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N° 3177 - 9 DE DICIEMBRE DE 2003

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

75ª SESIÓN

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES DOCTOR JORGE CHÁPPER Presidente
Y DOCTOR ALBERTO SCAVARELLI 1er. Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y DOCTORA MARGARITA REYES GALVÁN Y
EL PROSECRETARIO SEÑOR ENRIQUE SENCIÓN CORBO

 

Texto de la citación

 

Montevideo, 4 de diciembre de 2003.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, el próximo martes 9, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Acuerdo con el Gobierno de la República de Finlandia relativo a la Promoción y Protección de Inversiones. (Aprobación). (Carp. 3462/003). (Informado). Rep. 1480 y Anexo I

2º.- Seguro para el Control de la Brucelosis. (Creación). (Carp. 3505/003). (Informado). Rep. 1496 y Anexo I

3º.- Libertad de comercio y preservación de la libre competencia. (Normas). (Carp. 2446/002). (Informado). Rep. 1069 y Anexo I

4º.- Comisión Nacional de Bioética. (Creación). (Carp. 50/000). (Informado). Rep. 21 y Anexo I

5º.- Exoneraciones tributarias a la actividad forestal. (Normas). (Carp. 3402/003). (Informado). (EN DISCUSIÓN). Rep. 1455 y Anexo I

6º.- Programas de principios de los partidos políticos. (Publicación). (Carp. 2068/002). (Informado). (EN DISCUSIÓN). Rep. 923 y Anexos I y II

7º.- Corredores inmobiliarios. (Se regula su actividad). (Carp. 327/000). (Informado). Rep. 185 y Anexo I

8º.- Gas natural comprimido y gas licuado de petróleo. (Se autoriza su utilización como combustible en vehículos automotores). (Carp. 2780/003). (Informado). Rep. 1195 y Anexo I

9º.- Información de clientes de las empresas de intermediación financiera relacionada con préstamos, créditos, hipotecas, prendas, avales o garantías u otras obligaciones. (Se dispone que no se encuentra amparada por lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.322). (Carp. 3180/003). (Informado). Rep. 1356 y Anexo I

10.- Lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. (Se declara de interés nacional). (Carp. 2894/003). (Informado). Rep. 1233 y Anexo I

  

HORACIO D. CATALURDA     MARGARITA REYES GALVÁN

S e c r e t a r i o s

S U M A R I O

 

1.- Asistencias y ausencias

2.- Asuntos entrados

3.- Proyectos presentados

4 y 6.- Exposiciones escritas

5.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

7.- Colocación de propaganda relativa al referéndum sobre la ley de ANCAP en unidades del transporte urbano de Montevideo y en la Universidad de la República.

— Exposición del señor Representante Ronald Pais

8.- Cierre del teatro Puerto Luna.

Nueva edificación del Liceo Nº 2, 18 de Mayo, en la localidad de Vista Linda, departamento de Canelones.

— Exposición del señor Representante Legnani

9.- 55º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

— Exposición del señor Representante Bellomo

10.- Contratación de un estudio jurídico para patrocinar al Estado en una demanda contra el Ministerio de Defensa Nacional.

— Exposición del señor Representante Castromán Rodríguez

11.- Situación del Hipódromo de Las Piedras, en el departamento de Canelones.

— Exposición del señor Representante Mahía

12.- Posibilidad de establecer un boleto cívico en el departamento de Montevideo para las instancias electorales.

— Exposición del señor Representante Martínez

CUESTIONES DE ORDEN

15.- Aplazamiento

13 y 30.- Integración de la Cámara

35.- Levantamiento de la sesión

13 y 30.- Licencias

15 y 27.- Preferencias

19.- Rectificación de trámite

20 y 23.- Urgencias

VARIAS

14.- Llamado a Sala al señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

— Concertación de fecha

18.- Comisión Especial de Género y Equidad. (Prórroga de plazo)

22.- Comisión de Legislación del Trabajo. (Autorización para reunirse durante el receso)

25.- Comisiones Permanentes, Especiales e Investigadoras. (Autorización para reunirse durante el receso)

26.- Comisión Investigadora sobre la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo. (Prórroga de plazo)

29.- Comisión Investigadora sobre diversas actuaciones relacionadas con el sistema financiero y bancario. (Prórroga de plazo)

MEDIA HORA FINAL

32.- Fallecimiento de la ex legisladora Dora Coccaro de Millor.

— Manifestaciones del señor Representante Díaz

33.- Fallecimiento del doctor Anselmo Bentos.

— Manifestaciones del señor Representante Posada

ORDEN DEL DÍA

16.- Seguro para el Control de la Brucelosis. (Creación).

Antecedentes: Rep. Nº 1496, de noviembre de 2003, y Anexo I, de diciembre de 2003. Carp. Nº 3505 de 2003. Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

17 y 28.- Libertad de comercio y preservación de la libre competencia. (Normas).

Antecedentes: Rep. Nº 1069, de setiembre de 2002, y Anexo I, de junio de 2003. Carp. Nº 2446 de 2002. Comisión Especial para el estudio de soluciones legislativas referentes a la libertad de comercio en el Uruguay.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

21.- Programas de principios de los partidos políticos. (Publicación).

(Ver 52ª y 74ª sesiones)

— Se pasa a la discusión particular.

— Se aprueba el cierre de la discusión de todos los artículos y se posterga su votación por no haber en Sala el quórum requerido

24.- Lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. (Se declara de interés nacional).

Antecedentes: Rep. Nº 1233, de abril de 2003, y Anexo I, de noviembre de 2003. Carp. Nº 2894 de 2003. Comisión de Educación y Cultura.

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

31 y 34.- Comisión Nacional de Bioética. (Creación).

Antecedentes: Rep. Nº 21, de marzo de 2000, y Anexo I, de octubre de 2003. Carp. Nº 50 de 2000. Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

— En discusión general

1.-     Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Washington Abdala, Margot Acosta, Guzmán Acosta y Lara, Guillermo Álvarez, Juan Justo Amaro, José Amorín Batlle, Fernando Araújo, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Ángeles Balparda, Carlos Baráibar, Jorge Barrera (1), Artigas A. Barrios, José Bayardi, Edgar Bellomo, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, José L. Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, Rosario Bueno, Brum Canet, Julio Cardozo Ferreira, Ruben Carminatti, Nora Castro, Ricardo Castromán Rodríguez, Roberto Conde, Jorge Chápper, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Sebastián Da Silva, Mario de Pazos, Ruben H. Díaz, Daniel Díaz Maynard, Juan Domínguez, Heber Duque, Óscar Echevarría, Silver Estévez, Ricardo Falero, Alejo Fernández Chaves, Ramón Fonticiella, Luis José Gallo Imperiale, Schubert Gambetta, Daniel García Pintos, Carlos González Álvarez, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, María Nelba Iriarte, Luis Alberto Lacalle Pou, Luis M. Leglise, Ramón Legnani, Óscar Magurno, José Carlos Mahía, Diego Martínez, Juan Máspoli Bianchi, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Felipe Michelini, José M. Mieres, Pablo Mieres, Ricardo Molinelli, Martha Montaner, Eloísa Moreira, Ruben Obispo, Andrés Oribe, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Gabriel Pais, Ronald Pais, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Enrique Pérez Morad, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Elena Ponte, Iván Posada, Ambrosio Rodríguez, Glenda Rondán, Víctor Rossi, Adolfo Pedro Sande, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Leonel Heber Sellanes, Gustavo Silveira, Julio C. Silveira, Raúl Simonet, Lucía Topolansky, Wilmer Trivel, Fernando Vázquez y Homero Viera.

Con licencia: Ernesto Agazzi, Álvaro Alonso, Gustavo Amen Vaghetti, Raquel Barreiro, Orlando Gil Solares, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, Julio Lara, Guido Machado, Enrique Pintado, Julio Luis Sanguinetti, Raúl Sendic, Pedro Señorale, Daisy Tourné, Jaime M. Trobo y Walter Vener Carboni.

Faltan con aviso: Darío Pérez, Yeanneth Puñales Brun y María Alejandra Rivero Saralegui.

Observaciones:

(1) A la hora 18:00 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Silver Estévez.

2.-    Asuntos entrados.

"Pliego Nº 281

PROMULGACIÓN DE LEYES

El Poder Ejecutivo comunica que ha promulgado las siguientes leyes:

-    Archívense

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes el proyecto de ley, remitido con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo, por el que se sustituye el artículo 113 del Código Aeronáutico, relativo a los servicios aéreos internos. C/3610/003

-    A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca se expide sobre el proyecto de ley por el que se crea el Seguro para el Control de la Brucelosis. C/3505/003

-    Se repartió con fecha 4 de diciembre

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se expide, con nuevo informe, sobre el proyecto de ley por el que se tipifican figuras penales relativas a la violencia sexual comercial y no comercial sobre niños, niñas y adolescentes. C/3475/003

La Comisión de Legislación del Trabajo se expide sobre el proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión del proyecto de ley para la extensión de la cobertura de seguro de desempleo a ciento veinte trabajadores de la empresa FUNSA. C/3598/003

-    Se repartirán

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Departamental de Paysandú remite una resolución aprobada por dicha Corporación, por la que se solicita se designe "Ruta de los Pueblos Guaraníes", un tramo de la Ruta Nacional Nº 4. C/4/000

La Junta Departamental de Maldonado remite copia de la exposición realizada por un señor Edil, relacionada con presuntas irregularidades ocurridas en la Junta Local de Solís. C/4/000

-   A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

La Junta Departamental de Soriano remite copia de la exposición realizada por un señor Edil, acerca de la posibilidad de instalar contadores de agua individuales en conjuntos habitacionales del citado departamento. C/235/000

-    A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

La Oficina Nacional del Servicio Civil contesta el pedido de informes de la señora Representante Daisy Tourné, relacionado con los servicios informáticos y las licencias de software adquiridos por dicho Organismo en los últimos cuatro años. C/3514/003

La Junta Departamental de Flores remite copia de la exposición realizada por una señora Edila, referente a la Ley Nº 17.710, de 13 de noviembre de 2003, por la que se dispone la exclusión de la instalación de cajeros automáticos para el pago de pasividades en los locales del Banco de Previsión Social. C/3101/003

La Junta Departamental de Maldonado remite copia de la exposición realizada por un señor Edil, sobre el proyecto de ley por el que por el que se determina el régimen de propiedad de los inmuebles a ser adjudicados en el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares. C/2603/002

La Suprema Corte de Justicia contesta la exposición realizada por la señora Representante Daisy Tourné, en sesión de 1º de octubre de 2003, por la que solicita se adopten medidas con respecto al registro y control de la tenencia de armas de fuego. S/C

-    A sus antecedentes

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio del Interior contesta los siguientes pedidos de informes:

El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta el pedido de informes del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez, acerca de los contratos de arrendamiento de obra celebrados desde el 1º de enero de 2002 hasta el 31 de mayo de 2003. C/3053/003

El Ministerio de Salud Pública contesta los siguientes asuntos:

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta el pedido de informes del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez, relacionado con una concesión otorgada a una empresa privada para explotar arena y canto rodado en el lecho del río Uruguay. C/3328/003

El Ministerio de Economía y Finanzas contesta los siguientes asuntos:

-    A sus antecedentes

La citada Secretaría de Estado remite nota a la que adjunta información relacionada con el alcance de las soluciones administrativas para las personas endeudadas en moneda extranjera. C/20/000

-    A la Comisión de Hacienda

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior, sobre los procedimientos realizados con motivo del hurto de cables y cañerías de propiedad de la Administración Nacional de Telecomunicaciones. C/3601/003

El señor Representante Artigas Melgarejo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior, relacionado con la realización de obras o refacciones bajo la jurisdicción de la Jefatura de Policía de Lavalleja. C/3602/003

Los señores Representantes Orlando Gil Solares y Víctor Rossi solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, referente a una presunta adquisición de petróleo crudo de procedencia iraquí. C/3603/003

El señor Representante Orlando Gil Solares solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acerca del estado actual del puente Castells, ubicado en la Ruta Nacional Nº 21. C/3604/003

-    Se cursaron con fecha 2 de diciembre

El señor Representante Roque Arregui solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, sobre la posibilidad de adquirir dos padrones para el Liceo Nº 2 de la ciudad de Tacuarembó. C/3605/003

La señora Representante Silvana Charlone solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco Central del Uruguay, relacionado con una comisión creada por ese Banco en el marco de la Ley Nº 17.613. C/3606/003

El señor Representante Ruben Obispo solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

-    Se cursaron con fecha 3 de diciembre

El señor Representante Gustavo Penadés solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, sobre los permisos de pesca para la explotación de algunas especies no tradicionales. C/3600/003

-    Se cursó con fecha 8 de diciembre

PROYECTOS PRESENTADOS

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establece el régimen legal de la actividad de representantes de empresas extranjeras y de los importadores de bienes en régimen de exclusividad. C/3600/003

-    A la Comisión de Hacienda".

3.-    Proyectos presentados.

"REPRESENTANTES DE EMPRESAS EXTRANJERAS E IMPORTADORES EN RÉGIMEN DE EXCLUSIVIDAD. (Regulación de su actividad).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Los representantes de empresas extranjeras e importadores exclusivos, domiciliados en el país y las empresas extranjeras que contraten con los mismos quedarán sujetos a las disposiciones de la presente ley.

Artículo 2º.- A los efectos de la presente ley, se consideran:

A) Representantes de empresas extranjeras a las personas físicas o jurídicas domiciliadas en el país, inscriptos conforme a lo establecido en la Ley Nº 16.497, de 15 de junio de 1994, en el Registro Nacional de Representantes que opera en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, que en forma habitual y autónoma, presten servicios consistentes en preparar, promover, facilitar o perfeccionar la venta en exclusividad de bienes o servicios que ofrezcan las empresas proveedoras del exterior percibiendo una comisión o porcentaje a cargo del comitente, sin asumir ningún tipo de riesgo en las operaciones.

B) Importadores exclusivos, a las personas físicas o jurídicas domiciliadas en el país que importen bienes en régimen de exclusividad, identificados por una marca que no les sea propia para su comercialización en el mercado nacional, actuando por su cuenta y riesgo.

Artículo 3º.- La relación comercial entre los representantes o importadores exclusivos con las empresas extranjeras que contraten con los mismos podrá estar acreditada por documentación que así lo determine o por negocios concertados dentro de un plazo no inferior a un año.

Artículo 4º.- En caso de que no se produzcan entregas con normalidad, ya sea por causa de fuerza mayor o por política de venta de la empresa extranjera, el representante o importador exclusivo podrá realizar operaciones comerciales con otros proveedores hasta tanto no se normalice la situación que pueda haber dado lugar a las referidas interrupciones de negocios.

Artículo 5º.- Si la relación es rescindida por causas ajenas a la voluntad del representante, la empresa extranjera deberá indemnizarlo con una suma de dinero que equivaldrá al promedio mensual de las comisiones percibidas durante todo el período en que haya estado vigente la relación comercial, multiplicado por los años de su duración con un máximo de diez.

Si la relación es rescindida por causas ajenas a la voluntad del importador exclusivo, la empresa extranjera deberá indemnizarlo con una suma de dinero que equivaldrá al 15% (quince por ciento) del promedio mensual del valor CIF de las adquisiciones realizadas a la empresa extranjera durante todo el período en que haya estado vigente la relación comercial, multiplicado por los años de su duración, con un máximo de diez.

Artículo 6º.- Cuando se produzca el término de la relación comercial con un representante o importador exclusivo, la empresa extranjera deberá adquirir los bienes que los mismos puedan tener en existencia a un precio que deberá cubrir sus costos de importación más un 20% (veinte por ciento). Se entiende por costos de importación, a estos efectos, el valor CIF de importación de la mercadería más los gastos de internación correspondientes.

Artículo 7º.- La indemnización acordada por la presente ley recién se generará a los dos años de vigencia de la relación entre el representante o importador exclusivo con la empresa extranjera.

Artículo 8º.- Son causas determinantes para la terminación de la relación, con responsabilidad para la empresa extranjera según el artículo 5º de la presente ley:

A) Los delitos cometidos contra la propiedad o el buen nombre del representante o importador exclusivo.

B) Las restricciones en las ventas o en el suministro no resultantes de causas de fuerza mayor, que impliquen una reducción considerable del volumen de las transacciones normales de su representante o importador exclusivo.

C) La falta de pago oportuno de las comisiones o retribuciones generadas por el representante.

D) El nombramiento de un nuevo representante o importador alterando la relación de exclusividad acordada oportunamente con su parte nacional.

E) Toda otra modificación unilateral, que lesione los derechos o intereses de su representante o importador exclusivo.

F) Cualquier falta grave que lesione los derechos y obligaciones acordadas con su representante o importador exclusivo.

Artículo 9º.- Cuando una empresa extranjera cambie de domicilio o razón social, se transforme, modifique su objeto social, o cuando se fusione o sea absorbida por otra firma, ello no será causa de terminación de la relación con el representante o importador exclusivo. La empresa con la cual se hubiese fusionado, la hubiese absorbido o haya sido autorizada para el uso de las marcas, responderá solidariamente hasta por el monto de la indemnización en los mismos términos, pudiendo el representante o importador exclusivo ejercer las mismas acciones que otorga esta ley contra las empresas con las que se hubiese fusionado, la hubiese absorbido o recibido la titularidad de la marca.

Artículo 10.- Causas justas de terminación de la relación de representación o importación exclusiva, sin ninguna responsabilidad para la empresa extranjera:

A) Los delitos contra la propiedad o el buen nombre de la empresa extranjera, cometidos por el representante o por el importador exclusivo.

B) La ineptitud o negligencia del representante o importador exclusivo, declarada por Juez competente del domicilio de éste, así como la disminución o el estancamiento prolongado y sustancial de las ventas, por causas que le sean imputables.

C) La violación por parte del representante o importador exclusivo del secreto profesional y de fidelidad a la empresa extranjera en aquellos casos que hubiese patentes o "know-how" especiales.

D) Cualquier otra falta grave del representante o del distribuidor debidamente constatada por un Juez competente en la materia.

Artículo 11.- La persona física o jurídica que asuma total o parcialmente cualquier actividad comercial que antes ejercía una empresa extranjera a través de un representante o importador exclusivo, responderá por la continuidad de la relación de representación o distribución, salvo que la firma extranjera hubiera satisfecho, previamente, la indemnización correspondiente de acuerdo a lo previsto en la presente ley.

Artículo 12.- La jurisdicción de los tribunales uruguayos y de los derechos de los representantes e importadores exclusivos, por virtud de la presente ley, son irrenunciables y no admiten pacto en contrario.

Artículo 13.- Los derechos y obligaciones originados en la presente ley prescribirán en el término de dos años, contados a partir del hecho que motiva el reclamo.

Artículo 14.- Las indemnizaciones previstas en la presente ley deberán ser abonadas en un pago único y total, que deberá realizarse dentro de los sesenta días de terminada la relación, o de que quede firme el fallo judicial condenatorio, cuyo monto será determinado por el Juez. Si no lo hiciera, el Ministerio de Economía y Finanzas suspenderá, a solicitud del demandante, toda clase de importación de los productos de la citada firma extranjera y el representante o importador exclusivo podrán solicitar un embargo hasta cubrir el monto previsto por el fallo judicial.

Artículo 15.- A los efectos de la presente ley, la antigüedad de las relaciones se computará desde el inicio de la actividad entre las partes.

Montevideo, 3 de diciembre de 2003.

GABRIEL PAIS, Representante por Montevideo, JOSÉ AMORÍN BATLLE, Representante por Montevideo, GUSTAVO PENADÉS, Representante por Montevideo, IVÁN POSADA, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto de ley que se pone a consideración del Parlamento, por el que se establece el régimen legal de la actividad de representantes de empresas extranjeras e importadores exclusivos, con su correspondiente exposición de motivos, han sido redactados por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay.

Los legisladores firmantes del proyecto lo hacen al solo efecto de darle estado parlamentario, sin expedirse sobre el fondo del mismo.

Montevideo, 3 de diciembre de 2003.

GABRIEL PAIS, Representante por Montevideo, JOSÉ AMORÍN BATLLE, Representante por Montevideo, GUSTAVO PENADÉS, Representante por Montevideo, IVÁN POSADA, Representante por Montevideo".

4.-    Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 23)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Roque Arregui solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

La señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui solicita se curse una exposición escrita a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Cerro Largo, acerca del estado de un tramo del camino a Cuchilla del Paraíso. C/27/000

El señor Representante Daniel García Pintos solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Economía y Finanzas, y por su intermedio a la Contaduría General de la Nación, y de Defensa Nacional, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas y a los Comandos Generales del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, y a las instituciones sociales de dichas Fuerzas, referente a la contribución mensual efectuada por los usuarios de sanidad militar. C/27/000

El señor Representante Gustavo Borsari Brenna solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas, sobre la reducción del aporte unificado de la construcción. C/27/000

El señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

——Se votarán oportunamente.

5.-    Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión ordinaria realizada el 2 de diciembre de 2003:

Con aviso: Ruben Carminatti, Luis José Gallo Imperiale, Martha Montaner, Alberto Perdomo y Gustavo Silveira.

Sin aviso: María Terrón de Esteves.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Martes 2 de diciembre

DEFENSA NACIONAL

Con aviso: Luis Alberto Lacalle Pou y Walter Vener Carboni.

GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Con aviso: Eduardo Chiesa Bordahandy y Francisco Ortiz.

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Con aviso: Daniel Bianchi y Gustavo Amen Vaghetti.

Miércoles 3 de diciembre

HACIENDA

Con aviso: Daniel García Pintos y José Amorín Batlle.

PRESUPUESTOS

Con aviso: Adolfo Pedro Sande, Doreen Javier Ibarra y Ruben H. Díaz.

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Con aviso: Ruben Bertín Haramburu y Wilmer Trivel.

Jueves 4 de diciembre

ESPECIAL DE GÉNERO Y EQUIDAD

Con aviso: Beatriz Argimón, Daisy Tourné, Glenda Rondán, Margarita Percovich y Yeanneth Puñales Brun.

ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Con aviso: Alberto Scavarelli, Daisy Tourné, Daniel Díaz Maynard, Julio C. Silveira y Walter Vener Carboni.

Lunes 8 de diciembre

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: Daisy Tourné.

Sin aviso: Guzmán Acosta y Lara.

ESPECIAL CON FINES LEGISLATIVOS SOBRE LAS SITUACIONES DE POBREZA

Con aviso: Glenda Rondán, Roberto Conde y Ruben H. Díaz".

6.-    Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Veintisiete en veintinueve: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco de la República Oriental del Uruguay, sobre el horario de atención al público durante el verano.

"Montevideo, 3 de diciembre de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Economía y Fianzas, con destino al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). Tradicionalmente, adaptándose a las costumbres y necesidades de los clientes, el BROU ha atendido al público en los meses de verano, de 9 a 13 horas. No obstante ello, a pesar de que la banca privada también trabajaría en el horario de la mañana, el Directorio del referido Banco habría resuelto que sus dependencias atendiesen al público de 11 a 16 horas. Ante los perjuicios que este hecho generaría a dicho Banco estatal y a quienes recurren a sus servicios, solicito se vuelva al horario tradicional de verano. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

2) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Intendencia Municipal de Soriano, relacionada con la falta de alumbrado público en la Ruta Nacional Nº 2, a la altura de la ciudad de Mercedes.

"Montevideo, 3 de diciembre de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Intendencia Municipal de Soriano. Desde hace algún tiempo, muchos de los focos del alumbrado público, ubicados sobre la Ruta Nacional Nº 2 Grito de Asencio, a la altura de la ciudad de Mercedes, del departamento de Soriano, no están en funcionamiento, lo que afecta el tránsito del lugar y al vecindario. Quienes buscan soluciones se encuentran con que los dos organismos involucrados en esa problemática: Intendencia Municipal de Soriano y Ministerio de Transporte y Obras Públicas no asumen sus responsabilidades y las trasladan a la otra institución involucrada, por lo que quedan los vecinos, y quienes por allí transitan, como rehenes de esa circunstancia. Ante lo expuesto, requiero que los responsables de ambos organismos coordinen, en forma urgente, las acciones que correspondan para solucionar el problema planteado. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

3) Exposición de la señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Cerro Largo, acerca del estado de un tramo del camino a Cuchilla del Paraíso.

"Montevideo, 3 de diciembre de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparada en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Cerro Largo. Quiero referirme a un planteamiento que me fuera efectuado por vecinos del paraje Cuchilla del Paraíso, ubicado en la 13ª Sección Policial del departamento de Cerro Largo adjuntando, asimismo, la nota que me hicieran llegar los referidos vecinos, dando cuenta del pésimo estado que presenta el último tramo, de aproximadamente 7 kilómetros, del camino a Cuchilla del Paraíso. Esa situación, dado que ese tramo se encuentra prácticamente intransitable, dificulta y perjudica notoriamente el normal desarrollo de la actividad de los productores de la zona, así como la concurrencia de los niños a la escuela, llegándose al extremo de imposibilitar, luego de la ocurrencia de abundantes precipitaciones, el acceso y la salida de los productores de sus respectivos predios. Tengo conocimiento que maquinaria de la Intendencia Municipal de Cerro Largo se encuentra actualmente realizando trabajos de reparación en otros tramos del mencionado camino. Por lo expuesto, y considerando la proximidad en que se encuentra dicha maquinaria, solicito a la Intendencia Municipal de Cerro Largo que realice la reparación de ese sector del camino a fin de subsanar esa crítica situación que afecta enormemente a los productores rurales de la zona y a sus familias. Saludo al señor Presidente muy atentamente. MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo".

4) Exposición del señor Representante Daniel García Pintos a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Economía y Finanzas, y por su intermedio a la Contaduría General de la Nación, y de Defensa Nacional, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas y a los Comandos Generales del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, y a las instituciones sociales de dichas Fuerzas, referente a la contribución mensual efectuada por los usuarios de sanidad militar.

"Montevideo, 3 de diciembre de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República; al Ministerio de Economía y Finanzas y, por su intermedio, a la Contaduría General de la Nación (CGN); al Ministerio de Defensa Nacional y, por su intermedio, a los Comandos Generales del Ejército Nacional, de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea Uruguaya, y a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas; y a las instituciones sociales del personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas. No es muy conocido el hecho de que todos los usuarios de Sanidad Militar realizan una contribución mensual, a dicho servicio, por sí o a través de los denominados generadores del derecho, de acuerdo con los ingresos correspondientes a su situación de actividad, retiro o pensionista. Esa contribución se les descuenta regularmente de sus haberes y tiene la finalidad exclusiva de poner a disposición de Sanidad Militar un monto mensual que le permita, mediando su oportuno empleo, asegurar el normal funcionamiento a cubierto de eventuales atrasos, de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, en el pago a los proveedores. Cabe la aclaración de que dicho aporte es administrado por el ordenador correspondiente, acorde con una rigurosa normativa específica y con la normativa general del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera y Normas Concordantes y Complementarias (TOCAF). Esa situación no se da en ninguna repartición del Estado, ya que ni bancarios estatales, ni funcionarios de empresas del Estado, ni otros, colaboran económicamente con sus respectivos sistemas de salud. A efectos de distinguir estos aportes de otros fondos extrapresupuestales, por ser esto de estricta justicia, en el artículo 39 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, se estableció que estos dineros que salen directamente de los sueldos de los usuarios y que no son un impuesto, sean considerados fondos de terceros. La situación que describimos, única en la Administración, no se comparece con la voracidad de la CGN, que pretende dar a los fondos de terceros un tratamiento contable, en el Sistema Integrado de Información Financiera del Estado (SIIF), similar al de los fondos públicos. No queda claro si la CGN tiene la capacidad técnica para discernir la peculiaridad de estos fondos de terceros o si, justamente, padece de lo contrario, ya que parece que le molestara que Sanidad Militar, dentro del panorama crítico de la salud, funcione un poco mejor que la media. Es bueno recordar y decirlo, que meses atrás, cuando fue cerrada la Emergencia del Hospital de Clínicas 'Dr. Manuel Quintela', el Hospital Militar recibió solidariamente a cientos de compatriotas necesitados, y que, cuando por razones gremiales fueron abandonados, en plena noche, los ancianos del Hospital Hogar 'Doctor Luis Piñeyro del Campo', Sanidad Militar estuvo disponible para brindar su apoyo; y también se hizo cargo de la atención médica en decenas de nacimientos, en ocasión de la recordada voladura de techos del Centro Hospitalario 'Pereira Rossell'. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DANIEL GARCÍA PINTOS, Representante por Montevideo".

5) Exposición del señor Representante Gustavo Borsari Brenna al Ministerio de Economía y Finanzas, sobre la reducción del aporte unificado de la construcción.

"Montevideo, 5 de diciembre de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Es por todos conocido el período de recesión por el que atraviesa la industria de la construcción. Pasó de ser una de las actividades que más mano de obra ocupaba a una de las que mayor desocupación ostenta. Uno de los costos que más interfieren en esa actividad es el Aporte Unificado de la Construcción, -Decreto-Ley Nº 14.411, de 7 de agosto de 1975-, que supera el 100% de las retribuciones por mano de obra. Ese guarismo fue modificado, en forma provisoria, hasta el 31 de diciembre de 2003, por una alícuota de aporte unificado del 50%. Esto fue debido al colapso que aquejaba a dicho sector y al mal cálculo del real aporte que se debe realizar al Banco de Previsión Social (BPS). Las asociaciones representantes de los empresarios y de los obreros de la construcción están negociando llegar a una alícuota justa y equitativa, pero todavía no se ha llegado a obtener la iniciativa, que corresponde al Poder Ejecutivo, para modificarla. Es por las razones expuestas que exhortamos al Poder Ejecutivo que extienda el plazo aprobado en el artículo 1º de la Ley Nº 17.555, de 18 de setiembre de 2002, y proponemos que envíe al Parlamento dicha iniciativa con la siguiente redacción: 'Artículo Único.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 17.555, de 18 de setiembre de 2002, el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 1º. (Reducción de aportes a las obras privadas).- Los propietarios de las obras privadas del sector de la construcción que construyan al amparo del régimen de propiedad horizontal o con declaración de interés turístico o nacional, iniciadas antes del 31 de diciembre de 2004, o que estando suspendidas a la fecha de la promulgación de la presente ley se reinicien antes del 31 de diciembre de 2004, pagarán por concepto del Aporte Unificado de la Construcción previsto en el Decreto-Ley Nº 14.411, de 7 de agosto de 1975, una alícuota del aporte unificado del (50%) cincuenta por ciento. Ese beneficio también alcanzará a las construcciones que sean propiedad de cooperativas de vivienda. Las viviendas nuevas que se construyan fuera del régimen de propiedad horizontal, en las condiciones establecidas en el inciso precedente, pagarán por concepto del Aporte Unificado de la Construcción una alícuota que no superará el sesenta y dos por ciento (62%) sesenta y dos por ciento. El beneficio previsto en los incisos anteriores regirá para los aportes que se devenguen desde la vigencia de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 2005'. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo".

6) Exposición del señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionada con la necesidad de adoptar medidas para la prevención de accidentes frente a la Escuela Nº 114 de Empalme Olmos, departamento de Canelones.

"Montevideo, 9 de diciembre de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Existe consenso acerca de la necesidad de la protección y el cuidado de nuestra población, sobre todo en materia de seguridad, y, especialmente, cuando quienes son pasibles de descuido son niños. Todos conocemos la localidad de Empalme Olmos, en el departamento de Canelones, con populosas barriadas y de un gran crecimiento demográfico en la última década. En dicha localidad, sobre la transitada Ruta Nacional Nº 82, se encuentra ubicada la Escuela Nº 114 que alberga gran cantidad de niños en distintos turnos, quienes en reiteradas ocasiones para concurrir a la escuela o retornar a sus hogares deben cruzar o circular por la mencionada ruta con el peligro que ello conlleva, dado que cruzan corriendo o con la distracción propia de los infantes. Esta situación provoca el lógico nerviosismo de las madres que, muchas veces, por distintos motivos, no pueden ir a buscar a sus niños. Este planteamiento lo motiva que frente a la Escuela Nº 114, no se cuenta con ninguna protección o elementos de seguridad para lograr disminuir la alta velocidad de los vehículos que circulan por la mencionada ruta. Por lo expuesto, solicitamos la pronta resolución de este tema con la colocación de lomadas que hagan aminorar la marcha de los vehículos y que brinden seguridad a los peatones, en su mayoría niños de la zona. Esperamos que este reclamo sea atendido a la brevedad, y que no tengamos que lamentar la demora con algún accidente o con la pérdida de vidas humanas. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones".

7) Exposición del señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, acerca del suministro de agua potable para una importante zona de la ciudad de Progreso, departamento de Canelones.

"Montevideo, 9 de diciembre de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE). Cuando se aproxima el verano, época de calor, existen determinados elementos de nuestra vida cotidiana que se hacen indispensables y vitales en algunos casos. Uno de ellos es el agua. Queremos hacer llegar al Directorio de OSE, mediante esta exposición escrita, un reclamo que en reiteradas ocasiones ha sido realizado por parte de los damnificados y al que las autoridades de ese organismo han hecho 'oídos sordos'. En la ciudad de Progreso, del departamento de Canelones, más precisamente en Villa de los Ingleses, todos los años con la llegada del verano, se presenta el mismo problema. Existe una parte de la Villa en la que el caudal de agua no tiene la suficiente presión y, por lo tanto, durante todo el día, ese sector de la localidad queda sin el vital elemento. Ello genera grandes inconvenientes a la población: higiénicos, laborales y de alimentación siendo, las grandes perjudicadas, las amas de casa, teniendo en cuenta que deben esperar hasta la medianoche para realizar las tareas domésticas ya que a esa hora terminan de llenarse los tanques, tornando para las amas de casa el día en noche y la noche en día. Los vecinos de la zona, han realizado reiterados reclamos, obteniendo respuestas poco valederas en relación con la seriedad del organismo. Por lo expuesto, solicitamos la inmediata resolución de este tema que afecta a una zona populosa de la ciudad de Progreso, a fin de que cuando ingresemos a la época de más calor, se pueda revertir la situación. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones".

MEDIA HORA PREVIA

7.-    Colocación de propaganda relativa al referéndum sobre la ley de ANCAP en unidades del transporte urbano de Montevideo y en la Universidad de la República.

——Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Ronald Pais.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señor Presidente: el domingo próximo pasado el país vivió una jornada cívica muy importante, como resultado de la cual una enorme mayoría de los votantes decidió derogar la llamada ley de ANCAP. Más allá de que quienes defendimos la vigencia de la ley seguimos pensando que hubiera sido mucho más conveniente para el país que se mantuviera, y más allá de que también pensamos que esa enorme mayoría de la población adoptó una decisión equivocada, nos sentimos reconfortados por haber asistido nuevamente a una jornada electoral en la que la voluntad soberana del pueblo uruguayo pudo expresarse, en la que no hubo incidentes ni irregularidades que destacar y en la que, según todas las informaciones que tenemos, los hechos se desarrollaron con absoluta normalidad.

No obstante ello, ha habido una serie de sucesos previos y concomitantes al acto electoral que han ensombrecido esa normalidad y la forma natural en que debe desarrollarse un proceso electoral como el que vivimos. Fundamentalmente, nos referimos a dos hechos que involucran, en un caso, a un Gobierno Departamental y, en otro, a una institución de enseñanza sumamente importante en nuestro país como lo es la Universidad de la República y, específicamente, la Facultad de Derecho.

En el primer caso, que involucra al Gobierno Departamental de Montevideo y, específicamente, a la Intendencia, se denunció la existencia de una serie de carteles alusivos colocados en el transporte urbano capitalino que desnaturalizaban la función que este importante servicio público debe prestar a la población.

Es notorio que el señor Intendente Municipal de Montevideo hizo declaraciones públicas reconociendo la razón de los reclamos que realizaron diferentes Ediles del Partido Colorado y del Partido Nacional. No obstante, asistimos a cómo, en los días previos y también en el día electoral, diversos ómnibus del transporte urbano capitalino -pude apreciar casos muy notorios en ómnibus de las empresas COETC y UCOT-, así como taxis de diferentes cooperativas, impunemente lucieron los distintivos, sin ningún tipo de control ni de sanción por parte de la Intendencia Municipal de Montevideo.

Nos parece que esto es una omisión imperdonable e injustificable del señor Intendente Municipal en primer término, del señor Director de Tránsito en segundo lugar y, por último, de todos los responsables del Gobierno Departamental de Montevideo. Creemos que actos en los cuales los servicios y los bienes públicos se utilizan con una finalidad político-partidaria constituyen signos de profunda corrupción. Son corruptos aquellos que utilizan los bienes y los servicios públicos con fines político-partidarios. No podemos dejar de expresar esto con total claridad y hacer que, de alguna manera, sirva como antecedente y como una constancia dejada en esta Sala para los futuros actos electorales que tendremos por delante. No es la primera vez, pero espero que sea la última, y anhelo que actuemos con la energía y la decisión necesarias para que sea la última.

En el caso de la Facultad de Derecho fue más grave el tema, porque en plena veda electoral se colocó un enorme cartel que prácticamente cubrió toda la fachada de la Facultad, con la autoría de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República (AFUR). Esto ha motivado la denuncia del Foro Universitario, que también, naturalmente, anunció el envío de la denuncia a la Corte Electoral. Nos parece que esto rompe la laicidad en un edificio público destinado a la educación. En definitiva, nos coloca en circunstancias tan lamentables como las que nos tocó vivir hace mucho tiempo, cuando debíamos entrar a la Universidad esquivando la bandera de Vietnam del Norte o los carteles de apoyo a la ex URSS. Nos hace retrotraer a momentos muy difíciles que debió atravesar nuestro país y en los que no queremos ver involucrada a nuestra Casa universitaria. De esta situación son responsables el Rector de la Universidad, el Decano de la Facultad de Derecho y todas las autoridades de la Universidad de la República.

Queremos que la versión taquigráfica de nuestras palabras de condena a estos actos, que calificamos nuevamente como de corrupción, sea enviada a la Intendencia Municipal de Montevideo, a la Corte Electoral, a la Universidad de la República y a la Facultad de Derecho.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Veintidós en veintisiete: AFIRMATIVA.

SEÑOR MELGAREJO.- ¡Que se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

——Nueve en veintisiete: NEGATIVA.

8.-    Cierre del teatro Puerto Luna.

Nueva edificación del Liceo Nº 2, 18 de Mayo, en la localidad de Vista Linda, departamento de Canelones.

Tiene la palabra el señor Diputado Legnani.

SEÑOR LEGNANI.- Señor Presidente: deseo referirme a dos hechos del ámbito de la cultura que marcan, en cierta manera, cuál es la importancia que se da a esta expresión de la comunidad uruguaya por parte de organismos que podrían hacer algo más en su beneficio.

En primer lugar, me refiero al lamentable hecho del cierre del teatro Puerto Luna, donde en este momento se está representando una obra candidata al premio Florencio. Al no contarse con un pequeño aporte que bien podrían realizar instituciones estatales en este ámbito, esta sala teatral se ve obligada a cerrar; y sabemos la importancia que eso tiene.

Muchas veces nos hemos referido aquí a la importancia del cine como fuente de numerosos puestos de trabajo, aparte del enriquecimiento cultural y de la promoción en el extranjero, ya que ha sido reconocido en distintos festivales y promociona nuestros diferentes paisajes, nuestra cultura y nuestra ciudad, oficiando como un mecanismo de propaganda de lo que somos.

El otro hecho que queremos destacar refiere a la reciente visita que realizamos, ante invitación de vecinos, a la localidad de Vista Linda -cercana a la ciudad de Progreso-, para ver la implantación de la nueva edificación del Liceo Nº 2, 18 de Mayo.

Esta edificación está construida en una zona inundable. En este sentido, basta preguntar a los vecinos para comprobar hasta dónde llegan los desbordes en las crecientes del arroyo. Uno de los muros de sustentación del edificio cae sobre la orilla del arroyo del Colorado, que es utilizado por los vecinos como zona de baños y recreación, lo cual es lógico; pero los estudios realizados en sus aguas por parte del Laboratorio de Higiene Ambiental, a cargo de la química farmacéutica Raquel Piaggio, han comprobado la presencia de cifras sumamente altas de coliformes fecales: hasta 24.000 unidades de colonias de colifecales cada 100 centímetros cúbicos, lo que está absolutamente por encima de los valores aceptables.

Por otra parte, la capacidad locativa de este liceo es de solo diez salas y, según los informes de que disponemos, se pretende trasladar a él 24 grupos de más de 35 alumnos cada uno que funcionan en el ciclo básico en el Liceo Nº 1.

Estos son hechos demostrativos de la poca inversión que se realiza en procura del acrecentamiento de la cultura de nuestro país. Es importante recordar que antes que la riqueza está precisamente el hecho cultural y la generación de un adecuado desarrollo e integración de las personalidades de los seres que luego van a crear la riqueza, a punto de partida de su cultura.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al Ministerio de Educación y Cultura, a la Asociación de Teatros Independientes y a las Juntas Departamentales de Canelones y Montevideo.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Veinticuatro en veinticinco: AFIRMATIVA.

9.-    55º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Tiene la palabra el señor Diputado Bellomo.

SEÑOR BELLOMO.- Señor Presidente: mañana, 10 de diciembre, se cumplirán cincuenta y cinco años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reafirma y reivindica como naturales e inalienables derechos tales como el acceso a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo -tan escaso en estos días-, el comercio y muchos otros que hacen a la vida con dignidad y libertad.

A pesar de que en el mundo -antes y después de esta Declaración- siguen produciéndose ejemplos de la más cruda barbarie, como la guerra que actualmente se libra en Irak como consecuencia de una de las más sangrientas invasiones que pueda registrar la historia, y centenas de agresiones y otros hechos dolorosos en otras latitudes, igualmente nos sentimos, porfiada más que racionalmente, optimistas.

Pese a todo, la humanidad avanza, y en el caso de nuestro Uruguay existen ejemplos positivos.

Los uruguayos todos, o al menos la gran mayoría, estamos haciendo un esfuerzo importante por el respeto y la defensa de los derechos humanos. Hay reconocimientos que deben hacerse y quiero, entonces, señalar algunas mejorías a nivel del sistema carcelario y de la Policía nacional. Dentro de un marco de graves carencias y de enormes dificultades, que tienden a agravarse y que limitan aún más las escasas posibilidades de rehabilitación en un caso y la seguridad de los ciudadanos en otro, es notoria la intención que las autoridades del Ministerio del Interior, de la Dirección Nacional de Cárceles y de la Policía nacional quieren imprimir a nivel de los subalternos y de la sociedad en general.

El combate a la corrupción conoce más de sinsabores que de alegrías, pero es imprescindible, y sus frutos, aunque escasos, importan. El trato respetuoso tanto al recluso como al ciudadano, que muchas veces brillaba por su ausencia, comienza a instalarse, y esperamos que sea para quedarse definitivamente.

No ignoro que, lamentablemente, se reiteran algunas excepciones que no hacen otra cosa que confirmar la regla. Así, por cada funcionario que deshonra al Instituto Policial, existen -felizmente- decenas que lo enaltecen.

Quiero, entonces, con claridad, señalar mi reconocimiento a esa mayoría de funcionarios honestos y abnegados que cumplen con su función, por una razón sin duda más humana y ética que económica.

Quiero sumar mi apoyo a la tarea de instrucción que en diversas reparticiones se viene realizando, con especial énfasis en el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos.

Claro está que aún resta mucho por hacer y por avanzar en esta materia en la que largos años de oscurantismo nos hicieran retroceder sensiblemente, pero es obligación de toda la sociedad encararlo con responsabilidad. La Policía nacional, integrante de ella, viene avanzando, y esto no solamente es bueno sino que se impone el reconocimiento al esfuerzo que se está realizando, aunque por supuesto esto no implica renunciar al control que seguiremos ejerciendo para que todos los ciudadanos disfruten de las garantías que la Constitución y la ley establecen.

En esta materia también es posible un Uruguay mejor. Ayudemos a construirlo.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio del Interior y que, por su intermedio, también llegue a la Dirección Nacional de Cárceles, a la Escuela Nacional de Policía y sus dependencias, a todas las Jefaturas de Policía y a las Comisiones de Seguridad Barriales, así como a los organismos de Naciones Unidas acreditados en nuestro país.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Veintiséis en veintinueve: AFIRMATIVA.

10.-    Contratación de un estudio jurídico para patrocinar al Estado en una demanda contra el Ministerio de Defensa Nacional.

Tiene la palabra el señor Diputado Castromán Rodríguez.

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Señor Presidente: el pasado 16 de setiembre, convocado por la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas, compareció el doctor Elías Bluth, en ese momento Ministro interino de Defensa Nacional, en compañía de autoridades y asesores de esa Secretaría de Estado.

Allí se dieron detalles y respuestas sobre el tema del Aeropuerto Internacional de Carrasco y del proceso de la subasta por todos nosotros conocida, desde la óptica de las autoridades comparecientes. En esa misma comparecencia se informó por parte del doctor Bluth -yo diría que con preocupación- del envío de un proyecto de resolución a la Presidencia del Tribunal de Cuentas, en la persona del General retirado contador Guillermo Ramírez, con fecha 19 de agosto de 2003, dándose cuenta de que, bajo la modalidad de contrato de obra, se recurriría al estudio jurídico de los doctores Juan Andrés Ramírez, Xavier de Mello, Herbert y Abal, para patrocinar al Estado uruguayo en la demanda contra el mencionado Ministerio, en un juicio indemnizatorio por parte de la persona Ana María Troncoso y otros, contra el Estado, Poder Ejecutivo y Ministerio de Defensa Nacional, acción contencioso administrativa reparatoria por daños y perjuicios, ficha 135/98, que se tramita ante el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de Primer Turno.

Queremos precisar que en la Sala de Abogados del Ministerio de Defensa Nacional han revistado, desde 1998 a setiembre de 2003, treinta y cinco profesionales.

Deseamos reafirmar con mucha convicción esto que estamos diciendo porque es sorprendente que esa Secretaría de Estado, con tan numeroso "staff" de profesionales en derecho, muchos de ellos altamente calificados, de alguna forma no asuma las competencias que en la materia tiene. Según se desprende de la información que poseemos, la demanda se recepcionó en la División Contencioso el 24 de noviembre de 1998 y el recurso fue presentado el 25 de noviembre, a la hora 14 y 45, sin la presencia ni intervención de ninguna de las personas que revistan en la Sala de Abogados del Ministerio de Defensa Nacional.

Este es un hecho sumamente preocupante y grave, ya que lo que reclama la parte que demanda al Estado es una suma de dinero que realmente asusta, pues asciende ni más ni menos que a US$ 68:102.429, que con ilíquidos llega a la cifra de US$ 240:460.200 -reitero: US$ 240:460.200-, además de los honorarios del patrocinante, que según la ficha 135/98 S.I./2003, ascienden a US$ 10:661.230.

De ahí, entonces, la urgente e imperiosa necesidad de contratar -decían los integrantes del Ministerio de Defensa Nacional- al estudio antes indicado, que cobrará por sus servicios US$ 170.000, a pagar en nueve cuotas iguales y consecutivas de US$ 18.917. Pero si los profesionales lograsen abatir el monto de la demanda contra el Ministerio de Defensa Nacional sumarían a los honorarios antes indicados US$ 0,075 por cada dólar abatido de la demanda, que podría llegar a ser -por qué no suponerlo- de uno, diez, cincuenta o cien millones de dólares, percibiendo otra considerable suma de miles de dólares que todos pagaremos.

Queremos decir lo que pensamos, equivocados o no, en cuanto a que esta situación demuestra una total desprolijidad, que a nuestro juicio raya en la desidia, y que además nos parece una práctica absolutamente viciosa de distintos organismos del Estado uruguayo que, teniendo abogados, ingenieros y arquitectos, contratan profesionales de esas mismas especialidades para atender cada situación que se considera que sobrepasa la capacidad de aquellos que revistan como funcionarios.

Para nosotros, este para nada es un tema menor, dado que están en juego los intereses de los uruguayos y sus bolsillos.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Tribunal de Cuentas, al Ministerio de Defensa Nacional -para que nos proporcione toda la información relativa a esta situación tan comprometida para el Erario-, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Ministerio de Economía y Finanzas -que tiene tanto celo con los dineros públicos, según las circunstancias- y a las Juntas Departamentales de todo el país.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Veintisiete en veintinueve: AFIRMATIVA.

11.-    Situación del Hipódromo de Las Piedras, en el departamento de Canelones.

Tiene la palabra el señor Diputado Mahía.

SEÑOR MAHÍA.- Señor Presidente: hoy no teníamos perspectivas de hacer uso de la palabra, pero hay un quórum muy menor. ¡Vaya uno a saber a qué se debe!

Vamos a ocuparnos de un tema que tiene que ver con el departamento de Canelones, concretamente con la ciudad de Las Piedras. Me refiero a algo que en nuestro departamento tiene historia: la situación del Hipódromo de Las Piedras.

Como es sabido, en una época el Hipódromo de Las Piedras fue municipal, luego pasó a manos privadas y, en 1985, el actual Intendente Municipal decidió irrumpir en un bien que estaba en manos privadas. Tal hecho generó un perjuicio económico a ese particular, quien realizó un juicio contra la Intendencia Municipal de Canelones, que termina -pasando por el período del Intendente Andújar- perdiendo sucesivas etapas de ese pleito. Todo ello llevó a una situación de muy difícil sostenimiento en el período pasado. En ese momento, el Gobierno Municipal decidió comprar el bien en términos que llevaron a que nuestra fuerza política se opusiera en la Junta Departamental.

Para que los señores Diputados tengan claro de qué se trata, debo decir que el precio aproximado, que aún se está pagando por este bien -el circo hípico de Las Piedras-, fue de US$ 2:700.000. Si la comparación fuera buena, diría que el precio pagado por Maroñas es mucho menor que el que aún se está pagando por el Hipódromo de Las Piedras, teniendo en cuenta las diferencias de infraestructura que hay entre uno y otro. Debido a ese negocio realizado por el Gobierno Municipal, que hoy continúan pagando los ciudadanos, dicho Hipódromo es propiedad municipal.

A través de los trabajadores y por ser poblador de la zona -no por pedidos de informes que hayan solicitado los señores Ediles, pues normalmente estos no se contestan, son mal contestados o contienen información equivocada- emprendimos la tarea de preguntarle al Tribunal de Cuentas, pues este tiene que saber qué está pasando, ya que entre sus obligaciones está la de controlar a distintos organismos. Es más: en la Intendencia Municipal de Montevideo hay una enorme cantidad de funcionarios del Tribunal de Cuentas controlando su gestión a lo largo y a lo ancho del departamento. Esto nos parece bien, pero no ocurre lo mismo con la Intendencia Municipal de Canelones.

Al Tribunal de Cuentas le hicimos una serie de preguntas, por ejemplo, acerca de la cantidad de funcionarios, de sus remuneraciones, de la naturaleza jurídica de la Comisión que administra este bien, de su recaudación y de cómo están los estados contables. La respuesta a la enorme mayoría de estas preguntas es la de que no se tenía conocimiento y que la Junta Departamental nunca había solicitado su intervención. ¡Ojalá que la Junta Departamental prontamente cambie de opinión y solicite la intervención del Tribunal de Cuentas en ese lugar!

Para mayor información, según nuestros datos, hoy se está perdiendo entre $ 180.000 y $ 200.000 por cada reunión.

En una palabra, no se sabe cuánto se recauda, no se sabe cómo se administra, no se sabe cómo se deciden las inversiones y nunca fue designada la Comisión Fiscal, lo cual debe hacerse por responsabilidad y por mandato municipal. Esta es una preocupación muy grande de parte de los vecinos de la ciudad de Las Piedras, porque no solo estamos hablando de quienes exclusivamente se dedican a la actividad hípica, sino del valor económico que esto tiene para el entorno de la ciudad de Las Piedras, para el comercio, para quienes viven en el barrio y para quienes allí trabajan, ya sea el que cuida caballos o el último vendedor ambulante.

El Hipódromo, que actualmente es deficitario y genera un déficit más a este Gobierno Municipal, día a día se está yendo a pique. Si la situación sigue así, no podemos observar pasivamente cómo se va a perder en forma inevitable una fuente laboral para mucha gente. El Municipio seguirá perdiendo dinero de todos los contribuyentes si no se busca algún tipo de solución que lleve al Parque Artigas y al Hipódromo al protagonismo que deben tener en el desarrollo de la Intendencia Municipal de Canelones y de ese barrio.

En cuanto al Tribunal de Cuentas, es muy difícil entender que se responda que no se tiene conocimiento, entre otras cosas porque cayó el sistema informático, y que, así como así, no se conteste un pedido de informes.

Concluyo expresando la enorme preocupación de los canarios en general y de los habitantes de la ciudad de Las Piedras en particular en cuanto al futuro de esta fuente laboral que estuvo cerrada durante muchos años y que tanto dinero costó al Gobierno Municipal y a sus contribuyentes.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al señor Intendente Municipal de Canelones y al Tribunal de Cuentas.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y uno en treinta y dos: AFIRMATIVA.

12.-     Posibilidad de establecer un boleto cívico en el departamento de Montevideo para las instancias electorales.

Tiene la palabra el señor Diputado Martínez.

SEÑOR MARTÍNEZ.- Señor Presidente: eventos electorales como el que protagonizamos los uruguayos el pasado domingo, en ocasiones dan por concluidos algunos debates que se instalan en la sociedad y, en otros casos, los abren.

Quiero referirme, en particular, a esa peculiar naturaleza jurídica que tiene el sufragio en nuestro ordenamiento constitucional. En Uruguay, el sufragio es considerado un derecho-deber; nadie puede impedir que emitamos nuestra voluntad cuando el soberano es convocado, pero, al mismo tiempo, todos tenemos la obligación de emitir ese voto. Creo que esa particular relación derecho-deber no debería desequilibrarse, porque en ocasiones en que el propio ordenamiento constitucional habilita la convocatoria del soberano, de pronto existen ciudadanos que quedan en inferioridad de condiciones para cumplir con su obligación de votar.

Especialmente en el departamento de Montevideo, miles y miles de vecinos, de ciudadanos, el domingo pasado debieron alterar sus finanzas personales y familiares para concurrir a las mesas electorales y cumplir con su obligación. Este hecho, que ocurre de modo sistemático cada vez que es convocada la ciudadanía, viene siendo atendido en algunos departamentos del país; así, el cumplimiento de la obligación es al mismo tiempo la satisfacción del derecho. Precisamente, el pasado domingo, en el departamento de Rivera las autoridades dispusieron la gratuidad del servicio de transporte colectivo, del mismo modo que lo hizo la Intendencia Municipal de Salto.

Con el antecedente de lo que en su momento había dispuesto el señor Intendente Tabaré Viera, tres semanas atrás sugerimos al señor Intendente de Montevideo, arquitecto Mariano Arana, que estudiara la posibilidad de establecer un boleto gratuito o decidir el abaratamiento del precio del boleto común para el domingo 7 de diciembre y, en adelante, para otras instancias o eventos electorales. De ese modo, desde el sistema público se daría una señal a la gente en cuanto al propósito del sistema democrático de que los ciudadanos valoren ese maravilloso derecho que tienen de expresar su voluntad en los eventos electorales.

Entonces, creo que hemos logrado instalar en el departamento de Montevideo un debate que tiene que ver, en definitiva, con la calidad democrática de nuestro sistema, para que los derechos se hagan materialmente posibles y para que, en el caso particular de Montevideo, algunas familias o ciertos sectores de la población no tengan que ejercer tales derechos como una carga o como el sacrificio de otros bienes o servicios de la familia.

Hoy por hoy, en Montevideo tenemos boleto playero, pero no boleto cívico. Creo que, de pronto, en la capital del país el tiempo no nos dio para que, entre todas las partes involucradas, pudiéramos hacer el abordaje y el estudio que este tema merece.

Oportunamente, el señor Salgado, Presidente de la Compañía Uruguaya de Transporte Colectivo S.A. (CUTCSA) -la empresa que día a día traslada al 61% de los pasajeros en Montevideo-, me manifestó su inclinación a considerar una opción de estas características. Sentimos que no haya sido posible tratar el tema con las autoridades municipales, en particular con el señor Intendente Municipal, en la oportunidad en que hubiera resultado verdaderamente conveniente y factible de aprobación.

Téngase presente que el 65% de la población de Montevideo tiene que utilizar servicios que se pagan a través del boleto común. Y de ninguna manera desconocemos el esfuerzo de la Intendencia Municipal de Montevideo, que atiende a diversos sectores de la población: jubilados, estudiantes y personas de determinada edad. Como todos los domingos, en particular el pasado domingo 7 de diciembre los mayores de setenta años viajaron gratuitamente en el transporte colectivo; también lo hicieron los menores de doce años, que no votan. Los mayores de setenta años sí lo hacen, pero entre los dieciocho y los setenta años miles de personas en Montevideo debieron pagar dos, cuatro o más boletos y sacrificar determinada cantidad de dinero de sus finanzas familiares para cumplir con la obligación de votar.

Entiendo que este es un asunto para seguir tratando, porque en el año 2004 los uruguayos, y en particular los montevideanos, deberemos acudir varias veces a las urnas. En ese sentido, ratifico mi propósito de que la Intendencia Municipal de Montevideo continúe estudiando este punto y que, al mismo tiempo, convoque o defina un ámbito con representación de las empresas del transporte colectivo de Montevideo, de la Corte Electoral, de la Intendencia Municipal y de la Junta Departamental a los efectos de estudiar una opción de boleto cívico en la capital del país.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Montevideo, al Congreso de Intendentes, a la Corte Electoral y a la Compañía Uruguaya de Transporte Colectivo S.A.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Veintinueve en treinta y uno: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

13.-    Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Tabaré Hackenbruch, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 9 de diciembre de 2003, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Heber Duque.

De la señora Representante Daisy Tourné, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 9 y 10 de diciembre de 2003, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora María Nelba Iriarte.

Del señor Representante Julio Lara, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 9 y 10 de diciembre de 2003, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Schubert Gambetta.

Del señor Representante Walter Vener, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 9 y 11 de diciembre de 2003 y por el día 15 de diciembre del corriente, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Mario de Pazos.

Del señor Representante Jorge Barrera, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 9 y 11 de diciembre de 2003, convocándose al suplente siguiente, señor Silver Estévez.

Del señor Representante Raúl Sendic, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 9 y 10 de diciembre de 2003, convocándose al suplente siguiente, señor Fernando Vázquez.

Del señor Representante Enrique Pintado, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 9 y 15 de diciembre de 2003, convocándose a la suplente siguiente, señor María Eloísa Moreira.

De la señora Representante Raquel Barreiro, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 9 de diciembre de 2003, convocándose a la suplente siguiente, señora Elena Ponte.

Del señor Representante José Carlos Mahía, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para asistir a la Conferencia Internacional sobre "Combate a la Violencia", en el marco del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) a desarrollarse en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, por el período comprendido entre los días 10 y 13 de diciembre de 2003, convocándose a la suplente siguiente, señora Gabriela Garrido.

Del señor Representante Carlos Pita, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para asistir a la Conferencia Internacional sobre "Combate a la Violencia", en el marco del Parlamento Latinoamericano, (PARLATINO), a desarrollarse en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, por el período comprendido entre los días 10 y 12 de diciembre de 2003, convocándose al suplente siguiente, señor Álvaro Pérez".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y cinco en treinta y seis: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Canelones, 9 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Jorge Chápper

Presente
De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 16.465, artículo único, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por el día de la fecha.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

Tabaré Hackenbruch   
Representante por Canelones".

"Montevideo, 9 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Jorge Chápper.

Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

Jorge Omar Bentancurt".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Tabaré Hackenbruch.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 9 de diciembre de 2003.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Omar Bentancurt.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994, y en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 9 de diciembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Canelones, Tabaré Hackenbruch.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Omar Bentancurt.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 9 de diciembre de 2003, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2005 del Lema Partido Colorado, señor Heber Duque.

Sala de la Comisión, 9 de diciembre de 2003.

AMBROSIO RODRÍGUEZ, GUILLERMO ÁLVAREZ".

"Montevideo, 9 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted para, amparada en la Ley Nº 16.465 Inciso 3º, solicitar licencia por motivos personales los días 9 y 10 de diciembre del año en curso.

Solicito también se convoque al suplente respectivo.

Sin más lo saluda atentamente.

DAISY TOURNÉ
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 9 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

La que suscribe Hyara Rodríguez, cédula de identidad Nº 2.923.491-3 en mi calidad de suplente de la señora Representante Daisy Tourné, comunico a usted que me encuentro imposibilitada por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocada por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Hyara Rodríguez".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daisy Tourné.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 9 y 10 de diciembre de 2003.

II) Que por esta vez, no acepta la convocatoria de que fuera objeto la suplente siguiente, señora Hyara Rodríguez .

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 9 y 10 de diciembre de 2003, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daisy Tourné.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta la suplente siguiente, señora Hyara Rodríguez.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora María Nelba Iriarte.

Sala de la Comisión, 9 de diciembre de 2003.

AMBROSIO RODRÍGUEZ, GUILLERMO ÁLVAREZ, HEBER DUQUE".

"Montevideo, 9 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper

Presente.

Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitar licencia entre los días 9 y 10 de diciembre por motivos personales.

Sin más saluda atentamente,

JULIO LARA
Representante por Canelones".

"Montevideo, 9 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper

Presente.

Por la presente me dirijo a usted a efectos de comunicar que renuncio a asumir como Representante Nacional, entre los días 9 y 10 de diciembre, en virtud de la licencia solicitada por el Diputado Julio C. Lara.

Sin más saluda atentamente,

Yamandú Castro".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Julio Lara.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 9 y 10 de diciembre de 2003.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Yamandú Castro.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 9 y 10 de diciembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Canelones, Julio Lara.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Yamandú Castro.

3) Convóquese por Secretaría por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71 del Lema Partido Nacional, señor Schubert Gambetta.

Sala de la Comisión, 9 de diciembre de 2003.

AMBROSIO RODRÍGUEZ, GUILLERMO ÁLVAREZ, HEBER DUQUE".

"Montevideo, 9 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales desde el 09 al 11 de diciembre inclusive y por el día 15 de diciembre del año en curso.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

WALTER VENER CARBONI
Representante por Soriano".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Soriano, Walter Vener.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 9 y 11 de diciembre de 2003 y por el día 15 de diciembre del corriente.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 9 y 11 de diciembre de 2003 y por el día 15 de diciembre del año en curso, al señor Representante por el departamento de Soriano, Walter Vener.

2) Convóquese por Secretaría, por el período comprendido entre los días 9 y 11 de diciembre de 2003 y por el día 15 de diciembre del corriente, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 1540 del Lema Partido Colorado, señor Mario de Pazos.

Sala de la Comisión, 9 de diciembre de 2003.

AMBROSIO RODRÍGUEZ, GUILLERMO ÁLVAREZ, HEBER DUQUE".

"Montevideo, 9 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, convocando a mi suplente respectivo los días 9, 10 y 11 del corriente.

Saluda a usted muy atentamente.

JORGE BARRERA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 9 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de comunicarle que por esta única vez no acepto la convocatoria para integrar ese Cuerpo.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar a usted con mi más alta consideración.

Leonardo Costa".

"Montevideo, 9 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente del Diputado Jorge Barrera, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Saluda a usted muy atentamente.

Guillermo Silva Grucci".

"Montevideo, 9 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente del Diputado Jorge Barrera, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Saluda a usted muy atentamente.

Álvaro Berrutti".

"Montevideo, 9 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente del Diputado Jorge Barrera, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Saluda a usted muy atentamente.

Humberto Bellora".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Barrera.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 9 y 11 de diciembre de 2003.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes correspondientes siguientes, señores Leonardo Costa, Guillermo Silva Grucci, Álvaro Berrutti, y Humberto Bellora.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 9 y 11 de diciembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Barrera.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes, señores Leonardo Costa, Guillermo Silva Grucci, Álvaro Berrutti y Humberto Bellora.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Silver Estévez.

Sala de la Comisión, 9 de diciembre de 2003.

AMBROSIO RODRÍGUEZ, GUILLERMO ÁLVAREZ, HEBER DUQUE".

"Montevideo, 9 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465, solicito se me autorice el goce de licencia por motivos personales por los días 9 y 10 de diciembre de 2003.

Sin más lo saluda atentamente,

RAÚL SENDIC
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 9 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria de dicha Cámara para sustituir al Diputado Raúl Sendic, comunico que por esta vez no acepto y solicito que se cite al suplente siguiente Sr. Fernando Vázquez.

Sin más lo saluda atentamente,

Eduardo Rubio".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Raúl Sendic.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 9 y 10 de diciembre de 2003.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Eduardo Rubio.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 9 y 10 de diciembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Raúl Sendic.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente señor Eduardo Rubio.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Fernando Vázquez.

Sala de la Comisión, 9 de diciembre de 2003.

AMBROSIO RODRÍGUEZ, GUILLERMO ÁLVAREZ, HEBER DUQUE".

"Montevideo, 8 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración.

Por la presente solicito a Ud. licencia por motivos personales entre los días 9 al 15 del corriente mes de 2003.

Sin otro particular, lo saluda atentamente.

ENRIQUE PINTADO
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 8 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Enrique Pintado, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente.

Jorge Iribarnegaray".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Enrique Pintado.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 9 y 15 de diciembre de 2003.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Iribarnegaray.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 9 y 15 de diciembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Enrique Pintado.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente, señor Jorge Iribarnegaray.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora María Eloísa Moreira.

Sala de la Comisión, 9 de diciembre de 2003.

AMBROSIO RODRÍGUEZ, GUILLERMO ÁLVAREZ, HEBER DUQUE".

"Montevideo, 9 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por el día de la fecha, por motivos personales.

Sin más saluda atentamente,

RAQUEL BARREIRO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Raquel Barreiro.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 9 de diciembre de 2003.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 9 de diciembre de 2003, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Raquel Barreiro.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 9 de diciembre de 2003, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Elena Ponte.

Sala de la Comisión, 9 de diciembre de 2003.

AMBROSIO RODRÍGUEZ, GUILLERMO ÁLVAREZ, HEBER DUQUE".

"Montevideo, 9 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi consideración:

Durante los días 11 y 12 del corriente mes se realizará en la ciudad de San Pablo, Brasil, la conferencia Internacional de Combate a la Violencia en el marco del PARLATINO.

Por este motivo, y al amparo del literal b) del artículo único de la Ley Nº 16.465, solicito licencia por el período comprendido entre los días 10 al 13 del corriente inclusive.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente,

JOSÉ CARLOS MAHÍA
Representante por Canelones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía, para asistir a la Conferencia Internacional de Combate a la Violencia en el marco del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 10 y 13 de diciembre de 2003.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia en misión oficial, al señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía por el período comprendido entre los días 10 y 13 de diciembre de 2003, para asistir a la Conferencia Internacional de Combate a la Violencia en el marco del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil.

2) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Gabriela Garrido.

Sala de la Comisión, 9 de diciembre de 2003.

AMBROSIO RODRÍGUEZ, GUILLERMO ÁLVAREZ, HEBER DUQUE".

"Montevideo, 9 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito se me conceda licencia desde el día 10 de diciembre hasta el 12 de diciembre inclusive, a fin de participar en misión oficial como integrante de la Comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano a la Conferencia Internacional sobre "Combate a la Violencia" a desarrollarse en San Pablo, Brasil.

Asimismo solicito se proceda a la convocatoria del suplente respectivo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

CARLOS PITA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 9 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

En virtud de la solicitud de licencia cursada por el señor Representante Nacional Dr. Carlos Pita, manifiesto a usted que por esta única vez no acepto la convocatoria de que he sido objeto.

Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente.

Gonzalo Reboledo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Pita, para asistir como integrante de la Comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a la Conferencia Internacional sobre "Combate a la Violencia", a desarrollarse en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 10 y 12 de diciembre de 2003.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria el suplente siguiente señor Gonzalo Reboledo.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y en el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Pita, por el período comprendido entre los días 10 y 12 de diciembre de 2003, para asistir como integrante de la Comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a la Conferencia Internacional sobre "Combate a la Violencia", a desarrollarse en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil.

2) Acéptase la negativa presentada por el suplente siguiente, señor Gonzalo Reboledo.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Álvaro Pérez.

Sala de la Comisión, 9 de diciembre de 2003.

AMBROSIO RODRÍGUEZ, GUILLERMO ÁLVAREZ, HEBER DUQUE".

14.-    Llamado a Sala al señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

——La Mesa informa a los señores Diputados que la sesión correspondiente al llamado a Sala sobre diversos aspectos de la gestión del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tendrá lugar el próximo jueves 11, a la hora 15.

15.-     Aplazamiento.

Preferencias.

Se entra al orden del día.

Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Barrera, Bayardi y Díaz.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se postergue la consideración del primer punto del orden del día hasta la sesión ordinaria de mañana".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y seis en treinta y ocho: AFIRMATIVA.

16.-    Seguro para el Control de la Brucelosis. (Creación).

Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Seguro para el Control de la Brucelosis. (Creación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1496

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 7 de noviembre de 2003.

Señor Presidente de la Asamblea General
Profesor Luis Hierro López.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a efectos de someter a su consideración, el adjunto proyecto de ley, por el que se crea el Seguro para el Control de la Brucelosis (SCB).

Por Ley Nº 12.937, de 9 de noviembre de 1961, se declara obligatoria la lucha contra la brucelosis en todo el territorio nacional y se establecen una serie de medidas al respecto. La Ley Nº 13.892, de 20 de octubre de 1970, en su artículo 470, modifica la redacción de la Ley Nº 12.937 en los artículos 4º, 5º y 7º.

La Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, (Rendición de Cuentas), en su artículo 57, establece que las plantas de faena sujetas a inspección veterinaria oficial, deberán recibir y faenar los animales que se les envíen en cumplimiento de medidas sanitarias dispuestas por la autoridad competente; siendo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca quien determinará, de acuerdo a las circunstancias del caso y a la propuesta de la Dirección General de Servicios Ganaderos, los establecimientos apropiados y el destino final del producto de dicha faena. Posteriormente este artículo fue reglamentado por el Decreto 265/998, de 23 de setiembre de 1998.

Habiéndose recabado la opinión favorable de las gremiales de productores rurales, sociedad médica veterinaria y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se llegó a la conclusión de la conveniencia de crear un Seguro para el Control de la Brucelosis (SCB), con el apoyo de todos los productores con el destino de complementar el precio obtenido por el animal bovino reaccionante positivo (infectado) enviado a faena.

Este seguro se financiará con los aportes de los productores, gravando la faena de cada res bovina y la leche recibida en las plantas, las que serán agentes de retención.

La vigencia de este aporte se estima conveniente establecerla dentro de un período de un año prorrogable.

La Comisión de Administración que se crea tendrá la titularidad, administración y disposición del mismo y estará integrada por un delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y un delegado y su alterno por la Asociación Rural del Uruguay, Cooperativas Agrarias Federadas, Comisión Nacional de Fomento Rural, Federación Rural del Uruguay, Asociación Nacional de Productores de Leche e Intergremial de Productores de Leche, todos ellos con sus respectivos alternos.

A los efectos de contemplar situaciones de similar naturaleza ocurridos con anterioridad a la vigencia de la presente ley, se prevé la autorización para otorgar adelantos a los productores afectados, con cargo al Fondo Permanente de Indemnización creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989, con cargo de oportuna devolución.

El complemento del precio a los productores afectados será de monto fijo, de acuerdo a la categoría del animal, y su asignación y pago estará condicionado a la existencia efectiva de fondos.

Saluda al señor Presidente con toda consideración,

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, MARTÍN AGUIRREZABALA, ÁLVARO ROSSA.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Créase el Seguro para el Control de la Brucelosis (SCB) con destino a complementar el precio obtenido por el animal bovino reaccionante positivo (infectado) enviado a faena, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 12.937, de 9 de noviembre de 1961, y normas reglamentarias vigentes.

Artículo 2º.- El seguro creado en el artículo precedente se financiará:

A) Mediante el aporte como máximo en pesos uruguayos al equivalente de U$S 0,26 (veintiséis centavos de dólar estadounidense) que gravará la faena de cada res bovina (vaca o vaquillona mayor de dos dientes), llevada a cabo por todos los establecimientos de faena de bovinos.

B) Mediante el aporte como máximo en pesos uruguayos al equivalente de U$S 0.074 (setenta y cuatro milésimas de dólar estadounidense) cada mil litros de leche recibidos en las plantas elaboradoras.

C) Mediante el aporte como máximo en pesos uruguayos al equivalente de U$S 0.074 (setenta y cuatro milésimas de dólar estadounidense) cada mil litros de leche que se exporte, recibido para su pasteurización en la planta industrial. A tales efectos, la Dirección Nacional de Aduanas no autorizará el despacho, sin la presentación del comprobante del depósito correspondiente.

En todos los casos, se tomará como base de cálculo la cotización interbancaria fondo comprador del día anterior al depósito.

Serán contribuyentes las personas físicas o jurídicas remitentes a dichos establecimientos, y el aporte será percibido y depositado por las empresas titulares de todos los establecimientos mencionados precedentemente, en el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).

Las sumas retenidas deberán ser depositadas dentro del plazo de quince días corridos, luego de la finalización de cada mes.

Se abrirán dos cuentas corrientes en las que aportarán por separado el sector de ganado de carne y el sector de ganado lechero, y cada una de ellas cubrirá el sector correspondiente.

Artículo 3º.- Los productores cuyos animales hubiesen sido enviados a faena en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 12.937, de 9 de noviembre de 1961, y normas reglamentarias vigentes, recibirán una compensación diferencial de U$S 250 (doscientos cincuenta dólares estadounidenses) por cada vaca lechera y U$S 60 (sesenta dólares estadounidenses) por cada bovino de carne enviados a faena obligatoria.

Dicha compensación se generará dentro del primer año de aplicación de la presente ley, pudiéndose tener en cuenta las situaciones de similar naturaleza ocurridas durante el año 2002 y que no hayan sido reparadas.

Artículo 4º.- El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos podrá afectar el Fondo Permanente de Indemnización creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989, a efectos de otorgar adelantos a los productores afectados, con cargo de oportuna devolución. La afectación del Fondo citado y los adelantos se otorgarán exclusivamente dentro de los seis primeros meses de vigencia de la presente ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto expresamente por el artículo 7º, la reglamentación establecerá la forma, plazo y condiciones en que operará la devolución, pudiendo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca afectar todo o parte la recaudación del Seguro para el Control de la Brucelosis (SCB) a tales efectos.

El efectivo pago de la compensación diferencial prevista en el artículo 3º de la presente ley, estará condicionado a la existencia de fondos en las cuentas corrientes, no pudiéndose comprometer pagos que no estén debidamente respaldados por la existencia de los mismos.

Artículo 5º.- La titularidad, administración y disposición del Seguro para el Control de la Brucelosis corresponderá a una Comisión de Administración integrada por un delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y su alterno, un delegado y su correspondiente alterno designado por la Asociación Rural del Uruguay, Cooperativas Agrarias Federadas, Comisión Nacional de Fomento Rural, Federación Rural del Uruguay, Asociación Nacional de Productores de Leche e Intergremial de Productores de Leche.

La Comisión tomará sus resoluciones por mayoría simple. La Presidencia será rotativa, correspondiendo la primera a quien sus integrantes designen. Esta Comisión también comunicará quienes serán los designados para firmar las erogaciones decididas, debiendo expresamente a tales efectos intervenir el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Artículo 6º.- La Comisión de Administración deberá:

1) Disponer los medios necesarios para depositar, ceder, colocar, invertir, ofrecer en garantía los fondos que se devenguen durante el transcurso del período en que estos queden afectados en las cuentas del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), teniendo especialmente en cuenta lo establecido por el artículo 4º in fine.

2) Presentar los estados contables, informar trimestralmente el estado de situación del Seguro de Control de la Brucelosis, indicando los aportes vertidos por cada agente de retención, al que se deberá dar adecuada difusión.

3) Efectuar el contralor de los aportes, disponer y efectuar los pagos de las diferencias constatadas de acuerdo al artículo 3º de la presente ley, realizar por sí o por terceros las auditorías que estime convenientes, solicitar a los agentes de retención la documentación y declaraciones pertinentes, y toda otra medida tendiente a su cumplimiento.

Artículo 7º.- La vigencia de los aportes y el pago de la compensación diferencial será de un año contado a partir de la vigencia de la presente ley. La alícuota que gravará el aporte previsto en el artículo 2º de esta ley, la prorroga de su recaudación a los efectos de cancelar la deuda con el Fondo Permanente de Indemnización creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989, así como el pago de la compensación diferencial, serán dispuestas privativamente por el Poder Ejecutivo.

Artículo 8º.- El incumplimiento de los obligados, ya sean contribuyentes o agentes de retención dará lugar a la iniciación de los procedimientos judiciales tendientes a su cumplimiento. La liquidación que realice la Comisión de Administración en cuanto a la deuda de los omisos en el pago o el depósito, constituirá título ejecutivo.

Para la formulación de la liquidación se aplicarán las disposiciones del Código Tributario.

Artículo 9º.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y su reglamentación dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996. Las sanciones previstas en esta ley son sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 351 del Código Penal, cuando corresponda.

Artículo 10.- Los fondos que resulten de la aplicación del artículo 2º de la presente ley serán inembargables.

Los gastos de administración no podrán superar el 1% (uno por ciento) de los aportes mensuales que se realicen al seguro.

Montevideo, 7 de noviembre de 2003.

MARTÍN AGUIRREZABALA, ÁLVARO ROSSA".

Anexo I al
Rep. 1496

"CÁMARA DE REPRESENTANTES
Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca aconseja al plenario la aprobación del proyecto de ley por el que se crea el Seguro para el Control de la Brucelosis.

En oportunidad de reunirse en forma especial en la ciudad de San José, esta asesora recibió a las gremiales del departamento, que plantearon con mucha preocupación el tema.

Es de hacer notar que, la enfermedad es una zoonosis, es decir que, se trasmite al ser humano y el síntoma más evidente es el aborto de la hembra bovina. La forma de controlarla es eliminando los animales portadores enviándolos al frigorífico, donde se recibe aproximadamente el 70% del valor carne del animal y perdiéndose, en el caso de animales lecheros, su producción y toda la inversión genética sobre el animal y sus descendientes.

Este Fondo apunta a resarcir al productor de estas pérdidas y seguramente constituye un incentivo importante para su colaboración en la lucha contra la enfermedad.

Contribuirán al Fondo productores ganaderos, a través de un aporte por bovino faenado y los productores lecheros, lo harán de acuerdo a los litros de leche remitidos a planta y de los que se exportan sin industrializar.

Estos aportes irán a dos cuentas en el Banco de la República Oriental del Uruguay, separadas por rubros. Es decir, que en una cuenta se depositarán los aportes del sector ganadero y en la otra, los del sector lechero y cada una de ellas cubrirá al sector correspondiente.

La administración del Fondo estará a cargo de una Comisión integrada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y delegados de las gremiales agropecuarias.

Se establece también, el monto a recibir por animal enviado a faena y se autoriza a usar recursos del Fondo de Aftosa para indemnizar a los productores afectados. En la medida que el Fondo de Brucelosis recaude, devolverá al Fondo de Aftosa los recursos utilizados.

Finalmente, debemos destacar que este proyecto de ley cuenta con amplios consensos, tanto de los productores agropecuarios, así como de esta Comisión donde fue aprobado por unanimidad, rápidamente.

Sala de la Comisión, 18 de noviembre de 2003.

LEONEL HEBER SELLANES, Miembro Informante, ERNESTO AGAZZI, RICARDO BEROIS QUINTEROS, EDUARDO CHIESA BORDAHANDY, GUSTAVO GUARINO, GUIDO MACHADO, FRANCISCO ORTIZ.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Créase el Seguro para el Control de la Brucelosis (SCB) con destino a complementar el precio obtenido por el animal bovino reaccionante positivo (infectado) enviado a faena, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 12.937, de 9 de noviembre de 1961, y normas reglamentarias vigentes.

Artículo 2º.- El seguro creado en el artículo precedente se financiará:

A) Mediante el aporte como máximo en pesos uruguayos al equivalente de U$S 0,26 (veintiséis centavos de dólar de los Estados Unidos de América) que gravará la faena de cada res bovina (vaca o vaquillona mayor de dos dientes), llevada a cabo por todos los establecimientos de faena de bovinos.

B) Mediante el aporte como máximo en pesos uruguayos al equivalente de U$S 0,074 (setenta y cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América) cada 1.000 litros de leche recibidos en las plantas elaboradoras.

C) Mediante el aporte como máximo en pesos uruguayos al equivalente de U$S 0,074 (setenta y cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América) cada 1.000 litros de leche que se exporte, recibido para su pasteurización en la planta industrial. A tales efectos, la Dirección Nacional de Aduanas no autorizará el despacho, sin la presentación del comprobante del depósito correspondiente.

En todos los casos, se tomará como base de cálculo la cotización interbancaria -fondo comprador- del día anterior al depósito.

Serán contribuyentes las personas físicas o jurídicas remitentes a dichos establecimientos, y el aporte será percibido y depositado por las empresas titulares de todos los establecimientos mencionados precedentemente, en el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).

Las sumas retenidas deberán ser depositadas dentro del plazo de quince días corridos, luego de la finalización de cada mes.

Se abrirán dos cuentas corrientes en las que aportarán por separado el sector de ganado de carne y el sector de ganado lechero, y cada una de ellas cubrirá el sector correspondiente.

Artículo 3º.- Los productores cuyos animales hubiesen sido enviados a faena en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 12.937, de 9 de noviembre de 1961, y normas reglamentarias vigentes, recibirán una compensación diferencial de U$S 250 (doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) por cada vaca lechera y U$S 60 (sesenta dólares de los Estados Unidos de América) por cada bovino de carne enviados a faena obligatoria.

Dicha compensación comprenderá situaciones generadas a partir del año 2002, que no hayan sido reparadas.

Artículo 4º.- El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos podrá afectar el Fondo Permanente de Indemnización creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989, a efectos de otorgar adelantos a los productores afectados, con cargo de oportuna devolución. La afectación del Fondo citado y los adelantos se otorgarán exclusivamente dentro de los seis primeros meses de vigencia de la presente ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto expresamente por el artículo 7º, la reglamentación establecerá la forma, plazo y condiciones en que operará la devolución, pudiendo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca afectar todo o parte la recaudación del Seguro para el Control de la Brucelosis (SCB) a tales efectos.

El efectivo pago de la compensación diferencial prevista en el artículo 3º de la presente ley, estará condicionado a la existencia de fondos en las cuentas corrientes, no pudiéndose comprometer pagos que no estén debidamente respaldados por la existencia de los mismos.

Artículo 5º.- La titularidad, administración y disposición del Seguro para el Control de la Brucelosis (SCB) corresponderá a una Comisión de Administración integrada por un delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y su alterno, un delegado y su correspondiente alterno designado por la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Cooperativas Agrarias Federadas, Comisión Nacional de Fomento Rural, Federación Rural del Uruguay, Asociación Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE) e Intergremial de Productores de Leche.

La Comisión tomará sus resoluciones por mayoría simple. La Presidencia será rotativa, correspondiendo la primera a quien sus integrantes designen. Esta Comisión también comunicará quiénes serán los designados para firmar las erogaciones decididas, debiendo expresamente a tales efectos intervenir el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Artículo 6º.- La Comisión de Administración deberá:

1) Disponer los medios necesarios para depositar, ceder, colocar, invertir, ofrecer en garantía los fondos que se devenguen durante el transcurso del período en que estos queden afectados en las cuentas del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), teniendo especialmente en cuenta lo establecido por el artículo 4º "in fine".

2) Presentar los estados contables, informar trimestralmente el estado de situación del Seguro de Control de la Brucelosis (SCB), indicando los aportes vertidos por cada agente de retención, al que se deberá dar adecuada difusión.

3) Efectuar el contralor de los aportes, disponer y efectuar los pagos de las diferencias constatadas de acuerdo al artículo 3º de la presente ley, realizar por sí o por terceros las auditorías que estime convenientes, solicitar a los agentes de retención la documentación y declaraciones pertinentes, y toda otra medida tendiente a su cumplimiento.

Artículo 7º.- La vigencia de los aportes y el pago de la compensación diferencial será de un año contado a partir de la vigencia de la presente ley. La alícuota que gravará el aporte previsto en el artículo 2º de esta ley, la prórroga de su recaudación a los efectos de cancelar la deuda con el Fondo Permanente de Indemnización creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989, así como el pago de la compensación diferencial, serán dispuestas privativamente por el Poder Ejecutivo.

Artículo 8º.- El incumplimiento de los obligados, ya sean contribuyentes o agentes de retención dará lugar a la iniciación de los procedimientos judiciales tendientes a su cumplimiento. La liquidación que realice la Comisión de Administración en cuanto a la deuda de los omisos en el pago o el depósito, constituirá título ejecutivo.

Para la formulación de la liquidación se aplicarán las disposiciones del Código Tributario.

Artículo 9º.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y su reglamentación dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996. Las sanciones previstas en esta ley son sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 351 del Código Penal, cuando corresponda.

Artículo 10.- Los fondos que resulten de la aplicación del artículo 2º de la presente ley serán inembargables.

Los gastos de administración no podrán superar el 1% (uno por ciento) de los aportes mensuales que se realicen al seguro.

Sala de la Comisión, 18 de noviembre de 2003.

LEONEL HEBER SELLANES, Miembro Informante, ERNESTO AGAZZI, RICARDO BEROIS QUINTEROS, EDUARDO CHIESA BORDAHANDY, GUSTAVO GUARINO, GUIDO MACHADO, FRANCISCO ORTIZ".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Sellanes.

SEÑOR SELLANES.- Señor Presidente: la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca aconseja al plenario aprobar en el día de hoy este proyecto de ley, que ha sido discutido y analizado en profundidad y que hace bastante tiempo que viene siendo reclamado por las asociaciones de productores, tanto lecheros como ganaderos, y ha contado con el apoyo unánime de la Comisión.

En la elaboración de esta iniciativa tuvo un gran protagonismo la Asociación Rural de San José, lo que me parece necesario destacar. Por suerte, en el día de hoy tenemos la posibilidad de aprobarla.

Esta enfermedad, la brucelosis, es una zoonosis, es decir que se trasmite al ser humano, y ha golpeado fuertemente a los departamentos de Rocha y San José en formas diferentes por tener, a su vez, características y producciones distintas. En el departamento de Rocha ha afectado básicamente al ganado de carne y en el de San José al ganado lechero. Esta enfermedad tiene como único síntoma aparente el aborto, y la única forma de control es eliminar a los animales reaccionantes positivo, porque, de lo contrario, quedan como portadores y siguen trasmitiendo la enfermedad en los rodeos vecinos.

Los frigoríficos que reciben a estos animales -se pueden enviar allí, porque la carne no tiene problemas- han pagado a los productores a partir del año 2001, cuando hubo un repunte de la enfermedad, el 70% del valor carne, debido a que sacrificar a este tipo de animales tiene un costo adicional, ya que se debe proceder a la desinfección de las plantas. Generalmente se trata de pocos animales, y eso hace que los costos operativos se vayan para arriba. Por lo tanto, los productores reciben solo el 70% del valor carne. Los productores de leche tienen una mayor pérdida, porque pierden la producción de leche y además toda la inversión genética realizada en el animal que es necesario enviar al frigorífico.

Una manera de incentivar a que los productores denuncien la enfermedad y pueda intervenir el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, haciendo que estos animales reaccionantes sean enviados a los frigoríficos y tomando algunas otras medidas -como la vacunación del rodeo infectado y la vacunación en el perifoco para que la enfermedad no se propague-, es que este Fondo indemnice a los productores afectados y a los que van a serlo en el futuro.

El proyecto de ley prevé dos cosas muy importantes, desde mi punto de vista. La primera de ellas es que para resarcir a los productores afectados se recurra a los recursos que se encuentran aún en el Fondo de Indemnización de la Fiebre Aftosa. Por este motivo, los productores afectados hasta ahora recibirían este resarcimiento en forma inmediata y el Fondo de Brucelosis lo devolvería luego al Fondo de Aftosa, a medida que vaya recaudando.

La segunda cuestión importante es que este Fondo, que no cuesta absolutamente nada a Rentas Generales ni al Estado y que va a ser financiado exclusivamente por los productores, prevé la creación de dos cuentas en el Banco de la República Oriental del Uruguay: una para los aportes que realice la producción ganadera y otro para los que realice la producción lechera, como forma de que ambos sectores se autofinancien y no tengan problemas internos a la hora de efectuar los pagos.

Es necesario destacar un tercer aspecto, que me parece importante. Este Fondo va a ser administrado por los propios productores -que son los que en realidad lo generan-, con la intervención de un delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, lo cual va a dar absoluta transparencia al manejo de estos recursos en cuanto a que se destinen para lo que fueron creados y permitirá que los productores, que son los que pagan, tengan la garantía de que se va a hacer un buen uso de ellos.

Este proyecto de ley tiene amplio consenso entre los productores rurales, las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y los integrantes de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, que, como dije, lo hemos aprobado por unanimidad. Por lo tanto, aconsejamos a la Cámara su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en cuarenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

SEÑOR SELLANES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR SELLANES.- Señor Presidente: en virtud del consenso que tiene este proyecto, mocionamos para que se suspenda la lectura y se voten en bloque todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta realizada.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta: AFIRMATIVA.

En discusión la totalidad de los artículos.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 1º a 10, inclusive.

(Se vota)

——Cuarenta y ocho en cincuenta: AFIRMATIVA.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Señor Presidente: hemos votado afirmativamente porque entendemos que es un proyecto de ley importante, que soluciona un problema que en los últimos años ha causado grandes perjuicios económicos a los productores, fundamentalmente a los lecheros. Pero no debemos pasar por alto que si bien es cierto que esto no ocasiona ninguna erogación a Rentas Generales, ya que los propios productores van a ser quienes aportarán estos fondos para la indemnización, la presencia de la brucelosis en la actualidad en el rodeo vacuno uruguayo es, en un alto porcentaje, responsabilidad de las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Recordemos que esta enfermedad se controlaba por vacunación obligatoria de los médicos veterinarios y con una gran colaboración de los productores, pero de un día para el otro se suspendió esta vacunación. Como toda enfermedad en proceso de erradicación, debería haber sido controlada por el Ministerio, pero eso no se hizo. Entonces, la tormenta de abortos que en los últimos tres años ha afectado al ganado vacuno es responsabilidad, repito, de las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que una vez más ven salvada dicha responsabilidad con el esfuerzo de los productores agropecuarios.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- La Mesa aclara que para aprobar la comunicación de inmediato se requieren cincuenta votos conformes.

Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

17.-     Libertad de comercio y preservación de la libre competencia. (Normas).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Libertad de comercio y preservación de la libre competencia. (Normas)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1069

"PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. (Principio general).- Todos los sectores de mercado estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia, excepto las limitaciones establecidas por ley, por razones de interés general.

Se prohíben en general todas las prácticas, individuales o concertadas, que tengan por efecto, produzcan, o amenacen producir el efecto de restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia, actual o futura, en una parte sustancial de cualquier sector del mercado.

La conquista del mercado resultante de la mayor eficiencia en relación con los competidores, no constituye restricción de la competencia.

Artículo 2º. (Ámbito subjetivo).- Están obligadas a regirse por los principios y reglas de la libre competencia todas las personas, físicas y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que desarrollen actividades económicas con o sin fines de lucro, en el territorio uruguayo.

Quedan también obligados en idénticos términos, quienes desarrollen actividades económicas en el extranjero, en tanto las mismas desplieguen total o parcialmente sus efectos en el territorio uruguayo.

Artículo 3º. (Prácticas prohibidas).- Entre otras prácticas, se declaran expresamente prohibidas las que se indican a continuación. La enumeración que se realizará es a título meramente enunciativo.

1) Los acuerdos entre competidores; los acuerdos entre agentes económicos que operan en distintas etapas del proceso de producción, distribución o comercialización de una misma clase de bienes o servicios; y los acuerdos entre agentes económicos que operan en la misma o en distintas etapas del proceso de producción, distribución o comercialización de bienes o servicios complementarios o sustitutos; que tengan como propósito o efecto:

A) Fijar precios y/o condiciones de compra de bienes, servicios o factores productivos, a proveedores.

B) Fijar precios y/o condiciones de venta de bienes, servicios o factores productivos.

C) Limitar la producción de bienes, servicios o factores productivos.

D) Limitar la investigación y el desarrollo tecnológico.

E) Establecer zonas o actividades donde alguno o algunos de los agentes económicos operen en forma exclusiva, absteniéndose los restantes de operar en las mismas.

F) Coordinar su presentación o abstención a licitaciones o concursos de precios, públicos o privados.

G) Intercambiar información con los mismos propósitos o efectos expresados en las prácticas anteriormente descriptas.

2) El ejercicio abusivo del poder de mercado, individual o colectivo, consistente en:

A) Imponer precios y/o condiciones de compra a proveedores.

B) Imponer precios y/o condiciones de venta.

C) Fijar precios predatorios para bienes o servicios.

D) Acaparar insumos.

E) Establecer precios y/o condiciones de venta discriminatorios respecto de quienes adquieren cantidades similares de bienes, servicios o factores productivos.

F) Impedir el acceso de competidores a infraestructuras que sean esenciales para la producción, y/o distribución, y/o comercialización de bienes, servicios o factores productivos.

G) Limitar injustificadamente la producción de bienes o servicios, o la investigación y el desarrollo tecnológico.

H) Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro, o a la utilización de un servicio.

I) Subordinar la prestación de un servicio a la utilización de otro, o a la adquisición de un bien.

J) Subordinar la venta o adquisición de bienes o servicios, a la condición de no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o servicios producidos o comercializados por terceros.

3) Las mismas prácticas ya enunciadas, cuando sean resueltas a través de asociaciones o gremiales de agentes económicos, salvo el ejercicio del derecho de huelga consagrado por el artículo 57 de la Constitución de la República.

Artículo 4º. (Mercado relevante).- A efectos de evaluar si una práctica afecta una parte sustancial de uno o más sectores de mercado, deberá determinarse cuál es el mercado relevante al que corresponde la misma, analizando la existencia de productos o servicios sustitutos, así como el ámbito geográfico comprendido por el mismo. La reglamentación establecerá los criterios generales para la determinación del mercado relevante y la competencia del órgano de aplicación en esta materia.

Artículo 5º. (Poder de mercado).- Se considerará que existe poder de mercado, cuando un agente económico actuando en forma individual, o varios agentes económicos actuando en forma coordinada, se encuentran en alguna de las siguientes situaciones:

A) Pueden decidir las estrategias de mercado, sin tomar en cuenta las posibles conductas de sus competidores.

B) Pueden imponer unilateralmente a alguno de los agentes económicos que forman parte de la cadena de distribución de un determinado producto o servicio, las condiciones de la oferta o de la demanda del mismo.

Artículo 6º. (Ganancias de eficiencia).- A efectos de valorar la legitimidad o ilegitimidad de los acuerdos entre competidores y de las decisiones de asociaciones o gremiales de agentes económicos, que importen una reducción de la competencia, el órgano de aplicación tomará en cuenta si esas prácticas generan ganancias de eficiencia en el desempeño económico de los sujetos, unidades económicas y empresas involucrados, y el beneficio que los mismos trasladan a los consumidores.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE PRÁCTICAS PROHIBIDAS

Artículo 7º. (Competencia).- El órgano de aplicación será competente para desarrollar los procedimientos tendientes a investigar y sancionar las prácticas prohibidas por la presente ley. Podrá actuar de oficio o por denuncia.

Artículo 8º. (Medidas preparatorias).- Antes de iniciar formalmente una investigación, el órgano de aplicación podrá requerir información de cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que le permita tomar conocimiento de actos o hechos relativos a la conformación de los distintos sectores de mercado y a las prácticas que se realizan en los mismos.

Asimismo, si lo estimare oportuno, y sin necesidad de justificar la necesidad o conveniencia de recurrir a la vía judicial, el órgano de aplicación podrá requerir ante la Justicia ordinaria la realización de medidas probatorias con carácter reservado y sin noticia de los eventuales investigados o terceros, tales como la exhibición y obtención de copias de documentos civiles y comerciales, libros de comercio, libros de actas de órganos sociales, bases de datos contables y correspondencia.

A tales efectos serán competentes los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo y los Jueces Letrados de Primera Instancia del interior, según corresponda.

Artículo 9º. (Actuación de oficio).- Cuando el órgano de aplicación considere que en algún sector de mercado se pudieran estar desarrollando, o llegarse a desarrollar, prácticas anticompetitivas prohibidas por la presente ley, iniciará de oficio una investigación tendiente al esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables.

Conferirá vista de la resolución adoptada a los presuntos infractores, poniendo en conocimiento de los mismos los hechos y fundamentos que motivan el acto.

Artículo 10. (Presentación de la denuncia).- Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, puede denunciar la existencia de prácticas prohibidas, sin necesidad de acreditar interés legítimo o derecho subjetivo.

La denuncia deberá presentarse por escrito ante el órgano de aplicación, conteniendo la identificación del denunciante y la descripción precisa de la conducta presuntamente anticompetitiva que está siendo desarrollada o se planea desarrollar, acompañando en la misma oportunidad los medios probatorios que dan mérito a la misma.

Sin perjuicio de que el denunciante deberá identificarse en todos los casos, podrá solicitar al órgano de aplicación, por motivos fundados, que mantenga reserva acerca de su persona.

El órgano de aplicación deberá expedirse sobre la pertinencia de la denuncia en el plazo de diez días corridos contados desde el siguiente a la presentación de la misma. En caso afirmativo, conferirá vista a los presuntos infractores.

Si el órgano de aplicación entendiere que, además de los sujetos denunciados expresamente por el denunciante, pudieran existir otras personas que también fueran presuntamente infractores de los preceptos de esta ley, también conferirá vista a las mismas, con idénticos propósitos y consecuencias que si hubieren sido denunciados.

Artículo 11. (Evacuación de vista).- Tanto en los procedimientos iniciados de oficio, como en los iniciados por denuncia, el presunto infractor de la realización de prácticas anticompetitivas dispondrá, para evacuar la vista que se le confiera, de un plazo de diez días corridos contados desde el siguiente a la notificación, debiendo ofrecer en esa misma oportunidad, la totalidad de la prueba de que disponga para acreditar los hechos que invoque.

El presunto infractor podrá examinar el expediente y tendrá acceso a todos los elementos de prueba agregados al mismo, salvo los que revistan a criterio del órgano de aplicación la calidad de confidenciales.

Artículo 12. (Prosecución o clausura de las actuaciones).- Dentro del plazo de diez días corridos contados desde la evacuación de la vista por parte del presunto infractor, o de vencido el plazo de que disponía para hacerlo, el órgano de aplicación dictará resolución disponiendo la prosecución de los procedimientos o su clausura, según exista o no mérito suficiente para ello.

Tanto en los procedimientos iniciados de oficio como por denuncia, para el caso de resolver la prosecución del procedimiento, el órgano de aplicación deberá expedirse simultáneamente sobre la prueba ofrecida, pudiendo rechazar los medios manifiestamente inconducentes, y requerir de oficio nuevos medios probatorios.

Asimismo, el órgano de aplicación también deberá expedirse en la misma oportunidad, acerca de las posibles consecuencias dañosas de la conducta objeto de los procedimientos. En caso de que la misma fuera capaz de producir daños graves, o ya los estuviere produciendo, dispondrá el cese preventivo de esa conducta.

Artículo 13. (Prueba).- Toda persona, física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, queda sujeta al deber de colaboración con el órgano de aplicación, y estará obligada a proporcionar a requerimiento de éste, en plazo de diez días corridos contados desde el siguiente al que le fuere requerida, toda la información que conociere y todo documento que tuviere en su poder.

Sin perjuicio de lo que se establece en el artículo siguiente, quedan también comprendidos por esta norma, los Bancos, instituciones financieras, administradoras de fondos de previsión social, administradoras de fondos de inversión, la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS), personas de Derecho Público estatales y no estatales, y todas las entidades, instituciones y personas físicas o jurídicas sujetas a cualquier clase de secreto o confidencialidad legal, contractual o profesional, actualmente en vigor o que se cree en el futuro.

Artículo 14. (Carácter público de las actuaciones y confidencialidad de la prueba).- Las actuaciones tienen carácter público, pudiendo acceder a las mismas cualquier persona, física o jurídica, sin necesidad de justificar interés especial al respecto.

Sin perjuicio de ello, el denunciante al formular la denuncia, el presunto denunciado al evacuar la vista de la denuncia o de la actuación de oficio, o los terceros a quienes se requiera información, podrán solicitar que algunos datos concretos que formen parte de la prueba que aportan, tengan carácter confidencial por considerarse secretos comerciales.

Quien solicita la confidencialidad deberá acompañar, además del documento original donde constan los datos que no desea que se divulguen, una copia adicional del mismo, en el cual serán testados esos elementos, de forma que resulten ininteligibles.

La solicitud de confidencialidad deberá ser fundada. El órgano de aplicación podrá acogerla, total o parcialmente, o rechazarla. En caso de aceptación, en el expediente se agregará la copia con los datos testados, y el documento original será conservado con carácter confidencial por el órgano de aplicación.

En todos los casos en que la información que se incorpora al expediente esté comprendida en algunas de las normas que regulan la existencia del secreto bancario, tributario, profesional, o cualquier solución legal similar, la confidencialidad será preceptiva.

Artículo 15. (Diligenciamiento de la prueba).- La prueba pendiente ofrecida por el denunciante o el presunto infractor, y los nuevos elementos de prueba requeridos por el órgano de aplicación al resolver la continuación del procedimiento, será diligenciada dentro del plazo de sesenta días corridos contados desde la notificación de dicha resolución.

Artículo 16. (Vista a denunciante y presunto infractor).- Concluido el período de prueba, se conferirá vista al denunciante, si lo hubiera, y al presunto infractor en un plazo común de quince días hábiles.

Artículo 17. (Resolución final).- Evacuadas las vistas a que se refiere el artículo anterior, o vencido el plazo para hacerlo, el órgano de aplicación dictará la resolución final de las actuaciones, dentro del plazo máximo de noventa días corridos.

Artículo 18. (Medidas cautelares).- Sin perjuicio de la posibilidad de disponer el cese preventivo de las prácticas investigadas, a que se refiere el artículo 12 de la presente ley, el órgano de aplicación está facultado para requerir a la Justicia ordinaria la realización de todas las medidas cautelares que considere pertinentes, con carácter reservado y sin noticia, antes de iniciar las actuaciones administrativas o durante el transcurso de las mismas.

A tales efectos, serán competentes los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo y los Jueces Letrados de Primera Instancia del interior, según corresponda, y se aplicarán, en cuanto fuera pertinente, las soluciones del artículo 311 y siguientes del Código General del Proceso, excepto en lo que se refiere a la prestación de contracautela, de la cual queda exonerado el órgano de aplicación.

Asimismo, en lo que respecta a la previsión del artículo 311.2 del Código General del Proceso, se interpretará la misma en el sentido de que las medidas cautelares caducarán si el órgano de aplicación no iniciara las actuaciones administrativas dentro del plazo de treinta días corridos contados desde que se hicieron efectivas aquéllas.

Artículo 19. (Compromisos de cese y conciliaciones).- El órgano de aplicación podrá suspender las actuaciones, en cualquier estado en que se hallaren, por espacio no mayor a diez días corridos, a efectos de acordar con el presunto infractor un compromiso de cese o modificación de la conducta investigada, salvo que la ilegitimidad de la misma y la identidad de quien la realizó fueren evidentes.

También podrá suspender las actuaciones por idéntico plazo, por solicitud conjunta de denunciante y denunciado, y a efectos de considerar posibles conciliaciones, siempre que la conducta investigada consista en abuso de posición dominante y el único perjudicado por la misma sea el denunciante.

Artículo 20. (Sanciones).- Cuando las actuaciones administrativas concluyeran con la constatación de que se desarrollaron prácticas anticompetitivas, el órgano de aplicación deberá ordenar su cese inmediato y de los efectos de las mismas que aún subsistieren, así como sancionar a sus autores y responsables.

Las sanciones consistirán en:

A) Apercibimiento.

B) Apercibimiento con publicación de la resolución, a costa del infractor, en dos diarios de circulación nacional.

C) Multa que se determinará entre una cantidad mínima de cien salarios mínimos nacionales, y una cantidad máxima del que fuere superior de los siguientes valores:

i) Veinte mil salarios mínimos nacionales.

ii) El equivalente al 10% (diez por ciento) de la facturación anual del infractor.

iii) El equivalente a tres veces el perjuicio causado por la práctica anticompetitiva, si fuera determinable.

A efectos de su determinación, se tomará en cuenta: la entidad patrimonial del daño causado; el grado de participación de los responsables; la intencionalidad; la condición de reincidente; y la actitud asumida durante el desarrollo de las actuaciones administrativas. En el caso de acuerdos colusorios, se considerará como especial atenuante la denuncia realizada por uno de los miembros del acuerdo.

Además de la aplicación de las sanciones administrativas ya enumeradas, el órgano de aplicación dará noticia a la Justicia Penal, a efectos de que sea determinado si las prácticas realizadas configuran delito.

Artículo 21. (Sanciones a administradores, Directores y representantes de personas jurídicas, y a sociedades controlantes).- Además de las sanciones que corresponda imponer a las personas jurídicas que realicen conductas prohibidas por esta ley, también impondrán multas a los integrantes de sus órganos de administración y representación que hayan contribuido activamente en el desarrollo de la práctica.

Las conductas desarrolladas por una persona jurídica controlada por otra, serán también imputables a la controlante. De la misma manera, las responsabilidades que pudieren corresponder a los integrantes de los órganos de administración y representación de la sociedad controlada, también se aplicarán a quienes cumplen las mismas funciones en la sociedad controlante.

CAPÍTULO III

CONTROL DE CONCENTRACIONES

Artículo 22. (Principio general).- Se consideran concentraciones económicas, las fusiones de sociedades; adquisiciones de acciones, de cuotas o de participaciones sociales; adquisiciones de establecimientos comerciales, industriales o civiles; adquisiciones totales o parciales de activos empresariales; y toda otra clase de negocios jurídicos que importen la transferencia del control de unidades económicas o empresas.

Las concentraciones económicas pueden ser de naturaleza horizontal, vertical, o conglomerados. En las concentraciones horizontales, las unidades económicas o empresas afectadas operan en el mismo proceso de producción, distribución o comercialización de una misma clase de bienes o servicios. En las concentraciones verticales, operan en niveles diferentes. Y en los conglomerados, operan en distintos sectores de mercado.

Las concentraciones económicas, cualquiera sea su naturaleza, deberán someterse a la autorización previa del órgano de aplicación, en cualquiera de los siguientes casos:

A) Cuando como consecuencia de la operación, se adquiera o incremente una participación igual o superior al 30% (treinta por ciento) de cualquier sector de mercado.

B) Cuando la facturación bruta anual en el territorio uruguayo del conjunto de unidades económicas o empresas involucradas en la operación, en cualquiera de los últimos tres ejercicios contables, sea igual o superior a dos millones de salarios mínimos nacionales.

Artículo 23. (Autorización de la concentración).- A los efectos de decidir si las concentraciones son autorizadas o denegadas, el órgano de aplicación tomará en cuenta la necesidad de preservar y fomentar la competencia efectiva en el mercado interno, así como la necesidad de inserción de los agentes económicos en el comercio internacional.

Artículo 24. (Solicitud de autorización).- Quienes pretendan desarrollar una operación de concentración económica sometida a autorización previa del órgano de aplicación, deberán presentarse ante el mismo, proporcionando la información que se determinará en la reglamentación de la presente ley.

La operación no podrá realizarse hasta tanto se haya concedido la autorización. Quienes verificaran una concentración económica en violación de las disposiciones de la presente ley, serán sancionados de conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 21, sin perjuicio de que el órgano de aplicación podrá ordenar la desconcentración de las unidades económicas o empresas afectadas por la misma.

Artículo 25. (Plazo para dictar resolución).- El órgano de aplicación deberá dictar resolución expresa y fundada, autorizando o denegando la autorización, dentro del plazo de ciento veinte días corridos contados desde el siguiente a la presentación de la solicitud correspondiente.

El silencio del órgano de aplicación se interpretará en forma positiva, considerándose que la autorización solicitada fue conferida.

Artículo 26. (Autorizaciones sujetas al cumplimiento de condiciones).- El órgano de aplicación podrá imponer condiciones para autorizar la concentración, tales como: ventas parciales de activos; obligación de autorizar a competidores el acceso a infraestructuras esenciales; obligación de ofrecer a competidores determinados insumos en las mismas condiciones que los adquieran las entidades integrantes del grupo, etcétera.

La enumeración realizada es a título enunciativo.

En oportunidad de establecerse las condiciones bajo las cuales se autoriza la concentración económica, el órgano de aplicación determinará los plazos u oportunidades en que las mismas deberán ser cumplidas.

CAPÍTULO IV

ÓRGANO DE APLICACIÓN

Artículo 27. (Tribunal de Defensa de la Competencia).- El órgano de aplicación de las disposiciones de la presente ley será el Tribunal de Defensa de la Competencia, que funcionará como órgano desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas.

El Tribunal estará integrado por tres miembros, designados por el Poder Ejecutivo entre personas que, por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento de la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño. Al menos uno de los integrantes deberá ser abogado, y otro contador o economista, con más de cinco años en el ejercicio de la profesión.

Los miembros del Tribunal tendrán dedicación exclusiva, con excepción de la actividad docente. Si al momento de la designación ocuparan otros cargos públicos, quedarán suspendidos en los mismos a partir de su aceptación y por todo el tiempo que actúen como integrantes del Tribunal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.622, de 24 de diciembre de 1976, con las modificaciones introducidas por el artículo 43 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Su mandato durará seis años y podrán ser designados nuevamente.

Las renovaciones se realizarán de a un miembro cada dos años; a efectos de hacer posible dicho sistema de renovación, los tres primeros miembros que se designen tendrán, respectivamente, mandatos de dos, cuatro y seis años de duración.

El Presidente del Tribunal tendrá a su cargo la representación del órgano.

La presidencia del Tribunal será ejercida por espacio de dos años, en forma rotativa, de manera que todos sus integrantes tengan la oportunidad de ocupar dicho cargo. En el caso de la primera integración del Tribunal, la presidencia será ejercida, en primer término, por el miembro designado con mandato de dos años; y en segundo término, por el miembro designado con mandato de cuatro años.

Los integrantes del Tribunal podrán ser destituidos por el Presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, en cualquiera de los siguientes casos:

A) Negligencia o mal desempeño en sus funciones.

B) Incapacidad sobreviniente.

C) Condena por delito doloso.

D) Comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio del órgano.

Los miembros del Tribunal serán suspendidos preventivamente, en caso de ser procesados por delito doloso o impedimento físico momentáneo para desempeñar la función. La suspensión se verificará de pleno derecho, por el dictado del auto de procesamiento, independientemente de que el mismo sea objeto de recursos.

En caso de destitución, la duración del mandato de quien sea designado para ocupar el lugar del miembro removido, será igual al tiempo que restare a este último para terminar el suyo.

Los integrantes del Tribunal no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo hasta transcurrido un período de gobierno desde su cese.

El funcionamiento del Tribunal se ajustará a lo que disponga el reglamento que el mismo habrá de dictar, que contendrá como mínimo el régimen de convocatoria, deliberación, votación y adopción de resoluciones.

Artículo 28. (Funciones y facultades).- Compete al Tribunal de Defensa de la Competencia:

A) Dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley.

B) Emitir normas generales e instrucciones particulares que aseguren el cumplimiento de la presente ley.

C) Realizar los estudios e investigaciones que considere pertinentes, a efectos de analizar el grado de concentración de los distintos sectores del mercado.

D) Requerir de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, la documentación y colaboración que considere necesarias.

E) Realizar investigaciones sobre documentos civiles y comerciales, libros de comercio, libros de actas de órganos sociales, bases de datos contables y correspondencia.

F) Emitir recomendaciones no vinculantes, dirigidas al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Gobiernos Departamentales, y entidades y organismos públicos, relativos al tratamiento, protección y promoción de la competencia en leyes, reglamentos, ordenanzas municipales y actos administrativos en general.

G) Emitir recomendaciones no vinculantes, de carácter general o sectorial, respecto de las modalidades de la competencia en el mercado.

H) Emitir dictámenes y responder consultas que le formule cualquier persona física o jurídica, pública o privada, acerca de la legitimidad o ilegitimidad de prácticas concretas que pretende realizar, o que realizan otros sujetos.

I) Mantener relaciones con otros órganos de defensa de la competencia, nacionales o internacionales, y participar en todos los foros internacionales en que se discutan o negocien temas relativos a la competencia.

Artículo 29. (Sectores de mercado regulados).- En los sectores de mercado que están sometidos al control o superintendencia de órganos reguladores especializados, tales como el Banco Central del Uruguay (BCU) respecto del sector bancario, financiero y seguros, la Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica (UREE) y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), la protección y fomento de la competencia estarán a cargo exclusivo de los órganos reguladores especializados.

En el desarrollo de este cometido, los órganos reguladores deberán cumplir con todas y cada una de las disposiciones de la presente ley, con la única excepción de que, previo al dictado de la resolución final a que se refiere el artículo 17, o de la aceptación de un compromiso de cese conforme al inciso primero del artículo 19, deberán consultar la opinión no vinculante del Tribunal de Defensa de la Competencia.

En el caso del artículo 17, el órgano regulador remitirá copia del expediente administrativo al Tribunal de Defensa de la Competencia dentro del plazo de diez días corridos a partir del momento en que fueran evacuadas las vistas a que se refiere el artículo 16, o de vencido el plazo para hacerlo. El Tribunal de Defensa de la Competencia deberá emitir su opinión no vinculante dentro de los treinta días corridos contados desde la recepción de la copia del expediente administrativo.

En el caso de ofrecimiento de un compromiso de cese, el órgano regulador remitirá copia del expediente administrativo al Tribunal de Defensa de la Competencia dentro del plazo de diez días corridos a partir del momento en que se verifique dicho ofrecimiento, y el Tribunal de Defensa de la Competencia deberá emitir su opinión no vinculante en plazo de diez días corridos contados desde la recepción de la copia del expediente administrativo.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 30. (Prescripción).- Las acciones que tienen su origen en la realización de prácticas prohibidas por la presente ley, prescribirán a los cuatro años de verificadas las mismas, tanto en lo que respecta a la potestad pública de investigar y sancionar a los responsables, como al derecho de los perjudicados directamente por las mismas a obtener el resarcimiento de los daños padecidos.

La prescripción se interrumpe con el acto que dispone la iniciación de un procedimiento de oficio o con el acto que ordena dar vista de la denuncia al presunto responsable, o por la comisión de nuevas conductas prohibidas.

Artículo 31. (Remisión).- En todo lo no previsto en esta ley o en su decreto reglamentario, relativo al procedimiento para la investigación y sanción de prácticas prohibidas, se aplicarán las soluciones del Decreto 500/991, de 27 de setiembre de 1991.

Artículo 32. (Derogaciones).- Se derogan los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, y los artículos 157 y 158 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Artículo 33. (Reglamentación).- La presente ley será reglamentada en lo pertinente por el Poder Ejecutivo dentro de los noventa días contados a partir de su publicación.

Montevideo, 17 de setiembre de 2002.

ARTIGAS A. BARRIOS, Representante por Rocha, SEBASTIÁN DA SILVA, Representante por Montevideo, RUBEN OBISPO, Representante por Paysandú, GABRIEL PAIS, Representante por Montevideo, IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, VÍCTOR ROSSI, Representante por Montevideo, ADOLFO PEDRO SANDE, Representante por Canelones, JULIO LUIS SANGUINETTI, Representante por Canelones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto de ley y su correspondiente exposición de motivos que se pone a consideración de la Cámara de Representantes, por el que se regula la libertad de comercio y se establecen normas para preservar la libre competencia, ha sido formulado, a solicitud de los integrantes de la Comisión Especial para el estudio de soluciones legislativas referentes a la libertad de comercio en el Uruguay, por el doctor Siegbert Rippe (Catedrático -grado 5- de Derecho Comercial de las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas y Administración, de la Universidad de la República) conjuntamente con el doctor Daniel Hargain (Profesor Agregado -grado 4- de Técnica Notarial II y de Comercio Internacional de la Facultad de Derecho).

Asimismo, hacen suyo el análisis exhaustivo que los citados profesores realizan del proyecto de ley, en virtud de que el mismo recoge las interpretaciones que los legisladores firmantes han formulado, el cual se transcribe a continuación.

"1. Apreciaciones generales

En Uruguay, al igual que en la gran mayoría de los países del mundo occidental, se ha adoptado un régimen económico de mercado, basado en el principio de la libertad de industria y comercio, consagrado en nuestro caso en los artículos 7º y 36 de la Constitución de la República. Esto significa que se confía obtener la eficiencia económica en forma más o menos espontánea, dejando actuar de la manera más libre posible a los agentes económicos y a los mecanismos de mercado.

Para ello, es necesario fomentar la existencia de múltiples proveedores de bienes y servicios que compitan entre sí por conquistar la preferencia de los consumidores, mejorando constantemente la ecuación precio/calidad de los productos o servicios que ofrecen en el mercado.

La competencia constituye así un requisito imprescindible para lograr un sistema de mercado eficiente, optimizando los procesos de asignación de recursos y de fijación de precios.

A través de la misma, se garantiza a los consumidores el derecho de disponer de un amplio espectro de opciones para la adquisición de bienes y servicios, lo cual asegura su libertad de elección y favorece su capacidad de negociación, incrementando el poder adquisitivo de sus ingresos.

Se entiende que cuando hay competencia, tienen oportunidad de triunfar en el mercado los agentes económicos más eficientes y eficaces. Para ello deben empeñarse por mejorar su gestión, incrementar la calidad de sus productos y servicios, invertir en tecnología, cuidar sus costos y no desperdiciar recursos.

Por el contrario, cuando no hay competencia, los proveedores no tienen necesidad de preocuparse por la calidad o el precio de los productos o servicios, porque son los únicos oferentes en el mercado, y los demandantes no tienen otras opciones de acceso a las mismas. Ello se traduce en reducción de la cantidad y variedad de la oferta, aumento injustificado de los precios, ineficiencia, pérdida de competitividad frente a productos o servicios extranjeros, indebida asignación de recursos, etcétera.

Las leyes de defensa de la competencia son justamente las que aseguran que el sistema de mercado funcione correctamente, prohibiendo que los agentes económicos reduzcan o eliminen deliberadamente la competencia.

2. Antecedentes nacionales

En nuestro país la disciplina de la competencia se introdujo por primera vez y con carácter general en el ordenamiento jurídico nacional a través de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Nº 17.243, la que fue completada por los artículos 157 y 158 de la Ley Nº 17.296, reglamentadas ambas por el Decreto 86/001.

Dicha normativa se ha estimado insuficiente, en lo formal y en lo material. Lo primero, porque en las referidas oportunidades aquella ingresó, por una parte, en leyes de diverso y múltiple objeto y alcance como fueron la Ley de Urgencia 1 y la Ley de Presupuesto, y por otra parte, la misma solo contiene unas pocas disposiciones en la materia. Lo segundo, porque las soluciones adoptadas en aquella normativa solo comprenden una parte del universo propio de la defensa de la competencia en el mercado y no resuelven ciertas problemáticas que se plantean en ese ámbito, a la vez que algunas de las soluciones legisladas tienen aptitud para limitar o condicionar la propia regulación suficiente y adecuada de la competencia y para dificultar, en consecuencia, la aplicación misma de sus disposiciones en la realidad nacional, particularmente si ellas son comparadas con las normas vigentes en la materia, tanto en otros países de la región como en países de la extrarregión, y con la práctica que se ha derivado de su aplicación en el país.

3. Justificación

La problemática hasta aquí observada justifica por sí sola la conveniencia, más aun, la necesidad de integrar en un único y específico texto legal las normas de defensa de la competencia y de mejorar y ampliar las soluciones en la especie, ofreciendo a la sociedad y a sus múltiples y diversos agentes económicos un cuerpo orgánico de normas que fijen con intencionada simplicidad, rigurosa precisión, suficientes detalles y adecuada claridad las reglas de juego de la competencia en el mercado.

A dichos efectos se estructura el presente proyecto de ley en cinco capítulos que pretenden organizar de manera integral, global y coherente la defensa de la competencia en el mercado nacional, y cuyas principales disposiciones se comentan a continuación.

4. Comentarios

4.1. Capítulo I - Disposiciones generales

Este capítulo se desglosa en seis artículos (1º a 6º) en los que se establecen los principios y reglas generales de la defensa de la competencia.

El artículo 1º dispone, con base en la enunciación de una cláusula general de carácter prohibitiva, sobre el objeto y alcance amplio y objetivo de esa defensa, así como las restrictivas limitaciones o excepciones jurídicas o relativas a su aplicación. Dichas normas se coordinan con el artículo 4º, en la forma que se indicará en su oportunidad.

El artículo 2º establece el alcance subjetivo del derecho de defensa de la competencia, el que se define con la suficiente amplitud y flexibilidad como para comprender en su contexto a todos los agentes económicos que compiten en el territorio nacional, cualquiera sea el tipo de bienes o servicios en los que operen en el mercado, incluyendo también a los agentes económicos del exterior en tanto sus actividades tengan efecto en nuestro territorio.

El artículo 3º determina -con fundamento en la categorización de tres tipos de actos o prácticas prohibidas y a solo título ejemplificante, esto es, no taxativo- conductas específicas que se entienden usualmente contrarias a la libertad de competencia en el mercado.

En este sentido, la disposición que se proyecta incluye, por un lado, acuerdos entre agentes económicos que tengan como propósito o como efecto afectar esa libertad; por otra parte, actos individuales o colectivos que impliquen el ejercicio abusivo del 'poder de mercado' por parte de agentes económicos, concepto que se define en el artículo 5º del proyecto; y por último, actos resueltos por asociaciones o gremiales conformadas por agentes económicos, que tengan iguales propósitos o efectos, salvo en cuanto al derecho de huelga, de base constitucional.

El artículo 4º define el concepto de 'mercado relevante', expresión que se ha introducido en el artículo 1º como alcance de la condición de aplicación de la cláusula prohibitiva de carácter general: las prácticas contrarias a la libertad de competencia resultan prohibidas en tanto afecten dicha libertad 'en una parte sustancial de cualquier sector del mercado'.

A esos efectos el artículo 4º citado establece criterios para la determinación del 'mercado relevante', optándose por no expresar en la ley misma el porcentaje del mercado que debe representar un agente económico, o sus bienes o servicios, respecto del mercado total específico en el que aquel actúa o éstos se ofrecen o demandan, dado que el porcentaje mismo admite variaciones u oscilaciones en función de su aplicación a sectores o ramas concretas de la actividad económica en un momento determinado de su desarrollo en el territorio nacional; dejando librada su fijación a la autoridad de aplicación de la defensa de la competencia.

El artículo 5º conceptualiza la expresión 'poder de mercado', contenida en el numeral 2) del artículo 3º, estimándose que la misma, en un mercado de limitadas dimensiones como es el nacional, es más apropiada que la tradicional en la materia como es la de 'posición dominante', con la ventaja comparativa adicional de que resulta más accesible, en principio, la prueba del abuso del poder de mercado que la prueba del abuso de posición dominante, en una circunstancia avalada por la práctica de la actual legislación en la materia.

El artículo 6º plantea el concepto de 'ganancias de eficiencia' como pauta de valoración de la legitimidad o ilegitimidad de ciertos acuerdos o decisiones que pueden inscribirse dentro de los actos o prácticas prohibidas por la ley, en el entendido de que estos actos o prácticas podrían ser eventualmente admitidas si ellas contribuyen a mejorar la gestión de los agentes económicos o tienen como consecuencia el ofrecimiento de ventajas o beneficios para los consumidores, esto es, si éstos obtienen un aprovechamiento directo o indirecto de aquellos actos o prácticas.

4.2. Capítulo II - Procedimiento para la investigación y sanción de prácticas prohibidas

Este capítulo se integra con quince artículos (7º a 21) que regulan la competencia y el proceso administrativo que corresponde sustanciar para la investigación de prácticas prohibidas y el régimen sancionatorio a aplicar en su caso.

En la oportunidad se ha optado por incorporar las soluciones de la reglamentación administrativa vigente con relación al procedimiento administrativo -elevando así el nivel jerárquico del debido proceso legal- y las legales relativas a las sanciones, aunque con diversos ajustes, precisiones y complementaciones orientadas a mejorar dicho procedimiento y a afinar las sanciones mismas y sus criterios de aplicación.

Es de destacar que aun cuando la aplicación del régimen propuesto compete y se desarrolla en vía esencialmente administrativa, siguiendo así las soluciones generalmente más recibidas en el derecho comparado y atendiendo a la notoria especificidad de la defensa de la competencia, se reserva también la competencia y los procesos jurisdiccionales en cuanto a la tramitación de medidas preparatorias (artículo 8º) y cautelares (artículo 18), además de que los eventuales daños y perjuicios que produzca una práctica prohibida también podrían solicitarse y tramitarse por el presunto damnificado ante los Tribunales de la República, conforme al sistema general de derecho común, sin necesidad de que ello se determine en la oportunidad a texto expreso.

Con relación al régimen actualmente vigente se ha optado por suprimir toda referencia al arbitraje como mecanismo de solución de controversias, en el entendido de que si bien las partes en conflicto podrían acordar igualmente recurrir a aquel en el marco permisivo del Código General del Proceso (artículos 472 y siguientes), dicha solución podría afectar el interés público en juego, el que, con independencia de todo acuerdo interpartes, no podría privar al Estado, en el marco de una política de defensa de la competencia que tiene el propósito de asegurar un mercado sano, transparente, competitivo, de la posibilidad de investigar, incluso de oficio, y de sancionar aquellas prácticas individuales o colectivas que producen, o tienen la aptitud de producir, impedimentos, limitaciones o distorsiones al libre acceso y al ejercicio de la libre competencia en el mercado, en el contexto constitucional de la libertad de industria y comercio.

Resulta obvio que la definición de una autoridad administrativa de aplicación de la normativa de la defensa de la competencia, determina por su parte el desencadenamiento de los procedimientos y recursos constitucionales y legales aplicables contra los actos administrativos, procedimientos y recursos que son, por ende, administrativos y contencioso-administrativo, esto es, no judiciales. Ellos también determinan la aplicación subsidiaria de las normas legales y reglamentarias pertinentes, en lo no previsto por la ley proyectada y en cuanto fueren compatibles con ésta.

Es de destacar que se viabiliza la posibilidad de extender, por una parte, a los administradores, directores y representantes de las personas jurídicas la responsabilidad de las prácticas prohibidas realizadas por éstas, la que se puede hacer efectiva mediante la aplicación de sanciones consistentes en multas, y por otra parte, a las sociedades controlantes, la imputación de responsabilidad por la realización de esas prácticas por las sociedades controladas por aquellas, y a sus administradores, directores y representantes, la propia de quienes desempeñen esos cargos en esas sociedades controladas.

4.3. Capítulo III - Control de concentraciones

Este capítulo se organiza en cinco artículos y tiene por objeto regular el fenómeno económico-financiero de las fusiones y adquisiciones, como medios o instrumentos de las concentraciones económicas (artículos 22 a 26).

La legislación actualmente vigente no contiene ninguna disposición al respecto, entendiéndose, sin embargo, que se trata de un fenómeno de la realidad que corresponde regular y controlar en el ámbito de la defensa de la competencia, en la medida que aquel se manifiesta en prácticas que tienen una significativa aptitud de impedir, limitar o distorsionar la libertad de competencia y en cuanto tienden a la conformación de unidades negociales de características monopólicas u oligopólicas.

Es por ello que en el artículo 22 se define con amplitud las distintas formas jurídicas y negociables que permiten instrumentar las concentraciones económicas, y se establecen los tipos de concentración que se pueden dar en la realidad del mercado; a la vez que se determinan los casos en que se requiere la previa autorización del órgano de aplicación para proceder a formalizar las concentraciones económicas del caso, tomando para estos efectos criterios sustentados indistintamente en porcentajes de toma de posición en el mercado o de facturación bruta anual, en el territorio nacional.

Los artículos 23 a 25 regulan por su parte los requisitos, procedimientos y plazos para el otorgamiento expreso o ficto de la autorización previa, en tanto el artículo 26 plantea también la posibilidad de que aquel órgano sujete la autorización administrativa al previo cumplimiento de condiciones que atenúen los efectos de la concentración.

4.4. Capítulo IV - Órgano de aplicación

Este capítulo comprende tres artículos (27 a 29) que estructuran la organización, cometidos y atribuciones del órgano de aplicación de la defensa de la competencia.

Si bien en el régimen vigente la competencia en la materia fue conferida a la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas, y en atención a la especificidad e importancia jerárquica de la defensa de aquella, se ha considerado conveniente crear un órgano desconcentrado y de carácter eminentemente técnico (Tribunal de Defensa de la Competencia), igualmente situado en el ámbito de ese Ministerio, con una composición plural y mayoritariamente profesional, conforme a criterios que se observan en otras experiencias legislativas de derecho comparado.

Las soluciones que se proyectan tienen por objeto apoyar la concepción técnica expresada, la que se manifiesta, entre otros elementos, en la profesionalidad de la mayoría de sus integrantes, en su dedicación prácticamente exclusiva en el desempeño de sus cargos, en la duración de sus respectivos mandatos, en la renovación parcial y bienal de sus integrantes, en la definición de ciertas calificadas incompatibilidades temporales, etcétera.

No obstante esa atribución de competencia se ha entendido también, con fundamento en la comprobada existencia de órganos reguladores especializados en sectores concretos de la actividad económica, que es conveniente atribuir asimismo a dichos órganos los mismos cometidos y facultades del órgano de aplicación de la defensa de la competencia, en el ámbito de sus respectivas áreas orgánicas y funcionales de especialización (artículo 29); ello, sin perjuicio de la preceptiva intervención consultiva, aunque no vinculante, del Tribunal de Defensa de la Competencia, para situaciones determinadas que, como una resolución administrativa final o una aceptación de compromiso de cese, implican etapas terminales de los procedimientos del caso.

4.5. Capítulo V - Disposiciones finales

Dicho capítulo incluye las normas relativas a la prescripción de las acciones por realización de prácticas prohibitivas, estableciendo un término comparable con el propio de las acciones por responsabilidad civil extracontractual (artículo 30); a las disposiciones subsidiarias a aplicarse en la materia (artículo 31); a derogaciones de disposiciones legales vigentes en la actualidad (artículo 32); y a la reglamentación de la ley (artículo 33)".

Los legisladores firmantes del proyecto, todos integrantes de la Comisión Especial para el estudio de soluciones legislativas referentes a la libertad de comercio en el Uruguay, lo hacen a los solos efectos de darle estado parlamentario.

Montevideo, 17 de setiembre de 2002.

ARTIGAS A. BARRIOS, Representante por Rocha, SEBASTIÁN DA SILVA, Representante por Montevideo, RUBEN OBISPO, Representante por Paysandú, GABRIEL PAIS, Representante por Montevideo, IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, VÍCTOR ROSSI, Representante por Montevideo, ADOLFO PEDRO SANDE, Representante por Canelones, JULIO LUIS SANGUINETTI, Representante por Canelones".

Anexo I al
Rep. Nº 1069

"Comisión Especial para el estudio de soluciones legislativas referentes a la libertad de comercio en el Uruguay

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión Especial para el estudio de soluciones legislativas referentes a la libertad de comercio en el Uruguay ha aprobado el presente proyecto de ley por el que se regula la libertad de comercio y se establecen normas para preservar la libre competencia.

La Comisión comenzó su labor trabajando sobre el proyecto de ley presentado por los legisladores del Encuentro Progresista–Frente Amplio, señores Víctor Rossi, Ruben Obispo y Artigas A. Barrios, lo cual permitió contar con un proyecto articulado que sirviera de base en la búsqueda de soluciones legislativas para la problemática de la libertad de comercio.

A partir del comienzo del análisis, la Comisión recibió a múltiples asociaciones, gremiales, empresas y particulares con conocimientos, intereses e inquietudes en la temática a legislar.

Asimismo, se recabó la opinión del Poder Ejecutivo, a través de sus Ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería, cuyos aportes fueron de suma utilidad.

Justo es destacar, que esta Comisión no habría podido cumplir su labor en la forma realizada, de no haberse contado con el invalorable aporte efectuado por el doctor Siegbert Rippe (Catedrático -grado 5- de Derecho Comercial de las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas y Administración, de la Universidad de la República), quien a su vez contó con la colaboración del doctor Daniel Hargain (Profesor Agregado -grado 4- de Técnica Notarial II y de Comercio Internacional de la Facultad de Derecho).

Luego de más de dos años ininterrumpidos de trabajo, se hace imperioso reconocer el esfuerzo desarrollado por las Secretarias de la Comisión señoras Carmen Berriel y Lilián Fernández Cítera y agradecer la colaboración del cuerpo de taquígrafos y de los funcionarios de las Divisiones de Electrónica, Sala y Barra e Intendencia.

1. Apreciaciones generales

En Uruguay, al igual que en la gran mayoría de los países del mundo occidental, se ha adoptado un régimen económico de mercado, basado en el principio de la libertad de industria y comercio, consagrado en nuestro caso en los artículos 7º y 36 de la Constitución de la República. Esto significa que se confía obtener la eficiencia económica en forma más o menos espontánea, dejando actuar de la manera más libre posible a los agentes económicos y a los mecanismos de mercado.

Para ello, es necesario fomentar la existencia de múltiples proveedores de bienes y servicios que compitan entre sí por conquistar la preferencia de los consumidores, mejorando constantemente la ecuación precio/calidad de los productos o servicios que ofrecen en el mercado.

La competencia constituye así un requisito imprescindible para lograr un sistema de mercado eficiente, optimizando los procesos de asignación de recursos y de fijación de precios.

A través de la misma, se garantiza a los consumidores el derecho de disponer de un amplio espectro de opciones para la adquisición de bienes y servicios, lo cual asegura su libertad de elección y favorece su capacidad de negociación, incrementando el poder adquisitivo de sus ingresos.

Se entiende que cuando hay competencia, tienen oportunidad de triunfar en el mercado los agentes económicos más eficientes y eficaces. Para ello deben empeñarse por mejorar su gestión, incrementar la calidad de sus productos y servicios, invertir en tecnología, cuidar sus costos y no desperdiciar recursos.

Por el contrario, cuando no hay competencia, los proveedores no tienen necesidad de preocuparse por la calidad o el precio de los productos o servicios, porque son los únicos oferentes en el mercado, y los demandantes no tienen otras opciones de acceso a las mismas. Ello se traduce en reducción de la cantidad y variedad de la oferta, aumento injustificado de los precios, ineficiencia, pérdida de competitividad frente a productos o servicios extranjeros, indebida asignación de recursos, etcétera.

Las leyes de defensa de la competencia son justamente las que aseguran que el sistema de mercado funcione correctamente, prohibiendo que los agentes económicos reduzcan o eliminen deliberadamente la competencia.

2. Antecedentes nacionales

En nuestro país la disciplina de la competencia se introdujo por primera vez y con carácter general en el ordenamiento jurídico nacional a través de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, la que fue completada por los artículos 157 y 158 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, reglamentadas ambas por el Decreto 86/001.

Dicha normativa se ha estimado insuficiente, en lo formal y en lo material. Lo primero, porque en las referidas oportunidades aquella ingresó, por una parte, en leyes de diverso y múltiple objeto y alcance como fueron la Ley de Urgencia 1 y la Ley de Presupuesto, y por otra parte, la misma solo contiene unas pocas disposiciones en la materia. Lo segundo, porque las soluciones adoptadas en aquella normativa solo comprenden una parte del universo propio de la defensa de la competencia en el mercado y no resuelven ciertas problemáticas que se plantean en ese ámbito, a la vez que algunas de las soluciones legisladas tienen aptitud para limitar o condicionar la propia regulación suficiente y adecuada de la competencia y para dificultar, en consecuencia, la aplicación misma de sus disposiciones en la realidad nacional, particularmente si ellas son comparadas con las normas vigentes en la materia, tanto en otros países de la región como en países de la extrarregión, y con la práctica que se ha derivado de su aplicación en el país.

3. Justificación

La problemática hasta aquí observada justifica por sí sola la conveniencia, más aun, la necesidad de integrar en un único y específico texto legal las normas de defensa de la competencia y de mejorar y ampliar las soluciones en la especie, ofreciendo a la sociedad y a sus múltiples y diversos agentes económicos un cuerpo orgánico de normas que fijen con intencionada simplicidad, rigurosa precisión, suficientes detalles y adecuada claridad las reglas de juego de la competencia en el mercado.

A dichos efectos se estructura el presente proyecto de ley en cinco capítulos que pretenden organizar de manera integral, global y coherente la defensa de la competencia en el mercado nacional, y cuyas principales disposiciones se comentan a continuación.

4. Comentarios

4.1. Capítulo I - Disposiciones generales

Este capítulo se desglosa en siete artículos (1º a 7º) en los que se establecen los principios y reglas generales de la defensa de la competencia.

El artículo 1º dispone el carácter de orden público de la ley y su objeto.

El artículo 2º dispone, con base en la enunciación de una cláusula general de carácter prohibitivo, sobre el objeto y alcance amplio y objetivo de esa defensa, así como las restrictivas limitaciones o excepciones jurídicas o relativas a su aplicación. Dichas normas se coordinan con el artículo 5º, en la forma que se indicará en su oportunidad.

El artículo 3º establece el alcance subjetivo del derecho de defensa de la competencia, el que se define con la suficiente amplitud y flexibilidad como para comprender en su contexto a todos los agentes económicos que compiten en el territorio nacional, cualquiera sea el tipo de bienes o servicios en los que operen en el mercado, incluyendo también a los agentes económicos del exterior en tanto sus actividades tengan efecto en nuestro territorio.

El artículo 4º determina -con fundamento en la categorización de tres tipos de actos o prácticas prohibidas y a solo título ejemplificante, esto es, no taxativo- conductas específicas que se entienden usualmente contrarias a la libertad de competencia en el mercado.

En este sentido, la disposición que se proyecta incluye, por un lado, acuerdos entre agentes económicos que tengan como propósito o como efecto, afectar esa libertad; por otra parte, actos individuales o colectivos que impliquen el ejercicio abusivo del "poder de mercado" por parte de agentes económicos, concepto que se define en el artículo 6º del proyecto; y por último, actos resueltos por asociaciones o gremiales conformadas por agentes económicos, que tengan iguales propósitos o efectos.

El artículo 5º define el concepto de "mercado relevante", expresión que se ha introducido en el artículo 2º como alcance de la condición de aplicación de la cláusula prohibitiva de carácter general: las prácticas contrarias a la libertad de competencia resultan prohibidas en tanto afecten dicha libertad "en una parte sustancial de cualquier sector del mercado".

A esos efectos el artículo 5º citado, establece criterios para la determinación del "mercado relevante", optándose por no expresar en la ley misma el porcentaje del mercado que debe representar un agente económico, o sus bienes o servicios, respecto del mercado total específico en el que aquél actúa o éstos se ofrecen o demandan, dado que el porcentaje mismo admite variaciones u oscilaciones en función de su aplicación a sectores o ramas concretas de la actividad económica en un momento determinado de su desarrollo en el territorio nacional; dejando librada su fijación a la autoridad de aplicación de la defensa de la competencia.

El artículo 6º conceptualiza la expresión "poder de mercado", contenida en el numeral 2) del artículo 4º, estimándose que la misma, en un mercado de limitadas dimensiones como es el nacional, es más apropiada que la tradicional en la materia como es la de "posición dominante", con la ventaja comparativa adicional de que resulta más accesible, en principio, la prueba del abuso del poder de mercado que la prueba del abuso de posición dominante, en una circunstancia avalada por la práctica de la actual legislación en la materia.

El artículo 7º plantea el concepto de "ganancias de eficiencia" como pauta de valoración de la legitimidad o ilegitimidad de ciertos acuerdos o decisiones que pueden inscribirse dentro de los actos o prácticas prohibidas por la ley, en el entendido de que estos actos o prácticas podrían ser eventualmente admitidas si ellas contribuyen a mejorar la gestión de los agentes económicos o tienen como consecuencia el ofrecimiento de ventajas o beneficios para los consumidores, esto es, si éstos obtienen un aprovechamiento directo o indirecto de aquellos actos o prácticas.

4.2. Capítulo II - Procedimiento para la investigación y sanción de prácticas prohibidas

Este capítulo se integra con dieciséis artículos (8º a 23) que regulan la competencia y el proceso administrativo que corresponde sustanciar, para la investigación de prácticas prohibidas y el régimen sancionatorio a aplicar en su caso.

En la oportunidad se ha optado por incorporar las soluciones de la reglamentación administrativa vigente con relación al procedimiento administrativo -elevando así el nivel jerárquico del debido proceso legal- y las legales relativas a las sanciones, aunque con diversos ajustes, precisiones y complementaciones orientadas a mejorar dicho procedimiento y a afinar las sanciones mismas y sus criterios de aplicación.

Es de destacar que aun cuando la aplicación del régimen propuesto compete y se desarrolla en vía esencialmente administrativa, siguiendo así las soluciones generalmente más recibidas en el derecho comparado y atendiendo a la notoria especificidad de la defensa de la competencia, se reserva también la competencia y los procesos jurisdiccionales en cuanto a la tramitación de medidas preparatorias (artículo 9º) y cautelares (artículo 19), además de que los eventuales daños y perjuicios que produzca una práctica prohibida también podrían solicitarse y tramitarse por el presunto damnificado ante los Tribunales de la República, conforme al sistema general de derecho común, sin necesidad de que ello se determine en la oportunidad a texto expreso.

Con relación al régimen actualmente vigente se ha optado por suprimir toda referencia al arbitraje como mecanismo de solución de controversias, en el entendido de que si bien las partes en conflicto podrían acordar igualmente recurrir a aquél en el marco permisivo del Código General del Proceso (artículos 472 y siguientes), dicha solución podría afectar el interés público en juego, el que, con independencia de todo acuerdo interpartes, no podría privar al Estado, en el marco de una política de defensa de la competencia que tiene el propósito de asegurar un mercado sano, transparente, competitivo, de la posibilidad de investigar, incluso de oficio, y de sancionar aquellas prácticas individuales o colectivas que producen, o tienen la aptitud de producir, impedimentos, limitaciones o distorsiones al libre acceso y al ejercicio de la libre competencia en el mercado, en el contexto constitucional de la libertad de industria y comercio.

Resulta obvio que la definición de una autoridad administrativa de aplicación de la normativa de la defensa de la competencia, determina por su parte el desencadenamiento de los procedimientos y recursos constitucionales y legales aplicables contra los actos administrativos, procedimientos y recursos que son, por ende, administrativos y contencioso-administrativos, esto es, no judiciales. Ellos también determinan la aplicación subsidiaria de las normas legales y reglamentarias pertinentes, en lo no previsto por la ley proyectada y en cuanto fueren compatibles con ésta.

Es de destacar que se viabiliza la posibilidad de extender, por una parte, a los administradores, directores y representantes de las personas jurídicas la responsabilidad de las prácticas prohibidas realizadas por éstas, la que se puede hacer efectiva mediante la aplicación de sanciones consistentes en multas, y por otra parte, a las sociedades controlantes, la imputación de responsabilidad por la realización de esas prácticas por las sociedades controladas por aquéllas, y a sus administradores, directores y representantes, la propia de quienes desempeñen esos cargos en esas sociedades controladas.

4.3. Capítulo III - Control de concentraciones

Este capítulo se organiza en cinco artículos y tiene por objeto regular el fenómeno económico-financiero de las fusiones y adquisiciones, como medios o instrumentos de las concentraciones económicas (artículos 24 a 28).

La legislación actualmente vigente no contiene ninguna disposición al respecto, entendiéndose, sin embargo, que se trata de un fenómeno de la realidad que corresponde regular y controlar en el ámbito de la defensa de la competencia, en la medida que aquél se manifiesta en prácticas que tienen una significativa aptitud de impedir, limitar o distorsionar la libertad de competencia y en cuanto tienden a la conformación de unidades negociales de características monopólicas u oligopólicas.

Es por ello que en el artículo 24 se define con amplitud las distintas formas jurídicas y negociables que permiten instrumentar las concentraciones económicas, y se establecen los tipos de concentración que se pueden dar en la realidad del mercado; a la vez que se determinan los casos en que se requiere la previa autorización del órgano de aplicación para proceder a formalizar las concentraciones económicas del caso, tomando para estos efectos criterios sustentados indistintamente en porcentajes de toma de posición en el mercado o de facturación bruta anual, en el territorio nacional.

Los artículos 26 a 28 regulan por su parte los requisitos, procedimientos y plazos para el otorgamiento expreso o ficto de la autorización previa, en tanto el artículo 28 plantea también la posibilidad de que aquel órgano sujete la autorización administrativa al previo cumplimiento de condiciones que atenúen los efectos de la concentración.

4.4. Capítulo IV - Órgano de aplicación

Este capítulo comprende tres artículos (29 a 31) que estructuran la organización, cometidos y atribuciones del órgano de aplicación de la defensa de la competencia.

Si bien en el régimen vigente la competencia en la materia fue conferida a la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas, y en atención a la especificidad e importancia jerárquica de la defensa de aquélla, se ha considerado conveniente crear un órgano desconcentrado y de carácter eminentemente técnico (Tribunal de Defensa de la Competencia), igualmente situado en el ámbito de ese Ministerio, con una composición plural y mayoritariamente profesional, conforme a criterios que se observan en otras experiencias legislativas de derecho comparado.

Las soluciones que se proyectan tienen por objeto apoyar la concepción técnica expresada, la que se manifiesta, entre otros elementos, en la profesionalidad de la mayoría de sus integrantes, en su dedicación prácticamente exclusiva en el desempeño de sus cargos, en la duración de sus respectivos mandatos, en la renovación parcial y bienal de sus integrantes, en la definición de ciertas calificadas incompatibilidades temporales, etcétera.

No obstante esa atribución de competencia se ha entendido también, con fundamento en la comprobada existencia de órganos reguladores especializados en sectores concretos de la actividad económica, que es conveniente atribuir asimismo a dichos órganos los mismos cometidos y facultades del órgano de aplicación de la defensa de la competencia, en el ámbito de sus respectivas áreas orgánicas y funcionales de especialización (artículo 31); ello, sin perjuicio de la preceptiva intervención consultiva, aunque no vinculante, del Tribunal de Defensa de la Competencia, para situaciones determinadas que, como una resolución administrativa final o una aceptación de compromiso de cese, implican etapas terminales de los procedimientos del caso.

4.5. Capítulo V - Disposiciones finales

Dicho capítulo incluye las normas relativas a la prescripción de las acciones por realización de prácticas prohibitivas, estableciendo un término comparable con el propio de las acciones por responsabilidad civil extracontractual (artículo 32); a las disposiciones subsidiarias a aplicarse en la materia (artículo 33); a derogaciones de disposiciones legales vigentes en la actualidad (artículo 34); y a la reglamentación de la ley (artículo 35).

Por lo expuesto, la Comisión aconseja al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Sala de la Comisión, 28 de mayo de 2003.

GABRIEL PAIS, con salvedades, Miembro Informante, ARTIGAS A. BARRIOS, RUBEN OBISPO, IVÁN POSADA, VÍCTOR ROSSI, ÁLVARO ALONSO, con salvedades, RONALD PAIS, con salvedades.

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.(Objeto).- La presente ley es de orden público y tiene por objeto la promoción y defensa de la competencia, la promoción de la eficiencia económica, la libertad de iniciativa, la apertura de los mercados, la desconcentración del poder económico así como evitar los usos indebidos de poder de mercado.

Artículo 2º. (Principio general).- Todos los sectores de mercado estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia, excepto las limitaciones establecidas por ley, por razones de interés general.

Se prohíbe en general el abuso de posición de mercado, así como todas las prácticas, individuales o concertadas, que tengan por efecto u objeto, restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia, en una parte sustancial de cualquier sector del mercado.

La conquista del mercado resultante de la mayor eficiencia en relación con los competidores, no constituye restricción de la competencia.

Artículo 3º. (Ámbito subjetivo).- Están obligadas a regirse por los principios y reglas de la libre competencia todas las personas, físicas y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que desarrollen actividades económicas con o sin fines de lucro, en el territorio uruguayo.

Quedan también obligados en idénticos términos, quienes desarrollen actividades económicas en el extranjero, en tanto las mismas desplieguen total o parcialmente sus efectos en el territorio uruguayo.

Artículo 4º. (Prácticas prohibidas).- Se declaran expresamente prohibidas, en tanto configuren alguna de las situaciones enunciadas en el artículo 2º, las prácticas que se indican a continuación. La enumeración que se realizará es a título meramente enunciativo.

1) Los acuerdos entre competidores; los acuerdos entre agentes económicos que operan en distintas etapas del proceso de producción, distribución o comercialización de una misma clase de bienes o servicios; y los acuerdos entre agentes económicos que operan en la misma o en distintas etapas del proceso de producción, distribución o comercialización de bienes o servicios complementarios o sustitutos, que tengan como objeto o efecto:

A) Fijar precios y/o condiciones de compra de bienes, servicios o factores productivos, a proveedores.

B) Fijar precios y/o condiciones de venta de bienes, servicios o factores productivos.

C) Limitar la producción de bienes, servicios o factores productivos.

D) Limitar la investigación y el desarrollo tecnológico.

E) Establecer zonas o actividades donde alguno o algunos de los agentes económicos operen en forma exclusiva, absteniéndose los restantes de operar en las mismas.

F) Coordinar su presentación o abstención a licitaciones o concursos de precios, públicos o privados.

2) El ejercicio abusivo del poder de mercado, individual o colectivo, consistente en:

A) Imponer precios y/o condiciones de compra a proveedores.

B) Imponer precios y/o condiciones de venta.

C) Fijar precios predatorios para bienes o servicios.

D) Acaparar insumos.

E) Establecer precios y/o condiciones de venta discriminatorios respecto de quienes adquieren cantidades similares de bienes, servicios o factores productivos.

F) Impedir el acceso de competidores a infraestructuras que sean esenciales para la producción, y/o distribución, y/o comercialización de bienes, servicios o factores productivos.

G) Limitar injustificadamente la producción de bienes o servicios, o la investigación y el desarrollo tecnológico.

H) Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro, o a la utilización de un servicio.

I) Subordinar la prestación de un servicio a la utilización de otro, o a la adquisición de un bien.

J) Subordinar la venta o adquisición de bienes o servicios, a la condición de no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o servicios producidos o comercializados por terceros.

3) Las mismas prácticas ya enunciadas, cuando sean resueltas a través de asociaciones o gremiales de agentes económicos.

Artículo 5º. (Mercado relevante).- A efectos de evaluar si una práctica afecta una parte sustancial de uno o más sectores de mercado, deberá determinarse cuál es el mercado relevante al que corresponde la misma, analizando la existencia de productos o servicios sustitutos, así como el ámbito geográfico comprendido por el mismo. La reglamentación establecerá los criterios generales para la determinación del mercado relevante y la competencia del órgano de aplicación en esta materia.

Artículo 6º. (Poder de mercado).- Se considerará que existe poder de mercado, cuando un agente económico actuando en forma individual, o varios agentes económicos actuando en forma coordinada, se encuentran en alguna de las siguientes situaciones:

A) Pueden decidir las estrategias de mercado, sin tomar en cuenta las posibles conductas de sus competidores.

B) Pueden imponer unilateralmente a alguno de los agentes económicos que forman parte de la cadena de producción o distribución de un determinado producto o servicio, las condiciones de la oferta o de la demanda del mismo.

Artículo 7º. (Ganancias de eficiencia).- A efectos de valorar la legitimidad o ilegitimidad de las conductas que importen una reducción de la competencia, el órgano de aplicación podrá tomar en cuenta si esas prácticas generan ganancias de eficiencia en el desempeño económico de los sujetos, unidades económicas y empresas involucradas, y el beneficio que los mismos trasladan a los consumidores.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE PRÁCTICAS PROHIBIDAS

Artículo 8º. (Competencia).- El órgano de aplicación será competente para desarrollar los procedimientos tendientes a investigar y sancionar las prácticas prohibidas por la presente ley. Podrá actuar de oficio o por denuncia.

Artículo 9º. (Medidas preparatorias).- Antes de iniciar formalmente una investigación, el órgano de aplicación podrá requerir información de cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que le permita tomar conocimiento de actos o hechos relativos a la conformación de los distintos sectores de mercado y a las prácticas que se realizan en los mismos.

Asimismo, si lo estimare oportuno, el órgano de aplicación podrá requerir ante la Justicia ordinaria la realización de medidas probatorias con carácter reservado y sin noticia de los eventuales investigados o terceros, tales como la exhibición y obtención de copias de documentos civiles y comerciales, libros de comercio, libros de actas de órganos sociales, bases de datos contables y correspondencia.

A tales efectos serán competentes los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo y los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior, según corresponda.

Artículo 10. (Actuación de oficio).- Cuando el órgano de aplicación considere que en algún sector de mercado se pudieran estar desarrollando, o llegarse a desarrollar, prácticas prohibidas por la presente ley, iniciará de oficio una investigación tendiente al esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables.

Conferirá vista de la resolución adoptada a los presuntos infractores, poniendo en conocimiento de los mismos los hechos y fundamentos que motivan el acto.

Artículo 11. (Presentación de la denuncia).- Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, puede denunciar la existencia de prácticas prohibidas, sin necesidad de acreditar interés legítimo o derecho subjetivo.

La denuncia deberá presentarse por escrito ante el órgano de aplicación, conteniendo la identificación del denunciante y la descripción precisa de la conducta presuntamente anticompetitiva que está siendo desarrollada o se planea desarrollar, acompañando en la misma oportunidad los medios probatorios que dan mérito a la misma.

Sin perjuicio de que el denunciante deberá identificarse en todos los casos, podrá solicitar al órgano de aplicación, por motivos fundados, que mantenga reserva acerca de su identidad.

El órgano de aplicación deberá expedirse sobre la pertinencia de la denuncia en el plazo de diez días corridos contados desde el siguiente a la presentación de la misma. En caso afirmativo, conferirá vista de la iniciación de los procedimientos a los presuntos infractores.

Si el órgano de aplicación entendiere que, además de los sujetos denunciados expresamente por el denunciante, pudieran existir otras personas que también fueran presuntamente infractores de los preceptos de esta ley, también conferirá vista a las mismas, con idénticos propósitos y consecuencias que si hubieren sido denunciados.

Artículo 12. (Evacuación de vista).- Tanto en los procedimientos iniciados de oficio, como en los iniciados por denuncia, el presunto infractor de la realización de prácticas anticompetitivas dispondrá, para evacuar la vista que se le confiera, de un plazo de diez días corridos contados desde el siguiente a la notificación, debiendo ofrecer en esa misma oportunidad, la totalidad de la prueba de que disponga para acreditar los hechos que invoque.

El presunto infractor podrá examinar el expediente y tendrá acceso a todos los elementos de prueba agregados al mismo, salvo los que revistan a criterio del órgano de aplicación la calidad de confidenciales. En tal caso dichos documentos deberán individualizarse en resolución que disponga la iniciación de los procedimientos.

Artículo 13. (Prosecución o clausura de las actuaciones).- Dentro del plazo de diez días corridos contados desde la evacuación de la vista por parte del presunto infractor, o de vencido el plazo de que disponía para hacerlo, el órgano de aplicación dictará resolución disponiendo la prosecución de los procedimientos o su clausura, según exista o no mérito suficiente para ello.

Tanto en los procedimientos iniciados de oficio como por denuncia, para el caso de resolver la prosecución del procedimiento, el órgano de aplicación deberá expedirse simultáneamente sobre la prueba ofrecida, pudiendo rechazar los medios manifiestamente inconducentes, y requerir de oficio nuevos medios probatorios.

Asimismo, el órgano de aplicación también podrá expedirse en la misma oportunidad, acerca de las posibles consecuencias dañosas de la conducta objeto de los procedimientos. En caso de que la misma fuera capaz de producir daños graves, o ya los estuviere produciendo, podrá disponer el cese preventivo de esa conducta.

Artículo 14. (Prueba).- Toda persona, física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, queda sujeta al deber de colaboración con el órgano de aplicación, y estará obligada a proporcionar a requerimiento de éste, en plazo de diez días corridos contados desde el siguiente al que le fuere requerida, toda la información que conociere y todo documento que tuviere en su poder.

Artículo 15. (Carácter público de las actuaciones y confidencialidad de la prueba).- Las actuaciones tienen carácter público, pudiendo acceder a las mismas cualquier persona, física o jurídica, sin necesidad de justificar interés especial al respecto.

Sin perjuicio de ello, el denunciante al formular la denuncia, el presunto denunciado al evacuar la vista de la denuncia o de la actuación de oficio, o los terceros a quienes se requiera información, podrán solicitar que algunos datos concretos que formen parte de la prueba que aportan, tengan carácter confidencial por considerarse secretos comerciales.

Quien solicita la confidencialidad deberá acompañar, además del documento original donde constan los datos que no desea que se divulguen, una copia adicional del mismo, en el cual serán testados esos elementos, de forma que resulten ininteligibles.

La solicitud de confidencialidad deberá ser fundada. El órgano de aplicación podrá acogerla, total o parcialmente, o rechazarla. En caso de aceptación, en el expediente se agregará la copia con los datos testados, y el documento original será conservado con carácter confidencial por el órgano de aplicación.

En todos los casos en que la información que se incorpora al expediente esté comprendida en algunas de las normas que regulan la existencia de secreto bancario, tributario, profesional, o cualquier solución legal similar, la confidencialidad será preceptiva.

Artículo 16. (Diligenciamiento de la prueba).- La prueba pendiente ofrecida por el denunciante o el presunto infractor, y los nuevos elementos de prueba requeridos por el órgano de aplicación al resolver la continuación del procedimiento, será diligenciada dentro del plazo de sesenta días corridos contados desde la notificación de dicha resolución.

Artículo 17. (Vista a denunciante y presunto infractor).- Concluido el período de prueba, se conferirá vista al denunciante, si lo hubiera, y al presunto infractor en un plazo común de quince días hábiles.

Artículo 18. (Resolución final).- Evacuadas las vistas a que se refiere el artículo anterior, o vencido el plazo para hacerlo, el órgano de aplicación dictará la resolución final de las actuaciones, dentro del plazo máximo de noventa días corridos.

Artículo 19. (Medidas cautelares).- Sin perjuicio de la posibilidad de disponer el cese preventivo de las prácticas investigadas, a que se refiere el artículo 13 de la presente ley, el órgano de aplicación está facultado para requerir a la Justicia ordinaria la realización de todas las medidas cautelares que considere pertinentes, con carácter reservado y sin noticia, antes de iniciar las actuaciones administrativas o durante el transcurso de las mismas.

A tales efectos, serán competentes los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo y los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior, según corresponda, y se aplicarán, en cuanto fuera pertinente, las soluciones del artículo 311 y siguientes del Código General del Proceso, excepto en lo que se refiere a la prestación de contracautela, de la cual queda exonerado el órgano de aplicación.

Asimismo, en lo que respecta a la previsión del artículo 311.2 del Código General del Proceso, se interpretará la misma en el sentido de que las medidas cautelares caducarán si el órgano de aplicación no iniciara las actuaciones administrativas dentro del plazo de treinta días corridos contados desde que se hicieron efectivas aquéllas.

Artículo 20. (Compromisos de cese y conciliaciones).- El órgano de aplicación podrá suspender las actuaciones, en cualquier estado en que se hallaren, por espacio no mayor a diez días corridos, a efectos de acordar con el presunto infractor un compromiso de cese o modificación de la conducta investigada, salvo que la ilegitimidad de la misma y la identidad de quien la realizó fueren evidentes.

También podrá suspender las actuaciones por idéntico plazo, por solicitud conjunta de denunciante y denunciado, y a efectos de considerar posibles conciliaciones, siempre que la conducta investigada consista en la situación prevista en el artículo 6º y el único perjudicado por la misma sea el denunciante.

Artículo 21. (Sanciones).- Cuando las actuaciones administrativas concluyeran con la constatación de que se desarrollaron prácticas anticompetitivas, el órgano de aplicación deberá ordenar su cese inmediato y de los efectos de las mismas que aún subsistieren, así como sancionar a sus autores y responsables.

Las sanciones consistirán en:

A) Apercibimiento.

B) Apercibimiento con publicación de la resolución, a costa del infractor, en dos diarios de circulación nacional.

C) Multa que se determinará entre una cantidad mínima de 100.000 UI (cien mil unidades indexadas) y una cantidad máxima del que fuere superior de los siguientes valores:

i) 20:000.000 UI (veinte millones de unidades indexadas).

ii) El equivalente al 10% (diez por ciento) de la facturación anual del infractor.

iii) El equivalente a tres veces el perjuicio causado por la práctica anticompetitiva, si fuera determinable.

A efectos de su determinación, se tomará en cuenta: la entidad patrimonial del daño causado; el grado de participación de los responsables; la intencionalidad; la condición de reincidente; y la actitud asumida durante el desarrollo de las actuaciones administrativas. En el caso de acuerdos colusorios, se considerará como especial atenuante la denuncia realizada por uno de los miembros del acuerdo.

Además de la aplicación de las sanciones administrativas ya enumeradas, el órgano de aplicación dará noticia a la Justicia Penal, a efectos de que sea determinado si las prácticas realizadas configuran delito.

Artículo 22. (Sanciones a administradores, directores y representantes de personas jurídicas, y a sociedades controlantes).- Además de las sanciones que corresponda imponer a las personas jurídicas que realicen conductas prohibidas por esta ley, también podrán imponer multas a los integrantes de sus órganos de administración y representación que hayan contribuido activamente en el desarrollo de la práctica.

Las conductas desarrolladas por una persona jurídica controlada por otra, serán también imputables a la controlante. De la misma manera, las responsabilidades que pudieren corresponder a los integrantes de los órganos de administración y representación de la sociedad controlada, también se aplicarán a quienes cumplen las mismas funciones en la sociedad controlante.

Artículo 23. (Título ejecutivo).- El testimonio de la resolución administrativa firme que imponga pena de multa, constituirá título ejecutivo.

CAPÍTULO III

CONTROL DE CONCENTRACIONES

Artículo 24. (Principio general).- Se consideran concentraciones económicas, las fusiones de sociedades; adquisiciones de acciones, de cuotas o de participaciones sociales; adquisiciones de establecimientos comerciales, industriales o civiles; adquisiciones totales o parciales de activos empresariales; y toda otra clase de negocios jurídicos que importen la transferencia del control de unidades económicas o empresas.

Las concentraciones económicas pueden ser de naturaleza horizontal, vertical, o conglomerados. En las concentraciones horizontales, las unidades económicas o empresas afectadas operan en el mismo proceso de producción, distribución o comercialización de una misma clase de bienes o servicios. En las concentraciones verticales, operan en niveles diferentes. Y en los conglomerados, operan en distintos sectores de mercado.

Las concentraciones económicas, cualquiera sea su naturaleza, deberán someterse a la autorización previa del órgano de aplicación, en cualquiera de los siguientes casos:

A) Cuando como consecuencia de la operación, se adquiera o incremente una participación igual o superior al 40% (cuarenta por ciento) de cualquier sector de mercado.

B) Cuando la facturación bruta anual en el territorio uruguayo del conjunto de unidades económicas o empresas involucradas en la operación, en cualquiera de los últimos tres ejercicios contables, sea igual o superior a 1.000.000.000 UI (un mil millones de unidades indexadas).

Artículo 25. (Autorización de la concentración).- A los efectos de decidir si las concentraciones son autorizadas o denegadas, el órgano de aplicación tomará en cuenta la necesidad de preservar y fomentar la competencia efectiva en el mercado interno, así como la necesidad de inserción de los agentes económicos en el comercio internacional.

Artículo 26. (Solicitud de autorización).- Quienes pretendan desarrollar una operación de concentración económica sometida a autorización previa del órgano de aplicación, deberán presentarse ante el mismo, proporcionando la información que se determinará en la reglamentación de la presente ley.

La operación no podrá realizarse hasta tanto se haya concedido la autorización. Quienes verificaran una concentración económica en violación de las disposiciones de la presente ley, serán sancionados de conformidad con lo establecido en los artículos 21, 22 y 23, sin perjuicio de que el órgano de aplicación podrá ordenar la desconcentración de las unidades económicas o empresas afectadas por la misma.

Artículo 27. (Plazo para dictar resolución).- El órgano de aplicación deberá dictar resolución expresa y fundada, autorizando o denegando la autorización, dentro del plazo de ciento veinte días corridos contados desde el siguiente a la presentación de la solicitud correspondiente.

El silencio del órgano de aplicación se interpretará en forma positiva, considerándose que la autorización solicitada fue conferida.

Artículo 28. (Autorizaciones sujetas al cumplimiento de condiciones).- El órgano de aplicación podrá imponer condiciones para autorizar la concentración, tales como: ventas parciales de activos; obligación de autorizar a competidores el acceso a infraestructuras esenciales; obligación de ofrecer a competidores determinados insumos en las mismas condiciones que los adquieran las entidades integrantes del grupo. La enumeración realizada es a título enunciativo.

En oportunidad de establecerse las condiciones bajo las cuales se autoriza la concentración económica, el órgano de aplicación determinará los plazos u oportunidades en que las mismas deberán ser cumplidas.

CAPÍTULO IV

ÓRGANO DE APLICACIÓN

Artículo 29. (Tribunal de Defensa de la Competencia).- El órgano de aplicación de las disposiciones de la presente ley será el Tribunal de Defensa de la Competencia, que funcionará como órgano desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas.

El Tribunal estará integrado por tres miembros, designados por el Poder Ejecutivo entre personas que, por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento de la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño. Al menos uno de los integrantes deberá ser abogado, y otro contador o economista, con más de cinco años en el ejercicio de la profesión.

Los miembros del Tribunal tendrán dedicación exclusiva, con excepción de la actividad docente. Si al momento de la designación ocuparan otros cargos públicos, quedarán suspendidos en los mismos a partir de su aceptación y por todo el tiempo que actúen como integrantes del Tribunal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.622, de 24 de diciembre de 1976, con las modificaciones introducidas por el artículo 43 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Su mandato durará seis años y podrán ser designados nuevamente.

Las renovaciones se realizarán de a un miembro cada dos años; a efectos de hacer posible dicho sistema de renovación, los tres primeros miembros que se designen tendrán, respectivamente, mandatos de dos, cuatro y seis años de duración.

El Presidente del Tribunal tendrá a su cargo la representación del órgano.

La presidencia del Tribunal será ejercida por espacio de dos años, en forma rotativa, de manera que todos sus integrantes tengan la oportunidad de ocupar dicho cargo. En el caso de la primera integración del Tribunal, la presidencia será ejercida, en primer término, por el miembro designado con mandato de dos años; y en segundo término, por el miembro designado con mandato de cuatro años.

Los integrantes del Tribunal podrán ser destituidos por el Presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, en cualquiera de los siguientes casos:

A) Negligencia o mal desempeño en sus funciones.

B) Incapacidad sobreviniente.

C) Condena por delito doloso.

D) Comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio del órgano.

Los miembros del Tribunal serán suspendidos preventivamente, en caso de ser procesados por delito doloso o impedimento físico momentáneo para desempeñar la función. La suspensión se verificará de pleno derecho, por el dictado del auto de procesamiento, independientemente de que el mismo sea objeto de recursos.

En caso de destitución, la duración del mandato de quien sea designado para ocupar el lugar del miembro removido, será igual al tiempo que restare a este último para terminar el suyo.

Los integrantes del Tribunal no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo hasta transcurrido un período de gobierno desde su cese.

El funcionamiento del Tribunal se ajustará a lo que disponga el reglamento que el mismo habrá de dictar, que contendrá como mínimo el régimen de convocatoria, deliberación, votación y adopción de resoluciones.

Artículo 30. (Funciones y facultades).- Compete al Tribunal de Defensa de la Competencia:

A) Dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley.

B) Emitir normas generales e instrucciones particulares que aseguren el cumplimiento de la presente ley.

C) Realizar los estudios e investigaciones que considere pertinentes, a efectos de analizar el grado de concentración de los distintos sectores del mercado.

D) Requerir de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, la documentación y colaboración que considere necesarias.

E) Realizar investigaciones sobre documentos civiles y comerciales, libros de comercio, libros de actas de órganos sociales, bases de datos contables y correspondencia.

F) Emitir recomendaciones no vinculantes, dirigidas al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Gobiernos Departamentales, y entidades y organismos públicos, relativos al tratamiento, protección y promoción de la competencia en leyes, reglamentos, ordenanzas municipales y actos administrativos en general.

G) Emitir recomendaciones no vinculantes, de carácter general o sectorial, respecto de las modalidades de la competencia en el mercado.

H) Emitir dictámenes y responder consultas que le formule cualquier persona física o jurídica, pública o privada, acerca de la legitimidad o ilegitimidad de prácticas concretas que pretende realizar, o que realizan otros sujetos.

I) Mantener relaciones con otros órganos de defensa de la competencia, nacionales o internacionales, y participar en todos los foros internacionales en que se discutan o negocien temas relativos a la competencia.

Artículo 31. (Sectores de mercado regulados).- En los sectores de mercado que están sometidos al control o superintendencia de órganos reguladores especializados, tales como el Banco Central del Uruguay (BCU) respecto del sector bancario, financiero y seguros, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), la protección y fomento de la competencia estarán a cargo exclusivo de los órganos reguladores especializados.

En el desarrollo de este cometido, los órganos reguladores deberán cumplir con todas y cada una de las disposiciones de la presente ley, con la única excepción de que, previo al dictado de la resolución final a que se refiere el artículo 18, o de la aceptación de un compromiso de cese conforme al artículo 20 inciso primero, deberán consultar la opinión no vinculante del Tribunal de Defensa de la Competencia.

En el caso del artículo 18, el órgano regulador remitirá copia del expediente administrativo al Tribunal de Defensa de la Competencia dentro del plazo de diez días corridos a partir del momento en que fueran evacuadas las vistas a que se refiere el artículo 17, o de vencido el plazo para hacerlo. El Tribunal de Defensa de la Competencia deberá emitir su opinión no vinculante dentro de los treinta días corridos contados desde la recepción de la copia del expediente administrativo.

En el caso de ofrecimiento de un compromiso de cese, el órgano regulador remitirá copia del expediente administrativo al Tribunal de Defensa de la Competencia dentro del plazo de diez días corridos a partir del momento en que se verifique dicho ofrecimiento, y el Tribunal de Defensa de la Competencia deberá emitir su opinión no vinculante en plazo de diez días corridos contados desde la recepción de la copia del expediente administrativo.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 32. (Prescripción).- Las acciones que tienen su origen en la realización de prácticas prohibidas por la presente ley, prescribirán a los cuatro años de verificadas las mismas, tanto en lo que respecta a la potestad pública de investigar y sancionar a los responsables, como al derecho de los perjudicados directamente por las mismas a obtener el resarcimiento de los daños padecidos.

Artículo 33. (Remisión).- En todo lo no previsto en esta ley o en su decreto reglamentario, relativo al procedimiento para la investigación y sanción de prácticas prohibidas, se aplicarán las soluciones del Decreto 500/991, de 27 de setiembre de 1991.

Artículo 34. (Derogaciones).- Se derogan los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, y los artículos 157 y 158 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Artículo 35. (Reglamentación).- La presente ley será reglamentada en lo pertinente por el Poder Ejecutivo dentro de los noventa días contados a partir de su publicación.

Sala de la Comisión, 28 de mayo de 2003.

GABRIEL PAIS, con salvedades, Miembro Informante, ARTIGAS A. BARRIOS, RUBEN OBISPO, IVÁN POSADA, VÍCTOR ROSSI, ÁLVARO ALONSO, con salvedades, RONALD PAIS, con salvedades".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Gabriel Pais.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: la Comisión Especial para el estudio de soluciones legislativas referentes a la libertad de comercio en el Uruguay ha aprobado el proyecto de ley en consideración por el que se regula la libertad de comercio y se establecen normas para preservar la libre competencia.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Scavarelli)

——La Comisión comenzó su labor trabajando sobre el proyecto de ley presentado por los legisladores del Encuentro Progresista-Frente Amplio señores Diputados Rossi, Obispo y Barrios, lo cual permitió contar con un proyecto articulado que sirviera de base en la búsqueda de soluciones legislativas para la problemática de la libertad de comercio.

A partir del comienzo del análisis, la Comisión recibió a múltiples asociaciones, gremiales, empresas y particulares con conocimientos, intereses e inquietudes en la temática a legislar.

Asimismo, se recabó la opinión del Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería, cuyos aportes fueron de suma utilidad.

Justo es destacar que esta Comisión no habría podido cumplir su labor en la forma realizada de no haberse contado con el invalorable aporte efectuado por el doctor Siegbert Rippe, catedrático -grado V- de Derecho Comercial de las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, quien a su vez contó con la colaboración del doctor Daniel Hargain, Profesor Agregado -grado IV- de Técnica Notarial II y de Comercio Internacional de la Facultad de Derecho.

Luego de más de dos años ininterrumpidos de trabajo, se hace imperioso reconocer el esfuerzo desarrollado por las Secretarias de la Comisión, señoras Carmen Berriel y Lilián Fernández Cítera y agradecer la colaboración del Cuerpo de Taquígrafos y de los funcionarios de las Divisiones Electrónica, Sala y Barra e Intendencia.

En cuanto a las apreciaciones generales, en Uruguay, al igual que en la gran mayoría de los países del mundo occidental, se ha adoptado un régimen económico de mercado, basado en el principio de la libertad de industria y comercio, consagrado en nuestro caso en los artículos 7º y 36 de la Constitución de la República. Esto significa que se confía obtener la eficiencia económica en forma más o menos espontánea, dejando actuar de la manera más libre posible a los agentes económicos y a los mecanismos de mercado.

Para ello, es necesario fomentar la existencia de múltiples proveedores de bienes y servicios que compitan entre sí por conquistar la preferencia de los consumidores, mejorando constantemente la ecuación precio-calidad de los productos o servicios que ofrecen en el mercado.

La competencia constituye así un requisito imprescindible para lograr un sistema de mercado eficiente, optimizando los procesos de asignación de recursos y de fijación de precios.

A través de la misma, se garantiza a los consumidores el derecho a disponer de un amplio espectro de opciones para la adquisición de bienes y servicios, lo cual asegura su libertad de elección y favorece su capacidad de negociación, incrementando el poder adquisitivo de sus ingresos.

Se entiende que cuando hay competencia, tienen oportunidad de triunfar en el mercado los agentes económicos más eficientes y eficaces. Para ello deben empeñarse por mejorar su gestión, incrementar la calidad de sus productos y servicios, invertir en tecnología, cuidar sus costos y no desperdiciar recursos. Por el contrario, cuando no hay competencia, los proveedores no tienen necesidad de preocuparse por la calidad o el precio de los productos o servicios, porque son los únicos oferentes en el mercado, y los demandantes no tienen otras opciones de acceso a las mismas. Ello se traduce en reducción de la cantidad y variedad de la oferta, aumento injustificado de los precios, ineficiencia, pérdida de competitividad frente a productos o servicios extranjeros, indebida asignación de recursos, etcétera.

Las leyes de defensa de la competencia son justamente las que aseguran que el sistema de mercado funcione correctamente, prohibiendo que los agentes económicos reduzcan o eliminen deliberadamente la competencia.

Con respecto a los antecedentes nacionales, en nuestro país la disciplina de la competencia se introdujo por primera vez y con carácter general en el ordenamiento jurídico nacional a través de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, la cual fue completada por los artículos 157 y 158 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, reglamentadas ambas por el Decreto Nº 86/001.

Dicha normativa se ha estimado insuficiente en lo formal y en lo material. Lo primero porque en las referidas oportunidades aquella ingresó a través de leyes de diverso y múltiple objeto y alcance, como fueron la llamada Ley de Urgencia I y la ley de Presupuesto y, además, porque la misma solo contiene unas pocas disposiciones en la materia. Lo segundo, porque las soluciones adoptadas en aquella normativa solo comprenden una parte del universo propio de la defensa de la competencia en el mercado y no resuelven ciertas problemáticas que se plantean en ese ámbito, a la vez que algunas de las soluciones legisladas tienen aptitud para limitar o condicionar la propia regulación suficiente y adecuada de la competencia y para dificultar, en consecuencia, la aplicación misma de sus disposiciones en la realidad nacional, particularmente si ellas son comparadas con las normas vigentes en la materia tanto en otros países de la región como en países de la extrarregión, y con la práctica que se ha derivado de su aplicación en el país.

La problemática hasta aquí observada justifica por sí sola la conveniencia -más aún: la necesidad- de integrar en un único y específico texto legal las normas de defensa de la competencia y de mejorar y ampliar las soluciones en la especie, ofreciendo a la sociedad y a sus múltiples y diversos agentes económicos un cuerpo orgánico de normas que fijen con intencionada simplicidad, rigurosa precisión, suficientes detalles y adecuada claridad las reglas de juego de la competencia en el mercado.

A dichos efectos se estructura el presente proyecto de ley en cinco capítulos, que pretenden organizar de manera integral, global y coherente la defensa de la competencia en el mercado nacional, y cuyas principales disposiciones pasamos a comentar.

El Capítulo I, "Disposiciones generales", se desglosa en siete artículos -del 1º al 7º- en los que se establecen los principios y reglas generales de la defensa de la competencia.

El artículo 1º consagra el carácter de orden público de la ley y su objeto.

El artículo 2º dispone, con base en la enunciación de una cláusula general de carácter prohibitivo, sobre el objeto y alcance amplio y objetivo de esa defensa, así como las restrictivas limitaciones o excepciones jurídicas o relativas a su aplicación. Dichas normas se coordinan con el artículo 5º, en la forma que se indicará en su oportunidad.

El artículo 3º establece el alcance subjetivo del derecho de defensa de la competencia, el cual se define con la suficiente amplitud y flexibilidad como para comprender en su contexto a todos los agentes económicos que compiten en el territorio nacional, cualquiera sea el tipo de bienes o servicios en los que operen en el mercado, incluyendo también a los agentes económicos del exterior en tanto sus actividades tengan efecto en nuestro territorio.

El artículo 4º determina -con fundamento en la categorización de tres tipos de actos o prácticas prohibidas y a solo título ejemplificante, esto es, no taxativo- conductas específicas que se entienden usualmente contrarias a la libertad de competencia en el mercado.

En este sentido, la disposición que se proyecta incluye, por un lado, acuerdos entre agentes económicos que tengan como propósito o como resultado afectar esa libertad; por otra parte, actos individuales o colectivos que impliquen el ejercicio abusivo del "poder de mercado" por parte de agentes económicos, concepto que se define en el artículo 6º del proyecto; y por último, actos resueltos por asociaciones o gremiales conformadas por agentes económicos que tengan iguales propósitos o efectos.

El artículo 5º define el concepto de "mercado relevante", expresión que se ha introducido en el artículo 2º como alcance de la condición de aplicación de la cláusula prohibitiva de carácter general: las prácticas contrarias a la libertad de competencia resultan prohibidas en tanto afecten dicha libertad "en una parte sustancial de cualquier sector del mercado".

A esos efectos, el artículo 5º citado establece criterios para la determinación del "mercado relevante", optándose por no expresar en la ley misma el porcentaje del mercado que debe representar un agente económico, o sus bienes o servicios, respecto del mercado total específico en el que aquel actúa o estos se ofrecen o demandan, dado que el porcentaje mismo admite variaciones u oscilaciones en función de su aplicación a sectores o ramas concretas de la actividad económica en un momento determinado de su desarrollo en el territorio nacional, dejando librada su fijación a la autoridad de aplicación de la defensa de la competencia.

El artículo 6º conceptualiza la expresión "poder de mercado", contenida en el numeral 2) del artículo 4º, estimándose que la misma, en un mercado de limitadas dimensiones como es el nacional, es más apropiada que la tradicional en la materia, como es la de "posición dominante", con la ventaja comparativa adicional de que resulta más accesible, en principio, la prueba del abuso del poder de mercado que la prueba del abuso de posición dominante, en una circunstancia avalada por la práctica de la actual legislación en la materia.

El artículo 7º plantea el concepto de "ganancias de eficiencia" como pauta de valoración de la legitimidad o ilegitimidad de ciertos acuerdos o decisiones que pueden inscribirse dentro de los actos o prácticas prohibidas por la ley, en el entendido de que estos actos o prácticas podrían ser eventualmente admitidos si contribuyen a mejorar la gestión de los agentes económicos o tienen como consecuencia el ofrecimiento de ventajas o beneficios para los consumidores, esto es, si estos obtienen un aprovechamiento directo o indirecto de aquellos actos o prácticas.

El Capítulo II, denominado "Procedimiento para la investigación y sanción de prácticas prohibidas", se integra con 16 artículos que regulan la competencia y el proceso administrativo que corresponde sustanciar para la investigación de prácticas prohibidas y el régimen sancionatorio a aplicar en su caso. Este capítulo es sumamente sencillo. Con su mera lectura se comprende su alcance y su significado.

En el Capítulo III, "Control de concentraciones", tenemos algunas discrepancias que expresamos en la Comisión. Este capítulo se organiza en cinco artículos y tiene por objeto regular el fenómeno económico-financiero de las fusiones y adquisiciones como medios o instrumentos de las concentraciones económicas.

La legislación actualmente vigente no contiene ninguna disposición al respecto, entendiéndose, sin embargo, que se trata de un fenómeno de la realidad que corresponde regular y controlar en el ámbito de la defensa de la competencia, en la medida en que aquel se manifiesta en prácticas que tienen una significativa aptitud para impedir, limitar o distorsionar la libertad de competencia y en tanto tienden a la conformación de unidades negociales de características monopólicas u oligopólicas.

Es por ello que en el artículo 24 se definen con amplitud las distintas formas jurídicas y negociales que permiten instrumentar las concentraciones económicas y se establecen los tipos de concentración que se pueden dar en la realidad del mercado, a la vez que se determinan los casos en que se requiere la previa autorización del órgano de aplicación para proceder a formalizar las concentraciones económicas del caso, tomando para estos efectos criterios sustentados indistintamente en porcentajes de toma de posición en el mercado o de facturación bruta anual en el territorio nacional.

Los artículos 26 a 28 regulan, por su parte, los requisitos, procedimientos y plazos para el otorgamiento expreso o ficto de la autorización previa, en tanto el artículo 28 plantea también la posibilidad de que aquel órgano sujete la autorización administrativa al previo cumplimiento de condiciones que atenúen los efectos de la concentración.

El Capítulo IV refiere al "Órgano de aplicación". En este capítulo se estructura la organización, cometidos y atribuciones del órgano de aplicación de la defensa de la competencia.

El Capítulo V contiene las "Disposiciones finales", donde se incluyen normas relativas a la prescripción de las acciones por realización de prácticas prohibitivas, estableciendo un término comparable con el propio de las acciones por responsabilidad civil extracontractual.

Por lo expuesto, la Comisión aconseja al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Algunos de los Representantes que la integramos entendemos que no sería conveniente aprobar el Capítulo III, relativo al control de concentraciones, cuya eliminación íntegra no cambia el contexto del proyecto. Existe determinado tipo de razones que nos llevan a recomendar su no aprobación, en particular la circunstancia de que estaríamos generando un trámite previo a los procesos de adquisición de empresas y adquisición de acciones de sociedades, lo cual generaría un trámite burocrático más a cumplir por los inversores, retrasando las inversiones.

Es cuanto quería informar.

Gracias, señor Presidente.

18.-     Comisión Especial de Género y Equidad. (Prórroga de plazo).

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Dese cuenta de una moción presentada por las señoras Diputadas Argimón, Percovich y Rondán y el señor Diputado Pablo Mieres.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se prorrogue el plazo de que dispone para expedirse la Comisión Especial de Género y Equidad hasta el día 15 de octubre del año 2004".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta: AFIRMATIVA.

19.-    Rectificación de trámite.

Dese cuenta de una moción presentada por los señores Diputados Obispo y Da Silva.

(Se lee:)

"Mocionamos para que el proyecto de ley sobre 'Normas para el fomento y desarrollo de la industria maderera' (Carpeta Nº 3490/003), radicado en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, pase a la Comisión de Industria, Energía y Minería".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta: AFIRMATIVA.

20.-    Urgencias.

Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Pablo Mieres, Barrera, Borsari Brenna, Heber Füllgraff, Bayardi y Díaz.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la Carpeta Nº 2068/2002, 'Programa de principios de los partidos políticos. (Publicación)'".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

21.-    Programas de principios de los partidos políticos. (Publicación).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: "Programas de principios de los partidos políticos. (Publicación)".

Continúa la discusión general.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: en la oportunidad anterior en que se trató este proyecto de ley, el señor Diputado Chifflet había hecho alguna reflexión acerca de los plazos. Solicito al señor Diputado que nos refresque la memoria acerca de su planteamiento, que creo que era muy atinado y más parecido al proyecto como fuera presentado originalmente.

SEÑOR CHIFFLET.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LACALLE POU.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: había hecho la consulta al señor Diputado Lacalle Pou y el tema se discutió en Sala. Inclusive, también habíamos hecho alguna propuesta de modificación en el aspecto gramatical, por una palabra que se había incluido por error en el articulado. Al respecto, había habido acuerdo en Sala.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Puede continuar el señor Diputado Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- He finalizado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

SEÑOR BERGSTEIN.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BERGSTEIN.- Mociono para que se suprima la lectura y se vote en bloque todo el articulado.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- La Mesa aclara que se necesitan sesenta y seis votos conformes para aprobar los artículos 1º al 5º y no hay en Sala el quórum necesario.

Se está llamando a Sala.

SEÑOR CHIFFLET.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: quisiera aclarar que el texto que se va a votar no es el que viene de la Comisión, sino otro que contiene las correcciones que se hicieron en Sala. Aprovecho para señalar que los plazos se ajustaron más a lo que proponía el autor del proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- En la Mesa tenemos el proyecto que figura en la hoja final del repartido; no ha llegado ningún otro texto.

Como no hay en Sala el quórum requerido, la Mesa sugiere que se vote el cierre de la discusión de todos los artículos.

Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

22.-    Comisión de Legislación del Trabajo. (Autorización para reunirse durante el receso).

Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Falero.

(Se lee:)

"Mociono para que se autorice a la Comisión de Legislación del Trabajo a reunirse durante el receso (artículo 130 del Reglamento de la Cámara de Representantes)".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

23.-    Urgencias.

Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Pablo Mieres, Barrera, Heber Füllgraff, Borsari Brenna, Bayardi y Díaz.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la Carpeta Nº 2894/003, 'Lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. (Se declara de interés nacional)'".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

24.-    Lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. (Se declara de interés nacional).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figura en décimo término del orden del día: "Lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. (Se declara de interés nacional)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1233

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación.

Artículo 2º.- Créase la Comisión Honoraria contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

Artículo 3º.- Dicha Comisión tendrá por objeto proponer políticas nacionales y medidas concretas para prevenir y combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación.

Artículo 4º.- Será asimismo competencia de la Comisión Honoraria:

A) Analizar la realidad nacional en materia de discriminación, xenofobia y racismo y elaborar informes y propuestas con respecto a dichos temas.

B) Difundir los principios contenidos en el inciso J) del artículo 6º del Decreto-Ley Nº 10.279, de 19 de noviembre de 1942, y en la Ley Nº 16.048, de 16 de junio de 1989 (artículos 149 bis y 149 ter del Código Penal); normas concordantes y complementarias, así como los resultados de los estudios y propuestas que formule y promueva.

C) Diseñar e impulsar campañas educativas tendientes a la preservación del pluralismo social, cultural o religioso, y a la eliminación de actitudes discriminatorias, xenofóbicas o racistas, participando asimismo en la ejecución de esas campañas en coordinación con los respectivos organismos.

D) Recopilar y mantener actualizada la información sobre el Derecho Internacional y extranjero en materia de discriminación, xenofobia y racismo, estudiar esos materiales y elaborar informes comparativos de los mismos.

E) Recibir y centralizar información sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas, llevar un registro de las mismas y formular la correspondiente denuncia judicial si eventualmente correspondiere.

F) Recopilar la documentación vinculada a sus diferentes objetivos.

G) Brindar un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos que se consideren discriminados o víctimas de actitudes xenofóbicas o racistas.

H) Proporcionar al Ministerio Público y a los Tribunales Judiciales el asesoramiento técnico especializado que fuere requerido por estos en los asuntos referidos a la temática de su competencia.

I) Informar a la opinión pública sobre actitudes y conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas que pudieren manifestarse en cualquier ámbito de la vida nacional, especialmente en las áreas de educación, salud, acción social y empleo; provengan ellas de autoridades públicas o entidades o personas privadas.

J) Establecer vínculos de colaboración con organismos nacionales o extranjeros, públicos o privados, que tengan similares objetivos a los asignados al presente instituto; intercambiando especialmente la información relativa a las conexiones internacionales entre los distintos grupos.

K) Proponer al organismo competente, la celebración de nuevos tratados sobre extradición.

L) Celebrar convenios con organismos y/o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, para el más eficaz cumplimiento de los cometidos asignados.

LL) Promover la realización de estudios, concursos e investigaciones relacionadas con sus competencias.

M) Discernir un premio anual a favor de la persona o institución que se haya destacado en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación.

Artículo 5º.- La Comisión Honoraria contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo estará integrada por siete miembros designados de la siguiente manera:

A) Un representante del Ministerio de Educación y Cultura, que la presidirá.

B) Un representante del Ministerio del Interior.

C) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.

D) Un representante del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración Nacional de Educación Pública.

E) Tres representantes designados por el Presidente de la República, entre las personas propuestas por organizaciones no gubernamentales que cuenten con conocida trayectoria en la lucha contra la discriminación, xenofobia y el racismo.

Artículo 6º.- La Comisión podrá crear Comisiones departamentales y locales que funcionarán conforme a las normas reglamentarias que dictará la propia Comisión Honoraria.

Artículo 7º.- Los integrantes de la Comisión Honoraria durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos. En caso de sustitución, permanecerán en sus funciones hasta que asuma el sustituto, excepto en caso de incapacidad o renuncia.

Artículo 8º.- El Ministerio de Educación y Cultura suministrará la infraestructura y los recursos humanos necesarios para el funcionamiento de la Comisión Honoraria, de acuerdo a la organización que establezca el Poder Ejecutivo en el decreto reglamentario.

Artículo 9º.- Asimismo, constituirán recursos de la Comisión Honoraria contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo y en la forma dispuesta por las normas pertinentes se destinarán exclusivamente para el más eficaz cumplimiento de sus cometidos, los siguientes:

A) Los recursos provenientes de aportes internacionales que el Estado le autorice.

B) Los recursos provenientes de organizaciones no gubernamentales.

C) Las herencias, legados y donaciones que se realicen a favor de la institución y que sean aceptadas por el Poder Ejecutivo.

D) Todo tipo de aporte o contribución en dinero o en especie proveniente de entidades oficiales o privadas, incluyendo colectas públicas.

E) Bienes que le asignen por ley.

F) Frutos civiles y naturales de los bienes que le pertenezcan.

Artículo 10.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de ciento veinte días contados desde el día siguiente al de su promulgación.

Montevideo, 27 de marzo de 2003.

NAHUM BERGSTEIN, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nadie nace con el racismo, la xenofobia y la discriminación instalados en su corazón.

Por razones que no corresponde analizar en el marco de una exposición de motivos, esos sentimientos se van incorporando en determinadas personas y generan su propia dinámica a lo largo de sus vidas.

Desde un enfoque humanista, digamos simplemente que sería un desatino, como escribiera Bernard Henri Levy, intentar, en términos racionales, reducir la extrema singularidad de un individuo, su inapreciable e incesante surgimiento, al "ghetto" de un tipo o de una tribu.

Sin embargo, el hecho es que en amplias regiones del planeta, incluso países que son referentes de nuestra cultura, puede apreciarse una progresiva virulencia del odio inspirado en la discriminación, la xenofobia y el racismo a pesar de los avances legales y culturales en la materia.

Como expresara Imre Kertesz, el reciente Premio Nobel de Literatura, en muchos países europeos no ha habido, al parecer, una auténtica catarsis en su conciencia.

No significamos con ello que éste sea el primero ni el más urgente de los problemas del siglo XXI, pero a esta altura quedan pocas dudas sobre la permanencia de este delirio cuyo vínculo social es la ignorancia o la cólera o ambos.

Nuestro país está, comparativamente, en situación favorable para combatir estos fenómenos.

La tradición política liberal y la laicidad de nuestra enseñanza pública que -dicho sea de paso- debemos preservar en todas sus dimensiones, constituyen, entre otros, factores que coadyuvan en buena medida a enfrentar estos fenómenos.

Pero de ahí a asegurar que estemos definitivamente vacunados contra los mismos media un gran trecho.

No puede descartarse que haya un sentimiento subyacente de naturaleza racista, xenofóbico o discriminatorio que en determinadas situaciones pueda hacer eclosión.

Para enfrentar ese tipo de fenómenos ya Carballa sentó en su momento la buena tesis en el sentido de que hay una gama de opiniones cuya incriminación penal no compromete la libertad de opinión, más allá de la resistencia interior que sentimos, para decirlo con las palabras de Sartre, en considerar como opinión doctrinas dirigidas expresamente contra determinadas personas, inferiorizándolas, suprimiendo sus derechos e incluso proclamando su exterminio como objetivo supremo. ¿Son en verdad opiniones?

El hecho es que desde hace décadas se fue gestando en nuestro país una legislación penal que en su conjunto abarca un abanico de conductas que esencialmente pretenden proteger la paz y la tranquilidad pública partiendo de la base incontrovertible de que el racismo, la xenofobia y la discriminación corrompen las sociedades en cuyo seno anidan y prosperan.

De todos modos, estas normas penales, aplicadas en más de un caso, se han revelado eficaces incluso en un sentido de prevención general confirmando que el derecho penal, por el solo hecho de existir, mantiene a alguna gente alejada del delito.

Eso abarca una faceta del tema.

Pero hay otro aspecto, de no menor importancia, que es de naturaleza preventiva.

Como escribiera el maestro Couture en el año 1954, "Por vigorosa que sea una ley y por dispuestas que se hallen las autoridades a hacer efectiva su aplicación, siempre serán una y otra insuficientes para combatir los problemas que derivan de una errónea o insuficiente acción colectiva.

Los estados de conciencia se modelan solamente con la educación. Conviene, en consecuencia, atribuir a la propaganda bien orientada y a la formación reflexiva de un estado de conciencia, un carácter de previsión de hechos más graves... tener conciencia de que el derecho es un factor meramente accesorio frente a los problemas de la formación de una conciencia colectiva de una nación. Y sin perjuicio de planear el derecho y de confiar en él, me permito señalar la conveniencia de un gran esfuerzo, de la máxima intensidad posible, para acudir en apoyo de todas las formas preventivas del antisemitismo y del racismo. Esto solo se consigue educando y teniendo conciencia, además, de que solo la educación del pueblo es la que eleva su nivel moral y social".

Y agrega más adelante:

"... es un problema social y humano que interesa al Uruguay como nación independiente.

Conviene pues que tengamos ideas claras de la relación que debe existir entre el fin y los medios.

El fin que se procura pertenece a nuestra propia estructura institucional, los medios serán siempre insuficientes, ya sean jurídicos, ya sean educacionales, y solo una obstinada vocación de perfeccionamiento de nuestro pueblo puede conducirnos a la realización de los fines que anhelamos".

Con el transcurso del tiempo, se hizo a nuestro juicio evidente que los hechos que se dan en el marco de estas disposiciones represivas y políticas preventivas configuran situaciones dinámicas. Deben ser analizadas con una visión global basada en la información adecuada no solo sobre el estado de situación, sino también sus tendencias, conexiones entre grupos afines, posibles canales de financiamiento, etcétera.

Es claro que la piedra angular es el principio por el cual la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación es de interés nacional.

Este postulado, a nuestro juicio fundamental está consagrado a texto expreso en el artículo 1º del proyecto.

De ahí en más, se podrán elaborar estrategias destinadas a políticas de largo aliento que resulten cada vez más eficaces en todos los ámbitos de la lucha contra esos fenómenos y a ello se orienta el presente proyecto.

Para su implementación se crea la Comisión Honoraria contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, no como una Comisión más sino diseñada como un organismo permanente -tal como se ha planteado en la República Argentina ante un proyecto de ley con objetivos similares- destinado a convertirse "en un verdadero lugar de encuentro y de debate para la colaboración activa entre el gobierno nacional y la sociedad, en pos de objetivos comunes y compartidos en materia de lucha contra la discriminación", con la finalidad de proponer precisamente políticas nacionales y medidas concretas para combatirlos (artículos 2º y 3º del proyecto de ley).

La amplitud de los cometidos descriptos en el artículo 4º responde a las consideraciones ya expuestas.

Estará integrada por siete miembros, tal como se desprende del artículo 5º. Además de los representantes de los Ministerios involucrados y del CODICEN integrarán la Comisión tres representantes de las organizaciones no gubernamentales que cuenten con una reconocida trayectoria en la materia y que serían designados por el Presidente de la República.

Cabe destacar el artículo 9º que prevé la eventual asignación de recursos de fuentes internacionales, de organizaciones no gubernamentales, así como aportes públicos y privados.

Puede apreciarse que la Comisión propuesta proporciona a las organizaciones no gubernamentales un soporte institucional permanente que pueda prestarles su asistencia en caso necesario, a la vez que se ofrece como un interlocutor válido para sus relaciones con los organismos gubernamentales e internacionales. Pero ésta será una vía de ida y vuelta: los sectores de la comunidad involucrados en la lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo tendrán en el organismo propuesto, la posibilidad de seguir aportando su ayuda para la eliminación de esas actitudes y comportamientos lesivos de la dignidad de la persona humana, que tanto daño hacen a la vida de una comunidad, ya que al agredir a uno cualquiera de nosotros, se arremete a todos los que deseamos vivir en democracia, con pluralismo social y cultural, en armonía y con justicia.

Comenzamos esta exposición de motivos expresando que nadie nace con el racismo instalado en su corazón.

Pero tampoco nace con el antirracismo incorporado como un antídoto.

Entre ambos hay un campo propicio para una acción permanente que con el respaldo del marco estatal aspira a reflejar la conciencia moral de la sociedad uruguaya en su lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación.

Montevideo, 27 de marzo de 2003.

NAHUM BERGSTEIN, Representante por Montevideo".

Anexo I al
Rep. 1233

"Comisión de Educación y Cultura

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión Asesora por unanimidad de sus integrantes aconseja a la Cámara aprobar el proyecto de ley adjunto.

Al proyecto original se han incorporado aportes que han permitido lograr el respaldo de todos los integrantes de la Comisión, lo que explica en buena medida el tiempo que insumió su tratamiento.

A esta altura no parece necesario abundar sobre los males que el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación pueden ocasionar a la sociedad democrática. Más que a los presuntos destinatarios de las conductas afectan a la sociedad en su conjunto porque no solo conspiran contra la paz pública sino contra los valores esenciales de la identidad nacional. Sobre el particular nos remitimos a la exposición de motivos que damos aquí por reproducida.

Tampoco parece necesario demostrar que nuestro país no está inmunizado contra estas aberraciones.

Este proyecto no es de naturaleza represiva. Desde la sanción de la ley antidiscriminatoria Nº 16.048, de 16 de junio de 1989, a cuyo texto la actual Legislatura incorporó la diversidad sexual y sin olvidar otras disposiciones penales vigentes desde mucho antes, podemos concluir que el derecho positivo penal cubre una gama de conductas que genéricamente podemos calificar como delitos de odio.

El texto sometido a consideración del Cuerpo, en cambio, es de naturaleza preventiva. Intenta ahondar en el análisis de la realidad nacional en la materia, determinar la magnitud de esos fenómenos, e identificar las causas que generan estas actitudes discriminatorias, que son de la más variada naturaleza pero parecidas en sus efectos perniciosos.

El artículo 1º declara de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación.

Esta primera disposición ya estaría justificando el proyecto en su conjunto por cuanto esta declaración de interés nacional llena un vacío que no debía perdurar en nuestro ordenamiento jurídico.

Dentro de las formas de discriminación se subrayan el racismo y la xenofobia, tanto por su singularidad dentro del conjunto de fenómenos discriminatorios, como también por el triste historial que tienen en nuestro país. Además de esa historia, fenómenos contemporáneos evidencian inequívocamente la necesidad de su tratamiento.

Sin perjuicio de lo cual se ha incluido una amplia gama de otros fenómenos discriminatorios tal como se desprende de la definición del artículo 2º del proyecto.

El mismo es un compendio de las definiciones incluidas en las diversas Convenciones antidiscriminatorias aprobadas por las Naciones Unidas, cada una de las cuales contiene una definición de discriminación valedera para definir sus alcances a los efectos de la respectiva convención.

Se crea la Comisión Honoraria, artículo 3º, que tendrá por objeto, artículo 4º, la elaboración de políticas nacionales y medidas concretas en función de la declaratoria de interés nacional del artículo 1º incluyendo normas de discriminación positiva (artículo 4º).

La Comisión es de carácter honorario para evitar cargas presupuestales en la actual coyuntura económica y la creación de una burocracia que con el tiempo se constituya en un fin en sí mismo. Sin perjuicio de lo cual podrá recibir aportes de fuente nacional e internacional, tal como se desprende del artículo 10.

En la medida que la Comisión Honoraria colme las expectativas en ella depositadas, cabe pronosticar que habrá de recibir recursos provenientes de diversas fuentes que no signifiquen una carga para el Erario público.

La integración de la Comisión asegura una muy importante participación de la sociedad civil, tal como surge del artículo 6º.

El artículo 5º establece las competencias de la Comisión.

Si, como se ha dicho anteriormente, se pretende identificar las causas de estos fenómenos, la primera tarea será analizar la realidad nacional y la potestad de plantear al Poder Ejecutivo la eventual necesidad de una legislación complementaria.

A continuación se establece que la Comisión deberá difundir la legislación represiva vigente por aquello de que el derecho penal, por el solo hecho de existir, mantiene a más de uno alejado del delito.

También será tarea de la Comisión difundir los resultados de los estudios en la materia y monitorear el cumplimiento de la legislación vigente.

En el apartado D) se establece el cometido de diseñar e impulsar campañas educativas tendientes a la preservación del pluralismo en sus diversas formas, y en el respeto a la diversidad.

La Comisión deberá elaborar estándares que permitan presumir formas de discriminación, en atención a la referida naturaleza proteica de esos fenómenos, lo que obliga a decodificar expresiones y actitudes bajo las cuales se pretende enmascarar lo que de otro modo no alcanza a manifestarse.

El apartado F) es de gran importancia práctica al encomendar a la Comisión Honoraria la recopilación y actualización de la legislación internacional y el derecho comparado en la materia, elaborando informes comparativos. Cabe agregar que hay un intenso proceso legislativo que está en plena fermentación con el cual es conveniente estar familiarizado.

El apartado G) pone a cargo de la Comisión Honoraria la creación de un registro de conductas y le atribuye la posibilidad de formular las correspondientes denuncias, sin perjuicio de que si se tratare de conductas penalmente tipificadas, las mismas son perseguibles de oficio.

La Comisión deberá proporcionar un servicio de asesoramiento gratuito a personas, grupos, así como al Ministerio Público y Tribunales Judiciales.

El apartado L) permite establecer vínculos e intercambiar información con organismos nacionales y extranjeros de similares objetivos y celebrar convenios (apartado N).

La Comisión podrá asimismo proponer nuevos tratados de extradición con la obvia finalidad de incorporar a los delitos extraditables las conductas discriminatorias.

El apartado P) faculta discernir un premio anual a favor de la persona o institución que se haya destacado en la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación.

Los artículos 7º, 8º y 9º permiten crear Comisiones departamentales y locales, establecen el término de duración en los cargos, su infraestructura y recursos.

En resumidas cuentas, si se pregunta si en nuestro país hay racismo, xenofobia y otros tipos de discriminación, esta Comisión entiende que sí, que la hay.

Si se pregunta si hay más o menos que en el pasado y qué medidas deben adoptarse para su erradicación, precisamente para ello la Comisión de Educación y Cultura propone la aprobación de este proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 29 de octubre de 2003.

NAHUM BERGSTEIN, Miembro Informante, BEATRIZ ARGIMÓN, ROQUE ARREGUI, MARIELLA DEMARCO, GABRIELA GARRIDO, GLENDA RONDÁN.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación.

Artículo 2º.- A los efectos de la presente ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Artículo 3º.- Créase la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación.

Artículo 4º.- Dicha Comisión tendrá por objeto proponer políticas nacionales y medidas concretas para prevenir y combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación, incluyendo normas de discriminación positiva.

Artículo 5º.- A esos efectos, será asimismo competencia de la Comisión Honoraria:

A) Analizar la realidad nacional en materia de discriminación, racismo y xenofobia, elaborar informes y propuestas con respecto a dichos temas, y plantear al Poder Ejecutivo la creación de normas jurídicas específicas o modificación de las ya existentes en su área de competencia.

B) Difundir los principios contenidos en el inciso J, del artículo 6º del Decreto–Ley Nº 10.279, de 19 de noviembre de 1942, y en los artículos 149 bis y 149 ter del Código Penal, normas concordantes y complementarias, así como los resultados de los estudios y propuestas que formule y promueva.

C) Monitorear el cumplimiento de la legislación nacional en la materia.

D) Diseñar e impulsar campañas educativas tendientes a la preservación del pluralismo social, cultural o religioso, a la eliminación de actitudes racistas, xenofóbicas o discriminatorias y en el respeto a la diversidad.

E) Elaborar una serie de estándares que permitan presumir alguna forma de discriminación, sin que ello implique un prejuzgamiento sobre los hechos resultantes en cada caso.

F) Recopilar y mantener actualizada la información sobre el derecho internacional y extranjero en materia de racismo, xenofobia y toda otra forma de discriminación, estudiar esos materiales y elaborar informes comparativos de los mismos.

G) Recibir y centralizar información sobre conductas racistas, xenofóbicas y discriminatorias; llevar un registro de las mismas y formular la correspondiente denuncia judicial si eventualmente correspondiere.

H) Recopilar la documentación vinculada a sus diferentes objetivos.

I) Brindar un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos que se consideren discriminados o víctimas de actitudes racistas, xenofóbicas y discriminatorias.

J) Proporcionar al Ministerio Público y a los Tribunales Judiciales el asesoramiento técnico especializado que fuere requerido por estos en los asuntos referidos a la temática de su competencia.

K) Informar a la opinión pública sobre actitudes y conductas racistas, xenofóbicas y discriminatorias o que pudieren manifestarse en cualquier ámbito de la vida nacional, especialmente en las áreas de educación, salud, acción social y empleo; provengan ellas de autoridades públicas o entidades o personas privadas.

L) Establecer vínculos de colaboración con organismos nacionales o extranjeros, públicos o privados, que tengan similares objetivos a los asignados al presente instituto; intercambiando especialmente la información relativa a las conexiones internacionales entre los distintos grupos.

M) Proponer al organismo competente, la celebración de nuevos tratados sobre extradición.

N) Celebrar convenios con organismos y/o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, para el más eficaz cumplimiento de los cometidos asignados.

O) Promover la realización de estudios, concursos e investigaciones relacionadas con sus competencias.

P) Discernir un premio anual a favor de la persona o institución que se haya destacado en la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación.

Artículo 6º.- La Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación estará integrada por siete miembros designados de la siguiente manera:

A) Un representante del Ministerio de Educación y Cultura, que la presidirá.

B) Un representante del Ministerio del Interior.

C) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.

D) Un representante del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

E) Tres representantes designados por el Presidente de la República, entre las personas propuestas por organizaciones no gubernamentales que cuenten con conocida trayectoria en la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación.

Artículo 7º.- La Comisión podrá crear Comisiones departamentales y locales que funcionarán conforme a las normas reglamentarias que dictará la propia Comisión Honoraria.

Artículo 8º.- Los integrantes de la Comisión Honoraria durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos. En caso de sustitución, permanecerán en sus funciones hasta que asuma el sustituto, excepto en caso de incapacidad o renuncia.

Artículo 9º.- El Ministerio de Educación y Cultura suministrará la infraestructura y los recursos humanos necesarios para el funcionamiento de la Comisión Honoraria, de acuerdo a la organización que establezca el Poder Ejecutivo en el decreto reglamentario.

Artículo 10.- Asimismo, constituirán recursos de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación y en la forma dispuesta por las normas pertinentes se destinarán exclusivamente para el más eficaz cumplimiento de sus cometidos, los siguientes:

A) Los recursos provenientes de aportes internacionales que el Estado le autorice.

B) Los recursos provenientes de organizaciones no gubernamentales.

C) Las herencias, legados y donaciones que se realicen a favor de la institución y que sean aceptados por el Poder Ejecutivo.

D) Todo tipo de aporte o contribución en dinero o en especie proveniente de entidades oficiales o privadas, incluyendo colectas públicas.

E) Bienes que le asignen por ley.

F) Frutos civiles y naturales de los bienes que le pertenezcan.

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de ciento veinte días contados desde el día siguiente al de su promulgación.

Sala de la Comisión, 29 de octubre de 2003.

NAHUM BERGSTEIN, Miembro Informante, BEATRIZ ARGIMÓN, ROQUE ARREGUI, MARIELLA DEMARCO, GABRIELA GARRIDO, GLENDA RONDÁN".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR DÍAZ.- Mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y nueve en sesenta: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 2º.

SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- Propongo que se vote en bloque desde el artículo 2º al 11, inclusive.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 2º a 11, inclusive.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DA SILVA.- Señor Presidente: quiero manifestar a la Cámara mi total agrado por el hecho de que este proyecto de ley haya sido votado casi por unanimidad, sobre todo en momentos tan particulares como los que se han vivido recientemente en la Facultad de Arquitectura, donde este tema ha sido recurrente y donde ha habido situaciones de violencia realmente preocupantes.

Es bueno que se informe en la Cámara que a raíz de situaciones de xenofobia y de racismo, hoy hay tres estudiantes uruguayos detenidos: uno de ellos por pintar una cruz esvástica en la maqueta de dos estudiantes judíos, y estos por haberle partido la cabeza a ese señor que pintó dicha cruz.

Así que más que actualizado está el proyecto del señor Diputado Bergstein. Por eso manifestamos nuestra preocupación y esperamos que a través de esta iniciativa se encuentre una solución a esta difícil situación.

Hasta el día de hoy no entendemos por qué no ha salido a la luz pública un hecho tan grave como ese.

Muchas gracias.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: el proyecto de ley que estuvo a consideración de la Comisión de Educación y Cultura termina estableciendo una Comisión Honoraria, luego de una larga discusión en la que muchos de los que participamos creíamos que era bueno que se convirtiera en un instituto. Hoy mismo, en la tarde, discutíamos en la Comisión de Derechos Humanos la necesidad del "ombudsman", porque estamos aprobando de a pequeños pedazos proyectos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos en el país y con los distintos tipos de discriminación, y nos gustaría tener una figura que tuviera distintas secretarías, como existe en otros países.

Finalmente, la Comisión llegó a un acuerdo en torno a esta Comisión Honoraria, que entendemos que quizás no sea todo lo importante que habría sido si se hubiera creado un instituto, tal como planteaba el proyecto del señor Diputado Abdala.

Queríamos dejar esta constancia.

Muchas gracias.

SEÑOR BERGSTEIN.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: entiendo que hay un compromiso a nivel de coordinadores para que no haya debate, por lo que nos limitamos a un fundamento el voto.

En primer lugar, a raíz de las palabras vertidas por el señor Diputado Da Silva, debo agregar que hasta donde nos consta, la persona que en la maqueta de la Facultad de Arquitectura puso los símbolos esvásticos también fue procesada, precisamente, por violación a la ley antidiscriminatoria, que lleva el Nº 16.048.

En la Comisión hubo una ardua discusión con relación al proyecto, se recibió a múltiples delegaciones, cada una de las cuales, desde su óptica, formuló su visión del tema, y se llegó a ese texto consensuado. Me permito expresar el reconocimiento a los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura. También a quienes han presentado otros proyectos, como el señor Diputado Abdala, y al Cuerpo en su conjunto, porque a veces, bajo el apremio de las urgencias legislativas, en el apuro ni nos damos cuenta de la trascendencia -lo digo con todos los respetos- de los asuntos que tenemos entre manos.

La semana pasada -si se me permite mencionar un episodio- recibí una carta del Embajador de Francia en nuestro país a la que adjuntaba una serie de medidas que, con carácter urgente, adoptó allí el Presidente Chirac en relación con el racismo y el antisemitismo. Lamentablemente, dichos fenómenos se suceden en todo Occidente. Las medidas a que hacemos referencia, adoptadas en Francia tienen fecha 17 de noviembre -hace cuestión de días- y disponen la creación de un Comité Interministerial de Lucha contra el Racismo y el Antisemitismo. Aunque en Francia hay leyes que abarcan la mayor parte de las formas de discriminación, sin embargo se consideró imprescindible y urgente crear ese Comité Interministerial. Además, se da instrucciones a los Ministros del Interior, de Justicia y de Educación Nacional, estableciendo una serie de directivas en la materia.

Lamentablemente, estos fenómenos que corrompen las bases del sistema democrático -estoy hablando de los fenómenos discriminatorios en su conjunto- tienen una naturaleza proteica que los hace doblemente peligrosos. Se adaptan a los contextos sociopolíticos permanentemente cambiantes y, además, asumen formas encubiertas que no por ello son menos dañinas.

Si tomáramos como ejemplo el caso del antisemitismo, muchas personas asumen posturas, integran movimientos o usan disfraces que permiten dar libre cauce a sus impulsos antisemitas sin pagar el precio que se paga por ser antisemita.

Quiero reiterar el reconocimiento a todos los colegas que, por encima de fronteras partidarias, comprendieron la trascendencia que para nuestro país tiene ese asunto en el día de hoy.

Muchas gracias.

SEÑORA CASTRO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente: lo primero que quiero señalar es que me gratifica que un proyecto de este tipo -más allá de algunas salvedades- haya sido impulsado ampliamente por legisladores de todos los lemas que tenemos representación en este Parlamento. Pero, por sobre todas las cosas, quiero destacar que, según nos han informado, ha sido una iniciativa presentada por Representantes del Partido de Gobierno.

Es bueno que este plenario sepa que al inicio de esta Legislatura, en el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo se discutió un proyecto presentado por nuestra fuerza política con el objeto de evitar, mediante una normativa, toda forma de discriminación con respecto al acceso al empleo. Allí, los Representantes del Partido de Gobierno negaron la existencia de este tipo de discriminación. Voy a poner el ejemplo muy concreto de un caso que manejé personalmente. No se trata solo de los problemas de raza, de religión, de color de piel, etcétera. En Uruguay, con la crisis estructural que tenemos en materia de puestos de trabajo, hay además una discriminación real con respecto al domicilio de las personas. Hoy, el domicilio para cualquier trabajador o trabajadora o potencial aspirante a un puesto de trabajo tiene que estar ubicado en los barrios clásicamente conocidos, porque si alguien dice que vive en la calle Oficial tal y no da un número porque esa vía no tiene numeración, simplemente ese formulario no es considerado. Inclusive, en el seno de la Comisión aportamos formularios de empresas que contratan mano de obra donde se pregunta al postulante su filiación política y religiosa.

Por lo tanto, ¡vaya si me alegro! Espero que el espíritu que se ha plasmado en la aprobación de este proyecto vaya invadiendo por "penetración" -entre comillas- y podamos llevar adelante otros proyectos que, en definitiva, tienen la misma intencionalidad.

SEÑOR ROSSI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ROSSI.- Señor Presidente: en vísperas del encuentro en Durban, donde se abordarían, precisamente, los temas a que refiere el proyecto que estamos considerando, se formó en este Parlamento un grupo ad hoc presidido por el señor Diputado Abdala, entonces Presidente de la Cámara de Representantes, e integrado por la señora Diputada Percovich y los señores Diputados Borsari Brenna, Da Silva, Michelini y quien habla. Procuramos colaborar con la delegación uruguaya en ese evento y desde entonces quedamos vinculados con el tratamiento de temas de interés de las organizaciones sociales que están preocupadas por la discriminación y la xenofobia.

En esa Comisión, habíamos discutido en más de una oportunidad la conveniencia de promover un instituto que pudiera entender con carácter permanente en estos temas y que se refiriera a todo tipo de discriminación y de persecución.

En la Comisión de Educación y Cultura se ha alcanzado un acuerdo y se promovió este proyecto, pero, al no saber que iba a estar incluido en el orden del día, no nos dio el tiempo para trabajar con detalle y evaluar si la Comisión Honoraria que se propone es conveniente y adecuada para tratar los temas que están en consideración o si deberíamos volver a la idea del instituto, que era la que inicialmente se promovía y que tenía objetivos muy precisos.

El hecho de que, lamentablemente, la consideración de este tema se haya promovido con carácter de urgencia nos coloca en una situación difícil, por cuanto nosotros mantenemos nuestra opinión respecto a la conveniencia del instituto y no de la Comisión Honoraria, a la vez que nos consideramos gratamente partidarios de que una iniciativa de este tipo se apruebe por una mayoría tan amplia en el Parlamento.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

25.-    Comisiones Permanentes, Especiales e Investigadoras. (Autorización para reunirse durante el receso).

——Dese cuenta de una moción presentada por los señores Diputados Bayardi, Amorín Batlle, Posada y Leglise.

(Se lee:)

"Mocionamos para que todas las Comisiones Permanentes y Especiales de la Cámara de Representantes queden autorizadas a reunirse durante el período del receso parlamentario".

——En discusión.

SEÑOR IBARRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: pregunto a quienes presentaron la moción si están incluidas las Comisiones Investigadoras. Si no fuera así y no hubiera inconveniente, solicitaría que se las incluya en la moción.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: no habría problema en incluir las Comisiones Investigadoras, aunque, en definitiva, estas son Comisiones Especiales.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Entonces, en la moción se incluyen las Comisiones Investigadoras.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada, con ese agregado.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

26.-    Comisión Investigadora sobre la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo. (Prórroga de plazo).

Dese cuenta de una moción presentada por la señora Diputada Saravia Olmos y los señores Diputados Mahía, José María Mieres y Domínguez.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se prorrogue hasta el 15 de febrero de 2004 el plazo de que dispone para expedirse la Comisión Investigadora sobre la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

27.-    Preferencias.

Dese cuenta de otra moción, presentada por los señores Diputados Barrera, Pablo Mieres, Heber Füllgraff, Díaz y Bayardi.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se incluya como segundo punto del orden del día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 10 de diciembre, el proyecto relativo a 'Examen de ADN sobre restos mortales de dos ciudadanos uruguayos sepultados en el cementerio de Tacuarembó y sobre los de Carlos Gardel' (Carpeta Nº 2945/003)".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

28.-    Libertad de comercio y preservación de la libre competencia. (Normas).

Continúa la consideración del asunto que figura en tercer término del orden del día: "Libertad de comercio y preservación de la libre competencia. (Normas)".

SEÑOR OBISPO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Scavarelli).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR OBISPO.- Señor Presidente: creemos que este proyecto es muy trascendente y que completa una serie de normas que el país ha ido adoptando en los últimos tiempos.

En la Ley Nº 17.243 se establecieron algunas normas que tienen que ver con la defensa de la competencia, al decir: "Las empresas que desarrollen actividades económicas, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, están sujetas a las reglas de la competencia, sin perjuicio de las limitaciones que se establecieren por ley y por razones de interés general".

Cuando discutimos estas normas, en junio de 2000, manifestamos que eran totalmente insuficientes porque, inclusive, no se establecían sanciones, lo que después fue corregido por los artículos 157 y 158 de la Ley Nº 17.296. Ambas leyes fueron reglamentadas por el Decreto Nº 86/001.

En diciembre de 2000, junto con los señores Diputados Rossi y Barrios establecimos la necesidad de conformar una norma que resumiera en conjunto toda esta temática, de mucha actualidad. Debido a la complejidad que tienen estos temas, también veíamos la necesidad de crear una Comisión Especial, porque si bien este Parlamento ya había establecido algunas normas con limitaciones en lo que tiene que ver con las grandes superficies comerciales y con las relaciones de consumo, precisamente cuando estudiábamos el proyecto de ley sobre relaciones de consumo -en un trabajo muy interesante, porque se trató de una iniciativa corredactada entre el Poder Ejecutivo y la Comisión, alcanzándose un amplio consenso en este tema tan complejo-, ya veíamos la necesidad de contar con normas de defensa de la competencia.

Estas normas deberían tener algunas bases. Nosotros considerábamos que estas tendrías que ser, en primer lugar, regular el derecho a comerciar, consagrado en el artículo 36 de la Constitución de la República, procurando que se desarrolle en el marco de la más amplia competencia y estableciendo limitaciones de interés general, tal como lo dispone el constituyente.

Teníamos también la necesidad de establecer estas normas para cumplir con las obligaciones regionales. El Estado uruguayo había asumido estos compromisos a través del Protocolo de Defensa de la Competencia del MERCOSUR, de diciembre de 1996, con el cual hasta entonces no habíamos cumplido.

La regulación de la libertad de comerciar requiere que el Estado garantice, entre otras cosas, la libre competencia, la desconcentración del poder económico, las condiciones equitativas para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan desarrollarse en un mercado complicado, la no implantación de monopolios privados, las limitaciones de posiciones de dominio, los plenos derechos de los consumidores, las condiciones equitativas para los proveedores y una ley para los proveedores que debería ser declarada de orden público, de forma de impedir que convenciones privadas puedan distorsionar su espíritu.

Por suerte, la Comisión inició sus tareas, y a medida que se recibía a las delegaciones -se trabajó desde diciembre de 2000 hasta diciembre de 2003- fuimos comprendiendo la necesidad de la aprobación de este proyecto de ley.

Consideramos que, en cierta medida, también algunas experiencias que se desarrollaron en el país, precisamente en 2003, demostraron en la práctica la necesidad de esta iniciativa. Aquí se ha manifestado que el Capítulo III, que establece el control previo de las concentraciones, no sería necesario. Pero nosotros entendemos que, en este proyecto de ley -estudiado durante tanto tiempo, con el desarrollo que ha tenido y con la experiencia vivida en la práctica-, la inclusión del Capítulo III, que tiene que ver con el control previo de las concentraciones, es absolutamente necesaria.

Si esta ley hubiera estado vigente en este año 2003, habríamos tenido el control previo de las concentraciones, tal cual establece el artículo 3º y, por ejemplo, no habríamos padecido el cierre de una industria importante, como es el caso de Norteña, en Paysandú. Esta empresa fue adquirida por el monopolio AmBev, que compró las fábricas, se quedó con la casi totalidad del mercado y, después, en posición de dominio, puede establecer el cierre de aquellas plantas industriales que considera no rentables o concentrar su producción en un solo lugar, con el riesgo, inclusive, de que desaparezca la industria en todo el país. Estas empresas multinacionales tienen plantas industriales de mucho porte, de producción de escala en zonas cercanas, como por ejemplo en Brasil y en Argentina. Precisamente, esas actitudes monopólicas se controlan con una ley.

Se nos ha dicho que el control previo de las concentraciones puede evitar inversiones. Nosotros siempre hemos sostenido que lo que deben tener y lo que buscan los inversores son normas y reglas claras. Como decíamos, muchos países tienen estas leyes y, sin embargo, las inversiones se realizan sin ningún tipo de inconveniente.

Este ha sido un trabajo que insumió mucho tiempo y que tuvo un largo proceso de discusión, y todos los sectores políticos estamos convencidos de la necesidad de la aprobación de esta iniciativa.

Este proyecto de ley, además, cuenta con los aportes del doctor Rippe, quien brindó algunas definiciones muy modernas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el mercado relevante, que se introduce en el artículo 1º como alcance de la condición de aplicación de la cláusula prohibitiva de carácter general que establece las prácticas contrarias a la libertad de competencia, que resultan prohibidas en tanto afecten dicha libertad en una parte sustancial de cualquier sector del mercado. Esto es de una gran importancia.

Se establece también lo que tiene que ver con el poder del mercado, contenido en el numeral 2) del artículo 4º, estimándose que en un mercado de limitadas dimensiones como es el nacional, ese concepto resulta más apropiado que el tradicional en la materia, que es el de la posición dominante, con la ventaja comparativa adicional de que resulta más accesible, en principio, la prueba del abuso del poder de mercado que la prueba del abuso de posición dominante, en una circunstancia avalada por la práctica de la actual legislación en la materia.

Otro concepto que nos parece que determina la importancia de la ley y la modernidad introducida por este catedrático, que dio un apoyo tan importante a la Comisión, es el que se plantea en el artículo 7º con respecto a las ganancias de eficiencia como pauta -según dice el propio catedrático- de valoración de la legitimidad o ilegitimidad de ciertos acuerdos o decisiones que pueden inscribirse dentro de los actos o prácticas prohibidos por la ley, en el entendido de que estos actos o prácticas podrían ser eventualmente admitidos si contribuyen a mejorar la gestión de los agentes económicos o tienen como consecuencia el ofrecimiento de ventajas o beneficios para los consumidores, esto es, si estos obtienen un aprovechamiento directo o indirecto de aquellos actos o prácticas.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Chápper)

——Otro aspecto que también creemos importante refiere al órgano de aplicación. Este capítulo comprende tres artículos -del 29 al 31-, que estructuran la organización, cometidos y atribuciones del órgano de aplicación de la defensa de la competencia. Esto fue muy discutido, inclusive porque en la Ley Nº 17.243 y en los artículos 157 y 158 de la Ley Nº 17.296 se establecían normas para que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General, controlara esas normas primarias. Pero esto fue totalmente insuficiente, porque en el ejemplo que di, a pesar de las denuncias que existieron en cuanto a la concentración económica de un monopolio de la cerveza, no se pudo concluir en ningún resultado positivo.

En este proyecto se establece la creación un órgano desconcentrado y de carácter eminentemente técnico, como es el Tribunal de Defensa de la Competencia, que igualmente está situado en el ámbito del Ministerio mencionado, con una composición plural y mayoritariamente profesional, conforme a criterios que se observan en otras experiencias legislativas de derecho comparado.

Entendemos que la aprobación de este proyecto en este Período legislativo es de gran importancia. También nos parece sumamente trascendente que, salvo el Capítulo III, haya sido aprobado por unanimidad, y que en esta Cámara haya un concepto casi unánime sobre la necesidad de una norma de este tipo, que nos pone en situación de igualdad con respecto a los demás países de la región y que complementa las leyes sobre las grandes superficies y sobre las relaciones de consumo a que hacíamos referencia, aunque habríamos deseado una aprobación más rápida de este proyecto.

Es cuanto quería decir.

Muchas gracias.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DA SILVA.- Señor Presidente: coincido con el señor miembro informante en que estamos frente a un proyecto que, de repente, el día de mañana no va a acaparar los titulares de los diarios, pero no tenemos dudas de que será un instrumento extremadamente necesario para los actores del mundo real, los agentes económicos, quienes están padeciendo la ley de la selva en materia económica. Es probable que, salvo las disposiciones de la llamada Ley de Urgencia I y del Presupuesto Nacional, que tibiamente votamos en esta misma Legislatura, no exista un marco normativo tan exacto y profundo como el que resulta de tres años de análisis en una Comisión Especial que, con mucho tino y mucha paciencia, ha trabajado citando a cada uno de los actores involucrados. No quedó ninguno afuera; concurrieron las grandes Cámaras, los agentes económicos importantes, aquellos acusados de ejercer prácticas que esta norma prohíbe, etcétera.

Llegamos a un proyecto de ley que es digno del Parlamento que queremos: un Parlamento que piense, mirando un poco más allá de las cariátides y de los mármoles, en accionar positivamente en el mundo real, en este caso de los negocios, de las relaciones económicas. A Uruguay le hace falta fijar un marco claro que permita una corriente de inversión que por equis factores no hemos podido consolidar.

Creemos en la modernización legislativa en esta materia. La Cámara está a punto de votar disposiciones realmente revolucionarias, como la que hace al Tribunal a que se refería el señor miembro informante. Solamente tenemos cierto matiz con respecto al Capítulo III, que tiene que ver con el control de las concentraciones. Tuvimos un mal ejemplo con una empresa dedicada a la industria cervecera -como bien decía el señor Diputado Obispo-, pero no por ello podemos desalentar, y menos en este momento, cualquier tipo de corriente inversora.

A partir del momento en que se promulgue este proyecto de ley, el inversor sabrá que en Uruguay ya no existe la ley de la selva y que tendrá que cumplir con ciertos requisitos. Los comerciantes sabrán claramente lo estipulado y, sin duda, la libertad de mercado -teoría a la que nos afiliamos- se verá perfeccionada en la medida en que este proyecto de ley sea promulgado.

Creemos en un país de puertas abiertas al mundo; creemos en un país integrado en la cadena productiva; creemos en un país con integración regional. Queremos que el parque industrial, el parque comercial o el parque logístico de los uruguayos pueda actuar como eslabón de una cadena regional o global. En ese entendido, creemos en la participación de nuestras empresas en el exterior y también aspiramos a que empresas del exterior incorporen tecnología y "know-how" a las nuestras para poder integrar esa cadena productiva integradora, que solidifique los llamados "joint ventures" que, a mi juicio, son el futuro del Uruguay. Hablo de una industria que produzca bienes intermedios para que economías de mayor escala puedan procesar industrialmente bienes finales. Nosotros creemos en eso y, por eso, tratamos de abrir todas las puertas a quien venga a asociarse en "joint ventures" nacionales para que no tenga ningún tipo de limitaciones. Coincido en que la experiencia sanducera es una mala experiencia, pero no es por esa mala experiencia que no votaremos el Capítulo III, sino para tratar de promover ese país de coincidencias, de integración regional y global donde, juntos, los uruguayos proporcionemos a quienes tienen mayor tecnología la calidad suficiente para que puedan contar con nosotros. Imagino que lo que puede llegar a ser más atractivo para esos señores es poder asociarse -en este caso fusionarse- con empresas uruguayas sin la limitante que establece el Capítulo III. ¡Vaya si a partir de la aprobación de este proyecto de ley cualquier empresa nacional o multinacional tendrá reglas estrictas para que los desbordes se eliminen! ¡Vaya si a partir de este proyecto de ley las cadenas de grandes superficies tendrán un marco que les permita competir lealmente con los comercios minoristas! ¡Vaya si a partir de este proyecto de ley toda la cadena comercial-industrial del Uruguay tendrá un campo fértil para moverse con ética y altura!

Por eso, creo que lo que hay que resaltar es la unanimidad. La discrepancia puede ser puntual y puede estar motivada por un mal ejemplo, y todos coincidimos en que es así.

Muchas gracias.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero señalar la oportunidad y la conveniencia del proyecto de ley presentado por legisladores del Frente Amplio para legislar en este tema, y en particular de la decisión de la Cámara de crear una Comisión Especial para el estudio de soluciones legislativas referentes a la libertad de comercio en el Uruguay.

Creo que al cabo de un largo tiempo de trabajo, todos los integrantes de la Comisión Especial nos fuimos dando cuenta de la necesidad de legislar en esta materia y nos fuimos convenciendo de que era necesario contar con el aporte de hombres estudiosos que hubieran desarrollado una aproximación a este tema. Es así que esta Comisión Especial pidió la colaboración del doctor Rippe, catedrático de la Facultad de Derecho, quien en forma desinteresada la prestó a la Comisión, a la Cámara de Representantes y, a nuestro juicio, a toda la República. Porque ese proyecto de ley al que los legisladores integrantes de la Comisión dimos estado parlamentario fue, ciertamente, la base de trabajo de lo que ha sido una respuesta concreta y válida frente a los problemas originados con relación a la libertad de comercio.

No tengo ninguna duda de que este es uno de los proyectos de ley más importantes que aprobará la Cámara de Representantes durante esta Legislatura y, claramente, tendrá incidencia en el funcionamiento de la economía. Me atrevo a decir que, conjuntamente con el proyecto incluido en el noveno punto del orden del día, que establece límites al alcance del secreto bancario, constituye un marco de referencia fundamental para el funcionamiento de la economía uruguaya.

Asimismo, nos sentimos plenamente identificados con la filosofía de este proyecto de ley por cuanto, desde el punto de vista del sistema de ideas contenido allí, supone claramente una solución socialdemócrata frente a un problema existente en el mercado uruguayo. Decía bien el señor miembro informante: los únicos antecedentes en esta materia en el Uruguay estaban contenidos en la primera ley de urgente consideración aprobada en este período, y en algunas modificaciones a su alcance que se establecieron después en la ley de Presupuesto. Notoriamente insuficientes, estas soluciones motivaron este trabajo de la Comisión Especial.

Sobre la vieja discusión respecto a cuánto Estado y cuánto mercado, hace mucho tiempo, con la clarividencia que le era característica, el ex Canciller alemán Willy Brandt decía: "Tanto mercado como sea posible, tanta intervención del Estado como sea necesaria".

Si vamos al análisis de este proyecto de ley, notamos claramente que hay una prevalencia en cuanto a dejar que el mercado funcione en la medida en que sea un buen asignador de recursos. A su vez, se establece en forma preceptiva la intervención del Estado cuando ese funcionamiento no se verifique. Esa es, en consecuencia, la médula de este proyecto, que está recogida en su principio general, que me voy a tomar el trabajo de leer porque es el reflejo de la filosofía que inspira este proyecto de ley a consideración de la Cámara. El artículo 2º, que establece el principio general, dice: "Todos los sectores de mercado estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia, excepto las limitaciones establecidas por ley, por razones de interés general.- Se prohíbe en general el abuso de posición de mercado, así como todas las prácticas, individuales o concertadas, que tengan por efecto u objeto, restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia, en una parte sustancial de cualquier sector del mercado.- La conquista del mercado resultante de la mayor eficiencia en relación con los competidores, no constituye restricción de la competencia". Este principio general establece claramente la filosofía del proyecto que más adelante, en los distintos artículos, plantea la forma de intervención del Estado y de buscar soluciones cuando, en definitiva, se verifican abusos de posición de mercado o prácticas que tienen por objeto restringir u obstaculizar el funcionamiento de un mercado en competencia.

Este es el fundamento de nuestra posición política y también, aunque nos comprendan las generales de la ley, el reconocimiento a un trabajo realizado con la participación y con el acuerdo de todos los sectores políticos. Eso no es algo menor porque se trata, precisamente, de sentar bases hacia el futuro sobre cómo debe ser concebido el funcionamiento del mercado. El mercado debe proyectarse, fundamentalmente, desde el punto de vista de la competencia; pero cuando esa competencia resulta obstaculizada, es importante que exista una ley de estas características, donde se establecen reglas y normas que definen la intervención del Estado.

Este es el fundamento político que queríamos dar con relación a este proyecto de ley. En esta discusión que se ha planteado, en la que hay distintos puntos de vista con relación al Capítulo III, relativo al control de concentraciones, estamos absolutamente de acuerdo con lo que plantea el proyecto tal como viene de la Comisión. Creemos que esa es la mejor solución que podemos instrumentar. También se recoge un principio general en materia de control de concentraciones que, por cierto, es bueno que se establezca de una vez por todas por ley a efectos de prever situaciones que, de verificarse, terminan obstaculizando la libre competencia.

Es cuanto quería decir.

SEÑOR ROSSI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ROSSI.- Señor Presidente: cuando los señores Diputados Barrios, Obispo y quien habla promovimos la discusión de este tema, del que resulta el proyecto de ley que estamos considerando, recuerdo que una nota de prensa ironizaba sobre el hecho de que legisladores del Encuentro Progresista-Frente Amplio habían presentado una iniciativa con relación al funcionamiento del mercado, la regulación de la competencia y el libre comercio.

La verdad es que los legisladores del Encuentro Progresista-Frente Amplio que formulamos esta iniciativa lo hicimos al advertir que en la realidad del país existía una necesidad sin respuesta suficiente. Se había pasado entonces por la discusión de la Ley Nº 17.243, que fue tratada con carácter de urgente consideración, donde, en un artículo, por primera vez se había abordado este tema. Y posteriormente tuvo lugar la discusión del Presupuesto Nacional, donde, a través del artículo 107, se trataba de incorporar una serie de sanciones a aplicar en esas definiciones programáticas que se habían establecido en la ley de urgente consideración antes mencionada. Pero la verdad es que estábamos muy lejos de tener un cuerpo integrado que nos permitiera, precisamente, abordar algunos asuntos fundamentales para que pudiera desarrollarse la actividad comercial en el país de acuerdo con lo que marca la propia Constitución de la República. Con el asesoramiento de algunas personas nos pusimos a trabajar para promover una iniciativa que procuraba el objetivo de colocar al Uruguay en una situación más cercana a la realidad internacional y a la de la región. En ese trabajo advertimos que el Uruguay era uno de los pocos países que no tenían legislación en esta materia.

Los primeros pasos en la construcción de esta propuesta fueron muy difíciles: se nombró la Comisión Especial, en la que notoriamente teníamos opiniones no coincidentes en su totalidad; empezamos a recibir delegaciones de los sectores empresariales, de instituciones oficiales de Gobierno y de técnicos especializados en la materia. Así, poco a poco, esa Comisión, que tenía una tarea importante pero muy compleja, fue encontrando un clima que debemos destacar. Hubo un clima de relacionamiento, de trabajo, de búsqueda de asesoramiento como un colectivo, lo cual nos permitió llegar a esta propuesta que estamos promoviendo a la consideración del plenario.

Es cierto que en este camino de trabajo encontramos a un colaborador imprescindible y destacadísimo, el doctor Rippe, como ya bien lo señaló el señor Diputado Posada. Él nos ayudó a ordenar el conjunto de las ideas y de los aportes que se habían recibido durante muchos meses de trabajo. También contamos con el esfuerzo de los funcionarios, que trabajaron muchísimo, aún más que los propios legisladores. Es así que hoy hemos llegado al momento de la discusión de un proyecto que para nosotros es importante y que creo que se define a través de la lectura del artículo 1º, que precisamente establece los objetivos que nos estamos marcando y coloca al Uruguay en un terreno de acercamiento a lo que son las relaciones que se definen en la región en materia de libertad de comercio, en materia de abuso de posición dominante y en materia de libertad de competencia o de garantizar la posibilidad de la competencia.

Aguardamos que el desarrollo de esta discusión culmine con la aprobación de este proyecto, donde encontramos una situación particular: el proyecto en general fue aprobado por unanimidad en la Comisión, pero con relación al Capítulo III hubo distintas interpretaciones respecto a la conveniencia de exigir una autorización previa al proceso de fusión o de integración de distintas empresas. Creo que con la exposición de motivos y los informes aquí volcados, los legisladores ya estarían en condiciones de pasar a votar la solución más conveniente dentro de un proyecto que es único y que es compartido -hay que destacarlo- por todas las bancadas que integran el Parlamento.

Gracias.

SEÑOR BARRIOS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARRIOS.- Señor Presidente: quisiera referirme a algunos aspectos que no han sido mencionados por los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra.

Creo que la mayor urgencia que tenemos, sobre todo quienes hemos trabajado en el proyecto, es que sea aprobado. En la Comisión llegamos a acuerdos después de mucho tiempo de trabajo -prácticamente tres años-, y sin duda estamos interesados en que el proyecto se apruebe, tratando de que tenga el trámite más rápido posible en el Senado para que en esta Legislatura este trabajo arroje un resultado y no quede perdido en los archivos.

Conjuntamente con los señores Diputados Obispo y Rossi, teníamos un objetivo que nacía de la constatación de la falta de una legislación de este tipo en el país, completa y orgánica. Sobre todo, pretendíamos proteger a tres sectores fundamentales, que tienen que ser el objetivo de toda ley que se refiera a facilitar la competencia.

Antes que nada, es preciso proteger a los consumidores y usuarios. Sin ninguna duda, ese es el objetivo final, por más que no sea el que se advierta en primer término; no es el resultado directo, sino indirecto: defender a los consumidores y a los usuarios en el ejercicio de la libertad de elegir dónde adquirir un bien o dónde obtener un servicio.

Otro sector que se pretende proteger con este proyecto es el de las micro, pequeñas y medianas empresas, la mayor fuente de trabajo en el país, que son las que generalmente sufren las consecuencias de los abusos de posición dominante o de prácticas monopólicas que pueden ejercer los grandes conjuntos económicos.

Por último, hay que proteger a la producción nacional, considerando tanto el sector industrial como el agropecuario y el de los servicios, que muchas veces para ser proveedores de las grandes concentraciones económicas y de grandes emprendimientos tienen que someterse a condiciones que llegan a hacer inviable su existencia.

Estos son los objetivos que perseguíamos al proponer este proyecto, y felizmente han sido comprendidos por el resto de los sectores políticos, logrando que hoy estemos todos de acuerdo en aprobarlo.

El único tema sobre el que hubo discrepancias y al que voy a hacer referencia -porque el resto ya fue considerado por el señor miembro informante y también por los legisladores que hicieron uso de la palabra- es el Capítulo III, relacionado con el control de las concentraciones. La discrepancia radica en que muchos integrantes de la Comisión -que en la votación fuimos mayoría- entendemos que debe aprobarse tal como viene y, por tanto, incluirse en la ley. Quienes discrepan entienden que este Capítulo III debe eliminarse, argumentando que podría ser una traba para las inversiones. No creo que ningún inversor pueda sentir dificultades, si su fusión con otra empresa va a superar el 30% del mercado total o va a superar una facturación que debe estar en los US$ 80:000.000 -que a nivel del Uruguay es muchísimo dinero; muy pocos sectores facturan esa cantidad-, simplemente -y no es que esté prohibido, como sucede en otras legislaciones- porque deberá someterse a una autorización previa. El Tribunal de Defensa de la Competencia no podrá demorar más de ciento veinte días en expedirse y, si se excediera ese plazo, se dará por aprobada la fusión o concentración. Además, el Tribunal puede autorizar aun una situación monopólica o una fusión que llegue al 100% del mercado -ello no está prohibido- si entiende que eso no afecta la eficiencia, el buen servicio y, en definitiva, la economía nacional.

Además, es muy importante destacar que el Tribunal puede autorizar con condiciones y, en ese ejemplo que con razón ponía el señor Diputado Da Silva -un desgraciado ejemplo que tal vez nos haga pensar que en todos los casos suceda lo mismo-, si hubiese existido la autorización previa, podría haberse condicionado a que no se redujeran los puestos de trabajo que existían al día de hacerse la fusión, y seguramente la empresa habría encontrado soluciones para mejorar su eficiencia, para no reducir sus beneficios económicos y para mantener los puestos de trabajo, que es lo principal.

Por otra parte, una cosa tiene que quedar en claro. Sin ninguna duda, no debemos poner trabas que impidan las inversiones, pero ¿a qué inversiones debemos abrir las puertas? A aquellas que realmente nos beneficien: que creen trabajo, nuevas oportunidades y riqueza. Las inversiones que terminen destruyendo puestos de trabajo, sin sustitución, es conveniente controlarlas y, de algún modo, filtrarlas para potenciar todos los aspectos positivos y relativizar los aspectos negativos.

Aparte de estas cuestiones que podrían ser de sentido común -como decir que es importante controlar antes, en lugar de tratar de sancionar después de que el daño está realizado-, con respecto al caso concreto que estamos utilizando como ejemplo, quiero decir que se hizo una consulta al doctor Rippe para saber si la legislación existente permitía actuar de alguna manera. Al final, el doctor Rippe concluye que sí, pero a través de un proceso tan complejo -no lo dice así, pero uno lo deduce al leer su informe-, que cuando se llegue a aplicar alguna sanción, seguramente el daño generado será irreversible. En definitiva, si se llegara a aplicar una sanción a la empresa, como la planta industrial ya estará cerrada, los puestos de trabajo se habrán destruido.

En su informe, el doctor Rippe establece que entre las normas que siempre se deben incluir o se incluyen en las legislaciones de defensa de la competencia está el control de operaciones de concentración de empresas, que pueden llevar a una excesiva restricción de las posibilidades estructurales de competencia. Quiere decir que, a su juicio, una de las normas fundamentales que deben incluirse tiene que ver con el control de las fusiones.

Refiriéndose a la legislación vigente en el país, señala que este proyecto de ley es bastante más completo que lo que actualmente rige, pero que no supone una innovación, si se excluye el Capítulo III. Reitero que si se excluye el Capítulo III, relativo al tema de las concentraciones y los monopolios, no cambia la situación existente antes de la aprobación del proyecto, en el caso de que este se transforme en ley. En esas disposiciones -dice- el monopolio en sí mismo no está específicamente prohibido. Eso lo califica el doctor Rippe como "una omisión, una insuficiencia legal que son relevantes, particularmente cuando se compara aquella con la propia vigente en la región y en la extrarregión".

No lo dice el doctor Rippe, pero debemos tener en cuenta que en Estados Unidos -el más importante país capitalista- y en México, por ejemplo, las fusiones están controladas previamente y, además, el monopolio es en sí mismo un delito. La sola existencia del monopolio es delito, mientras que en la legislación que se está proponiendo el monopolio por sí mismo no es penado. Lo que puede hacerse es establecer limitaciones previas, condiciones en las que el monopolio puede llegar a establecerse y prever sanciones en el caso de que ese monopolio genere perjuicios a la libre competencia.

Creo que este capítulo es el corazón de la ley, porque mal podemos arreglar las cosas estableciendo penalidades para determinadas actitudes o conductas, si en definitiva estamos permitiendo que se generen las condiciones previas a la adopción de esas conductas. Difícilmente puede darse una actitud de abuso de la posición dominante en el mercado si no se produce una concentración muy fuerte de poder económico en alguno de los actores o agentes económicos de determinado sector. Por eso pienso que es el corazón de la ley. Si sacamos eso, la ley seguirá valiendo, pero valdrá mucho menos. Seguramente, va a haber muchas más dificultades en la aplicación posterior y, si no incluimos este capítulo, quizás nos lleguemos a convencer en el futuro de la necesidad de volver a legislar en la materia.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BARRIOS.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DA SILVA.- Señor Presidente: sin entrar en detalles sobre el Capítulo III -que es un capítulo importante-, quiero dejar alguna cosa aclarada.

¡Por favor!: que no se dé la paradoja de que algunos estén propiciando monopolios mientras que otros están en una posición contraria a su existencia. No se trata de discutir en términos de monopolio sí o monopolio no, porque es obvio que en algunos casos podemos tener posiciones muy claras y muchas veces coincidentes. Yo creo que es bastante lógico pensar que la filosofía política de nuestro Partido va, precisamente, en contra de los monopolios.

Lo que se trata de ver en el Capítulo III es un elemento de conveniencia, en este momento, en el Uruguay donde estamos. Se trata de ver cómo nuestras empresas privadas, en este caso, podrían acceder o no a la tecnología y a una asociación que les permita lograr un desarrollo integral, regional o extrarregional, con empresas del exterior, a través de las llamadas "joint ventures", que en nuestro país quizás no sea una figura muy utilizada. pero que vaya si existen en el mundo para el desarrollo de todos, y a quienes primero beneficiarían en su desarrollo sería a los empresarios nacionales.

Una "joint venture" o una asociación de empresas -estratégicas o no- pasa, meridianamente, siempre por un producto o también puede haber una asociación integral, una concentración entre las empresas criollas o domésticas y una filial o empresa del exterior.

Con respecto al resto, estoy absolutamente convencido de lo que dice mi amigo, el señor Diputado Barrios, con quien estoy de acuerdo. Creo que en este momento Uruguay necesita inversión -hace años que venimos diciéndolo-, pero es menester salir a buscar a los inversores en forma eficiente, tratando de no poner trabas que puedan desestimularlos, en un país chiquito como el nuestro, porque de lo contrario ese inversor se va a instalar en una provincia argentina o en un estado brasileño y producirá allí lo mismo que podría llegar a producir acá.

A título personal digo que no me parece conveniente integrar el Capítulo III en el proyecto de ley. Si esta iniciativa hace algo es, precisamente, regular de manera estricta todas las acciones comerciales que cualquier empresa, de la magnitud que sea, pueda desarrollar en Uruguay. Tal vez -mi punto de vista es opinable, como el de cualquier otro compañero-, si incluyéramos el Capítulo III podríamos establecer alguna traba que llevara al inversor -aunque sea uno- a optar por otro país. Es simplemente por eso; después todo está regulado.

Creo que lo más revolucionario de este proyecto no es el control de las concentraciones, sino la creación de un Tribunal especializado -en esto creo que estamos todos contestes- para que los actores sepan a qué atenerse en caso de pensar en cometer algún acto que esta futura ley prohíba. Esto antes no pasaba, o existía tibiamente.

El control de las concentraciones es un tema que, desde mi punto de vista -pensando en el Uruguay del futuro, en un país en el que no se puede evaluar la asociación con una empresa por su facturación en el mercado interno, sino mirando hacia el exterior-, no parece conveniente como visión de país, y no es porque esté a favor del monopolio de la empresa cervecera ni a favor de algunas concentraciones que han hecho daño a algunos y determinados pequeños empresarios.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Puede continuar el señor Diputado Barrios.

SEÑOR BARRIOS.- Señor Presidente: sé cuáles son los argumentos referidos por el señor Diputado Da Silva. Debo decir que son argumentos que se repiten continuamente. Cada vez que se quiere establecer alguna norma en cualquier sentido, se plantea que eso puede dificultar las inversiones.

Entonces, si aprobar normas es lo que puede dificultar las inversiones, ¿por qué hasta ahora, que no están las normas, las inversiones no aparecen? En definitiva, los inversores van adonde pueden encontrar buenos negocios y ganar dinero, y si tienen que atenerse a alguna norma, lo hacen. En Estados Unidos de América tienen que someterse a controles previos y, sin embargo, los negocios marchan.

Me parece que no podemos crear normas legales ateniéndonos a circunstancias momentáneas. Insisto en que el control previo es muy amplio y que simplemente se trata de solicitar una autorización, que será otorgada por el Tribunal encargado de resolver -integrado por técnicos y despegado del sistema político, inclusive en virtud de los tiempos en que es designado- si, una vez analizado el negocio, comprueba que tiene las características presentadas por el señor Diputado Da Silva, es decir, que se trata de una asociación a través de la cual se genera más producción, más exportaciones y más trabajo.

Tenemos que estar seguros de que, si la inversión es favorable, el Tribunal la va a autorizar, pero también de que evitará que sucedan estas cosas que hoy ocurren. Entonces, tendremos las mejores inversiones y quizás se descarten algunas que en realidad no vienen a ayudarnos.

Es cuanto quería decir.

SEÑOR MOLINELLI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MOLINELLI.- Señor Presidente: hemos escuchado atentamente las exposiciones sobre este proyecto que, sin duda alguna, es de suma importancia para toda la actividad económica.

La Comisión Especial creada para asesorar a la Cámara ha trabajado intensamente y durante un largo período -tal como se ha manifestado en Sala-, con el asesoramiento técnico correspondiente.

Nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley, inclusive el Capítulo III, que ha estado presente en el análisis y debate de este asunto, y lo vamos a hacer porque entendemos que la autorización previa para este tipo de concentraciones, especial y claramente definidas en la iniciativa, también implica una resolución tácita en el caso de que no haya pronunciamiento en un período determinado. Pensamos que se dan todas las garantías necesarias para que, si el órgano competente demora la resolución expresa, exista una decisión tácita.

Nos parece que el Capítulo III es conveniente, que es uno de los temas importantes del proyecto, y por lo tanto lo vamos a apoyar.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos y se vote el proyecto por capítulos.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el Capítulo I, "Disposiciones generales", que comprende los artículos 1º a 7º, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el Capítulo II, "Procedimiento para la investigación y sanción de prácticas prohibidas", que comprende los artículos 8º a 23, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el Capítulo III, "Control de concentraciones", que comprende los artículos 24 a 28, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el Capítulo IV, "Órgano de aplicación", que comprende los artículos 29 a 31, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se pasa a considerar el Capítulo V, "Disposiciones finales", que comprende los artículos 32 a 35, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

29.-     Comisión Investigadora sobre diversas actuaciones relacionadas con el sistema financiero y bancario. (Prórroga de plazo).

——Dese cuenta de una moción presentada por la señora Diputada Charlone y los señores Diputados Gabriel Pais, Pablo Mieres, Berois Quinteros, Fernández Chaves y Argenzio.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se prorrogue hasta el próximo 15 de febrero el plazo de que dispone para expedirse la Comisión Investigadora sobre diversas actuaciones relacionadas con el sistema financiero y bancario".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

30.-    Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

Del señor Representante Carlos Baráibar, por motivos particulares, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 10 y 11 de diciembre de 2003, convocándose a la suplente siguiente, señora Daniela Payssé.

Visto la licencia oportunamente votada al señor Representante Guido Machado, y ante la denegatoria presentada por la suplente correspondiente de aceptar la convocatoria realizada, así como de los suplentes siguientes, se solicita a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cincuenta: AFIRMATIVA.

En consecuencia, queda convocado el correspondiente suplente y se oficiará a la corte Electoral en el caso pertinente.

(ANTECEDENTES:

"Montevideo, 9 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia por motivos personales por los días 10 y 11 de diciembre y se convoque a mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

CARLOS BARÁIBAR
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 9 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente del Representante Nacional Carlos Baráibar, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente.

Jaime Igorra".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Baráibar.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 10 y 11 de diciembre de 2003.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Jaime Igorra.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 10 y 11 de diciembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Baráibar.

2) Acéptase la negativa presentada por el suplente siguiente, señor Jaime Igorra.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Daniela Payssé.

Sala de la Comisión, 9 de diciembre de 2003.

AMBROSIO RODRÍGUEZ, GUILLERMO ÁLVAREZ, HEBER DUQUE".

"Rivera, 5 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

A través de la presente acuso recibo a la convocatoria que me fuera realizada para ocupar el cargo de Representante Nacional, cumplo con manifestarle que por esta vez no acepto ocupar dicho cargo en el período del 2 al 25 inclusive de diciembre de 2003.

Sin otro particular saluda atentamente.

María Terrón de Esteves".

"Rivera, 5 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Atento a la convocatoria de la que soy objeto para cumplir la representatividad de la diputación por el departamento de Rivera, ante la licencia solicitada por su titular, desde el 2 de diciembre hasta el 25 de diciembre inclusive del corriente, le manifiesto que por esta única vez no accederé a cubrir la banca por el mencionado período de licencia.

Saluda a usted atentamente.

Walter Machado".

"Tranqueras, 5 de diciembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Atento a la convocatoria de la que soy objeto para cumplir la Representatividad de la Diputación por el departamento de Rivera ante la licencia solicitada por su titular en la fecha 2 de diciembre, y hasta el 24 inclusive, manifiesto que por esta única vez no accederé a cubrir la banca.

Saluda a usted atentamente.

Ariel Abarno".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: I) La licencia oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Rivera, Guido Machado por el período comprendido entre los días 2 y 25 de diciembre de 2003.

II) Que la Cámara de Representantes convocó a la señora María Terrón de Esteves para ejercer la suplencia correspondiente.

III) Que la señora María Terrón de Esteves no acepta, por esta vez, la convocatoria de que fuera objeto; que los suplentes siguientes señores Walter Machado y Ariel Abarno presentan la negativa correspondiente.

RESULTANDO: Que procede solicitar a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes siguientes de la Hoja de Votación Nº 292000, del Lema Partido Colorado, señora María Terrón de Esteves y señores Walter Machado y Ariel Abarno.

2) Ofíciese a la Corte Electoral.

Sala de la Comisión, 9 de diciembre de 2003.

AMBROSIO RODRÍGUEZ, GUILLERMO ÁLVAREZ, HEBER DUQUE".

31.-    Comisión Nacional de Bioética. (Creación).

¾ ¾ Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Comisión Nacional de Bioética. (Creación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 21

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Créase la Comisión Nacional de Bioética.

Artículo 2º.- La Comisión Nacional de Bioética estará integrada por:

A) Un representante del Poder Ejecutivo, que la presidirá.

B) Un representante de la Cámara de Representantes.

C) Un representante de la Cámara de Senadores.

D) Un representante de la Suprema Corte de Justicia.

E) Un representante de la Universidad de la República.

F) Un representante de la Universidad Católica del Uruguay.

G) Un representante del Consejo Directivo Central de la ANEP.

Artículo 3º.- La Comisión Nacional de Bioética podrá constituir Subcomisiones, de carácter multidisciplinario y multisectorial, para estudiar cuestiones en materia de genética, ética y biología. Determinará el número y la forma de integración de estas Subcomisiones, que deberán estar constituidas por expertos de reconocida solvencia, elegidos entre todos los sectores del pensamiento y del hacer científico y filosófico nacional.

Artículo 4º.- Estas Subcomisiones podrán plantear directamente las cuestiones que estimen pertinentes a la Comisión Nacional de Bioética, adjuntando los fundamentos del planteamiento y del criterio sostenido. La Comisión Nacional de Bioética podrá solicitar a las Subcomisiones dictámenes sobre todos los temas y en materia de su competencia.

Artículo 5º.- Compete a la Comisión Nacional de Bioética:

A) Analizar de oficio y pronunciarse respecto de todas las cuestiones relativas a la bioética y en especial en relación con aquellas referentes a la genética, la protección del genoma humano y la ética, en función de la promoción, protección y defensa de la dignidad de todos los seres humanos.

B) Incitar y promover la investigación científica en la materia, en el marco de la libertad y de la responsabilidad ética.

C) Preparar por propia decisión o a petición de cada una de las Cámaras del Poder Legislativo, anteproyectos de ley, de decretos o de reglamentos en materia de bioética, en función de la realidad científica, tecnológica y ética.

D) Evacuar consultas sobre temas bioéticos, en cuestiones de carácter general que se le puedan plantear. Podrá dirigirse a la Comisión Nacional toda persona pública o privada, física o jurídica.

Artículo 6º.- La Comisión Nacional de Bioética sesionará en la sede del Poder Legislativo. La Presidencia de la Asamblea General proveerá lo necesario para su funcionamiento.

Artículo 7º.- La Comisión Nacional de Bioética aprobará su propio reglamento.

Artículo 8º.- El Poder Ejecutivo, oídos los asesoramientos que estimare pertinentes, reglamentará la presente ley.

Montevideo, 2 de marzo de 2000.

BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo, ROBERTO ARRARTE FERNÁNDEZ, Representante por Rocha, RICARDO BEROIS QUINTEROS, Representante por Flores, GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo, JULIO CARDOZO, Representante por Tacuarembó, JORGE CHÁPPER, Representante San José, FRANCISCO GALLINAL, Representante por Lavalleja, CARLOS GONZÁLEZ, Representante por Colonia, ARTURO HEBER FÜLLGRAFF, Representante por Florida, LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones, LUIS M. LEGLISE, Representante por Salto, JULIO LARA, Representante por Canelones, FRANCISCO ORTIZ, Representante por Treinta y Tres, GUSTAVO PENADÉS, Representante por Montevideo, ALBERTO PERDOMO, Representante por Canelones, MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo, AMBROSIO RODRÍGUEZ, Representante por Maldonado, JULIO C. SILVEIRA, Representante por Artigas, JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo, CARMELO VIDALÍN, Representante por Durazno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El adjunto proyecto de ley tomó estado parlamentario en el correr de la XLIVa. Legislatura, y pese a recoger acuerdos de todos los sectores parlamentarios no fue aprobado.

Su importancia destacada sugiere una nueva puesta en estado parlamentario, por lo que los firmantes formulan esta iniciativa.

- I -

1) Los problemas de la bioética han adquirido en nuestros días una importancia determinante. Esta importancia manifestada universalmente -en todas las civilizaciones y culturas- ha motivado el surgimiento, a nivel internacional y a nivel interno, de Comisiones o Comités de Bioética con competencia para estudiar todos los aspectos de la cuestión, proyectar la legislación que hoy se requiere en la materia y dictaminar en los asuntos que involucran temas relativos a la biología, la genética y la ética.

Es teniendo en cuenta esta dirección del pensamiento científico y jurídico expresado a nivel internacional por la creación en la UNESCO del Comité Internacional de Bioética, por las intensas actividades en la materia del Consejo de Europa, por los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, por las decisiones adoptadas en la reciente reunión de la Unión Interparlamentaria en la ciudad de Madrid, Reino de España, así como por la acción de múltiples entidades científicas y filosóficas, particularmente en Europa; y a nivel nacional por el surgimiento de una legislación especializada es que el presente proyecto propone crear, por ley un Comité Nacional de Bioética, que sea el centro de promoción del futuro proceso legislativo en la materia y el núcleo en torno del cual se desarrolle en el Uruguay el pensamiento científico y ético, en su relación con la biología y la ética.

- II -

2) La bioética nació de una interrogante respecto de la influencia del desarrollo de la biología sobre el porvenir del hombre.

Esta interrogante, con el transcurso del tiempo, se ha hecho cada vez más acuciante.

Ante la amplitud y profundidad de los cambios mentales y socio- culturales producidos por los avances en la genética, es de preguntarse qué efectos tendrán estos sobre el ser humano, su dignidad y sus derechos y respecto del tipo de sociedad que puede existir en el mañana.

La bioética no se limita, por ello, a una reflexión sobre la relación de la ciencia con la sociedad. Encara las relaciones entre el hombre y la naturaleza, en su diversidad biológica, que incluye la propia naturaleza del hombre, como ser individual y libre.

Es en esto que reside la progresión y el impulso del movimiento ético en todos los países del mundo.

Son incontables actualmente los Comités de Ética creados en los más diversos países del mundo, así como los centros de investigación ética y biológica. Y lo mismo ocurre con la enseñanza de la bioética en las universidades, que multiplican las cátedras especializadas.

La bioética se ha desarrollado en el contexto que pone en cuestión, globalmente, el progreso científico y tecnológico en sí mismo. Solo condicionado por el elemento ético este progreso puede ser fuente de beneficios.

Esta posición, optimista y pesimista al mismo tiempo, promotora y crítica de manera simultánea del progreso científico, confiada en el mañana y temerosa del futuro -pero sin complejos inhibitorios-, es el reflejo de las inquietudes, dudas y contradicciones de nuestra época.

El momento ha llegado de asumir estas angustias existenciales propias del hombre, mediante la utilización de los cambios, en acelerado proceso de desarrollo, resultado de los asombrosos progresos de la ciencia y de la biotecnología, equilibrándolos con el elemento ético.

Para dominar estos progresos científicos y tecnológicos en el campo biológico y genético, más rápidos que la evolución de las ideas socialmente aceptadas, hay que desarrollar a nivel internacional e interno, una ética de las ciencias de la vida y de la sociedad.

- III -

3) Pocas veces como hoy el tema de la neutralidad ética de la ciencia -de su capacidad de ser un instrumento al servicio del bien y del desarrollo, en la más amplia y justa acepción del concepto, o por el contrario, de sus posibilidades de utilización para el mal y para la degradación humana, individual y colectiva- se nos presenta con mayor proximidad.

Es por eso que es preciso insistir en la incidencia condicionante de la ética sobre la ciencia, no para limitar o desacelerar la investigación, sino para impedir que la aplicación de la ciencia vaya en detrimento de la esencia de la naturaleza humana, de la dignidad del hombre y, natural y consiguientemente, de la humanidad.

La revalorización de la ética en su relación con la ciencia es un fenómeno actual de carácter universal, que se encuentra en todas las civilizaciones, culturas y religiones. Es el resultado del temor y la preocupación general ante las posibilidades cada día más reales de que la aplicación de la ciencia y la tecnología pierda sus ataduras y condicionantes humanas y pueda llevar a consecuencias aberrantes y a manipulaciones alucinantes.

4) El hecho que hoy se haya impuesto el vocablo "bioética" está ya demostrando que se acepta, incluso en la terminología corriente, que existe un nexo necesario, ineludible y entrañable, entre la genética y la ética. Este extremo -dada la relación de la ética con el derecho y la concepción actual de los derechos humanos- sirve de fundamento a todo análisis del tema de la genética y de los derechos humanos.

5) Al derecho se le plantean nuevos y difíciles problemas ante los progresos de la genética. Estos problemas son análogos y están directamente vinculados con los que enfrenta la ética en su relación con la ciencia genética.

La proyección revolucionaria del progreso científico y tecnológico sobre un derecho que había sido construido sobre una realidad en la que no había ninguna de las posibilidades de incidir en el proceso de la reproducción humana que hoy existe, ha generado la necesidad de un cambio jurídico profundo, que debe ser prudente, reflexivo y cauteloso. Este cambio ya ha sido encarado por la doctrina, por la jurisprudencia y se encuentra en proceso inicial de elaboración normativa en el Derecho positivo de diferentes Estados.

Pero este cambio no debe llevar a la invasión por el Derecho del ámbito reservado a la conciencia ética individual ni puede hacerse en detrimento o en violación de tradicionales principios éticos jurídicos, nacidos de la consideración de la dignidad humana.

Es un cambio que, ante la realidad de los progresos de la ciencia y de la tecnología, en lo que refiere a la genética humana confirma que el derecho requiere indispensablemente un núcleo ético.

Un Derecho que no incluya este núcleo ético y que no esté dirigido a lograr un orden de justicia, es solo mandato imperativo caracterizado por la coerción puesta al servicio de su aplicación, pero carece de toda legitimidad.

6) La relación de la genética con los derechos Humanos no es independiente de la vinculación existente entre la genética y la ética. No solo por el necesario contenido moral del Derecho, sino porque hoy es imposible concebir una ética que no se base en la aceptación de la dignidad y de los consiguientes derechos de todos los hombres.

El respeto de la dignidad, individualidad e integridad de cada ser humano, y como consecuencia de su patrimonio genético, es el criterio determinante que fija inflexiblemente el límite de las aplicaciones de la ciencia en el campo genético.

7) La Declaración de Viena adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio de 1993, que puede considerarse hoy como el último pronunciamiento de la comunidad internacional en materia de derechos humanos, encara la cuestión de progreso científico, especialmente en el campo biomédico, en su relación con los derechos humanos.

El párrafo 11 de esta Declaración, luego de afirmar que todos tienen el derecho a beneficiarse del progreso científico y de sus aplicaciones, destaca que "ciertos adelantos especialmente en la biomédica y en las ciencias de la vida, así como en la información tecnológica, pueden potencialmente tener consecuencias adversas para la integridad, la dignidad y los derechos humanos del individuo y apela a la cooperación internacional para asegurar que los derechos humanos y la dignidad sean plenamente respetados en esta área".

Las palabras pronunciadas por Juan Pablo II el 20 de noviembre de 1993 con motivo de la reunión del grupo de trabajo sobre el Genoma Humano, auspiciado por la Academia Pontificia de Ciencias, reiterando anteriores pronunciamientos, constituyen, asimismo, un adecuado recuerdo del peligro potencial para los derechos humanos de ciertas aplicaciones de los progresos científicos en el campo genético.

8) Los problemas que entran en el espacio conceptual cubierto por la bioética son múltiples y el transcurso del tiempo amplía continuamente este espacio, como consecuencia del progreso científico y tecnológico, especialmente en el campo de la medicina.

Todas las cuestiones relacionadas con la fecundación artificial y sus innumerables y diversas proyecciones y posibilidades son un ejemplo de esto.

Estas cuestiones han alterado los criterios tradicionales en materia de filiación y roto los esquemas del Código Civil y del Derecho de Familia, planteando problemas éticos gravísimos vinculados con las relaciones sexuales y la reproducción en su más amplio sentido.

No es solo el Derecho Civil el afectado, sino que está involucrado también el Derecho Penal y otras muchas ramas del Derecho.

Es este un tema que contribuye -sumándose a una tendencia ya existente-, a desdibujar los límites entre el Derecho Público y el Derecho Privado y entre el Derecho Interno y el Derecho Internacional.

9) Los adelantos en la genética nos enfrentan a la perspectiva de violaciones de derechos humanos de nuevo tipo, cuyo origen puede estar tanto en una actividad emanada de un hacer o de un mandato estatal, directo o indirecto, como en conductas ajenas o que escapan a la decisión o al control gubernamental.

Es útil enumerar algunos ejemplos de situaciones que se presentan hoy, en relación con los progresos de la genética que aparejan un peligro concreto de posibles violaciones de los derechos humanos.

El caso de la llamada medicina predictiva constituye una de esas situaciones. La medicina predictiva, que puede llegar a permitir que se descubra en un embrión humano la predisposición a determinadas enfermedades, descubrimiento que resulta posible por el estudio de sus genes, presenta, junto a positivos elementos de gran interés para el futuro de la medicina y la salvaguardia de la vida humana, aspectos muy graves en cuanto se pueda llegar a afectar la existencia y la salud de un individuo, como consecuencia del conocimiento de lo que puede ser su vida, amenazada por una enfermedad que no es actualmente curable. Puede llevar, asimismo, a la estigmatización discriminatoria de individuos o grupos humanos, por el Estado o por grupos sociales, por sociedades mutuales, por aseguradores o en el campo laboral. El diagnóstico preimplantatorio y la terapia genética plantean problemas análogos. La garantía de la confidencialidad es de tal modo una exigencia, difícil, pero ineludible.

A todas estas cuestiones va unido el tema del necesario, libre y esclarecedor consentimiento respecto de la investigación genética y de los límites y condicionantes del secreto médico en la materia.

10) La simple referencia a estos complejos asuntos, muestra que hoy la medicina predictiva, el diagnóstico preimplantatorio y la terapia genética constituyen, en una de sus vertientes, ya que existe una faz eventualmente positiva, un peligro potencial para los derechos humanos, en especial para el derecho a la vida, a la intimidad, al bienestar, a la constitución de la familia y a la reproducción.

11) La investigación genética puede llegar a conculcar estos derechos humanos. La obligatoriedad de los test individuales o colectivos, por ejemplo, en ciertas condiciones y circunstancias, es asimismo capaz de lesionar derechos esenciales de la persona humana.

12) La clonación de embriones humanos, es decir, la manipulación de estos embriones para producir seres humanos idénticos, de acuerdo a una selección basada en la elección de características preestablecidas, constituye un gravísimo atentado a la dignidad y, por ende, a los derechos humanos. La clonación es un desdoblamiento de la personalidad. Y la individualidad propia e irreproducible de cada ser humano, es el fundamento de los Derechos de todos los seres humanos.

13) La actitud que debe adoptar el Derecho frente a las situaciones enumeradas y ante otras muchas análogas que puedan existir, plantea situaciones polémicas, sumamente complejas. Esta actitud respecto de la cual existen muchos desacuerdos, debería resultar de la aplicación de los principios generales éticos y jurídicos que hemos indicado.

14) Todo ser humano posee un patrimonio genético que es parte de su ser, un elemento constitutivo de su derecho a la vida y de su derecho a vivir y a tener un desarrollo integral. Por eso todo lo relativo al genoma humano -que es individual y propio de cada persona, pero que el mismo es un patrimonio común de la humanidad- y al posible establecimiento de una carta genética, roza y eventualmente puede llegar a violar, derechos fundamentales de la persona humana.

15) Los potenciales peligros para los derechos humanos de ciertas actividades prácticas basadas en los progresos de la biología y la genética, era un tema inexistente cuando, a nivel internacional, se redactaron la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948); la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); la Convención Europea de Derechos Humanos (1950); los Pactos Internacionales de Derechos Humanos (1966); la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) y la Carta Africana de Derechos y Deberes del Hombre (1981). Era, asimismo, naturalmente, un asunto ignorado, que ni siquiera podía vislumbrarse cuando se elaboraron los grandes textos que están en el origen de la protección interna o nacional de los derechos humanos, a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1798); de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos (1776), de las diez primeras enmiendas de la Constitución de Estados Unidos y de todos los instrumentos que en los siglos XIX y XX desarrollaron y estructuraron la protección constitucional de la libertad y de los derechos fundamentales.

16) Hoy todo ha cambiado. El Derecho, tanto el interno como el internacional, debe encarar y hacer frente a la nueva situación existente, a inéditos problemas y cuestiones imposibles de pensar hace apenas unas décadas. Pero debe hacerlo fundándose en los mismos principios que en el curso de los siglos han ido permitiendo edificar el sistema de la protección y garantía jurídica de la libertad y de los derechos de todos los seres humanos, sin ninguna forma de discriminación ilegítima.

Pero al mismo tiempo es preciso asegurar el natural progreso de la ciencia y la libertad de la investigación.

17) La importancia del tema que nos ocupa aumentará en los próximos años. Y los peligros existentes crecerán en gravedad y en hondura.

Ello explica el interés y la atención que la normativa jurídica, tanto interna como internacional, la jurisprudencia y la doctrina, le prestan. Imposible, en la brevedad de esta exposición, reseñar las normas legislativas y los textos internacionales que han comenzado a surgir o a proyectarse, las diferentes y contrapuestas posiciones que adoptan, mostrar los atisbos jurisprudenciales y citar los estudios, ensayos y libros que han empezado a aparecer en el ámbito doctrinario. Es necesario, en cambio, destacar que todos estos aportes, interesan no solo a los Jueces, a los legisladores y a los Juristas. Preocupan a los políticos, a los sociólogos, a los filósofos, a los moralistas y a todos los que piensan en el hombre y en su destino. Interesan a la opinión pública en general y, en última instancia, interesan a todo hombre, porque en el tema de sus derechos ante los desarrollos de la genética, se juega el futuro de la vida, de la dignidad y de la natural diversidad y autonomía de cada individuo de la especie humana.

18) La bibliografía sobre el tema es hoy amplísima. No tiene sentido, en una exposición de motivos, hacer una enumeración bibliográfica. Basta con señalar que la UNESCO y el Consejo de Europa han publicado excelentes bibliografías, que se actualizan periódicamente, lo que permite que todos los Comités Nacionales de Ética puedan tener acceso a la más moderna y actual producción bibliográfica.

Es de señalar que como consecuencia de ejercer la Vicepresidencia del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO y la Presidencia de su Comisión Jurídica, nuestro compatriota, el Embajador doctor Héctor Gros Espiell, ha publicado en revistas y libros editados en Europa y en América diversos trabajos al respecto, entre los cuales podrían citarse los siguientes:

- Genética y Derechos Humanos. El Anteproyecto de Declaración de la UNESCO sobre la Protección del Genoma Humano. Estudios en honor del profesor Thomas Bungenthal.

- Genética y Derechos Humanos. El Observador. Montevideo.

- El Patrimonio común de la Humanidad y el Genoma Humano. Estudios en honor del profesor Skubiszewski.

- La Problemática de la Confidencialidad de los datos genéticos y los Derechos Humanos. UNESCO.

- Biodiversidad, Ética y Derecho. Estudios en memoria del profesor César Sepúlvedo.

- Informe al Comité Internacional de Bioética sobre el Proyecto de Declaración, CIB, DE l'UNESCO, Vol. I.

- El Comité Internacional de Bioética, Paroles d'Ethiques Nº 1, 1995.

Son de destacar los artículos sobre el tema del doctor Rafael Addiego Bruno publicados en la prensa uruguaya en junio de 1991.

Asimismo, cabe recordar los trabajos pioneros del doctor Pedro J. Montano, profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, en especial de sus libros que tratan de cuestiones vinculadas con temas de bioética: "La Responsabilidad Penal de Médicos y Científicos ante nuevas tecnologías de la procreación" y "Eutanasia y Omisión de Asistencia".

- V -

19) En la Cámara de Representantes, el Diputado Jaime Trobo, realizó una exposición sobre la materia en el plenario del Cuerpo, luego de asistir a la Reunión en Madrid, de la Unión Interparlamentaria, en marzo de 1995 y a la misma se sumaron diversas exposiciones de legisladores que concluyeron en la necesidad de desarrollar acciones legislativas en torno al tema.

La Cámara de Representantes ya ha encarado la creación de una Comisión Nacional de Ética (Comisión Especial, Carpeta Nº 288/1995, Repartido Nº 216, junio de 1995).

- VI -

20) En el Uruguay, asimismo, ha comenzado a destacarse el interés universitario, académico y científico por la bioética.

Entre las muchas instituciones que podrían citarse y solo a título de ejemplo, pueden recordarse el Instituto de Ética y Bioética de la Universidad Católica del Uruguay, el Comité de Ética en Ciencia y Tecnología de la Comisión Sectorial del MERCOSUR, la Comisión de Bioética del Sindicato Médico del Uruguay, el Grupo de Asesoría en Bioética del Hospital Pediátrico "Pereira Rossell", la Comisión Ética en Investigación del Hospital Universitario de la Facultad de Medicina, la Comisión de Ética de FEMI, etcétera.

El adjunto proyecto de ley fundamente en las consideraciones que se incluyen en la exposición de motivos, es una contribución a la tarea parlamentaria del doctor Héctor Gros Espiell, Vicepresidente de la Comisión de Bioética de UNESCO, destacado jurista internacional, quien ha manifestado en forma expresa su decidido interés en contribuir a la tarea que ha encarado el Parlamento en el análisis legislativo de estas cuestiones.

Montevideo, 2 de marzo de 2000.

BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo, ROBERTO ARRARTE FERNÁNDEZ, Representante por Rocha, RICARDO BEROIS QUINTEROS, Representante por Flores, GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo, JULIO CARDOZO, Representante por Tacuarembó, JORGE CHÁPPER, Representante San José, FRANCISCO GALLINAL, Representante por Lavalleja, CARLOS GONZÁLEZ, Representante por Colonia, ARTURO HEBER FÜLLGRAFF, Representante por Florida, LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones, LUIS M. LEGLISE, Representante por Salto, JULIO LARA, Representante por Canelones, FRANCISCO ORTIZ, Representante por Treinta y Tres, GUSTAVO PENADÉS, Representante por Montevideo, ALBERTO PERDOMO, Representante por Canelones, MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo, AMBROSIO RODRÍGUEZ, Representante por Maldonado, JULIO C. SILVEIRA, Representante por Artigas, JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo, CARMELO VIDALÍN, Representante por Durazno".

Anexo I al
Rep. Nº 21

"Comisión de Salud Pública y Asistencia Social

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Salud Pública y Asistencia Social aconseja al plenario la aprobación del siguiente proyecto de ley por el cual se crea la Comisión Nacional de Bioética.

Este proyecto de ley está basado fundamentalmente en un proyecto del mes de marzo del año 2000 por el cual se crea la Comisión Nacional de Bioética, presentado con la firma de los legisladores de la bancada del Partido Nacional y en otro proyecto del mes de diciembre del año 2002 mediante el cual se crea la Comisión Nacional Honoraria de Bioética presentado por el señor Representante Alberto Scavarelli.

También deseamos destacar el generoso y fecundo aporte del doctor Héctor Gros Espiell quien permanentemente ha contribuido a la tarea que ha encarado el Parlamento en el análisis legislativo de esta temática.

A dichos proyectos se le han introducido modificaciones y agregados concluyendo con el siguiente proyecto de ley.

El constante desarrollo y dinamismo de las ciencias biológicas, médicas y farmacológicas aplicadas, genera con frecuencia problemas éticos, morales y legales con relación al diseño de políticas sanitarias respecto a la aplicación médica de ese avance tecnológico y de la deontología del ejercicio profesional en diferentes áreas conexas a esta temática.

Esta realidad ha instalado en la civilización de nuestro tiempo el deber prioritario de las sociedades modernas de estar plenamente concientes de las acciones que podrían poner en peligro la dignidad humana mediante una práctica inadecuada de la biología y la medicina, cuyos límites son inimaginables.

No hay duda alguna que es una convicción compartida que los progresos en la biología y en la medicina deben ser aprovechados a favor de las generaciones presentes y futuras, con el propósito de consolidar el concepto integral de persona humana.

En este entendido no puede demorarse el tratamiento profundo, respetuoso e informado sobre temas tan importantes a la vida humana y los valores socioculturales concernidos, que involucran temas de enorme magnitud y trascendencia y que refieren a la vida humana desde antes de su concepción hasta la propia extinción de la vida. Por lo tanto, entendemos imprescindible adoptar las medidas adecuadas en el ámbito de las aplicaciones de la medicina y la biología para garantizar la dignidad del ser humano y los derechos y libertades fundamentales de la persona, medidas que deben ser adoptadas con información suficiente y sin peligrosas simplificaciones.

Los problemas de la bioética han adquirido en nuestros días una importancia determinante. Esta importancia, manifestada universalmente en todas las civilizaciones y culturas, ha motivado el surgimiento a nivel internacional y a nivel interno de comisiones de bioética con competencia para estudiar todos los aspectos de la cuestión, proyectar la legislación que hoy se requiere en la materia y dictaminar en los asuntos que involucran temas relativos a la biología, la genética y la ética.

Es teniendo en cuenta esta dirección del pensamiento científico y jurídico expresado a nivel internacional por la creación en la UNESCO del Comité Internacional de Bioética, por las intensas actividades del Comité de Europa, por los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, por las decisiones adoptadas en la Unión Interparlamentaria, así como por la acción de múltiples entidades científicas y filosóficas, preferentemente en Europa y a nivel nacional por el surgimiento de una legislación especializada, es que el presente proyecto pretende crear por ley una Comisión Nacional de Bioética, que sea el centro de promoción del futuro proceso legislativo en la materia y el núcleo en torno del cual se desarrolle en el Uruguay el pensamiento científico y ético, en su relación con la biología y la ética.

La bioética nació de una interrogante respecto de la influencia del desarrollo de la biología sobre el porvenir del hombre.

Ante la amplitud y profundidad de los cambios mentales y socioculturales producidos por los avances de la genética, es del caso preguntarse qué efecto tendrán éstos sobre los seres humanos, su dignidad y sus derechos y respecto del tipo de sociedad que puede existir en el mañana.

La bioética no se limita, por ello, a una reflexión sobre la relación de la ciencia con la sociedad. Encara las relaciones entre el hombre y la naturaleza, en su diversidad biológica, que incluye su propia naturaleza como ser individual y libre.

Es en esto que reside la progresión y el impulso del movimiento ético en todos los países del mundo.

Son incontables actualmente los Comités de Ética creados en los más diversos países del mundo, así como los centros de investigación ética y biológica. Y lo mismo ocurre con la enseñanza de la bioética en las universidades, que multiplican las cátedras especializadas.

La bioética se ha desarrollado en el contexto que pone en cuestión, globalmente, el progreso científico y tecnológico en sí mismo. Solo condicionado por el elemento ético este progreso puede ser fuente de beneficios.

Esta posición, optimista y pesimista al mismo tiempo, promotora y crítica de manera simultánea del progreso científico, confiada en el mañana y temerosa del futuro –pero sin complejos inhibitorios-, es el reflejo de las inquietudes, dudas y contradicciones de nuestra época.

Ha llegado el momento de asumir estas angustias existenciales propias del hombre, mediante la utilización de los cambios, en acelerado proceso de desarrollo, resultado de los asombrosos progresos de la ciencia y de la biotecnología, equilibrándolos con el elemento ético.

Para dominar estos progresos científicos y tecnológicos en el campo biológico y genético, más rápidos que la evolución de las ideas socialmente aceptadas, hay que desarrollar a nivel internacional e interno, una ética de las ciencias de la vida y de la sociedad.

Pocas veces como hoy el tema de la neutralidad ética de la ciencia –de su capacidad de ser un instrumento al servicio del bien y del desarrollo, en la más amplia y justa acepción del concepto, o por el contrario, de sus posibilidades de utilización para el mal y para la degradación humana, individual y colectiva-, se nos presenta con mayor proximidad.

Es por eso que es preciso insistir en la incidencia condicionante de la ética sobre la ciencia, no para limitar o desacelerar la investigación, sino para impedir que la aplicación de la ciencia vaya en detrimento de la esencia de la naturaleza humana, de la dignidad del hombre y, natural y consiguientemente, de la humanidad.

La revalorización de la ética en su relación con la ciencia es un fenómeno actual de carácter universal, que se encuentra en todas las civilizaciones, culturas y religiones. Es el resultado del temor y la preocupación general ante las posibilidades cada día más reales que la aplicación de la ciencia y la tecnología pierdan sus ataduras y condicionantes humanas y pueda llevar a consecuencias aberrantes y a manipulaciones alucinantes.

El hecho que hoy se haya impuesto el vocablo "bioética" está ya demostrando que se acepta, incluso en la terminología corriente, que existe un nexo necesario, ineludible y entrañable entre la genética y la ética. Este extremo –dada la relación de la ética con el derecho y la concepción actual de los derechos humanos– sirve de fundamento a todo el análisis del tema de la genética y de los derechos humanos.

Al derecho se le plantean nuevos y difíciles problemas ante los progresos de la genética. Estos problemas son análogos y están directamente vinculados con los que enfrenta la ética en su relación con la ciencia genética.

La proyección revolucionaria del progreso científico y tecnológico sobre un derecho que había sido construido sobre una realidad en la que no había ninguna de las posibilidades de incidir en el proceso de la reproducción humana que hoy existe, ha generado la necesidad de un cambio jurídico profundo que debe ser prudente, reflexivo y cauteloso. Este cambio ya ha sido encarado por la doctrina, por la jurisprudencia y se encuentra en proceso inicial de elaboración normativa en el derecho positivo de diferentes Estados.

Pero este cambio no debe llevar a la invasión por el derecho del ámbito reservado a la conciencia ética individual ni puede hacerse en detrimento o en violación de tradicionales principios éticos jurídicos, nacidos de la consideración de la dignidad humana.

Un derecho que no incluya este núcleo ético y que no esté dirigido a lograr un orden de justicia, es solo mandato imperativo caracterizado por la coerción puesta al servicio de su aplicación, pero carece de toda legitimidad.

La relación de la genética con los derechos humanos no es independiente de la vinculación existente entre la genética y la ética. No solo por el necesario contenido moral del derecho, sino porque hoy es imposible concebir una ética que no se base en la aceptación de la dignidad y de los consiguientes derechos de todos los hombres.

El respeto de la dignidad individual e integridad de cada ser humano, y como consecuencia de su patrimonio genético, es el criterio determinante que fija inflexiblemente el límite de las aplicaciones de la ciencia en el campo genético.

La Declaración de Viena adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio de 1993, que puede considerarse hoy como el último pronunciamiento de la comunidad internacional en materia de derechos humanos, encara la cuestión del progreso científico, especialmente en el campo biomédico, en su relación con los derechos humanos.

El párrafo 11 de esta Declaración, luego de afirmar que todos tienen el derecho a beneficiarse del progreso científico y de sus aplicaciones, destaca que "ciertos adelantos especialmente en la biomédica y en las ciencias de la vida, así como en la información tecnológica, pueden potencialmente tener consecuencias adversas para la integridad, la dignidad y los derechos humanos del individuo y apela a la cooperación internacional para asegurar que los derechos humanos y la dignidad sean plenamente respetados en esta área".

Los problemas que entran en el espacio conceptual cubierto por la bioética son múltiples y el transcurso del tiempo amplía continuamente este espacio como consecuencia del progreso científico y tecnológico, especialmente en el campo de la medicina.

Todas las cuestiones relacionadas con la fecundación artificial y sus innumerables y diversas proyecciones y posibilidades son un ejemplo de esto.

Estas cuestiones han alterado los criterios tradicionales en materia de filiación y roto los esquemas del Código Civil y del Derecho de Familia, planteando problemas éticos gravísimos vinculados con las relaciones sexuales y la reproducción en su más amplio sentido.

Los adelantos en la genética nos enfrentan a la perspectiva de violaciones de derechos humanos de nuevo tipo, cuyo origen puede estar tanto en una actividad emanada de un hacer o de un mandato estatal, directo o indirecto, como en conductas ajenas o que escapan a la decisión o al control gubernamental.

Es útil enumerar algunos ejemplos de situaciones que se presentan hoy, en relación con los progresos de la genética que aparejan un peligro concreto de posibles violaciones de los derechos humanos.

El caso de la llamada medicina predictiva constituye una de esas situaciones. La medicina predictiva, que puede llegar a permitir que se descubra en un embrión humano la predisposición a determinadas enfermedades, descubrimiento que resulta posible por el estudio de sus genes, presenta, junto a positivos elementos de gran interés para el futuro de la medicina y la salvaguardia de la vida humana, aspectos muy graves en cuanto se pueda llegar a afectar la existencia y la salud de un individuo como consecuencia del conocimiento de lo que puede ser su vida, amenazado por una enfermedad que no es actualmente curable. Puede llevar asimismo, a la estigmatización discriminatoria de individuos o grupos humanos, por el Estado o por grupos sociales, por sociedades mutuales, por aseguradores o en el campo laboral. El diagnóstico preimplantatorio y la terapia genética plantean problemas análogos. La garantía de la confidencialidad es de tal modo una exigencia, difícil, pero ineludible.

La simple referencia a estos complejos asuntos, muestra que hoy la medicina predictiva, el diagnóstico preimplantatorio y la terapia genética constituyen, en una de sus vertientes, ya que existe una faz eventualmente positiva, un peligro potencial para los derechos humanos, en especial para el derecho a la vida, a la intimidad, al bienestar, a la constitución de la familia y a la reproducción.

La investigación genética puede llegar a conculcar estos derechos humanos. La obligatoriedad de los test individuales o colectivos, por ejemplo en ciertas condiciones y circunstancias, es asimismo capaz de lesionar derechos esenciales de la persona humana.

La clonación de embriones humanos, es decir la manipulación de estos embriones para producir seres humanos idénticos, de acuerdo a una selección basada en la elección de características preestablecidas, constituye un gravísimo atentado a la dignidad y por ende, a los derechos humanos. La clonación es un desdoblamiento de la personalidad. Y la individualidad propia e irreproducible de cada ser humano es el fundamento de los derechos de todos los seres humanos.

Todo ser humano posee un patrimonio genético que es parte de su ser, un elemento constitutivo de su derecho a la vida y de su derecho a vivir y a tener un desarrollo integral. Por eso todo lo relativo al genoma humano –que es individual y propio de cada persona, pero que al mismo tiempo es un patrimonio común de la humanidad- y al posible establecimiento de una carta genética, roza y eventualmente puede llegar a violar derechos fundamentales de la persona humana.

Hoy todo ha cambiado. El derecho, tanto el interno como el internacional, debe encarar y hacer frente a la nueva situación existente, a inéditos problemas y cuestiones imposibles de pensar hace apenas unas décadas. Pero debe hacerlo fundándose en los mismos principios que en el curso de los siglos han ido permitiendo edificar el sistema de la protección y garantía jurídica de la libertad y de los derechos de todos los seres humanos, sin ninguna forma de discriminación ilegítima.

Pero al mismo tiempo es preciso asegurar el natural progreso de la ciencia y la libertad de la investigación.

La importancia del tema que nos ocupa aumentará en los próximos años. Y los peligros existentes crecerán en gravedad y en hondura.

Ello explica el interés y la atención que la normativa jurídica, tanto interna como internacional, la jurisprudencia y la doctrina le prestan. Imposible, en la brevedad de esta exposición, reseñar las normas legislativas y los textos internacionales que han comenzado a surgir o proyectarse, las diferentes y contrapuestas posiciones que adoptan, mostrar los atisbos jurisprudenciales y citar los estudios, ensayos y libros que han empezado a aparecer en el ámbito doctrinario. Es necesario en cambio, destacar que todos estos juristas han manifestado su preocupación por estos temas. Temas que además preocupan a los políticos, a los sociólogos, a los filósofos, a los moralistas y a todos los que piensan en el hombre y en su destino. Interesan a la opinión pública en general y, en última instancia, interesan a todo hombre porque en el tema de sus derechos ante los desarrollos de la genética, se juega el futuro de la vida, de la dignidad y de la natural diversidad y autonomía de cada individuo de la especie humana.

En el Uruguay asimismo, ha comenzado a destacarse el interés universitario, académico y científico por la bioética.

Entre las muchas instituciones que podrían citarse y solo a título de ejemplo, pueden recordarse el Instituto de Ética y Bioética de la Universidad Católica del Uruguay, el Comité de Ética en Ciencia y Tecnología de la Comisión Sectorial del MERCOSUR, la Comisión de Bioética del Sindicato Médico del Uruguay, el Grupo Asesoría en Bioética del Hospital Pediátrico "Pereira Rossell", la Comisión Ética en Investigación del Hospital Universitario de la Facultad de Medicina y la Comisión de Ética de la Federación Médica del Interior.

El presente proyecto de ley en su artículo 1º crea la Comisión Nacional de Bioética y determina sus características.

En su artículo 2º se establece cómo estará integrada.

Por el artículo 3º se dispone que la Comisión Nacional de Bioética podrá constituir subcomisiones, que podrán ser permanentes o transitorias, de carácter independiente, multidisciplinario y sectorial, para asesorar en todas las materias que hacen a las competencias establecidas en el artículo 5º de la presente ley.

El artículo 4º determina que las subcomisiones podrán plantear directamente las cuestiones que estimen pertinentes a la Comisión Nacional de Bioética, adjuntando los fundamentos del planteamiento y el criterio sostenido.

El artículo 5º se refiere a las competencias de la Comisión Nacional de Bioética. Estas son:

Asesorar a los Poderes del Estado y a las entidades con competencia en actividades relacionadas cuando así se lo solicitaren.

Preparar por propia decisión o a petición de cada una de las Cámaras del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo o de la Suprema Corte de Justicia, anteproyectos de ley, de decretos o de reglamentos en materia de bioética, en función de la realidad científica, tecnológica y ética.

Incitar y promover la investigación científica en la materia, en el marco de la libertad y de la responsabilidad ética, pronunciarse respecto de todas las cuestiones relativas a la bioética y en especial en relación con aquellas referentes a la genética, la protección del genoma humano y la ética, en función de la promoción, protección y defensa de la dignidad y de los derechos de todos los seres humanos.

Evacuar consultas sobre temas bioéticos. Toda persona pública o privada, física o jurídica podrá dirigirse a la Comisión Nacional de Bioética.

Promover comités de ética biomédica en las instituciones vinculadas a la salud.

Promover actividades académicas, de investigación y de docencia vinculadas a los objetivos de la comisión.

Promover la creación de centros de información y documentación para sistematizar y difundir los conocimientos científicos y tecnológicos vinculados a la ética biomédica.

Asimismo, se establece como cometido promover la formación, especialización y perfeccionamiento de operadores relacionados con la ética biomédica.

Por el artículo 6º se dispone que la sede de la Comisión Nacional de Bioética sea el Poder Legislativo, y que la Asamblea General le suministrará lo necesario para su funcionamiento.

Se prevé que la propia Comisión elabore su reglamento y se le fija para ello un plazo de noventa días a partir de su instalación.

En resumen resulta conveniente y necesario que Uruguay cuente con el asesoramiento de una Comisión Nacional de Bioética, cuyo aporte será imprescindible para construir y obtener respuestas eficientes a las necesidades impostergables en materia de tanta complejidad, todo lo cual se traducirá en un efectivo aporte para la sociedad uruguaya y la comunidad científica en particular.

Deseamos por último destacar la colaboración de los señores secretarios de la Comisión, asesores, taquígrafos, personal de sala y operadores de audio.

Sala de la Comisión, 1º de octubre de 2003.

RAÚL ARGENZIO, Miembro Informante, GUSTAVO AMEN VAGHETTI, DANIEL BIANCHI, LUIS JOSÉ GALLO IMPERIALE, ORLANDO GIL SOLARES, RAMÓN LEGNANI, WILMER TRIVEL.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Créase la Comisión Nacional de Bioética, la que tendrá carácter honorario, pluralista, pluridisciplinaria e independiente de cualquier autoridad, órgano o persona jurídica pública o privada.

Artículo 2º.- La Comisión Nacional de Bioética estará integrada por:

A) Un representante del Poder Ejecutivo, que la presidirá.

B) Un representante de la Cámara de Representantes.

C) Un representante de la Cámara de Senadores.

D) Un representante de la Suprema Corte de Justicia.

E) Un representante de la Universidad de la República.

F) Un representante por cada una de las universidades privadas que tengan estudios formales en ciencias biológicas.

G) Un representante del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

H) Un representante del Consejo de Innovación Científica y Tecnológica (CONICYT).

I) Un representante del Instituto de Investigaciones Biológicas "Clemente Estable".

J) Un representante por cada colegio de profesionales universitarios o en su defecto de cada Comisión de Bioética de las asociaciones que los agrupa.

K) Tres representantes por las confesiones religiosas acreditadas en el país con personería jurídica, a propuesta del Poder Ejecutivo.

Los representantes de los organismos e instituciones mencionados precedentemente podrán ser personas ajenas a la institución a la que representan.

Artículo 3º.- La Comisión Nacional de Bioética podrá constituir Subcomisiones permanentes o transitorias, de carácter independiente, multidisciplinario y multisectorial, para asesorar en todas las materias que hacen a las competencias establecidas en el artículo 5º de la presente ley.

La Comisión Nacional de Bioética determinará el número y la forma de integración de estas Subcomisiones, que deberán estar constituidas por expertos de reconocida solvencia, elegidos entre todos los sectores del pensamiento y del hacer científico y filosófico nacional.

Artículo 4º.- Estas Subcomisiones podrán plantear directamente las cuestiones que estimen pertinentes a la Comisión Nacional de Bioética, adjuntando los fundamentos del planteamiento y del criterio sostenido. La Comisión Nacional de Bioética podrá solicitar a las Subcomisiones dictámenes sobre todos los temas y en materia de su competencia.

Artículo 5º.- Compete a la Comisión Nacional de Bioética:

A) Asesorar a los Poderes del Estado y a las entidades con competencia en actividades relacionadas, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, cuando así se lo solicitaren.

B) Preparar por propia decisión o a petición de cada una de las Cámaras del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo o de la Suprema Corte de Justicia, anteproyectos de ley, de decretos o de reglamentos en materia de bioética, en función de la realidad científica, tecnológica y ética.

C) Incitar y promover la investigación científica en la materia, en el marco de la libertad y de la responsabilidad ética. Analizar de oficio o a petición de los Poderes, Órganos o autoridades enumerados en el artículo 2º, y pronunciarse respecto de todas las cuestiones relativas a la bioética y en especial en relación con aquellas referentes a la genética, la protección del genoma humano y la ética, en función de la promoción, protección y defensa de la dignidad y de los derechos de todos los seres humanos.

D) Evacuar consultas sobre temas bioéticos, en cuestiones de carácter general que se le puedan plantear. Podrá dirigirse a la Comisión Nacional toda persona pública o privada, física o jurídica.

E) Promover que en las instituciones vinculadas a la salud se organicen y funcionen Comités de ética biomédica.

F) Promover y participar en actividades académicas, de investigación y de docencia vinculadas a los objetivos de la Comisión.

G) Promover la creación y desarrollo de centros de información y documentación con el objeto de sistematizar y difundir por todos los medios a su alcance los conocimientos científicos y tecnológicos vinculados a la ética biomédica.

H) Promover la formación, especialización y perfeccionamiento de los operadores en las diversas disciplinas relacionadas con la ética biomédica.

Artículo 6º.- La Comisión Nacional de Bioética sesionará en la sede del Poder Legislativo. La Presidencia de la Asamblea General proveerá lo necesario para su funcionamiento.

Artículo 7º.- La Comisión Nacional de Bioética aprobará su propio reglamento dentro de los primeros noventa días de su instalación.

Artículo 8º.- El Poder Ejecutivo, oídos los asesoramientos que estimare pertinentes, reglamentará la presente ley dentro de los primeros noventa días de su promulgación.

Sala de la Comisión, 1º de octubre de 2003.

RAÚL ARGENZIO, Miembro Informante, GUSTAVO AMEN VAGHETTI, DANIEL BIANCHI, LUIS JOSÉ GALLO IMPERIALE, ORLANDO GIL SOLARES, RAMÓN LEGNANI, WILMER TRIVEL".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Argenzio.

SEÑOR ARGENZIO.- Señor Presidente: la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social aconseja al plenario la aprobación de este proyecto de ley por el que se crea la Comisión Nacional de Bioética.

Esta iniciativa está basada fundamentalmente en un proyecto del mes de marzo de 2000, por el cual se crea la Comisión Nacional de Bioética, presentado con la firma de los legisladores de la bancada del Partido Nacional, y en otro proyecto del mes de diciembre de 2002, mediante el cual se crea la Comisión Nacional Honoraria de Bioética, presentado por el señor Representante Scavarelli.

También deseamos destacar el generoso y fecundo aporte del doctor Héctor Gros Espiell, quien permanentemente ha contribuido a la tarea encarada por el Parlamento en el análisis legislativo de esta temática.

A dichos proyectos se le han introducido modificaciones y agregados, concluyendo con el proyecto de ley que hoy considera la Cámara.

El constante desarrollo y dinamismo de las ciencias biológicas, médicas y farmacológicas aplicadas, genera con frecuencia problemas éticos, morales y legales con relación al diseño de políticas sanitarias respecto a la aplicación médica de ese avance tecnológico y de la deontología del ejercicio profesional en diferentes áreas conexas a esta temática.

Esta realidad ha instalado en la civilización de nuestro tiempo el deber prioritario de las sociedades modernas de estar plenamente conscientes de las acciones que podrían poner en peligro la dignidad humana mediante una práctica inadecuada de la biología y la medicina, cuyos límites son inimaginables.

No hay duda alguna de que es una convicción compartida que los progresos en la biología y en la medicina deben ser aprovechados a favor de las generaciones presentes y futuras, con el propósito de consolidar el concepto integral de persona humana.

En este entendido, no puede demorarse el tratamiento profundo, respetuoso e informado acerca de aspectos tan importantes a la vida humana y a los valores socioculturales concernidos, que involucran temas de enorme magnitud y trascendencia y que refieren a la vida humana desde antes de su concepción y hasta su propia extinción. Por lo tanto, entendemos imprescindible adoptar las medidas adecuadas en el ámbito de las aplicaciones de la medicina y de la biología para garantizar la dignidad del ser humano y los derechos y libertades fundamentales de la persona, medidas que deben ser adoptadas con información suficiente y sin peligrosas simplificaciones.

Los problemas de la bioética han adquirido en nuestros días una importancia determinante. Esta importancia, manifestada universalmente en todas las civilizaciones y culturas, ha motivado el surgimiento a nivel internacional y a nivel interno de comisiones de bioética con competencia para estudiar todos los aspectos de la cuestión, proyectar la legislación que hoy se requiere en la materia y dictaminar en los asuntos que involucran temas relativos a la biología, la genética y la ética.

Teniendo en cuenta esta dirección del pensamiento científico y jurídico expresado a nivel internacional por la creación en la UNESCO del Comité Internacional de Bioética, por las intensas actividades del Comité de Europa, por los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, por las decisiones adoptadas en la Unión Interparlamentaria, así como por la acción de múltiples entidades científicas y filosóficas, preferentemente en Europa, y a nivel nacional por el surgimiento de una legislación especializada, es que el presente proyecto pretende crear una Comisión Nacional de Bioética que sea el centro de promoción del futuro proceso legislativo en la materia y el núcleo en torno al cual se desarrolle en el Uruguay el pensamiento científico y ético, en su relación con la biología y la ética.

La bioética nació de una interrogante respecto de la influencia del desarrollo de la biología sobre el porvenir del hombre.

Ante la amplitud y profundidad de los cambios mentales y socioculturales producidos por los avances de la genética, es del caso preguntarse qué efecto tendrán estos en los seres humanos, su dignidad y sus derechos y con relación al tipo de sociedad que puede existir en el mañana.

La bioética no se limita, por ello, a una reflexión sobre la relación de la ciencia con la sociedad. Encara las relaciones entre el hombre y la naturaleza, en su diversidad biológica, que incluye su propia naturaleza como ser individual y libre.

Es en esto que reside la progresión y el impulso del movimiento ético en todos los países del mundo.

Son incontables actualmente los comités de ética creados en los más diversos países del mundo, así como los centros de investigación ética y biológica. Y lo mismo ocurre con la enseñanza de la bioética en las universidades, que multiplican las cátedras especializadas.

La bioética se ha desarrollado en el contexto que pone en cuestión, globalmente, el progreso científico y tecnológico en sí mismo. Solo condicionado por el elemento ético, este progreso puede ser fuente de beneficios.

Esta posición, optimista y pesimista al mismo tiempo, promotora y crítica de manera simultánea del progreso científico, confiada en el mañana y temerosa del futuro -pero sin complejos inhibitorios-, es el reflejo de las inquietudes, dudas y contradicciones de nuestra época.

Ha llegado el momento de asumir estas angustias existenciales propias del hombre mediante la utilización de los cambios, en acelerado proceso de desarrollo, resultado de los asombrosos progresos de la ciencia y de la biotecnología, equilibrándolos con el elemento ético.

Para dominar estos progresos científicos y tecnológicos en el campo biológico y genético, más rápidos que la evolución de las ideas socialmente aceptadas, hay que desarrollar, a nivel internacional e interno, una ética de las ciencias de la vida y de la sociedad.

Pocas veces como hoy, el tema de la neutralidad ética de la ciencia -de su capacidad de ser un instrumento al servicio del bien y del desarrollo, en la más amplia y justa acepción del concepto, o por el contrario, de sus posibilidades de utilización para el mal y para la degradación humana, individual y colectiva- se nos presenta con mayor proximidad.

Es por eso que es preciso insistir en la incidencia condicionante de la ética sobre la ciencia, no para limitar o desacelerar la investigación, sino para impedir que la aplicación de la ciencia vaya en detrimento de la esencia de la naturaleza humana, de la dignidad del hombre y, natural y consiguientemente, de la humanidad.

La revalorización de la ética en su relación con la ciencia es un fenómeno actual de carácter universal, que se encuentra en todas las civilizaciones, culturas y religiones. Es el resultado del temor y de la preocupación general ante las posibilidades cada día más reales de que la aplicación de la ciencia y la tecnología pierda sus ataduras y condicionantes humanas y pueda llevar a consecuencias aberrantes y a manipulaciones alucinantes.

El hecho que hoy se haya impuesto el vocablo "bioética" está ya demostrando que se acepta, incluso en la terminología corriente, que existe un nexo necesario, ineludible y entrañable entre la genética y la ética. Este extremo -dada la relación de la ética con el derecho y la concepción actual de los derechos humanos- sirve de fundamento a todo el análisis del tema de la genética y de los derechos humanos.

Al derecho se le plantean nuevos y difíciles problemas ante los progresos de la genética. Estos problemas son análogos y están directamente vinculados con los que enfrenta la ética en su relación con la ciencia genética.

La proyección revolucionaria del progreso científico y tecnológico sobre un derecho que había sido construido en base a una realidad en la que no había ninguna de las posibilidades de incidir en el proceso de la reproducción humana que hoy existe, ha generado la necesidad de un cambio jurídico profundo, que debe ser prudente, reflexivo y cauteloso. Este cambio ya ha sido encarado por la doctrina, por la jurisprudencia, y se encuentra en proceso inicial de elaboración normativa en el derecho positivo de diferentes Estados.

Pero este cambio no debe llevar a la invasión por el derecho del ámbito reservado a la conciencia ética individual, ni puede hacerse en detrimento o en violación de tradicionales principios éticos jurídicos, nacidos de la consideración de la dignidad humana. Un derecho que no incluya este núcleo ético y que no esté dirigido a lograr un orden de justicia, es solo un mandato imperativo caracterizado por la coerción puesta al servicio de su aplicación, pero carece de toda legitimidad.

La relación de la genética con los derechos humanos no es independiente de la vinculación existente entre la genética y la ética, no solo por el necesario contenido moral del derecho, sino porque hoy es imposible concebir una ética que no se base en la aceptación de la dignidad y de los consiguientes derechos de todos los hombres.

El respeto de la dignidad individual y la integridad de cada ser humano y, como consecuencia, de su patrimonio genético, es el criterio determinante que fija inflexiblemente el límite de las aplicaciones de la ciencia en el campo genético.

La Declaración de Viena, adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio de 1993, que puede considerarse hoy como el último pronunciamiento de la comunidad internacional en materia de derechos humanos, encara la cuestión del progreso científico, especialmente en el campo biomédico, en su relación con los derechos humanos.

El párrafo 11 de esta Declaración, luego de afirmar que todos tienen el derecho a beneficiarse del progreso científico y de sus aplicaciones, destaca que "ciertos adelantos especialmente en la biomédica y en las ciencias de la vida, así como en la información tecnológica, pueden potencialmente tener consecuencias adversas para la integridad, la dignidad y los derechos humanos del individuo y apela a la cooperación internacional para asegurar que los derechos humanos y la dignidad sean plenamente respetados en esta área".

Los problemas que entran en el espacio conceptual cubierto por la bioética son múltiples y el transcurso del tiempo amplía continuamente este espacio, como consecuencia del progreso científico y tecnológico, en especial en el campo de la medicina. Todas las cuestiones relacionadas con la fecundación artificial y sus innumerables y diversas proyecciones y posibilidades son un ejemplo de esto.

Estas cuestiones han alterado los criterios tradicionales en materia de filiación y han roto los esquemas del Código Civil y del derecho de familia, planteando problemas éticos gravísimos, vinculados con las relaciones sexuales y la reproducción en su más amplio sentido.

Los adelantos en la genética nos enfrentan a la perspectiva de violaciones de derechos humanos de nuevo tipo, cuyo origen puede estar tanto en una actividad emanada de un hacer o de un mandato estatal, directo o indirecto, como en conductas ajenas o que escapan a la decisión o al control gubernamental.

Es útil enumerar algunos ejemplos de situaciones que se presentan hoy con relación a los progresos de la genética que aparejan un peligro concreto de posibles violaciones de los derechos humanos.

El caso de la llamada medicina predictiva constituye una de esas situaciones. La medicina predictiva, que puede llegar a permitir que se descubra en un embrión humano la predisposición a determinadas enfermedades -descubrimiento que resulta posible por el estudio de sus genes- presenta, además de positivos elementos de gran interés para el futuro de la medicina y la salvaguardia de la vida humana, aspectos muy graves en tanto se puede llegar a afectar la existencia y la salud de un individuo como consecuencia del conocimiento de lo que puede ser su vida, al estar amenazado por una enfermedad que no es actualmente curable. Puede llevar, asimismo, a la estigmatización discriminatoria de individuos o grupos humanos, por el Estado o por grupos sociales, por sociedades mutuales, por aseguradores o en el campo laboral. El diagnóstico preimplantatorio y la terapia genética plantean problemas análogos. La garantía de la confidencialidad es de tal modo una exigencia, difícil pero ineludible.

La simple referencia a estos complejos asuntos muestra que, hoy, la medicina predictiva, el diagnóstico preimplantatorio y la terapia genética constituyen, en una de sus vertientes -ya que existe una faz eventualmente positiva-, un peligro potencial para los derechos humanos, en especial para el derecho a la vida, a la intimidad, al bienestar, a la constitución de la familia y a la reproducción.

La investigación genética puede llegar a conculcar estos derechos humanos.

La obligatoriedad de los tests individuales o colectivos, por ejemplo, en ciertas condiciones y circunstancias, es asimismo capaz de lesionar derechos esenciales de la persona humana.

La clonación de embriones humanos, es decir, la manipulación de estos embriones para producir seres humanos idénticos, de acuerdo con una selección basada en la elección de características preestablecidas, constituye un gravísimo atentado a la dignidad y, por ende, a los derechos humanos. La clonación es un desdoblamiento de la personalidad, y la individualidad propia e irreproducible de cada ser humano es el fundamento de los derechos de todos los seres humanos.

Todo ser humano posee un patrimonio genético que es parte de su ser, un elemento constitutivo de su derecho a la vida y de su derecho a vivir y a tener un desarrollo integral. Por eso, todo lo relativo al genoma humano -que es individual y propio de cada persona, pero que al mismo tiempo es un patrimonio común de la humanidad- y al posible establecimiento de una carta genética, roza y eventualmente puede llegar a violar derechos fundamentales de la persona humana.

Hoy todo ha cambiado. El derecho, tanto el interno como el internacional, debe encarar y hacer frente a la nueva situación existente, a inéditos problemas y cuestiones imposibles de pensar hace apenas unas décadas. Pero debe hacerlo fundándose en los mismos principios que en el curso de los siglos han ido permitiendo edificar el sistema de la protección y la garantía jurídica de la libertad y de los derechos de todos los seres humanos, sin ninguna forma de discriminación ilegítima. Pero, al mismo tiempo, es preciso asegurar el natural progreso de la ciencia y la libertad de la investigación.

La importancia del tema que nos ocupa aumentará en los próximos años y los peligros existentes crecerán en gravedad y en hondura. Ello explica el interés y la atención que la normativa jurídica, tanto interna como internacional, la jurisprudencia y la doctrina le prestan.

Es imposible, en la brevedad de esta exposición, reseñar las normas legislativas y los textos internacionales que han comenzado a surgir o a proyectarse, con las diferentes y contrapuestas posiciones que adoptan, mostrar los atisbos jurisprudenciales y citar los estudios, ensayos y libros que han empezado a aparecer en el ámbito doctrinario. Es necesario, entonces, destacar que todos estos juristas han manifestado su preocupación por estos temas; temas que, además, preocupan a los políticos, a los sociólogos, a los filósofos, a los moralistas y a todos los que piensan en el hombre y en su destino. Interesan a la opinión pública en general y, en última instancia, interesan a todo hombre, porque en el tema de sus derechos ante los desarrollos de la genética se juega el futuro de la vida, de la dignidad y de la natural diversidad y autonomía de cada individuo de la especie humana.

En el Uruguay, asimismo, ha comenzado a destacarse el interés universitario, académico y científico por la bioética. Entre las muchas instituciones que podrían citarse, y solo a título de ejemplo, pueden recordarse el Instituto de Ética y Bioética de la Universidad Católica del Uruguay, el Comité de Ética en Ciencia y Tecnología de la Comisión Sectorial del MERCOSUR, la Comisión de Bioética del Sindicato Médico del Uruguay, el Grupo Asesoría en Bioética del Hospital Pediátrico Pereira Rossell, la Comisión Ética en Investigación del Hospital Universitario de la Facultad de Medicina y la Comisión de Ética de la Federación Médica del Interior.

El presente proyecto de ley, en su artículo 1º, crea la Comisión Nacional de Bioética y determina sus características.

En su artículo 2º establece cómo estará integrada.

Por el artículo 3º dispone que la Comisión Nacional de Bioética podrá constituir Subcomisiones, que podrán ser permanentes o transitorias, de carácter independiente, multidisciplinario y sectorial, para asesorar en todas las materias que hacen a las competencias establecidas en el artículo 5º de la iniciativa.

El artículo 4º determina que las Subcomisiones podrán plantear directamente las cuestiones que estimen pertinentes a la Comisión Nacional de Bioética, adjuntando los fundamentos del planteamiento y el criterio sostenido.

El artículo 5º refiere a las competencias de la Comisión Nacional de Bioética. Estas son: asesorar a los Poderes del Estado y a las entidades con competencia en actividades relacionadas cuando así se lo solicitaren; preparar por propia decisión o a petición de cada una de las Cámaras del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo o de la Suprema Corte de Justicia, anteproyectos de ley, de decretos o de reglamentos en materia de bioética, en función de la realidad científica, tecnológica y ética; incitar y promover la investigación científica en la materia, en el marco de la libertad y de la responsabilidad ética; pronunciarse respecto de todas las cuestiones relativas a la bioética y en especial con relación a aquellas referentes a la genética, la protección del genoma humano y la ética, en función de la promoción, la protección y la defensa de la dignidad y de los derechos de todos los seres humanos.

Otra competencia es evacuar consultas sobre temas bioéticos. Toda persona pública o privada, física o jurídica podrá dirigirse a la Comisión Nacional de Bioética. También podrá promover comités de ética biomédica en las instituciones vinculadas a la salud; promover actividades académicas, de investigación y de docencia vinculadas a los objetivos de la Comisión; promover la creación de centros de información y documentación para sistematizar y difundir los conocimientos científicos y tecnológicos vinculados a la ética biomédica. Asimismo, se establece como cometido promover la formación, especialización y perfeccionamiento de operadores relacionados con la ética biomédica.

Por el artículo 6º se dispone que la sede de la Comisión Nacional de Bioética sea el Poder Legislativo, y que la Asamblea General le suministrará lo necesario para su funcionamiento.

Se prevé que la propia Comisión elabore su reglamento y se le fija para ello un plazo de noventa días a partir de su instalación.

En resumen, resulta conveniente y necesario que Uruguay cuente con el asesoramiento de una Comisión Nacional de Bioética, cuyo aporte será imprescindible para construir y obtener respuestas eficientes a las necesidades impostergables en materia de tanta complejidad, todo lo cual se traducirá en un efectivo aporte para la sociedad uruguaya y la comunidad científica en particular.

Deseamos destacar, por último, la colaboración de los señores secretarios de la Comisión, asesores, taquígrafos, personal de Sala y operadores de audio.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Señor Presidente: suponemos que hoy este Parlamento va a aprobar el proyecto de ley por el que se crea la Comisión Nacional de Bioética.

Este es un proyecto que tuvo un muy largo proceso parlamentario. En la XLIII Legislatura, en el año 1993, se crea una Comisión Especial para el estudio de los temas de la bioética y en la primera reunión se invita a participar al Vicepresidente del Comité Nacional para la Bioética del Gobierno italiano, el profesor Giovanni Berlinguer.

En la XLIV Legislatura, después de asistir a la XXIII Conferencia Interparlamentaria que se realizó en Madrid, los señores Diputados Trobo y Pita propusieron una reunión especial de esta Cámara para tratar el tema de la bioética en función de las conclusiones adoptadas; entre otras, la de instar a todos los países a la creación de Comisiones Nacionales de Bioética. De esa reunión surge la idea y se vota la creación de una Comisión Especial para el estudio de este proyecto que dispone la creación de la Comisión Nacional de Bioética.

Ese proyecto fue presentado por el señor Diputado Trobo y tenía su inspiración en el trabajo del doctor Gros Espiell, Vicepresidente de la Comisión de Bioética de la UNESCO.

En esa Comisión se trabajó intensamente durante todo el período, y en la actual Legislatura se retiró del archivo el proyecto por parte de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social y se siguió abordando el tema, a lo que se agrega la iniciativa que el señor Diputado Scavarelli nos hizo llegar en el mismo sentido. A ese valioso aporte se sumaron el proyecto original y todos los aportes que durante dos años se hicieron en la Comisión por parte de todos los sectores involucrados en el tema de la bioética, que voy a mencionar porque me parece que es importante. En este tema opinaron absolutamente todos los sectores políticos, científicos, jurídicos y religiosos; fueron escuchados el Ministro de Educación y Cultura, el Decano de la Facultad de Medicina, la Federación Médica del Interior, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Sindicato Médico del Uruguay, la Federación de Iglesias Evangélicas, el Ministro de Salud Pública, el Instituto de Ética y Bioética de la Universidad de la República, el doctor Yamandú Sica Blanco en nombre de la Universidad de la República, el nuevo Ministro de Educación y Cultura -el anterior era el contador Samuel Lichtensztejn- y el Director del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Es decir que para concretar definitivamente este proyecto la Comisión escuchó durante estos dos años la opinión de todos aquellos que, de una manera u otra, están involucrados en este importante tema de la bioética.

El puntapié inicial del análisis de este tema estuvo dado por las resoluciones de la Conferencia Interparlamentaria y el informe que se hizo en la Comisión respectiva de la UNESCO. En las conclusiones de la mencionada Conferencia, entre otras cosas, se invita a los Gobiernos y a los Parlamentos a proporcionar a la población informaciones precisas sobre las cuestiones relativas a la bioética, principalmente en el campo de la biología y de la medicina humana, y se alienta a un debate continuado sobre estas cuestiones. Además, preconiza la educación en materia de bioética a todos los niveles de enseñanza y pide encarecidamente a los Estados la creación de Comisiones Nacionales de Bioética encargadas de velar por la proyección, el respeto de la dignidad, de la libertad, de la identidad y de la integridad de las personas en las investigaciones biomédicas, en cooperación, si lo desean, con el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO.

Ese informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que se hizo con el título de "La bioética y sus implicaciones a nivel mundial para la protección de los derechos humanos" y cuya iniciativa correspondió al Director General del organismo, señor Federico Mayor, se introducía en el tema manifestando que la bioética estaba basada en los valores proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Asimismo, se establecía que los representantes electos, los legisladores de las naciones desempeñan una función especial no solo en el pensamiento bioético, sino también en la redacción de la legislación que se origina en el mismo. Más allá de los problemas planteados en sus países -dice el informe-, son naturalmente llevados a tomar en consideración las cuestiones suscitadas por la difusión del conocimiento científico y la justa distribución de los beneficios de la investigación. Asimismo, y a un nivel diferente, no puede dejar de observarse el creciente número de prácticas que trascienden las fronteras nacionales, tales como los trasplantes de órganos, los implantes de tejido y células o los proyectos de investigación o experimentación biomédica conducidos simultáneamente en diversos países, para citar tan solo unos pocos ejemplos.

En las conclusiones presentadas a la Comisión que estaba estudiando este proyecto se planteaban tres responsabilidades. La primera era la creación de la propia Comisión Nacional de Bioética para el seguimiento y la vigilancia del pleno respeto a la dignidad y a los derechos del ser humano. La segunda responsabilidad implicaba un desafío que debía asumir el Parlamento en cuanto a la creación de un marco jurídico que regulara, desde el punto de vista ético, varias actividades. Y el tercer desafío, que era nacional pero fundamentalmente legislativo, refería a suscribir eventualmente la Convención del Consejo de Europa, que podría llegar a ser internacional.

El tema de la bioética adquiere una importancia cada vez mayor y su regulación tiene una enorme trascendencia para el país. De ahí la gran responsabilidad que tiene hoy este Parlamento en cuanto a crear la Comisión Nacional de Bioética.

La bioética se relaciona con el estudio sistemático de la conducta humana en las áreas de la ciencia de la vida y del cuidado de la salud. En la medida en que esta conducta sea examinada a la luz de los valores y principios morales, está enfocada al estudio de los temas que refieren al principio y al fin de la vida, a los nuevos métodos de fecundación, a la ingeniería genética, a la maternidad sustitutiva, a la experimentación humana, al trasplante de órganos, a los pacientes terminales, a la eutanasia y a otros asuntos como la distribución de los recursos en salud y la justicia en la prestación de los servicios sanitarios.

La ética médica se orienta específicamente al estudio de los problemas surgidos en la relación médico-paciente; la bioética tiene un sentido más amplio, pues se ocupa también de los temas vinculados con la ética médica.

La bioética se ocupa de todos los problemas relacionados con los valores que surgen de todas las profesiones vinculadas a la salud; incluye aspectos sociales como los relacionados con la salud pública, la salud ocupacional, la ética del control de natalidad, enfocadas no solo a la salud humana sino también a la protección en lo que concierne a experimentos con animales y también a demandas ambientales conflictivas.

El estudio del tema de la bioética se ha intensificado desde que se descifró el código genético humano, hecho a partir del cual se han comenzado a plantear nuevas manipulaciones científicas de la naturaleza. Días atrás, la prensa nos informaba que desde 1981 la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos de América aprobó 11.815 patentes de sustancias elaboradas genéticamente.

En los últimos veinticinco años, en el tema específico que tiene que ver con la ética médica en la relación del médico con el paciente, la autonomía del paciente ha desplazado a la beneficencia del médico como primer principio de la ética médica, como resultado de que actualmente la relación médico-paciente es más franca y abierta, respetándose más la dignidad de este último.

Cada día más se ha ido afirmando el concepto del carácter autónomo y absoluto del ser humano, tanto en el orden religioso -en eso se basa el principio de la libertad religiosa- como en el político, principio fundamental de la democracia. Es lógico que esto llevara a la formulación de lo que podemos denominar el principio de la libertad moral, que determina que todo individuo debe ser respetado por todos los que tienen posiciones morales distintas. Al igual que el pluralismo religioso y político son derechos humanos; también debe aceptarse como un derecho humano el pluralismo moral.

En el mundo moderno, ¿cuáles son los principios de bioética? En el mundo moderno los avances no solo están referidos a los cambios tecnológicos que permiten solucionar casos que en el pasado no daban lugar a luchar contra el sufrimiento o la enfermedad, sino que estos se acompañan de nuevas actitudes sociales o culturales que hacen hincapié en el individuo como actor principal en la toma de decisiones.

La práctica de la medicina y los avances científicos enfrentan al médico en cada momento a dilemas de tipo ético. Muchas decisiones conflictivas obligan al médico a hacer juicios de valor para tratar de elegir un camino que respete las esperanzas y los deseos del enfermo. La meta de "Salud para todos en el año 2000" favorece más la inversión para la sociedad en su conjunto que para el individuo aislado. Ejemplo de ello es la atención primaria comunitaria o de familia.

Las decisiones políticas de postergar gastos para la atención terciaria muchas veces son causantes de conflictos de opinión en amplios sectores de la población que han ido siguiendo los avances tecnológicos de la medicina moderna y dan por válidos y legítimos los beneficios proclamados. En la gran mayoría de los casos, estos avances tecnológicos -tomografías, resonancias, etcétera- encarecen mucho los servicios médicos, especialmente cuando su utilización no obedece a indicaciones precisas y rigurosas. Debe existir un equilibrio entre la promoción absolutamente necesaria de los avances tecnológicos y la hipoteca económica que estos pueden representar. Debemos exigir que las nuevas tecnologías sean acompañadas desde un principio por una evaluación sistemática de su correcta aplicación y de sus beneficios, porque así se evitarían muchos de los problemas actuales.

Son también temas éticos los referentes a la investigación médica en seres humanos, la distribución de los recursos en materia de salud o la prestación de los servicios de salud.

La investigación médica en seres humanos es un tema muy delicado, que siempre ha suscitado grandes debates y suspicacias. Sin embargo, a pesar de las dudas y discusiones, su importancia es incuestionable. Por eso se ha intentado establecer pautas o principios de base ética, relacionados, en primer lugar, con el principio del respeto a las personas en su autonomía de decisión con relación a los derechos de participar o no en la investigación; en segundo término, con el principio del beneficio que reporta a la sociedad la investigación en el sentido de prevenir o contrarrestar un daño sin perjudicar, tanto en la investigación terapéutica como en la no terapéutica, donde el conocimiento científico pasa a ser el centro de la atención del investigador; y, en tercer lugar, con el principio de la justicia, basado en la pregunta de quién debe recibir los beneficios de la investigación y quién los perjuicios.

Los adelantos en la genética nos enfrentan a las perspectivas de violaciones a los derechos humanos. El caso de la llamada medicina predictiva constituye una de estas situaciones; puede llegar a permitir que se descubra en un embrión humano la predisposición a determinadas enfermedades, descubrimiento que resulta posible por el estudio de sus genes. Esto presenta, además de positivos elementos de gran interés para el futuro de la medicina y la salvaguardia de la vida, aspectos muy graves en cuanto se puede llegar a afectar la existencia y la salud de un individuo como consecuencia del conocimiento de lo que puede ser su vida, al estar amenazado por una enfermedad que no es actualmente curable.

La clonación de embriones humanos, es decir, la manipulación de estos embriones para producir seres humanos idénticos, de acuerdo con una selección basada en la elección de características preestablecidas, constituye un gravísimo atentado a la dignidad y, por ende, a los derechos humanos.

Otro aspecto vinculado con los temas éticos es el que tiene que ver con la distribución de los recursos en la salud. El eje es el principio que debe tenerse en el momento de tomar decisiones; los principios éticos y la parte utilitaria, en los que nos debemos basar los políticos y los técnicos para establecer una justicia sanitaria. Es preciso mantener un equilibrio entre la distribución justa, que otorgue un bienestar colectivo, y la utilidad pública de los recursos obtenidos, que los administradores y los políticos tienen la obligación de optimizar -articulándolos, relacionándolos y complementándolos-, haciendo de ello un deber ético para respetar a todos y cada uno de los principios antedichos.

Desdichadamente, lo más frecuente en la ética en este campo no es esa complementación, sino los conflictos de los principios entre sí. Cuando se habla de justicia distributiva en salud, la ética parece haber desatendido a la economía y a la política, y estas a su vez han querido prescindir de aquella, y en muchos casos suplantarla, lo cual a nuestro entender es una grave forma de injusticia.

En cuanto a la justicia en la prestación de los servicios de salud, existen aspectos morales y éticos que juegan un papel muy importante. No se puede sostener un sistema de atención de salud en el que la vida y la muerte dependan de la riqueza y en el que solo se puedan tratar debidamente las personas con recursos.

Otro tema es el sida. Este, como enfermedad grave, pandémica, hasta ahora con una gran mortalidad, de características epidemiológicas muy especiales en grupos de personas vulnerables que todavía están sufriendo las reacciones discriminatorias de una sociedad que no ha afrontado racionalmente su papel, responsabilizando al Estado en la doble función de proteger la salud pública y orientarla hacia la educación, prevención y el respeto a la vida privada, ha creado una enorme cantidad de problemas éticos y legales. Debemos hacer confluir la ética, la ley y la política para buscar soluciones a la discriminación de las personas con HIV, al problema de la confidencialidad y sus límites, así como en relación con las potestades del Estado, que en forma coercitiva debe limitar la propagación del sida. Es en ese terreno donde nuestra sociedad liberal deberá dar una respuesta basada en la ética y la moral.

No debe considerarse que los puntos de vista religiosos revisten poca importancia para la bioética. Ellos aportan a estas cuestiones, sumamente difíciles, conceptos importantes que fueron forjados en la historia, la naturaleza y las normas morales por las cuales se rigen. Pero esto no significa, tampoco, que debamos admitir que los conceptos religiosos proporcionan respuestas a todo, sino que más bien nos plantean preguntas que tenemos la obligación de analizar objetivamente.

Desde el punto de vista de la evolución histórica, se puede afirmar con seguridad que la bioética le debe mucho a la religión. El hecho de que se presente la disyuntiva de si a una persona se le debe prolongar la vida otorgándole tratamiento médico en una etapa terminal o se le debe dejar morir dignamente, o qué debemos hacer ante el dolor y el sufrimiento incontrolable provocado por una enfermedad maligna terminal, si se debe yugular con drogas que tienen efectos directos sobre el organismo aun a riesgo de acortar la vida, son aspectos que hacen a la determinación de que alguien siga viviendo o no.

Sin duda, la ciencia y la tecnología médica han cambiado la forma de morir. También lo han hecho la sociedad de consumo en que vivimos y los medios de comunicación. El 80% de las muertes naturales ocurren en hospitales o sanatorios, donde aumentan cada día los medios para prolongar la vida y proporcionalmente disminuye la libertad del paciente de decidir de acuerdo con sus pautas morales. Es lógico que en esa materia la bioética admita discutir aspectos que hacen a las doctrinas religiosas múltiples en que el hombre se inspira.

Ante situaciones tan diversas pero que tienen un hilo conductor, que es la ética aplicada a cada uno de los aspectos señalados, creemos que fue una gran cosa el debate que se dio en esta Cámara durante todos estos años sobre este tema, en el que participaron médicos, especialistas en ética y bioética, abogados, políticos, sociólogos y representantes religiosos, que discutían todos estos aspectos previamente a la aprobación de esta ley.

Tenemos, pues, la obligación, en este momento de este Parlamento, de abrir nuestras mentes para abordar estos temas que hacen...

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Lo lamento, señor Diputado, pero debemos entrar a la media hora final. Le restan ocho minutos de su tiempo, que estarán a su disposición cuando la Cámara continúe con el tratamiento del tema.

MEDIA HORA FINAL

32.-    Fallecimiento de la ex legisladora Dora Coccaro de Millor.

Se entra a la media hora final.

Tiene la palabra el señor Diputado Díaz.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: lamento mucho que el Reglamento me impida ceder la palabra al señor Diputado, lo que con mucho gusto habría hecho para que pudiera redondear su pensamiento.

En el uso de la media hora final es habitual hacer recuerdos, evocaciones y homenajes. En el día de hoy falleció una antigua legisladora del Partido Colorado, la profesora, educadora y maestra Dora Coccaro de Millor, y queríamos traer su recuerdo porque fue una figura muy entrañable de nuestro Partido, del viejo batllismo de la década del cincuenta.

Inició su actividad política junto a la doctora Alba Roballo, con una lista que abrieron en el año 1950 y que tuvo una gran votación. La doctora Roballo no salió legisladora en esa oportunidad, pero un conjunto de maestras y educadoras se lanzaron a la lucha política y se integraron a ella con mucha iniciativa y empuje. Luego, todas ellas siguieron de alguna manera en la actividad política y parlamentaria.

La maestra Dora Coccaro de Millor nació el 3 de abril de 1912 en la ciudad de Nuevo Berlín, en el departamento de Río Negro. Actuó como Directora en la Escuela de Práctica República del Perú durante muchos años. Fue Profesora de Idioma Español en la Universidad del Trabajo del Uruguay y de Didáctica en Institutos Normales. Dictó cursos de Literatura y de Tecnología en la UTU.

Entre 1945 y 1958 tuvo a su cargo cursos para adultos en los Institutos Normales, los viejos cursos para adultos que tanto ayudaron a la alfabetización del país durante todo ese período, que prácticamente no funcionan porque ya no tienen alumnos. Realmente, el día en que se hable de la historia de la educación del Uruguay -lo digo con mucho orgullo, porque mi madre también fue maestra de cursos para adultos durante mucho tiempo; al hablar de estos temas es ineludible hacer referencia también al maestro Gesto- se deberá decir que la profesora Dora Coccaro de Millor fue una docente muy destacada, en un momento en que la docencia uruguaya era un crisol de figuras y de educadores que no solamente marcaron una época brillante en nuestro país, sino que también dictaron cátedra en Latinoamérica, siendo permanentemente consultados en sus especializaciones.

La señora Coccaro de Millor se integró, junto con la doctora Alba Roballo, a la Lista 15. No fue Directora de Enseñanza Primaria en 1954, y en relación con esto conozco una vieja anécdota de don Luis Batlle, que la llamó por teléfono a la casa para decirle: "Usted va a ser Diputada dentro de cuatro años". En 1959 fue Diputada suplente, con una actuación muy extensa. En 1962 fue electa Diputada por el departamento de Montevideo, en una lista que encabezaba Hierro Gambardella -en segundo lugar estaba Flores Mora- y que contaba con una serie de figuras como el propio doctor Sanguinetti, en su primera diputación, el doctor Jorge Batlle, Francisco Forteza y Donato Cartolano, que iba inmediatamente después de la señora Coccaro de Millor. Actuó en la Legislatura que se extendió entre 1962 y 1966, con todo brillo y dignidad. En 1966 hizo, dentro del Partido, la opción por el colegiado, acompañando al doctor Vasconcellos. En ese momento se separa de la doctora Alba Roballo y en adelante no ocupa cargos públicos.

Como todos saben, era la madre del Senador Pablo Millor y una figura muy querida en nuestro Partido. Hoy la evocamos y la recordamos con mucho cariño.

Solicito que la versión taquigráfica de mis emocionadas palabras de homenaje, dichas a vuelo de pájaro y sin preparación, pasen al Comité Ejecutivo del Partido Colorado y a los familiares de la profesora Coccaro de Millor.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

33.-    Fallecimiento del doctor Anselmo Bentos.

Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: el sábado próximo pasado, en la ciudad de Minas, falleció el doctor Anselmo Bentos, conocido como "Borrón", hombre de nuestro Partido desde siempre, de esos compañeros con los que uno siempre puede contar.

Fue candidato a la Intendencia Municipal de Lavalleja en las elecciones de 1994, en representación de nuestro Partido de entonces, el Nuevo Espacio.

Era un hombre muy querido en Minas, de profesión odontólogo -colega de nuestro compañero el señor Diputado Argenzio-, quien a lo largo de toda su vida se ganó el respeto y el cariño de los minuanos. Además de su profesión, había desarrollado actividad agropecuaria en el departamento y conformaba un grupo de gente -en una Minas que, seguramente, se ha ido perdiendo- que habitualmente se reunía en la farmacia Zabalza y compartía largas tertulias hablando de política, de literatura y de los más variados temas.

Con esta intervención queremos mostrar nuestro agradecimiento hacia él y hacer llegar a sus familiares, hijos y nietos nuestro recuerdo y nuestras condolencias por su desaparición física, que por cierto enluta al Partido Independiente.

Solicitamos que la versión taquigráfica de estas palabras se pase a la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Independiente, en particular a la Departamental de Lavalleja, y a los familiares del doctor Bentos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

34.-    Comisión Nacional de Bioética. (Creación).

Prosigue la consideración del asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Comisión Nacional de Bioética. (Creación)".

Puede continuar el señor Diputado Gallo Imperiale, a quien le aclaro que restan tan solo dos minutos para el término de la sesión.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Señor Presidente: queremos concluir diciendo que en función de todas esas consideraciones y de ese análisis que durante tanto tiempo se realizó en la Comisión, solicitamos a la Cámara la aprobación de este proyecto.

Creemos que la creación de la Comisión Nacional de Bioética es un gran avance para el país, porque nos pone al mismo nivel de otros países en el contexto internacional, ya que son muchos los que tienen Comisiones Nacionales de Bioética. Además, su integración plural, con objetivos muy claros, fundamentalmente de asesoramiento en temas éticos, va a jerarquizar al país y a este Parlamento.

35.-    Levantamiento de la sesión.

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Mociono para que se levante la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar.

(Se vota)

——Treinta en treinta y tres: AFIRMATIVA.

Se levanta la sesión.

(Es la hora 19 y 59)

 

 

 

Dr. JORGE CHÁPPER

PRESIDENTE

Dra. Margarita Reyes Galván

Secretaria Relatora
Dr. Horacio D. Catalurda

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.