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N° 3149 - 16 DE SETIEMBRE DE 2003

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

47ª SESIÓN

PRESIDE EL SEÑOR REPRESENTANTE DOCTOR JORGE CHÁPPER Presidente
Y MAESTRA NORA CASTRO 2da. Vicepresidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA EL TITULAR DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y
LOS PROSECRETARIOS DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO Y SEÑOR ENRIQUE SENCIÓN CORBO

 

 

 

Texto de la citación

Montevideo, 11 de setiembre de 2003.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, el próximo martes 16, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Cuarto Período de la XLV Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

2º.- Servicios médicos y odontológicos prestados por organismos del Estado a sus funcionarios. ( Derogación del artículo 22 de la Ley Nº 17.556). (Carp. 3152/003) (Informado). Rep. 1341 y Anexo I

3º.- Empresas que fabrican bebidas sin alcohol. (Normas para el control de su actividad). (Carp. 2994/003). (Informado). (EN DISCUSIÓN). Rep. 1274 y Anexo I

4º.- Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. (Modificación del régimen de jubilaciones y pensiones que sirve). (Carp. 3052/003). (Informado). Rep. 1302 y Anexo I

5º.- Juicios ejecutivos. (Nuevos requisitos para su iniciación). (Carp. 2577/002). (Informado). Rep. 1116 y Anexo I

6º.- Controles ejercidos por el Ministerio de Salud Pública en relación a las competencias y obligaciones que establece la no rmativa vigente. (Designación de una Comisión Investigadora con fines legislativos). (Carp. 2947/003). (Informado). (EN DISCUSIÓN). (A) Rep. 1261

7º.- Libertad de comercio y preservación de la libre competencia. (Normas). (Carp. 2446/002). (Informado). Rep. 1069 y Anexo I

8º.- Programas de principios de los partidos políticos. (Publicación). (Carp. 2068/002). (Informado). Rep. 923 y Anexo I

9º.- Día de la libertad de expresión de pensamiento. (Se declara el 20 de setiembre de cada año). (Carp. 2223/002). (Informado). Rep. 991 y Anexo I

10.- Beneficio de la libertad anticipada. (Se extiende a aquellos procesados que hayan cumplido efectivamente la mitad de la pena que haya solicitado el Ministerio Público). (Carp. 2427/002). (Informado). Rep. 1063 y Anexos I y II

 

HORACIO D. CATALURDA      MARGARITA REYES GALVÁN

S e c r e t a r i o s

Llamada (A): Figura por segunda vez. (Artículo 43 del Reglamento).

S U M A R I O

 

1.- Asistencias y ausencias

2.- Asuntos entrados

3.- Proyectos presentados

4 y 6.- Exposiciones escritas

5.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

7.- Realización de operaciones de trasplante de hígado en el país.

— Exposición del señor Representante Gil Solares

8.- Demora en la entrega de viviendas para pasivos construidas en Aiguá, departamento de Maldonado.

— Exposición del señor Representante Fernández Chaves

9.- Solicitud de que se vuelva a designar con el nombre "Doctor Baltasar Brum" al Liceo Nº 13 del departamento de Montevideo.

— Exposición del señor Representante Laviña

10.- Firma de un Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay.

— Exposición del señor Representante Bergstein

11.- Construcción de un segundo puente sobre el arroyo Las Vacas, departamento de Colonia.

Atraso en las obras de repavimentación que se llevan a cabo en las cercanías de la ciudad de Colonia, departamento de Colonia.

— Exposición del señor Representante González Álvarez

12.- Dificultades por las que atraviesa el sector del comercio.

— Exposición del señor Representante Leglise

CUESTIONES DE ORDEN

13 y 21.- Aplazamiento

14.- Integración de la Cámara

25.- Levantamiento de la sesión

14.- Licencias

19.- Preferencias

18.- Sesión extraordinaria

22.- Solicitud de vuelta de proyecto a Comisión

VARIAS

16.- Designación del señor Representante Falco como Subsecretario de Industria, Energía y Minería.

— Manifestaciones de varios señores Representantes

MEDIA HORA FINAL

23.- Fallecimiento del doctor Enrique Véscovi.

— Manifestaciones del señor Representante Bergstein

24.- Fallecimiento del doctor Enrique Véscovi.

— Manifestaciones del señor Representante Ronald Pais

ORDEN DEL DÍA

15.- Servicios médicos y odontológicos prestados por organismos del Estado a sus funcionarios. (Derogación del artículo 22 de la Ley Nº 17.556).

Antecedentes: Rep. Nº 1341, de julio de 2003, y Anexo I, de setiembre de 2003. Carp. Nº 3152 de 2003. Comisión de Presupuestos.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

17 y 20.- Empresas que fabrican bebidas sin alcohol. (Normas para el control de su actividad).

(Ver 45ª sesión)

— Se resuelve que el proyecto vuelva a consideración de la Comisión por un plazo máximo de treinta días.

1.-      Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Washington Abdala, Guzmán Acosta y Lara, Ernesto Agazzi, Álvaro Alonso, Juan Justo Amaro, Gustavo Amen Vaghetti, Mario Amestoy, José Amorín Batlle, Fernando Araújo, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Roberto Bagalciague, Carlos Baráibar, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Edgar Bellomo, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Ricardo Berois Quinteros, Ruben Bertín, José L. Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, José Caballero, Julio Cardozo Ferreira, Ruben Carminatti, Nora Castro, Ricardo Castromán Rodríguez, Roberto Conde, Hugo Cuadrado, Jorge Chápper, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Mario de Pazos, Mariela Demarco, Ruben H. Díaz, Daniel Díaz Maynard, Miguel Dicancro, Juan Domínguez, Alejo Fernández Chaves, Silvia Ferreira, Ramón Fonticiella, Luis José Gallo Imperiale, Schubert Gambetta, Gabriela Garrido, Orlando Gil Solares, Carlos González Álvarez, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, María Iriarte, Arturo Lamancha, Félix Laviña, Luis M. Leglise, Guido Machado, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, José M. Mieres, Ricardo Molinelli, Martha Montaner, Eloísa Moreira, Ruben Obispo, Andrés Oribe, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Gabriel Pais, Ronald Pais, Jorge Pandolfo, Jorge Patrone, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Elena Ponte, Iván Posada, Yeanneth Puñales Brun, Glenda Rondán, Víctor Rossi, Julio Luis Sanguinetti, Cecilia Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Leonel Heber Sellanes, Raúl Sendic, Gustavo Silveira, Julio C. Silveira, Ramón Simonet, Enrique Soto, Lucía Topolansky, Daisy Tourné, Wilmer Trivel, Elizabeth Villalba, Horacio Yanes y Carlota Zamora.

Con licencia: Guillermo Álvarez, Roque E. Arregui, Raquel Barreiro, Daniel Bianchi, Brum Canet, Silvana Charlone, Ricardo Falero, Daniel García Pintos, Julio Lara, Ramón Legnani, Óscar Magurno, José Carlos Mahía, Juan Máspoli Bianchi, Felipe Michelini, Pablo Mieres, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Enrique Pintado, Ambrosio Rodríguez, Adolfo Pedro Sande, Diana Saravia Olmos, Pedro Señorale, Jaime M. Trobo y Walter Vener Carboni.

Faltan con aviso: Luis A. Lacalle Pou, Alberto Perdomo y María Alejandra Rivero Saralegui.

2.-     Asuntos entrados.

"Pliego Nº 253

DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores comunica que, en sesión de 9 de setiembre de 2003, sancionó el proyecto de ley por el que se dispone la celebración de las elecciones internas para seleccionar la candidatura única a Presidente de la República, para el último domingo del mes de junio del año en que se realicen las elecciones nacionales. C/2428/002

-     Téngase presente

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Defensa Nacional se expide sobre el proyecto de ley por el que se autoriza a la Plana Mayor y tripulantes del buque ROU 03 "Montevideo" y Alumnos Aspirantes de la Escuela Naval, a participar en el Ejercicio Naval Multinacional UNITAS 2003, con unidades de las Armadas de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, del Reino de España, de los Estados Unidos de América y de la República del Perú, entre el 10 de octubre y el 2 de noviembre de 2003, con escala en Puerto Belgrano, República Argentina. C/3323/003

-    Se repartió con fecha 11 de setiembre

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Departamental de Tacuarembó remite copia de la resolución aprobada por dicho Cuerpo, sobre la situación contributiva del comercio en el citado departamento. C/20/000

-     A la Comisión de Hacienda

La Junta Departamental de Paysandú remite la resolución adoptada por dicha Corporación, relacionada con la problemática de los complejos habitacionales construidos por el Banco de Previsión Social para pasivos de bajos recursos. C/149/000

-    A la Comisión de Seguridad Social

La Suprema Corte de Justicia contesta las siguientes exposiciones escritas:

-    A sus antecedentes

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Turismo contesta el pedido de informes del señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou, sobre las causas judiciales iniciadas desde 1993 hasta la fecha contra la referida Secretaría de Estado, y su resultado. C/3111/003

El Ministerio de Defensa Nacional contesta los siguientes pedidos de informes:

El citado Ministerio remite nota relacionada con el cumplimiento de la Ley Nº 17.673, de 21 de julio de 2003, por la que se establecen plazos para la contestación de los pedidos de informes cursados a solicitud de los señores legisladores, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República y por el artículo 17 de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990. C/226/000

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta el pedido de informes del señor Representante Artigas Barrios, relacionado con la situación de una balsa que prestaba servicio de transporte de vehículos entre las localidades de Cebollatí y Enrique Martínez. C/3131/003

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contesta los siguientes asuntos:

El Ministerio del Interior remite nota relacionada con el proyecto de minuta de comunicación por la que se solicita a la citada Secretaría de Estado la reconstrucción del sub escalafón PE Policía Especializada, correspondiente al personal docente de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992. C/3230/003

El Ministerio de Economía y Finanzas contesta el pedido de informes del señor Representante Gustavo Borsari Brenna, acerca de la gestión de un ex Director del Sistema Nacional de Televisión. C/3279/003

-     A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Guillermo Chifflet solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:

El señor Representante Doreen Javier Ibarra solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionado con un convenio para la realización de estudios para determinar la existencia de yacimientos de petróleo comercialmente explotables en el territorio nacional. C/3353/003

-    Se cursaron con fecha 10 de setiembre

La señora Representante Lucía Topolansky solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social, acerca de la situación de varios niños atendidos por una Organización No Gubernamental de Rincón de la Bolsa, departamento de San José. C/3354/003

-     Se cursó con fecha 11 de setiembre

El señor Representante Doreen Javier Ibarra solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, referente a diversos aspectos del funcionamiento del Hospital de Florida. C/3355/003

-    Se cursó con fecha 12 de setiembre

La señora Representante Lucía Topolansky solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, sobre las escuelas del departamento de Montevideo que carezcan de denominación. C/3356/003

-     Se cursó con fecha 15 de setiembre

PROYECTOS PRESENTADOS

El señor Representante Eduardo Chiesa presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el régimen de presentación de declaraciones juradas ante el Banco de Previsión Social por parte de productores rurales. C/3357/003

Varios señores Representantes presentan con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara, por vía interpretativa, el alcance de la facultad otorgada al Banco Central del Uruguay por el inciso 2º del artículo 9º de la Ley Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002. C/3358/003

-    A la Comisión de Hacienda

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se crea el Instituto Nacional Antidiscriminación, se establece su integración, organización y cometidos. C/3359/003

-    A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación por la que se solicita al Poder Ejecutivo la inversión del veinticinco por ciento de lo obtenido en la licitación del Aeropuerto Internacional de Carrasco, en obras viales y de infraestructura en la zona de influencia del mismo, departamento de Canelones. C/3360/003

-     A la Comisión de Presupuestos

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara de interés nacional la realización del evento "Maldonado: Fiesta del Mar" a llevarse a cabo en el mes de diciembre de cada año. C/3361/003

-    A la Comisión de Turismo

El señor Representante Gustavo Penadés presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas sobre la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de desechos peligrosos. C/3362/003

-     A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente".

3.-     Proyectos presentados.

A) "DECLARACIONES JURADAS DE OCUPANTES DE INMUEBLES RURALES. (Se modifica el plazo de presentación ante el Banco de Previsión Social).

PROYECTO DE LEY

Artículo único.-  Modifícase el artículo 14 de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 14. (Declaraciones juradas).- Desde el inicio de cada año y hasta la fecha de pago de las obligaciones correspondientes al primer cuatrimestre del ejercicio, cada año, toda persona física o jurídica que ocupe inmuebles ubicados en zonas rurales (artículo 1º) deberá efectuar una declaración jurada en formularios que hará el Banco de Previsión Social (BPS), denunciando los inmuebles que ocupa, a qué título lo realiza, ubicación, número de empadronamiento y superficie del predio, recibiendo -en el mismo acto- una copia de dicha declaración, debidamente sellada, fechada y firmada. El contribuyente que no haya tenido variante respecto a la denuncia del año anterior, se limitará a ratificar su última declaración. Su omisión se sancionará con una multa de hasta 3 UR (tres unidades reajustables).

Si, a juicio del Banco de Previsión Social, los datos establecidos en la declaración no fueren satisfactorios podrá exigir la exhibición de cédulas catastrales, certificación notarial y otro documento probatorio de la superficie ocupada, como también la declaración jurada presentada ante la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado (artículos 20 a 23 de la Ley Nº 13.637, de 21 de diciembre de 1967)".

Montevideo, 10 de setiembre de 2003.

EDUARDO CHIESA BORDAHANDY, Representante por Canelones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto de ley primeramente busca facilitar a los productores agropecuarios la presentación de la declaración de inmuebles ocupados, extendiendo el plazo de presentación, a efectos que el mismo coincida con el plazo de presentación de las declaraciones correspondientes a los aportes del primer cuatrimestre del ejercicio.

Además se fija una sanción en caso de incumplimiento de lo establecido, con una multa que va hasta las tres unidades reajustables.

Montevideo, 10 de setiembre de 2003.

EDUARDO CHIESA BORDAHANDY, Representante por Canelones".

B) "ADELANTOS O PAGOS CON SUBROGACIÓN A AHORRISTAS DEL SECTOR NO FINANCIERO. (Se establece el alcance de la facultad otorgada al Banco Central del Uruguay por el inciso segundo del artículo 9º de la Ley Nº 17.523).

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Declárese por vía interpretativa que la facultad otorgada al Banco Central del Uruguay (BCU) por el inciso segundo del artículo 9º de la Ley Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002, para hacer adelantos o pagos con subrogación a los ahorristas del sector no financiero de los depósitos en cuenta corriente o caja de ahorro de las instituciones financieras que hayan recibido apoyo a través de las previsiones del Decreto Nº 222/002, de 17 de junio de 2002, implica la realización de pagos en forma igualitaria, según la categoría del depósito, hasta la totalidad de la suma de US$ 420.000.000 (cuatrocientos veinte millones de dólares de los Estados Unidos de América), prevista en la citada norma legal.

Montevideo, 10 de setiembre de 2003.

NELSON BOSCH, Representante por Durazno, RICARDO BEROIS QUINTEROS, Representante por Flores, JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo, MARIO AMESTOY, Representante por Maldonado, JULIO C. SILVEIRA, Representante por Artigas, SILVIA FERREIRA, Representante por Montevideo, GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto de ley interpretativa del inciso segundo del artículo 9º de la Ley Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002, que se presenta, tiene como objeto establecer, en forma clara e irrefutable, cuál fue la intención del Poder Legislativo al aprobarla, compartido íntegramente por los representantes del Poder Ejecutivo que participaron en la discusión parlamentaria.

I) Antecedentes.- El artículo 9º de la ley, creó un régimen de "adelantos" o "pagos con subrogación", para los ahorristas del sector no financiero, titulares de depósitos en cuenta corriente y en caja de ahorro, en moneda nacional o extranjera, en las instituciones financieras que, a la fecha de promulgación de esa ley, no se encontraban en funcionamiento y habían recibido apoyo a través de las previsiones del Decreto Nº 222/002, de 17 de junio de 2002.

Esa norma, de acuerdo a lo manifestado expresamente en su primera frase, tuvo "la finalidad de mantener la continuidad de la cadena de pagos". A tales efectos, se previó el citado régimen de "adelantos" o "pagos con subrogación" a los titulares de cuentas corrientes y cajas de ahorro, tanto en moneda nacional como extranjera.

Para que se pudiera cumplir con todos los ahorristas en esa situación, el artículo 9º, en su inciso segundo, estableció una subcuenta especial de US$ 420.000.000, dentro del Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario creado por el artículo 1º de la ley, con el único fin de efectuar esos "adelantos" o "pagos con subrogación" a los titulares de cuentas corrientes y cajas de ahorro en moneda extranjera.

La razón de esta diferencia es clara. La moneda nacional la emite la autoridad monetaria nacional (Banco Central del Uruguay), por lo que no había riesgo que no hubiera fondos para cumplir el designio legislativo.

En cambio la moneda extranjera, dada la situación económico financiera que vivía el país, solo podía provenir de la asistencia que se recibía de los organismos multilaterales de crédito, por US$ 1.500.000.000 y que, de acuerdo al artículo 1º, integraban el referido Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario.

En ambos casos, la voluntad legislativa era de devolver la totalidad de los depósitos en cuenta corriente y en caja de ahorro, con la única salvedad que, para los de moneda extranjera, existía un tope global de US$ 420.000.000, que eran destinados a ese fin por la norma cuya interpretación auténtica se persigue.

Esto quedó claramente expresado por el señor Ministro de Economía y Finanzas, cuando en la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, de 3 de agosto de 2002, al contestar una pregunta del señor Senador Enrique Rubio acerca de la razón de incluir los fondos en caja de ahorro "como sinónimo de integrante de medio de pago", lo que entendía que era "absolutamente discutible". Ante esa pregunta, el Ministro respondió: "Decíamos que todo corte siempre es arbitrario, pero que en forma razonable es normalmente aceptado que tanto las cajas de ahorros como las cuentas corrientes son depósitos a la vista. Esto se ve reforzado especialmente porque la mayoría de los Bancos no las tienen combinadas. Por lo tanto, en aras de mantener la liquidez, ese era el corte". Luego afirma: "Por franjas no es posible, señor Presidente". Y agrega: "lo cierto es que el sistema por franjas no es posible aplicarlo porque no tiene relación con lo que queremos: que la economía funcione".

En otras palabras, tanto para el representante del Poder Ejecutivo, como para los legisladores que participamos en el proceso de aprobación de la ley, quedó claro que el mantenimiento de la continuidad de la cadena de pagos en el país, se lograba haciendo "adelantos" o "pagos con subrogación" a los titulares de cuentas corrientes y cajas de ahorro por la totalidad de lo depositado, con la única restricción, que no podían superar esas entregas, en el caso de ahorristas en moneda extranjera, los US$ 420.000.000 del Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario, afectados a ese fin por el citado inciso segundo del artículo 9º de la ley de referencia. Este tope global cuantitativo, es lo que llevó a utilizar en la ley la expresión "podrá" y no la de "deberá", cuando se le otorgan facultades al Banco Central del Uruguay para cumplir el mandato legislativo.

II) Dudas surgidas al aplicar la ley.- Pese a la clara voluntad del legislador indicada anteriormente, el Banco Central del Uruguay, por Resolución de su Directorio Nº D/519/2002, de 12 de agosto de 2002, procedió a establecer una diferencia que no existía en la ley:

1) A los titulares de cuentas corrientes y cajas de ahorro en moneda nacional y a los titulares de cuentas corrientes en moneda extranjera se les hicieron pagos en calidad de adelantos por la totalidad del saldo existente al 29 de julio de 2002, incrementados y disminuidos por los movimientos correspondientes a operaciones habilitadas durante el feriado bancario (numerales 1 y 2 de la citada Resolución).

2) En cambio, para los titulares de cuentas corrientes en moneda extranjera, por el numeral 3 de la Resolución, se les fijó un tope máximo para los adelantos de US$ 50.000.

La referida Resolución del Banco Central del Uruguay, al establecer limitaciones no previstas en la ley, contrarias a la finalidad expuesta en la propia norma y en la historia fidedigna de su sanción, no es correcta, máxime si se tiene en cuenta que existen fondos en la subcuenta respectiva, para realizar adelantos, hoy convertidos en pagos con subrogación, a los titulares de cajas de ahorro en moneda extranjera, por sumas mayores al tope de US$ 50.000.

Recientemente, el Directorio del Banco Central del Uruguay, por Resolución Nº D/523/2003, de 15 de agosto de 2003, rechazó la petición efectuada por un grupo de ahorristas titulares de cajas de ahorro en moneda extranjera, de recibir como pago con subrogación los saldos de sus cajas de ahorro, que superaron los citados US$ 50.000.

Dado que el espíritu de la disposición del artículo 9º de la Ley Nº 17.523, fue el de otorgar "adelantos" o "pagos con subrogación" por la totalidad de los depósitos en cuenta corriente o en caja de ahorro, en moneda nacional o extranjera, con el único límite que para los de moneda extranjera, no se podía superar el monto total de US$ 420.000.000 y el Banco Central del Uruguay, aun existiendo fondos para ello, ha establecido un tope de US$ 50.000, el legislador debe establecer, sin lugar a dudas, cuál fue el espíritu de la norma, mediante la interpretación auténtica de la ley (artículo 13 del Código Civil).

Esa es la finalidad del presente proyecto de ley, que lo único que busca es restaurar la intención clara del Poder Legislativo, compartida por los representantes del Poder Ejecutivo que participaron en su discusión parlamentaria.

Montevideo, 10 de setiembre de 2003.

NELSON BOSCH, Representante por Durazno, RICARDO BEROIS QUINTEROS, Representante por Flores, JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo, MARIO AMESTOY, Representante por Maldonado, JULIO C. SILVEIRA, Representante por Artigas, SILVIA FERREIRA, Representante por Montevideo, GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo".

C) "INSTITUTO NACIONAL ANTIDISCRIMINACIÓN. (Creación).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.-  El Estado debe crear y fortalecer una legislación antidiscriminatoria y de protección de grupos vulnerables, con el objetivo de prevenir la existencia de discriminación en el sector público y en el privado, incluyendo normas de discriminación positiva.

Artículo 2º.- A los efectos de la presente ley se entenderá discriminación como toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Artículo 3º.- Créase en el programa 001 "Administración General", el Instituto Nacional Antidiscriminación, que tendrá los siguientes cometidos:

A) Formular, implementar y evaluar políticas nacionales de lucha contra la discriminación, en coordinación con los organismos estatales que correspondieren y con las organizaciones de la sociedad civil que estime pertinente.

B) Monitorear el cumplimiento de la legislación nacional en la materia.

C) Elaborar una serie de estándares para lo que puede ser considerado como evidencia de discriminación.

D) Promover ante el Poder Ejecutivo la creación de normas jurídicas específicas o modificación de las ya existentes en su área de competencia.

E) Asesorar a los organismos estatales, tanto en el ámbito nacional como departamental.

F) Recepcionar denuncias sobre situaciones de discriminación que se hayan producido dentro de un plazo máximo de un año.

G) Proporcionar servicios de apoyo y asesoramiento gratuito a aquellos que entiendan estar sometidos a situaciones de discriminación.

H) Celebrar convenios con entidades públicas y privadas nacionales e internacionales, así como con los organismos internacionales de cooperación técnica y financiera de los cuales el país forma parte.

Artículo 4º.- Créase el cargo de Director del Instituto Nacional Antidiscriminación.

El Director contará con el asesoramiento de:

A) Un comité interinstitucional integrado por delegados de las siguientes instituciones:

- Ministerio del Interior.

- Ministerio de Educación y Cultura.

- Ministerio de Salud Pública.

- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

- Suprema Corte de Justicia.

- Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

- Congreso de Intendentes.

B) Un Consejo Honorario, designado por el Director, integrado por siete representantes de organizaciones de la sociedad civil representativas y con trayectoria en la materia.

El conjunto de los miembros del Consejo Honorario deberá reflejar la variedad de áreas o sectores afectados por la problemática de la discriminación.

El Consejo será renovable cada dos años.

Artículo 5º.- El Instituto podrá iniciar de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los hechos que involucren o puedan involucrar situaciones de discriminación.

Artículo 6º.- El Instituto no dará curso de aquella denuncia cuyo asunto sobre la que verse la misma esté pendiente de resolución administrativa o judicial, o si es infundada, trivial o de mala fe.

Artículo 7º.- Admitida la denuncia, el Instituto promoverá la investigación dando cuenta a las instituciones públicas y privadas involucradas, las que deberán responder en un plazo no mayor a treinta días.

Si de la investigación no surgieran elementos que justifiquen la denuncia, el Instituto dará por concluida la actuación, comunicando a los interesados el cierre de las actuaciones.

Artículo 8º.- Si de la investigación surgieran evidencias que comprueben la denuncia formulada, el Instituto podrá formular las advertencias y recomendaciones que consideren pertinentes, promoverá instancias de conciliación y arbitraje o dará trámite a las autoridades competentes que correspondieren.

Artículo 9º.- Las denuncias podrán ser presentadas de modo verbal o escrito, sin otras formalidades que la indicación del nombre, calidades y domicilio del denunciante.

Las denuncias podrán ser presentadas a título individual o por organizaciones de la sociedad civil en representación de sus miembros.

Artículo 10.- Los denunciantes a título individual podrán proteger sus identidades con el uso de seudónimos.

Artículo 11.- El demandante podrá nombrar un representante legal, de tal modo que los casos denunciados no prescriban en el momento del fallecimiento del titular de la demanda.

Artículo 12.- El Instituto elaborará un informe anual que dé cuenta de sus actividades y donde se incluya una evaluación de la situación nacional en materia de discriminación.

Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo ameriten podrá presentar informes especiales.

Montevideo, 10 de setiembre de 2003.

WASHINGTON ABDALA, Representante por Montevideo, BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo, MABEL GONZÁLEZ, Representante por Montevideo, PABLO MIERES, Representante por Montevideo, MARGARITA PERCOVICH, Representante por Montevideo, VÍCTOR ROSSI, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La homogeneidad social es un objetivo deseable por el que se debe trabajar, si entendemos ésta como el ejercicio pleno e igualitario de los derechos humanos sin que irritantes diferencias de carácter económico y social se conviertan en un factor de desigualdad a límites intolerables. Sin embargo, la búsqueda de la homogeneidad no puede convertirse en un intento de sepultar la diversidad, negando las naturales diferencias que se constatan en el entramado societario. Detrás de la negación, en rigor, encontramos el vano intento de invisibilizar situaciones de discriminación, algunas de ellas, arrastradas desde siglos atrás.

Los individuos que coexisten en una comunidad establecen para casi todos los ordenes de la vida, un esquema de diferencias -aún donde no las haya- creando y recreando permanentemente un sentido de pertenencia a un "nosotros" en oposición a un "otro". En ocasiones, esta dialéctica coadyuva al mantenimiento mismo de un sistema: una sociedad democrática depende de que sus ciudadanos se organicen en unos pocos grupos importantes, definidos de manera clara y que sostengan opiniones diferentes en cuestiones centrales de política. Pero en otras ocasiones la dialéctica es pergeñada, alentada y mantenida para atender necesidades de autocomplacencia de carácter psicológico que, aunque algunas veces parece no ir más allá de la "chanza", son la base para convertir mecanismos simbólicos en acciones concretas.

Uno de los más importantes mecanismos sociales y culturales que opera es el prejuicio. Según Anthony Giddens el prejuicio "se refiere a las opiniones o a las actitudes mantenidas por los miembros de un grupo respecto a los de otros (...) El prejuicio implica sostener puntos de vista preconcebidos sobre un individuo o un grupo, basados con frecuencia en habladurías más que sobre pruebas directas, perspectivas que son reacias al cambio incluso frente a nuevas informaciones".

Agrega Giddens que la forma de operar el prejuicio es mediante el "pensamiento estereotípico", un sistema de categorías con las cuales las personas clasifican sus experiencias. El modo en que se ordenan dichas clasificaciones es mediante la estructuración de un conjunto de valoraciones y atribuciones que son transferidas socialmente a partir de ciertas características como inferioridad, negatividad y pasividad, en oposición a superioridad, positividad y actividad.

Sobre esta base se despliegan innumerables situaciones de discriminación la que definimos basados en legislación nacional e internacional como toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, que esté basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Combatir este flagelo, cuyas consecuencias para los afectados muchas veces son disimuladas u ocultadas y no son siempre bien comprendidas por el resto de la sociedad, supone, por la misma razón, un amplio compromiso público, que comienza y termina con el rol de una sociedad que debe salvar la brecha entre el discurso simbólico de la integración y su negación en la práctica. Es, por tanto, un cambio cultural el que debe operar.

El Estado -como organización jurídica de dicha sociedad- posee un rol preponderante salvaguardando y haciendo salvaguardar el pleno ejercicio de los derechos, promocionando condiciones de igualdad y protegiendo a los sectores vulnerables, en el entendido que el desafío de la diversidad supone orientar la mirada hacia las diferencias visualizando las identidades no como un peligro de "balcanización" sino como una manera renovada de entender los derechos humanos. Con ese objetivo, el Estado no debe limitarse a responder a los hechos de discriminación en forma puntual sino que, y fundamentalmente, crear las condiciones, a través de un marco normativo específico que contribuya a forjar la igualdad en algo cada vez más tangible.

El presente proyecto de ley apunta a brindarle al tema una jerarquía política e institucional a través de la creación de un organismo abocado a la materia con potestades de investigación y con amplia participación de la sociedad civil, para lo cual se contemplaron recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. Sin perjuicio de sus bondades el proyecto es considerado la base para una discusión más profunda que se espera recoger en su posterior trámite legislativo.

Montevideo, 10 de setiembre de 2003.

WASHINGTON ABDALA, Representante por Montevideo, BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo, MABEL GONZÁLEZ, Representante por Montevideo, PABLO MIERES, Representante por Montevideo, MARGARITA PERCOVICH, Representante por Montevideo, VÍCTOR ROSSI, Representante por Montevideo.

D) "LICITACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO 'GENERAL CESÁREO L. BERISSO'. (Se solicita al Poder Ejecutivo que el 25% del monto obtenido sea invertido en obras en la zona de influencia del mismo).

MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo que un 25% (veinticinco por ciento) del monto obtenido en la licitación del Aeropuerto Internacional de Carrasco, sea invertido en obras viales y de infraestructura (saneamiento, alumbrado, etcétera) en la zona de influencia del Aeropuerto Internacional de Carrasco (Paso Carrasco, Colonia Nicolich y San José de Carrasco) en el departamento de Canelones.

Montevideo, 11 de setiembre de 2003.

TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI, Representante por Canelones, RICARDO FALERO, Representante por Canelones, JULIO LARA, Representante por Canelones, ALBERTO PERDOMO, Representante por Canelones, ADOLFO PEDRO SANDE, Representante por Canelones, JULIO LUIS SANGUINETTI, Representante por Canelones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Motiva esta minuta de comunicación el ser contestes con los habitantes de la zona de influencia donde está ubicado el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

A nadie le es ajeno que el impacto que produce en la zona es de suma importancia, generando un movimiento de personas y vehículos, así como de servicios paralelos que se extienden a las zonas de influencia de Paso Carrasco, Colonia Nicolich y San José de Carrasco.

Simultáneamente, esta zona se ha visto sometida a un crecimiento poblacional exógeno, consistente principalmente en masas migrantes de la capital del país, hacia el departamento de Canelones, lo que ha provocado que el mismo sea el mayor en la historia del Uruguay.

A simple modo de ejemplo, citamos las últimas cifras facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística:

- La tasa de crecimiento demográfico en el 2001, fue para todo el país del orden de 0.577, mientras que para el departamento de Canelones fue de 1.952, tres veces la media nacional.

Esta pequeña muestra basta por si sola para marcar la importancia de la zona, su crecimiento, y con ello lo sensible al impacto que provocará las mejoras de la terminal aérea, lo que fundamenta el motivo que provoca esta minuta de comunicación.

Montevideo, 11 de setiembre de 2003.

TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI, Representante por Canelones, RICARDO FALERO, Representante por Canelones, JULIO LARA, Representante por Canelones, ALBERTO PERDOMO, Representante por Canelones, ADOLFO PEDRO SANDE, Representante por Canelones, JULIO LUIS SANGUINETTI, Representante por Canelones".

E) "'MALDONADO: FIESTA DEL MAR'. (Se declara de interés nacional su realización).

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Declárase de interés nacional y turístico la realización del evento "Maldonado: Fiesta del Mar" a llevarse a cabo en el mes de diciembre de cada año en el departamento de Maldonado.

Montevideo, 11 de setiembre de 2003.

ENRIQUE PÉREZ MORAD, Representante por Maldonado, ARTIGAS A. BARRIOS, Representante por Rocha, ROBERTO ARRARTE FERNÁNDEZ, Representante por Rocha, YEANNETH PUÑALES BRUN, Representante por Rocha.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La "Fiesta del Mar", al comienzo del mes de diciembre, apuesta a ser el evento que regirá el inicio de cada temporada estival en el departamento de Maldonado. Ella deberá recoger lo más sentido de la actividad diaria de sus habitantes, su idiosincrasia, sus costumbres, los aportes de los migrantes internos y externos del país, de los que Maldonado sabe, quienes con los nativos han contribuido a poblar y enriquecer esta parte del territorio nacional.

La participación de una comunidad es esencial a la hora de acoger al visitante porque abre de esa forma, una ventana al mundo en la que la calidad y calidez humana del anfitrión, son aspectos imprescindibles que redundarán finalmente en la elección del lugar para disfrutar, por aquellos que componen el contingente denominado turismo interno, regional e internacional.

Es por ello que esta "Fiesta", que aspiramos dure una semana, debe convertirse en un hito estable referente del comienzo de la más importante temporada estival del país, adelantando el movimiento, desestacionalizando y generando fuentes laborales genuinas y estables.

"Hace falta integrar Punta del Este al país", nos sugerían extranjeros que estudian el fenómeno turístico en sus países de manera científica. El turista actual no es frívolo, busca más que sol y playa. En ese sentido es que la revalorización de la identidad y la historia departamental será uno de los pilares de esta semana en la que, las diferentes actividades que se desarrollen, pondrán al departamento y su gente como referentes ante los visitantes que elijan para sus vacaciones nuestro país y, en particular, el departamento de Maldonado.

Es así que la más amplia gama de facetas que compondrán la "Fiesta del Mar", incluirán importantes actividades deportivas, desde, un torneo de fútbol internacional, disputado por equipos nacionales e internacionales cuya denominación represente al principal balneario uruguayo; competencias de surf, regatas y canotaje, competencias de natación en el mar: como el cruce a nado de la Bahía de Maldonado hasta la Isla de Gorriti, y en Piriápolis, concursos de pesca, demostraciones de vuelo libre en parapente y ala delta, competencias en bicicleta, motos y una maratón del mar que una las ciudades de San Carlos, Maldonado y Punta del Este; como asimismo en Piriápolis, actividades hípicas en la pista del Hipódromo de Maldonado y en el Club Hípico del Cantegril Country Club.

En la esfera cultural, se realizarán concursos sobre temas del mar a nivel de primaria y secundaria; exposición de pintura en el puerto de Punta del Este; concursos y/o incentivo a la decoración y arreglo de vidrieras en las ciudades de Maldonado, San Carlos, Pan de Azúcar, Piriápolis y Punta del Este; concurso del logo que representará, identificará y promocionará a la "Fiesta del Mar" en el mundo; disertaciones sobre la fauna marina de la zona y región: lobo de mar, pasaje por nuestras costas de la ballena franca austral, mar y campo, historia del puerto de Maldonado, la ciudad colonial de San Carlos y el pasaje de José Artigas como Blandengue por el cuartel de Maldonado; visitas al Museo del Mar; espectáculos musicales abiertos en Punta del Este, Piriápolis, Pan de Azúcar y en el Teatro de Verano de la ciudad de San Carlos, que incluiría desde el tango, la danza folklórica, la Orquesta Sinfónica de Niños, Coros y otros; jerarquización de las ferias artesanales de todo el departamento durante la semana, especialmente promocionadas por los Ministerios de Turismo y Educación y Cultura y las Direcciones de Turismo y Cultura de la Intendencia Municipal de Maldonado.

Entrega del Trofeo "Lobo de Mar" al primer turista que arribe a nuestro principal balneario vía marítima; elección de la "Reina del Mar"; paseos gratis en lanchas de la Prefectura Nacional Naval en el puerto de Maldonado; amarras gratuitas durante la "Semana del Mar" en los puertos de Piriápolis y Punta del Este; hotelería con paquetes promocionales durante esa semana; descuentos promocionales en el costo de los pasajes a nivel del MERCOSUR de las empresas de transporte aéreo, marítimo y terrestre; realización de un "Festival de la Gastronomía de Frutos del Mar" en las ciudades de Punta del Este, Piriápolis y Maldonado, cada día que dure el evento, creándose el "Trago Fiesta del Mar"; promoción de otros atractivos como "circuitos serranos" con el aporte de los guías de turismo con los que ya cuenta el departamento.

Con organización, entusiasmo y muy pocos recursos económicos, esta puede ser una magnífica oportunidad para generar fuentes de trabajo genuinas y divisas para el departamento y el país.

En resumen: "Maldonado: Fiesta del Mar", que podrá ser patentado por la Intendencia Municipal de Maldonado, institucionalizado como evento anual y llevado adelante en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo, la Intendencia Municipal de Maldonado, la Dirección Nacional de Hidrografía, la Prefectura Nacional Naval, los operadores turísticos y la sociedad civil a través de sus organizaciones, desde ahora les pertenece.

Nosotros ofrecemos todo nuestro compromiso y esfuerzo para ser un eslabón más en su puesta en práctica.

Montevideo, 11 de setiembre de 2003.

ENRIQUE PÉREZ MORAD, Representante por Maldonado, ARTIGAS A. BARRIOS, Representante por Rocha, ROBERTO ARRARTE FERNÁNDEZ, Representante por Rocha, YEANNETH PUÑALES BRUN, Representante por Rocha".

F) "DESECHOS PELIGROSOS. (Se establecen normas sobre su generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final).

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- La generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de desechos peligrosos quedarán sujetos a las disposiciones de la presente ley, cuando se tratare de desechos generados o ubicados en zonas sometidas a jurisdicción nacional, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley Nº 17.220, de 11 de noviembre de 1999.

Artículo 2º.- A los efectos de esta ley, serán considerados peligrosos aquellos desechos definidos como tal en el artículo 3º de la Ley Nº 17.220, de 11 de noviembre de 1999 sin perjuicio de lo establecido en el inciso tercero del presente artículo.

Las disposiciones de la presente ley serán también de aplicación a aquellos desechos peligrosos que pudieren constituirse en insumos para otros procesos industriales.

Quedan excluidos de los alcances de esta ley los residuos domiciliarios, los radiactivos y los derivados de las operaciones normales de los buques, los que se regirán por las leyes especiales y convenios internacionales vigentes.

Artículo 3º.- La introducción en cualquier forma y bajo cualquier régimen, y el transporte de todo tipo de desechos peligrosos provenientes de otros países a cualquier zona sometida a la jurisdicción nacional, se regirán por lo establecido en la Ley Nº 17.220, de 11 de noviembre de 1999.

Artículo 4º.- Todo generador u operador de desechos peligrosos adoptará todas las medidas que estén a su alcance para que todo desecho potencialmente reciclable o valorizable sea destinado a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos posibles.

A los efectos de esta ley se entiende por valorización todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los desechos sin poner en peligro la salud humana, y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

CAPÍTULO II

DEL REGISTRO DE GENERADORES Y

OPERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS

Artículo 5º.- El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente llevará un Registro Nacional de Generadores y Operadores de Desechos Peligrosos, en el que deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas responsables de la generación, transporte, tratamiento y disposición final de desechos peligrosos.

Artículo 6º.- Para su inscripción en el Registro, los generadores y operadores de desechos peligrosos deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 16, 22 y 32, según corresponda.

Cumplidos los requisitos exigibles el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente otorgará el Certificado Ambiental, instrumento que acredita, en forma exclusiva, la aprobación del sistema de manipulación, transporte, tratamiento o disposición final que los inscriptos aplicarán a los desechos peligrosos.

El Certificado Ambiental tendrá una validez de un año desde su expedición, debiendo ser renovado en forma anual.

Artículo 7º.- El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente deberá expedirse dentro de los noventa días contados desde la solicitud de inscripción en el Registro. Vencido el término indicado sin que exista resolución se tendrá por fictamente aprobada la misma, procediéndose a la inscripción.

Artículo 8º.- El Certificado Ambiental será requisito necesario para que la autoridad que en cada caso corresponda, pueda proceder a la habilitación de las respectivas industrias, transportes, plantas de tratamiento o disposición y otras actividades en general que generen u operen con desechos peligrosos.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá acordar con los organismos responsables de la habilitación y control de los distintos tipos de unidades de generación o transporte, la unificación de procedimientos que permita simplificar las tramitaciones, dejando a salvo la competencia de cada uno de los organismos intervinientes.

Artículo 9º.- Los obligados a inscribirse en el Registro que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en actividad, tendrán un plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de apertura del Registro, para la obtención del correspondiente Certificado Ambiental. Vencido dicho plazo sin que el obligado cumpla con la presentación a inscripción será pasible de las sanciones previstas en el artículo 46.

Artículo 10.- El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá inscribir de oficio a los titulares que por su actividad se encuentren comprendidos en los términos de la presente ley.

En caso de oposición, el afectado deberá acreditar, mediante el procedimiento que al respecto determine la reglamentación, que sus desechos no son peligrosos en los términos de la presente ley.

Cuando corresponda la inscripción de oficio, la resolución administrativa que ordene la inscripción configurará título ejecutivo a los efectos del cobro de la correspondiente tasa creada por el artículo 59 de la presente ley, según lo establecido por el artículo 91 del Código Tributario, sin perjuicio de la exención prevista por el inciso tercero del artículo 59 de la presente ley.

Artículo 11.- No será admitida la inscripción de sociedades cuando uno o más de sus Directores, administradores, gerentes, mandatarios o gestores, estuvieren desempeñando o hubieren desempeñado alguna de esas funciones en sociedades que estén cumpliendo sanciones de suspensión o cancelación de la inscripción por violaciones a la presente ley cometidas durante su gestión.

Tampoco será admitida tal inscripción cuando las personas físicas detalladas en el inciso anterior, o la persona jurídica, hayan sido sancionadas de acuerdo con las disposiciones del Capítulo VIII, siempre que la sanción haya sido dispuesta dentro de los tres años anteriores a la fecha de presentación ante el Registro.

Artículo 12.- En el caso de que una sociedad no hubiera sido admitida en el Registro o que admitida haya sido inhabilitada, ni ésta ni sus integrantes podrán formar parte de otras sociedades para desarrollar actividades reguladas por esta ley, ni hacerlo a título individual, excepto los accionistas de sociedades anónimas y asociados de cooperativas que no actuaron en las funciones indicadas en el artículo anterior cuando se cometió la infracción que determinó la exclusión del Registro.

CAPÍTULO III

DEL MANIFIESTO

Artículo 13.- La naturaleza y cantidad de los desechos generados, su origen, transferencia del generador al transportista, y de éste a la planta de tratamiento o disposición final, así como los procesos de tratamiento y eliminación a los que fueren sometidos, y cualquier otra operación que respecto de los mismos se realizare, deberá documentarse en un instrumento que se denominará "manifiesto".

Artículo 14.- Sin perjuicio de los demás extremos que determine la reglamentación, el manifiesto deberá contener:

A) Número serial del documento.

B) Datos identificatorios del generador, del transportista y de la planta destinataria de los desechos peligrosos, y sus respectivos números de inscripción en el Registro de Generadores y Operadores de Desechos Peligrosos.

C) Descripción y composición de los desechos peligrosos a ser transportados.

D) Cantidad total -en unidades de peso, volumen y concentración- de cada uno de los desechos peligrosos a ser transportados; tipo y número de contenedores que se carguen en el vehículo de transporte.

E) Instrucciones especiales para el transportista y el operador en el sitio de disposición final.

F) Firmas del generador, del transportista y del responsable de la planta de tratamiento o disposición final.

CAPÍTULO IV

DE LOS GENERADORES

Artículo 15.- Será considerado generador, a los efectos de la presente ley, toda persona física o jurídica, pública o privada, que como resultado de sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad, produzca desechos calificados como peligrosos en los términos del artículo 2º de la presente ley.

Artículo 16.- Todo generador de desechos peligrosos, al solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Desechos Peligrosos deberá presentar una declaración jurada en la que manifieste, entre otros datos exigibles por la reglamentación, lo siguiente:

A) Datos identificatorios: nombre completo o razón social; nómina del directorio, socios gerentes, administradores, representantes y/o gestores, según corresponda.

B) Domicilio real, domicilio legal y ubicación catastral de las plantas o locales generadores de desechos peligrosos; características edilicias y de equipamiento.

C) Características físicas, químicas y/o biológicas de cada uno de los desechos que se generen.

D) Método y lugar de tratamiento y/o disposición final y forma de transporte, si correspondiere, para cada uno de los desechos peligrosos que se generen.

E) Cantidad anual estimada de cada uno de los desechos que se generen.

F) Descripción de procesos generadores de desechos peligrosos.

G) Listado de sustancias peligrosas utilizadas.

H) Método de evaluación de características de desechos peligrosos.

I) Procedimiento de extracción de muestras.

J) Método de análisis de lixiviado y estándares para su evaluación.

K) Listado del personal expuesto a efectos producidos por las actividades de generación reguladas por la presente ley, y procedimientos precautorios y de diagnóstico precoz.

Los datos incluidos en la presente declaración jurada serán actualizados en forma anual.

Artículo 17.- Los generadores de desechos peligrosos deberán:

A) Adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de desechos peligrosos que generen, siempre que sea posible.

B) Separar adecuadamente y no mezclar desechos peligrosos incompatibles entre sí, evitando particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión.

C) Envasar los desechos, identificar los recipientes y su contenido, numerarlos y fecharlos, conforme lo disponga el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

D) Entregar los desechos peligrosos que no trataren en sus propias plantas a los transportistas autorizados, con indicación precisa del destino final en el pertinente manifiesto al que se refiere el artículo 13.

E) Informar inmediatamente al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en caso de desaparición, pérdida o escape de desechos peligrosos.

Artículo 18.- En el supuesto de que el generador esté autorizado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a tratar los desechos en su propia planta o local, deberá llevar un registro permanente de estas operaciones.

Artículo 19.- A los efectos de la presente ley se consideran desechos patológicos los siguientes:

A) Desechos provenientes de cultivos de laboratorio.

B) Restos de sangre y de sus derivados.

C) Desechos orgánicos provenientes del quirófano.

D) Restos de animales producto de la investigación médica.

E) Algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, jeringas, objetos cortantes o punzantes, materiales descartables, elementos impregnados con sangre u otras sustancias putrescibles que no se esterilizan.

F) Agentes quimioterápicos.

Los desechos de naturaleza radiactiva se regirán por las disposiciones vigentes en esa materia, de conformidad con lo previsto en el artículo 2º.

Artículo 20.- Las autoridades competentes de la habilitación y control de cualquier centro de atención de la salud humana y animal, centros de investigaciones biomédicas, centros en los que se utilicen animales vivos, y cualquier otro similar, exigirán como condición para otorgar la habilitación el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

Artículo 21.- Todo generador de desechos peligrosos es responsable de cualquier daño producido por éstos, en los términos del Capítulo VII de la presente ley y las disposiciones vigentes.

CAPÍTULO V

DE LOS TRANSPORTISTAS DE
DESECHOS PELIGROSOS

Artículo 22.- Las personas físicas o jurídicas responsables del transporte de desechos peligrosos deberán acreditar, para su inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Desechos Peligrosos, los siguientes datos, sin perjuicio de los que establezca la reglamentación:

A) Datos identificatorios del titular de la empresa prestadora del servicio y domicilio legal de la misma.

B) Tipos de residuos a transportar.

C) Listado de todos los vehículos y contenedores a ser utilizados, así como los equipos a ser empleados en caso de peligro causado por accidente.

D) Prueba de conocimiento para proveer respuesta adecuada en caso de emergencia que pudiere resultar de la operación de transporte.

E) Póliza de seguro que cubra daños causados.

Artículo 23.- Toda modificación producida en relación con los datos exigidos en el artículo precedente deberá ser comunicada al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente dentro de un plazo de treinta días de producida la misma.

Artículo 24.- El transportista sólo podrá recibir del generador desechos peligrosos si los mismos vienen acompañados del correspondiente manifiesto a que se refiere el artículo 13, los que serán entregados, en su totalidad y solamente a las plantas de tratamiento o disposición final debidamente autorizadas que el generador hubiera indicado en el manifiesto.

Artículo 25.- Si por causa mayor los residuos no pudieren ser entregados en la planta de tratamiento o disposición final indicada en el manifiesto, el transportista deberá devolverlos al generador o transferirlos a las áreas designadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el menor tiempo posible.

Artículo 26.- El transportista deberá cumplir con los siguientes requisitos:

A) Portar en la unidad durante el transporte de desechos peligrosos un manual de procedimientos así como materiales y equipamiento adecuados a fin de neutralizar o confinar inicialmente una eventual liberación de desechos.

B) Incluir a la unidad de transporte en un sistema de comunicación por radiofrecuencia.

C) Habilitar un registro de accidentes foliado, que permanecerá en la unidad transportadora, y en el que se asentarán los accidentes acaecidos durante el transporte.

D) Identificar en forma clara y visible al vehículo y a la carga, debiendo ambos lucir la leyenda "DESECHOS PELIGROSOS" en forma claramente visible, sin perjuicio de las demás identificaciones exigidas por la reglamentación.

E) Disponer, para el caso de transporte por agua, de contenedores que posean flotabilidad positiva aun con carga completa, y sean independientes respecto de la unidad transportadora.

Artículo 27.- Es absolutamente prohibido al transportista:

A) Mezclar desechos peligrosos con desechos o sustancias no peligrosas, o desechos peligrosos incompatibles entre sí, particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión.

B) Almacenar desechos peligrosos por un período mayor de diez días.

C) Transportar, transferir o entregar desechos peligrosos cuyo embalaje o envase sea deficiente.

D) Aceptar desechos cuya recepción no esté asegurada por una planta de tratamiento y/o disposición final.

E) Transportar simultáneamente desechos peligrosos incompatibles en una misma unidad de transporte.

Artículo 28.- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las Intendencias Municipales podrán trazar rutas de circulación dentro de sus respectivas jurisdicciones y competencias, las que serán habilitadas al transporte de desechos peligrosos, con el objetivo de confeccionar cartas viales y la señalización para el transporte de desechos peligrosos.

Para las vías fluviales o marítimas el control sobre las embarcaciones que transporten desechos peligrosos, así como las maniobras de carga y descarga de los mismos, estarán a cargo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Artículo 29.- Todo transportista de desechos peligrosos es responsable de todo daño producido por éstos en los términos del Capítulo VII de la presente ley.

Artículo 30.- Queda prohibido el transporte de desechos peligrosos en el espacio aéreo sujeto a la jurisdicción de la República Oriental del Uruguay.

CAPÍTULO VI

DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
Y DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 31.- Plantas de tratamiento son aquellas en las que se modifican las características físicas, la composición química o la actividad biológica de cualquier desecho peligroso, de modo tal que se eliminen sus propiedades nocivas, o se recupere energía y/o recursos materiales, o se obtenga un desecho menos peligroso, o se lo haga susceptible de recuperación, o más seguro para su transporte o disposición final.

Son plantas de disposición final los lugares especialmente acondicionados para el depósito permanente de desechos peligrosos en condiciones exigibles de seguridad ambiental.

Artículo 32.- Es requisito para la inscripción de plantas de tratamiento y/o disposición final en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Desechos Peligrosos la presentación de una declaración jurada en la que se manifiesten los siguientes datos, sin perjuicio de los que establezca la reglamentación:

A) Datos identificatorios: Nombre completo y razón social; nómina, según corresponda, del Directorio, socios gerentes, administradores, representantes y gestores.

B) Domicilio real, domicilio legal y ubicación catastral.

C) Características edilicias y de equipamiento de la planta; descripción y proyecto de cada una de las instalaciones o sitios en los cuales un desecho peligroso esté siendo tratado, transportado, almacenado transitoriamente o dispuesto.

D) Descripción de los procedimientos a utilizar para el tratamiento, el almacenamiento transitorio, las operaciones de carga y descarga y los de disposición final, y la capacidad de diseño de cada uno de ellos.

E) Especificación del tipo de desechos peligrosos a ser tratados o dispuestos, y estimación de la cantidad anual y análisis previstos para determinar la factibilidad de su tratamiento y/o disposición en la planta, en forma segura y a perpetuidad.

F) Manual de higiene y seguridad.

G) Planes de contingencia, así como procedimientos para registro de la misma.

H) Plan de monitoreo para controlar la calidad de las aguas subterráneas y superficiales.

I) Planes de capacitación del personal.

Tratándose de plantas de disposición final, la solicitud de inscripción será acompañada de:

A) Antecedentes y experiencias en la materia, si los hubiere.

B) Plan de cierre y restauración del área.

C) Estudio de impacto ambiental.

D) Descripción del sitio donde se ubicará la planta, y soluciones técnicas a adoptarse frente a eventuales casos de inundación o sismo que pudieren producirse.

E) Estudios hidrogeológicos y procedimientos exigibles para evitar o impedir el drenaje y/o el escurrimiento de los desechos peligrosos y la contaminación de las fuentes de agua.

F) Descripción de los contenedores, recipientes, tanques, lagunas o cualquier otro sistema de almacenaje.

Artículo 33.- Los proyectos de instalación de plantas de tratamiento y/o disposición final de desechos peligrosos deberán ser suscriptos por profesionales con título habilitante en la materia, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

Artículo 34.- En todos los casos los lugares destinados a la disposición final como relleno de seguridad deberán reunir las siguientes condiciones, no excluyentes de otras que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente pudiere exigir en el futuro:

A) Una permeabilidad del suelo no mayor de 10 cm/seg. hasta una profundidad no menor de ciento cincuenta centímetros tomando como nivel cero la base del relleno de seguridad; o un sistema análogo, en cuanto a su estanqueidad o velocidad de penetración.

B) Una profundidad del nivel freático de por lo menos dos metros, a contar desde la base del relleno de seguridad.

C) Una distancia de la periferia de los centros urbanos no menor que la que determine el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

D) El proyecto deberá comprender una franja perimetral cuyas dimensiones determinará el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Artículo 35.- Tratándose de plantas existentes, la inscripción en el Registro y el otorgamiento del certificado ambiental implicará la autorización para funcionar.

En caso de denegarse la misma, caducará de pleno derecho cualquier autorización y/o permiso que pudiera haber obtenido su titular, sea de cualquier autoridad nacional o departamental.

Artículo 36.- Si se tratare de un proyecto para la instalación de una nueva planta, la inscripción en el Registro sólo implicará la aprobación del mismo y la autorización para la iniciación de las obras.

Una vez terminada la construcción de la planta, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente otorgará, si correspondiere, el Certificado Ambiental que autoriza su funcionamiento.

Artículo 37.- Las autorizaciones se otorgarán por un plazo máximo de diez años, sin perjuicio de la posibilidad de renovarlas, a cuyos efectos, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente evaluará el cumplimiento de los requisitos exigidos por la presente ley y su reglamentación. La solicitud de renovación deberá presentarse con una antelación mínima de treinta días corridos a la fecha de vencimiento de la autorización. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente dispondrá de un plazo de treinta días para evaluar la solicitud, y en caso de silencio se considerará fictamente aprobada la misma.

Artículo 38.- Toda planta de tratamiento y/o disposición final de desechos peligrosos deberá llevar un registro de operaciones permanente, en la forma que determine el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el que deberá ser conservado a perpetuidad, aun si hubiere cerrado la planta.

Artículo 39.- Para proceder al cierre de una planta de tratamiento y/o disposición final el titular deberá presentar ante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con una antelación mínima de noventa días, un plan de cierre de la misma.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente lo aprobará o desestimará en un plazo de treinta días, previa inspección de la planta.

Artículo 40.- El plan de cierre deberá contemplar como mínimo:

A) Una cubierta con condiciones físicas similares a las exigidas en el inciso A) del artículo 34 y capaz de sustentar vegetación herbácea.

B) Continuación de programa de monitoreo de aguas subterráneas por el término que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente estime necesario, no pudiendo ser menor de cinco años.

C) La descontaminación de los equipos e implementos no contenidos dentro de la celda o celdas de disposición, contenedores, tanques, restos, estructuras y equipos que hayan sido utilizados o hayan estado en contacto con desechos peligrosos.

Artículo 41.- El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente no podrá autorizar el cierre definitivo de la planta sin previa inspección de la misma.

Artículo 42.- En toda planta de tratamiento y/o disposición final, sus titulares serán responsables de todo daño producido por estos en función de lo prescripto en el Capítulo VII de la presente ley.

CAPÍTULO VII

DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 43.- Los generadores, transportistas y los titulares de plantas de tratamiento y/o disposición final de desechos peligrosos serán civilmente responsables de los daños ocasionados a terceros de acuerdo con las disposiciones del Código Civil.

No es oponible a terceros la transmisión o abandono voluntario del dominio de los desechos peligrosos.

Artículo 44.- El dueño o guardián de un desecho peligroso no se exime de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero de quien no debe responder, cuya acción pudo ser evitada con el empleo del debido cuidado y diligencia exigibles.

Artículo 45.- La responsabilidad del generador por los daños ocasionados por los desechos peligrosos no cesa por la transformación, especificación, desarrollo, evolución o tratamiento de éstos, a excepción de aquellos daños causados por la mayor peligrosidad que un determinado desecho adquiere como consecuencia de un tratamiento defectuoso realizado en la planta de tratamiento o disposición final.

CAPÍTULO VIII

DE LAS INFRACCIONES Y
SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 46.- Toda infracción a las disposiciones de la presente ley, será castigada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con las siguientes sanciones:

A) Apercibimiento.

B) Multa de 100 UR (cien unidades reajustables) a 50.000 UR (cincuenta mil unidades reajustables).

C) Suspensión de la inscripción en el Registro de treinta días hasta un año.

D) Cancelación de la inscripción en el Registro.

La suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro, implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local, en cuyo caso el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente notificará de tal clausura al Banco de Previsión Social (BPS) y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Las sanciones previstas podrán ser aplicadas en forma acumulativa.

Artículo 47.- Las sanciones establecidas en el artículo anterior se aplicarán, previo sumario administrativo que asegure el derecho de defensa, y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción y el daño ocasionado.

Artículo 48.- En caso de reincidencia, los mínimos y los máximos de las sanciones previstas en los incisos B) y C) del artículo 46 se aumentarán del doble al triple, según lo determine el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Sin perjuicio de ello a partir de la tercera reincidencia en el lapso indicado en el inciso siguiente, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente queda facultado para cancelar la inscripción en el Registro.

Se considerará reincidente al que, dentro del término de tres años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado por otra infracción.

Artículo 49.- Las infracciones a la presente ley prescriben a los cinco años contados a partir de la fecha en que se hubieren cometido.

Artículo 50.- Las multas a que se refiere el artículo 46, así como las tasas previstas en el artículo 59 serán percibidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y serán aplicados a la mejora del servicio.

Artículo 51.- Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán personal y solidariamente responsables de las sanciones establecidas en el artículo 46.

Artículo 52.- La circunstancia que el infractor no se encuentre inscripto en el Registro regulado por la presente no impedirá la instrucción de sumario y aplicación de sanciones de acuerdo a las disposiciones del presente Capítulo. En tal caso, las sanciones previstas se aplicarán teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

Artículo 53.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas, los infractores estarán obligados a la reposición o restauración de las cosas al mismo estado en que se encontraban con anterioridad a la infracción cometida, en la forma y condiciones fijadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

En caso que los infractores no realicen las operaciones de reposición o restauración, podrá procederse por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a la realización de las mismas por cuenta del infractor y a su costa.

Artículo 54.- El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá proceder a la publicación en el Diario Oficial y a través de los medios de comunicación masiva que considere oportunos, de las sanciones impuestas por la comisión de infracciones que alteren de forma grave el medio ambiente, así como los nombres y apellidos o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables, una vez que las sanciones hubieran adquirido el carácter de firmes.

Artículo 55.- Una vez constatada la infracción, e iniciado el procedimiento administrativo, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá adoptar o exigir la adopción de alguna de las siguientes medidas provisionales:

A) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del daño.

B) Precintado de aparatos, equipos o vehículos.

C) Clausura temporal, parcial o total del establecimiento.

D) Suspensión temporal del Certificado Ambiental.

Artículo 56.- No se podrán adoptar ninguna de las medidas provisionales previstas en los literales C) y D) del artículo anterior sin que se otorgue el derecho de defensa de los interesados. A cuyos efectos se citará en forma urgente a una audiencia con los mismos, en la cual estos podrán solicitar la apertura de un plazo de prueba, que no podrá exceder los quince días. Cumplidos estos requisitos, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente adoptará resolución en el plazo de cinco días.

En caso de urgencia, cuando se esté produciendo o se pueda producir en forma inminente un daño grave para la salud humana o el medio ambiente, o se trate del ejercicio de las actividades reguladas en esta ley sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella misma, se podrán adoptar las medidas provisionales previstas en el inciso anterior en forma inmediata, supeditadas a las resultas de la audiencia y trámite descripto en el mismo.

Las medidas provisionales detalladas serán sin perjuicio de las que pueda adoptar el Juez competente como consecuencia del ejercicio de la acción de amparo regulada por la Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988.

CAPÍTULO IX

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

Artículo 57.- Son competencias específicas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a los efectos de esta ley:

A) Entender en la determinación de los objetivos y políticas en materia de desechos peligrosos, privilegiando las formas de tratamiento que impliquen el reciclado, valoración y/o reutilización de los mismos, y la incorporación de tecnologías más adecuadas desde el punto de vista ambiental.

B) Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia.

C) Entender en la fiscalización de la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos.

D) Entender en el ejercicio del poder de policía ambiental, en lo referente a desechos peligrosos, e intervenir en la radicación de las industrias generadoras de los mismos.

E) Crear un sistema de información de libre acceso a la población con el objeto de hacer públicas las medidas que se implementen en relación con la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de desechos peligrosos.

F) Realizar la evaluación del impacto ambiental respecto de todas las actividades relacionadas con los desechos peligrosos.

G) Dictar normas complementarias en materia de desechos peligrosos.

H) Intervenir en los proyectos de inversión que cuenten o requieran financiamiento específico proveniente de organismos o instituciones nacionales o de la cooperación internacional.

I) Administrar los recursos de origen nacional destinados al cumplimiento de la presente ley.

J) Ejercer todas las demás facultades y atribuciones que por esta ley se le confieren.

Artículo 58.- El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente privilegiará la contratación de los servicios que puedan brindar los organismos oficiales competentes y la Universidad de la República para la asistencia técnica que el ejercicio de sus atribuciones requiriere.

CAPÍTULO X

NORMAS TRIBUTARIAS

Artículo 59.- El Registro de Generadores y Operadores de Desechos Peligrosos percibirá una tasa de 5 UR (cinco unidades reajustables) por cada inscripción o reinscripción en el mismo.

La misma tasa se abonará al solicitar la expedición del Certificado Ambiental.

El Estado, los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República y los Gobiernos Departamentales estarán exonerados del pago de la tasa establecida en el inciso anterior, cuando según las disposiciones de la presente ley deban inscribirse en el Registro regulado en el Capítulo II.

CAPÍTULO XI

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 60.- Deróganse todas las leyes que directa o indirectamente se oponen a la presente ley.

Artículo 61.– Derógase el artículo 10 de la Ley Nº 17.220, de 11 de noviembre de 1999, siendo de aplicación a los infractores de las disposiciones de dicha norma, los procedimientos y sanciones establecidos en el Capítulo VIII de la presente ley.

Artículo 62.- La presente ley es de orden público.

Montevideo, 12 de setiembre de 2003.

GUSTAVO PENADÉS, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto responde a la preocupación sobre la temática del medio ambiente. La misma, que ha tomado amplia difusión en los últimos años, es particularmente importante en nuestros días. En efecto, hace cien años, en pleno auge de la ciencia y la tecnología, el problema del medio ambiente no ocupaba la preocupación de los Estados. Contrariamente a lo que podría pensarse en una primera reflexión, no es cierto que los problemas medioambientales surjan con el avance de la ciencia y la tecnología. El hombre ha alterado las condiciones normales del medio en el cual interactúa desde el comienzo mismo de los tiempos.

Ya sea cazando indiscriminadamente algún animal y poniendo en peligro su sobrevivencia, o talando también indiscriminadamente los bosques para así construir su hogar, u obtener energía para encender el fuego, el hombre en mayor o menor medida, ha alterado el medio ambiente en el cual se desarrolla. En tal sentido, es entonces equivocado pensar que los problemas medioambientales son típicos o característicos de nuestra época. No obstante, es cierto sí que con el avance de la ciencia y la tecnología, el modo en que el hombre altera su hábitat han cambiado. Evidentemente, con la proliferación de automóviles que utilizan combustibles fósiles para autopropulsarse, se crea un nuevo tipo de contaminación ambiental inexistente en el estadio anterior al surgimiento de tal tecnología. De la misma manera, podemos multiplicar los ejemplos, abarcando así el surgimiento de nuevas formas de generación de energía (desde pilas alcalinas hasta plantas nucleares), o el avance médico, o la proliferación de las computadoras y sus insumos, los que han determinado un aumento insospechado de generación de residuos altamente contaminantes (así respectivamente el caso de las pilas usadas, baterías, residuos radioactivos, desechos hospitalarios, cartuchos de toner de impresoras, etcétera).

Es a raíz de lo dicho, que surge la necesidad de regular no solamente lo relativo al ingreso al país de desechos peligrosos no generados en el territorio nacional, sino también todo lo relativo a la generación, transporte y tratamiento final de los residuos peligrosos generados en el mismo. En nuestro país, la primer parte del problema ha sido satisfactoriamente abordada por la Ley Nº 17.220, que prohíbe la introducción al territorio nacional de todo tipo de desechos peligrosos. El segundo problema es el que pretende abordar el presente proyecto de ley, completando así el tratamiento del tema de los residuos o desechos peligrosos. Tal tarea es imprescindible en nuestro país. Porque si bien nuestra legislación cuenta con una valiosa ley que regula lo relativo al ingreso de desechos peligrosos generados o provenientes extra-fronteras, no existe hasta el momento ninguna disposición legal que regule la generación, transporte y tratamiento de desechos peligrosos generados intra-fronteras. En tal sentido, no existe hasta el momento ninguna disposición legal que regule el tema, siendo tratado en forma parcial, difusa y contradictoria en muchos casos, y en otros simplemente ignorada, por la legislación departamental. No existe no obstante un organismo nacional, que tenga competencia específica en la materia, ni mucho menos un registro de generadores, transportistas y plantas de tratamiento y/o depósito final de desechos peligrosos, existiendo meras competencias genéricas asignadas por la Ley Nº 17.220 al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en lo referente a la protección del medio ambiente, más sin asignarle las herramientas jurídicas necesarias e imprescindibles para enfrentarse directamente a la problemática que nos ocupa.

El presente proyecto de ley entonces, viene a complementar y completar lo ya regulado por la Ley Nº 17.220. En tal sentido, no hace más que estar a las definiciones generales dadas por la legislación vigente, como es el caso de la definición de los "desechos peligrosos", sin proceder a asignar nuevo significado a los mismos. En tal sentido, el presente proyecto se ha apartado de sus antecedentes, que son la ley argentina Nº 24.051 y la española Nº 10/1998, al no ser necesario volver a definir un concepto ya utilizado por nuestra legislación (artículo 18 del Código Civil).

Tal la explicación también de que se haya apartado también de sus antecedentes, variando el concepto de "residuos peligrosos" manejado por los mismos (sin perjuicio que la ley española regula no sólo sobre los residuos peligrosos sino en general sobre todos los residuos, aun los domésticos o domiciliarios), por el de "desechos peligrosos" manejado por el proyecto, de forma de armonizar con la legislación nacional vigente.

El presente proyecto se compone de sesenta y dos artículos ordenados en 11 Capítulos. El Capítulo I, regula el ámbito de aplicación de la ley, remitiendo además a conceptos legales claros y en vigencia (tal el caso del artículo 2º, que remite al artículo 3º de la Ley Nº 17.220, respecto de la definición de desecho peligroso). En particular interesa destacar que siguiendo a la ley española se establece como principio que los generadores u operadores de desechos peligrosos adoptarán las medidas que estén a su alcance para que todo desecho potencialmente reciclable o valorizable (definiéndose inmediatamente el concepto de valoración como todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los desechos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente) sea destinado a esos fines, evitando su eliminación en todos los casos posibles.

El Capítulo II, crea y regula el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Desechos Peligrosos, el que funcionará en la órbita del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Regula también lo relativo al Certificado Ambiental que deberán obtener los generadores y operadores de desechos peligrosos, requisito imprescindible para el desarrollo de su actividad. Asimismo, y a los efectos de que quienes son considerados generadores u operadores de desechos peligrosos según el proyecto puedan dar cumplimiento a los requisitos exigidos por el mismo, se prevé un plazo para que los mismos cumplan con las exigencias, y prevé asimismo las sanciones para los incumplidores, como así también el registro de oficio por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En este sentido es importante destacar que por lo amplio del concepto "desechos peligrosos" es natural que pueda considerarse como generador u operador de los mismos una persona de derecho público estatal, por lo que corresponde el cumplimiento de la norma por parte de la misma. No obstante, y teniendo en cuenta lo anterior, se ha dispuesto una exención impositiva genérica en beneficio del Estado, organismos del artículo 220 de la Constitución Nacional y los Gobiernos Departamentales, a los efectos de facilitar el cumplimiento de la norma. El cumplimiento por parte del Estado (en sentido amplio) de las disposiciones del proyecto, redunda no solamente en beneficio del medio ambiente, sino también indirectamente en beneficio del trabajo nacional. En tal sentido, a título meramente enunciativo y a vía de ejemplo, debe llamarse la atención respecto que en Argentina, se consideran "residuos peligrosos" a los efectos de la Ley Nº 24.051 a los cartuchos vacíos de impresoras y fotocopiadoras; y que el Estado es uno de los mayores consumidores de tales insumos, y por tanto, uno de los principales generadores de tales residuos peligrosos. El cumplimiento entonces de las disposiciones proyectadas, significará no sólo una disminución del impacto ambiental de tales residuos, sino también indirectamente un abaratamiento de los costos del Estado, y la creación de nuevos puestos de trabajo, ya que el proyecto prevé expresamente que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente privilegiará las formas de tratamiento que impliquen el reciclado y reutilización de los desechos (artículo 57, literal A). Por tanto, indirectamente el proyecto privilegia a las empresas nacionales que se dedican al reciclado de cartuchos de impresora y fotocopiadora frente a los importadores que sólo transfieren recursos al exterior, permitiendo también un abaratamiento que promedialmente podría superar el 50% de los costos estatales por tales insumos.

La importancia de la creación de un Registro Nacional de Generadores y Operadores de Desechos Peligrosos es fundamental, teniendo en cuenta que en la actualidad no es posible conocer quiénes generan tales desechos, ni dónde, ni cómo los generan, ni cómo los manejan. La inexistencia de un Registro Nacional, así como de normas que regulen la actividad, ha sido la causa fundamental de que la instalación de plantas de tratamiento de desechos peligrosos, como es el caso de plantas de tratamiento de residuos hospitalarios, se haya convertido en una verdadera guerra entre municipios del país, habiendo tanta diversidad de opiniones al respecto como entre quienes no aceptan la instalación en su jurisdicción, hasta quienes la aceptan sin ninguna cortapisa ni requerimiento. Tal hecho evidencia claramente la carencia de nuestro sistema jurídico al no legislar sobre el tema.

El proyecto es además particularmente estricto respecto de las autorizaciones y el otorgamiento del certificado ambiental, no admitiendo la inscripción de sociedades cuando uno o más de sus Directores, administradores, gerentes, mandatarios o gestores desempeñen o hayan desempeñado funciones en sociedades sancionadas por violaciones a las disposiciones del proyecto. Asimismo, regula lo relativo a sociedades e integrantes de la misma que no hayan sido admitidos en el Registro, prohibiendo que ni aquella ni éstos formen parte de otras sociedades que desarrollen las actividades reguladas por el proyecto.

El Capítulo III, crea y regula el documento llamado "manifiesto", con el objetivo primordial de conocer con exactitud la realidad y manejo de la actividad reglada.

Los Capítulos IV, V y VI regulan por primera vez en Uruguay la actividad de los generadores, transportistas y plantas de tratamiento y disposición final de desechos peligrosos, definiéndolos y estableciendo una serie de requisitos para su actividad. Las disposiciones antedichas, tienen una importancia cardinal, no sólo al regular y racionalizar actividades hasta ahora existentes pero carentes de regulación general, sino también al potenciar mediante la regulación la creación de empresas dedicadas a las actividades de transporte y tratamiento y/o disposición final de desechos peligrosos. Al no existir en la actualidad ninguna disposición que prohíba el transporte de desechos peligrosos y/o el mezclado de los mismos con desechos comunes o no peligrosos, muchos de estos desechos, en la actualidad son transportados y tratados por los gobiernos departamentales, a través del servicio de recolección de residuos. Tal hecho determina un peligro cierto para la salud y seguridad de los operarios, usuarios del servicio y en definitiva para la comunidad. Por tanto, a más de contribuir directamente a un racional y ordenado tratamiento en general de los desechos peligrosos generados en el país, reduciendo evidentemente el impacto ambiental, el proyecto alentaría una vez más el trabajo nacional, al potenciar la formación de empresas dedicadas en forma exclusiva al transporte y tratamiento final de desechos peligrosos, lo que redundará en beneficio de la comunidad toda, teniendo en cuenta el impacto ambiental del tratamiento ordenado, racional y serio de los desechos peligrosos.

Debe llamarse la atención respecto de los requerimientos severísimos para la instalación, funcionamiento y cierre de cualquier planta de tratamiento y disposición final de desechos peligrosos, aspecto hasta ahora ignorado por nuestra legislación.

En el Capítulo VII, se regula la responsabilidad civil de los generadores, transportistas y plantas de tratamiento y/o disposición final de desechos peligrosos. Si bien el Capítulo remite a las disposiciones del Código Civil en la materia, de forma de no alterar el tratamiento general de la responsabilidad aquiliana, hay algunas disposiciones específicas de interés, como lo son los artículos 43 y 44.

El Capítulo VIII regula lo relativo a las infracciones y sanciones administrativas, con lo que el presente se proyecta como verdadero Código sobre el tema, al regular específicamente sobre las sanciones aplicables en la materia. En tal sentido, y a los efectos de contar con un sistema unitario y sistemático sobre el tema, se dispone la modificación del artículo 10 de la Ley Nº 17.220 (artículo 61 del proyecto).

Se establecen una serie de sanciones administrativas graduables según la gravedad de la infracción, a criterio de la administración sumariante, previéndose la aplicación de las sanciones en forma acumulativa. Se prevé asimismo la garantía del derecho de defensa en el sumario, el caso de la reincidencia, y se regula expresamente la prescripción de las infracciones. Asimismo, se prevé el caso que el infractor no se encuentre inscripto en el Registro, circunstancia que no impedirá la instrucción del sumario y la aplicación de las sanciones, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Si bien ello determina que no serán de aplicación las disposiciones del artículo 46 literal C) y D), sí adquieren particular importancia las disposiciones de los artículos 11 y 12 del proyecto, para el caso que los infractores pretendieren formar parte de otras sociedades e inscribirse. En tal caso, las personas físicas sancionadas no podrán desempeñarse como Directores, administradores, gerentes, mandatarios o gestores de sociedades que pretendan inscribirse en el Registro, ni las personas jurídicas sancionadas podrán hacerlo, siempre que la sanción haya sido dispuesta dentro de los tres años anteriores a la presentación ante el Registro. La mencionada disposición armoniza el cabal cumplimiento de la norma con el derecho al trabajo de los ciudadanos.

Siguiendo a la ley española, se ha establecido que sin perjuicio de las sanciones administrativas los infractores estarán obligados a la reposición o restauración del medio ambiente alterado, pudiendo en caso de omisión realizar tales tareas el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por cuenta y a costa del infractor. Se prevé asimismo que una vez que la sanción haya quedado firme el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá disponer la publicidad de las sanciones dispuestas.

Particular importancia tiene la consagración de medidas provisionales, a los efectos de evitar la agravación de los daños o evitar el surgimiento de los mismos mientras se dilucida el sumario administrativo, siendo de destacar la exigencia de audiencia con los interesados previa adopción de las medidas de clausura del establecimiento y suspensión de la autorización para el ejercicio de la actividad de la empresa, de forma de asegurar el principio de defensa, sin perjuicio de la posibilidad de adopción de tales medidas en caso de urgencia.

No se han creado nuevos delitos, separándose así el proyecto de su antecedente argentino, en el entendido que la creación del Registro, y las severísimas sanciones administrativas serán de mayor utilidad a los efectos de disuadir a los potenciales infractores, y teniendo en cuenta que el Derecho Penal siempre es la última barrera que debe aplicar el sistema jurídico. Por tanto, la existencia de una autoridad con competencia específica para el control, así como de un registro nacional, la exigencia de un certificado ambiental para el desarrollo de las actividades por parte de los generadores, transportistas y operadores de desechos peligrosos, y la creación de un sistema armónico, unitario y severo de infracciones y sanciones administrativas, hace innecesario la creación de nuevos delitos.

El Capítulo IX otorga competencias específicas, y brinda una orientación clara en el cumplimiento de las mismas al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Son destacables en tal sentido la preocupación del proyecto por crear un sistema de información libre a la población, de forma que pueda informarse sobre todo lo relativo a la generación, transporte y tratamiento de desechos peligrosos, como así también el privilegiar las formas de tratamiento que impliquen el reciclado, valoración y/o reutilización de los desechos peligrosos, de forma de lograr un efectivo cuidado del medio ambiente.

El Capítulo X se encarga de regular expresamente la tasa a cobrar por toda inscripción en el Registro, reinscripción y expedición de certificado ambiental, de forma de cumplir con el principio de legalidad en la creación de tributos. Asimismo y como complemento, el artículo 50 establece que el producido por la tasa así como por las multas que se apliquen lo percibirá el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y se aplicarán a la mejora del servicio, de forma que no pasarán a Rentas Generales. Por otra parte, el inciso tercero del artículo 59 establece una exoneración genérica en beneficio del Estado, organismos del artículo 220 de la Constitución y Gobiernos Departamentales.

Respecto del Capítulo XI es de destacar el carácter de orden público de la disposición.

En definitiva, con este proyecto se busca completar nuestro sistema jurídico, el cual en la actualidad regula en forma parcial el importantísimo tema de los desechos peligrosos, únicamente cuando los mismos son generados extra-fronteras y se pretende ingresarlos al país. La ausencia de un tratamiento severo, eficaz y moderno de la generación y tratamiento de los mismos en el país, importa una carencia inaceptable de nuestra legislación, que pretendemos subsanar con la presentación de este proyecto, que consideramos moderno y de avanzada, al inspirarse en dos modelos que en forma clara reúnen ambas características.

Montevideo, 12 de setiembre de 2003.

GUSTAVO PENADÉS, Representante por Montevideo".

4.-     Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 22)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Mario de Pazos solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Primaria; de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social; a las Juntas Departamentales del interior del país y a las Comisiones de Educación y Cultura de las Cámaras de Representantes y de Senadores, sobre el atraso en el envío de la partida correspondiente al pago de salarios a auxiliares de servicio contratadas por las Comisiones de Fomento. C/27/000

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

——Se votarán oportunamente.

5.-      Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión extraordinaria realizada el 10 de setiembre de 2003:

Con aviso: José Amorín Batlle, Beatriz Argimón, Luis A. Arismendi, Ruben Carminatti, Eduardo Chiesa Bordahandy, Daniel Díaz Maynard, Ramón Fonticiella, Luis Alberto Lacalle Pou y Artigas Melgarejo.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Miércoles 10 de setiembre

ASUNTOS INTERNACIONALES

Con aviso: Carlos Pita, Julio Luis Sanguinetti y Ramón Fonticiella.

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Con aviso: Daniel Díaz Maynard y Gustavo Borsari Brenna.

GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Con aviso: Ricardo Berois Quinteros.

HACIENDA (10:00)

Con aviso: Carlos González Álvarez, José Amorín Batlle y Luis M. Leglise.

INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Con aviso: Alberto Perdomo.

TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

Con aviso: Miguel Dicancro.

TURISMO

Con aviso: Yeanneth Puñales Brun.

VIVIENDA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Con aviso: Juan Máspoli Bianchi, Julio Cardozo Ferreira.

Sin aviso: Luis Alberto Arismendi Ledesma.

Jueves 11 de setiembre

DERECHOS HUMANOS

Sin aviso: Silvia Ferreira.

HACIENDA

Con aviso: José Amorín Batlle y Roberto Bagalciague Rizzardo.

INVESTIGADORA SOBRE LA GESTIÓN DE LA CORPORACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO

Con aviso: Alejandro Falco.

Lunes 15 de setiembre

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: Guzmán Acosta y Lara.

INVESTIGADORA SOBRE DIVERSAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO

Con aviso: José Amorín Batlle.

INVESTIGADORA SOBRE LA GESTIÓN DE LA CORPORACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO

Con aviso: Alberto Perdomo".

6.-     Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Veinticuatro en veintiséis: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Mario de Pazos a los Ministerios de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Primaria; de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social; a las Juntas Departamentales del interior del país y a las Comisiones de Educación y Cultura de las Cámaras de Representantes y de Senadores, sobre el atraso en el envío de la partida correspondiente al pago de salarios a auxiliares de servicio contratadas por las Comisiones de Fomento.

"Montevideo, 16 de setiembre de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y al Consejo de Educación Primaria; al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, por su intermedio, al Banco de Previsión Social (BPS); a la Cámara de Senadores, con destino a la Comisión de Educación y Cultura; a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, y a las Juntas Departamentales del interior del país. El Gobierno hizo un singular esfuerzo colaborando con las Comisiones de Fomento de las escuelas de todo el país al pagar, por lo menos, una auxiliar de servicio de las que están contratadas por dichas comisiones, a través de una partida que les envía mensualmente. Los dos primeros meses se cumplió con regularidad, pero en el mes de setiembre se verificó una demora que dislocó la relación de llegada de dicha partida con el vencimiento de los aportes al BPS por lo que, en muchos casos, se verificaron atrasos en el pago de los mismos. La mayoría de las veces, las Comisiones de Fomento no tienen el dinero para abonar los $ 900 e incluso, con razón, sus integrantes creyeron que no debían pensar más en el asunto y, en cambio, ponerse a trabajar con el objetivo de contribuir para mejorar la calidad de la enseñanza en la escuela a través de obras, de compra de útiles, de equipo y demás, siempre que se pueda. Por lo expuesto, sería conveniente crear un mecanismo de descuento automático de lo que corresponde pagarle al BPS por aportes para que el Ministerio de Economía y Fianzas vierta la partida directamente y que vaya exclusivamente a la Comisión de Fomento el monto del salario líquido de la auxiliar de servicio. Tal medida exoneraría de responsabilidad a la Comisión de Fomento a la vez que se elevaría el número de personas por las que se aporta al BPS a la vez de establecerlo en su historia laboral. De esa forma, todos tranquilos: el Ministerio de Economía y Finanzas vertiendo al BPS lo que va a aportar de cualquier manera, el BPS recibiendo lo que le corresponde y las Comisiones de Fomento no responsabilizándose por demoras que no les son imputables. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. MARIO DE PAZOS, Representante por Soriano".

2) Exposición del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro; al Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores y a su filial de Río Negro, relacionada con el cálculo para la aplicación del Impuesto a las Retribuciones Personales.

"Montevideo, 16 de setiembre de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, por su intermedio, al Banco de Previsión Social (BPS); a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro; y al Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y, por su intermedio, al Plenario Intersindical de Trabajadores de Río Negro. El 14 de setiembre del corriente año, en varios medios de prensa escrita, fue publicada la decisión adoptada por cuatro Directores del BPS (tres representantes políticos y el de los empresarios), interpretando un decreto del Poder Ejecutivo, aprobado en mayo del corriente año en Consejo de Ministros, por el que se establece que para la determinación de la tasa aplicable en la liquidación del Impuesto a las Retribuciones Personales deberán sumarse todas las retribuciones y prestaciones nominales, en efectivo o en especie, excluyéndose la tasa correspondiente al sueldo anual complementario. Esa resolución ha causado hondo malestar en los ámbitos sindicales, porque ese aumento del impuesto a los sueldos supone una rebaja a los menguados ingresos de los trabajadores de la actividad pública y privada y a los pasivos. Serían más de quinientos mil los uruguayos que se verían afectados por esa medida de neto corte fiscal, la que además ha sido cuestionada, según la información, por la propia Sala de Abogados del organismo, que aconsejó al Directorio la no aplicación de la misma, por contravenir normas como la Ley Nº 17.502, de 29 de mayo de 2002, que amplió los porcentajes del gravamen sobre sueldos y jubilaciones. A poco más de un año de sancionada dicha ley este decreto del Poder Ejecutivo interpreta de forma totalmente diferente la forma de calcular el Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP), pretendiendo, a través de un decreto, cambiar el criterio, sin tener en cuenta para nada que una resolución de esa naturaleza no puede ir más allá de la ley que está por encima de los decretos. Queremos entonces plantear nuestra preocupación ante esta situación y por la actitud asumida por la mayoría del Directorio, con el voto discorde de los Directores señores Ariel Ferrari y Arturo Fernández. Estamos en conocimiento de que algunos gremios de trabajadores y asociaciones de jubilados, comenzarán a hacer gestiones en procura de que no se aplique un nuevo mazazo al sueldo y a las pasividades de cientos de miles de compatriotas, solicitando que el Directorio del Banco de Previsión Social reconsidere lo aprobado, evitando, de esa manera, mayores problemas a una importante cantidad de uruguayos que se verían perjudicados al aplicarse, lo que nosotros consideramos una rebaja salarial, por la vía de los hechos. Tenemos la seguridad de que las autoridades atenderán nuestro planteo, procurando la no implementación de lo resuelto. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro".

3) Exposición del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro, acerca del inicio de obras, por parte de la referida Comisión Honoraria, en zonas del citado departamento.

"Montevideo, 16 de setiembre de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR), a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro. Hemos recibido información de MEVIR, relacionada con lo que se ha construido hasta el presente, lo que se está construyendo y lo planificado para atender las justas demandas de los habitantes de las localidades del departamento de Río Negro y de todo el país. No desconocemos el formidable trabajo de la Comisión, procurando atender las necesidades habitacionales de los uruguayos que viven en las zonas periféricas de distintos centros poblados, incluso, de ciudades con importante número de habitantes. Somos conscientes de los recortes presupuestales que afectó a lo que ha sido, sin duda, un gran inconveniente económico para la continuación de la emblemática tarea que ha llevado a cabo ese instituto, con respecto a la construcción de soluciones habitacionales, al representar, de alguna forma, un muro de contención, en las unidades productivas, ante el cada vez más elevado éxodo de familias que abandonan el medio rural, lo que también destacamos. En nuestro carácter de Representante Nacional y contando con la carpeta con la información que gentilmente nos enviara la Comisión, queremos aprovechar la oportunidad para plantear una preocupación cotidiana de los vecinos de Colonia Tomás Berreta, relacionada con: si las autoridades de MEVIR han resuelto la fecha de inicio del Programa de Unidades Productivas (39 en total), que permitiría afrontar la realidad con otro espíritu, por parte de los vecinos productores, futuros beneficiarios, al tener la certeza de que, a la brevedad, podrían contar con una nueva vivienda para cada uno de los núcleos familiares. Asimismo, deseamos conocer si hay fecha prevista para la construcción de 40 viviendas para los vecinos y sus familias provenientes de zonas inundables de la ciudad de Fray Bentos, del departamento de Río Negro. Estamos en conocimiento de que se firmó un convenio entre ese Ministerio y la Intendencia Municipal de Río Negro. Creemos importante contar con mayor información al respecto, al habernos ofrecido el Director General y la Subdirectora General, información complementaria a lo que se nos envió. En la seguridad de que las autoridades tratarán de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en nuestro departamento, saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro".

MEDIA HORA PREVIA

7.-     Realización de operaciones de trasplante de hígado en el país.

——Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Gil Solares.

SEÑOR GIL SOLARES.- Señor Presidente: enterados de la carta abierta dirigida a los cirujanos uruguayos por uno de los baluartes de la cirugía nacional, el doctor Edgardo Torterolo Prado, y conmovidos por sus datos y sus conceptos, frente a parte de la comunidad política del país queremos hacer un exhorto para tratar de eliminar un entuerto.

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública de nuestro país autorizaron, hace ya algún tiempo, las operaciones de trasplante de hígado en instituciones de nuestro medio, financiadas por el Fondo Nacional de Recursos. También autorizaron las operaciones de trasplantes en ciudadanos uruguayos en el exterior del país, una vez más financiadas por el mismo Fondo Nacional de Recursos.

Sobre esto queremos realizar algunos comentarios. La falla hepática solo admite el trasplante de un hígado sano. El hígado no se suple con una simple diálisis, como en el caso de una falla renal, o con la insulina, cuando falla el páncreas.

Por más de veinte años, el doctor Torterolo desarrolló operaciones de trasplante hepático en el Uruguay en forma experimental y, últimamente, en forma terapéutica. A tales efectos creó el Centro Médico de Alta Tecnología, con la capacidad médica necesaria para hacer frente a tal exigencia, el cual a través de los años ha obtenido numerosos resultados importantes a nivel mundial. También ha sido importante en estos años la conformación y la preparación del equipo encargado de estas intervenciones; sus integrantes, llegados desde distintas especialidades -médicos, químicos, paramédicos-, han tenido una formación especial en el exterior, ya que han realizado cursos en centros de referencia mundial.

Ya se han llevado a cabo doce operaciones de trasplante a cargo del equipo que lideraba el doctor Torterolo; todos los pacientes han sido reintegrados a sus núcleos familiares y laborales con una excelente calidad de vida. Por esto, en palabras textuales del doctor Torterolo: "No existen razones científicas para operar a nuestros pacientes en el extranjero", concepto que nosotros reafirmamos.

Nuestro país tiene una lista de espera muy corta; el Banco de Órganos y Tejidos obtiene un hígado en óptimas condiciones en un mes, como tiempo máximo de espera. En Argentina las cosas son muy diferentes: en ese país, el tiempo promedio de espera es de tres años, por lo que se trasplantan pacientes en estado de gravedad, con inminente riesgo de vida. Se suma a esto la cantidad de donantes en condición marginal, por la imperiosa necesidad social y política de obtener resultados, como en todos los programas de gran demanda.

El Fondo Nacional de Recursos se ve obligado a solventar gastos que se multiplican varias veces en comparación con los costos que insume una intervención rutinaria en nuestro país; quizás, cuatro o cinco veces más por concepto de traslados, viáticos o internación previa a la operación. Algunos trasplantes hechos en Argentina han tenido costos promedio de más de US$ 140.000; trasplantes en los que el paciente falleció han costado un promedio de US$ 135.000, mientras que los pacientes fallecidos que, como consecuencia, salieron de la lista de espera, han costado en promedio US$ 28.000.

Creemos que hay algunos aspectos que es necesario tener en cuenta. Operar pacientes que tengan un tiempo de espera corto mejora los resultados; operar pacientes que van a tener un seguimiento continuo por parte del equipo de hepatología clínica -que cuenta con un calificadísimo nivel- asegura los resultados; además, asegura el crecimiento de la experiencia vernácula, beneficia la economía y también la seguridad familiar. El traslado al extranjero de pacientes a ser trasplantados resulta carísimo, por el costo de los viajes y los viáticos. Asimismo, se ha demostrado que la sociabilidad familiar es capital para suavizar los efectos del llamado estrés quirúrgico y del de la recuperación. Además, los traslados y los trámites burocráticos pueden entorpecer el reconocimiento precoz de los problemas inherentes al rechazo.

La Fundación Nacional de Enfermedades Hepáticas y de Trasplantes es un instituto independiente que hasta hoy renta los servicios del Hospital Militar para realizar los procedimientos; no tiene fines de lucro y le ha pedido al Fondo Nacional de Recursos la conformación de auditorías médicas y contables para adecuar los precios a la realidad nacional.

Al respecto nos preguntamos si con lo extendida que se encuentra la utilización de la herramienta de la auditoría en otros ámbitos del aparato estatal, sería demasiado complejo instrumentar una auditoría para el ámbito del hepatotrasplante.

El artículo 5º de la Ley Nº 16.343 impide enviar pacientes al exterior para someterlos a trasplantes que puedan ser llevados adelante en nuestro país. Y agrega: "La Comisión Honoraria Administradora establecerá las características de esta forma de asistencia para aquellas patologías potencialmente reversibles que no pueden tratarse en el país por carecerse de recursos y que cuenten en el exterior con procedimientos de tratamientos de reconocida solvencia científica". Grave error que lesiona a la medicina nacional, y especialmente a la escuela de cirujanos de nuestro país, ya que se olvida su historia y su reputación, se olvida irrespetuosamente el esfuerzo de grupos técnicos vernáculos que se han preparado a toda prueba y a toda conciencia para realizar estas técnicas de trasplantes.

La muerte sorprendió al doctor Torterolo en el momento más brillante de su carrera; también nos sorprendió a sus amigos.

Hacemos votos para que sus herederos tecnológicos tengan todo el apoyo que él no tuvo, lo que lo obligó a clamar y a protestar en razón de lo que más quería: servir a sus conciudadanos. Pese a ello, todo lo que pudo hacer lo hizo a la perfección. Demos gracias a él, a su memoria y a su familia. Que su ejemplo sea imitado.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea cursada al Ministerio de Salud Pública, al Fondo Nacional de Recursos, a la Facultad de Medicina y a la Sociedad de Cirugía del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y cuatro en treinta y seis: AFIRMATIVA.

8.-      Demora en la entrega de viviendas para pasivos construidas en Aiguá, departamento de Maldonado.

Tiene la palabra el señor Diputado Fernández Chaves.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Señor Presidente: nos vamos a referir a las viviendas del Banco de Previsión Social del departamento de Maldonado.

En diferentes complejos habitacionales se han construido 207 unidades. Precisamente, en el barrio Cerro Pelado, de la ciudad de Maldonado, se han construido 80 viviendas; en las calles 4 y 6 de dicha ciudad, 40; en Piriápolis, 10; en Pan de Azúcar, 19; en el edificio "El Vigía", 38; y en San Carlos, 20. Quiere decir que se ha trabajado con un impulso importante, que reconocemos y valoramos especialmente.

También queremos señalar la situación que en este momento se está planteando en la ciudad de Aiguá, donde hay un importante conjunto de viviendas del Banco de Previsión Social. Si bien fueron terminadas hace muchísimos meses y están prontas para ser ocupadas, su entrega se ha visto demorada por la empresa constructora; han sido en vano los esfuerzos realizados por el BPS para que dicha entrega se concretara.

Recién hace menos de un mes se pudo hacer la inspección final por parte de los técnicos del Banco de Previsión Social, y el hecho concreto es que todavía no se tiene la fecha de entrega de estas unidades, que son fundamentales en un lugar en el que existe una necesidad imperiosa de viviendas para los jubilados, quienes han contribuido, como todos los ciudadanos de la República, para que se construyeran.

Sin perjuicio de reconocer los esfuerzos que ha hecho el BPS a los efectos de acelerar la entrega de las viviendas, este organismo debería intimar a la empresa constructora a fin de que termine los últimos detalles para que sean entregadas a sus legítimos usufructuarios: los jubilados y los pensionistas.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida al Directorio del Banco de Previsión Social, a sus efectos.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y seis en treinta y siete: AFIRMATIVA.

9.-     Solicitud de que se vuelva a designar con el nombre "Doctor Baltasar Brum" al Liceo Nº 13 del departamento de Montevideo.

Tiene la palabra el señor Diputado Laviña.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: el Liceo de Maroñas, ubicado en Francisco Echagoyen 4949, fue creado por un movimiento popular integrado por vecinos del barrio Ituzaingó, a través de una comisión que se denominó Movimiento Pro Liceo de Maroñas, que comenzó sus funciones en 1952.

En 1955 inició sus cursos en el antiguo Stud Fraternidad, sito en José María Guerra 3805, con el nombre "Doctor Baltasar Brum" y con la característica de ser un liceo renovado, experimental, laico y gratuito, para elevar el nivel socioeconómico de la zona. En aquel momento, el Director de este liceo fue el profesor Luis R. Antola García y el plantel docente se integró honorariamente con profesores de Secundaria, estudiantes del Instituto de Profesores Artigas, maestros, profesionales y militares.

En 1956 y 1957 se integraron segundo y tercer año, así como un curso nocturno.

El Liceo Doctor Baltasar Brum cumplió con sus cometidos, lo que motivó que se lo declarara habilitado, con ese nombre. A fines de 1957 se oficializó, por ley, que a partir de marzo de 1958 llevara el mismo nombre.

En julio de 1958, el nuevo Director hizo quitar la placa, por lo que el referido centro de estudios pasó a llamarse simplemente Liceo Nº 13.

En 1976, el Consejo de Educación Secundaria designó con el nombre "Ituzaingó" al Liceo Nº 13, sin tomar en consideración su primer nombre, de origen popular.

Luego de ingentes trámites se logró una vieja aspiración: crear el centro educativo de Pueblo Ituzaingó, en un predio de 40.000 metros cuadrados, ubicado sobre la avenida General Flores. Su centro deportivo fue inaugurado por el ex Presidente doctor Luis Alberto Lacalle; el Liceo Nº 57, por el ex Presidente doctor Julio María Sanguinetti, y la Escuela de Tiempo Completo Nº 361, por el actual Presidente de la República, doctor Jorge Batlle.

La Comisión de Fomento de Pueblo Ituzaingó, la Comisión de ex alumnos del Liceo Doctor Baltasar Brum y todo el barrio aspiran a que se haga justicia, restituyéndose el nombre originario. Creemos que ello es posible. Puesto que el Liceo Nº 57 no tiene nombre y dado que está ubicado en el Complejo Educativo Ituzaingó, podría ser designado de esa manera, por lo que el Liceo Nº 13 podría volver a llevar su nombre original: "Doctor Baltasar Brum".

También es importante destacar que la población de Maroñas recogió más de 5.000 firmas de vecinos que solicitaron al Consejo de Educación Secundaria que oficialmente se procediera a restituir la placa y a designar el liceo con ese nombre. Eso consta en el expediente Nº 3006, de 25 de febrero de 1958.

Por su parte, la casi unanimidad de profesores de dicha casa de estudios también presentó un escrito al Consejo de Educación Secundaria solicitando que el liceo continuara llamándose con el mismo nombre con que había nacido a la vida de la cultura: "Doctor Baltasar Brum". Eso consta en los expedientes Nº 3007, de 25 de marzo de 1958, y Nº 1469, de 20 de febrero de 1960.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al CODICEN, al Consejo de Educación Secundaria y a la Comisión de Fomento de Pueblo Ituzaingó, con sede en la calle Patricios Nº 3465.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y seis en treinta y ocho: AFIRMATIVA.

10.-      Firma de un Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay.

Tiene la palabra el señor Diputado Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: queremos compartir algunas reflexiones a propósito del Tratado de Libre Comercio recientemente alcanzado con México y que seguramente será ratificado por el Parlamento de dicho país.

Es de señalar que esa temática se inscribe en el contexto de una política de apertura de la economía.

Este acuerdo con un país que hoy es la octava o novena economía del mundo tendrá efectos directos e indirectos altamente beneficiosos para nosotros.

Diversos rubros de nuestras exportaciones, como lácteos, textiles, zapatos y otros, inclusive el sector metalúrgico -según expresara el Presidente de la Cámara de Industrias, señor Diego Balestra-, podrían recibir un gran impulso a mediano plazo y, correlativamente, nuestro país podría convertirse en la puerta de acceso de productos mexicanos al MERCOSUR.

Todo eso no va a suceder de la noche a la mañana. Ahora tienen la palabra los empresarios, esa caballería andante de la sociedad moderna, que deberán acompasarse a nuevos niveles en materia de volumen de producción, calidad de los productos, presentación y marketing, con las consiguientes inversiones que ello implica.

Lo que logran los acuerdos es crear los marcos apropiados y las condiciones para negociar, pero quienes venden y compran son y serán los empresarios; así es que se generarán los empleos que tanto necesitamos. Tratado de Libre Comercio es generación de empleo.

Entonces, cabe felicitar a nuestra Cancillería y a todos quienes han trabajado para este logro: mexicanos y uruguayos.

Hay dos conclusiones adicionales.

La primera es que el MERCOSUR no es ni debe ser un mercado cerrado. Por el contrario, este tipo de acuerdos beneficiará en lo económico no solo a nuestro país, sino a los restantes integrantes del MERCOSUR y, por ello, a su propia cohesión. En efecto, es previsible que en un futuro próximo las negociaciones económicas en el MERCOSUR giren en torno a la profundización o extensión del Arancel Externo Común y a la eliminación de las trabas en el comercio intra MERCOSUR.

En tal sentido, la asimetría económica entre países miembros del MERCOSUR puede generar para nuestro país un desbalance entre beneficios y costos.

En la medida en que un Tratado de Libre Comercio como el que nos ocupa nos fortalezca desde el punto de vista económico, permitirá amortiguar la asimetría y, consiguientemente, contribuirá a mejorar el MERCOSUR, desde una posición más cómoda, al darnos un mayor margen de maniobra.

Por eso creemos que el Tratado de Libre Comercio con México ayudará al MERCOSUR en su conjunto.

La segunda conclusión dice relación con el hecho de que México integra el NAFTA. Si se pudo hacer un acuerdo de este tipo con un miembro del NAFTA, ¿por qué no con los demás, como por ejemplo con Estados Unidos, desvinculando el tema de connotaciones políticas o ideológicas?

Algunos obstáculos, como el cumplimiento de las obligaciones contraídas en la Organización Mundial del Comercio, ya se han removido a través de las modificaciones aprobadas el año pasado en la ley de derechos de autor; otros, no. El panorama no es sencillo, pero la sola iniciación de las negociaciones podría tener un gran impacto psicológico, con las consiguientes repercusiones en materia de inversión y empleo. Me refiero a lo que representa el solo hecho de empezar formalmente una negociación.

Pensamos que con la comprensión de Brasil y de los restantes miembros del MERCOSUR y con un sostenido esfuerzo para superar algunos focos de irritabilidad, explicando el contexto en el cual pudieron generarse, todo puede solucionarse, porque por encima de desencuentros puntuales -el que esté libre de culpas que tire la primera piedra-, sabemos de la buena voluntad de los Estados Unidos de América, de Brasil, de Argentina y de Paraguay -que en algunos aspectos tiene características similares a las de nuestro país- para que el Uruguay sea el país al que todos aspiramos.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas y de Industria y Energía; a las Embajadas de México, de Argentina, de Brasil, de Paraguay y de los Estados Unidos de América; a la Cámara de Industrias y a la Unión de Exportadores del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y uno en cuarenta y dos: AFIRMATIVA.

11.-     Construcción de un segundo puente sobre el arroyo Las Vacas, departamento de Colonia.

Atraso en las obras de pavimentación que se llevan a cabo en las cercanías de la ciudad de Colonia, departamento de Colonia.

Tiene la palabra el señor Diputado González Álvarez.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Señor Presidente: ya en reiteradas oportunidades, en la Junta Departamental de Colonia se ha hecho conocer por parte de algunos Ediles de la ciudad de Carmelo la inquietud que hay por el mantenimiento del viejo puente, centenario y giratorio, construido sobre el arroyo Las Vacas. Inclusive, hace unos días, un joven Edil de esa localidad, Luis Parodi, hizo una exposición muy importante sobre el tema, recalcando al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la necesidad de mantenimiento del puente. Pero el Edil terminó su exposición diciendo que es imperioso que se realice un segundo puente sobre el arroyo Las Vacas. Enormes camiones con carga pesada pasan por ese puente, que corre riesgo de quedar fuera de servicio, por lo que no habría manera de entrar a la ciudad de Carmelo.

Ya en el año 2000, todo el Parlamento aprobó un artículo, incluido en la ley de Presupuesto, por el que se encomendaba al Ministerio de Transporte y Obras Públicas el estudio de la construcción de un segundo puente sobre el arroyo Las Vacas. Han transcurrido casi tres años y hasta el día de hoy el Ministerio no ha realizado un estudio profundo sobre este tema para ver cuál sería el costo y la ubicación de ese segundo puente sobre el arroyo Las Vacas, de Carmelo, aunque la gente tiene más o menos entendido dónde tendría que ser construido. Creemos que es hora de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas realice el estudio de factibilidad, de costos y de todo el trazado que tendría, para ver de qué manera lo podemos financiar, ya que es imprescindible para Carmelo y Nueva Palmira tener un segundo puente para el transporte de las cargas pesadas.

Por lo tanto, solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Junta Departamental de Colonia y a las Juntas Locales de Nueva Palmira y de Carmelo.

Ya que estoy hablando de obras, quiero referirme a un segundo tema, que tiene relación con la inquietud de la población de Colonia por el tremendo atraso que se está viendo en las obras de pavimentación que se están haciendo a 8 ó 10 kilómetros de la ciudad de Colonia. Estas obras se empezaron en los primeros días de enero, y se dijo que en menos de ocho o nueve meses iban a estar terminadas. Sin embargo, de acuerdo con la información que tenemos, ya vencido el plazo la empresa ha solicitado seis meses más para hacer un bacheo.

El Edil Jorge Gómez, del departamento de Colonia, ha planteado que es mucha la lentitud con que se está atendiendo este tema a través de la megaconcesión; ya se acerca una nueva temporada turística y hay que hacer desvíos importantes por rutas y caminos vecinales que no están pavimentados, que son para otro uso y no para que pase todo el tránsito que tiene la Ruta Nº 1, con graves riesgos para los vehículos que transitan por ellos, debido a su deterioro.

Por lo tanto, creemos que faltó planificación en lo relativo a las obras de la megaconcesión. No queremos pensar que como se había comenzado a cobrar el peaje, para calmar los ánimos se inició una obra para la cual no había dinero, que no estaba financiada. Por eso, a medida que pasa alguien y paga el peaje, los $ 90 recaudados se invierten en obras. Creemos que el mecanismo de la megaconcesión es equivocado con respecto a esta ruta, que es imprescindible. No se puede largar trabajos y después demorar tanto en hacerlos. Si para hacer un bacheo de 7 u 8 kilómetros ya llevamos un año, ¿qué será para los 70 kilómetros de nueva ruta que es necesario hacer?

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, a la Corporación Nacional para el Desarrollo, titular de la megaconcesión, y a la Junta Departamental de Colonia.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se van a votar los trámites solicitados.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en cuarenta y seis: AFIRMATIVA.

12.-      Dificultades por las que atraviesa el sector del comercio.

Tiene la palabra el señor Diputado Leglise.

SEÑOR LEGLISE.- Señor Presidente: en el día de ayer, conjuntamente con el señor Intendente de Salto, los tres Diputados por el departamento estuvimos escuchando los planteos del Centro Comercial e Industrial de Salto, que reúne al sector del comercio y las pequeñas industrias de ese departamento.

Todos sabemos que estos sectores no han logrado incluirse en ninguno de los acuerdos o soluciones alcanzados a nivel parlamentario. Por eso, ayer estuvimos largo tiempo escuchando con atención los planteamientos en cuanto al endeudamiento de esos sectores, no solamente con la banca pública, sino, en su mayoría, con la privada.

También hemos estado sintiendo la discriminación que existe con respecto al sector en materia de tarifas comerciales por parte de los distintos entes autónomos; en una época podían ser subsidios para los hogares de los uruguayos, pero hoy, frente a la situación que vive ese sector, es imposible darles cumplimiento. ¿Por qué hablamos de la situación que hoy vive ese sector? Porque creo que el pico del crecimiento del producto bruto interno en el Uruguay se dio en 1998, y a partir de ahí ha venido cayendo permanentemente. Si se compara, advertiremos que desde 1999 hasta 2003, la caída del sector comercio ha sido todos los años superior al promedio del producto bruto interno total. Tanto es así que en 1999 el comercio cayó un 3,4% frente a un 2,8% de promedio del PBI; luego, un 5,3%, siendo el promedio el 1,4%. Finalmente, al llegar a 2002, la caída del comercio fue del 24,7% -casi un 25%- frente a un 10% de promedio.

Lo mismo ocurre en estos meses. Si hacemos la comparación desde enero hasta junio, advertiremos que la caída del sector comercio es casi del 17%, frente a un 7% de promedio.

Esto nos hace ver, sin dudas, que la situación que está viviendo el comercio en nuestro país es de real dificultad y que viene siendo así desde hace cinco años. Y en la actualidad, a esta situación debemos agregar las inspecciones que la Dirección General Impositiva está llevando a cabo en el interior del país; en un principio se hicieron en ocho departamentos, pero se siguen instrumentando en otros.

Por supuesto, todos los comerciantes están altamente sensibilizados. Nos han hecho propuestas concretas que tienen que ver con la rebaja en los recargos determinados por la Dirección General Impositiva y con una serie de medidas que apuntarían a que este sector pudiera alcanzar los guarismos de otras épocas.

En definitiva, estas palabras tienden a poner al tanto de esta situación y también a alentar alguna esperanza de que los distintos actores de la vida política nacional puedan contribuir a paliar las dificultades que hoy está viviendo el comercio en nuestro país.

Solicitamos que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al señor Ministro de Economía y Finanzas, al Director de la Dirección General Impositiva, a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, al Congreso Nacional de Intendentes y a las Juntas Departamentales de todo el país.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y tres en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

13.-    Aplazamiento.

Se entra al orden del día.

En mérito a que no han llegado a la Mesa listas de candidatos, si no hay objeciones, corresponde aplazar la consideración del asunto que figura en primer término del orden del día y que refiere a la elección de miembros de la Comisión Permanente para el Cuarto Período de la XLV Legislatura.

14.-      Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Ernesto Agazzi, por motivos personales, inciso tercero del artículo único, de la Ley Nº 16.465, por el día 17 de setiembre de 2003, convocándose al suplente siguiente, señor Esteban Pérez.

Del señor Representante Daniel Bianchi, por motivos personales, inciso tercero del artículo único, de la Ley Nº 16.465, por los días 16 y 22 de setiembre de 2003, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Ruben Bertín.

Del señor Representante Gustavo Penadés, por motivos personales, inciso tercero del artículo único, de la Ley Nº 16.465, por el día 16 de setiembre de 2003, convocándose a la suplente siguiente, señora Silvia Ferreira.

Del señor Representante Raúl Sendic, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 17 y 22 de setiembre de 2003, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Fernando Vázquez.

Del señor Representante Ricardo Berois Quinteros, en misión oficial, literal B) del artículo único, de la Ley Nº 16.465, para concurrir al Taller Parlamentario de Información y Visibilidad "la consulta parlamentaria de su conceptualización a su práctica", que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, por el período comprendido entre los días 17 y 19 de setiembre de 2003, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Edgardo Prado.

Del señor Representante Jaime Mario Trobo, por motivos personales, inciso tercero del artículo único, de la Ley Nº 16.465, por el día 16 de setiembre de 2003, convocándose al suplente siguiente, señor José María Mieres.

De la señora Representante Silvana Charlone, por motivos personales, inciso tercero del artículo único, de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 16 y 17 de setiembre de 2003, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Pandolfo.

Del señor Representante Julio C. Lara Gilene, por motivos personales, inciso tercero del artículo único, de la Ley Nº 16.465, por el día 16 de setiembre de 2003, convocándose al suplente siguiente correspondiente, señor Schubert Gambetta.

Del señor Representante Juan Máspoli Bianchi, por motivos personales, inciso tercero del artículo único, de la Ley Nº 16.465, por el día 16 de setiembre de 2003, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor José María Caballero.

Del señor Representante Orlando Gil Solares, por motivos personales, inciso tercero del artículo único, de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 17 y 18 de setiembre de 2003, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Homero Jaurés Viera.

Del señor Representante Óscar Magurno, por motivos personales, inciso tercero del artículo único, de la Ley Nº 16.465, por el día 16 de setiembre de 2003, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Miguel Dicancro.

De la señora Representante Raquel Barreiro, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 16 y 17 de setiembre de 2003, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Elena Ponte.

Del señor Representante Brum Canet, por enfermedad, literal A) del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 17 y 24 de setiembre de 2003, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Patrone.

Del señor Representante Adolfo Pedro Sande, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 16 y 17 de setiembre de 2003, convocándose al suplente siguiente, señor Arturo Lamancha.

En virtud de haber sido designado el señor Representante Alejandro Falco como Subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería el día 12 de setiembre del año en curso, convócase para integrar la Cámara a partir del día 16 de setiembre de 2003, al suplente correspondiente siguiente, señor Andrés Oribe".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 16 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente, preside, se sirva concederme licencia el día 17 de setiembre de 2003, por motivos personales. Asimismo solicito se proceda a convocar al suplente respectivo.

Sin más, saluda atentamente.

ERNESTO AGAZZI
Representante por Canelones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Ernesto Agazzi.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 17 de setiembre de 2003.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 17 de setiembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Canelones, Ernesto Agazzi.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 17 de setiembre de 2003, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Esteban Pérez.

Sala de la Comisión, 16 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, MARÍA NELBA IRIARTE".

"Montevideo, 16 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, desde el día de hoy hasta el lunes 22 del corriente inclusive, convocando a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

DANIEL BIANCHI  
Representante por Colonia".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Colonia, Daniel Bianchi.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 16 y 22 de setiembre de 2003.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 16 y 22 de setiembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Colonia, Daniel Bianchi.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Ruben Bertín.

Sala de la Comisión, 16 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, MARÍA NELBA IRIARTE".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitar licencia, por razones personales, el día 16 de los corrientes.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

GUSTAVO PENADÉS
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Penadés.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 16 de setiembre de 2003.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 16 de setiembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Penadés.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 16 de setiembre de 2003, a la suplente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71 del Lema Partido Nacional, señora Silvia Ferreira.

Sala de la Comisión, 16 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, MARÍA NELBA IRIARTE".

"Montevideo, 16 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465, solicito se me autorice el goce de licencia por motivos personales del día 17 de setiembre de 2003 hasta el día 22 de setiembre del 2003.

Sin más lo saluda atentamente,

RAÚL SENDIC
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 17 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria de dicha Cámara para sustituir al Diputado Raúl Sendic, comunico que por esta vez no acepto y solicito que se cite al suplente siguiente Sr. Fernando Vázquez.

Sin más lo saluda atentamente,

Eduardo Rubio".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Raúl Sendic.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 17 y 22 de setiembre de 2003.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Eduardo Rubio.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 17 y 22 de setiembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Raúl Sendic.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente señor Eduardo Rubio.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Fernando Vázquez.

Sala de la Comisión, 16 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, MARÍA NELBA IRIARTE".

Montevideo, 15 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Solicito al Cuerpo que usted preside, se me autorice licencia desde el miércoles 17 hasta el viernes 19 de setiembre del corriente, por haber sido convocado al Taller Parlamentario de Información y Visibilidad "la consulta parlamentaria, de su conceptualización a su práctica", a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, en calidad de miembro de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR.

Asimismo solicito que se convoque al suplente respectivo.

Saluda atentamente.

RICARDO BEROIS QUINTEROS
Representante por Flores".

"Montevideo, 16 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Tengo el agrado de expresarle que por esta vez, no acepto la convocatoria que se me ha formulado para integrar el Cuerpo que usted preside.

Saluda al Señor Presidente con la correspondiente atención.

Ricardo Recuero".

"Montevideo, 16 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Tengo el agrado de expresarle que por esta vez, no acepto la convocatoria que se me ha formulado para integrar el Cuerpo que usted preside.

Saluda al Señor Presidente con la correspondiente atención.

Felipe de Armas".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial del señor Representante por el departamento de Flores, Ricardo Berois Quinteros para participar, en calidad de miembro de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, del Taller Parlamentario de Información y Visibilidad "la consulta parlamentaria, de su conceptualización a su práctica", a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 17 y 19 de setiembre de 2003.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes correspondientes siguientes, señores Ricardo Recuero y Felipe A. De Armas.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994 y por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por misión oficial, al señor Representante por el departamento de Flores, Ricardo Berois Quinteros, por el período comprendido entre los días 17 y 19 de setiembre de 2003, para participar, en calidad de miembro de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, del Taller Parlamentario de Información y Visibilidad "la consulta parlamentaria, de su conceptualización a su práctica", a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presentan los suplentes siguientes señores Ricardo Recuero y Felipe A. De Armas.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Número 904 del Lema Partido Nacional, señor Edgardo Prado.

Sala de la Comisión, 16 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, MARÍA NELBA IRIARTE".

"Montevideo, 16 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper

Presente.
De mi mayor consideración:

Por medio de la presente solicito a Ud. licencia los días 16 del corriente mes por motivos personales.

Asimismo, solicito que se convoque al suplente correspondiente por el mencionado período.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

JAIME MARIO TROBO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jaime Mario Trobo.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 16 de setiembre de 2003.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 16 de setiembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jaime Mario Trobo.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 16 de setiembre de 2003, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71 del Lema Partido Nacional, señor José María Mieres.

Sala de la Comisión, 16 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, MARÍA NELBA IRIARTE".

"Montevideo, 16 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper

Presente.
De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a fin de solicitar al Cuerpo que Ud. preside licencia por motivos particulares, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo único de la Ley Nº 16.465, entre los días 16 y 17 de setiembre del corriente año.

Sin más saludo a Ud. muy atentamente.

SILVANA CHARLONE
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 16 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper

Presente.
De mi mayor consideración:

El que suscribe Sr. Jorge Mazzarovich, con Cédula de Identidad Nº 946.301-3, en mi calidad de primer suplente de la Sra. Representante Nacional Silvana Charlone, quien ha solicitado licencia los días 16 y 17 de setiembre.

Comunico a usted que desisto por esta vez, de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Jorge Mazzarovich".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Silvana Charlone.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 16 y 17 de setiembre de 2003.

II) Que, por esta vez, el suplente siguiente señor Jorge Mazzarovich, no acepta la convocatoria de que fue objeto.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales, por el período comprendido entre los días 16 y 17 de setiembre de 2003 a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Silvana Charlone.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente siguiente señor Jorge Mazzarovich.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Jorge Pandolfo.

Sala de la Comisión, 16 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, MARÍA NELBA IRIARTE".

"Montevideo, 16 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper

Presente.
De mi consideración:

Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitar licencia por el día de la fecha, por motivos personales.

Sin más saluda atentamente,

JULIO LARA
Representante por Canelones".

"Montevideo, 16 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted a efectos de comunicar que renuncio a asumir como Representante Nacional, por el día de la fecha, en virtud de la licencia solicitada por el Diputado Julio Lara.

Sin más saluda atentamente,

Yamandú Castro".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Julio C. Lara Gilene.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 16 de setiembre de 2003.

II) Que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Yamandú Castro.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales, por el día 16 de setiembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Canelones, Julio C. Lara Gilene.

2) Acéptase la negativa que por esta vez ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Yamandú Castro.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día 16 de setiembre de 2003, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71 del Lema Partido Nacional, señor Schubert Gambetta.

Sala de la Comisión, 16 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, MARÍA NELBA IRIARTE".

"Montevideo, 16 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, por el día miércoles 16 del corriente, convocando a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

JUAN MÁSPOLI BIANCHI
Representante por Flores".

"Montevideo, 16 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi consideración:

Por la presente quien suscribe Dr. Luis Gustavo Aguilar titular de la cédula de identidad Nº 3.049.547-9, manifiesto no aceptar la convocatoria para ocupar el cargo de Representante Nacional por el departamento de Flores, para el día 16 de setiembre de 2003.

Ruego se sirva disponer lo que reglamentariamente corresponda.

Saluda con elevada consideración.

Luis Gustavo Aguilar".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Flores, Juan Máspoli Bianchi.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 16 de setiembre de 2003.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente, señor Luis Gustavo Aguilar.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 16 de setiembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Flores, Juan Máspoli Bianchi.

2) Acéptase la negativa que por esta vez ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Luis Gustavo Aguilar.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 16 de setiembre de 2003, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 22 del Lema Partido Colorado, señor José María Caballero.

Sala de la Comisión, 16 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, MARÍA NELBA IRIARTE".

"Montevideo, 16 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración y respeto:

Por la presente solicito a Ud. curse al Honorable Cuerpo que dignamente preside, el siguiente pedido de licencia por motivos personales, por los días 17 y 18 de los corrientes, y que en consecuencia se convoque al respectivo suplente.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

ORLANDO GIL SOLARES 
Representante por Colonia".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Colonia, Orlando Gil Solares.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 17 y 18 de setiembre de 2003.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 17 y 18 de setiembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Colonia, Orlando Gil Solares.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 78609 del Lema Partido Encuentro Progresista – Frente Amplio, señor Homero Jaurés Viera.

Sala de la Comisión, 16 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, MARÍA NELBA IRIARTE".

"Montevideo, 16 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por el día de la fecha.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

ÓSCAR MAGURNO   
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Óscar Magurno.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 16 de setiembre de 2003

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 16 de setiembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Óscar Magurno.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 16 de setiembre de 2003, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2000 del Lema Partido Colorado, señor Miguel Dicancro.

Sala de la Comisión, 16 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, MARÍA NELBA IRIARTE".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por los días 16 y 17 del corriente, por motivos personales.

Sin más saluda a usted atentamente,

RAQUEL BARREIRO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Raquel Barreiro.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 16 y 17 de setiembre de 2003.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 16 y 17 de setiembre de 2003, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Raquel Barreiro.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Elena Ponte.

Sala de la Comisión, 16 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, MARÍA NELBA IRIARTE".

"Montevideo, 16 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted para solicitar licencia por 8 días a partir del 17 de setiembre, por enfermedad.

Sin más saluda atentamente,

BRUM CANET
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 16 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Brum Canet, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente,

Daniel Mesa".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad del señor Representante por el departamento de Montevideo, Brum Canet.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 17 y 24 de setiembre de 2003, y adjunta constancia médica.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente siguiente señor Daniel Mesa.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el literal A) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por enfermedad, por el período comprendido entre los días 17 y 24 de setiembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Brum Canet.

2) Acéptase la negativa que por esta vez ha presentado el suplente siguiente señor Daniel Mesa.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Jorge Patrone.

Sala de la Comisión, 16 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, MARÍA NELBA IRIARTE".

"Montevideo, 16 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, por el martes 16 y miércoles 17 del corriente mes inclusive, convocando a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

ADOLFO PEDRO SANDE
Representante por Canelones".

"Montevideo, 16 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Pedro Sande.

Sin más saluda atentamente.

Orestes Numa Santos".

"Montevideo, 16 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi consideración:

Comunico a usted que no acepto, por esta única vez, la convocatoria que formulara ese Cuerpo, ante la licencia solicitada por el Diputado Adolfo Pedro Sande.

Saluda a usted muy atentamente.

Eliseo Marandino".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Adolfo Pedro Sande.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 16 y 17 de setiembre de 2003.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes correspondientes siguientes, señores Oreste Numa Santos y Eliseo Marandino.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994, y en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 16 y 17 de setiembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Canelones, Adolfo Pedro Sande.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes siguientes, señores Oreste Numa Santos y Eliseo Marandino.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Arturo Lamancha.

Sala de la Comisión, 16 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, MARÍA NELBA IRIARTE".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Al haber sido designado por el Poder Ejecutivo como Sub Secretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, solicito a Ud. se me suspenda en mis funciones legislativas de acuerdo al Art. 122 de la Constitución de la República y ruego se sirva convocar a mi suplente respectivo.

Agradezco al Cuerpo las atenciones recibidas durante la legislatura que tuve el honor de integrar.

ALEJANDRO FALCO
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de Suplente del Diputado Alejandro Falco, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Saluda a usted muy atentamente.

José Agustín Aguerre".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de Suplente del Diputado Alejandro Falco, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Saluda a usted muy atentamente.

Mario Linzo".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de Suplente del Diputado Alejandro Falco, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Saluda a usted muy atentamente.

Luis Eduardo Alpuín".

"Montevideo, 15 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de Suplente del Diputado Alejandro Falco, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Saluda a usted muy atentamente.

Pedro Pérez Stewart".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: Que el señor Representante Alejandro Falco ha presentado nota por la que manifiesta que ha sido designado como Subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

CONSIDERANDO: I) Que los suplentes siguientes, señores José Agustín Aguerre, Mario Linzo, Luis Eduardo Alpuín y Pedro Pérez Stewart, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto.

II) Que es procedente la convocatoria del señor Andrés Oribe para integrar la Cámara de Representantes.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución de la República y por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Acéptanse las negativas que han presentado los suplentes correspondientes, señores José Agustín Aguerre, Mario Linzo, Luis Eduardo Alpuín y Pedro Pérez Stewart.

2) Convóquese, por Secretaría a partir del día 16 de setiembre de 2003, para integrar la representación por el departamento de Montevideo al suplente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Andrés Oribe.

Sala de la Comisión, 16 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, MARÍA NELBA IRIARTE".

15.-     Servicios médicos y odontológicos prestados por organismos del Estado a sus funcionarios. (Derogación del artículo 22 de la Ley Nº 17.556).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Servicios médicos y odontológicos prestados por organismos del Estado a sus funcionarios. (Derogación del artículo 22 de la Ley Nº 17.556)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1341

"CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Derógase el artículo 22 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002.

Artículo 2º.- Dispónese que los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República podrán continuar con la prestación directa de sus servicios médicos asistenciales y odontológicos propios, destinados a brindar asistencia solamente a sus funcionarios y a ex funcionarios en el caso de corresponder a algún organismo que en la actualidad los esté asistiendo, debiendo alinear los costos de la prestación de dichos servicios al importe que paga el Banco de Previsión Social por la asistencia médica contratada para los beneficiarios activos en las instituciones de asistencia médica colectiva.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 2 de julio de 2003.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario"

Anexo I al
Rep. Nº 1341

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Presupuestos

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Presupuestos ha analizado el proyecto de ley que en su artículo 1º deroga el artículo 22 de la Ley Nº 17.556, que prevé la supresión de los servicios médicos, asistenciales y odontológicos propios, destinados a brindar asistencia a funcionarios, ex funcionarios y familiares de funcionarios de los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República, y que en su artículo 2º dispone que podrán continuar con la prestación directa de sus servicios médicos, asistenciales y odontológicos propios, debiendo alinear los costos de la prestación de los mismos al importe que paga el Banco de Previsión Social por la asistencia médica contratada para los beneficiarios activos en las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.

La iniciativa en consideración, ya aprobada en el Senado de la República, en su exposición de motivos plantea los siguientes aspectos a tener en cuenta:

a) las dificultades por las que atraviesa el sistema mutual;

b) la importancia que revisten dichos servicios para la mencionada categoría de organismos, en términos de una razonable y adecuada política de recursos humanos en su expresión más amplia;

c) la calidad y eficiencia con que han venido desarrollándose los mismos;

d) que no obstante, deben ajustarse al máximo razonable los costos para la prestación de los referidos servicios, lo cual permite configurar a través del referente constituido por el alineamiento con los valores existentes en el mercado a través de las prestaciones que otorgan las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, medidas adecuadas tanto en lo que a reducción de gasto público refiere, como al mantenimiento de fuentes laborales. Medidas estas, concordantes con las políticas donde se trata de compatibilizar el abatimiento de costos con el mantenimiento o crecimiento del índice ocupacional.

En particular, el Servicio Médico de ANCAP tiene cincuenta y cinco años de existencia y el mismo surgió de la negociación entre el Directorio y los trabajadores del ente, quienes cedieron parte de sus salarios que les correspondía por ley, para financiar la creación del servicio. Asimismo, las actividades de los funcionarios en las distintas industrias de ANCAP exigen competencias y niveles de atención especiales para este servicio médico, entre las cuales se destacan aquellas que son perjudiciales para la salud y que han sido reconocidas por las bonificaciones jubilatorias, concedidas a los trabajadores de refinería, alcoholes o cemento Pórtland.

En nota remitida a esta Comisión con fecha 8 de julio de 2003, en su último párrafo el entonces Ministro de Economía y Finanzas, doctor Alejandro Atchugarry, reconoce que "... en términos estrictamente económicos el proyecto supone una muy fuerte reducción de costos para ser aplicable, la que en caso de lograrse constituye un objetivo a favor de los servicios".

En resumen, este proyecto de ley, de ser aprobado también en esta Cámara, implica una adecuación y ajuste en los Organismos del artículo 221 de la Constitución de la República, en cuanto a sus prestaciones médicas y asistenciales, así como en relación a los usuarios, pero además significa mantener un tipo de servicio de atención especializada evitando la desprotección de sus actuales beneficiarios.

Por lo expuesto, aconsejamos a la Cámara la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Sala de la Comisión, 8 de setiembre de 2003.

JORGE PATRONE, Miembro Informante, NELSON BOSCH, ROBERTO CONDE, DOREEN JAVIER IBARRA".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Patrone.

SEÑOR PATRONE.- Señor Presidente: la Comisión de Presupuestos ha analizado el proyecto de ley proveniente del Senado, por el que, a través de su artículo 1º, se deroga el artículo 22 de la Ley Nº 17.556, que prevé la supresión de los servicios médicos asistenciales y odontológicos propios destinados a brindar asistencia a funcionarios, ex funcionarios y familiares de funcionarios de los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República, y que en su artículo 2º dispone que podrán continuar con la prestación directa de los servicios médicos asistenciales y odontológicos propios, debiendo alinear los costos de la prestación de dichos servicios al importe que paga el Banco de Previsión Social por la asistencia médica contratada para los beneficiarios activos en las instituciones de asistencia médica colectiva.

En su exposición de motivos, la iniciativa en consideración -ya aprobada en el Senado- plantea los siguientes aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, las dificultades por todos conocidas por las que atraviesa el sistema mutual; en segundo término, la importancia que revisten dichos servicios para la mencionada categoría de organismos, en términos de una razonable y adecuada política de recursos humanos en su expresión más amplia; en tercer lugar, la calidad y eficiencia con que hasta la fecha han venido desarrollándose estos servicios. No obstante la razón anterior, deben ajustarse al máximo razonable los costos para la prestación de los referidos servicios, lo cual permite configurar, a través del referente constituido por el alineamiento con los valores existentes en el mercado para las prestaciones que otorgan las instituciones de asistencia médica colectiva, medidas adecuadas tanto en lo que a reducción del gasto público refiere, como al mantenimiento de las fuentes laborales que en este caso implican. Estas medidas deben ser concordantes con las políticas por las que se trata de compatibilizar el abatimiento de costos con el mantenimiento o crecimiento del índice ocupacional.

A modo de ejemplo, vamos a referirnos al caso del Servicio Médico de ANCAP, que, entre otras cosas, tiene cincuenta y cinco años de existencia.

(Murmullos.- Campana de orden)

——Asimismo, queremos señalar que dicho servicio surgió de la negociación entre el Directorio de ese momento y los trabajadores del ente, quienes cedieron -aquí hay un aspecto muy importante- parte de los salarios que les correspondía por ley para financiar su creación. Las actividades de los funcionarios en las distintas reparticiones de ANCAP -entre las cuales se destacan aquellas que son perjudiciales para la salud y que han sido reconocidas a través de las bonificaciones jubilatorias concedidas a los trabajadores de refinería, alcoholes o cemento pórtland, en especial en el área de las canteras- exigen que este Servicio Médico tenga competencias y niveles de atención especiales.

Cabe señalar que esta Comisión recibió, con fecha 8 de julio de 2003, una nota del entonces Ministro de Economía y Finanzas, doctor Alejandro Atchugarry, que en su último párrafo reconoce que "[...] en términos estrictamente económicos, el proyecto supone una muy fuerte reducción de costos para ser aplicable, la que en caso de lograrse constituye un objetivo a favor de los servicios". Creemos que este punto es de suma importancia, porque a lo que de alguna manera se está apuntando a través de este proyecto de ley es no solo a mantener el servicio, sino a ajustarlo a valores razonables. Esto, sumado a la experiencia adquirida y a la habitualidad, hace desaconsejable la supresión de este sistema.

Debemos señalar que este servicio -siempre nos estamos refiriendo al caso particular de los servicios médicos asistenciales y odontológicos de ANCAP- atiende a 6.362 usuarios, entre los que hay 2.523 activos y 3.839 pasivos. A su vez, se distribuye en 4.620 personas en Montevideo y 1.742 en el interior, quienes gozan de una asistencia médica local. Estos funcionarios o ex funcionarios deben abonar tiques de consulta, de servicios odontológicos y de medicamentos, por un valor menor a lo que hoy en día deberían aportar si tuviesen que pasar a ser atendidos en las instituciones de asistencia médica colectiva.

En resumen, de ser aprobado también en esta Cámara, este proyecto de ley significaría una adecuación y un ajuste en las prestaciones médicas asistenciales y odontológicas, que también tendría relación con los usuarios de los entes comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República. Además, significa que se mantendría un tipo de servicio de atención especializada, evitando la desprotección de sus actuales beneficiarios, entre quienes, como hemos visto, están comprendidos una importante cantidad de pasivos; como el promedio de edad de estos es de setenta y dos años, es obvio que muchos de ellos estaban en actividad en ANCAP en la época en que se gestó este Servicio Médico y colaboraron con sus recursos para su financiamiento.

Por lo expuesto, señor Presidente, aconsejamos a la Cámara la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado Gabriel Pais.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: en ocasión de considerarse en 2002 la Rendición de Cuentas del año 2001, se analizó el tema de los servicios médicos asistenciales y odontológicos de los entes autónomos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República. En ese entonces entendimos que, dado el principio de especialidad que rige a los entes, era preferible proceder a un mecanismo distinto, consistente en que no fueran los mismos entes, en forma directa, los que prestaran el servicio, sino que se buscara un procedimiento para mantener el beneficio de asistencia a funcionarios y ex funcionarios a través de una institución de asistencia médica colectiva, de una IAMC. Ese fue el mecanismo que se pensó para mantener el beneficio. En virtud de ello, a través del artículo 22 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, votamos tal solución, es decir, mantener el beneficio, pero trasladando su prestación a las IAMC.

Luego, pasamos a comprender con más detalle la situación específica que esto representaba para miles de personas que se asisten en el Servicio Médico de ANCAP; por ejemplo, dada la avanzada edad de muchos de sus ex funcionarios, el cambio implicaba algunas dificultades. Así es que votamos una prórroga de noventa días para el mantenimiento de los servicios médicos, que vence en este mes.

El Senado aprobó el proyecto de ley en consideración, que -justo es reconocerlo- generó numerosas dudas, y nosotros analizamos pormenorizadamente si convenía o no apoyarlo tal como había sido redactado.

Este proyecto de ley tiene la ventaja de establecer la obligación del ente de alinear los costos al monto que paga el Banco de Previsión Social por la asistencia médica contratada para los beneficiarios activos en las instituciones de asistencia médica colectiva. Por tanto, a través del proyecto en consideración se está logrando el objetivo de bajar los costos que se pagan por la asistencia médica en los entes autónomos, de acuerdo con el interés de reducir los costos del Estado.

En virtud de eso, recibimos un informe del señor Ministro de Economía y Finanzas de la época, en el que se señalaba que este proyecto de ley no establece la obligación de prestar el servicio, sino una facultad, que los organismos pueden -aunque no deben- continuar desempeñando. El ejercicio de tal facultad se condiciona a que se reduzcan los costos de los servicios en el equivalente que habría de pagarse a una mutualista por el sistema del Banco de Previsión Social.

Todos estos elementos nos generaron diversas inquietudes a analizar acerca de la conveniencia o no del proyecto. Es evidente que se alcanza el objetivo de bajar los costos y el de que quienes reciben una asistencia médica la sigan recibiendo por los mecanismos que vienen utilizando, sin tener que cambiar de institución, lo cual, teniendo en cuenta la avanzada edad de algunas de las personas que se atienden en el Servicio Médico de ANCAP, sería de suma complejidad. Sin perjuicio de ello, seguimos considerando que el mecanismo más lógico es que haya instituciones especializadas, como las IAMC, a fin de atender a tal colectivo.

Es cuanto queríamos manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: como se dijo recientemente, en oportunidad de analizarse la Rendición de Cuentas correspondiente a 2001 se votó el artículo 22 del proyecto que luego se convirtiera en la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, por el que se disponía la supresión de los servicios "médicos, asistenciales y odontológicos propios destinados a brindar asistencia a sus funcionarios, ex funcionarios y/o familiares de los funcionarios".

Además, se fijaba un valor máximo a pagar por los entes comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República por cada beneficiario, que, tal como lo expresa el artículo, "no podrá superar el importe que paga el Banco de Previsión Social por la asistencia médica contratada para los beneficiarios activos".

Debemos recordar que el Banco de Previsión Social paga un promedio del 85% del valor de las cuotas mutuales por asistencia a los beneficiarios activos. Por lo tanto, con ese porcentaje se verían perjudicados los funcionarios de los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República.

En esa oportunidad, nosotros votamos negativamente el artículo 22 por entender que no se podía despreciar ni dejar de tener en cuenta servicios médicos y odontológicos que durante muchas décadas fueron utilizados en distintos entes, como por ejemplo ANCAP, el Banco de la República Oriental del Uruguay y el Banco Hipotecario del Uruguay.

Es necesario tener en cuenta la situación que vive el país desde el punto de vista de la salud pública; que, en muy poco tiempo, más de 200.000 uruguayos se tuvieron que borrar de las mutualistas por no poder pagar la cuota o los tiques, y que Salud Pública tiene tremendas carencias que todos conocemos. Recientemente, en el conflicto de treinta y tres días de duración de los médicos y funcionarios de Salud Pública con el Poder Ejecutivo, a raíz de un aumento salarial que se solicitaba y que la sociedad en su conjunto entendía absolutamente justo, ya que estaban percibiendo salarios de $ 2.500 o $ 3.000, se vio con claridad esa problemática, que se refleja en los distintos hospitales y policlínicas del país, ya sea en Montevideo, Rivera, Florida o Rocha, por falta de medicamentos.

Hace pocos días estuvimos en la ciudad de Florida, donde una comisión de usuarios del hospital nos habló de la problemática que allí se vive por la falta de medicamentos; y considero -según las distintas opiniones que he recibido a lo largo y ancho del país- que las carencias son tremendas en casi todos los hospitales.

Esta situación ya existía en setiembre de 2002. Considerando esos elementos objetivos, nosotros entendimos que no podíamos desmantelar los servicios médicos y odontológicos de los entes comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República, porque con ello se aumentaría la demanda de los servicios de Salud Pública, que ya ha hecho explosión y está saturada por la problemática social y económica que viven miles y miles de uruguayos.

Por ese motivo votamos negativamente el artículo 22 de la Rendición de Cuentas de 2001.

Antes de ingresar a la Cámara de Representantes, en 1990, yo presté funciones por varios años en el Banco de la República Oriental del Uruguay, y puedo decir que la tarea cumplida por la clínica médica y por la clínica odontológica de esa institución ha sido excelente desde siempre y solucionaba o trataba de atenuar la problemática que ya en aquel momento padecían algunas mutualistas. La tarea de las clínicas médica y odontológica del Banco de la República ha sido un verdadero ejemplo.

Igualmente, ha sido importante la función cumplida en lo relativo a la atención de los funcionarios, de los jubilados y de los familiares de los funcionarios del Banco Hipotecario del Uruguay. Y lo mismo se puede decir de la función prestada, por ejemplo, en el ente autónomo ANCAP. Tal como dijo el señor Diputado Patrone en su informe, todos sabemos que el Servicio Médico de ANCAP tiene cincuenta y cinco o cincuenta y seis años de existencia; que para su gestación también hicieron su esfuerzo los trabajadores, a través de aportes salariales; que los funcionarios o jubilados pagan determinado tique para aportar a la subvención del gasto médico y que desde siempre ha existido un convenio colectivo entre los funcionarios y el Directorio de ANCAP para mantenerlo. Además, en su oportunidad, el Servicio Médico de ANCAP fue apoyado por un estudio de economistas del Sindicato Médico del Uruguay, quienes propiciaron su viabilidad.

Concretamente, no solo los trabajadores y jubilados de los distintos entes comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República están reivindicando el mantenimiento de estos servicios, sino que una institución sumamente capacitada como el SMU, con técnicos muy valiosos a nivel nacional e internacional, ha establecido que es posible mantenerlos en la medida en que se ajusten los costos y se haga determinada reestructura. También tenemos que mencionar: antes de que se votara la ley de Rendición de Cuentas de 2001, de 18 de setiembre del 2002, ya se habían realizado, no solo por parte de los servicios sino por otra gente muy capacitada, estudios acerca de la manera en que se podían reducir los costos, tanto en ANCAP como en el Banco Hipotecario del Uruguay o en el Banco de la República Oriental del Uruguay. Lamentablemente, tampoco se tuvo en cuenta esos estudios, serios y responsables, y se terminó votando por mayoría el artículo 22 que mencioné y que nosotros no acompañamos.

En consecuencia, creo que ha llegado el momento de aprobar esta propuesta que nos hace llegar el Senado, que, según la información que recibimos en la Comisión de Presupuestos de esta Cámara, fue votada por unanimidad. Es decir que todos los sectores políticos del Senado aprobaron el proyecto de ley que en este momento estamos considerando.

Además, como decía el señor Diputado preopinante, en oportunidad de considerarse el tema en la Comisión de Presupuestos, el ex Ministro de Economía y Finanzas, doctor Alejandro Atchugarry, envió una nota a la Presidencia de la Comisión en la que manifestaba que no se oponía al proyecto que se había aprobado en el Senado. Tanto es así que, por ejemplo, dice: "Por tanto, no se establece una obligación de prestar el servicio, sino una facultad, ya que los organismos 'pueden' continuar y no 'deben' continuar". Es decir que está en concordancia con lo establecido en el artículo 2º del proyecto, que dice que "[...] podrán continuar con la prestación directa de sus servicios médicos asistenciales y odontológicos [...]".

La nota del doctor Atchugarry continuaba diciendo: "Por demás, claramente, se condiciona el ejercicio de tal facultad a que se reduzcan los costos de los servicios al equivalente al precio que habría de pagarse a una mutualista por el sistema del Banco de Previsión Social". Y, finalmente, expresa: "Sin perjuicio de lo cual, en términos estrictamente económicos el proyecto supone una muy fuerte reducción de costos para ser aplicable, la que en caso de lograrse constituye un objetivo a favor de los servicios".

Entonces, cuando tenemos un proyecto que ha sido votado por todos los sectores políticos por unanimidad y cuando contamos con un informe del ex Ministro de Economía y Finanzas -en funciones en momentos en que se analizó el tema- que expresa lo que acabo de leer, no creo que haya objeciones para aprobarlo.

Además, varios señores legisladores -creo que de todos los sectores políticos- hemos insistido con el señor Presidente, y este ha sido receptivo en cuanto a nuestro planteo, en el sentido de que el tema tenía que tratarse hoy, de cualquier manera, porque el plazo de la prórroga que oportunamente votó el Parlamento en cuanto al funcionamiento de los servicios vence el 23 de setiembre. Por lo tanto, entendemos que la Cámara de Diputados hace bien en votar este proyecto en el día de hoy, y considero que, siendo coherentes con lo actuado por el Senado -donde también hay representantes de los distintos sectores políticos-, este proyecto debe resultar aprobado por unanimidad.

Podría extenderme más sobre el tema, pero, sobre todo, me interesa que sea considerado y votado en el día de hoy, con la gran esperanza de que el Poder Ejecutivo acepte lo que resuelve el Poder Legislativo, porque se han hecho estudios profundos acerca del tema. Y ojalá que en los próximos días no nos llevemos alguna sorpresa, al aparecer alguna resolución que vaya a contrapelo con lo que va a resolver hoy la Cámara de Diputados y ya aprobó hace muy pocas semanas el Senado.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado Amen Vaghetti.

SEÑOR AMEN VAGHETTI.- Señor Presidente: en el momento en que se presentó este proyecto de ley en el Senado, nuestro sector, el Foro Batllista, analizó el tema en una reunión de bancada de Diputados y Senadores, y llegamos a la conclusión de que por medio de él subsanábamos algunos aspectos que, obviamente, serían perjudiciales en ciertos entes que prestan asistencia médica y odontológica. El caso más emblemático es el de ANCAP, donde hay un buen servicio.

Entendemos que mediante este proyecto de ley vamos a subsanar ese error. Por lo tanto, solo quiero decir que nuestro sector va a apoyar este proyecto de ley, que entiende que es justo, que beneficia a los funcionarios y a servicios médicos que pueden ser perfectibles, tal como lo dispone algún artículo. En definitiva, entendemos que estamos haciendo justicia.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado Ronald Pais.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señor Presidente...

SEÑOR DÍAZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: estuvimos trabajando sobre el tema porque se trató en nuestra Comisión, y simplemente queremos señalar que vamos a votar afirmativamente este proyecto que viene aprobado por el Senado.

Creemos que es un proyecto que dispone un hecho positivo y que marca una evolución favorable en este sentido. Nosotros pensamos que no puede ser -no es lógico- que los distintos organismos tengan servicios médicos por los que gasten ilimitadamente y que se conformen bolsones de población que tengan un servicio médico de mayor jerarquía o de mayores posibilidades que otros sectores de trabajadores. Pero, vistas las dificultades que tenemos en esta materia en el día de hoy, es natural que, por un lado, busquemos mejorar esa situación de costos -que, en definitiva, siempre van a parar a los usuarios de los distintos servicios médicos- y, por otro lado, tratemos de no cortar abruptamente este tipo de servicios porque se daría una situación que crearía incertidumbre y dificultades a sectores importantes de la población.

Pensamos que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, que este es un buen proyecto y que, por sobre todas las cosas, el hecho de seguir votando prórrogas llevaría a no tomar una línea de progreso que sea constructiva en esta materia.

En definitiva, en el entendido de que alinear significa que los costos no pueden sobrepasar los que paga el Banco de Previsión Social por asistencia médica -parece que esto es claro y que debe ser interpretado de esa única forma-, nosotros vamos a votar afirmativamente este proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Puede continuar el señor Diputado Ronald Pais.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señor Presidente: nos congratulamos de que la Cámara trate este proyecto de ley porque, como bien señalaba el señor Diputado Díaz, las sucesivas prórrogas para resolver una situación que todos estamos de acuerdo en corregir, no son convenientes.

En definitiva, este proyecto pasa por mantener un servicio que iba a ser sustituido con la finalidad -que perseguía el Poder Ejecutivo y que nosotros compartimos- de tratar de unificar en el largo plazo la prestación de servicios médicos en el país. La multiplicidad de prestaciones médicas por diversas instituciones o con distintos alcances no contribuye a la eficacia y a la eficiencia del sistema. Por ello, tampoco compartimos algunas apreciaciones de carácter general que se han hecho en Sala sobre la crisis o las situaciones caóticas de la salud pública, en las que no creemos. Sí creemos que hay deficiencias y una cantidad de dificultades que debemos tratar de superar, pero también pensamos que Uruguay tiene, en términos comparativos con distintos países de América Latina y del mundo, una cobertura de salud pública muy importante, que ocupa un alto porcentaje del Presupuesto Nacional.

Concretamente, lo que se intentaba a través del artículo que hoy estamos corrigiendo, era sustituir una prestación médica propia de ANCAP, que tenía una larguísima tradición, por otra que trataba de unificar la prestación de los servicios médicos. Evidentemente, los cambios hay que hacerlos para mejorar. Por ello, una vez aprobada la norma correspondiente, comenzamos a tener entrevistas, en primer lugar, con distintos Directores de ANCAP; en segundo término, con la Federación de Funcionarios de ANCAP -a la que también recibimos- y, por último, con el Sindicato Médico del Uruguay, que nos trajo un análisis de la situación del servicio médico. Esto motivó que luego mantuviéramos entrevistas en ANCAP con distintas jerarquías que nos dieron un panorama claro de cómo se venía evolucionando hacia una reducción de costos y acerca de la importancia social que tenía este servicio.

Advierta, señor Presidente, que al 31 de diciembre del año pasado, en Montevideo los activos beneficiarios del sistema eran 1.783 y los pasivos, 2.853, lo que totalizaba 4.636 beneficiarios. En el interior eran 668 activos, 1.066 pasivos y 17 residentes, lo que totalizaba 1.751 beneficiarios más. Es decir que la cifra total era de 6.387 beneficiarios. En definitiva, a fines de 2002, esto insumía $ 100:284.000; la medicina asistencial era la más representativa, con $ 73:000.000, la medicina preventiva representaba $ 1:842.0000, y la odontológica, $ 3:202.000. Estos datos corresponden a Montevideo. En el interior, el total era de $ 21:648.000, porque allí la asistencia médica se contrata con las instituciones de asistencia médica colectiva, sin perjuicio de que la atención de la medicina preventiva se hace por el servicio de ANCAP.

Todo esto nos estaba dando la pauta de que aquí había un universo muy importante de beneficiarios y que, además de cubrir a los beneficiarios activos, el servicio médico de ANCAP cubría a los pasivos, siguiendo no solo con una tradición sino con un enfoque adecuado de cómo una institución puede dar cobertura a sus funcionarios luego de que se retiran de la actividad. Sin duda, el pasaje a algo que no iba a ser mejor, o que no podía demostrarse que fuera a serlo, era una decisión cualitativamente errada. El motivo cuantitativo, que era la reducción de costos, podía lograrse, en base a todas las consultas que se realizaron, alineando los costos con lo que razonablemente podía ser la alternativa. De eso se empezó a hablar y se nos mostró la evolución que había tenido el Servicio Médico con esa reducción de costos y la mejora de su eficiencia. Obtuvimos testimonios de toda clase acerca de los cincuenta y cinco años de trayectoria de un Servicio Médico realmente excelente, que ha brindado a entera satisfacción de sus beneficiarios algo que debe mantenerse hasta que seamos capaces de cambiarlo -tal vez en un futuro- por un sistema que asegure que será para mejorar y no para empeorar.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la tradición del servicio, el universo que abarca y la evolución en la reducción de costos, creíamos entonces y creemos ahora que el servicio médico y odontológico prestado -en este caso, específicamente por ANCAP, pero cuyas características podrían ser trasladables a algún otro organismo que ha recibido solución por otra vía- debe ser mantenido, y para ello hay que buscar una solución legal.

Cuando en la Cámara de Diputados estábamos abocados a elaborar una iniciativa al respecto, nos enteramos del avance que en el Senado se estaba produciendo en lo que tiene que ver con un proyecto que en su momento presentara el señor Senador Larrañaga. Luego, los distintos Partidos políticos intercambiaron ideas e hicieron aportes sobre este tema; el texto ya tiene media sanción y nosotros lo ratificaremos con nuestro voto en el día de hoy. Como expresó nuestro compañero de bancada, el señor Diputado Amen Vaghetti, esta es una postura de toda la bancada del Foro Batllista y, por lo tanto, acompañaremos con nuestro voto el mantenimiento de este servicio, congratulándonos de que algo que ha sido tan satisfactorio y positivo para sus beneficiarios no se elimine sin que haya una alternativa que, como ya dijimos, represente una mejoría sustancial.

En todo caso, siempre vamos a aprobar un cambio, siempre vamos a aprobar una unificación de servicios, cuando sirva para mejorar la situación de la gente y no para empeorarla.

SEÑOR AMARO CEDRÉS.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR AMARO CEDRÉS.- Señor Presidente: pensábamos anotarnos en la lista de oradores, pero sentimos que las palabras del señor Diputado Ronald Pais reflejan nuestro pensamiento. Queremos solamente agregar que este proyecto tuvo respaldo unánime en la Cámara de Senadores. Lo vamos a apoyar porque conocemos profundamente el excelente servicio que en este sentido ANCAP presta a sus funcionarios. Creemos que este servicio opera con eficiencia y con una calidad destacada. Por lo tanto, vamos a apoyar este proyecto que -reitero- viene con el respaldo unánime del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Puede continuar el señor Diputado Ronald Pais.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señor Presidente: quiero mencionar algo anecdótico que me sucedió cuando entraba en el edificio de ANCAP para mantener una entrevista con los Directores y distintos jerarcas de esa empresa estatal.

En la puerta me encontré con una vieja amiga, la señora Palmira Zuluaga, quien me preguntó el motivo de mi presencia allí. Yo le dije: "Vengo a ANCAP por el tema de los servicios médicos". Entonces, ella me expresó: "El Servicio Médico de ANCAP me salvó la vida". Yo, que conocía lo que le había pasado pero no quién la había atendido, me sentí conmovido por esto que no debe ser un caso aislado; seguramente muchos de estos seis mil beneficiarios pueden dar testimonio de lo que puede haber ayudado en su vida y en la preservación de su salud este Servicio Médico que estamos contribuyendo a mantener.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado Argenzio.

SEÑOR ARGENZIO.- Señor Presidente: brevemente, quiero manifestar que estamos de acuerdo con las opiniones vertidas por los señores Diputados preopinantes; estamos de acuerdo con el informe y con este proyecto de ley.

Voy a hablar en nombre del Partido Nacional, que está de acuerdo con esta iniciativa, por la cual se deroga el artículo 22 de la Ley Nº 17.556, que, como todos han escuchado, prevé la "supresión de los servicios médicos, asistenciales y odontológicos propios destinados a brindar asistencia a sus funcionarios, ex funcionarios y/o familiares de los funcionarios" de los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución.

También es importante destacar lo que establece el artículo 2º de este proyecto de ley en lo que tiene que ver con la reducción de costos -a lo que ya se ha hecho referencia en Sala- y con la ampliación de los servicios. El artículo 2º establece que "podrán continuar con la prestación directa de sus servicios médicos asistenciales y odontológicos propios [...] debiendo alinear los costos de la prestación de dichos servicios al importe que paga el Banco de Previsión Social por la asistencia médica contratada para los beneficiarios activos en las instituciones de asistencia médica colectiva". Quien habla sabe de los beneficios de estos servicios médicos y odontológicos de los organismos incluidos en el artículo 221 de la Constitución -el Banco Hipotecario, el Banco de la República Oriental del Uruguay, etcétera-, pero conoce más en profundidad la eficiencia y eficacia del servicio médico y odontológico de ANCAP. Como muy bien se dice en el informe, ha sido creado hace cincuenta y cinco años y surgió -esto es lo interesante- de la negociación entre el Directorio y los trabajadores del ente, quienes cedieron parte de los salarios que les correspondían por ley para financiar la creación de ese excelente servicio médico y odontológico, cubriendo no solo a gran cantidad de beneficiarios en actividad, sino a muchísimos jubilados de ANCAP.

Este proyecto de ley implica una adecuación y un ajuste para los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución en cuanto a las prestaciones médicas y odontológicas, así como -esto es importante- con relación a los usuarios, pero además significa mantener un tipo de servicio de atención especializada, evitando la desprotección de sus actuales beneficiarios. Por eso, la bancada del Partido Nacional acompañará este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado Dicancro.

SEÑOR DICANCRO.- Señor Presidente: me sería más fácil y más grato decir que voy a votar afirmativamente este proyecto de ley, porque resultaría más simpático para todos, y en particular para la barra que tenemos el honor de que hoy nos acompañe. Sin embargo, debo decir que no podría avalar con mi voto un proyecto de esta naturaleza cuando durante más de tres lustros, como representante de la Organización Mundial de la Salud, he estado diciendo a los Gobiernos de los países que hicieran todo lo contrario, que unieran sus servicios. Por más que respeto el hecho de que el Servicio Médico de ANCAP sea excelente, y por más que entiendo que hay un acostumbramiento de los funcionarios, de los ex funcionarios y de sus familiares con el médico y el servicio, desde el punto de vista de la organización del servicio de salud de un país considero que no es conveniente que haya servicios fraccionados, uno para el Banco de Seguros del Estado, otro para ANCAP, otro para OSE, otro para el Puerto, otro para UTE, otro para ANTEL, etcétera.

Pienso que llegará el día en que en esta Sala se vote realmente a conciencia por un servicio médico único para todo el país, a fin de que los demás ciudadanos tengan el mismo derecho que los honorables funcionarios de ANCAP, que gozan de un buen servicio de salud. Debo decir esto por encima del mandato que nos da el hecho de que el Foro Batllista haya decidido votar afirmativamente este proyecto. Lo debo decir porque está en contra de mis convicciones personales, está en contra de lo que he hecho durante más de quince años, representando a la Organización Mundial de la Salud y patrocinando la idea de que los servicios deben unirse y deben ser mejores.

Por lo tanto, respetando profundamente la calidad del servicio de ANCAP...

SEÑOR IBARRA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR DICANCRO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR IBARRA.- Gracias, señor Diputado.

Señor Presidente: hemos escuchado la opinión del señor Diputado preopinante en la Comisión de Presupuestos, sobre todo por la experiencia sin duda muy valiosa que habrá tenido en la Organización Mundial de la Salud durante quince años. Sin embargo, modestamente considero que lo que plantea el señor Diputado podría darse en el entorno de colectivizar el servicio de salud a nivel nacional, es decir, a través de un servicio único de salud que algunos técnicos y algunos sectores políticos están planteando desde hace mucho tiempo.

Cuando vemos la desigualdad que existe en cuanto a la atención de la salud, que determinada cantidad de personas puede atenderse en servicios mutuales de alta especialización, otras pueden hacerlo en servicios mutuales comunes, otras en policlínicas de Intendencias Municipales y otras en hospitales de Salud Pública, entendemos que no están dadas las condiciones para desmantelar un servicio que durante décadas ha sido sumamente eficiente, ya sea en ANCAP, en el Banco de la República o en el Banco Hipotecario del Uruguay. Esa es la discrepancia profunda que tengo con el señor Diputado, en el sentido de que ese tipo de modificaciones debe hacerse en el entorno de una reestructura profunda del servicio de salud a nivel nacional, situación que no está planteada a través de este proyecto de ley o de lo manifestado por el señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Puede continuar el señor Diputado Dicancro.

SEÑOR DICANCRO.- Señor Presidente: me parece muy atendible la exposición del señor Diputado. Como señala, he expresado el mismo concepto en la Comisión respectiva y lo voy a expresar en todos los ámbitos en que me encuentre, porque estoy convencido de ello.

Considerando que el servicio de ANCAP es un modelo que debemos seguir, si un día no comenzamos a hacer los cambios, no los haremos nunca. ¡Este es un país en el que nada se puede hacer porque nada se puede tocar! ¡Nada se puede modificar! ¡Casi no necesita gobierno! ¡Todo tiene que seguir como está! Yo creo que sí podemos modificar las cosas; creo que es necesario hacerlo. El hecho de que el Servicio Médico de ANCAP sea bueno no quita que el servicio de las IAMC o que el servicio mutual no lleguen a serlo con el aporte, inclusive, de los técnicos que tiene el ente. Reconozco que hay un evidente acostumbramiento no solo de los funcionarios sino de los ex funcionarios y de sus familiares a su médico, pero ese mismo médico puede atenderlos en otra institución.

Estoy convencido de que voy a votar en solitario. Hoy, en el Parlamento, no existe una opinión favorable a unificar estos servicios, pero sin duda existirá en el futuro. No quepa ninguna duda de que un día los legisladores votarán para que todos esos servicios estén a favor de la comunidad y no solamente de los funcionarios de una institución.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado Gil Solares.

SEÑOR GIL SOLARES.- Señor Presidente: me parecía imposible que tocando este tema no surgiera el concepto de un servicio nacional de salud. Me parece que aquí y ahora hay que apoyar la derogación del artículo 22 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002. No cabe la menor duda.

Concuerdo con el señor Diputado Dicancro. Creo que es imprescindible que en algún momento lleguemos a que todos los orientales, desde el más humilde hasta el señor Presidente de la República, se atiendan de la misma manera en materia de salud. Pero ese objetivo solo vamos a lograrlo cuando implementemos un seguro nacional de salud que administre un servicio nacional integrado, para que de esa manera no existan diferencias entre algunos ciudadanos que son privilegiados y otros que no son, precisamente, privilegiados; me refiero a todos aquellos que deben recurrir a la Asistencia Pública Nacional de antaño, hoy Ministerio de Salud Pública.

De tal manera que también hacemos votos para que llegue el día, lo más pronto posible, en que ese dichoso servicio nacional de salud integrado esté en actividad y beneficie por igual a todos los ciudadanos.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: escuchando muchos de los planteamientos realizados en Sala y en atención a la manifestación de la voluntad de voto que han hecho distintos sectores políticos, uno se pregunta hasta cuándo el sistema político uruguayo seguirá actuando en función del poder de las corporaciones. ¿Hasta cuándo va a consagrar situaciones de privilegio para unos y va a dejar en situaciones de mala atención a otros?

Se hablaba por parte de algunos señores legisladores de la necesidad de un sistema nacional de salud. De eso se habla hace bastante tiempo. Pero la realidad es que la salud está en crisis y que este sistema político ha eludido reiteradamente enfrentar los distintos poderes corporativos que están detrás de la salud. Ese poder corporativo se vio recientemente en este conflicto, en el que no sabíamos, por ejemplo, a quién representaba el Sindicato Médico del Uruguay, si a los empresarios médicos o a los médicos asalariados. Ese poder corporativo se da en la discusión de hoy, y la mayoría de los señores legisladores votarán por tratar de mantenerlo, derogando la voluntad política que se había manifestado hace un año. ¿Puede tener crédito este Parlamento, este Poder Legislativo, cuando hace un año se hizo una cosa, todos manifestamos determinada intención, y después se termina borrando con el codo lo que se escribió con la mano?

Entiendo claramente la situación de quienes hoy son atendidos por el servicio de salud de ANCAP, que es excelente, pero me pregunto si eso es justo en la realidad del Uruguay de hoy. Se dice que las mutualistas están fundidas. ¿No sería lógico que los funcionarios de ANCAP fueran atendidos por el sistema mutual?

Nosotros vamos a actuar como lo hemos hecho siempre: de acuerdo con la voz de nuestra conciencia, con el convencimiento de que no podemos ceder terreno al poder corporativo, porque el día que lo hagamos terminaremos claudicando. Al fin de cuentas, señor Presidente, en lugar de tener Representantes elegidos por el pueblo, ¿por qué no sentamos acá a las distintas corporaciones, puesto que, en definitiva, cuando se toman determinadas decisiones se actúa en función de sus pedidos? Eso pasará, por ejemplo, en el día de mañana con el tratamiento del proyecto sobre la Caja de Profesionales Universitarios, cuando se vote en función del pedido de la corporación de los magistrados. Al fin de cuentas, señor Presidente, si eso es así, ¿tiene sentido este Poder Legislativo? ¿Tiene sentido un Poder del Estado que no actúa representando los intereses de todos los ciudadanos, sino en función de intereses, de parcelas de poder de funcionarios del Estado, algunos con más poder, otros con menos? ¿Tiene sentido, señor Presidente? Quizás, cuando nos contestemos esa pregunta estaremos dando una respuesta que consolide un sistema político; mientras tanto, será muy difícil.

SEÑOR DÍAZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR POSADA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: vengo siguiendo, con la misma atención de siempre, la exposición del señor Diputado Posada y concuerdo plenamente con sus opiniones de fondo. Lo que ocurre en este caso particular es que con relación a la situación preexistente a que votáramos la norma presupuestal vigente -en aquella oportunidad hubo una mayoría y muchos de nosotros la votamos con entusiasmo-, aprobando este proyecto estaremos dando un paso positivo; por lo menos, estaremos limitando el gasto.

Comparto que el concepto de que el Servicio Médico de ANCAP consagra una gran injusticia, en la medida en que los funcionarios del ente, por intereses corporativos, gozan de un privilegio que no tienen el resto de los funcionarios ni los demás ciudadanos del país. De este modo, por lo menos, estamos dando un paso positivo, que es limitar el gasto que ANCAP hace para atender a cada uno de los funcionarios. La política a veces es, por encima de todo, andar en el camino correcto, y creemos que con este proyecto de ley estamos funcionando en ese sentido y con ese objetivo. Pensamos, francamente, que eliminar de un plumazo todos los servicios médicos -para mí es lo deseable- no es un objetivo que se pueda cumplir en forma tan radical en estas circunstancias.

Quería señalar esto por el respeto que me merecen las opiniones del señor Diputado Posada.

Además, el tema no es tan sencillo. Si se dice que las mutualistas están fundidas, ¿no sería lógico incorporar a los funcionarios de ANCAP al régimen mutual? ¿Por qué no? Porque se acrecentarían los problemas financieros del sistema mutual, puesto que los funcionarios que se transferirían a este régimen, por razones de promedio de edad, resultarían deficitarios desde el punto de vista de la prestación de servicios.

Es un problema que tiene sus dificultades. Comparto lo manifestado en cuanto a que estamos ante un privilegio corporativo que tiene determinado grupo de funcionarios por encima de otros y del resto de los ciudadanos, pero creo que con este proyecto de ley estamos haciendo un progreso y estamos dando un paso correcto. Y es el paso que podemos dar en esta materia.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Puede continuar el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Continúo, señor Presidente.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR POSADA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señor Presidente: también seguí con atención la intervención del señor Diputado Posada, quien sabe que siento por él un profundo respeto intelectual, porque realiza aportes realmente interesantes cada vez que hace uso de la palabra. Podremos compartirlos o no, y en este caso no los compartimos. No sentimos ni creemos que estemos defendiendo algún privilegio de alguna corporación.

Adoptamos esta decisión pensando en un universo de personas que reciben un buen servicio y, en aras de una racionalización general, no se está proponiendo otro servicio bueno o mejor sino, en todo caso, uno peor. Y con eso no estamos de acuerdo. Acá tenemos la bendita virtud, señor Presidente, de desmontar las cosas que están bien para sustituirlas por otras que no funcionan tan bien.

Compartimos -lo dijimos al principio- el criterio y la concepción que expresara el señor Diputado Dicancro, en el sentido de que debemos caminar hacia la unificación máxima posible en la prestación de servicios médicos y de que no podemos tener una multiplicidad de servicios médicos porque eso -lo dijimos también- conspira contra la eficiencia y la eficacia. Pero en lo que no estamos de acuerdo es en dejar que más de seis mil personas que tienen un buen servicio lo sustituyan por otro del que no hay ninguna garantía de que funcione mejor. Si la principal razón para hacer ese cambio es la económica, la del costo, aquí la estamos atendiendo. Si tenemos en cuenta que en el año que ha transcurrido -y tal vez en menos tiempo- ha habido un esfuerzo de racionalización y de evolución hacia una reducción del gasto del servicio y acá se va a gastar lo mismo, ¿por qué desmontar lo que funciona bien?

Estamos de acuerdo en que todos los trabajadores deberían tener un servicio médico como el de ANCAP. Apuntemos a eso, pero mientras tanto no eliminemos el buen servicio que tiene un sector de los funcionarios públicos, arguyendo que queremos uno igual para todos, porque es la eterna disyuntiva de igualar para abajo sin ninguna ventaja en el saldo final, y en eso no estamos de acuerdo.

La razón por la que apoyamos esto no es la de defender ninguna corporación ni privilegio; simplemente, queremos que si hay una evolución en la prestación de los servicios de salud en general, se haga en forma ordenada. No hay nadie que pueda garantizar que si eliminamos este servicio que funciona muy bien -eso nadie lo discute- para estos funcionarios y pasivos, lo vamos a sustituir por uno que funcione igual o mejor. De eso se trata: cuando estemos en condiciones de ofrecer eso, entonces, hagamos el cambio; antes, no.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Puede continuar el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: cuando llegue el día que anuncia el señor Diputado Ronald Pais, seguramente el país será otro. Pero este país de hoy tiene recursos escasos y se trata de dar el mejor servicio a todos, administrando recursos escasos.

Lamentablemente, en la jornada de hoy el Parlamento hace una demostración más de que está dispuesto a sucumbir ante determinados planteos. Hace un año votó una cosa y hoy, con los mismos argumentos, termina votando otra. Pero así son las cosas y claro está que, respetuosos de un sistema democrático, nos rendimos ante las mayorías, que, en definitiva, son las que resuelven.

SEÑOR PATRONE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR PATRONE.- Señor Presidente: quisiera recordar que en el artículo 2º de este proyecto de ley queda claramente establecido, a través de la expresión "podrán continuar", el carácter facultativo de la norma. En ese sentido, los servicios podrán continuar en la medida en que sea necesario que continúen o en que su prestación sea imprescindible.

Por otra parte, cuando el artículo 2º establece que se deben alinear los costos, no estamos determinando una situación de privilegio con relación a nadie ni con ningún otro sistema. Es lo mismo que si se volcara a cada funcionario el equivalente y debiera ser asistido en las instituciones de asistencia médica colectiva o a través de otro tipo de asistencia. De alguna manera, el artículo 2º está estableciendo claramente estos dos aspectos. Si en algún momento es necesario suprimir la prestación de los servicios, establece esa posibilidad; asimismo, dispone la alineación de los costos, lo que despeja cualquier duda acerca del significado de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado Yanes.

SEÑOR YANES.- Señor Presidente: voy a ser muy breve. En el calor que pone el señor Diputado Posada en la discusión política, a veces se pueden deslizar -como me parece que sucedió hoy- algunas acusaciones demasiado gruesas que yo me veo en la necesidad de rechazar, así como las generalidades que hizo en su planteo.

Como a buen entendedor pocas palabras bastan, solo voy a decir que rechazo absolutamente que se indique a mi Partido cómo debe votar y a qué intereses debe representar. Si el señor Diputado Posada pretende entablar una discusión y que hagamos una lista con lo que él ha votado en su vida para saber a qué intereses respondió, lo dejaremos por ahí. Pero no podemos quedarnos callados cuando se acusa al Parlamento de una cosa así. Si tiene algo que decir, que diga con nombre y apellido a qué sectores políticos se refirió. Quedarse callado habiendo quedado constancia de ello en la versión taquigráfica, significaría que esa acusación es de recibo, y no es así.

Muchas gracias.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: la referencia estaba hecha a todos los sectores políticos que acompañan este proyecto de ley, algunos siendo consecuentes con lo que votaron en oportunidad de la discusión de la Rendición de Cuentas, pero otros -como dije- borrando con el codo lo que escribieron con la mano. Al que le quepa el sayo, que se lo ponga.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Léase el artículo 2º.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en setenta y siete: AFIRMATIVA.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: he votado afirmativamente este proyecto de ley, que creo que corrige un error cometido cuando se votó el artículo 22 de la Ley Nº 17.556. Digo esto porque cuando se transforma hay que hacerlo de manera sistémica, hay que ver el conjunto de lo que se transforma. Yo, que fui formado en la salud y creo tener una idea de cuál es el lugar y la dirección de las transformaciones, entiendo que en esta materia hay que discutir cuál será la equidad del sistema de financiamiento, el nivel de las coberturas y su extensión, es decir, una infinidad de aspectos que en el fundamento de voto no correspondería plantear.

Desde ya aclaro, con la barra llena, sin ningún tipo de complejo, que el día en que haya un sistema nacional de salud elimino los servicios médicos de todos lados; nobleza obliga a decir las cosas.

Ahora, debemos reconocer que la transformación se hizo pura y exclusivamente pensando en una mecánica economicista; se hizo solo para acotar parte de la carga y de los costos con un sentido absolutamente economicista, sin darse cuenta de las consecuencias que esto provocaría. Cerca del 70% de la población que se cubre son jubilados, y su promedio de edad es de setenta y un años; si introducimos esa ecuación económica en el sistema mutual, se lo termina desbalanceando económicamente y no se asegura en absoluto el mantenimiento del nivel de prestaciones ni la calidad que ofrece la actual cobertura.

Entonces, hoy estamos corrigiendo el error que se cometió al aprobar la Ley Nº 17.556 con un criterio absolutamente economicista, sin ver el conjunto de las transformaciones en materia asistencial y de cobertura para un sistema. Por lo tanto, creo que hoy la Cámara hace bien en corregir este error para paliar esta situación.

El día en que se esté en condiciones de discutir las transformaciones del conjunto del sistema -que pasan por analizar la forma de financiamiento y el nivel de las coberturas y de las prestaciones-, podremos, sí, discutir lo que sería contar con un sistema que recoja las mejores tradiciones en materia de salud de este país y ver cómo estuvo parado cada uno en esta instancia.

En esta oportunidad, sin renunciar a las transformaciones, reafirmo que estamos corrigiendo un error a través del cual, por un criterio económico absolutamente menor, la Cámara desconoció la línea de acción y de prestación de un servicio que ya estaba instalado, que funcionaba y satisfacía la demanda de los beneficiarios.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR SCAVARELLI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: hemos votado con satisfacción esta norma.

Es verdad que todos tenemos objetivos superiores y la ilusión de lograr un sistema nacional de salud, pero también es cierto que no podíamos dejar en la incertidumbre a tantos uruguayos que han tenido en estos servicios de salud la tranquilidad de la asistencia sanitaria durante tantos años.

Por lo tanto, vemos con alegría que la Cámara ha procedido con justicia porque, por otra parte, se están nivelando los costos con el régimen generalizado del servicio de asistencia médica, y al mismo tiempo se está llevando tranquilidad a quienes se vienen atendiendo en estos servicios desde hace tantos años, con la satisfacción que les ha dado y -por qué no decirlo- por la propia eficiencia de los servicios de quienes allí trabajan. Dicho de otro modo: organismos específicos que tienen sus propios servicios de salud han dado a sus funcionarios la tranquilidad suficiente como para que puedan desarrollar su actividad con la paz necesaria en un tema tan complejo, sobre todo en aquellas actividades donde existen riesgos específicos propios de la profesión.

Por lo tanto, hemos dado nuestro voto con satisfacción y con convicción.

Muchas gracias.

SEÑOR MOLINELLI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MOLINELLI.- Señor Presidente: hemos votado en forma afirmativa este proyecto, fundamentalmente por las razones expuestas por nuestros compañeros del Foro Batllista, pero sobre todo porque en la situación en que se encuentra todo el sistema de salud del país es importante mantener un servicio que se venía prestando con satisfacción y de una buena forma, debido a los riesgos que hoy existen en el sistema nacional, que debe mejorarse y corregirse. Por lo tanto, en este momento es muy importante continuar con estos servicios que estuvieron prestándose durante tantos años y que fueron suspendidos.

Hace treinta años fui funcionario de ANCAP, tuve oportunidad de conocer de cerca el Servicio Médico y, por lo tanto, puedo corroborar lo que se dijo en Sala en cuanto a la prestación del servicio de este ente.

Por estas razones, hemos votado afirmativamente este proyecto, máxime considerando que en el artículo 2º se establece con mucha precisión que los costos de los servicios deben alinearse con los que se prestan en los demás organismos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en setenta y siete: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

16.-     Designación del señor Representante Falco como Subsecretario de Industria, Energía y Minería.

SEÑORA RONDÁN.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA RONDÁN.- Señor Presidente: voy a ser breve y agradezco la atención de mis compañeros.

Cuando comenzamos esta Legislatura, en el año 2000, precisamente el 15 de febrero, representando a la Lista 15 ingresamos a esta Cámara 15 Diputados. Uno de ellos nos abandona en estos días para ocupar la Subsecretaría de Industria, Energía y Minería. En nombre de la Lista 15, le deseamos el mayor de los éxitos, por un lado, con la alegría que sentimos por alguien que va a iniciar un camino que sin duda será venturoso y, por otro, con la nostalgia de saber que el compañero Diputado Falco nos abandonará y lo vamos a extrañar. No es fácil despedirse de un compañero que uno ha visto crecer, primero, en la militancia, desde muy joven y, después, desde los cargos que ocupó en otros niveles. Quizás mucha gente no sepa que Falco es un hombre muy bien formado dentro de la Administración -fue consultor del BID-, pero no es a eso a lo que en realidad me quiero referir.

Alejandro Falco es un entrañable compañero, un compañero solidario, que siempre está para dar una mano y que en estos tres años me ha acompañado en algunas patriadas que me ha tocado llevar adelante, a veces un poco difíciles. En nombre de la Lista 15, le deseo el mejor de los éxitos porque, sin duda, si el destino es bueno para él, lo será para el país.

Esta Cámara pierde a un excelente Diputado. Pero los caminos y los destinos de los hombres y de las mujeres a veces son inescrutables; no sabemos si en el próximo período no tendremos de nuevo a Jano sentado en una banca.

De todas maneras, Janito: un abrazo muy grande en nombre de todos los compañeros de tu queridísima Lista 15.

Muchas gracias.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Señor Presidente: como alguien que conoce al señor Diputado Falco no solo por ser compañero de Partido, sino también por haber compartido estos cuatro años integrando la Comisión de Legislación del Trabajo, quiero aprovechar esta excelente idea de la señora Diputada Rondán para felicitar a Jano y desearle mucho éxito en su nueva actividad.

Estábamos juntos en la Comisión de Legislación del Trabajo cuando recibió el llamado del señor Presidente de la República para ofrecerle el cargo. Sin lugar a dudas, Jano quería seguir perteneciendo a esta Cámara, pero el destino y el pedido del señor Presidente lo llevaron a ocupar otra posición, que sabrá desempeñar con la misma eficacia y con el mismo ahínco que demostró durante todos estos años en la Cámara de Diputados.

Como no lo puedo acompañar en su asunción, quiero desearle en mi nombre y en el de nuestro sector muchas felicidades y éxitos en el nuevo emprendimiento que tendrá el hoy designado Subsecretario Alejandro Falco.

SEÑOR MOLINELLI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MOLINELLI.- Señor Presidente: consideramos que ha sido muy oportuno el planteo realizado por la señora Diputada Rondán.

Alejandro Falco, además de haber sido nuestro compañero durante estos años en la Cámara y en nuestra bancada del Partido Colorado, es una persona que se ha formado en la Administración, como se ha dicho precedentemente. No solo ha ejercido la diputación en estos años, sino que en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas desempeñó cargos de importancia. Sin lugar a dudas, su formación y su actividad anterior en el seno de la Administración van a ser muy útiles para ejercer este cargo de tanta importancia: la Subsecretaría de Industria, Energía y Minería. Por eso le deseamos el mayor de los éxitos en su nueva función en la que, sin duda, su capacidad va a estar fundamentalmente al servicio del país.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR LEGLISE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LEGLISE.- Señor Presidente: en nombre del Partido Nacional, deseamos el mayor de los éxitos al nuevo Subsecretario. Sabemos que tendremos un amigo en ese Ministerio, por lo que iremos a golpear sus puertas. También sabemos que va a cumplir una muy buena función y lo estaremos esperando aquí, en el Parlamento.

Por tanto, lo felicitamos y le deseamos éxitos en su gestión.

Muchas gracias.

SEÑOR OBISPO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR OBISPO.- Señor Presidente: en nombre de nuestra bancada, queremos saludar al señor Diputado Falco por esta designación. Entendemos que el Ministerio de Industria, Energía y Minería es una Cartera sumamente importante, con la que por nuestra función sabemos que vamos a estar relacionados. Esperamos que la gestión del señor Diputado Falco en la Subsecretaría de un Ministerio tan importante sea eficiente, porque hoy la industria nacional necesita, precisamente, de voluntades para ubicarla en un nivel que nuestro país supo desarrollar durante mucho tiempo.

Por lo tanto, le deseamos mucho éxito y esperamos mantener una fluida comunicación en beneficio de la industria y del país.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: en nombre de la bancada del Partido Independiente, también queremos sumarnos a las felicitaciones al señor Diputado Falco por su designación como Subsecretario de Industria, Energía y Minería. Por cierto, también queremos desearle éxitos en su gestión en un Ministerio que, dadas sus competencias, tiene una importancia fundamental para la reactivación económica en nuestro país.

Por tanto, señor Presidente, reiteramos nuestras felicitaciones y el deseo de éxitos en su gestión.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: por supuesto, deseamos al señor Diputado Falco éxitos en su gestión.

También quiero decir que en este período en el que asume la Subsecretaría, en el Ministerio de Industria, Energía y Minería termina esa situación por la que era una especie de Secretaría de segunda fila, con una única designación. Yo diría que para que el hasta hoy señor Diputado Falco y el señor Ministro tengan éxito en la gestión, se necesita que el país tenga una política industrial y que la industria, realmente, logre salir adelante. De manera que cuando le deseamos éxito al señor Diputado Falco, lo que estamos deseando es que esa cantidad inmensa de gente que trabajó en la industria y que hoy todos sabemos que está sin trabajo, vuelva a tenerlo. Creo que este es el desafío y por eso al desearle éxito estamos, de alguna manera, deseando éxito al país.

17.-     Empresas que fabrican bebidas sin alcohol. (Normas para el control de su actividad).

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Empresas que fabrican bebidas sin alcohol. (Normas para el control de su actividad)".

Prosigue la discusión general.

Estaba en uso de la palabra el señor Diputado Rossi, a quien le restan veintidós minutos de su tiempo.

Puede continuar el señor Diputado.

SEÑOR ROSSI.- Señor Presidente: estábamos analizando este proyecto de ley que tiene que ver con la regulación a aplicar a las empresas que fabrican bebidas sin alcohol. Decíamos que más allá de la evolución tecnológica y del desarrollo de nuevas modalidades que han determinado también que distintas empresas que embotellan bebidas y que producen diferentes tipos de alimentos puedan extenderse, hay elementos económicos que están pesando y empujando a muchos ciudadanos a buscar actividades que les permitan ganar un jornal. Eso ha derivado en actividades económicas que, por cierto, nadie pretende eliminar, pero que sí es necesario regular, en primer lugar, en función del interés de preservar la salud del conjunto de la población. En ese sentido, en el literal A) del artículo 1º de este proyecto de ley se hace referencia al cumplimiento de todos los requerimientos en materia bromatológica exigidos por parte del Ministerio de Salud Pública y de las Intendencias Municipales, cosa que está bien. Se trata de una tarea que, por otra parte, históricamente se realizaba con altibajos, con desniveles en distintas zonas del país, pero que es necesario incrementar, inclusive para procurar atender a las nuevas características que tiene la elaboración de productos alimenticios que se distribuyen en el país.

El literal B) del artículo 1º refiere a otro aspecto que también es compartido, y es que las empresas que se dedican al envasado de bebidas sin alcohol cumplan con sus obligaciones impositivas, paguen al Banco de Previsión Social, a la Dirección General Impositiva y demás. Lo que no compartimos -y con esto retomamos nuestra intervención anterior- es la forma en que este literal expresa el problema. Pensamos que no corresponde establecer la condición de que se disponga de dispositivos de control en las áreas de fabricación y comercialización, porque se supone que si se trata de cumplir con leyes que están vigentes desde tiempo atrás, los dispositivos deben estar creados, por lo que será cuestión de aplicarlos o de buscar los mecanismos que permitan su plena vigencia. No es feliz establecer que deberán disponer de dispositivos de control; eso parece un elemento de discriminación o de diferenciación innecesaria, en función de que habría que hacer un proyecto de ley para cada tipo de actividad productiva a fin de asegurar que se cumpla lo que ya está dispuesto que se debe cumplir.

También adelantábamos en la sesión anterior que, partiendo de la base de que nuestra voluntad es acompañar la iniciativa, pero procurando mejorar su redacción para hacerla -de acuerdo con nuestra percepción- más equilibrada con respecto al papel que debe jugar el Parlamento y a los objetivos que persigue esta iniciativa, ella nos merecía otras observaciones.

En ese sentido, señalábamos que en el artículo 2º se establece que el Ministerio de Economía y Finanzas será el encargado de publicar la nómina con las bebidas cuya marca corresponda a empresas autorizadas. Sinceramente, más allá de algunos argumentos que se nos han hecho llegar en el sentido de que el Ministerio de Economía y Finanzas estaría en mejores condiciones para disponer de los recursos necesarios a los efectos de cumplir esta función, nos parece que eso, claramente, no es competencia de la mencionada Cartera. Creemos que es una función que corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y si este no se prepara, si no tiene los recursos y no puede contar con los instrumentos necesarios para llevar adelante la función que determina este artículo, entonces lo que nos tendríamos que plantear es si se justifica que el Ministerio de Industria, Energía y Minería siga funcionando así.

Recién le augurábamos al señor Diputado Falco éxito en el cumplimiento de su nueva función, deseando, al mismo tiempo, que su actividad sea buena para el conjunto del país, ya que el bienestar general pasa por el fortalecimiento del Ministerio de Industria, Energía y Minería y por la articulación de las medidas y de los instrumentos que permitan cumplir, por ejemplo, esta función. Y creo que en esta época no es necesario mucho más que contar con un par de funcionarios y con un equipo de computación para poder llevar estos registros que, desde luego, se alimentarán de las habilitaciones que promuevan el Ministerio de Salud Pública y las Intendencias, y también de las comunicaciones que la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social seguramente le van a hacer llegar a dicha Secretaría de Estado para confeccionar este listado de empresas habilitadas.

Por último, queremos referirnos al inciso final del artículo 2º, que es la tercera observación que queríamos hacer. Este último párrafo dice: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la tenencia de bebidas en infracción, ya sea por parte de la empresa fabricante, sus distribuidores, transportistas o quienes las enajenen al público, determinará la aplicación de una multa al tenedor de hasta cien veces el Impuesto Específico Interno que correspondería aplicar a una bebida similar a aquella respecto a la que se constató la infracción".

Todos entendemos que hay una preocupación por establecer una sanción que desaliente la comercialización de bebidas que no estén habilitadas, y el peso de una multa de hasta cien veces significa desalentar a aquellos que fabrican o que intentan fabricar clandestinamente bebidas no habilitadas; eso lo compartimos. Inclusive, podemos compartir que el celo en la fiscalización y en la aplicación de la sanción pueda llegar a quien distribuya a nombre de esa empresa, es decir, a los camioneros o a la organización de flete, pero nos parece verdaderamente un exceso cuando esto se transfiere también a transportistas en general o a quienes las enajenen al público. Sabemos que en muchos lugares del país, fundamentalmente donde estas bebidas tienen mayor comercialización y donde la producción clandestina puede tener mayor auge, los comerciantes no están en condiciones de tener todos los elementos para saber qué es lo que está habilitado o no. Por lo tanto, no son quienes tienen que pagar una multa -que puede ser muy onerosa-, considerando que la única responsabilidad que tienen es la de haber recibido ese producto no habilitado. Esto no solo representa un tratamiento diferente y de alguna manera discriminatorio con relación a este producto y a los comerciantes minoristas, sino que, además, es injusto y excesivamente gravoso y conlleva una responsabilidad que no le podemos pedir a estos comerciantes. Diría que, tal como está redactado este párrafo, puede pasar que cualquiera de nosotros que vaya circulando con algunos envases con bebidas que no estén debidamente habilitadas se haga acreedor a una multa de estas características, porque en este artículo se habla de los transportistas, de los que lleven, de los que comercialicen al público.

Creo que en el celo por tomar las medidas que eviten el desarrollo de esta actividad clandestina nos hemos excedido y, por lo tanto, deberíamos hacer algunas modificaciones que volvieran el texto a lo que todos realmente queremos resolver. En ese sentido, aun con el afán de votar rápidamente este proyecto, pido que, si es posible, se prevea alguna instancia. Puede ser que el proyecto vuelva a la Comisión de Industria, Energía y Minería para que, si se decide tomar en cuenta estas observaciones, la asesora perfeccione la redacción en estos tres aspectos que serían: el literal B) del artículo 1º, el artículo 2º en lo que se refiere a la incorporación del Ministerio de Industria, Energía y Minería como responsable -que es lo que corresponde- y la modificación y ajuste del último párrafo del artículo 2º.

Esto era lo que queríamos compartir con los legisladores, y reiteramos que si en este plenario no es posible hacer las correcciones a la redacción -que creo facilitarían que todos acompañemos con nuestro voto este proyecto-, correspondería que nos tomáramos una semana, que la iniciativa pasara a la Comisión de Industria, Energía y Minería y que de esta volviera con una nueva redacción acordada.

Muchas gracias, señor Presidente.

18.-     Sesión extraordinaria.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Borsari Brenna, Barrera, Bayardi, Sanguinetti y Posada.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Cámara se reúna en sesión extraordinaria el próximo 14 de octubre, a la hora 15, para homenajear al ex legislador Carminillo Mederos con motivo de los diez años de su fallecimiento".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

19.-      Preferencias.

Dese cuenta de otra moción de orden, presentada por los señores Diputados Borsari Brenna, Barrera, Bayardi, Sanguinetti y Posada.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se incluyan en el orden del día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 17 de setiembre, los siguientes asuntos en el lugar que se indica: 2º.- Artistas profesionales. (Se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa para el otorgamiento de un régimen de seguridad social).- 3º.- Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. (Modificación del régimen de jubilaciones y pensiones que sirve).- 4º.- Programas de principios de los partidos políticos. (Publicación)".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

20.-     Empresas que fabrican bebidas sin alcohol. (Normas para el control de su actividad).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Araújo.

SEÑOR ARAÚJO.- Señor Presidente: no tengo ningún prejuicio contra las empresas multinacionales y, por lo tanto, me siento con la autoridad de decir con total franqueza que, sin ningún tipo de dudas, este proyecto de ley tiene nombre y apellido en un doble sentido. Tiene nombre y apellido respecto a los beneficiarios del proyecto y también en cuanto a los perjudicados.

Reduciría este proyecto de ley únicamente al literal B) del artículo 1º, que es lo que está escondido, encerrado, en todo un articulado que no es más que el relleno para ocultar o llevar adelante lo que se pretende con ese literal.

Se han dicho algunas cosas a las que he prestado atención: que esto es necesario y que en este proyecto hay normas de salubridad que se deben aplicar. Yo me pregunto: ¿no existen? ¿No tiene facultades suficientes el Ministerio de Salud Pública para realizar las actividades que se prevén en las normas? Sí, señor, las tiene. ¿No tienen las Intendencias Municipales facultades para realizar este tipo de inspecciones? Sí, señor, las tienen. Ahora resulta que se va a regular este tipo de actividades, precisamente cuando existe un número importante de empresas -más de cincuenta- que ocupan entre mil quinientas y dos mil personas en forma directa, y a perjudicar, naturalmente, a las localidades del interior donde trabajan esas personas.

Se dice que muchos de los productos que en esas empresas se producen son peores que el agua de la canilla. Creo que se está hablando muy mal del agua corriente del Uruguay. Felizmente, el agua de OSE es buena. En cualquier parte del país se puede abrir una canilla y tomar el agua. Entonces, si esas bebidas son parecidas al agua de la canilla, tengo la tranquilidad de que no son tan malas como se dice. Y si son malas, las Intendencias Municipales, el Ministerio de Salud Pública y también las personas en general -a través de la ley de defensa del consumidor- tienen las posibilidades y las competencias para que el consumidor sea protegido a través de las normas que ya hay en el derecho positivo vigente en nuestro país.

Quiero contar la realidad de la frontera. Estas empresas, en mi departamento de Rivera, son tres; algunas de ellas tienen una antigüedad de sesenta o setenta años. La empresa Fuente Oriente, de la ciudad de Rivera, tiene unos setenta años, y me he enterado de que en el departamento de Treinta y Tres hay otra que tiene más de cien años de existencia y es líder en esa materia, según me acota el señor Diputado Posada. Si el objetivo es el que se enuncia en el literal B) del artículo 1º, actualmente las normas ya permiten que ese tipo de actividad sea vigilada y controlada. Sin embargo, creo que no es así. Muchas de esas empresas han frenado el contrabando de ese tipo de productos, elaborados en gravísimas condiciones del otro lado de la frontera. Tuve oportunidad de conocer algunas de estas fábricas en las que el agua que se usaba era, prácticamente, de cachimba. Las bebidas se elaboraban en una especie de carpa de gitanos. Ese tipo de productos se vendía en Rivera, en Tacuarembó, en Durazno y en los barrios periféricos y ferias de Montevideo.

Actualmente, los productos que se están vendiendo son uruguayos y están elaborados por empresas en las que trabajan obreros y empresarios uruguayos.

Si el objetivo es la aplicación del literal B) del artículo 1º, voy a votar en forma negativa. No me opongo al planteo que realizaba recién el señor Diputado Rossi en cuanto a que el proyecto vuelva a estudio de la Comisión de Industria, Energía y Minería. No me opongo si el asunto es que salga ese literal, que es el objetivo central de este proyecto de ley.

Voy a votar en forma negativa porque creo que no es buena esta forma de legislar, con nombre y apellido, en un doble sentido, perjudicando a gente que trabaja honradamente y que trata de salir adelante. Además, en el Uruguay de hoy ya existen las normas necesarias para controlar a las empresas. Si hay empresas que violan las normas, ¡peguémosles con un palo y apliquémosles las normas con todo el rigor que sea necesario! ¡Sancionémoslas y mandemos presos a los responsables, si hay algún tipo de delito que perjudica la salud de la gente! Creo que votar el literal B) del artículo 1º es dar un cheque en blanco que permitiría -como bien decía el señor Diputado Ronald Pais en una sesión anterior- que a cualquier burócrata de turno, detrás de una computadora, un día se le ocurra que determinada empresa de cierto lugar del país no puede seguir existiendo.

Reitero que no me opongo al planteo que recién se formulaba. No estamos en contra de que este proyecto vuelva a la Comisión de Industria, Energía y Minería, pero sí de que se apruebe como ha venido del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado Dicancro.

SEÑOR DICANCRO.- Señor Presidente: este proyecto es increíble, porque parece decir: "Cúmplase la ley". Se trata de disposiciones que, de una u otra manera, están vigentes. Sin embargo, ello no significa que, desde el punto de vista personal, no estemos de acuerdo con la ley. Por el contrario, adelantamos que votaremos afirmativamente.

En lo personal, ignoramos si esta ley tiene nombre y apellido. Ignoramos el nombre y el apellido, pero sabemos que no se puede autorizar a que se comercialice una bebida, aunque sea producida por una empresa uruguaya en la que trabajen obreros uruguayos, si está en malas condiciones. Ese no es un argumento para enfrentar el contrabando. Tenemos que tender a la calidad.

SEÑOR MACHADO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR DICANCRO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR MACHADO.- Señor Presidente: se menciona el mecanismo de Bromatología y todas las garantías que se dan a la gente en materia de salud. Yo creo que el mejor ejemplo es el de la ciudad de Rivera, donde prácticamente tenemos dos barrios en los que no hay posibilidad de control de un lado al otro. Allí las normas de Bromatología se cumplen estrictamente y casi el 25% de las empresas han sido cerradas en función de normas bromatológicas. Pero lo que nos preocupa es que esas empresas son, evidentemente, las que enfrentan el contrabando, las que con mecanismos de distribución van a cada casa y lo frenan.

Realmente, nosotros anteponemos la seguridad de la ciudadanía en términos de salud pública, pero creo que ese no es el tema. Lo que nos preocupa es el literal B) del artículo 1º, y alertamos a la Cámara en ese sentido. Allí dice: "Disponer de dispositivos de control en sus áreas de fabricación y comercialización [...]". ¿Qué alcance tiene este literal? Esto nos preocupa, y por ello coincidimos con la propuesta de que este proyecto vuelva a Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Puede continuar el señor Diputado Dicancro.

SEÑOR DICANCRO.- Señor Presidente: considero que todas las exigencias que establece este proyecto se están cumpliendo actualmente, y me parece bien que a través de una ley se unifiquen y se establezcan penalidades para quienes no las cumplen, pero de ninguna manera estoy de acuerdo con que se baje la calidad de un producto para enfrentar el contrabando. Creo que el contrabando se enfrenta con la calidad y con los precios adecuados de los productos.

Quiero referirme a las expresiones del señor Diputado Rossi, pues estoy totalmente de acuerdo con que en el artículo 2º no debe hacerse referencia al Ministerio de Economía y Finanzas, sino al de Industria, Energía y Minería, que es el encargado de publicar la nómina de las bebidas o de las empresas que fabrican las bebidas debidamente autorizadas.

Es todo lo que quería decir.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado Bosch.

SEÑOR BOSCH.- Señor Presidente: no vamos a acompañar este proyecto, no porque estemos en contra del control sanitario y fiscal de las empresas que fabrican bebidas sin alcohol, sino porque entendemos que da demasiadas y desmedidas facultades al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, favoreciendo directamente y en forma casi exclusiva a las grandes empresas. Por otra parte, comparto con el señor Diputado Araújo el concepto de que tiene nombre propio.

Hoy existen controles a través del Ministerio de Salud Pública y de las Intendencias Municipales, que están capacitadas para cumplir con los controles bromatológicos correspondientes. Esto es lo que sucede en mi departamento con la empresa Nice, que está estrictamente controlada por la Intendencia.

Entendemos que no es bueno -menos en este momento tan especial que vivimos- provocar problemas, principalmente a empresas del interior del país. Muchas son las empresas que van a quedar por el camino y las fuentes laborales que estarán en peligro. Con seguridad, el monopolio será el que de nuevo imperará y subirá el precio de los refrescos; menos será lo que se va a consumir. El contrabando, si hoy existe, va a aumentar, porque la gente va a buscar el refresco más económico, que hoy encuentra en las empresas uruguayas.

Todas estas consideraciones nos llevan a estar en contra de este proyecto, pero si se siguiera estudiando el tema, con gusto apoyaríamos que esta iniciativa pasase nuevamente a la Comisión, a los efectos de ampliar la información y de escuchar la opinión de las empresas involucradas.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado Yanes.

SEÑOR YANES.- Señor Presidente: intentaré no repetir algunos argumentos que ya se deben haber dado en la primera parte de la discusión y que se sostuvieron hasta ahora.

El proyecto que está en discusión no resuelve el problema de la industria de la bebida. A partir de la lectura del articulado no entiendo qué cambia en el país, en el funcionamiento de esta industria, salvo algunos aspectos que ya plantearon otros Diputados en el sentido de que puede ser que se favorezca a algunas empresas en contra de otras.

Entonces, si este proyecto no resuelve el problema de la industria de la bebida; si contiene normas que deberían ser aplicadas también a los alimentos -¿por qué están dirigidas solo a la bebida y no a otros alimentos, si en este país se importan productos panificados que contienen ingredientes prohibidos en Uruguay para ser usados por nuestros panaderos?-; si en este país hay productos químicos que no se usan en ningún campo del mundo y, sin embargo, sí están autorizados para ser empleados en los nuestros; si en este país se utilizan medicamentos prohibidos en sus países de origen, ¿por qué no plantear normas que sean comunes a toda la industria alimenticia y no específicamente a la de la bebida?

Esto surge a partir de una crisis de la industria de la bebida y de la preocupación de algunas empresas por resolverla. Pero parece que hubo un proceso de análisis que llevó a impulsar este proyecto hace mucho tiempo.

El 13 de junio se publicó en "La República" que el Centro de Fabricantes de Bebidas Sin Alcohol y Cerveza, CAMBADU y la Cámara de Industrias del Uruguay reclamaron la aplicación de las leyes vigentes que regulan la fabricación y distribución de la bebida. Hay declaraciones, como las del señor Diego Balestra, Presidente de la Cámara de Industrias, que pidió que se cumplieran las leyes vigentes diciendo que "con eso nos alcanza". Eso fue el 13 de junio de este año. Entonces, legislar para llover sobre mojado parece que no es necesario. Tanto los fabricantes de bebidas como la Cámara de Industrias del Uruguay y CAMBADU plantean que alcanza con las leyes vigentes. Entonces, ¿para qué legislar? ¿Para cumplir con quien dio el primer empujón a este proyecto?

(Ocupa la Presidencia la señora Representante Castro)

——Todos deben pagar los impuestos y cumplir con las mínimas normas de salubridad, y si no lo hacen, quedarán sin trabajo los pobres trabajadores de esas empresas. Repito: deben cumplir con eso; ¡qué nadie lo dude! Pero no tiene sentido que en el artículo 1º del proyecto aprobado por el Senado se establezca que luego de que una empresa se presente, cumpliendo con todos los requisitos, el Poder Ejecutivo tenga treinta días para habilitarla. Me acotan que esto ya se manifestó, pero lo reitero porque me parece grave. Ya me dijeron que va a haber una iniciativa para corregir esto, pero es grave que se plantee que, para habilitar a una empresa que cumplió con todos los requisitos, el Poder Ejecutivo disponga de treinta días, de sesenta o de un año; que le pueda decir que no va a trabajar porque no se le ocurre o, de pronto, porque -como se dijo recién- un burócrata no hace caminar un expediente.

Entonces, no nos afiliamos a la tesis de que vuelva a Comisión, como proponen los señores Diputados que entienden que se puede mejorar; nos gustaría que fuera así, pero si hoy existe la posibilidad de votar negativamente este proyecto, eso sería lo más racional, lo más coherente. Sería bueno que los Ministerios de Salud Pública y de Industria, Energía y Minería, las Intendencias, la Dirección General Impositiva y todo organismo vinculado con el tema, cumplan con su cometido.

Otra cosa que me parece difícil es la siguiente. El señor Diputado Rossi planteaba que a los almaceneros, a los transportistas o a nosotros mismos nos multarían si lleváramos esta bebida. Podríamos comprar siempre y cuando tengamos en cuenta la lista que publica el Ministerio de Economía y Finanzas; si en nuestro bolsillo tenemos la lista de las marcas habilitadas, podemos comprar. Es decir que los almaceneros tendrán que entrar todos los días a una página de Internet para ver qué bebidas pueden comprar. Esto no tiene sentido, porque en el Uruguay de hoy, si yo compro algo y me dan una factura que cumple con las normas legales, estoy actuando de buena fe, es suficiente. Puedo mostrar el documento que dice que ya las pagué. ¿A mí me van a multar? ¿Van a multar al camionero? ¿Y al que las fabrica no?

Entonces, en lugar de presionar de esta forma, las grandes empresas de bebidas refrescantes deberían hacer la autocrítica y tratar de determinar por qué se les fue el mercado de las manos.

En resumen: primero, este proyecto no resuelve el problema de la industria de la bebida; segundo, no creo que sea justo, porque no pone a todos los alimentos al mismo nivel; tercero, no es justo porque plantea exigencias y pone sanciones a los más débiles de la cadena, que no tendrían la información como para saber qué pueden comprar y qué no pueden comprar;. cuarto, me parece que primero pudo haber aparecido un proyecto distinto, pero se le fueron eliminando cosas. Para no ser más realistas que el rey, hay que tener en cuenta que los propios interesados, que son los fabricantes de bebidas sin alcohol, piden al Estado que se cumpla con las normas que ya existen.

Entonces, si pudiéramos, votaríamos en contra; de todos modos, vamos a sumar nuestro voto para que el proyecto vuelva a Comisión y se pueda reflexionar sobre el particular, porque esta iniciativa no resuelve nada y me parece que podría llegar a complicar las cosas.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Julio Silveira.

SEÑOR SILVEIRA (don Julio).- Señora Presidenta: poco voy a agregar a lo expresado por mi compañero el señor Diputado Araújo y por otros legisladores acerca del tema. En el mismo sentido que manifestaba el señor Diputado preopinante, creo que al propio Poder Ejecutivo se le haría muy difícil cumplir con esta norma, si es que se aprueba. Yo puedo decir que la autorización del Ministerio de Salud Pública que ya se exige -como bien dijo el señor Diputado Dicancro- insume más de cuatro meses para efectivizarse.

Digo también al pasar que a una empresa que se establezca en mi departamento, esta autorización le cuesta muchísimo más que a todos los otros, porque es necesario mandar a un inspector allá, con los gastos y con los viáticos pagados por el empresario de Artigas, de Rivera o de donde sea. Entonces, evidentemente, estos empresarios son los que asumen mayores costos; pero después de pagar todo eso, en cuatro meses la empresa todavía no tiene la autorización de Salud Pública.

De manera que, cuando manda esta iniciativa, el propio Poder Ejecutivo debería haber tenido en cuenta que sus órganos no están acordes con lo que aquí se exige a la gente.

Con respecto al tema de la Dirección General Impositiva, al Estado le resulta fácil controlar, porque el IVA se cobra cuando el fabricante de la bebida compra el plástico. Difícilmente alguien pague $ 1,50 por envase de plástico para después producir otro tipo de cosas. Así que cuando se compra el plástico, la Dirección General Impositiva ya está arriba del empresario, porque allí le está cobrando los impuestos.

Como muy bien se dijo, este proyecto de ley no agrega nada a los controles que ya existen; sí nos puede complicar mucho más, porque dejaríamos abierta una puerta para que el Ministerio o la Dirección General Impositiva dispongan cuáles son esos elementos, esos dispositivos con los que tiene que contar el pequeño industrial en el interior del país. Insisto en que se trata de un control que hoy por hoy ya se puede efectuar sin ningún problema. Es más: la mayoría de las empresas que están establecidas en el interior del país y cumplen con las normas son acribilladas con controles y con inspecciones de la Dirección General Impositiva y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como no se exige a ninguna otra actividad, a tal punto que a un pequeño fabricante del interior del país, aunque esté al día con todas las normas, le resulta prácticamente imposible colocar una partida de su producto en Montevideo, porque aquí los comerciantes parten de la base de que a las empresas del interior se les hace una terrible persecución. Entonces, el hecho de tener en un comercio de Montevideo una marca de un producto elaborado en una pequeña empresa del interior del país equivale a asegurarse el control de la Impositiva, de Bromatología y de todos los organismos del Estado que se pueda imaginar.

Así que nosotros no les vamos a dar un dolor de cabeza más, no les vamos a traer un problema más, no les vamos a poner un obstáculo más a quienes generan los pocos puestos de trabajo con los que por suerte todavía contamos en los departamentos del interior del país.

Por lo tanto, creo que el planteo del señor Diputado Rossi es de recibo y que podremos abordar todos estos temas con mayor abundancia en el seno de la Comisión. Si fuera necesario establecer algún tipo de norma, profundizaríamos sobre ese particular.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Acosta y Lara.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Señora Presidenta: coincidiendo con lo expresado por los señores Diputados preopinantes, creo que sería bueno que este proyecto volviera a Comisión. Considero que hay una superposición de controles por parte del Estado y que no están en igualdad de condiciones. No es lo mismo el control que se ejerce por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, con un plazo perentorio -me parece bien que se establezca-, que el que realiza Salud Pública, sin un tiempo establecido; esta también es una carencia del proyecto en consideración y ha de ser uno de los elementos que más deben perjudicar. Sabemos que hay diferencia de criterios para un mismo control bromatológico en Salud Pública y en las Intendencias. La lentitud que eso conlleva no solamente puede parar el funcionamiento de una empresa y la generación de puestos de trabajo, sino que también puede ocasionar inconvenientes muy importantes para solucionar un tema que, de pronto, es de mercado y no de requisitos legales.

Creo que el Poder Legislativo no puede entrar en un asunto de competencia de mercado; sí debe profundizar en el control específico para todas las marcas de estos productos, sean cuales sean, sin defender a nadie en forma desigual, para que se pueda competir libremente de acuerdo con la calidad y el precio. En definitiva, esto es lo que tenemos que favorecer para que la gente pueda acceder a productos de buena calidad, para que se paguen los tributos y para que el Estado cumpla, como es debido, con su rol de control a través de la DGI, del BPS y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Acá no queremos beneficiar a nadie en ese sentido; aspiramos a que tanto las empresas del interior del país como las de Montevideo -las grandes o las chicas- observen por igual el estricto cumplimiento de la ley.

Efectuando un análisis puntual, creo que no es lo mismo el requisito para el Ministerio de Economía y Finanzas que para el Ministerio de Salud Pública. Aquí hay un aspecto distorsionante, una traba burocrática que podría generar lentitud en muchos casos y, evidentemente, afectaría a todas las empresas, que en forma obligatoria tendrían que ir a Salud Pública, en Montevideo, para cumplir con ese requisito.

Por eso creo que hay que analizar estos aspectos más a fondo. Sabemos que la Comisión trabaja muy bien en este tema, por lo que sería bueno que tomara estos recaudos a los efectos de estudiar el asunto a la mayor brevedad, para que no entremos a legislar por legislar, o a regular cosas de mercado que en definitiva puedan interesar solo a algunas personas. Nosotros queremos que todos tengan las mismas oportunidades y que no se agreguen más trabas a unos que a otros, sino que todos estén en las mismas condiciones para actuar y competir.

Por eso me parece que sería oportuno el envío de este proyecto a Comisión.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Gil Solares.

SEÑOR GIL SOLARES.- Señora Presidenta: este proyecto de ley tiene que volver a Comisión para rellenar muchos huecos que evidentemente presenta. En este sentido, estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por los señores Diputados Rossi y Julio Silveira.

Por otra parte, quiero hacer hincapié en lo siguiente: en algún momento deben ser consideradas las advertencias de ecologistas sobre los problemas del uso de edulcorantes artificiales en las bebidas que inclusive pueden tomar nuestros niños; me refiero a la sacarina, a los ciclamatos y al aspartamo. Yo he visto con mis propios ojos cómo se hace uso frecuente del aspartamo. Me permito recordar que hoy la sacarina es considerada sospechosa de ser cancerígena, a pesar de que algunas instituciones internacionales de alto nivel la retiraron de la lista de productos prohibidos en el año 2000. Pero el tema de la sacarina ha obligado a que en los empaques que traen bebidas que tienen este componente se diga: "Este producto contiene sacarina, de la que se ha determinado que produce cáncer en animales de laboratorio. El uso de este producto puede ser peligroso para la salud". Muchos países -diría que cada vez más- prohíben el uso de la sacarina.

En lo referente a los ciclamatos, también edulcorantes sintéticos, fueron prohibidos nada menos que por la FDA de Estados Unidos en 1969 y tienen efectos adversos sobre la presión sanguínea; también están acusados de causar daños genéticos e, inclusive, atrofia testicular. Recuerdo que nuestros niños pueden en algunas ocasiones estar consumiendo este tipo de edulcorantes. Asimismo, han sido acusados de que podrían tener potencialidades cancerígenas y efectos mutagénicos -nada menos que en opinión de la Organización Mundial de la Salud-, interviniendo en la síntesis de las hormonas tiroideas, y pueden llegar a producir alergias. Asimismo, hoy los ciclamatos están prohibidos en países como Japón, Gran Bretaña y Francia.

Con respecto al aspartamo, este producto es rechazado porque se inestabiliza fácilmente por encima de los 30 grados centígrados de temperatura ambiente. Está contraindicado en personas sensibles fenilcetonúricas. También puede dar problemas en personas con afecciones hepáticas y en embarazadas con alto nivel de fenilalanina. En otros casos puede producir cefaleas. Es importante que en los envases de estos productos ello esté indicado para que el consumidor esté prevenido. Estudios recientes sugieren que el aspartamo puede causar lo que se conoce en medicina como el angioedema, es decir, una situación en la cual la pared vascular tiene una fragilidad especial para permitir el pasaje del suero sanguíneo a los tejidos blandos. Entonces, puede producir inflamación de los párpados, de los labios, de las manos y de los pies en personas sensibles. Es muy común este tipo de situaciones.

De manera que es importante que estos aspectos sean considerados en la Comisión de Industria, Energía y Minería para que, de algún modo, tomemos resolución sobre el particular. También hago votos para que se prohíba el uso de estas sustancias en nuestro país.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Alonso.

SEÑOR ALONSO.- Señora Presidenta: voy a hablar en nombre de la Comisión. Hicimos alguna consulta con Representantes de los distintos Partidos que integran la Comisión asesora y, dado el tenor de los comentarios y las consideraciones vertidas en Sala con respecto a este proyecto que fue aprobado por el Senado y cuya aprobación recomendáramos al Cuerpo, entendemos que sería conveniente que fuera enviado nuevamente a la Comisión para su estudio. Pero pediríamos que este trámite estuviera acotado a un plazo determinado, a los efectos de que pudiéramos explorar la posibilidad de introducirle las variantes necesarias como para que pueda ser aprobado en la Cámara de Representantes.

Sin hacer más consideraciones de fondo, quisiera dejar establecido que cuando hicimos el informe en nombre de la Comisión, como miembro informante expresamos -quedó constancia de ello en la versión taquigráfica- que el proyecto tenía una serie de virtudes y también algunos aspectos que aparecían como negativos. De todas maneras, el entendido que primó en la Comisión, donde fue aprobado por unanimidad, fue el de que era preferible avanzar en este proceso legislativo con este proyecto, porque de esa manera se iba a poder abordar el tema de forma inmediata. Pero en el funcionamiento democrático del Cuerpo surgen distintas observaciones, algunas de las cuales me apuraría a adelantar que son de recibo, creo que por parte de toda la Comisión asesora, porque ya habían sido consideradas en la evaluación que se produjo en el momento de procesar la votación en ese ámbito.

Sin duda, si prima el temperamento -como creo que va a suceder- de introducir modificaciones, podemos pensar que en un plazo no demasiado excesivo presentaremos un nuevo proyecto a la Cámara para que esta proceda a sancionar una norma que, como no escapará a la consideración de ninguno de los señores legisladores que se han expresado en uno y otro sentido, apunta a algo positivo: la corrección del informalismo en un subsector de actividad en el que están involucrados aspectos de la salubridad y de la higiene de las personas, y no solamente lo vinculado con la competencia desleal.

En ese entendido, en nombre de la Comisión nos comprometeríamos -si prospera la moción que creo que ya está en poder de la Mesa- a procesar con velocidad las modificaciones que pretendemos que recojan la mayor cantidad de observaciones, a los efectos de consensuar un proyecto alternativo.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado Domínguez.

SEÑOR DOMÍNGUEZ.- Señora Presidenta: yo no había participado en la sesión anterior en la que se trató este tema, pero me causó grata sorpresa saber el giro que fue tomando el manejo de los criterios con relación al proyecto presentado. No quiero ser extenso, pero deseo enfocar un ángulo argumental que a veces hay que tener en cuenta y que en varias ocasiones, en lo que me es particular, he considerado como un escollo para no estar del todo conforme con la posibilidad de que no se apruebe este proyecto.

Hay aspectos que tienen que ver con el mundo del trabajo y con los aspectos salariales, y los trabajadores de las empresas de porte -que han tenido históricamente en este país un desarrollo conocido- han tenido salarios muy respetables, que de pronto tienen diferencias con los de las pequeñas empresas que hay en el país. Quería analizar eso porque es de justicia advertir que si las pequeñas empresas no están pagando salarios a la altura de lo que cobran los trabajadores de las grandes -por llamarlas así- empresas de bebidas sin alcohol, creo que también se debe al hecho de que -como se dijo acá muy inteligentemente- no estaban encuadradas dentro de la crisis que vive este país. Además, esto está relacionado con lo que indudablemente debe haberse tocado en la sesión anterior en que se consideró este asunto, que tiene que ver con el desarrollo tecnológico que permite que hoy, en ámbitos mucho más reducidos, se haga lo mismo. Digo "lo mismo" con real conocimiento de causa. Tuvimos oportunidad de visitar una empresa que no tiene más de sesenta o setenta trabajadores, en el departamento de Rivera precisamente, en donde observamos todo el proceso de fabricación de los distintos tipos de bebidas sin alcohol. Inclusive, se había introducido la variable de exportar sidra. Allí vimos lo bien remunerados que estaban los trabajadores. Inclusive observamos los medios con que contaban desde que trabajan allí y escuchamos los comentarios que hacía el encargado de la fábrica. Él decía: "En esta fábrica no tenemos las 'jerarquías'" -entre comillas; lo decía así- "que pueden tener las grandes empresas. Acá trabajo a la altura de mis compañeros y eso que soy el que conoce el tema a fondo desde el punto de vista químico y demás". Es decir que había una especie de "horizontalización" del desarrollo del trabajo.

Entonces, me preocupa el hecho de que sectores de trabajadores digan: "Al no impulsar esto y no combatir el informalismo, están condenando nuestra fuente de trabajo". Yo diría que no es así y, si bien no voy a reiterar lo que han dicho los señores legisladores preopinantes, aspiro a que se cumpla la ley con todo el rigor. Además, se abre el gran desafío de que las agremiaciones entren a trabajar, como en tantos otros rubros en los que se producen cosas como estas, y que la gente logre agremiarse también en aquellos lugares que son pequeños. Creo que ahí vamos a estar dando pasos trascendentales, inclusive desde el punto de vista de lo que es la sociedad civil y su organización.

Lo otro que quiero decir es que me parece que las grandes empresas han dejado terribles sinsabores aquí, precisamente en el sector de la bebida. Entonces, estas grandes empresas tampoco son una garantía desde el punto de vista laboral. Cuando nos han tenido que golpear, nos han golpeado; lo decimos con toda legitimidad. Por supuesto, me refiero a lo que ustedes ya conocen con respecto a la cerveza en el departamento de Paysandú, actividad que prácticamente ha desaparecido. No le ha temblado la mano a las grandes empresas para llevar adelante eso, más allá de que luego hayan podido arreglar de un modo u otro con los trabajadores que allí estaban. De hecho, nos han sacado una industria y han desaparecido del panorama relacionado con la bebida.

Ese era el agregado que quería hacer.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Dese cuenta de una moción presentada por los señores Diputados Alonso, Molinelli, Rossi, Mello y Obispo.

(Se lee:)

"Mocionamos para que el proyecto de ley que figura en el Repartido Nº 1274 vuelva a consideración de la Comisión de Industria, Energía y Minería".

——En discusión.

SEÑOR MOLINELLI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MOLINELLI.- Señora Presidenta: firmamos esta moción en el mismo sentido que expresaba el señor Diputado Alonso, que fue miembro informante del proyecto.

Habíamos votado de manera afirmativa esta iniciativa en la Comisión, fundamentalmente impulsados por el hecho de que este proyecto fuera un elemento o una herramienta más para combatir el informalismo y para que hubiera una competencia más leal en un sector industrial que de verdad es importante por el producto bruto que genera y por la cantidad de trabajadores que ocupa.

Si bien hay controles desde el punto de vista administrativo -por parte de la DGI y del BPS- y de la salud, era muy importante establecer algún mecanismo más ágil para evitar el informalismo en este sector. Eso fue fundamentalmente lo que impulsó a la Comisión a aprobar por unanimidad este proyecto, pero entendemos que son atendibles muchas de las razones y conceptos expuestos en Sala a efectos de mejorar la redacción de este proyecto.

Por tanto, de la misma forma que expresaba el señor miembro informante, firmamos esta moción para que esta Comisión se pueda expresar en un plazo bastante perentorio, mejorando la redacción del proyecto y alguna de sus normas, y en ese sentido es que la apoyamos.

SEÑOR BERGSTEIN.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señora Presidenta: como me distraje unos momentos leyendo un documento, no sé si el señor Diputado Molinelli recogió la sugerencia del señor Diputado Alonso de poner un plazo para que la Comisión se expida.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Esa sugerencia no fue recogida en la moción escrita. Si usted desea incluirla, debe presentar otra moción.

SEÑOR BERGSTEIN.- ¿Me permite, señora Presidenta?

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señora Presidenta: si los miembros de la Comisión están de acuerdo, propondría que se agregue a la moción algún plazo, que no quisiera fijar yo -por ejemplo, podría ser de treinta días-, para que esto no signifique un entierro, que aunque no fuera de lujo, sería igualmente un entierro.

Por tanto, si los compañeros de la Comisión están de acuerdo, propongo agregar un plazo de treinta días para que el proyecto vuelva al Cuerpo.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Si logra ese acuerdo, por favor haga llegar a la Mesa la moción respectiva.

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señora Presidenta: voy a votar afirmativamente esta moción en el entendido de que algunas de las observaciones que se han hecho son de recibo y apuntan a dar una mejor redacción a los aspectos legales de este proyecto para que su aplicación sea más eficiente.

De cualquier manera, quiero decir claramente que estoy de acuerdo con la filosofía de este proyecto y que espero que en el más breve plazo la Comisión lo analice, vea si es necesario modificarlo -puede ocurrir que entienda que lo planteado en el proyecto es pertinente y que no corresponden modificaciones- y lo envíe de nuevo al plenario.

No soy partidario de poner un plazo a la Comisión porque entiendo que sus miembros están suficientemente interiorizados del tema, por lo que son los primeros interesados en que este proyecto se analice rápidamente y vuelva al plenario.

Este proyecto apunta a combatir el informalismo y a mantener las empresas instaladas, que realizan inversiones, que tributan de una manera muy exigente de acuerdo con los impuestos que tienen las bebidas sin alcohol y demás. Creo que ese es básicamente el sector a preservar y no aquel que se ampara en algunos resquicios que tiene la ley o, a veces, en su falta de aplicación. Puede haber de las dos cosas, como aquí bien se ha señalado; hay normas que no se han aplicado, pero también es necesario dictar normas para que los controles adquieran la eficiencia del caso. Es por ello que creemos apropiado aprobar un proyecto de ley de esta naturaleza.

Se ha dicho aquí que las empresas Coca-Cola, Pepsi-Cola y otras están directamente interesadas en el proyecto; no tengo dudas de ello, porque son las empresas instaladas. Pero digo también que el sindicato ha actuado, por acuerdo unánime de sus trabajadores, defendiendo este proyecto de ley y planteando la necesidad de que se legisle a fin de defender esta industria -que es una de las pocas que nos van quedando- y, por consiguiente, las correspondientes fuentes de trabajo.

Por todo esto vamos a votar favorablemente el pase a Comisión de este proyecto de ley en el entendido de que es una iniciativa pertinente y porque deseamos que a la brevedad sea examinado por la Comisión de Industria, Energía y Minería para que el pleno esté en condiciones de tratarlo nuevamente.

SEÑOR OBISPO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR OBISPO.- Señora Presidenta: en cuanto al análisis que ha hecho la Comisión de este proyecto que propusimos y que en el sentir de la Cámara debe ser modificado, debemos reiterar que participaron los empresarios, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida y CAMBADU, que, conceptualmente, manifestó en la Comisión -ello figura en la versión taquigráfica- que estaba de acuerdo con la filosofía de esta iniciativa.

Quiero decir lo siguiente. Entendemos que el proyecto, con las modificaciones que trataremos de incluir, es necesario. Estamos de acuerdo con que las pequeñas empresas y los pequeños empresarios del país tienen un rol fundamental. Este proyecto, en su filosofía, apunta a perseguir a aquellos que no cumplan con las disposiciones legales.

En cuanto a los sueldos de los trabajadores, a sus conquistas, debo decir que no son dádivas de las empresas. La Federación de la bebida tiene una larga trayectoria de lucha, y si sus trabajadores tienen jornales importantes que reivindican con orgullo, es producto de la lucha. Además, han sufrido la reestructura impuesta por estas multinacionales, en la que, como siempre, los trabajadores han sido los más perjudicados. Cuando se plantea que hay otras empresas que compiten en desigualdad de condiciones, se dice que los salarios no se ajustan a los laudos; además, muchas no admiten la sindicalización, como se ha denunciado y consta en las versiones taquigráficas. Creo que estos son temas que hay que manejar con mucho criterio.

(Murmullos)

——Por otra parte, debemos decir que la Comisión -esto lo manifestamos en la sesión pasada-, a iniciativa del señor Diputado Trobo y con la participación de la Cámara Industrial de Alimentos Envasados, mantuvo una reunión en el sentido de coordinar a todos aquellos organismos que intervienen en el control de los alimentos que se fabrican en el país y de los que ingresan importados. Mantuvimos un desayuno de trabajo en la Cámara de Industrias, donde participaron la Dirección Nacional de Aduanas, el LATU, el Ministerio de Salud Pública, la Dirección de Defensa del Consumidor, la Intendencia Municipal de Montevideo, los industriales y los integrantes de nuestra Comisión, para analizar cuáles son las normas existentes que no se cumplen y cómo podemos coordinar con el Ministerio de Industria, Energía y Minería toda la actividad de control, tanto de los alimentos que se producen en el país como de los que se importan.

(Murmullos.- Campana de orden)

——Nos decían las autoridades de la Intendencia Municipal de Montevideo que de los tres mil productos que tienen registrados, más del 50% son importados y el resto son nacionales. Además, se nos manifestó que a veces hay enormes dificultades para controlar los productos que se elaboran en el país, y se pusieron ejemplos realmente muy preocupantes. Precisamente, nuestra preocupación es que se cumplan las normas, que la competencia sea leal para todos y que se respeten la salud y los derechos de los trabajadores. Creo que ese era el espíritu del proyecto de ley, y con mucho gusto vamos a hacer los ajustes para que contemple el consenso de la Cámara.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Léase la redacción final de la moción de orden presentada por los señores Diputados Molinelli, Alonso, Mello, Obispo y Rossi.

(Se lee:)

"Mocionamos para que el proyecto de ley que figura en el Repartido Nº 1274 vuelva a consideración de la Comisión de Industria, Energía y Minería por un plazo máximo de treinta días".

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

21.-     Aplazamiento.

Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Bayardi, Posada y Molinelli.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se aplace la consideración del asunto que figura en cuarto término del orden del día".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

La Mesa aclara que este punto será incluido en el orden del día de la sesión ordinaria de mañana.

22.-     Solicitud de vuelta de proyecto a Comisión.

Está anotado para hacer uso de la palabra en la media hora final el señor Diputado Bergstein, a quien le planteamos la posibilidad de que haga uso de ese derecho en los cinco minutos finales de esta sesión, lo cual permitiría que pasemos a considerar ahora el quinto punto del orden del día: "Juicios ejecutivos. (Nuevos requisitos para su iniciación)".

SEÑOR BERGSTEIN.- No tengo inconveniente, señora Presidenta.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señora Presidenta: mociono para que se levante la sesión, luego de escuchar al señor Diputado Bergstein en la media hora final.

El quinto punto del orden del día es un asunto sobre el que hay alguna moción presentada -según tenemos entendido-, por lo que nos parece que ameritaría una discusión un poco más prolongada.

SEÑORA PRESIDENTA (Castro).- Perdón, no entendí bien. ¿El señor Diputado Ronald Pais plantea que hay que dar lectura a la moción llegada a la Mesa?

(Murmullos)

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Borsari Brenna, Alonso, Sanguinetti y Barrera.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Carpeta 2577/2002, 'Juicios Ejecutivos. (Nuevos requisitos para su iniciación)', pase a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración".

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Chápper)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Interrupciones)

——Perdón, aquí hay una moción de orden, presentada por los señores Diputados Borsari Brenna, Alonso, Sanguinetti y Barrera.

SEÑOR SCAVARELLI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: en el momento en que se estaba cambiando de Presidente, el señor Diputado Ronald Pais acababa de plantear que se levantara la sesión después de escuchar al señor Diputado Bergstein en la media hora final.

Precisamente, él fundamentó la propuesta sobre la base de que, faltando pocos minutos para terminar la sesión, parecía poco serio empezar el tratamiento de este asunto.

Por eso nos parece que el planteamiento del señor Diputado Ronald Pais está hecho claramente como una moción de orden.

Creemos que debemos expedirnos sobre ese punto. El planteo concreto del señor Diputado Ronald Pais fue levantar la sesión después de escuchar al señor Diputado Bergstein, dejando este quinto punto como primero del orden del día de la sesión de mañana.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- La Mesa interpreta que, de acuerdo con lo establecido para la media hora final, el señor Diputado puede elegir en qué momento hacer uso de la palabra durante cinco minutos. La Mesa entiende que el señor Diputado había solicitado hablar durante estos cinco minutos.

Por lo tanto, esperamos que haga uso de la palabra el señor Diputado Bergstein y después entraremos a la discusión del tema.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: comparto el concepto vertido por el señor Diputado Ronald Pais y, respetando los minutos de que dispone el señor Diputado Bergstein para hacer uso de la palabra, consideramos que hay dos temas planteados. Tal vez sería bueno, hasta para el funcionamiento de la Cámara -que a esta altura creo que tiene una posición ampliamente mayoritaria sobre el punto-, tener claro que el tema no vuelve a Comisión, sino que se va a discutir en Sala. Por lo tanto, todos debemos saber que ese asunto se va a tratar en la sesión de mañana.

No sé si no sería mejor votar la moción de orden, postergar la moción del señor Diputado Ronald Pais, y comenzar a analizar el fondo del tema en la sesión de mañana, pero ya sabiendo todos que no vendremos a una discusión que no sabemos si se dará o no.

Esta es una aclaración que pretende ayudar, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- La Mesa iba en el mismo sentido: iba a ceder la palabra al señor Diputado Bergstein y después a poner en consideración el levantamiento de la sesión.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- No tenemos inconveniente en seguir el criterio que el señor Presidente estime más conveniente. Pero lo que acaba de proponer el señor Diputado Ponce de León -con lo que estamos de acuerdo-, para dirimir el asunto y para que mañana no se plantee una moción en el sentido de que el tema pase a Comisión, es que votemos rápidamente ese punto ahora, que en seguida pasemos a la media hora final y que luego se vote el levantamiento de la sesión. Eso fue lo que propuso el señor Diputado Ponce de León.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Léase nuevamente la moción de orden presentada por los señores Diputados Borsari Brenna, Alonso, Sanguinetti y Barrera.

(Se vuelve a leer)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cero en cuarenta: NEGATIVA. Unanimidad.

MEDIA HORA FINAL

23.-     Fallecimiento del doctor Enrique Véscovi.

Se entra a la media hora final.

Tiene la palabra el señor Diputado Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: creemos que en la Cámara de Representantes se ha cometido una involuntaria injusticia, que de alguna manera intentamos humildemente reparar al compartir, en los pocos minutos que tenemos, alguna reflexión con motivo del fallecimiento del doctor Enrique Véscovi, del cual hace pocos días se cumplieron tres meses.

La de Véscovi fue una vida dedicada al derecho en sus diferentes facetas, lo cual no es poca cosa porque, tal como recordaba hace pocos días un editorial, en palabras de Kelsen, el derecho es el lenguaje del Estado.

Siendo muy joven ya escribió esos manuales invalorables que para generaciones de estudiantes que transitábamos por lo que entonces se llamaba Preparatorios fue la antesala obligatoria para ingresar a los conceptos fundamentales de la ciencia jurídica.

Como recordara Alejandro Abal Oliú en un excelente artículo publicado en la revista del Colegio de Abogados, su lealtad solidaria lo llevó a dejar la Facultad durante el período de la intervención. Cuando se produjo la reinstitucionalización, se excluyó de participar en el concurso de méritos para la cátedra de Derecho Procesal, en un inusual acto de generosidad para con los colegas que en el ínterin habían desarrollado una carrera docente en la materia.

Podríamos destacar muchos aspectos de su vida pública: fue Ministro de Trabajo y Seguridad Social por el Partido Colorado, durante el Gobierno de Pacheco Areco; trabajó en la publicación de la Revista de Derecho Procesal; fue corredactor del primer Código que se aprobó en democracia: el Código General del Proceso, etcétera, etcétera.

Pero queremos concentrarnos en dos aspectos. El doctor Véscovi perteneció a una generación temprana de ambientalistas; y eso me hace recordar a los disidentes en los países comunistas, que en las décadas del setenta y del ochenta aprovechaban los temas ambientales para nuclearse al margen de los carriles oficiales y así generaron una atmósfera que, en buena medida, preparó lo que luego ocurrió con la caída del muro de Berlín.

En los años del proceso militar, Véscovi se congregaba con gente para hablar de asuntos ambientales, cuando este tema realmente estaba en pañales en el mundo entero.

El otro y fundamental aspecto tiene que ver con el papel que los especialistas en derecho procesal -él integraba la vanguardia en la materia-, desarrollaron en los años del proceso. ¿Por qué? Porque el derecho procesal es la rama que encarna las garantías del debido proceso, es el núcleo duro de un derecho liberal y, por ende, recibió el primer cimbronazo cuando se quebraba la institucionalidad democrática.

Por eso no es de extrañar que figuras como Arlas, Tarigo o Véscovi, grandes juristas que transitaron la ruta trazada por el maestro Couture, hayan sido luchadores valientes por el restablecimiento de la legalidad, sin utilizar otras armas que el intelecto, la palabra y el corazón.

Agradecería que la versión taquigráfica de estas palabras fuera enviada a los familiares del doctor Enrique Véscovi, a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y de la Universidad Católica y al Instituto Uruguayo de Derecho Procesal.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

24.-      Fallecimiento del doctor Enrique Véscovi.

Tiene la palabra el señor Diputado Ronald Pais.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señor Presidente: la intervención del señor Diputado Bergstein, que naturalmente compartimos, nos obliga a hacer uso de la palabra, porque a veces no se logra coordinar tanto como lo deseamos.

La bancada del Foro Batllista, a través de su coordinador y a iniciativa de este Diputado, hace tiempo que ha pedido realizar una sesión de homenaje al doctor Enrique Véscovi, de forma tal que todos los Partidos políticos podamos tener la oportunidad -estoy seguro de que esa sesión se va a realizar en cuanto la agenda legislativa lo permita- de rendir homenaje a una figura que, sin duda, trasciende cualquier bandería partidaria y se ha transformado no solo en un jurista y en un docente de relevancia -aspectos que, precisamente, ha destacado con acierto el señor Diputado Bergstein-, sino en uno de esos grandes uruguayos que, mucho más allá de las colectividades políticas, todos debemos homenajear.

Por lo tanto, y sin perjuicio de lo que se ha manifestado, que compartimos, creemos que esa sesión de homenaje dará oportunidad a los distintos integrantes de este Cuerpo para expresarse respecto a su figura.

25.-     Levantamiento de la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Ha llegado a la Mesa una moción de orden presentada por el señor Diputado Scavarelli, en el sentido de que se levante la sesión.

Se va a votar.

(Se vota)

——Veintisiete en veintiocho: AFIRMATIVA.

Se levanta la sesión.

(Es la hora 19 y 51)

Dr. JORGE CHÁPPER

PRESIDENTE

 

Dr. José Pedro Montero

Prosecretario
Dr. Horacio D. Catalurda

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.