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N° 3148 - 10 DE SETIEMBRE DE 2003

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

46ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR REPRESENTANTE DOCTOR JORGE CHÁPPER Presidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA EL TITULAR DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y
LOS PROSECRETARIOS DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO Y SEÑOR ENRIQUE SENCIÓN CORBO

Texto de la citación

 

Montevideo, 9 de setiembre de 2003.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión extraordinaria, mañana miércoles 10, a la hora 14 y 30, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. (Aprobación). (Carp. 3064/003). (Informado). Rep. 1305 y Anexo I

2º.- Decimoprimer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 celebrado entre los Gobiernos de los Estados Parte del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Bolivia, y su Anexo. ("Régimen de Solución de Controversias"). (Aprobación). (Carp. 1845/001). (Informado). Rep. 848 y Anexo I

3º.- Clemente Lucrecio Funes Molina. (Designación a la Escuela Rural Nº 31 de paraje La Horqueta de Castillos, departamento de Rocha). (Carp. 2310/002). (Informado). Rep. 1025 y Anexo I

4º.- Doctor Enrique Claveaux. (Designación al Hospital Filtro de la ciudad de Montevideo). (Carp. 1436/01). (Informado). Rep. 692 y Anexo I

5º.- Maestra Egriselda Gutiérrez Bravo. (Designación a la Escuela Nº 115 de la ciudad de Cardona, departamento de Soriano).(Carp. 1910/002). (Informado). Rep. 874 y Anexo I

6º.- Horacio Arredondo. (Designación al tramo de la Ruta Nacional Nº 19, comprendido entre su entronque con la Ruta Nacional Nº 15 y la ciudad de Chuy, en el departamento de Rocha). (Carp. 2423/002). (Informado). Rep. 1059 y Anexo I

7º.- Geólogo. (Reglamentación de la profesión). (Carp. 2698/002). (Informado).Rep. 1171 y Anexo I

8º.- Paso del Rey. (Designación al Cuartel de Sarandí del Yi, en el departamento de Durazno). (Carp. 2245/002). (Informado) Rep. 999 y Anexo I

9º.- Bruno Miraldo Porcal. (Designación a la Escuela Nº 38, de la localidad de Mariscala, departamento de Durazno). (Carp. 695/000). (Informado). Rep. 382 y Anexo I

10.- Juan Jorge Lladó Wilkins. (Designación a la Escuela Rural Nº 34 del departamento de Durazno). (Carp. 2557/002). (Informado). Rep. 1114 y Anexo I

 

 

HORACIO D. CATALURDA     MARGARITA REYES GALVÁN

S e c r e t a r i o s

S U M A R I O

 

1.- Asistencias y ausencias

2.- Asuntos entrados

3.- Proyectos presentados

4 y 6.- Exposiciones escritas

5.- Inasistencias anteriores

CUESTIONES DE ORDEN

22.- Aplazamiento

9 y 14.- Integración de la Cámara

9 y 14.- Licencias

21.- Rectificación de trámite

VARIAS

7.- Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente. (Autorización para reunirse simultáneamente con la Cámara)

8.- Comisión de Hacienda. (Autorización para reunirse simultáneamente con la Cámara)

ORDEN DEL DÍA

10 y 16.- Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. (Aprobación).

Antecedentes: Rep. Nº 1305, de junio de 2003, y Anexo I, de setiembre de 2003. Carp. Nº 3064 de 2003. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

11 y 17.- Decimoprimer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 celebrado entre los Gobiernos de los Estados Parte del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Bolivia, y su Anexo. ("Régimen de Solución de Controversias"). (Aprobación).

Antecedentes: Rep. Nº 848, de diciembre de 2001, y Anexo I, de abril de 2003. Carp. Nº 1845 de 2001. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

12.- Clemente Lucrecio Funes Molina. (Designación a la Escuela Rural Nº 31 de paraje La Horqueta de Castillos, departamento de Rocha).

Antecedentes: Rep. Nº 1025, de julio de 2002, y Anexo I, de mayo de 2003. Carp. Nº 2310 de 2002. Comisión de Educación y Cultura.

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

13.- Doctor Enrique Claveaux. (Designación al Hospital Filtro de la ciudad de Montevideo).

Antecedentes: Rep. Nº 692, de agosto de 2001, y Anexo I, de noviembre de 2001. Carp. Nº 1436 de 2001. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

15.- Maestra Egriselda Gutiérrez Bravo. (Designación a la Escuela Nº 115 de la ciudad de Cardona, departamento de Soriano).

Antecedentes: Rep. Nº 874, de febrero de 2002, y Anexo I, de diciembre de 2002. Carp. Nº 1910 de 2002. Comisión de Educación y Cultura.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

18.- Horacio Arredondo. (Designación al tramo de la Ruta Nacional Nº 19, comprendido entre su entronque con la Ruta Nacional Nº 15 y la ciudad de Chuy, en el departamento de Rocha).

Antecedentes: Rep. Nº 1059, de setiembre de 2002, y Anexo I, de mayo de 2003. Carp. Nº 2423 de 2002. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

19.- Geólogo. (Reglamentación de la profesión).

Antecedentes: Rep. Nº 1171, de diciembre de 2002, y Anexo I, de julio de 2003. Carp. Nº 2698 de 2002. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

20.- Paso del Rey. (Designación al Cuartel de Sarandí del Yi, en el departamento de Durazno).

Antecedentes: Rep. Nº 999, de junio de 2002, y Anexo I, de junio de 2003. Carp. Nº 2245 de 2002. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

23.- Juan Jorge Lladó Wilkins. (Designación a la Escuela Rural Nº 34 del departamento de Durazno).

Antecedentes: Rep. Nº 1114, de noviembre de 2002, y Anexo I, de marzo de 2003. Carp. Nº 2557 de 2002. Comisión de Educación y Cultura.

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

1.-      Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Washington Abdala, Guzmán Acosta y Lara, Ernesto Agazzi, Gustavo Amen Vaghetti, Mario Amestoy, Fernando Araújo, Raúl Argenzio, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Roberto Bagalciague, Raquel Barreiro, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Edgar Bellomo, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, José L. Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, Víctor Braccini, José Caballero, Julio Cardozo Ferreira, Nora Castro, Ricardo Castromán Rodríguez, Roberto Conde, Jorge Chápper, Guillermo Chifflet, Sebastián Da Silva, Ruben H. Díaz, Miguel Dicancro, Óscar Echevarría, Alejandro Falco, Ricardo Falero, Alejo Fernández Chaves, Silvia Ferreira, Luis José Gallo Imperiale, Schubert Gambetta, Augusto García, Orlando Gil Solares, Mabel González, Carlos González Álvarez, Tabaré Hackenbruch Legnani, Doreen Javier Ibarra, María Iriarte, Arturo Lamancha, Félix Laviña, Luis M. Leglise, Ramón Legnani, Antonio López, Guido Machado, José Carlos Mahía, José Homero Mello, Pablo Mieres, Ricardo Molinelli, Martha Montaner, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Gabriel Pais, Ronald Pais, Jorge Pandolfo, Jorge Patrone, Daniela Payssé, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, Enrique Pintado, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Iván Posada, Yeanneth Puñales Brun, Glenda Rondán, Víctor Rossi, Julio Luis Sanguinetti, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Raúl Sendic, Pedro Señorale, Gustavo Silveira, Julio C. Silveira, Lucía Topolansky, Daisy Tourné, Wilmer Trivel, Jaime M. Trobo, Stella Tucuna y Walter Vener Carboni.

Con licencia: Álvaro Alonso, Guillermo Álvarez, Juan Justo Amaro, Carlos Baráibar, Brum Canet, Silvana Charlone, Juan Domínguez, Daniel García Pintos, Gustavo Guarino, Arturo Heber Füllgraff, Julio Lara, Óscar Magurno, Juan Máspoli Bianchi, Felipe Michelini, María Alejandra Rivero Saralegui, Ambrosio Rodríguez, Adolfo Pedro Sande y Leonel Heber Sellanes.

Faltan con aviso: José Amorín Batlle, Beatriz Argimón, Luis A. Arismendi, Ruben Carminatti, Eduardo Chiesa Bordahandy, Daniel Díaz Maynard, Ramón Fonticiella, Luis Alberto Lacalle Pou y Artigas Melgarejo.

Actúa en el Senado: Gustavo Penadés.

2.-     Asuntos entrados.

"Pliego Nº 252

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Educación y Cultura se expide sobre el proyecto de ley por el que se designa "Arquitecto Juan Pablo Terra" el Liceo Nº 54 de la ciudad de Montevideo. C/3029/003

La Comisión de Presupuestos se expide sobre el proyecto de ley por el que se deroga el artículo 22 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002 y se dispone que los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República podrán continuar prestando en forma directa servicios médicos y odontológicos a sus funcionarios, en las condiciones que se determinan. C/3152/003

-     Se repartieron con fecha 9 de setiembre

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Departamental de Maldonado remite copia del texto de las siguientes exposiciones realizadas por dos señores Ediles:

-    A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

-    A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente contesta los siguientes asuntos:

El Ministerio de Educación y Cultura contesta el pedido de informes del señor Representante Tabaré Hackenbruch, referente a los profesores que ocupen cargos electivos. C/2883/003

El Ministerio del Interior contesta el pedido de informes del señor Representante Fernando Araújo, acerca del resultado de una licitación pública para adjudicar el servicio de asistencia médica para funcionarios policiales. C/2878/003

La citada Secretaría de Estado acusa recibo de la exposición escrita presentada por el señor Representante Daniel García Pintos, referente a declaraciones efectuadas en la prensa por un señor Senador. C/27/000

-     A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, acerca de las compras efectuadas por diversos organismos del Estado. C/3346/003

-    Se cursó con fecha 9 de setiembre

La señora Representante Mabel González solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

-    Se cursan con fecha de hoy

PROYECTOS PRESENTADOS

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la adopción de un régimen de reintegro de un porcentaje del Impuesto al Valor Agregado. C/3347/003

-    A la Comisión de Hacienda

El señor Representante Walter Vener Carboni presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se crean pasantías laborales para la distribución de las facturas de las empresas públicas. C/3348/003

-     A la Comisión de Presupuestos

La Mesa da cuenta que, a solicitud de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, se extrae del archivo el proyecto de ley por el que se declara de utilidad pública la expropiación, por parte de la Intendencia Municipal de Canelones, del inmueble padrón 252 de la ciudad de La Paz, departamento de Canelones, que fuera asiento de la Sociedad Italiana de La Paz, pasando a estudio de la misma. C/2263/002".

3.-     Proyectos presentados.

A) "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE COMPRAS REALIZADAS. (Se solicita al Poder Ejecutivo la adopción de un régimen de reintegro de un porcentaje del mismo).

MINUTA DE COMUNICACIÓN

Se solicita al Poder Ejecutivo la adopción de las medidas pertinentes a fin de que:

1.- Para las compras que se realicen con tarjetas de crédito se hará el reintegro del 5% (cinco por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Dicho reintegro se acreditará en el resumen de cuenta del mes siguiente al de la compra.

2.- Dicho régimen será extensible al resto de los consumidores a través de la presentación de las correspondientes facturas o documento equivalente.

Montevideo, 9 de setiembre de 2003.

JULIO LARA, Representante por Canelones, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Representante por Colonia, ALBERTO PERDOMO, Representante por Canelones, JULIO CARDOZO FERREIRA, Representante por Tacuarembó, RAÚL ARGENZIO, Representante por Lavalleja, ROBERTO ARRARTE FERNÁNDEZ, Representante por Rocha, LUIS M. LEGLISE, Representante por Salto, MARIO AMESTOY, Representante por Maldonado, JULIO C. SILVEIRA, Representante por Artigas, ÁLVARO ALONSO, Representante por Montevideo, FRANCISCO ORTIZ, Representante por Treinta y Tres, LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones, FELIPE DE ARMAS, Representante por Flores.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante la medida de reintegro del IVA, se puede incentivar el consumo y es la expansión del volumen del consumo lo que la plaza comercial necesita. El presente proyecto pretende el reintegro del 5% del IVA sobre las compras realizadas, tanto con tarjeta de crédito como en las compras de contado, dicho porcentaje puede variar según el bien que se trate, así como tener un tope el cual se sugiere en US$ 500.

El proyecto se vuelve integral al ser abarcativo de todos los consumidores, mediante la presentación de la correspondiente factura de compra. Además de la finalidad primera del proyecto de incentivar el tráfico comercial, redunda en la reducción de la economía informal, facilitando el control sobre los aportes que el comercio hace al fisco.

Si bien se reconoce la dificultad práctica de la instrumentación de la pretendida extensión de la medida a aquellos consumidores que operan en operaciones de contado, esa dificultad no es para nada insalvable. Se sugiere la creación de una oficina, que, en ámbitos del Ministerio de Economía y Finanzas, instrumente materialmente la medida. Crear un registro donde a cada sujeto se le asigne un número que responderá a una cuenta bancaria donde se asentarán los movimientos que la medida sugiere contemplar (compras a crédito y contado), ese registro permitirá el control de la formalidad y del cumplimiento de las obligaciones fiscales. En la práctica, el consumidor tendrá una tarjeta magnética que le permitirá realizar las operaciones a que refiere la presente minuta de comunicación.

Asimismo, el reintegro del IVA a los consumidores de contado podría realizarse en forma indirecta a través del descuento en las facturas de las empresas públicas.

Montevideo, 9 de setiembre de 2003.

JULIO LARA, Representante por Canelones, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Representante por Colonia, ALBERTO PERDOMO, Representante por Canelones, JULIO CARDOZO FERREIRA, Representante por Tacuarembó, RAÚL ARGENZIO, Representante por Lavalleja, ROBERTO ARRARTE FERNÁNDEZ, Representante por Rocha, LUIS M. LEGLISE, Representante por Salto, MARIO AMESTOY, Representante por Maldonado, JULIO C. SILVEIRA, Representante por Artigas, ÁLVARO ALONSO, Representante por Montevideo, FRANCISCO ORTIZ, Representante por Treinta y Tres, LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones, FELIPE DE ARMAS, Representante por Flores".

B) "FACTURAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS. (Se crea un régimen de pasantías laborales para su distribución).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Habilítase al Poder Ejecutivo a crear 1.500 (mil quinientas) pasantías laborales para la distribución de las facturas comerciales de empresas públicas que estén siendo repartidas por personal perteneciente a dichas empresas.

Artículo 2º.- Las pasantías se destinarán a jóvenes entre dieciocho y veintinueve años, otorgándose mediante inscripción y sorteo público y tendrán una duración de dos años.

Artículo 3º.- Cada dos años se realizará un nuevo llamado a inscripción y sorteo para la renovación de pasantes, no pudiendo participar quienes usufructuaron una pasantía en el período inmediato anterior.

Artículo 4º.- Dichas pasantías tendrán un valor líquido de $ 2.500 (pesos dos mil quinientos) mensuales, ajustándose según los aumentos que se determinen para los trabajadores de las empresas públicas cuyas facturas se distribuyan.

Artículo 5º.- Corresponderá a cada empresa pública en cuestión, la organización de inscripciones, sorteos, pago de las pasantías, como así también la preparación del joven para el trabajo a realizar.

Artículo 6º.- El pasante saliente estará obligado a realizar sin remuneración un recorrido del circuito que le correspondía de distribución de facturas para instruir al pasante que ingresa. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo generará la prohibición de presentarse a futuros sorteos o provisión de vacantes en la Administración Pública en general.

Artículo 7º.- Se sorteará un 20% (veinte por ciento) más de los pasantes titulares quienes tendrán la calidad de suplentes a los efectos de que la Administración pueda suplir a aquellos que no cumplen debidamente la tarea asignada o renuncian a las pasantías.

Artículo 8º.- El costo de las pasantías se cubrirá con lo que se venía afectando a la realización de dicho trabajo, pudiendo las empresas excederse en un 30% (treinta por ciento) del rubro asignado con tal propósito.

Montevideo, 9 de setiembre de 2003.

WALTER VENER CARBONI, Representante por Soriano.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

No bien se inició el diferendo entre el Correo y las empresas públicas por la distribución de facturas, hicimos mediante exposición escrita el planteo que reiteramos hace un par de meses y que hoy expresamos mediante un proyecto de ley.

Las políticas sociales van dirigidas a niños, adolescentes y adultos mayores; muy pocas, salvo la educación si puede considerarse dentro de las políticas sociales o una actividad con identidad propia, van dirigidas a los jóvenes.

Los planes de empleo que se promueven desde el Estado priorizan la familia, lo que no digo que esté mal, pero es un hecho más para marcar, que es bueno realizar algunas acciones concretas dirigidas hacia los jóvenes.

¿No nos duele e indigna muchas veces ver cómo aumenta el número de pasaportes expedidos y la cantidad de jóvenes que se van al exterior, más allá de que la gran mayoría tenga éxito en otras tierras? ¿No es hora de que desde el sistema político demos una señal que los comprenda, que los abarque y más allá de que no vamos a solucionar el problema central, mostremos que cuando hay una posibilidad nos acordamos de ellos?

Habrá que agudizar el ingenio y ver cómo se soluciona el déficit del Correo; hay mucho envío gratis desde el Estado que puede comenzar a pagar y también otras fórmulas compensatorias que con toda la información necesaria podría ocurrírsenos.

Pero hoy, entre los jóvenes y el Correo, elijo a los jóvenes.

Montevideo, 9 de setiembre de 2003.

WALTER VENER CARBONI, Representante por Soriano".

4.-     Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Está abierto el acto.

(Es la hora 14 y 52)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Enrique Pérez Morad solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Vivienda, a la Intendencia Municipal de Maldonado, con destino a las Juntas Locales del departamento y a la Junta Local Autónoma y Electiva de San Carlos, acerca de la entrega, por parte de ese Ministerio, de los títulos de propiedad de las viviendas pertenecientes al complejo de viviendas "17 de junio" de la ciudad de Maldonado. C/27/000

El señor Representante Miguel Dicancro solicita se curse una exposición escrita a la Comisión de Asuntos Internos del Cuerpo, relacionada con la asistencia de los señores Legisladores a las sesiones de la Cámara y las Comisiones. C/27/000".

——Se votarán oportunamente.

5.-      Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión ordinaria realizada el 9 de setiembre de 2003:

Con aviso: Martha Montaner y Darío Pérez.

Sin aviso: Roberto Conde.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Martes 9 de setiembre

DERECHOS HUMANOS

Con aviso: Gustavo Penadés.

GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Con aviso: Ricardo Recuero Riagno.

ESPECIAL CON EL COMETIDO DE ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA DEL DEPORTE Y DE LA JUVENTUD

Con aviso: Carlos Baráibar, Julio Lara, Luis Alberto Lacalle Pou y Óscar Magurno".

6.-     Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Veintitrés en veinticinco: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Enrique Pérez Morad al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Vivienda, a la Intendencia Municipal de Maldonado, con destino a las Juntas Locales del departamento y a la Junta Local Autónoma y Electiva de San Carlos, acerca de la entrega, por parte de ese Ministerio, de los títulos de propiedad de las viviendas pertenecientes al complejo de viviendas "17 de junio" de la ciudad de Maldonado.

"Montevideo, 9 de setiembre de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Vivienda (DINAVI); a la Junta Local Autónoma Electiva de San Carlos, y a la Intendencia Municipal de Maldonado, con destino a las Juntas Locales. Vecinos de la ciudad capital del departamento de Maldonado, pertenecientes al Complejo de Viviendas 17 de Junio del Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda (SIAV), vienen reclamando la entrega de los títulos de propiedad de las viviendas que ocupan desde hace ocho años. Dichos propietarios han terminado de pagar lo que les correspondía hace dos años y medio. Según consta en el convenio firmado entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y los habitantes del referido complejo habitacional, una vez culminado el pago de las unidades se les entregarían los títulos de propiedad. En reiteradas oportunidades nos hemos comunicado con la DINAVI y nos confirmaba que los títulos estaban prontos, solo existía un problema de agenda para su entrega. Por respeto al compromiso contraído con los vecinos, insistimos en la necesidad imperiosa de entregarles, en forma urgente, lo que les corresponde y que naturalmente reclaman. Esperamos a la brevedad la corrección de la situación descripta. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ENRIQUE PÉREZ MORAD, Representante por Maldonado".

2) Exposición del señor Representante Miguel Dicancro a la Comisión de Asuntos Internos del Cuerpo, relacionada con la asistencia de los señores Legisladores a las sesiones de la Cámara y las Comisiones.

"Montevideo, 10 de setiembre de 2003. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Chápper. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes. Consideramos que el legislador, el Diputado o el Senador, que falte al cumplimiento de sus funciones, ya sea en Comisiones o sesiones de Cámara, debe ser pasible del descuento correspondiente, salvo que se impute su inasistencia a licencia, dentro de los límites que establece la reglamentación respectiva, o a causa de enfermedad debidamente certificada. Esta debe ser una condición importante: debidamente certificada. Del mismo modo, no podrá ingresar a Comisiones o a Sala, fuera de la hora, porque las ausencias o impuntualidades, no se justifican de modo alguno, particularmente en el parlamentario, quien supuestamente, debe dar el ejemplo a la ciudadanía que representa. Consideramos que el hábito de algunos legisladores de llegar a las Comisiones media hora más tarde o mucho más, no es bueno para el Poder Legislativo ni para el país. Afortunadamente, el actual Presidente de la Cámara de Diputados doctor Jorge Chápper, restableció el hábito de la puntualidad a la fuerza, suspendiendo aquellas sesiones en las que no se encuentre en Sala el número de Diputados establecido en la reglamentación respectiva. Por ahora este procedimiento está resultando eficaz, suponemos que, por lo menos, mientras dure su Presidencia, si bien hasta el momento, fue necesario suspender varias sesiones de la Cámara de Representantes, cosa que es inadmisible que suceda, particularmente, sin ningún tipo de descuento económico para los legisladores que hubieren estado omisos. Parece ser que lo único que es capaz de cambiar este hábito, es la sanción económica y no otra, por lo menos hasta donde es de nuestro conocimiento. Tanto es así, que desde que se cobra en el Palacio tan solo $ 3.50 por café, es notorio que se consume mucho menos. Mientras los grandes temas del país esperan, algún día, ser tratados. Dejo constancia que algunos de los señores legisladores, en la oportunidad que comentamos en que se suspendió la sesión, se encontraban fuera de Sala conversando en el ambulatorio, o en la Sala de la Bancada correspondiente, pero de todas maneras, eso no está bien y no es cumplir con sus funciones específicas en forma alguna. Habitualmente las Comisiones sesionan, en general, con no menos de media hora de retraso pero, lo que es inconcebible, es que nada menos que la Comisión de Hacienda integrada con la Comisión de Presupuestos, haya sesionado en recientes oportunidades con aproximadamente la mitad de los legisladores que debieron asistir. Consideramos que los señores legisladores debieran estar presentes a la hora indicada para iniciar las Comisiones o la sesión de Cámara correspondiente y, en caso de que ello no sucediera, debiera ponerse en conocimiento del señor Presidente, para que de oficio, se proceda al descuento económico correspondiente. No es posible que siga cobrando el que no presta funciones, el que no trabaja, porque inclusive se desestimula al que lo hace e, indirectamente, se desvaloriza su función. En conclusión, debiera controlarse con mayor precisión y severidad la presencia de los legisladores en Sala y en las Comisiones, y proceder al descuento económico correspondiente, porque una cosa es la democracia y otra muy distinta la total discrecionalidad a cargo de los señores legisladores. Pensamos que es necesario señalar lo que no está bien y ésta es una de las cosas que no lo están. Que me disculpen mis esporádicos colegas. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. MIGUEL DICANCRO, Representante por Montevideo".

7.-     Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente. (Autorización para reunirse simultáneamente con la Cámara).

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Pérez, Sendic, Carminatti y Señorale.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se autorice a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente a reunirse durante la sesión del plenario".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Veinticuatro en veintiocho: AFIRMATIVA.

8.-       Comisión de Hacienda. (Autorización para reunirse simultáneamente con la Cámara).

Dese cuenta de una moción de orden presentada por la señora Diputada Payssé y los señores Diputados Pandolfo, Ronald Pais, Posada, Leglise, Ponce de León y Bagalciague.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se autorice a la Comisión de Hacienda a reunirse durante la sesión de Cámara (artículo 50, numeral 10, del Reglamento de la Cámara)".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Veintitrés en veintinueve: AFIRMATIVA.

9.-         Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

Del señor Representante Juan Máspoli Bianchi, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 10 de setiembre de 2003 convocándose al suplente siguiente, señor José María Caballero.

Visto la licencia oportunamente concedida al señor Representante Pedro Señorale, y ante la denegatoria de los suplentes correspondientes de aceptar la convocatoria realizada, la Corte Electoral, ante solicitud de la Cámara, proclama por el período comprendido entre los días 16 y 25 de setiembre de 2003, al suplente correspondiente siguiente, señor Ramón Simonet.

Visto la licencia oportunamente concedida al señor Representante Juan Justo Amaro Cedrés, y ante la denegatoria de los suplentes correspondientes de aceptar la convocatoria realizada, la Corte Electoral, ante solicitud de la Cámara, proclama por el período comprendido entre los días 17 y 25 de setiembre de 2003, al suplente correspondiente siguiente, señor Juan Carlos De León.

Ante la solicitud remitida por el señor Representante Enrique Pintado, en referencia a la licencia oportunamente votada, modifícase la fecha de la misma, declarándose que abarca el período comprendido entre los días 15 y 19 de setiembre de 2003, convocándose por el mencionado lapso a la suplente correspondiente, señora María Eloísa Moreira.

Ante la solicitud remitida por el señor Representante José Carlos Mahía, en referencia a la licencia oportunamente votada, modifícase la fecha de la misma, declarándose que abarca el período comprendido entre los días 15 y 19 de setiembre de 2003, convocándose por el mencionado lapso a la suplente correspondiente, señora Gabriela Garrido".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Veintiséis en veintisiete: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 9 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, por el día miércoles 10 del corriente, convocando a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

JUAN MÁSPOLI BIANCHI
Representante por Flores".

"Montevideo, 9 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi consideración:

Por la presente quien suscribe Dr. Luis Gustavo Aguilar titular de la cédula de identidad Nº 3.049.547-9, manifiesto no aceptar la convocatoria para ocupar el cargo de Representante Nacional por el departamento de Flores, para el día 10 de setiembre de 2003.

Ruego se sirva disponer lo que reglamentariamente corresponda.

Saluda con elevada consideración.

Luis Gustavo Aguilar".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Flores, Juan Máspoli Bianchi.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de setiembre de 2003.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente, señor Luis Gustavo Aguilar.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 10 de setiembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Flores, Juan Máspoli Bianchi.

2) Acéptase la negativa que por esta vez ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Luis Gustavo Aguilar.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 10 de setiembre de 2003, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 22 del Lema Partido Colorado, señor José María Caballero.

Sala de la Comisión, 10 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, MARÍA NELBA IRIARTE".

"Montevideo, 9 de setiembre de 2003.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA
DE REPRESENTANTES
DR. JORGE CHÁPPER

Nº 2300/2003
272/11

Señor Presidente:

Pongo en su conocimiento que la Corte Electoral en acuerdo del día de hoy, visto que el Representante Nacional por el departamento de Salto señor Pedro Señorale electo por la hoja de votación número 1 del lema Partido Colorado ha solicitado licencia por el período comprendido entre los días 16 y 25 de setiembre de 2003 y al haber declinado por esta vez la convocatoria los suplentes correspondientes, resolvió proclamar Representante Nacional al segundo candidato Sr. Ramón Simonet y suplentes Sres. Eduardo Martínez, Orestes Machiavello y Daniel Sosa.

Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por el término de la licencia concedida al Representante Nacional señor Pedro Señorale y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo 3º de la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 10.618, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.

CARLOS A. URRUTY
Presidente

ALFONSO MARIO CATALDI
Secretario Letrado".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La licencia por motivos personales oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Salto, Pedro Señorale, por el período comprendido entre los días 16 y 25 de setiembre de 2003.

CONSIDERANDO: I) Que habiéndose agotado la nómina de suplentes se solicitó a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

II) Que la Corte Electoral ha proclamado, por oficio Nº 2300/2003, de fecha 9 de setiembre de 2003, a los señores Ramón Simonet, Eduardo Martínez, Orestes Machiavello y Daniel Sosa nuevos suplentes.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

Convóquese por Secretaría, por el período comprendido entre los días 16 y 25 de setiembre de 2003, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 1, del Lema Partido Colorado, señor Ramón Simonet.

Sala de la Comisión, 10 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, MARÍA NELBA IRIARTE".

"Montevideo, 9 de setiembre de 2003.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA
DE REPRESENTANTES
DR. JORGE CHÁPPER

Nº2299/03
272/10

Señor Presidente:

Pongo en su conocimiento que la Corte Electoral en acuerdo celebrado en el día de hoy, visto que el Representante Nacional por el departamento de Florida señor Juan Justo Amaro Cedrés electo por la hoja de votación número 22 del lema Partido Colorado, ha solicitado licencia entre los días 17 y 25 de setiembre de 2003 y al haber declinado por esta vez la convocatoria los suplentes correspondientes, resolvió proclamar Representante Nacional al segundo candidato Dr. Orlando Canzani y suplentes a los Sres Javier Fernández, Juan Carlos de León y José Di Santi.

Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por el término de la licencia concedida al Representante Nacional señor Juan Justo Amaro y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo 3º de la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.

CARLOS A. URRUTY
Presidente

ALFONSO MARIO CATALDI
Secretario Letrado".

"Montevideo, 10 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de poner en su conocimiento, que renuncio por esta única vez, a la convocatoria de la que he sido objeto por la Cámara de Representantes, como suplente del Representante Nacional Juan Justo Amaro Cedrés.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente,

Orlando Canzani".

"Montevideo, 10 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de poner en su conocimiento, que renuncio por esta única vez, a la convocatoria de la que he sido objeto por la Cámara de Representantes, como suplente del Representante Nacional Juan Justo Amaro Cedrés.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente,

Javier Fernández".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La licencia por motivos personales oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Florida, Juan Justo Amaro Cedrés, por el período comprendido entre los días 17 y 25 de setiembre de 2003.

CONSIDERANDO: I) Que habiéndose agotado la nómina de suplentes se solicitó a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

II) Que la Corte Electoral ha proclamado, por oficio Nº 2299/2003, a los señores Orlando Canzani, Javier Fernández, Juan Carlos De León y José Di Santi, como nuevos suplentes.

III) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes correspondientes siguientes señores Orlando Canzani y Javier Fenández.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes siguientes señores Orlando Canzani y Javier Fernández.

2) Convóquese por Secretaría, por el período comprendido entre los días 17 y 25 de setiembre de 2003, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 22, del Lema Partido Colorado, señor Juan Carlos De León.

Sala de la Comisión, 10 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, MARÍA NELBA IRIARTE".

"Montevideo, 8 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a Ud. a efectos de rectificar el plazo de licencia solicitada –desde el día 15 al 21 de setiembre- con motivo de mi concurrencia en calidad de 2º Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsionales del Parlamento Latinoamericano a la II Cumbre de Deuda Social a realizarse en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, República Bolivariana de Venezuela, entre los días 17 y 20 del presente mes. Solicito a Ud. que el nuevo plazo de la misma sea del 15 al 19 de setiembre.

Sin otro particular, lo saluda atentamente.

ENRIQUE PINTADO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia en misión oficial concedida oportunamente, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Enrique Pintado.

RESULTANDO: Que con fecha 9 de setiembre de 2003, el señor Representante Enrique Pintado comunica el cambio de fecha de la licencia otorgada, solicitando que se rectifique la misma y sea por el período comprendido entre los días 15 y 19 de setiembre de 2003.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Modifícase la fecha de la licencia oportunamente concedida por misión oficial, al señor Representante Enrique Pintado, declarándose que la misma abarca el período comprendido entre los días 15 y 19 de setiembre de 2003.

2) Convóquese por Secretaría por el período comprendido entre los días 15 y 19 de setiembre de 2003, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora María Eloísa Moreira.

Sala de la Comisión, 10 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, MARÍA NELBA IRIARTE".

"Montevideo, 10 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper

Presente.
De mi consideración:

Por este intermedio solicito la rectificación del período de mi licencia votada oportunamente, que deberá ser desde el día 15 al 19 del corriente por los motivos ya expuestos. El pedido debe decir:

Durante los días 17 al 20 de setiembre del corriente se realizará en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, Rep. Bol. de Venezuela, la II Cumbre de la Deuda Social a la que he sido invitado en mi calidad de Vicepresidente de la Comisión de Niñez y Juventud del PARLATINO.

Por este motivo, y al amparo del literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, solicito licencia por el período comprendido entre los días 15 al 19 del corriente inclusive.

Sin otro particular, saluda a usted atte.

JOSÉ CARLOS MAHÍA
Representante por Canelones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia en misión oficial concedida oportunamente, al señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía.

RESULTANDO: Que con fecha 10 de setiembre de 2003, el señor Representante José Carlos Mahía comunica el cambio de fecha de la licencia otorgada, solicitando que se rectifique la misma y sea por el período comprendido entre los días 15 y 19 de setiembre de 2003.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Modifícase la fecha de la licencia oportunamente concedida por misión oficial, al señor Representante José Carlos Mahía, declarándose que la misma abarca el período comprendido entre los días 15 y 19 de setiembre de 2003.

2) Convóquese por Secretaría por el período comprendido entre los días 15 y 19 de setiembre de 2003, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Gabriela Garrido.

Sala de la Comisión, 10 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, MARÍA NELBA IRIARTE".

10.-     Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. (Aprobación).

——Se entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1305

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Industria, Energía y Minería
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Montevideo, 26 de mayo de 2003.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7º) y 168, numeral 20) de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, firmado en la ciudad de Estocolmo, Suecia, el 22 de mayo de 2001, integrado por el preámbulo, treinta artículos, los Anexos A, B, C, D, E, F y la corrección en el Artículo 1º del texto original (texto auténtico en español) y de los ejemplares certificados, comunicada el 21 de febrero de 2003 por el Secretario General de las Naciones Unidas, actuando en calidad de depositario.

El Convenio es la culminación de un extenso proceso de negociación seguido por las Naciones Unidas para enfrentar los graves peligros para la salud humana y el medio ambiente, derivados de las características de persistencia y bioacumulación de ciertos productos químicos orgánicos.

Por decisión 18/92 del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), adoptada en mayo de 1995, se inició la evaluación de una lista inicial de doce contaminantes orgánicos persistentes (COP, también conocidos por su sigla en inglés POP): aldrina, clordano, DDT, dieldrina, dioxinas, endrina, furano, hexaclorobenceno, heptacloro, mirex, bifenilos policlorados (BPC) y toxafeno.

En febrero de 1997, como resultado de esos análisis, el Consejo de Administración del PNUMA convocó un Comité Intergubernamental de Negociación con el mandato de preparar un instrumento internacional, jurídicamente vinculante, para la aplicación de medidas internacionales respecto de ciertos contaminantes orgánicos persistentes (COP). Se celebraron negociaciones en Montreal (1998), Nairobi (enero de 1999), Ginebra (setiembre de 1999), Bonn (marzo de 2000) y Johannesburgo (diciembre de 2000), como resultado de las cuales se logró acordar el texto del Convenio que se firmó el 22 de mayo de 2001 en la Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en Estocolmo, Suecia.

Los COP corresponden a compuestos clasificados como de alta toxicidad, causantes de efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente, debido a sus propiedades de resistencia a la degradación química y biológica, baja solubilidad en agua y alta en lípidos, razón por la cual son bioacumulables en los tejidos adiposos de los organismos vivos y debido a su semivolatilidad pueden transportarse en concentraciones bajas, por la circulación en cursos de agua y la atmósfera, con la contribución de las especies migratorias a través de las fronteras internacionales, depositándose en regiones distantes de la fuente originaria y acumulándose en ecosistemas terrestres y acuáticos, dando lugar a una amplia distribución en todo el planeta, exponiendo a los seres humanos y a otros seres vivos, en muchos casos por períodos prolongados.

El Convenio reconoce los problemas de salud que, especialmente en los países en desarrollo, ocasiona la exposición a los COP en las mujeres y a través de ellas, en las futuras generaciones. Asimismo, señala la amenaza para los ecosistemas y comunidades indígenas del Ártico, debido a la biomagnificación de los COP y a la contaminación de sus alimentos tradicionales, subrayando la importancia de que la industria química fabricante de los COP asuma la responsabilidad de reducir los efectos adversos causados por sus productos y suministre información a los usuarios, a los gobiernos y al público, sobre las propiedades peligrosas de esos productos químicos.

La necesidad de fortalecer la capacidad para la gestión de los productos químicos en los países en desarrollo y en los países con economías en transición, mediante la transferencia de tecnología, la asistencia financiera y técnica y el fomento de la cooperación entre las Partes, representa una garantía del éxito del Convenio.

El objetivo del Convenio (Artículo 1 corregido) es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los COP, teniendo presente el criterio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

La adopción del criterio de precaución que también se explicita en el Artículo 8 numeral 7 literal a), significa que para actuar no habrá que aguardar a que exista plena certeza científica.

Se establece que cada Parte adoptará medidas de prohibición, eliminación o restricción en la producción y utilización, así como en las exportaciones e importaciones de los productos químicos comprendidos en los Anexos del Convenio, de forma de reducir o eliminar las liberaciones derivadas de su producción y utilización intencionales (Artículo 3), no intencionales (Artículo 5) y las derivadas de existencias y desechos (Artículo 6).

No obstante, está previsto que toda Parte que tenga una excepción específica de acuerdo con el Anexo A, o una finalidad aceptable de conformidad con el Anexo B, tomará las medidas apropiadas a efectos que cualquier producción o utilización vinculada a esa exención o finalidad, se realice evitando o reduciendo al mínimo la exposición humana y la liberación en el medio ambiente (Artículo 3, párrafo 6).

Conforme al procedimiento establecido en el Artículo 4, se establece un Registro para individualizar a las Partes que gozan de exenciones específicas, el cual la Secretaría del Convenio pondrá a disposición del público. Al pasar a ser Parte del Convenio, cualquier Estado podrá inscribirse en el Registro para uno o más tipos de exenciones específicas incluidas en los Anexos A y B, las cuales expirarán cinco años después de la fecha de entrada en vigor del Convenio con respecto a un producto químico determinado.

El Anexo A, ELIMINACIÓN, comprende nueve productos químicos, aldrina, clordano, dieldrina, endrina, heptacloro, hexaclorobenceno, mirex, toxafeno y bifenilos policlorados (BPC). Las exenciones específicas allí contempladas, podrán ser ejercidas por las Partes que hayan registrado exenciones con respecto a ellas, de acuerdo con el Artículo 4, con la excepción establecida en la Parte II referida a la eliminación del uso de BPC en equipos (por ejemplo, transformadores, condensadores u otros receptáculos que contengan existencias de líquidos).

El Anexo B, RESTRICCIÓN, incluye el DDT, con el objetivo último de la eliminación, permitiéndose, entre tanto, únicamente para el control de vectores de enfermedades infecciosas conforme con las recomendaciones y directrices de la Organización Mundial de la Salud. Se insta a promover la investigación, desarrollo e implementación de alternativas al DDT que sean seguras, efectivas y asequibles.

El Anexo C, PRODUCCIÓN NO INTENCIONAL, se refiere a los siguientes COP: dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados (PCDD/PCDF), hexaclorobenceno (HCB) y bifenilos policlorados (BPC). Estos productos químicos se forman y se liberan de forma no intencional a partir de procesos térmicos, que comprenden materia orgánica y cloro, como resultado de una combustión incompleta o de reacciones químicas, por ejemplo, la quema a cielo abierto de desechos, combustión doméstica, combustión de combustibles fósiles en centrales termoeléctricas o calderas industriales, instalaciones de combustión de madera u otros combustibles de biomasa, crematorios, destrucción de carcasas de animales, motores que utilizan gasolina con plomo, plantas de desguace de vehículos, desechos de refinerías de petróleo, etcétera.

Entre las fuentes industriales con potencial de formación y liberación de esos productos al ambiente, se citan: incineradoras de desechos incluidas las de desechos municipales peligrosos o médicos o de fango cloacal, desechos peligrosos de la combustión en hornos de cemento y producción de pasta de papel utilizando cloro elemental para blanqueo.

Para alcanzar el objetivo, el Convenio prevé la adopción de medidas de reducción y eliminación de las liberaciones de COP, de promoción del uso de materiales, productos y procesos sustitutivos y el empleo de las mejores técnicas disponibles y prácticas ambientales.

Sin perjuicio de ello, siguiendo el procedimiento previsto en el Artículo 8 y los requisitos de información y criterios de selección contemplados en los Anexos D, E y F, cualquiera de las Partes podrá presentar a la Secretaría una propuesta de inclusión de un producto químico en los Anexos A, B y C, la que será analizada por un Comité de Examen de COP. En tal sentido, como parte integrante de este mensaje, se acompaña la propuesta de exención presentada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con relación al producto mirex.

A efectos de alcanzar el objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los COP, se establecen mecanismos de intercambio de información entre las Partes (Artículo 9), criterios de información, sensibilización y formación del público (Artículo 10), orientaciones para la investigación, desarrollo y vigilancia (Artículo 11), asistencia técnica (Artículo 12) y mecanismos de cooperación y recursos financieros para financiar los costes del cumplimiento del Convenio (Artículo 13), teniendo en cuenta las circunstancias y las especiales necesidades de las Partes, así como las responsabilidades comunes pero diferenciadas, de conformidad con lo reconocido en el principio 7 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

El Convenio de Estocolmo recuerda las disposiciones de los convenios internacionales sobre el medio ambiente, especialmente el Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos, objeto de comercio internacional, así como también el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, incluidos los acuerdos regionales elaborados en ese marco. Con relación a los citados instrumentos internacionales multilaterales, la República viene teniendo una política de participación activa, desarrollando diversos programas, especialmente en materia de cooperación.

Existen exenciones a dichas prohibiciones y restricciones. Las únicas exenciones generales se refieren a cantidades de una sustancia química utilizada en investigación a escala de laboratorio o como estándar de referencia, así como en cantidades como contaminantes traza no intencionados en productos y artículos. Además, se establece un proceso de exención general que requiere notificación para COP que formen parte de artículos fabricados o en uso antes o en la fecha de entrada en vigor del Convenio o que se utilizan como intermediarios en sistemas cerrados y limitados a un emplazamiento. Estas notificaciones serán públicas.

El resto son exenciones específicas para países. En los Anexos se recogen los tipos de exenciones específicas disponibles (por ejemplo, la aldrina como insecticida; el clordano como termiticida en edificios y presas o como aditivo para adhesivos de contrachapado; o el heptacloro en tratamiento de la madera). Los países que escojan alguna de las exenciones tipificadas se incluirán en un registro, que tendrá un carácter público e incluirá además los tipos de exenciones y las fechas de expiración (cinco años tras la entrada en vigor del Convenio). La Conferencia de las Partes revisará cada caso y, a petición, puede conceder una prórroga como máximo de cinco años.

Las Partes firmantes deberán identificar las existencias, productos, artículos en uso y residuos que contengan o estén contaminados con COP para gestionarlas de manera ambientalmente racional. Se deberán eliminar de tal forma que el contenido de COP es destruido o transformado irreversiblemente, de forma que no se exhiban características de COP, o eliminado de forma ambientalmente racional cuando la destrucción o transformación irreversible no representa la opción medioambiental preferible o su contenido de COP sea bajo.

La Conferencia de las Partes trabajará en estrecha cooperación con los organismos relevantes de la Convención de Basilea para determinar los aspectos comunes que aun no están definidos, como son los niveles de destrucción de COP que se consideran suficientes, los métodos que garanticen la eliminación ambientalmente racional, así como la definición del nivel bajo a que se refería el párrafo anterior.

El Poder Ejecutivo considera de primordial interés la aprobación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en tanto instrumento idóneo para contribuir a la protección de la salud pública y del medio ambiente, así como por las condiciones del comercio internacional contemporáneo y su interrelación con la preservación ambiental, para favorecer la producción nacional y la comercialización de importantes rubros exportables, lo cual se vincula adecuadamente con la Constitución de la República que en su Artículo 47 declara de interés general la protección del ambiente y con la Ley Nº 17.283, de 28 de noviembre de 2000 (Ley General de Protección del Ambiente) que entre los principios de la política nacional ambiental recogió en el literal B) del Artículo 6º, el criterio de precaución, como fundamento para la adopción de medidas preventivas, criterio que como fue precedentemente expresado, está incorporado en el Artículo 1 y en el Artículo 8 párrafo 7 literal a) del Convenio.

El Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, DIDIER OPERTTI, PEDRO BORDABERRY, MILTON JOSÉ PESCE, MARTÍN AGUIRREZABALA, SAÚL IRURETA SARALEGUI.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, suscrito en la ciudad de Estocolmo, Suecia, el 22 de mayo de 2001 integrado por el preámbulo, treinta artículos, los Anexos A, B, C, D, E, F y la corrección efectuada en el Artículo 1º del texto original de la Convención (texto auténtico en español) y de los ejemplares certificados, comunicada el 21 de febrero de 2003 por el Secretario General de las Naciones Unidas.

Montevideo, 26 de mayo de 2003.

DIDIER OPERTTI, PEDRO BORDABERRY, MILTON JOSÉ PESCE, MARTÍN AGUIRREZABALA, SAÚL IRURETA SARALEGUI".

(Texto del Convenio)

       

Anexo I al
Rep. Nº 1305

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Asuntos Internacionales

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha analizado el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, firmado en la ciudad de Estocolmo, Suecia, el 22 de mayo de 2001, compuesto por el preámbulo, por treinta artículos y por los Anexos, A, B, C, D, E y F.

Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), reciben esta denominación aquellos productos químicos tóxicos, resistentes a la degradación, de carácter bioacumulable, por sus características desconoce fronteras, transportándose ya por vía terrestre como por vía acuática, ecosistemas donde se acumulan.

Se reconoce que una falta de control internacional de los mismos traerá problemas en la salud del ser humano, en especial en las mujeres y a través de ellas, las futuras generaciones.

A instancias del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se inician actividades internacionales para proteger la salud humana y el medio ambiente, dirigidas a la reducción o eliminación de las emisiones de los COP.

Convenios anteriores han tratado de regular este tema, entre ellos el Convenio de Rotterdam, que trata de plaguicidas y productos químicos objeto de comercialización internacional, y el Convenio de Basilea, el cual regula el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos.

El presente Convenio reafirma el derecho soberano de los Estados, acordado por el Derecho Internacional Público, de conducirse de acuerdo a sus políticas internas pero con la responsabilidad de que sus acciones no dañen el medio ambiente de otros Estados.

Se alienta a las Partes a que cuenten con sistemas reglamentarios y de evaluación para plaguicidas y productos químicos industriales.

Las Partes se comprometen a aplicar medidas necesarias destinadas a la reducción o eliminación de las emanaciones derivadas de la producción y utilización intencional de los COP, esto es limitar o restringir la producción, y cualquier tipo de comercialización nacional o internacional de los mismos de acuerdo a su grado de toxicidad (Artículo 3).

El presente Convenio establece en su Artículo 3 que cada Parte prohibirá y/o tomará las medidas necesarias para eliminar la utilización e importación de una serie de productos tóxicos que se describe en el Anexo A.

Entre ellos está el Mirex cuya única exclusión es para su uso como termicida.

Sin embargo, el informe del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que consigna la progresiva eliminación de los COP en el país, reconoce el uso del Mirex como hormiguicida de amplio uso en la forestación, horticultura y fruticultura. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca reconoce que es un "hormiguicida de primera elección por los productores".

El Mirex tiene una toxicidad moderada pero de tipo crónico, provoca daño en los fetos, malformaciones, afecta el sistema hormonal y baja las defensas inmunológicas.

El Uruguay ha desarrollado una posible inserción en el mercado productivo y turístico internacional como "país natural". Las demoras en restaurar los deterioros ambientales que puedan haber sufrido por el uso de insecticidas o fertilizantes químicos, sólo conspiran contra esa línea de desarrollo.

El uso del Mirex debería ser prohibido por la Ordenanza Bromatológica Nacional, por lo menos para la venta doméstica para usos en jardines y huertas, hasta su eliminación total también en las áreas forestadas.

La coordinación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud Pública y las Intendencias Municipales deberían implantar las campañas de prevención e información sobre la toxicidad del producto.

Se establece un Registro de Exenciones Específicas incluidas en los Anexos A y B, que individualiza a las Partes que gozan de las mismas. Dichas exenciones específicas tienen una validez de cinco años, al término de los cuales la Parte puede solicitar una prórroga de hasta cinco años más que debe ser aprobada por la Conferencia de las Partes (Artículo 4).

Para la reducción o eliminación de las emanaciones derivadas de la producción y utilización no intencional de los COP, las Partes deberán incorporar un conjunto de medidas con el objeto de reducir las liberaciones de los productos químicos que se describen en el Anexo C, hasta llegar a la eliminación de los mismos.

Asimismo, el Convenio estipula los procedimientos a seguir para la elaboración de un plan de acción para alcanzar dicha meta (Artículo 5).

Para la reducción o eliminación de las liberaciones derivadas de las existencias y desechos, se prevé que cada Parte construya las estrategias adecuadas para establecer la existencia de productos químicos y de desechos, y para los destinos finales de los mismos, en forma ambientalmente racional, asegurando el transporte, almacenamiento y destrucción de los mencionados contaminantes cuando correspondan (Artículo 6).

Las Partes se comprometen a confeccionar planes de acción para la consecución de los objetivos del presente documento (Artículo 7), y aportan además propuestas de productos químicos a incluir en los Anexos que recepciona la Secretaría (Artículo 8).

El tratamiento que se le da a la información es importante, se establece que cada Parte facilitará e intercambiará información relacionada con los procedimientos para el logro de los objetivos de este Convenio. Se contempla, asimismo, la necesidad de contar con campañas de información, sensibilización y formación de la sociedad como forma de concientizarla sobre la importancia de los COP (Artículos 9 y 10).

Se acuerda que las Partes dedicarán sus esfuerzos a la investigación, desarrollo y cooperación a nivel nacional e internacional respecto a los contaminantes orgánicos persistentes y se apoyarán los esfuerzos nacionales e internacionales de investigación técnica y científica, así como la asistencia técnica oportuna y adecuada según lo requieran las Partes que son países en desarrollo y los países con economías en vías de transición, (Artículos 11 y 12).

Los recursos financieros serán proporcionados por los Estados Parte de acuerdo a sus posibilidades y los mecanismos financieros serán aprobados por la Conferencia de las Partes. Así, se establece la clase de aporte que se espera de los Estados Parte que son países desarrollados, y de aquellos que están en desarrollo o que son economías en transición. Los recursos serán destinados a la aplicación de este Convenio (Artículo 13).

La Conferencia de las Partes trabajará en estrecha colaboración con los organismos de la Convención de Basilea para determinar los aspectos comunes que aún no están definidos, como los niveles de destrucción de los COP que se consideran suficientes y los métodos que garanticen la eliminación ambientalmente racional.

Entendemos oportuno y necesario que el Uruguay ratifique el Convenio de Estocolmo porque significa un avance en la defensa de la salud ambiental, de nuestra fauna, nuestra producción y nuestra población, pero creemos que ninguno de los COP enumerados en el Anexo A, debería ser permitido en el país.

Esta Comisión de Asuntos Internacionales recomienda, salvo mejor opinión del Cuerpo, la sanción del adjunto proyecto de ley por medio del cual se aprueba este Convenio.

Sala de la Comisión, 6 de agosto de 2003.

CARLOS PITA, Miembro Informante, RAMÓN FONTICIELLA, ARTURO HEBER FÜLLGRAFF, FÉLIX LAVIÑA, ENRIQUE PINTADO, JULIO LUIS SANGUINETTI, JAIME MARIO TROBO".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Pita.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente: quiero hacer un breve comentario sobre el Convenio de Estocolmo, para que quede constancia en la versión taquigráfica, porque dicho Convenio es importantísimo para la humanidad en general y en particular para el Uruguay, que desde hace mucho tiempo está haciendo grandes esfuerzos para imponer su condición de país natural.

Este Convenio tiene que ver con la prohibición y la adopción de medidas necesarias para la eliminación del uso e importación de productos tóxicos que por sus características tienen condiciones de persistencia y durabilidad que los hacen especialmente contaminantes del medio ambiente por períodos de tiempo muy importantes. También tiene que ver con la protección de la salud humana y de las distintas formas de vida.

Consta de un cuerpo central integrado por un preámbulo y treinta artículos, al que se agregan seis anexos. En los Anexos A y B se establecen exenciones. Estos anexos permiten a los países registrar exenciones específicas, que tienen validez por cinco años, al término de los cuales puede ser solicitada una prórroga de hasta cinco años más, si lo aprueba la Conferencia de las Partes, que es el organismo que regula y vigila la aplicación del Convenio.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca informó exhaustivamente acerca de las razones que a su criterio motivan el uso de esta capacidad de exención específica a través del Anexo A para un hormiguicida que es de amplio uso en la forestación, la horticultura y la fruticultura nacionales. El Ministerio califica a este producto, que se incluye en la lista de exenciones específicas, como un "hormiguicida de primera elección por los productores". Con esta denominación entrecomillada que ponemos en el informe que acompaña al proyecto, queremos decir que es de primera elección en el sentido económico comercial, pero este es uno de los insecticidas típicamente contaminantes orgánicos persistentes, que tiene que ser eliminado.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca informó a la Cancillería y esta comprendió la situación, por lo que accedió a la solicitud de la Cartera, incluyéndolo en el Anexo A como una exención específica. Quiero dejar constancia de que en nuestra Comisión, y también en forma personal, hemos recibido múltiples opiniones, desde distintos abordajes -científicos, ambientalistas, oficiales y no gubernamentales-, manifestándonos particular y expresamente enorme preocupación por este tema.

La Comisión entendió pertinente aconsejar la aprobación de este Convenio, que nos parece estratégico para el medio ambiente y para el Uruguay "país natural" como parte del mundo, pero poniendo especial atención en los párrafos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de la página 2 del informe. Quiero dejar expresa constancia de esto, y lo voy a leer textualmente para que conste en la versión taquigráfica. Dice que entre las exenciones específicas "está el Mirex cuya única exclusión es para su uso como termicida". Y a continuación dejamos constancia de lo siguiente: "Sin embargo, el informe del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que consigna la progresiva eliminación de los COP" -contaminantes orgánicos persistentes- "en el país, reconoce el uso del Mirex como hormiguicida de amplio uso en la forestación, horticultura y fruticultura. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca reconoce que es un 'hormiguicida de primera elección por los productores'.- El Mirex tiene una toxicidad moderada pero de tipo crónico, provoca daño en los fetos, malformaciones, afecta el sistema hormonal y baja las defensas inmunológicas.- El Uruguay ha desarrollado una posible inserción en el mercado productivo y turístico internacional como 'país natural'. Las demoras en restaurar los deterioros ambientales que puedan haber sufrido por el uso de insecticidas o fertilizantes químicos, solo conspiran contra esa línea de desarrollo.- El uso del Mirex debería ser prohibido por la Ordenanza Bromatológica Nacional, por lo menos para la venta doméstica para usos en jardines y huertas, hasta su eliminación total también en las áreas forestadas.- La coordinación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud Pública" -a nivel nacional- "y las Intendencias Municipales deberían implantar las campañas de prevención e información sobre la toxicidad del producto".

Esto que acabo de leer, extractado del informe -lo quería destacar de esta manera-, es para mí la parte central, que debe tener el valor de un enunciado programático y un compromiso político del Poder Ejecutivo con el Parlamento que aprueba este convenio, en el sentido de cumplir esto estrictamente, en los plazos mínimos previsibles establecidos por el propio Convenio internacional, sustituyendo el uso de esta sustancia y actuando en consecuencia, es decir, gestando las condiciones para que deje de ser lo que hoy es: el hormiguicida de primera elección por los productores. En tal sentido, debería hacerse un proceso cultural en la materia y, en el plazo más breve establecido, al agotamiento de la exención, debería dejarse sin efecto y pasar a ser, como dice el texto leído -que, reitero, tiene valor de enunciado programático-, otra de las sustancias prohibidas, para cumplir con el objetivo central del Convenio que estamos ratificando.

Era cuanto quería decir respecto al informe -es obvio que el resto lo compartimos todos los miembros de la Comisión-, que detalla en forma exhaustiva los contenidos del Convenio que ratificaremos.

Muchas gracias.

SEÑOR LEGNANI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LEGNANI.- Señor Presidente: estoy totalmente conforme con el informe del compañero Diputado Pita respecto a este Convenio. Simplemente, quiero aportar algunas citas bibliográficas al respecto.

Tenemos un extracto del trabajo de Thomas Geary, quien sostiene que "a nivel local, donde las plantaciones están concentradas, pueden estar teniendo lugar impactos no deseables. De preocupación inmediata es el uso de pesticidas a base de dodecacloro para el control de hormigas cortadoras. Estos productos químicos persistentes dañan a especies distintas a aquellas contra las que se aplican y se acumulan en los tejidos humanos".

En el capítulo sobre pesticidas, desarrolla más el tema y señala que el "Mirex, un hidrocarburo clorado como el DDT -el ingrediente activo es un dodecacloro-, es un pesticida comúnmente utilizado en Uruguay para el control de las hormigas cortadoras. Este producto químico fue empleado extensamente en el sudeste de los Estados Unidos para controlar a la 'hormiga de fuego' importada, hasta el año 1977, cuando la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos prohibió su uso.- Además del peligro que representa para la fauna silvestre y otros organismos, el Mirex se acumula en los tejidos humanos y se sospecha que sea cancerígeno [...]". Según Grosman, "El uso del Mirex ha sido recientemente prohibido en Brasil. Uruguay debería adoptar la misma medida. El Mirenex, también utilizado en Uruguay para el control de hormigas, es un dodecacloro y tampoco debería ser usado".

Es decir que desde 1977 se sabe de los peligros de este hormiguicida, lo que llevó a su prohibición total en los Estados Unidos. Se sabe que en Brasil -donde también se plantan eucaliptos masivamente- fue prohibido a fines de la década del noventa. Sin embargo, en el año 2003, no solo se lo sigue usando a gran escala en Uruguay, sino que se pretende que se autorice al país a seguir utilizándolo, tal como estableció el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por la vía de las exenciones.

Más absurdo aún resulta el hecho si se tiene en cuenta que existen alternativas, tanto en el Uruguay como en el exterior. Al respecto, el informe de Geary dice: "Algunos plantadores usan pesticidas menos nocivos. Aquellos basados en el ingrediente activo sulfluramida, tales como el Mirex-S, presentan riesgos mucho menores para los organismos a los que no se apunta a controlar. Fipronil [...] es también mucho menos peligroso que el Mirex. Los pesticidas basados en piretroides, tales como Fastac y Renegade, que están siendo actualmente ensayados en Uruguay, son los que probablemente presentan el menor riesgo".

Es interesante señalar que el estudio analiza una serie de impactos ambientales provocados por la forestación y no solo el tema de los agroquímicos. Sin embargo, cuando llega a las recomendaciones, lo primero que plantea como "acción inmediata" es que se "dejen de usar pesticidas basados en el dodecacloro".

Queríamos dejar constancia de estas citas a efectos de señalar y de destacar la gravedad del hecho que ha señalado en su informe el compañero Diputado Pita.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Treinta y dos en treinta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Este artículo requiere cincuenta votos conformes para su aprobación. Como en este momento no existe ese quórum en Sala, se va a votar si se cierra la discusión del artículo, postergándose su votación.

(Se vota)

——Treinta y seis en treinta y siete: AFIRMATIVA.

11.-      Decimoprimer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 celebrado entre los Gobiernos de los Estados Parte del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Bolivia, y su Anexo. ("Régimen de Solución de Controversias"). (Aprobación).

Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Decimoprimer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 celebrado entre los Gobiernos de los Estados Parte del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Bolivia, y su Anexo. ('Régimen de Solución de Controversias'). (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 848

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 11 de setiembre de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168, numeral 20) y el artículo 85, numeral 7) de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el cual se aprueba el Decimoprimer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Bolivia (ACE Nº 36) y su Anexo ("Régimen de Solución de Controversias"), suscrito en la ciudad de Montevideo, el día 19 de junio de 2001.

I. Antecedentes

El 17 de diciembre de 1996 se suscribió en Fortaleza (República Federativa del Brasil), el Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 entre los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Bolivia (ACE Nº 36) con el objeto de promover las inversiones recíprocas entre los agentes económicos de las Partes Signatarias y la liberación progresiva de las comunicaciones y el transporte fluvial y terrestre, fomentar la complementación y cooperación en diversos ámbitos, formar un área de libre comercio entre las Partes y establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio económico ampliado tendiente a facilitar la libre circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores productivos.

En su Título VIII, el ACE Nº 36 estableció un mecanismo para la solución de las controversias que pudieran surgir entre las Partes, con respecto a la interpretación, aplicación o incumplimiento del Acuerdo, así como de los instrumentos y Protocolos celebrados en el marco del mismo. Dicho mecanismo fue regulado en extenso en el Anexo II al Acuerdo. Este régimen estuvo destinado a regir por un período máximo de tres años desde la vigencia del ACE Nº 36 (hasta el 28 de febrero de 2000), previéndose el establecimiento de un nuevo régimen, que regiría a más tardar desde el cuarto año de vigencia del Acuerdo e incluiría un procedimiento arbitral.

El 27 de abril de 2000 se suscribió el Octavo Protocolo Adicional al ACE Nº 36, por el cual se acordó prorrogar la vigencia del antes mencionado Anexo II, desde el 29 de febrero de 2000 hasta la entrada en vigor del nuevo Régimen de Solución de Controversias.

II. El régimen de Solución de controversias

El "Régimen de Solución de Controversias", que consta en Anexo al Decimoprimer Protocolo Adicional al ACE Nº 36, fue suscrito en Montevideo, el 19 de junio de 2001 y tiene como finalidad establecer con carácter definitivo los mecanismos para resolver las posibles diferencias que se susciten en torno a la interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones del ACE Nº 36 y demás instrumentos suscritos o que se suscriban en el marco del mismo.

Son Partes Signatarias del Protocolo los Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la República de Bolivia y constituyen Partes Contratantes de este instrumento el MERCOSUR y la República de Bolivia (artículo 1º).

II.1. Ámbito de aplicación

El artículo 2º establece, con carácter general, que este régimen de solución de controversias se aplica a las diferencias que se planteen sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento de las normas del ACE Nº 36, así como de los Protocolos y otros instrumentos ya suscritos o a suscribir en el futuro en el marco del mismo.

No obstante, en lo que tiene que ver con las diferencias que surjan en torno a la interpretación del artículo 14 del ACE Nº 36, se contempla la posibilidad de que las Partes en la controversia, mediante acuerdo alcanzado durante la etapa de negociaciones directas, opten entre someter la misma al procedimiento establecido en este Protocolo o al previsto en el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias que forma Parte del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Estas cuestiones previstas en el artículo 14 del Acuerdo se refieren a la "aplicación de medidas destinadas a contrarrestar las distorsiones en la competencia generadas por prácticas de antidumping y subsidios". Según esta disposición, en estas materias "las Partes Contratantes se basarán en los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio". En este caso, si no existe acuerdo entre las Partes en cuanto al procedimiento a seguir, la opción le corresponde a la Parte reclamante. Una vez iniciada la acción, la opción elegida tiene carácter definitivo y excluyente, por lo cual una vez seleccionado uno de los foros previstos en el Protocolo, no será posible acudir al otro a efectos de resolver la controversia (artículo 2º).

Según el artículo 3º del "Régimen de Solución de Controversias", pueden ser Partes en la controversia, tanto las Partes Contratantes, es decir el MERCOSUR y la República de Bolivia, como ésta última y los Estados Partes del MERCOSUR (uno o más).

II.2. Los procedimientos para la solución de controversias

El "Régimen de Solución de Controversias" prevé tres instancias que funcionan necesariamente con carácter sucesivo: las negociaciones directas, la intervención de la Comisión Administradora y, por último, el procedimiento arbitral.

II.3. Negociaciones directas

El Capítulo II contempla el procedimiento de las negociaciones directas. Esta instancia fue establecida originalmente en el Protocolo de Brasilia (artículo 20), en el "Régimen de Solución de Controversias" anexo al Vigesimoprimer Protocolo Adicional al ACE Nº 35 entre los Gobiernos de los Estados Parte del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Chile y también en el Anexo II al ACE Nº 36. En todos los casos, este mecanismo tiene carácter obligatorio, previo al funcionamiento de las demás instancias, sin perjuicio de que pueda estar precedido de consultas recíprocas entre las Partes.

Las negociaciones serán conducidas, en el caso del MERCOSUR, por intermedio de la Secretaría Pro-Témpore (cuando el propio MERCOSUR sea Parte en la controversia) o de los Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común (cuando una de las Partes de la controversia esté constituida por uno o más Estados Partes del mecanismo de integración). Con respecto a la República de Bolivia, las negociaciones se conducirán a través del Viceministro de Relaciones Económicas Internacionales e Integración (artículo 4º).

La instancia de negociaciones directas se iniciará mediante la solicitud escrita que una de las Partes en la diferencia dirija a la otra. La mencionada solicitud deberá contener los motivos en que se funda y será comunicada a las Partes Signatarias (en este caso, todos los Estados Partes del MERCOSUR), a la Presidencia Pro-Tempore y a DIRECON (artículo 5º).

Una vez recibida la solicitud, la otra Parte deberá responderla dentro de los diez días siguientes a la fecha de su recepción. Durante el desarrollo de las negociaciones, las Partes intercambiarán informaciones a las que darán un tratamiento reservado. Las negociaciones no podrán prolongarse por más de treinta días contados desde la fecha de recepción de la solicitud, salvo que las Partes acuerden extenderlas por un plazo adicional máximo de quince días (artículo 6º).

II.4. Intervención de la Comisión Administradora

El Capítulo III establece las condiciones y el procedimiento a seguir en el caso de que se solicite la intervención de la Comisión Administradora.

II.4.1 Condiciones

Esta instancia, también contemplada en el "Régimen de Solución de Controversias" anexo al Vigesimoprimer Protocolo Adicional al ACE Nº 35 (MERCOSUR-Chile) y en el Anexo II al ACE Nº 36, sólo tiene lugar si no se ha llegado a una solución satisfactoria para ambas Partes por la vía de las negociaciones directas en el plazo previsto en el artículo 6º, o si la controversia hubiera sido resuelta en forma parcial.

Al igual que en el caso de las negociaciones directas, esta instancia se convoca a solicitud de cualquiera de las Partes, la que deberá solicitar por escrito fundado, que la Comisión trate el asunto que es objeto de la controversia (artículo 7º). En dicho escrito deberán incluirse las circunstancias de hecho y los fundamentos de derecho en que se basa la misma, con indicación de las normas jurídicas aplicables. Teniendo en cuenta lo dispuesto con carácter general por el artículo 38 del Protocolo, en el sentido de que las referencias realizadas en el mismo a las comunicaciones dirigidas a la Comisión implican comunicaciones a todas las Partes Signatarias, esta solicitud deberá ser comunicada a todos los Estados Signatarios del Protocolo.

II.4.2 Procedimiento

La Comisión deberá reunirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que todas las Partes Signatarias hayan recibido comunicación de la solicitud de su intervención (artículo 8º).

La acumulación de procedimientos relativos a los casos que conozca la Comisión, sólo podrá tener lugar cuando medie consenso de sus integrantes y en caso de que la naturaleza de las cuestiones o su vinculación temática, haga conveniente su examen conjunto (artículo 9º).

La Comisión dispondrá de un plazo de treinta días a partir de la fecha de la primera reunión para:

a) formular las recomendaciones que estime pertinentes, luego de haber evaluado la controversia, de haber dado oportunidad a las Partes para exponer sus posiciones y -de ser necesario- aportar información adicional y, si ello fuera oportuno, de haber recabado opiniones técnicas de especialistas u organismos especializados independientes; o bien

b) en caso de considerarlo necesario, ordenar la constitución de un Grupo de Expertos que brinde asesoramiento especializado para la formulación de sus recomendaciones (artículo 10).

A los efectos de constituir los Grupos de Expertos, cada una de las Partes Signatarias deberá comunicar a la Comisión una lista de diez personas que posean reconocida competencia en las materias relacionadas con el Acuerdo, de las cuales cuatro no podrán ser nacionales de ninguna de las Partes Signatarias. Esta comunicación deberá tener lugar dentro de los treinta días posteriores a la entrada en vigor del Protocolo (artículo 11, inciso final).

Tomando como base las designaciones de las Partes Signatarias, la Comisión constituirá la lista de expertos. Esta, así como sus modificaciones, deberán notificarse a la Secretaría General de la ALADI (artículo 12).

De conformidad con el artículo 13, el Grupo de Expertos estará conformado por tres integrantes, que se elegirán de la lista constituida por la Comisión, de la siguiente forma:

a) dos de ellos serán designados por cada una de las Partes en la controversia dentro de los diez días siguientes a la solicitud de conformación del Grupo, y

b) el tercero -que no podrá ser nacional de ninguna de las Partes Signatarias- se designará de común acuerdo por las Partes dentro del mismo plazo. A este tercer experto le corresponderá la coordinación de las actuaciones del Grupo.

c) en caso de que las anteriores designaciones no se cumplieran dentro del plazo previsto, las mismas serán efectuadas, a solicitud de cualquiera de las Partes, por la Secretaría General de ALADI, mediante el sistema de sorteo. En todo caso, las designaciones serán comunicadas a las Partes Contratantes.

La actuación de los expertos estará regida por los principios de independencia técnica e imparcialidad. Así, no podrán actuar como tales, quienes hayan intervenido de cualquier manera en otras etapas del procedimiento o quienes no posean independencia con respecto a las posiciones de las Partes (artículo 14). Al aceptar su designación, los integrantes del Grupo deberán asumir por escrito ante la Secretaría General de la ALADI, el compromiso de actuar de conformidad con estos principios (artículo 40).

Los gastos derivados de la actuación del Grupo serán cubiertos por las Partes por montos iguales. En cuanto a la compensación pecuniaria de los expertos, ésta será acordada por las Partes y convenida con aquellos en un plazo no mayor a cinco días posteriores a su designación (artículo 15).

II.4.3. Fin del procedimiento

El Grupo de Expertos podrá expedirse a través de un informe conjunto (cuando se alcance la unanimidad de opiniones) o de las conclusiones de sus integrantes (cuando no se logre dicha unanimidad), los que deberán remitirse a la Comisión dentro de los treinta días contados a partir de la comunicación de la designación del tercer experto. A su vez, la Comisión dispondrá de quince días a partir de la recepción del informe o de las conclusiones del Grupo, para emitir sus recomendaciones (artículo 16).

Las Partes tendrán un plazo -fijado por la Comisión- no mayor a quince días a efectos de evaluar el informe o las conclusiones del Grupo de Expertos y las recomendaciones de la Comisión. En caso de que las Partes no lleguen a una solución mutuamente satisfactoria en el plazo establecido, se dará por terminada esta etapa del procedimiento (artículo 17).

II.5. Procedimiento arbitral

El Capítulo IV regula el procedimiento arbitral, última instancia del Régimen de Solución de Controversias.

II.5.1. Características generales

De conformidad con el artículo 18, el procedimiento arbitral tendrá lugar:

a) si la controversia no hubiera podido resolverse por la vía de las negociaciones directas ni de la intervención de la Comisión Administradora o si hubieran vencido los plazos previstos en ambas instancias, sin cumplirse los trámites correspondientes; o

b) si no se hubiesen ejercido los derechos previstos a favor de las Partes.

El procedimiento arbitral regulado en el presente Protocolo tiene carácter necesario -por oposición a voluntario-, en tanto bastará que cualquiera de las Partes decida someter la controversia a arbitraje y así lo haga saber a la otra, para que dé comienzo el procedimiento. El Protocolo no contempla la posibilidad de que la Parte reclamada pueda oponerse a esta decisión de la Parte reclamante (artículo 18).

Por otra Parte, por el solo hecho de aprobar este Protocolo, las Partes aceptan la obligatoriedad de la jurisdicción del Tribunal Arbitral que se constituya en cada caso, sin necesidad de un acuerdo especial (artículo 19).

Teniendo en cuenta que el arbitraje puede ser de derecho o de equidad, el artículo 28 establece que se admitirá una u otra modalidad, conforme a la previsión de las Partes. No obstante, se prevé que en ausencia de acuerdo al respecto, el arbitraje se considerará de derecho, debiendo tener en cuenta no sólo el ACE Nº 36, los Protocolos Adicionales y demás instrumentos suscritos en el marco del mismo, sino también los principios y disposiciones del derecho internacional aplicables en la materia.

Desde otro punto de vista, puede considerarse que se trata de un arbitraje de carácter institucional (en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración -ALADI-). Ello se funda en diversas disposiciones del Protocolo. Así, la decisión de una de las Partes en el sentido de acudir al procedimiento arbitral no sólo debe comunicarse a la otra Parte y a la Comisión Administradora, sino también a la Secretaría General de la ALADI (artículo 18). También debe comunicarse a la Secretaría General la lista de árbitros y sus modificaciones, correspondiéndole a ésta nombrar a los integrantes del Tribunal Arbitral en defecto de designación por las Partes dentro del plazo previsto (artículo 21, inciso segundo, literal e). Finalmente, el compromiso de actuar con imparcialidad e independencia asumido por los árbitros debe dirigirse también a la Secretaría General de la ALADI (artículo 40).

No obstante lo expresado en el párrafo anterior, el procedimiento regulado por este Protocolo podría caracterizarse como un arbitraje ad hoc, en el sentido de que es necesario designar árbitros, fijar la sede y establecer procedimientos específicos para cada litigio en particular (artículos 21 y 24).

II.5.2. El procedimiento

a. Designación de los árbitros

En forma similar a la prevista para la lista de expertos (en el marco de la intervención de la Comisión Administradora), se establece que dentro de los 30 días a partir de la entrada en vigor del Protocolo, cada una de las Partes Signatarias deberá designar doce juristas de reconocida competencia en las materias que puedan ser objeto de controversia -de los cuales cuatro no podrán ser nacionales de ninguna de ellas-, a efectos de constituir la lista de árbitros. La misma será comunicada a las demás Partes Signatarias y a la Secretaría General de la ALADI y no podrá ser modificada -en cada caso concreto- a partir del momento en que una Parte hubiera comunicado a la otra Parte su intención de acudir al Tribunal Arbitral (artículo 20).

b. Integración del Tribunal Arbitral

El Tribunal Arbitral que entenderá en la controversia, estará integrado por tres árbitros designados entre los juristas que integren la lista prevista en el artículo 20.

Cada Parte en la controversia designará un árbitro y su suplente. El tercer árbitro y su suplente -que no podrán ser nacionales de ninguna de las Partes Signatarias- se designarán por ambas Partes de común acuerdo, correspondiéndole la presidencia del Tribunal. La designación de los árbitros y sus suplentes deberá efectuarse dentro de los veinte días posteriores a la comunicación que una de las Partes efectúe a la otra, acerca de la intención de someter la diferencia a arbitraje. Del mismo modo que respecto del Grupo de Expertos (asesor de la Comisión Administradora), si las designaciones no se realizan dentro del plazo previsto, se harán por la Secretaría General de la ALADI a solicitud de alguna de las Partes, mediante sorteo efectuado entre los árbitros que integren la lista conformada según el artículo 20. Los suplentes sustituirán al árbitro titular en caso de incapacidad o excusa de éste, tanto en el momento de la integración como en el transcurso del procedimiento. En todo caso, las designaciones deberán comunicarse a las Partes Contratantes (artículo 21).

El Tribunal quedará constituido formalmente a los quince días de haberse producido la aceptación de su designación por Parte del Presidente (artículo 30 inciso primero).

También en el caso del arbitraje rigen los principios de imparcialidad e independencia, por cuanto estarán inhibidos de actuar como árbitros quienes hubieran intervenido en cualquier forma en las etapas anteriores del procedimiento (consultas recíprocas, negociaciones directas, intervención de la Comisión Administradora), así como quienes no tengan la independencia necesaria con respecto a las Gobiernos de las Partes (artículo 22). Al aceptar su designación, los integrantes del Tribunal deberán asumir por escrito ante la Secretaría General de la ALADI, el compromiso de actuar de acuerdo con estos principios (artículo 40).

De conformidad con el principio de economía procesal, en caso de decidirse la acumulación de procedimientos -por considerarse conveniente su examen conjunto en virtud de su naturaleza o vinculación temática- las Partes Signatarias que pasen a intervenir en la controversia deberán unificar su representación ante el Tribunal Arbitral y designar de común acuerdo un solo árbitro, dentro de los veinte días posteriores a la comunicación de la Parte reclamante de su decisión de someter la controversia a arbitraje (artículo 23).

c. Fijación de la sede y procedimiento

En cada caso, el Tribunal Arbitral fijará su sede, la que deberá ubicarse en el territorio de alguna de las Partes Signatarias. También en cada caso, el Tribunal adoptará sus propias reglas de procedimiento, las que deberán seguir los lineamientos generales establecidos por la Comisión en la primera reunión siguiente a la entrada en vigor de este Protocolo. Estos lineamientos deberán respetar las garantías del debido proceso y asegurar que éste se lleve a cabo en forma expedita (artículo 24).

A los efectos de defender sus derechos, las Partes deberán designar sus representantes ante el Tribunal Arbitral, a quienes se harán llegar las notificaciones que efectúe el Tribunal. Además, podrán nombrar asesores (artículo 25).

d. Información sobre las instancias cumplidas

Las Partes deberán informar al Tribunal Arbitral sobre las instancias previas al proceso arbitral (negociaciones directas e intervención de la Comisión Administradora) y fundar sus respectivas posiciones (artículo 25 inciso final).

e. Medidas provisionales

El Tribunal Arbitral podrá adoptar medidas provisionales a fin de prevenir daños graves e irreparables a alguna de las Partes. Dichas medidas serán adoptadas a solicitud de Parte, siempre que existan presunciones fundadas acerca de dichos daños, según las circunstancias y en las condiciones establecidas por el propio Tribunal. Los efectos de estas medidas -que deberán ser cumplidas por las Partes en forma inmediata o en el plazo que el Tribunal determine- se extenderán hasta que se dicte el laudo que ponga fin al procedimiento (artículo 27).

II.5.3. Laudo arbitral

Una vez considerados los argumentos de las Partes, las pruebas y los informes producidos, así como todo otro elemento que se considere conveniente (artículo 29), el Tribunal Arbitral dictará su laudo dentro de los sesenta días a partir de su constitución, plazo que podrá prorrogarse por un máximo de treinta días (artículo 30).

El laudo deberá constar por escrito, será debidamente fundamentado, adoptado por mayoría y suscrito por los integrantes del Tribunal. Asimismo, deberá contener los elementos que identifiquen la controversia (Partes que intervienen en la misma, nombres de sus representantes, objeto, así como datos relativos a los miembros del Tribunal y fecha de su conformación), un informe del desarrollo del procedimiento, los costos que deberá cubrir cada Parte, la decisión alcanzada acompañada de los fundamentos de hecho y de derecho, así como fecha y lugar de emisión (artículo 31).

El laudo será definitivo y obligatorio, a partir del momento de la recepción de la notificación. No será objeto de revisión alguna y tendrá fuerza de cosa juzgada para las Partes de la controversia, debiendo cumplirse en un plazo de treinta días, salvo que el Tribunal establezca un plazo distinto (artículo 32).

II.5.4. Recurso de aclaración o interpretación

El único recurso que se contempla con respecto al laudo es el de aclaración o interpretación sobre la forma en que el mismo debe cumplirse. El mismo podrá interponerse dentro de los 15 días contados a partir de la notificación a las Partes. El Tribunal Arbitral que dictó el laudo dispondrá de 15 días para pronunciarse sobre la cuestión que motiva el recurso, pudiendo disponer la suspensión del cumplimiento del laudo hasta que se adopte dicha decisión (artículos 33 y 35).

II.5.5. Ejecución forzada

Si dentro de los treinta días siguientes a la notificación del laudo a las Partes, no se hubiera dado cumplimiento al mismo o hubiera un cumplimiento parcial, el Protocolo prevé un medio indirecto a los efectos de obtener su ejecución forzada. Este medio consiste en la suspensión temporal por la Parte reclamante de las concesiones u otras obligaciones relativas al sector afectado, lo que deberá comunicarse por escrito fundado a las demás Partes Signatarias. Si considera impracticable o ineficaz la aplicación de la medida, podrá suspender otras concesiones u obligaciones, debiendo indicar los fundamentos correspondientes en la comunicación antes mencionada.

En caso de entender que esta medida es excesiva, la Parte reclamada podrá solicitar al mismo Tribunal Arbitral que emitió el laudo, que se pronuncie en torno a la equivalencia de dicha medida con respecto al perjuicio sufrido. El Tribunal dispondrá de un plazo de treinta días a partir de su constitución para pronunciarse sobre esta cuestión (artículos 34 y 35).

II.5.6. Gastos

Se consideran gastos del Tribunal Arbitral los relativos a la compensación pecuniaria del Presidente y de los demás árbitros, los gastos de pasajes, traslados, viáticos, notificaciones y otras erogaciones que demande el procedimiento. La compensación pecuniaria que corresponde a cada uno de los árbitros, incluyendo al Presidente, deberá acordarse por las Partes y convenirse con los árbitros dentro de los cinco días siguientes a la designación del Presidente del Tribunal. Cada Parte sufragará los gastos generados por la actuación del árbitro designado por ella. Salvo decisión contraria del Tribunal, la compensación pecuniaria del Presidente y los demás gastos que demande el procedimiento, deberán sufragarse en montos iguales por las Partes (artículo 36).

II.6. Disposiciones generales

II.6.1. Comunicaciones

Las comunicaciones que se realicen entre el MERCOSUR o sus Estados Partes y la República de Bolivia, se cursarán a la Presidencia Pro-Témpore (en el caso del MERCOSUR) o a los Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común (si la Parte en la controversia está constituida por uno o más Estados Partes del MERCOSUR) y en el caso de la República de Bolivia, al Viceministro de Relaciones Económicas Internacionales e Integración (artículo 37).

Las comunicaciones dirigidas a la Comisión implican comunicaciones a todas las Partes Signatarias (artículo 38).

II.6.2. Plazos

Los plazos a que hace referencia este Protocolo se consideran expresados en días corridos. Cuando los mismos se inicien o venzan en día sábado o domingo, comenzarán a correr o vencerán el día lunes siguiente (artículo 39).

II.6.3. Principio de reserva

Tanto los documentos, como las actuaciones relativas al procedimiento y las sesiones del Tribunal Arbitral tienen carácter reservado. La única excepción a este principio está constituida por los laudos emitidos por el Tribunal Arbitral (artículo 41).

II.6.4. Otros modos de conclusión de la controversia

La controversia podrá concluir, en cualquier momento del procedimiento:

a) por el desistimiento de la Parte reclamante; o

b) por haberse logrado una transacción de Partes.

En cualquiera de los dos casos, deberá comunicarse dicha circunstancia a la Comisión Administradora o al Tribunal Arbitral, según cuál sea la etapa en que se encuentre el procedimiento, a fin de que adopten las medidas correspondientes (artículo 42).

Por lo expuesto, y con la finalidad de alcanzar una regulación definitiva adecuada en la materia objeto del Protocolo para los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Bolivia, se estima de singular importancia la entrada en vigor del presente instrumento jurídico internacional, por lo que se solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, DIDIER OPERTTI, ALBERTO BENSIÓN.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Decimoprimer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Bolivia (ACE Nº 36) y su Anexo ("Régimen de Solución de Controversias") suscrito en la ciudad de Montevideo, el 19 de junio de 2001.

Montevideo, 11 de setiembre de 2001.

DIDIER OPERTTI, ALBERTO BENSIÓN.

TEXTO DEL ACUERDO

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, en su condición de Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) por una parte, y de la República de Bolivia por la otra, acreditados por sus respectivos Gobiernos según poderes que fueron otorgados en buena y debida forma, depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),

VISTO La Resolución MCS-BO Nº 03/00 de la Comisión Administradora del ACE 36,

CONVIENEN:

Artículo 1º.- Aprobar el Régimen de Solución de Controversias que figura como Anexo al presente Protocolo y forma parte del mismo.

Artículo 2º.- El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha en que la Secretaría General comunique a las Partes la recepción de la última notificación relativa al cumplimiento de las disposiciones legales internas para su puesta en vigor.

La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos signatarios.

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los diecinueve días del mes de julio de dos mil uno, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.

SIGUEN FIRMAS

ANEXO

RÉGIMEN DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

CAPÍTULO I

PARTES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1º.- La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y la República de Bolivia, serán denominados Partes Signatarias. Las Partes Contratantes del presente Protocolo son el MERCOSUR y la República de Bolivia.

Artículo 2º.- Las controversias que surjan con relación a la interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Nº 36 celebrado entre el MERCOSUR y la República de Bolivia -ACE Nº 36-, en adelante denominado "Acuerdo", y de los protocolos e instrumentos suscritos o que se suscriban en el marco del mismo, serán sometidas al procedimiento de solución de controversias establecido en el presente Protocolo.

No obstante, las controversias que surjan con relación a la interpretación, aplicación o incumplimiento del artículo 14, Título V del Acuerdo, podrán ser sometidas, si las Partes así lo acuerdan durante la etapa de negociación directa, al procedimiento establecido en este Protocolo Adicional o al previsto en el Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias que forma parte del Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio (OMC).

De no existir acuerdo entre las Partes, la decisión será adoptada por la reclamante, en el entendido que una vez iniciada la acción, el foro seleccionado será excluyente y definitivo.

Artículo 3º.- A los efectos del presente Protocolo, podrán ser partes en la controversia, en adelante denominadas "Partes", ambas Partes Contratantes, es decir, el MERCOSUR y la República de Bolivia, así como uno o más Estados Partes del MERCOSUR y la República de Bolivia.

CAPÍTULO II

NEGOCIACIONES DIRECTAS

Artículo 4º.- Las Partes procurarán resolver las controversias a que hace referencia el artículo 2º mediante la realización de negociaciones directas, que permitan llegar a una solución mutuamente satisfactoria.

Las negociaciones directas serán conducidas, en el caso del MERCOSUR, a través de la Presidencia Pro-Témpore o los Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común, según corresponda, y en el de la República de Bolivia, a través del Viceministerio de Relaciones Económicas Internacionales e Integración.

Las negociaciones directas podrán estar precedidas por consultas recíprocas entre las Partes.

Artículo 5º.- Para iniciar el procedimiento cualquiera de las Partes solicitará, por escrito, a la otra Parte, la realización de negociaciones directas, especificando los motivos y lo comunicará a las Partes Signatarias, a la Presidencia Pro-Témpore y al Viceministerio de Relaciones Económicas Internacionales e Integración.

Artículo 6º.- La Parte que reciba la solicitud de celebración de negociaciones directas deberá responder a la misma dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de su recepción.

Las Partes intercambiarán las informaciones necesarias para facilitar las negociaciones directas y darán a esas informaciones tratamiento reservado.

Estas negociaciones no podrán prolongarse por más de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud formal de iniciarlas, salvo que las Partes acuerden extender ese plazo hasta por un máximo de quince (15) días adicionales.

CAPÍTULO III

INTERVENCIÓN DE LA

COMISIÓN ADMINISTRADORA

Artículo 7º.- Si en el plazo indicado en el artículo 6º no se llegara a una solución mutuamente satisfactoria o si la controversia se resolviera sólo parcialmente, cualquiera de las Partes podrá solicitar por escrito que se reúna la Comisión Administradora, en adelante "Comisión", para tratar el asunto.

Esta solicitud deberá contener las circunstancias de hecho y los fundamentos jurídicos relacionados con la controversia, indicando las disposiciones del Acuerdo, Protocolos Adicionales e instrumentos suscritos en el marco del mismo.

Artículo 8º.- La Comisión deberá reunirse dentro de los treinta (30) días, contados a partir de la recepción por todas las Partes Signatarias de la solicitud a que se refiere el artículo anterior.

A los efectos del cómputo del plazo señalado en el párrafo anterior, las Partes Signatarias acusarán recibo, de inmediato, de la referida solicitud.

Artículo 9º.- La Comisión podrá acumular, por consenso, dos o más procedimientos relativos a los casos que conozca sólo cuando, por su naturaleza o eventual vinculación temática, considere conveniente examinarlos conjuntamente.

Artículo 10.- La Comisión evaluará la controversia y dará oportunidad a las Partes para que expongan sus posiciones y, si fuere necesario aporten información adicional, con miras a llegar a una solución mutuamente satisfactoria.

La Comisión podrá solicitar, en caso de considerarlo oportuno, opiniones técnicas a especialistas así como también a organismos especializados independientes.

La Comisión formulará las recomendaciones que estime pertinentes, a cuyos efectos dispondrá de un plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de su primera reunión.

Cuando la Comisión estime necesario el asesoramiento de expertos para formular sus recomendaciones, o así lo solicite cualquiera de las Partes, ordenará, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la conformación de un Grupo de Expertos, en adelante "Grupo", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, aplicándose en tal caso el procedimiento previsto en el artículo 16.

Artículo 11.- Para los efectos previstos en el párrafo final del artículo 10, cada una de las Partes Signatarias comunicará a la Comisión una lista de diez expertos, cuatro de los cuales no serán nacionales de ninguna de las Partes Signatarias, en el plazo de treinta (30) días a partir de la entrada en vigor de este Protocolo.

La lista estará integrada por personas de reconocida competencia en las materias relacionadas con el Acuerdo.

Artículo 12.- La Comisión constituirá la lista de expertos en base a las designaciones de las Partes Signatarias mediante comunicaciones mutuas. La lista y sus modificaciones serán notificadas a la Secretaría General de la ALADI, a los efectos de su depósito.

Artículo 13.- El Grupo se conformará de la siguiente manera:

a) Dentro de los diez (10) días posteriores a la solicitud de conformación del Grupo, cada Parte designará un experto de la lista a que se refiere el artículo anterior.

b) Dentro del mismo plazo las Partes designarán de común acuerdo un tercer experto de los que integran la aludida lista, el cual no será nacional de ninguna de las Partes Signatarias y coordinará las actuaciones del Grupo.

c) Si las designaciones a que se refieren los literales anteriores no se realizaren dentro del plazo previsto, estas serán efectuadas por sorteo por la Secretaría General de la ALADI, a pedido de cualquiera de las Partes, de entre los expertos que integran la lista mencionada en el artículo anterior.

d) Las designaciones previstas en los literales a), b) y c) del presente artículo, serán comunicadas a las Partes Contratantes.

Artículo 14.- No podrán actuar como expertos personas que hubieran intervenido bajo cualquier forma en las etapas anteriores del procedimiento o que no tuvieran la necesaria independencia en relación con las posiciones de las Partes.

En el ejercicio de sus funciones los expertos deberán actuar con independencia técnica e imparcialidad.

Artículo 15.- Los gastos derivados de la actuación del Grupo serán sufragados por las Partes por montos iguales.

Dichos gastos comprenden la compensación pecuniaria por su actuación y los gastos de pasaje, costos de traslado, viáticos y otras erogaciones que demande su labor.

La compensación pecuniaria a que se refiere el párrafo anterior será acordada por las Partes y convenida con los expertos en un plazo que no podrá superar los cinco (5) días siguientes a su designación.

Artículo 16.- En un plazo de treinta (30) días contados a partir de la comunicación de la designación del tercer experto, el Grupo deberá remitir a la Comisión su informe conjunto o las conclusiones de sus integrantes, cuando no alcance la unanimidad para emitir su informe.

El informe del Grupo o las conclusiones de los expertos se comunicarán a la Comisión en la forma prevista en el artículo 37, la que dispondrá de un plazo de quince (15) días, contados a partir del día siguiente al de su recepción, para emitir sus recomendaciones.

Artículo 17.- La Comisión fijará un plazo no superior a quince (15) días a fin de que las Partes evalúen el resultado del informe o las conclusiones del Grupo y las recomendaciones de la Comisión a que se refieren los artículos 10 ó 16, en su caso, con el objeto de lograr un arreglo.

Si las Partes no llegaran a una solución mutuamente satisfactoria dentro del plazo antes mencionado, se dará de inmediato por terminada la etapa del procedimiento prevista en el presente Capítulo.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTO ARBITRAL

Artículo 18.- Cuando la controversia no hubiera podido solucionarse mediante la aplicación de los procedimientos previstos en los Capítulos II y III, no se hubiesen ejercido los derechos previstos a favor de las Partes, o hubiesen vencido los plazos previstos en dichos Capítulos sin cumplirse los trámites correspondientes, cualquiera de las Partes podrá decidir someterla al procedimiento arbitral contemplado en el presente Capítulo, a cuyos efectos comunicará dicha decisión a la otra Parte, a la Comisión y a la Secretaría General de la ALADI.

Artículo 19.- Las Partes Signatarias declaran reconocer como obligatoria, ipso facto y sin necesidad de acuerdo especial, la jurisdicción del Tribunal Arbitral que en cada caso se constituya para conocer y resolver las controversias a que se refiere el presente Protocolo.

Artículo 20.- En el plazo de treinta (30) días a partir de la entrada en vigor de este Protocolo cada una de las Partes Signatarias designará doce árbitros, cuatro de los cuales no serán nacionales de ninguna de las Partes Signatarias, para integrar la lista de árbitros. La lista de árbitros y sus eventuales modificaciones deberán ser comunicadas a las demás Partes Signatarias y a la Secretaría General de la ALADI, a efectos de su depósito.

Los árbitros que integren la lista a que se refiere al párrafo anterior, deberán ser juristas de reconocida competencia en las materias que puedan ser objeto de controversia.

A partir del momento en que una Parte hubiera comunicado a la otra Parte su intención de recurrir al Tribunal Arbitral según lo dispuesto en el artículo 18 del presente Protocolo, no podrá modificar para ese caso la lista a que se refiere el párrafo primero de este artículo.

Artículo 21.- El Tribunal Arbitral ante el cual se sustanciará el procedimiento, estará compuesto por tres árbitros de los que integran la lista a que se hace referencia en el artículo 20.

El Tribunal Arbitral se conformará de la siguiente manera:

a) Dentro de los veinte (20) días posteriores a la comunicación a la otra Parte a que se refiere el artículo 18, cada Parte designará un árbitro y su suplente de la lista mencionada en el artículo 20.

b) Dentro del mismo plazo las Partes designarán de común acuerdo un tercer árbitro y su suplente de la referida lista del artículo 20 quien presidirá el Tribunal Arbitral. Esta designación deberá recaer en personas que no sean nacionales de las Partes Signatarias.

c) Si las designaciones a que se refieren los literales anteriores no se realizaren dentro del plazo previsto éstas serán efectuadas por sorteo por la Secretaría General de la ALADI a pedido de cualquiera de las Partes de entre los árbitros que integran la mencionada lista.

d) Las designaciones previstas en los literales a), b) y c) del presente artículo deberán ser comunicadas a las Partes Contratantes.

e) Los miembros suplentes sustituirán al titular en caso de incapacidad o excusa de éste para formar el Tribunal Arbitral, sea en el momento de su integración o durante el curso del procedimiento.

Artículo 22.- No podrán actuar como árbitros personas que hubieran intervenido bajo cualquier forma en las fases anteriores del procedimiento o que no tuvieren la necesaria independencia con relación a los Gobiernos de las Partes.

Artículo 23.- Para el caso en que se decida la acumulación, en los términos previstos en el artículo 10, si pasan a intervenir en la controversia otras Partes Signatarias, éstas deberán unificar su representación ante el Tribunal Arbitral y, por ende, designarán un solo árbitro, de común acuerdo en el plazo establecido en el artículo 21, párrafo 2, literal a).

Artículo 24.- El Tribunal Arbitral fijará su sede, en cada caso, en el territorio de alguna de las Partes Signatarias.

El Tribunal deberá adoptar sus propias reglas de procedimiento sobre la base de los lineamientos generales que apruebe la Comisión en la primera reunión siguiente a la entrada en vigor del presente Protocolo.

Tales reglas y lineamientos generales garantizarán que cada una de las Partes tenga plena oportunidad de ser escuchada y de presentar sus pruebas y argumentos y también asegurarán que los procesos se realicen en forma expedita.

Artículo 25.- Las Partes designarán sus representantes ante el Tribunal Arbitral y podrán nombrar asesores para la defensa de sus derechos.

Todas las notificaciones que el Tribunal Arbitral efectúe a las Partes serán dirigidas a los representantes designados. Hasta que las Partes designen sus representantes ante el Tribunal, las notificaciones se realizarán en la forma prevista por el artículo 37.

Las Partes informarán al Tribunal Arbitral sobre las instancias cumplidas con anterioridad al procedimiento arbitral y presentarán los fundamentos de hecho y de derecho de sus respectivas posiciones.

Artículo 27.- A solicitud de una de las Partes y en la medida en que existan presunciones fundadas de que el mantenimiento de la situación ocasionaría daños graves e irreparables a una de las Partes, el Tribunal Arbitral podrá dictar las medidas provisionales que considere apropiadas, según las circunstancias y en las condiciones que el propio Tribunal establezca, para prevenir tales daños.

Las Partes cumplirán inmediatamente, o en el plazo que el Tribunal Arbitral determine, cualquier medida provisional la que se extenderá hasta tanto se dicte el laudo a que se refiere el artículo 30.

Artículo 28.- El Tribunal Arbitral decidirá la controversia sobre la base de las disposiciones del Acuerdo, Protocolos Adicionales y los instrumentos firmados en el marco del mismo y los principios y disposiciones del derecho internacional aplicables en la materia.

Lo establecido en el presente artículo no restringe la facultad del Tribunal Arbitral de decidir la controversia ex aequo et bono, si las Partes así lo convinieran.

Artículo 29.- El Tribunal Arbitral tomará en consideración los argumentos presentados por las Partes, las pruebas producidas y los informes recibidos, sin perjuicio de otros elementos que considere conveniente.

Artículo 30.- El Tribunal Arbitral emitirá su laudo por escrito en un plazo de sesenta (60) días, a contar de su constitución, la que se formalizará a los quince (15) días de haber aceptado el Presidente su designación.

El plazo antes indicado podrá ser prorrogado por un máximo de treinta (30) días lo que se notificará a las Partes.

El laudo arbitral se adoptará por mayoría, será fundamentado y suscrito por los miembros del Tribunal. Estos no podrán fundamentar votos en disidencia y deberán mantener la confidencialidad de la votación.

Artículo 31.- El laudo arbitral deberá contener necesariamente los siguientes elementos, sin perjuicio de otros que el Tribunal Arbitral considere conveniente:

I. indicación de las Partes en la controversia;

II. el nombre, la nacionalidad de cada uno de los miembros del Tribunal Arbitral y la fecha de su conformación;

III. los nombres de los representantes de las Partes;

IV. el objeto de la controversia;

V. un informe del desarrollo del procedimiento arbitral, incluyendo un resumen de los actos practicados y de las alegaciones de cada una de las Partes;

VI. la decisión alcanzada con relación a la controversia, consignando los fundamentos de hecho y de derecho;

VII. a proporción de los costos del procedimiento arbitral que corresponderá cubrir a cada Parte;

VIII. la fecha y el lugar en que fue emitido; y

IX. la firma de todos los miembros del Tribunal Arbitral.

Artículo 32.- Los laudos arbitrales son inapelables, obligatorios para las Partes a partir de la recepción de la respectiva notificación y tendrán respecto de ellas fuerza de cosa juzgada.

Los laudos deberán ser cumplidos en un plazo de treinta (30) días, a menos que el Tribunal Arbitral establezca uno diferente.

Artículo 33.- Cualquiera de las Partes podrá solicitar, dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación del laudo, una aclaración del mismo o una interpretación sobre la forma en que deberá cumplirse.

El Tribunal Arbitral se pronunciará dentro de los quince (15) días subsiguientes a la presentación de la solicitud de aclaración o interpretación por alguna de las Partes.

Si el Tribunal Arbitral considerara que las circunstancias lo exigen, podrá suspender el cumplimiento del laudo hasta que decida sobre la solicitud presentada.

Artículo 34.- Si dentro del plazo establecido en el artículo 32 no se hubiera dado cumplimiento al laudo arbitral o se hubiera cumplido parcialmente, la Parte reclamante podrá comunicar a las demás Partes Signatarias, por escrito, su decisión de suspender temporalmente a la Parte reclamada, concesiones u otras obligaciones equivalentes, tendientes a obtener el cumplimiento del laudo.

La Parte reclamante intentará, en primer lugar, suspender las concesiones u otras obligaciones relativas al mismo sector o sectores afectados. Si la Parte reclamante considera impracticable o ineficaz la aplicación de dicha medida, podrá suspender otras concesiones u obligaciones, debiendo indicar las razones en que se funda en la comunicación en que anuncie su decisión de efectuar la suspensión.

En caso de que la Parte reclamada considere excesiva la suspensión de concesiones u obligaciones adoptadas por la Parte reclamante, podrá solicitar al Tribunal Arbitral que emitió el laudo que se pronuncie respecto a si la medida adoptada es equivalente al grado de perjuicio sufrido, disponiendo para ello de un plazo de treinta (30) días contados a partir de su constitución.

La Parte reclamada comunicará sus objeciones a la otra Parte y a la Comisión.

Artículo 35.- En caso de producirse las situaciones a que se refieren los artículos 33 y 34, éstas deberán ser resueltas por el mismo Tribunal Arbitral que dictó el laudo.

Cuando el Tribunal Arbitral no pueda constituirse con los miembros originales, titulares y suplentes, para completar su integración se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 21.

Artículo 36.- Los gastos del Tribunal Arbitral comprenden la compensación pecuniaria del Presidente y de los demás árbitros así como los gastos de pasajes, costos de traslado, viáticos, notificaciones y demás erogaciones que demande el arbitraje.

La compensación pecuniaria del Presidente del Tribunal Arbitral, así como la que corresponde a cada uno de los demás árbitros, será acordada por las Partes y convenida con los árbitros en un plazo que no podrá superar los cinco (5) días siguientes a la designación del Presidente del Tribunal.

Cada Parte sufragará los gastos ocasionados por la actuación del árbitro designado por ella. La compensación pecuniaria que corresponde al Presidente del Tribunal y los demás gastos que demande el arbitraje, serán sufragados en montos iguales por las Partes, a menos que el Tribunal decidiere distribuirlos en distinta proporción.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 37.- Las comunicaciones que se realicen entre el MERCOSUR o sus Estados Partes y la República de Bolivia, deberán ser cursadas, en el caso del MERCOSUR, a la Presidencia Pro-Témpore o a los Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común, según corresponda, y en el de la República de Bolivia, al Viceministerio de Relaciones Económicas Internacionales e Integración.

Artículo 38.- Las referencias realizadas en el presente Protocolo a las comunicaciones dirigidas a la Comisión implican comunicaciones a todas las Partes signatarias.

Artículo 39.- Los plazos a que se hace referencia en este Protocolo, se entienden expresados en días corridos y se contarán a partir del día siguiente al acto o hecho al que se refiere. Cuando el plazo se inicie o venza en día sábado o domingo, comenzará a correr o vencerá el día lunes siguiente.

Artículo 40.- Los integrantes del Grupo y del Tribunal Arbitral, al aceptar su designación, asumirán por escrito el compromiso de actuar de conformidad con las disposiciones de este Protocolo y, en especial, de los artículos 14 y 22 del mismo, respectivamente. Dicho compromiso escrito se dirigirá a la Secretaría General de la ALADI.

La Comisión en la primera reunión siguiente a la entrada en vigor del presente Protocolo elaborará los textos de las declaraciones de compromiso a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 41.- Toda la documentación y las actuaciones vinculadas al procedimiento establecido en este Protocolo, así como las sesiones del Tribunal Arbitral, tendrán carácter reservado, excepto los laudos del Tribunal Arbitral.

Artículo 42.- En cualquier etapa del procedimiento, la Parte que presentó el reclamo podrá desistir del mismo, o las Partes podrán llegar a una transacción, dándose por concluida la controversia en ambos casos. Los desistimientos o las transacciones deberán ser comunicados a la Comisión o al Tribunal Arbitral, según el caso, a efectos de que se adopten las medidas necesarias que correspondan.

SIGUEN FIRMAS

Anexo I al
Rep. 848

"Cámara de Representantes

Comisión de Asuntos Internacionales

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha analizado, en profundidad, el Decimoprimer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 36, celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Bolivia y su Anexo (Régimen de Solución de Controversias), suscrito en Montevideo, el 19 de junio de 2001 y del mismo pueden establecerse las siguientes conclusiones:

Su finalidad es la de establecer con carácter definitivo los mecanismos para resolver las posibles diferencias que se susciten en torno a la interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones del ACE Nº 36 y demás instrumentos suscritos o que se suscriban en el marco del mismo. No obstante, si las diferencias surgen en cuanto a la interpretación del Artículo 14 del ACE Nº 36, las Partes pueden acordar, en la etapa de negociaciones directas, la opción entre someter la diferencia al procedimiento que se señala en el protocolo a estudio o al previsto en el entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias que forma parte del Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio. Estas cuestiones se refieren a la "aplicación de medidas destinadas a contrarrestar las distorsiones en la competencia generada por prácticas de 'antidumping' y subsidios".

Pueden ser Partes del Régimen de Solución de Controversias tanto el MERCOSUR y la República de Bolivia, o ésta y uno o más Estados Partes del MERCOSUR.

Instancias de negociación: Se prevén tres que funcionarán en forma necesariamente sucesiva:

Negociaciones directas: En el caso del MERCOSUR se dirigen por intermedio de la Secretaría Pro-Témpore (cuando el propio MERCOSUR sea parte en la controversia) o de los Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común (si una de las Partes de la controversia está constituida por uno o más Estados Partes del mecanismo de integración). Con relación a la República de Bolivia, el Viceministro de Relaciones Económicas Internacionales e Integración conducirá las negociaciones (Artículo 4º). La solicitud de negociación directa debe formularse por escrito de una Parte a la otra, quien deberá responderla dentro de los diez días de su recepción. Las negociaciones no se prolongarán por más de treinta días desde la recepción de la solicitud, salvo acuerdo de prórroga, que no será mayor de quince días.

Intervención de la Comisión Administradora: Se da solo si no se ha llegado a una solución satisfactoria para ambas Partes en la vía antes indicada, o si la controversia se hubiera resuelto parcialmente. También debe solicitarse por escrito fundado con expresión de circunstancias de hecho y fundamentos de derecho. Esta Comisión se reunirá dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que todas las Partes Signatarias hubieren recibido la comunicación de la solicitud de intervención.

Dentro de los treinta días de la primera reunión, la Comisión deberá formular las recomendaciones que le sugiera el examen de la controversia, y si lo considerase necesario ordenar se constituya un Grupo de Expertos, tomados de una lista que las Partes deben comunicar a la Comisión, con reconocida competencia en las materias relacionadas con el Acuerdo, dentro de los treinta días posteriores a la entrada en vigor del Protocolo, de los cuales cuatro no podrán ser nacionales de ninguna de las Partes Signatarias. Dos de ellos son elegidos por las Partes, y el tercero, que no puede ser nacional de ninguna de las Partes Signatarias, se lo designará por acuerdo de Partes y coordinará el grupo. Si en los plazos establecidos no se hicieran las designaciones, éstas las efectuará la Secretaría General de ALADI, a solicitud de cualquiera de las Partes.

Los expertos deberán actuar con independencia técnica e imparcialidad. El Grupo de Expertos se pronuncia en conjunto o por las conclusiones de cada integrante, si no hay unanimidad de opiniones. Entregadas las mismas, la Comisión dispondrá de quince días para establecer sus recomendaciones. Las Partes tienen quince días de plazo para evaluar el dictamen de los expertos y las recomendaciones de la Comisión. Si no se alcanza una solución mutuamente satisfactoria en el plazo indicado se da por terminada la etapa del procedimiento (Artículo 17).

El procedimiento arbitral es la última instancia, y solo tiene lugar ante la persistente falta de satisfacción de los intereses expresados en las instancias anteriores. Es un procedimiento necesario, por oposición a voluntario. La aprobación del Protocolo a estudio implica la obligatoriedad de jurisdicción del Tribunal Arbitral. Si bien se realiza en el ámbito institucional de ALADI, se trata de un arbitraje ad hoc, ya que es necesaria la designación de árbitros, fijación de la sede y establecer los procedimientos específicos para cada litigio particular (Artículos 21 y 24). Cada Parte Signataria designará doce juristas de reconocida competencia en las materias que puedan ser objeto de controversia, de los cuales cuatro no podrán ser nacionales de ninguna de ellas, y será comunicado a la Secretaría General de ALADI, quedando vedada su modificación una vez que una Parte hubiera comunicado a la otra su intención de acudir al Tribunal Arbitral (Artículo 20). El Tribunal se integra con tres árbitros, de manera que cada Parte en la controversia designa uno y su suplente y el tercero y su suplente serán designados por acuerdo, no pudiendo ser nacional de ninguna de dichas Partes, y presidirá el Tribunal (Artículo 21). También rigen los principios de imparcialidad e independencia. El propio Tribunal fijará su sede, que deberá ubicarse en el territorio de alguna de las Partes Signatarias (Artículo 24).

Las Partes designarán sus representantes para que se les hagan llegar las notificaciones. Las mismas deberán informar al Tribunal sobre las instancias previas al proceso. Este podrá adoptar medidas provisionales para la prevención de daños graves e irreparables. El laudo deberá constar por escrito, fundamentado, por mayoría, y se dictará dentro de los setecientos sesenta días, a partir de la constitución del Tribunal (Artículo 29), y solo se admitirá una prórroga de treinta días. Se admite como único recurso la aclaración o interpretación sobre la forma que debe cumplirse. El Tribunal dispone de quince días para pronunciarse, pudiendo disponer la suspensión del cumplimiento del laudo (Artículos 33 y 35).

Si dentro de los treinta días de notificado el laudo a las Partes no se hubiera cumplido, se suspenderá en forma temporal por la Parte reclamante de las concesiones u otras obligaciones relativas al sector afectado, lo que deberá comunicarse por escrito fundado a las demás Partes Signatarias. No obstante, la Parte afectada podrá reclamar ante el mismo Tribunal sobre la equivalencia de dicha medida. Las comunicaciones entre el MERCOSUR o sus Estados Partes y la República de Bolivia se cursará a la Presidencia Pro-Témpore (en caso del MERCOSUR) o a los Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común (si la Parte en la controversia fuere uno o más Estados Partes del MERCOSUR) y en el caso de la República de Bolivia, al Viceministro de Relaciones Económicas Internacionales e Integración.

Por las razones anteriormente expuestas, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la sanción del adjunto proyecto de ley por medio del cual se aprueba el Decimoprimer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 36, celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Bolivia y su Anexo (Régimen de Solución de Controversias).

Sala de la Comisión, 27 de marzo de 2003.

JAIME MARIO TROBO, Miembro Informante, NELSON BOSCH, RAMÓN FONTICIELLA, FÉLIX LAVIÑA, ENRIQUE PINTADO, CARLOS PITA, JULIO LUIS SANGUINETTI".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR LAVIÑA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: la Comisión de Asuntos Internacionales ha decidido por unanimidad aconsejar al plenario la aprobación de este Decimoprimer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 que fuera celebrado entre los Estados Parte del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Bolivia, y su Anexo -"Régimen de Solución de Controversias"-, suscrito en Montevideo el 19 de junio de 2001.

De él pueden extraerse algunas conclusiones. Lo importante de este Protocolo es que tiene como finalidad establecer con carácter definitivo los mecanismos para resolver las posibles diferencias que se susciten en torno a interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones del Acuerdo de Complementación Económica.

Este Protocolo prevé varias instancias, como se dice en el informe de la Comisión elaborado por el señor Diputado Trobo: una primera instancia de negociaciones directas y, por último, en el caso de que no haya acuerdo, se procedería al arbitraje.

Realmente, este Protocolo constituye un avance en cuanto a arbitrar medios de solución a las controversias entre los países miembros del MERCOSUR y el Gobierno de Bolivia.

Por consiguiente, y en función de los argumentos expuestos en Sala y en el informe de la Comisión, de fecha 27 de marzo de 2003, aconsejamos al plenario la aprobación de este Protocolo.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Treinta y seis en treinta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Este artículo requiere cincuenta votos conformes para su aprobación. Como en este momento no existe ese quórum en Sala, se va a votar si se cierra la discusión del artículo, postergándose su votación.

(Se vota)

——Treinta y siete en treinta y ocho: AFIRMATIVA.

La Mesa comunica que se encuentran presentes en la barra alumnos, padres y maestros de las Escuelas Nos. 16, 10 y 96 del departamento de Florida.

12.-          Clemente Lucrecio Funes Molina. (Designación a la Escuela Rural Nº 31 de paraje La Horqueta de Castillos, departamento de Rocha).

Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Clemente Lucrecio Funes Molina. (Designación a la Escuela Rural Nº 31 de paraje La Horqueta de Castillos, departamento de Rocha)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1025

"PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Desígnase con el nombre "Clemente Lucrecio Funes Molina", la Escuela Rural Nº 31, ubicada en la 4a. Sección Judicial del departamento de Rocha, paraje "La Horqueta de Castillos", dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Montevideo, 23 de julio de 2002.

YEANNETH PUÑALES BRUN, Representante por Rocha.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Escuela Nº 31 del departamento de Rocha, paraje "La Horqueta de Castillos", carece de nominación. Por tal motivo hemos consultado a la Directora y maestras del mencionado centro escolar para que propongan el nombre de alguna persona que a su juicio sea merecedora de tan importante distinción.

Fue recibida con muy buena aceptación, la de homenajear al señor Lucrecio Funes, quien tuvo el enorme gesto, allá por el año 1908, de donar un predio de su propiedad para la construcción de un centro escolar para los niños que vivían en ese medio rural y se preocupó en forma permanente por su progreso junto a su familia.

El señor Clemente Lucrecio Funes Molina nació el 23 de noviembre de 1882, en Castillos, hijo de don Antonio Funes y Carolina Molina.

En el año 1908, contrajo matrimonio con la señora Gualberta Adelina San Martín, con quien tuvo nueve hijos, de los cuales viven actualmente cuatro. Todos sus hijos han sido ex alumnos de este centro escolar, y también lo han sido algunos nietos y una bisnieta.

Ya en el año 1908 era ganadero de la zona, poseyendo cierta extensión de campo frente a donde hoy se yergue esta escuela. En vista de que debía construirse el camino vecinal y este separaba parte de su propiedad hacia uno y otro lado, procede a la donación de una franja de terreno de 4 hectáreas de forma triangular a la derecha del camino, y en ese mismo año se comienza la construcción del edificio escolar, autorizada la creación de ciento cincuenta escuelas, entre ellas la Nº 31, por una ley del año 1907.

A partir de 1966 el terreno es propiedad del Consejo de Educación Primaria, según escritura suscrita por el escribano Israel Uriarte, con uno de los hijos de Funes, el señor Antonio Funes.

El señor Lucrecio Funes falleció hace más de treinta años, pero siempre estuvo vinculado con esta escuela y aún continúa el vínculo a través de sus familiares.

Sería un alto honor para toda la comunidad educativa de la zona y la familia en particular que el proyecto de ley llegara a buen término.

La escuela, que en el año 2003 próximo, cumplirá noventa y cinco años de vida al servicio de la comunidad educativa, queremos que también en esos festejos pudiéramos homenajear a quien tuviera la feliz idea de donar un predio para que allí pudiera asentarse un local de enseñanza en el medio del campo.

Montevideo, 23 de julio de 2002.

YEANNETH PUÑALES BRUN, Representante por Rocha".

Anexo I al
Rep. Nº 1025

"Comisión de Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura eleva al plenario con pronunciamiento favorable el proyecto de ley de la Diputada Yeanneth Puñales Brun por el que se designa "Clemente Lucrecio Funes Molina" a la Escuela Rural Nº 31, ubicada en la 4a. Sección Judicial del departamento de Rocha, paraje "La Horqueta de Castillo", dependiente del Consejo de Educación Primaria.

El señor Lucrecio Funes nació el 23 de noviembre de 1882 en Castillos, departamento de Rocha.

En el año 1908, donó un predio para la construcción de un centro escolar para los niños que vivían en ese medio rural preocupándose permanentemente por el progreso de ellos y sus familias.

Contrajo matrimonio con Adelina San Martín. Tuvieron nueve hijos. Viven cuatro de ellos. Sus hijos, algunos nietos y una bisnieta, fueron alumnos de este centro escolar.

Cuando en 1907 se dictó una ley por la que se autorizaba la construcción de escuelas, la Escuela Rural Nº 31, ubicada en la 4a. Sección Judicial del departamento de Rocha, paraje "La Horqueta de Castillo", estaba comprendida en la misma.

Lucrecio Molina era ganadero de la zona y propietario de cierta extensión de campo frente a donde hoy se yergue esta Escuela. En vista de que debía construirse el camino vecinal y éste dividía su propiedad, donó una franja de terreno de 4 hectáreas a la derecha del camino. Desde el año 1966, el terreno con sus construcciones pasó a integrar el patrimonio del Consejo de Educación Primaria, según escritura suscrita por el escribano Israel Uriarte y el señor Antonio Funes.

La escuela en este año 2003 cumplirá noventa y cinco años.

La vinculación del señor Lucrecio Funes a esta escuela continúa hoy a través de sus familiares.

Estimamos que al denominar "Clemente Lucrecio Funes Molina" a la Escuela Rural Nº 31 del departamento de Rocha, además de expresar nuestro reconocimiento a este ciudadano, y hombre ejemplar, de manera que las sucesivas generaciones de alumnos asociarán el nombre de este hombre ejemplar a los recuerdos de su niñez.

Sala de la Comisión, 14 de mayo de 2003.

NAHUM BERGSTEIN, Miembro Informante, BEATRIZ ARGIMÓN, ROQUE ARREGUI, GABRIELA GARRIDO, PABLO MIERES, GLENDA RONDÁN.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Desígnase "Clemente Lucrecio Funes Molina" la Escuela Rural Nº 31 del departamento de Rocha, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de la Comisión, 14 de mayo de 2003.

NAHUM BERGSTEIN, Miembro Informante, BEATRIZ ARGIMÓN, ROQUE ARREGUI, GABRIELA GARRIDO, PABLO MIERES, GLENDA RONDÁN".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑORA PUÑALES BRUN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PUÑALES BRUN.- Señor Presidente: nosotros también saludamos a los padres, docentes y niños, en oportunidad de considerarse la designación con el nombre de Lucrecio Funes Molina a una escuela rural del departamento de Rocha.

Esta escuela rural está ubicada en un hermoso lugar de nuestro departamento y cumple, a fines de 2003, noventa y cinco años.

El Parlamento debe homenajear a hombres como Lucrecio Funes -fallecido hace más de treinta años-, que han hecho tantos aportes en el ámbito agropecuario. Hace noventa y cinco años, este señor se desprendió de 4 hectáreas y las donó para que se levantara en ellas esta escuelita rural, que hoy funciona muy bien, siendo ese el gesto que amerita que se le designe con su nombre.

El año pasado elaboramos este proyecto de ley en virtud de la solicitud que hicieron, con mucho énfasis, los padres de los niños que hoy cursan estudios en esa escuelita rural y también su Directora, la señora María Rosa González, e Isabel de Cuadra, que trabaja allí como auxiliar de servicio.

Este señor era un hacendado de la zona, que poseía cierta extensión de campo frente a donde hoy se yergue la escuela y donde debía construirse en aquel momento un camino vecinal que dividiría su propiedad hacia uno y otro lado del camino. Fue en ese momento que donó una franja de terreno de 4 hectáreas, de forma triangular, a la derecha del camino, y en ese mismo año se comenzó la construcción del edificio escolar, que fue autorizada en 1907.

Entonces, creemos que la Cámara haría un acto de verdadera justicia al denominar a esta escuela rural con el nombre de Lucrecio Funes.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Treinta y seis en treinta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y nueve en cuarenta y dos: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

13.-     Doctor Enrique Claveaux. (Designación al Hospital Filtro de la ciudad de Montevideo).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Doctor Enrique Claveaux. (Designación al Hospital Filtro de la ciudad de Montevideo)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 692

"PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Se designa con el nombre de "Doctor Enrique Claveaux" a la unidad ejecutora 03 (Hospital Filtro), dependiente del Ministerio de Salud Pública.

Montevideo, 14 de agosto de 2001.

MIGUEL DICANCRO, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El doctor Enrique Claveaux, médico, nacido en Montevideo el 19 de enero de 1890, fue un profesional de amplia y brillante trayectoria en el campo de la ciencia y de la actuación oficial. Ocupó varios cargos importantes como Jefe de Salubridad de la Intendencia Municipal de Montevideo (1926-1938), profesor titular de Patología Médica (1924-1932) de la Facultad de Medicina, Director del Instituto de Enfermedades Infecciosas (1937), Miembro del Consejo de la Facultad de Medicina, Miembro de la Sociedad de Medicina de París, Miembro de la Sociedad de Biología de Barcelona, culminando como Ministro de Salud Pública.

Becado por la Facultad de Medicina y Agregado Científico de Legación durante los años de 1916-1918. Durante los años de actuación en Europa completó su preparación médica participando de cursos y servicios como los de Pediatría, Neurología, Patología Bacteriología y otros.

Se le discernieron múltiples distinciones y premios, nacionales e internacionales, entre ellos el premio "Gallinal" en 1924, y el de la "Federación Odontológica Latinoamericana" en 1925.

Como Ministro de Salud Pública, reorganizó el Departamento de Vacunaciones, dentro de la División de Higiene, previniendo de este modo las enfermedades infecciosas, a tal punto que las mismas pasaron a denominarse "enfermedades evitables" como se las conoce hoy día.

Como trabajos científicos cabe destacar entre otros: Exploración de las funciones renales por la azotemia y la constante Ambard, vacunación antitífica en el Ejército francés, diagnóstico precoz de la sífilis, clasificación y caracteres de meningococus que le valió el premio "Gallinal" antes mencionado, lucha antilarvaria, higienización de la leche, la difteria en el adulto y otros.

Fundador del Hospital Filtro en oportunidad de una epidemia de poliomelitis, constituyendo el Centro de Recuperación Respiratoria, en donde los pacientes eran asistidos con pulmotores que les posibilitaban una respiración mecánica y la prolongación de la vida.

Fue un fanático de la lucha contra la poliomelitis. Conoció personalmente y trabajo con los doctores Salk y Sabin que prepararon la vacuna contra la poliomelitis. El primero, Salk, la preparó a virus muerto y el segundo, Sabin, a virus vivo. Fue precisamente con esta vacuna que se aplica aún en nuestros días que, conjuntamente con el Diputado proponente, en la década del 60 y la Comisión Nacional de Lucha contra la Poliomelitis, integrada por las más relevantes autoridades científicas nacionales, promovieron la primera campaña de vacunación masiva a virus vivo, contra esta enfermedad, que logró controlar o erradicar la poliomelitis del Uruguay hasta nuestros días.

Además, en el año 1997 en un acto público en presencia de familiares del doctor Claveaux, el entonces Presidente de la República doctor Julio María Sanguinetti, el Ministro de Salud Pública, doctor Bustos junto a las más altas autoridades del referido Ministerio, descubrió en el Hospital Filtro una placa recordatoria con el nombre del profesor Enrique Claveaux.

Es por tal razón que proponemos que el Hospital Filtro lleve el nombre de este ilustre profesor y científico que fundara el mismo, "Doctor Enrique Claveaux", como homenaje del país y reconocimiento por su labor a favor de la erradicación de la poliomelitis en el Uruguay.

Montevideo, 14 de agosto de 2001.

MIGUEL DICANCRO, Representante por Montevideo".

Anexo I al
Rep. Nº 692

"Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración recomienda al Cuerpo designar a la unidad ejecutora 03 del Ministerio de Salud Pública (comúnmente conocida como Hospital Filtro) con el nombre de "Doctor Enrique Claveaux".

Este ilustre ciudadano, nació en Montevideo el 19 de enero de 1890, y desarrolló una vida de servicio a la comunidad.

Fue un estudiante brillante, y como tal desempeñó el cargo de Jefe de Laboratorio de la Clínica Médica del doctor Américo Ricaldoni. Ya recibido, ocupó diversos cargos, siendo la que sigue una enumeración necesariamente incompleta:

- Médico de sala en el Hospital Piñeyro del Campo.

- Profesor titular de Patología Médica.

- Profesor de Bacteriología y Patología General de la Escuela de Odontología.

- Jefe del Centro de Lucha Antitífica.

- Director del Instituto de Enfermedades Infecciosas.

- Miembro del Consejo de la Facultad de Medicina, del Consejo Central Universitario, y de la Liga Uruguaya contra la Tuberculosis.

- Miembro de la Sociedad de Medicina de París y de la Sociedad de Biología de Barcelona.

- Ministro de Salud Pública.

Fue fundador del Hospital Filtro, centro desde el cual se librara una lucha a brazo partido contra la epidemia de poliomielitis que se desatara en el país a mediados de la década del cincuenta.

El doctor Claveaux fue un decidido impulsor de la vacunación contra la poliomielitis y, en la década del sesenta, promovió la primera vacunación masiva contra la enfermedad.

En el Hospital Filtro existe una placa recordatoria de esta personalidad.

Finalmente, cabe agregar que cuando se recabó información para la elaboración de este informe, resultó ser que funcionarios del Hospital Filtro consultados creían que éste ya se denominaba Doctor Enrique Claveaux. Se trata entonces de reconocer una situación de hecho, con amplia aceptación en la comunidad.

Sala de la Comisión, 17 de octubre de 2001.

JORGE ORRICO, Miembro informante, ODEL ABISAB, DANIEL DÍAZ MAYNARD, ÁLVARO ERRAMUSPE, MARGARITA PERCOVICH, DIANA SARAVIA OLMOS".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración me ha conferido el honor de informar sobre este proyecto por el que se designa con el nombre de Enrique Claveaux al hospital que comúnmente es conocido como Hospital Filtro. Para mí es un honor, porque durante muchos años mi señora estuvo a cargo del CTI pediátrico del Hospital Filtro, por lo que me consta el trabajo abnegado que médicos y funcionarios han hecho para que la salud de los más humildes estuviera en buenas manos.

El doctor Claveaux nació en Montevideo en 1890 y tuvo una carrera universitaria absolutamente brillante: fue médico de sala en el Hospital Piñeyro del Campo, Profesor titular de Patología Médica, Profesor de Bacteriología y Patología General de la Facultad de Odontología, Jefe del Centro de Lucha Antitífica y Director del Instituto de Enfermedades Infecciosas. Fue miembro del Consejo de la Facultad de Medicina, del Consejo Directivo Central de la Universidad y de la Liga Uruguaya contra la Tuberculosis.

El doctor Claveaux fue fundador del Hospital Filtro, hospital que dentro de lo que fue el esquema asistencial del Uruguay a partir de los años cincuenta, ocupó una posición especialísima. Desde el Hospital Filtro se combatió, con los medios que en aquella época se tenían, la terrible epidemia de poliomielitis que asoló al país en 1956. Él fue, reitero, fundador de este hospital.

Fue un decidido impulsor de la vacuna contra la poliomielitis y en esto fue un adelantado no solo a nivel nacional, sino internacional.

Es curioso lo que pasa con el Hospital Filtro respecto de esta designación, por cuanto hablando, entre otros funcionarios del hospital, con mi señora -hoy ex funcionaria-, manifestó su asombro porque ella creía -y muchos compañeros de ella y funcionarios del Filtro, también- que el Hospital Filtro ya se llamaba "Enrique Claveaux". De manera que no hacemos más que reconocer algo que los funcionarios vinculados a este hospital ya daban como un hecho.

De esta manera, esta asesora de la Cámara, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, aconseja con mucho calor designar con el nombre "Doctor Enrique Claveaux" al hoy Hospital Filtro.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR DICANCRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DICANCRO.- Señor Presidente: quiero agradecer a la Comisión, particularmente al señor Diputado Orrico, miembro informante, a las señoras Diputadas Percovich y Saravia Olmos y a los señores Diputados Abisab, Díaz Maynard y Erramuspe, por la atención que prestaron a este tema y por la investigación que se tomó el trabajo de hacer el señor Diputado Orrico con relación a que todos los funcionarios de este Hospital y la población en general pensaban que ya se llamaba "Enrique Claveaux". Lo que estamos haciendo es confirmar algo que la población y los funcionarios quieren.

El señor Diputado Orrico ya ha señalado que el doctor Claveaux, médico nacido en Montevideo el 10 de enero de 1890, fue un profesional de amplia y brillante trayectoria en el campo de la ciencia, así como de su actuación a nivel oficial. Ocupó varios cargos importantes: Jefe de Salubridad de la Intendencia Municipal de Montevideo, Profesor titular de Patología Médica de la Facultad de Medicina, Director del Instituto de Enfermedades Infecciosas, miembro de la Sociedad de Medicina de París y de la Sociedad de Biología de Barcelona, culminando como Ministro de Salud Pública, durante la Presidencia de Luis Batlle Berres.

Es un hombre que merece ser destacado no solo por sus méritos académicos, sino por sus condiciones humanas. Lo conocí al final de su carrera, cuando ya no era profesor sino que estaba retirado, y era Presidente de la Comisión Honoraria de Lucha contra la Poliomielitis, en la cual me desempeñé como Secretario General cuando comenzó esta campaña.

Ustedes recuerdan que hubo una campaña de vacunación contra la poliomielitis, con la vacuna llamada Salk, con virus muertos. Pero luego se llevó a cabo una vacunación revolucionaria, con virus vivos atenuados, lo que constituía una novedad en el momento y también un alto riesgo. No se tenía seguridad de que pudiera ser efectiva y, además, se tenía mucho temor de que tomar la vacuna pudiera causar la enfermedad. Ustedes podrán imaginar lo difícil que fue para todos nosotros promover la vacunación allá por 1960 y 1961. Si una persona, por ejemplo, estaba incubando una poliomielitis y tomaba la vacuna, no se podía saber con precisión si era producida por el virus salvaje o por el virus de la vacuna. Entonces, fue necesario recurrir a laboratorios de los Estados Unidos para que hicieran el diagnóstico, a fin de saber si la enfermedad era producida por el virus salvaje o por el virus de la vacuna. Afortunadamente, ningún paciente fue afectado por el virus de la vacuna.

Consideramos que esa campaña fue memorable, porque hasta el día de hoy se ha controlado o erradicado la poliomielitis del país, en un hecho totalmente audaz, porque fue el primer país de América Latina en lograrlo; el primero en el mundo fue Israel. Allí, el propio Sabin, a quien tuvimos oportunidad de entrevistar en Washington, nos comunicó que era judío y que había preparado una vacuna -la había probado con su propia familia; con sus hijas había probado la vacuna-, que era totalmente inocua y daba la seguridad de la inmunización. Después la llevó a Israel, donde vacunó a toda la población, dirigiendo él personalmente la campaña y obteniendo magníficos resultados. Estos antecedentes -un científico que es capaz de vacunar a sus propias hijas, un científico que es capaz de vacunar a la población de su país, que tanto quería- evidentemente nos llevaron a creer en él y a pensar que podía ser una solución para el Uruguay.

Fue entonces cuando al entonces Ministro de Salud Pública le propusimos que viniera Sabin para aunar los criterios de personas que tenían distintas visiones de la vacuna, unos que eran temerosos y otros que decían que no podía ser tan eficaz como la vacuna Salk, que se había introducido en el país sin resultados satisfactorios. De todas maneras, se logró que viniera Sabin al Uruguay.

Teníamos la información de que estaba ennoviado con una brasileña y pasaba frecuentemente por el Río de la Plata, por lo cual le sugerimos que viniera al Uruguay. Entonces vino y reunió a todas las importantes autoridades del Ministerio de Salud Pública, de la Intendencia Municipal de Montevideo y de la Facultad de Medicina -entre quienes había muchos que no creían en la vacuna-, y les explicó cómo había llegado a obtener un virus capaz de dar cierto nivel de inmunidad sin producir la enfermedad. Eso era lo importante: no causar una epidemia.

Yo le dije al profesor Claveaux, en el instante en que estábamos diluyendo la vacuna: "Profesor, dígame: ¿usted está seguro de lo que estamos haciendo? Porque yo estoy convencido por lo que me dijo Sabin, por lo que él aplicó en Israel, pero no estoy absolutamente seguro de lo que puede pasar en el Uruguay". Entonces, me dijo: "Mire, hagamos lo que hizo él: vacunemos primero a nuestra familia, a nuestros hijos". Y así procedimos: en primer lugar, vacunamos a nuestras hijas; después a los nietos de Claveaux y, finalmente, al resto de la población. Como ustedes saben, dividimos al Uruguay en dos sectores: del río Negro al sur, donde se daba una vacuna determinada, tipo 1, y del río Negro hacia el norte, donde se daba otra vacuna. En aquella época, se pensaba que los virus no se podían mezclar; sin embargo, se demostró posteriormente que no era así. De todas maneras, procedimos de esa forma y logramos vacunar a un millón quinientas mil personas, desde niños a adultos jóvenes de hasta veintiún años.

Yo creo que es importante destacar esto. También hay que resaltar el hecho de que fue precisamente en el Uruguay donde se sugirió que la aplicación de la vacuna era perfecta si, además de ser inocua, era un placer.

Estábamos tomando un café con el profesor Sabin y le dije: "Dígame, profesor, a usted todo el mundo lo admira porque cambió el concepto de la vacunación. Si bien antes vacunar era sinónimo de dolor, porque era un pinchazo, ahora vacunar es inocuo, pero sería perfecto si además fuera un placer". Estábamos tomando un café y en esa época se usaban mucho los pancitos de azúcar Rausa y le dije: "Mire, yo pienso que es perfecto si se pone encima de este pancito. Los niños lo pueden tomar complacidos porque es azúcar". Y me dijo: "Le contesto en veinticuatro horas". Se comunicó con su laboratorio en Estados Unidos y, efectivamente, a las veinticuatro horas me dijo que se podía vacunar sobre el terroncito de azúcar. Yo tenía mis dudas -porque no conozco la biología del virus- de que se pudiera inactivar de alguna forma al ponerlo encima del terrón de azúcar. Finalmente, con esta idea del terrón de azúcar hemos dado la vuelta al mundo; hemos ido a Ginebra y a muchos lugares asesorando en la aplicación de esta vacuna. Pero el hecho concreto es que hasta el día de hoy no tenemos polio gracias a las gotitas milagrosas del profesor Sabin, que hemos difundido en el país.

Esperamos que el Ministerio de Salud Pública siga vacunando a los nuevos susceptibles porque, de no seguir haciéndolo, se acumulará una población tan importante que en cualquier momento va a dar lugar a una eclosión y a una epidemia.

Quería hacer estas reflexiones, pero no desearía terminar sin relatar una anécdota relativa al profesor Claveaux que, sin duda, el señor Diputado Orrico va a disfrutar.

En aquella época, hace cuarenta y cinco años, cuando recién comenzaba la televisión, el doctor Claveaux no creía mucho en ella. Decía: "No, con ese aparatito mis nietos no estudian a Sófocles ni a Esquilo". Yo le contestaba: "Pero, profesor, ¿quién va a estudiar a Sófocles y a Esquilo en esta época?". Él me decía: "Pero yo los estudio". Y yo le contestaba: "Sí, usted los estudia, pero los niños no los estudian; miran la televisión. ¿Por qué no hacemos un programa de televisión?". Y vino un señor que muchos de ustedes recordarán -naturalmente, los más veteranos-, Reisch Sintas, y él estaba muy interesado en que hiciéramos el programa de televisión para dar inicio a la campaña de vacunación. El profesor Claveaux era renuente a aparecer por televisión; no creía en ella. Entonces, un día dice: "Finalmente, voy a ir, siempre que vengan los profesores titulares de las cátedras de la Facultad de Medicina, todos los jerarcas del Ministerio de Salud Pública y de la Intendencia Municipal de Montevideo para dar unidad a este proyecto".

Efectivamente, así fue. Ante una gran mesa se sentaron todos los profesores y, en la cabecera, el profesor Claveaux. Como él había aprendido a hablar y a dirigirse a un auditorio en Francia, siempre que hablaba se paraba; nunca lo hacía sentado. Ese día, nos reunimos todos en la sesión de televisión que teníamos y el profesor se levantó, miró a la cámara y dijo: "Me dirijo a la población en general y quiero hablarles de algo que es casi un enemigo personal: la poliomielitis", y de ahí en adelante hizo un discurso que todo el mundo calificó de sensacional, a tal punto que teníamos una batería de ocho o diez teléfonos y sonaban permanentemente para felicitar al profesor Claveaux. En eso, llama una señora y con voz tímida me dice: "Mire, yo quiero hablar con el profesor Claveaux". Le paso el teléfono al profesor Claveaux y él dice: "¡Ah, pero qué bien! ¡Tantos años sin verte! ¡Qué satisfacción! ¿Cuándo nos volvemos a ver?". Y, naturalmente, gestaron un encuentro con aquel lindo recuerdo que él tenía. Cuelga el teléfono y me dice: "Che, Dicancro, ¡qué invento la televisión!". Y desde entonces creo que es un gran invento.

Es todo, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Muy bien; muy elocuente. Lo felicito, estimado Diputado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

La Mesa quiere aclarar que donde dice "Se designa", debe decir "Desígnase".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único con la modificación indicada.

(Se vota)

——Cuarenta y tres en cuarenta y seis: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo único.- Desígnase con el nombre de 'Doctor Enrique Claveaux' a la Unidad Ejecutora 03 (Hospital Filtro), dependiente del Ministerio de Salud Pública".

14.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Juan Justo Amaro Cedrés, por motivos personales, inciso tercero del artículo único, de la Ley Nº 16.465, por el día 10 de setiembre de 2003, convocándose a la suplente siguiente, señora Stella M. Tucuna.

Del señor Representante Ramón Legnani, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 16 y 18 de setiembre de 2003, convocándose a la suplente siguiente, señora Carlota Zamora".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 10 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de solicitar licencia, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, por el día de hoy, convocando a mi suplente respectivo.

Saluda a usted muy atentamente.

JUAN JUSTO AMARO CEDRÉS
Representante por Florida".

"Montevideo, 10 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente, presento renuncia a la convocatoria efectuada por esa Cámara, para sustituir en su licencia al Diputado titular por el Dpto. de Florida, Sr. Juan J. Amaro Cedrés, en el día de la fecha.

Con mi mayor estima, saluda a Ud.,

Alberto H. Martínez".

"Montevideo, 10 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de poner en su conocimiento, que renuncio por esta única vez, a la convocatoria de la que he sido objeto por la Cámara de Representantes, como suplente del Representante Nacional Juan Justo Amaro Cedrés, por el día de hoy.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Luis Oliva Castro".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Florida, Juan Justo Amaro Cedrés.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 10 de setiembre 2003.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes correspondientes siguientes, señores Alberto Martínez y Luis Oliva.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 10 de setiembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Florida, Juan Justo Amaro Cedrés.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes siguientes, señores Alberto Martínez y Luis Oliva.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día 10 de setiembre de 2003, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 22 del Lema Partido Colorado, señora Stella M. Tucuna.

Sala de la Comisión, 10 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, MARÍA NELBA IRIARTE".

"Montevideo, 10 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Don Jorge Chápper

Presente.
De mi mayor consideración:

Solicito a usted por la presente me autorice a hacer uso de licencia por motivos personales los días 16, 17 y 18 de setiembre.

Sin otro particular, le saludo atte.

RAMON LEGNANI
Representante por Canelones".

"Canelones, 10 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi consideración:

Quien suscribe Raquel Parry Segundo, cédula de identidad Nº 1.050.030-9, con domicilio en Ovidio Fernández Ríos Manzana 331, Sol. 107, Progreso, en su calidad de suplente del Diputado Ramón Legnani, quien ha solicitado licencia por razones particulares, comunica a usted que se encuentra imposibilitada por esta vez de asumir el cargo para el que ha sido convocada por ese Cuerpo.

Al ser la presente decisión de carácter excepcional, me reservo el derecho de reasumir personería, si en el futuro se plantearan situaciones similares.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Raquel Parry".

"Canelones, 10 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Jorge Chápper.

Presente.
De mi mayor consideración:

El suscrito, Dante Waldemar Huber Telechea, con cédula de identidad Nº 973.956-9, domiciliado en Uruguay Manzana 18, Solar 10 de Shangrilá, departamento de Canelones, en mi calidad de segundo suplente del Representante Nacional por Canelones, Ramón Legnani, quien ha solicitado licencia por motivos personales, comunica a usted que se encuentra imposibilitado por esta única vez, para asumir el cargo de Representante, para el cual se le convocó por ese Cuerpo, manteniendo el derecho de reasumir personería al plantearse otra situación de las mismas características.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Dante Huber Telechea".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Ramón Legnani.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 16 y 18 de setiembre de 2003.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes correspondientes siguientes, señora Raquel Parry y señor Dante Huber.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994, y en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 16 y 18 de setiembre de 2003, al señor Representante por el departamento de Canelones, Ramón Legnani.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes siguientes, señora Raquel Parry y señor Dante Huber.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Carlota Zamora.

Sala de la Comisión, 10 de setiembre de 2003.

MARIO AMESTOY, TABARÉ HACKENBRUCH, MARÍA NELBA IRIARTE".

15.-     Maestra Egriselda Gutiérrez Bravo. (Designación a la Escuela Nº 115 de la ciudad de Cardona, departamento de Soriano).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: "Maestra Egriselda Gutiérrez Bravo. (Designación a la Escuela Nº 115 de la ciudad de Cardona, departamento de Soriano)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 874

"PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Desígnase "Maestra Egriselda Gutiérrez Bravo" a la Escuela Nº 115 de la ciudad de Cardona, departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Montevideo, 19 de febrero de 2002.

ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano, WALTER VENER CARBONI, Representante por Soriano.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La comunidad educativa de la Escuela Nº 115, especial para discapacitados intelectuales de Cardona, impulsa la nominación de dicho centro docente con el nombre de "Maestra Egriselda Gutiérrez Bravo", tal cual surge de pronunciamientos de la Comisión de Fomento, Dirección y docentes.

Creemos de justicia dicha nominación, para que su nombre perdure en el tiempo como forma de homenaje.

Egriselda Gutiérrez Bravo (Tita) abrazó el noble apostolado de la docencia, primero en las escuelas rurales de Monzón y Jackson y luego en su querida Escuela Nº 9 de Cardona, donde culminó como Directora su actividad docente. Nació en Trinidad, departamento de Flores. Se brindó a la sociedad cardonense, como una oriunda más.

Excelente madre, maestra, compañera y amiga, con gran fortaleza y férrea voluntad, siempre mostró disposición para iniciar y apoyar todas las actividades culturales, sociales, de servicio que tendieron a superar la calidad de vida de sus semejantes. Entre muchas, se destaca la creación de la Escuela Nº 115 para alumnos con discapacidades intelectuales, por la cual trabaja hasta que en 1975 es una realidad.

Luego continúa su labor por este centro docente, trabajando por muchos años como integrante de Comisión de Fomento y luego como colaboradora.

El 12 de enero del corriente año, luego de una enfermedad cruel, se despidió para siempre.

Por sus principios de servicio a sus semejantes, principalmente por los niños y adolescentes con capacidades diferentes, y por su vida ejemplar, es que se realiza tal solicitud.

Montevideo, 19 de febrero de 2002.

ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano, WALTER VENER CARBONI, Representante por Soriano".

Anexo I al
Rep. Nº 874

"Comisión de Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura eleva al plenario con pronunciamiento favorable el proyecto de ley, por el que se designa "Maestra Egriselda Gutiérrez Bravo" la Escuela Nº 115 de la ciudad de Cardona del departamento de Soriano.

La Comunidad educativa de la Escuela Nº 115, especial para discapacitados intelectuales de Cardona, impulsa la nominación de dicho centro docente con el nombre de "Maestra Egriselda Gutiérrez Bravo", tal cual surge de pronunciamientos de la Comisión de Fomento, Dirección y Docentes.

Creemos de justicia dicha nominación, para que su nombre perdure en el tiempo como forma de homenaje.

Egriselda Gutiérrez Bravo (Tita) abrazó el noble apostolado de la docencia, primero en las escuelas rurales de Monzón y Jackson y luego en su querida Escuela Nº 9 de Cardona, donde culminó como Directora su actividad docente. Nació en Trinidad, departamento de Flores. Se brindó a la sociedad cardonense, como una oriunda más.

Excelente madre, maestra, compañera y amiga, con gran fortaleza y férrea voluntad, siempre mostró disposición para iniciar y apoyar todas las actividades culturales, sociales, de semejantes. Entre muchas, se destaca la creación de la Escuela Nº 115 para alumnos con discapacidades intelectuales, por la cual trabaja hasta que en 1975 es una realidad.

Luego continúa su labor por este centro docente, trabajando por muchos años como integrante de la Comisión de Fomento y luego como colaboradora.

El 12 de enero del corriente año, luego de una enfermedad cruel, se despidió para siempre.

Por sus principios de servicio a sus semejantes, principalmente por los niños y adolescentes con capacidades diferentes, y por su vida ejemplar, es que se presentó este proyecto de ley que la Comisión de Educación y Cultura aconseja a la Cámara que se apruebe.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2002.

ROQUE ARREGUI, Miembro Informante, NAHUM BERGSTEIN, JOSÉ CARLOS MAHÍA, PABLO MIERES, MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, GLENDA RONDÁN.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único- Desígnase "Maestra Egriselda Gutiérrez Bravo" la Escuela Especial Nº 115 de la ciudad de Cardona, departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2002.

ROQUE ARREGUI, Miembro Informante, NAHUM BERGSTEIN, JOSÉ CARLOS MAHÍA, PABLO MIERES, MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, GLENDA RONDÁN".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Arregui.

SEÑOR ARREGUI.- Señor Presidente: la comunidad educativa de la Escuela Nº 115 de Cardona, especial para discapacitados intelectuales, impulsa la nominación de este centro docente con el nombre de "Maestra Egriselda Gutiérrez Bravo", tal cual surge de pronunciamientos que realizaron la Comisión de Fomento, la Dirección y los docentes. Creemos de justicia dicha nominación para que su nombre perdure en el tiempo como forma de homenaje.

Egriselda Gutiérrez Bravo abrazó el noble apostolado de la docencia primero en las escuelas rurales de Monzón y Jackson, y luego en su querida Escuela Nº 9 de Cardona, donde culminó su actividad docente como Directora. Nació en Trinidad, departamento de Flores. Se brindó a la sociedad cardonense como una oriunda más.

Excelente maestra, con gran fortaleza y férrea voluntad, siempre mostró disposición para iniciar y apoyar todas las actividades culturales, sociales, de servicio a sus semejantes. Entre muchas, se destaca la creación de la Escuela Nº 115 para discapacitados intelectuales, por la cual trabaja hasta que en 1975 se hace realidad. Esta escuela atiende una vasta región, que comprende a alumnos que proceden no solamente del departamento de Soriano, sino también del departamento de Colonia, con un personal docente y de apoyo que se brinda por entero, más que como funcionarios, como personas dedicadas, a los efectos de poder fortalecer a estos niños que tienen capacidades diferentes.

Egriselda Gutiérrez Bravo continuó su labor en esta Escuela Nº 115 después de retirarse de la docencia, trabajando muchos años como integrante de la Comisión de Fomento y luego como colaboradora. El 12 de enero de este año, luego de una cruel enfermedad, se despidió para siempre.

Por sus principios de servicio a sus semejantes, fundamentalmente a los niños y adolescentes con capacidades diferentes, y por su vida ejemplar, conjuntamente con el señor Diputado Vener Carboni hemos presentado este proyecto de ley que fue considerado por la Comisión de Educación y Cultura, la que está aconsejando a esta Cámara su aprobación.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR VENER CARBONI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR VENER CARBONI.- Señor Presidente: como muy bien decía el señor Diputado Arregui en su exposición, quienes conocieron a Egriselda Gutiérrez son los que proponen su nombre para designar la Escuela Nº 115 para discapacitados, para la cual trabajó mucho con el objetivo de que se instalara en la ciudad de Cardona, con aquel arranque en lo que es hoy el museo histórico en el barrio La Lata Vieja y la posterior concreción de un edificio propio en la ciudad portada del departamento de Soriano.

Egriselda era católica y tenía un profundo sentido cristiano que imprimía a sus acciones personales. No solo se destacó en la docencia, buscando fundamentalmente llenar todos aquellos huecos producidos por las carencias de aquellos tiempos -tal vez parecidas a las de ahora, pero con otra dimensión-, que generaban la imposibilidad o algún obstáculo para que la calidad de la enseñanza fuera la mejor posible, sino que siempre estuvo muy apegada al trabajo comunitario. Fue fundadora de una de las instituciones con más arraigo, fuerza, concreciones y logros en aquella zona, la Asociación Pro Desarrollo Cardona-Florencio Sánchez. Era una mujer líder en el trabajo social y comunitario, aun a pesar de las oscuras nubes que cubrían el cielo uruguayo durante la época de la dictadura, porque los que precisaban fundamentalmente de su esfuerzo y de su tarea, los que necesitaban de su dedicación eran aquellos que el Evangelio de Cristo define como nuestros hermanos más pobres, que en esa época de dictadura también sufrían y padecían las consecuencias de no tener cubiertas un montón de carencias que, a través de la acción que implicaba su función en la Asociación Pro Desarrollo Cardona-Florencio Sánchez, trataba de cubrir para mejorar la calidad de vida de toda esa gente.

Trabajó mucho y con entusiasmo. Había un sentido de compromiso brutal, que en la dimensión de lo local -más ahora que estamos en un mundo globalizado- tenía una importancia tremenda. Era, a su vez, realización y ejemplo en la pequeñez de nuestro mundo de aquella Cardona en la que a mí me tocaba ser periodista y a ella trabajadora social.

En lo personal, hoy es un orgullo firmar conjuntamente con el señor Diputado Arregui este proyecto de ley y poder expresar mis sentimientos y decir la verdad, no desde un punto de vista objetivo, porque no somos objeto para ser objetivos, pero sí desde lo que emana del corazón, aquello que nace a borbotones: el reconocimiento y, fundamentalmente, el agradecimiento para quien fue realización y espejo en el cual mirarse a los efectos de tener un ejemplo de vida que implica testimonio y compromiso con los demás.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

16.-     Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. (Aprobación).

——Habiendo cincuenta señores Representantes en Sala, continúa la consideración del asunto que figura en primer término del orden del día: "Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. (Aprobación)".

Está cerrada la discusión del artículo único del proyecto, por lo que corresponde proceder a su votación.

Léase nuevamente.

(Se vuelve a leer)

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: quiero expresar mi agrado ante el hecho de que el país ratifique este importante Convenio, pero también reafirmar lo dicho por la Comisión en su informe. Se trata de que en este caso el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hace una exención en uno de los agrotóxicos, el Mirex, lo cual no se corresponde con el texto del Convenio, que solamente permite la exención de este contaminante como termicida y no como hormiguicida, que es como se usa en el Uruguay. Quiero dejarlo sentado porque es un tema que, seguramente, será motivo de que se llame la atención al país como firmante de este Convenio.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado, que corresponde al remitido por el Poder Ejecutivo)

17.-     Decimoprimer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 celebrado entre los Gobiernos de los Estados Parte del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Bolivia, y su Anexo. ("Régimen de Solución de Controversias"). (Aprobación).

——Habiendo cincuenta señores Representantes en Sala, continúa la consideración del asunto que figura en segundo término del orden del día: "Decimoprimer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 celebrado entre los Gobiernos de los Estados Parte del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Bolivia, y su Anexo. ('Régimen de Solución de Controversias'). (Aprobación)".

Está cerrada la discusión del artículo único del proyecto, por lo que corresponde proceder a su votación.

Léase nuevamente el artículo.

(Se vuelve a leer)

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho en sesenta: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en sesenta: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado, que corresponde al remitido por el Poder Ejecutivo)

18.-     Horacio Arredondo. (Designación al tramo de la Ruta Nacional Nº 19, comprendido entre su entronque con la Ruta Nacional Nº 15 y la ciudad de Chuy, en el departamento de Rocha).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: "Horacio Arredondo. (Designación al tramo de la Ruta Nacional Nº 19, comprendido entre su entronque con la Ruta Nacional Nº 15 y la ciudad de Chuy, en el departamento de Rocha)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1059

"PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Desígnase con el nombre "Horacio Arredondo" al tramo de la Ruta Nacional Nº 19 "Coronel Lorenzo Latorre", comprendido entre su entronque con la Ruta Nacional Nº 15 "Doctor Javier Barrios Amorín" y la ciudad de Chuy, actualmente denominado "Coronel Lorenzo Latorre" por la Ley Nº 15.497, de 9 de diciembre de 1983.

Montevideo, 9 de setiembre de 2002.

ARTIGAS A. BARRIOS, Representante por Rocha.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el año 1917, siendo un joven, Horacio Arredondo viajó a la frontera por tres días, allí encontró en estado ruinoso el Fuerte de Santa Teresa, el impacto emocional que ese encuentro le produjo sería el disparador de la pasión con que encaró su rescate.

Investigó en los archivos nacionales, en los de Brasil, Argentina, España y Portugal. Se hace historiador y arqueólogo. Se especializa en diseño de parques.

En 1920, convence al Presidente Baltasar Brum para visitar la zona. La comitiva llega en tren a Maldonado, cruza en bote el San Carlos y luego de dos días de viaje llegan a Santa Teresa y San Miguel, sienten -el Presidente y su comitiva- el mensaje de la historia y comprenden los afanes de Arredondo.

El Gobierno, por primera vez toma conciencia del valor de recuperar las ruinas para el país y para Rocha.

El Presidente Brum, pocos días antes de finalizar su mandato en febrero de 1923 designó una comisión integrada por el Coronel Alfredo Campos, don Horacio Arredondo, el Capitán de Corbeta Eduardo Saez y el arquitecto Fernando Capurro. Se le otorgan precarios recursos. Eliminan vegetación y arenales que invadían murallas y recintos. Hicieron almácigos y plantaron árboles.

De 1924 a 1928 el nuevo gobierno no apoyó, todo se paró menos Horacio Arredondo. Al cabo de diez años el Senador doctor Alejandro Gallinal apoyó a Horacio Arredondo y presenta tres leyes: la primera en el año 1927 por la que se declara a la Fortaleza de Santa Teresa Monumento Nacional, acto que se realiza por primera vez en el país. Se integra una comisión constituida por el Coronel arquitecto Baldomir, Horacio Arredondo y el arquitecto Fernando Capurro.

La segunda, en el año 1929 declara Monumento Nacional la Fortaleza del Cerro de Montevideo; se amplían recursos para Santa Teresa y se nombra Director del Parque a Horacio Arredondo, cargo que ocupa por cuarenta años.

La tercera ley, del año 1937, tras veinte años de lucha, se restaura el Fuerte de San Miguel y se declara Monumento Nacional el área circundante.

Por estas tres leyes se restauran los tres únicos Fuertes coloniales de América.

Crear el Parque Santa Teresa fue trabajo paralelo, atesoró materiales sobre silvicultura, fauna y flora nativas y exóticas. Su concepción global fue realzar la perspectiva y monumentalidad de la Fortaleza, hacer de los desérticos arenales lugar de belleza. El primer problema para lograr esto es que contaba sólo con 146 hás.; entonces conquistó tierras, estudió títulos de miles de hás. vecinas mal otorgadas en tiempos de Santos y Tajes, cuando se intentó aposentar colonos alemanes en la zona. Alentado por Arredondo el Presidente Brum gana pleito y en 1929, 1.000 hás. pasan al Parque. Por iniciativa del doctor Gallinal, Presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), la institución dona 700 hás. del Porterillo. Por ley, la Laguna Negra, 17.000 hás. pasan al parque y se autoriza a comprar 1.600 hás para unir todo.

Al cabo de veinte años de lucha, 6.000 hás. forman el parque, mas la Laguna Negra. Tres millones de árboles, trescientas variedades de los cinco continentes lo integran.

Para la reconstrucción de San Miguel, Arredondo obtiene el plano más antiguo, levantado en 1775 por el Brigadier ingeniero Bernardo Lecoq. Encuentra aquella construcción de piedra asentada en barro convertida totalmente en ruinas y por seguridad demolió todo. Clasificó los sillares y reemplazó los faltantes, era un rompecabezas. Al igual que en Santa Teresa debió conquistar durante años tierras para la formación del parque. Sólo fauna y flora nativas lo integran.

Las obras dinamizaron la región como si una Universidad del Trabajo se hubiera instalado allí. Los jóvenes paisanos con apenas escuela rural se transformaron en artesanos de la piedra, electricistas, sanitarios, carpinteros, herreros, albañiles y muchos se interesaron en acentuar su cultura. San Miguel fue todo realizado por criollos, decía con orgullo Arredondo. En 1967 fallece, medio siglo había luchado por su obra. Historiador, arqueólogo, etnógrafo, museista, silvicultor, cuidó de nuestro acervo cultural, dedicando su inteligencia, su acrisolada honradez, su sapiencia con indomable perseverancia.

Fue visionario realizador, conquistó hombres, fuertes y tierras para la paz y riqueza cultural.

El país y Rocha en especial, le deben el homenaje que se propone.

Montevideo, 9 de setiembre de 2002.

ARTIGAS A. BARRIOS, Representante por Rocha".

Anexo I al
Rep. Nº 1059

"Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha considerado los proyectos de ley por los que se designa "Horacio Arredondo" un tramo de la Ruta Nacional Nº 19.

Horacio Arredondo dedicó su vida al servicio del país, en el plano de la Administración Pública, en la actividad intelectual y en numerosas iniciativas de gran envergadura en empresas relacionadas con la cultura y la defensa del patrimonio histórico, artístico, cultural y natural.

Nació en Montevideo el 23 de abril de 1888 y falleció en la misma ciudad el 1º de abril de 1967. Fueron sus padres José Horacio Arredondo y María Navas.

Su familia estuvo siempre ligada a la construcción de la patria y al quehacer del Estado desde la llegada de su bisabuelo a Montevideo en 1795. Don Manuel Arredondo, contemporáneo a nuestro Prócer, se enroló en el Cuerpo de Blandengues de la Frontera de Montevideo durante un año, designándosele tareas de cuidado y vigilancia del ganado destinado al abastecimiento del Ejército.

Cursó estudios básicos en el Colegio del Seminario y luego de un lapso en que se ausentó de Montevideo, residiendo en la campaña, regresó a la capital en 1907. Ese año ingresó a la función pública, comenzando su carrera administrativa en calidad de auxiliar en el Ministerio de Industria, Trabajo e Instrucción Pública, y culminó en cargos de alta responsabilidad técnica, ocupando la Dirección de la Oficina de Patentes de Invención y Marcas de Fábrica y de Comercio, cargo que ejerció desde 1920 a 1933. Fue además Director Honorario del Museo Histórico Municipal "Alberto Gómez Ruano" de Montevideo, desde el año 1925, y Director del Departamento Nacional de Turismo hasta el año 1954.

Vinculado por largos años con el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, del que fue miembro de número y luego de honor formando parte de sus autoridades directivas, dirigió la revista de esa institución entre 1927 y 1930, en la que realizó singular labor. Fundador de la Sociedad de Amigos de la Arqueología junto con el arquitecto Fernando Capurro, fue Presidente de la misma, realizando en ella una obra de gran trascendencia.

Su contribución a la arqueología nacional comprende el "Proyecto de clasificación del material etnográfico y plan de estudios de la Sociedad Amigos de la Arqueología" y el "Informe preliminar sobre la Arqueología de la Boca del Río Negro", además de numerosos estudios y ensayos en la materia.

Fue Presidente de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos y de la Comisión Honoraria de Estudios Históricos y Arqueológicos de Montevideo.

En compañía del General arquitecto Alfredo Baldomir y del doctor Alejandro Gallinal, participó en las iniciativas para la restauración de diversos monumentos históricos de carácter militar, dirigiendo e interviniendo personalmente en la realización práctica de los trabajos de reconstrucción de obras tales como la restauración de la Fortaleza de Santa Teresa y del Fuerte de San Miguel en el departamento de Rocha, la Posta del Chuy y el puente adyacente al complejo edilicio de la misma en el departamento de Cerro Largo, como asimismo la adaptación del paisaje a estas obras.

Intervino asimismo en la restauración de la Calera de las Huérfanas en el departamento de Colonia, de la Fortaleza del Cerro de Montevideo, del Cabildo de Montevideo y del Molino de Juan María Pérez, también en Montevideo.

En compañía del arquitecto Baldomir y del doctor Gallinal, fue el propulsor primordial de la creación, trazado y formación de los Parques de Reserva Nacional del Este, siendo designado Director Honorario de los mismos. Estos parques, concebidos y creados siguiendo la inspiración de los grandes parques de reservas naturales de Estados Unidos de América y en los cuales han quedado enclavados la Fortaleza de Santa Teresa, el Fuerte de San Miguel y la Posta del Chuy, declarados Monumentos Históricos por resolución del Poder Ejecutivo, por las proporciones grandiosas del primero y su concepción espectacular, y por la preservación de la flora autóctona; en los dos últimos casos merecerán sin duda ser incluidos, además, en la lista del Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad.

Su labor y su erudición le valieron en vida numerosas distinciones, tales como haber sido asesor de Historia y Arqueología Militar del Ministerio de Defensa Nacional, Miembro de la Sociedad de Americanistas de París, de la Sociedad Ornitológica del Plata, Académico Correspondiente de la Junta de Historia y Numismática de Buenos Aires, del Instituto Histórico y Geográfico de Río Grande del Sur, de las Academias de Historia de Venezuela como asimismo de las de Colombia y Cuba, del Instituto Histórico de Perú, de la Real Academia Hispano-Americana de Historia y Bellas Artes de Cádiz, del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades.

Es autor de las siguientes obras de carácter histórico:

- "La Fortaleza de Santa Teresa" (1917).

- "De la época colonial. La entrada del Virrey Arredondo en Buenos Aires"

- "Contribución Documental para la Historia de la Real Hacienda en Montevideo. 1788-1811"

- "El Brigadier de Ingenieros Bernardo D. Lecocq"

- "Fortificaciones de Montevideo. El Portón de San Pedro"

- "Santo Domingo Soriano" (1927)

- "Proyecto de clasificación del material etnográfico y plan de estudios de la Sociedad Amigos de la Arqueología"

- "Conmemoración del Segundo Centenario de la Fundación de Montevideo" (1927)

- "Iconografía de Montevideo. Grabados de las Invasiones Inglesas" (1927)

- "Los Apuntes Estadísticos del Dr. Andrés Lamas" (1928)

- "Iconografía uruguaya. La obra de Juan Manuel Besnes e Irigoyen" (1929)

- "Maldonado y sus fortificaciones" (1929)

- "Bibliografía Uruguaya. Contribución" (1929)

- "Informe Preliminar sobre la Arqueología de la Boca del Río Negro" (1929)

- "Fomento del Turismo. Exposición presentada a la Comisión encargada de atraer forasteros al país" (1930)

- "Temas de Museo: Abanicos" (1938)

- "Turismo en el oeste" (1942)

- "Turismo en el Uruguay. Zona oeste" (1943)

- "La Fortaleza del Cerro. Su restauración" (1944)

- "Civilización del Uruguay. Aspectos Arqueológicos y Sociológicos. 1600-1900" (1944-1951)

- "Ornitología del Uruguay" (1953)

- "Fauna indígena. Síntesis" (1957)

- "Santa Teresa y San Miguel. La restauración de sus fuertes. La formación de sus parques" (1958)

- "Viajeros visitantes del Uruguay. 1930-1951" (1958), trabajo en colaboración con el Coronel Rolando Laguardia Trías.

- "La Sociedad Uruguaya. Pasado y presente de la vivienda en Montevideo y su región" (1958)

- "El transporte a sangre en el antiguo Montevideo y su extensión al interior" (1959)

- "Estampas del viejo Montevideo. La Cisplatina portuguesa"

- "Carlos Seijo y su obra" (1959)

- "El puente levadizo del Fuerte San Miguel, su rastrillo y el de la Fortaleza de Santa Teresa" (1959)

- "Notas zoológicas uruguayas" (1959)

- "Parque Nacional de Santa Teresa. Algunas páginas de su Libro de Honor" (1961)

La historia de sus luchas.

En el año 1917, siendo un joven, Horacio Arredondo viajó a la frontera por tres días y allí encontró en estado ruinoso el Fuerte de Santa Teresa lo que le produjo un impacto emocional que sería el disparador de la pasión con que encaró su rescate.

Investigó en los archivos nacionales, en los de Brasil, Argentina, España y Portugal. Se hizo historiador y arqueólogo y luego se especializa en diseño de parques.

En 1920 convence al Presidente Baltasar Brum para visitar la zona. La comitiva llega en tren a Maldonado, cruza en bote el San Carlos y luego de dos días de viaje llegan a Santa Teresa y San Miguel. Allí el Presidente y su comitiva sienten el mensaje de la historia y comprenden los afanes de Arredondo. El Gobierno, por primera vez, toma conciencia del valor de recuperar aquellas ruinas para el país y para Rocha.

El Presidente Brum, pocos días antes de finalizar su mandato en febrero de 1923, designó una comisión integrada por el Coronel Alfredo Campos, don Horacio Arredondo, el Capitán de Corbeta Eduardo Saez y el arquitecto Fernando Capurro. Se le otorgan precarios recursos pero con ellos se eliminan la vegetación y arenales que invadían murallas y recintos. Se hicieron almácigos y plantaron árboles.

De 1924 a 1928 vino un período en que no se recibieron apoyos gubernamentales, pero esto no arredró a don Horacio Arredondo que siguió en su emprendimiento con tesón. Al cabo de diez años el Senador doctor Alejandro Gallinal apoya ese esfuerzo quijotesco y presenta tres leyes: la primera en el año 1927 por la que se declara a la Fortaleza de Santa Teresa Monumento Nacional, acto que se realiza por primera vez en el país. Se integra una comisión constituida por el Coronel arquitecto Baldomir, Horacio Arredondo y el arquitecto Fernando Capurro.

La segunda, en el año 1929 declara Monumento Nacional la Fortaleza del Cerro de Montevideo; se amplían recursos para Santa Teresa y se nombra Director del Parque a Horacio Arredondo, cargo que ocupa por cuarenta años.

La tercera ley, del año 1937, tras veinte años de lucha, se restaura el Fuerte de San Miguel y se declara Monumento Nacional el área circundante.

Por estas tres leyes se restauran los tres únicos Fuertes coloniales de América.

Crear el Parque Santa Teresa fue un trabajo paralelo para el que atesoró materiales sobre silvicultura, fauna y flora nativas y exóticas. Su concepción global fue realzar la perspectiva y monumentalidad de la Fortaleza, hacer de los desérticos arenales un lugar de belleza privilegiada. El primer problema para lograr esto es que contaba sólo con 146 hectáreas.; entonces conquistó tierras, estudió títulos de miles de hectáreas vecinas mal otorgadas en tiempos de Santos y Tajes cuando se intentó aposentar colonos alemanes en la zona. Alentado por Arredondo el Presidente Brum gana pleito y en 1929, 1.000 hectáreas. pasan al parque. Por iniciativa del doctor Gallinal, Presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), la institución dona 700 hectáreas. del Potrerillo. Por ley pasan al parque: la Laguna Negra, 17.000 hectáreas más y se autoriza a comprar 1.600 hectáreas para unir todo. Integran el parque hoy tres millones de árboles, trescientas variedades de los cinco continentes.

Para la reconstrucción de San Miguel, Arredondo obtiene el plano más antiguo, levantado en 1775 por el Brigadier ingeniero Bernardo Lecoq. Encuentra aquella construcción de piedra asentada en barro convertida totalmente en ruinas y por seguridad demolió todo. Clasificó los sillares y reemplazó los faltantes, era un rompecabezas. Al igual que en Santa Teresa debió conquistar durante años tierras para la formación del parque. Sólo fauna y flora nativas lo integran.

Las obras dinamizaron la región como si una Universidad del Trabajo se hubiera instalado allí. Los jóvenes paisanos con apenas escuela rural se transformaron en artesanos de la piedra, electricistas, sanitarios, carpinteros, herreros, albañiles y muchos se interesaron en acentuar su cultura. San Miguel fue todo realizado por criollos, decía con orgullo Arredondo. En 1967 fallece, medio siglo había luchado por su obra. Historiador, arqueólogo, etnógrafo, museista, silvicultor, cuidó de nuestro acervo cultural, dedicando su inteligencia, su acrisolada honradez, su sapiencia con indomable perseverancia.

La Fortaleza de Santa Teresa fue el monumento que despertó en Arredondo su pasión y su vocación. Su primer trabajo estuvo dedicado a ella como tema de su disertación inicial ante los miembros del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay en el año 1919. Al realizar su presentación ante el auditorio, el historiador Mario Falcao Espalter puntualizó lo siguiente sobre Arredondo: "Aficionado desde muy joven, desde plena adolescencia, a la historia nacional, poseedor del sentido de los problemas étnicos-morales de la nacionalidad (...) el señor Arredondo, como verdadero amante de la historia nacional, ha tomado absolutamente en serio su empresa de reconstrucción arcaica, y así, del conocimiento profundo de la fortaleza, se ha corrido en la misma dirección que la línea fronteriza de que ella es y ha sido punto de partida y atalaya, sin descanso. Las guardias móviles y los fortines de recios sillares que desde el este parten hacia el noroeste, fueron estudiados en el terreno por el audaz investigador, que a la vez que se ha empapado en el ambiente documental, no descuidó nunca percatarse de la relación estratégica y panorámica existente entre la obra de la naturaleza y la del hombre".

La Fortaleza de Santa Teresa representó para Arredondo todo un reto. Parafraseando a José Enrique Rodó, fue para él "el hecho provocador". Como dice Ariosto González, recordando que "todavía con orientación intelectual indecisa, visita en el año 1917 la histórica fortaleza; y, desde entonces, respondiendo a un llamado categórico de su vocación, excitada por la vista de aquellas ruinas, de las viejas murallas que, según sus palabras de esos días, "producen una extraña y reconfortante impresión de juventud", no abandona más los estudios históricos y los trabajos de defensa y restauración de los monumentos nacionales. Además de Santa Teresa, ha iniciado y llevado a término las reconstrucciones, reparaciones y restauraciones de las Fortalezas del Cerro y de San Miguel; la adquisición para el Estado y su conservación de lo que resta de la Calera y Capilla de las Huérfanas; de la antigua Posta del Chuy del Tacuarí, retrovertida a sus aspectos originales y del arcaico puente sobre ese arroyo en el camino Melo-Río Branco. Todo ello al mismo tiempo que formó los parques de Santa Teresa y San Miguel y dirige honorariamente, desde la muerte de su fundador don Alberto Gómez Ruano, el Museo Histórico Municipal, habiendo fundado, además, los museos de la Posta del Chuy del Tacuarí, de Santa Teresa, etcétera. Su erudición, su dominio en ese campo no muy trillado, es tan amplio, se encuentra tan bien engarzado en su cultura general, que brota fácil y espontáneo de sus labios y de su pluma, sin prolijos retoques ni arabescos verbales. No le quedan secretos por descubrir ni misterios por esclarecer. La leyenda que parece realidad; la inscripción en el muro perenne, ya gastada por los años; la señal labrada con caracteres indelebles en una piedra; las estatuas, a veces artísticas, otras toscas, patinadas por los tiempos; el encanto de los patios coloniales, todo ese acervo modesto del que trasciende el espíritu inmortal de una sociedad sin grandes riquezas y de estructura social homogénea, es de su entero conocimiento. Y cuando hace remover escombros o descubrir paredes veladas por el tiempo, apenas es necesario mirar para ver la confirmación de sus relatos y vaticinios. Y tan versado como es en la historia, en la leyenda y en las características de los monumentos antiguos -evocándolos, no como cosas pretéritas y muertas, sino como realidades actuantes y vivas-, resulta docto en bibliografía nacional y americana. Coleccionista infatigable y codicioso de manifestaciones varias del gusto artístico, así sean el mueble, la porcelana, la platería, la escultura, la pintura, su espíritu sensible a todas las manifestaciones de la belleza en el múltiple panorama de la vida, ya sea un paisaje o una obra del hombre. Lector incesante, su biblioteca es de las mejores del país, poblada de ejemplares de amarillenta alcurnia y de volúmenes ansiados por la escasez, siendo, además, uno de los bibliófilos más informados de los repositorios de libros públicos y privados. Esos conocimientos, especialmente ponderables en pueblos nuevos seducidos por el progreso material y necesitados de formar el acervo de cultura que asegure la vigencia de su carácter originario y sustancial, influyen en toda la producción de Arredondo(...). De monografía en monografía, sin ambiciosas generalizaciones habitualmente tan vagas como prematuras, el área explorada por las investigaciones de Arredondo da la medida del caudal de experiencia acumulado por este escritor que, como los fuertes y laboriosos artesanos que levantaron los monumentos tan bien estudiados por él, ha consagrado el sacrificio de largos trabajos a extraer de la rica cantera del pasado, en una labor oscura y desinteresada, las piedras para asentar, como en sillares inconmovibles, su grande obra de arqueólogo".

Respecto al estilo de sus obras, nos remitimos también a Ariosto González, el cual expresaba al respecto, comentando la obra de Arredondo "Civilización del Uruguay": "Arredondo hace una larga incursión en el tema de los usos y costumbres, tanto en la vida civil de las ciudades y del campo como en la política y la comercial, durante el siglo XIX. Son páginas llenas de interés, en las que no faltan -junto al detalle preciso y a la referencia trivial-, los trazos animados por el color y el movimiento que, por obra del arte, transfiguran en medallones definitivos la evocación minuciosa y el perfil escueto".

Su proyecto de "Turismo en el Oeste" es una síntesis ejemplar de concepción definida y clara de cómo debe abordarse un proyecto de circuito turístico en nuestro país, abarcando los aspectos arqueológicos, históricos, militares, sociológicos, de producción de las zonas donde los sitios se hallan enclavados. Como síntesis, nos remitimos a las propias expresiones de Arredondo respecto al interés "en que esos sitios abandonados o improductivos para el Estado y para la comunidad en la explotación agropecuaria puedan ser colocados en valor turístico, y por consecuencia en explotación rendidora para todo el mundo creando focos de atracción altamente recomendables: por el aspecto espiritual que significa el fomento del culto a la tradición y a los esfuerzos del pasado; por la conservación de los lugares hermosos del país que deben conservarse y porque significan un aumento de la riqueza pública y del progreso local. Estos sitios privilegiados deben ser adquiridos y conservados por la Nación tanto más cuanto se trata de tierras de valor negativo para la economía nacional que se transformarían a un costo mínimo en fuentes de riqueza privada y de atracción nacional -reitero-, dando, a más, cumplimiento al precepto constitucional que ordena su resguardo y su conservación".

El país y Rocha en especial, le deben el homenaje que se propone, a iniciativa de los diputados del departamento, Puñales y Barrios, de quienes hemos tomado esta importante reseña. Por lo expuesto, esta Comisión aconseja la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Sala de la Comisión, 23 de abril de 2003.

MARGARITA PERCOVICH, Miembro Informante, JORGE BARRERA, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, FELIPE MICHELINI, JORGE ORRICO, JOSÉ LUIS VEIGA".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora Diputada Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: este proyecto de ley para dar el nombre de Horacio Arredondo a un tramo de la Ruta Nacional Nº 19 es una iniciativa de los dos Representantes Nacionales por el departamento de Rocha: la señora Diputada Puñales Brun y el señor Diputado Barrios.

Nosotros, como integrantes de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, hemos acompañado esta excelente iniciativa por las características y por la calidad de la personalidad de don Horacio Arredondo, quien, realmente, dejó una obra muy importante en reconstrucción desde que integró la Sociedad de Amigos de la Arqueología, como la restauración de la Fortaleza de Santa Teresa, del Fuerte San Miguel, de la Calera de las Huérfanas, en Colonia, y de la Fortaleza del Cerro, del Cabildo, y del molino de Juan María Pérez, en Montevideo.

Nos parece que esta iniciativa de los dos Representantes Nacionales por el departamento de Rocha amerita la designación de ese tramo de la ruta que cruza ese departamento, donde dejó la marca que hoy todos disfrutamos con estas restauraciones.

Muchas gracias.

SEÑORA PUÑALES BRUN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PUÑALES BRUN.- Señor Presidente: la iniciativa por la cual el señor Diputado Barrios y quien habla pretendemos designar un tramo de la Ruta Nacional Nº 19 -se trata de una ruta muy pintoresca, ubicada al norte de nuestro departamento- con el nombre de Horacio Arredondo, responde precisamente al deseo de hacer un reconocimiento a este hombre formidable, de una cultura muy amplia. Y queremos hacerlo en el departamento de Rocha, en el departamento que representamos.

Me voy a tomar unos minutos más de lo que normalmente se estila en este tipo de designaciones, porque quiero hacer un reconocimiento a este hombre formidable -intentaré no aburrir a la Cámara- por lo que fueron su vida llena de intelectualidad, su labor, su erudición y sus obras de carácter histórico. Básicamente, su obra se hace sentir en la restauración de dos fuertes de carácter histórico patrimonial que hay en Rocha, que tienen enorme importancia no solo a nivel nacional, sino internacional; me refiero a la Fortaleza de Santa Teresa y al Fuerte San Miguel.

Este hombre, desde principios del siglo XX, desde las dunas, restauró prácticamente a mano, con la colaboración en aquel momento de Baldomir y del doctor Gallinal, estos dos fuertes. Además, creó un espacio verde muy importante para los rochenses y para el país, como el Parque de Santa Teresa; se trata de un parque nacional donde están concentradas prácticamente toda la fauna y la flora autóctona de nuestro país. Es un lugar muy representativo del Uruguay.

Horacio Arredondo nació en Montevideo el 23 de abril de 1888 y falleció en la misma ciudad el 1º de abril de 1967. Sus padres fueron José Horacio Arredondo y María Navas. Fue un hombre de Estado. En el año 1907 ingresó a la función pública, comenzando su carrera administrativa en calidad de auxiliar en el Ministerio de Industria, Trabajo e Instrucción Pública, y culminó en cargos de alta responsabilidad técnica, ocupando la Dirección de la Oficina de Patentes de Invención y Marcas de Fábrica y de Comercio, cargo que ejerció desde 1920 hasta 1933. Además, fue Director Honorario del Museo Histórico Municipal Alberto Gómez Ruano, de Montevideo desde el año 1925, y Director del Departamento Nacional de Turismo hasta 1954.

Estuvo vinculado muchos años con el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, del que fue miembro de número y luego de honor, formando parte de sus autoridades directivas; además, dirigió la revista de esa institución entre 1927 y 1930, en la que realizó singular labor. Fue fundador de la Sociedad de Amigos de la Arqueología, junto con el arquitecto Fernando Capurro; fue Presidente de esta Sociedad y realizó en ella una obra de gran trascendencia.

Básicamente, la reconstrucción de la Fortaleza de Santa Teresa -parafraseando a José Enrique Rodó- fue para él "el hecho provocador". En compañía del general Alfredo Baldomir y del doctor Alejandro Gallinal participó en las iniciativas para la restauración de diversos monumentos históricos de carácter militar, dirigiendo e interviniendo personalmente en la realización práctica de los trabajos de reconstrucción de esas obras. Además, tuvo que ver con la Posta del Chuy y con el puente adyacente al complejo edilicio de esa zona, en el departamento de Cerro Largo. Asimismo, estuvo vinculado con la adaptación del paisaje a estas obras.

En compañía del arquitecto Baldomir y del doctor Gallinal, fue el propulsor primordial de la creación, trazado y formación de los Parques de Reserva Nacional del Este, y fue designado Director Honorario. Estos parques, concebidos y creados siguiendo la inspiración de los grandes parques de reservas naturales de Estados Unidos de América y en los cuales han quedado enclavados la Fortaleza de Santa Teresa, el Fuerte San Miguel y la Posta del Chuy, fueron declarados Monumentos Históricos por resolución del Poder Ejecutivo, por las proporciones grandiosas del primero y su concepción espectacular, así como por la preservación de la flora autóctona; estos dos últimos merecerán sin duda ser incluidos, además, en la lista del Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad.

Sería muy difícil hacer una exposición sobre su vida, pero quisiera agradecer muy particularmente al Director del Archivo General de la Nación; los aportes históricos del profesor Abelardo García fueron innumerables y de suma trascendencia para que nosotros pudiéramos hacer una amplia exposición de motivos, que sirvió de aporte para los compañeros de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

Por todo esto y por mucho más agradezco a la Cámara tener presente este proyecto y hacer un homenaje a este impresionante hombre de la cultura nacional, a fin de designar con su nombre a una ruta tan importante como es la Ruta Nacional Nº 19, al norte del departamento de Rocha.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y tres en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado, que corresponde al presentado)

19.-     Geólogo. (Reglamentación de la profesión).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: "Geólogo. (Reglamentación de la profesión)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1171

"PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- El ejercicio de la profesión de geólogo en todo el territorio de la República, quedará sujeto a las disposiciones de la presente ley.

CAPÍTULO II

CONDICIONES PARA EL EJERCICIO

DE LA PROFESIÓN

Artículo 2º.- Para poder ejercer la profesión de geólogo en el territorio de la República es exigible:

A) Título de licenciado en geología o equivalente, otorgado por la Universidad de la República u otras universidades o institutos universitarios habilitados por el Estado.

B) Título de licenciado en geología o equivalente, otorgado por universidades extranjeras, revalidado por la autoridad competente.

Artículo 3º.- Los profesionales de geología que, al momento de entrada en vigencia de la presente ley, tengan competencia notoria y título diferente, y no cumplan con los requisitos exigidos por el artículo 2º, podrán solicitar la habilitación de su título para el ejercicio de la profesión ante la Comisión Especial que se crea en el artículo siguiente. Para ello, los interesados dispondrán de ciento ochenta días a partir de que el Poder Ejecutivo reglamente la presente ley.

Artículo 4º.- Créase una Comisión Especial integrada por un representante del Ministerio de Educación y Cultura y dos de la Universidad de la República, que tendrá por cometido resolver sobre las solicitudes de habilitación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la presente ley.

Las resoluciones serán individuales y fundadas de acuerdo con los requisitos que establezca la propia Comisión Especial. Corresponderá los recursos administrativos de revocación y jerárquico ante el Poder Ejecutivo.

La Comisión Especial dispondrá de ciento ochenta días para expedirse una vez presentada la solicitud correspondiente.

Artículo 5º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3º de la presente ley, los profesionales de la geología allí referidos podrán solicitar el reconocimiento total o parcial de sus estudios en la Universidad de la República u otras universidades o institutos universitarios habilitados por el Estado.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 6º.- Los profesionales referidos en el artículo 3º de la presente ley que hayan solicitado la habilitación de su título en las condiciones establecidas en la citada disposición, podrán ejercer su profesión hasta tanto no exista una resolución firme de la Comisión Especial creada por el artículo 4º de la presente ley.

Artículo 7º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de ciento ochenta días a contar de la fecha de su promulgación.

Montevideo, 12 de diciembre de 2002.

PABLO MIERES, Representante por Montevideo, RICARDO FALERO, Representante por Canelones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La voluntad de sancionar una iniciativa como la presente, encuentra su razón en el hecho de que los profesionales de la geología deben contar con una sólida base formativa. El Estado, en ese aspecto, no debe eludir la responsabilidad que le compete en cuanto a garantizar las exigencias de idoneidad de dichos técnicos.

Por otra parte, este proyecto trata de concretar una aspiración de los profesionales universitarios de la geología que tiene larga data y que en lo fundamental se orienta, por un lado, a asegurar a la comunidad que el ejercicio de la profesión quedará reservado para quienes acrediten una formación universitaria sólida y seria. Y por otro lado, a dar a los geólogos profesionales un grado de protección necesaria, aspecto este que se contempla con la incorporación de disposiciones tendientes a prestigiar la profesión.

La sanción de una ley que reglamente el ejercicio de la profesión de geólogo es, entonces, no solamente una manera de defenderla, sino también de asegurar el derecho que asiste a todo requirente del servicio técnico, a recibir la atención de un profesional especialmente capacitado en el área de su competencia.

En el artículo 1º se deja sujeto el ejercicio de la profesión de geólogo a las disposiciones de la norma que se proyecta.

Por el artículo 2º se dispone la exigencia de título otorgado por instituto universitario o revalidado por autoridad competente.

En el artículo 3º se regula la situación de quienes ejercen la profesión y no reúnen los requisitos que por la norma proyectada se harán exigibles, admitiendo la posibilidad de solicitar habilitación especial ante la comisión que se crea por el artículo siguiente.

Por el artículo 4º se crea la Comisión Especial, que resolverá las solicitudes de habilitación, caracterizando sus resoluciones y disponiendo la admisión de los recursos administrativos contra las mismas.

El artículo 5º habilita otra vía de reconocimiento de estudios.

En el artículo 6º se dispone la autorización a ejercer la profesión a quienes hayan iniciado el proceso de habilitación hasta tanto se obtenga una resolución firme de la Comisión Especial.

Finalmente, por el artículo 7º se impone al Poder Ejecutivo dictar la reglamentación correspondiente en el plazo de ciento ochenta días a contar de la fecha de promulgación de la norma.

Montevideo, 12 de diciembre de 2002.

PABLO MIERES, Representante por Montevideo, RICARDO FALERO, Representante por Canelones".

Anexo I al
Rep. Nº 1171

"Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha considerado el proyecto de ley por el que se reglamenta el ejercicio de la profesión de geólogo en el territorio nacional.

Los profesionales de la geología deben contar con una sólida base formativa. El Estado, en ese aspecto, no debe eludir la responsabilidad que le compete en cuanto a garantizar las exigencias de idoneidad de dichos técnicos.

Esta iniciativa trata de concretar una aspiración de los profesionales universitarios de la geología que tiene larga data y que en lo fundamental se orienta, por un lado, a asegurar a la comunidad que el ejercicio de la profesión quedará reservado para quienes acrediten una formación universitaria sólida y seria. Y por otro lado, a dar a los geólogos profesionales un grado de protección necesaria, aspecto este que se contempla con la incorporación de disposiciones tendientes a prestigiar la profesión.

Sancionar una ley que reglamente el ejercicio de la profesión de geólogo es, entonces, no solamente una manera de defenderla, sino también de asegurar el derecho que asiste a todo requirente del servicio técnico, a recibir la atención de un profesional especialmente capacitado en el área de su competencia.

En el artículo 1º se deja sujeto el ejercicio de la profesión de geólogo a las disposiciones de la norma que se proyecta.

Por el artículo 2º se dispone la exigencia de título otorgado por instituto universitario o revalidado por autoridad competente.

El artículo 3º regula la situación de quienes ejercen la profesión y no reúnen los requisitos que por la norma proyectada se harán exigibles, admitiendo la posibilidad de solicitar habilitación especial ante la comisión que se crea por el artículo siguiente.

Por el artículo 4º se crea la Comisión Especial, que resolverá las solicitudes de habilitación, caracterizando sus resoluciones y disponiendo la admisión de los recursos administrativos contra las mismas.

El artículo 5º habilita otra vía de reconocimiento de estudios.

En el artículo 6º se dispone la autorización a ejercer la profesión a quienes hayan iniciado el proceso de habilitación hasta tanto se obtenga una resolución firme de la Comisión Especial.

Finalmente, por el artículo 7º se impone al Poder Ejecutivo dictar la reglamentación correspondiente en el plazo de ciento ochenta días a contar de la fecha de promulgación de la norma.

Por los fundamentos expuestos, se aconseja al Cuerpo la aprobación del siguiente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 11 de junio de 2003.

JORGE BARRERA, Miembro Informante, DANIEL DÍAZ MAYNARD, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, FELIPE MICHELINI, MARGARITA PERCOVICH.

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- El ejercicio de la profesión de geólogo en todo el territorio de la República, quedará sujeto a las disposiciones de esta ley.

CAPÍTULO II

CONDICIONES PARA EL EJERCICIO

DE LA PROFESIÓN

Artículo 2º.- Para poder ejercer la profesión de geólogo en el territorio de la República es exigible:

A) Título de licenciado en geología o equivalente, otorgado por la Universidad de la República u otras universidades o institutos universitarios habilitados por el Estado.

B) Título de licenciado en geología o equivalente, otorgado por universidades extranjeras, revalidado por la autoridad competente.

Artículo 3º.- Los profesionales de geología que, al momento de entrada en vigencia de esta ley, tengan competencia notoria y título diferente, y no cumplan con los requisitos exigidos por el artículo 2º, podrán solicitar la habilitación de su título para el ejercicio de la profesión ante la Comisión Especial que se crea en el artículo siguiente. Para ello, los interesados dispondrán de ciento ochenta días a partir de que el Poder Ejecutivo reglamente esta ley.

Artículo 4º.- Créase una Comisión Especial integrada por un representante del Ministerio de Educación y Cultura y dos de la Universidad de la República, que tendrá por cometido resolver sobre las solicitudes de habilitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º.

Las resoluciones serán individuales y fundadas de acuerdo con los requisitos que establezca la propia Comisión Especial. Corresponderá los recursos administrativos de revocación y jerárquico ante el Poder Ejecutivo.

La Comisión Especial dispondrá de ciento ochenta días para expedirse, una vez presentada la solicitud correspondiente.

Artículo 5º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3º de esta ley, los profesionales de la geología allí referidos podrán solicitar el reconocimiento total o parcial de sus estudios en la Universidad de la República u otras universidades o institutos universitarios habilitados por el Estado.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 6º.- Los profesionales referidos en el artículo 3º, que hayan solicitado la habilitación de su título podrán ejercer su profesión hasta tanto no exista una resolución firme de la Comisión Especial creada por el artículo 4º.

Artículo 7º.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en un plazo de ciento ochenta días a contar de la fecha de su promulgación.

Sala de la Comisión, 11 de junio de 2003.

JORGE BARRERA, Miembro Informante, DANIEL DÍAZ MAYNARD, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, FELIPE MICHELINI, MARGARITA PERCOVICH".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Barrera.

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente: la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha considerado el proyecto de ley por el que se reglamenta el ejercicio de la profesión de geólogo en el territorio nacional.

Los profesionales de la geología no solamente han demostrado que tienen una sólida formación, sino que, como muy bien lo expresara en los antecedentes y en la exposición de motivos el señor Diputado Mieres, el Estado no puede eludir la responsabilidad que le compete en cuanto a garantizar la exigencia de idoneidad de dichos técnicos.

Esta iniciativa presentada por el señor Diputado Mieres establece que el ejercicio de la profesión de geólogo quedará sujeto a las disposiciones de este proyecto de ley.

En los artículos 2º y 3º se establecen dos categorías distintas. La primera corresponde al ejercicio de la profesión de geólogo en el territorio de la República, para lo cual es exigible: "A) Título de licenciado en geología o equivalente, otorgado por la Universidad de la República u otras universidades o institutos universitarios habilitados por el Estado.- B) Título de licenciado en geología o equivalente, otorgado por universidades extranjeras y revalidado por la autoridad competente".

La segunda categoría está dada por el artículo 3º, que dice: "Los profesionales de geología que, al momento de entrada en vigencia de la presente ley, tengan competencia notoria y título diferente, y no cumplan con los requisitos exigidos por el artículo 2º, podrán solicitar la habilitación de su título para el ejercicio de la profesión ante la Comisión Especial que se crea en el artículo siguiente. Para ello, los interesados dispondrán de ciento ochenta días a partir de que el Poder Ejecutivo reglamente la presente ley".

Esta Comisión Especial a que hacíamos referencia estará integrada por "un representante del Ministerio de Educación y Cultura y dos de la Universidad de la República, que tendrá por cometido resolver sobre las solicitudes de habilitación [...]".

El artículo 5º expresa: "Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3º de la presente ley, los profesionales de la geología allí referidos podrán solicitar el reconocimiento total o parcial de sus estudios en la Universidad de la República u otras universidades o institutos universitarios habilitados por el Estado".

A su vez, en sus disposiciones transitorias el proyecto de ley reglamenta la situación de los profesionales. El artículo 6º dice: "Los profesionales referidos en el artículo 3º de la presente ley que hayan solicitado la habilitación de su título en las condiciones establecidas en la citada disposición, podrán ejercer su profesión hasta tanto no exista una resolución firme de la Comisión Especial creada por el artículo 4º de la presente ley".

Con esta norma estamos llenando un vacío legal, reglamentando y haciendo justicia con una cantidad importante -que esperemos sea cada vez mayor en Uruguay- de geólogos.

Por último, junto con el señor Diputado Mieres, mocionamos para que en este artículo 3º, donde se establece que "los profesionales de geología que, al momento de entrada en vigencia de la presente ley tengan competencia notoria y título diferente", diga "competencia notoria y/o título diferente".

Muchas gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: los elementos volcados por el señor miembro informante son suficientes como para avalar este proyecto. Además, como bien dijo, nos hacemos eco de la modificación que acaba de proponer, que da aún más garantías de las que supone la reglamentación de una nueva profesión y, al mismo tiempo, contempla lo que ocurre en cualquier nueva profesión, es decir, que hay mucha gente que posee competencia notoria y carece de título, siendo su experiencia probablemente mucho mayor que la de algunos titulados.

Nosotros estamos siguiendo el mismo camino que en su momento recorrió el Parlamento con respecto a la profesión de psicólogo, en este caso dotando a los geólogos de una protección legal que les permita asegurarse una regulación para el ejercicio de la profesión que ya existe para las profesiones que están establecidas. En Uruguay, el proceso de legitimación de las nuevas profesiones ha sido bastante lento y tardío. De hecho, estamos a punto de considerar una reforma de la Caja de Profesionales Universitarios que, por primera vez en muchos años, permitiría el ingreso de nuevas profesiones. De alguna manera, los uruguayos hemos operado en materia de reconocimiento de las profesiones con un criterio muy cristalizado y con dificultades notorias para asumir la vertiginosidad que supone la generación de nuevas profesiones y de nuevas especializaciones que avanzan a un ritmo cada vez mayor.

Los profesionales de la geología nos reclamaban que ciertas tareas que requieren una calificación profesional específica, estuvieran dotadas de la protección jurídica correspondiente. Estamos dando un nuevo paso. Ciertamente, habrá otras profesiones que requerirán su protección correspondiente y, en su momento, la Cámara y el Parlamento tomarán las disposiciones pertinentes. En este caso, estamos haciendo justicia con la profesión de los geólogos.

Muchas gracias.

SEÑOR DICANCRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DICANCRO.- Señor Presidente: como es natural voy a votar favorablemente este proyecto, pero estaba observando que la Comisión Especial estará integrada solamente por dos representantes de la Universidad de la República, cuando, por ejemplo, en el literal A) del artículo 2º se menciona expresamente a la Universidad de la República y a otras universidades o institutos universitarios habilitados por el Estado. Parecería congruente que en esa Comisión Especial, además, hubiera un representante de las universidades privadas.

No tengo ninguna vinculación con las universidades privadas, pero todos reconocemos que existen y en este momento tienen un volumen muy importante de alumnado.

SEÑOR MIERES.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR DICANCRO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: me parece que la observación del señor Diputado Dicancro tiene sentido en cuanto a que la geología puede ser una disciplina enseñada en otras universidades, además de serlo en la Universidad de la República. Pero lo cierto es que la Comisión Especial a la que refiere el artículo 4º es a término -es decir, funcionará durante ciento ochenta días- y tendrá por objeto determinar aquellos casos de personas con título expedido por la Universidad de la República, con títulos parecidos o competencia notoria, a las que pueda reconocérseles el carácter de geólogo. En este momento la única institución universitaria que brinda los cursos correspondientes a la licenciatura en geología es la Universidad de la República. Es por ello que esa Comisión Especial, que solo funcionará durante los ciento ochenta días posteriores a la sanción de la ley, estará integrada únicamente por representantes de la Universidad de la República. Si en la actualidad hubiera alguna universidad privada que enseñara geología, correspondería la observación del señor Diputado Dicancro, pero como la Comisión Especial tiene una tarea a término y se trata de una carrera que solo se enseña en la Universidad de la República, la integración de la Comisión es como lo establece el texto que está a consideración.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Puede continuar el señor Diputado Dicancro.

SEÑOR DICANCRO.- Señor Presidente: me parece muy razonable la explicación del señor Diputado preopinante, pero a pesar de eso debemos tener en cuenta para futuras situaciones que en el país no opera solamente la Universidad de la República -de la cual la mayoría somos egresados-, sino que también existen otras universidades y debemos considerarlas cuando se designan comisiones más permanentes que la que se está planteando en este momento.

Por lo tanto, no tengo ninguna objeción que realizar.

Muchas gracias.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: vamos a apoyar la existencia de la profesión de geólogo, o sea, que haya gente que viva de trabajar de eso y que sea una actividad reglamentada.

Además, quiero hacer una breve referencia a la geología, porque pocas son las oportunidades en las que se tratan estos temas. En realidad, es una ciencia relativamente nueva, y mucho más lo es en nuestro país.

Quiero rendir un modesto homenaje a los primeros geólogos que vinieron a investigar nuestras rocas, que en general fueron europeos, de origen alemán o francés. Quizás deba recordar al doctor Walther -que era un hombre que andaba siempre en silla de ruedas porque sus piernas no funcionaban y que fue el primer geólogo profesor de geología en la Facultad de Agronomía- y también al doctor Lambert, quienes hicieron los primeros estudios de nuestras rocas, y los efectuaron a lo largo de las vías férreas. Ellos hicieron las primeras prospecciones y los primeros estudios, y un ente que tuvo un rol importantísimo en la geología nacional fue ANCAP, ya sea para las prospecciones de las calizas y las dolomitas para la fabricación de pórtland, como para los estudios de arenas negras. Precisamente, los estudios de arenas negras de que disponíamos todos el año pasado, cuando estuvimos estudiando la ley de reactivación productiva, los había hecho ANCAP, en la búsqueda de nuevos combustibles, especialmente cuando se sospechaba que las arenas negras tenían componentes radioactivos.

Es importantísimo el conocimiento que se ha ido adquiriendo en este país. Es importante profesionalizar a la gente que trabaja en esto y regularizar su actividad. El Uruguay tiene que invertir en la capacitación y en la investigación de estos temas. Sabemos que para invertir hay que tener recursos; no estamos reclamando que en este momento se destinen recursos para la investigación porque estamos viviendo una situación de la economía muy complicada, pero cuando los tengamos, habrá que considerar que no es un gasto sino una inversión avanzar en el conocimiento de estas cosas. Además, esto no se puede importar. El conocimiento de nuestros minerales, de nuestros recursos hídricos y de nuestras rocas es local, es de acá. En nuestro país los geólogos se formaron investigando y conociendo la edad de nuestras rocas y el mapa geológico del Uruguay, cuya construcción es relativamente reciente.

Tenemos una historia y una estructura geológica bien definidas y una riqueza muy grande en cuanto a nuestras materias primas minerales, pero nos queda un tramo importante de investigación en la industrialización de esos recursos, porque no podemos condenarnos a ser exportadores de materias primas, como lo estamos haciendo; inclusive, algunos de los recursos minerales prácticamente se están contrabandeando, por ejemplo en Artigas, donde se juntan piedras en baldes y se pagan a $ 10 el balde.

Es importante para el país definir una política de investigación y de formación, para lo cual hacemos hoy un aporte al reglamentar la profesión, pero también tiene que haber una política de desarrollo. Es cierto que hoy no hay certeza en la formación de quienes se desempeñan en estas tareas y que debemos tener garantías de competencia global en el área de su trabajo; la sociedad debe tener exigencia de idoneidad. Es cierto que nos queda mucho por hacer, pero daremos un paso breve. Es un paso en un camino, ya que no alcanza con regularizar la profesión, sino que hay mucho más que hacer.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- La Mesa comunica que nos están visitando alumnos y profesores del Liceo Nº 20.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular del proyecto en consideración.

(Se vota)

——Cuarenta y tres en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR BARRERA.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente: solicito que se suprima la lectura y que se vote en bloque todo el articulado, con la modificación propuesta.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 1º a 7º, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque, con la modificación propuesta en el artículo 3º.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(Texto del proyecto aprobado:)

"CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- El ejercicio de la profesión de geólogo en todo el territorio de la República, quedará sujeto a las disposiciones de esta ley.

CAPÍTULO II

CONDICIONES PARA EL EJERCICIO

DE LA PROFESIÓN

Artículo 2º.- Para poder ejercer la profesión de geólogo en el territorio de la República es exigible:

A) Título de licenciado en geología o equivalente, otorgado por la Universidad de la República u otras universidades o institutos universitarios habilitados por el Estado.

B) Título de licenciado en geología o equivalente, otorgado por universidades extranjeras, revalidado por la autoridad competente.

Artículo 3º.- Los profesionales de geología que, al momento de entrada en vigencia de esta ley, tengan competencia notoria y/o título diferente, y no cumplan con los requisitos exigidos por el artículo 2º de esta ley, podrán solicitar la habilitación de su título para el ejercicio de la profesión ante la Comisión Especial que se crea en el artículo siguiente. Para ello, los interesados dispondrán de ciento ochenta días a partir de que el Poder Ejecutivo reglamente esta ley.

Artículo 4º.- Créase una Comisión Especial integrada por un representante del Ministerio de Educación y Cultura y dos de la Universidad de la República, que tendrá por cometido resolver sobre las solicitudes de habilitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º de esta ley.

Las resoluciones serán individuales y fundadas de acuerdo con los requisitos que establezca la propia Comisión Especial. Corresponderá los recursos administrativos de revocación y jerárquico ante el Poder Ejecutivo.

La Comisión Especial dispondrá de ciento ochenta días para expedirse, una vez presentada la solicitud correspondiente.

Artículo 5º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3º de esta ley, los profesionales de la geología allí referidos podrán solicitar el reconocimiento total o parcial de sus estudios en la Universidad de la República u otras universidades o institutos universitarios habilitados por el Estado.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 6º.- Los profesionales referidos en el artículo 3º de esta ley, que hayan solicitado la habilitación de su título, podrán ejercer su profesión hasta tanto no exista una resolución firme de la Comisión Especial creada por el artículo 4º de esta ley.

Artículo 7º.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en un plazo de ciento ochenta días a contar de la fecha de su promulgación".

20.-     Paso del Rey. (Designación al Cuartel de Sarandí del Yi, en el departamento de Durazno).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día: "Paso del Rey. (Designación al Cuartel de Sarandí del Yi, en el departamento de Durazno)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 999

"PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Declárase con el nombre "Paso del Rey" al cuartel histórico de Sarandí del Yi, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, padrón 2035 de la localidad catastral del departamento de Durazno, sito en el kilómetro 210 de la Ruta Nacional Nº 6, a cinco kilómetros de la ciudad de Sarandí del Yi, departamento de Durazno.

Montevideo, 17 de junio de 2002.

GUZMÁN ACOSTA Y LARA, Representante por Durazno, NELSON BOSCH, Representante por Durazno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cuartel militar de la ciudad de Sarandí del Yi, en el departamento de Durazno, fue declarado el 13 de setiembre de 2001, Monumento Histórico Nacional por Resolución del Poder Ejecutivo.

En 1770, bajo el dominio español, las autoridades militares de la época deciden establecer una Guardia Militar en el denominado "Paso del Rey" sobre los ríos Yi y Negro.

Esta constituía una ubicación estratégica ya que permitía un amplio control de una vasta zona, que establecía la conexión entre Montevideo y la región noreste hasta la guardia de Cerro Largo, pudiendo así contar con un fuerte control de la faena y comercialización clandestina de la ganadería.

El denominado "Paso del Rey" pasó entonces a ser un punto de suma importancia para los españoles, por lo que este paraje y su denominación están íntimamente ligados con nuestra historia nacional, con el proceso fundacional de la ciudad de Sarandí del Yi y con las sucesivas presencias de efectivos militares en el citado "Paso del Rey".

El 22 de diciembre de 1755, el Ejército español comandado por el Teniente General José de Andonaegui, Gobernador General de las Provincias del Río de la Plata y don José Joaquín de Viana, Gobernador de Montevideo, en marcha a la guerra guaraní, al sortear el Paso Real sobre el río Yi, acampan en el este del departamento a orillas del mismo; fue la primera vez que un ejército regular pasaba por nuestra campaña.

Diversos pasajes de nuestra historia están relacionados y se desarrollaron en dicho paraje.

En junio de 1825, sobre el Paso del Rey, se estaciona un cuerpo militar al mando de Ignacio Oribe con ciento ochenta hombres en misión de observación de la frontera de Cerro Largo y Yaguarón.

En julio de 1861, una nueva ley cambia la primera ubicación del pueblo Sarandí, de fecha 6 de julio de 1853 entre los arroyos Sarandí y Las Cañas, sobre el río Negro, ubicándolo ahora entre los arroyos Molles y Malbajar en el Paso del Rey, sobre el río Yi, sitio este que a la postre será el definitivo. El 23 de octubre de 1876, la Junta Económico Administrativa de Durazno, determina que "en vista del incremento que ha tomado el pueblo del Sarandí situado en el Paso del Rey, resuelve nombrar una Comisión Auxiliar".

A comienzos del siglo XX, el 13 de junio de 1906, el Presidente don José Batlle y Ordóñez, por la Ley Nº 3.041, se eleva a categoría de ciudad la villa de San Pedro del Durazno y a villa el pueblo Sarandí del Yi en el Paso del Rey. El año siguiente comienza a funcionar el Cuartel Militar, con una guardia que pertenecía a diferentes unidades de la Región Militar Nº 2.

En 1939, tras la denominada "Batalla del Río de la Plata", el Cuartel recibe noventa y seis tripulantes del acorazado alemán "Admiral Graf Spee" y del mercante auxiliar "Tacoma", en el que permanecerán hasta 1944.

Muchos son los acontecimientos históricos relevantes que han ocurrido en el paraje "Paso del Rey", donde se encuentra ubicado este monumento histórico y patrimonio nacional, es por ello que la intención de este proyecto de ley es perpetuar la denominación del paraje que se conoce así desde antes que nuestro país naciera a la vida como Estado y nación independientes, en este cuartel histórico.

Montevideo, 17 de junio de 2002.

GUZMÁN ACOSTA Y LARA, Representante por Durazno, NELSON BOSCH, Representante por Durazno".

Anexo I al
Rep. Nº 999

"Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha considerado el proyecto de ley por el que se declara con el nombre "Paso del Rey" al cuartel histórico de Sarandí del Yi, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, padrón 2035 de la localidad catastral del departamento de Durazno, sito en el kilómetro 210 de la Ruta Nacional Nº 6 a cinco kilómetros de la ciudad de Sarandí del Yi, departamento de Durazno.

El proyecto fue presentado por los dos Representantes Nacionales por el departamento de Durazno, Guzmán Acosta y Lara y Nelson Bosch, y cuenta con el apoyo de las fuerzas vivas de la zona.

El denominado "Paso del Rey", sobre los ríos Yi y Negro tiene una ubicación estratégica, ya que permitió siempre un amplio control de la faena y la comercialización clandestina de la ganadería en esa zona.

Debido a eso, fue que en el año 1770, bajo el dominio español, se establece una Guardia Militar. Este paraje y su denominación están íntimamente ligados con nuestra historia nacional, con el proceso fundacional de la ciudad de Sarandí del Yi y con las sucesivas presencias de efectivos militares.

Muchos son los acontecimientos históricos relevantes que han ocurrido en el paraje "Paso del Rey". En junio de 1825, Ignacio Oribe y su cuerpo militar se instalan sobre el Paso del Rey, en misión de observación de la frontera de Cerro Largo y Yaguarón.

En julio de 1861, fue cambiada la primera ubicación del pueblo Sarandí situándolo en forma definitiva entre los arroyos Molles y Malbajar en el Paso del Rey. El 23 de octubre de 1876, la Junta Económico Administrativa de Durazno resuelve el nombramiento de una Comisión Auxiliar, en virtud del incremento que ha tomado el pueblo Sarandí.

El 13 de junio de 1906, se eleva a categoría de ciudad la villa de San Pedro del Durazno y a villa el pueblo Sarandí del Yi en el Paso del Rey. En 1907, comienza a funcionar el Cuartel Militar, con una guardia que pertenecía a diferentes unidades de la Región Militar Nº 2.

Por lo expuesto, sugerimos a este Cuerpo la aprobación del proyecto de ley que se informa, cuya intención es perpetuar la denominación del paraje que se conoce así desde antes que nuestro país naciera a la vida como Estado y nación independientes, en este cuartel histórico.

Sala de la Comisión, 7 de mayo de 2003.

DIANA SARAVIA OLMOS, Miembro Informante, FERNANDO ARAÚJO, JORGE BARRERA, GUSTAVO BORSARI BRENNA, DANIEL DÍAZ MAYNARD, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, FELIPE MICHELINI, MARGARITA PERCOVICH.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Desígnase "Paso del Rey" el cuartel histórico de Sarandí del Yi, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, padrón 2035 de la localidad catastral del departamento de Durazno, sito en el kilómetro 210 de la Ruta Nacional Nº 6, a cinco kilómetros de la ciudad de Sarandí del Yi, departamento de Durazno.

Sala de la Comisión, 7 de mayo de 2003.

DIANA SARAVIA OLMOS, Miembro Informante, FERNANDO ARAÚJO, JORGE BARRERA, GUSTAVO BORSARI BRENNA, DANIEL DÍAZ MAYNARD, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, FELIPE MICHELINI, MARGARITA PERCOVICH".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora Diputada Saravia Olmos.

SEÑORA SARAVIA OLMOS.- Señor Presidente: mediante este proyecto de ley, se designa con el nombre "Paso del Rey" al cuartel histórico ubicado en Sarandí del Yi, en el kilómetro 210 de la Ruta Nacional Nº 6, a 5 kilómetros exactamente de la ciudad de Sarandí del Yi, en el departamento de Durazno.

Esta iniciativa fue presentada por los dos Representantes Nacionales por dicho departamento, Guzmán Acosta y Lara y Nelson Bosch, y cuenta con el apoyo de todas las fuerzas vivas de la zona.

El denominado Paso del Rey, situado sobre los ríos Yi y Negro, tiene una ubicación realmente estratégica, ya que desde allí se permitió efectuar un amplio control de la faena y de la comercialización clandestina de la ganadería en esa zona hace muchísimos años. Debido a eso fue que, ya en 1770, bajo el dominio español, se estableció allí una guardia militar. Todo el paraje y su denominación están ligados íntimamente con nuestra historia nacional, con todo el proceso fundacional de la ciudad de Sarandí del Yi y con la presencia allí, luego, de los efectivos militares.

Son muchísimos los acontecimientos históricos que ocurrieron en ese paraje denominado Paso del Rey. Por ejemplo, en junio de 1825, Ignacio Oribe y su cuerpo militar se instalan sobre Paso del Rey, en una misión de observación de la frontera de Cerro Largo y Yaguarón. En julio de 1861, fue cambiada la primera ubicación del pueblo Sarandí, situándose en forma definitiva entre los arroyos Molles y Malbajar, en Paso del Rey. El 23 de octubre de 1876, la Junta Económico-Administrativa de Durazno resuelve el nombramiento de una comisión auxiliar en virtud, precisamente, del incremento que ha tomado el denominado pueblo Sarandí. El 13 de junio de 1906 se eleva a categoría de ciudad la villa de San Pedro de Durazno y a la de villa al pueblo Sarandí del Yi, en el Paso del Rey. En 1907 comienza a funcionar el cuartel militar con una guardia que pertenecía a diferentes unidades de la Región Militar Nº 2.

La Comisión, por unanimidad, ha aprobado este proyecto de ley, cuya intención es perpetuar la denominación de este paraje que todos allí conocen como Paso del Rey, desde antes de que nuestro país naciera como Estado independiente. Entonces, creemos de justicia que ese cuartel histórico pase a denominarse "Paso del Rey".

Era cuanto tenía que informar.

SEÑOR BOSCH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BOSCH.- Señor Presidente: hemos sido firmantes de esta iniciativa que designa con el nombre de Paso del Rey al Cuartelillo de Sarandí del Yi, conjuntamente con el colega y amigo señor Diputado Acosta y Lara, íntimamente consustanciados con el espíritu de esta población, que ve en este monumento no solo un referente histórico de aquella querida ciudad, sino también un foco importante de desarrollo social.

Como se ha dicho, el cuartel está ubicado en el kilómetro 210 de la Ruta Nº 6. Desde su torre se puede divisar hacia el sur todo el territorio poblado de la ciudad de Sarandí del Yi. No es difícil imaginar la visión que tenían los guardias que en 1907 -año en que comienza a funcionar- tenían como principal objetivo controlar el paso de contrabandistas, ladrones de ganado y otros.

Muy acertadas fueron las gestiones que el grupo de desarrollo local y las fuerzas vivas de Sarandí del Yi realizaron ante el Ministerio de Defensa Nacional para lograr que se refaccionara el edificio y se destinara -a requerimiento de la comunidad, entre otros- a la reinstalación de un destacamento militar.

Felizmente, estas gestiones encontraron eco en el Jefe del Comando Divisionario de la Región Militar Nº 2, General Francisco Wins, que desde que tomó conocimiento del asunto hizo todo lo que estuvo a su alcance para lograr lo que hoy es una realidad. El empeño y la dedicación puestos por el General Wins en este proyecto, sumando lo propio el entonces Jefe del Regimiento "Teniente General Pablo Galarza", de Caballería Blindado Nº 2, Teniente Coronel Walter Martínez, y el empuje necesario de las fuerzas vivas de la localidad, el 23 de setiembre de 2002, permitieron inaugurar oficialmente las nuevas instalaciones del Cuartel Paso del Rey.

El valor histórico de este cuartel se encuentra a lo largo de toda la actividad militar que allí se desarrolló. Su posición fue establecida para controlar los levantamientos revolucionarios y su apogeo se dio a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, cuando surgió como destacamento militar, y luego, en la década de 1910, cuando se edificó el baluarte.

El cuartel de Sarandí del Yi cobró especial significación en 1939, cuando varios tripulantes del acorazado alemán "Graf Spee" y del mercante auxiliar "Tacoma" fueron confinados en sus instalaciones. Esa repercusión de la Batalla del Río de la Plata, enmarcada en la Segunda Guerra Mundial, dejó una huella histórica memorable, que hoy se recuerda en el museo que se ha instalado en el cuartel.

En Sarandí del Yi, este ambicioso proyecto ha reactivado en gran medida la zona. Se estimó que en las primeras semanas de iniciadas las actividades del museo que se instaló, fue visitado por unas ochocientas personas.

Por lo tanto, confirmamos que este emprendimiento tiene connotaciones históricas, sociales, culturales y turísticas que merecen todo nuestro apoyo. El nombre de Paso del Rey -así fue conocido ese paraje y el primer puente que permitía el ingreso a la zona desde la capital del Uruguay- tiene un enorme significado.

En el aspecto social, el cuartel ha ofrecido toda la infraestructura para que sea utilizado por las fuerzas vivas y organizaciones no gubernamentales que trabajan en ámbitos sociales y culturales. Además, el personal subalterno colabora constantemente en tareas sociales, tanto en escuelas como en el hospital, espacios públicos, etcétera.

Además, ANTEL ha instalado en el cuartel una sala de informática de última generación para que la ciudadanía de Sarandí del Yi pueda acceder a Internet y para que principalmente los niños adquieran conocimientos elementales del manejo de la red.

Muchos son los proyectos que tiene la ciudad de Sarandí del Yi, en los que el papel del Cuartel Paso del Rey será muy positivo y favorecerá en todo sentido el progreso.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Señor Presidente: seré breve, porque la señora Diputada Saravia Olmos y el señor Diputado Bosch ya se han referido al Cuartelillo de Sarandí del Yi.

Para nosotros es importante que se haya rescatado este cuartelillo de las condiciones en que se encontraba, ya que no se utilizaba con fines militares ni sociales, como actualmente. Gracias al impulso del General Wins, que es el encargado de la región militar correspondiente, del aeródromo civil que hubo en el lugar se hizo un museo, en conmemoración de la Batalla del Río de la Plata. Recordemos que ahí estuvieron presos los integrantes del "Tacoma", a raíz del hundimiento del "Graf Spee". Ese museo evidentemente trata de recordar un hecho histórico, una batalla importante de la Segunda Guerra Mundial, que casual y circunstancialmente ocurrió en las proximidades de nuestro territorio.

Además, no solo se han instalado cabinas telefónicas y aparatos informáticos de uso gratuito, que son utilizados por toda la sociedad de Sarandí del Yi, sino que también el lugar es un centro de reunión muy importante para toda la localidad, que lo ha sabido disfrutar y lo ha aprovechado. Esto ya fue inaugurado hace aproximadamente un año, con la presencia del señor Presidente de la República y del señor Presidente de la Cámara de Representantes, que recuerdo que en ese momento nos ayudó a colocar la placa recordatoria.

Entonces, llega a buena hora la designación del Paso del Rey, por los fundamentos históricos y porque además es de toda justicia para la población de Sarandí del Yi.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Treinta y siete en treinta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en cuarenta y seis: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

21.-     Rectificación de trámite.

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Amorín Batlle, Borsari Brenna, Ronald Pais, Molinelli, Posada y González Álvarez.

(Se lee:)

"Mocionamos para que el asunto que figuraba en la relación de asuntos entrados en la sesión del martes 2 de setiembre (Carpeta Nº 3313/003), que fuera enviado a la Comisión de Industria, Energía y Minería, pase a la Comisión de Hacienda".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en cuarenta y siete: AFIRMATIVA.

22.-      Aplazamiento.

Dese cuenta de otra moción de orden, presentada por los señores Diputados Acosta y Lara, Bosch, Sanguinetti y Berois Quinteros.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se aplace el tratamiento del asunto que figura en noveno término del orden del día".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

La Mesa quiere comunicar a la Cámara que hay una cantidad de proyectos para cuya aprobación se necesitan cincuenta votos conformes. Se trata de proyectos aprobados por unanimidad en la Comisión de Asuntos Internacionales. Sería deseable votarlos en el día de hoy.

23.-     Juan Jorge Lladó Wilkins. (Designación a la Escuela Rural Nº 34 del departamento de Durazno).

Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo término del orden del día: "Juan Jorge Lladó Wilkins. (Designación a la Escuela Rural Nº 34 del departamento de Durazno)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1114

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 17 de octubre de 2002.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese alto Cuerpo con el fin de someter a su consideración el proyecto de ley que se acompaña, por el cual se designa a la Escuela Nº 34 Rural, del departamento de Durazno, con el nombre de "Juan Jorge Lladó Wilkins".

La propuesta efectuada por la Dirección y por la Comisión de Fomento del centro escolar, cuenta con el informe favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente y por su intermedio a los demás miembros de ese alto Cuerpo.

LUIS HIERRO LÓPEZ, ANTONIO MERCADER.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Desígnase a la Escuela Nº 34, del departamento de Durazno, con el nombre "Juan Jorge Lladó Wilkins".

Montevideo, 17 de octubre de 2002.

ANTONIO MERCADER".

Anexo I al
Rep. Nº 1114

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Educación y Cultura

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión asesora recomienda aprobar el presente proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo a la Asamblea General el 17 de octubre de 2002 para designar "Juan Jorge Lladó Wilkins" la Escuela Rural Nº 34 del departamento de Durazno. La propuesta, cuenta con el informe favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

Don Juan Jorge Lladó Wilkins nació un 23 de enero de 1917 en el paraje de Carpintería a ochenta y cinco kilómetros de la ciudad de Durazno, capital del departamento del mismo nombre.

Sus primeras letras las aprendió en la Escuela Nº 34, construida en el terreno donado por sus padres, Estanislao Lladó y Milindra Wilkins.

Desde muy joven, estando al frente de la estancia "El Lladoner" cuya administración estaba a su cargo y en consonancia con la conducta familiar, se destacó por sus servicios de apoyo a la comunidad.

Su gestión al frente de la mencionada estancia no le impedía llevar a cabo obras de apoyo y colaboración con la gente de la zona. Todo lo contrario, era la vía normal y rápida para la obtención de resultados.

Permanece en la memoria de sus coterráneos que en la entrada de la cañada de "La Lechuza" había construido un potrero para que los vecinos que no podían pagar pastoreo pudieran alimentar sus vacas lecheras y sus caballos. No olvidan su ayuda al comedor escolar con el que contribuía proveyéndole con carne, leche, verduras y frutas. Así como también rememoran que en las festividades de Navidad y Año Nuevo donaba corderos para todos los actos benéficos que se programaban en el pueblo.

En su actividad gremialista llegó a ser Presidente de la Sociedad Rural de San Jorge, cargo que ejerció durante diez años.

Hoy sus hijos, Jorge, Olga y Cristina, recorren el sendero señalado por su padre.

Fallecido el 28 de febrero de 1986, el pueblo de San Jorge recuerda con afecto a su benefactor.

Se estima que al denominar "Juan Jorge Lladó Wilkins" la Escuela Nº 34 Rural de la localidad de San Jorge en el departamento de Durazno, determinará que las sucesivas generaciones de alumnos que transiten por las aulas de dicho centro docente, asociarán su personalidad a los recuerdos de su niñez.

Sala de la Comisión, 18 de diciembre de 2002.

NAHUM BERGSTEIN, Miembro Informante, ROQUE ARREGUI, JOSÉ CARLOS MAHÍA, PABLO MIERES, GLENDA RONDÁN.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Desígnase "Juan Jorge Lladó Wilkins" la Escuela Rural Nº 34 del departamento de Durazno, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de la Comisión, 18 de diciembre de 2002.

NAHUM BERGSTEIN, Miembro Informante, ROQUE ARREGUI, JOSÉ CARLOS MAHÍA, PABLO MIERES, GLENDA RONDÁN".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Señor Presidente: siento agrado por este proyecto que ha venido por iniciativa del Poder Ejecutivo, por el que se designa a esta escuela con el nombre de Juan Jorge Lladó Wilkins.

Evidentemente, no lo conocí por una razón de edades. Sin lugar a dudas, el señor Diputado Bosch se va a referir a él de mejor forma, no por la edad, sino porque ha hecho un estudio profuso sobre la historia de Juan Jorge Lladó Wilkins.

Sí conozco a su hijo, que fue Jefe de Policía en el departamento de Durazno. Sé que es un dirigente destacado del Partido Nacional y, por sobre todas las cosas, un hombre muy sensible y trabajador, además de buen productor rural.

A él, a su familia y a toda la zona de su influencia en San Jorge, Aguas Buenas y Carpintería, los felicitamos por este merecido recordatorio.

SEÑOR BOSCH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BOSCH.- Señor Presidente: vamos a acompañar esta iniciativa del Poder Ejecutivo, por la que se designa a la Escuela Nº 34 del departamento de Durazno -que hoy también desarrolla actividades de séptimo, octavo y noveno grado a nivel de enseñanza secundaria- con el nombre de Juan Jorge Lladó Wilkins, quien nació el 29 de enero de 1917 y falleció el 28 de febrero de 1986.

En 1938 se radica en la zona de San Jorge, pero a pesar de su corta edad, desde mucho antes hacía reiteradas visitas a la zona. Posteriormente, recibe campos por bienes hereditarios.

En su memoria siempre estaban sus padres, Estanislao Lladó y Milandra Wilkins; sus hermanas, Marta Lladó de Gastambide y Margarita Lladó de Brit. Sus abuelos, Rosendo Wilkins y Braulia Duarte fueron los que llegaron primero a la Capilla de San Jorge.

En 1940, contrae matrimonio con doña Olga Gastambide. Tienen tres hijos, Jorge, Olga Margarita y María Cristina Lladó.

Juan Jorge Lladó Wilkins era una persona con enorme sentido de servicio social. Donó terrenos para la construcción de viviendas de MEVIR; para la escuela que llevará su nombre, la Nº 34; también donó 5 hectáreas para que se construyera una escuela agraria en la zona de San Jorge.

Esa vocación de servicio ha sido continuada por su hijo, Jorge Lladó, quien ha tomado el ejemplo de su padre y lo ha acompañado en todo su transitar por la vida. Jorge Lladó ha donado terrenos para el segundo plan de MEVIR, para la Comisaría y la Policlínica de la zona de San Jorge, en el departamento de Durazno.

Su hijo es un hombre no solo dedicado a su actividad rural, empresarial, sino también a la política, como muy bien lo recalcaba el señor Diputado Acosta y Lara. Fue Jefe de Policía del departamento de Durazno y también ocupó transitoriamente la Intendencia Municipal, en ocasión de la licencia del titular, el Intendente Apolo.

Fue integrante de la Sociedad Rural de San Jorge y ha mantenido allí una actividad muy importante, recogiendo las preocupaciones de los vecinos. Además, asesora permanentemente a clubes deportivos de toda la zona de Aguas Buenas, Carpintería y San Jorge.

Para Jorge Lladó y toda su familia, esta designación tiene un gran significado. Los vecinos de la zona de la Escuela Nº 34 y su maestra Directora, Gianella Palacio, que reiteradamente me preguntaba por el trámite de la designación de este centro de estudios, sentirán que se rinde un merecido tributo a una personalidad destacada, a un filántropo de los pocos de nuestra patria.

Por lo tanto, con nuestro voto afirmativo vamos a acompañar esta iniciativa del Poder Ejecutivo, que le va a caer muy bien a toda la zona de San Jorge y al departamento de Durazno.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Treinta y ocho en cuarenta: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y nueve en cuarenta: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

——No habiendo más asuntos a considerar, y en virtud de que no se encuentran presentes en Sala cincuenta señores Representantes para poner a votación los proyectos de la Comisión de Asuntos Internacionales a que aludiera hace momentos, se levanta la sesión.

(Es la hora 16 y 30)

 

Dr. JORGE CHÁPPER

PRESIDENTE

 

Dr. José Pedro Montero

Prosecretario
Dr. Horacio D. Catalurda

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.