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Nº 279 - TOMO 418 - 12 DE AGOSTO DE 2003

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

37ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyecto presentado

- La señora Senadora Pou presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley sobre medidas que faciliten el acceso de personas con discapacidades a los actos electorales.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

5 y 7) Solicitudes de licencia

- La formulan los señores Senadores Virgili, Fernández Huidobro y Mujica.

- Concedidas.

6) Integración del Cuerpo

- Nota de desistimiento. La presenta el señor Hackenbruch comunicando que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

8) Instituto Nacional del Menor

- Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se faculta al Instituto Nacional del Menor a contratar a todos aquellos funcionarios eventuales o zafrales, que ostentaren esa condición en el Organismo al 31 de diciembre de 2001, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 613 de la Ley Nº 16.736.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

9 y 11) Cancelación de deudas con el Banco de Previsión Social de la Intendencia Municipal de Rocha

- Proyecto de ley por el que se establece una prórroga para la misma.

- Por moción del señor Senador Sanabria, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

10 y 12) Situación de los ciudadanos uruguayos que viajan a España

- Manifestaciones del señor Senador Gargano.

13) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 8 de agosto de 2003.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, en régimen de cuarto intermedio, el próximo martes 12 de agosto, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se faculta al Instituto Nacional del Menor (INAME) a contratar a todos aquellos funcionarios eventuales o zafrales, que ostentaren esa condición en el organismo al 31 de diciembre de 2001, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 613 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Carp. Nº 977/02 - Rep. Nº 576/03

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Barrios Tassano, Brause, Cid, Correa Freitas, Couriel, de Boismenu, Fernández Huidobro, Gallinal, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Herrera, Korzeniak, Larrañaga, Michelini, Millor, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Pou, Riesgo, Rubio, Sanabria, Scarpa, Topolanski y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Mujica y Virgili; y con aviso, el señor Senador Singer.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 14 minutos)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo, al que acompaña un proyecto de ley por el que se prorroga el régimen de cancelación de deudas con el Banco de Previsión Social, para las sumas adeudadas por la Intendencia Municipal de Rocha.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

La Suprema Corte de Justicia remite Mensaje acusando recibo de la exposición escrita presentada por el señor Senador Jorge Larrañaga referida a la creación de una Defensoría de Oficio en Sarandí del Yí.

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR JORGE LARRAÑAGA.

El Instituto Nacional del Menor remite nota relacionada con el destino dado por dicho Instituto al aporte de los señores Legisladores como aplicación del artículo 2° de la Ley Nº 17558 de 25 de setiembre de 2002.

- TENGASE PRESENTE Y REPARTASE.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informadas las solicitudes de venia de la Suprema Corte de Justicia para designar como Ministro de Tribunal de Apelaciones a las doctoras María Victoria Couto y Doris Perla Morales Martínez.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado el proyecto de ley por el que se establecen procedimientos para asegurar la aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal aprobado por la Ley Nº 17.510 de 27 de junio de 2002, en el ámbito interno.

- REPARTANSE E INCLUYANSE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION ODINARIA.

La Junta Departamental de Maldonado remite varias notas:

- con destino a la Comisión de Educación y Cultura relacionada con la aspiración de varios señores Ediles para promover la denominación de la Escuela Nº 42 de la ciudad de Aiguá con el nombre de "Dr. José Pedro Cardoso".

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- y con destino a la Comisión de Constitución y Legislación adjuntando el expediente relacionado con un planteamiento de fueros ante manifestaciones de un Fiscal Departamental en medio de prensa.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

Las Juntas Departamentales de Colonia, Rivera, Salto y Rocha comunican la integración de la Mesa para el período 2003 - 2004.

La Junta Departamental de San José remite nota relacionada con la necesidad de implementar medidas en materia de informática que permitan el libre acceso de la información pública a todos los ciudadanos.

La Junta Departamental de Soriano remite nota adjuntando fotocopia del expediente que refiere al planteo del señor Edil suplente Sari Torres sobre la problemática del eucaliptus.

- TENGANSE PRESENTES."

4) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto de ley presentado.

(Se da del siguiente:)

"La señora Senadora María Julia Pou presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley relacionado con la participación en los actos electorales de personas con discapacidades motrices".

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"MEDIDAS QUE FACILITAN EL ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES MOTRICES A LOS ACTOS ELECTORALES"

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley tiene como finalidad facilitar el acceso de las personas con determinadas discapacidades motrices a los procesos electorales.

En la Sección II de la Constitución de la República que trata de los "Derechos, Deberes y Garantías" en el Capítulo I, hay varias disposiciones que reconocen expresamente el derecho a la igualdad de todas las personas que habitan el territorio uruguayo.

Comentando el derecho a la igualdad, decía Justino Jiménez de Aréchaga en "La Constitución Nacional", en la edición de Homenaje de la Cámara de Senadores, del año 1991, Págs. 366/367: "¿Qué importa decir que todos los individuos deben recibir igual protección por parte de las Leyes? Uniformemente se ha admitido que ese precepto no ha excluido la posibilidad de que se legisle para clases o grupos de personas. Lo que la norma exige es que hombres iguales, en circunstancias iguales, reciban un tratamiento igual". Y agregaba a continuación: "Pero el sistema democrático, de gobierno y la filosofía política sobre la cual reposa el sistema democrático no impiden el reconocimiento de ciertas desigualdades de segundo grado entre los hombres. Más: la filosofía democrática exige que el Estado reconozca la existencia de ciertas desigualdades y busque restablecer la igualdad efectiva entre los individuos mediante un tratamiento desigual".

Con el mismo espíritu, en la Ley de Elecciones Nº 7.812 de 16 de enero de 1925, se consagra el derecho de las personas con discapacidad visual y motriz de poder emitir el sufragio, ayudadas o auxiliadas por personas de su confianza. En tal sentido decía el artículo 95 que "Los notoriamente ciegos y los físicamente imposibilitados para caminar sin ayuda, podrán hacerse acompañar al cuarto secreto por personas de su confianza". Así hemos podido apreciar en numerosas elecciones y consultas realizadas en nuestro país, cómo se buscaba facilitar el cumplimiento del derecho-deber de las personas de emitir el sufragio.

Con ese espíritu, ha sido redactado este proyecto de ley.

Hay que destacar además, que esa preocupación por consagrar la plena igualdad civil y política de todas las personas hizo que el Uruguay no sólo adoptara una serie de disposiciones que lo colocaron a la vanguardia en el mundo, y además, sino que además impulsó a nivel internacional la adopción de medidas que significaron un progreso en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

Hace pocos años, los países de Iberoamérica emitieron un importante documento que se denomina "Declaración de Cartagena de Indias, sobre Políticas Integrales para las Personas Mayores y Personas Discapacitadas en el área Iberoamericana", en la reunión sostenida entre los días 27 a 30 de octubre de 1992, en dicha ciudad de la hermana República de Colombia.

En el Uruguay existe además una vasta normativa de rango legal que tiende a proteger a las personas que presentan algún tipo de discapacidad, desde la Ley Nº 11.139 de 9 de noviembre de 1948 hasta el presente.

En nuestro país, la igualdad de derechos civiles y políticos de todas las personas están reconocidas por normas constitucionales y legales. La obligatoriedad del voto, supuso la existencia de una carga para las personas inscriptas en el Registro Cívico Nacional. En tal sentido hay que recordar el proceso: el artículo 68 de la Constitución de 1934 impuso la obligatoriedad del sufragio, pero fue recién reglamentada por la Ley Nº 13.382 de 18 de setiembre de 1970, con sanciones severas para quienes incumplieron con el derecho-deber de votar.

A partir de ese momento, el acceso de las personas con discapacidad a los procesos electorales, cobró una mayor intensidad. En efecto, si bien existen causales establecidas en la legislación para no cumplir con la obligación de votar, las mismas están referidas y limitadas a casos en que la imposibilidad de desplazarse hasta el local de votación es total. Y por supuesto, por ello, no comprende a la mayoría de las personas que tienen alguna discapacidad, a quienes no alcanzan las causales consagradas para justificar la no emisión del sufragio.

No obstante hay un aspecto esencial a destacar que es el derecho que tienen todas las personas a emitir el sufragio y en tal sentido hay que privilegiar la posibilidad de ejercer ese derecho, en lugar de buscar facilitar la justificación por no poder llegar a emitir el sufragio.

Pero además, existen otras razones más trascendentes, como la de no admitir pacíficamente que la simple existencia de barreras arquitectónicas o de otro tipo (transporte, distancia, etc.), pueda impedir el ejercicio del sufragio, que constituye un derecho esencial de todas las personas.

Sin embargo, la mayor dificultad que existe en el país, para consagrar el acceso de las personas con discapacidad a los procesos electorales, está dada por la existencia de múltiples barreras arquitectónicas y de otro tipo, que limitan el real ejercicio de los derechos políticos de este grupo de personas.

Como lo señala el Ministro de la Corte Electoral Prof. Rodolfo González Rissotto, en su trabajo titulado "La situación de las personas con discapacidad y su accesibilidad a los procesos electorales en el Uruguay", incluido en la Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político, Tomo XIV, Nº 79-84, publicado en Montevideo, en abril del año 2000, que las limitaciones "están relacionadas con múltiples y complementarios aspectos: por un lado, la forma en que se realiza la inscripción cívica en el Registro Cívico Nacional, y consecuentemente la forma en que se establece el lugar donde deben sufragar las personas".

Además, hay que tener en cuenta, de que tanto en Montevideo, como en las principales ciudades del país, no existen en cantidad suficientes locales ubicados en planta baja, para albergar todas las comisiones receptoras de votos, por lo que la solución que se impone, supone necesariamente, habilitar circuitos especiales para facilitar el acceso a las personas que tienen discapacidades motrices.

Por ello, es que presentamos a consideración del Alto Cuerpo, este proyecto en el que se formula una propuesta vinculada a la forma de realizar la inscripción cívica y la creación de un "Registro Especial", dentro del Registro Cívico Nacional.

Por otra parte se preocura delimitar con precisión a quienes afecta la normativa legal vigente, y a quienes tendría que proteger en sus derechos, ya que evidentemente no todas las personas con discapacidades pueden tener limitaciones en el ejercicio del sufragio: por ejemplo un discapacitado auditivo, o quien carezca o tenga afectado total o parcialmente un miembro superior, evidentemente, no está limitado y afectado para emitir el voto. En cambio, hay otras personas que habitualmente no son consideradas como discapacitadas, como un cardíaco severo, que pueden tener dificultades para acceder a los circuitos, tanto urbanos como rurales.

También deben merecer igual consideración la situación de las personas con discapacidades motrices que habitan en el medio rural, donde evidentemente las dificultades para la emisión del sufragio, son mayores que en los distritos urbanos y suburbanos.

En el mismo se establece ante qué dependencia de la Corte Electoral se debe tramitar la incorporación al Registro Especial, y cual es la documentación que se debe agregar en la ocasión.

Se fija un plazo para realizar dicha solicitud, y es el mismo que existe para tramitar los traslados interdepartamentales, hasta 75 días antes de la fecha en que deben realizarse las elecciones nacionales ordinarias.

Se prevé el procedimiento para incorporar la hoja electoral del gestionante al Registro Especial, en la serie y número de acuerdo al domicilio declarado al inscribirse en el Registro Cívico Nacional o al proceder a efectuar un traslado departamental o interderpartamental, o simplemente una renovación de su credencial cívica.

Se faculta a las personas no sólo a gestionar su incorporación al Registro Especial, sino también para solicitar se deje sin efecto la misma, y para volver a integrar el Registro Nacional Electoral, con el resto de las personas inscriptas.

Se determina que las personas inscriptas en el Registro Especial, en el momento de confeccionar los planes circuitales serán incluidas en los primeros circuitos de la serie en que tienen vigente su inscripción cívica, con la finalidad de que puedan emitir el sufragio, sin tener que hacerlo en circuitos especiales destinados para ellos, ya que podría interpretarse como una forma de discriminación hacia las personas que tienen discapacidades físicas, de tipo locomotor.

Esta solución que se propone, se relaciona con las más modernas concepciones de facilitar el acceso de las personas con discapacidades a los procesos electorales, a la vez que se hace en el marco de las informaciones que han trascendido sobre una modernización del Registro Cívico Nacional, mediante la incorporación de procedimientos informáticos, lo que evidentemente facilita la adopción de esta solución.

A tales efectos, se prevé que las personas con discapacidad puedan ser agrupadas en los conjuntos de hasta cuarenta personas para incluirlos en los primeros circuitos de la serie electoral donde tienen vigente su inscripción cívica.

Se modifican tres artículos de la Ley de Elecciones Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999. Una de ellas referida a la clasificación de los circuitos electorales (artículo 23), para incluir la solución que se plantea de agrupar las inscripciones cívicas de personas con discapacidad, a los efectos de ser distribuidas en los primeros circuitos urbanos, suburbanos y rurales, de cada serie de los cuales contendrán como máximo cuarenta inscriptos en el Registro Especial.

Otra modificación legal (artículo 30 de la Ley de Elecciones), hace referencia a la entrega del padrón a los partidos políticos antes de las elecciones. Pero como ahora, se establece que se llevarán dos padrones, uno general, que contendrá a todos los inscriptos en el Registro Nacional Electoral; y otro, que comprenderá a los inscriptos en el Registro Especial, se debía ajustar la norma legal.

La modificación del artículo 45 de la Ley de Elecciones, procura establecer el orden de prelación en que las Juntas Electorales, confeccionarán los planes circuitales, indicando que primero, deberán realizar la asignación de locales donde sufragarán las personas que presentan algún tipo de discapacidad motriz. Y debe tenerse en cuenta además, las características no sólo del local, sino también del cuarto secreto, de modo tal que permita la adecuada movilidad para los electores con discapacidades motrices. Una vez concluida la tarea, se confeccionará el plan circuital para el resto de los circuitos, donde no tengan que sufragar las personas discapacitadas y que comprende el resto de los inscriptos en el Registro Nacional Electoral.

Se indica además que los integrantes de las Comisiones Receptoras de Votos, deberán recibir particular instrucción acerca de cómo manejar los tiempos y plazos en aquellos circuitos vulgarmente llamados "cabezas de serie" don-de sufragarán los electores con discapacidades de tipo motriz.

Finalmente, se faculta a la Corte Electoral a reglamentar la presente ley, estableciendo un plazo para ello.

Todo este conjunto de disposiciones busca solucionar definitivamente las dificultades que tienen en cada acto eleccionario, o en plebiscitos, referéndum o actos de adhesión, las personas con algún tipo de discapacidad motriz o de avanzada edad.

Las soluciones que se plantean, son, sin lugar a dudas, las más adecuadas a la realidad nacional, a su rica normativa electoral y a la forma en que se emite el sufragio en nuestro país.

La aprobación de este proyecto en una ley, importa la consagración definitiva, del acceso de todas las personas, a los procesos electorales en el Uruguay y asegura la posibilidad de ejercer plenamente los derechos políticos a las personas con alguna discapacidad motriz, y permite avanzar decididamente en el proceso de democratización del sufragio en nuestro país.

María Julia Pou, Senadora.

PROYECTO DE LEY

Se sustituyen algunos artículos de la Ley de Registro Cívico Nacional Nº 7.690 de 9 de enero de 1924, en la redacción dada por la Ley Nº 16.910 de 9 de enero de 1998, por los que se determinan:

Artículo 1º.- Créase el "Registro Especial de Personas con Discapacidades Físicas" que integrará el conjunto de Registros del "Archivo Nacional" previsto en el artículo 58 de la Ley Nº 7.690 de 9 de enero de 1924.

Artículo 2º.- El "Registro Especial" comprenderá a las personas que presenten algún tipo de discapacidad motriz cualquiera fuere su naturaleza.

La discapacidad motriz supondrá que las personas estén afectadas por alguna limitación física en sus desplazamientos, ya sea por la existencia de barreras de tipo arquitectónico y de cualquier otro tipo, para poder emitir el sufragio en los distintos actos electorales a los que son convocados.

Artículo 3º.- Las personas que presenten alguna de las discapacidades definidas en el artículo anterior, podrán gestionar, si lo desean, su incorporación al Registro Especial y en tal caso deberán hacerlo ante las Oficinas Electorales Departamentales que funcionan en las capitales departamentales, o en las Oficinas Inscriptoras Delegadas en las respectivas localidades, o ante las Oficinas Inscriptoras Móviles en ocasión de su funcionamiento en pueblos, villas y zonas rurales.

Artículo 4º.- La solicitud de incorporación al Registro Especial deberá ser realizada por el interesado personalmente, y tendrá que ser acompañada del certificado probatorio expedido por el médico tratante.

Artículo 5º.- Las personas a que se refiere el artículo 2º de la presente ley, podrán tramitar su solicitud de incorporación al Registro Especial, en cada período preelectoral hasta 75 (setenta y cinco) días antes de las elecciones nacionales.

El trámite de incorporación al Registro Especial culminará con la renovación de su credencial, de acuerdo a lo que establecen los artículos 120 a 123 del Capítulo XIV de la Ley de Registro Cívico Nacional de 9 de enero de 1924.

Artículo 6º.- Para el caso de que se trate de una persona que viene a tramitar su inscripción en el Registro Cívico Nacional, y que se ajusta a lo dispuesto por el artículo 2º de la presente ley, tendrá que cumplir con lo que establece el numeral 2º, literal A) del artículo 78, del Capítulo XI de la Ley Nº 7.690 de 9 de enero de 1924 en la redacción dada por la Ley Nº 16.910, de 9 de enero de 1998.

En la oportunidad, además deberá acompañar la documentación exigida por el artículo 4º de la presente ley.

Artículo 7º.- En el caso el artículo anterior, a las personas se les otorgará una serie y número de acuerdo al domicilio declarado al inscribirse en el Registro Cívico Nacional.

Una vez culminado el trámite de inscripción cívica, se procederá a su incorporación al Registro Especial.

Artículo 8º.- En todos los casos, las personas conservarán la serie y número de su inscripción cívica previa a la incorporación al Registro Especial.

Artículo 9º.- Recibida la solicitud se procederá a separar la hoja electoral del Registro Nacional Electoral y se incorporará al Registro Especial, el que será llevado ordenado por serie y número dentro de cada departamento, y se distinguirá por la adición de las letras "RE", que permitirá reconocer su pertenencia a dicho Registro Especial.

Artículo 10.- En el plazo establecido por el artículo 5º de la presente Ley, las personas que hubieren sido incorporadas al Registro Especial, podrán gestionar que se les excluya de dicho Registro, para volver a formar parte del Registro Nacional Electoral. Para ello, bastará con realizar el trámite personalmente, sin necesidad de fundar su solicitud.

Artículo 11.- Las personas inscriptas en el Registro Especial estarán habilitadas para sufragar en los primeros circuitos correspondientes a la serie de su inscripción cívica vigente.

A tales efectos, las personas inscriptas en el Registro Especial, debidamente ordenadas por serie y por número creciente, se agruparán en conjuntos de hasta cuarenta electores, los que serán incorporados en los primeros circuitos de la misma, hasta completar el número de habilitados de cada serie electoral.

Artículo 12.- Modifícase el Artículo 23 de la Ley de Elecciones Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Sesenta días antes de la fecha en que deba realizarse el acto eleccionario, cada Junta Electoral propondrá a la Corte Electoral, el plan circuital del departamento. A tal efecto clasificará los circuitos electorales, en la siguiente forma:

1º) Las inscripciones comprendidas en los distritos urbanos y suburbanos agrupadas por el orden correlativo de su numeración en el distrito, en circuitos que no sobrepasen el número de cuatrocientos inscriptos, de los cuales contendrán como máximo cuarenta inscriptos en el Registro Especial.

2º) Las inscripciones correspondientes a los distritos rurales, agrupadas por circuitos, en orden ascendente de numeración, no pudiendo éstos comprender más de trescientos inscriptos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22, de los cuales contendrán como máximo cuarenta inscriptos en el Registro Especial.

Artículo 13.- Modíficase el Artículo 30 de la Ley de Elecciones Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Los padrones de habilitados correspondiente al Registro Nacional Electoral y el Registro Especial, serán entregados a los partidos políticos y expuestos en lugar visible del local en que funcionen las Oficinas Electorales Departamentales, por lo menos, cuarenta y cinco días antes de la fecha en que deba celebrarse la elección.

Los partidos políticos podrán reclamar ante la Corte Electoral de las deficiencias que a su juicio existen en dichos padrones hasta quince días antes de la fecha fijada para la elección. Dentro del mismo término, los ciudadanos omitidos podrán formular reclamación por escrito, personalmente o por carta certificada. La Corte Electoral dispondrá las rectificaciones que procedan y las comunicará a la Junta Electoral que corresponda".

Artículo 14.- Modifícase el Artículo 45 de la Ley de Elecciones Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Las Comisiones Receptoras de Votos deberán funcionar en los locales designados previamente por la Junta Electoral.

Las Juntas Electorales seleccionarán en primer lugar los locales donde funcionarán las Comisiones Receptoras de Votos que recibirán los sufragios de las personas inscriptas en el Registro Especial. A tales efectos se deberán seleccionar aquellos locales que permitan realmente un fácil acceso, y que no presenten ningún tipo de barreras arquitectónicas que impidan la fluida emisión del sufragio para las personas con discapacidad. De igual modo se tendrán que asegurar que el cuarto secreto permita el ingreso y la circulación utilizando sillas de rueda, y otros medios técnicos que faciliten el desplazamiento de las personas con discapacidad dentro del mismo.

Posteriormente, las Juntas Electorales procurarán seleccionar locales para que sufraguen los habilitados en el Registro Nacional Electoral, los que por su emplazamiento permitan el fácil acceso de los electores eligiendo con preferencia los locales públicos, salvo los destinados a las Fuerzas Armadas o a la Policía. Cuando no se dispusiera de locales públicos suficientes para la instalación de las Comisiones Receptoras o los disponibles no reuniesen las condiciones adecuadas, las Juntas Electorales podrán utilizar sin compensación locativa las propiedades privadas que consideren necesarias.

Artículo 15.- Los integrantes de las Comisiones Receptora de Votos correspondientes a los circuitos donde sufragarán los inscriptos en el Registro Especial, serán capacitados haciendo énfasis en la necesidad de adoptar las medidas conducentes para facilitar la emisión del sufragio a atender a las personas con discapacidad.

Artículo 16.- Facúltase a la Corte Electoral a reglamentar la presente ley, en un plazo de ciento veinte días, de su entrada en vigencia.

María Julia Pou, Senadora."

5) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Virgili solicita licencia por tres días a partir de la fecha."

Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 11 de agosto de 2003.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. solicitando se me conceda uso de licencia reglamentaria por tres días a partir de la fecha, por razones de salud.

Lo saludo con mi mayor consideración.

Orlando Virgili, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 21 en 23. Afirmativa.

6) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Tabaré Hackenbruch comunica que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto."

Queda convocado el señor Scarpa, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que, si se encontrara en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Scarpa)

7) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Fernández Huidobro solicita licencia el día 13 de agosto del presente año."

Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 11 de agosto de 2003

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito a usted tenga a bien gestionar licencia por razones personales para el día 13 de agosto de 2003.

Sin otro particular, le saluda atentamente:

Eleuterio Fernández Huidobro, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 24 en 26. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al señor Senador Agazzi.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Mujica solicita licencia por el día de la fecha."

Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 12 de agosto de 2003

Señor Presidente de la Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

Presente.

De mi consideración:

Por la presente solicito se dé trámite a licencia por enfermedad por el día de la fecha y que se convoque al suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente

José Mujica, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 25 en 26. Afirmativa.

Queda convocada la señora Topolansky, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que, si se encontrara en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala la señora Senadora Topolansky)

8) INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del único punto: "Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se faculta al Instituto Nacional del Menor (INAME) a contratar a todos aquellos funcionarios eventuales o zafrales, que ostentaren esa condición en el organismo al 31 de diciembre de 2001, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 613 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996. (Carp. Nº 977/02 - Rep. Nº 576/02)".

(Antecedentes: ver 79ª S.E. del 30 de diciembre de 2002)

- Tiene la palabra el señor Senador Sanabria.

SEÑOR SANABRIA.- A los efectos de viabilizar la aprobación y buen destino de este proyecto de ley, el Partido Colorado plantearía dos pequeñas modificaciones.

Concretamente, en el artículo 2º propondríamos que en lugar de "El Directorio del Instituto Nacional del Menor (INAME)", se dijera "El Poder Ejecutivo".

Además, en el artículo 4º proponemos eliminar la palabra "presupuestal". De manera que quedaría redactado de la siguiente forma: "Las contrataciones de funcionarios eventuales o zafrales no implicarán bajo ningún concepto, incremento de costo alguno".

SEÑOR CORREA FREITAS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SANABRIA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Consulto al señor Senador Sanabria si dentro del acuerdo político que ha estado gestionando, es posible que en el artículo 2º, luego de comenzar con "El Poder Ejecutivo", se agregara "en consulta con la Oficina Nacional del Servicio Civil".

Gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Sanabria.

SEÑOR SANABRIA.- No tendríamos inconveniente en aceptar la sugerencia y, de esa forma, complementar la correcta redacción del artículo 2º.

Era cuanto teníamos que indicar.

SEÑOR NIN NOVOA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- Señor Presidente: estas modificaciones que se pretende incluir en el proyecto de ley obligarían, indudablemente, a que el mismo volviera a la Cámara de Representantes. Por ello, en la medida de lo posible, desearía saber si dicho acuerdo se traslada al resto de las Bancadas.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Teniendo en cuenta lo que acaba de decir el señor Senador Nin Novoa, propondríamos que las distintas Bancadas hicieran los contactos pertinentes, a los efectos de mañana habilitar la votación en la Cámara de Representantes. De esa manera, quedarían zanjadas las pequeñas modificaciones que hoy estamos proponiendo.

Haríamos un compromiso político -por lo menos de parte de nuestro Partido y seguramente también de los otros-, en el sentido de que haya un rápido tratamiento del proyecto, que podría ser en el día de mañana, en virtud de que las modificaciones son más que nada conceptuales.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Ya que se va a modificar el proyecto, voy a hacer una propuesta. El artículo primero no está muy bien redactado, porque mezcla los tiempos y dice: "que ostenten esta condición al 31 de diciembre de 2001", cuando obviamente se trata de una fecha pasada. Por tanto, propongo que se redacte de la siguiente manera: "todos aquellos funcionarios eventuales o zafrales que revistaban en dichas condiciones en el Organismo al 31 de diciembre de 2001", continuando igual.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción de la señora Senadora Arismendi para votar en bloque los cuatro artículos del proyecto de ley.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Deseo hacer otra propuesta. En el artículo 4º la palabra "alguno" no tiene ningún sentido, ya que estamos poniendo "bajo ningún concepto". Creo que el artículo debería terminar en "incremento de costo".

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 2º con la nueva redacción.

(Se lee:)

"El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil reglamentará, dentro de los primeros sesenta días a partir de la fecha de promulgación de la presente ley, las condiciones de contratación"

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por la señora Senadora Arismendi.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el articulado del proyecto de ley con las modificaciones propuestas.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO 1°.- Facúltase al Instituto Nacional del Menor (INAME) a contratar a todos aquellos funcionarios eventuales o zafrales que revistaban en dichas condiciones en el organismo al 31 de diciembre de 2001, de conformidad con el artículo 613 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil reglamentará dentro de los primeros sesenta días hábiles a partir de la fecha de promulgación de la presente ley, las condiciones de contratación.

ARTICULO 3°.- Para las designaciones referidas en la presente norma no regirán las disposiciones contenidas en el artículo 32 de la Ley N° 16.697, de 25 de abril de 1995, y en el artículo 20 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 4°.- Las contrataciones de funcionarios eventuales o zafrales no implicarán bajo ningún concepto, incremento de costo.

ARTICULO 5°.- La presente ley entrará en vigencia el primer día hábil posterior a su promulgación."

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde informar al Cuerpo que alumnos del Colegio Inmaculada Concepción acompañan la sesión del Senado. Sean bienvenidos.

9) CANCELACION DE DEUDAS CON EL BANCO DE PREVISION SOCIAL DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Proponemos al Cuerpo que se trate el Mensaje del Poder Ejecutivo vinculado a la situación de la Intendencia Municipal de Rocha. Creo que la emergencia que está viviendo ese departamento y en especial la Junta Departamental, amerita que un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en el día de hoy sea tratado en forma urgente. Además, el Ministro de Economía y Finanzas había hecho el anuncio en la Comisión de Hacienda y cuenta con el acuerdo de todas las Bancadas. Creo que vale la pena que el Senado distraiga unos minutos, a los efectos de analizar y votar este proyecto de ley. Por lo tanto, formulo moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la urgencia propuesta.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) SITUACION DE LOS CIUDADANOS URUGUAYOS QUE VIAJAN A ESPAÑA

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Para el día de mañana estaba previsto continuar con el debate en torno a las manifestaciones del señor Senador Garat. El no está en Sala y no lo pude consultar, pero desearía que ese tema se posponga para la primera sesión del mes de setiembre, dado que tenemos dificultades para atender el tema en el día de mañana.

El señor Senador Larrañaga solicita que esperemos a que el señor Senador Garat esté en Sala.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, posponemos la propuesta.

11) CANCELACION DE DEUDAS CON EL BANCO DE PREVISION SOCIAL DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Obviamente, nosotros estamos de acuerdo en tratar este tema en forma urgente, pero vamos a proponer algunas modificaciones que voy a tratar de exponer sucintamente.

En el artículo primero se dice "saldos adeudados" y en el artículo segundo "funcionarios de la Intendencia Municipal de Rocha". La primera sugerencia es que en ambos artículos, en lugar de hacer referencia a la Intendencia Municipal de Rocha se hable de Gobierno Departamental de Rocha, porque de esta forma quedarían incluidos los 13 funcionarios de la Junta Departamental, a quienes también se les adeuda salarios.

La segunda propuesta es un poco más complicada y pido ayuda al Cuerpo. Aclaro que digo esto sin ánimo de polémica. Estas partidas, que son parte de los aproximadamente $ 12:000.000 que tiene retenidos el Ministerio de Economía y Finanzas, son para paliar la situación de los funcionarios presupuestados y contratados del departamento de Rocha, que tienen atrasos muy grandes. Nosotros tenemos noticias -incluso ha habido denuncias públicas en la Junta Departamental de Rocha- de que recientemente el señor Intendente de Rocha ha efectuado nuevas contrataciones y, habida cuenta de la situación en que se encuentra el departamento -en su momento, mostramos recibos en los que se veía que se les entrega a los funcionarios $250 por mes- se trata de una verdadera bofetada. Por ejemplo, se ha contratado un geólogo, como empresa unipersonal, por $ 26.000 mensuales, con retroactividad a enero. Tengo entendido que aparte de este contrato hay dos más, de similar entidad. Además, a algún Director -que ya estaba en el Presupuesto de la Intendencia Municipal de Rocha- se le ha adjudicado algún plus -me hablan de $ 10.000- con retroactividad al 1º de enero.

Esa es la primera aclaración que deseaba formular.

Por otro lado, debo decir que no todos los funcionarios de Rocha tienen atrasos en sus salarios; algunos tienen sus haberes al día. ¿Cuál es el problema? Que con el texto de este artículo 2º, el Intendente puede hacer dos cosas. Como se habla exclusivamente de que serán "afectados al pago de salarios", puede ocurrir que pague los salarios de agosto, con lo cual los que vienen sin atraso siguen cobrando puntualmente y los que sí lo tienen, continúan con la deuda y, en consecuencia, con esta discriminación. Aclaro que no estoy atribuyendo intenciones, sino que simplemente describo la realidad: hay gente que viene con mucho atraso y otros que están al día en el cobro de sus salarios. El otro problema es que también buena parte de este dinero se puede utilizar para pagar estas retroactividades de contratos recientes.

Por todo esto, pido auxilio al Cuerpo, pues aquí hay personas con mayor experiencia. Concretamente, solicitaríamos que en el artículo 2º se incluyera un segundo inciso que dijera más o menos así: "El dinero deberá distribuirse teniendo en cuenta los meses adeudados a cada funcionario, no atendiéndose con dichas partidas: los contratos, las diferencias de grado y las compensaciones posteriores al 31 de diciembre de 2002". Quiero que se entienda cuál es el espíritu de todo esto y reitero mi pedido de auxilio al Cuerpo, porque al 31 de diciembre de 2002 el lío ya estaba instalado, y porque los contratos a los que hice referencia son con retroactividad al 1º de enero. Insisto en que estamos hablando de una partida de $ 6:000.000, que no es poca cosa, pero que ni por asomo contempla la deuda que se tiene con los funcionarios de Rocha. Entonces, si dejamos la puerta abierta para que con estos esmirriados $ 6:000.000 -que reconocemos como un gran esfuerzo del Gobierno y que valoramos- se paguen tres contratos de $ 26.000 más IVA, con retroactividad a enero, buena parte de esta cifra se desviará hacia allí. Por lo tanto, digo con total franqueza que hay que encontrar alguna salida.

En primera instancia, simplemente habíamos pensado en agregar la palabra "atrasados" después de "salarios", pero ahora me parece que con eso no sería suficiente y creo que el inciso que acabo de leer es más completo. No obstante, si sobre la marcha -porque a esto hay que encontrarle una solución rápidamente- se encontrara algún defecto en la redacción que acabo de indicar y en este ámbito se propusiese alguna modificación, mañana está la instancia de la Cámara de Representantes. Pero de ninguna manera podemos permitir que la puerta quede abierta para que buena parte de ese dinero se vuelque en lo que acabo de señalar, que va por dos lados: si sólo queda la expresión "salarios", se podría pagar el mes de agosto, cuando hay funcionarios que no tienen atrasos en el cobro de sus haberes, y lo que queremos es que con este dinero se pague a quienes se les debe; por otro lado, está el problema de que también podrían entrar, y con retroactividad a enero, los contratos de las últimas horas o de los últimos días.

Voy a leer, nuevamente, la redacción que propongo para un segundo inciso del artículo 2º, que diría lo siguiente: "El dinero deberá distribuirse teniendo en cuenta los meses adeudados a cada funcionario, no atendiéndose con dichas partidas: los contratos, las diferencias de grado y las compensaciones posteriores al 31 de diciembre de 2002".

SEÑOR NIN NOVOA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- Reconozco el esfuerzo que el Gobierno va a hacer y no voy a entrar en una polémica, porque todos queremos salir de este problema lo más rápidamente posible, para que esto se vote mañana en la Cámara de Representantes y, eventualmente, el día jueves los funcionarios puedan cobrar. Me parece que ese es el espíritu de toda esta urgencia.

Sin embargo, debo decir que analizándolo desde el punto de vista de las competencias de este Cuerpo, me da la sensación de que esto roza la autonomía municipal. Nosotros podemos votar una ley, pero no podemos decirle al Intendente, de una manera tan detallada, cómo tiene que manejar los recursos que le votamos, porque no tenemos competencia. El Senado no es un organismo que controle las Intendencias; éstas tienen sus propios organismos de contralor, que son las Juntas Departamentales y, a mi juicio, hay que defender esas autonomías municipales.

Sí estaríamos dispuestos a agregar el concepto "atrasados" en el artículo 2º, que creemos que engloba parte del espíritu de lo que plantea el señor Senador Millor y no roza una violación casi flagrante de la autonomía municipal.

SEÑOR MILLOR.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR NIN NOVOA.- Con mucho gusto, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Aclaro que en la noche de ayer, en conversaciones con el señor Ministro de Economía y Finanzas, habíamos llegado a esta fórmula de agregar la palabra "atrasados". Reitero al señor Senador Nin Novoa que esa fue la primera idea, pero todo esto es muy dinámico y, en el correr de estas horas, me he dado cuenta de que quizás con la palabra "atrasados" no alcance y se pueda decir que como esta gente está contratada con retroactividad al 1º de enero, se les debe pagar desde esa fecha.

Entendemos que al decirle a la Intendencia que esta partida es exclusivamente para salarios, ya estaríamos violando la autonomía. Con la redacción que viene del Poder Ejecutivo le decimos que este dinero es exclusivamente para el pago de salarios, con lo que, de todos modos, le establecemos cómo debe manejarse.

Quiero que quede claro que no está en mi espíritu violentar ninguna autonomía; mi objetivo es que no se encrespen más las aguas y observo que esto en Rocha ha caído como un verdadero balde de agua fría, ya que hay gente que viene sobreviviendo con $ 100, $ 200 o $ 250 por mes y ahora, de golpe y porrazo, aparecen contratos de $ 26.000 más IVA, para colmo retroactivos al 1º de enero. Me parece que el asunto se está tornando peligroso.

Reitero que la primera fórmula que se había pensado era la de agregar la palabra "atrasados", pero tengo miedo de que no sea suficiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Nin Novoa.

SEÑORA ARISMENDI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR NIN NOVOA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- No quiero hacer uso de la palabra y por eso no me he anotado. Cuando nuestro coordinador de Bancada nos consultó sobre la posibilidad de expedirnos en el día de hoy, nos dijo que la idea era que asumiéramos el compromiso de no hacer uso de la palabra, porque podríamos abrir un debate absolutamente interminable sobre el que, personalmente, no me voy a expedir. Aclaro que no voy a decir una sola palabra de lo que pienso -que sí pienso, y mucho- sobre lo que está pasando en Rocha, lo que hace el Intendente y cómo habría que resolver las cosas; no lo voy a hacer, porque lo que necesitamos aquí es resolver esta situación con el camino que encontró el Ministerio de Economía y Finanzas para liberar esas partidas. Después de muchas búsquedas y de muchos intentos de solución, esta es la que tenemos. Entonces, en mi opinión, sólo debemos tomar las sugerencias que plantea el señor Senador Millor, en el sentido de sustituir "Intendencia" por "Gobierno Departamental" y de agregar el vocablo "atrasados" luego de "salarios". Después, si se quiere, por la vía del fundamento de voto y para que quede en la historia fidedigna de la ley, podemos decir qué destino le damos a esto. Pero debo decir que la propia sociedad de Rocha ha ido buscando los caminos para controlar que los destinos no sean otros. Incluso, hasta se pensó en un grupo de técnicos, de notables, en un Cuerpo de contralor, en una Comisión Multipartita, etcétera. Además, está la propia Junta Departamental para controlar, si es que funciona.

Una de mis preocupaciones es que si utilizamos el término "contratados", taxativamente tendremos que hacer toda una enumeración, porque hay distintas clases de contratados y, de esa manera, funcionarios a los que se les está debiendo meses de salarios, por estar dentro de la categoría "contratados" podrían quedar sin cobrar y no es eso a lo que apunta el señor Senador Millor.

Si de apuro introducimos tantas modificaciones, creo que nos vamos a equivocar. A mi juicio, alcanza con agregar el término "atrasados" y cambiar la expresión "Intendencia Municipal" por "Gobierno Departamental". Asimismo, debe quedar claramente establecido cuál es el motivo por el que se vuelcan estos recursos, que son escasísimos y que todos sabemos de qué estamos hablando, como también lo sabe el Intendente de Rocha.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR NIN NOVOA.- La señora Senadora Arismendi ha sintetizado lo esencial de la propuesta que hemos hecho y, por lo tanto, insistiríamos en esa materia.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR ASTORI- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: comparto la propuesta de sustituir "Intendencia Municipal" por "Gobierno Departamental". Es más; cuando redacté este proyecto tuve la misma duda acerca de si convenía decir "Intendencia Municipal" o "Gobierno Departamental", lo que ahora me ha aclarado el señor Senador Millor y estoy totalmente de acuerdo.

Por otra parte, debo decir que no es lo mismo "atraso" que "antigüedad"; se trata de dos criterios diferentes. Obviamente, me refiero a los adeudos por concepto de salarios. Se puede estar atrasado, pero dentro de esos atrasos hay adeudos de mayor o menor antigüedad. Entonces, si vamos a utilizar el criterio de la antigüedad, no podemos hablar de atraso, sino de antigüedad del adeudo.

En consecuencia, a fin de colaborar con el criterio que me parece que es aceptado por todos, propongo redactar un segundo inciso que diga: "La asignación de fondos para disponer el pago al que alude el artículo precedente, considerará prioritariamente los adeudos de mayor antigüedad". De esta forma, implícitamente se debe ir pagando en orden decreciente.

SEÑOR MILLOR.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ASTORI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: según entiendo, con esta redacción, por más retroactivos que sean, los contratos nuevos quedan afuera, porque no son antiguos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI.- Exactamente, señor Senador. Es así por una razón de orden: no hay fondos, no hay recursos para pagarlos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Consulto si la redacción propuesta por el señor Senador constituye un inciso segundo del artículo 2º o si es un artículo 3º. Hago esta consulta, porque hace referencia al "artículo precedente".

SEÑOR ASTORI.- Es correcta la aclaración del señor Presidente; donde dice "artículo precedente" debe expresarse "inciso precedente".

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa desea consultar si esta redacción sustituye el planteo del señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Retiro mi propuesta.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: en primer lugar, pido disculpas porque llegué un poco tarde debido a que tuve que atender otros compromisos.

El señor Senador Astori recordará que en una reunión de la Comisión de Hacienda a la que concurrió el señor Ministro, manifesté mi preocupación por la redacción que finalmente recogió el señor Senador en cuanto a que fuera para "salarios atrasados"; al utilizar el término "antigüedad", ahora se los está contemplando. Dado que -según la información que ha trascendido públicamente- el Intendente acaba de hacer nuevos contratos y que estas partidas se van a seguir vertiendo periódicamente, alguien contratado hoy puede recibir estas partidas dentro de seis meses, porque se le va a pagar de acuerdo con el criterio de antigüedad. Por lo tanto, me parece que debemos cerrar el grifo de los contratos.

SEÑOR CORREA FREITAS.- No podemos.

SEÑOR PEREYRA.- Sé que viola la autonomía municipal, pero hace rato que eso ha sucedido.

Por otro lado, quiero señalar que provoca alarma en la población de Rocha la irresponsabilidad con que se sigue actuando.

VARIOS SEÑORES SENADORES.- ¡Apoyado!

SEÑOR PEREYRA.- El señor Senador Astori, que tiene mucha experiencia en estos temas, me podrá decir si quedan contemplados o no.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: en principio, debo decir que la aprobación de la disposición que estamos considerando es absolutamente urgente. El texto que se propone ahuyenta cualquier peligro o posibilidad de que esos nuevos contratos sean remunerados, en la medida en que se habla de criterios de antigüedad de los adeudos, contra contratos nuevos, según informó el señor Senador Millor. Además, hay una razón absolutamente determinante: no hay recursos para pagar los nuevos contratos. Entonces, creo que ese peligro no existe. En cambio, sí considero que es peligroso que el Senado se ponga a discutir hoy cuáles son los nuevos contratos, porque para empezar deberíamos tener una fecha, ya que no existe el concepto de "nuevo contrato" sin un límite en el tiempo, es decir, a partir de cuándo y cómo se genera. Indudablemente, esto nos puede demorar mucho, llevar a que cometamos errores y, lo que es peor, a no atender la urgencia que hoy vive el departamento.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ASTORI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: de todas maneras, este diálogo sirve para la interpretación fidedigna de la ley; el espíritu es ese y la letra lo refleja.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI.- Para terminar, señor Presidente, sugiero que votemos lo antes posible.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sugiero al señor Senador que haga llegar a la Mesa la redacción que propone.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: acabo de tomar contacto con este proyecto. Quizás algunos señores Senadores ya lo conocían, ya sea porque colaboraron con su redacción o con su espíritu, pero lo cierto es que muchos lo conocemos hoy.

Si este es un sistema apto, pregunto por qué no lo hacemos extensivo a todas las Intendencias Municipales del país, y donde el artículo 1º dice "para las sumas adeudadas por la Intendencia Municipal de Rocha", no se proyectó "para las sumas adeudadas por Intendencias Municipales".

Me temo que este proyecto, justo y lógico en su intención humana -resulta en virtud de que se ha tomado de rehén a los funcionarios de Rocha- para lograr superar la culpa del Intendente, pueda ser utilizado de aquí en más. He leído -y no sé si es correcto- que la Intendencia Municipal de Canelones tiene un atraso de dos meses en el pago de los salarios; ante el presente proyecto, pregunto si hay alguna razón por la cual no ayudemos a la Intendencia Municipal de Canelones a pagar esos dos meses de atraso.

Alguien podrá decir -en todos estos temas hay aspectos políticos- que no está de acuerdo con la Intendencia de Canelones. Sin embargo, se declaró por parte de todos los sectores que no se estaba de acuerdo con la manera de llevar adelante la Comuna de Rocha y ahora el Poder Ejecutivo destina fondos estatales en forma indirecta a cubrir la mala Administración que allí se ha llevado a cabo. Si damos por admitido esto, la pregunta que surge es inequívoca: ¿por qué a los demás departamentos no?

Es notorio, señor Presidente, que tengo un buen conocimiento de la Intendencia Municipal de Durazno, que trabajosamente lleva sus cuentas en forma por demás correcta pero, reitero, con tremendo trabajo y también con dificultad reiterada. En Durazno no hay atraso de sueldos y se pagan aguinaldos, licencias y todo lo que corresponde a los funcionarios. Sin embargo, de lo que hoy se han de enterar los habitantes de Durazno, es de que cuando hay incapacidad en quienes dirigen una Intendencia, el Poder Ejecutivo está presto, respaldado presuntamente por nuestros votos, a subsanar la mala Administración.

Entonces, la reflexión que surge es inequívoca: ¿siempre vamos a estar votando normas de este tipo? Se me ocurre que algunos Intendentes deben estar pensando en la posibilidad, desde ya, de no pagar los sueldos, destinando el dinero a la realización de obras y dentro de dos o tres meses -depende de quienes intervengan en los problemas que se planteen- saldrán personeros que logren que el Poder Ejecutivo -que tiene la necesaria iniciativa en la materia, por lo menos de esta solución que analizamos hoy- y el Parlamento -que le acompaña- subsanen la situación.

El Mensaje del Poder Ejecutivo dice textualmente que estima que el sacrificio que se adjudica el Estado debe ser acompañado de un amplio y profundo ordenamiento de las finanzas del citado Municipio. Sin embargo, el texto del proyecto de ley que tenemos a estudio no dice absolutamente nada sobre medidas de ordenamiento o condiciones en la ayuda, ni siquiera figura en él el destino exacto del dinero -que no es mucho- que se habilitará a Rocha.

El Senado, que lógicamente tiene apuro en buscar soluciones, debería comprender que estamos abriendo un camino que reputo muy delicado y que, por otra parte, recorreremos, y mal diseñado, cada vez que sea necesario. Descuento que contará con la escueta y no condicionada iniciativa del Poder Ejecutivo y los condignos votos del Parlamento.

Por citar otro ejemplo, menciono el caso del departamento de Artigas, que tiene tremendas dificultades presupuestales que hasta ahora ha ido sorteando de manera muy compleja. No estoy dispuesto a un tratamiento único favorable al Intendente de Rocha que deje fuera, por ejemplo, a los funcionarios de Artigas, si es que en el futuro esa Intendencia ya no puede abonar sus salarios.

Reitero dos preguntas fundamentales que debemos plantearnos: ¿éste va a ser el camino? ¿esta es la fórmula de ayuda sin restricciones para las 19 Intendencias?

Sabido es que la Comuna de Montevideo tuvo que violar un convenio salarial con sus funcionarios, negando eventuales aumentos a sus remuneraciones. Sin embargo, no vi que viniera ningún proyecto que dispusiera rebajar los aportes al Banco de Previsión Social de la Intendencia Municipal de Montevideo en la cantidad necesaria para que cumpliera el convenio salarial que, según manifiesta, le resulta imposible.

Parece ser que la Administración de Rocha recibe un premio a su pésima gestión, porque logró poner de rehenes a los empleados, a la gente más modesta del departamento. Los puso de rehenes y el resultado es el que obtuvo y que el Senado discute. Lamentablemente, si se aprobara el criterio no condicionado del Poder Ejecutivo, no se estaría procediendo con rigor. En definitiva, estaríamos procediendo a premiar a la peor Administración departamental de este período de Gobierno, que ha dejado bien a la vista manifestaciones constantes de dificultades. El señor Senador Gallinal me refiere el caso de Canelones. Perfecto, señor Senador, creo que como buenos compañeros, estamos de acuerdo. Hay que votar para Canelones, ¿o no lo vamos a hacer? El criterio no ha de ser que cuanto peor es la Administración Municipal, más plata le mandamos sin imponerle condicionante alguna.

Señor Presidente: considero que el Poder Ejecutivo incursiona en la autonomía departamental cuando envía dinero diciendo que es para el pago de sueldos. Solucionado ese aspecto, ¿en qué va a gastar la Intendencia las partidas que recaude y que ahora podrá destinar para otros destinos que el pago de salarios? ¿Acaso en nuevos empleados? Porque en el proyecto, increíblemente, no hay ninguna prohibición de nuevas designaciones. Evidentemente, se puede incluir en la ley la prohibición -y hay número para ello- de que se tomaran nuevos funcionarios en la Intendencia Municipal de Rocha. Se puede establecer esa prohibición, con dos tercios de votos conformes, tal como lo establece la Constitución de la República. Sin embargo, el problema termina siendo el superar la situación de los rehenes de Rocha que no cobran desde hace meses. Pero, ¡cuidado!, porque los rehenes del Intendente de Rocha van a volver a existir mañana y van a aparecer rehenes de otros departamentos debido, por lo menos, a la rapidez del procedimiento llevado a cabo.

Creemos que a través de esta norma se está premiando a la peor Administración de la historia del departamento de Rocha y de los 19 departamentos de este período de Gobierno. Debemos preguntarnos si vamos a ayudar a los demás, cuando el momento llegue. Pienso que sí lo haremos. Pero, mientras tanto, no empecemos con el peor de todos.

Es evidente que se podría haber elaborado un texto con limitaciones, con precisiones sobre manejo y destino de los fondos, que impusiera la negativa de designar nuevos funcionarios y también afinar los criterios que complementamos al proyecto, que trabajosamente han manejado el señor Senador Millor y el señor Senador Astori. Pero estas normas y muchas otras podrían haber venido del Poder Ejecutivo y en pocos días analizarlas y aun mejorarlas en el Senado. Yo no voy a votar como está el proyecto redactado. Creo que los rehenes, que son personas que lamentablemente están obligadas a venir a pedir lo que les corresponde por derecho, pueden esperar tres, cuatro o cinco días. Así, podremos trabajar en un proyecto que les dé garantías y haga realidad lo que se limita a enunciar el Poder Ejecutivo, mediante un amplio y profundo requerimiento de orden de las finanzas. Dejemos lo de amplio y profundo, porque se hace muy complejo, pero tengamos, por lo menos, en cuenta lo de algún ordenamiento de las finanzas, tan desastrosamente manejadas por el Intendente. Si nos ponemos a trabajar, lo podemos lograr muy rápidamente.

Este sistema escueto de facilitarle fondos sin normas que eviten los motivos que provocaron las dificultades, no lo comparto; pienso que hacemos daño a la gente de Rocha que, tal como se dijo, va a cobrar una escasísima parte de lo que se les debe, sin una sola norma que procure evitar las causas de sus problemas. La culpa la vamos a tener ahora nosotros, porque no fuimos capaces de encontrar, en nuestro análisis, las soluciones.

Si alguien estima que mi posición significa que no le tengo confianza política al Intendente de Rocha para administrar el departamento, sin duda que está en lo correcto. Sin embargo, si citara las palabras que aquí se dijeron en oportunidad del juicio político, el Senado vería que mi expresión es apenas una entre las tantas vertidas, en el mismo sentido, en Sala. A todo ello no se le ponen límites ni cortapisas, sino que simplemente se resuelve que siga esa Administración, y en el entretanto se les da a los funcionarios unos pesos para subvenir necesidades apremiantes de su vida.

Si estuviera en las condiciones apremiantes de los funcionarios de Rocha, aceptaría y no diría una palabra; eso sí, me iría masticando rabia, porque no se le ha puesto un solo límite a la gestión negativa e incapaz de quien causó mi problema.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa recuerda a los señores Senadores que se había votado un cuarto intermedio para tratar el tema referido al INAME, en el entendido de que el Senado tenía el espíritu de dar tiempo y espacio a la Comisión de Hacienda para que continuara con una muy im-portante agenda. Algunos señores coordinadores incluyeron el tema de Rocha, en el entendido -naturalmente, no se había consultado a todos los señores Senadores- de que podría haber un rápido diligenciamiento. No deseo coartar el derecho de expresión de cada una de las Bancadas, pero señalo que la idea era procurar un rápido acuerdo en Sala para dar lugar a que la Comisión de Hacienda continúe con su tarea.

Hay dos oradores anotados. En primer lugar, lo está el señor Senador Sanabria.

SEÑOR SANABRIA.- Voy a fundamentar mi voto, señor Presidente.

SEÑORA ARISMENDI.- Muy bien, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- En segundo lugar, está anotado el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- También voy a fundamentar el voto, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Debe ser la primera vez en tres años y medio que logro mi propósito.

Se va a votar, en general, el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 25 en 26. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º, tal cual ha quedado redactado.

(Se lee:)

"Artículo 1º.- Extiéndese hasta el 31 de julio de 2003 el período cubierto por el régimen previsto por el artículo 1º de la Ley Nº 17.249, de 10 de agosto de 2000, para las sumas adeudadas por el Gobierno Departamental de Rocha".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: sé que probablemente no voy a tener éxito, pero recuerdo que propuse que donde se dice "para las sumas adeudadas por la Intendencia Municipal de Rocha", se diga "para las sumas adeudadas por las Intendencias Municipales". No le sacamos nada a Rocha. El Intendente va a tener todo el dinero disponible y los pobres rehenes van a cobrar cuando sea el momento. Pero se puede poner. ¿Por qué no?

SEÑOR CORREA FREITAS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARCIA COSTA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: el señor Senador García Costa plantea extender este régimen al resto de las Intendencias Municipales o de los Gobiernos Departamentales. Como todos sabemos, este es un proyecto de ley que requiere iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y esta ha sido dada para extender el régimen a la Intendencia Municipal o al Gobierno Municipal de Rocha. Pero nosotros en el Senado -o en el Parlamento- no estamos facultados para extender este régimen al resto de los Gobiernos Departamentales, porque para ello requeriríamos una nueva iniciativa del Poder Ejecutivo que lo extendiera a los restantes Gobiernos Departamentales. Por supuesto, hemos escuchado con mucha atención los argumentos que ha expuesto el señor Senador García Costa. Tan es así, que el régimen que oportunamente se aprobó por parte de la Ley Nº 17.249, de 10 de agosto de 2000, comprendía a varias Intendencias y no sólo a una. Respetuosamente, por supuesto -escucharemos los ilustrados fundamentos del señor Senador García Costa-, creo que faltando la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, no podemos extenderlo a otras Intendencias o Gobiernos Departamentales.

Es cuanto tenía para expresar. Agradezco la interrupción al señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: declaro que me resultan totalmente suficientes las razones del señor Senador Correa Freitas; inclusive, había estado pensando en alguna de ellas y esperando se me señalaran. Ahora bien; ¿son también válidas para el artículo 2º? Pregunto esto, porque no hay iniciativa del Poder Ejecutivo, que lo manda en carácter genérico y que aquí se ha modificado su texto, particularizándolo. Los funcionarios rehenes van a cobrar igual y el Intendente va a hacer exactamente lo que se le ocurra, tal como lo ha hecho desde el primer día en que estuvo en la Intendencia, entre otras cosas, no pagando los sueldos e, incluso, en estos días nombrando funcionarios con altos sueldos como lo informan Senadores que me precedieron en el uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo tal cual está redactado. La Mesa aclara que si la votación es mayoritaria, no será necesario poner a votación la propuesta del señor Senador García Costa.

(Se vota:)

- 26 en 27. Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"Artículo 2º.- Los recursos liberados por la aplicación de lo dispuesto en el artículo precedente, serán exclusivamente afectados al pago de salarios de los funcionarios del Gobierno Departamental de Rocha. La asignación de fondos para disponer el pago al que alude el inciso precedente considerará prioritariamente los adeudos de mayor antigüedad."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º.

(Se vota:)

- 26 en 27. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO 1º.- Extiéndese hasta el 31 de julio de 2003 el período cubierto por el régimen previsto por el artículo 1º de la Ley Nº 17.249, de 10 de agosto de 2000, para las sumas adeudadas por el Gobierno Departamental de Rocha.

ARTICULO 2º.- Los recursos liberados por la aplicación de lo dispuesto en el artículo precedente, serán exclusivamente afectados al pago de salarios de los funcionarios del Gobierno Departamental de Rocha.

La asignación de fondos para disponer el pago al que alude el inciso precedente, considerará prioritariamente los adeudos de mayor antigüedad."

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: creo que conviene hacer alguna apreciación con relación a lo que estamos votando.

Concretamente, quiero decir que no estamos votando partidas especiales para el departamento de Rocha, sino una facilidad que le permita liberar fondos propios, de la Intendencia Municipal, que ya el Ministerio de Economía y Finanzas tiene a su disposición, pero que no podía utilizar porque estaban embargados -por decirlo de alguna manera- por el Banco de Previsión Social. Al extender la refinanciación de adeudos que tenía el departamento de Rocha hasta el 31 de julio, estamos liberando esos recursos que se estiman en $ 6:000.000, lo que serán aproximadamente $ 3:000.000 mensuales.

Con relación al artículo 2º, quiero señalar que no es enunciativo y que parte de las partidas tienen que ver con el artículo 298 de la Constitución de la República, que plantea que se requiere certificación de obra, o sea, que no podrían ser utilizados, aun liberados, para el pago de salarios. Por este motivo, el artículo 2º tiene gran importancia, puesto que se van a liberar fondos que por ley tendrían que estar destinados exclusivamente a obras, pero que en este caso estamos autorizando su utilización para gastar en salarios.

Por cierto, señor Presidente, pienso que no es una solución definitiva, sino un alivio para la Intendencia Municipal de Rocha.

Con relación al planteamiento que se ha hecho sobre otras Intendencias, debo señalar que, en este caso, se hace lo que se puede. Evidentemente, las arcas del Banco de Previsión Social y las del Gobierno Central están limitadas y hay Intendencias que tienen dificultades, pero a la vez hay otras que a pesar de ello están haciendo un esfuerzo y cumplen con sus compromisos.

Pienso que hemos llegado a esta solución, tal vez, con los propios recursos que tiene generados hoy la Intendencia Municipal de Rocha, trayendo un alivio desde el punto de vista de los aportes al Banco de Previsión Social. Por supuesto, no se resuelve todo el problema -esto tiene que ver con el 15% de los salarios que mensualmente vierte la Intendencia Municipal-, pero por lo menos es una señal política que trae alivio a una situación compleja desde el punto de vista económico y financiero.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: hemos votado este proyecto de ley en el entendido de que se extiende un régimen previsto por la Ley Nº 17.249, que ya había sido conferido para las Intendencias Municipales de Artigas, Cerro Largo, Río Negro, Rivera y Treinta y Tres. Este régimen había resultado, en su momento, aprobado por la unanimidad de este Senado.

Por supuesto, si no se quiere rehenes derivados de las situaciones de los Gobiernos Departamentales, quizás pueda tener andamiento la tesis que plantea con fuerza eliminar todas las Intendencias Municipales, nombrar diecinueve gerentes, terminar con las Juntas Departamentales y liquidar todo lo que signifique el orden constitucional uruguayo. Confieso que no estoy de acuerdo con esto, porque lo que pueda regir -y seguramente debe regir- para los Gobiernos Departamentales, también debe aplicarse para las empresas públicas y para la Administración Central, donde muchas veces se cometen tremendos errores de administración; y en este último caso, están la suerte y el destino de todos los uruguayos: rehenes son todos los habitantes de este país.

En ese entendido, señor Presidente, hemos acompañado este proyecto de ley que tiende a resolver una situación que, en definitiva, se arrastra de sucesivas administraciones. Por ese motivo, hemos llegado a esta solución que quizás no es todo lo deseable y aconsejable que se pretendería, pero es lo que se puede aplicar en este caso y en el marco de esta situación.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: he votado este proyecto de ley porque tiende a aliviar, aunque sea de manera menguada, la situación dramática de un grupo de trabajadores municipales.

En segundo lugar, entiendo que el Estado, cuando instrumenta una ayuda, aun menguada, debe hacerlo referida a la gente y no a las autoridades, pues esa es su finalidad.

En tercer término, he votado este proyecto de ley en el entendido -tal como fue explicado- de que en términos de la técnica crediticia y del Derecho Privado, el orden de prelación para disponer de este dinero que se libera es en función de la mayor antigüedad de los atrasos y de las personas más desvalidas, las más pobres, las que ganan menos dentro del funcionariado.

Por último, quiero señalar que he entendido que el espíritu de la ley tiene que darse en la práctica, porque aspiro a que ADEOM -la gremial sindical de los trabajadores municipales- vigile que efectivamente se cumpla lo que en ella se expresa, o sea, que los recursos se deben destinar con un orden de prelación que atienda la mayor situación de dificultad en que se encuentra la gente, es decir, los atrasos más antiguos y los sueldos de menor repercusión, los de los más desvalidos.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: comparto varias de las fundamentaciones que se dieron y entiendo que no es el proyecto ni la solución más adecuada para el pueblo de Rocha ni para el Gobierno Municipal, sino aquélla que se ha logrado encontrar después de larguísimas y dificultosas conversaciones y de diversas propuestas e iniciativas que se intentó recorrer.

Quiero decir que estos recursos no son para ningún rehén, sino que son para trabajadores dignos y organizados, que han dado una pelea y que han puesto en el orden del día y desnudado la situación por la que atraviesa el Gobierno Municipal de Rocha; en realidad, se trata de ambas cosas: la situación por la que atraviesa la Intendencia Municipal y la propia de la Junta Departamental de Rocha.

En ese sentido, tuvimos más de una oportunidad de intercambiar ideas y queremos decir que la gran mayoría del pueblo de Rocha, a través de sus organizaciones sociales y de tipo religioso, así como gremiales y otras, ha demostrado su apoyo a la movilización que han llevado adelante corajudamente los trabajadores de ADEOM. Quiero señalar que, efectivamente, son unos pocos pesos los que se ha logrado volcar a esta solución. Comparto lo que se dijo en cuanto a que estos recursos no son dineros ya destinados desde el Ministerio de Economía y Finanzas, tal como ya se explicó; no voy a entrar en esto, porque varios señores Senadores se refirieron a cuál es el carácter de esta partida. Pero, como pasa siempre, estos no son mendrugos que se le arrojan a alguien, sino el plato de sopa sobre la mesa que fue obtenido por la lucha de los trabajadores de ADEOM y por la gran mayoría del pueblo de Rocha. Entonces, ni rehenes ni mendrugos. Esto es una conquista de la organización popular.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: no intervine en la discusión, pero voté con alegría la pequeña solución que se aporta a los trabajadores municipales de Rocha, que no viven esta situación desde la Administración actual, sino desde años antes, es decir, desde el otro Gobierno, con otro signo, que también tuvo atrasos de hasta seis meses en el pago de los salarios. He votado con alegría, reitero, porque sé que algo les va a llegar a los trabajadores.

Por otro lado, quiero señalar que hay que tener conciencia -por lo menos, yo la tengo- de que con esto lo que estamos haciendo es permitir que las transferencias que debía recibir la Intendencia Municipal de Rocha, embargadas en función de unas deudas con el Banco de Previsión Social, sean desembargadas y puedan ser transferidas con este destino.

En este período y en el anterior, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo han hecho galimatías increíbles en cuanto a las transferencias a las Intendencias Municipales; de cualquier tipo, desde disponer que algunas deudas de UTE se cobren directamente por parte del Ente y otras no -por las Intendencias-, hasta que las transferencias puedan ser utilizadas para pagar sueldos en la Intendencia Municipal de Artigas, pero en otras no. Es increíble la forma inusitada en que el propio Poder Ejecutivo viola, sistemáticamente, lo que se ha dispuesto en la Constitución de la República. En realidad, lo que han hecho, repito, es un galimatías.

Asimismo, hay que tener presente que con esto se van a liberar las partidas para pagar esos salarios, pero el Banco de Previsión Social no va a recibir nada, porque el Ministerio de Economía y Finanzas lo va a compensar por las transferencias que ha hecho por otras cosas, con lo que debía pagar por esto.

En conclusión, vivimos constantemente engañándonos a nosotros mismos, desde el Poder Ejecutivo, a través de estos mecanismos que no son los más sanos y correctos para administrar los recursos del Estado.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- He votado esto haciendo una delegación de confianza en los que han trabajado, pero no porque no me genere tremendas dudas.

En primer lugar, amplía el espectro de políticas que discriminan dentro del Uruguay en uno u otro sentido. El caso extremo en esta materia es el de la Intendencia Municipal de Montevideo, en una punta y la Intendencia Municipal de Rocha, en la otra. Como regla de política general, no estoy de acuerdo con esto.

En segundo término, temo que la falta de confianza en el Intendente Municipal de Rocha que le crea una restricción, de acuerdo con lo que propone el señor Senador Millor en el agregado que redactó el señor Senador Astori, quizás lleva a que se genere una discriminación entre los propios trabajadores para salvar otra circunstancia con diversas complejidades. Si se sigue el orden de prioridades, seguramente el Fondo se va a agotar antes de llegar a muchos trabajadores que tienen atraso y esto podría aparejar nuevos conflictos.

Reitero que hago una delegación de confianza. Constato que se está viviendo una situación social extremadamente grave y que algo van a recibir los trabajadores; por ello, he dado mi voto a este proyecto de ley.

De todas maneras, quiero dejar sentadas mis enormes dudas en torno a esta salida que se ha negociado.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: el Gobierno elevó esta iniciativa luego de innumerables y dificultosas conversaciones procurando, con los distintos actores tanto políticos como sociales, dar una respuesta a la crítica situación del Gobierno Departamental de Rocha. Sin embargo, bueno es decir que, previo a elevarla, el señor Ministro de Economía y Finanzas pidió ser recibido por la Comisión de Hacienda, a los efectos de plantear lo proyectado por dicha iniciativa. En esa oportunidad, el Ministro explicó el alcance de la misma y la referencia o el apoyo que se hacía en el proyecto al régimen autorizado por la Ley Nº 17.249, que ya había sido sancionada por el Parlamento, previa iniciativa del Poder Ejecutivo y que comprendía a algunos departamentos.

Teniendo en cuenta ese precedente, el Ministro de Economía y Finanzas sugirió extender el plazo al 31 de julio de 2003 para el caso concreto del Gobierno Departamental de Rocha. En la Comisión de Hacienda se intercambiaron ideas y el resultado final fue que las respuestas a las consultas del señor Ministro de Economía y Finanzas fueron afirmativas. Todos los Senadores representantes de los distintos sectores políticos en la Comisión de Hacienda aceptaron que esta era una buena iniciativa para, de alguna forma, atenuar las dificultades del Gobierno Departamental de Rocha. Sabido es que se trataba de atenuarlas de una manera no muy pronunciada, pero lo que importa como constancia política es que hubo acuerdo en la Comisión de Hacienda con respecto a que este proyecto de ley fuera elevado por el Poder Ejecutivo. Habiendo obtenido el señor Ministro de Economía y Finanzas una respuesta afirmativa, se elevó el proyecto de ley que en el día de hoy ha aprobado el Senado de la República.

Esta era la constancia que quería dejar.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: he votado con alegría este pequeño aliciente a la situación que se vive en el Departamento de Rocha. No obstante, como aquí se alude a otras Intendencias o herencias, reitero que me parece que nunca ha quedado patentado de una manera tan clara que el drama social, en este caso, está estrechamente vinculado a la gestión municipal. Esto lo veo clarísimo.

Tengo la esperanza de que todo lo que se ha dicho en Sala con respecto a que esta partida de dinero es para pagar a los que realmente merecen cobrar y no a contratos de reciente data, impedirá de alguna manera que la farra siga. Evidentemente, pese a la crisis, en Rocha seguimos viendo un espíritu farrero que no entendemos.

Espero que a raíz de todo lo que se ha dicho acá, esto se aplique donde se debe y no se destine a pagar los nuevos contratos que, reitero, son una verdadera bofetada a la situación que está viviendo Rocha.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: he votado este proyecto de ley con tristeza y con vergüenza partidaria. Mi Partido tiene 13 Intendencias, de las cuales 12 son grandes Intendencias del país, bien administradas. Lamentablemente, no podemos decirlo acerca de las 13 que gobierna mi Partido.

Por otra parte, debemos señalar que esta Intendencia recibió una pesadísima carga -reitero: pesadísima carga- de la Administración anterior, con atrasos increíbles y endeudamientos insoportables. Teníamos la sana aspiración de que la Administración de nuestro Partido pudiera arreglar, corregir, ordenar y replantear esa pesada carga de la Administración anterior de otro Partido. Lamentablemente, casi a fines del período, debemos confesar que no lo ha podido hacer y que la situación se ha agravado.

Reitero que he votado con dolor y con vergüenza, porque nuestro Partido ha apostado a hombres de diferentes sectores que nos han enorgullecido, pero no podemos decir lo mismo de todas sus Administraciones. Hemos votado este proyecto de ley, porque por ahí anduvo el argumento de que como el Intendente no votó el balotaje o no pertenece a nuestro sector, tuvimos un enfrentamiento, y eso no es verdad. En las últimas instancias, se ha procurado hacer un nuevo juicio político al Intendente y mi sector político no lo acompañó, porque no se tenía base jurídica para llevarlo a cabo. Votamos el juicio político anterior, creíamos y creemos que el Gobierno Municipal ha tenido un desgaste que hace imposible generar los acuerdos necesarios en el Departamento.

Por todas estas razones, hemos votado este proyecto de ley. Creemos que esta es una instancia para procurar generar la posibilidad de que los trabajadores de Rocha no vean castigados sus salarios en los atrasos provocados por esta situación que golpea familiar y socialmente al Departamento.

Lamento profundamente haber escuchado esta tarde, por parte de alguien que me ofrece garantías, que hay nuevas contrataciones en el departamento de Rocha, porque eso demuestra que ni siquiera se está valorando el esfuerzo del Senado de la República y del propio Poder Ejecutivo para dar facilidades a esta Intendencia, a los efectos de que se le pueda pagar a los funcionarios municipales. Que haya nuevas contrataciones en ese departamento me indigna, pero no lleva a que cambie mi voto para que puedan cobrar quienes en definitiva no deben pagar esta factura, que son los funcionarios de la Intendencia Municipal.

Es por eso, señor Presidente, que he votado este proyecto de ley.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: necesito en esta circunstancia destacar mi voto afirmativo. No se justificaría mi silencio y que hubiera contribuido sólo con mi voto a la aprobación de este proyecto de ley, teniendo en cuenta mi vieja y permanente vinculación al departamento de Rocha, el conocimiento que tengo de su sociedad y también de su Gobierno Departamental, por haberlo ejercido en algún momento.

En forma reiterada en este Parlamento hemos venido señalando, no a raíz de este conflicto sino mucho antes, la situación dramática que vive la sociedad de Rocha por la falta de trabajo, la que alcanza a sus trabajadores, al comercio y a las pocas pequeñas industrias que van quedando. En definitiva, se está viviendo una situación de tremenda y angustiosa pobreza generalizada en el departamento.

Por eso, creemos que este proyecto de ley, que no va a resolver el problema de fondo, constituye un alivio, como aquí se ha dicho, a una situación ya desesperada que está viviendo un grupo de trabajadores. Es por esa razón, entonces, que hemos votado afirmativamente el proyecto de ley.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: hemos votado afirmativamente el proyecto de ley, en el entendido de que quien quiera que sea hoy o mañana el Intendente Municipal de Rocha, sólo tendrá posibilidad de salir adelante en la emergencia y en la coyuntura tan grave por la que el departamento y el país atraviesan -producto de distintas circunstancias y causas que se han dado en el transcurso de la última década-, si hay una mano tendida, un puente y un principio de solución que surja desde el propio Estado. Si no fuera así, lo estaríamos condenando a seguir en la crisis social y económica que está viviendo, tomando una actitud prescindente respecto a uno de los diecinueve departamentos que tiene nuestro país.

En ese entendido fue que con el Senador Larrañaga mantuvimos distintas reuniones en los últimos meses con el señor Ministro de Economía y Finanzas, a quien le planteamos una solución de estas características, no pensando directamente en el Gobierno Departamental, sino en la gente, que es la que sufre las consecuencias de una crisis económica a la que no es ajena la situación del país y también de la región.

Creo que cuando el Estado decide prescindir de recursos que le son propios -como es este el caso- y dar un destino específico, no se viola ninguna disposición constitucional ni se vulnera la autonomía de los Gobiernos Departamentales si se da, como ocurre en el proyecto de ley, destino específico a los recursos en cuestión. Además, si el proyecto hubiera tenido en la Comisión correspondiente el tratamiento que debería haber tenido -por eso nunca es bueno adoptar decisiones importantes en Sala sin discusiones previas en Comisión-, perfectamente se podría haber establecido un conjunto de condiciones en función de las cuales poder implementar una iniciativa como, por ejemplo, la prohibición absoluta del ingreso de nuevos funcionarios o el pago de salarios con estos recursos a aquellos que se hubieran generado a partir del 31 de diciembre del año pasado. Hemos escuchado en Sala la versión dada por el señor Senador Millor respecto a contrataciones que nos sorprenden y que, en caso de confirmarse, además nos duelen y nos preocupan. No hemos tenido oportunidad -porque no participa de este Cuerpo- de escuchar la voz de la contraparte y yo quiero creer que no es cierto lo que se ha señalado aquí porque, en ese caso, verdaderamente se va a hacer muy difícil que desde el Gobierno Nacional, comprendiendo tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, se pueda contribuir a solucionar los problemas que hoy están afectando a este departamento.

Muchas gracias.

12) SITUACION DE LOS CIUDADANOS URUGUAYOS QUE VIAJAN A ESPAÑA

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa consulta al señor Senador Gargano acerca del tema planteado por el señor Senador Garat referente a los ciudadanos uruguayos que viajan a España.

SEÑOR GARGANO.- Voy a retirar la propuesta, porque el señor Senador Garat me ha pedido que la haga mañana cuando se trate el asunto, puesto que hoy no hay viabilidad para ello.

13) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo otros asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 17 y 36 minutos, presidiendo el señor Luis Hierro López y estando presentes los señores Senadores Astori, Brause, Correa Freitas, Couriel, Fernández Huidobro, Gallinal, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Korzeniak, Millor, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Riesgo, Scarpa, Topolansky y Xavier.)

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretarios

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.