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Nº 312 - TOMO 420 - 23 DE DICIEMBRE DE 2003

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO EXTRAORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

70ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Levantamiento del receso

- Por moción de varios señores Senadores, el Senado resuelve levantar el receso y celebrar sesión extraordinaria en el día de la fecha.

4) Señor Presidente de la República Doctor Jorge Batlle Ibáñez. Solicitud de autorización para ausentarse del territorio nacional

- Notas del señor Presidente de la República solicitando la autorización prevista en el artículo 170 de la Constitución de la República para ausentarse del territorio nacional.

- Concedida.

5) Asuntos entrados

6) Proyecto presentado

- El señor Senador Goiriena presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre "Maestra María Teresa Macri" la Escuela Nº 49 del departamento de Paysandú.

7) Pedido de informes

- El señor Senador Larrañaga solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Instituto Nacional de Carnes y a la Dirección General Impositiva relacionado con una publicación de un matutino so-bre la situación del frigorífico ONTILCOR S.A.

- Oportunamente fue tramitado.

 8) Creación de Bancada parlamentaria

- Nota del señor Senador Couriel.

9 y 25) Código General del Proceso

- Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 279 (costas y costos de la casación).

- Por moción de varios señores Senadores, el Senado resuelve incorporar este tema en el Orden del Día de la presente sesión.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

10) Código de la Niñez y la Adolescencia. Postergación

- Por moción del señor Senador Correa Freitas, el Senado resuelve postergar la consideración de este tema.

11) Numerales segundo y tercero del Orden del Día. Postergación

- Por moción del señor Senador Sanabria, el Senado resuelve postergar momentáneamente la consideración de estos puntos.

12) Seguro para el Control de la Brucelosis

- Proyecto de ley por el que se procede a su creación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

13) Aporte patronal jubilatorio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias

- Proyecto de ley por el que se procede al aumento del porcentaje de la alícuota y se sustituye el artículo 60 de la Ley Nº 17.613.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

14) Transferencia de la titularidad de inmuebles y sus instalaciones por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a sus actuales tenedores con título habilitante

- Proyecto de ley por el que se dictan normas al respecto.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

15) Asignación familiar

- Proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a extender el beneficio a quienes actualmente no lo perciban.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16) Solicitudes de Venia del Poder Ejecutivo para designar Presidentes, Vicepresidentes y Directores de distintos organismos públicos y para conferir ascenso al Grado de Contraalmirante a un señor Capitán de Navío, al Grado de Brigadier General a dos señores Coroneles Aviadores y al Grado de General a dos señores Coroneles

- El Senado, en sesión secreta, resolvió aplazar la consideración de las solicitudes de venia para conceder ascensos de Contraalmirante, Brigadier General y General, a los efectos de que la Comisión Permanente tome jurisdicción sobre ellos.

- Asimismo, resolvió conceder venia al Poder Ejecutivo para designar en calidad de Directores del Banco Hipotecario del Uruguay al señor Gustavo Rodolfo Delgado y al doctor César Eugenio Ausqui Echave; en calidad de Presidente de la Administración Nacional de Correos, al señor Winston Elutchanz Bertullo, como Vicepresidente, al señor Julio César Hernández Pérez y como Director al señor Carlos Enrique Manzor Ceriani; en calidad de Director del Banco de Seguros del Estado, al doctor Huber Díaz; en calidad de Director de Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea, al doctor Nicolás Storace Montes; en calidad de Presidente de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, al ingeniero Carlos Rodríguez Landoni y como Director, al señor Tomás Castro Batista; en calidad de Presidente del Instituto Nacional del Menor, al doctor Fernando Javier Repetto Avilés, como Vicepresidenta, a la señora Graciela Rompani de Pacheco Areco, y como Directora, a la doctora Stella Luz López Beltrán; en calidad de miembro integrante del Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, al profesor Washington Martínez D’Alessandro; y en calidad de Director de la Administración de Ferrocarriles del Estado, al señor Miguel Angel Adrover Banega.

 17) Sesiones extraordinarias

- Manifestaciones del señor Senador Millor y del señor Presidente.

18) Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, suscrito en la ciudad de Estocolmo, Suecia, el 22 de mayo de 2001

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

- Por moción del señor Senador Singer, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, Relaciones Exteriores y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

19) Feria Artesanal de Punta del Este

- Proyecto de ley por el que se la declara de interés nacional, cultural y turístico.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

20) Evento "Maldonado: Fiesta del Mar"

- Proyecto de ley por el que se la declara de interés nacional y turístico.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

21) Estación de cría de fauna autóctona del Cerro Pan de Azúcar

- Proyecto de ley por el que se la declara patrimonio de la nación, monumento natural, sitio de protección y de interés turístico.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

22) Acuerdo de Creación de la Organización Internacional de la Viña y el Vino

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

23) Suspensión de la sesión extraordinaria prevista para la hora 18

- El Senado resuelve dejar sin efecto la sesión extraordinaria convocada para la hora 18 del día de hoy.

24 y 26) Fondo Nacional de Música

- Proyecto de ley por el que se modifican los artículos 3º y 7º de la Ley Nº 16.624.

- Por moción del señor Senador Astori, el Senado resuelve incorporar este tema en el Orden del Día de la presente sesión.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

27) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 22 de diciembre de 2003.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo martes 23, a la hora 15, a solicitud de varios señores Senadores, a fin de hacer cesar el receso y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) Por el que se aprueba el Código de la Niñez y la Adolescencia

Carp. Nº 697/03 - Rep. Nº 745/03 y Anexo I

2º) Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando venias para designar:

- en calidad de Director del Banco Hipotecario del Uruguay al señor Gustavo Rodolfo Delgado.

Carp. Nº 1251/03 - Rep. Nº 724/03

- en calidad de Director del Banco Hipotecario del Uruguay, al doctor César Eugenio Ausqui Echave.

Carp. Nº 1275/03 - Rep. Nº 735/03

- en calidad de Presidente de la Administración Nacional de Correos, al señor Winston Elutchanz Bertullo.

Carp. Nº 1272/03- Rep. Nº 732/03

- en calidad de Vicepresidente de la Administración Nacional de Correos, al señor Julio César Hernández Pérez.

Carp. Nº 1273/03 - Rep. Nº 733/03

- en calidad de Director de la Administración Nacional de Correos al señor Carlos Enrique Manzor Ceriani.

Carp. Nº 1274/03 - Rep. Nº 734/03

- en calidad de Director del Banco de Seguros del Estado, al doctor Huber Díaz.

Carp. Nº 1280/03 - Rep. Nº 740/03

- en calidad de Director de Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea, al doctor Nicolás Storace Montes.

Carp. Nº 1279/03 - Rep. Nº 739/03

- en calidad de Presidente de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, al ingeniero Carlos Rodríguez Landoni.

Carp. Nº 1282/03 - Rep. Nº 742/03

- en calidad de Director de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, al señor Tomás Castro Batista.

Carp. Nº 1281/03 - Rep. Nº 741/03

- en calidad de Presidente del Instituto Nacional del Menor, al doctor Fernando Javier Repetto Avilés.

Carp. Nº 1276/03 - Rep. Nº 736/03

- en calidad de Vicepresidenta del Instituto Nacional del Menor, a la señora Graciela Rompani de Pacheco Areco.

Carp. Nº 1277/03 - Rep. Nº 737/03

- en calidad de Directora del Instituto Nacional del Menor, a la doctora Stella Luz López Beltrán.

Carp. Nº 1278/03 - Rep. Nº 738/03

- en calidad de miembro integrante del Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, al profesor Washington Martínez D'Alessandro.

Carp. Nº 1279/03 - Rep. Nº 739/03

- en calidad de Director de la Administración de Ferrocarriles del Estado al señor Miguel Angel Adrover Banega.

Carp. Nº 1317/03 - Rep. Nº 747/03

3º) Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando venia para conferir los siguientes ascensos:

- Al grado de Contraalmirante, al señor Capitán de Navío (CG) Hugo Viglietti.

Carp. Nº 1318/03 - Rep. Nº 759/03

- Al grado de Brigadier General a los señores Coroneles (Av) don José R. Bonilla y don José L. Vilardo.

Carp. Nº 1319/03 - Rep. Nº 760/03

- Al grado de General a los señores Coroneles don Dardo E. Rossi y don Juan J. Giorello.

Carp. Nº 1320/03 - Rep. Nº 761/03

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

4º) Por el que se crea el Seguro para el Control de la Brucelosis

Carp. Nº 1286/03 - Rep. Nº 748/03

5º) Por el que por el que se sustituye el artículo 60 del la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002, referido al aumento del porcentaje de la alícuota de aporte patronal jubilatorio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

Carp. Nº 1293/03 - Rep. Nº 749/03

6º) Por el que se establecen normas referidas a la transferencia de la titularidad de inmuebles e instalaciones en ellos asentadas, por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a sus actuales tenedores con título habilitante.

Carp. Nº 1294/03 - Rep. Nº 750/03

7º) Por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a extender laprestación de la Asignación Familiar a todos los hogares con ingresos de cualquier naturaleza inferiores a tres salarios mínimos nacionales no comprendidos en los alcances del Decreto-Ley Nº 15.084 de 28 de noviembre de 1980 y Ley Nº 17.139 de 16 de julio de 1999.

Carp. Nº 1316/03 - Rep. Nº 751/03

8º) Por el que se aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, suscrito en la ciudad de Estocolmo del Reino de Suecia, el 22 de mayo de 2001.

Carp. Nº 1191/03 - Rep. Nº 752/03

9º) Por el que se declara de interés nacional, cultural y turístico la Feria Artesanal de Punta del Este.

Carp. Nº 1310/03 - Rep. Nº 755/03

10) Por el que se declara de interés nacional y turístico la realización del evento "Maldonado: Fiesta del Mar".

Carp. Nº 1302/03 - Rep. Nº 756/03

11) Por el que se declara patrimonio de la nación, monumento natural, sitio de protección y de interés turístico a la Estación de Cría de Fauna Autóctona del Cerro Pan de Azúcar, departamento de Maldonado.

Carp. Nº 1311/03 - Rep. Nº 757/03

12) Por el que se aprueba el Acuerdo que crea la Organización Internacional de la Viña y el Vino y sus Anexos.

Carp. Nº 1308/03 - Rep. Nº 758/03

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario.

Montevideo, 22 de diciembre de 2003.

Señor Presidente del Senado,

Luis Hierro López

Los Senadores abajo firmantes solicitamos se convoque al Senado a sesión extraordinaria para el día martes 23 de diciembre, a la hora 14, a fin de hacer cesar el receso y considerar los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Código de la Niñez y la Adolescencia

- Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando venias para designar:

- en calidad de Director del Banco Hipotecario del Uruguay al señor Gustavo Rodolfo Delgado.

- en calidad de Director del Banco Hipotecario del Uruguay, al doctor César Eugenio Ausqui Echave.

- en calidad de Presidente de la Administración Nacional de Correos, al señor Winston Elutchanz Bertullo.

- en calidad de Vicepresidente de la Administración Nacional de Correos, al señor Julio César Hernández Pérez.

- en calidad de Director de la Administración Nacional de Correos al señor Carlos Enrique Manzor Ceriani.

- en calidad de Director del Banco de Seguros del Estado, al doctor Huber Díaz.

- en calidad de Director de Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea, al doctor Nicolás Storace Montes.

- en calidad de Presidente de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, al ingeniero Carlos Rodríguez Landoni.

- en calidad de Director de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, al señor Tomás Castro Batista.

- en calidad de Presidente del Instituto Nacional del Menor, al doctor Fernando Javier Repetto Avilés.

- en calidad de Vicepresidente del Instituto Nacional del Menor, a la señora Graciela Rompani de Pacheco Areco.

- en calidad de Directora del Instituto Nacional del Menor, a la doctora Stella Luz López Beltrán.

- en calidad de miembro integrante del Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, al profesor Washington Martínez D'Alessandro.

- en calidad de Director de la Administración de Ferrocarriles del Estado al señor Miguel Ángel Adrover Banega.

Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando venia para conferir los siguientes ascensos:

- Al grado de Contraalmirante, al señor Capitán de Navío (CG) Hugo Viglietti.

- Al grado de Brigadier General a los señores Coroneles (Av) don José R. Bonilla y don José L. Vilardo.

- Al grado de General a los señores Coroneles don Dardo E. Rossi y don Juan J. Giorello.

- por el que se crea el seguro para el control de la brucelosis

- por el que por el que se sustituye el artículo 60 del la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002, referido al aumento del porcentaje de la alícuota de aporte patronal jubilatorio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

- por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a extender la prestación de la Asignación Familiar a todos los hogares con ingresos de cualquier naturaleza inferiores a tres salarios mínimos nacionales no comprendidos en los alcances del Decreto-Ley Nº 15.084 de 28 de noviembre de 1980 y Ley Nº 17.139 de 16 de julio de 1999.

- por el que se establecen normas referidas a la transferencia de la titularidad de inmuebles e instalaciones en ellos asentadas, por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a sus actuales tenedores con título habilitante.

- por el que se aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, suscrito en la ciudad de Estocolmo del Reino de Suecia.

- por el que se declara patrimonio de la nación, monumento natural, sitio de protección y de interés turístico a la Estación de cría de fauna autóctona del Cerro Pan de Azúcar, departamento de Maldonado.

- por el que se aprueba el Acuerdo de Creación de la Organización Internacional de la Viña y el Vino y sus Anexos. Aprobación.

- por el que se establece un seguro obligatorio de responsabilidad civil por daños corporales causados a terceros por determinados vehículos de circulación terrestre y maquinarias.

- por el que se declara de interés nacional, cultural y turístico la Feria Artesanal de Punta del Este

- por el que se declara de interés nacional y turístico la realización del evento "Maldonado: Fiesta del Mar".

- por el que se establecen normas para la protección de los archivos fílmicos existentes en el país.

Saludamos a usted muy atentamente.

Guillermo García Costa, Francisco Gallinal, Alberto Cid, José Korzeniak, Mónica Xavier, Walter Riesgo, Ruben Correa Freitas. Senadores."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Brause, Cid, Correa Freitas, Couriel, De Boismenu, Fernández Huidobro, Gallinal, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Herrera, Korzeniak, Larrañaga, Michelini, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Pou, Riesgo, Rubio, Sanabria, Scarpa, Singer y Xavier.

FALTA: con licencia, el señor Senador Virgili.

3) LEVANTAMIENTO DEL RECESO

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierto el acto.

(Es la hora 15 y 13 minutos)

- Se va a votar si se desea celebrar sesión.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD

Habiendo número, está abierta la sesión

4) SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOCTOR JORGE BATLLE IBÁÑEZ. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de dos solicitudes del señor Presidente de la República.

(Se da de las siguientes:)

El señor Presidente de la República solicita la autorización prescrita por el artículo 170 de la Constitución de la República, para ausentarse del país por más de cuarenta y ocho horas a partir del 11 de enero de 2004 y el 31 de enero de 2004, con motivo de asistir a la Reunión Extraordinaria de la Cumbre de las Américas, en la ciudad de Monterrey, Estados Unidos Mexicanos, y realizar una visita en virtud de la invitación cursada por el Gobierno del Reino de España, respectivamente."

- Léanse.

(Se leen:)

"Montevideo, 18 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Presente

Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente a los efectos de solicitar la autorización prescrita por el artículo 170 de la Constitución de la República, en virtud de que me ausentaré del territorio nacional por más de cuarenta y ocho horas a partir del 11 de enero de 2004, a fin de asistir a la Reunión Extraordinaria de la Cumbre de las Américas, en la ciudad de Monterrey, Estados Unidos Mexicanos.

Saludo al señor Presidente con mi más alta consideración,

Jorge Batlle Ibáñez

Presidente de la República.

Montevideo, 18 de diciembre de 2003

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Presente

Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente a los efectos de solicitar la autorización prescrita por el artículo 170 de la Constitución de la República, en virtud de que me ausentaré del territorio nacional por más de cuarenta y ocho horas a partir del 31 de enero de 2004 para realizar una visita oficial en virtud de la invitación cursada por el Gobierno del Reino de España.

Saludo al señor Presidente con mi más alta consideración

Jorge Batlle Ibáñez

Presidente de la República."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar las solicitudes formuladas.

(Se votan:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD

5) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo, al que acompaña un proyecto de ley por el que se aprueba el Memorándum de Entendimiento suscrito entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el gobierno de la República Italiana, en relación a la concesión de un crédito de ayuda para el Sistema Sanitario Público.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

El Poder Ejecutivo remite varios mensajes:

- solicitando venia para designar como miembro integrante del Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland al Profesor Washington Martínez D'Alessandro.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

- comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se declara el 10 de diciembre de cada año "Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos", en conmemoración de su aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

- por el que se establece que la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas realizará anualmente un sorteo especial de lotería a total beneficio de la Fundación Peluffo-Giguens.

- por el que se concede una pensión graciable al profesor Nelson Di Maggio.

- y por el que se reglamenta la profesión de geólogo.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería remite:

- la información solicitada por el señor Senador Reinaldo Gargano relacionada a la realización por parte de ANCAP de exportaciones de cemento a la República Federativa del Brasil

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR REINALDO GARGANO.

- y, de conformidad con lo resuelto por el Senado en sesión de 10 de julio de 2003, fotocopia de los Estados Contables al 30 de setiembre de Petrolera del Conosur S.A. y Sol Petróleo S.A.

- REPARTASE.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- referido a la transferencia de la titularidad de inmuebles e instalaciones en ellos asentadas, por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a sus actuales tenedores legítimos con título habilitante.

- A LA COMISION DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA.

- por el que se modifica el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 14.407 referido a la incompatibilidad del subsidio por enfermedad con otras prestaciones o retribuciones.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito el 30 de octubre de 1996, en la ciudad de México.

- por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Turística entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Dominicana, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 21 de agosto de 2001.

- por el que se aprueba el Convenio de Transporte por Agua entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, suscrito en la ciudad de Montevideo, el día 14 de octubre de 1994.

- por el que se aprueba el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del MERCOSUR, suscrito en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el 23 de julio de 1998.

- por el que se aprueba el Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en Montevideo el 30 de junio de 1999.

- por el que se aprueba el Acuerdo que crea la Organización Internacional de la Viña y el Vino y sus Anexos.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- por el que se establece que la información que las empresas comprendidas en los artículos 1ro. y 2do. del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, posean de sus clientes relativa a préstamos, créditos, hipotecas, prendas, avales o garantías u otras obligaciones, no está amparada por lo dispuesto por el artículos 25 del referido Decreto-Ley.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

- por el que se declara de interés nacional y turístico la realización del evento "Maldonado: Fiesta del Mar", a realizarse en el mes de diciembre de cada año en el departamento de Maldonado.

- A LA COMISION DE INDUSTRIA Y ENERGIA.

- por el que se declara el día 9 de junio como fecha de conmemoración de la existencia del centro poblado Los Talas, del departamento de Maldonado.

- A LA COMISION DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

- por el que se tipifican figuras penales relativas a la violencia sexual comercial o no comercial cometida contra menores de edad o personas mayores de edad incapaces.

- por el que se prohíbe la realización de estudios sobre los restos mortales del Cacique Vaimaca Perú.

- por el que se establece un seguro obligatorio de responsabilidad civil por daños corporales causados a terceros por determinados vehículos de circulación terrestre.

- y por el que se declara patrimonio de la nación, monumento natural, sitio de protección y de interés turístico la Estación de Cría de Fauna Autóctona del Cerro Pan de Azúcar, del departamento de Maldona-do.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- Por el que se establecen normas para la protección de los archivos fílmicos existentes en el país.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- Por el que se declara de interés nacional, cultural y turístico la Feria Artesanal de Punta del Este.

- A LA COMISION DE INDUSTRIA Y ENERGIA.

- Y comunica que ha sancionado los siguientes proyectos de ley:

- por el que establece "Día de la Antártida" el 7 de octubre de cada año.

- por el que se aprueban las Actas del XXII Congreso de la Unión Postal Universal (UPU) y las Actas, Resoluciones y Recomendaciones del XVIII Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), celebrado en Panamá, en setiembre de 2000.

- por el que se aprueba la adhesión de la República Oriental del Uruguay a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, suscrita en la ciudad de Nueva York, el 28 de setiembre de 1954.

- Por el que se aprueba en todas sus partes, el Convenio Marco celebrado entre el Gobierno de la Federación de Rusia y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, el 22 de octubre de 2002, que tiene por objeto establecer la coope-ración técnico-militar a desarrollar en diversas áreas.

- Por el que se aprueba la Convención relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, adoptada en el marco de la UNESCO, suscrita en París, el 14 de diciembre de 1960.

- Por el que se designa "Dr. Mario Carminatti" la Escuela Nº 60 de la ciudad de Fray Bentos, del departamento de Río Negro.

- Por el que se modifica el artículo 154 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, referido a obras nacionales o binacionales, o por convenios nacionales o internacionales, dentro de las aguas jurisdiccionales o territoriales de la República.

- Y por el que se aprobó el Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual, aprobado en Buenos Aires, el 6 de abril de 1994.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

La Comisión de Hacienda presenta la iniciativa relacionada con el proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a extender la prestación de la Asignación Familiar a todos los hogares con ingresos de cualquier naturaleza inferiores a tres salarios mínimos nacionales no comprendidos en los alcances del Decreto-Ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980, y Ley Nº. 17.139, de 16 de julio de 1999.

- A SOLICITUD DE VARIOS SEÑORES LEGISLADORES SE INCLUYE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- Por el que se designa "Vaimaca Perú" la Escuela Nº 29 de Villa María (Triatucura), departamento de Paysandú.

- Por el que se designa "Clemente Lucrecio Funes Molina" la Escuela Rural Nº 31 del departamento de Rocha.

- Y por el que se designa "Juan Jorge Lladó Wilkins" la Escuela Rural Nº 34 del departamento de Durazno.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informado el proyecto de ley por el que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres, niños y contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, adoptados el 15 de noviembre de 2000 en la ciudad de Nueva York.

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca eleva informado el proyecto de ley por el que se crea el Seguro para el Control de la Brucelosis.

La Comisión de Salud Pública eleva a consideración del Senado el proyecto de ley por el que se establecen normas para la defensa de la salud reproductiva.

- REPARTANSE E INCLUYANSE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA."

6) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Felipe Goiriena presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre de "Maestra María Teresa Macri" la Escuela Nº 49 del departamento de Paysandú, ubicada en la localidad de Piedra Sola."

(Texto del proyecto presentado: )

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley tiene por objeto homenajear a la Maestra María Teresa Macri Scali, abnegada directora rural, designando con su nombre la Escuela Nº 49 de Paysandú, ubicada en la localidad de Piedra Sola, donde desarrolló su actividad docente.

María Teresa Macri nació el 26 de agosto del año 1904. Tras cursar estudios de Magisterio ocupó el cargo de Directora Rural en la mencionada escuela, en el mes de abril de 1931; en ese entonces era la única maestra de esta escuela.

Fue hija de un matrimonio de inmigrantes italianos, Carmelo Macri y Anunciatta Scali. Este matrimonio tuvo 8 hijos de los cuales sobrevivieron solamente 5: además de la mencionada María Teresa, sus hermanos José, Felipe, Carmelo y Rosa.

María Teresa Macri se casó con Antonio Ma. Otegui Tellechea, pequeño productor de la zona, con quien conformó una apreciada y numerosa familia, ya que el matrimonio tuvo siete hijos. Su actividad docente se prolongó por más de dos décadas hasta su retiro a fines del año 1953, dejando un recuerdo imborrable en sus numerosos alumnos, que fueron prácticamente la totalidad de los niños y jóvenes de la zona.

El presente proyecto de ley es un pequeño homenaje a uno de esos grandes personajes anónimos de la vida nacional; a una ejemplar maestra rural que, como muchas otras, han aportado su esfuerzo y dedicación a la educación nacional, movidas fundamentalmente por su impulso vocacional y el amor a los niños.

Dr. Felipe Y. Goiriena, Senador.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase con el nombre de "Maestra María Teresa Macri" la Escuela Nº 49 del departamento de Paysandú, ubicada en la localidad de Piedra Sola.

Dr. Felipe Y. Goiriena, Senador."

7) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución, el señor Senador Jorge Larrañaga solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Instituto Nacional de Carnes y a la Dirección General Impositiva relacionado con una publicación de un matutino sobre la situación del Frigorífico ONTILCOR S.A."

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

"Montevideo, 16 de diciembre de 2003.

Señor Presidente del Senado

Prof. Luis Hierro López.

Presente

PEDIDO DE INFORMES SOBRE EL FRIGORIFICO ONTILCOR S.A.

De acuerdo a los poderes que me confiere el Art. 118 de la Constitución de la República, solicito a usted, eleve el siguiente Pedido de Informes al Instituto Nacional de Carnes.

HECHOS

1. Según surge de una publicación de "Ultimas Noticias" de fecha 25.10.2003, una Resolución del MGAP desestimó una solicitud del INAC de sancionar al Frigorífico ONTILCOR por "evasión de impuestos a la carne".

2. Según la misma fuente, fue realizado un estudio por las Direcciones de Finanzas y Contabilidad e Investigación Económica y Contralor de Mercado Interno de INAC sobre las declaraciones presentadas por la expresada firma en un período comprendido entre febrero de 2001 a julio de 2002 y noviembre de 2002, surgiendo del mismo una diferencia estimada en 8 millones de kilos de carne.

3. Aclarando el significado de esta cifra, según la misma fuente periodística, si la evasión detectada fue de 8 millones de kilos de carne a 1000 USD la tonelada, "estamos hablando de 8 millones de dólares o el equivalente a 35 a 40.000 reses gordas, sin contar las menudencias".

4. Constatada esa diferencia, el INAC decidió aplicar una multa de 10.000 UR (78.000 USD aprox.), lo que constituía una multa más, dado que la misma empresa había sido sancionada por el mismo organismo, por hechos similares, con anterioridad.

5. Aparentemente, frente a un hecho de esta magnitud, el INAC así como el MGAP han manifestado opiniones contrapuestas, dado que mientras el INAC solicitaba la suspensión de actividades de la planta por un término de 90 días (Resolución S-03/002 referente al Acta Nº 10028 del 6 de junio de 2003), el MGAP desestimaba la medida, argumentando que la planta en cuestión intervenía en el abasto y la exportación, y por tanto, no resultaba "conveniente" acoger la propuesta del INAC, en la actual coyuntura.

6. En efecto, la Resolución 101/11595/2003 del MGAP, de fecha 2 de setiembre de 2003, que ha sido publicada en la prensa, resolvió "no hacer lugar" a la propuesta del INAC, frente a un hecho que, como varios industriales consultados dijeron molestos "es una medida muy peligrosa porque deja abierta la puerta a que otras empresas se vean tentadas a realizar la misma maniobra", sin duda, fraudulentamente tan beneficiosa para ONTILCOR.

7. La expresada Resolución del INAC dispuso, complementariamente, poner en conocimiento de estos hechos a la Dirección General Impositiva.

FUNDAMENTOS

1. Resoluciones de INAC y de MGAP.

2. Publicaciones de prensa aludidas.

De acuerdo a los hechos de pública notoriedad y a versiones de prensa publicadas en fecha 25.10.2003 en el diario "Ultimas Noticias", referente a "infracciones" cometidas por la empresa ONTILCOR, solicitamos a Usted por la presente tenga a bien informarnos sobre lo siguiente:

1. Antecedentes que llevaron a la adopción de las Resoluciones S-03/002 referente al Acta Nº 10.028 del 6 de junio de 2003 y S-03/0009 de fecha 28 de febrero de 2003.

2. Otras actuaciones que pudieran haberse dado, de parte del organismo a su cargo, referentes al tema expresado.

3. Nómina de empresas que motivaran, de parte del INAC, solicitud de suspensión de actividades ante el MGAP, en los últimos diez años. En este punto se interesa conocer las resoluciones que dieron lugar a dichas solicitudes así como los antecedentes que llevaron a las mismas.

4. Interesa saber si el Instituto Nacional de Carnes procedió, en virtud de las denuncias realizadas e infracciones constatadas por el propio INAC, la DGI y el Ministerio de Ganadería, a formular la denuncia penal correspondiente a la empresa ONTILCOR S.A. o en su caso a los representantes legales de la misma.

Dr. Jorge Larrañaga, Senador."

8) CREACION DE BANCADA PARLAMENTARIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto relacionado con la integración del Cuerpo.

(Se da del siguiente:)

"Montevideo, 23 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la Cámara de Senadores

Luis Hierro López

De mi mayor consideración:

Por la presente, deseo comunicar por su intermedio a la Cámara que usted preside la creación de un sector independiente dentro del Encuentro Progresista-Frente Amplio y cúmpleme expresar la voluntad de que dicho sector sea considerado sector parlamentario a todos los efectos que diera lugar.

Sin otro particular, lo saluda atentamente

Alberto Couriel, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde la aplicación del artículo 146 del Reglamento.

9) CODIGO GENERAL DEL PROCESO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro asunto.

(Se da del siguiente:)

"Los Senadores abajo firmantes solicitamos a usted se incluya en el Orden del Día de la citación Nº 72, fijada para el día de hoy a la hora 15, el proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 279 del Código General del Proceso, por el que se suprime la condena preceptiva en costas y costos al litigante que es vencido en casación." Firman los señores Senadores Atchugarry, Correa Freitas, Herrera, Riesgo y Cid.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a repartir el proyecto de ley y, habiéndose obtenido las firmas respectivas, corresponde integrar al Orden del Día, en tiempo y forma, dicho punto.

10) CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA. POSTERGACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde pasar a considerar el asunto que figura en primer término del Orden del Día.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Por iniciativa del señor Presidente del Senado, la Comisión de Constitución y Legislación de esta Cámara y la respectiva de la Cámara de Representantes han mantenido reuniones con la finalidad de lograr consenso o un acuerdo en lo que se refiere a las modificaciones propuestas a este proyecto de ley por los integrantes de nuestra Comisión. Así, luego de dos reuniones, hemos advertido que no ha sido posible aunar criterios; por lo tanto, se ha resuelto crear un grupo de trabajo integrado por Diputados y Senadores, con la finalidad de que en el mes de febrero se logren los acuerdos o consensos necesarios en relación con dichas modificaciones. Esto hará posible que el Senado esté en condiciones de votar este proyecto de ley durante el mes de marzo. A su vez, la idea es que la Cámara de Representantes pueda ratificar de inmediato las modificaciones que eventualmente el Senado le introduzca.

Por estas razones mociono para que la consideración de este proyecto de ley se aplace hasta marzo, instancia en la que seguramente estaremos en condiciones de poder votar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Correa Freitas.

(Se vota:)

- 26 en 28. Afirmativa.

11) NUMERALES SEGUNDO Y TERCERO DEL ORDEN DEL DIA. POSTERGACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde pasar a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: solicitamos la postergación de la consideración de los asuntos que figuran en los numerales segundo y tercero del Orden del Día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador.

(Se vota:)

- 25 en 27. Afirmativa.

12) SEGURO PARA EL CONTROL DE LA BRUCELOSIS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se crea el seguro para el control de la brucelosis. (Carp. Nº 1286/03 - Rep. Nº 748/03)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1286/03

Rep. Nº 748/03

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantesde la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Créase el Seguro para el Control del a Brucelosis (SCB) con destino a complementar el precio obtenido por el animal bovino reaccionante positivo (infectado) enviado a faena, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 12.937, de 9 de noviembre de 1961, y normas reglamentarias vigentes.

Artículo 2º.- El seguro creado en el artículo precedente se financiará:

A) Mediante el aporte como máximo en pesos uruguayos al equivalente de U$S 0,26 (veintiséis centavos de dólar de los Estados Unidos de América) que gravará la faena de cada res bovina (vaca o vaquillona mayor de dos dientes), llevada a cabo por todos los establecimientos de faena de bovinos.

B) Mediante el aporte como máximo en pesos uruguayos al equivalente de U$S 0,074 (setenta y cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América) cada 1.000 litros de leche recibidos en las plantas elaboradoras.

C) Mediante el aporte como máximo en pesos uruguayos al equivalente de U$S 0,074 (setenta y cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América) cada 1.000 litros de leche que se exporte, recibido para su pasteurización en la planta industrial. A tales efectos, la Dirección Nacional de Aduanas no autorizará el despacho, sin la presentación del comprobante del depósito correspondiente.

En todos los casos, se tomará como base de cálculo la cotización interbancaria -fondo comprador- del día anterior al depósito.

Serán contribuyentes las personas físicas o jurídicas remitentes a dichos establecimientos, y el aporte será percibido y depositado por las empresas titulares de todos los establecimientos mencionados precedentemente, en el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).

Las sumas retenidas deberán ser depositadas dentro del plazo de quince días corridos, luego de la finalización de cada mes.

Se abrirán dos cuentas corrientes en las que aportarán por separado el sector de ganado de carne y el sector de ganado lechero, y cada una de ellas cubrirá el sector correspondiente.

Artículo 3º.- Los productores cuyos animales hubiesen sido enviados a faena en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 12.937, de 9 de noviembre de 1961, y normas reglamentarias vigentes, recibirán una compensación diferencial de U$S 250 (doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) por cada vaca lechera y U$S 60 (sesenta dólares de los Estados Unidos de América) por cada bovino de carne enviados a faena obligatoria.

Dicha compensación comprenderá situaciones generadas a partir del año 2002, que no hayan sido reparadas.

Artículo 4º.- El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos podrá afectar el Fondo Permanente de Indemnización creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989, a efectos de otorgar adelantos a los productores afectados, con cargo de oportuna devolución. La afectación del Fondo citado y los adelantos se otorgarán exclusivamente dentro de los seis primeros meses de vigencia de la presente ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto expresamente por el artículo 7º, la reglamentación establecerá la forma, plazo y condiciones en que operará la devolución, pudiendo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca afectar toda o parte de la recaudación del Seguro para el Control de la Brucelosis (SCB) a tales efectos.

El efectivo pago de la compensación diferencial prevista en el artículo 3º de la presente ley, estará condicionado a la existencia de fondos en las cuentas corrientes, no pudiéndose comprometer pagos que no estén debidamente respaldados por la existencia de los mismos.

Artículo 5º.- La titularidad, administración y disposición del Seguro para el Control de la Brucelosis (SCB) corresponderá a una Comisión de Administración integrada por un delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y su alterno, un delegado y su correspondiente alterno designado por la Asociación Rural del Uruguay, Cooperativas Agrarias Federadas, Comisión Nacional de Fomento Rural, Federación Rural, Asociación Nacional de Productores de Leche e Intergremial de Productores de Leche.

La Comisión tomará sus resoluciones por mayoría simple. La Presidencia será rotativa, correspondiendo la primera a quien sus integrantes designen. Esta Comisión también comunicará quiénes serán los designados para firmar las erogaciones decididas debiendo, expresamente, a tales efectos, intervenir el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Artículo 6º.- La Comisión de Administración deberá:

1) Disponer los medios necesarios para depositar, ceder, colocar, invertir, ofrecer en garantía los fondos que se devenguen durante el transcurso del período en que estos queden afectados en las cuentas del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), teniendo especialmente en cuenta lo establecido por el artículo 4º in fine.

2) Presentar los estados contables, informar trimestralmente el estado de situación del Seguro de Control de la Brucelosis (SCB), indicando los aportes vertidos por cada agente de retención, al que se deberá dar adecuada difusión.

3) Efectuar el contralor de los aportes, disponer y efectuar los pagos de las diferencias constatadas de acuerdo al artículo 3º de la presente ley, realizar por sí o por terceros las auditorías que estime convenientes, solicitar a los agentes de retención la documentación y declaraciones pertinentes, y toda otra medida tendiente a su cumplimiento.

Artículo 7º.- La vigencia de los aportes y el pago de la compensación diferencial será de un año, contado a partir de la vigencia de la presente ley. La alícuota que gravará el aporte previsto en el artículo 2º de esta ley y la prórroga de su recaudación a los efectos de cancelar la deuda con el Fondo Permanente de Indemnización creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989, así como el pago de la compensación diferencial, serán dispuestos privativamente por el Poder Ejecutivo.

Artículo 8º.- El incumplimiento de los obligados, ya sean contribuyentes o agentes de retención, dará lugar a la iniciación de los procedimientos judiciales tendientes a su cumplimiento. La liquidación que realice la Comisión de Administración en cuanto a la deuda de los omisos en el pago o el depósito, constituirá título ejecutivo.

Para la formulación de la liquidación se aplicarán las disposiciones del Código Tributario.

Artículo 9º.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y su reglamentación dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996. Las sanciones previstas en esta ley son sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 351 del Código Penal, cuando corresponda.

Artículo 10.- Los fondos que resulten de la aplicación del artículo 2º de la presente ley serán inembargables.

Los gastos de administración no podrán superar el 1% (uno por ciento) de los aportes mensuales que se realicen al Seguro para el Control de la Brucelosis (SCB).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 9 de diciembre de 2003.

Jorge Chápper Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Ganadería,

Agricultura y Pesca

Ministerio de

Economía y Finanzas

Montevideo, 7 de noviembre de 2003.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Prof. Luis Hierro López.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a efectos de someter a su consideración, el adjunto proyecto de ley, por el que se crea el Seguro para el Control de la Brucelosis (SCB).

Por Ley Nº 12.937, de 9 de noviembre de 1961, se declara obligatoria la lucha contra la brucelosis en todo el territorio nacional y se establecen una serie de medidas al respecto. La Ley Nº 13.892, de 20 de octubre de 1970, en su artículo 470, modifica la redacción de la Ley Nº 12.937 en los artículos 4º, 5º y 7º.

La Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, (Rendición de Cuentas), en su artículo 57, establece que las plantas de faena sujetas a inspección veterinaria oficial, deberán recibir y faenar los animales que se les envíen en cumplimiento de medidas sanitarias dispuestas por la autoridad competente; siendo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca quien determinará, de acuerdo a las circunstancias del caso y a la propuesta de la Dirección General de Servicios Ganaderos, los establecimientos apropiados y el destino final del producto de dicha faena. Posteriormente este artículo fue reglamentado por el Decreto 265/998, de 23 de setiembre de 1998.

Habiéndose recabado la opinión favorable de las gremiales de productores rurales, sociedad médica veterinaria y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se llegó a la conclusión de la conveniencia de crear un Seguro para el Control de la Brucelosis (SCB), con el apoyo de todos los productores con el destino de complementar el precio obtenido por el animal bovino reaccionante positivo (infectado) enviado a faena.

Este seguro se financiará con los aportes de los productores, gravando la faena de cada res bovina y la leche recibida en las plantas, las que serán agentes de retención.

La vigencia de este aporte se estima conveniente establecerla dentro de un período de un año prorrogable.

La Comisión de Administración que se crea tendrá la titularidad, administración y disposición del mismo y estará integrada por un delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y un delegado y su alterno por la Asociación Rural del Uruguay, Cooperativas Agrarias Federadas, Comisión Nacional de Fomento Rural, Federación Rural del Uruguay, Asociación Nacional de Productores de Leche e Intergremial de Productores de Leche, todos ellos con sus respectivos alternos.

A los efectos de contemplar situaciones de similar naturaleza ocurridos con anterioridad a la vigencia de la presente ley, se prevé la autorización para otorgar adelantos a los productores afectados, con cargo al Fondo Permanente de Indemnización creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989, con cargo de oportuna devolución.

El complemento del precio a los productores afectados será de monto fijo, de acuerdo a la categoría del animal, y su asignación y pago estará condicionado a la existencia efectiva de fondos.

Saluda al señor Presidente con toda consideración,

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República; Martín Aguirrezabala, Alvaro Rosso.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Créase el Seguro para el Control de la Brucelosis (SCB) con destino a complementar el precio obtenido por el animal bovino reaccionante positivo (infectado) enviado a faena, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 12.937, de 9 de noviembre de 1961, y normas reglamentarias vigentes.

Artículo 2º.- El seguro creado en el artículo precedente se financiará:

A) Mediante el aporte como máximo en pesos uruguayos al equivalente a U$S 0,26 (veintiséis centavos de dólar estadounidense) que gravará la faena de cada res bovina (vaca o vaquillona mayor de dos dientes), llevada a cabo por todos los establecimientos de faena de bovinos.

B) Mediante el aporte como máximo en pesos uruguayos al equivalente de U$S 0,074 (setenta y cuatro milésimas de dólar estadounidense) cada mil litros de leche recibidos en las plantas elaboradoras.

C) Mediante el aporte como máximo en pesos uruguayos al equivalente de U$S 0,074 (setenta y cuatro milésimas de dólar estadounidense) cada mil litros de leche que se exporte, recibido para su pasteurización en la planta industrial. A tales efectos, la Dirección Nacional de Aduanas no autorizará el despacho, sin la presentación del comprobante del depósito correspondiente.

En todos los casos, se tomará como base de cálculo la cotización interbancaria fondo comprador del día anterior al depósito.

Serán contribuyentes las personas físicas o jurídicas remitentes a dichos establecimientos, y el aporte será percibido y depositado por las empresas titulares de todos los establecimientos mencionados precedentemente, en el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).

Las sumas retenidas deberán ser depositadas dentro del plazo de quince días corridos, luego de la finalización de cada mes.

Se abrirán dos cuentas corrientes en las que aportarán por separado el sector de ganado de carne y el sector de ganado lechero, y cada una de ellas cubrirá el sector correspondiente.

Artículo 3º.- Los productores cuyos animales hubiesen sido enviados a faena en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 12.937, de 9 de noviembre de 1961, y normas reglamentarias vigentes, recibirán una compensación diferencial de U$S 250 (doscientos cincuenta dólares estadounidenses) por cada vaca lechera y U$S 60 (sesenta dólares estadounidenses) por cada bovino de carne enviados a faena obligatoria.

Dicha compensación se generará dentro del primer año de aplicación de la presente ley, pudiéndose tener en cuenta las situaciones de similar naturaleza ocurridas durante el año 2002 y que no hayan sido reparadas.

Artículo 4º.- El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos podrá afectar el Fondo Permanente de Indemnización creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989, a efectos de otorgar adelantos a los productores afectados, con cargo de oportuna devolución. La afectación del Fondo citado y los adelantos se otorgarán exclusivamente dentro de los seis primeros meses de vigencia de la presente ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto expresamente por el artículo 7º, la reglamentación establecerá la forma, plazo y condiciones en que operará la devolución, pudiendo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca afectar todo o parte la recaudación del Seguro para el Control de la Brucelosis (SCB) a tales efectos.

El efectivo pago de la compensación diferencial prevista en el artículo 3º de la presente ley, estará condicionado a la existencia de fondos en las cuentas corrientes, no pudiéndose comprometer pagos que no estén debidamente respaldados por la existencia de los mismos.

Artículo 5º.- La titularidad, administración y disposición del Seguro para el Control de la Brucelosis corresponderá a una Comisión de Administración integrada por un delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y su alterno, un delegado y su correspondiente alterno designado por la Asociación Rural del Uruguay, Cooperativas Agrarias Federadas, Comisión Nacional de Fomento Rural, Federación Rural del Uruguay, Asociación Nacional de Productores de Leche e Intergremial de Productores de Leche.

La Comisión tomará sus resoluciones por mayoría simple. La Presidencia será rotativa, correspondiendo la primera a quien sus integrantes designen. Esta Comisión también comunicará quienes serán los designados para firmar las erogaciones decididas, debiendo expresamente a tales efectos intervenir el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Artículo 6º.- La Comisión de Administración deberá:

1) Disponer los medios necesarios para depositar, ceder, colocar, invertir, ofrecer en garantía los fondos que se devenguen durante el transcurso del período en que estos queden afectados en las cuentas del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), teniendo especialmente en cuenta lo establecido por el artículo 4º in fine.

2) Presentar los estados contables, informar trimestralmente el estado de situación del Seguro de Control de la Brucelosis, indicando los aportes vertidos por cada agente de retención, al que se deberá dar adecuada difusión.

3) Efectuar el contralor de los aportes, disponer y efectuar los pagos de las diferencias constatadas de acuerdo al artículo 3º de la presente ley, realizar por sí o por terceros las auditorías que estime convenientes, solicitar a los agentes de retención la documentación y declaraciones pertinentes, y toda otra medida tendiente a su cumplimiento.

Artículo 7º.- La vigencia de los aportes y el pago de la compensación diferencial será de un año contado a partir de la vigencia de la presente ley. La alícuota que gravará el aporte previsto en el artículo 2º de esta ley, la prórroga de su recaudación a los efectos de cancelar la deuda con el Fondo Permanente de Indemnización creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989, así como el pago de la compensación diferencial, serán dispuestas privativamente por el Poder Ejecutivo.

Artículo 8º.- El incumplimiento de los obligados, ya sean contribuyentes o agentes de retención dará lugar a la iniciación de los procedimientos judiciales tendientes a su cumplimiento. La liquidación que realice la Comisión de Administración en cuanto a la deuda de los omisos en el pago o el depósito, constituirá título ejecutivo.

Para la formulación de la liquidación se aplicarán las disposiciones del Código Tributario.

Artículo 9º.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y su reglamentación dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996. Las sanciones previstas en esta ley son sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 351 del Código Penal, cuando corresponda.

Artículo 10.- Los fondos que resulten de la aplicación del artículo 2º de la presente ley serán inembargables.

Los gastos de administración no podrán superar el 1% (uno por ciento) de los aportes mensuales que se realicen al seguro.

Montevideo, 7 de noviembre de 2003.

Martín Aguirrezabala, Alvaro Rosso."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Riesgo.

SEÑOR RIESGO.- Señor Presidente: este es un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y que ya ha sido aprobado por la Cámara de Representantes. Concretamente, alude a la creación de un seguro para el control de la brucelosis, enfermedad del ganado vacuno mundialmente conocida, que afecta a las hembras. Se trata de formar un fondo para que los animales bovinos que reaccionan en forma positiva, y que son enviados a faena en forma obligatoria, tengan una compensación en el precio, ya que el mismo es muy inferior al de los ganados normales.

Este seguro se crea mediante el aporte de U$S 0,26, que gravará la faena de cada res bovina, sea vaca o vaquillona mayor de dos dientes, llevada a cabo por los establecimientos de faena, por U$S 0,074 cada 1.000 litros de leche recibidos en las plantas elaboradoras y, también, mediante el aporte, como máximo, de U$S 0,074 por cada 1.000 litros de leche que se exporte, recibidos para su pasteurización en la planta industrial.

El tema de la brucelosis es muy delicado y el país lo viene sufriendo desde hace mucho tiempo. En los ganados de carne los controles se llevan a cabo mediante los sangrados que se hacen en los frigoríficos para luego enviar las muestras al Laboratorio Rubino. A su vez, en el campo, en los lugares donde los abortos tienen índices importantes, también se realizan análisis de sangre pero, además, todos los animales positivos tienen la obligación de ir a faena en un plazo máximo de treinta días, a los que se les retiran las vísceras y son sacrificados aparte de los ganados normales. Cabe aclarar que no representan ningún problema para el consumo humano.

En lo que tiene que ver con el ganado lechero, los controles se hacen en la industria cada tres o cuatro meses y el procedimiento es el mismo: se va al establecimiento, se realizan los sangrados correspondientes y los ganados positivos son enviados a faena en un máximo de treinta días. La leche que ya fue a industria no implica ningún riesgo para el consumo humano dado que con la pasteurización ese problema queda subsanado, mientras que la que no haya ido a la planta, es retenida.

Según las informaciones que existen al día de hoy únicamente se han detectado, en personas, dos casos formales de brucelosis bovina a nivel del Ministerio de Salud Pública: uno es un veterinario de Rocha y el otro es un funcionario del Laboratorio Rubino que se contagió a través de un análisis. Quizás existan enfermos crónicos que no fueron detectados o denunciados, pero seguramente tendrán síntomas más atenuados.

El contagio de esta enfermedad puede producirse a través de la piel, por inhalación o por vía digestiva. Al respecto, deseo aclarar que el contagio vacuno se produce en las pasturas de los lugares donde las hembras abortan, que quedan contaminadas durante mucho tiempo. Los focos más grandes de brucelosis del país, según los datos recabados de enero a noviembre de este año, se encuentran en los departamentos de Rocha, donde se registraron 430 animales que dieron positivo y se faenaron 303; en San José, con 144 positivos e igual número de faenados; y en Treinta y Tres, con 560 positivos y 257 faenados. También cabe destacar que en otros departamentos no se ha registrado ningún foco, como es el caso de Flores, Maldonado, Paysandú y Rivera.

En 2003, el monitoreo de brucelosis en los frigoríficos arrojó los siguientes datos: se procesaron 41.021 muestras en un total de 614 establecimientos, en 21 de los cuales se detectaron casos positivos, por lo que estamos hablando de apenas un 0,8%.

Algún compañero podrá preguntarse, con toda razón, por qué no se sigue aplicando la famosa cepa 19, que era una vacuna que se dio de 1960 a 1995 y que permitió reducir al 1% el nivel de brucelosis en el país. De todas maneras, la enfermedad estaba enmascarada y en los sangrados era imposible separar los anticuerpos reales de la enfermedad de aquellos producidos por la vacuna. Por lo tanto, en la actualidad, tanto en los ganados de carne como en los de leche, se utiliza una vacuna americana nueva en los animales que dan positivo, que es la RB51, que tiene anticuerpos diferentes a los registrados en el sangrado.

Como hemos dicho anteriormente, se vacunan los animales positivos y van a faena, como así también aquellos que están en los potreros, más aquellos sobre los que se pueda tener sospecha de que pudieran haberse contagiado y que, por lógica, el examen les haya dado negativo.

En este momento tenemos una infección de menos del 0,5% en el rodeo hembra de todo el país y se vacuna a partir de los cuatro meses cuando es detectada la enfermedad.

Concretamente, yendo al contenido del proyecto, debo decir que momentáneamente se iría pagando con el Fondo Permanente de Indemnización creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082. El mismo será repuesto con los dineros que se recauden con este fondo que se crea. La titularidad de la administración y disposición del seguro corresponderá a una Comisión integrada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y diferentes comisiones y agremiaciones rurales, la que tendrá las obligaciones, derechos y medios necesarios para manejar los dineros y reponer, a su vez, los que se hayan utilizado con anterioridad del Fondo Permanente de Indemnización.

A grandes rasgos, señor Presidente, es cuanto queríamos informar sobre este proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Solicito que se suprima la lectura y se vote en bloque todo el articulado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 21 en 23. Afirmativa.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: deseo formular una pregunta al Miembro Informante o a los integrantes de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca relativa al fundamento de la compensación estipulada en el artículo 3º, donde se establecen cantidades fijas cuando, como se comprenderá, los precios de los ganados, de las haciendas, pueden variar. Entonces, fijar por ley una compensación de estas características podría significar un exceso o una depreciación si aumentara el precio de las haciendas.

Aclaro que no formulo la pregunta como una objeción, sino simplemente como una interrogante frente a un tema sobre el que, quizás por desconocimiento -y por este motivo pido disculpas al Miembro Informante y a los demás integrantes de la Comisión-, no tengo la información del caso.

SEÑOR RIESGO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIESGO.- Nosotros también nos hemos hecho esa pregunta y estoy seguro de que el señor Senador Larrañaga, como buen conocedor del tema agro, comprenderá que hay una diferencia entre el valor de una buena vaca productora de leche a la que se le detecta positivamente la brucelosis y el que se paga por ella en una faena, que es muy inferior al de un animal normal. Lo mismo sucede con el animal para carne. El Ministerio trató de marcar esa diferencia para que la pérdida del productor no sea tan grande. Se entiende que en el animal vacuno la pérdida es inferior y por eso la diferencia de valor.

Estamos hablando, fundamentalmente, de San José, de la zona de Libertad, donde en un radio de 15 kilómetros existen dos focos importantes de brucelosis. Allí hay establecimientos lecheros muy buenos con un excelente nivel genético que, de pronto, tienen la necesidad de faenar en forma obligatoria esos animales. En la zona de San José se detectaron 20 focos; 144 animales dieron positivos, 144 fueron faenados y 2.918 fueron vacunados. Prácticamente todos eran animales lecheros; por eso es que el Ministerio hace la diferencia entre el animal lechero y el ganado de carne.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 1º a 10.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

SEÑOR NIN NOVOA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- Nosotros hemos votado afirmativamente este proyecto y así había sido acordado, pero quiero dejar una breve constancia sobre la preocupación que me motiva la aparición permanente de fondos para financiar actividades productivas. Muchas veces estos fondos escapan al sistema de contralor de la recaudación y de su administración.

El artículo 4º de esta ley establece que se van a adelantar fondos del Fondo Permanente de Indemnización creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, vinculado con enfermedades exóticas. Dado que no hay datos oficiales, siempre he tenido la preocupación sobre el monto de estos fondos. En la próxima vacunación contra la fiebre aftosa esos fondos ya no estarían y los productores deberán pagarla, contrariamente a lo que viene realizándose desde que apareció la aftosa en el Uruguay, es decir que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con cargo a esos fondos, costea esas vacunas.

Deseo dejar constancia de mi preocupación por la aparición de fondos permanentes para financiar estas activi-dades sanitarias y por la falta de control efectivo que exis-te, ya que se trata de montos específicos que van para es-tas tareas. Nos parece que si no hay un control efectivo puede darse un desvío de estos fondos, como algunos suponen que ha sucedido, en virtud de otras urgencias más grandes.

Hoy los productores rurales también están financiando la instalación de las cajas negras de los frigoríficos a través del aporte de un dólar por animal faenado, además de los fondos contra la aftosa y la brucelosis. Me parece que todo esto debería ser motivo de un gran celo por parte de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca cuando se reglamente esta ley que hoy se ha sancionado en el Senado de la República.

13) APORTE PATRONAL JUBILATORIO A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 60 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002, referido al aumento del porcentaje de la alícuota de aporte patronal jubilatorio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. (Carp. Nº 1293/03 - Rep. Nº 749/03)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1293/03

Rep. Nº 749/03

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo Unico.- Sustitúyese el artículo 60 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002, por el siguiente:

"ARTICULO 60. (Alícuota de aporte patronal jubilatorio).- Hasta la sanción de una ley de reforma del régimen de pasividades servidas por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, con una fecha tope establecida en el 31 de diciembre de 2005, el Poder Ejecutivo podrá autorizar un aumento de hasta 4,5 puntos porcentuales de la alícuota de aporte patronal jubilatorio de la referida Caja".

Sala de la Comisión, a 18 de diciembre de 2003.

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 12 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto Proyecto de Ley, referido a la ampliación del plazo previsto por el artículo 60 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002, en relación con la facultad del Poder Ejecutivo de autorizar un aumento de hasta 4,5 (cuatro con cinco) puntos porcentuales de la alícuota de aporte patronal jubilatorio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

EXPOSICION DE MOTIVOS

A la fecha, no se han completado los estudios técnicos necesarios para concluir la redacción del proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, dado que aún no se tiene la certeza de la base de partida acerca del número final de aportantes de la referida Institución y, por ende, de la solución a proponer.

Asimismo, y dada la crisis del sector financiero ocurrida el año próximo pasado, se han agravado las dificultades financieras del referido organismo previsional.

Por dichas razones, se justifica que el Poder Ejecutivo tenga la facultad de mantener los niveles vigentes de aporte patronal jubilatorio, mientras se culmina la redacción de la reforma aludida.

Saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República; Isaac Alfie, Santiago Pérez del Castillo.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Sustitúyese el artículo 60 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002, por el siguiente:

"ARTICULO 60. Alícuota de aporte patronal jubilatorio. El Poder Ejecutivo, hasta la sanción de una ley que consagre la reforma del régimen de pasividades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias o hasta el 30 de junio de 2005, lo que ocurra primero, podrá autorizar un aumento de hasta 4,5 puntos porcentuales de la alícuota de aporte patronal jubilatorio a la referida Caja."

Isaac Alfie, Santiago Pérez del Castillo."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Tenemos un Mensaje del Poder Ejecutivo por el cual se propone sustituir el artículo 60 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002, que en sustancia supone prorrogar el tiempo en que rige la disposición que había establecido un aumento del 4.5% del aporte patronal a la Caja Bancaria. En su oportunidad, fue uno de los recursos que se utilizó para sostener la Caja en el entendido de que estaba sujeta a un doble problema: la aparición del Sistema de Seguro de Desempleo y la caída sustantiva en la cantidad de aportantes. Esa caída se ha profundizado al día de hoy, pasando de más de 17.000 aportantes a menos de 13.000. La idea era que para diciembre de 2003 hubiera una propuesta de reforma de la Caja y por eso a esta disposición se le puso el plazo de un año. Como ha informado la Oficina de Planeamiento y Presupuesto todavía no se ha llegado a elaborar esa propuesta porque, como todos sabemos, el tema es bastante complejo.

Desde enero a noviembre de este año los ingresos operativos de la Caja fueron, en números redondos, de $ 2.575:000.000 y los egresos operativos de $ 3.247:000.000, lo que supone un resultado operativo negativo de $ 671:000.000. Esto ha contribuido a disminuir los $ 255:000.000 que supone este adicional. En consecuencia, tenemos un resultado negativo de $ 415:000.000 de los últimos once meses que ha sido cubierto por los resultados financieros. Todo hace suponer que en el año 2004 el resultado operativo va a ser algo peor por la disminución en ese período de los aportantes y por un aumento de los demandantes.

En consecuencia, señor Presidente, parece absolutamente necesario, no para mantener a la Caja sana sino simplemente para no agravar su situación financiera -a la espera de que todos concordemos en un proceso de reforma que la lleve a estabilizarse a mediano plazo, que es el deseo y la intención-, prorrogar este 4.5% de aporte adicional.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Nosotros vamos a apoyar el texto de este proyecto de ley pero parecería -y me hago cargo de la expresión del señor Miembro Informante- que una de las primeras tareas del año que viene de la Comisión de Hacienda tiene que ser abocarse al estudio de la reforma de la ley, que ya lleva dos años. Al respecto, tuve una entrevista con los trabajadores bancarios y pude comprobar que su preocupación es que haya una base legal que cambie la situación definitivamente. Por lo tanto, con ese fundamento, nosotros votamos este proyecto.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Estoy de acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Sustitúyese el artículo 60 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002, por el siguiente:

‘Artículo 60. (Alícuota de aporte patronal jubilatorio).- Hasta la sanción de una ley de reforma del régimen de pasividades servidas por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, con una fecha tope establecida en el 31 de diciembre de 2005, el Poder Ejecutivo podrá autorizar un aumento de hasta 4,5 puntos porcentuales de la alícuota de aporte patronal jubilatorio de la referida Caja’."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

14) TRANSFERENCIA DE LA TITULARIDAD DE INMUEBLES Y SUS INSTALACIONES POR EL MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA A SUS ACTUALES TENEDORES CON TITULO HABILITANTE

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en sexto lugar del Orden del Día : "Proyecto de ley por el que se establecen normas referidas a la transferencia de la titularidad de inmuebles e instalaciones en ellos asentadas, por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a sus actuales tenedores con título habilitante. (Carp. Nº 1294/03 - Rep. Nº 750/03)."

(Antecedentes: )

"Carp. Nº 1294/03

Rep. Nº 750/03

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sustitúyese el primer párrafo del inciso segundo del numeral 2) del artículo 277 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 288 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y el artículo 119 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, por el siguiente:

"El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá transferir directamente la titularidad de los silos, plantas de almacenaje, graneros y ex-graneros oficiales, elevadores zonales, depósitos y equipos, así como los inmuebles en que se asientan los mismos, de propiedad del Estado, a sus actuales tenedores legítimos con título habilitante, o a las personas jurídicas integradas por los mismos tenedores que continúen con la explotación".

Artículo 2º.- La transferencia se realizará por el título compraventa y modo tradición, y el precio lo constituirá la prestación a que refiere el literal A) del párrafo sexto de la norma mencionada en el acápite del artículo 1º de esta ley.

Los bienes a que refiere el artículo 1º de esta ley, no podrán ser enajenados por el término de cinco años, contados desde la transferencia definitiva de la propiedad.

Están exoneradas todas las informaciones, derechos, tasas y demás tributos que se causen con ese motivo.

Artículo 3º.- A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley, transfiérense a título gratuito al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, los inmuebles pertenecientes al Estado, asiento de todas las instalaciones referidas en el artículo 1º.

Artículo 4º.- Autorízase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a determinar las áreas comprendidas en la precedente disposición.

Artículo 5º.- Prorrógase desde su vencimiento y hasta noventa días a contar de la vigencia de la presente ley, el plazo previsto en el párrafo tercero del inciso segundo del numeral 2) del artículo 277 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 288 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y el artículo 119 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, a los solos efectos de culminar el trámite de evaluación y suscripción de convenios.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de diciembre de 2003.

Jorge Chápper Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario.

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Minería y Energía

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y

Medio Ambiente

Ministerio de Deporte y Juventud

Montevideo, 29 de octubre de 2003.

Sr. Presidente de la

Asamblea General

Don Luis Hierro López.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a efectos de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se sustituye el inciso primero del artículo 119, de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002.

La Comisión de Evaluación de Propuestas creada por el artículo 10 del Decreto Nº 29/003 de 23 de enero de 2003 para dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 119 de la Ley Nº 17.556 eleva para su instrumentación, un proyecto de ley que propone una variante que se ha detectado en la presentación de algunas propuestas, relativo a los "tenedores legítimos con título habilitante".

Con la redacción actual, se exige el reconocimiento de los tenedores por parte de esta Secretaría de Estado, a la fecha de vigencia de la ley precedentemente indicada.

La misma, encuentra alguna dificultad en cuanto a la evolución de la figura jurídica posterior a la vigencia de la ley, vinculada a la obtención del crédito necesario para la integración de capital.

Se aclara el título, modo y precio de la compra-venta, se prorroga el plazo para la evaluación y suscripción de conve-nios, así como la transferencia a título gratuito de los in-muebles asiento de las instalaciones al Ministerio de Gana-dería, Agricultura y Pesca, en el caso de que no sean de su propiedad, autorizado a determinar las áreas comprendi-das.

La sustitución que se propone, no introduce alteraciones sustanciales en el esquema de la ley aprobada, sino que en concordancia con la misma, reconoce una situación de hecho con trascendencia jurídica que posibilitaría el ajuste de esa situación a la norma legal.

Saluda al Sr. Presidente con toda consideración,

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República; Martín Aguirrezabala, Saúl Irureta Saralegui, Leonardo Guzmán, Lucio Cáceres, Guillermo Stirling, Guillermo Valles, Isaac Alfie, Pedro Bobaderry, Santiago Pérez del Castillo, Yamandú Fau, José Ignacio Villar.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sustitúyese el primer párrafo del inciso segundo del numeral 2º del artículo 277 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 288 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y el artículo 119 de la Ley Nº 17.556 de 18 de setiembre de 2002, por el siguiente:

"El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá transferir directamente la titularidad de los silos, plantas de almacenaje, graneros y ex-graneros oficiales, elevadores zonales, depósitos y equipos, así como los inmuebles en que se asientan los mismos, de propiedad del Estado, a sus actuales tenedores legítimos con título habilitante, o a las personas jurídicas, integradas por los mismos tenedores que continúen con la explotación".

Artículo 2º.- La transferencia se realizará por el título compra-venta y modo tradición, y el precio lo constituirá la prestación a que refiere el literal a) del párrafo 6º de la norma mencionada en el acápite de esta ley.

Están exoneradas todas las informaciones, derechos, tasas y demás tributos que se causen con ese motivo.

Artículo 3º.- A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley, transfiérese a título gratuito al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, los inmuebles pertenecientes al Estado, asiento de todas las instalaciones referidas en el artículo primero.

Artículo 4º.- Autorízase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a determinar las áreas comprendidas en la precedente disposición.

Artículo 5º.- Prorrógase desde su vencimiento y hasta 90 días a contar de la vigencia de la presente ley, el plazo previsto en el párrafo tercero del inciso segundo del numeral 2º del artículo 277 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 288 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y el artículo 119 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002 a los solos efectos de culminar el trámite de evaluación y suscripción de convenios.

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.

Martín Aguirrezabala, Saúl Irureta Saralegui, Leonardo Guzmán, Lucio Cáceres, Guillermo Stirling, Guillermo Valles, Isaac Alfie, Pedro Bobaderry, Santiago Pérez del Castillo, Yamandú Fau, José Ignacio Villar."

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa quiere aclarar que sobre este mismo tema los integrantes de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca habían solicitado una convocatoria al Senado para la hora 18, por lo cual habrá que votar su anulación oportunamente.

Léase el proyecto.

(Se lee:)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca se reunió expresamente el día jueves para tratar el proyecto que aprobó por unanimidad.

Por una ley de Rendición de Cuentas se dirimió hace ya tiempo el destino del Plan de Silos existente en el Uruguay, determinando el pasaje desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a sus actuales arrendadores o tenedores, que son en general las Cooperativas Agrarias Federadas o, en algún caso específico, un particular. El propósito era llevarlo a cabo lo más rápidamente posible, pero se encontraron algunas dificultades en la implementación. En primer lugar, el suelo donde esos silos se encontraban instalados, de pronto, pertenecía a distintos Entes del Estado y, por lo tanto, había que incorporar a la ley una disposición general que permitiera que pasaran todos al Estado y luego se transfirieran íntegramente a los nuevos propietarios.

Hay un procedimiento por el cual la ley anterior establece la forma de pago. Quiero recordar que el Plan de Silos se montó sobre la base de una contribución del Estado, pero también de un aporte constante de los productores, que fueron los que pagaron la construcción de los silos. La ley es muy importante y tiene un plazo que importa señalar: el 31 de diciembre. Por esta razón, trajimos el proyecto de ley a esta sesión para que sea votado hoy.

El mecanismo de la iniciativa es sencillo. Al igual que la ley general, establece el pasaje a los detentadores de esos silos. El terreno sobre el cual se encuentran pasa a ser de dominio del Estado y, cuando se transfieran, ello se hará también a los nuevos tenedores pero de la manera que establezca el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque a veces los terrenos comprenden un espacio mucho mayor que aquél específicamente destinado a los silos.

El tema es trascendente porque hay dos cosechas, la de los granos de invierno y la de los de verano, de manera que es importante que los nuevos propietarios se puedan poner en condiciones de operarlos rápidamente.

Es todo cuanto tengo para informar, señor Presidente.

SEÑOR DE BOISMENU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DE BOISMENU.- Señor Presidente: quiero complementar la información brindada por el Miembro Informante, señor Senador Gargano, destacando la importancia de este proyecto de ley que ha sido aprobado en la Cámara de Representantes y que pasó rápidamente por la Comisión de Ganadería la semana anterior.

En los últimos tiempos -que para todos nosotros parecieron bastante largos-, se creó una cantidad de sistemas o de ingeniería financiera para ir arreglando el grave problema del endeudamiento agropecuario; la historia dirá que fue la creatividad del canje de deudas, los acuerdos de reacondicionamiento de créditos, de ajustes de tasas de intereses y poco tiempo después el Fondo de Apoyo a la Producción Lechera, conocido como FAL. Detrás de esto, el Fondo del Arroz, y por encima de todo, en este nuevo proyecto aparece la creatividad de tratar de solucionar el problema del severo endeudamiento existente por parte de los productores y de las organizaciones de productores -en este caso, sobre todo algunas cooperativas- con el Banco de la República, y especialmente los productores de secano. Yo diría que desde 1996 hasta la zafra anterior sufrieron graves problemas de endeudamiento como el resto de los productores, a los que se les sumaron severas dificultades de tipo climático, tanto en cosechas de invierno como de verano.

Se ha planteado un fortalecimiento en el área de los cultivos de verano y, sobre todo, una enorme demanda para la región ante la presión de compra de soja del Gobierno chino. En este sentido, ha tenido lugar un gran movimiento a nivel internacional de este producto debido a causas dignas de estudiar en la organización territorial de ese país que se está dando hacia el futuro.

Por encima de todo, esta iniciativa apunta a que los directamente involucrados en la captación y el proceso comercial de los productos agrícolas de secano sean propietarios de las plantas que utilizan actualmente. Hay aquí un fortalecimiento del sistema cooperativo, lo que no se había obtenido antes, y la creatividad hace que el sector productor no reciba esto gratis, sino que junto a ello es necesaria una fuerte capitalización por parte de los productores. Creo que es digno de que se mencione; que esto debe ayudar a que este sector cooperativo tenga un fuerte crecimiento y que en un mundo globalizado donde hay una fuerte acción de compañías multinacionales, el sistema cooperativo actúe como un protector directo y fortalecido para el negocio del sistema productivo.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palara, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR PEREYRA.- Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos y se voten en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se van a votar los artículos 1º a 5º inclusive.

(Se votan:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado.)

15) ASIGNACION FAMILIAR

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a extender la prestación de la Asignación Familiar a todos los hogares con ingresos de cualquier naturaleza inferiores a tres Salarios Mínimos Nacionales no comprendidos en los alcances del Decreto-Ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980, y Ley Nº 17.139, de 16 de julio de 1999. (Carp. Nº 1316/03 - Rep. Nº 751/03)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1316/03

Rep. Nº 751/03

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Ambito objetivo y subjetivo).- Autorízase al Poder Ejecutivo a extender la prestación de la asignación familiar a todos los hogares con ingresos de cualquier naturaleza, inferiores a 3 (tres) Salarios Mínimos Nacionales, que no estuvieran comprendidos dentro de los alcances del Decreto-Ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980 y Ley Nº 17.139, de 16 de julio de 1999.

Artículo 2º. (Monto de la prestación).- La prestación otorgada a través de esta norma legal es estrictamente económica. En tal sentido el monto de la prestación queda establecido en el equivalente al 16% (dieciséis por ciento) del Salario Mínimo Nacional, por cada hijo o menor a cargo del administrador de la prestación objeto de esta ley.

Para los beneficiarios incapaces, el monto de la prestación será el doble del monto establecido en el inciso anterior.

Artículo 3º. (Administrador de la prestación).- Son administradores del beneficio instituido por la presente norma, la persona con capacidad legal a cuyo cargo estén los menores beneficiados.

Para acreditar la situación descripta en el apartado anterior, se requerirá la presentación del certificado judicial que avale quien ejerce la tenencia material del menor.

Artículo 4º. (Término de la prestación).- El período de prestación de la asignación familiar se extenderá en la forma que se establece a continuación:

1) A partir de la constatación fehaciente del estado de gravidez por parte del Banco de Previsión Social y hasta los 14 (catorce) años del menor beneficiario.

2) Se prorrogará hasta los 16 (dieciséis) años del beneficiario, cuando se compruebe que el mismo no ha podido completar el ciclo de Educación Primaria a los 14 (catorce) años por impedimento plenamente justificado.

3) Finalmente, se extenderá la prestación hasta los 18 (dieciocho) años de edad del beneficiario, cuando el mismo curse estudios de nivel superior a los de Educación Primaria en instituciones docentes estatales o privadas autorizadas por el órgano competente.

4) Cuando el beneficiario padezca de una incapacidad física o psíquica tal que impida su incorporación a todo tipo de tarea remunerada, se le pagará por períodos de tres años con revisión médica al finalizar cada período, con el objeto de determinar si mantiene el grado de incapacidad y por lo tanto la continuación del pago doble de la prestación.

Artículo 5º. (Requisitos para el otorgamiento y el mantenimiento de la percepción de la prestación).- Se deberá acreditar ante el Banco de Previsión Social los siguientes extremos:

a. Los ingresos del núcleo familiar mediante declaración jurada suscripta por el administrador, adjunto a la solicitud del beneficio.

b. La inscripción y concurrencia asidua a los institutos docentes estatales o privados autorizados por el órgano competente y la periodicidad de controles de asistencia médica brindada a través del sistema público o privado por las instituciones de asistencia médica colectiva en la forma que establezca la reglamentación que a tales efectos dicte el Banco de Previsión Social.

c. Tratándose de incapaces, desde el punto de vista físico o psíquico, que le impidan su incorporación a todo tipo de tarea remunerada, dicho dictamen provendrá de los servicios médicos del Banco de Previsión Social. Se establece asimismo que se realizarán revisiones periódicas ante los mismos servicios médicos cada tres años, a los efectos de evaluar si se mantiene el mismo grado de incapacidad que permita el mantenimiento del pago de la prestación. Para las situaciones de incapacidad psíquica que dictaminen los servicios médicos del Banco de Previsión Social en el marco de esta ley, se pondrá en conocimiento a la autoridad sanitaria oficial a los efectos de dar cumplimiento con las disposiciones contenidas en la Ley Nº 13.711, de 29 de noviembre de 1968.

Artículo 6º. (Facultades del Banco de Previsión Social).- El Banco de Previsión Social queda facultado para realizar las comprobaciones e inspecciones que estime convenientes a fin de determinar la veracidad de la declaracion de ingresos presentados así como la asistencia de los menores a los centros de educación y la debida asistencia médica.

En tal sentido se establecerá además una comunicación fluida entre la Administración de Enseñanza Pública o las instituciones docentes privadas y el Banco de Previsión Social a los efectos de corroborar los extremos atinentes a la información que presenten oportunamente los administradores sobre la asistencia de los beneficiarios.

El Instituto Nacional del Menor comunicará al Banco de Previsión Social las circunstancias que, como consecuencia del seguimiento de los beneficiarios, supongan la suspensión, interrupción o cancelación de las prestaciones otorgadas.

El Banco de Previsión Social, en caso de comprobar la falsedad total o parcial de la información que se le suministre para el otorgamiento o mantenimiento de la prestación, procederá a la suspensión del beneficio y aplicará las sanciones que por vía administrativa correspondan.

Artículo 7º. (Incompatibilidad).- Declárase incompatible la percepción de la prestación que se establece en la presente ley con la prevista por el Decreto-Ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980, por la Ley Nº 17.139, de 16 de julio de 1999 y la regulada por la Ley Nº 17.474, de 14 de mayo de 2002.

Artículo 8º.- El Poder Ejecutivo establecerá la fecha a partir de la cual entrarán en vigencia las prestaciones previstas en esta ley, atendiendo a las disponibilidades de Te-sorería y los ingresos que obtenga de las cuotas partes que le pertenecen en los Fondos de Recuperación Bancarios.

Autorízase al Poder Ejecutivo a que, en atención a las referidas disponibilidades de Tesorería, incremente el monto de la asignación familiar de los hogares con ingresos de hasta 6 (seis) Salarios Mínimos Nacionales hasta un 32% (treinta y dos por ciento) de 1 (un) Salario Mínimo Nacional.

Artículo 9º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a fijar mediante criterios técnicos, las relaciones de compensación entre créditos y deudas existente contra cada fondo de recuperación de activos bancarios.

Sala de la Comisión, a 18 de diciembre de 2003.

Alejandro Atchugarry, Danilo Astori, Alberto Couriel, Luis A. Heber, Julio Herrera, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Manuel Núñez, Wilson Sanabria. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: este proyecto que la Comisión de Hacienda elevó a consideración del Senado proviene de otro más amplio del cual éste se ha desglosado a fin de establecer algunos destinos de la recuperación de fondos bancarios que puedan realizarse, donde estaba previsto que una parte de los mismos iría a protección social. La Comisión todavía está trabajando sobre otros aspectos y tomó la decisión de elevar el tema de la protección social -que es una parte de los destinos- y arbitrarlo a propósito del tema de la Asignación Familiar.

La situación es más o menos la siguiente. El proyecto plantea la extensión a todos los niños que estén en hogares con ingresos menores a seis Salarios Mínimos, y quiero destacar que como está hoy, existe una franja de entre seis y diez Salarios con una asignación de menor cuantía. Esa es la situación que hoy rige y abarca aproximadamente a 174.000 niños del sector público y a unos 320.000 con cargo al Banco de Previsión Social.

Hace algunos años, el Poder Legislativo extendió este beneficio, como un primer avance, a los niños que dependen de hogares monoparentales a cargo de la mujer. Por ese concepto, hoy hay más de 100.000 niños que perciben esa Asignación Familiar, con lo cual se elevó la cobertura al orden de los 600.000. El propósito de este proyecto es extender el beneficio sin otra restricción, o sea que, en definitiva, lo estaríamos extendiendo en la práctica a aquellos hogares que están por debajo de estos ingresos y cuyos titulares seguramente no tienen una ocupación formal, cuando el titular o uno de los dos es hombre, porque cuando el titular del hogar es mujer, está incorporado por el otro mecanismo.

El estudio de máxima de la población no atendida es del orden de los 380.000 niños, de los cuales se supone que la mitad no lo está porque los ingresos del hogar son superiores a diez Salarios Mínimos. Por lo tanto, el objetivo potencial máximo al que podríamos aspirar alcanza a unos 170.000 niños. El Banco de Previsión Social conoce la cantidad de niños que hay en el país, que son 950.000, y cuántos están cubiertos, pero no sabe las razones por las cuales el resto de los niños no lo está. Este informe, a pesar de ser de mayo, está hecho sobre la base de 2002 y reporta una cantidad un poco mayor; sin embargo, tengo las cifras de los últimos bimestres donde la cobertura se ha ampliado. Para ser exactos, hay 425.000 niños cubiertos; el informe tomaba 380.000 de promedio. O sea que hay 45.000 niños más que hoy tienen cobertura, y los que no la poseen serían menos de 350.000. Suponiendo una cifra de entre 150.000 a 160.000 niños y si los consideramos en la asignación que el Banco de Previsión Social llama doble, que corresponde al 16% de un Salario Mínimo Nacional, el costo máximo anual que podría tener esta iniciativa podría estar en el orden de los U$S 12:000.000 a U$S 14:000.000. Como se supone que la recuperación de estos fondos se ha estimado por parte de la actual conducción del Ministerio en unos U$S 140:000.000 y el proyecto habilita a disponer de hasta un 20%, parecería que por lo menos hasta que se arbitre el próximo Presupuesto Nacional habría cobertura.

Es en función de esto que viene un proyecto de ley cuyo texto, de manera informal, tuvo origen en el Banco de Previsión Social y en el que se propone la extensión. Por esta razón vale la pena analizar los antecedentes, porque simplemente se dice que se extiende a todos los niños que dependan de hogares cuyos ingresos son menores a tres Salarios Mínimos. Estamos haciendo referencia a ese contexto que ya lo extendimos a los hogares monoparentales con la mujer como principal referente de sustento.

En segundo lugar, hay una serie de normas que establecen hasta cuándo se extiende el beneficio y cuáles son los requisitos mínimos de atención de salud, asistencia a clases y facultades del Banco de Previsión Social que, por lo general, son de uso de dicha Institución.

Por otra parte, hay una autorización al Poder Ejecutivo de hasta duplicar la Asignación Familiar. En este punto quisiera hacer una referencia. Todos somos conscientes de que hay crisis de la naturaleza de la que hemos vivido y de cómo los países normalmente salen al impulso de algunos sectores de punta, así como del desafío que tiene la so-ciedad uruguaya de generar fuentes de trabajo; también está el que tiene que ver con la distribución de los ingresos.

En consecuencia, nosotros sentimos que sin perjuicio de lo que ha dispuesto este Cuerpo con vigencia al 1º de enero de 2004 en cuanto a la disminución en algunos niveles sujetos al IRP, a efectos de tener una política que tienda a reasignar recursos a las capas de población más carenciadas en función de su carga familiar, esta es una herramienta útil. El hecho de autorizar a duplicar la asignación familiar supone, no que la ley genere los recursos, sino que ellos salgan de una economía que está creciendo. Evidentemente, esta es una herramienta para priorizar a los sectores con mayor carga familiar y menores recursos. Como sentimos que la economía comienza a generar algunos recursos más, en la medida en que ello continúe con buen destino, habrá mayor recaudación de la Dirección General Impositiva. Por lo tanto, nos parece -reitero- que esta es una herramienta de interés. Es por ello que en el penúltimo artículo se establece esa facultad, y es algo que nos parece sustantivo.

Desde hace muchos años creemos en esta herramienta y con persistencia digna de nuestra genética la hemos seguido. Entendemos que lo que aprobó el Parlamento hace unos años -en una discusión mucho más fuerte porque era una reasignación de recursos vinculados a la Caja Profesional-, hoy tiene como resultado que haya 106.000 chicos a quienes se brinda atención.

Debo agregar que el costo de administración de estas herramientas es prácticamente cero, y creemos que es de los mejores instrumentos que puede utilizar el Estado para canalizar sus recursos hacia los chicos.

Por estas razones, señor Presidente, la Comisión recomienda al Cuerpo la aprobación de este proyecto. Quedo a las órdenes de los señores Senadores a los efectos de contribuir con sus análisis.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Voy a votar afirmativamente el proyecto de ley. Confieso que no me es del todo satisfactorio el grado de latitud que se le da al Poder Ejecutivo en el artículo 8º del proyecto de ley, porque se supedita a que existan recursos en la Tesorería, y eso lo juzgará dicho Poder en función de cómo califique las obligaciones: cuáles son prioritarias y cuáles no. Y al poner en funcionamiento el segundo inciso, que es el incremento de las referidas Asignaciones Familiares en atención a las disponibilidades de la Tesorería, ¿cuándo lo podrá hacer? No lo sé, y me parecería bien que lo pudiera hacer ahora. Pero lo que no me gusta es el grado de discrecionalidad que se le da al Poder Ejecutivo. Me gustaría que tuviera otra firmeza u otra condición.

Muchas gracias. Es todo lo que quería decir como fundamento de voto anticipado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 20 en 22. Afirmativa.

En discusión particular.

Ha llegado a la Mesa una moción para que se suprima la lectura de los artículos.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- El artículo 1º es un poco redundante del artículo 8º, por lo que sugiero volver a la primera redacción de la Comisión y que en lugar de decir "Autorízase al Poder Ejecutivo a extender la prestación...", se exprese "Extiéndase la prestación...". En definitiva, tal como lo señalaba el señor Senador Gargano, el artículo 8º establece que se fije la fecha en función de los ingresos que se obtengan.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Planteo, señor Presidente, que en lugar de "Extiéndase", se diga "Extiéndese", así es la ley la que lo expresa en lugar de mandatar a otro.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Aceptado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo 1º con la modificación propuesta por los señores Senadores Atchugarry y Korzeniak.

(Se vota:)

- 22 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Formulo moción para que se consideren y se voten en bloque los artículos 2º a 9º.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 2º a 9º del proyecto de ley.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTÍCULO  1º. (Ámbito objetivo y subjetivo).- Extiéndese la prestación de la asignación familiar a todos los hogares con ingresos de cualquier naturaleza, inferiores a 3 (tres) Salarios Mínimos Nacionales, que no estuvieran comprendidos dentro de los alcances del Decreto-Ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980 y Ley Nº 17.139, de 16 de julio de 1999.

ARTÍCULO 2º. (Monto de la prestación).- La prestación otorgada a través de esta norma legal es estrictamente económica. En tal sentido el monto de la prestación queda establecido en el equivalente al 16% (dieciséis por ciento) del Salario Mínimo Nacional, por cada hijo o menor a cargo del administrador de la prestación objeto de esta ley.

Para los beneficiarios incapaces, el monto de la prestación será el doble del monto establecido en el inciso anterior.

ARTÍCULO  3º. (Administrador de la prestación).- Son administradores del beneficio instituido por la presente norma, la persona con capacidad legal a cuyo cargo estén los menores beneficiados.

Para acreditar la situación descripta en el apartado anterior, se requerirá la presentación del certificado judicial que avale quien ejerce la tenencia material del menor.

ARTÍCULO  4º. (Término de la prestación).- El período de prestación de la asignación familiar se extenderá en la forma que se establece a continuación:

1) A partir de la constatación fehaciente del estado de gravidez por parte del Banco de Previsión Social y hasta los 14 (catorce) años del menor beneficiario.

2) Se prorrogará hasta los 16 (dieciséis) años del beneficiario, cuando se compruebe que el mismo no ha podido completar el ciclo de Educación Primaria a los 14 (catorce) años por impedimento plenamente justificado.

3) Finalmente, se extenderá la prestación hasta los 18 (dieciocho) años de edad del beneficiario, cuando el mismo curse estudios de nivel superior a los de Educación Primaria en instituciones docentes estatales o privadas autorizadas por el órgano competente.

4) Cuando el beneficiario padezca de una incapacidad física o psíquica tal que impida su incorporación a todo tipo de tarea remunerada, se le pagará por períodos de tres años con revisión médica al finalizar cada período, con el objeto de determinar si mantiene el grado de incapacidad y por lo tanto la continuación del pago doble de la prestación.

ARTÍCULO  5º. (Requisitos para el otorgamiento y el mantenimiento de la percepción de la prestación).- Se deberá acreditar ante el Banco de Previsión Social los siguientes extremos:

a. Los ingresos del núcleo familiar mediante declaración jurada suscripta por el administrador, adjunto a la solicitud del beneficio.

b. La inscripción y concurrencia asidua a los institutos docentes estatales o privados autorizados por el órgano competente y la periodicidad de controles de asistencia médica brindada a través del sistema público o privado por las instituciones de asistencia médica colectiva en la forma que establezca la reglamentación que a tales efectos dicte el Banco de Previsión Social.

c. Tratándose de incapaces, desde el punto de vista físico o psíquico, que le impidan su incorporación a todo tipo de tarea remunerada, dicho dictamen provendrá de los servicios médicos del Banco de Previsión Social. Se establece asimismo que se realizarán revisiones periódicas ante los mismos servicios médicos cada tres años, a los efectos de evaluar si se mantiene el mismo grado de incapacidad que permita el mantenimiento del pago de la prestación. Para las situaciones de incapacidad psíquica que dictaminen los servicios médicos del Banco de Previsión Social en el marco de esta ley, se pondrá en conocimiento a la autoridad sanitaria oficial a los efectos de dar cumplimiento con las disposiciones contenidas en la Ley Nº 13.711, de 29 de noviembre de 1968.

ARTÍCULO  6º. (Facultades del Banco de Previsión Social).- El Banco de Previsión Social queda facultado para realizar las comprobaciones e inspecciones que estime convenientes a fin de determinar la veracidad de la declaración de ingresos presentados así como la asistencia de los menores a los centros de educación y la debida asistencia médica.

En tal sentido se establecerá además una comunicación fluida entre la Administración de Enseñanza Pública o las instituciones docentes privadas y el Banco de Previsión Social a los efectos de corroborar los extremos atinentes a la información que presenten oportunamente los administradores sobre la asistencia de los beneficiarios.

El Instituto Nacional del Menor comunicará al Banco de Previsión Social las circunstancias que, como consecuencia del seguimiento de los beneficiarios, supongan la suspensión, interrupción o cancelación de las prestaciones otorgadas.

El Banco de Previsión Social, en caso de comprobar la falsedad total o parcial de la información que se le suministre para el otorgamiento o mantenimiento de la prestación, procederá a la suspensión del beneficio y aplicará las sanciones que por vía administrativa correspondan.

ARTÍCULO  7º.  (Incompatibilidad).- Declárase incompatible la percepción de la prestación que se establece en la presente ley con la prevista por el Decreto-Ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980, por la Ley Nº 17.139, de 16 de julio de 1999 y la regulada por la Ley Nº 17.474, de 14 de mayo de 2002.

ARTÍCULO  8º.- El Poder Ejecutivo establecerá la fecha a partir de la cual entrarán en vigencia las prestaciones previstas en esta ley, atendiendo a las disponibilidades de Tesorería y los ingresos que obtenga de las cuotas partes que le pertenecen en los Fondos de Recuperación Bancarios.

Autorízase al Poder Ejecutivo a que, en atención a las referidas disponibilidades de Tesorería, incremente el monto de la asignación familiar de los hogares con ingresos de hasta 6 (seis) Salarios Mínimos Nacionales hasta un 32% (treinta y dos por ciento) de 1 (un) Salario Mínimo Nacional.

ARTÍCULO 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a fijar mediante criterios técnicos, las relaciones de compensación entre créditos y deudas existente contra cada fondo de recuperación de activos bancarios."

16) SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESIGNAR PRESIDENTES, VICEPRESIDENTES Y DIRECTORES DE DISTINTOS ORGANISMOS PUBLICOS Y PARA CONFERIR ASCENSOS AL GRADO DE CONTRAALMIRANTE A UN SEÑOR CAPITAN DE NAVIO, AL GRADO DE BRIGADIER GENERAL A DOS SEÑORES CORONELES AVIADORES Y AL GRADO DE GENERAL A DOS SEÑORES CORONELES

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Propongo que el Senado trate los asuntos que figuran en los numerales 3º y 2º del Orden del Día, en ese orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

- 22 en 26. Afirmativa.

A fin de considerar los asuntos que figuran en los numerales 3º y 2º del Orden del Día, el Senado pasa a sesión secreta.

(Así se hace a la hora 16 y 13 minutos)

(Vueltos a sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 16 y 52 minutos)

- Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- El Senado, en sesión secreta, resolvió aplazar la consideración de las solicitudes de venia para conceder ascensos de Contraalmirante, Brigadier General y Generales, a los efectos de que la Comisión Permanente tome jurisdicción sobre ellos.

Asimismo, resolvió conceder venia al Poder Ejecutivo para designar en calidad de Directores del Banco Hipotecario del Uruguay al señor Gustavo Rodolfo Delgado y al doctor César Eugenio Ausqui Echave; en calidad de Presidente de la Administración Nacional de Correos, al señor Winston Elutchanz Bertullo, como Vicepresidente, al señor Julio César Hernández Pérez y como Director al señor Carlos Enrique Manzor Ceriani; en calidad de Director del Banco de Seguros del Estado, al doctor Huber Díaz; en calidad de Director de Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea, al doctor Nicolás Storace Montes; en calidad de Presidente de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, al ingeniero Carlos Rodríguez Landoni y como Director, al señor Tomás Castro Batista; en calidad de Presidente del Instituto Nacional del Menor, al doctor Fernando Javier Repetto Avilés, como Vicepresidente, a la señora Graciela Rompani de Pacheco Areco, y como Directora, a la doctora Stella Luz López Beltrán; en calidad de miembro integrante del Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, al profesor Washington Martínez D’Alessandro; y en calidad de Director de la Administración de Ferrocarriles del Estado, al señor Miguel Angel Adrover Banega.

17) SESIONES EXTRAORDINARIAS

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para hacer una consulta previa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: precisamente, mi consulta se debe a que, a continuación, deberíamos ingresar en la consideración del asunto que figura en el numeral octavo, y pienso que de aquí en adelante los temas van a tener un pronto diligenciamiento. Acabo de recibir una citación para una reunión del Senado en el día de hoy, a las 21 horas, pero la Bancada del Foro Batllista se tiene que retirar a las 19 horas porque tiene un acto público. Teniendo en cuenta esto, ¿no podríamos incluir ese tema en esta sesión?

SEÑOR PRESIDENTE.- Si me permite, señor Senador, quisiera brindar una información al Cuerpo.

Hay dos citaciones, además de la que estamos tratando: una de ellas -me refiero a la programada para la hora 18-, citada por la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, para tratar el asunto que figura en el numeral sexto del Orden del Día, que como ya ha sido aprobado, ha perdido efecto, pero igual hay que resolver al respecto. La otra citación es para cumplir con el tema de los horarios de las citaciones. Estando incluidos estos temas en el Orden del Día, el Senado podrá resolver si los aborda o no; esa era la intención de los firmantes. Aclaro que la citación estaba referida a un proyecto de ley relativo al Fondo Nacional de Música y oportunamente el Senado tendrá que pronunciarse.

18) CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE ESTOCOLMO, SUECIA, EL 22 DE MAYO DE 2001

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, suscrito en la ciudad de Estocolmo del Reino de Suecia, el 22 de mayo de 2001. (Carp. Nº 1191/03 - Rep. Nº 752/03)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1191/03

Rep. Nº 752/03

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, suscrito en la ciudad de Estocolmo, Suecia, el 22 de mayo de 2001, integrado por el Preámbulo, 30 artículos, los Anexos A, B, C, D, E, F y la corrección efectuada en el Artículo 1º del texto original de la Convención (texto auténtico en español) y de los ejemplares certificados, comunicada el 21 de febrero de 2003 por el Secretario General de las Naciones Unidas.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 10 de setiembre de 2003.

Jorge Chápper Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Montevideo, 26 de mayo de 2003.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, firmado en la ciudad de Estocolmo, Suecia, el 22 de mayo de 2001, integrado por el Preámbulo, treinta artículos, los Anexos A, B, C, D, E, F y la corrección en el Artículo 1º del texto original (texto auténtico en español) y de los ejemplares certificados, comunicada el 21 de febrero de 2003 por el Secretario General de las Naciones Unidas, actuando en calidad de depositario.

El Convenio es la culminación de un extenso proceso de negociación seguido por las Naciones Unidas para enfrentar los graves peligros para la salud humana y el medio ambiente, derivados de las características de persistencia y bioacumulación de ciertos productos químicos orgánicos.

Por decisión 18/92 del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), adoptada en mayo de 1995, se inició la evaluación de una lista inicial de doce contaminantes orgánicos persistentes (COP, también conocidos por su sigla en inglés POP): aldrina, clordano, DDT, dieldrina, dioxinas, endrina, furano, hexaclorobenceno, heptacloro, mirex, bifenilos policlorados (BPC) y toxafeno.

En febrero de 1997, como resultado de esos análisis, el Conejo de Administración del PNUMA convocó un Comité Intergubernamental de Negociación con el mandato de preparar un instrumento internacional, jurídicamente, vinculante, para la aplicación de medidas internacionales respecto de ciertos contaminantes orgánicos persistentes (COP). Se celebraron negociaciones en Montreal (1998), Nairobi (enero de 1999), Ginebra (setiembre de 1999), Bonn (marzo de 2000) y Johanesburgo (diciembre de 2000), como resultado de las cuales se logró acordar el texto del Convenio que se firmó el 22 de mayo de 2001 en la Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en Estocolmo, Suecia.

Los COP corresponden a compuestos clasificados como de alta toxicidad, causantes de efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente, debido a sus propiedades de resistencia a la degradación química y biológica, baja solubilidad en agua y alta en lípidos, razón por la cual son bioacumulables en los tejidos adiposos de los organismos vivos y debido a su semivolatilidad pueden transportarse en concentraciones bajas, por la circulación en cursos de agua y la atmósfera, con la contribución de las especies migratorias a través de las fronteras internacionales, depositándose en regiones distantes de la fuente originaria y acumulándose en ecosistemas terrestres y acuáticos, dando lugar a una amplia distribución en todo el planeta, exponiendo a los seres humanos y a otros seres vivos, en muchos casos por períodos prolongados.

El Convenio reconoce los problemas de salud que, especialmente en los países en desarrollo, ocasiona la exposición a los COP en las mujeres y a través de ellas, en las futuras generaciones. Asimismo, señala la amenaza para los ecosistemas y comunidades indígenas del Artico, debido a la biomagnificación de los COP y a la contaminación de sus alimentos tradicionales, subrayando la importancia de que la industria química fabricante de los COP asuma la responsabilidad de reducir los efectos adversos causados por sus productos y suministre información a los usuarios, a los gobiernos y al público, sobre las propiedades peligrosas de esos productos químicos.

La necesidad de fortalecer la capacidad para la gestión de los productos químicos en los países en desarrollo y en los países con economías en transición, mediante la transferencia de tecnología, la asistencia financiera y técnica y el fomento de la cooperación entre las Partes, representa una garantía del éxito del Convenio.

El objetivo del Convenio (Artículo 1 corregido) es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los COP, teniendo presente el criterio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

La adopción del criterio de precaución que también se explicita en el Artículo 8 numeral 7 literal a), significa que para actuar no habrá que aguardar a que exista plena certeza científica.

Se establece que cada Parte adoptará medidas de prohibición, eliminación o restricción en la producción y utilización, así como en las exportaciones e importaciones de los productos químicos comprendidos en los Anexos del Convenio, de forma de reducir o eliminar las liberaciones derivadas de su producción y utilización intencionales (Artículo 3º), no intencionales (Artículo 5º) y las derivadas de existencias y desechos (Artículo 6º).

No obstante, está previsto que toda Parte que tenga una excepción específica de acuerdo con el Anexo A, o una finalidad aceptable de conformidad con el Anexo B, tomarán las medidas apropiadas a efectos que cualquier producción o utilización vinculada a esa exención o finalidad, se realice evitando o reduciendo al mínimo la exposición humana y la liberación en el medio ambiente (Artículo 3º, párrafo 6).

Conforme al procedimiento establecido en el Artículo 4º, se establece un Registro para individualizar a las Partes que gozan de exenciones específicas, el cual la Secretaría del Convenio pondrá a disposición del público. Al pasar a ser Parte del Convenio, cualquier Estado podrá inscribirse en el Registro para uno o más tipos de exenciones específicas incluidas en los Anexos A y B, las cuales expirarán cinco años después de la fecha de entrada en vigor del Convenio con respecto a un producto químico determinado.

El Anexo A, ELIMINACION, comprende nueve productos químicos, aldrina, clordano, dieldrina, endrina, heptacloro, hexaclorobenceno, mirex, toxafeno y bifenilos policlorados (BPC). Las exenciones específicas allí contempladas, podrán ser ejercidas por las Partes que hayan registrado exenciones con respecto a ellas, de acuerdo con el Artículo 4, con la excepción establecida en la Parte II referida a la eliminación del uso de BPC en equipos (por ejemplo, transformadores, condensadores u otros receptáculos que contengan existencias de líquidos).

El Anexo B, RESTRICCION, incluye el DDT, con el objetivo último de la eliminación, permitiéndose, entre tanto, únicamente para el control de vectores de enfermedades infecciosas conforme con las recomendaciones y directrices de la Organización Mundial de la Salud. Se insta a promover la investigación, desarrollo e implementación de alternativas al DDT que sean seguras, efectivas y asequibles.

El Anexo C, PRODUCCION NO INTENCIONAL, se refiere a los siguientes COP: dibenzoparadioxinas y dibenzo-furanos policlorados (PCDD/PCDF), hexaclorobenceno (HCB) y bifenilos policlorados (BPC). Estos productos químicos se forman y se liberan de forma no intencional a partir de procesos térmicos, que comprenden materia orgánica y cloro, como resultado de una combustión incompleta o de reacciones químicas, por ejemplo, la quema a cielo abierto de desechos, combustión doméstica, combustión de combustibles fósiles en centrales termoeléctricas o calderas industriales, instalaciones de combustión de madera u otros combustibles de biomasa, crematorios, destrucción de carcasas de animales, motores que utilizan gasolina con plomo, plantas de desguace de vehículos, desechos de refinerías de petróleo, etc.

Entre las fuentes industriales con potencial de formación y liberación de esos productos al ambiente, se citan: incineradoras de desechos incluidas las de desechos municipales peligrosos o médicos o de fango cloacal, desechos peligrosos de la combustión en hornos de cemento y producción de pasta de papel utilizando cloro elemental para blanqueo.

Para alcanzar el objetivo, el Convenio prevé la adopción de medidas de reducción y eliminación de las liberaciones de COP, de promoción del uso de materiales, productos y procesos sustitutivos y el empleo de las mejores técnicas disponibles y prácticas ambientales.

Sin perjuicio de ello, siguiendo el procedimiento previsto en el Artículo 8º y los requisitos de información y criterios de selección contemplados en los Anexos D, E y F, cualquiera de las Partes podrá presentar a la Secretaría una propuesta de inclusión de un producto químico en los Anexos A, B y C, la que será analizada por un Comité de Examen de COP. En tal sentido, como parte integrante de este Mensaje, se acompaña la propuesta de exención presentada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con relación al producto mirex.

A efectos de alcanzar el objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los COP, se establecen mecanismos de intercambio de información entre las Partes (Artículo 9º), criterios de información, sensibilización y formación del público (Artículo 10), orientaciones para la investigación, desarrollo y vigilancia (Artículo 11), asistencia técnica (Artículo 12) y mecanismos de cooperación y recursos financieros para financiar los costes del cumplimiento del Convenio (Artículo 13), teniendo en cuentas las circunstancias y las especiales necesidades de las Partes, así como las responsabilidades comunes pero diferenciadas, de conformidad con lo reconocido en el principio 7 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

El Convenio de Estocolmo recuerda las disposiciones de los convenios internacionales sobre el medio ambiente, especialmente el Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos, objeto de comercio internacional, así como también el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, incluidos los acuerdos regionales elaborados en ese marco. Con relación a los citados instrumentos internacionales multilaterales, la República viene teniendo una política de participación activa, desarrollando diversos programas, especialmente en materia de cooperación.

Existen exenciones a dichas prohibiciones y restricciones. Las únicas exenciones generales se refieren a cantidades de una sustancia química utilizada en investigación a escala de laboratorio o como estándar de referencia, así como en cantidades como contaminantes trazas no intencionados en productos y artículos. Además, se establece un proceso de exención general que requiere notificación para COP que formen parte de artículos fabricados o en uso antes o en la fecha de entrada en vigor del Convenio o que se utilizan como intermediarios en sistemas cerrados y limitados a un emplazamiento. Estas notificaciones serán públicas.

El resto son exenciones específicas para países. En los Anexos se recogen los tipos de exenciones específicas disponibles (por ejemplo, la aldrina como insecticida; el clordano como termiticida en edificios y presas o como aditivo para adhesivos de contrachapado; o el heptacloro en tratamiento de la madera). Los países que escojan alguna de las exenciones tipificadas se incluirán en un registro, que tendrá un carácter público e incluirá además los tipos de exenciones y las fechas de expiración (cinco años tras la entrada en vigor del Convenio). La Conferencia de las Partes revisará cada caso y, a petición, puede conceder una prórroga como máximo de cinco años.

Las Partes firmantes deberán identificar las existencias, productos, artículos en uso y residuos que contengan o estén contaminados con COP para gestionarlas de manera ambientalmente racional. Se deberán eliminar de tal forma que el contenido de COP es destruido o transformado irreversiblemente, de forma que no se exhiban características de COP, o eliminado de forma ambientalmente racional cuando la destrucción o transformación irreversible no representa la opción medioambiental preferible o su contenido de COP sea bajo.

La Conferencia de las Partes trabajará en estrecha cooperación con los organismos relevantes de la Convención de Basilea para determinar los aspectos comunes que aun no están definidos, como son los niveles de destrucción de COP que se consideran suficientes, los métodos que garanticen la eliminación ambientalmente racional, así como la definición del nivel bajo a que se refería el párrafo anterior.

El Poder Ejecutivo considera de primordial interés la aprobación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en tanto instrumento idóneo para contribuir a la protección de la salud pública y del medio ambiente, así como por las condiciones del comercio internacional contemporáneo y su interrelación con la preservación ambiental, para favorecer la producción nacional y la comercialización de importantes rubros exportables, lo cual se vincula adecuadamente con la Constitución de la República que en su Artículo 47 declara de interés general la protección del ambiente y con la Ley Nº 17.283 de 28 de noviembre de 2000 (Ley General de Protección del Ambiente) que entre los principios de la política nacional ambiental recogió en el Artículo 6º literal B), el criterio de precaución, como fundamento para la adopción de medidas preventivas, criterio que como fue precedentemente expresado, está incorporado en el Artículo 1º y en el Artículo 8º párrafo 7 literal a) del Convenio.

El Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, Presidente de la República; Didier Opertti, Saul Irureta Saralegui, Pedro Bordaberry, Martín Aguirrezabala, Milton Pesce.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Montevideo, 26 de mayo de 2003.

Artículo Unico.- Apruébase el Convenio de Estocolmo, sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, suscrito en la ciudad de Estocolmo, Suecia, el 22 de mayo de 2001 integrado por el Preámbulo, treinta artículos, los Anexos A, B, C, D, E, F y la corrección efectuada en el Artículo 1º del texto original de la Convención (texto auténtico en español) y de los ejemplares certificados, comunicada el 21 de fe-brero de 2003 por el Secretario General de las Naciones Unidas.

Didier Opertti, Saul Irureta Saralegui, Pedro Bordaberry, Martín Aguirrezabala, Milton Pesce.

Dirección General de Servicios Agrícolas

División Análisis y Diagnóstico

República Oriental del Uruguay - Montevideo

Millán 4703 C.P. 12.900 Telefax.: (0598-2) 309.31.81

Montevideo, 9 de marzo de 2003.

EXENCION DEL MIREX EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO

El Convenio de Estocolmo suscripto en mayo de 2000, trata sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs). El mismo compromete a las Partes a adoptar medidas de prohibición o restricción en la producción y uso, así como la exportación e importación, de los productos químicos comprendidos en el Convenio, de forma de reducir o eliminar las liberaciones derivadas de su generación y utilización no intencionales, de existencias y deshechos.

De los nueve productos que figuran en el Anexo A del Convenio, con excepción de los Bifenilo policlorados (BPC), los restantes (Aldrin, Clordano, Dieldrina, Endrina, Heptacloro, Hexaclorobenceno, Mirex y Toxafeno), son productos organoclorados de uso agrícola. El DDT que figura en el Anexo B también fue antiguamente utilizado en la agricultura.

La Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es la autoridad que tiene asignada dentro de sus cometidos sustantivos, la evaluación de los productos fitosanitarios para su registro y autorización de venta en el país.

Ya desde 1968, mucho antes de que se planteara el Convenio de Estocolmo esta Dirección del MGAP, comienza a regular este tipo de productos, restringiendo el uso de organoclorados en la agricultura. Las primeras restricciones fueron para el Hexaclorociclohexano (HCH). El DDT por su parte ya había dejado de estar autorizado con anterioridad al año 1977.

Con posterioridad se efectuaron otras restricciones:

En 1968, mediante Resolución del 06/09/68 el Ministerio de Ganadería y Agricultura prohibió el uso de insecticidas clorados formulados a base de aldrin, dieldrin, endrin, clordano, heptacloro, líndano, DDT y endosulfán para el control de insectos plaga que atacan campos naturales y praderas implantadas y/o cultivadas, quedando exceptuado de esta prohibición el uso de hormiguicidas clorados para tratamientos localizados de hormigueros. Otra resolución de la misma fecha, de la Dirección de Ganadería, prohibió la fabricación y uso de insecticidas a base de HCH y dieldrin, utilizados para la sanidad animal.

En 1988, mediante Resolución del 19/05/88 el Ministerio de Ganadería y Agricultura revocó los registros y las autorizaciones de venta existentes de todos los insecticidas a base de endrin, para todo uso agronómico, y concedió un plazo de seis meses para que se les retirara de la venta. Desde entonces el uso del endrin quedó restringido exclusivamente, y sólo bajo expresa autorización oficial, al combate de loros o cotorras, declarados plaga nacional.

En 1989, mediante Resolución del 29/03/89 el Ministerio de Ganadería y Agricultura revocó los registros y las autorizaciones de venta existentes para todo uso agronómico, de curasemillas en cuya formulación intervenían sustancias o productos organoclorados y concedió un plazo de seis meses para que se les retirara de la venta.

También en 1989, mediante Resolución del 22/09/89 el Ministerio de Ganadería y Agricultura revocó todos los registros y las autorizaciones de venta de insecticidas organoclorados y les concedió un plazo de seis meses para ser retirados de la venta. Esta prohibición incluía todo tipo de uso agronómico, con la excepción del control de hormigas, por lo que, para evitar desvíos de uso, se estableció que los hormiguicidas deberán tener una concentración de sustancia activa no mayor al 2,5%, estar coloreados de rojo y venderse en envases de contenido igual o superior a un kilo o un litro.

La última medida firme al respecto, es una Resolución del MGAP de fecha 23 de setiembre de 1997, que revoca el registro y autorización de venta de los productos insecticidas a base de organoclorados para todo uso agronómico, con excepción de los productos a base de Mirex, o dodecacloro, formulado como cebo al 0.45%, restringiendo la venta de éste a envases 1 kg., como mínimo, para evitar su desvío al uso doméstico.

Más allá de las mencionadas disposiciones legales, los registros de importación y uso nos indican para cada producto que:

Aldrin: en 1989 se realizó la última importación de un insecticida a base de aldrin, ingresando al país 4.000 litros de Shell Aldrin 40 fabricados en Brasil. Pese a que continuaron autorizados los hormiguicidas, la última importación de aldrin es de 1991 cuando se trajeron al Uruguay 35.720 kg. del Hormiguicida Shell Andrin, polvo al 2,5%, equivalentes a 893 kgs. de sustancia activa. Desde entonces el aldrin ha dejado de utilizarse por completo en el Uruguay.

Clordano: Dejó de utilizarse en el Uruguay, con destino al control de plagas de la agricultura, a partir de 1986, en que se realizó la última importación de 1.673 lts. de clordano técnico, suficiente para la formulación de los hormiguicidas líquidos al 74% Clordano Tampa y Clordano Tofana 74. Sin embargo, para uso industrial en aserraderos y carpinterías, se continúo importando para el control de termitas de la madera hasta diciembre de 1994, en que se concretó la última importación de 372 kg. desde la Argentina.

DDT: Se utilizaron diversos tipos de formulaciones que estuvieron autorizadas hasta 1977. Desde entonces no existe ningún producto agrícola autorizado a base de este insecticida, ni se ha registrado ninguna importación del mismo para uso agrícola.

Endrin: Como ya se mencionó, en 1988 se revocaron los registros y las autorizaciones de venta existentes de insecticidas a base de endrin, para todo uso agronómico y en seis meses debieron ser retirados de la venta como insecticidas. Los remanentes de la formulación de endrin al 20% quedaron restringidos a ser usados, exclusivamente y sólo bajo expresa autorización oficial, al combate de loros o cotorras. De este remanente controlado, en 1990, se exportaron a la Argentina 1.000 lts. y los restantes 1.500 lts. fueron siendo aplicados, en forma controlada, contra loros y cotorras hasta 1992.

Dieldrin: En 1968, mediante Resolución del 06/09/68 el Ministerio de Ganadería y Agricultura prohibió la fabricación y uso de insecticidas a base de dieldrin, para uso en sanidad animal.

La última importación al país de productos a base de dieldrin data de 1987, cuando ingresaron desde Holanda 3.089 Kg. de Shell Dieldrin 75%Lwp. A partir de entonces cesó su uso en el país.

Heptacloro: Como producto terminado, dejó de importarse en el Uruguay a partir de 1987 cuando se realiza la última importación de 1.996 kg. de Heptacloro Tampa Polvo desde los Estados Unidos y 1.000 kg. de Fulmoline Polvo desde la Argentina. En 1990 se realiza una última importación de 816 kg. con destino a la formulación local de hormiguicida al 2,5% y desde entonces cesa su utilización.

Hexaclorociclohexano: En 1968, mediante Resolución del 06/09/68 el Ministerio de Ganadería y Agricultura prohibió la fabricación y uso de insecticidas a base de HCH, con destino a la sanidad animal.

Posteriormente en 1977, mediante Resolución del 12/01/77 el Ministerio de Ganadería y Agricultura prohibió la importación, fabricación y formulación de plaguicidas y específicos de aplicación en Sanidad Animal y Vegetal cuyos principios activos sean a base de HCH, prohibiendo su venta en todo el territorio nacional a partir del 30 de junio de 1977.

Asimismo, para mejor control, obligó a quienes estuvieran en posesión de dichos productos, a realizar una declaración jurada de existencias. Quedó exceptuado de esta disposición el producto cuyo principio activo era el isómero gamma del hexaclorociclohexano de pureza mínima 97,99%, o sea el lindano.

Lindano: Aunque se mantuvo la autorización de venta de polvo hormiguicida a base de lindano al 2,5% hasta 1994, la última importación de lindano para uso agrícola se efectuó en 1985, al ingresar desde China 500 kg. de lindano técnico. Con el mismo se formularon 20 TM de Hormiguicida Lucero, polvo al 2,5%.

HCG: Nunca estuvo autorizado ni existen registros desde 1977.

Si bien la última normativa data del año 1997, las estadísticas de importación de COP’s que se resumen en el siguiente cuadro, indican que la última importación se realizó en el año 1994.

Como puede observarse, pese a los años transcurridos los productos alternativos no han logrado sustituir libremente el uso del Mirex, lo cual habría logrado naturalmente si constituyeran alternativas, por lo menos similares, o mejores en eficacia y/o costo. Por lo tanto y de acuerdo a la evolución de uso presentada, es imprescindible y necesario que el país efectúe una evaluación ajustada del impacto que en la producción agrícola podría llegar a tener la posible prohibición de este producto.

Por otra parte el Mirex, por sus características toxicológicas, por su tipo de formulación (gránulos) y modo de aplicación no presenta riesgo para el usuario directo o aplicador, siendo su persistencia en el ambiente el motivo de su cuestionamiento. En este sentido, los volúmenes anuales de sustancia activa aplicados en nuestro país son relativamente reducidos, pese a su importancia como hormiguicida de primera elección por parte de los productores. En nuestro conocimiento, no existe ningún informe que indique su presencia como contaminante en alguna parte, siendo este un aspecto que se debería evaluar.

A estos efectos, el Convenio prevé la posibilidad de que las Partes gocen de exenciones (artículo 3º, párrafo 6, artículo 4), por lo tanto esta exención prevista, en el Convenio para el Mirex, fue solicitado que se efectuara antes de la ratificación del mismo.

El Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente gestionó y obtuvo su aprobación ante el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), un proyecto de cooperación para la elaboración del Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo. Con fondos del proyecto será posible efectuar los estudios del posible impacto de la eliminación, o no, del Mirex, que sean necesarios. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en su carácter de organismo competente en materia de productos de uso agrícola debería participar activamente en el Proyecto de referencia.

El Convenio prevé que la primera exención se dé por un plazo de 5 años a la sola solicitud de la Parte, pasados los mismos es posible volver a solicitar a la Secretaría del Convenio la continuidad de la exención, la cual deberá estar justificada.

DIVISION ANALISIS Y DIAGNOSTICO

Montevideo, 9 de abril de 2003.

Sra. Encargada de la Dirección

General de Servicios Agrícolas

Ing.Agr. Ana M. Berti

Cúmpleme elevar a usted el informe adjunto que me fuera solicitado por el Asesor Ing. Agr. Robert Sáez a solicitud del Sr. Subsecretario del MGAP, en referencia al Convenio de Estocolmo y al planteo efectuado por esta Dirección General de solicitud de exención del producto MIREX.

Saluda a usted atentamente.

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS AGRICOLAS

Montevideo, 21 de abril de 2003.

Con lo informado, elévese a la Subsecretaría del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Sr. Asesor Ing. Agr. Roberto Sáez.

Ministro Interino de Ganadería, Agricultura y Pesca

Montevideo, 24 de abril de 2003.

Sr. Emb. Guillermo Valles

Ministro Interino

Ministerio de Relaciones Exteriores

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente tengo el gusto de adjuntar el informe preparado por la Dirección General de Servicios Agrícolas del MGAP en lo referente a la exención del insecticida MIREX dentro del Convenio de Estocolmo suscrito en mayo de 2000 sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. En su articulado este Convenio anticipa la posibilidad de que las Partes gocen de exenciones, cuando ellas estén debidamente justificadas.

Por tanto, este trabajo fundamenta muy claramente las razones técnicas y económicas de la propuesta por parte del MGAP, la cual para nada desestima la importancia que a la brevedad posible Uruguay dé pleno respaldo, ratificando por vía parlamentaria, lo acordado en dicho Convenio.

En consecuencia, deseamos que este trabajo se incorpore formalmente al expediente correspondiente previo a su envío al Poder Legislativo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con la mayor consideración.

Atte.,

CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES

Las Partes en el presente Convenio,

Reconociendo que los contaminantes orgánicos persistentes tienen propiedades tóxicas, son resistentes a la degradación, se bioacumulan y son trasportados por el aire, el agua y las especies migratorias a través de las fronteras internacionales y depositados lejos del lugar de su liberación, acumulándose en ecosistemas terrestres y acuáticos,

Conscientes de los problemas de salud, especialmente en los países en desarrollo, resultantes de la exposición local a los contaminantes orgánicos persistentes, en especial los efectos en las mujeres y, a través de ellas, en las futuras generaciones,

Reconociendo que los ecosistemas, y comunidades indígenas árticos están especialmente amenazados debido a la biomagnificación de los contaminantes orgánicos persistentes y que la contaminación de sus alimentos tradicionales es un problema de salud pública,

Conscientes de la necesidad de tomar medidas de alcance mundial sobre los contaminantes orgánicos persistentes,

Teniendo en cuenta la decisión 19/13 C, del 7 de febrero de 1997, del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de iniciar actividades internacionales para proteger la salud humana y el medio ambiente con medidas para reducir y/o eliminar las emisiones y descargas de contaminantes orgánicos persistentes,

Recordando las disposiciones pertinentes de los convenios internacionales pertinentes sobre el medio ambiente, especialmente el Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional y el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, incluidos los acuerdos regionales elaborados en el marco de su artículo 11,

Recordando también las disposiciones pertinentes de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Programa 21,

Reconociendo que la idea de precaución es el fundamento de las preocupaciones de todas las Partes y se halla incorporada de manera sustancial en el presente Convenio,

Reconociendo que el presente Convenio y los demás acuerdos internacionales en la esfera del comercio y el medio ambiente se apoyan mutuamente,

Reafirmando que los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos con arreglo a sus políticas propias en materia de medio ambiente y desarrollo, así como la responsabilidad de velar por que las actividades que se realicen bajo su jurisdicción o control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas situadas más allá de los límites de la jurisdicción nacional,

Teniendo en cuenta las circunstancias y las especiales necesidades de los países en desarrollo, particularmente las de los países menos adelantados, y de los países con economías en transición, en particular la necesidad de fortalecer su capacidad nacional para la gestión de los productos químicos, inclusive mediante la transferencia de tecnología, la prestación de asistencia financiera y técnica y el fomento de la cooperación entre las Partes,

Teniendo plenamente en cuenta el Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo, aprobado en Barbados el 6 de mayo de 1994,

Tomando nota de las respectivas capacidades de los países desarollados y en desarrollo, así como de las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los Estados de acuerdo con lo reconocido en el principio 7 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,

Reconociendo la importante contribución que el sector privado y las organizaciones no gubernamentales pueden hacer para lograr la reducción y/o eliminación de las emisiones y descargas de contaminantes orgánicos persistentes,

Subrayando la importancia de que los fabricantes de contaminantes orgánicos persistentes asuman la responsabilidad de reducir los efectos adversos causados por sus productos y de suministrar información a los usuarios, a los gobiernos y al público sobre las propiedades peligrosas de esos productos químicos,

Conscientes de la necesidad de adoptar medidas para prevenir los efectos adversos causados por los contaminantes orgánicos persistentes en todos los estados de su ciclo de vida,

Reafirmando el principio 16 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que estipula que las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales,

Alentando a las Partes que no cuentan con sistemas reglamentarios y de evaluación para plaguicidas y productos químicos industriales a que desarrollen esos sistemas,

Reconociendo la importancia de concebir y emplear procesos alternativos y productos químicos sustitutivos ambientalmente racionales,

Resueltas a proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos de los contaminantes orgánicos persistentes,

Han acordado lo siguiente:

Artículo I

Objetivo

Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos del presente Convenio:

a) Por "Parte" se entiende un Estado o una organización de integración económica regional que haya consentido en someterse a las obligaciones establecidas en el presente Convenio y en los que el Convenio está en vigor;

b) Por "organización de integración económica regional" se entiende una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada a la cual los Estados hayan cedido su competencia respecto de materias regidas por el presente Convenio y que haya sido debidamente facultada, de conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio o adherirse a él;

c) Por "Partes presentes y votantes" se entiende las Partes que estén presentes y emitan un voto afirmativo o negativo.

Artículo 3

Medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la producción y utilización intencionales

1. Cada Parte:

a) Prohibirá y/o adoptará las medidas jurídicas y administrativas que sean necesarias para eliminar:

i) Su producción y utilización de los productos químicos enumerados en el anexo A con sujeción a las disposiciones que figuran en ese anexo; y

ii) Sus importaciones y exportaciones de los productos químicos incluidos en el anexo A de acuerdo con las disposiciones del párrafo 2, y

b) Restringirá su producción y utilización de los productos químicos incluidos en el anexo B de conformidad con las disposiciones de dicho anexo.

2. Cada Parte adoptará medidas para velar por que:

a) Un producto químico incluido en el anexo A o en el anexo B, se importe únicamente:

i) Para fines de su eliminación ambientalmente racional con arreglo a las disposiciones del inciso d) del párrafo 1 del artículo 6; o

ii) Para una finalidad o utilización permitida para esa

Parte en virtud del anexo A o el anexo B;

b) Un producto químico incluido en el anexo A, respecto del cual está en vigor con exención específica para la producción o utilización, o un producto químico incluido en la lista del anexo B, respecto del cual está en vigor una exención específica para la producción o utilización en una finalidad aceptable, teniendo en cuenta las disposiciones de los instrumentos internacionales de consentimiento fundamentado previo existentes, se exporte únicamente:

i) Para fines de su eliminación ambientalmente racional con arreglo a las disposiciones del inciso d) del párrafo 1 del artículo 6;

ii) A una Parte que tiene autorización para utilizar ese producto químico en virtud del anexo A o anexo B; o

iii) A un Estado que no es Parte en el presente Convenio, que haya otorgado una certificación anual a la Parte exportadora. Esa certificación deberá especificar el uso previsto e incluirá una declaración de que, con respecto a ese producto químico, el Estado importador se compromete a:

a. Proteger la salud humana y el medio ambiente tomando las medidas necesarias para reducir a un mínimo o evitar las liberaciones;

b. Cumplir lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 6; y

c. Cuando proceda, cumplir lo dispuesto en el párrafo 2 de la parte II del anexo B.

La certificación incluirá también toda la documentación de apoyo apropiada, como legislación, instrumentos reglamentarios o directrices administrativas o de política. La Parte exportadora transmitirá la certificación a la Secretaría dentro de los sesenta días siguientes a su recepción.

c) Un producto químico incluido en el anexo A, respecto del cual han dejado de ser efectivas para cualquiera de las Partes las exenciones específicas para la producción y utilización, no sea exportado por esa Parte, salvo para su eliminación ambientalmente racional, según lo dispuesto en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 6;

d) A los efectos del presente párrafo, el término "Estado que no es Parte en el presente Convenio" incluirá, en relación con un producto químico determinado, un Estado u organización de integración económica regional que no haya consentido en someterse a las obligaciones establecidas en el Convenio con respecto a ese producto químico.

3. Cada Parte que disponga de uno o más sistemas de reglamentación y evaluación de nuevos plaguicidas o nuevos productos químicos industriales adoptará medidas para reglamentar, con el fin de prevenirlas, la producción y utilización de nuevos plaguicidas o nuevos productos químicos industriales que, teniendo en consideración los criterios del párrafo 1 del anexo D, posean las características de contaminantes orgánicos persistentes.

4. Cada Parte que disponga de uno o más sistemas de reglamentación y evaluación de plaguicidas o productos químicos industriales tendrá en consideración dentro de esos sistemas, cuando corresponda, los criterios del párrafo 1 del anexo D en el momento de realizar las evaluaciones de los plaguicidas o productos químicos industriales que actualmente se encuentren en uso.

5. A menos que el presente Convenio disponga otra cosa, los párrafos 1 y 2 no se aplicarán a las cantidades de un producto químico destinado a ser utilizado para investigaciones a escala de laboratorio o como patrón de referencia.

6. Toda Parte que tenga una excepción específica de acuerdo con el anexo A, o una finalidad aceptable de acuerdo con el anexo B, tomará las medidas apropiadas para velar por que cualquier producción o utilización correspondiente a esa exención o finalidad se realice de manera que evite o reduzca al mínimo la exposición humana y la liberación en el medio ambiente. En cuanto a las utilizaciones exentas o las finalidades aceptables que incluyan la liberación intencional en el medio ambiente en condiciones de utilización normal, tal liberación deberá ser la mínima necesaria, teniendo en cuenta las normas y directrices aplicables.

Artículo 4

Registro de exenciones específicas

1. Se establece un Registro en el marco del presente Convenio para individualizar a las Partes que gozan de exenciones específicas incluidas en el anexo A o en el anexo B. En el registro no se identificará a las Partes que hagan uso de las disposiciones del anexo A o el anexo B que pueden ser invocadas por todas las Partes. La Secretaría mantendrá ese Registro y lo pondrá a disposición del público.

2. En el Registro se incluirá:

a) Una lista de los tipos de exenciones específicas tomadas del anexo A y el anexo B;

b) Una lista de las Partes que gozan de una exención específica incluida en el anexo A o en el anexo B; y

c) Una lista de las fechas de expiración de cada una de las exenciones específicas registradas.

3. Al pasar a ser Parte, cualquier Estado podrá, mediante notificación escrita dirigida a la Secretaría, inscribirse en el Registro para uno o más tipos de exenciones específicas incluidas en el anexo A, o en el anexo B.

4. Salvo que una Parte indique una fecha anterior en el Registro, o se otorgue una prórroga de conformidad con el párrafo 7, todas las inscripciones de exenciones específicas expirarán cinco años después de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio con respecto a un producto químico determinado.

5. En su primera reunión, la Conferencia de las Partes adoptará una decisión respecto de su proceso de examen de las inscripciones en el Registro.

6. Con anterioridad al examen de una inscripción en el Registro, la Parte interesada presentará un informe a la Secretaría en el que justificará la necesidad de que esa exención siga registrada. La Secretaría distribuirá el informe a todas las Partes. El examen de una inscripción se llevará a cabo sobre la base de toda la información disponible. Con esos antecedentes, la Conferencia de las Partes podrá formular las recomendaciones que estime oportunas a la Parte interesada.

7. La Conferencia de las Partes podrá, a solicitud de la Parte interesada, decidir prorrogar la fecha de expiración de una exención específica por un período de hasta cinco años. Al adoptar su decisión, la Conferencia de las Partes tomará debidamente en cuenta las circunstancias especiales de las Partes que sean países en desarrollo y de las Partes que sean economías en transición.

8. Una Parte podrá, en cualquier momento, retirar del Registro la inscripción de una exención específica mediante notificación escrita a la Secretaría. El retiro tendrá efecto en la fecha que se especifique en la notificación.

9. Cuando ya no haya Partes inscritas para un tipo particular de exención específica, no se podrán hacer nuevas inscripciones con respecto a ese tipo de exención.

Artículo 5

Medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la producción no intencional

Cada Parte adoptará como mínimo las siguientes medidas para reducir las liberaciones totales derivadas de fuentes antropógenas de cada uno de los productos químicos incluidos en el anexo C, con la meta de seguir reduciéndolas al mínimo y, en los casos en que sea viable, eliminarlas definitivamente:

a) Elaborará en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Convenio para dicha Parte, y aplicará ulteriormente, un plan de acción o, cuando proceda, un plan de acción regional o subregional como parte del plan de aplicación especificado en el artículo 7, destinado a identificar, caracterizar y combatir las liberaciones de los productos químicos incluidos en el anexo C y facilitar la aplicación de los apartados b) a e). En el plan de acción se incluirán los elementos siguientes:

i) Una evaluación de las liberaciones actuales y proyectadas, incluida la preparación y el mantenimiento de inventarios de fuentes y estimaciones de liberaciones, tomando en consideración las categorías de fuentes que se indican en el anexo C;

ii) Una evaluación de la eficacia de las leyes y políticas de la Parte relativas al manejo de esas liberaciones;

iii) Estrategias para cumplir las obligaciones estipuladas en el presente párrafo, teniendo en cuenta las evaluaciones mencionadas en los incisos i) y ii);

iv) Medidas para promover la educación, la capacitación y la sensibilización sobre esas estrategias;

v) Un examen quinquenal de las estrategias y su éxito en cuanto al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente párrafo; esos exámenes se incluirán en los informes que se presenten de conformidad con el artículo 15; y

vi) Un calendario para la aplicación del plan de acción, incluidas las estrategias y las medidas que se señalan en ese plan;

b) Promover la aplicación de las medidas disponibles, viables y prácticas que permitan lograr rápidamente un grado realista y significativo de reducción de las liberaciones o de eliminación de fuentes;

c) Promover el desarrollo y, cuando se considere oportuno, exigir la utilización de materiales, productos y procesos sustitutivos o modificados para evitar la formación y liberación de productos químicos incluidos en el anexo C, teniendo en cuenta las orientaciones generales sobre medidas de prevención y reducción de las liberaciones que figuran en el anexo C y las directrices que se adopten por decisión de la Conferencia de las Partes;

d) Promover y, de conformidad con el calendario de aplicación de su plan de acción, requerir el empleo de las mejores técnicas disponibles con respecto a las nuevas fuentes dentro de las categorías de fuentes que según haya determinado una Parte justifiquen dichas medidas con arreglo a su plan de acción, centrándose especialmente en un principio en las categorías de fuentes incluidas en la parte II del anexo C. En cualquier caso, el requisito de utilización de las mejores técnicas disponibles con respecto a las nuevas fuentes de las categorías incluidas en la lista de la parte II de ese anexo se adoptarán gradualmente lo antes posible, pero a más tardar cuatro años después de la entrada en vigor del Convenio para esa Parte. Con respecto a las categorías identificadas, las Partes promoverán la utilización de las mejores prácticas ambientales. Al aplicar las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales, las Partes deberán tener en cuenta las directrices generales sobre medidas de prevención y reducción de las liberaciones que figuran en dicho anexo y las directrices sobre mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales que se adopten por decisión de la Conferencia de las Partes;

e) Promover, de conformidad con su plan de acción, el empleo de las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales:

i) Con respecto a las fuentes existentes dentro de las categorías de fuentes incluidas en la parte II del anexo C y dentro de las categorías de fuentes como las que figuran en la parte III de dicho anexo; y

ii) Con respecto a las nuevas fuentes, dentro de categorías de fuentes como las incluidas en la parte III del anexo C a las que una Parte no se haya referido en el marco del apartado d).

Al aplicar las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales las Partes tendrán en cuenta las directrices generales sobre medidas de prevención y reducción de las liberaciones que figuran en el anexo C y las directrices sobre mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales que se adopten por decisión de la Conferencia de las Partes;

f) A los fines del presente párrafo y del anexo C:

i) Por "mejores técnicas disponibles" se entiende la etapa más eficaz y avanzada en el desarrollo de actividades y sus métodos de operación que indican la idoneidad práctica de técnicas específicas para proporcionar en principio la base de la limitación de las liberaciones destinada a evitar y, cuando no sea viable, reducir en general las liberaciones de los productos químicos incluidos en la parte I del anexo C y sus efectos en el medio ambiente en su conjunto. A este respecto:

ii) "Técnicas" incluye tanto la tecnología utilizada como el modo en que la instalación es diseñada, construida, mantenida, operada y desmantelada;

iii) "Disponibles" son aquellas técnicas que resultan accesibles al operador y que se han desarrollado a una escala que permite su aplicación en el sector industrial pertinente en condiciones económica y técnicamente viables, teniendo en consideración los costos y las ventajas; y

iv) Por "mejores" se entiende más eficaces para lograr un alto grado general de protección del medio ambiente en su conjunto;

v) Por "mejores prácticas ambientales" se entiende la aplicación de la combinación más adecuada de medidas y estrategias de control ambiental;

vi) Por "nueva fuente" se entiende cualquier fuente cuya construcción o modificación sustancial se haya comenzado por lo menos un año después de la fecha de:

a. Entrada en vigor del presente Convenio para la Parte interesada; o

b. Entrada en vigor para la Parte interesada de una enmienda del anexo C en virtud de la cual la fuente quede sometida a las disposiciones del presente Convenio exclusivamente en virtud de esa enmienda.

g) Una Parte podrá utilizar valores de limite de liberación o pautas de comportamiento para cumplir sus compromisos de aplicar las mejores técnicas disponibles con arreglo al presente párrafo.

Artículo 6

Medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de existencias y desechos

1. Con el fin de garantizar que las existencias que consistan en productos químicos incluidos en el anexo A o en el anexo B, o que contengan esos productos químicos, así como los desechos, incluidos los productos y artículos cuando se conviertan en desechos, que consistan en un producto químico incluido en el anexo A, B o C o que contengan dicho producto químico o estén contaminadas con él, se gestionen de manera que se proteja la salud humana y el medio ambiente, cada Parte:

a) Elaborará estrategias apropiadas para determinar:

i) Las existencias que consistan en productos químicos incluidos en el anexo A o en el anexo B, o que contengan esos productos químicos; y

ii) Los productos y artículos en uso, así como los desechos, que consistan en un producto químico incluido en el anexo A, B o C, que contengan dicho producto químico o estén contaminados con él.

b) Determinará, en la medida de lo posible, las existencias que consistan en productos químicos incluidos en el anexo A o en el anexo B, o que contengan esos productos químicos, sobre la base de las estrategias a que se hace referencia en el apartado a);

c) Gestionará, cuando proceda, las existencias de manera segura, eficiente y ambientalmente racional. Las existencias de productos químicos incluidos en el anexo A o en el anexo B, cuando ya no se permita utilizarlas en virtud de una exención específica estipulada en el anexo A o una exención específica o finalidad aceptable estipulada en el anexo B, a excepción de las existencias cuya exportación esté autorizada de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3, se considerarán desechos y se gestionarán de acuerdo con el apartado d);

d) Adoptará las medidas adecuadas para que esos desechos, incluidos los productos y artículos, cuando se conviertan en desechos:

i) Se gestionen, recojan, transporten y almacenen de manera ambientalmente racional;

ii) Se eliminen de un modo tal que el contenido del contaminante orgánico persistente se destruya o se transforme en forma irreversible de manera que no presenten las características de contaminante orgánico persistente o, de no ser así, se eliminen en forma ambientalmente racional cuando la destrucción o la transformación irreversible no represente la opción preferible desde el punto de vista del medio ambiente o su contenido de contaminante orgánico persistente sea bajo, teniendo en cuenta las reglas, normas y directrices internacionales, incluidas las que puedan elaborarse de acuerdo con el párrafo 2, y los regímenes mundiales y regionales pertinentes que rigen la gestión de los desechos peligrosos;

iii) No estén autorizados a ser objeto de operaciones de eliminación que puedan dar lugar a la recuperación, reciclado, regeneración, reutilización directa o usos alternativos de los contaminantes orgánicos persistentes; y

iv) No sean transportados a través de las fronteras internacionales sin tener en cuenta las reglas, normas y directrices internacionales;

e) Se esforzará por elaborar estrategias adecuadas para identificar los sitios contaminados con productos químicos incluidos en el anexo A, B o C; y en caso de que se realice el saneamiento de esos sitios, ello deberá efectuarse de manera ambientalmente racional.

2. La Conferencia de las Partes, cooperará estechamente con los órganos pertinentes del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, para, entre otras cosas:

a) Fijar niveles de destrucción y transformación irreversible necesarios para garantizar que no se exhiban las características de contaminantes orgánicos persistentes especificadas en el párrafo 1 del anexo D;

b) Determinar los métodos que constituyan la eliminación ambientalmente racional a que se hace referencia anteriormente; y

c) Adoptar medidas para establecer, cuando proceda, los niveles de concentración de los productos químicos incluidos en los anexos A, B y C para definir el bajo contenido de contaminante orgánico persistente a que se hace referencia en el inciso ii) del apartado d) del párrafo 1.

Artículo 7

Planes de aplicación

1. Cada Parte:

a) Elaborará un plan para el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Convenio y se esforzará en aplicarlo;

b) Transmitirá su plan de aplicación a la Conferencia de las Partes dentro de un plazo de dos años a partir de la fecha en que el presente Convenio entre en vigor para dicha Parte; y

c) Revisará y actualizará, según corresponda, su plan de aplicación a intervalos periódicos y de la manera que determine una decisión de la Conferencia de las Partes.

2. Las Partes, cuando proceda, cooperarán directamente o por conducto de organizaciones mundiales, regionales o subregionales, y consultarán a los interesados directos nacionales, incluidos los grupos de mujeres y los grupos que se ocupan de la salud de los niños, a fin de facilitar la elaboración, aplicación y actualización de sus planes de aplicación.

3. Las Partes se esforzarán por utilizar y, cuando sea necesario, establecer los medios para incorporar los planes nacionales de aplicación relativos a los contaminantes orgánicos persistentes en sus estrategias de desarrollo sostenible cuando sea apropiado.

Artículo 8

Inclusión de productos químicos en los anexos A, B y C

1. Cualquiera de las Partes podrá presentar a la Secretaría una propuesta de inclusión de un producto químico en los anexos A, B y/o C. Tal propuesta incluirá la información que se especifica en el anexo D. Al presentar una propuesta, una Parte podrá recibir la asistencia de otras Partes y/o de la Secretaría.

2. La Secretaría comprobará que la propuesta incluya la información especificada en el anexo D. Si la Secretaría considera que la propuesta contiene dicha información, remitirá la propuesta al Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes.

3. El Comité examinará la propuesta y aplicará los criterios de selección especificados en el anexo D de manera flexible y transparente, teniendo en cuenta toda la información proporcionada de manera integradora y equilibrada.

4. Si el Comité decide que:

a) Se han cumplido los criterios de selección, remitirá, a través de la Secretaría, la propuesta y la evaluación del Comité a todas las Partes y observadores y los invitará a que presenten la información señalada en el anexo E; o

b) No se han cumplido los criterios de selección, lo comunicará, a través de la Secretaría, a todas las Partes y observadores y remitirá la propuesta y la evaluación del Comité a todas las Partes, con lo que se desestimará la propuesta.

5. Cualquiera de las Partes podrá volver a presentar al Comité una propuesta que éste haya desestimado de conformidad con el párrafo 4. En la nueva presentación podrá figurar todos los razonamientos de la Parte, así como la justificación para que el Comité la vuelva a examinar. Si tras aplicar este procedimiento el Comité desestima nuevamente la propuesta, la Parte podrá impugnar la decisión del Comité y la Conferencia de las Partes examinará la cuestión en su siguiente período de sesiones. La Conferencia de las Partes podrá decidir que se dé curso a la propuesta, sobre la base de los criterios de selección especificados en el anexo D y tomando en consideración la evaluación realizada por el Comité y cualquier información adicional que proporcionen las Partes o los observadores.

6. En los casos en que el Comité haya decidido que se han cumplido los criterios de selección o que la Conferencia de las Partes haya decidido que se dé curso a la propuesta, el Comité examinará de nuevo la propuesta, tomando en consideración toda nueva información pertinente recibida, y preparará un proyecto de perfil de riesgos de conformidad con el anexo E. El Comité, a través de la Secretaría pondrá dicho proyecto a disposición de todas las Partes y observadores, compilará las observaciones técnicas que éstos formulen y, teniendo en cuenta esas observaciones, terminará de elaborar el perfil de riesgos.

7. Si, sobre la base del perfil de riesgos preparado con arreglo al anexo E, el Comité decide que:

a) Es probable que el producto químico, como resultado de su transporte ambiental de largo alcance, pueda tener efectos adversos importantes para la salud humana y/o el medio ambiente de modo que se justifique la adopción de medidas a nivel mundial, se dará curso a la propuesta. La falta de plena certeza científica no obstará a que se dé curso a la propuesta. El Comité, a través de la Secretaría, invitará a todas las Partes y observadores a que presenten información en relación con las consideraciones especificadas en el anexo F. A continuación, el Comité preparará una evaluación de la gestión de riesgos que incluya un análisis de las posibles medidas de control relativas al producto químico de conformidad con el anexo; o

b) La propuesta no debe prosperar, remitirá a través de la Secretaría el perfil de riesgos a todas las Partes y observadores y desestimará la propuesta.

8. Respecto de una propuesta que se desestime de conformidad con el apartado b) del párrafo 7, cualquier Parte podrá pedir a la Conferencia de las Partes que considere la posibilidad de dar instrucciones al Comité a fin de que invite a la Parte proponente y a otras Partes a que presenten información complementaria dentro de un plazo no superior a un año. Transcurrido ese plazo y sobre la base de la información que se reciba, el Comité examinará de nuevo la propuesta de conformidad con el párrafo 6 con la prioridad que le asigne la Conferencia de las Partes. Si, tras aplicar este procedimiento, el Comité desestima nuevamente la propuesta, la Parte podrá impugnar la decisión del Comité y la Conferencia de las Partes examinará la cuestión en su siguiente período de sesiones. La Conferencia de las Partes podrá decidir que se dé curso a la propuesta, sobre la base del perfil de riesgos preparado de conformidad con el anexo E y tomando en consideración la evaluación realizada por el Comité, así como toda información complementaria que proporcionen las Partes o los observadores. Si la Conferencia de las Partes estima que la propuesta debe proseguir, el Comité procederá a preparar la evaluación de la gestión de riesgos.

9. Sobre la base de perfil de riesgos a que se hace referencia en el párrafo 6 y la evaluación de la gestión de riesgos mencionada en el apartado a) del párrafo 7 o en el párrafo 8, el Comité recomendará a la Conferencia de las Partes si debe considerar la posibilidad de incluir el producto químico en los anexos A, B y/o C. La Conferencia de las Partes adoptará, a título preventivo, una decisión sobre la procedencia o no de incluir el producto químico en los anexos A, B y/o C, especificando las medidas de control conexas, teniendo debidamente en cuenta las recomendaciones del Comité, incluida cualquier incertidumbre científica.

Artículo 9

Intercambio de información

1. Cada Parte facilitará o llevará a cabo el intercambio de información en relación con:

a) La reducción o la eliminación de la producción, utilización y liberación de contaminantes orgánicos persistentes; y

b) Las alternativas a los contaminantes orgánicos persistentes, incluida la información relacionada con sus peligros y con sus costos económicos y sociales.

2. Las Partes intercambiarán la información a que se hace referencia en el párrafo 1 directamente o a través de la Secretaría.

3. Cada Parte designará un centro nacional de coordinación para el intercambio de ese tipo de información.

4. La Secretaría prestará servicios como mecanismo de intercambio de información relativa a los contaminantes orgánicos persistentes, incluida la información proporcionada por las Partes, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales.

5. A los fines del presente Convenio, la información sobre la salud y la seguridad humanas y del medio ambiente no se considerará confidencial. Las Partes que intercambien otro tipo de información de conformidad con este Convenio protegerán toda información confidencial en la forma que se convenga mutuamente.

Artículo 10

Información, sensibilización y formación del público

1. Cada Parte, dentro de sus capacidades, promoverá y facilitará:

a) La sensibilización de sus encargados de formular políticas y adoptar decisiones acerca de los contaminantes orgánicos persistentes;

b) La comunicación al público de toda la información disponible sobre los contaminantes orgánicos persistentes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 9;

c) La elaboración y aplicación de programas de formación y de sensibilización del público, especialmente para las mujeres, los niños y las personas menos instruidas, sobre los contaminantes orgánicos persistentes, así como sobre sus efectos para la salud y el medio ambiente y sobre sus alternativas;

d) La participación del público en el tratamiento del tema de los contaminantes orgánicos persistentes y sus efectos para la salud y el medio ambiente y en la elaboración de respuestas adecuadas, incluida la posibilidad de hacer aportaciones a nivel nacional acerca de la aplicación del presente Convenio;

e) La capacitación de los trabajadores y del personal científico, docente, técnico y directivo;

f) La elaboración y el intercambio de materiales de formación y sensibilización del público a los niveles nacional e internacional; y

g) La elaboración y aplicación de programas de educación y capacitación a los niveles nacional e internacional.

2. Cada Parte, dentro de sus capacidades, velará por que el público tenga acceso a la información pública a que se hace referencia en el párrafo 1 y por que esa información se mantenga actualizada.

3. Cada Parte, dentro de sus capacidades, alentará a la industria y a los usuarios profesionales a que promuevan y faciliten el suministro de información a que se hace referencia en el párrafo 1 a nivel nacional y, según proceda, a los niveles subregional, regional y mundial.

4. Al proporcionar información sobre los contaminantes orgánicos persistentes y sus alternativas, las Partes podrán utilizar hojas de datos de seguridad, informes, medios de difusión y otros medios de comunicación, y podrán establecer centros de información a los niveles nacional y regional.

5. Cada Parte estudiará con buena disposición la posibilidad de concebir mecanismos, tales como registros de liberaciones y transferencias, para la reunión y difusión de información sobre estimaciones de las cantidades anuales de productos químicos incluidos en los anexos A, B o C que se liberan o eliminan.

Artículo 11

Investigación, desarrollo y vigilancia

1. Las Partes, dentro de sus capacidades, alentarán y/o efectuarán a los niveles nacional e internacional las actividades de investigación, desarrollo, vigilancia y cooperación adecuadas respecto de los contaminantes orgánicos persistentes y, cuando proceda, respecto de sus alternativas y de los contaminantes orgánicos persistentes potenciales, incluidos los siguientes aspectos:

a) Fuentes y liberaciones en el medio ambiente;

b) Presencia, niveles y tendencias en las personas y en el medio ambiente;

c) Transporte, destino final y transformación en el medio ambiente;

d) Efectos en la salud humana y en el medio ambiente;

e) Efectos socioeconómicos y culturales;

f) Reducción y/o eliminación de sus liberaciones; y

g) Metodologías armonizadas para hacer inventarios de las fuentes generadoras y de las técnicas analíticas para la medición de las emisiones.

2. Al tomar medidas en aplicación del párrafo 1, las Partes, dentro de sus capacidades:

a) Apoyarán y seguirán desarrollando, según proceda, programas, redes y organizaciones internacionales que tengan por objetivo definir, realizar, evaluar y financiar actividades de investigación, compilación de datos y vigilancia, teniendo en cuenta la necesidad de reducir al mínimo la duplicación de esfuerzos;

b) Apoyarán los esfuerzos nacionales e internacionales para fortalecer la capacidad nacional de investigación científica y técnica, especialmente en los países en desarrollo y los países con economías en transición, y para promover el acceso e intercambio de los datos y análisis;

c) Tendrán en cuenta los problemas y necesidades, especialmente en materia de recursos financieros y técnicos, de los países en desarrollo y los países con economías en transición y cooperarán al mejoramiento de sus capacidades para participar en los esfuerzos a que se hace referencia en los apartados a) y b);

d) Efectuarán trabajos de investigación destinados a mitigar los efectos de los contaminantes orgánicos persistentes en la salud reproductiva;

e) Harán accesibles al público en forma oportuna y regular los resultados de las investigaciones y actividades de desarrollo y vigilancia a que se hace referencia en el presente párrafo; y

f) Alentarán y/o realizarán actividades de cooperación con respecto al almacenamiento y mantenimiento de la información derivada de la investigación, el desarrollo y la vigilancia.

Artículo 12

Asistencia técnica

1. Las Partes reconocen que la prestación de asistencia técnica oportuna y adecuada en respuesta a las solicitudes de las Partes que son países en desarrollo y las Partes que son países con economías en transición es esencial para la aplicación efectiva del presente Convenio.

2. Las Partes cooperarán para prestar asistencia técnica oportuna y adecuada a las Partes que son países en desarrollo y a las Partes que son países con economías en transición para ayudarlas, teniendo en cuenta sus especiales necesidades, a desarrollar y fortalecer su capacidad para cumplir las obligaciones establecidas por el presente Convenio.

3. A este respecto, la asistencia técnica que presten las Partes que son países desarrollados y otras Partes, con arreglo a su capacidad, incluirá según proceda y en la forma convenida mutuamente, asistencia técnica para la creación de capacidad en relación con el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente Convenio.

La Conferencia de las Partes proveerá más orientación a este respecto.

4. Las Partes, cuando corresponda, concertarán arreglos con el fin de prestar asistencia técnica y promover la transferencia de tecnologías a las Partes que son países en desarrollo y a las Partes con economías en transición en relación con la aplicación del presente Convenio. Estos arreglos incluirán centros regionales y subregionales para la creación de capacidad y la transferencia de tecnología con miras a ayudar a las Partes que son países en desarrollo y a las Partes con economías en transición a cumplir sus obligaciones emanadas del presente Convenio. La Conferencia de las Partes proveerá más orientación a este respecto.

5. En el contexto del presente artículo, las Partes tendrán plenamente en cuenta las necesidades específicas y la situación especial de los países menos adelantados y de los pequeños Estados insulares en desarrollo al adoptar medidas con respecto a la asistencia técnica.

Artículo 13

Mecanismos y recursos financieros

1. Cada Parte se compromete, dentro de sus capacidades, a prestar apoyo financiero y a ofrecer incentivos con respecto a las actividades nacionales dirigidas a alcanzar el objetivo del presente Convenio de conformidad con sus planes, prioridades y programas nacionales.

2. Las Partes que son países desarrollados proporcionarán recursos financieros nuevos y adicionales para habilitar a las Partes que son países en desarrollo, y las Partes que son países con economías en transición, para que puedan sufragar el total acordado de los costos incrementales de las medidas de aplicación, en cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Convenio, convenidas entre una Parte receptora y una entidad participante en el mecanismo descrito en el párrafo 6. Otras Partes podrán asimismo proporcionar recursos financieros de ese tipo en forma voluntaria y de acuerdo con sus capacidades. Deberían alentarse asimismo las contribuciones de otras fuentes. Al aplicar esos compromisos se tendrán en cuenta la necesidad de que el flujo de fondos sea suficiente, previsible y oportuna y la importancia de que la responsabilidad financiera sea debidamente compartida entre las Partes contribuyentes.

3. Las Partes que son países desarrollados, y otras Partes según sus capacidades y de acuerdo con sus planes, prioridades y programas nacionales, también podrán proporcionar recursos financieros para ayudar en la aplicación del presente Convenio por conducto de otras fuentes o canales bilaterales, regionales y multilaterales, y las Partes que son países en desarrollo y las Partes con economías en transición podrán aprovechar esos recursos.

4. La medida en que las Partes que son países en desarrollo cumplan efectivamente los compromisos contraídos con arreglo al presente Convenio dependerá del cumplimiento efectivo de los compromisos contraídos en virtud del presente Convenio por las Partes que son países desarrollados en relación con los recursos financieros, la asistencia técnica y la transferencia de tecnología. Se deberá tener plenamente en cuenta el hecho de que el desarrollo económico y social sostenible y la erradicación de la pobreza son las prioridades primordiales y absolutas de las Partes que son países en desarrollo, prestando debida consideración a la necesidad de proteger la salud humana y el medio ambiente.

5. Las Partes tendrán plenamente en cuenta las necesidades específicas y la situación especial de los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, al adoptar medidas relativas a la financiación.

6. En el presente Convenio queda definido un mecanismo para el suministro de recursos financieros suficientes y sostenibles a las Partes que son países en desarrollo y a las Partes con economías en transición sobre la base de donaciones o condiciones de favor para ayudarles a aplicar el Convenio. El mecanismo funcionará, según corresponda, bajo la autoridad y la orientación de la Conferencia de las Partes y rendirá cuentas a ésta para los fines del presente Convenio. Su funcionamiento se encomendará a una o varias entidades, incluidas las entidades internacionales existentes, de acuerdo con lo que decida la Conferencia de las Partes. El mecanismo también podrá incluir otras entidades que presten asistencia finaciera y técnica multilateral, regional o bilateral. Las contribuciones que se hagan a este mecanismo serán complementarias respecto de otras transferencias financieras a las Partes que son países en desarrollo y las Partes con economías en transición, como se indica en el párrafo 2 y con arreglo a él.

7. De conformidad con los objetivos del presente Convenio y con el párrafo 6, en su primera reunión la Conferencia de las Partes aprobará la orientación apropiada que habrá de darse con respecto al mecanismo y convendrá con la entidad o entidades participantes en el mecanismo financiero los arreglos necesarios para que dicha orientación surta efecto. La orientación abarcará entre otras cosas:

a) La determinación de las prioridades en materia de política, estrategia y programas, así como criterios y directrices claros y detallados en cuanto a las condiciones para el acceso a los recursos financieros y su utilización, incluida la vigilancia y la evaluación periódicas de dicha utilización;

b) La presentación de informes periódicos a la Conferencia de las Partes por parte de la entidad o entidades participantes sobre la idoneidad y sostenibilidad de la financiación para actividades relacionadas con la aplicación del presente Convenio;

c) La promoción de criterios, mecanismos y arreglos de financiación basados en múltiples fuentes;

d) Las modalidades para determinar de manera previsible y determinable el monto de los fondos necesarios y disponibles para la aplicación del presente Convenio, teniendo presente que para la eliminación gradual de los contaminantes orgánicos persistentes puede requerirse un financiamiento sostenido, y las condiciones en que dicha cuantía se revisará periódicamente; y

e) Las modalidades para la prestación de asistencia a las Partes interesadas mediante la evaluación de las necesidades, así como información sobre fuentes de fondos disponibles y regímenes de financiación con el fin de facilitar la coordinación entre ellas.

8. La Conferencia de las Partes examinará, a más tardar en su segunda reunión y en lo sucesivo con carácter periódico, la eficacia del mecanismo establecido con arreglo al presente artículo, su capacidad para hacer frente al cambio de las necesidades de las Partes que son países en desarrollo y las Partes con economías en transición, los criterios y la orientación a que se hace referencia en el párrafo 7, el monto de la financiación y la eficacia del desempeño de las entidades institucionales a las que se encomiende la administración del mecanismo financiero. Sobre la base de ese examen, la Conferencia adoptará disposiciones apropiadas, de ser necesario, a fin de incrementar la eficacia del mecanismo, incluso por medio de recomendaciones y orientaciones con respecto a las medidas para garantizar una financiación suficiente y sostenible con miras a satisfacer las necesidades de las Partes.

Artículo 14

Arreglos financieros provisionales

La estructura institucional del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, administrado de conformidad con el Instrumento para el Establecimiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial Reestructurado será, en forma provisional la entidad principal encargada de las operaciones del mecanismo financiero a que se hace referencia en el artículo 13, en el período que se extienda entre la fecha de entrada en vigor del presente Convenio y la primera reunión de la Conferencia de las Partes, o hasta el momento en que la Conferencia de las Partes adopte una decisión acerca de la estructura institucional que ha de ser designada de acuerdo con el artículo 13. La estructura institucional del Fondo para el Medio Ambiente Mundial deberá desempeñar esta función mediante la adopción de medidas operacionales relacionadas específicamente con los contaminantes orgánicos persistentes, teniendo en cuenta la posibilidad de que en esta esfera se necesiten nuevos arreglos.

Artículo 15

Presentación de informes

1. Cada Parte informará a la Conferencia de las Partes sobre las medidas que haya adoptado para aplicar las disposiciones del presente Convenio y sobre la eficacia de esas medidas para el logro de los objetivos del Convenio.

2. Cada Parte proporcionará a la Secretaría:

a) Datos estadísticos sobre las cantidades totales de su producción, importación y exportación de cada uno de los productos químicos incluidos en el anexo A y el anexo B o una estimación razonable de dichos datos; y

b) En la medida de lo posible, una lista de los Estados de los que haya importado cada una de dichas sustancias y de los Estados a los que haya exportado cada una de dichas sustancias.

3. Dichos informes se presentarán a intervalos periódicos y en el formato que decida la Conferencia de las Partes en su primera reunión.

Artículo 16

Evaluación de la eficacia

1. Cuando hayan transcurrido cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, y en lo sucesivo de manera periódica a intervalos que ha de fijar la Conferencia de las Partes, la Conferencia evaluará la eficacia del presente Convenio.

2. Con el fin de facilitar dicha evaluación, la Conferencia de las Partes, en su primera reunión, iniciará los arreglos para dotarse de datos de vigilancia comparables sobre la presencia de los productos químicos incluidos en los anexos A, B y C, así como sobre su transporte en el medio ambiente a escala regional y mundial. Esos arreglos:

a) Deberán ser aplicados por las Partes a nivel regional, cuando corresponda, de acuerdo con sus capacidades técnicas y financieras, utilizando dentro de lo posible los programas y mecanismos de vigilancia existentes y promoviendo la armonización de criterios;

b) Podrán complementarse, cuando sea necesario, teniendo en cuenta las diferencias entre las regiones y sus capacidades para realizar las actividades de vigilancia; y

c) Incluirán informes a la Conferencia de las Partes sobre los resultados de las actividades de vigilancia de carácter regional y mundial, a intervalos que ha de fijar la Conferencia de las Partes.

3. La evaluación descrita en el párrafo 1 se llevará a cabo sobre la base de la información científica, ambiental, técnica y económica disponible, incluyendo:

a) Informes y otros datos de vigilancia entregados de acuerdo con el párrafo 2;

b) Informes nacionales presentados con arreglo al artículo 15; y

c) Información sobre incumplimiento proporcionada de acuerdo con los procedimientos establecidos en el marco del artículo 17.

Artículo 17

Incumplimiento

La Conferencia de las Partes, elaborará y aprobará, lo antes posible, procedimientos y mecanismos institucionales para determinar el incumplimiento de las disposiciones del presente Convenio y el tratamiento que haya de darse a las Partes que no hayan cumplido dichas disposiciones.

Artículo 18

Solución de controversias

1. Las Partes resolverán cualquier controversia suscitada entre ellas en relación con la interpretación o aplicación del presente Convenio mediante negociación u otros medios pacíficos de su propia elección.

2. Al ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio, o al adherirse a él, o en cualquier momento posterior, toda Parte que no sea una organización de integración económica regional podrá declarar, por instrumento escrito presentado al Depositario que, con respecto a cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del presente Convenio, acepta uno o los dos medios de solución de controversias que se indican a continuación, reconociendo su carácter obligatorio en relación con una Parte que acepte la misma obligación:

a) Arbitraje de conformidad con los procedimientos aprobados por la Conferencia de las Partes en un anexo, lo antes posible;

b) Sometimiento de la controversia a la decisión de la Corte Internacional de Justicia.

3. La Parte que sea una organización de integración económica regional podrá hacer una declaración de efecto similar en relación con el arbitraje, de conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado a) del párrafo 2.

4. Toda declaración formulada con arreglo al párrafo 2 o al párrafo 3 permanecerá en vigor hasta que expire de conformidad con sus propios términos o hasta que hayan transcurrido tres meses después de haberse depositado en poder del Depositario una notificación escrita de su revocación.

5. La expiración de una declaración, un escrito de revocación o una nueva declaración no afectará en modo alguno a los procesos pendientes que se hallen sometidos al conocimiento de un tribunal arbitral o de la Corte Internacional de Justicia, a menos que las Partes de la controvesia acuerden otra cosa.

6. Si las Partes de una controversia no han aceptado el mismo o ningún procedimiento de conformidad con el párrafo 2, y si no han podido dirimir la controversia en un plazo de 12 meses a partir de la notificación de una Parte a otra de que existe entre ellas una controversia, la controversia se someterá a una comisión de conciliación a petición de cualquiera de las Partes de la controversia. La comisión de conciliación rendirá un informe con recomendaciones. Los demás procedimientos relativos a la comisión de conci-liación se incluirán en un anexo que la Conferencia de las Partes ha de aprobar a más tardar en su segunda reunión.

Artículo 19

Conferencia de las Partes

1. Queda establecida una Conferencia de las Partes.

2. El Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente convocará la primera reunión de la Conferencia de las Partes que ha de celebrarse a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Convenio. En lo sucesivo, se celebrarán reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes a los intervalos regulares que decida la Conferencia.

3. Las reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán cuando la Conferencia lo estime necesario o cuando cualquiera de las Partes lo solicite por escrito, siempre que un tercio de las Partes, como mínimo, apoye esa solicitud.

4. La Conferencia de las Partes, en su primera reunión, aprobará y hará suyo por consenso su reglamento interno y su reglamentación financiera y los de sus órganos subsidiarios, así como las disposiciones financieras que han de regir el funcionamiento de la Secretaría.

5. La Conferencia de las Partes examinará y evaluará constantemente la aplicación del presente Convenio. Se encargará de las funciones que le asigne el Convenio y, a ese efecto:

a) Establecerá, conforme a los requisitos estipulados en el párrafo 6, los órganos subsidiarios que considere necesarios para la aplicación del Convenio;

b) Cooperará, cuando proceda, con las organizaciones internacionales y órganos intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes; y

c) Examinará periódicamente toda información que se ponga a disposición de las Partes de conformidad con el artículo 15, incluido el estudio de la efectividad de lo dispuesto en el inciso iii) del apartado b) del párrafo 2 del artículo 3;

d) Estudiará y tomará cualquier medida complementaria que se estime necesaria para la consecución de los fines del Convenio.

6. La Conferencia de las Partes, en su primera reunión, establecerá un órgano subsidiario, que se denominará Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes, con el fin de que desempeñe las funciones asignadas a dicho Comité por el presente Convenio. A ese respecto:

a) Los miembros del Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes serán designados por la Conferencia de las Partes. El Comité estará integrado por expertos en evaluación o gestión de productos químicos designados por los gobiernos. Los miembros del Comité serán nombrados sobre la base de una distribución geográfica equitativa;

b) La Conferencia de las Partes adoptará una decisión sobre el mandato, la organización y el funcionamiento del Comité; y

c) El Comité se esforzará al máximo por aprobar sus recomendaciones por consenso. Si agotados todos los esfuerzos por lograr el consenso, dicho consenso no se hubiere alcanzado, la recomendación se adoptará como último recurso en votación por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes.

7. La Conferencia de las Partes, en su tercera reunión, evaluará la persistencia de la necesidad del procedimiento estipulado en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 3, incluido el estudio de su efectividad.

8. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, así como los Estados que no sean Partes en el Convenio, podrán estar representados por observadores en las reuniones de la Conferencia de las Partes. Todo órgano u organismo con competencia en las esferas que abarca el presente Convenio, ya sea nacional o internacional, gubernamental o no gubernamental, que haya comunicado a la Secretaría su deseo de estar representado en una reunión de la Conferencia de las Partes como observador podrá ser admitido, salvo que se oponga a ello por lo menos un tercio de las Partes presentes. La admisión y la participación de observadores se regirán por el reglamento aprobado por la Conferencia de las Partes.

Artículo 20

Secretaría

1. Queda establecida una Secretaría.

2. Las funciones de la Secretaría serán:

a) Organizar las reuniones de la Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios y prestarles los servicios necesarios;

b) Facilitar la prestación de asistencia a las Partes, en especial las Partes que sean países en desarrollo y las Partes con economías en transición, cuando lo soliciten, para la aplicación del presente Convenio;

c) Encargarse de la coordinación necesaria para las Secretarías de otros órganos internacionales pertinentes;

d) Preparar y poner a disposición de las Partes informes periódicos basados en la información recibida con arreglo al artículo 15 y otras informaciones disponibles;

e) Concertar, bajo la orientación general de la Conferencia de las Partes, los arreglos administrativos y contractuales necesarios para desempeñar con eficacia sus funciones; y

f) Realizar las otras funciones de Secretaría especificadas en el presente Convenio y las demás funciones que determine la Conferencia de las Partes.

3. Las funciones de Secretaría para el presente Convenio serán desempeñadas por el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, salvo que la Conferencia de las Partes, por una mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes, decida encomendarlas a otra u otras organizaciones internacionales.

Artículo 21

Enmiendas al Convenio

1. Cualquiera de las Partes podrá proponer enmiendas al presente Convenio.

2. Las enmiendas al presente Convenio se aprobarán en una reunión de la Conferencia de las Partes. El texto de cualquier enmienda al presente Convenio que se proponga será comunicado a las Partes por la Secretaría al menos seis meses antes de la reunión en la que sea propuesta para su aprobación. La Secretaría comunicará también las enmiendas propuestas a los signatarios del presente Convenio y al Depositario para su información.

3. Las Partes harán todo lo posible por llegar a un acuerdo por consenso sobre cualquier propuesta de enmienda al presente Convenio. Una vez agotados todos los esfuerzos por lograr un consenso sin que se haya llegado a un acuerdo, la enmienda se aprobará, como último recurso, por mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes.

4. El Depositario comunicará la enmienda a todas las Partes para su ratificación, aceptación o aprobación.

5. La ratificación, aceptación o aprobación de una enmienda se notificará por escrito al Depositario. La enmienda que se apruebe con arreglo al párrafo 3 entrará en vigor para las Partes que la hayan aceptado el nonagésimo día contado a partir de la fecha de depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación por al menos tres cuartos de las Partes. De ahí en adelante, la enmienda entrará en vigor para cualquier otra Parte el nonagésimo día contado a partir de la fecha en que la Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la enmienda.

Artículo 22

Aprobación y enmienda de los anexos

1. Los anexos del presente Convenio formarán parte integrante del mismo y, a menos que se disponga expresamente otra cosa, toda referencia al presente Convenio constituirá a la vez una referencia a cada uno de sus anexos.

2. Todo anexo adicional se limitará a cuestiones de procedimiento, científicas, técnicas o administrativas.

3. El procedimiento que figura a continuación se aplicará respecto de la propuesta, la aprobación y la entrada en vigor de anexos adicionales del presente Convenio:

a) Los anexos adicionales se propondrán y aprobarán de conformidad con el procedimiento que se establece en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 21;

b) Las Partes que no puedan aceptar un anexo adicional lo notificarán por escrito al Depositario dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha en que el Depositario haya comunicado la aprobación del anexo adicional. El Depositario comunicará sin demora a todas las Partes cualquier notificación de ese tipo que haya recibido. Una Parte podrá en cualquier momento retirar una notificación de no aceptación que haya hecho anteriormente respecto de cualquier anexo adicional y, en tal caso, el anexo entrará en vigor respecto de esa Parte con arreglo al apartado c); y

c) Al cumplirse el plazo de un año contado a partir de la fecha en que el Depositario haya comunicado la aprobación de un anexo adicional, el anexo entrará en vigor para todas las Partes que no hayan hecho una notificación de conformidad con las disposiciones del apartado b).

4. La propuesta, la aprobación y la entrada en vigor de enmiendas a los anexos A, B o C estarán sujetas a los mismos procedimientos previstos para la propuesta, aprobación y entrada en vigor de los anexos adicionales del Convenio, con la salvedad que una enmienda al anexo A, B o C no entrará en vigor para una Parte que haya formulado una declaración con respecto a la enmienda de dichos anexos de acuerdo con el párrafo 4 del artículo 25; en ese caso cualquier enmienda de ese tipo entrará en vigor con respecto a dicha Parte el nonagésimo día contado a partir de la fecha del depósito en poder del Depositario de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión con respecto a tal enmienda.

5. El procedimiento siguiente se aplicará a la propuesta, la aprobación y la entrada en vigor de las enmiendas al anexo D, E o F;

a) Las enmiendas se propondrán de conformidad con el procedimiento previsto en los párrafos 1 y 2 del artículo 21;

b) Las decisiones de las Partes respecto de toda enmienda al anexo D, E o F se adoptarán por consenso; y

c) El Depositario comunicará de inmediato a las Partes cualquier decisión de enmendar el anexo D, E o F. La enmienda entrará en vigor para todas las Partes en la fecha que se especifique en la decisión.

6. Si un anexo adicional o una enmienda a un anexo guarda relación con una enmienda al presente Convenio, el anexo adicional o la enmienda no entrará en vigor hasta que entre en vigor la enmienda al Convenio.

Artículo 23

Derecho de voto

1. Cada Parte en el presente Convenio tendrá un voto, salvo lo dispuesto en el párrafo 2.

2. En los asuntos de su competencia, las organizaciones de integración económica regional ejercerán su derecho de voto con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Convenio. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si cualquiera de sus Estados miembros ejerce el suyo y viceversa.

Artículo 24

Firma

El presente Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados y organizaciones de integración económica regional en Estocolmo, el 23 de mayo de 2001, y en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, del 24 de mayo de 2001 al 22 de mayo de 2002.

Artículo 25

Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión

1. El presente Convenio estará sujeto a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los Estados y las organizaciones de integración económica regional. El Convenio estará abierto a la adhesión de los Estados y de las organizaciones de integración económica regional a partir del día siguiente a la fecha en que expire el plazo para la firma del Convenio. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del Depositario.

2. Toda organización de integración económica regional que pase a ser Parte en el presente Convenio, sin que ninguno de sus Estados miembros sea Parte, quedará vinculada por todas las obligaciones construidas en virtud del Convenio. En el caso de dichas organizaciones, cuando uno o varios de sus Estados miembros sean Parte en el presente Convenio, la organización y sus Estados miembros decidirán acerca de sus responsabilidades respectivas en lo que se refiera al cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Convenio. En tales casos, la organización y los Estados miembros no estarán facultados para ejercer simultáneamente los derechos previstos en el presente Convenio.

3. En sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, las organizaciones de integración económica regional declararán los alcances de su competencia en relación con las materias regidas por el presente Convenio. Esas organizaciones también informarán al Depositario sobre cualquier modificación importante de su ámbito de competencia, y éste, a su vez, informará de ello a las Partes.

4. En su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión una Parte podrá declarar que, con respecto a ella, una enmienda al anexo A, B o C sólo entrará en vigor una vez que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión con respecto a dicha enmienda.

Artículo 26

Entrada en vigor

1. El presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo día contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2. Respecto de cada Estado u organización de integración económica regional que ratifique, acepte o apruebe el presente Convenio o que se adhiera a él después de haber sido depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Convenio entrará en vigor el nonagésimo día contado a partir de la fecha en que dicho Estado u organización de integración económica regional haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

3. A los efectos de los párrafos 1 y 2, los instrumentos depositados por una organización de integración económica regional no se considerarán adicionales con respecto a los depositados por los Estados miembros de esa organización.

Artículo 27

Reservas

No se podrán formular reservas al presente Convenio.

Artículo 28

Retiro

1. En cualquier momento después de que hayan transcurrido tres años contados a partir de la fecha en que el presente Convenio haya entrado en vigor para una Parte, esa Parte podrá retirarse del Convenio notificándolo por escrito al Depositario.

2. Ese retiro cobrará efecto al cumplirse un año contado a partir de la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación de la denuncia o en la fecha posterior que se indique en dicha notificación.

Artículo 29

Depositario

El Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario del presente Convenio.

Artículo 30

Textos auténticos

El original del presente Convenio, cuyos textos en los idiomas árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados a ese efecto, han firmado el presente Convenio.

Hecho en Estocolmo a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil uno

 

Notas:

i) A menos que en el presente Convenio se disponga otra cosa, las cantidades de un producto químico presentes como contaminantes en trazas no intencionales en productos y artículos no se considerarán incluidas en el presente anexo;

ii) La presente nota no será considerada como una exención específica de producción y uso a los fines del párrafo 2 del artículo 3. Las cantidades de un producto químico presentes como constituyentes de artículos manufacturados o que ya estaban en uso antes o en la fecha de entrada en vigor de la obligación de que se trate con respecto a ese producto químico no se considerarán incluidas en el presente anexo siempre y cuando la Parte haya notificado a la Secretaría que un determinado tipo de artículo sigue estando en uso en esa Parte. La Secretaría pondrá esas notificaciones en conocimiento del público;

iii) La presente nota, que no se aplica a los productos químicos marcados con un asterisco después de su nombre en la columna titulada "Producto químico" en la parte I del presente anexo, no será considerada como una exención específica de producción y uso a los fines del párrafo 2 del artículo 3. Dado que no se espera que cantidades significativas del producto químico lleguen a las personas y al medio ambiente durante la producción y uso de un intermediario en un sistema cerrado y limitado a un emplazamiento, una Parte, tras notificarlo a la Secretaría, podrá permitir la producción y uso de cantidades de un producto químico incluido en el presente anexo como intermediario en un sistema cerrado y limitado a un emplazamiento que se transforme químicamente en la fabricación de otros productos químicos que, teniendo en cuenta los criterios estipulados en el párrafo 1 del anexo D, no presentase características de contaminantes orgánicos persistentes. Esta notificación deberá incluir información sobre la producción y el uso totales de esos productos químicos o una estimación razonable de esos datos, así como información sobre la naturaleza del proceso de sistema cerrado y limitado a un emplazamiento, incluida la magnitud de cualquier contaminación no intencional de trazas no transformadas del material inicial de contaminantes orgánicos persistentes en el producto final. Este procedimiento se aplicará salvo cuando en el presente anexo se indique otra cosa. La Secretaría dará a conocer tales notificaciones a la Conferencia de las Partes y al público. Dicha producción o uso no se considerarán como una exención específica de producción o uso. Dicha producción y uso deberán cesar al cabo de un período de diez años, a menos que la Parte interesada entregue una nueva notificación a la Secretaría, en ese caso el período se prorrogará por otros diez años, a menos que la Conferencia de las Partes, después de estudiar la producción y el uso, decida otra cosa. El proceso de notificación podrá repetirse;

iv) Todas las exenciones específicas que figuran en el presente anexo podrán ser ejercidas por las Partes que hayan registrado exenciones con respecto a ellas de acuerdo con el artículo 4, con la excepción del uso de bifenilos policlorados en artículos en uso de acuerdo con las disposiciones de la parte II del presente anexo, que puede ser ejercida por todas las Partes.

Parte II

Bifenilos policlorados

Cada Parte deberá:

a) Con respecto a la eliminación del uso de los bifenilos policlorados en equipos (por ejemplo, transformadores, condensadores u otros receptáculos que contengan existencias de líquidos) a más tardar en 2025, con sujeción al examen que haga la Conferencia de las Partes, adoptar medidas de conformidad con las siguientes prioridades:

i) Realizar esfuerzos decididos por identificar, etiquetar y retirar de uso todo equipo que contenga más del 10% de bifenilos policlorados y volúmenes superiores a 5 litros;

ii) Realizar esfuerzos decididos por identificar, etiquetar y retirar de uso todo equipo que contenga de más del 0,05% de bifenilos policlorados y volúmenes superiores a los 5 litros;

iii) Esforzarse por identificar y retirar de uso todo equipo que contenga más del 0,005% de bifenilos policlorados y volúmenes superiores a 0,05 litros;

b) Conforme a las prioridades mencionadas en el apartado a), las Partes promoverán las siguientes medidas de reducción de la exposición y el riesgo a fin de controlar el uso de los bifenilos policlorados:

i) Utilización solamente en equipos intactos y estancos y solamente en zonas en que el riesgo de liberación en el medio ambiente pueda reducirse a un mínimo y la zona de liberación pueda descontaminarse rápidamente;

ii) Eliminación del uso en equipos situados en zonas relacionadas con la producción o la elaboración de alimentos o alimentos para animales;

iii) Cuando se utilicen en zonas densamente pobladas, incluidas escuelas y hospitales, adopción de todas las medidas razonables de protección contra cortes de electricidad que pudiesen dar lugar a incendios e inspección periódica de dichos equipos para detectar toda fuga;

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3, velar por que los equipos que contengan bifenilos policlorados, descritos en el apartado a), no se exporten ni importen salvo para fines de gestión ambientalmente nacional de desechos;

d) Excepto para las operaciones de mantenimiento o reparación, no permitir la recuperación para su reutilización en otros equipos que contengan líquidos con una concentración de bifenilos policlorados superior al 0,005%.

e) Realizar esfuerzos destinados a lograr una gestión ambientalmente racional de desechos de los líquidos que contengan bifenilos policlorados y de los equipos contaminados con bifenilos policlorados con un contenido de bifenilos policlorados superior al 0,005%, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 6, tan pronto como sea posible pero a más tardar en 2028, con sujeción al examen que haga la Conferencia de las Partes;

f) En lugar de lo señalado en la nota ii) de la parte I del presente anexo, esforzarse por identificar otros artículos que contengan más de 0,005% de bifenilos policlorados (por ejemplo, revestimientos de cables, compuestos de sellado estanco y objetos pintados) y gestionarlos de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 6;

g) Preparar un informe cada cinco años sobre los progresos alcanzados en la eliminación de los bifenilos policlorados y presentarlo a la Conferencia de las Partes con arreglo al artículo 15;

h) Los informes descritos en el apartado g) serán estudiados, cuando corresponda, por la Conferencia de las Partes en el examen que efectúe respecto de los bifenilos policlorados. La Conferencia de las Partes estudiará los progresos alcanzados con miras a la eliminación de los bifenilos policlorados cada cinco años o a intervalos diferentes, según sea conveniente, teniendo en cuenta dichos informes.

Notas:

i) A menos que en el presente Convenio se disponga otra cosa, las cantidades de un producto químico presentes como contaminantes en trazas no intencionales en productos y artículos no se considerarán incluidas en el presente anexo;

ii) La presente nota no será considerada como una finalidad aceptable o exención específica de producción y uso a los fines del párrafo 2 del artículo 3. Las cantidades de un producto químico presentes como constituyentes de artículos manufacturados o que ya estaban en uso antes o en la fecha de entrada en vigor de la obligación de que se trate con respecto a ese producto químico no se considerarán incluidas en el presente anexo siempre y cuando la Parte haya notificado a la Secretaría que un determinado tipo de artículo sigue estando en uso en esa Parte. La Secretaría pondrá esas notificaciones en conocimiento del público;

iii) La presente nota no será considerada como una exención específica de producción y uso a los fines del párrafo 2 del artículo 3. Dado que no se espera que cantidades significativas del producto químico lleguen a las personas y al medio ambiente durante la producción y uso de un intermediario en un sistema cerrado y limitado a un emplazamiento, una Parte, tras notificarlo a la secretaría, podrá permitir la producción y utilización de cantidades de un producto químico incluido en el presente anexo como intermediario en un sistema cerrado y limitado a un emplazamiento que se transforme químicamente en la fabricación de otros productos químicos que, teniendo en cuenta los criterios estipulados en el párrafo 1 del anexo D, no presentan características de contaminantes orgánicos persistentes. Esta notificación deberá incluir información sobre la producción y el uso totales de esos productos químicos o una estimación razonable de esos datos, así como información sobre la naturaleza del proceso de sistema cerrado y limitado a un emplazamiento, incluida la magnitud de cualquier contaminación no intencional de trazas no transformadas del material inicial de contaminantes orgánicos persistentes en el producto final. Este procedimiento se aplicará salvo cuando en el presente anexo se indique otra cosa. La Secretaría dará a conocer tales notificaciones a la Conferencia de las Partes y al público. Dicha producción o uso no se considerará como una exención específica de producción o utilización.

Dicha producción y utilización deberán cesar al cabo de un período de diez años, a menos que la Parte interesada entregue una nueva notificación a la Secretaría; en ese caso el período se prorrogará por otros diez años, a menos que la Conferencia de las Partes, después de estudiar la producción y la utilización decida otra cosa. El proceso de notificación podrá repetirse;

iv) Todas las exenciones expecíficas que figuran en el presente anexo podrán ser ejercidas por las Partes que hayan registrado exenciones con respecto a ellas de acuerdo con el artículo 4.

Parte II

DDT (1,1,1-tricloro-, 2,2-bis (4 clorofenil)etano)

1. Se eliminarán la producción y la utilización de DDT salvo en lo que se refiere a las Partes que hayan notificado a la Secretaría su intención de producir y/o utilizar DDT. Se crea un registro para el DDT. La Secretaría mantendrá el registro para el DDT.

2. Cada Parte que produzca y/o utilice DDT restringirá esa producción y/o utilización para el control de los vectores de enfermedades de conformidad con las recomendaciones y directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la utilización del DDT y cuando esa Parte no disponga de alternativas locales seguras eficaces y asequibles.

3. En caso de que una Parte no incluida en el registro para el DDT determine que necesita DDT para luchar contra los vectores de enfermedades, esa Parte lo notificará a la Secretaría lo antes posible para que su nombre sea añadido inmediatamente al registro para el DDT. A la vez, notificará a la Organización Mundial de la Salud información sobre la cantidad utilizada, las condiciones de esa utilización y su importancia para la estrategia de gestión de enfermedades de esa Parte, en un formato que decidirá la Conferencia de las Partes en consulta con la Organización Mundial de la Salud.

4. Cada Parte que utilice DDT suministrará cada tres años a la Secretaría y a la Organización Mundial de la Salud información sobre la cantidad utilizada, las condiciones de esa utilización y su importancia para la estrategia de gestión de enfermedades de esa Parte, en un formato que decidirá la Conferencia de las Partes en consulta con la Organización Mundial de la Salud.

5. Con el propósito de reducir y, en última instancia, eliminar la utilización de DDT, la Conferencia de las Partes alentará:

a) A cada Parte que utilice DDT a que elabore y ejecute un plan de acción como parte del plan de aplicación estipulado en el artículo 7. En este plan de acción se incluirá:

i) El desarrollo de mecanismos reglamentarios y de otra índole para velar por que la utilización de DDT se limite a la lucha contra los vectores de enfermedades;

ii) La aplicación de productos, métodos y estrategias alternativos adecuados, incluidas estrategias de gestión de la resistencia, para garantizar la constante eficacia de dichas alternativas;

iii) Medidas para reforzar la atención de la salud y reducir los casos de la enfermedad.

b) A las Partes a que, según su capacidad, promuevan la investigación y el desarrollo de productos químicos y no químicos, métodos y estrategias alternativos y seguros para las Partes usuarias de DDT, que tengan en cuenta las condiciones de esos países y tiendan al objetivo de disminuir la carga que representa la enfermedad para los seres humanos y la economía. Al examinar las alternativas o combinaciones de alternativas se atenderá principalmente a los riesgos para la salud humana y a las repercusiones ambientales de esas alternativas. Las alternativas viables al DDT deberán ser menos peligrosas para la salud humana y el medio ambiente, adecuadas para la lucha contra las enfermedades según las condiciones existentes en las distintas Partes y basadas en datos de vigilancia.

6. A partir de su primera reunión y en lo sucesivo por lo menos cada tres años, la Conferencia de las Partes, en consulta con la Organización Mundial de la Salud, determinará si el DDT sigue siendo necesario para luchar contra los vectores de enfermedades, sobre la base de la información científica, técnica, ambiental y económica disponible, incluidos:

a) La producción y la utilización de DDT y las condiciones establecidas en el párrafo 2;

b) La disponibilidad, conveniencia y aplicación de las alternativas del DDT; y

c) Los progresos alcanzados en el fortalecimiento de la capacidad de los países para usar de manera segura a la adopción de esas alternativas.

7. Tras notificarlo a la Secretaría, cualquiera de las Partes podrá retirar en cualquier momento su nombre del registro para el DDT mediante notificación escrita a la Secretaría. La retirada tendrá efecto en la fecha que se especifique en la notificación.

Anexo C

PRODUCCIÓN NO INTENCIONAL

Parte I: Contaminantes orgánicos persistentes sujetos a los requisitos del artículo 5

El presente anexo se aplica a los siguientes contaminantes orgánicos persistentes, cuando se forman y se liberan de forma no intencional a partir de fuentes antropogenias:

Producto químico

Dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados (PCDD/PCDF)

Hexaclorobenceno (HCB) (No. CAS: 118-74-1)

Bifenilos policlorados (PCB)

 

Parte II: Categorías de fuentes

Los dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados, el hexaclorobenceno, y los bifenilos policlorados se forman y se liberan de forma no intencionada a partir de procesos térmicos, que comprenden materia orgánica y cloro, como resultado de una combustión incompleta o de reacciones químicas. Las siguientes categorías de fuentes industriales tienen un potencial de formación y liberación relativamente elevadas de estos productos químicos al medio ambiente:

a) Incineradoras de desechos, incluidas las coincineradoras de desechos municipales peligrosos o médicos o de fango cloacal;

b) Desechos peligrosos procedentes de la combustión en hornos de cemento;

c) Producción de pasta de papel utilizando cloro elemental o productos químicos que producen cloro elemental para el blanqueo;

d) Los siguientes procesos térmicos de la industria metalúrgica:

i) Producción secundaria de cobre;

ii) Plantas de sinterización en la industria del hierro e industria siderúrgica;

iii) Producción secundaria de aluminio;

iv) Producción secundaria de zinc.

Parte III: Categorías de fuentes

Pueden también producirse y liberarse en forma no intencionada dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados, hexaclorobenceno, bifenilos policlorados a partir de las siguientes categorías de fuentes, en particular:

a) Quema a cielo abierto de desechos, incluida la quema en vertederos;

b) Procesos térmicos de la industria metalúrgica no mencionados en la parte II;

c) Fuentes de combustión domésticas;

d) Combustión de combustibles fósiles en centrales termoeléctricas o calderas industriales;

e) Instalaciones de combustión de madera u otros combustibles de biomasa;

f) Procesos de producción de productos químicos determinados que liberan de forma no intencional contaminantes orgánicos persistentes formados, especialmente la producción de clorofenoles y cloranil;

g) Crematorios;

h) Vehículos de motor, en particular los que utilizan gasolina con plomo como combustible;

i) Destrucción de carcasas de animales;

j) Teñido (con cloranil) y terminación (con extracción alcalina) de textiles y cueros;

k) Plantas de desguace para el tratamiento de vehículos una vez acabada su vida útil;

l) Combustión lenta de cables de cobre;

m) Desechos de refinerías de petróleo.

Parte IV: Definiciones

1. A efectos del presente anexo:

a) Por "bifenilos policlorados" se entienden compuestos aromáticos formados de tal manera que los átomos de hidrógeno en la molécula bifenilo (2 anillos bencénicos unidos entre sí por un enlace único carbono-carbono) pueden ser sustituidos por hasta diez átomos de cloro; y

b) Por "dibenzoparadioxinas" y "policloradas" y "dibenzofuranos policlorados", que son compuestos tricíclicos aromáticos constituidos por dos anillos bencénicos unidos entre sí, en el caso de las dibenzoparadioxinas por dos átomos de oxígeno, mientras que en los dibenzofuranos policlorados por un átomo de oxígeno y un enlace carbono-carbono y átomos de hidrógeno que pueden ser sustituidos por hasta ocho átomos de cloro.

2. En el presente anexo la toxicidad de los dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados, se expresa utilizando el concepto de equivalencia tóxica, que mide la actividad tóxica relativa tipo dioxina de distintos congéneres de las dibenzoparadioxinas y los dibenzofuranos policlorados, bifenilos policlorados coplanares en comparación con las 2, 3, 7, 8 -tetraclorodibenzoparadioxina. Los valores del factor tóxico equivalente que se utilizarán a efectos del presente Convenio serán coherentes con las normas internacionales aceptadas, en primer lugar con los valores del factor de equivalentes tóxicos para mamíferos de la Organización Mundial de la Salud 1998 con respecto a las dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados y bifenilos policlorados coplanares. Las concentraciones se expresan en equivalentes tóxicos.

Parte V: Orientaciones generales sobre las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales

En esta Parte se transmiten a las Partes orientaciones generales sobre la prevención o reducción de las liberaciones de los productos químicos incluidos en la parte I.

A. Medidas generales de prevención relativas a las mejores técnicas disponibles y a las mejores prácticas ambientales

Debe asignarse prioridad al estudio de criterios para evitar la formación y la liberación de los productos químicos incluidos en la parte I. Entre las medidas útiles podrían incluirse:

a) Utilización de una tecnología que genere pocos desechos;

b) Utilización de sustancias menos peligrosas;

c) Fomento de la regeneración y el reciclado de los desechos y las sustancias generadas y utilizadas en los procesos;

d) Sustitución de materias primas que sean contaminantes orgánicos persistentes o en el caso de que exista un vínculo directo entre los materiales y las liberaciones de contaminantes orgánicos persistentes de la fuente;

e) Programas de buen funcionamiento y mantenimiento preventivo;

f) Mejoramiento de la gestión de desechos con miras a poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas incontroladas de incineración, incluida la incineración de vertederos. Al examinar las propuestas para construir nuevas instalaciones de eliminación de desechos, deben considerarse alternativas como, por ejemplo, las actividades para reducir al mínimo la generación de desechos municipales y médicos, incluidos la regeneración de recursos, la reutilización, el reciclado, la separación de desechos y la promoción de productos que generan menos desechos. Dentro de este criterio deben considerarse cuidadosamente los problemas de salud pública;

g) Reducción al mínimo de esos productos químicos como contaminantes en otros productos;

h) Evitación del cloro elemental o productos químicos que generan cloro elemental para blanqueo.

B. Mejores técnicas disponibles

El concepto de mejores técnicas disponibles no está dirigido a la prescripción de una técnica o tecnología específica, sino a tener en cuenta las características técnicas de la instalación de que se trate, su ubicación geográfica y las condiciones ambientales locales. Las técnicas de control apropiadas para reducir las liberaciones de los productos químicos incluidos en la parte I son en general las mismas. Al determinar las mejores técnicas disponibles se debe prestar atención especial, en general o en casos concretos, a los factores que figuran, a continuación teniendo en cuenta los costos y beneficios probables de una medida y las consideraciones de precaución y prevención:

a) Consideraciones generales:

i) Naturaleza, efectos y masa de las emisiones de que se trate; las técnicas pueden variar dependiendo del tamaño de la fuente;

ii) Fechas de puesta en servicio de las instalaciones nuevas o existentes;

iii) Tiempo necesario para incorporar la mejor técnica disponible;

iv) Consumo y naturaleza de las materias primas utilizadas en el proceso y su eficiencia energética;

v) Necesidad de evitar o reducir al mínimo el impacto general de las liberaciones en el medio ambiente y los peligros que representan para éste;

vi) Necesidad de evitar accidentes y reducir al mínimo sus consecuencias para el medio ambiente;

vii) Necesidad de salvaguardar la salud ocupacional y la seguridad en los lugares de trabajo;

viii) Procesos, instalaciones o métodos de funcionamiento comparables que se han ensayado con resultados satisfactorios a escala industrial;

ix) Avances tecnológicos y cambio de los conocimientos y la comprensión en el ámbito científico.

b) Medidas de reducción de las liberaciones de carácter general: Al examinar las propuestas de construcción de nuevas instalaciones o de modificación importante de instalaciones existentes que utilicen procesos que liberan productos químicos de los incluidos en el presente anexo, deberán considerarse de manera prioritaria los procesos, técnicas o prácticas de carácter alternativo que tengan similar utilidad, pero que eviten la formación y liberación de esos productos químicos. En los casos en que dichas instalaciones vayan a construirse o modificarse de forma importante, además de las medidas de prevención descritas en la sección A de la Parte V, para determinar las mejores técnicas disponibles se podrán considerar también las siguientes medidas de reducción:

i) Empleo de métodos mejorados de depuración de gases de combustión, tales como la oxidación termal o catalítica, la precipitación de polvos o la absorción;

ii) Tratamiento de residuos, aguas residuales, desechos y fangos cloacales mediante, por ejemplo, tratamiento térmico o volviéndolos inertes o mediante procesos químicos que les quiten la toxicidad;

iii) Cambios de los procesos que den lugar a la reducción o eliminación de las liberaciones, tales como la adopción de sistemas cerrados;

iv) Modificación del diseño de los procesos para mejorar la combustión y evitar la formación de los productos químicos incluidos en el anexo, mediante el control de parámetros como la temperatura de incineración o el tiempo de permanencia.

C. Mejores prácticas ambientales

La Conferencia de las Partes podrá elaborar orientación con respecto a las mejores prácticas ambientales.

Anexo D

REQUISITOS DE INFORMACION Y CRITERIOS DE SELECCION

1. Una Parte que presente una propuesta de inclusión de un producto químico en los anexos A, B y/o C deberá identificar el producto químico en la forma que se describe en el apartado a) y suministrar información sobre el producto químico y, si procede, sus productos de transformación, en relación con los criterios de selección definidos en los incisos b) a e):

a) Identificación del producto químico:

i) Nombres, incluidos el o los nombres comerciales, o los nombres comerciales y sus sinónimos, el número de registro del Chemical Abstracts Service (CAS), el nombre en la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC); y

ii) Estructura, comprendida la especificación de isómeros, cuando proceda, y la estructura de la clase química;

b) Persistencia;

i) Prueba de que la vida media del producto químico en el agua es superior a dos meses o que su vida media en la tierra es superior a seis meses o que su vida media en los sedimentos es superior a seis meses; o

ii) Prueba de que el producto químico es de cualquier otra forma suficientemente persistente para justificar que se le tenga en consideración en el ámbito del presente Convenio;

c) Bioacumulación;

i) Prueba de que el factor de bioconcentración o el factor de bioacumulación del producto químico en las especies acuáticas es superior a 5.000 o, a falta de datos al respecto, que el log Kow es superior a 5;

ii) Prueba de que el producto químico presenta otros motivos de preocupación, como una elevada bioacumulación en otras especies, elevada toxicidad o ecotoxicidad; o

iii) Datos de vigilancia de la biota que indiquen que el potencial de bioacumulación del producto químico es suficiente para justificar que se le tenga en consideración en el ámbito del presente Convenio;

d) Potencial de transporte a larga distancia en el medio ambiente:

i) Niveles medidos del producto químico en sitios distantes de la fuente de liberación que puedan ser motivo de preocupación;

ii) Datos de vigilancia que muestren que el transporte a larga distancia del producto químico en el medio ambiente, con potencial para la transferencia a un medio receptor, puede haber ocurrido por medio del aire, agua o especies migratorias; o

iii) Propiedades del destino en el medio ambiente y/o resultados de modelos que demuestren que el producto químico tiene un potencial de transporte a larga distancia en el medio ambiente por aire, agua o especies migratorias, con potencial de transferencia a un medio receptor en sitios distantes de las fuentes de su liberación. En el caso de un producto químico que migre en forma importante por aire, su vida media en el aire deberá ser superior a dos días; y

e) Efectos adversos:

i) Pruebas de efectos adversos para la salud humana o el medio ambiente que justifiquen que al producto químico se le tenga en consideración en el ámbito del presente Convenio, o

ii) Datos de toxicidad o ecotoxicidad que indiquen el potencial de daño a la salud humana o al medio ambiente.

2. La Parte proponente entregará una declaración de las razones de esa preocupación, incluida, cuando se posible, una comparación de los datos de toxicidad o ecotoxicidad con los niveles detectados o previstos de un producto químico que sean resultado o se prevean como resultado de su transporte a larga distancia en el medio ambiente, y una breve declaración en que se indique la necesidad de un control mundial.

3. La Parte proponente, en la medida de lo posible y teniendo en cuenta sus capacidades, suministrará más información para apoyar el examen de la propuesta mencionada en el párrafo 4 del artículo F. Para elaborar esa propuesta, la Parte podrá aprovechar los conocimientos técnicos de cualquier fuente.

Anexo E

REQUISITOS DE INFORMACION PARA EL PERFIL DE RIESGOS

El objetivo del examen es evaluar si es probable que un producto químico, como resultado de su transporte a larga distancia en el medio ambiente, pueda tener importantes efectos adversos en la salud humana y/o el medio ambiente de tal magnitud que justifiquen la adopción de medidas en el plano mundial. Para ese fin, se elaborará un perfil de riesgos en el que se profundizará más detalladamente y se evaluará la información a que se hace referencia en el anexo D, que ha de incluir, en la medida de lo posible, información del siguiente tipo:

a) Fuentes, incluyendo, cuando proceda:

i) Datos de producción, incluida la cantidad y el lugar;

ii) Usos; y

iii) Liberaciones, como por ejemplo descargas, pérdidas y emisiones;

b) Evaluación del peligro para el punto terminal o los puntos terminales que sean motivo de preocupación, incluido un examen de las interacciones toxicológicas en las que intervenga más de un producto químico;

c) Destino en el medio ambiente, incluidos datos e información sobre el producto químico y sus propiedades físicas y su persistencia, y el modo en que éstas se vinculan con su transporte en el medio ambiente, su transferencia dentro de segmentos del medio ambiente y, entre ellos, su degradación y su transformación en otros productos químicos. Se incluirá una determinación del factor de bioconcentración o el factor de bioacumulación, sobre la base de valores medidos, salvo que se estime que los datos de vigilancia satisfacen esa necesidad;

d) Datos de vigilancia;

e) Exposición en zonas locales y, en particular, como resultado del transporte a larga distancia en el medio ambiente, con inclusión de información sobre la disponibilidad biológica;

f) Evaluaciones de los riesgos nacionales e internacionales, valoraciones o perfiles de riesgos e información de etiquetado y clasificaciones del peligro, cuando existan; y

g) Situación del producto químico en el marco de los convenios internacionales.

Anexo F

INFORMACION SOBRE CONSIDERACIONES SOCIOECONOMICAS

Debería realizarse una evaluación de las posibles medidas de control relativas a los productos químicos bajo examen para su incorporación en el presente Convenio, abarcando toda la gama de opciones, incluidos el manejo y la eliminación. Con ese fin, debería proporcionarse la información pertinente sobre las consideraciones socioeconómicas relacionadas con las posibles medidas de control para que la Conferencia de las Partes pueda adoptar una decisión. En esa información han de tenerse debidamente en cuenta las diferentes capacidades y condiciones de las Partes y ha de prestarse consideración a la lista indicativa de elementos que figura a continuación:

a) Eficacia y eficiencia de las posibles medidas de control para lograr los fines de reducción de riesgos:

i) Viabilidad técnica; y

ii) Costos, incluidos los costos ambientales y para la salud;

b) Alternativas (productos y procesos);

i) Viabilidad técnica;

ii) Costos, incluidos los costos ambientales y para la salud;

iii) Eficacia;

iv) Riesgo;

v) Disponibilidad; y

vi) Accesibilidad;

c) Efectos positivos y/o negativos de la aplicación de las posibles medidas de control para la sociedad:

i) Salud, incluida la salud pública, ambiental y en el lugar de trabajo;

ii) Agricultura, incluidas la acuicultura y la silvicultura;

iii) Biota (diversidad biológica).

iv) Aspectos económicos;

v) Transición al desarrollo sostenible; y

vi) Costos sociaes;

d) Consecuencias de los desechos y la eliminación (en particular, existentes de plaguicidas caducos y saneamiento de emplazamientos contaminados):

i) Viabilidad técnica; y

ii) Costo;

e) Acceso a la información y formación del público;

f) Estado de la capacidad de control y vigilancia; y

g) Cualesquiera medidas de control adoptadas a nivel nacional o regional, incluida la información sobre alternativas y otras informaciones pertinentes sobre gestión de riesgos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: este punto del Orden del Día hace alusión al Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes suscrito en dicha ciudad el 22 de mayo de 2001. Este documento, de hace casi tres años, es de extraordinaria importancia porque refiere a la necesidad de legislar y de atenerse a las disposiciones del Convenio para combatir la existencia de estos contaminantes.

La Comisión nos encargó la elaboración del informe que hemos distribuido a sus miembros el jueves de la semana pasada. También lo entregamos en la Secretaría, pero como ni siquiera hubo una reunión ficta de la Comisión, éste no fue distribuido. Por lo tanto, voy a leer algunas partes de este informe y a pedir que sea incorporado a la versión taquigráfica de la sesión de hoy, porque se comentan algunas disposiciones en una forma bastante desarrollada por lo que, reitero, me parece importante que esté allí.

En el Preámbulo del Convenio se señala que las Partes reconocen que los contaminantes orgánicos persistentes tienen propiedades tóxicas, son resistentes a la degradación, se bioacumulan y son transportados por el aire, el agua y las especies migratorias dañando, en consecuencia, los ecosistemas terrestres y acuáticos. También se expresa que los firmantes son conscientes de los problemas de salud que ocasionan, en especial, a las mujeres y a las futuras generaciones. Asimismo, reconocen la especial amenaza a los ecosistemas y comunidades indígenas debido a la biomagnificación de los contaminantes orgánicos persistentes y a la contaminación de sus alimentos tradicionales.

Por otro lado, para la redacción de este documento las Partes tomaron en cuenta el Programa de Acción para el desarrollo sostenible aprobado en Barbados en mayo de 1994 y las respectivas capacidades de los países desarrollados y en desarrollo, de acuerdo con el principio 7 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Además, reconocen la importancia de la contribución del sector privado y de las organizaciones no gubernamentales en la reducción y/o eliminación de las emisiones y descargas de los contaminantes orgánicos persistentes.

Se nos ha informado, por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que dentro de muy pocos días se va a celebrar en Montevideo una conferencia referida a este tema, y el Gobierno uruguayo no ha ratificado todavía el Convenio. Pese a que hace solamente dos meses que tenemos este tema en consideración, se nos ha pedido que trabajáramos sobre él rápidamente.

No voy a desarrollar "in extenso" los beneficios que presenta este documento, pero voy a destacar que su artículo 3º establece las medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la producción y utilización intencionales de ciertos productos y que cada Parte podrá adoptar las medidas jurídicas y administrativas necesarias para eliminar la producción y utilización de los productos químicos enumerados en sus diferentes anexos, en los que están mencionados específicamente cada uno de los productos que se declaran contaminantes orgánicos persistentes.

A su vez, se establece que cada Parte podrá adoptar las medidas pertinentes para restringir la producción y utilización de los productos químicos incluidos en el anexo B. También cada Parte tendrá que velar para que un producto químico incluido en los anexos A o B se importe únicamente para su eliminación o para una finalidad o utilización permitida para esa Parte en virtud de los anexos mencionados.

El artículo 4º establece el Registro de exenciones específicas, es decir, de permisos para seguir utilizando estos productos de acuerdo con una normativa que se establece en el propio Convenio. También en este artículo se deja en claro que, salvo que una de las Partes indique una fecha anterior en el Registro, o se otorgue una prórroga, todas las inscripciones de exenciones específicas expirarán cinco años después de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio.

En este documento se establecen los métodos de trabajo para la eliminación de los contaminantes, los mecanismos para el intercambio de información acerca de ellos, disposiciones referentes a la investigación, el desarrollo y la vigilancia de la aplicación del Convenio, el financiamiento de su funcionamiento, la presentación de informes referentes a su aplicación y los órganos que lo aplicarán, entre los cuales se establece un Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos que derivará de la asamblea de las Partes que lo designará.

Culminando este brevísimo informe, quiero decir que se adjuntan los anexos A, B, C, D, E y F como parte integrante del Convenio y en los que se mencionan los productos que se consideran contaminantes.

En mi opinión, el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes suscrito en la ciudad de Estocolmo, Suecia, el 22 de mayo de 2001, constituye un instrumento de enorme trascendencia para la preservación del medio ambiente y la salud de la población mundial, tal como se desprende de su Preámbulo. Este Convenio se inscribe en una serie de convenios y tratados aprobados en el marco de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales como, por ejemplo, el Convenio de Rotterdam y el de Basilea, con el objetivo de ajustar medidas de contralor de los procesos de producción y transformación de productos químicos que implican contaminaciones nocivas para el medio ambiente y la salud humana.

En este Convenio se definen criterios claros de identificación de contaminantes orgánicos persistentes, a la vez que procedimientos y mecanismos a adoptar para evitar consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente. También figura una norma que creo hay que tener en cuenta, y es la que establece los criterios para la determinación de la condición de contaminante orgánico persistente y determina que su biodegradación no podrá ser inferior a diez años. Quiere decir que se establece un criterio bastante ajustado a la hora de determinar qué se considera contaminante orgánico persistente.

Por su parte, la Comisión también examinó un documento proveniente del Poder Ejecutivo que proponía una especie de exención para un producto denominado MIREX, pero llegó a la conclusión de que no se puede siquiera analizar el documento, porque plantea una exención al programa de prohibición de contaminantes. Creemos que el Poder Ejecutivo debería plantear esto ante el organismo respectivo que se crea en el Convenio, porque el Protocolo no admite reservas. Por lo tanto, o se aprueba por medio de un artículo único o se rechaza, pero no admite reservas específicas, por lo que posteriormente deberá remitirse al órgano que se crea para pedir la exención y en esa oportunidad se determinará si es pertinente o no.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa solicita al señor Senador que reitere su solicitud en cuanto a incorporar un informe a la versión taquigráfica.

SEÑOR GARGANO.- Solicité que se incorporara el informe que no se pudo distribuir porque no hubo una reunión ficta para aprobarlo. Se trata del desarrollo explicativo, sin ninguna opinión personal, que servirá a quienes tengan que aplicar el Convenio.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Me parece muy importante que el Senado apruebe este Convenio de Estocolmo que contribuye, junto a otras herramientas, al deseo que todos tenemos de lograr un "Uruguay país natural". A su vez, creo que varios señores Senadores hemos recibido algunas preocupaciones de connotados científicos de nuestro país y de algunas organizaciones no gubernamentales medioambientalistas relacionadas con lo mencionado por el señor Senador Gargano en cuanto a la exención del producto MIREX. El mismo está considerado como un producto que amerita la exención por un período, como lo establece el Protocolo, con la posibilidad de prorrogarlo cuando llegue a su término.

Ocurre que tal como nos ha informado la Comisión, han dejado este asunto de lado porque no corresponde la valoración en esta instancia. Sin embargo, creo que sí podemos establecer que el Cuerpo tiene la voluntad de recomendar al Poder Ejecutivo que, con relación a la exención del producto MIREX, la únicamente admitida es la utilizada como termiticida y no como hormiguicida. Sé que existe un informe del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y otro tipo de informes que seguramente la Comisión ha estudiado como parte del material remitido por parte del Poder Ejecutivo. Este es uno de los cuestionamientos que existen con respecto a la exención del producto vinculado a este Convenio, del que todos somos contestes por la trascendencia que tiene.

Por lo tanto, si la Comisión determina que la exención debe ser planteada por el propio Poder Ejecutivo en otra instancia que no es la legislativa, reiteramos que con relación a este producto hay una advertencia y que si se logra esa exención debería recomendarse que no se otorgue una prórroga una vez finalizado el período.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la señora Senadora y aclaro que no lo expliqué por la brevedad de mi exposición. También quiero decir que el Poder Legislativo ha actuado con mucha celeridad y lo que ha ocurrido -como en tantos otros casos- es que el aparato burocrático del Estado es infernalmente lento, y este Protocolo que fue firmado en Estocolmo en mayo del 2001 fue remitido al Parlamento en mayo del 2003. Por lo tanto, si se ha demorado en su consideración es porque el aparato burocrático no ha funcionado bien en el Ministerio. Incluso, luego de aprobar este Convenio, requerirá de varias firmas y de la instalación del Comité de Examen de los Contaminantes. Ante él tendrá que presentarse el Poder Ejecutivo, el que tendrá razón en cuanto a que no puede eliminarse de un saque un determinado producto.

Pero hay organizaciones no gubernamentales que especifican que sí se puede exceptuar, aunque solamente en el caso del combate a las termitas, es decir, no cuando se trata de hormigas, ya que la eliminación del producto demora entre diez y doce años, contaminándose enormemente las aguas y los productos. En realidad, ya nos hemos contaminado mucho durante gran cantidad de años, por lo que de lo que se trata ahora es de evitar que ocurra lo mismo en las generaciones futuras.

Era cuanto quería aclarar.

SEÑOR SINGER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGER.- Señor Presidente: simplemente, pienso que después de votar este Convenio, podríamos votar el envío de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala por la señora Senadora Xavier, con las aclaraciones hechas por el señor Senador Gargano, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a los efectos de que sean tenidas en cuenta muy especialmente. Entonces, formulo moción concreta en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sería conveniente que también se enviara a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

En primer término, se va a votar en general el Convenio de Estocolmo.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Único. Apruébase el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, suscrito en la ciudad de Estocolmo, Suecia, el 22 de mayo de 2001, integrado por el preámbulo, 30 artículos, los Anexos A, B, C, D, E, F y la corrección efectuada en el Artículo 1º del texto original de la Convención (texto auténtico en español) y de los ejemplares certificados, comunicada el 21 de febrero de 2003 por el Secretario General de las Naciones Unidas."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

(Texto del informe cuya incorporación se ha dispuesto a solicitud del señor Senador Gargano:)

"CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE ESTOCOLMO, SUECIA, EL 22 DE MAYO DE 2001

INFORME AL SENADO

El Proyecto de Ley solicitando la aprobación del CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE ESTOCOLMO, SUECIA, EL 22 DE MAYO DE 2001, fue enviado por el Poder Ejecutivo al Presidente de la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, el 26 de mayo de 2003.

El CONVENIO DE ESTOCOLMO se compone de un PREÁMBULO, treinta (30) ARTICULOS, los ANEXOS A, B, C, D, E y F y la corrección del Artículo 1º del texto original (texto auténtico en español) y de los ejemplares certificados, comunicada el 21 de febrero de 2003 por el Secretario General de las Naciones Unidas, actuando en calidad de depositario.

En el PREAMBULO se señala que las Partes en el presente Convenio,

Reconocen que los contaminantes orgánicos persistentes (COP) tienen propiedades tóxicas, son resistentes a la degradación, se bioacumulan y son transportados por el aire, el agua y las especies migratorias dañando en consecuencia los ecosistemas terrestres y acuáticos,

Son conscientes de los problemas de salud que ocasionan, en especial a las mujeres y las futuras generaciones,

Reconocen la especial amenaza a los ecosistemas, y comunidades indígenas árticos debido a la biomagnificación de los COP y la contaminación de sus alimentos tradicionales,

Son conscientes de la necesidad de tomar medidas de alcance mundial,

Tienen en cuenta: las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (1997), las disposiciones sobre medio ambiente, en especial el Convenio de Rotterdam y el Convenio de Basilea sobre el control fronterizo de desechos peligroso y su eliminación, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Programa 21,

Reconocen que la idea de precaución es el fundamento de las preocupaciones de todas las Partes,

Reconocen que el presente Convenio, los acuerdos internacionales de comercio y medio ambiente se apoyan mutuamente y que de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus recursos y la responsabilidad de velar y controlar las actividades que se desarrollen en su territorio, para no dañar el medio ambiente bajo su jurisdicción o la de otros Estados,

Tienen en cuenta la necesidad de fortalecer a los países menos adelantados para gestionar los productos químicos, mediante la transferencia de tecnología, la prestación de asistencia financiera y técnica y el fomento de la cooperación entre las Partes,

Toman en cuenta el Programa de Acción para el desarrollo sostenible aprobado en Barbados el 6 de mayo de 1994, las respectivas capacidades de los países desarrollados y en desarrollo de acuerdo con el principio 7 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo.

Reconocen la importancia de la contribución del sector privado y de las organizaciones no gubernamentales en la reducción y/o eliminación de las emisiones y descargas de COP,

Subrayan la importancia de que los fabricantes de COP asuman la responsabilidad de reducir los efectos adversos de sus productos y de informar adecuadamente sobre las propiedades peligrosas de esos productos químicos.

Reafirman el principio 16 de la Declaración de Río acerca de la responsabilidad de asumir los costos por quien es causante de la contaminación,

Alientan a que las partes que no cuentan con sistemas reglamentarios y de evaluación para plaguicidas y productos químicos industriales a que desarrollen esos sistemas,

Reconocen la importancia de concebir y emplear procesos alternativos y productos químicos sustitutivos ambientalmente racionales,

Resuelven proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos de los contaminantes orgánicos persistentes, acuerdan lo siguiente:

El Art. 1, establece el objetivo del Convenio: proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes, en acuerdo al "criterio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo" (según la corrección al texto original, comunicada el 21 de febrero de 2003 por el Secretario de las Naciones Unidas).

El Art. 2, hace una serie de definiciones: a) por Parte se entiende un Estado o una organización de integración económica regional; b) por organización de integración económica regional se entiende una organización de Estados soberanos de una región determinada con competencia en las materias regidas por el presente Convenio y que haya sido debidamente facultada; c) por partes presentes y votantes se entiende las que estén presentes y emitan un voto afirmativo o negativo.

El Art. 3, establece las medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la producción y utilización intencionales:

1. Cada Parte:

a) prohibirá y/o adoptará las medidas jurídicas y administrativas necesarias para eliminar:

i) la producción y utilización de productos químicos enumerados en el anexo A y

ii) la importación y exportación de los productos químicos incluidos en el anexo A de acuerdo al párrafo 2, y

b) restringirá la producción y utilización de los productos químicos incluidos en el anexo B.

2. Cada Parte adoptará medidas para velar por que:

a) un producto químico incluido en el Anexo A o en el Anexo B, se importe únicamente:

i) para su eliminación;

ii) para una finalidad o utilización permitida para esa parte en virtud del anexo A o el B;

b) un producto químico incluido en el anexo A o B, respecto del cual está en vigor una exención específica para la producción o utilización en una finalidad aceptable, se exporte únicamente:

i) para su eliminación

ii) a una Parte autorizada para utilizarlo en virtud de dichos anexos

iii) a un Estado que no es Parte en el presente Convenio que haya otorgado una certificación anual a la Parte exportadora, en la cual espeficara el uso previsto y se comprometerá a:

a. proteger la salud humana y el medio ambiente

b. cumplir lo dispuesto en el art. 6 y

c. cumplir lo dispuesto en el párrafo 2 de la parte II del anexo B

La certificación incluirá toda la documentación de apoyo apropiada, que se transmitirá a la Secretaría dentro de los sesenta (60) días siguientes a su recepción.

c) un producto químico incluido en el anexo A, cuando hayan dejado de ser efectivas las exenciones específicas para cualquiera de las Partes solo será exportado para su eliminación ambientalmente racional;

d) el término "un Estado que no es Parte en el presente Convenio" incluirá un Estado u organización de integración económica regional que no haya consentido en someterse a las obligaciones establecidas en el Convenio.

3. Cada Parte adoptará medidas para reglamentar la producción y utilización de nuevos plaguicidas o nuevos productos químicos industriales, de acuerdo a los criterios del párrafo 1 del anexo D.

4. Cada Parte tendrá en consideración los criterios del párrafo 1 del anexo D en el momento de realizar las evaluaciones de los plaguicidas productos químicos industriales que actualmente se encuentren en uso.

5. A menos que en el presente Convenio se disponga otra cosa, los párrafos 1 y 2 no se aplican a las cantidades de productos químicos destinados a investigaciones a escala de laboratorios.

6. Toda Parte que tenga una excepción específica (Anexo A) o una finalidad aceptable (Anexo B) tomará las medidas para evitar o reducir al mínimo la exposición humana y la liberación en el medio ambiente. En cuanto a las utilizaciones exentas o las finalidades aceptables que incluyan la liberación intencional en el medio ambiente, tal liberación deberá ser mínima.

El Art. 4 establece el Registro de exenciones específicas en el mismo:

1. Se individualizarán a las Partes que gozan de exenciones específicas incluidas en el anexo A o el anexo B. La Secretaría mantendrá este Registro y lo pondrá a disposición del público.

2. En el Registro se incluirá:

a) Una lista de los tipos de exenciones específicas tomadas del anexo A y anexo B;

b) Una lista de las Partes que gozan de una exención específica incluida en el Anexo A o el anexo B; y

c) Una lista de las fechas de expiración de cada una de las exenciones específicas registradas.

3. Cualquier Estado Parte podrá, mediante notificación escrita inscribirse en el Registro para uno o más tipos de exenciones específicas incluidas en el Anexo A, o en el Anexo B.

4. Salvo que una Parte indique una fecha anterior en el Registro, o se otorgue una prórroga todas las inscripciones de exenciones específicas expirarán cinco años después de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio.

5. La Conferencia de las Partes adoptará una decisión respecto de su proceso de examen de las inscripciones en el Registro.

6. Con anterioridad al examen de una inscripción en el Registro, la Parte interesada presentará un informe a la Secretaría sobre la necesidad de que esa exención siga registrada, que se distribuirá a todas las Partes. El examen de una inscripción se llevará a cabo sobre la base de toda la información disponible y la Conferencia de las Partes podrá formular las recomendaciones que estime oportunas a la Parte interesada.

7. La Conferencia de las Partes podrá, a solicitud de la Parte interesada, decidir prorrogar la fecha de expiración de una exención específica por un período de hasta cinco años y tomará debidamente en cuenta que las mismas sean países en desarrollo o que sean economías en transición.

8. Una Parte podrá, en cualquier momento, retirar del Registro la inscripción de una exención específica mediante notificación escrita a la Secretaría.

9. Cuando ya no haya Partes inscritas para un tipo particular de exención específica, no se podrán hacer nuevas inscripciones con respecto a ese tipo de exención.

El Art. 5. establece las medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la producción no intencional incluidas en el anexo C.

Cada Parte adoptará como mínimo las siguientes medidas:

a) Elaborará en un plazo de dos años un plan de acción destinado a identificar, caracterizar y combatir las liberaciones de los productos químicos incluidos en el anexo C y a facilitar la aplicación de los apartados b) a e).

En el plan de acción se incluirán los elementos siguientes:

i) Una evaluación de las liberaciones actuales y proyectadas;

ii) Una evaluación de la eficacia de las leyes y políticas de la Parte relativas al manejo de esas liberaciones;

iii) Estrategias para cumplir las obligaciones estipuladas en el presente párrafo, teniendo en cuenta las evaluaciones mencionadas en los incisos i) y ii);

iv) Medidas para promover la educación, la capacitación y la sensibilización sobre esas estrategias;

v) Un examen quinquenal de las estrategias y su éxito en cuanto al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente párrafo, que se incluirán en los informes que se presenten de conformidad con el artículo 15;

vi) Un calendario para la aplicación del plan de acción, incluidas las estrategias y las medidas que se señalan en ese plan;

b) Promover la aplicación de las medidas disponibles para la reducción de las liberaciones o de eliminación de fuentes;

c) Promover el desarrollo y exigir la utilización de materiales, productos y procesos sustitutivos o modificados para evitar la formación y liberación de productos químicos incluidos en el anexo C.

d) Promover y requerir el empleo de las mejores técnicas disponibles con respecto a las nuevas fuentes, centrándose especialmente en un principio en las categorías de fuentes incluidas en la parte II del anexo C. En cualquier caso, se dispondrá a más tardar de cuatro años después de la entrada en vigor del Convenio para esa Parte.

e) Promover, de conformidad con su plan de acción, el empleo de las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales.

i) Con respecto a las fuentes existentes dentro de las categorías de fuentes incluidas en la parte II del anexo C y dentro de las categorías de fuentes como las que figuran en la parte II de dicho anexo; y

ii) Con respecto a las nuevas fuentes, dentro de categorías de fuentes como las incluidas en la parte III del anexo C a las que una Parte no se haya referido en el marco del apartado d).

f) A los fines del presente párrafo y del anexo C: por "mejores técnicas disponibles" se entiende la práctica de técnicas específicas destinadas a evitar y, cuando no sea viable, reducir en general las liberaciones de los productos químicos incluidos en la parte I del anexo C.

El Art. 6. establece las Medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de existencias y desechos

1. Con el fin de garantizar que las existencias que consistan en productos químicos incluidos en el anexo A o el anexo B, o que contengan esos productos químicos, así como los desechos, cada Parte:

a) Elaborará estrategias apropiadas para determinar:

i) Las existencias que consistan en productos químicos incluidos en el anexo A o el anexo B, o que contengan esos productos químicos; y

ii) Los productos y artículos en uso, así como los desechos, que consistan en un producto químico incluido en el anexo A, B o C que contengan dicho producto químico o estén contaminados con él.

b) Determinará en la medida de lo posible, las existencias que consistan en productos químicos incluidos en el anexo A o el anexo B, o que contengan esos productos químicos, sobre la base de las estrategias a que se hace referencia en el apartado a);

c) Gestionará las existencias de manera segura, eficiente y ambientalmente racional;

d) Adoptará las medidas adecuadas para que esos desechos, incluidos los productos y artículos, cuando se conviertan en desechos:

i) Se gestionen, recojan, transporten y almacenen de manera ambientalmente racional;

ii) Se eliminen de un modo tal que el contenido del COP se destruya o se transforme en forma irreversible o de no ser así, se eliminen en forma ambientalmente racional.

iii) No estén autorizados a ser objeto de operaciones de eliminación que puedan dar lugar a la recuperación, reciclado, regeneración, reutilización directa o usos alternativos de los COP; y

iv) No sean transportados a través de las fronteras internacionales sin tener en cuenta las reglas, normas y directrices internacionales;

e) Se esforzará por elaborar estrategias adecuadas para identificar los sitios contaminados con productos químicos incluidos en el anexo A, B o C; y en caso de que se realice el saneamiento de esos sitios, ello deberá efectuarse de manera ambientalmente racional.

2. La Conferencia de las Partes, cooperará estrechamente con los órganos pertinentes del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, para, entre otras cosas:

a) Fijar niveles de destrucción y transformación de COP especificadsa en el párrafo 1 del anexo D;

b) Determinar los métodos que constituyan la eliminación ambientalmente racional a que se hace referencia anteriormente; y

c) Adoptar medidas para establecer los niveles de concentración de los productos químicos incluidos en los anexos A, B y C para definir el bajo contenido de COP.

El Art. 7. establece planes de aplicación

1. Cada Parte:

a) Elaborará un plan para el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Convenio y se esforzará en aplicarlo;

b) Transmitirá su plan de aplicación a la Conferencia de las Partes dentro de un plazo de dos años a partir de la fecha en que el presente Convenio entre en vigor para dicha Parte; y

c) Revisará y actualizará, su plan de aplicación a intervalos periódicos.

2. Las Partes cooperarán directamente a fin de facilitar la elaboración, aplicación y actualización de sus planes de aplicación.

3. Las Partes se esforzarán por utilizar y establecer los medios para incorporar los planes nacionales de aplicación relativos a los COP en sus estrategias de desarrollo sostenible cuando sea apropiado.

El Art. 8 refiere a los mecanismos para la inclusión de productos químicos en los anexos A, B y C.

1. Cualquiera de las Partes podrá presentar a la Secretaría una propuesta de inclusión de un producto químico en los anexos A, B y/o C con la información que se específica en el anexo D.

2. Si la Secretaría considera que la propuesta contiene dicha información, remitirá la propuesta al Comité de Examen de los COP.

3. El Comité examinará la propuesta y aplicará los criterios especificados en el anexo D de manera flexible y transparente.

4. Si el Comité decide que:

a) Se han cumplido los criterios de selección, remitirá, a través de la Secretaría, la propuesta y la evaluación del Comité a todas las Partes y observadores y los invitará a que presenten la información señalada en el anexo E; o

b) No se han cumplido los criterios de selección, lo comunicará a todas las Partes y observadores y remitirá la propuesta y la evaluación a todas las Partes, con lo que se desestimará la propuesta.

5. Se podrá volver a presentar al Comité una propuesta que éste haya desestimado. Si la desestima nuevamente, la Parte podrá impugnar la decisión del Comité y la Conferencia de las Partes examinará la cuestión en su siguiente período de sesiones.

6. Si la Conferencia de las Partes decidió que no se dé curso a la propuesta, el Comité examinará nuevamente la propuesta, tomando en consideración toda nueva información pertinente recibida, y preparará un proyecto de perfil de riesgos.

7. Si, sobre la base del perfil de riesgos, el Comité decide que:

a) Es probable que el producto químico, pueda tener efectos adversos importantes para la salud humana y/o el medio ambiente de modo que se justifique la adopción de medidas a nivel mundial, se dará curso a la propuesta; o

b) La propuesta no debe prosperar, remitirá a través de la Secretaría el perfil de riesgos a todas las Partes y observadores y desestimará la propuesta.

8. Respecto de una propuesta que se desestime, cualquier Parte podrá pedir a la Parte proponente y a las otras Partes a que presenten información complementaria dentro de un plazo no superior a un año. Transcurrido ese plazo, el Comité examinará de nuevo la propuesta. Si la desestima nuevamente, la Parte podrá impugnar la decisión del Comité y la Conferencia de las Partes examinará la cuestión en su siguiente período de sesiones y podrá decidir que se dé curso a la propuesta, sobre la base del perfil de riesgos preparado de conformidad con el anexo E y tomando en consideración la evaluación realizada por el Comité, así como toda información complementaria que proporcionen las Partes o los observadores.

9. Sobre la base de perfil de riesgos a que se hace referencia en el párrafo 6 y la evaluación de la gestión de riesgos mencionada en el párrafo 7 o en el párrafo 8, el Comité recomendará a la Conferencia de las Partes si debe considerar la posibilidad de incluir el producto químico en los anexos A, B y/o C.

El Art. 9 establece el intercambio de Información

1. Cada Parte facilitará o llevará a cabo el intercambio de información en relación con:

a) La reducción o eliminación de la producción, utilización y liberación de COP; y

b) Las alternativas a los COP, incluida la información relacionada con sus peligros y con sus costos económicos y sociales.

2. Las Partes intercambiarán la información directamente o través de la Secretaría.

3. Cada Parte designará un centro nacional de coordinación para el intercambio de ese tipo de información.

4. La Secretaría prestará servicios como mecanismo de intercambio de información, incluida la información proporcionada por las Partes, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales.

5. A los fines del presente Convenio, la información sobre la salud y la seguridad humanas y del medio ambiente no se considerará confidencial.

El Art. 10 regula la Información, sensibilización y formación del público

1. Cada Parte, dentro de sus capacidades, promoverá y facilitará:

a) La sensibilización de sus encargados de formular políticas y adoptar decisiones acerca de los COP;

b) La comunicación al público de toda la información disponible.

c) La elaboración y aplicación de programas de formación y de sensibilización del público, especialmente para las mujeres, los niños y las personas menos instruidas,

d) La participación del público en el tratamiento del tema de los COP y sus efectos para la salud y el medio ambiente y en la elaboración de respuestas adecuadas.

e) La capacitación de los trabajadores y del personal científico, docente, técnico y directivo;

f) La elaboración y el intercambio de materiales de formación y sensibilización del público a los niveles nacional e internacional; y

g) La elaboración y aplicación de programas de educación y capacitación a los niveles nacional e internacional.

2. Cada Parte, velará por que el público tenga acceso a la información y por que esa información se mantenga actualizada.

3. Cada Parte, alentará a la industria y a los usuarios profesionales a que promuevan y faciliten el suministro de información a nivel nacional y, según proceda, a los niveles subregional, regional y mundial.

4. Al proporcionar información podrán utilizar hojas de datos de seguridad, informes, medios de difusión y otros medios de comunicación, y podrán establecer centros de información a los niveles nacional y regional.

5. Cada Parte estudiará con buena disposición la posibilidad de concebir mecanismos, tales como registros de liberaciones y transferencias, para la reunión y difusión de información sobre estimaciones de las cantidades anuales de productos químicos incluidos en los anexos A, B o C que se liberan o eliminan.

El Art. 11 refiere a la Investigación, desarrollo y vigilancia

1. Las Partes alentarán y/o efectuarán a los niveles nacional e internacional las actividades de investigación, desarrollo, vigilancia y cooperación adecuadas respecto de los COP y respecto de sus alternativas y de los COP potenciales, incluidos los siguientes aspectos:

a) Fuentes y liberaciones en el medio ambiente;

b) Presencia, niveles y tendencias en las personas y en el medio ambiente;

c) Transporte, destino final y transformación en el medio ambiente;

d) Efectos en la salud humana y en el medio ambiente;

e) Efectos socioeconómicos y culturales;

f) Reducción y/o eliminación de sus liberaciones; y

g) Metodologías armonizadas para hacer inventarios de las fuentes generadoras y de las técnicas analísticas para la medición de las emisiones.

2. Al tomar medidas en aplicación del párrafo 1, las Partes:

a) Apoyarán y seguirán desarrollando todas las medidas que tengan por objetivo definir, realizar, evaluar y financiar actividades de investigación, compilación de datos y vigilancia;

b) Apoyarán los esfuerzos nacionales e internacionales para fortalecer la capacidad nacional de investigación científica y técnica;

c) Tendrán en cuenta los problemas y necesidades, especialmente en materia de recursos financieros y técnicos, de los países en desarrollo y los países con economías en transición;

d) Efectuarán trabajos de investigación destinados a mitigar los efectos de los COP en la salud reproductiva;

e) Harán accesibles al público los resultados de las investigaciones y actividades de desarrollo y vigilancia.

f) Alentarán y/o realizarán actividades de cooperación con respecto al almacenamiento y mantenimiento de la información derivada de la investigación, el desarrollo y la vigilancia.

El Art. 12 establece los mecanismos de Asistencia técnica

1. Las Partes reconocen que la prestación de asistencia técnica en respuesta a las solicitudes de las Partes que son países en desarrollo y las Partes que son países con economías en transición es esencial para la aplicación efectiva del presente Convenio.

2. Las Partes cooperarán para prestar asistencia técnica a las Partes que son países en desarrollo y las Partes que son países con economías en transición para ayudarlas.

3. A este respecto, la asistencia técnica que presten las Partes que son países desarrollados y otras Partes, incluirá asistencia técnica para la creación de capacidad en relación con el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente Convenio.

4. Las Partes, concertarán arreglos con el fin de prestar asistencia técnica y promover la transferencia de tecnologías a las Partes que son países en desarrollo y a las Partes con economías en transición en relación con la aplicación del presente Convenio.

5. En el contexto del presente artículo, las Partes tendrán plenamente en cuenta las necesidades específicas y la situación especial de los países menos adelantados y de los pequeños Estados insulares en desarrollo de adoptar medidas con respecto a la asistencia técnica.

El Art. 13 refiere a los Mecanismos y recursos financieros

1. Cada Parte se compromete a prestar apoyo financiero y a ofrecer incentivos con respecto a las actividades nacionales dirigidas a alcanzar el objetivo del presente Convenio.

2. Las Partes que son países desarrollados proporcionarán recursos financieros nuevos y adicionales a las Partes que son países en desarrollo y países con economías en transición.

3. Las Partes que son países desarrollados, y otras Partes también podrán proporcionar recursos financieros para ayudar en la aplicación del presente Convenio.

4. La medida en que las Partes que son países en desarrollo cumplan efectivamente los compromisos contraídos con arreglo al presente Convenio dependerá del cumplimiento efectivo. Se deberá tener en cuenta el hecho de que el desarrollo económico y social sostenible y la erradicación de la pobreza son las prioridades primordiales y absolutas de las Partes que son países en desarrollo, prestando debida consideración a la necesidad de proteger la salud humana y el medio ambiente.

5. Las Partes tendrán plenamente en cuenta las necesidades específicas y la situación especial de los países menos adelantados.

6. En el presente Convenio queda definido un mecanismo para el suministro de recursos financieros suficientes y sostenibles a las Partes que son países en desarrollo y a las Partes con economías en transición sobre la base de donaciones o condiciones de favor para ayudarles a aplicar el Convenio.

7. De conformidad con los objetivos del presente Convenio y con el párrafo 6, en su primera reunión la Conferencia de las Partes aprobará la orientación apropiada que habrá de darse con respecto al mecanismo y convendrá con la entidad o entidades participantes en el mecanismo financiero los arreglos necesarios para que dicha orientación surta efecto. La orientación abarcará entre otras cosas:

a) La determinación de las prioridades, criterios y directrices claros y detallados en cuanto a las condiciones para el acceso a los recursos financieros y su utilización;

b) La presentación de informes periódicos a la Conferencia de las Partes por parte de la entidad o entidades participantes;

c) La promoción de criterios, mecanismos y arreglos de financiación basados en múltiples fuentes;

d) Las modalidades para determinar el monto de los fondos necesarios y disponibles para la aplicación del presente Convenio;

e) Las modalidades para la prestación de asistencia a las Partes interesadas mediante la evaluación de las necesidades, así como información sobre fuentes de fondos disponibles y regímenes de financiación con el fin de facilitar la coordinación entre ellas.

8. La Conferencia de las Partes examinará, la eficacia del mecanismo establecido, el monto de la financiación y la eficacia del desempeño de las entidades a las que se encomiende la administración del mecanismo financiero.

El Art. 14 establece los Arreglos financieros provisionales

La estructura institucional del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, administrado de conformidad con el Instrumento para el Establecimiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial Reestructurado será, en forma provisional, la entidad principal encargada de las operaciones del mecanismo financiero hasta el momento en que la Conferencia de las Partes adopte una decisión acerca de la estructura institucional que ha de ser designada.

El Art. 15 regula la Presentación de Informes

1. Cada Parte informará a la Conferencia de las Partes sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el Convenio y sobre la eficacia de esas medidas.

2. Cada Parte proporcionará a la Secretaría:

a) Datos estadísticos sobre las cantidades totales de su producción, importación y exportación de cada uno de los productos químicos incluidos en el anexo A y el anexo B o una estimación razonable de dichos datos; y

b) En la medida de lo posible, una lista de los Estados de los que haya importado cada una de dichas sustancias y de los Estados a los que haya exportado cada una de dichas sustancias.

3. Dichos informes se presentarán a intervalos periódicos.

El Art. 16 establece los criterios para la Evaluación de la eficacia

1. Cuando hayan transcurrido cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio y luego de forma periódica, la Conferencia evaluará la eficacia del presente Convenio.

2. La Conferencia de las Partes, en su primera reunión, iniciará los arreglos para dotarse de datos de vigilancia comparables sobre la presencia de los productos químicos incluidos en los anexos A, B y C, así como sobre su transporte en el medio ambiente a escala regional y mundial. Esos arreglos:

a) Deberán ser aplicados por las Partes y a nivel regional, de acuerdo con sus capacidades técnicas y financieras

b) Podrán complementarse, cuando sea necesario, teniendo en cuenta las diferencias entre las regiones y sus capacidades para realizar las actividades de vigilancia; y

c) Incluirán informes a la Conferencia de las Partes sobre los resultados de las actividades de vigilancia

4. La evaluación se llevará a cabo sobre la base de información científica, ambiental, técnica y económica disponible, incluyendo:

a) Informes y otros datos de vigilancia entregados de acuerdo con el párrafo 2;

b) Informes nacionales presentados con arreglo al artículo 15; y

c) Información sobre incumplimiento proporcionada de acuerdo con los procedimientos establecidos en el marco del artículo 17.

El Art. 17 establece los mecanismos de Incumplimiento

La Conferencia de las Partes, elaborará y aprobará procedimientos y mecanismos institucionales para determinar el incumplimiento de las disposiciones del presente Convenio y el tratamiento que haya de darse a las Partes que no hayan cumplido dichas disposiciones.

El Art. 18 establece los procedimientos para Solución de controversias

1. Las Partes resolverán cualquier controversia suscitada entre ellas en relación con la interpretación o aplicación del presente Convenio mediante negociación u otros medios pacíficos de su propia elección.

2. Al ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio, toda Parte que no sea una organización de integración económica regional podrá declarar que, con respecto a cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del presente Convenio, acepta uno o los dos medios de solución de controversias que se indican a continuación, reconociendo su carácter obligatorio en relación con una Parte que acepte la misma obligación:

a) Arbitraje de conformidad con los procedimientos aprobados por la Conferencia de las Partes en un anexo, lo antes posible;

b) Sometimiento de la controversia a la decisión de la Corte Internacional de Justicia.

3. La Parte que sea una organización de integración económica regional podrá hacer una declaración de efecto similar en relación con el arbitraje.

4. Toda declaración permanecerá en vigor hasta tres meses después de haberse depositado una notificación escrita de su revocación.

5. La expiración de una declaración, un escrito de revocación o una nueva declaración no afectará en modo alguno a los procesos pendientes.

6. Si las Partes de una controversia no han podido dirimirla en 12 meses la someterá a una comisión de conciliación.

El Art. 19 establece y define la Conferencia de las Partes

1. Queda establecida una Conferencia de las Partes.

2. La primera reunión deberá celebrarse a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Convenio.

3. Las reuniones extraordinarias se celebrarán siempre que un tercio de las Partes, como mínimo, apoye esa solicitud.

4. La Conferencia de las Partes, aprobará y hará suyo por consenso su reglamento interno y su reglamentación financiera y los de sus órganos subsidiarios, así como las disposiciones financieras que han de regir el funcionamiento de la Secretaría.

5. La Conferencia examinará y evaluará constantemente la aplicación del presente Convenio. Se encargará de las funciones que le asigne el Convenio y, a ese efecto:

a) Establecerá los órganos subsidiarios que considere necesarios para la aplicación del Convenio;

b) Cooperará con las organizaciones internacionales e intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes; y

c) Examinará periódicamente toda información que se ponga a disposición de las Partes

d) Estudiará y tomará cualquier medida complementaria que se estime necesaria para la consecución de los fines del Convenio.

6. La Conferencia en su primera reunión, establecerá un órgano subsidiario, que se denominará Comité de Examen de los COP con el fin de que desempeñe las funciones asignadas a dicho Comité por el presente Convenio. A ese respecto:

a) Los miembros del Comité de Examen de los COP serán designados por la Conferencia y estará integrado por expertos nombrados sobre la base de una distribución geográfica equitativa;

b) La Conferencia adoptará una decisión sobre el mandato, la organización y el funcionamiento del Comité; y

c) Se esforzará al máximo por aprobar sus recomendaciones por consenso. Como último recurso resolverá por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes.

7. La Conferencia, en su tercera reunión, evaluará la persistencia de la necesidad del procedimiento estipulado en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 3, incluido el estudio de su efectividad.

8. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, así como los Estados que no sean Partes en el Convenio, podrán estar representados por observadores en las reuniones de la Conferencia de las Partes.

El Art. 20 reglamenta la Secretaría

1. Queda establecida una secretaría.

2. Las funciones de la Secretaría serán:

a) Organizar las reuniones de la Conferencia y sus órganos subsidiarios y prestarles los servicios necesarios;

b) Facilitar la prestación de asistencia, en especial a las Partes que sean países en desarrollo y las Partes con economías en transición;

c) Encargarse de la coordinación necesaria con las Secretarías de otros órganos internacionales pertinentes;

d) Preparar y poner a disposición de las Partes informes periódicos basados en la información recibida;

e) Concertar los arreglos administrativos y contractuales necesarios para desempeñar con eficacia sus funciones; y

f) Realizar las otras funciones de Secretaría especificadas en el presente Convenio.

3. Las funciones de Secretaría para el presente Convenio serán desempeñadas por el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, salvo que la Conferencia, por una mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes, decida encomendarlas a otra u otras organizaciones internacionales.

El Art. 21 regula los procedimientos para introducir Enmiendas al Convenio

1. Cualquiera de las Partes podrá proponer enmiendas al presente Convenio.

2. Las enmiendas se aprobarán en una reunión de la Conferencia y serán comunicadas a las Partes por la Secretaría al menos seis meses antes de la reunión en la que sea propuesta para su aprobación.

3. Las Partes harán todo lo posible por llegar a un acuerdo por consenso sobre cualquier propuesta de enmienda y si aquel no se logra, se aprobará por mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes.

4. El Depositario comunicará la enmienda a todas las Partes para su ratificación, aceptación o aprobación.

5. La ratificación, aceptación o aprobación de una enmienda se notificará por escrito al Depositario.

El Art. 22 establece los mecanismos de Aprobación y enmienda de los anexos

1. Los anexos del presente Convenio formarán parte Integrante del mismo

2. Todo anexo adicional se limitará a cuestiones de procedimiento, científicas, técnicas o administrativas.

3. El procedimiento que figura a continuación se aplicará respecto de la propuesta, la aprobación y la entrada en vigor de anexos adicionales del presente Convenio:

a) Los anexos adicionales se propondrán y aprobarán de conformidad con el procedimiento que se establece en el artículo 21;

b) Las Partes que no puedan aceptar un anexo adicional lo notificarán por escrito al Depositario, quien comunicará sin demora a todas las Partes cualquier notificación de ese tipo. Una Parte podrá en cualquier momento retirar una notificación de no aceptación que haya hecho anteriormente respecto de cualquier anexo adicional y, en tal caso, el anexo entrará en vigor respecto de esa Parte con arreglo al apartado c); y

c) Al cumplirse el plazo de un año contado a partir de la fecha en que el Depositario haya comunicado la aprobación de un anexo adicional, el anexo entrará en vigor para todas las Partes que no hayan hecho una notificación de conformidad con las disposiciones del apartado b).

4. La propuesta, la aprobación y la entrada en vigor de enmiendas a los anexos A, B o C estarán sujetas a los mismos procedimientos previstos para la propuesta, aprobación y entrada en vigor de los anexos adicionales del Convenio, con la salvedad que una enmienda al anexo A, B o C no entrará en vigor para una Parte que haya formulado una declaración con respecto a la enmienda de dichos anexos de acuerdo con el párrafo 4 del artículo 25, en ese caso cualquier enmienda de ese tipo entrará en vigor con respecto a dicha Parte el nonagésimo día contado a partir de la fecha del depósito en poder del Depositario de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión con respecto a tal enmienda.

5. El procedimiento siguiente se aplicará a la propuesta, la aprobación y la entrada en vigor de las enmiendas al anexo D, E o F:

a) Las enmiendas se propondrán de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 21;

b) Las decisiones de las Partes respecto de toda enmienda al anexo D, E o F se adoptarán por consenso; y

c) El Depositario comunicará de inmediato a las Partes cualquier decisión de enmendar el anexo D, E o F. La enmienda entrará en vigor para todas las Partes en la fecha que se especifique en la decisión.

6. Si un anexo adicional o una enmienda a un anexo guarda relación con una enmienda al presente Convenio, el anexo adicional o la enmienda no entrará en vigor hasta que entre en vigor la enmienda al Convenio.

El Art. 23 establece el Derecho de voto

1. Cada Parte en el presente Convenio tendrá un voto, salvo lo dispuesto en el párrafo 2.

2. En los asuntos de su competencia, las organizaciones de integración económica regional ejercerán su derecho de voto con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Convenio. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si cualquiera de sus Estados miembros ejerce el suyo y viceversa.

El Art. 24 regula los procedimientos para la Firma

El presente Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados y organizaciones de integración económica regional en Estocolmo, el 23 de mayo de 2001, y en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, del 24 de mayo de 2001 al 22 de mayo de 2002.

El Art. 25 establece los mecanismos de Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión

1. El presente Convenio estará sujeto a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los Estados y las organizaciones de integración económica regional. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del Depositario.

2. Toda organización de integración económica regional que pase a ser Parte en el presente Convenio, sin que ninguno de sus Estados miembros sea Parte, quedará vinculada por todas las obligaciones contraídas en virtud del Convenio. En el caso de dichas organizaciones, cuando uno o varios de sus Estados miembros sea Parte en el presente Convenio, la organización y sus Estados miembros decidirán acerca de sus responsabilidades respectivas en lo que se refiera al cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Convenio. En tales casos, la organización y los Estados miembros no estarán facultados para ejercer simultáneamente los derechos previstos en el presente Convenio.

3. En sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, las organizaciones de integración económica regional declararán los alcances de su competencia en relación con las materias regidas por el presente Convenio. Esas organizaciones también informarán al Depositario sobre cualquier modificación importante de su ámbito de competencia, y éste, a su vez, informará de ello a las Partes.

4. En su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión una Parte podrá declarar que, con respecto a ella, una enmienda al anexo A, B o C sólo entrará en vigor una vez que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión con respecto a dicha enmienda.

El Art. 26 establece la Entrada en vigor

1. El presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo día contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2. Respecto de cada Estado u organización de integración económica regional que ratifique, acepte o apruebe el presente Convenio o que se adhiera a él después de haber sido depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Convenio entrará en vigor el nonagésimo día contado a partir de la fecha en que dicho Estado u organización de integración económica regional haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

3. A los efectos de los párrafos 1 y 2, los instrumentos depositados por una organización de integración económica regional no se considerarán adicionales con respecto a los depositados por los Estados miembros de esa organización.

El Art. 27 establece la imposibilidad de efectuar Reservas

No se podrán formular reservas al presente Convenio.

El Art. 28 establece los criterios para el Retiro

1. En cualquier momento después de tres años contados a partir de la fecha en que el presente Convenio haya entrado en vigor para una Parte, esa Parte podrá retirarse del Convenio notificándolo por escrito al Depositario.

2. Ese retiro cobrará efecto al cumplirse un año contado a partir de la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación de la denuncia o en la fecha posterior que se indique en dicha notificación.

El Art. 29 define el Depositario

El Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario del presente Convenio.

El Art. 30 establece los Textos auténticos

El original del presente Convenio, cuyos textos en los idiomas árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados a ese efecto, han firmado el presente Convenio.

Hecho en Estocolmo el vigésimo segundo día del mes de mayo del año dos mil uno.

Finalmente se adjuntan los Anexos A, B, C, D, E y F que son parte integrante del Convenio.

En el Anexo A se especifican los productos químicos a los que procede su ELIMINACIÓN; son nueve productos químicos: aldrina, clordano, dieldrina, endrina, heptacloro, hexaclorobenceno, mirex, toxafeno y bifenilos policlorados (BPC). Las exenciones específicas allí contempladas, podrán ser ejercidas por las Partes que hayan registrado exenciones con respecto a ellas, de acuerdo con el Artículo 4 con la excepción establecida en la Parte II referida a la eliminación del uso del BPC en equipos (por ejemplo, transformadores, condensadores u otros receptáculos que contengan existencias de líquidos).

En el Anexo B se señala el producto que tiene RESTRICCIÓN: el DDT, con el objetivo último de su eliminación, permitiéndose el uso, entre tanto, únicamente para el control de vectores de enfermedades infecciosas conforme con las recomendaciones y directrices de la Organización Mundial de la Salud. Se insta a promover la investigación, desarrollo e implementación de alternativas al DDT que sean seguras, efectivas y asequibles.

En el Anexo C, se detallan aquellos que son de PRODUCCIÓN NO INTENCIONAL; se refiere a los siguientes COP: dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados (PCDD/PCDF), hexaclorobenceno (HCB) y bifenilos policlorados (BPC). Estos productos químicos se forman y se liberan de forma no intencional a partir de procesos térmicos, que comprenden materia orgánica y cloro, como resultado de una combustión incompleta o de reacciones químicas, por ejemplo, la quema a cielo abierto de desechos, combustión doméstica, combustión de combustibles fósiles en centrales termoeléctricas o calderas industriales, instalaciones de combustión de madera u otros combustibles de biomasa, crematorios, destrucción de carcasas de animales, motores que utilizan gasolina con plomo, plantas de desguace de vehículos, desechos de refinerías de petróleo, etcétera.

Entre las fuentes industriales con potencial de formación y liberación de esos productos al ambiente, se citan: incineradoras de desechos incluidas las de desechos municipales peligrosos o médicos o de fango cloacal, desechos peligrosos de la combustión en hornos de cemento y producción de pasta de papel utilizando cloro elemental para blanqueo.

En el Anexo D se establecen los requisitos de información y los criterios de selección para que una Parte pueda incluir un producto químico en los Anexos A, B y C.

En el Anexo E se detallan los requisitos de información para el perfil de riesgos: evaluar si es probable que el transporte de un producto químico pueda tener efectos adversos importantes en la salud humana y el medio ambiente y corresponde o no tomar medidas especiales en el plano mundial.

El Anexo F establece la necesidad de la información sobre consideraciones socioeconómicas acerca de las medidas de control relativas a toda la gama de opciones para el manejo de los COP y su eliminación.

En mi opinión, el CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE ESTOCOLMO, SUECIA, EL 22 DE MAYO DE 2001, constituye un instrumento de enorme trascendencia para la preservación del medio ambiente y la salud de la población mundial, tal como se desprende de su Preámbulo.

Se inscribe en la serie de Tratados y Convenios aprobados en el marco de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, en particular el Convenio de Rotterdam y el Convenio de Basilea, con el objetivo de ajustar medidas de contralor de los procesos de producción y transformación de productos químicos que implican contaminaciones nocivas para el medio ambiente y la salud humana.

En este Convenio se definen criterios claros de identificación de contaminantes orgánicos persistentes a la vez que procedimientos y mecanismos a adoptar para evitar consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente. También se establecen criterios de colaboración internacional teniendo en cuenta los distintos niveles tecnológicos y de poderío económico de los Estados, estableciendo el imprescindible apoyo de los Estados más desarrollados para la financiación de programas en los países menos desarrollados.

Considerando lo expuesto, solicito que la Comisión dé su aprobación al PROYECTO DE ARTICULO UNICO, que ya fuera aprobado en la sesión de Cámara de Representantes del 10 de setiembre de 2003. Se deja constancia que el presente Convenio fue firmado en Estocolmo el 22 de mayo de 2001 y remitido al Poder Legislativo por el Poder Ejecutivo el 26 de mayo de 2003.

En cuanto al documento agregado por el Poder Ejecutivo relativo a la exención del producto MIREX no es posible ni siquiera considerarlo dado que el Art. 27 establece la imposibilidad de efectuar reservas.

Reinaldo Gargano, Miembro Informante."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción para que la versión taquigráfica de lo expresado en Sala sea enviada a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Relaciones Exteriores y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

19) FERIA ARTESANAL DE PUNTA DEL ESTE

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se declara de interés nacional, cultural y turístico a la Feria Artesanal de Punta del Este. (Carp. Nº 1310/ 03 - Rep Nº 755/ 03)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1310/03

Rep. Nº 755/03

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Declárase de interés nacional, cultural y turístico, a la Feria Artesanal de Punta del Este, cuya actividad se desarrolla durante todo el año en la plaza José Artigas de la ciudad de Punta del Este, departamento de Maldonado.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de diciembre de 2003.

Jorge Chápper Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: verdaderamente no sé quién es el Miembro Informante de este proyecto de ley que, obviamente, será votado por unanimidad porque estamos hablando de un punto de referencia cultural del departamento de Maldonado y de todo el país. Pero como el mismo refiere al tema de la artesanía, me gustaría dejar una constancia.

Después de muchos años, en el 2002, logramos concretar en la realidad el primer proyecto de fomento de la actividad artesanal. La primera iniciativa en esta materia la presentamos en 1986. Hoy se hablaba aquí de la burocracia y, efectivamente, la misma existe también en el Poder Legislativo. Han transcurrido dieciséis años desde entonces y, por suerte, después de limar mucho el proyecto de ley y de atenernos a lo que la Constitución indica, se aprobó por consenso en la Comisión de Industria y Energía una iniciativa que después fue votada por unanimidad en el Senado de la República. Se trata de un proyecto interesante, aunque con las limitaciones impuestas por la Constitución de la República. A través de él se creaba un Registro Nacional de Artesanos, una Comisión Nacional de Artesanía y se habilitaba la posibilidad de conceder créditos a los artesanos.

Por mi parte, aunque del tema de la artesanía frecuentemente nos ocupamos votando iniciativas saludables como la que hoy nos ocupa, por la que se declara de interés nacional, cultural y artístico la Feria Artesanal de Punta del Este, lo que lamento es que el proyecto de ley que fue promulgado en setiembre de 2002 todavía no haya sido reglamentado. Es verdaderamente una lástima, porque cuando presentamos el primer proyecto de ley, en 1986, teníamos censados -a través de un trabajo realizado por un español, Carlos Laorden, quien había venido en aras de un programa de ayuda con las Naciones Unidas- a 30.000 artesanos en el interior, con el aditamento de que en Uruguay la artesanía no es considerada telúrica o autóctona sino utilitaria, ya que además de ser una expresión cultural, sirve perfectamente para que la persona se gane dignamente la vida. Este proyecto de ley propendía a eso.

En lo personal, me alegra cuando se presenta este tipo de iniciativas. Además, aquí se trata de una feria artesanal que, para nosotros, constituye un tipo de encuentro personal muy grato, al cual concurrimos. A su vez se trata de un atractivo turístico y de una carta de presentación de Uruguay. Reitero, sí, que lamento que ese otro proyecto que fue votado por unanimidad en el Senado, a más de un año de su aprobación, no haya sido reglamentado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

"Artículo Único.- Declárase de interés nacional, cultural y turístico, la Feria Artesanal de Punta del Este, cuya actividad se desarrolla durante todo el año en la Plaza José Artigas de la ciudad de Punta del Este, departamento de Maldonado."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

20) EVENTO "MALDONADO: FIESTA DEL MAR"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se declara de interés nacional y turístico la realización del evento ‘Maldonado: Fiesta del Mar’. (Carp. Nº 1302/03 - Rep Nº 756/03)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1302/03

Rep. Nº 756/03

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Declárase de interés nacional y turístico la realización del evento "Maldonado: Fiesta del Mar" a llevarse a cabo en el mes de diciembre de cada año en el departamento de Maldonado.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de diciembre de 2003.

Jorge Chápper Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 19. Afirmativa.

- En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Único.- Declárase de interés nacional y turístico la realización del evento ‘Maldonado: Fiesta del Mar’ a llevarse a cabo en el mes de diciembre de cada año en el departamento de Maldonado".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

21) ESTACION DE CRIA DE FAUNA AUTOCTONA DEL CERRO PAN DE AZUCAR

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en undécimo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se declara patrimonio de la nación, monumento natural, sitio de protección y de interés turístico a la Estación de Cría de Fauna Autóctona del Cerro Pan de Azúcar, departamento de Maldonado. (Carp. Nº 1311/03 - Rep Nº 757/03)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1311/03

Rep. Nº 757/03

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase patrimonio de la nación, monumento natural, sitio de protección y de interés turístico la Estación de Cría de Fauna Autóctona del Cerro Pan de Azúcar, propiedad de la Intendencia Municipal de Maldonado, conforme a los términos contenidos en la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, ratificada por nuestro país mediante la Ley Nº 13.776, de 17 de octubre de 1969, así como de acuerdo con lo dispuesto por los literales A), B), E), F), G) e I) del artículo 2º, por el literal D) del artículo 3º y por el artículo 4º de la Ley Nº 17.234, de 22 de febrero de 2000.

Artículo 2º.- La administración, mantenimiento y promoción de la citada Estación de Cría de Fauna Autóctona del Cerro Pan de Azúcar permanecerá bajo jurisdicción municipal, sin perjuicio de los apoyos nacionales o internacionales que reciba.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de diciembre de 2003.

Jorge Chápper Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos y se voten juntos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los dos artículos del proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

22) ACUERDO DE CREACION DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y EL VINO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en duodécimo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo que crea la Organización Internacional de la Viña y el Vino y sus Anexos. (Carp. Nº 1308/03 - Rep Nº 758/03)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1308/03

Rep. Nº 758/03

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo que crea la Organización Internacional de la Viña y el Vino y sus Anexos, adoptados en la Conferencia de Estados miembros, los días 14, 15 y 22 de junio de 2000 y 3 de abril de 2001, en París y suscrito en esta última fecha.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de diciembre de 2003.

Jorge Chápper Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Montevideo, 3 de julio de 2003.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 168 numeral 20 y el Artículo 85 numeral 7 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo que crea la Organización Internacional de la Viña y el Vino y sus Anexos, adoptados en la Conferencia de Estados miembros, los días 14, 15, 22 de junio de 2000 y 3 de abril de 2001, en París y suscrito en esta última fecha.

Este Instrumento Multilateral, responde a las necesidades de adecuación al nuevo contexto internacional de los Objetivos de la Oficina Internacional de la Viña y del Vino, de sus recursos humanos, materiales y presupuestarios, así como, en su caso, de sus procedimientos y reglas de funcionamiento, para responder a los nuevos desafíos y asegurar el futuro del sector vitivinícola mundial.

El mismo consta de nueve capítulos, 19 artículos y 2 Anexos, destacándose en su parte dispositiva, el artículo 1º del Acuerdo, por el que las Partes crean la "Organización Internacional de la Viña y el Vino" (O.I.V.), con Sede en París, que sustituye a la Oficina Internacional del Vino establecida por el Convenio del 29 de noviembre de 1924 y que desde 1958 se denomina Oficina Internacional de la Viña y el Vino. La misma por tanto tendrá personalidad jurídica y cada uno de sus miembros le conferirá la capa-cidad jurídica necesaria para el ejercicio de sus funciones -artículo 11-.

Por el presente, las Partes deciden crear la "Organización Internacional de la Viña y el Vino" (O.I.V.), de carácter científico y técnico, de competencia reconocida en el ámbito de la viña, del vino, de las bebidas a base de vino, de las uvas de mesa, pasas y de los demás productos derivados de la vid.

Su artículo 2 establece el marco jurídico adecuado donde se determinan los objetivos y funciones de la Organización en forma detallada. Como toda Organización Internacional, este nuevo sujeto de Derecho Internacional que se crea, posee Organos, los que se enumeran en el artículo 3 numeral 1. Por su parte este mismo artículo 3 indica que: cada Miembro de la O.I.V. está representado por los delegados designados por los miembros; que la actividad científica de la Organización se lleva a cabo en los grupos de Expertos, las Subcomisiones y Comisiones, coordinados por un Comité Científico y Técnico, en el marco del plan estratégico aprobado por la Asamblea General y que puede admitir observadores.

En sus capítulos III y IV, y Anexo Nº 2 se contempla el régimen de votación y las modalidades de funcionamiento y procesos de toma de decisiones respectivamente.

Por su parte el capítulo V -artículos 6 y 7- reglamenta el régimen de la financiación de la O.I.V. estableciéndose que sus miembros deben pagar la contribución financiera establecida cada año por la Asamblea General, fijándose el monto en aplicación de las disposiciones definidas en los Anexos Nos. 1 y 2 del presente Acuerdo: Los recursos financieros de la Organización están constituidos por las contribuciones obligatorias anuales de cada uno de los miembros y observadores y por los ingresos de sus actividades propias. En el numeral 3 del artículo 6 se incluyen otras formas de contribuciones voluntarias de sus miembros, señalándose a vía de ejemplo donaciones, asignaciones, etc. La financiación de los idiomas se efectúa de conformidad a lo pactado en el Anexo Nº 2.

Para el caso de incumplimiento del pago de las cuotas anuales, el artículo 7, señala las sanciones a que se verán sometidos los contribuyentes.

También merece especial atención al artículo 8, que reza así: "una organización internacional intergubernamental puede participar en los trabajos o ser miembro de la O.I.V. y contribuir a la financiación de la Organización según las condiciones fijadas, caso por caso, por la Asamblea General a propuesta del Comité Ejecutivo".

El presente Instrumento Internacional reglamenta minuciosamente el régimen de las reservas, aceptación, aprobación, ratificación, adhesión, entrada en vigor, denuncia. El Estado francés es el depositario de este Acuerdo.

Es por las razones antes expuestas que el Poder Ejecutivo manifiesta su interés en la pronta entrada en vigor del mencionado Acuerdo, para lo cual se solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, Presidente de la República; Didier Opertti, Pedro Bordaberry, Gonzalo González, Alejandro Atchugarry.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Montevideo, 3 de julio de 2003.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo que crea la Organización Internacional de la Viña y Vino y sus Anexos, adoptados en la Conferencia de Estados miembros, los días 14, 15 y 22 de junio de 2000 y 3 de abril de 2001, en París y suscrito en esta última fecha.

Didier Opertti, Pedro Bordaberry, Gonzalo González, Alejandro Atchugarry.

ACUERDO

por el que se crea

la Organización Internacional de la Viña y el Vino

Preámbulo

Por un Convenio internacional de fecha 29 de noviembre de 1924, los Gobiernos de España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Portugal y Túñez decidieron crear una Oficina Internacional del Vino.

Por una decisión de 4 de septiembre de 1958 de los Estados miembros de la época, dicha oficina tomó el nombre de Oficina Internacional de la Viña y del Vino. Esta Organización intergubernamental cuenta, a 3 de abril de 2001, con cuarenta y cinco Estados miembros.

En la resolución COMES 2/97 adoptada durante la sesión del 5 de diciembre de 1997, celebrada en Buenos Aires (Argentina), la Asamblea General de la Oficina Internacional de la Viña y del Vino decidió proceder, en función de las necesidades, a la adaptación al nuevo contexto internacional de los objetivos de la Oficina Internacional de la Viña y del Vino, de sus medios humanos, materiales y presupuestarios, así como, en su caso, de sus procedimientos y reglas de funcionamiento, para responder a los nuevos desafíos y asegurar el futuro del sector vitivinícola mundial.

En aplicación del artículo 7 del citado Convenio, el Gobierno de la República Francesa, a quien se dirigió una petición por parte de treinta y seis Estados, convocó una Conferencia de Estados miembros, los días 14, 15, 22 de junio de 2000 y 3 de abril de 2001, en París.

En consecuencia, los Estados miembros de la Oficina Internacional de la Viña y del Vino, de aquí en adelante las Partes, han adoptado las siguientes disposiciones:

Capítulo I - Objetivos y funciones

Artículo 1

1. Las Partes deciden crear la "Organización Internacional de la Viña y el Vino" (O.I.V), que sustituye a la Oficina Internacional de la Viña y del Vino establecida por el Convenio del 29 de noviembre de 1924 modificado. La O.I.V. se rige por las disposiciones del presente Acuerdo.

2. La O.I.V. persigue sus objetivos y ejerce sus funciones tal como está previsto en el artículo 2 como organismo intergubernamental de carácter científico y técnico de competencia reconocida en el ámbito de la viña, del vino, de las bebidas a base de vino, de las uvas de mesa, de las uvas pasas y de los demás productos derivados de la vid.

Artículo 2

1. En el marco de sus competencias, los objetivos de la O.I.V son los siguientes:

a) indicar a sus miembros las medidas que permitan tener en cuenta las preocupaciones de los productores, consumidores y demás actores del sector vitivinícola;

b) asistir a las otras organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales, en particular a las que tienen actividades normativas;

c) contribuir a la armonización internacional de las prácticas y normas existentes y, cuando sea necesario, a la elaboración de nuevas normas internacionales a fin de mejorar las condiciones de elaboración y comercialización de los productos vitivinícolas, tomando en cuenta los intereses de los consumidores.

2. Para alcanzar dichos objetivos, la O.I.V ejerce las siguientes funciones:

a) promueve y orienta las investigaciones y experimentaciones científicas y técnicas a fin de satisfacer las necesidades expresadas por sus miembros, evalúa los resultados recurriendo a expertos calificados, cuando es necesario, y asegura su eventual difusión por los medios apropiados;

b) elabora, formula recomendaciones y hace un seguimiento de su aplicación de común acuerdo con sus miembros, sobre todo en las siguientes materias:

i) condiciones de producción vitícola,

ii) prácticas enológicas,

iii) definición y/o descripción de productos, etiquetado y condiciones de puesta en el mercado,

iv) métodos de análisis y apreciación de los productos derivados de la vid;

c) somete a sus miembros las propuestas relativas a:

i) la garantia de autenticidad de los productos derivados de la vid, sobre todo de cara a los consumidores y, en particular en cuanto a las menciones de etiquetado,

ii) la protección de las indicaciones geográficas, y en particular de las áreas vitivinícolas y las denominaciones de origen, designadas por nombres geográficos o no, que les son asociados, en la medida en que no cuestionan los acuerdos internacionales en materia de comercio y propiedad intelectual,

iii) la mejora de los criterios científicos y técnicos de reconocimiento y protección de las obtenciones vegetales vitivinícolas;

d) contribuye a la armonización y la adaptación de la normativa por sus miembros o, si es necesario, al reconocimiento mutuo, en lo que se refiere a las prácticas que entran en el ámbito de sus competencias;

e) asegura la mediación entre los países u organizaciones que la solicitan, estando el costo eventual de la misma a cargo de los solicitantes;

f) asegura el seguimiento que permite evaluar las evoluciones científicas o técnicas susceptibles de provocar efectos significativos y duraderos en el sector vitivinícola y mantiene informados a su debido tiempo a los miembros;

g) participa en la protección de la salud de los consumidores y contribuye a la seguridad sanitaria de los alimentos:

i) a través de la vigilancia científica especializada, que permite evaluar las características propias de los productos derivados de la vid,

ii) promoviendo y orientando las investigaciones sobre las características nutricionales y sanitarias apropiadas,

iii) ampliando, más allá de los destinatarios contemplados en el artículo 2 párrafo n, la difusión de la información resultante de dichas investigaciones a los profesionales de la medicina y la salud;

h) favorece la cooperación entre los miembros a través de:

i) la colaboración administrativa,

ii)el intercambio de informaciones específicas,

iii) el intercambio de expertos,

iv) la ayuda y el asesoramiento de expertos sobre todo en la organización de proyectos conjuntos y otros estudios comunes;

i) tiene en cuenta, en el ejercicio de sus actividades, el carácter específico de cada uno de sus miembros en lo que se refiere a los sistemas de producción de los productos derivados de la vid y de los métodos de elaboración de vinos y bebidas espirituosas de origen vitivinícola;

j) contribuye al desarrollo de redes de formación en el ámbito de la viña y los productos derivados de la vid;

k) contribuye al conocimiento o al reconocimiento del patrimonio vitivinícola mundial y de los elementos históricos, culturales, humanos, sociales y medioambientales vinculados;

l) Otorga su patrocinio a las manifestaciones públicas o privadas cuyo objeto no comercial entre en el ámbito de su competencia;

m) Mantiene, en el marco de sus trabajos y cuando sea necesario, un diálogo útil con los operadores del sector y concluye con ellos acuerdos apropiados;

n) Recoge, trata y garantiza la difusión de la información más apropiada y la comunica a:

i) sus miembros y sus observadores,

ii) las demás organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales,

iii) los productores, los consumidores y los demás actores del sector vitivinícola,

iv) los demás países interesados,

v) los medios de comunicación y de modo más amplio, al público en general;

A fin de facilitar el ejercicio de esta función de información y comunicación, la O.I.V solicita a sus miembros, a los beneficiarios potenciales y, en su caso, a las demás organizaciones internacionales, que le proporcionen datos y cualquier otro elemento de apreciación, sobre la base de solicitudes razonables;

o) asegura con periodicidad regular, la evaluación de la eficacia de sus estructuras y sus procedimientos de funcionamiento.

Capítulo II - Organización

Artículo 3

1. Los órganos de la O.I.V son:

a) la Asamblea General;

b) el Presidente;

c) los Vicepresidentes;

d) el Director General;

e) el Comité Ejecutivo;

f) el Comité Científico y Técnico;

g) la Mesa Ejecutiva;

h) las Comisiones, Subcomisiones y Grupos de Expertos;

i) el Secretariado.

2. Cada miembro de la O.I.V está representado por los delegados de su elección. La Asamblea General es el órgano plenario de la O.I.V. Se compone de los delegados designados por los miembros. Puede delegar algunas competencias al Comité Ejecutivo formado por un delegado por miembro. El Comité Ejecutivo puede delegar, bajo su autoridad, algunas de sus competencias administrativas rutinarias a la Mesa Ejecutiva de la O.I.V formada por el Presidente, los Vicepresidentes de la O.I.V, así como por los Presidentes de las Comisiones y Subcomisiones. El Presidente, el primer Vicepresidente y los Presidentes de Comisiones son de nacionalidad diferente.

3. La actividad científica de la O.I.V se lleva a cabo en los Grupos de Expertos, las Subcomisiones y las Comisiones, coordinados por un Comité Científico y Técnico, en el marco de un plan estratégico aprobado por la Asamblea General.

4. El Director General es responsable de la administración interna de la O.I.V, de la contratación y gestión del personal. Los procedimientos de contratación deben asegurar, en lo posible, el carácter internacional de la Organización.

5. La O.I.V puede también admitir observadores. Los observadores son admitidos una vez aceptadas, por escrito, las disposiciones del presente Acuerdo y del Reglamento Interno.

6. La sede de la Organización está en París (Francia).

Capítulo III - Derechos de voto

Artículo 4

Cada miembro fija libremente el número de delegados, pero sólo dispone de un número de votos de base igual a dos, al que se añade, en su caso, un número determinado de votos adicionales, calculado a partir de criterios objetivos que determinan el puesto relativo de cada Estado miembro en el sector vitivinícola, según las condiciones descritas en los anexos Nº 1 y Nº 2, que forman parte integrante del presente Acuerdo. El total de estas dos cifras constituye el número de votos ponderados. La actualización del coeficiente que determina la situación de cada Estado miembro en el sector vitivinícola se efectúa de manera periódica de acuerdo con las disposiciones del anexo Nº 1.

Capítulo IV - Modalidades de funcionamiento y procesos de toma de decisiones

Artículo 5

1. La Asamblea General es el órgano supremo de la O.I.V. Debate y adopta los reglamentos relativos a la organización y al funcionamiento de la O.I.V y las propuestas de resoluciones de carácter general, científico, técnico, económico y jurídico, así como a la creación o supresión de Comisiones y Subcomisiones. Fija el presupuesto de ingresos y gastos dentro del límite de los créditos existentes, controla y aprueba las cuentas. La Asamblea General aprueba los acuerdos de cooperación y colaboración en el ámbito de la viña y sus productos derivados que la O.I.V puede concluir con las organizaciones internacionales. Se reúne una vez al año. Se pueden convocar sesiones extraordinarias a petición de un tercio de los miembros de la O.I.V.

2. Para que las deliberaciones sean válidas, se exige la presencia efectiva en las sesiones de un tercio de los miembros que representen al menos la mitad de los votos ponderados. La representación de un miembro puede confiarse a la delegación de otro miembro, pero una delegación puede ejercer una sola representación además de la suya.

3. a) El consenso es el procedimiento normal de toma de decisiones de la Asamblea General para la adopción de las propuestas de resoluciones de carácter general, científico, técnico, económico y jurídico, así como para la creación o supresión de Comisiones y Subcomisiones. También se aplica al Comité Ejecutivo en el ejercicio de sus atribuciones en este campo.

b) El consenso no se aplica a la elección del Presidente de la O.I.V, de los Presidentes de Comisiones, Subcomisiones y del Director General, ni al voto del presupuesto o a las contribuciones financieras de los miembros. Tampoco se aplica a otras decisiones financieras tal y como se fija en el Reglamento Interno.

c) Si la Asamblea General o el Comité Ejecutivo no llegan a un consenso durante la primera presentación de un proyecto de resolución o de decisión, el Presidente toma todas las iniciativas para consultar a los miembros a fin de acercar los puntos de vista en el período que precede la siguiente reunión de la Asamblea General o del Comité Ejecutivo. Cuando han fracasado todos los esfuerzos para alcanzar el consenso, el Presidente puede proceder a una votación por mayoría calificada, o sea los dos tercios más uno de los miembros presentes o representados, sobre la base de un voto por miembro. Sin embargo, si un miembro considera que sus intereses nacionales esenciales están amenazados la votación se pospone un año. Si esta posición se confirma posteriormente por escrito por el Ministro de Asuntos Exteriores u otra autoridad competente del miembro concernido, no se procede a la votación.

4. a) La elección del Presidente de la O.I.V, de los Presidentes de Comisiones y Subcomisiones, del Director General se realiza mediante una votación por mayoría calificada ponderada, o sea los dos tercios más uno de los votos ponderados de los miembros presentes o representados, con la condición de que la mitad más uno de los miembros presentes o representados se haya pronunciado a favor del candidato. Si no se cumplen estas condiciones, se reúne una Asamblea extraordinaria en un plazo máximo de tres meses. Durante este período, el Presidente, los Presidentes de Comisiones y de Subcomisiones y el Director General en el cargo mantienen, según el caso, sus atribuciones.

b) El mandato del Presidente de la O.I.V, de los Presidentes de Comisiones y Subcomisiones es de tres años. El mandato del Director General es de cinco años, siendo éste reelegible para otro mandato de cinco años, en las mismas condiciones exigidas para su elección. La Asamblea General puede revocar en cualquier momento al Director General, en las condiciones de mayorías combinadas que se aplicaron en su elección.

5. El voto del presupuesto y de las contribuciones financieras de los miembros se efectúa por mayoría calificada ponderada, o sea los dos tercios más uno de los votos ponderados de los miembros presentes o representados. La Asamblea General nombra, en las mismas condiciones, a un auditor financiero, a propuesta conjunta del Director General y de la Mesa Ejecutiva de la O.I.V, con el informe favorable del Comité Ejecutivo.

6. Los idiomas oficiales son el francés, el español, el inglés. Su financiación se establece en el anexo Nº 2 del presente Acuerdo. Sin embargo, la Asamblea General lo puede adaptar, si es necesario, según las condiciones del artículo 5 punto 3 a. A petición de uno o de varios miembros se podrán añadir otros idiomas, tales como el italiano y el alemán, con el objetivo de mejorar la comunicación entre los miembros, con las mismas modalidades de financiación. Previamente, los usuarios concernidos habrán tenido que aceptar formalmente su nueva contribución financiera, consecuencia de su petición. Más allá de un total de cinco idiomas cualquier nueva petición se someterá a la Asamblea General quien tomará su decisión en las mismas condiciones definidas en el artículo 5 punto 3 a. El francés sigue siendo el idioma de referencia en caso de litigio con terceros no miembros de la Organización.

7. Los órganos constitutivos de la O.I.V funcionan de manera abierta y transparente.

Capítulo V - Financiación de la O.I.V

Artículo 6

1. Los miembros de la O.I.V deben pagar la contribución financiera establecida cada año por la Asamblea General. El monto se fija en aplicación de las disposiciones definidas en los anexos Nº 1 y Nº 2 del presente Acuerdo. La contribución financiera de los eventuales nuevos miembros se fija por la Asamblea General a partir de las disposiciones definidas en los anexos Nº 1 y Nº 2 del presente Acuerdo.

2. Los recursos financieros de la O.I.V están constituidos por las contribuciones obligatorias anuales de cada uno de los miembros y observadores y por los ingresos de sus actividades propias. Las contribuciones obligatorias se pagan a la O.I.V en el transcurso del año civil de que se trata. Transcurrido este período se consideran pagadas con retraso.

3. Los recursos financieros de la O.I.V pueden incluir también contribuciones voluntarias de sus miembros, donaciones, asignaciones, subvenciones o financiaciones de cualquier naturaleza que emanen de organizaciones internacionales, nacionales, ya sean estatales, paraestatales o privadas a condición de que esta financiación sea conforme a las directivas generales que la Asamblea General establezca, de acuerdo con las disposiciones del artículo 5 punto 3 a que se incluirán en el Reglamento Interno.

Artículo 7

1. Cuando se constate que un miembro no ha pagado las cuotas anuales por dos ejercicios anuales, los derechos de voto y participación de dicho miembro en el Comité Ejecutivo y la Asamblea General siguientes a dicha constatación quedan automáticamente suspendidos. El Comité Ejecutivo fija, caso por caso, las condiciones en las que dichos miembros pueden regularizar su situación o, en su defecto, pueden considerarse como miembros que han denunciado el Acuerdo.

2. Cuando se constate que un miembro no ha pagado tres cuotas sucesivas, el Director General notifica esta situación a los miembros u observadores concernidos. Si en el plazo de dos años a partir del treinta y uno de diciembre del tercer año no se ha regularizado la situación, los miembros u observadores concernidos quedan automáticamente excluidos.

Capítulo VI - Participación de las organizaciones internacionales intergubernamentales

Artículo 8

Una organización internacional intergubernamental puede participar en los trabajos o ser miembros de la O.I.V y contribuir a la financiación de la Organización según las condiciones fijadas, caso por caso, por la Asamblea General a propuesta del Comité Ejecutivo.

Capítulo VII - Enmienda y revisión del Acuerdo

Artículo 9

1. Cada miembro puede proponer enmiendas al presente Acuerdo. La propuesta debe dirigirse por escrito al Director General. Este la comunica a todos los miembros de la Organización. Si en el plazo de seis meses a partir de la fecha de comunicación, la mitad más uno de los miembros son favorables a la propuesta, el Director General la presenta a consideración de la primera Asamblea General que se celebre al final de dicho plazo. La decisión se adopta por consenso de los miembros presentes o representados. Una vez adoptadas por la Asamblea General, las enmiendas se someten a los procedimientos de aceptación, aprobación o ratificación internos previstos por la legislación nacional de los miembros. Entran en vigor el trigésimo día después del depósito del instrumento de aceptación, aprobación, ratificación o adhesión que complete los dos tercios más uno de los miembros de la Organización.

2. La revisión del presente Acuerdo se instituye de derecho si al menos los dos tercios más uno de los miembros aprueban la petición. En este caso, una Conferencia de los miembros es convocada por el Gobierno francés en un plazo de seis meses. El programa y las propuestas de revisión se comunican a los miembros al menos dos meses antes de la reunión de la Conferencia. La Conferencia así reunida fija por sí misma su procedimiento de actuación. El Director General de la O.I.V ejerce en dicha Conferencia la función de Secretario General.

3. Antes de la entrada en vigor de un acuerdo revisado, la Asamblea General de la Organización determina, en las condiciones fijadas por el presente Acuerdo y el Reglamento Interno contemplado en el artículo 10, en qué medida los Estados partes en el presente Acuerdo que no hayan depositado ningún instrumento de aceptación, aprobación, ratificación o adhesión podrán participar, tras la fecha de entrada en vigor, en las actividades de la O.I.V.

Capítulo VIII - Reglamento Interno

Artículo 10

La Asamblea General adopta el Reglamento de la O.I.V, que precisa, cuando es necesario, las modalidades de aplicación del presente Acuerdo. Hasta que no se adopte el nuevo Reglamento Interno, el Reglamento de la Oficina Internacional de la Viña y del Vino continúa en vigor. Fija en particular las atribuciones, las reglas de funcionamiento de los órganos contemplados en los artículos anteriores, las condiciones de participación de los observadores, así como las condiciones de examen de las propuestas de reservas que pueden ser eventualmente formuladas al presente Acuerdo y las disposiciones relativas a la gestión administrativa y financiera de la O.I.V. También precisa las condiciones en las que los documentos necesarios para los miembros de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo les serán comunicados, en particular en lo relativo a la financiación, antes de la toma de decisión en la materia.

Capítulo IX - Cláusulas finales

Artículo 11

La O.I.V tendrá personalidad jurídica, y cada uno de sus miembros le conferirá la capacidad jurídica necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 12

Se pueden formular propuestas de reservas al presente Acuerdo. Deberán ser aceptadas por la Asamblea General, de acuerdo con las disposiciones del artículo 5 punto 3 a.

Artículo 13

El presente Acuerdo está disponible para su firma por todos los Estados miembros de la Oficina Internacional de la Viña y del Vino hasta el 31 de julio de 2001. Está sometido a aceptación, aprobación, ratificación o adhesión.

Artículo 14

Cualquier Estado no contemplado en el artículo 13 del presente Acuerdo puede pedir su adhesión. Las peticiones de adhesión se dirigien directamente a la O.I.V, con copia al Gobierno de la República Francesa, que procede a su notificación a los Estados signatarios o partes del presente Acuerdo. La O.I.V informa a sus miembros de las peticiones presentadas y de cada observación eventual formulada. Estos disponen de un plazo de seis meses para dar a conocer su opinión a la O.I.V. Al final del plazo de seis meses, la adhesión es efectiva si una mayoría de miembros no se ha opuesto. El depositario notificará al Estado el resultado de su petición. Si ésta es aceptada el Estado concernido tendrá doce meses para depositar el instrumento de adhesión ante el depositario. Cualquier Estado contemplado en el artículo 13 que no haya firmado el presente Acuerdo en los plazos prescritos puede adherir al mismo en cualquier momento.

Artículo 15

Los instrumentos de aceptación, aprobación, ratificación o adhesión se depositan ante el Gobierno de la República Francesa, el cual procede a su notificación a los Estados signatarios o partes del presente Acuerdo. Los instrumentos de aceptación, aprobación, ratificación o adhesión se depositan en los archivos del Gobierno de la República Francesa.

Artículo 16

1. El presente Acuerdo entra en vigor el primer día del año siguiente al depósito del trigésimo primer instrumento de aceptación, aprobación, ratificación o adhesión.

2. Para cada uno de los Estados que aceptan, aprueban o ratifican el presente Acuerdo o adhieren al mismo tras la fecha de entrada en vigor, el presente Acuerdo se aplica el trigésimo día después del depósito del instrumento de aceptación, aprobación, ratificación o adhesión de dicho Estado.

3. La Asamblea General de la Oficina Internacional de la Viña y del Vino define, según las condiciones fijadas por el Convenio de 29 de noviembre de 1924 modificado y por el Reglamento Interno, en qué medida los Estados partes de dicho Convenio Internacional que no hayan depositado ningún instrumento de aceptación, aprobación, ratificación o adhesión, pueden participar en las actividades de la O.I.V, después de la entrada en vigor de este Acuerdo.

Artículo 17

1. El Convenio de 29 de noviembre de 1924 modificado se dará por terminado por decisión unánime de la primera Asamblea General celebrada tras la entrada en vigor del presente Acuerdo, a no ser que todos los Estados partes del Convenio anteriormente citado, hayan acordado por unanimidad, antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, las condiciones de cesación de los efectos de dicho Convenio.

2. La "Organización Internacional de la Viña y el Vino" sucede en todos sus derechos y obligaciones a la Oficina Internacional de la Viña y del Vino.

Artículo 18

Cualquier miembro parte del presente Acuerdo puede denunciarlo en cualquier momento mediante un comunicado escrito previo, con seis meses de antelación, dirigido al Director General de la O.I.V y al Gobierno de la República Francesa. Cualquier observador puede decidir retirarse de la Organización en cualquier momento mediante un comunicado escrito previo, con seis meses de antelación, dirigido al Director General de la O.I.V.

Artículo 19

El Gobierno de la República Francesa es el depositario del presente Acuerdo, cuyas tres versiones en los idiomas francés, español e inglés son del mismo tenor y dan igualmente fe.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Acuerdo de creación de la "Organización Internacional de la Viña y el Vino" (O.I.V).

En París, el 3 de abril de 2001.

Anexo Nº 1 contemplado en los artículos 4 y 6 del presente Acuerdo

Modalidades de determinación de la situación de cada Estado miembro en el sector vitivinícola

1. Criterios objetivos que determinan el puesto relativo de cada Estado miembro en el sector vitivinícola:

a) promedio de la producción de vino, vinos especiales, mostos, alcoholes de origen vitivinícola (expresados en equivalente vinos) en el último período quinquenal conocido, una vez eliminados los dos valores extremos (P);

b) promedio de la superficie total del viñedo en los tres últimos años;

c) promedio del consumo aparente de vinos y equivalentes de vinos en los tres últimos años conocidos

( C) = (P) Producción - (E) Exportación + (I) Importación.

2. Fórmula de aplicación para la determinación del coeficiente de cada país:

 

          (Estado miembro)             S (Estado miembro)                 C (Estado miembro)

X%= ( 0,60 -------------------------+ 0,20 ---------------------------- + 0,20 -----------------------) 100

           P (Total O.I.V)                      S (Total O.I.V)                             C (Total O.I.V)

3. La actualización del coeficiente de cada Estado miembro se efectúa:

a) al comienzo del ejercicio presupuestario siguiente a la adhesión de un nuevo miembro,

b) cada tres años teniendo en cuenta los últimos datos estadísticos conocidos.

4. Nuevas adhesiones:

Los países que adhieran a la O.I.V en los próximos años deben pagar una contribución financiera obligatoria, calculada integralmente a partir de la fórmula de aplicación definida en el presente anexo al que se añade su participación en la financiación específica de los idiomas, en las condiciones fijadas en el anexo Nº 2.

Anexo Nº 2 contemplado en los artículos 4, 5 y 6 del presente Acuerdo

Determinación de los derechos de voto, de las contribuciones financieras obligatorias de los Estados miembros y de la financiación de los idiomas

1. Votos de base:

Cada Estado miembro dispone de un número de votos de base igual a dos.

2. Votos adicionales:

El número total de votos adicionales es igual a la mitad del total de votos de base. Dentro de este límite, se atribuyen votos adicionales, en su caso, además de los votos de base, a algunos Estados miembros en función de su puesto relativo en el sector vitivínicola tal y como resulta de la aplicación de la fórmula definida en el anexo Nº 1.

3. Votos ponderados:

El número de votos ponderados para cada Estado miembro es igual a la suma de los votos de base y de los eventuales votos adicionales de los que dispone.

4. Reparto de las contribuciones obligatorias:

El monto total de las contribuciones obligatorias que se solicitan a los Estados miembros se calcula a partir del presupuesto adoptado por la Asamblea General.

Un tercio del monto total de las contribuciones obligatorias se reparte de manera uniforme entre los votos de base.

Dos tercios del monto total de las contribuciones obligatorias se reparten a prorrata de los votos adicionales.

Para facilitar la transición entre el antiguo y el presente Acuerdo, la contribución financiera correspondiente a los dos votos de base detentados por cada Estado miembro no puede ser inferior, durante el primer ejercicio presupuestario, al monto de la "unidad de cotización" antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo. En su caso, el monto de las contribuciones financieras a título de los votos adicionales se ajustan consecuentemente para alcanzar el monto total de las contribuciones obligatorias correspondientes al presupuesto adoptado.

5. Financiación de los idiomas:

La financiación de los idiomas se efectúa en su totalidad por imputación sobre el presupuesto general de la O.I.V y sin contribución específica de cada grupo lingüístico formado por miembros y observadores usuarios.

Las modalidades de funcionamiento de los idiomas serán objeto de disposiciones particulares fijadas en el Reglamento Interno.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

- En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo que crea la Organización Internacional de la Viña y el Vino y sus Anexos, adoptados en la Conferencia de Estados miembros, los días 14, 15 y 22 de junio de 2000 y 3 de abril de 2001, en París y suscrito en esta última fecha."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

23) SUSPENSION DE LA SESION EXTRAORDINARIA PREVISTA PARA LA HORA 18

SEÑOR PRESIDENTE.- Se ha agotado el Orden del Día.

A continuación, corresponde votar la anulación de la sesión que había sido convocada para la hora 18 del día de hoy.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

24) FONDO NACIONAL DE MUSICA

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: quisiera proponer que el Senado considere un proyecto de ley por el que se modifican los artículos 3º y 7º de la Ley del Fondo Nacional de Música. Se trata de una necesidad urgente, a la luz de los objetivos perseguidos a través de esta iniciativa. Si el Senado está de acuerdo, podríamos tratar este tema en la sesión de hoy, ya que el proyecto es sencillo y breve.

SEÑOR PRESIDENTE.- Conviene recordar que, también por firmas, hubo acuerdo para incorporar en el Orden del Día de esta sesión el proyecto por el cual se modifica el artículo 279 del Código General del Proceso, a propósito de los costos y costas de la casación. Corresponde, por lo tanto, pasar a considerar este proyecto de ley con anterioridad al que propone el señor Senador Astori.

25) CODIGO GENERAL DEL PROCESO

SEÑOR PRESIDENTE.-Se pasa a considerar el proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 279 del Código General del Proceso. (Carp. 1262/03 - Rep. 753/03).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1262/03

Rep. Nº 753/03

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Sustitúyese el artículo 279 del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982, de 18 de octu-bre de 1988) el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 279. (Costas y Costos).- Las costas y costos de la casación se impondrán de conformidad con el artículo 56.1".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 19 de noviembre de 2003.

Glenda Rondán

3ª Vicepresidenta

como Presidenta en ejercicio

Horacio D. Catalurda

Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Brause.

SEÑOR BRAUSE.- El proyecto de ley que ingresa a consideración del Senado persigue sustituir la redacción del artículo 279 del Código General del Proceso, de manera tal que las costas y costos de la casación se impongan de conformidad con el artículo 56.1 de dicho Código.

La disposición actual establece que las costas y costos en la instancia de la casación están a cargo de la parte perdidosa. Cuando se analizó el Código General del Proceso, en el año 1987, se abrió la tercera instancia a través del recurso de casación, pero se establecieron causas de improcedencia que no impedían el acceso a la tercera instancia, procurándose, entonces, su desestímulo por medio de la carga procesal de pagar las costas y costos por parte del perdidoso.

Una reforma posterior del Código General del Proceso elevó el listón, por decirlo de alguna manera, de las causas de improcedencia para acceder a la tercera instancia que establece el recurso de casación. Esa elevación del listón consistió, en primer lugar, en establecer como causa de improcedencia que el fallo de la segunda instancia confirme el de la primera y, en segundo término, incrementó el monto de los asuntos sobre los cuales quedaba habilitada o era procedente la tercera instancia, de 1.500 a 4.000 Unidades Reajustables. Al aumentarse las causas de improcedencia, a nuestro modo de ver, ya no se justifica el desestímulo de la tercera instancia por la vía de imponer a la parte perdidosa la carga de preceptivamente tener que abonar las costas y costos.

Por esto, teniendo en cuenta la modificación introducida a posteriori en el Código General del Proceso por la cual se aumentaron las causas de improcedencia para habilitar el recurso de casación, se justifica, a nuestro juicio, que se elimine la imposición del precepto de las costas y costos para el perdidoso. En definitiva, se procura que en el caso de la tercera instancia ante la Suprema Corte de Justicia las costas y costos de la casación se impongan de conformidad con el artículo 56.1 del Código General del Proceso, que establece lo que siempre ha sido considerado una regla de principio: "La sentencia definitiva impondrá condenación en costas, en costas y costos o declarará no hacer especial condenación, según corresponda, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 688 del Código Civil".

Según la información que se nos proporciona, este proyecto de ley ha sido aprobado por todos los sectores políticos en la Cámara de Representantes y, si bien no ha sido considerado por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de la República, entendemos que es conveniente su aprobación en el día de hoy.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley porque nos parece justo que la condena en costas y costos se produzca cuando hay malicia que merezca nota de temeridad, que es la vieja regla básica, y no de manera preceptiva, lo que no siempre es equitativo.

Pero quiero dejar una constancia: si en la Cámara de Representantes no hubiera sido consultada la Suprema Corte de Justicia, pienso que debería haberse hecho, al igual que toda vez que se modifican normas de procedimiento; incluso, la Constitución tiene alguna previsión al respecto. Esto no es impedimento para que en este momento anuncie que estoy de acuerdo con la solución de fondo, pero quiero dejar la constancia porque es bastante común que en el Parlamento se modifiquen Códigos sin consultar a la Suprema Corte de Justicia y eso no es bueno ni se ajusta al espíritu de la Carta cuando habla de las competencias de ese alto órgano judicial, entre las cuales está intervenir en las cuestiones relativas al Poder Judicial y a las reformas de Códigos.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: en lo personal también estoy de acuerdo con la propuesta y quiero decir, además, que tengo información en el sentido de que el mecanismo adoptado de elevar la cuantía de los casos que llegan con el recurso a la Suprema Corte de Justicia ha determinado que esté prácticamente al día en el trabajo. Hago esta aclaración porque en su momento se hizo algún argumento con respecto al atraso, pero en este momento la Suprema Corte de Justicia está resolviendo estos temas sin ningún tipo de atraso.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Sustitúyese el artículo 279 del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988) el que quedará redactado de la siguiente manera:

‘ARTICULO 279. (Costas y Costos).- Las costas y costos de la casación se impondrán de conformidad con el artículo 56.1."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

26) FONDO NACIONAL DE MUSICA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción que oportunamente formulara el señor Senador Astori.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el proyecto de ley por el que se modifican los artículos 3º y 7º de la Ley Nº 16.624, de 10 de noviembre de 1994, relativa al Fondo Nacional de Música. (Carp. Nº 1267/03 - Rep. 754/03).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1267/03

Rep. Nº 754/03

PROYECTO DE LEY

Artículo 1

Sustitúyese el artículo 3 de la Ley Nº 16.624 de 10 de noviembre de 1994 por el siguiente:

ARTICULO 3: Los miembros de la Comisión durarán tres años en sus cargos, pudiendo ser designados sólo por dos períodos consecutivos.

Percibirán una dieta por asistencia a las sesiones que fijará cada año el Ministerio de Educación y Cultura y será abonada mensualmente, con cargo al Fondo, la que tendrá carácter indemnizatorio.

Artículo 2:

Sustitúyese el artículo 7 de la Ley Nº 16.624 de 10 de noviembre de 1994 por el siguiente:

ARTICULO 7: Todo espectáculo de conjunto musical extranjero deberá aportar al Fondo un 5% (cinco por ciento) del total de lo recaudado, siendo su organizador el obligado al pago en carácter de contribuyente.

Si el mismo estuviera complementado por lo menos por un espectáculo nacional, aportará al Fondo el 3% (tres por ciento) del total de lo recaudado.

Por total de lo recaudado se entenderá el producido bruto de toda suma que por cualquier concepto se perciba en ocasión de realizarse el espectáculo sin descuento alguno.

En el caso de presentación de un espectáculo de conjunto extranjero de música clásica, la participación de un espectáculo musical nacional podrá sustituirse por la inclusión de una obra de compositor nacional.

El no pago por el organizador del espectáculo del aporte creado por este artículo hará recaer sobre el propietario del local o predio en que se efectúe el espectáculo su responsabilidad solidaria por el aporte impago.

Danilo Astori. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La primera Comisión Administradora del Fondo Nacional de Música, que inició sus funciones hace casi nueve años, se ha visto con serias dificultades para cumplir con la finalidad de apoyar y difundir la actividad musical en todo el país, causadas por el incumplimiento en el pago del aporte previsto en el artículo 7 de la ley por gran parte de los organizadores de espectáculos musicales extranjeros.

Por otro lado, la práctica ha demostrado que resulta necesario hacer algunas precisiones para evitar que en los hechos muchos espectáculos eludan el pago del aporte creado por la Ley Nº 16.624.

Finalmente, para dar cabal cumplimiento al principio de legalidad que rige en materia tributaria y para-tributaria se considera importante incluir en la ley que crea este organismo la clara determinación del obligado al pago y el monto sobre el cual se debe efectuar el cálculo del referido aporte, que actualmente se encuentra dentro del decreto reglamentario.

A) Calificación del organizador como contribuyente.

Para evitar que el organizador eluda el pago poniendo en duda quien resulta contribuyente, se considera necesario que el organizador responda en tal carácter, agregándose: "siendo su organizador el obligado al pago en carácter de contribuyente" al final del inciso 1º del artículo 7.

B) Aclaración de la expresión "total de lo recaudado".

El artículo 7 de la ley dice que el aporte al FONAM se calculará sobre el total de lo recaudado generándose dudas en el momento de liquidar el aporte. Se sugiere recoger básicamente la definición del artículo 13 del decreto reglamentario de fecha 12 de setiembre de 1996.

C) Garantías del cumplimiento de las obligaciones.

Para lograr una mayor garantía de que el aporte sea efectuado, se propone un artículo similar al artículo 50 de la Ley Nº 9.739: "El no pago por el organizador del espectáculo del aporte creado por este artículo hará recaer sobre el propietario del local o predio en que se efectúe el espectáculo su responsabilidad solidaria por el aporte impago."

D) Naturaleza de las Dietas a percibir.

Se considera conveniente aclara en la disposición que las Dietas que fija el Ministerio de Educación y Cultura a los integrantes de la Comisión por asistencia a las sesiones tienen carácter indemnizatorio.

Danilo Astori. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI.- En realidad, este proyecto de ley se encontraba a estudio de la Comisión de Educación y Cultura del Senado y ante las dificultades de tiempo disponible para procesar lo que entiendo debió haber sido un cambio de trámite -ya que esta es una iniciativa muy sencilla pero dedicada íntegramente a temas fiscales, por lo que debió haber sido considerada por la Comisión de Hacienda-, hemos intentado, junto con varios señores Senadores, que fuera tratado y aprobado en el día de hoy, dada la urgencia que tiene y que voy a explicar inmediatamente en forma muy breve.

Hemos consultado a todos los integrantes de la Comisión de Hacienda, que manifestaron su apoyo a la aprobación de este proyecto de ley, aunque no fue votado formalmente porque, como decía, estaba a estudio de otra Comisión. Tengo entendido que se consultó a la Presidenta de la Comisión, señora Senadora Arismendi, quien manifestó su acuerdo en tratar el tema en el día de hoy.

Señor Presidente: el Fondo Nacional de Música ha sido una iniciativa muy valiosa que se aprobó con el apoyo de los cuatro Partidos que en ese entonces elaboraron este proyecto: el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio y el Nuevo Espacio. Cabe destacar que ha constituido una base fundamental para apoyar y difundir la actividad musical en este país. Funciona con un aporte que significa un 5% de la recaudación de los espectáculos brindados por conjuntos o artistas extranjeros en el país. Este aporte disminuye a un 3% cuando en el espectáculo se incluye un conjunto nacional. La intención de este proyecto es que esa recaudación que en la práctica suele ser eludida, pueda funcionar mucho mejor y el Fondo no deje de percibir recursos que son absolutamente fundamentales para que se pueda cumplir la labor de apoyo y difusión a la música. Entonces, es en función de esos objetivos que los dos artículos que tiene el proyecto procuran mejorar el funcionamiento de la recaudación a la luz de la experiencia que se ha acumulado en la práctica.

El artículo 2º es el que refiere a la recaudación del aporte, estableciendo quién es el obligado a hacerlo. Muchas veces, por no estar identificado el obligado a hacer el aporte, este se elude, sobre todo cuando vienen artistas extranjeros. Por lo tanto, el nuevo artículo 7º establece que el organizador del espectáculo es el obligado a hacer el aporte y define cuál es la recaudación total que no está definida en la ley, señalando que es el producido bruto de toda suma que por cualquier concepto se perciba en ocasión de realizarse el espectáculo, sin descuento alguno. Sin duda, esto es muy importante porque esta disposición figura en el decreto reglamentario de la ley, pero no está en la ley, con lo que se vulnera el principio de legalidad tributaria. Incorporarlo a la ley es fundamental. Asimismo se establece que habrá responsabilidad solidaria de quienes son los titulares de los locales donde se hace el espectáculo, entre otras cosas, para estimular a los organizadores y a los titulares de los locales a que se cuiden mutuamente cuando se realiza un espectáculo musical.

Por otra parte y por razones de seguridad social -figura en el artículo 1º-, se establece que las dietas de los miembros de la Comisión que administra este Fondo tendrán carácter indemnizatorio.

Señor Presidente: este es todo el contenido del proyecto que, por supuesto, ha sido elaborado en consulta con las organizaciones involucradas que están totalmente de acuerdo y fueron las que sugirieron las correcciones que hay que hacer al funcionamiento de esta recaudación.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: nosotros quisiéramos dejar bien sentados algunos aspectos de este proyecto de ley.

No me cabe la menor duda de la bondad del objetivo que persigue el artículo 1º y del sentido superior que implica colaborar con un Fondo Nacional de Música al que la sociedad debe aportar el número mayor de volúmenes.

Lamentablemente, a esos efectos se incurre en un sistema que no tengo la menor duda se impulsa con la mejor intención, que es el de establecer una cultura digitada, concepto que alguna vez vertimos en otro lado, pero no en el Senado. Esto implica que empezamos desde no hace mucho a transitar un camino que va llevando insensiblemente a que por la vía impositiva -o llamándolo de otra manera, por la vía de los costos- se elija a los uruguayos la música que van a oír, el teatro al que van a asistir y, en Montevideo, las películas que van a ver en el cine. Sé que la respuesta inmediata es que de ningún modo podría pensarse que el Senado va a transitar por ese camino y que simplemente se utiliza el impuesto. Como algunos piensan racionalmente, a priori el impuesto debe ser sobre el propio espectáculo, pero considero que la preservación del derecho a la cultura sin limitaciones no puede estar sometido a ninguna condicionante como la que resulta de este proyecto. No puedo creer -me resisto a creerlo y tengo la seguridad de que el Senado lo comparte- que la Comisión de Hacienda, que los Senadores proponentes y que la Cámara de Representantes no encuentren ningún elemento impositivo o tributario que reemplace esto. Seguramente lo hay de mayor volumen y de más fácil recaudación. Entonces, si la búsqueda de una solución es posible, ¿por qué no se adopta? Tal vez no se haga por facilidad -y es una respuesta que acepto- o por ese error de criterio de querer aunar lo que se protege con los ingresos de lo que se protege. Es así que tenemos este resultado que por ahora me animo a decir no tiene prácticamente incidencia en los elementos que di. Sin embargo, después que el camino está abierto, el problema es nada más que de grados. ¿Cuánto es lo necesario para que oigamos la música que nos quieren imponer por ley? ¿Cuán necesario es que se suba el valor de las entradas para que vayamos al teatro que al Legislador le pareció que podríamos asistir? ¿Cuánto debe ser el valor de las entradas al cine para que vayamos a ver la película que el Legislador eligió para nosotros? En este caso estoy aludiendo a Montevideo porque eso es lo que está sucediendo. En este momento se está discutiendo en la Junta Departamental un proyecto que implica que la gente que va a ir al cine va a tener que pagar más por el que es de determinada procedencia y menos por el que es de otra. Esto quiere decir que en este caso el Legislador departamental nos está eligiendo el cine que vamos a ver. Seguramente que es cuestión de grados. ¡Vaya si significa mucho el grado en estos casos!

El redactor de la norma que está discutiendo la Junta Departamental, en un reportaje periodístico, para buscar por la vía del absurdo que el protagonista del proyecto -que ahora está refrendado por la Intendencia Municipal de Montevideo y a estudio de la Junta- respondiera que hasta ahí no llegaba, se le dijo que en ese caso sería de lógica establecer impuesto a los libros de acuerdo con su procedencia y sus autores. Supongo -repito- que el periodista esperaba la respuesta obvia: "De ninguna manera; el caso de los libros es distinto". Sin embargo, la respuesta fue: "Sí, efectivamente." El Director de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo dice que el Gobierno Municipal no tiene potestades -ni el de Montevideo ni ningún otro- de establecer impuestos a los libros, pero cree que el día que puedan deben establecerse impuestos diferenciales a los libros. Esto quiere decir que nos van a elegir los libros. ¿Quiénes? Los Legisladores. Yo tengo experiencia en esta Casa y sé que esto transita en el silencio hasta que nos empezamos a dar cuenta de que un día el impuesto fue soportable e intrascendente y que el valor en la entrada poco importaba. Al día siguiente se hizo otra modificación que no es de volumen ni problemática; vamos a mejorar un poco más para tener más dinero para la música, para el teatro, para el cine, para los libros uruguayos o los autores uruguayos. Entonces, poco a poco -lo bueno para estas cosas es precaverse antes y no después-, podemos despertarnos en un país en el que oímos la música que se nos determina y vamos al teatro que le gusta al que hizo la ley o la norma. Aunque a la señora Senadora no le parezca prudente, este es un tema cardinal y esta es una sociedad libre, no sólo libre para que yo hable acá, sino para que mis hijos vayan al cine que quieran, no el que le elijan ustedes, no para que vayamos al teatro que deseen por vía indirecta los señores Legisladores, sino a cualquier teatro. Si queremos ayudar al teatro, al libro, al cine, a la música, hay muchos arbitrios tributarios, pero el único que no se puede usar es el que consagra claramente una cultura digitada, que empieza -como todas estas cosas- por muy poco. He oído, sobre todo en relación al tema cine -que probablemente sea el más notorio, aún más que el de la música o el teatro-, que se pregunta para qué tener que ver esas superproducciones norteamericanas. Debemos ayudar al cine de los países vecinos, es decir que claramente se desdeña todo el cine europeo y asiático y se consagra que el buen cine es argentino y brasileño, no podría decir paraguayo y, naturalmente, puedo incluir al uruguayo. ¿Es ese un sistema adecuado, respetuoso de la cultura? Los señores Senadores lo tendrán en cuenta. ¿Por qué lo traemos a colación? Porque quizás sea bueno que algún día alguien de pronto lo recuerde y diga que Fulanito tenía razón. Hoy seguimos incrementando este arbitrio que implica dinero para un Fondo del cual después nos vamos a ir olvidando, pero sí una catalogación cultural claramente establecida. Pero que no se acuerden mal de un Senado que por lo menos intrascendentemente, sin reparar en su alcance, está abriendo caminos muy serios y negativos para la cultura nacional, porque es serio y negativo que la cultura nacional nos sea digitada por los gobernantes, sean del turno que sean, porque este no es el tema. Si a los proponentes les resulta de interés, probablemente porque estén acordes con algunos de sus pensamientos político - sociales, que tengan cuidado porque no se puede decir que las situaciones argentina y brasileña están consolidadas para siempre en cuanto a las reflexiones políticas. Cuidado con lo que después vamos a tener que ver, a menos que entonces sí, desembozadamente, el Legislador empiece a preconstituir los grupos que tenemos que ver y no por vía indirecta.

Por lo tanto, señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con el objetivo de esta ley, pero no acompaño -ni siento que el Senado deba hacerlo- el método utilizado para lograr corregir alguno de los problemas que tiene el Fondo Nacional de Música. Los métodos utilizados son negativos para algo que es mucho más valioso para todos, y descuento que lo es para los músicos, para la gente de teatro y para quienes gustan del cine.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa no quiso cortar la explicación del señor Senador García Costa, pero entiende que en algún momento estaba un poco fuera de tema, dado que lo que hace el proyecto en discusión es modificar una ley existente que establece las normas a las que eventualmente el señor Senador García Costa contradice. De todas formas, sigamos con el procedimiento.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Quiero señalar que el señor Senador García Costa propone un debate muy interesante, pero que debió haberse realizado en noviembre de 1994, oportunidad en que se aprobó una ley que establece un aporte de 5% para todo espectáculo musical extranjero y de 3% cuando es complementado por música nacional. Ese tema aquí no se toca. Lo único que este proyecto hace es establecer cómo se calcula la recaudación y quién es el responsable de pagar, porque hoy en día eso no está funcionando. En todo caso, si se quiere discutir este proyecto, discutamos cómo se calcula el total de lo recaudado, cómo se aplican los tributos y quién es el responsable de pagar, porque eso es lo que señala la ley. Lo recordarán bien dos de los autores de esa ley que están presentes en Sala: el señor Senador Heber y el señor Presidente del Senado, Hierro López, quienes la elaboraron junto a Héctor Lescano y Gonzalo Carámbula, inspirados por los buenos propósitos a los que se ha hecho alusión. Entonces, nosotros no tocamos las bases sobre las que está asentada esta ley. En absoluto, pero sí respondemos a una realidad: hoy el aporte se elude por diversas vías y eso no es bueno y hay que corregirlo.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Tanto en lo que dijo el señor Presidente como en lo que expresa el señor Senador Astori, creo divisar un sistema que -créanme- he oído más de una vez.

Hago una impugnación sobre el fondo del tema. Se me responde: "No, pero esto no tiene importancia; lo debió haber dicho en el año 1994". ¿Y si me equivoqué en el año 1994? ¿Y si el Senado se equivocó ese año? ¿El Parlamento tiene prohibido rever cuando considera que ha cometido error en algo? ¿Ahora tenemos la condena nacional de por vida en toda la historia del país de que la cultura se digita? ¿Ese es el criterio? Se me podría discutir si dijera: "Este cálculo es correcto o incorrecto", pero digo que la esencia del sistema es profundamente peligrosa y tenemos que precavernos de una digitación de la cultura.

Por otra parte, me preocupa quiénes son los que prepararon el proyecto de ley, créame el señor Senador Astori; pero me preocupa tanto o igual que a él contradecir a sus compañeros de Partido cuando entiende que la justicia, la lógica y el sentido democrático del país lo están requiriendo. No se me haga, entonces, culpable de lo que puede ser de pronto una manera que respeto y comparto de cumplir con una obligación.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: quiero aclarar que el examen que hicimos en la Comisión de Hacienda era sobre la base de algún conjunto de aclaraciones y algunas modificaciones, tanto respecto del carácter indemnizatorio que tienen las dietas como de la manera en que se determinan los cálculos que, evidentemente, van a provocar un aumento en la recaudación del fondo. Cualquier señor Senador puede rever este punto cuando así lo desee, como lo ha hecho el señor Senador García Costa. Si es bueno o malo, ya lo discutimos hace poco tiempo, y coincidimos con el señor Senador; pero en esta oportunidad, en la Comisión de Hacienda simplemente nos abocamos, sobre una legislación vigente, a colaborar en cómo determinar los montos.

Vamos a votar afirmativamente el proyecto de ley, pero queríamos dejar la constancia de que tuvimos el honor de acompañar al señor Senador García Costa a propósito de otro proyecto y de reflexiones de otro tipo, pero el examen que hemos hecho en esta oportunidad no llegó a esa profundidad sino a cómo aplicar mejor esta herramienta, y en eso lo vamos a acompañar.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: brevemente, para no salirme del tema ni de los tiempos, pensaba empezar mi intervención aclarando que el proyecto de ley del cual es autor el señor Senador Astori tiende a aclarar y a hacer operativo algo que ya existía. Esto está claro.

Por otra parte, adelanto que yo no voy a votar el proyecto, no porque no esté de acuerdo con la forma en que el señor Senador Astori clarifica la aplicación de algo que ya existía, sino porque no comparto la filosofía del texto y deseo ser coherente con lo que dije en esta Sala hace pocos días, cuando se trató un impuesto, también discriminatorio, para las obras y artistas teatrales según fuese la composición del elenco. Tampoco estoy de acuerdo con otro tipo de discriminación -no utilizo esta palabra peyorativamente, y si se quiere podría decir "diferenciación"-, es decir, con un proyecto en ciernes que hay en la Intendencia Municipal de Montevideo para -tengo entendido- gravar el cine no latinoamericano -como se pensó en un principio-, o de fuera de la región, con el 7%.

He dicho hasta el cansancio que si los artistas y los músicos uruguayos -que los hay, y muy buenos- hubiesen nacido en un mercado más numeroso, habrían tenido un éxito fenomenal desde el punto de vista económico. Creo que no es bueno hacer este tipo de discriminaciones porque la cultura no tiene fronteras y la música de nuestros intérpretes y compositores se enriquece con la concurrencia de buenos conjuntos musicales extranjeros, del tipo que sean. La ley del mercado determinará si pueden o no actuar en el Uruguay porque si fracasan, no actúan más, pero si llenan las salas es porque son buenos.

Entonces, francamente, este proyecto de ley no me gusta, aunque reitero que valoro el esfuerzo encomiable de la Comisión de Hacienda y, particularmente, del señor Senador Astori para tornar operativo lo que ya estaba. Reitero que no lo acompaño para ser coherente con lo que voté cuando se trató el tema de los artistas de teatro y por mi oposición a ese impuesto que se pretende imponer a las películas que no sean de la región o de origen latinoamericano. Me parece que este proyecto de ley es discriminatorio y no le hace bien a la cultura nacional, y menos a quienes se quiere ayudar y favorecer, es decir, a los músicos uruguayos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 15 en 17. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Solicito que se suprima la lectura y que se vote el articulado en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del señor Senador Astori.

(Se vota:)

- 16 en 17. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque el articulado del proyecto de ley.

(Se vota:)

- 16 en 18. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

27) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR SINGER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGER.- Quisiera extender un saludo de Navidad y mis deseos de un próspero Año Nuevo para todos los señores Senadores y funcionarios de esta Casa que nos acompañan.

(Aplausos)

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos en el Orden del Día, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 17 y 57 minutos, presidiendo el señor Luis Hierro López y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Cid, Correa Freitas, De Boismenu, García Costa, Gargano, Heber, Herrera, Millor, Mujica, Núñez, Sanabria, Scarpa, Singer y Xavier.)

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretarios

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.