de los delitos comprendidos en la Convención, al considerar la posibilidad de conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a quienes hayan sido declarados culpables de tales conductas. Asimismo, se establecerá, cuando proceda y según el derecho interno, un plazo de prescripción prolongado dentro del cual pueda iniciarse el proceso por los delitos establecidos en la Convención y un plazo mayor en caso de que el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia.

Nada de lo dispuesto en la Convención podrá afectar el principio de que la descripción de los delitos tipificados y los medios jurídicos de defensa aplicables, así como los demás principios jurídicos que informan la legalidad de una conducta, quedan reservados al derecho interno de cada Estado y que sólo serán perseguidos y sancionados los delitos de conformidad con las disposiciones de este último.

II.10. DECOMISO E INCAUTACION.

Los Estados Parte deberán adoptar, en la medida en que lo permita su legislación, las medidas necesarias para autorizar el decomiso del producto de los delitos incluidos en la Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto, y de los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comisión de los referidos delitos.

Asimismo, los Estados Parte deberán adoptar las medidas necesarias para permitir la identificación, localización, embargo preventivo o la incautación de los bienes mencionados en el párrafo anterior, con miras a su eventual decomiso.

En caso de que el producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente en otros bienes, éstos podrán ser objeto de las medidas aplicables al producto. Si el producto se hubiera mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, dichos bienes podrán ser objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautación.

Las medidas previstas en este artículo también podrán aplicarse a los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito, de bienes en los que se haya transformado o convertido el producto del delito o de bienes con los que se haya mezclado el producto del delito.

A los efectos previstos en este artículo y para la prestación de la cooperación que solicite otro Estado Parte con fines de decomiso, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Esta disposición no podrá dejar de aplicarse, amparándose en el secreto bancario.

Siempre que sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas, los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso.

Lo dispuesto en el artículo 12 no se interpretará en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Además, sus disposiciones no afectarán el principio de que las medidas previstas se definirán y aplicarán de conformidad con el derecho interno de los Estados Parte y con sujeción a éste.

b) Cooperación internacional (artículo 13).

Cuando un Estado Parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito previsto en la Convención, envíe a otro una solicitud con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos antes mencionados que se encuentren en el territorio de éste último, el Estado requerido deberá remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener la orden de decomiso. En caso de que ésta se conceda, se deberá dar cumplimiento a la misma.

Si la orden de decomiso hubiera sido expedida por un tribunal del Estado requirente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12 el Estado requerido deberá presentarla a sus autoridades competentes para dar cumplimiento a la misma en el grado solicitado, en la medida en que guarde relación con el producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos antes mencionados que se encuentren en su territorio.

A solicitud de un Estado Parte, que tenga jurisdicción para conocer de un delito incluido en la Convención, el Estado Parte requerido adoptará medidas tendientes a identificar, localizar, trabar embargo preventivo o incautar el producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 12, con miras a su eventual decomiso.

Si se trata de una solicitud en la que se requiere la obtención de una orden de decomiso de las autoridades del Estado requerido, la solicitud deberá contener -además de los requisitos establecidos en el párrafo 15 del artículo 18- una descripción de los bienes susceptibles de decomiso y una exposición lo más explícita posible- de los hechos en que se basa la solicitud.

En caso de que la solicitud acompañe la orden de decomiso expedida por un tribunal del Estado Parte requirente, la solicitud deberá agregar a los requisitos incluidos en el párrafo 15 del artículo 18, una copia de la orden de decomiso, una exposición de los hechos y la información relativa al grado de ejecución que se solicita dar a la orden.

En el caso de que se soliciten medidas de identificación, localización, embargo preventivo o incautación de bienes que sean producto de delitos comprendidos en la Convención o de bienes cuyos valor corresponda al de dicho producto, la solicitud deberá acompañar a los requisitos establecidos en el párrafo 15 del artículo 18, una exposición de los hechos en que se basa el Estado requirente y una descripción de las medidas solicitadas.

El Estado requerido adoptará las decisiones de cooperación de acuerdo con lo dispuesto en su derecho interno o en los tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que puedan vincularlo con el Estado requirente. Si un Estado Parte decide supeditar la cooperación a la existencia de un tratado, el mismo considerará a esta Convención como la base jurídica necesaria y suficiente para cumplir dicho requisito. Sin perjuicio de ello, los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar tratados para aumentar la eficacia de la cooperación internacional prestada de conformidad con el presente artículo.

Asimismo, los Estados Parte podrán denegar la cooperación solicitada si el delito al que se refiere la solicitud no se encuentra contemplado en la Convención.

Las disposiciones de este artículo no podrán interpretarse en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

c) Disposición del producto del delito o de los bienes decomisados (artículo 14).

La disposición del producto del delito o de los bienes decomisados de conformidad con los artículos 12 y 13 tendrán lugar según lo establecido en el derecho interno y los procedimientos administrativos del Estado donde tuvo lugar el decomiso.

Cuando un Estado Parte acceda a una solicitud presentada por otro, en el marco del artículo 13, el primero, en la medida que lo permita su derecho interno y en caso de que le sea requerido, considerará en forma prioritaria la devolución del producto del delito o de los bienes decomisados al Estado requirente, para que éste pueda indemnizar a las víctimas del delito o devolver el producto o los bienes a sus propietarios legítimos.

Cuando un Estado Parte dé curso a una solicitud presentada de conformidad con los artículos 12 y 13, los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos a los efectos de aportar el valor del producto del delito o de dichos bienes, a los fondos derivados de la venta de dichos productos o de dichos bienes o una parte de esos fondos, a la cuenta designada a los efectos de establecer un mecanismo de financiación de las Naciones Unidas (artículo 30, párrafo 2, apartado c) y a organismos intergubernamentales especializados en la lucha contra la delincuencia organizada.

Los Estados Parte podrán optar por acordar el reparto del producto del delito o de los bienes o los fondos derivados de la venta del producto o de los bienes con otros Estados, sobre la base de un criterio general o definido para cada caso y de conformidad con su derecho interno o sus procedimientos administrativos.

II.11. JURISDICCION (ARTICULO 15).

Cada Estado Parte deberá adoptar las medidas necesarias para establecer su jurisdicción con respecto a los delitos de participación en un grupo delictivo organizado, blanqueo de dinero, corrupción y obstrucción de la justicia, en caso de que el delito se cometa en su territorio o a bordo de un buque que enarbole su pabellón o de una aeronave registrada según sus leyes al tiempo de la comisión del delito.

Dentro de los principios de igualdad soberana, integridad territorial de los Estados y no intervención en los asuntos internos de otros Estados, los Estados Parte también podrán establecer su jurisdicción para conocer de los delitos antes mencionados en caso de que los mismos se cometan contra uno de sus nacionales o cuando sean cometidos por uno de sus nacionales o por una persona apátrida que resida habitualmente en su territorio. Además, podrán establecer su jurisdicción, cuando se trate del delito de participación en un grupo delictivo organizado y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión de un delito grave dentro de su territorio, o en el caso de que se trate de un delito de participación, asociación, confabulación, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento para la comisión del delito de blanqueo de dinero cometido fuera del territorio del Estado, con miras a la comisión, dentro de su territorio, de un delito de conversión o transferencia de bienes, a sabiendas de que éstos son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular su origen ilícito o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, o bien con miras a la ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito, o bien a la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito (párrafo 2).

Los Estados Parte podrán adoptar medidas para establecer su jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la Convención, cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno de sus nacionales.

Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción de conformidad con lo establecido en los párrafos 1 y 2 de este artículo, recibe una notificación o toma conocimiento de que algún otro Estado Parte está realizando una investigación, un proceso o una actuación judicial respecto de los mismos hechos, las autoridades competentes de los referidos Estados Parte se consultarán para coordinar sus medidas, en la medida que ello resulte procedente.

Sin perjuicio de las normas de derecho internacional general, esta Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales establecidas por los Estados Parte según su derecho interno.

II.12. EXTRADICION (ARTICULO 16).

a) Procedencia (párrafos 1 a 6).

Para que proceda la extradición en el ámbito de la Convención, el artículo 6 requiere que se trate de conductas incluidas como delitos en la misma o que, tratándose de uno de los delitos a los que hacen referencia los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 3 (delito punible con privación de libertad máxima de por lo menos cuatro años, delitos de participación en un grupo delictivo organizado, blanqueo del producto del delito, corrupción y obstrucción de la justicia), el mismo implique la participación de un grupo delictivo organizado. Se requiere además que la persona que es objeto de la solicitud, se encuentre en el Estado Parte requerido. En tercer lugar, se establece el requisito de la doble incriminación, esto es, que el delito por el que se solicita la extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado requirente y del Estado requerido.

En caso de que la solicitud de extradición se base en varios delitos graves diferentes y alguno de ellos no se encuentre comprendido en el ámbito del artículo 16, el Estado requerido podrá aplicar lo dispuesto en este último, también con respecto a dichos delitos.

Los delitos mencionados en el primer párrafo del artículo 16 deberán considerarse incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados Parte. Asimismo, éstos se comprometen a incluir los referidos delitos como casos de extradición en los tratados de extradición que celebren entre sí.

Cuando un Estado Parte supedite la extradición a la existencia de un tratado y reciba una solicitud de otro Estado con el que no lo vincule ningún tratado de extradición, podrá considerar esta Convención como base jurídica para la extradición solicitada con respecto a los delitos a los que se aplica el artículo 16. En este sentido la Convención prevé que al momento de depositar el instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a la Convención, los Estados deberán informar al Secretario General de las Naciones Unidas si considerarán o no a la Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de extradición en sus relaciones con otros Estados Parte en la misma. En caso de no considerarla como base jurídica, deberá esforzarse, cuando proceda, por celebrar tratados de extradición con otros Estados Parte en la Convención, a los efectos de aplicar este artículo. Los Estados que no supediten la extradición a la existencia de un tratado, deberán reconocer los delitos a los que se aplica el artículo 16 como casos de extradición entre ellos.

b) Condiciones (párrafos 7 a 9).

La extradición queda sujeta a las condiciones establecidas en el derecho interno del Estado requerido o en los tratados de extradición vigentes entre las Partes, incluyendo, entre otras, el requisito de una pena mínima y los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición.

Los Estados se comprometen a simplificar los requisitos probatorios correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica el artículo 16, sin que ello implique el menoscabo de los derechos fundamentales del acusado, de conformidad con la ley.

Salvo lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, una vez comprobado que las circunstancias lo justifican y que tienen carácter urgente, el Estado requerido, a solicitud del Estado requirente, podrá proceder a la detención de la persona presente en su territorio cuya extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas a los efectos de garantizar la comparecencia de la persona en los procedimientos de extradición.

c) Nacionalidad del extraditado (párrafos 10 a 12).

El Estado en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el presente artículo, por el solo hecho de ser nacional de dicho Estado, deberá, previa solicitud del Estado Parte que pide la extradición, someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a efectos de su enjuiciamiento (artículo 15, párrafo 3). A dichos efectos, cada Estado deberá adoptar las medidas necesarias para establecer su jurisdicción en estos casos. Sus autoridades competentes adoptarán su decisión y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma forma en que lo harían respecto de cualquier otro delito de carácter grave, según su derecho interno. Los Estados Parte interesados cooperarán entre sí, en particular en lo relativo a los aspectos procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas actuaciones.

Cuando según el derecho del Estado Parte requerido, la extradición o entrega de uno de sus nacionales sólo pueda realizarse bajo la condición de que esa persona sea devuelta a dicho Estado para cumplir la condena que le haya sido impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se haya solicitado la extradición o la entrega, y cuando dicho Estado y el que solicita la extradición acepten dicha opción, así como otras condiciones que estimen apropiadas, la extradición o entrega condicional será suficiente para que quede cumplida la obligación enunciada en el párrafo anterior.

Si se deniega la extradición solicitada para el cumplimiento de una condena por el hecho de que la persona buscada es nacional del Estado Parte requerido, éste, si su derecho interno lo permite y según los requisitos establecidos por el mismo, considerará, previa solicitud del Estado requirente, la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente de la misma, según el derecho interno del Estado requirente.

d) Denegación de la extradición (párrafos 14 a 16).

Además de la posibilidad de denegar la extradición por razones de nacionalidad, la Convención prevé que nada de lo dispuesto en ella podrá interpretarse como una obligación de extraditar, si el Estado Parte requerido tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado para perseguir o castigar a una persona por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por cualquiera de estas razones.

No se podrá denegar una solicitud de extradición por el único motivo de considerar que el delito entraña también cuestiones tributarias.

Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido, cuando proceda, deberá consultar al Estado requirente para darle oportunidad de presentar sus opiniones y proporcionar información pertinente a su alegato.

e) Procedimiento (párrafos 8, 13 y 17).

Los Estados Parte se obligan a procurar la agilización de los procedimientos de extradición con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica el artículo 16. En modo alguno, ello implicará un menoscabo a los derechos fundamentales del acusado conforme a la ley.

En todas las etapas de las actuaciones deberá garantizarse un trato justo a toda persona contra la que se haya iniciado una instrucción en relación con cualquiera de los delitos a los que se aplica este artículo, incluído el goce de todos los derechos y garantías previstos por el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio se encuentre esa persona.

Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.

II.13. TRASLADO DE CONDENADOS (ARTICULO 17).

Los Estados Parte se comprometen a analizar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su territorio de toda persona que haya sido condenada a pena de prisión o a otra pena de privación de libertad por algún delito comprendido en la Convención, a los efectos de que complete allí su condena.

II.14. ASISTENCIA JUDICIAL RECIPROCA (ARTICULO 18).

a) Deber de cooperar (párrafos 1 y 2).

El primer párrafo del artículo 18 consagra el deber de los Estados Parte de prestar la mayor asistencia judicial posible con respecto a cualquier investigación, proceso o actuación judicial relacionado con los delitos comprendidos en la Convención, según lo establecido en el artículo 3. La asistencia deberá prestarse también cuando el Estado requirente tenga motivos razonables para sospechar que el delito (participación en grupo delictivo organizado, blanqueo del producto del delito, corrupción, obstrucción a la justicia o algún delito grave de conformidad con la definición del artículo 2) es transnacional, así como que las víctimas, los testigos, el producto, los instrumentos o las pruebas de esos delitos se encuentran en el Estado requerido y que el delito entraña la participación de un grupo delictivo organizado.

Asimismo, se prestará asistencia judicial en la mayor medida posible, de conformidad con las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos en que una persona jurídica pueda considerarse responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 10, en el Estado requirente.

b) Formas de asistencia judicial (párrafos 3, 4 y 5).

La solicitud de asistencia judicial podrá tener como objetivo recibir testimonios o declaraciones de personas, presentar documentos judiciales, realizar inspecciones, incautaciones y embargos preventivos, examinar objetos y lugares, obtener información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos, entregar originales o copias certificadas de documentos y expedientes -incluyendo documentación pública, bancaria y financiera y documentación de sociedades mercantiles-, identificar o localizar el producto del delito, bienes, instrumentos u otros elementos con fines probatorios, facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado requirente y cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado requerido.

Siempre que ello no constituya un menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un Estado Parte, podrán transmitir información sobre cuestiones penales a una autoridad competente de otro, aún cuando éste no la hubiera solicitado previamente, si se considera que dicha información podría ayudar a las autoridades a emprender o concluir exitosamente indagaciones y procesos penales o podría dar lugar a una petición formulada por este último según la Convención. En este caso, la transmisión de información se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado que brinda la información. Las autoridades que la reciben deberán acceder a otra solicitud de confidencialidad -aún temporal- o de que se impongan restricciones a su utilización. Ello no obstará para que el Estado receptor revele información que sea exculpatoria de una persona acusada. En ese caso, el Estado receptor deberá notificar al Estado transmisor antes de revelar la información y, si así se le solicita, consultará a este último. Si, excepcionalmente, no fuera posible notificar con antelación, el Estado receptor deberá informar sin demora al Estado transmisor de dicha revelación.

c) Cooperación en materia de prueba testimonial (párrafos 10 a 12, 18 y 27)

La persona que esté detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte con fines de identificación, para prestar testimonio o para que colabore en la obtención de pruebas necesarias para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales relativas a delitos comprendidos en la Convención, podrá ser trasladada al Estado requirente, con las siguientes condiciones:

i) que la persona, una vez informada de la solicitud, preste su consentimiento libremente; y

ii) que las autoridades competentes de ambos Estados estén de acuerdo, según las condiciones que consideren apropiadas.

El Estado al que se traslade la persona deberá mantenerla detenida (salvo que el Estado desde el que se trasladó solicite o autorice otra cosa) cumpliendo sin demora su obligación de devolverla, según lo convenido por las autoridades competentes de ambos Estados. El tiempo durante el cual la persona permanezca detenida en el Estado al que fue trasladada, deberá tenerse en cuenta a los efectos de descontarlo de la pena que ha de cumplir en el Estado desde el que se ha trasladado. El Estado al que sea trasladada la persona no podrá exigir al Estado desde el que se trasladó, que inicie el procedimiento de extracción para su devolución.

Cualquiera sea su nacionalidad, una persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en un Estado Parte y que sea trasladada a otro Estado Parte, no podrá ser enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal en el territorio del mismo, con relación a actos, omisiones o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado desde el que fue trasladada, a menos que éste preste su conformidad.

Sin perjuicio de esta disposición, cualquier testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado requirente, consienta en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial en el Estado requirente, no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricción de su libertad personal en ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó el territorio del Estado requerido. El salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido oportunidad de salir del país durante quince días consecutivos o durante el período acordado por los Estados Parte después de la fecha en que se haya informado oficialmente de que las autoridades judiciales ya no requerían su presencia y sin embargo, permanezca voluntariamente en ese territorio o regrese libremente al mismo después de haberlo abandonado.

La Convención contiene una disposición novedosa que prevé que, siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales del derecho interno, en el caso de que una persona se encuentre en el territorio de un Estado Parte y tenga que prestar declaración como testigo o perito ante las autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primero, a solicitud del otro Estado, podrá permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia, si no es posible o conveniente que la persona comparezca personalmente en el territorio del Estado requirente. Los Estados Parte podrán acordar que la audiencia esté a cargo de una autoridad judicial del Estado Parte requirente y que asista a ella una autoridad judicial del Estado requerido.

d) Autoridades Centrales (párrafo 13).

Los Estados Parte se obligan a designar una autoridad central encargada de recibir solicitudes de asistencia judicial. La misma estará facultada para dar cumplimiento a las solicitudes o para trasmitirlas a las autoridades competentes para su ejecución. La autoridad central de cada Estado deberá velar por el rápido y adecuado cumplimiento o transmisión de las solicitudes que reciban. Si bien se prevé que las solicitudes de cooperación y cualquier otra comunicación pertinente se trasmitirán a través de las autoridades centrales, no queda vedada la posibilidad de que los Estados Parte exijan que las mismas le sean enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, mediante acuerdo de los Estados, por medio de la Organización Internacional de Policía Criminal, de ser posible.

e) Requisitos de las solicitudes (párrafos 14 y 15).

Las solicitudes deberán presentarse por escrito o, de ser posible, por cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para el Estado requerido, en condiciones que le permitan determinar su autenticidad. Los idiomas aceptables para cada Estado Parte, deberán notificarse al Secretario General de las Naciones Unidas, al momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la Convención. Sólo en casos de urgencia, y previo acuerdo entre Estados, las solicitudes podrán presentarse oralmente, requiriéndose su posterior confirmación por escrito sin demora.

Las solicitudes deberán contener la identidad de la autoridad que las realiza, el objeto e índole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones judiciales a que se refieren, el nombre y las funciones de la autoridad encargada de efectuar las investigaciones, procesos o actuaciones; un resumen de los hechos pertinentes (salvo si se trata de solicitudes de presentación de documentos judiciales), una descripción de la asistencia solicitada, los detalles relativos a cualquier procedimiento particular que el Estado requirente desee que se aplique y, en lo posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona interesada, así como la finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación.

f) Cumplimiento de las solicitudes (párrafos 16, 17, 24 a 26 y 29).

El Estado requerido podrá pedir información complementaria si ello es necesario para facilitar o dar cumplimiento a la solicitud, según lo dispuesto en su derecho interno. El cumplimiento de la misma deberá realizarse de conformidad con el derecho interno del Estado requerido, sin perjuicio de que, si ello no contraviene su derecho interno y es factible, pueda accederse a cumplir con los procedimientos especificados en la solicitud.

El Estado requerido deberá cumplir la solicitud de asistencia lo antes posible, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los plazos debidamente fundados que sugiera el Estado requirente. Asimismo, responderá las consultas razonables que formule el Estado requirente acerca de la evolución de la solicitud. Por su parte, éste informará prontamente cuando ya no necesite la asistencia solicitada.

La prestación de asistencia judicial podrá ser diferida por el Estado requerido si perturba investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso. En este caso, el Estado requerido consultará al Estado requirente para considerar si es posible prestar la asistencia supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si éste último las acepta, el Estado requerido deberá observar las condiciones impuestas.

El Estado Parte requerido deberá facilitar al requirente una copia de los documentos oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y a los que, según su derecho interno, tenga acceso el público en general. A su arbitrio y en las condiciones que considere apropiadas, podrá proporcionar al Estado requirente una copia total o parcial de los documentos oficiales o de otros documentos o datos que obren en su poder y que, según su derecho interno, no estén al alcance del público en general.

g) Reserva (párrafo 19 y 20).

El Estado requirente se obliga a no transmitir ni utilizar, sin previo consentimiento del Estado requerido, la información o las pruebas que proporcione este último para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales distintos a los indicados en la solicitud. Sin embargo, ello no impedirá que el Estado requirente revele, en sus actuaciones, información o pruebas que sean exculpatorias de una persona acusada. En este caso, el Estado requirente notificará al requerido antes de revelar la información o las pruebas y, si se le solicita, consultará al Estado requerido. En casos excepcionales en que no sea posible notificar previamente al Estado requerido, el requirente le informará a aquel dicha revelación.

El Estado requirente podrá exigir que el Estado requerido mantenga reserva sobre la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado requerido no puede mantener dicha reserva, la informará inmediatamente al Estado requirente.

h) Denegación de la asistencia (párrafos 8, 9, 21 a 23 y 26).

El Estado requerido podrá exceptuarse de brindar asistencia judicial en los siguientes casos: si la solicitud no se hace de conformidad con lo establecido en el artículo 18; si considera que el cumplimiento de lo solicitado puede menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales; si su derecho interno prohíbe a sus autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito análogo, si éste hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia competencia; o, en el caso de que, acceder a la asistencia judicial sea contrario a su ordenamiento jurídico. Esta última causal no implica una forma de fomentar la denegación de la cooperación por cualquier causa, sino que debe entenderse en el sentido de elevar las condiciones mínimas necesarias para ajustarlas a principios esenciales del derecho interno del Estado requerido.

Además, el Estado Parte requerido podrá negarse a prestar asistencia judicial en el marco del artículo 18, invocando la ausencia de doble incriminación. No obstante, aquél podrá brindar la cooperación, si lo estima necesario, en la medida en que decida hacerlo a discreción propia, independientemente de que la conducta esté tipificada o no como delito en su derecho interno.

Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá estar debidamente fundada. Antes de denegar una solicitud, el Estado requerido deberá consultar al requirente para considerar si es posible prestar la asistencia supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si el Estado requirente acepta la asistencia según estas condiciones, el Estado requerido deberá observar las condiciones impuestas.

Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia judicial por el solo motivo de considerar que el delito también entraña asuntos fiscales. Tampoco podrán invocar el secreto bancario.

i) Gastos (párrafo 28).

Los gastos ordinarios que genere el cumplimiento de una solicitud serán sufragados por el Estado requerido a menos que los Estados Parte interesados hayan acordado otra cosa. En caso de que sea necesario incurrir en gastos extraordinarios o cuantiosos, los Estados Parte deberán consultarse para determinar las condiciones en que se cumplirá la solicitud y cómo se sufragarán los mismos.

j) Compatibilidad con otros tratados (párrafos 6, 7 y 30)

Lo dispuesto en el artículo 18 no afectará las obligaciones contraídas a través de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que rijan, total o parcialmente, la cooperación judicial. Además, cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales a los efectos de hacer efectivas o de reforzar las disposiciones de este artículo.

Los párrafos 9 a 29 del artículo 18 se aplicarán a las solicitudes formuladas según el mismo, siempre que los Estados Parte interesados no se encuentren vinculados por un tratado de asistencia judicial recíproca. En caso de que éste exista, se aplicará este último, salvo que los Estados convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 9 a 29 de la Convención. Esta solución es favorecida por la Convención, siempre que la misma contribuya a facilitar la cooperación.

II.15. OTRAS FORMAS DE COOPERACION.

Los Estados Parte deberán considerar la posibilidad de celebrar tratados bilaterales o multilaterales para establecer órganos mixtos de investigación en relación con cuestiones que sean objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados. En caso de que no existan tales instrumentos, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso. En todo caso, los Estados Parte participantes velarán por que la soberanía del Estado en cuyo territorio haya de efectuarse la investigación sea totalmente respetada.

b) Remisión de actuaciones penales (artículo 21).

Si se estima que ello será beneficioso para concentrar las actuaciones del proceso -en particular en casos en que intervengan varias jurisdicciones-, los Estados Parte se comprometen a considerar la posibilidad de remitirse actuaciones penales para el enjuiciamiento de los delitos comprendidos en la Convención.

c) Establecimiento de antecedentes penales (artículo 22).

Los Estados Parte podrán adoptar medidas para tener en cuenta -en las condiciones y para los fines que se considere apropiados- toda declaración previa de culpabilidad en otro Estado de un presunto delincuente, a los efectos de utilizar dicha información en actuaciones penales relativas a un delito comprendido en la Convención.

d) Cooperación en materia de cumplimiento de la ley (artículos 26 y 27)

Cada Estado Parte deberá adoptar medidas para alentar a las personas que participen o hayan participado en grupos delictivos organizados a brindar información útil a las autoridades sobre la identidad, naturaleza, composición, estructura, ubicación o actividades de los grupos delictivos organizados, sus vínculos -incluso internacionales- y los delitos que hayan cometido o puedan cometer. Asimismo, se procurará alentar a las mencionadas personas para que ayuden en forma efectiva y concreta a las autoridades, de manera de contribuir a privar a los grupos delictivos organizados de sus recursos o del producto del delito.

Como forma de estimular la cooperación, se contempla la posibilidad de que los Estados Parte puedan prever la mitigación de la pena o de otorgar inmunidad judicial a las personas que colaboren sustancialmente en la investigación o enjuiciamiento de los delitos incluidos en la Convención. La protección brindada a estas personas será la prevista para los testigos en el artículo 24.

En caso de que una persona que haya participado o participe en un grupo delictivo organizado y se encuentre en el territorio de un Estado Parte, pueda colaborar sustancialmente con las autoridades de este último, los Estados Parte interesados podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos, con respecto a la eventual concesión de los beneficios de mitigación de la pena y de inmunidad judicial.

Los Estados Parte se obligan a colaborar estrechamente, dentro de lo establecido en sus ordenamientos jurídicos y administrativos, a los efectos de lograr una mayor eficacia en las medidas de cumplimiento de la ley tendientes a combatir los delitos establecidos en la Convención. Entre otras medidas, se prevé el compromiso de mejorar los canales de comunicación -o, de ser necesario establecerlos- entre sus autoridades, organismos y servicios competentes para facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre los delitos comprendidos en la Convención. Vinculado a ello, se prevé la necesidad de facilitar la coordinación eficaz entre sus organismos, autoridades y servicios competentes, así como la promoción del intercambio de personal y otros expertos, incluyendo la designación de oficiales de enlace, de conformidad con los acuerdos existentes entre los Estados Parte interesados.

También se considera necesario, a los efectos de aumentar la cooperación en materia de cumplimiento de la ley, proporcionar, cuando sea procedente, los elementos o las cantidades de sustancias necesarias con fines de análisis o investigación, intercambiar información y coordinar las medidas adoptadas para una pronta detección de los delitos incluidos en la Convención.

Un aspecto importante en la consecución del objetivo establecido en el artículo 28, es la cooperación entre los Estados Parte en la realización de indagaciones sobre identidad, paradero y actividades de las personas presuntamente implicadas en los delitos incluidos en la Convención, el movimiento del producto del delito o bienes derivados de la comisión de aquellos, así como el movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de los referidos delitos.

Para lograr dar efecto a la Convención, los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales en materia de cooperación directa entre sus organismos encargados de hacer cumplir la ley. Si estos acuerdos ya existen, se tratará de adecuarlos y si no existen, los Estados podrán considerar esta Convención como la base para la cooperación en materia de cumplimiento de la ley con respecto a los delitos comprendidos en ella. Para aumentar la asistencia, y en cuanto sea procedente, los Estados Parte recurrirán incluso a la celebración de acuerdos con organiaciones internacionales o regionales.

e) Desarrollo económico y asistencia (artículo 30).

Los Estados Parte se comprometen a adoptar disposiciones tendientes a la aplicación óptima de la Convención, mediante la cooperación internacional, teniendo en cuenta, en general, los efectos adversos de la delincuencia organizada en la sociedad, y en particular, en el desarrollo sostenible.

Asimismo, se obligan a esforzarse, en la medida de lo posible y en forma coordinada entre sí, con organizaciones internacionales y regionales, con el objeto de intensificar su cooperación, aumentar la asistencia financiera, material y técnica a los países en desarrollo, para fortalecer sus capacidades para combatir eficazmente la delincuencia organizada internacional y ayudarlos a aplicar la Convención. A dichos efectos, los Estados Parte procurarán efectuar contribuciones voluntarias adecuadas y periódicas a una cuenta designada específicamente en un mecanismo de financiación de las Naciones Unidas. En este sentido, los Estados Parte podrán considerar la posibilidad, siempre conforme a su derecho interno y a la Convención, de aportar a la referida cuenta, un porcentaje del dinero o del valor correspondiente del producto del delito o de los bienes ilícitos decomisados de conformidad con lo previsto en la Convención. Los Estados también se esforzarán por alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras para que se sumen a los esfuerzos realizados en virtud del presente artículo, especialmente proporcionando más programas de capacitación y equipo moderno a los países en desarrollo.

Dentro de lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos ya existentes en materia de asistencia externa ni otros arreglos de cooperación financiera en el ámbito bilateral, regional o internacional. Además, los Estados Parte podrán celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales sobre asistencia material y logística para hacer efectiva la cooperación internacional prevista en la Convención y para prevenir, detectar y combatir la delincuencia organizada transnacional.

II.16. TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION (ARTICULO 20).

Con el objeto de combatir en forma eficaz la delincuencia organizada, las autoridades competentes de los Estados Parte adoptarán en su territorio, dentro de los límites establecidos por los principios fundamentales de su derecho interno y dentro de sus posibilidades, las medidas necesarias para permitir el recurso adecuado a la entrega vigilada y, si lo consideran apropiado, la utilización de otras técnicas especiales de investigación, entre los que se encuentran la vigilancia electrónica y las operaciones encubiertas.

Para investigar los delitos incluidos en la Convención, se estimula a los Estados Parte a celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar las referidas en técnicas especiales de investigación en el marco de la cooperación en el ámbito internacional, los que se celebrarán respetando el principio de la igualdad soberana de los Estados. De no existir estos acuerdos, la decisión de acudir a técnicas especiales de investigación en el plano internacional se adoptará sobre la base de cada caso especial y, en caso de ser necesario, se tendrán en cuenta los arreglos financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicción por los Estados Parte interesados.

La decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional podrá incluir la interceptación de bienes, autorizarlos a proseguir intactos, retirarlos o sustituirlos total o parcialmente. Para ello, se necesitará el consentimiento de los Estados Parte interesados.

II.17. PROTECCION DE TESTIGOS (ARTICULOS 24 y 25).

Cada Estado adoptará medidas adecuadas, dentro de sus posibilidades, para brindar protección contra posibles actos de represalia o intimidación a los testigos o víctimas que participen en actuaciones penales y que den testimonio sobre delitos comprendidos en la Convención. Dicha protección se extenderá a sus familiares y otras personas cercanas, cuando proceda. Las medidas de protección de testigos y víctimas están enumeradas en forma no taxativa en el artículo 24 y podrán consistir, sin perjuicio de los derechos del acusado, incluyendo el derecho a garantías procesales, en establecer procedimientos para la protección física de las personas, incluyendo su reubicación y permitir la prohibición de revelar información relativa a su identidad y paradero. Asimismo, la protección podrá consistir en la adopción de medidas que permitan que los testigos presten su testimonio sin poner en peligro su seguridad, por ejemplo, utilizando tecnologías de comunicación como las videoconferencias.

A los efectos de reubicar a los testigos, los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos con otros Estados.

Las víctimas de los delitos comprendidos en la Convención serán objeto de protección y asistencia, aun cuando no actúen en calidad de testigos, en particular, cuando sean objeto de amenaza de represalia o intimidación. A dichos efectos, los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas apropiadas. Asimismo, los Estados establecerán procedimientos adecuados para que estas víctimas puedan obtener una indemnización. Dentro de los límites establecidos por el derecho interno, los Estados Parte permitirán que se presenten y examinen las opiniones y preocupaciones de las víctimas en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes, sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.

II.18. INFORMACION SOBRE LA NATURALEZA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA (ARTICULO 28).

Los Estados Parte se obligan a considerar la posibilidad de analizar las tendencias de la delincuencia organizada en su territorio, las circunstancias en las que ésta actúa, así como los grupos profesionales y las tecnologías involucradas, todo ello en consulta con los círculos científicos y académicos.

Asimismo, considerarán la posibilidad de desarrollar y compartir experiencia sobre las actividades de la delincuencia organizada a nivel bilateral o a través de organizaciones regionales e internacionales. Entre estas organizaciones, deberán incluirse la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), el Consejo de Cooperación Aduanera y la Oficina Europea de Policía (EUROPOL).

Finalmente, a nivel nacional, los Estados Parte estudiarán la posibilidad de vigilar sus políticas y las medidas en vigor tendientes a combatir la delincuencia organizada, evaluando su eficacia y eficiencia.

II.19. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA (ARTICULO 29).

Uno de los aspectos más importantes en lo referente a la prevención y combate de la delincuencia organizada es la capacitación del personal vinculado a esta tarea. Por ese motivo, la Convención ha previsto en su artículo 29, la obligación de los Estados Parte de formular, desarrollar o perfeccionar programas de capacitación concebidos especialmente para el personal de los servicios encargados de hacer cumplir la ley, incluyendo a los fiscales, jueces de instrucción, personal de aduanas y otro personal encargado de la prevención, detección y control de los delitos previstos en la Convención.

Los programas de capacitación se referirán, especialmente a los métodos empleados en la prevención, detección y control de los delitos, las rutas y técnicas utilizadas por personas presuntamente involucradas en los mismos y las medidas de lucha correspondientes, la vigilancia del movimiento de bienes de contrabando, la obtención de pruebas, la detección y vigilancia de los movimientos del producto del delito o de los bienes, el equipo u otros instrumentos utilizados para la comisión del mismo, así como los métodos empleados para transferir, ocultar o disimular dicho producto, bienes, equipo u otros instrumentos, y los métodos utilizados para el combate del blanqueo de dinero y otros delitos financieros, las técnicas de control en zonas y puertos francos, el equipo y las técnicas modernos utilizados para el cumplimiento de la ley, incluyendo la entrega vigilada, la vigilancia electrónica y las operaciones encubiertas; los métodos utilizados para combatir la delin-cuencia organizada transnacional mediante la tecnología moderna y los métodos para la protección de víctimas y testigos.

Para la planificación y ejecución de estos programas, los Estados Parte se comprometen a prestarse asistencia y a promover la cooperación y el examen de los problemas de interés común, a través de la celebración de conferencias y seminarios. Asimismo, se obligan a promover actividades de capacitación y asistencia técnica que faciliten la extradición y la cooperación judicial.

En caso de estar vinculados por acuerdos bilaterales o multilaterales, los Estados Parte intensificarán sus esfuerzos para optimizar las actividades operacionales y de capacitación en organizaciones internacionales y regionales, tales como la INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas.

II.20. PREVENCION (ARTICULO 31).

La prevención de la delincuencia organizada internacional constituye uno de los aspectos fundamentales de la Convención. A dichos efectos, ésta prevé la necesidad de que los Estados formulen y evalúen proyectos de carácter nacional.

Los Estados deberán procurar la adopción de medidas tendientes a reducir las oportunidades actuales o futuras de que dispongan los grupos delictivos organizados para participar en mercados lícitos con el producto del delito. Tales medidas deberán referirse, en particular, al fortalecimiento de la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las entidades privadas, la promoción de la elaboración de normas y procedimientos concebidos para salvaguardar la integridad de las entidades públicas y privadas interesadas y códigos de conducta para los profesionales. También se referirán a la prevención de la utilización indebida por parte de grupos delictivos organizados de licitaciones públicas, subsidios y licencias otorgados por autoridades públicas para realizar actividades comerciales. Asimismo, las medidas deberían contemplar la prevención de la utilización indebida de personas jurídicas por parte de grupos delictivos organizados, mediante el establecimiento de registros de personas jurídicas y naturales involucradas en la constitución, gestión y financiación de personas jurídicas, la inhabilitación por un tiempo razonable a quienes sean condenados por los delitos establecidos en esta Convención para actuar como directores de personas jurídicas, el establecimiento de registros nacionales en los que consten estas personas y el intercambio de información de estos registros con las autoridades pertinentes de otros Estados Parte.

Los Estados Parte tratarán de promover la reintegración social de las personas condenadas por los delitos incluidos en la Convención.

Asimismo, los Estados Parte tratarán de evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las prácticas administrativas vigentes, para detectar si existe peligro de que sean utilizadas indebidamente por grupos delictivos organizados.

La información tiene un rol preventivo muy importante en el logro de los fines perseguidos por la Convención. Es así que los Estados Parte se obligan a tratar de sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la delincuencia organizada transnacional y su amenaza.

Finalmente, los Estados se comprometen a colaborar entre sí y con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, para promover y formular medidas de prevención, incluyendo la participación en proyectos internacionales, por ejemplo, a través de la mitigación de las circunstancias que hacen vulnerables a los grupos socialmente marginados, a las actividades de la delincuencia organizada transnacional.

II.21. CONFERENCIA DE LAS PARTES EN LA CONVENCION (ARTICULOS 32 Y 33).

Se prevé el establecimiento de una Conferencia de las Partes en la Convención con la finalidad de mejorar la capacidad de los Estados Parte para combatir la delincuencia organizada transnacional y para promover y examinar la aplicación del referido instrumento. Con ese objetivo, la Conferencia concertará mecanismos para facilitar actividades de capacitación, asistencia técnica, prevención e intercambio de información sobre delincuencia organizada transnacional por parte de los Estados, cooperar con organizaciones internacionales, regionales y no gubernamentales.

Asimismo, concertará mecanismos para examinar periódicamente la aplicación de la Convención y formular recomendaciones para mejorar la Convención y su aplicación. A los efectos de cumplir con esta acción, los Estados pondrán en conocimiento de la Conferencia las medidas adoptadas y las dificultades encontradas en la aplicación de la Convención. Además, brindarán información sobre sus programas, planes y prácticas, así como sobre las medidas legislativas y administrativas adoptadas para aplicar la Convención, según lo requiera la Conferencia.

Los servicios de secretaría de la Conferencia serán prestados por el Secretario General de las Naciones Unidas. La secretaría deberá asistir a la Conferencia en la realización de sus actividades, organizará sus períodos de sesiones y le prestará los servicios necesarios, asistirá a los Estados Parte a los efectos de suministrar información a la Conferencia y velará por la coordinación necesaria con la secretaría de otras organizaciones internacionales y regionales pertinentes.

La Conferencia será convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas, a más tardar un año después de la entrada en vigor de la Convención. Dicha Conferencia aprobará las reglas de procedimiento y las normas que regirán sus actividades.

II.22. APLICACION DE LA CONVENCION (ARTICULO 34).

Los Estados Parte se obligan a adoptar, según los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas necesarias -incluyendo las de naturaleza legislativa y administrativa- para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas a través de la Convención.

Asimismo, deberán tipificar en su derecho interno los delitos establecidos en los artículos 5, 6, 8 y 23 de la Convención, independientemente del carácter transnacional o la participación de un grupo delictivo organizado, salvo en la medida en que el artículo 5 de este instrumento exija la participación de un grupo delictivo organizado.

Lo expresado no impedirá a los Estados Parte, la adopción de medidas más estrictas que las previstas en la Convención, con el objeto de prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional.

III

PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS

III.1. INTRODUCCION.

El tráfico de seres humanos constituye actualmente el negocio de más rápido crecimiento para el crimen organizado. Pese a la escasez de datos estadísticos ocasionada por la falta de una investigación sistemática sobre la cuestión, se estima que más de setecientas mil personas son víctimas de tráfico cada año con el propósito de explotarlas sexualmente y de realizar trabajos forzados. A dichos efectos, son transportadas a través de fronteras y son vendidas, razón por la cual puede considerarse a esta actividad como una modalidad moderna de la esclavitud. Por ese motivo, se hace necesario fortalecer la respuesta de la justicia penal a este fenómeno delictivo, no sólo a través de medidas legislativas y educativas, sino también por medio de la cooperación nacional e internacional. El apoyo y protección de las víctimas que comparecen en calidad de testigos es una clave para perseguir a los cabecillas que se encuentran detrás de esta conducta delictiva.

III.2. PREAMBULO.

El Preámbulo del Protocolo se refiere a la necesidad de adoptar un enfoque amplio e internacional tanto en los países de origen, como en los de tránsito y destino, para prevenir y combatir en forma eficaz la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

Se reconoce que, pese a que existe una gran variedad de instrumentos jurídicos internacionales -entre los que se encuentra la Convención para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía- ninguno de ellos aborda todos los aspectos que abarca la trata de personas, lo cual hace que las personas que son víctimas de este tipo de conductas, no se encuentren protegida en forma suficiente.

El Preámbulo reconoce que el presente Protocolo constituye un complemento a la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, siendo su objeto la prevención, represión y sanción de la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

III.3. FINALIDAD (ARTICULO 2).

El Protocolo tiene dos fines principales y uno de carácter instrumental. Los fines principales son la prevención y combate de la trata de personas con particular atención de las mujeres y los niños, y la protección y ayuda a las víctimas de la trata. A dichos efectos, el Protocolo se propone la promoción de la cooperación entre los Estados Partes. Por ese motivo, este instrumento no sólo tipifica delitos, sino que además contiene disposiciones relativas al establecimiento de medidas de cooperación, de control contra los traficantes y de protección y asistencia a las víctimas.

III.4. DEFINICIONES (ARTICULO 3).

Siguiendo la misma técnica del Convenio, para facilitar su aplicación y al mismo tiempo, evitar interpretaciones divergentes, el Protocolo incluye la definición de algunos términos esenciales:

a) Trata de personas (apartados a, b y c).

A los efectos del Protocolo, la "trata de personas" se define por la sumatoria de una conducta (la captación, el transporte, la acogida o la recepción de personas), un medio (la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación en que la persona no tiene otra opción que someterse al abuso, el otorgamiento o la recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra) y un fin, que es la explotación. Esta última comprende "como mínimo" la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la misma, la servidumbre o la extracción de órganos.

El consentimiento que la víctima hubiera dado a cualquier forma de explotación intencional, según lo descripto en el apartado a) no se tendrá en cuenta, si se ha recurrido a alguno de los medios enumerados en dicho apartado.

Finalmente, el apartado c) prevé que, aun en el caso de que no se utilicen los medios ilícitos enumerados en el apartado a), se configurará la trata de personas si la conducta y los fines responden a las características establecidas en el referido apartado.

b) Niño (apartado d).

El Protocolo recoge el mismo criterio adoptado en la Convención sobre Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. En efecto, se considera dentro de este concepto a toda persona menor de dieciocho años.

III.5. AMBITO DE APLICACION (ARTICULO 4).

Salvo disposición en contrario, el Protocolo se aplica a la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados de conformidad con el artículo 5, así como a la protección de las víctimas:

a) Cuando tengan carácter transnacional.

El Protocolo no define en qué consiste la "transnacionalidad" del delito. Sin embargo, teniendo en cuenta el vínculo entre el Protocolo y la Convención sobre Delincuencia Organizada Transnacional, parece adecuado acudir al concepto que brinda esta última en el párrafo 2 del artículo 3. Así, se considerará que el delito tiene carácter transnacional si se comete en más de un Estado, si se comete dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro, si se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado o, finalmente, si se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro.

b) Cuando entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.

En este aspecto, también es necesario acudir a la definición adoptada por la Convención. En el párrafo a) de su artículo 2 se establece que un "grupo delictivo organizado" es un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

III.6. PENALIZACION (ARTICULO 5).

El párrafo 1 del artículo 5 contiene una norma programática que exige a los Estados Parte la adopción de medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las conductas enunciadas en el artículo 3, cuando se cometan intencionalmente.

Asimismo, deberán adoptarse medidas para tipificar como delito la tentativa de comisión de los referidos delitos, la participación como cómplice y la organización o dirección de otras personas para la comisión de uno de los delitos antes mencionados.

III.7. PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS.

El Protocolo no sólo requiere que los Estados Parte tomen medidas contra los traficantes, sino que también los obliga a proteger y asistir a quienes son víctimas de la trata de personas.

a) Asistencia y protección (artículo 6).

Los Estados Parte, cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, deberán proteger la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de personas, mencionándose a modo de ejemplo, la tutela de la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata. Asimismo, deberán esforzarse por prever la seguridad física de las víctimas que se encuentren en su territorio.

Además, los Estados deberán velar por que en su ordenamiento jurídico o administrativo interno se incluyan medidas tendientes a proporcionar a las víctimas de la trata de personas, información sobre procedimientos judiciales o administrativos y asistencia destinada a permitir que puedan presentar sus opiniones en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes y que dichas opiniones sean analizadas sin que nada de ello menoscabe los derechos de la defensa.

Por otra parte, tanto el Estado de origen como el receptor de las víctimas, mientras esta se encuentre dentro de su territorio, deberá considerar la posibilidad de adoptar medidas relativas a la recuperación física, psicológica y social. A dichos efectos, se prevé la cooperación con organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad civil. Entre las medidas a tomar se prevé la búsqueda de un alojamiento adecuado, asesoramiento e información -fundamentalmente en cuanto a sus derechos, en idioma comprensible para la víctima, asistencia médica, psicológica y material y oportunidades de empleo, educación y capacitación.

Al aplicar las medidas establecidas en este artículo, el Estado deberá tener en cuenta la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas, en particular con respecto a los niños.

Por último, cada Estado velará por que su ordenamiento jurídico interno prevea la posibilidad de que las víctimas obtengan una indemnización por los daños sufridos.

b) Permanencia de las víctimas en el Estado receptor (artículo 7).

El status jurídico de las víctimas y su devolución a sus países de origen fue objeto de extensas negociaciones. En general, los países desarrollados a los cuales son llevadas las víctimas asumieron la posición de que no debería existir un derecho a permanecer, por cuanto ello constituiría un incentivo tanto para el tráfico como para la migración ilegal. Los países cuyos nacionales tenían más probabilidad de ser víctimas, deseaban una mayor protección para las vícti-mas.

Finalmente, el Protocolo llegó a la solución de que las Partes deberán considerar la posibilidad de adoptar medidas que permitan que las víctimas de trata de personas permanezcan en su territorio, temporal o permanentemente, cuando proceda, tomando en consideración los factores humanitarios y personales.

c) Repatriación (artículo 8).

Cuando el Estado Parte receptor de una víctima de la trata de personas lo solicite, todo Estado Parte requerido deberá verificar, sin demora indebida o injustificada, si la víctima es un nacional o tenía derecho de residencia permanente en su territorio al tiempo de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor.

El Estado Parte del que una víctima sea nacional o en el que tenga derecho de residencia permanente al momento de su ingreso en el Estado Parte receptor, deberá facilitar y aceptar sin demora indebida o injustificada la repatriación de dicha persona, teniendo debidamente en cuenta su seguridad. A dichos efectos, en caso de que la víctima carezca de la debida documentación, el Estado del cual la víctima sea nacional o en el que tenga residencia permanente expedirá, previa solicitud del Estado Parte receptor, los documentos de viaje o autorización que sean necesarios para viajar a su territorio y reingresar en él.

Por su parte, el Estado Parte que disponga la repatriación de una víctima al Estado Parte del que la misma sea nacional o donde tenga derecho de residencia permanente al tiempo de ingresar en el territorio del primero, deberá velar por que dicha repatriación se realice teniendo en cuenta la seguridad de la víctima y el estado de cualquier procedimiento legal relacionado con el hecho de que la persona es una víctima de la trata, y preferentemente de forma voluntaria.

Lo dispuesto en este artículo no afectará los derechos reconocidos a las víctimas de la trata de personas por el derecho interno del Estado Parte receptor y se deberá entender sin perjuicio de cualquier acuerdo o arreglo bilateral o multilateral aplicable que rija la repatriación de las víctimas de la trata de personas.

III.8. PREVENCION, COOPERACION Y OTRAS MEDIDAS.

a) Prevención (artículo 9).

En materia de prevención se consagran una serie de medidas a adoptar por los Estados Parte a nivel interno, con el objetivo de prevenir y combatir la trata de personas, así como de proteger a las víctimas de la referida conducta, en particular mujeres y niños, contra un nuevo riesgo de victimización.

Entre las medidas de prevención y combate de la trata se mencionan las actividades de investigación, información y difusión, iniciativas sociales y económicas, previéndose, cuando proceda, la posibilidad de actuar en cooperación con organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad civil.

En el párrafo 4 se identifican algunos factores que propician la existencia de fenómeno del tráfico de personas, entre los que se encuentran la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas. En ese sentido, los Estados Parte se comprometen a tomar medidas o reforzar las ya existentes para mitigar dichos factores, a cuyos efectos recurrirán en particular a la cooperación bilateral o multilateral. A ello se deberá sumar la adopción de medidas legislativas, educativas, sociales y culturales o reforzamiento de las ya existentes, para desalentar la demanda que propicie cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas.

b) Información y capacitación (artículo 10).

La cooperación entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y migratorias de los Estados Parte, se pone de manifiesto fundamentalmente a través del intercambio de información destinado a determinar si ciertas personas que cruzan o intentan cruzar una frontera indocumentados o con documentos de viaje pertenecientes a terceros, son autores o víctimas de la trata de personas, los documentos de viaje utilizados para cruzar una frontera internacional con fines de trata de personas, y los medios y métodos utilizados por grupos delictivos organizados con el objeto de llevar adelante la trata de personas, las rutas y los vínculos entre personas y grupos involucrados en dicha trata, así como posibles medidas para detectarlos.

El Estado Parte que reciba información deberá dar cumplimiento a la solicitud que le formule el Estado Parte que se la ha proporcionado en cuanto a imponer restricciones a su utilización.

Otro aspecto fundamental en cuanto a la prevención y combate de la trata, es la capacitación. Por ese motivo, los Estados Parte se obligan a capacitar o a reforzar la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a los de inmigración y a otros funcionarios pertinentes, en la prevención de la trata de personas. La capacitación deberá centrarse en los métodos aplicados para la prevención de la conducta delictiva, enjuiciamiento a los traficantes y protección de los derechos de las víctimas. Asimismo, la capacitación tendrá que considerar los derechos humanos del niño y la mujer y fomentar la cooperación con organizaciones no gubernamentales y demás sectores de la sociedad civil.

c) Medidas fronterizas (artículo 11).

Aun reconociendo la existencia de compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas, los Estados Parte se comprometen a reforzar, en la medida de lo posible, los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar la trata de personas. Asimismo, cada Estado Parte deberá considerar la posibilidad de adoptar medidas que permitan denegar la entrada o revocar visados a personas implicadas en la comisión de los delitos tipificados en el Protocolo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, sobre cooperación en materia de cumplimiento de la ley, los Estados Parte considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control fronterizo, entre otros, estableciendo y manteniendo mecanismos de comunicación directos.

Cada Estado Parte deberá adoptar medidas legislativas o de otro tipo para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios de transporte explotados por transportistas comerciales para la comisión de los delitos tipificados en el artículo 5. Entre esas medidas se incluirá, cuando proceda y sin perjuicio de los instrumentos internacionales aplicables, la obligación de los transportistas comerciales -incluyendo en dicho concepto a las empresas de transporte, los propietarios y los explotadores de cualquier medio de transporte- de cerciorarse de que todos los pasajeros porten los documentos de viaje necesarios para ingresar legalmente en el Estado receptor. En este mismo sentido, los Estados Parte se obligan a disponer lo necesario para establecer sanciones en caso de incumplimiento de la obligación precitada.

d) Control de documentos. Legitimidad y validez (artículos 12 y 13).

Entre los mecanismos utilizados para consumar el delito de trata de personas, se encuentra la utilización ilícita de documentos de viaje legítimos, pasaportes falsos, el ingreso sin inspección, la permanencia en el territorio de un Estado por más tiempo del permitido por la visa.

Por ese motivo, el Protocolo dedica una disposición a la seguridad y al control de los documentos de viaje o de identidad, previendo la necesidad de que cada Estado Parte, con los medios de que disponga, adopte las medidas necesarias para garantizar la necesaria calidad de dichos documentos, para que no puedan utilizarse indebidamente ni falsificarse, alterarse, reproducirse o expedirse de forma ilícita fácilmente. Asimismo, los Estados Parte deberán adoptar medidas para garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje o de identidad que expidan o que se expidan en su nombre e impedir la creación, expedición y utilización ilícitas de los mencionados documentos. Los Estados Parte, en caso de que otro así lo solicite, deberán verificar la legitimidad y validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente expedidos en su nombre y sospechosos de ser utilizados para la trata de personas.

III.9. CLAUSULA DE SALVAGUARDIA (ARTICULO 14).

El párrafo 1 consagra que nada de lo dispuesto en el Protocolo afectará los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas previstos en el derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y la normativa internacional de derechos humanos, en especial, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo del año 1967 (aprobados por Ley Nº 13.777 de 17 de octubre de 1969), así como el principio de non-refoulement consagrado en dichos instrumentos.

Las medidas incluidas en el Protocolo deberán interpretarse y aplicarse de forma que no sean discriminatorias para las personas por el hecho de ser víctimas de la trata de personas y en consonancia con los principios internacionalmente reconocidos en la materia.

IV

PROTOCOLO CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE

IV.1. INTRODUCCION

Es importante destacar la trascendencia actual de las migraciones, en tanto constituyen una realidad que involucra a millones de personas y a muchos Estados de la comunidad internacional. Este fenómeno involucra en una importante cantidad de casos, situaciones de tránsito clandestino y otros problemas, entre los que se encuentra el empleo frecuente de trabajadores no documentados o en situación irregular, empresas que pretenden obtener beneficios mediante el ofrecimiento a los migrantes de condiciones de trabajo menos favorables que las de otros trabajadores.

El presente Protocolo se refiere al creciente problema de los grupos criminales organizados que trafican con migrantes, a menudo con un alto riesgo para éstos y un gran provecho de los delincuentes. El Protocolo contra la Trata de Personas se refiere al problema de la esclavitud moderna, en el que se saca provecho por parte de delincuencia organizada, del deseo de la gente de buscar una vida mejor. Los migrantes, a menudo son confinados o coaccionados en formas de empleo opresivas o de explotación, muchas veces en forma de comercio del sexo o en ocupaciones peligrosas, en las que los ingresos ilícitos que se generan van al crimen organizado.

IV.2. PREAMBULO.

El Preámbulo del Protocolo declara que la prevención y el combate eficaz del tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire requiere un enfoque amplio e internacional, que implique la cooperación, el intercambio de información y la adopción de otras medidas apropiadas, incluyendo las de carácter socioeconómico, a nivel nacional, regional e internacional.

Al recordar la resolución 54/212 de la Asamblea General, se reconoce la necesidad de abordar las causas fundamentales de la migración, sobre todo las relacionadas con la pobreza, a través del fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de la migración internacional y el desarrollo.

Al tiempo que se declara el convencimiento de la necesidad de dar un trato humano a los migrantes y de proteger sus derechos humanos plenamente, se advierte que no existe un instrumento universal que abarque todos los aspectos del tráfico ilícito de migrantes y otras cuestiones conexas. En este aspecto, pueden considerarse como antecedentes importantes del presente Protocolo, los siguientes instrumentos adoptados por la Organización Internacional del Trabajo referidos al tema: Convenios Nº 29 relativo al trabajo forzoso u obligatorio y Nº 97 relativo a la contratación, colocación y condiciones de trabajadores migrantes aprobados por Ley Nº 12.030, de 27 de noviembre de 1953 y Convenio Nº 105 relativo a la abolición del trabajo forzoso, aprobado por Ley Nº 13.657, de 16 de mayo de 1968. A los referidos Convenios debe sumarse la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada por la Asamblea General de las Naciones por resolución 45/158 de 18 de diciembre de 1990 en su XLV Período Ordinario de Sesiones. Sin embargo, cada uno de ellos aborda parcialmente la problemática de la migración.

El Protocolo tiene su origen en la preocupación causada por el importante crecimiento de los grupos delictivos organizados vinculados con el tráfico ilícito de migrantes y otras actividades delictivas conexas, que provocan perjuicios a los Estados y pone en riesgo la vida y la seguridad de los migrantes involucrados. Su texto es fruto de los trabajos del comité especial intergubernamental de composición abierta establecido por resolución 53/111 de la Asamblea General de 9 de diciembre de 1998.

IV.3. FINALIDAD (ARTICULO 2).

El Protocolo tiene como finalidad principal la prevención y combate del tráfico ilícito de migrantes. A dichos efectos, se prevé la necesidad de promover la cooperación entre los Estados Parte. Asimismo, se propone como finalidad adicional, la protección de los derechos de los migrantes que son víctimas del tráfico.

IV.4. DEFINICIONES (ARTICULO 3).

Para facilitar su aplicación y al mismo tiempo, evitar interpretaciones divergentes, el Protocolo incluye la definición de algunos términos esenciales:

a) Tráfico ilícito de migrantes.

Esta figura está determinada por una conducta -la facilitación de la entrada en forma ilegal de una persona en un Estado Parte del que dicha persona no sea nacional o residente permanente- y una finalidad -la obtención, directa o indirecta, de un beneficio financiero u otro beneficio de tipo material-. La entrada se considerará ilegal cuando el paso de fronteras haya tenido lugar sin haberse cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor. La referencia al beneficio se incluyó para recalcar que la noción definida engloba las actividades de grupos delictivos organizados que actúan movidos por el lucro, pero no las actividades de quienes brindan apoyo a los migrantes por razones humanitarias o de vínculos familiares estrechos. (apartados a y b).

b) Documento de identidad o de viaje falso.

Para que un documento de viaje o de identidad sea considerado falso, este deberá reunir alguno de los siguientes requisitos: haber sido elaborado o expedido de forma espuria (esto comprende no sólo la creación de documentos falsos sino también la alteración de documentos legítimos y la práctica de llenar los espacios en blanco de documentos robados) o haber sido alterado materialmente por quien no sea la persona o entidad legalmente autorizada para producir o expedir dicho documento; haber sido expedido u obtenido indebidamente mediante declaración falsa, corrupción, coacción, o cualquier otra forma ilegal; o ser utilizado por quien no sea su titular legítimo (apartado c).

c) Buque.

Se adopta una definición amplia de buque, que abarca cualquier tipo de embarcación, con inclusión de las que no tienen desplazamiento y los hidroaviones, que se utilice o pueda utilizarse como medio de transporte sobre el agua. Quedan excluidos de la definición los buques de guerra, los buques auxiliares de la armada u otros buques que sean propiedad de un Estado o explotados por éste y que en ese momento se empleen únicamente en servicios oficiales no comerciales (apartado d).

IV.5. AMBITO DE APLICACION (ARTICULO 4).

Salvo disposición en contrario, el Protocolo se aplica a la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados de conformidad con el artículo 6, cuando respecto a los mismos se den las siguientes características:

a) Cuando tengan carácter transnacional.

Al igual que el Protocolo relativo a la trata de personas, este instrumento no define en qué consiste la "transnacionalidad" del delito. Teniendo en cuenta el vínculo ya señalado entre los Protocolos y la Convención, parece adecuado acudir al concepto que brinda la misma en el párrafo 2 del artículo 3.

b) Cuando entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.

En este aspecto, también corresponde atenerse a la definición establecida en el apartado a) del artículo 2 de la Convención, según el cual un "grupo delictivo organizado" es un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a dicho instrumento, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

IV.6. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MIGRANTES (ARTICULO 5).

El hecho de haber sido objeto de alguna de las conductas tipificadas en el artículo 6 del Protocolo, de ningún modo podrá suponer que los migrantes queden sujetos a enjuiciamiento penal.

IV.7. PENALIZACION (ARTICULO 6).

El apartado 1 del artículo 6 contiene una norma programática que exige a los Estados Parte la adopción de medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las siguientes conductas, cuando medie intencionalidad y cuando su finalidad sea la obtención directa o indirecta de un beneficio económico o cualquier otro beneficio de carácter material:

a) el tráfico ilícito de migrantes;

b) la creación, la facilitación, el suministro o la posesión de un documento de viaje o de identidad falso, siempre y cuando estos delitos se cometan con el fin de posibilitar el tráfico de migrantes (no sería aplicable esta disposición al caso del migrante que poseyera un documento falso para su propio paso por la frontera); y

c) la habilitación de una persona que no sea nacional ni residente permanente del Estado interesado para permanecer en él sin haber cumplido los requerimientos legales, recurriendo a cualquier medio ilegal, incluidos los medios establecidos en el apartado b).

Los Estados Parte se comprometen asimismo a adoptar medidas legislativas y de otra índole para tipificar como delito la tentativa, la participación como cómplice o bien la organización o dirección de otras personas para la comisión de alguno de los delitos antes enunciados.

Finalmente, según el párrafo 3 los Estados Parte asumen la obligación de adoptar medidas legislativas y de otra índole para considerar como circunstancia agravante de los delitos tipificados en los párrafos anteriores, cualquier circunstancia que ponga en peligro o pueda poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes afectados o que dé lugar a que se les brinde un trato inhumano o degradante, particularmente con el propósito de explotación.

En ningún caso, las disposiciones del Protocolo podrán impedir que los Estados Parte adopten sanciones penales o administrativas contra las personas cuya conducta constituya delito de conformidad con su derecho interno.

IV.8. TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES POR MAR.

El Protocolo contiene disposiciones especiales en relación al tráfico de migrantes que se realiza utilizando el medio marítimo. En la redacción de este Capítulo, se partió de la base que las medidas en él enunciadas no podrán ser adoptadas en el mar territorial de otro Estado, salvo con autorización o permiso del Estado ribereño afectado. No se consideró necesario enunciar expresamente este principio, por cuanto el mismo está debidamente consagrado en el derecho del mar.

a) Cooperación (artículo 7).

La cooperación se enfoca como un mecanismo eficiente no sólo para prevenir posibles situaciones de tráfico ilícito de migrantes por mar, sino también para reprimir los actos delictivos ya concretados. La referida cooperación deberá ajustarse a las disposiciones contenidas en el derecho internacional del mar.

b) Medidas contra el tráfico ilícito de migrantes por mar (artículo 8).

En primer lugar, se prevé la situación en que un Estado Parte tenga motivos razonables para sospechar que un buque que enarbola su pabellón o pretende estar matriculado en su registro, que carezca de nacionalidad, o que -aun cuando enarbole el pabellón de otro Estado o se niegue a izar su pabellón- tenga su nacionalidad, está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar. En este caso, el Estado interesado podrá requerir la asistencia de otros Estados Parte -quienes la prestarán en la medida de sus posibilidades- para poner fin a la utilización del buque con la referida finalidad.

En segundo término, el Protocolo contempla la hipótesis de que un Estado Parte tenga motivos razonables para sospechar que un buque que está haciendo uso de la libertad de navegación de conformidad con el derecho internacional y que enarbole el pabellón o lleve matrícula de otro Estado Parte, está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes. En esta situación, el primer Estado podrá notificar al Estado de pabellón, solicitarle la confirmación de la matrícula y en caso de que éste la confirme, pedirle autorización para visitar el buque, registrarlo, y si se encuentran pruebas de que el mismo se encuentra involucrado en el tráfico ilícito de migrantes, adoptar medidas apropiadas con respecto al buque, las personas y la carga que se encuentren a bordo. El Estado a quien se le requiera información o se le solicite autorización para adoptar medidas, deberá responder con celeridad, pudiendo someter la concesión de autorización a las condiciones que se convengan con el Estado requirente, incluidas las relativas a la responsabilidad y al alcance de las mismas. En caso de que el Estado interesado haya adoptado alguna de estas medidas, previa autorización del Estado del pabellón, deberá informar rápidamente a este último, acerca de los resultados de las mismas. El Estado requirente sólo podrá adoptar las medidas que hayan sido autorizadas por el Estado requerido, salvo aquellas que sean necesarias para eliminar un peligro inminente para la vida de las personas o las que surjan de acuerdos bilaterales o multilaterales. A los efectos de agilizar la tramitación, se prevé la designación de una o varias autoridades por cada Estado Parte, que tendrán como cometido la recepción y atención de las solicitudes de asistencia, de confirmación de la matrícula o del derecho de un buque a enarbolar su pabellón y de autorización para adoptar las medidas pertinentes.

Por último, el artículo 8 prevé el caso de que un Estado Parte tenga motivos razonables para sospechar que un buque que no posee nacionalidad o se hace pasar por un buque sin nacionalidad, esté involucrado en el tráfico ilícito de migrantes. En esta situación, el referido Estado podrá visitar y registrar el buque. Si se encuentran pruebas que confirmen la sospecha, el Estado Parte adoptará medidas apropiadas, siempre de conformidad con lo dispuesto en su derecho interno y en el derecho internacional, según corresponda.

Lo dispuesto en el artículo 8 abarca no sólo a los buques que sean sorprendidos con migrantes objeto de tráfico a bordo, sino también a los llamados "buques nodriza" que transportan a migrantes objeto de tráfico en alta mar.

c) Cláusulas de protección (artículo 9).

Cuando un Estado Parte adopte medidas contra un buque, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, deberá garantizarse la seguridad y el trato humano de las personas que se encuentren a bordo y tenerse en cuenta la necesidad de no poner en peligro la seguridad del buque o su carga, así como de no perjudicar los intereses comerciales o jurídicos del Estado del pabellón o de cualquier otro Estado interesado. Asimismo, se velará, dentro de los medios disponibles, por que las medidas adoptadas con respecto al buque sean ecológicamente razonables.

En caso de que las razones por las que se adoptaron las medidas establecidas en el artículo 8 no fueran fundadas y siempre que el buque no hubiera cometido ningún acto que las justifique, éste será indemnizado por todo perjuicio o daño sufrido.

Al adoptar o aplicar alguna de las medidas previstas en el artículo 8, deberá tenerse en cuenta la necesidad de no interferir ni menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados ribereños en el ejercicio de su jurisdicción de conformidad con el derecho internacional del mar, ni en la competencia del Estado del pabellón para ejercer la jurisdicción y el control en cuestiones administrativas, técnicas y sociales relacionadas con el buque.

Las medidas que se adopten serán ejecutadas por buques de guerra o aeronaves militares o bien por otros buques o aeronaves que tengan signos claros, que sean identificables como buques o aeronaves al servicio de un gobierno y que estén autorizados para tal fin.

IV.9. PREVENCION, COOPERACION Y OTRAS MEDIDAS.

a) Información (artículo 10).

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Convención en materia de cooperación en el cumplimiento de la ley e información sobre la naturaleza de la delincuencia organizada, los Estados Parte, en particular los que tengan fronteras comunes o estén situados en las rutas de tráfico ilícito de migrantes, se obligan a intercambiar -dentro de los límites de sus ordenamientos jurídicos y administrativos internos- información relativa a lugares de embarque, destino, ruta, transportistas y medios a los que se sabe o se sospecha que recurren los grupos delictivos organizados que llevan a cabo los actos tipificados en el artículo 6.

La información a intercambiar también versará sobre la identidad y métodos de las organizaciones o grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos de estar involucrados en las referidas conductas, la autenticidad y la debida forma de los documentos de viaje expedidos por los Estados Parte, casos de robo o concomitante utilización ilegítima de dichos documentos, así como los medios y métodos utilizados para la ocultación y transporte de personas, la alteración, reproducción o adquisición ilícita, o cualquier utilización indebida de documentos de viaje o de identidad usados en las conductas enunciadas en el artículo 6, así como las formas de detentarlos.

También se prevé la cooperación a través de la información de experiencias legislativas, prácticas y medidas conexas para prevenir y combatir las conductas delictivas contempladas en este Protocolo.

El Estado Parte que reciba información deberá dar cumplimiento a la solicitud que le formule el Estado Parte que se la ha proporcionado, en cuanto a imponer restricciones a su utilización.

b) Medidas fronterizas (artículo 11).

Sin perjuicio de reconocer la existencia de compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas, los Estados Parte se comprometen a reforzar, en la medida de lo posible, los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar el tráfico ilícito de migrantes. Asimismo, cada Estado Parte deberá considerar la posibilidad de adoptar medidas que permitan denegar la entrada o revocar visados a personas implicadas en la comisión de los delitos incluidos en el Protocolo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, acerca de la cooperación en materia de cumplimiento de la ley, los Estados Parte considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control fronterizo, entre otros, estableciendo y manteniendo mecanismos de comunicación directos.

Cada Estado Parte deberá adoptar medidas legislativas o de otro tipo para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios de transporte explotados por transportistas comerciales para la comisión del delito del tráfico de migrantes. Entre esas medidas se incluirá, cuando proceda y sin perjuicio de los instrumentos internacionales aplicables, la obligación de los transportistas comerciales -incluyendo en dicho concepto a las empresas de transporte, los propietarios y los explotadores de cualquier medio de transporte- de cerciorarse de que todos los pasajeros lleven consigo los documentos de viaje necesarios para ingresar legalmente en el Estado receptor. En este mismo sentido, los Estados Parte se obligan a adoptar medidas para prever sanciones en caso de incumplimiento de la obligación precitada.

c) Seguridad, control, legitimidad y validez de documentos (artículos 12 y 13).

El Protocolo dedica una disposición a la seguridad y al control de los documentos de viaje o de identidad, previendo la necesidad de que cada Estado Parte, con los medios de que disponga, adopte las medidas necesarias para garantizar la calidad de dichos documentos, para que no puedan utilizarse indebidamente, falsificarse, alterarse, reproducirse o expedirse de forma ilícita fácilmente. Asimismo, los Estados Parte deberán adoptar medidas para garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje o de identidad que expidan o que se expidan en su nombre e impedir la creación, expedición y utilización ilícitas de los mencionados documentos.

Por otra parte, los Estados Parte deberán verificar -cuando otro Estado Parte lo solicite-, según las normas de su derecho interno y dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente expedidos en su nombre, que sean sospechosos de ser utilizados para los fines de las conductas establecidas en el artículo 6 de este Protocolo.

d) Capacitación y cooperación técnica (artículo 14).

Uno de los aspectos fundamentales para la prevención y combate del tráfico ilícito de migrantes es la capacitación de los funcionarios vinculados al control migratorio y áreas conexas. En virtud de ello, mediante la presente disposición, los Estados Parte asumen el compromiso de impartir o bien reforzar la capacitación en la prevención de las conductas previstas en el artículo 6 y en el trato humano de los migrantes que sean víctimas de dicha conducta, a los funcionarios de inmigración y a otros funcionarios pertinen-tes.

La capacitación del personal no sólo debe tender a la prevención, sino también al combate y erradicación de las conductas antes mencionadas. A dichos efectos, los Estados se obligan a cooperar entre sí, con las organizaciones internacionales competentes, las organizaciones no gubernamentales y demás sectores de la sociedad civil. La capacitación deberá incluir, entre otros aspectos, la mejora de la seguridad y calidad de los documentos de viaje, el reconocimiento y la detección de los documentos de viaje o de identidad falsificados, la compilación de información de inteligencia criminal, la mejora de los procedimientos para detectar a las personas objeto de tráfico ilícito en puntos de entrada y salida convencionales y no convencionales, el trato humano de los migrantes afectados y la protección de sus derechos.

Asimismo, los Estados Parte que tengan conocimientos especializados en la materia, considerarán la posibilidad de brindar asistencia técnica a los Estados de origen o de tránsito de migrantes que hayan sido víctimas de las conductas previstas en el artículo 6, haciendo lo posible por suministrar recursos tales como vehículos, sistemas de informática y lectores de documentos.

e) Otras medidas de prevención (artículo 15).

Como medida fundamental en materia de prevención del tráfico ilícito de migrantes, el Protocolo consagra la instauración o el refuerzo de programas de información en cada Estado Parte, con el objetivo de alcanzar una mayor conciencia por parte de la opinión pública en cuanto a que las conductas establecidas en el artículo 6 constituyen una actividad delictiva frecuentemente realizada por grupos delictivos organizados con fines de lucro y que implica graves riesgos para los migrantes que son objeto de la misma. También se prevé la cooperación entre Estados Parte para impedir que potenciales migrantes sean víctimas de grupos delictivos organizados.

El Protocolo reconoce la necesidad de tener en cuenta las realidades socioeconómicas que propician la migración y de prestar atención a las zonas económica y socialmente deprimidas, identificando entre las causas fundamentales del tráfico ilícito de migrantes, la pobreza y el subdesarrollo. A dichos efectos, se prevé la adopción -por cada Estado Parte- de medidas de promoción o incremento de los programas y de la cooperación para el desarrollo en los ámbitos nacional, regional e internacional.

f) Protección y asistencia (artículo 16).

Los Estados Parte deberán adoptar, de acuerdo con las obligaciones asumidas en el ámbito del derecho internacional, todas las medidas necesarias para preservar y proteger los derechos de las víctimas de las conductas previstas en el artículo 6 del Protocolo, en especial el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tortura o a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Además, los Estados Parte deberán tomar medidas de protección de los migrantes contra actos de violencia que puedan ejercer contra ellos personas o grupos, por el motivo de haber sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6. Asimismo, los migrantes cuya vida o seguridad haya sido puesta en peligro por el mismo motivo, deberán recibir asistencia de los Estados Parte.

En la aplicación de estas disposiciones, los Estados deberán tener en cuenta las necesidades especiales de las mujeres y los niños.

Si una persona objeto de alguna de las conductas incluidas en el artículo 6 del Protocolo resulta detenida, los Estados Parte se comprometen a cumplir con las obligaciones establecidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, entre ellas la de informar sin demora a la persona afectada sobre las disposiciones relativas a la notificación del personal consular y al establecimiento de comunicación con el mismo.

g) Repatriación de migrantes objeto de tráfico (artículo 18).

Cuando el Estado Parte receptor de una víctima de las conductas previstas en el artículo 6 lo solicite, todo Estado Parte requerido deberá verificar, sin demora indebida o injustificada, si la víctima es un nacional o tenía derecho de residencia permanente en su territorio.

El Estado Parte del que una víctima sea nacional o en el que tenga derecho de residencia permanente al momento de su entrada en el Estado receptor, deberá facilitar y aceptar sin demora indebida o injustificada la repatriación. A dichos efectos, en caso de que la víctima carezca de la debida documentación, el Estado del cual la víctima sea nacional o en el que tenga residencia permanente expedirá, previa solicitud del Estado Parte receptor, los documentos de viaje o autorización que sean necesarios para viajar a su territorio y reingresar en él.

Por su parte, los Estados Parte que intervengan en la repatriación de una víctima al Estado Parte del que la misma sea nacional o donde tenga derecho de residencia permanente al tiempo de ingresar en el territorio del primero, deberán adoptar todas las medidas procedentes para que dicha repatriación se realice en forma ordenada y teniendo en cuenta la seguridad y dignidad de la víctima.

Para el cumplimiento de lo dispuesto, los Estados Parte podrán cooperar con las organizaciones internacionales correspondientes.

Las previsiones de este artículo se deben entender sin perjuicio de cualquier acuerdo o arreglo bilateral o multilateral aplicable que rija la repatriación de las víctimas de la trata de personas. Asimismo, dichas disposiciones en ningún caso menoscabarán los derechos reconocidos por el derecho interno del Estado receptor a las personas que hayan sido objeto de las conductas previstas en el Protocolo.

h) Acuerdos y arreglos (artículo 17).

Los Estados Parte asumen el compromiso de considerar la posibilidad de celebrar acuerdos bilaterales, regionales o arreglos operacionales tendientes a adoptar las medidas más apropiadas y eficaces para prevenir y combatir las conductas previstas en el artículo 6, o contribuir conjuntamente a reforzar las disposiciones del Protocolo.

IV.10. CLAUSULA DE SALVAGUARDIA (ARTICULO 19)

El párrafo 1 consagra que nada de lo dispuesto en el Protocolo afectará los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas previstos en el derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y la normativa internacional de derechos humanos, y especialmente, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo del año 1967, así como el principio de non-refoulement consagrado en dichos instrumentos.

Las medidas incluidas en el Protocolo se interpretarán y aplicarán en forma no discriminatoria para las personas por el hecho de ser víctimas de las conductas previstas en el artículo 6 y en consonancia con los principios internacionalmente reconocidos en la materia.

V

DISPOSICIONES COMUNES A LOS TRES INSTRUMENTOS

V.1. RELACION DEL PROTOCOLO CON LA CONVENCION CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.

Los Protocolos constituyen un complemento de la Convención, previéndose que para ser parte en uno de ellos, los Estados o las organizaciones regionales de integración económica también deberán serlo en la Convención. Los Protocolos deberán interpretarse conjuntamente con esta última. Sus disposiciones se aplicarán mutatis mutandis a los Protocolos, salvo que los mismos dispongan otra cosa. Asimismo, los delitos tipificados de conformidad con lo establecido en los Protocolos se considerarán delitos tipificados según la Convención (artículo 37 de la Convención y artículo 1 de los Protocolos sobre trata de personas y contra el tráfico ilícito de migrantes).

V.2. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Tanto la Convención (artículo 35) como los Protocolos sobre la trata de personas y contra el tráfico de migrantes (artículos 15 y 20 respectivamente) prevén que los Estados Parte deberán procurar resolver las controversias vinculadas con la interpretación o aplicación de los referidos instrumentos por medio de la negociación.

En caso de que ello no sea posible dentro de un plazo razonable, a solicitud de uno de los Estados Parte en la controversia, ésta deberá someterse a arbitraje. Si no se hubiera logrado acuerdo en torno a la organización del mismo dentro de un plazo de seis meses a partir de la solicitud, cualquiera de dichos Estados Parte podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia (apartado 2). Este aspecto de la norma podrá ser objeto de reserva al momento de la firma, ratificación, adhesión, aceptación, aprobación de la Convención. En este caso, los demás Estados Parte no quedarán vinculados por lo dispuesto en el párrafo 2. Esta reserva podrá ser retirada en cualquier momento, previa notificación al Secretario General de las Naciones Unidas.

V.3. FIRMA, RATIFICACION, ACEPTACION, APROBACION Y ADHESION.

La Convención y los Protocolos que se someten a consideración de ese Cuerpo quedaron abiertas a la firma de todos los Estados desde la fecha de su aprobación hasta el 12 de diciembre de 2002 (artículos 36 de la Convención, 16 y 21 del Protocolo sobre trata de personas y del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes respectivamente). Dichos instrumentos también quedaron abiertos a la firma de las organizaciones regionales de integración económica, siempre que por lo menos uno de los Estados miembros de dichas organizaciones haya firmado la Convención.

Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se deben depositar en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el caso de las organizaciones regionales de integración económica, éstas podrán depositar el instrumento correspondiente, si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual forma. En dicho instrumento, las organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones reguladas por la Convención y los Protocolos. Se procederá de la misma forma en el caso de la adhesión.

V.4. ENTRADA EN VIGOR.

El artículo 38 de la Convención y los artículos 17 y 22 de los Protocolos sobre trata de personas y contra el tráfico ilícito de migrantes, prevén que los referidos instrumentos entrarán en vigor el nonagésimo día después de la fecha de depósito del cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, efectuado de conformidad con lo establecido en los artículos 36, 16 y 21 respectivamente. En el caso de los Protocolos, la norma establece que los mismos no podrán entrar en vigor antes que la Convención.

Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, adhiera, acepte o apruebe la Convención o los Protocolos después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la Convención y los Protocolos entrarán en vigor el trigésimo día después de la fecha en que se haya depositado el instrumento correspondiente.

V.5. ENMIENDA.

Según el artículo 39 de la Convención y los artículos 18 y 23 de los Protocolos relativos a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes respectivamente, una vez transcurridos cinco años desde su entrada en vigor, los Estados Parte podrán proponer enmiendas escritas al Secretario General de las Naciones Unidas. Este deberá comunicar las enmiendas propuestas a los Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en la Convención, para que las analicen y adopten las decisiones correspondientes. La Conferencia hará lo posible por obtener el consenso acerca de cada enmienda. Agotadas las posibilidades de alcanzarlo y en caso de no haberse llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.

Las enmiendas aprobadas por la Conferencia estarán sujetas a ratificación, aceptación o aprobación de los Estados Parte, entrando en vigor noventa días después del depósito del instrumento correspondiente ante el Secretario General de las Naciones Unidas.

Una vez que la enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento, mientras que el resto de los Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones de la Convención y de los Protocolos, así como a cualquier otra enmienda posterior que ratifiquen, acepten o aprueben.

V.6. DENUNCIA.

Los Estados Parte podrán denunciar la Convención y los Protocolos mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas, surtiendo efectos un año después de la fecha de recepción de la misma por este último (artículos 40 de la Convención, 19 del Protocolo relativo a la trata de personas y 24 del protocolo sobre tráfico ilícito de migrantes).

En el caso de las organizaciones regionales de integración económica, éstas dejarán de ser Parte en los instrumentos que son objeto de este Mensaje, cuando los hayan denunciado todos sus miembros.

La denuncia de la Convención importará la denuncia de sus Protocolos.

El Poder Ejecutivo considera de fundamental importancia la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, por cuanto representan un paso importante en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y significan el reconocimiento de los Estados miembros de las Naciones Unidas de que este es un problema creciente y grave que sólo puede resolverse por medio de una estrecha cooperación internacional.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

LUIS HIERRO LOPEZ, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, Didier Opertti, Guillermo Stirling, Alvaro Rossa, Leonardo Guzmán.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 17 de setiembre de 2003.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébanse la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, adoptados el 15 de noviembre de 2000 en la ciudad de Nueva York, en oportunidad de celebrarse el 55º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Didier Opertti, Guillermo Stirling, Alvaro Rossa, Leonardo Guzmán.

CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

NACIONES UNIDAS

2000

Artículo 1

Finalidad

El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.

Artículo 2

Definiciones

Para los fines de la presente Convención:

a) Por "grupo delictivo organizado" se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material;

b) Por "delito grave" se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave;

c) Por "grupo estructurado" se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada;

d) Por "bienes" se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;

e) Por "producto del delito" se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;

f) Por "embargo preventivo" o "incautación" se entenderá la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente;

g) Por "decomiso" se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;

h) Por "delito determinante" se entenderá todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6 de la presente Convención;

i) Por "entrega vigilada" se entenderá la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos;

j) Por "organización regional de integración económica" se entenderá una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la que sus Estados miembros han transferido competencia en las cuestiones regidas por la presente Convención y que ha sido debidamente facultada, de conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar la Convención o adherirse a ella; las referencias a los "Estados Parte" con arreglo a la presente Convención se aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.

Artículo 3

Ambito de aplicación

1. A menos que contenga una disposición en contrario, la presente Convención se aplicará a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de:

a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención; y

b) Los delitos graves que se definen en el artículo 2 de la presente Convención; cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.

2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de carácter transnacional si:

a) Se comete en más de un Estado;

b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación planifación, dirección o control se realiza en otro Estado;

c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o

d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.

Artículo 4

Protección de la soberanía

1. Los Estados Partes cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.

Artículo 5

Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos de los que entrañen el intento o la consumación de la actividad delictiva:

i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con un propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material y, cuando así lo prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante ese acuerdo o que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado;

ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente en:

a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado;

b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes descrita;

b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en aras de la comisión de un delito grave que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado.

2. El conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el acuerdo a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.

3. Los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la participación de un grupo delictivo organizado para la penalización de los delitos tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo velarán por que su derecho interno comprenda todos los delitos graves que entrañen la participación de grupos delictivos organizados. Estos Estados Parte, así como los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la comisión de un acto que tenga por objeto llevar adelante el acuerdo concertado con el propósito de cometer los delitos tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo, lo notificarán al Secretario General de las Naciones Unidas en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella.

Artículo 6

Penalización del blanqueo del producto del delito

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos;

ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito;

b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico:

i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito;

ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.

2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo.

a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes;

b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes todos los delitos graves definidos en el artículo 2 de la presente Convención y los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 8 y 23 de la presente Convención. Los Estados Parte cuya legislación establezca una lista de delitos determinantes incluirán entre éstos, como mínimo, una amplia gama de delitos relacionados con grupos delictivos organizados;

c) A los efectos del apartado b), los delitos determinantes incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí;

d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción de ésta;

e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, podrá disponer que los delitos tipificados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplicarán a las personas que hayan cometido el delito determinante;

f) El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como elemento de un delito tipificado en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.

Artículo 7

Medidas para combatir el blanqueo de dinero

1. Cada Estado Parte:

a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en ese régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la identificación del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas;

b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 18 y 27 de la presente Convención, que las autoridades de administración, reglamentación y cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al derecho interno, las autoridades judiciales), sean capaces de cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno y, a tal fin, considerará la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero.

2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos negociables pertinentes con sujeción a salvaguardias que garanticen la debida utilización de la información y sin restringir en modo alguno la circulación de capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los particulares y las entidades comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de títulos negociables pertinentes.

3. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con arreglo al presente artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro artículo de la presente Convención, se insta a los Estados Parte a que utilicen como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero.

4. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero.

Artículo 8

Penalización de la corrupción

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales;

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito los actos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo cuando esté involucrado en ellos un funcionario público extranjero o un funcionario internacional. Del mismo modo, cada Estado Parte considerará la posibilidad de tipificar como delito otras formas de corrupción.

3. Cada Estado Parte adoptará también las medidas que sean necesarias para tipificar como delito la participación como cómplice en un delito tipificado con arreglo al presente artículo.

4. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo y del artículo 9 de la presente Convención, por "funcionario público" se entenderá todo funcionario público o persona que preste un servicio público conforme a la definición prevista en el derecho interno y a su aplicación con arreglo al derecho penal del Estado Parte en el que dicha persona desempeñe esa función.

Artículo 9

Medidas contra la corrupción

1. Además de las medidas previstas en el artículo 8 de la presente Convención, cada Estado Parte, en la medida en que proceda y sea compatible con su ordenamiento jurídico, adoptará medidas eficaces de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para promover la integridad y para prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos.

2. Cada Estado Parte adoptará medidas encaminadas a garantizar la intervención eficaz de sus autoridades con miras a prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos, incluso dotando a dichas autoridades de suficiente independencia para disuadir del ejercicio de cualquier influencia indebida en su actuación.

Artículo 10

Responsabilidad de las personas jurídicas

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves en que esté involucrado un grupo delictivo organizado, así como por los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención.

2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos.

4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo.

Artículo 11

Proceso, fallo y sanciones

1. Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificadas con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de esos delitos.

2. Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades legales discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en relación con el enjuiciamiento de personas por los delitos comprendidos en la presente Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas por hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de prevenir su comisión.

3. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su derecho interno y tomando debidamente en consideración los derechos de la defensa, con miras a procurar que al imponer condiciones en relación con la decisión de conceder la libertad en espera de juicio o la apelación se tenga presente la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo procedimiento penal ulterior.

4. Cada Estado Parte velará por que sus tribunales u otras autoridades competentes tengan presente la naturaleza grave de los delitos comprendidos en la presente Convención al considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de tales delitos.

5. Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripción prolongado dentro del cual pueda iniciarse el proceso por cualquiera de los delitos comprendidos en la presente Convención y un plazo mayor cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia.

6. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al principio de que la descripción de los delitos tipificados con arreglo a ella y de los medios jurídicos de defensa aplicables o demás principios jurídicos que informan la legalidad de una conducta queda reservada al derecho interno de los Estados Parte y de que esos delitos han de ser perseguidos y sancionados de conformidad con ese derecho.

Artículo 12

Decomiso e incautación

1. Los Estados Parte adoptarán, en la medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso:

a) Del producto de los delitos comprendidos en la presente Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto;

b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención.

2. Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier bien a que se refiera el párrafo 1 del presente artículo con miras a su eventual decomiso.

3. Cuando el producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente en otros bienes, esos bienes podrán ser objeto de las medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo.

4. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes podrán, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautación, ser objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado.

5. Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito, de bienes en los que se haya transformado o convertido el producto del delito o de bienes con los que se haya entremezclado el producto del delito también podrán ser objeto de las medidas previstas en el presente artículo, de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito.

6. Para los fines del presente artículo y del artículo 13 de la presente Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario.

7. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello se conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas.

8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos a terceros de buena fe.

9. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de que las medidas en él previstas se definirán y aplicarán de conformidad con el derecho interno de los Estados Parte y con sujeción a éste.

Artículo 13

Cooperación internacional para fines de decomiso

1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito comprendido en la presente Convención con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 de la presente Convención que se encuentren en su territorio deberán, en la mayor medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno:

a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una orden de decomiso a la que, en caso de concederse, darán cumplimiento; o

b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le dé cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por un tribunal situado en el territorio del Estado Parte requirente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12 de la presente Convención en la medida en que guarde relación con el producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 que se encuentren en el territorio del Estado Parte requerido.

2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito comprendido en la presente Convención, el Estado Parte requerido adoptará medidas encaminadas a la identificación, la localización y el embargo preventivo o la incautación del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 de la presente Convención con miras a su eventual decomiso, que habrá de ordenar el Estado Parte requirente o, en caso de que medie una solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, el Estado Parte requerido.

3. Las disposiciones del artículo 18 de la presente Convención serán aplicables mutatis mutandis al presente artículo. Además de la información indicada en el párrafo 15 del artículo 18, las solicitudes presentadas de conformidad con el presente artículo contendrán lo siguiente:

a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del párrafo 1 del presente artículo, una descripción de los bienes susceptibles de decomiso y una exposición de los hechos en que se basa la solicitud del Estado Parte requirente que sean lo suficientemente explícitas para que el Estado Parte requerido pueda tramitar la orden con arreglo a su derecho interno;

b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del párrafo 1 del presente artículo, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso expedida por el Estado Parte requirente en la que se basa la solicitud, una exposición de los hechos y la información que proceda sobre el grado de ejecución que se solicita dar a la orden;

c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del presente artículo, una exposición de los hechos en que se basa el Estado Parte requirente y una descripción de las medidas solicitadas.

4. El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas previstas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y con sujeción a lo dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar vinculado al Estado Parte requirente.

5. Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes y reglamentos o una descripción de ésta.

6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo a la existencia de un tratado pertinente, ese Estado Parte considerará la presente Convención como la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito.

7. Los Estados Parte podrán denegar la cooperación solicitada con arreglo al presente artículo si el delito al que se refiere la solicitud no es un delito comprendido en la presente Convención.

8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

9. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la eficacia de la cooperación internacional prestada con arreglo al presente artículo.

Artículo 14

Disposición del producto del delito o de los bienes decomisados

1. Los Estados Parte dispondrán del producto del delito o de los bienes que hayan decomisado con arreglo al artículo 12 o al párrafo 1 del artículo 13 de la presente Convención de conformidad con su derecho interno y sus procedimientos administrativos.

2. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con arreglo al artículo 13 de la presente Convención, los Estados Parte, en la medida en que lo permita su derecho interno y de ser requeridos a hacerlo, darán consideración prioritaria a la devolución del producto del delito o de los bienes decomisados al Estado Parte requirente a fin de que éste pueda indemnizar a las víctimas del delito o devolver ese producto del delito o esos bienes a sus propietarios legítimos.

3. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con arreglo a los artículos 12 y 13 de la presente Convención, los Estados Parte podrán considerar en particular la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos en el sentido de:

a) Aportar el valor de dicho producto del delito o de dichos bienes, o los fondos derivados de la venta de dicho producto o de dichos bienes o una parte de esos fondos, a la cuenta designada de conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 2 del artículo 30 de la presente Convención y a organismos intergubernamentales especializados en la lucha contra la delincuencia organizada;

b) Repartirse con otros Estados Parte, sobre la base de un criterio general o definido para cada caso, ese producto del delito o esos bienes, o los fondos derivados de la venta de ese producto o de esos bienes, de conformidad con su drecho interno o sus procedimientos administrativos.

Artículo 15

Jurisdicción

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención cuando:

a) El delito se cometa en su territorio; o

b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabellón o de una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la comisión del delito.

2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Convención, un Estado Parte también podrá establecer su jurisdicción para conocer de tales delitos cuando:

a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales;

b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona apátrida que tenga residencia habitual en su territorio; o

c) El delito:

i) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al párrafo 1 del artículo 5 de la presente Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión de un delito grave dentro de su territorio;

ii) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1) del artículo 6 de la presente Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión, dentro de su territorio, de un delito tipificado con arreglo a los incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso i) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 6 de la presente Convención.

3. A los efectos del párrafo 10 del artículo 16 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno de sus nacionales.

4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite.

5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los párrafos 1 ó 2 del presente artículo ha recibido notificación, o tomado conocimiento por otro conducto, de que otro u otros Estados Parte están realizando una investigación, un proceso o una actuación judicial respecto de los mismos hechos, las autoridades competentes de esos Estados Parte se consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas.

6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la presente Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales establecidas por los Estados Parte de conformidad con su derecho interno.

Artículo 16

Extradición

1. El presente artículo se aplicará a los delitos comprendidos en la presente Convención o a los casos en que un delito al que se hace referencia en los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 3 entrañe la participación de un grupo delictivo organizado y la persona que es objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio del Estado Parte requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide la extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido.

2. Cuando la solicitud de extradición se base en varios delitos graves distintos, algunos de los cuales no están comprendidos en el ámbito del presente artículo, el Estado Parte requerido podrá aplicar el presente artículo también respecto de estos últimos delitos.

3. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados Parte. Los Estados Parte se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí.

4. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el presente artículo.

5. Los Estados Parte que supediten la extradición a la existencia de un tratado deberán:

a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, informar al Secretario General de las Naciones Unidas de si considerarán o no la presente Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de extradición en sus relaciones con otros Estados Parte en la presente Convención; y

b) Si no consideran la presente Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de extradición, esforzase, cuando proceda, por celebrar tratados de extradición con otros Estados Parte en la presente Convención a fin de aplicar el presente artículo.

6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellos.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición.

8. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procurarán agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos probatorios correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo.

9. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detención de la persona presente en su territorio cuya extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa persona en los procedimientos de extradición.

10. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el presente artículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará obligado, previa solicitud del Estado Parte que pide la extradición, a someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán su decisión y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que lo harían respecto de cualquier otro delito de carácter grave con arreglo al derecho interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados cooperarán entre sí, en particular en lo que respecta a los aspectos procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas actuaciones.

11. Cuando el derecho interno de un Estado Parte le permita conceder la extradición o, de algún otro modo, la entrega de uno de sus nacionales sólo a condición de que esa persona sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir la condena que le haya sido impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se haya solicitado la extradición o la entrega, y cuando ese Estado Parte y el Estado Parte que solicite la extradición acepten esa opción, así como otras condiciones que estimen apropiadas, esa extradición o entrega condicional será suficiente para que quede cumplida la obligación enunciada en el párrafo 10 del presente artículo.

12. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del Estado Parte requerido, éste, si su derecho interno lo permite y de conformidad con los requisitos de dicho derecho, considerará, previa solicitud del Estado Parte requirente, la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente.

13. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a toda persona contra la que se haya iniciado una instrucción en relación con cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo, incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos por el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio se encuentre esa persona.

14. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse como la imposición de una obligación de extraditar si el Estado Parte requerido tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étcnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por cualquiera de estas razones.

15. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones tributarias.

16. Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido, cuando proceda, consultará al Estado Parte requirente para darle amplia oportunidad de presentar sus opiniones y de proporcionar información pertinente a su alegato.

17. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.

Artículo 17

Traslado de personas condenadas a cumplir una pena

Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su territorio de toda persona que haya sido condenada a pena de prisión o a otra pena de privación de libertad por algún delito comprendido en la presente Convención a fin de que complete allí su condena.

Artículo 18

Asistencia judicial recíproca

1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la presente Convención con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 y se prestarán también asistencia de esa índole cuando el Estado Parte requirente tenga motivos razonables para sospechar que el delito a que se hace referencia en los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 3 es de carácter transnacional, así como que las víctimas, los testigos, el producto, los instrumentos o las pruebas de esos delitos se encuentran en el Estado Parte requerido y que el delito entraña la participación de un grupo delictivo organizado.

2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos de los que una persona jurídica pueda ser considerada responsable de conformidad con el artículo 10 de la presente Convención en el Estado Parte requirente.

3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines siguientes:

a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas;

b) Presentar documentos judiciales;

c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;

d) Examinar objetos y lugares;

e) Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos;

f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles;

g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios;

h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte requirente;

i) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado Parte requerido.

4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro Estado Parte si creen que esa información podría ayudar a la autoridad a emprender o concluir con éxito indagaciones y procesos penales o podría dar lugar a una petición formulada por este último Estado Parte con arreglo a la presente Convención.

5. La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del presente artículo se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la información. Las autoridades competentes que reciben la información deberán acceder a toda solicitud de que se respete su carácter confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su utilización. Sin embargo, ello no obstará para que el Estado Parte receptor revele, en sus actuaciones, información que sea exculpatoria de una persona acusada. En tal caso, el Estado Parte receptor notificará al Estado Parte transmisor antes de revelar dicha información y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte transmisor. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado Parte receptor informará sin demora al Estado Parte transmisor de dicha revelación.

6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones dimanantes de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca.

7. Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes que se formulen con arreglo al presente artículo siempre que no medie entre los Estados Parte interesados un tratado de asistencia judicial recíproca. Cuando esos Estados Parte estén vinculados por un tra-tado de esa índole se aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que los Estados Parte convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 9 a 29 del presente artículo. Se insta encarecidamente a los Estados Parte a que apliquen estos párrafos si facilitan la cooperación.

8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo.

9. Los Estados Parte podrán negarse a prestar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo invocando la ausencia de doble incriminación. Sin embargo, de estimarlo necesario, el Estado Parte requerido podrá prestar asistencia, en la medida en que decida hacerlo a discreción propia, independientemente de que la conducta esté o no tipificada como delito en el derecho interno del Estado Parte requerido.

10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena de territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para fines de identificación, para prestar testimonio o para que ayude de alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto de delitos comprendidos en la presente Convención podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:

a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento;

b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de acuerdo, con sujeción a las condiciones que éstos consideren apropiadas.

11. A los efectos del párrafo 10 del presente artículo:

a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la competencia y la obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte del que ha sido trasladada solicite o autorice otra cosa;

b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado Parte del que ha sido trasladada, según convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados Parte;

c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al Estado Parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de extradición para su devolución;

d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado Parte al que ha sido trasladada se computará como parte de la pena que ha de cumplir en el Estado del que ha sido trasladada.

12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una persona de conformidad con los párrafos 10 y 11 del presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá ser enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos, omisiones o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado del que ha sido trasladada.

13. Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada de recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para darles cumplimiento o para trasmitirlas a las autoridades competentes para su ejecución. Cuando alguna región o algún territorio especial de un Estado Parte disponga de un régimen distinto de asistencia judicial recíproca, el Estado Parte podrá designar a otra autoridad central que desempeñará la misma función para dicha región o dicho territorio. Las autoridades centrales velarán por el rápido y adecuado cumplimiento o trasmisión de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central transmita la solicitud a una autoridad competente para su ejecución, alentará la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal fin. Las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente serán trasmitidas a las autoridades centrales designadas por los Estados Parte. La presente disposición no afectará al derecho de cualquiera de los Estados Parte a exigir que esas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando los Estados Parte convengan en ello, por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal, de ser posible.

14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para el Estado Parte requerido, en condiciones que permitan a dicho Estado Parte determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el idioma o idiomas que sean aceptables para cada Estado Parte. En situaciones de urgencia, y cuando los Estados Parte convengan en ella, las solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo ser confirmadas sin demora por escrito.

15. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo siguiente:

a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;

b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las funciones de la autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones, procesos o actuaciones;

c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes de presentación de documentos judiciales;

d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier procedimiento particular que el Estado Parte requirente desee que se aplique;

e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona interesada; y

f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación.

16. El Estado Parte requerido podrá pedir información complementaria cuando sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.

17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno del Estado Parte requerido y en la medida en que ello no lo contravenga y sea factible, de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud.

18. Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales del derecho interno, cuando una persona se encuentre en el territorio de un Estado Parte y tenga que prestar declaración como testigo o perito ante autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a solicitud del otro, podrá permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia si no es posible o conveniente que la persona en cuestión comparezca personalmente en el territorio del Estado Parte requirente. Los Estados Parte podrán convenir en que la audiencia esté a cargo de una autoridad judicial del Estado Parte requirente y en que asista a ella una autoridad judicial del Estado Parte requerido.

19. El Estado Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo consentimiento del Estado Parte requerido, la información o las pruebas proporcionadas por el Estado Parte requerido para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales distintos de los indicados en la solicitud. Nada de lo dispuesto en el presente párrafo impedirá que el Estado Parte requirente revele, en sus actuaciones, información o pruebas que sean exculpatorias de una persona acusada. En este último caso, el Estado Parte requirente notificará al Estado Parte requerido antes de revelar la información o las pruebas y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte requerido. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado Parte requirente informará sin demora al Estado Parte requerido de dicha revelación.

20. El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requerido mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado Parte requerido no puede mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato al Estado Parte requirente.

21. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada:

a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo;

b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de lo solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales;

c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido prohiba a sus autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito análogo, si éste hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia competencia;

d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico del Estado Parte requerido en lo relativo a la asistencia judicial recíproca.

22. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia judicial recíproca únicamente porque se considere que el delito también entraña asuntos fiscales.

23. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse debidamente.

24. El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia judicial recíproca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en la medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera el Estado Parte requirente y que estén debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitud. El Estado Parte requerido responderá a las solicitudes razonables que formule el Estado Parte requirente respecto de la evolución del trámite de la solicitud. El Estado Parte requirente informará con prontitud cuando ya no necesite la asistencia solicitada.

25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado Parte requerido si perturbase investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso.

26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 21 del presente artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo 25 del presente artículo, el Estado Parte requerido consultará al Estado Parte requirente para considear si es posible prestar la asitencia solicitada supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si el EstadoParte requirente acepta la asistencia con arreglo a esas condiciones, ese Estado Parte deberá observar las condiciones impuestas.

27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo, el testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado Parte requirente, consienta en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial en el territorio del Estado Parte requirente no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricción de su libertad personal en ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó el territorio del Estado Parte requerido. Ese salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido, durante quince días consecutivos o durante el período acordado por los Estados Parte después de la fecha en que se le haya informado oficialmente de que las autoridades judiciales ya no requerían su presencia, la oportunidad de salir del país y no obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o regrese libremente a él después de haberlo abandonado.

28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud serán sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que los Estados Parte interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados Parte se consultarán para determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera en que se sufragarán los gastos.

29. El Estado Parte requerido:

a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documentos oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y a los que, conforme a su derecho interno, tenga acceso el público en general;

b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue apropiadas, proporcionar al Estado Parte requirente una copia total o parcial de los documentos oficiales o de otros documentos o datos que obren en su poder y que, conforme a su derecho interno, no estén al alcance del público en general.

30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que sirvan a los fines del presente artículo y que, en la práctica, hagan efectivas sus disposiciones o las refuercen.

Artículo 19

Investigaciones conjuntas

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan establecer órganos mixtos de investigación. A falta de acuerdos o arreglos de esa índole, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso. Los Estados Parte participantes velarán por que la soberanía del Estado Parte en cuyo territorio haya de efectuarse la investigación sea plenamente respetada.

Artículo 20

Técnicas especiales de investigación

1. Siempre que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno, cada Estado Parte adoptará, dentro de sus posibilidades y en las condiciones prescritas por su derecho interno, las medidas que sean necesarias para permitir el adecuado recurso a la entrega vigilada y, cuando lo considere apropiado, la utilización de otras técnicas especiales de investigación, como la vigi-lancia electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas, por sus autoridades competentes en su territorio con objeto de combatir eficazmente la delincuencia organizada.

2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente Convención, se alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando proceda, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar esas técnicas especiales de investigación en el contexto de la cooperación en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos se concertarán y ejecutarán respetando plenamente el principio de la igualdad soberana de los Estados y al ponerlos en práctica se cumplirán estrictamente las condiciones en ellos contenidas.

3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de investigación en el plano internacional se adoptará sobre la base de cada caso particular y podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicción por los Estados Parte interesados.

4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional podrá, con el consentimiento de los Estados Parte interesados, incluir la aplicación de métodos tales como interceptar los bienes, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total o parcialmente.

Artículo 21

Remisión de actuaciones penales

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse actuaciones penales para el enjuiciamiento por un delito comprendido en la presente Convención cuando se estime que esa remisión obrará en beneficio de la debida administración de justicia, en particular en casos en que intervengan varias jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones del proceso.

Artículo 22

Establecimiento de antecedentes penales

Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para tener en cuenta, en las condiciones y para los fines que estime apropiados, toda previa declaración de culpabilidad, en otro Estado, de un presunto delincuente a fin de utilizar esa información en actuaciones penales relativas a un delito comprendido en la presente Convención.

Artículo 23

Penalización de la obstrucción de la justicia

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) El uso de la fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a falso testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en un proceso en relación con la comisión de uno de los delitos comprendidos en la presente Convención;

b) El uso de fuerza física, amenzas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención. Nada de lo previsto en el presente apartado menoscabará el derecho de los Estados Parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías de funcionarios públicos.

Artículo 24

Protección de los testigos

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos que participen en actuaciones penales y que presten testimonio sobre delitos comprendidos en la presente Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas.

2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado, incluido el derecho a las garantías procesales, en:

a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas, incluida, en la medida de lo necesario y lo posible, su reubicación, y permitir, cuando proceda, la prohibición total o parcial de revelar información relativa a su identidad y paradero;

b) Establecer normas probatorias que permitan que el testimonio de los testigos se preste de modo que no se ponga en peligro su seguridad, por ejemplo aceptando el testimonio por conducto de tecnologías de comunicación como videoconferencias u otros medios adecuados.

3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados para la reubicación de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo.

4. Las disposiciones del presente artículo también serán aplicables a las víctimas en el caso de que actúen como testigos.

Artículo 25

Asistencia y protección a las víctimas

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para prestar asistencia y protección a las víctimas de los delitos comprendidos en la presente Convención, en particular en casos de amenaza de represalia o intimidación.

2. Cada Estado Parte establecerá procedimientos adecuados que permitan a las víctimas de los delitos comprendidos en la presente Convención obtener indemnización y restitución.

3. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se presenten y examinen las opiniones y preocupaciones de las víctimas en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.

Artículo 26

Medidas para intensificar la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las personas que participen o hayan participado en grupos delictivos organizados a:

a) Proporcionar información útil a las autoridades competentes con fines investigativos y probatorios sobre cuestiones como:

i) La identidad, la naturaleza, la composición, la estructura, la ubicación o las actividades de los grupos delictivos organizados;

ii) Los vínculos, incluidos los vínculos internacionales, con otros grupos delictivos organizados;

iii) Los delitos que los grupos delictivos organizados hayan cometido o puedan cometer;

b) Prestar ayuda efectiva y concreta a las autoridades competentes que pueda contribuir a privar a los grupos delictivos organizados de sus recursos o del producto del delito.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en los casos apropiados, la mitigación de la pena de las personas acusadas que presten una cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención.

3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de inmunidad judicial a las personas que presten una cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención.

4. La protección de esas personas será la prevista en el artículo 24 de la presente Convención.

5. Cuando una de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo que se encuentre en un Estado Parte pueda prestar una cooperación sustancial a las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados Parte interesados podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos, de conformidad con su derecho interno, con respecto a la eventual concesión, por el otro Estado Parte, del trato enunciado en los párrafos 2 y 3 del presente artículo.

Artículo 27

Cooperación en materia de cumplimiento de la ley

1. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir los delitos comprendidos en la presente Convención. En particular, cada Estado Parte adoptará medidas eficaces para:

a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, organismos y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de los delitos comprendidos en la presente Convención, así como, si los Estados Parte interesados lo estiman oportu-no, sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas;

b) Cooperar con otros Estados Parte en la realización de indagaciones con respecto a delitos comprendidos en la presente Convención acerca de:

i) La identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente implicadas en tales delitos o la ubicación de otras personas interesadas;

ii) El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de la comisión de esos delitos;

iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de esos delitos;

c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de sustancias que se requieran para fines de análisis o investigación;

d) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos, autoridades y servicios competentes y promover el intercambio de personal y otros expertos, incluida la designación de oficiales de enlace, con sujeción a acuerdos o arreglos bilaterales entre los Estados Parte interesados;

e) Intercambiar información con otros Estados Parte sobre los medios y métodos concretos empleados por los grupos delictivos organizados, así como, cuando proceda, sobre las rutas y los medios de transporte y el uso de identidades falsas, documentos alterados o falsificados u otros medios de encubrir sus actividades;

f) Intercambiar información y coordinar las medidas administrativas y de otra índole adoptadas con miras a la pronta detección de los delitos comprendidos en la presente Convención.

2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convención, considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en materia de cooperación directa entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya existan, de enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos entre los Estados Parte interesados, las Partes podrán considerar la presente Convención como la base para la cooperación en materia de cumplimiento de la ley respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención. Cuando proceda, los Estados Parte recurrirán plenamente a la celebración de acuerdos y arreglos, incluso con organizaciones internacionales o regionales, con miras a aumentar la cooperación entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley.

3. Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de sus posibilidades para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional cometida mediante el recurso a la tecnología moderna.

Artículo 28

Recopilación, intercambio y análisis de información sobre la naturaleza de la delincuencia organizada

1. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de analizar, en consulta con los círculos científicos y académicos, las tendencias de la delincuencia organizada en su territorio, las circunstancias en que actúa la delincuencia organizada, así como los grupos profesionales y las tecnologías involucradas.

2. Los Estados Partes considerarán la posibilidad de desarrollar y compartir experiencia analítica acerca de las actividades de la delincuencia organizada, tanto a nivel bilateral como por conducto de organizaciones internacionales y regionales. A tal fin, se establecerán y aplicarán, según proceda, definiciones, normas y metodologías comunes.

3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de vigilar sus políticas y las medidas en vigor encaminadas a combatir la delincuencia organizada y evaluarán su eficacia y eficiencia.

Artículo 29

Capacitación y asistencia técnica

1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o perfeccionará programas de capacitación específicamente concebidos para el personal de sus servicios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos fiscales, jueces de instrucción y personal de aduanas, así como para el personal de otra índole encargado de la prevención, la detección y el control de los delitos comprendidos en la presente Convención. Estos programas podrán incluir adscripciones e intercambios de personal. En particular y en la medida en que lo permita el derecho interno, guardarán relación con:

a) Los métodos empleados en la prevención, la detección y el control de los delitos comprendidos en la presente Convención.

b) Las rutas y técnicas utilizadas por personas presuntamente implicadas en delitos comprendidos en la presente Convención, incluso en los Estados de tránsito, y las medidas de lucha pertinentes;

c) La vigilancia del movimiento de bienes de contrabando;

d) La detección y vigilancia de los movimientos del producto del delito o de los bienes, el equipo u otros instrumentos utilizados para cometer tales delitos y los métodos empleados para la transferencia, ocultación o disimulación de dicho producto, bienes, equipo u otros instrumentos, así como los métodos utilizados para combatir el blanqueo de dinero y otros delitos financieros;

e) El acopio de pruebas;

f) Las técnicas de control en zonas y puertos francos;

g) El equipo y las técnicas modernos utilizados para hacer cumplir la ley, incluidas la vigilancia electrónica, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas;

h) Los métodos utilizados para combatir la delincuencia organizada transnacional mediante computadoras, redes de telecomunicaciones u otras formas de la tecnología moderna; y

i) Los métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos.

2. Los Estados Partes se prestarán asistencia en la planificación y ejecución de programas de investigación y capacitación encaminados a intercambiar conocimientos especializados en las esferas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo y, a tal fin, también recurrirán, cuando proceda, a conferencias y seminarios regionales e internacionales para promover la cooperación y fomentar el examen de los problemas de interés común, incluidos los problemas y necesidades especiales de los Estados de tránsito.

3. Los Estados Parte promoverán actividades de capacitación y asistencia técnica que faciliten la extradición y la asistencia judicial recíproca. Dicha capacitación y asistencia técnica podrán incluir la enseñanza de idiomas, adscripciones e intercambios de personal entre autoridades centrales u organismos con responsabilidades pertinentes.

4. Cuando haya acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales vigentes, los Estados Parte intensificarán, en la medida necesaria, sus esfuerzos para optimizar las actividades operacionales y de capacitación en las organizaciones internacionales y regionales, así como en el marco de otros acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales pertinentes.

Artículo 30

Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el desarrollo económico y la asistencia técnica

1. Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a la aplicación óptima de la presente Convención en la medida de lo posible, mediante la cooperación internacional, teniendo en cuenta los efectos adversos de la delincuencia organizada en la sociedad en general y en el desarrollo sostenible en particular.

2. Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de lo posible y en forma coordinada entre sí, así como con organizaciones internacionales y regionales, por

a) Intensificar su cooperación en los diversos niveles con los países en desarrollo con miras a fortalecer las capacidades de esos países para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional;

b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para combatir con eficacia la delincuencia organizada transnacional y ayudarles a aplicar satisfactoriamente la presente Convención;

c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países con economías en transición para ayudarles a satisfacer sus necesidades relacionadas con la aplicación de la presente Convención. A tal fin, los Estados Parte procurarán hacer contribuciones voluntarias adecuadas y periódicas a una cuenta específicamente designada a esos efectos en un mecanismo de financiación de las Naciones Unidas. Los Estados Parte también podrán considerar en particular la posibilidad, conforme a su derecho interno y a las disposiciones de la presente Convención, de aportar a la cuenta antes mencionada un porcentaje del dinero o del valor correspondiente del producto del delito o de los bienes ilícitos decomisados con arreglo a lo dispuesto en la presente Convención;

d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, según proceda, para que se sumen a los esfuerzos desplegados con arreglo al presente artículo, en particular proporcionando un mayor número de programas de capacitación y equipo moderno a los países en desarrollo a fin de ayudarles a lograr los objetivos de la presente Convención.

3. En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos existentes en materia de asistencia externa ni otros arreglos de cooperación financiera en los planos bilateral, regional o internacional.

4. Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre asistencia material y logística, teniendo en cuenta los arreglos financieros necesarios para hacer efectiva la cooperación internacional prevista en la presente Convención y para prevenir, detectar y combatir la delincuencia organizada transnacional.

Artículo 31

Prevención

1. Los Estados Parte procurarán formular y evaluar proyectos nacionales y establecer y promover prácticas y políticas óptimas para la prevención de la delincuencia organizada transnacional.

2. Los Estados Parte procurarán, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, reducir las oportunidades actuales o futuras de que dispongan los grupos delictivos organizados para participar en mercados ilícitos con el producto del delito adoptando oportunamente medidas legislativas, administrativas o de otra índole. Estas medidas deberán centrarse en:

a) El fortalecimiento de la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley o el ministerio público y las entidades privadas pertinentes, incluida la industria;

b) La promoción de la elaboración de normas y procedimientos concebidos para salvaguardar la integridad de las entidades públicas y de las entidades privadas interesadas, así como códigos de conducta para profesiones pertinentes, en particular para los abogados, notarios públicos, asesores fiscales y contadores;

c) La prevención de la utilización indebida por parte de grupos delictivos organizados de licitaciones públicas y de subsidios y licencias concedidos por autoridades públicas para realizar actividades comerciales;

d) La prevención de la utilización indebida de personas jurídicas por parte de grupos delictivos organizados; a este respecto, dichas medidas podrían incluir las siguientes:

i) El establecimiento de registros públicos de personas jurídicas y naturales involucradas en la constitución, la gestión y la financiación de personas jurídicas;

ii) La posibilidad de inhabilitar por mandato judicial o cualquier medio apropiado durante un período razonable a las personas condenadas por delitos comprendidos en la presente Convención para actuar como directores de personas jurídicas constituidas en sus respectivas jurisdicciones;

iii) El establecimiento de registros nacionales de personas inhabilitadas para actuar como directores de personas jurídicas; y

iv) El intercambio de información contenida en los registros mencionados en los incisos i) y iii) del presente apartado con las autoridades competentes de otros Estados Parte.

3. Los Estados Parte procurarán promover la reintegración social de las personas condenadas por delitos comprendidos en la presente Convención.

4. Los Estados Parte procurarán evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las prácticas administrativas pertinentes vigentes a fin de detectar si existe el peligro de que sean utilizados indebidamente por grupos delictivos organizados.

5. Los Estados Partes procurarán sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la delincuencia organizada transnacional y la amenaza que representa. Cuando proceda, podrá difundirse información a través de los medios de comunicación y se adoptarán medidas para fomentar la participación pública en los esfuerzos por prevenir y combatir dicha delincuencia.

6. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que pueden ayudar a otros Estados Parte a formular medidas para prevenir la delincuencia organizada transnacional.

7. Los Estados Parte colaborarán entre sí y con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, según proceda, con miras a promover y formular las medidas mencionadas en el presente artículo. Ello incluye la participación en proyectos internacionales para la prevención de la delincuencia organizada transnacional, por ejemplo mediante la mitigación de las circunstancias que hacen vulnerables a los grupos socialmente marginados a las actividades de la delincuencia organizada transnacional.

Artículo 32

Conferencia de las Partes en la Convención

1. Se establecerá una Conferencia de las Partes en la Convención con objeto de mejorar la capacidad de los Estados Parte para combatir la delincuencia organizada transnacional y para promover y examinar la aplicación de la presente Convención.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de las Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor de la presente Convención. La Conferencia de las Partes aprobará reglas de procedimiento y normas que rijan las actividades enunciadas en los párrafos 3 y 4 del presente artículo (incluidas normas relativas al pago de los gastos resultantes de la puesta en marcha de esas actividades).

3. La Conferencia de las Partes concertará mecanismos con miras a lograr los objetivos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo, en particular a:

a) Facilitar las actividades que realicen los Estados Parte con arreglo a los artículos 29, 30 y 31 de la presente Convención, alentando inclusive la movilización de contribuciones voluntarias;

b) Facilitar el intercambio de información entre Estados Parte sobre las modalidades y tendencias de la delincuencia organizada transnacional y sobre prácticas eficaces para combatirla;

c) Cooperar con las organizaciones internacionales y regionales y las organizaciones no gubernamentales pertinentes;

d) Examinar periódicamente la aplicación de la presente Convención;

e) Formular recomendaciones para mejorar la presente Convención y su aplicación.

4. A los efectos de los apartados d) y e) del párrafo 3 del presente artículo, la Conferencia de las Partes obtendrá el necesario conocimiento de las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas por los Estados Parte en aplicación de la presente Convención mediante la información que ellos le faciliten y mediante los demás mecanismos de examen que establezca la Conferencia de las Partes.

5. Cada Estado Parte facilitará a la Conferencia de las Partes información sobre sus programas, planes y prácticas, así como sobre las medidas legislativas y administrativas adoptadas para aplicar la presente Convención, según lo requiera la Conferencia de las Partes.

Artículo 33

Secretaría

1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los servicios de secretaría necesarios a la Conferencia de las Partes en la Convención.

2. La secretaría:

a) Prestará asistencia a la Conferencia de las Partes en la realización de las actividades enunciadas en el artículo 32 de la presente Convención y organizará los períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes y les prestará los servicios necesarios,

b) Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el suministro de información a la Conferencia de las Partes según lo previsto en el párrafo 5 del artículo 32 de la presente Convención; y

c) Velará por la coordinación necesaria con la secretaría de otras organizaciones internacionales y regionales pertinentes.

Artículo 34

Aplicación de la Convención

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente Convención.

2. Los Estados Parte tipificarán en su derecho interno los delitos tipificados de conformidad con los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención independientemente del carácter transnacional o la participación de un grupo delictivo organizado según la definición contenida en el párrafo 1 del artículo 3 de la presente Convención, salvo en la medida en que el artículo 5 de la presente Convención exija la participación de un grupo delictivo organizado.

3. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que las previstas en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional.

Artículo 35

Solución de controversias

1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación de la presente Convención mediante la negociación.

2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o la aplicación de la presente Convención que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.

3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o adhesión a ella, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 36

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de diciembre de 2002.

2. La presente Convención también estará abierta a la firma de las organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado la presente Convención de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en la presente Convención. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

Artículo 37

Relación con los protocolos

1. La presente Convención podrá complementarse con uno o más protocolos.

2. Para pasar a ser parte en un protocolo, los Estados o las organizaciones regionales de integración económica también deberán ser parte en la presente Convención.

3. Los Estados Parte en la presente Convención no quedarán vinculados por un protocolo a menos que pasen a ser parte en el protocolo de conformidad con sus disposiciones.

4. Los protocolos de la presente Convención se interpretarán juntamente con ésta, teniendo en cuenta la finalidad de esos protocolos.

Artículo 38

Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. A los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización.

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la presente Convención entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente.

Artículo 39

Enmienda

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la presente Convención, los Estados Parte podrán proponer enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en la Convención para que la examinen y decidan al respecto. La Conferencia de las Partes hará todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte.

4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.

5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones de la presente Convención, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 40

Denuncia

1. Los Estados Parte podrán denunciar la presente Convención mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.

2. Las organizaciones regionales de integración eco-nómica dejarán de ser Partes en la presente Convención cuando la hayan denunciado todos sus Estados miembros.

3. La denuncia de la presente Convención con arreglo al párrafo 1 del presente artículo entrañará la denuncia de sus protocolos.

Artículo 41

Depositario e idiomas

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente Convención.

2. El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención.

PROTOCOLO CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

Preámbulo

Los Estados Parte en el presente Protocolo,

Declarando que para prevenir y combatir eficazmente el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire se requiere un enfoque amplio e internacional, que conlleve la cooperación, el intercambio de información y la adopción de otras medidas apropiadas, incluidas las de índole socioeconómica, en los planos nacional, regional e internacional.

Recordando la resolución 54/212 de la Asamblea General, de 22 de diciembre de 1999, en la que la Asamblea instó a los Estados Miembros y al sistema de las Naciones Unidas a que fortalecieran la cooperación internacional en la esfera de la migración internacional y el desarrollo a fin de abordar las causas fundamentales de la migración, especialmente las relacionadas con la pobreza, y de aumentar al máximo los beneficios que la migración internacional podía reportar a los interesados, y alentó a los mecanismos interregionales, regionales y subregionales a que, cuando procediera, se siguieran ocupando de la cuestión de la migración y el desarrollo,

Convencidos de la necesidad de dar un trato humano a los migrantes y de proteger plenamente sus derechos humanos,

Habida cuenta de que, pese a la labor emprendida en otros foros internacionales, no existe un instrumento universal que aborde todos los aspectos del tráfico ilícito de migrantes y otras cuestiones conexas,

Preocupados por el notable aumento de las actividades de los grupos delictivos organizados en relación con el tráfico ilícito de migrantes y otras actividades delictivas conexas tipificadas en el presente Protocolo, que causan graves perjuicios a los Estados afectados,

Preocupados también por el hecho de que el tráfico ilícito de migrantes puede poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes involucrados.

Recordando la resolución 53/III de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar una convención internacional amplia contra la delincuencia transnacional organizada y de examinar la posibilidad de elaborar, entre otros, un instrumento internacional que abordara el tráfico y el transporte ilícitos de migrantes, particularmente por mar.

Convencidos de que complementar el texto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con un instrumento internacional dirigido contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire constituirá un medio útil para prevenir y combatir esta forma de delincuencia.

Han convenido en lo siguiente:

I. Disposiciones generales

Artículo 1

Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención.

2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.

3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 6 del presente Protocolo se considerarán delitos tipificados con arreglo a la Convención.

Artículo 2

Finalidad

El propósito del presente Protocolo es prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, así como promover la cooperación entre los Estados Parte con ese fin, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los migrantes objeto de dicho tráfico.

Artículo 3

Definiciones

Para los fines del presente Protocolo:

a) Por "tráfico ilícito de migrantes" se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material;

b) Por "entrada ilegal" se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor;

c) Por "documento de identidad o de viaje falso" se entenderá cualquier documento de viaje o de identidad;

i) Elaborado o expedido de forma espuria o alterado materialmente por cualquiera que no sea la persona o entidad legalmente autorizada para producir o expedir el documento de viaje o de identidad en nombre de un Estado; o

ii) Expedido u obtenido indebidamente mediante declaración falsa, corrupción o coacción o de cualquier otra forma ilegal; o

iii) Utilizado por una persona que no sea su titular legítimo;

d) Por "buque" se entenderá cualquier tipo de embarcación, con inclusión de las embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, que se utilice o pueda utilizarse como medio de transporte sobre el agua, excluidos los buques de guerra, los buques auxiliares de la armada u otros buques que sean propiedad de un Estado o explotados por éste y que en ese momento se empleen únicamente en servicios oficiales no comerciales.

Artículo 4

Ambito de aplicación

A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo se aplicará a la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados con arreglo al artículo 6 del presente Protocolo, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado, así como a la protección de los derechos de las personas que hayan sido objeto de tales delitos.

Artículo 5

Responsabilidad penal de los migrantes

Los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal con arreglo al presente Protocolo por el hecho de haber sido objeto de alguna de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.

Artículo 6

Penalización

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente y con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material:

a) El tráfico ilícito de migrantes;

b) Cuando se cometan con el fin de posibilitar el tráfico ilícito de migrantes;

i) La creación de un documento de viaje o de identidad falso;

ii) La facilitación, el suministro o la posesión de tal documento.

c) La habilitación de una persona que no sea nacional o residente permanente para permanecer en el Estado interesado sin haber cumplido los requisitos para permanecer legalmente en ese Estado, recurriendo a los medios mencionados en el apartado b) del presente párrafo o a cualquier otro medio ilegal.

2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito:

a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo;

b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al apartado a), al inciso i) del apartado b) o al apartado c) del párrafo 1 del presente artículo y, con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del presente artículo; y

c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo.

3. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para considerar como circunstancia agravante de los delitos tipificados con arreglo al apartado a), al inciso i) del apartado b) y al apartado c) del párrafo 1 del presente artículo y, con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, de los delitos tipificados con arreglo a los apartados b) y c) del párrafo 2 del presente artículo toda circunstancia que:

a) Ponga en peligro o pueda poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes afectados; o

b) Dé lugar a un trato inhumano o degradante de esos migrantes, en particular con el propósito de explotación.

4. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo impedirá que un Estado Parte adopte medidas contra toda persona cuya conducta constituya delito con arreglo a su derecho interno.

II. Tráfico ilícito de migrantes por mar

Artículo 7

Cooperación

Los Estados Parte cooperarán en la mayor medida posible para prevenir y reprimir el tráfico ilícito de migrantes por mar, de conformidad con el derecho internacional del mar.

Artículo 8

Medidas contra el tráfico ilícito de migrantes por mar

1. Todo Estado Parte que tenga motivos razonables para sospechar que un buque que enarbole su pabellón o pretenda estar matriculado en su registro, que carezca de nacionalidad o que, aunque enarbole un pabellón extranjero o se niegue a izar su pabellón, tenga en realidad la nacionalidad del Estado Parte interesado, está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar podrá solicitar la asistencia de otros Estados Parte a fin de poner término a la utilización del buque para ese fin. Los Estados Parte a los que se solicite dicha asistencia la prestarán, en la medida posible con los medios de que dispongan.

2. Todo Estado Parte que tenga motivos razonables para sospechar que un buque que esté haciendo uso de la libertad de navegación con arreglo al derecho internacional y que enarbole el pabellón o lleve matrícula de otro Estado Parte está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar podrá notificarlo al Estado del pabellón, pedirle que confirme la matrícula y, si la confirma, solicitarle autorización para adoptar medidas apropiadas con respecto a ese buque. El Estado del pabellón podrá autorizar al Estado requirente, entre otras cosas; a:

a) Visitar el buque;

b) Registrar el buque; y

c) Si se hallan pruebas de que el buque está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar, adoptar medidas apropiadas con respecto al buque, así como a las personas y a la carga que se encuentren a bordo, conforme le haya autorizado el Estado del pabellón.

3. Todo Estado Parte que haya adoptado cualesquiera de las medidas previstas en el párrafo 2 del presente artículo informará con prontitud al Estado del pabellón pertinente de los resultados de dichas medidas.

4. Los Estados Parte responderán con celeridad a toda solicitud de otro Estado Parte con miras a determinar si un buque que está matriculado en su registro o enarbola su pabellón está autorizado a hacerlo, así como a toda solicitud de autorización que se presente con arreglo a lo previsto en el párrafo 2 del presente artículo.

5. El Estado del pabellón podrá, en consonancia con el artículo 7 del presente Protocolo, someter su autorización a las condiciones en que convenga con el Estado requirente, incluidas las relativas a la responsabilidad y al alcance de las medidas efectivas que se adopten. Los Estados Parte no adoptarán otras medidas sin la autorización expresa del Estado del pabellón, salvo las que sean necesarias para eliminar un peligro inminente para la vida de las personas o las que se deriven de los acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes.

6. Cada Estado Parte designará a una o, de ser necesario, a varias autoridades para recibir y atender las solicitudes de asistencia, de confirmación de la matricula o del derecho de un buque a enarbolar su pabellón y de autorización para adoptar las medidas pertinentes. Esa designación será dada a conocer, por conducto del Secretario General, a todos los demás Estados Parte dentro del mes siguiente a la designación.

7. Todo Estado Parte que tenga motivos razonables para sospechar que un buque está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar y no posee nacionalidad o se hace pasar por un buque sin nacionalidad podrá visitar y registrar el buque. Si se hallan pruebas que confirmen la sospecha, ese Estado Parte adoptará medidas apropiadas de conformidad con el derecho interno e internacional, según proceda.

Artículo 9

Cláusulas de protección

1. Cuando un Estado Parte adopte medidas contra un buque con arreglo al artículo 8 del presente Protocolo:

a) Garantizará la seguridad y el trato humano de las personas que se encuentren a bordo;

b) Tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no poner en peligro la seguridad del buque o de su carga;

c) Tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no perjudicar los intereses comerciales o jurídicos del Estado del pabellón o de cualquier otro Estado interesado;

d) Velará, dentro de los medios disponibles, por que las medidas adoptadas con respecto al buque sean ecológicamente razonables.

2. Cuando las razones que motivaron las medidas adoptadas con arreglo al artículo 8 del presente Protocolo no resulten fundadas y siempre que el buque no haya cometido ningún acto que las justifique, dicho buque será indemnizado por todo perjuicio o daño sufrido.

3. Toda medida que se tome, adopte o aplique de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no interferir ni causar menoscabo en:

a) Los derechos y las obligaciones de los Estados ribereños en el ejercicio de su jurisdicción de conformidad con el derecho internacional del mar; ni en

b) La competencia del Estado del pabellón para ejercer la jurisdicción y el control en cuestiones administrativas, técnicas y sociales relacionadas con el buque.

4. Toda medida que se adopte en el mar en cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo será ejecutada únicamente por buques de guerra o aeronaves militares, o por otros buques o aeronaves que ostenten signos claros y sean identificables como buques o aeronaves al servicio de un gobierno y autorizados a tal fin.

III. Medidas de prevención, cooperación y otras medidas

Artículo 10

Información

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención y con miras a lograr los objetivos del presente Protocolo, los Estados Parte, en particular los que tengan fronteras comunes o estén situados en las rutas de tráfico ilícito de migrantes, intercambiarán, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos, información pertinente sobre asuntos como:

a) Los lugares de embarque y de destino, así como las rutas, los transportistas y los medios de transporte a los que, según se sepa o se sospeche, recurren los grupos delictivos organizados involucrados en las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo;

b) La identidad y los métodos de las organizaciones o los grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos de estar involucrados en las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo;

c) La autenticidad y la debida forma de los documentos de viaje expedidos por los Estados Parte, así como todo robo o concomitante utilización ilegítima de documentos de viaje o de identidad en blanco;

d) Los medios y métodos utilizados para la ocultación y el transporte de personas, la alteración, reproducción o adquisición ilícitas o cualquier otra utilización indebida de los documentos de viaje o de identidad empleados en las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, así como las formas de detectarlos;

e) Experiencias de carácter legislativo, así como prácticas y medidas conexas, para prevenir y combatir las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo; y

f) Cuestiones científicas y tecnológicas de utilidad para el cumplimiento de la ley, a fin de reforzar la capacidad respectiva de prevenir, detectar e investigar las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y de enjuiciar a las personas implicadas en ellas.

2. El Estado Parte receptor de dicha información dará cumplimiento a toda solicitud del Estado Parte que la haya facilitado en el sentido de imponer restricciones a su utilización.

Artículo 11

Medidas fronterizas

1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas, los Estados Parte reforzarán, en la medida de lo posible, los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar el tráfico ilícito de migrantes.

2. Cada Estado Parte adoptará medidas legislativas u otras medidas apropiadas para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios de transporte explotados por transportistas comerciales para la comisión del delito tipificado con arreglo al apartado a) del párrafo 1 del artículo 6 del presente Protocolo.

3. Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales aplicables se preverá, entre esas medidas, la obligación de los transportistas comerciales, incluidas las empresas de transporte, así como los propietarios o explotadores de cualquier medio de transporte, de cerciorarse de que todos los pasajeros tengan en su poder los documentos de viaje requeridos para entrar en el Estado receptor.

4. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias, de conformidad con su derecho interno, para prever sanciones en caso de incumplimiento de la obligación enunciada en el párrafo 3 del presente artículo.

5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas que permitan, de conformidad con su derecho interno, denegar la entrada a revocar visados a personas implicadas en la comisión de delitos tipificados con arreglo al presente Protocolo.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, los Estados Parte considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control fronterizo, en particular, entre otras medidas, estableciendo y manteniendo conductos de comunicación directos.

Artículo 12

Seguridad y control de los documentos

Cada Estado Parte adoptará, con los medios de que disponga, las medidas que se requieran para:

a) Garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de identidad que expida a fin de que éstos no puedan con facilidad utilizarse indebidamente ni falsificarse o alterarse, reproducirse o expedirse de forma ilícita; y

b) Garantizar la integridad y seguridad de los documentos de viaje o la identidad que expida o que se expidan en su nombre e impedir la creación, expedición y utilización ilícitas de dichos documentos.

Artículo 13

Legitimidad y validez de los documentos

Cuando lo solicite otro Estado Parte, cada Estado Parte verificará, de conformidad con su derecho interno y dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente expedidos en su nombre y sospechosos de ser utilizados para los fines de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.

Artículo 14

Capacitación y cooperación técnica

1. Los Estados Parte impartirán a los funcionarios de inmigración y a otros funcionarios pertinentes capacitación especializada en la prevención de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y en el trato humano de los migrantes objeto de esa conducta, respetando al mismo tiempo sus derechos reconocidos conforme al presente Protocolo o reforzarán dicha capacitación, según proceda.

2. Los Estados Parte cooperarán entre sí y con las organizaciones internacionales competentes, las organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, según proceda, a fin de garantizar que en sus respectivos territorios se imparta una capacitación de personal adecuada para prevenir, combatir y erradicar las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, así como proteger los derechos de los migrantes que hayan sido objeto de esas conductas. Dicha capacitación incluirá, entre otras cosas:

a) La mejora de la seguridad y la calidad de los documentos de viaje;

b) El reconocimiento y la detección de los documentos de viaje o de identidad falsificados;

c) La compilación de información de inteligencia criminal, en particular con respecto a la identificación de los grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos de estar involucrados en las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, los métodos utilizados para transportar a los migrantes objeto de dicho tráfico, la utilización indebida de documentos de viaje o de identidad para los fines de las conductas enunciadas en el artículo 6 y los medios de ocultación utilizados en el tráfico ilícito de migrantes;

d) La mejora de los procedimientos para detectar a las personas objeto de tráfico ilícito en puntos de entrada y salida convencionales y no convencionales; y

e) El trato humano de los migrantes afectados y la protección de sus derechos reconocidos conforme al presente Protocolo.

3. Los Estados Parte que tengan conocimientos especializados pertinentes considerarán la posibilidad de prestar asistencia técnica a los Estados que sean frecuentemente países de origen o de tránsito de personas que hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo. Los Estados Parte harán todo lo posible por suministrar los recursos necesarios, como vehículos, sistemas de informática y lectores de documentos, para combatir las conductas enunciadas en el artículo 6.

Artículo 15

Otras medidas de prevención

1. Cada Estado Parte adoptará medidas para cerciorarse de poner en marcha programas de información o reforzar los ya existentes a fin de que la opinión pública sea más consciente de que las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo son una actividad delictiva que frecuentemente realizan loa grupos delictivos organizados con fines de lucro y que supone graves riesgos para los migrantes afectados.

2. De conformidad con el artículo 31 de la Convención, los Estados Parte cooperarán en el ámbito de la información pública a fin de impedir que los migrantes potenciales lleguen a ser víctimas de grupos delictivos organizados.

3. Cada Estado Parte promoverá a reforzar, según proceda, los programas y la cooperación para el desarrollo en los planos nacional, regional e internacional, teniendo en cuenta las realidades socioeconómicas de la migración y prestando especial atención a las zonas económica y socialmente deprimidas, a fin de combatir las causas socioeconómicas fundamentales del tráfico ilícito de migrantes, como la pobreza y el subdesarrollo.

Artículo 16

Medidas de protección y asistencia

1. Al aplicar el presente Protocolo, cada Estado Parte adoptará, en consonancia con sus obligaciones emanadas del derecho internacional, todas las medidas apropiadas, incluida la legislación que sea necesaria, a fin de preservar y proteger los derechos de las personas que hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, conforme a las normas aplicables del derecho internacional, en particular el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tortura o a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

2. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para otorgar a los migrantes protección adecuada contra toda violencia que puedan infligirles personas o grupos por el hecho de haber sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.

3. Cada Estado Parte prestará asistencia apropiada a los migrantes cuya vida o seguridad se haya puesto en peligro como consecuencia de haber sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.

4. Al aplicar las disposiciones del presente artículo, los Estados Parte tendrán en cuenta las necesidades especiales de las mujeres y los niños.

5. En el caso de la detención de personas que hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, cada Estado Parte cumplirá las obligaciones contraídas con arreglo a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, cuando proceda, incluida la de informar sin demora a la persona afectada sobre las disposiciones relativas a la notificación del personal consular y a la comunicación con dicho personal.

Artículo 17

Acuerdos y arreglos

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos bilaterales o regionales o arreglos operacionales con miras a:

a) Adoptar las medidas más apropiadas y eficaces para prevenir y combatir las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo; o

b) Contribuir conjuntamente a reforzar las disposiciones del presente Protocolo.

Artículo 18

Repatriación de los migrantes objeto de tráfico ilícito

1. Cada Estado Parte conviene en facilitar y aceptar, sin demora indebida o injustificada, la repatriación de toda persona que haya sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y que sea nacional de ese Estado Parte o tuviese derecho de residencia permanente en su territorio en el momento de la repatriación.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de facilitar y aceptar la repatriación de una persona que haya sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y que, de conformidad con el derecho interno, tuviese derecho de residencia permanente en el territorio de ese Estado Parte en el momento de su entrada en el Estado receptor.

3. A petición del Estado Parte receptor, todo Estado Parte requerido verificará, sin demora indebida o injustificada, si una persona que ha sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo es nacional de ese Estado Parte o tiene derecho de residencia permanente en su territorio.

4. A fin de facilitar la repatriación de toda persona que haya sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y que carezca de la debida documentación, el Estado Parte del que esa persona sea nacional o en cuyo territorio tenga derecho de residencia permanente convendrá en expedir, previa solicitud del Estado Parte receptor, los documentos de viaje o autorización de otro tipo que sean necesarios para que la persona pueda viajar a su territorio y reingresar en él.

5. Cada Estado Parte que intervenga en la repatriación de una persona que haya sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo adoptará todas las medidas que proceda para llevar a cabo la repatriación de manera ordenada y teniendo debidamente en cuenta la seguridad y dignidad de la persona.

6. Los Estados Parte podrán cooperar con las organizaciones internacionales que proceda para aplicar el presente artículo.

7. Las disposiciones del presente artículo no menoscabarán ninguno de los derechos reconocidos a las personas que hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo por el derecho interno del Estado Parte receptor.

8. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a las obligaciones contraídas con arreglo a cualquier otro tratado bilateral o multilateral aplicable o a cualquier otro acuerdo o arreglo operacional que fija, parcial o totalmente, la repatriación de las personas que hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.

IV. Disposiciones finales

Artículo 19

Cláusula de salvaguardia

1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los demás derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas con arreglo al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y la normativa internacional de derechos humanos y, en particular, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el principio de non-refoulement consagrado en dichos instrumentos.

2. Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y aplicarán de forma que no sea discriminatoria para las personas por el hecho de ser objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo. La interpretación y aplicación de esas medidas estarán en consonancia con los principios de no discriminación internacionalmente reconocidos.

Artículo 20

Solución de controversias

1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la negociación.

2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o la aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esas Partes podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.

3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o de la adhesión a él, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 21

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de diciembre de 2002.

2. El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en el presente Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

Artículo 22

Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes de la entrada en vigor de la Convención. A los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización.

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Esta-do u organización haya depositado el instrumento per-tinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, cualquiera que sea la última fecha.

Artículo 23

Enmienda

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del presente Protocolo, los Estados Parte podrán proponer enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en la Convención para que la examinen y decidan al respecto. Los Estados Parte en el presente Protocolo reunidos en la Conferencia de las Partes harán todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte en el presente Protocolo presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen, el suyo, y viceversa.

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte.

4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.

5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 24

Denuncia

1. Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.

2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados miembros.

Artículo 25

Depositario e idiomas

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente Protocolo.

2. El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo.

 

PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCI0N DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

Preámbulo

Los Estados Parte en el presente Protocolo,

Declarando que para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino que incluya medidas para prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas de esa trata, en particular amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos,

Teniendo en cuenta que si bien existe una gran variedad de instrumentos jurídicos internacionales que contienen normas y medidas prácticas para combatir la explotación de las personas, especialmente las mujeres y los niños, no hay ningún instrumento universal que aborde todos los aspectos de la trata de personas,

Preocupados porque de no existir un instrumento de esa naturaleza las personas vulnerables a la trata no estarán suficientemente protegidas.

Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición abierta encargado de elaborar una convención internacional amplia contra la delincuencia transnacional organizada y de examinar la elaboración, entre otras cosas, de un instrumento internacional relativo a la trata de mujeres y de niños.

Convencidos de que para prevenir y combatir ese delito será útil complementar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con un instrumento internacional destinado a prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

Acuerdan lo siguiente:

I. Disposiciones generales

Artículo I

Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención.

2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Protoclo, a menos que en él se disponga otra cosa.

3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo se considerarán delitos tipificados con arreglo a la Convención.

Artículo 2

Finalidad

Los fines del presente Protocolo son:

a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños;

b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos; y

c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines.

Artículo 3

Definiciones

Para los fines del presente Protocolo:

a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del presen-te artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado;

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo;

d) Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años.

Artículo 4

Ambito de aplicación

A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo se aplicará a la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado, así como a la protección de las víctimas de esos delitos.

Artículo 5

Penalización

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las conductas enunciadas en el artículo 3 del presente Protocolo, cuando se cometan intencionalmente.

2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito:

a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo;

b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo; y

c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo.

II. Protección de las víctimas de la trata de personas

Artículo 6

Asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas

1. Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, cada Estado Parte protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de personas, en particular, entre otras cosas, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicha tra-ta.

2. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico o administrativo interno prevea medidas con miras a proporcionar a las víctimas de la trata de personas, cuando proceda:

a) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos pertinentes;

b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se presenten y examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defen-sa.

3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever la recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la trata de personas, incluso, cuando proceda, en cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, y en particular mediante el suministro de:

a) Alojamiento adecuado;

b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de personas puedan comprender;

c) Asistencia médica, sicológica y material; y

d) Oportunidades de empleo, educación y capacitación.

4. Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del presente artículo, la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas de la trata de personas, en particular las necesidades especiales de los niños, incluidos el alojamiento, la educación y el cuidado adecuados.

5. Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de las víctimas de la trata de personas mientras se encuentren en su territorio.

6. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico interno prevea medidas que brinden a las víctimas de la trata de personas la posibilidad de obtener indemnización por los daños sufridos.

Artículo 7

Régimen aplicable a las víctimas de la trata de personas en el Estado receptor

1. Además de adoptar las medidas previstas en el ar-tículo 6 del presente Protocolo, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas de la trata de personas permanecer en su territorio, temporal o permanentemente, cuando proceda.

2. Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1 del presente artículo, cada Estado Parte dará la debida consideración a factores humanitarios y personales.

Artículo 8

Repatriación de las víctimas de la trata de personas

1. El Estado Parte del que sea nacional una víctima de la trata de personas o en el que ésta tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor facilitará y aceptará, sin demora indebida o injustificada, la repatriación de esa persona teniendo debidamente en cuenta su seguridad.

2. Cuando un Estado Parte disponga la repatriación de una víctima de la trata de personas a un Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor, velará por que dicha repatriación se realice teniendo debidamente en cuenta la seguridad de esa persona, así como el estado de cualquier procedimiento legal relacionado con el hecho de que la persona es una víctima de la trata, y preferentemente de forma voluntaria.

3. Cuando lo solicite un Estado Parte receptor, todo Estado Parte requerido verificará, sin demora indebida o injustificada, si la víctima de la trata de personas es uno de sus nacionales o tenía derecho de residencia permanente en su territorio en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor.

4. A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de personas que carezca de la debida documentación, el Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor convendrá en expedir, previa solicitud del Estado Parte receptor, los documentos de viaje o autorización de otro tipo que sean necesarios para que la persona pueda viajar a su territorio y reingresar en él.

5. El presente artículo no afectará a los derechos reconocidos a las víctimas de la trata de personas con arreglo al derecho interno del Estado Parte receptor.

6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier acuerdo o arreglo bilateral o multilateral aplicable que rija, total o parcialmente, la repatriación de las víctimas de la trata de personas.

III. Medidas de prevención, cooperación y otras medidas

Artículo 9

Prevención de la trata de personas

1. Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas de carácter amplio con miras a:

a) Prevenir y combatir la trata de personas; y

b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los niños, contra un nuevo riesgo de victimización.

2. Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como actividades de investigación y campañas de información y difusión, así como iniciativas sociales y económicas, con miras a prevenir y combatir la trata de personas.

3. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de conformidad con el presente artículo incluirán, cuando proceda, la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad civil.

4. Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la cooperación bilateral o multilateral, a fin de mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que hacen a las personas, especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a la trata.

5. Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la cooperación bilateral y multilateral, a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

Artículo 10

Intercambio de información y capacitación

1. Las autoridades de los Estados Parte encargadas de hacer cumplir la ley, así como las autoridades de inmigración u otras autoridades competentes, cooperarán entre sí, según proceda, intercambiando información, de conformidad con su derecho interno, a fin de poder determinar:

a) Si ciertas personas que cruzan o intentan cruzar una frontera internacional con documentos de viaje pertenecientes a terceros o sin documentos de viaje son autores o víctimas de la trata de personas;

b) Los tipos de documento de viaje que ciertas personas han utilizado o intentado utilizar para cruzar una frontera internacional con fines de trata de personas; y

c) Los medios y métodos utilizados por grupos delictivos organizados para los fines de la trata de personas, incluidos la captación y el transporte, las rutas y los vínculos entre personas y grupos involucrados en dicha trata, así como posibles medidas para detectarlos.

2. Los Estados Parte impartirán a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como a los de inmigración y a otros funcionarios pertinentes, capacitación en la prevención de la trata de personas o reforzarán dicha capacitación, según proceda. Esta deberá centrarse en los métodos aplicados para prevenir dicha trata, enjuiciar a los traficantes y proteger los derechos de las víctimas, incluida la protección de las víctimas frente a los traficantes. La capacitación también deberá tener en cuenta la necesidad de considerar los derechos humanos y las cuestiones relativas al niño y a la mujer, así como fomentar la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil.

3. El Estado Parte receptor de dicha información dará cumplimiento a toda solicitud del Estado Parte que la haya facilitado en el sentido de imponer restricciones a su utilización.

Artículo 11

Medidas fronterizas

1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas, los Estados Parte reforzarán, en la medida de lo posible, los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar la trata de personas.

2. Cada Estado Parte adoptará medidas legislativas u otras medidas apropiadas para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios de transporte explotados por transportistas comerciales para la comisión de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo.

3. Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales aplicables se preverá, entre esas medidas, la obligación de los transportistas comerciales, incluidas las empresas de transporte, así como los propietarios o explotadores de cualquier medio de transporte, de cerciorarse de que todos los pasajeros tengan en su poder los documentos de viaje requeridos para entrar en el Estado receptor.

4. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias, de conformidad con su derecho interno, para prever sanciones en caso de incumplimiento de la obligación enunciada en el párrafo 3 del presente artículo.

5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas que permitan, de conformidad con su derecho interno, denegar la entrada o revocar visados a personas implicadas en la comisión de delitos tipificados con arreglo al presente Protocolo.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, los Estados Parte considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control fronterizo, en particular, entre otras medidas, estableciendo y manteniendo conductos de comunicación directos.

Artículo 12

Seguridad y control de los documentos

Cada Estado Parte adoptará, con los medios de que disponga, las medidas que se requieran para:

a) Garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de identidad que expida a fin de que éstos no puedan con facilidad utilizarse indebidamente ni falsificarse o alterarse, reproducirse o expedirse de forma ilícita; y

b) Garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje o de identidad que expida o que se expidan en su nombre e impedir la creación, expedición y utilización ilícitas de dichos documentos.

Artículo 13

Legitimidad y validez de los documentos

Cuando lo solicite otro Estado Parte, cada Estado Parte verificará, de conformidad con su derecho interno y dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente expedidos en su nombre y sospechosos de ser utilizados para la trata de personas.

IV. Disposiciones finales

Artículo 14

Cláusula de salvaguardia

1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas con arreglo al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y la normativa internacional de derechos humanos y, en particular, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el principio de non-refoulement consagrado en dichos instrumentos.

2. Las medidas previstas en el presente Protocolo se intepretarán y aplicarán de forma que no sea discriminatoria, para las personas por el hecho de ser víctimas de la trata de personas. La interpretación y aplicación de esas medidas estarán en consonancia con los prinpicios de no discriminación internacionalmente reconocidos.

Artículo 15

Solución de controversias

1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la negociación.

2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o la aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Cor-te.

3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o adhesión a él, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 16

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de diciembre de 2002.

2. El presente Protocolo también estará abierto a la fir-ma de las organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

4. El presente Protocolo está abierto a la adhesión de todos los Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en el presente Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

Artículo 17

Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes de la entrada en vigor de la Convención. A los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización.

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Esta-do u organización haya depositado el instrumento perti-nente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, cualquiera que sea la última fecha.

Artículo 18

Enmienda

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del presente Protocolo, los Estados Parte en el Protocolo podrán proponer enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en la Convención para que la examinen y decidan al respecto. Los Estados Parte en el presente Protocolo reunidos en la Conferencia de las Partes harán todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte en el presente Protocolo presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte.

4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.

5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 19

Denuncia

1. Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.

2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados miembros.

Artículo 20

Depositario e idiomas

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente Protocolo.

2. El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Esta Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire adoptados el 15 de noviembre de 2000 en la ciudad de Nueva York, ha sido aprobada por la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado por unanimidad y se recomienda al Cuerpo su aprobación.

Brevemente -dado que hay un extenso informe escrito que acompaña al proyecto de ley correspondiente del Poder Ejecutivo-, debemos decir que en la Exposición de Motivos el Poder Ejecutivo expresa que la Convención trata de la lucha contra la delincuencia organizada en general y alguna de las grandes actividades en la que se encuentra involucrada comúnmente la delincuencia organizada transnacional, tal como lavado de dinero, corrupción y obstrucción de investigaciones o procesos. Se trata de un instrumento vinculante que obliga a los Estados que lo ratifican a adoptar una serie de medidas contra la delincuencia organizada transnacional. Estas incluyen la creación de delitos en la legislación interna para combatir el problema, la adopción de nuevos marcos para cooperación jurídica mutua, la extradición, la cooperación en el cumplimiento de la ley, la asistencia técnica y la capacitación. Los Estados Partes podrán confiarse mutuamente la investigación y castigo de los delitos cometidos por grupos criminales organizados si los delitos o los grupos que los cometen tienen algún elemento transnacional.

Respecto de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, corresponde informar al Senado que la Convención tiene 41 artículos, estableciendo que el artículo 1º de la misma tiene como finalidad promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. En cuanto al ámbito de aplicación, el artículo 3º prevé que a menos que haya una disposición en contrario, la Convención se aplica a la prevención, investigación y el enjuiciamiento de los delitos tipificados en los artículos 5º, participación en grupo delictivo organizado, 6º, blanqueo del producto del delito, 8º, corrupción, y 23, obstrucción de la justicia; y después están los delitos graves que se definen en el artículo 2º, esto es, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de grupos delictivos organizados.

Por su parte, el artículo 4º contiene normas sobre la protección de la soberanía, consagrando el principio de que los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

La Convención prevé medidas contra el blanqueo de dinero y la corrupción. En tal sentido, de acuerdo al artículo 7º, los Estados Parte se obligan a establecer un régimen interno amplio de reglamentación y supervisión de los Bancos e Instituciones financieras no bancarias y de otros órganos que se encuentren en su jurisdicción.

En lo referente a la jurisdicción, corresponde expresar que de acuerdo a lo previsto por el artículo 15 de la Convención, cada Estado Parte deberá adoptar las medidas necesarias para establecer su jurisdicción con respecto a los delitos de participación en un grupo delictivo organizado, blanqueo de dinero, corrupción y obstrucción de la Justicia, en caso de que el delito se cometa en su territorio o abordo de un buque que enarbole su pabellón o de alguna aeronave registrada según sus leyes al tiempo de la comisión del delito.

En cuanto a la extradición, el artículo 16 dispone que para que proceda la extradición en el ámbito de la Convención, se requiere que se trate de conductas incluidas como delito en las mismas o que tratándose de los delitos previstos en el párrafo primero del artículo 3º, el mismo implique la participación de un grupo delictivo organizado.

Además, se establece otro tipo de requisitos, como el de que la persona que es objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el Estado Parte requerido.

En lo que se refiere al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, debemos informar que el Preámbulo del Primer Protocolo Anexo a la Convención, se refiere a la necesidad de adoptar un enfoque amplio e internacional tanto en los países de origen, como en los de tránsito y destino, para prevenir y combatir en forma eficaz la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

En el artículo 2º se definen dos fines principales, que son la prevención y combate de la trata de personas con particular atención de las mujeres y los niños y la protección y ayuda a las víctimas de la trata de personas. El Protocolo no solo tipifica delitos, sino que además contiene disposiciones relativas al establecimiento de medidas de cooperación, de control contra los traficantes y de protección de asistencia a las víctimas.

El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire se refiere al problema de los grupos criminales organizados que trafican con migrantes, a menudo con un alto riesgo para estos y un gran provecho de los delincuentes. En tal sentido, el Preámbulo del Protocolo declara que la prevención y el combate eficaz del tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire requiere un enfoque amplio e internacional, que implique la cooperación, el intercambio de información y la adopción de otras medidas apropiadas, incluyendo las de carácter socio económico a nivel nacional, regional e internacional.

Más adelante encontramos algunas disposiciones comunes que, tal como lo expresamos oportunamente, han sido ampliamente informadas por parte de la Comisión de Asuntos Internacionales, que recomienda la aprobación de este proyecto de ley.

Es cuanto teníamos que informar al Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Apruébase la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Complementarios para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños y contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, adoptados el 15 de noviembre de 2000 en la ciudad de Nueva York, en oportunidad de celebrarse el 55º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

19) JUAN JORGE LLADO WILKINS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se designa a la Escuela Rural Nº 34 del departamento de Durazno, con el nombre de Juan Jorge Lladó Wilkins (Carp. Nº 1206 - Rep. Nº 765)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1206/03

Rep. Nº 765/03

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Juan Jorge Lladó Wilkins" la Escuela Rural Nº 34 del departamento de Durazno, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 10 de setiembre de 2003.

Jorge Chápper Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico: Desígnase ‘Juan Jorge Lladó Wilkins’ la Escuela Rural Nº 34 del departamento de Durazno, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública)."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

20) VAIMACA PERU

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se designa con el nombre de ‘Vaimaca Perú’ a la Escuela Nº 29 de Villa María (Tiatucura), departamento de Paysandú. (Carp. Nº 1101 - Rep. Nº 763)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1101/03

Rep. Nº 763/03

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Vaimaca Perú" la Escuela Nº 29 de Villa María (Tiatucura), departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 24 de junio de 2003.

Jorge Chápper Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: quiero decir que estamos considerando una iniciativa aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes y presentada por los Diputados Obispo, Mello y Molinelli quienes proponen, por iniciativa de los propios alumnos de la Escuela Nº 29 de Villa María, la designación de ese centro de enseñanza con el nombre de Vaimaca Perú. A mi juicio, esta instancia significa dar respuesta a una vieja solicitud que, como dije, nace básicamente en la inquietud de los jóvenes alumnos de esa escuela.

En consecuencia, la Comisión de Educación y Cultura propone que el Cuerpo la haga suya y dé sanción definitiva a este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Desígnase ‘Vaimaca Perú’ la Escuela Nº 29 de Villa María (Tiatucura), departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública)."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

21) CLEMENTE LUCRECIO FUNES MOLINA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el último asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se designa con el nombre de ‘Clemente Lucrecio Funes Molina’ a la Escuela Rural Nº 31 del departamento de Rocha. (Carp. Nº 1205 - Rep. Nº 764)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1205/03

Rep. Nº 764/03

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Clemente Lucrecio Funes Molina" la Escuela Rural Nº 31 del departamento de Rocha, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 10 de setiembre de 2003.

Jorge Chápper Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Desígnase ‘Clemente Lucrecio Funes Molina’ la Escuela Rural Nº 31 del departamento de Rocha, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública)."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

22) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiéndose agotado el Orden del Día, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 17 y 39 minutos, presidiendo el señor Luis Hierro López y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Brause, Cid, Correa Freitas, Gargano, Heber, Korzeniak, Mujica, Núñez, Pereyra, Rubio, Sanabria, Singer, Virgili y Xavier.)

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretarios

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.