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Nº 253 - TOMO 416 - 6 DE MAYO DE 2003

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

11ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Y EL SEÑOR SENADOR CONTADOR ECONOMISTA ALBERTO COURIEL Tercer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO, ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI, Y LA PROSECRETARIA SEÑORA EMMA ABDALA

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyectos presentados

- El señor Senador Larrañaga presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se deroga el artículo 161 de la Ley Nº 17.556.

- A la Comisión de Presupuesto.

- La señora Senadora Pou presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara "Día del Investigador, la Ciencia y la Tecnología" el día 23 de mayo de cada año.

- A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

- El señor Senador García Costa presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley relacionado con la designación de los integrantes del Consejo Directivo de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (URSEA).

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

- Los señores Senadores Brause y Heber presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se procede a la protección de datos personales para informes comerciales.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

- El señor Senador Michelini presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se eleva el porcentaje obligatorio de ciudadanos uruguayos, naturales o legales, en la tripulación de las naves de bandera uruguaya.

- A la Comisión de Transporte y Obras Públicas.

5 y 17) Proyecto de comunicación

- El señor Senador Virigili presenta un proyecto de comunicación dirigido a la Presidencia de la República a fin de que se le conceda una pensión graciable al señor Abel Soria Gil.

- Se procederá de conformidad.

6 y 8) Solicitudes de licencia

- Las formulan la señora Senadora Pou y el señor Senador Mujica.

- Concedidas.

7 y 9) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento.

- Las presentan la señora Senadora Topolansky y el señor Chiesa comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

- Ingresa a Sala el señor Ernesto Agazzi a quien, luego de prestar el juramento de estilo, se le declara incorporado al Senado de la República.

10) Desarticulación de ANTEL

- Manifestaciones de la señora Senadora Arismendi.

- Por moción de la propia señora Senadora el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Defensa Nacional, al Directorio de Antel y a la Comisión Especial de Servicios Públicos.

11) Carencias en el Liceo Rural de Masoller

- Manifestaciones del señor Senador Riesgo.

- Por moción del propio señor Senador el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al CODICEN, al Consejo de Educación Primaria y a la Junta Departamental de Rivera.

12) Obligaciones contraídas por nuestro país para el mantenimiento del Canal Martín García

- Manifestaciones del señor Senador Garat.

- Por moción del propio señor Senador el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, a la Administración Nacional de Puertos y al Centro de Navegación del Uruguay.

13) Dificultades en la Escuela Nº 75 de Estación Atlántida

- Manifestaciones del señor Senador Korzeniak.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al CODICEN, a la Junta Local de Atlántida y a la Junta Departamental de Canelones.

14) Inversión social. Refinanciación de aportes al Banco de Previsión Social

- Manifestaciones del señor Senador Gallinal.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Economía y Finanzas.

15) Incorporación de productos nacionales a la canasta básica

- Manifestaciones del señor Senador Sanabria.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a los Ministerios de Economía y Finanzas, de Ganadería, Agricultura y Pesca, al INAME, a INDA, a las Intendencias Municipales de todo el país, a los órganos desconcentrados de educación y a CONAPROLE.

16) Señor Presidente de la República, Doctor Jorge Batlle Ibañez. Solicitud de autorización para ausentarse del territorio nacional

- Nota del señor Presidente de la República solicitando la autorización prescrita en el artículo 170 de la Constitución de la República para ausentarse del territorio nacional.

- Concedida.

 18) Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios

- Proyecto de ley por el que se procede a su reforma.

- Por moción del señor Senador Michelini el Senado resuelve incluir este tema en primer término del Orden del Día de la sesión prevista para el próximo martes 13.

19) Fabricantes de bebidas sin alcohol

- Proyecto de ley por el que se establecen controles en materia tributaria.

- Por moción del señor Senador Gallinal, el Senado resuelve incluir este tema en el Orden del Día de la sesión prevista para el día miércoles 7.

20) Elección de Miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo

- El Senado resuelve designar como miembros titulares de la Comisión Permanente para el presente Período Legislativo a lo señores Senadores Korzeniak, Rubio, Riesgo y Heber, y como suplentes, a los señores Senadores Núñez, Couriel, Correa Freitas y Gallinal, respectivamente.

21) Elección de Miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo

- El Senado resuelve designar como miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo para el presente Período a los señores Senadores Núñez, de Boismenu y Pereyra.

22) Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para conferir ascensos en las distintas Armas de las Fuerzas Armadas

- Por moción del señor Senador Singer, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- El Senado, en sesión secreta, concedió venias al Poder Ejecutivo para conferir ascensos en las distintas Armas de las Fuerzas Armadas.

23) Comisionado Parlamentario para el sistema carcelario

- Proyecto de ley por el que se le instituye y se determinan facultades.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

24) Impuesto a las trasmisiones patrimoniales

- Proyecto de ley por el que se establecen exoneraciones.

- En consideración. Se vota negativamente.

25) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 30 de abril de 2003.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, el próximo martes 6 de mayo, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de Miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Artículo 127 de la Constitución).

2º) Elección de Miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

3º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se instituye al Comisionado Parlamentario, con el cometido de asesorar al Poder Legislativo en su función de contralor del sistema carcelario.

Carp. Nº 654/01 - Rep. Nº 525/02 y Anexo I

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

4º) por el que se exonera del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales a las enajenaciones y promesas de enajenaciones de inmuebles rurales realizadas a sociedades anónimas o en comandita por acciones, cuando los títulos representativos de tales acciones sean al portador.

Carp. Nº 1008/03 - Rep. Nº 591/03

5º) por el que se aprueba la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, suscrita en París el 14 de diciembre de 1960.

Carp. Nº 1398/99 - Rep. Nº 599/03

6º) por el que se determina la forma de cálculo del Indice Medio de Salarios, a los efectos de los ajustes dispuestos por el artículo 67 de la Constitución de la República.

Carp. Nº 1012/03 - Rep. Nº 595/03

7º) Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando venia para conferir los siguientes ascensos:

- al grado de Capitán de Navío de la Armada Nacional a varios señores Capitanes de Fragata.

Carp. Nº 1021/03 - Rep. Nº 596/03

- al grado de Coronel de la Fuerza Aérea a varios señores Tenientes Coroneles.

Carp. Nº 1014/03 - Rep. Nº 597/03

- al grado de Coronel del Ejército Nacional a varios señores Tenientes Coroneles.

Carp. Nº 1015/03 - Rep. Nº 598/03

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abelenda, Agazzi, Arismendi, Astori, Barrios Tassano, Brause, Cid, Correa Freitas, de Boismenu, Gallinal, Garat, García Costa, Gargano, Gorosito, Heber, Herrera, Korzeniak, Michelini, Millor, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Riesgo, Rubio, Sanabria, Singer, Virgili y Xavier,

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Fernández Huidobro, Mujica y Pou, y, con aviso, el señor Senador Larrañaga.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 13 minutos)

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"El señor Presidente de la República solicita la autorización prescrita en el artículo 170 de la Constitución de la República, en virtud de ausentarse del país por más de 48 horas, a partir del día 11 de mayo de 2003, con motivo de realizar una visita oficial a la ciudad de Brasilia a efectos de mantener reuniones de trabajo con el señor Presidente de la República Federativa del Brasil."

- LEASE. OPORTUNAMENTE SE VOTARA.

La Presidencia de la Asamblea General destina varios mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- por el que se propone una modificación a la tributación del Impuesto Específico Interno de los combustibles gaseosos con destino a su utilización en vehículos automotores.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

- por el que se autoriza la salida del país a efectivos del Ejército Nacional, a fin de participar en los actos conmemorativos de la Independencia de la República Federativa del Brasil a llevarse a cabo el día 7 de setiembre de 2003.

- por el que se autoriza la salida del país a efectivos del Ejército Nacional y de la Dirección Nacional de Bomberos para participar en el Ejercicio de Planificación sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz versión 2003, a desarrollarse a cabo en la ciudad de Buenos Aires, entre los días 9 y 20 de junio próximos

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

El Poder Ejecutivo remite varios mensajes:

- solicitando venia para designar como Presidente del Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado al señor Milo Ojeda Díaz.

- y solicitando venia para destituir de su cargo a dos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

- adjuntando un proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable a favor del señor Julio Alberto Sobrero.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR, suscrito en la ciudad de Olivos, provincia de Buenos Aires, República Argentina, el 18 de febrero de 2002.

- por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de efectivos militares pertenecientes al Ejército de la República Federativa del Brasil, a fin de participar en el desfile cívico-militar con motivo de la IV Semana de la Integración en la ciudad de Aceguá del departamento de Cerro Largo.

- TENGANSE PRESENTES Y ARCHIVENSE.

- y adjuntando copia de la resolución de 9 de abril de 2003 por la que se aprueban los proyectos de los préstamos de Ajuste Estructural y Especial de Ajuste Estructural sobre Servicios Públicos y Sectores Sociales, a celebrarse entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

- TENGASE PRESENTE Y PASE A CONOCIMIENTO DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

La Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a lo establecido por el Art. 239 numeral 4º de la Constitución de la República, remite Mensaje solicitando la aprobación de precepto para la designación de la Sra. doctora Ana María MAGGI SILVA para el cargo de Ministro del Tribunal de Apelaciones.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite la información solicitada por el señor Senador José Mujica relacionada con el ex Banco de Montevideo.

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR JOSE MUJICA.

El Rector de la Universidad de la República, señor Rafael Guarga remite nota en la que manifiesta el interés expresado por el Consejo Directivo Central en la aprobación de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza.

- TENGASE PRESENTE Y AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES.

El señor Embajador de los Estados Unidos Mexicanos envía nota adjuntando documentación relacionada con el desarrollo del Proceso Electoral Federal de México, a realizarse el 6 de julio próximo.

- REPARTASE.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que, según lo establecido por el artículo 16 de la Ley Nº 17.449, de 4 de enero de 2002, se prorroga el plazo de la Comisión Especial que atiende las peticiones de los trabajadores de la actividad privada para ampararse en el régimen jubilatorio que establece la mencionada ley.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- y por el que se dispone la celebración de las elecciones internas para seleccionar la candidatura única a Presidente de la República, para el último domingo del mes de junio del año en que se realicen las elecciones nacionales.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- y comunica que ha aceptado las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley por el que se dictan normas relativas al fomento del turismo interno de carácter histórico y cultural, y se crea una comisión con tales cometidos en el Ministerio de Turismo.

-TENGASE PRESENTE Y AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES.

El señor Senador Carlos Julio Pereyra remite un informe sobre el Foro Internacional de las Américas, realizado los días 20 y 21 de febrero del corriente año.

- TENGASE PRESENTE. PASE A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

La Comisión de Industria y Energía eleva informado el proyecto de ley por el que se modifican las disposiciones que regulan la instalación, ampliación o refacción de establecimientos comerciales de grandes superficies destinados a la exposición y venta al público de artículos alimenticios y de uso doméstico.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informados los siguientes proyectos de ley para designar varias escuelas y liceos:

- "Doctor Janusz Korczak" la Escuela Nº 360, del departamento de Montevideo.

- "Profesor Víctor Cayota" el Liceo Nº 60, de la ciudad de Montevideo.

- "Arquitecto Juan Pablo Terra" el Liceo Nº 54, de la ciudad de Montevideo.

- "Doctor Amílcar Vasconcellos" la Escuela Nº 161, del departamento de Montevideo.

- "Irineo Leguisamo" la Escuela Nº 38, del Paraje Arerunguá, del departamento de Salto.

- "Feliciano Viera" la Escuela Nº 12, de Barrio Hipódromo de la ciudad de Salto, del departamento de Salto.

- "Enrique Brayer Blanco" la Escuela Nº 32 "Granja de Mangrullo", del departamento de Cerro Largo.

- "República Checa" la Escuela Nº 127, del departamento de Canelones.

- "República de Francia" la escuela Nº 134 de la ciudad de Rivera.

- "Guyunusa" la Escuela Rural Nº 31, del departamento de Canelones.

- "Sargento Francisco De Los Santos" la Escuela Rural Nº 49, del departamento de Rocha.

- "Federación Rusa" la Escuela Nº 361, de la ciudad de Montevideo.

- "Meseta de Artigas" la Escuela Rural Nº 86, de Colonia Baltasar Brum, departamento de Paysandú.

- "Maestra Elena Navarro Bentancur" la Escuela Nº 3, de la ciudad de Tranqueras, departamento de Rivera.

- "José Batlle y Ordoñez" la Escuela de Tiempo Completo Nº 65, de la ciudad Capital del departamento de Durazno.

- "Portones de Carrasco" la Escuela Nº 283, del departamento de Montevideo.

- "Joaquín Suárez" la Escuela Nº 24, de la localidad de Capilla Farruco, del departamento de Durazno.

- "Doctor Ramiro Pucurull Islas" la Escuela Nº 16, de la zona suburbana del departamento de Durazno.

- "Maestro Rosendo Buchelli" la Escuela Nº 19, de Chacras de Sarandí del Yí, departamento de Durazno.

- "Raoul Wallemberg" el Liceo Nº 53, de la ciudad de Montevideo.

- "Liceo Puerto La Charqueada" el liceo del pueblo General Enrique Martínez, del departamento de Treinta y Tres.

- REPARTANSE, INCLUYANSE EN LA SESION ORDINARIA DEL DÍA DE MAÑANA."

4) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Jorge Larrañaga presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se deroga el artículo 161 de la Ley Nº 17.556 del 18 de setiembre de 2002 relacionado con el Impuesto a las Retribuciones Personales del último ajuste de mayo de 2002."

- A LA COMISION DE PRESUPUESTO.

(Texto del proyecto presentado)

"Jueves, 24 de abril de 2003.

PROYECTO DE LEY

Derogación de los aumentos del IRP del último ajuste fiscal de mayo de 2002

Artículo Unico.- Deróguese el artículo Nº 161 de la Ley Nº 17.556, del 18 de setiembre de 2002.

Dr. Jorge Larrañaga, Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 13 de la ley de estabilidad financiera del 29 de mayo de 2002, señalaba, con la voluntad de todos quienes la votaron, que el aumento de las alícuotas expresadas en los artículos 3 a 5 de la misma, quedarían sin efecto a partir del 1º de enero de 2004.

Tan solo cuatro meses después, el Poder Ejecutivo, envía al Parlamento la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, en la cual solicita a los parlamentarios, la sustitución del artículo 13 del ajuste fiscal de mayo por el siguiente texto.

Sustitúyese el artículo 13 de la Ley Nº 17.502, de 29 de mayo de 2002, por el siguiente:

"ARTICULO 13.- Facúltase al Poder Ejecutivo a abatir, a partir del 1º de enero de 2004, el incremento de las alícuotas dispuestas en los artículos 3º a 5º de la referida ley, tomando en consideración el cumplimiento de las metas fiscales alcanzadas a esa fecha y aplicando una disminución proporcional en la carga tributaria establecida, dando prioridad a la situación de los sujetos pasivos comprendidos en las escalas de menores ingresos y a los de la actividad privada".

De lo expuesto surge que en mayo del pasado año, en medio de un panorama recesivo, el gobierno propició y finalmente logró aprobar un incremento sustancial en el IRP, que al disminuir abruptamente la capacidad del consumo de la mayoría de los uruguayos, no hizo más que profundizar la recesión (como entonces anunciamos que ocurriría, al tiempo que reclamábamos un diálogo interpartidario para buscar un ajuste de mejor calidad) y finalmente afectó indirectamente los resultados fiscales, anulando en un guarismo que no resulta sencillo cuantificar pero de cuya existencia sería insensato dudar, el aumento recaudatorio que el incremento impositivo directo generó.

Casi nadie discute que aumentar impuestos (sobre todo si se trata de tributos sobre ingresos) en un contexto recesivo, es desaconsejable.

Creemos que los ciudadanos de nuestro País tienen que tener reglas claras, que los impuestos no pueden ser provisorios y quedar para siempre, porque la frase "tomando en cuenta el cumplimiento de las metas fiscales alcanzadas a esa fecha" como señala el artículo 161 puede utilizarse por los años que los Ejecutivos de turno entiendan necesario.

Los uruguayos, han sufrido el pasado 2002 y este 2003 una caída sustantiva de sus ingresos reales, al ser insuficientes los aumentos en sus salarios tanto públicos como privados, los cuales se han situado muy por debajo de los incrementos del costo de vida.

Es por esto que con la caída de los ingresos reales que ha sufrido la ciudadanía en general, tanto activos y pasivos, entendemos que a partir del 1º de diciembre del año 2004, debemos de recuperarles en parte su poder adquisitivo.

Con esto estaríamos devolviendo capacidad de consumo interno, beneficiando al sector comercial, que está atravesando una importante crisis.

Hay quienes sostienen que la mayor carga tributaria hace recaudar más a las arcas del Estado. Nosotros entendemos que no, que cuantos más impuestos se imponen, el Estado recauda menos, y que no podemos continuar de ajuste fiscal en ajuste fiscal, sino darle la oportunidad a los ciudadanos a comenzar a recuperar su poder adquisitivo, lo cual traerá mayor movimiento interno, más consumo y por ende mayor recaudación.

Este es el sentido del proyecto, dar certeza a la ciudadanía en cuanto a los impuestos que se les aplican, devolverle parte del poder adquisitivo perdido y darle al mercado interno la capacidad de reaccionar, ya que los últimos resultados conocidos por todos, hablan de un descenso importante del consumo interno.

Dr. Jorge Larrañaga, Senador.

IMPUESTO A LAS RENTAS DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO Y A LAS RENTAS AGROPECUARIAS

Artículo 3º.- Fíjase en el 35% (treinta y cinco por ciento) las tasas de los impuestos a las Rentas de la Industria y Comercio y a las Rentas Agropecuarias, para los hechos generadores acaecidos a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

IMPUESTO A LAS COMISIONES

Artículo 4º.- Fíjase en el 10,50% (diez y medio por ciento) la tasa del Impuesto a las Comisiones aplicable a los hechos generadores acaecidos a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

IMPUESTO A LAS RETRIBUCIONES Y PRESTACIONES PERSONALES

Artículo 5º. (Tasas).- Fíjase las siguientes tasas para todos los hechos generadores del impuesto creado por el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982:

a) Retribuciones y prestaciones nominales, en efectivo o en especie, derivadas de servicios personales prestados al Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y demás personas públicas estatales, cualquiera sea la naturaleza jurídica de la relación, con excepción de las referidas en el literal b):

Las remuneraciones y prestaciones nominales del Presidente y Vicepresidente de la República, Legisladores, Ministros y Subsecretarios de Estado, Intendentes y demás funcionarios políticos y de particular confianza, estarán gravadas por este impuesto, sin exclusiones, de acuerdo a la escala salarial que les corresponda.

Las retribuciones personales de los funcionarios que desempeñan tareas en el exterior de la República, constituyen materia gravada por este impuesto.

Cuando los mencionados funcionarios perciban las retribuciones asignadas a los cargos de Embajador, Ministro o Ministro Consejero, las mismas también constituirán materia gravada por este impuesto.

Se consideran comprendidas en los incisos anteriores todas las retribuciones percibidas por los citados funcionarios por concepto de sueldos presupuestales y diferencias por aplicación del coeficiente establecido en el artículo 63 de la Ley Nº 12.801, de 30 de noviembre de 1960.

b) Retribuciones y prestaciones nominales, en efectivo o en especie, derivadas de servicios personales prestados en régimen de incompatibilidad total por los Magistrados del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Fiscales y Técnicos Profesionales del Ministerio Público, Fiscal Procurador y Suprocurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, Fiscales de Gobierno, Secretarios y Prosecretarios Letrados de la Fiscalía de Corte (Escalafón "N") y de la Suprema Corte de Justicia (Escalafón "I"), Defensores de Oficio y Actuarios del Poder Judicial y los Secretarios II Abogados, que se desempeñen en el Servicio de Abogacía de la Suprema Corte de Justicia.

c) Retribuciones y prestaciones derivadas de los restantes servicios personales excluidas jubilaciones y pensiones:

 

d) Jubilaciones y pensiones, servidas por entidades estatales y no estatales:

Artículo 13. (Abatimiento de alícuotas).- El incremento de alícuotas establecido en los artículos 3º a 5º de la presente ley quedará sin efecto a partir del 1º de enero de 2004.

LEY Nº 17.556

LEY DE RENDICION DE CUENTAS

Artículo 161.- Sustitúyese el artículo 13 de la Ley Nº 17.502, de 29 de mayo de 2002, por el siguiente:

"ARTICULO 13.- Facúltase al Poder Ejecutivo a abatir, a partir del 1º de enero de 2004, el incremento de las alícuotas dispuestas en los artículos 3º a 5º de la referida ley, tomando en consideración el cumplimiento de las metas fiscales alcanzadas a esa fecha y aplicando una disminución proporcional en la carga tributaria establecida, dando prioridad a la situación de los sujetos pasivos comprendidos en las escalas de menores ingresos y a los de la actividad privada."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"La señora Senadora María J. Pou presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara ‘Día del Investigador, la Ciencia y la Tecnología’ el 23 de mayo de cada año."

- A LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.

(Texto del proyecto presentado)

"PROYECTO DE LEY POR EL CUAL SE DECLARA "DIA DEL INVESTIGADOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA AL 23 DE MAYO DE CADA AÑO

Artículo 1º.- Declárase al 23 de Mayo de cada año "Día del Investigador, la Ciencia y la Tecnología".

Mª Julia Pou, Senadora.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Dentro de las actividades humandas desarrolladas en el ámbito de las sociedades organizadas, y desde tiempos remotos, se destacan las relacionadas con la búsqueda de nuevos conocimientos y descubrimientos. Estamos hablando de los investigadores, que con su impulso y dedicación dedican la vida a la búsqueda de lo desconocido, de nuevos conocimientos que, una vez alcanzados, crean nuevas incógnitas sobre las cuales las generaciones posteriores seguirán investigando, y así sucesivamente, por los siglos de los siglos. Bien decía Pascal que el conocimiento es como una esfera, puesto que cuanto más se sabe más crece su superficie, y por lo tanto aumenta su contacto con lo desconocido. Cuando más se sabe, más se tiene conciencia de lo que se ignora.

Hablar de ciencia es hablar de culturas y civilizaciones. No hay forma de estudiar las diferentes culturas y civilizaciones antiguas y remotas sin que veamos que en su nacimiento y posterior desarrollo la adquisición de nuevos conocimientos son los fundamentos en los cuales están basadas. Ello quizás alcanza su más alto grado de simbolismo en las culturas del Egeo, con la civilización griega. Es extraordinaria la coherencia del pensamiento griego, base ineludible de todos los desarrollos civilizadores posteriores. Para darnos cuenta del valor que los mismos le asignaban a las ciencias y la investigación no hay más que mirar al Partenón, y ver que esas actividades tenían la tutela y el desvelo de una de sus más conceptuadas diosas.

Por otra parte, no nos debe llamar la atención que este desarrollo orgánico se diera en la cuna de civilizaciones que fue Grecia, pues en ella es que nace y se desarrolla la democracia. No es mera coincidencia, es relación de causa-efecto, es la historia del desarrollo del espíritu humano. La democracia y la ciencia comparten dos valores fundamentales que hacen al desarrollo social del género humano: la Verdad y la Libertad. La ciencia es por definición la búsqueda de la verdad, y para ello la libertad de pensamiento y acción son fundamentales. Y dicho esto, debemos agregar una tercera característica compartida por la ciencia y la democracia, la Etica.

En Uruguay desde los propios albores de su historia se hace investigación y ciencia, y en ese sentido debemos recordar como pioneros a Pérez Castellano, Larrañaga y Vilardebó, luego de los cuales viene una saga de estupendos ciudadanos que por fortuna se extiende hasta nuestros días. Hoy el país tiene grupos trabajando en ciencia y tecnología de larga y proficua trayectoria, y otros de más reciente creación, con los cuales se ha logrado, en diversas áreas del conocimiento, un alto nivel de desarrollo.

Lo anterior se ha logrado sobre la base de la inspiración, el trabajo y la persistencia de los investigadores nacionales, por lo general desarrollando una actividad sacrificada y estimulante a la vez, pues es de las pocas actividades humanas que no se conoce el producto final que se obtendrá. En pocas actividades se dan tan relacionadas la frustración y la ilusión, el éxito y los fracasos.

Hoy hay consenso que en el país se invierte poco en ciencia y tecnología. El consenso proviene de los diferentes actores, ya sean estos investigadores, empresarios, políticos u organismos internacionales de ayuda. Varias son las cifras que se manejan respecto del PBI, pero cualquiera de ellas representa un nivel muy bajo si se realiza un comparativo regional e internacional. Pero en última instancia lo que está haciendo falta es un cambio cultural. El cambio implica olvidarnos que se "gasta" dinero en ciencia y convencernos que se debe "invertir" más en investigación para alcanzar el bienestar y el desarrollo de nuestra sociedad.

Las políticas de Estado que apuntan al desarrollo de las sociedades modernas tienden a fortalecer seis pasos conceptuales que están íntimamente interrelacionados entre sí: 1) Ciencias Básicas, 2) Ciencia y Tecnología Aplicadas, 3) Investigación y Desarrollo, 4) Innovación y Competitividad, 5) Marketing y Comercialización, 6) Rentabilidad Económica y Reinversión Social.

Las políticas de Estado deben contemplar el interés social, y esto es posible cuando existe un marco jurídico basado en políticas de largo plazo, consistentes y autosustentables. Para lograr el desarrollo científico tecnológico en el país es imprescindible consolidar la comunicación permanente entre los diferentes actores sociales. Una sociedad comunicada es la base de una sociedad del conocimiento, y esto puede derivar en la actitud proactiva y participativa para analizar y plantear propuestas sobre los posibles caminos a transitar.

La posibilidad de implementar una política de Estado en las áreas que nos ocupan depende del apoyo que se pueda lograr de gente de muy diversas extracciones e intereses. Si ello se consigue, y si además el bien común es el objetivo final, las políticas que se puedan proponer pueden ser defendidas y hechas suyas por la sociedad.

La oportunidad de tener un día al año para celebrar la actividad de los investigadores, la ciencia y la tecnología, será un pequeño paso en el largo camino por recorrer, pero tendrá el peso simbólico de la comunión de los sueños de la comunidad con las expectativas de los investigadores en su diaria labor. Siempre resulta difícil, ante la perspectiva de tener que elegir una fecha para celebrar una actividad como la que nos ocupa, definir una. En esta oportunidad, en donde celebraremos a los investigadores y a la ciencia y tecnología, entendemos que la tarea se simplifica. La trayectoria y el legado del Maestro Clemente Estable es un faro que iluminó a las generaciones pretéritas y queda como ejemplo para las venideras. Su compromiso con la Verdad, la Libertad y la Etica, y su compromiso con la sociedad y el magisterio lo justifican.

El día de su natalicio, el 23 de mayo, es, por lo tanto, la fecha propuesta para evocar, celebrar, homenajear y reconocer la labor de los investigadores, la ciencia y la tecnología en el país.

Mª Julia Pou, Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Guillermo García Costa presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley relacionado con la designación de los integrantes de los Consejos Directivos de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA)."

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

(Texto del proyecto presentado)

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Los Consejos Directivos de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) establecidas por las Leyes Nº 17.296 de 21 de febrero de 2001 y Nº 17.598 de 13 de diciembre de 2002, serán integrados por ciudadanos que reúnan las condiciones exigidas para ser Senador y además sean profesionales de nivel terciario en materia relacionada con los cometidos de dichas entidades.

Artículo 2º.- Serán designados a propuesta del Poder Ejecutivo previa venia otorgada por el Senado de la República de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 187 de la Constitución de la República.

Artículo 3º.- Los integrantes de los Consejos Directivos que a la fecha de vigencia de esta ley se encuentren en ejercicio de los mencionados cargos, deberán contar con la citada venia, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá efectuar el correspondiente trámite dentro de los treinta días de promulgada la presente.

Guillermo García Costa, Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La importancia de la tarea que desempeñan tanto la URSEC como URSEA, requiere que la nominación de quienes integran dichos organismos pase por la venia del Senado. Ello es además lógico toda vez que los titulares de los organismos por ellos controlados -Entes Autónomos y Servicios Descentralizados- deben pasar por dicho trámite.

La exigencia del título universitario pretente una mayor exigencia en la nómina de candidatos. La relación de las profesiones con la materia de los cometidos de ambas instituciones, debe de juzgarse con latitud. Los títulos de abogado, contador e ingeniero deberían ser aceptados sin objeciones. El reglamento podrá ser más explícito al respecto.

Guillermo García Costa, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Los señores Senadores Alberto Brause y Luis A. Heber presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley relacionado con la protección de datos personales para informes de carácter comercial."

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

(Texto del proyecto presentado)

"PROYECTO DE LEY

PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA INFORMES COMERCIALES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- La presente ley, tiene por objeto regular el registro, almacenamiento, distribución, transmisión, modificación, eliminación, duración, y en general, el tratamiento de datos personales asentados en archivos, registros, bases de datos, u otros medios de tratamiento de los mismos, sean éstos públicos o privados, destinados a brindar informes objetivos de carácter comercial.

También se aplicarán sus disposiciones, en cuanto resulten pertinentes, a los datos sobre personas jurídicas.

Artículo 2º.- Se exceptúan de esta ley, el tratamiento de datos que no sean de carácter comercial como lo son, por ejemplo: (i) datos de carácter personal que se originen en el ejercicio de las libertades de emitir opinión, y de informar, así como los relativos a encuestas, estudios de mercado o semejantes, los que se regularán por las leyes especiales que al efecto se dicten; y (ii) datos sensibles sobre la privacidad de las personas, entendiéndose por éstos, aquellos datos referentes al origen racial y étnico de las personas, así como sus preferencias políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical o información referente a su salud física o a su sexualidad y toda otra zona reservada. Para el tratamiento de datos que no sean de carácter comercial se requerirá expresa y previa conformidad de los titulares, luego de informados del fin y alcance del registro en cuestión.

CAPITULO II

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 3º.- La actividad de tratamiento de datos personales por parte de personas físicas o jurídicas con el alcance previsto en esta ley, será lícita siempre que se haga conforme a la misma y al ordenamiento jurídico. En todo caso se deberá respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que esta ley les reconoce.

Artículo 4º.- No requiere previo consentimiento el registro y posterior tratamiento de datos personales cuando:

a) Los datos provengan de fuentes públicas de información, tales como registros, archivos, o publicaciones en medios masivos de comunicación;

b) Sean recabados para el ejercicio de funciones o cometidos propios de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal;

c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombres y apellidos, documento de identidad o registro único de contribuyente, nacionalidad, estado civil, nombre del cónyuge, régimen patrimonial del matrimonio, fecha de nacimiento, domicilio y teléfono, ocupación o profesión y domicilio;

d) Deriven de una relación contractual del titular de los datos y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento; y

e) Se realice por personas jurídicas privadas o públicas, para su uso exclusivo o el de sus asociados o usuarios.

Artículo 5º.- Los datos recogidos a los efectos de su tratamiento, deben ser veraces, adecuados, ecuánimes y no excesivos en relación con la finalidad para la cual se hubieren obtenido.

Estará prohibida la recolección de los mismos por medios desleales, fraudulentos, abusivos, extorsivos o en forma contraria a esta ley.

Los datos que sean total o parcialmente inexactos o incompletos, deben ser suprimidos, sustituidos o completados por datos veraces y actualizados por el responsable del registro, cuando conociere dicha circunstancia. Asimismo, deberán ser eliminados aquellos datos que hayan caducado conforme lo previsto en el inciso 2 del Artículo 13.

Artículo 6º.- Aquellas personas físicas o jurídicas que obtengan información proveniente de una base de datos están obligados a utilizarla en forma reservada y exclusivamente para las operaciones habituales de su giro, estando prohibida toda difusión de la misma a terceros.

Artículo 7º.- Las personas que por su situación laboral u otra forma de relación con el responsable de un archivo, registro o base de datos, intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales, están obligados a guardar estricto secreto profesional sobre los mismos cuando hayan sido recogidos de fuentes no accesibles al público, salvo los casos de orden de Justicia competente, de acuerdo con las normas vigentes en esta materia o consentimiento del titular.

Esta obligación subsistirá aún después de finalizada la relación con el titular del archivo, registro o base de datos.

CAPITULO III

DE LOS DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS

Artículo 8º.- Cualquier persona podrá requerir al organismo de control, información relativa a la existencia de archivos, registros o bases de datos personales, sus finalidades y la identificación de sus responsables. A tal efecto habrá un registro de consulta pública y gratuita.

Artículo 9º.- Todo titular de datos personales que previamente acredite su identificación con el documento de identidad respectivo, tendrá derecho a obtener toda la información que sobre el mismo se halle en bases de datos públicas o privadas. Este derecho de acceso sólo podrá ser ejercido en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

Cuando se trate de datos de personas fallecidas, el ejercicio del derecho al cual refiere este artículo, corresponderá a sus sucesores universales, cuyo carácter se acreditará por la sentencia de declaratoria de herederos.

La información solicitada debe ser proporcionada dentro de los treinta días de haber sido solicitada. Vencido el plazo sin que el pedido sea satisfecho, o si fuera denegado por razones no justificadas de acuerdo con esta ley, quedará habilitada la acción de habeas data prevista en esta ley.

Artículo 10.- Toda persona tendrá derecho, en caso de corresponder, por haberse constatado error o falsedad en la información de la que es titular, a solicitar la rectificación, actualización y la eliminación o supresión de los datos personales de los que sea titular que estén incluidos en una base de datos.

El responsable de la base de datos deberá proceder a realizar la rectificación, actualización, eliminación o supresión, mediante las operaciones necesarias a tal fin en un plazo máximo de veinte días hábiles de recibida la solicitud por el titular del dato o informar de las razones por las que no corresponde.

El incumplimiento de esta obligación por parte del responsable de la base de datos, habilitará al interesado a promover la acción de habeas data prevista en esta ley.

No procede la eliminación o supresión de datos personales en aquellos casos en que se pueda causar perjuicio a los derechos o intereses legítimos de terceros o cuando contravenga lo establecido por una obligación legal.

Durante el proceso de verificación o rectificación de datos personales, el responsable de la base de datos ante el requerimiento de terceros por acceder a informes sobre la misma, deberá dejar constancia de que dicha información se encuentra sometida a revisión.

Artículo 11.- La rectificación, actualización, eliminación o supresión de datos personales, cuando corresponda, se efectuará sin cargo alguno para el interesado.

CAPITULO IV

DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RELATIVOS A OBLIGACIONES DE CARACTER COMERCIAL

Artículo 12.- Queda expresamente autorizado el tratamiento de datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de carácter comercial o crediticia, que permitan evaluar la concertación de negocios en general, la conducta comercial o la capacidad de pago del titular de los datos, en aquellos casos en que los mismos sean obtenidos de fuentes de acceso público o procedentes de informaciones facilitadas por el acreedor.

Artículo 13.- Los datos personales relativos a obligaciones de carácter comercial sólo podrán estar registrados por un plazo de cinco años contados desde su incorporación. En caso de que al vencimiento de dicho plazo la obligación permanezca incumplida, el acreedor podrá solicitar al titular de la base de datos, por única vez, su nuevo registro por otros cinco años. Este nuevo registro deberá ser solicitado en el plazo de treinta días anteriores al vencimiento original.

Las obligaciones canceladas o extinguidas por cualquier medio, permanecerán registradas, con expresa moción de este hecho, por un plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de la cancelación o extinción.

Artículo 14.- Los responsables de la base de datos se limitirán a realizar el tratamiento objetivo de la información registrada tal cual ésta le fuera suministrada, debiendo abstenerse de efectuar valoraciones subjetivas sobre la misma.

Artículo 15.- Cuando se haga efectiva la cancelación de cualquier obligación incumplida registrada en una base de datos, el acreedor deberá en un plazo máximo de diez días hábiles de conocido el hecho, comunicar dicho hecho al responsable de la base de datos correspondiente.

Una vez recibida la comunicación por el responsable, éste dispondrá de un plazo máximo de diez días hábiles para proceder a la actualización del dato, asentando su nueva situación.

CAPITULO V

ACCION DE PROTECCION DE LOS DATOS

PERSONALES O HABEAS DATA

Artículo 16.- El titular de datos personales podrá entablar la acción de protección de datos personales o habeas data, contra todo responsable de una base de datos pública o privada, en los siguientes supuestos:

1º) cuando quiera conocer sus datos personales que se encuentran registrados en una base de datos, y dicha información no le hubiese sido proporcionada por el responsable de la base de datos conforme se prevé en el Artículo 9º; o

2º) cuando haya solicitado al responsable de la base de datos su rectificación, actualización, eliminación o supresión y éste no hubiese procedido a la rectificación, actualización, eliminación, o supresión, o no hubiese dado razones por lo que no corresponde lo solicitado, en el plazo previsto al efecto en el Artículo 10 de esta ley.

Artículo 17.- La acción de habeas data podrá ser ejercida por el propio afectado titular de los datos o sus representantes, ya sean tutores o curadores, y en caso de personas fallecidas, por sus sucesores, en línea directa o colateral hasta el segundo grado, por sí o por medio de apoderado.

En el caso de personas jurídicas, la acción deberá ser interpuesta por sus representantes legales, o los apoderados designados a tales efectos.

Artículo 18.- Las acciones que se promuevan por violación a los derechos contemplados en la presente ley se regirán en general por las normas del Código General del Proceso, y en particular por Artículos 6º, 7º, 10, 12 y 13 de la Ley Nº 16.011, del 19 de diciembre de 1988.

CAPITULO VI

ORGANO DE CONTROL

Artículo 19.- El Ministerio de Economía y Finanzas actuará como órgano de control en el tratamiento de datos personales comprendidos en esta ley y tendrá como cometido vigilar y asesorar en todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la presente ley.

Dicha función de control será ejercida por el Ministerio de Economía y Finanzas asistido de una Comisión Consultiva integrada por representantes de dicho Ministerio, uno de los cuales la presidirá, y un representante de la Cámara Nacional de Comercio.

La Comisión Consultiva tendrá los siguientes cometidos:

1º) Asistir y asesorar a las personas que lo requieran acerca de los alcances de la presente, así como de los medios legales de los que disponen para la defensa de los derechos que ésta garantiza;

2º) Asistir y asesorar preceptivamente al Ministerio de Economía y Finanzas en el dictado de reglamentos y resoluciones, referentes a las actividades comprendidas en esta ley;

3º) Realizar un censo de los archivos, registros o bases de datos alcanzados por esta norma, llevando un registro permanente de los mismos;

4º) Controlar la observancia de las normas sobre la integridad, veracidad y seguridad de los datos personales comprendidos en esta ley por parte de los responsables de las bases de datos; y

5º) Emitir opinión toda vez que le sea requerida por las autoridades competentes, incluyendo solicitudes relacionadas con el dictado de sanciones administrativas que correspondan por la violación a las disposiciones de esta ley, de los reglamentos o de las resoluciones que regulan el tratamiento de datos personales comprendidos en esta ley.

Artículo 20.- El Ministerio de Economía y Finanzas podrá, en su función de Organo de Control, aplicar las siguientes medidas sancionatorias:

1º) Apercibimiento;

2º) Multa, de hasta doscientas unidades reajustables;

3º) Suspensión total o parcial de actividades con fijación expresa de plazo; y

4º) Clausura o cierre del archivo, registro o base de datos respectivo.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 21.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta días de su promulgación.

Artículo 22.- Los responsables de los registros, archivos o bases de datos existentes, contarán con un plazo de noventa días a partir de la promulgación de esta ley para cumplir con la normativa de la misma e inscribirse en el registro respectivo.

Artículo 23.- Los responsables de una base de datos, dispondrán de un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigencia de esta ley para actualizar sus registros de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV. Deberán además, implementar un mecanismo informático mediante el cual, una vez transcurridos los plazos precedentemente señalados, los datos caducos sean eliminados.

En el mismo plazo, los acreedores por obligaciones impagas incorporadas al registro, archivo o base de datos desde hace más de cinco años, podrán solicitar su actualización.

Artículo 24.- Los acreedores por obligaciones incumplidas, que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentren canceladas y no lo hayan comunicado al responsable de la base de datos, contarán con un plazo de 10 días para hacerlo.

Alberto Brause, Luis A. Heber, Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proyecto de ley que se somete a vuestra consideración persigue como objetivos centrales la protección de datos personales para informes de índole comercial y, además, reglamentar el derecho a la información a través del instituto de "habeas data".

Se considera que dichos objetivos son pilares sustanciales para garantizar una mayor transparencia de la economía y la de los actores dadores y receptores del crédito, instrumento y palanca esencial para lograr un genuino desarrollo. En momentos de dificultades económicas como los que atraviesa el país, es en la expansión y en la democratización del crédito a partir de la información crediticia, que se podrá distinguir a los deudores de acuerdo con el grado de cumplimiento de sus obligaciones comerciales. La objetividad y la transparencia de la información comercial beneficiará tanto al país como a sus habitantes. La historia y el derecho comparado en países como Argentina, España, Chile y Estados Unidos de América por mencionar algunos, así lo confirma. En efecto, en la actualidad la información comercial en esos países hace posible que muchos solicitantes de créditos por el solo hecho de cumplir con sus obligaciones de pago puedan acceder al mismo únicamente con la presentación de su cédula de identidad y un certificado de ingresos, tengan o no bienes que respalden su patrimonio.

En otras palabras, la historia de buen cumplimiento de sus obligaciones de pago se transforma en un bien que enriquece el patrimonio de los habitantes del país.

Legislar sobre la objetividad, transparencia y calidad de la información significa, pues, facilitar y democratizar el acceso al crédito. El propósito principal es de interés público en tanto promueve la transparencia del mercado crediticio, procura proteger el crédito y facilitar su desarrollo reduciendo su costo con menores tasas de interés y contribuyendo indirectamente a combatir la usura. Respeta, asimismo, el derecho a la intimidad de las personas registrando información que sólo tenga consecuencias patrimoniales. Se garantiza, además, la objetividad de la información, la transparencia de las fuentes, la consistencia y el buen uso de la información.

A la protección de datos personales para informes de índole comercial se suma, además, la reglamentación legal del derecho a la información (habeas data). En efecto, en las normas que se anteproyectan se garantiza a cada persona física o jurídica el derecho al acceso, esto es, el derecho de cada ciudadano a disponer del conocimiento absoluto de los datos registrados sobre su persona, información que debe suministrarse en forma clara, integral y acompañada en un lenguaje accesible y sencillo. La sanción de estas normas sobre "habeas data" significaría un avance legislativo en la materia por cuanto Uruguay carece de un ordenamiento explícito. La doctrina ha entendido, sin embargo, que el instituto existe fundándolo en que en un Estado de Derecho todas las personas u organismos están sometidos al Derecho cuya expresión superior es la Constitución. Y la Carta Magna ha incorporado tácitamente todos los derechos aun aquellos no enumerados, que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de Gobierno (Artículo 72 de la Constitución de la República).

La información registrada debe conservarse en la máxima confidencialidad a fin de asegurar su adecuada protección. Con el agregado no menor de limitar la permanencia de cada dato en el registro, conocido como el derecho al olvido.

En suma, pues, el proyecto de ley procura avanzar en línea con aquellos países que han alcanzado un desarrollo mayor en materia de protección de datos personales para informes de índole comercial y del derecho a la información de las personas. Más aún, en un plano más general del interés público, el proyecto de ley servirá como una forma de contribuir a la prevención del delito económico -hoy día triste realidad en nuestro país- en tanto que como instrumento informativo será una herramienta de utilidad para las autoridades de gobierno y también para la administración de Justicia en todo lo que concierne con la prevención del delito económico y el fraude comercial.

En el plano jurídico con la sanción del presente proyecto de ley, Uruguay incorporaría normas universalmente aceptadas por organismos internacionales de los que forma parte en donde se consagra expresamente el derecho a la libertad de expresión, derecho comprensivo de la libertad de recibir y difundir informaciones. En ese sentido se debe interpretar al Pacto de San José de Costa Rica que consagra el compromiso de los Estados Parte de crear un sistema legal que garantice adecuadamente estos derechos (la Ley Nº 15.737 de 8/3/85 ratificó el Pacto de San José de Costa Rica).

En su análisis particular del proyecto de ley procura alcanzar sus objetivos ordenándolos en siete capítulos.

El Capítulo I que lleva como título "Disposiciones Generales" establece el objetivo preciso que pretende regular el registro, almacenamiento, distribución, transmisión, modificación, eliminación, duración y, en general, el tratamiento de datos personales asentados en archivos, registros, bases de datos u otros medios sean estos públicos o privados, destinados a brindar informes objetivos de carácter general.

Se consagra, además, las excepciones no comprendidas en la ley por carecer de carácter de información comercial.

El Capítulo II sobre "Principios Generales" consagra el alcance del tratamiento de datos personales, el que deberá ser realizado con respeto de los derechos individuales. Dispone, asimismo, que el registro de los datos personales que no requieren previo consentimiento así como también que los datos recogidos deben ser veraces, adecuados, ecuánimes y no excesivos en relación con la finalidad procurada. Queda prohibida, en consecuencia, la recolección de datos por medios desleales, fraudulentos, abusivos, extorsivos o en forma contraria a la ley.

En forma explícita se consagra, asimismo, la obligación de confidencialidad a quienes intervengan en el tratamiento de datos personales, obligación que subsiste aún después de finalizada la relación con el titular del archivo.

El Capítulo III "De los Derechos de los Titulares de Datos" reglamenta precisamente el derecho a la información al que toda persona podrá acceder, así como la responsabilidad que le incumbe al registrador en caso de constatarse error o falsedad en la información. Se consagra el derecho a promover en caso de ser necesario para el interesado, la acción de habeas data.

El Capítulo IV "Del Tratamiento de Datos Personales Relativos a Obligaciones de Carácter Comercial" autoriza el tratamiento de los datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de carácter comercial o crediticio, el término en que podrán permanecer registrados desde su incorporación y el procedimiento a seguir por el registrante y el interesado.

El Capítulo V sobre "Acción de Protección de los Datos Personales o Habeas Data" consagra la acción de protección de datos personales o derechos de habeas data, regulando en forma adecuada lo que hasta el presente ha sido un vacío en nuestra legislación.

En lo que concierne a las acciones que se promuevan por violación a los derechos contemplados se remite a las normas del Código General del Proceso y en particular a la Ley Nº 16.011 de 19/12/88 sobre acción de amparo.

El Capítulo VI sobre "Organo de Control" dispone sus cometidos al tiempo que crea una Comisión en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas de composición mixta. Se procura con ello que junto con los representantes del MEF se comparta la responsabilidad de control con representantes de la actividad privada interesados en el buen cumplimiento de los objetivos perseguidos.

El Capítulo VII "Disposiciones Transitorias" establece la necesidad que el Poder Ejecutivo reglamente la ley en un plazo de 180 días; dispone, además, de un plazo para que aquellos responsables de registros preexistentes cumplan con las normas sancionadas y procedan a actualizar sus registros.

Alberto Brause, Luis A. Heber, Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Rafael Michelini presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se eleva el porcentaje obligatorio de ciudadanos uruguayos naturales o legales en la tripulación de las naves de bandera nacional."

- A LA COMISION DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

(Texto del proyecto presentado)

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Los porcentajes de tripulación correspondientes en las embarcaciones o buques nacionales estipulados en el artículo 27 de la Ley Nº 13.833, de 29 de diciembre de 1969 y de los literales A) y B) del artículo 18 de la Ley Nº 16.387, de 27 de junio de 1993 serán cubiertos con un mínimo de 90% (noventa por ciento) con ciudadanos uruguayos naturales o legales.

Artículo 2º.- La potestad indicada en el inciso final del artículo 18 de la Ley Nº 16.387, de 27 de junio de 1993 sólo será aplicable cuando existan convenios de reciprocidad con los otros países miembros del MERCOSUR en similar proporción.

Rafael Michelini, Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La flota nacional, reducidísima por cierto, se compone en su gran mayoría por embarcaciones, barcos o buques, que de una u otra forma su embanderamiento, responde a una directa relación con el Estado uruguayo. Permisos de pesca, contratos de dragados, son algunos de los ejemplos en los cuales las embarcaciones que izan el pabellón nacional y asumen todas las obligaciones que ello conlleva, es porque la norma así lo exige. Sin embargo quien pone nuestra bandera no tiene que contratar todo el personal de origen uruguayo, sólo esta obligado a contratar una parte, que en términos internacionales es reducida. La tripulación uruguaya, calificadísima por cierto, tiene problemas a la hora de conseguir empleos en los buques de bandera nacional, a pesar de que estos existen en función de su relación con el estado uruguayo. Por ello aspiramos a subir los porcentajes de trabajo, de ciudadanos uruguayos naturales o legales, arriba de las embarcaciones donde ondea nuestra bandera, sin con ello legar al 100% de los mismos.

Es por ello que proponemos al Cuerpo este proyecto de ley, que en su artículo 1º sube los porcentajes obligatorios de personal para las naves con bandera nacional, amparados en el artículo 27 de la Ley Nº 13.833, de 29 de diciembre de 1969 y en los literales A) y B) del artículo 18 de la Ley Nº 16.387, de 27 de junio de 1993, llevando los mínimos al 90% del total de la tripulación de cada embarcación.

A la vez en su artículo 2º, habilita la potestad referida en el inciso final del artículo 18 de la Ley Nº 16.387 de 27 de junio de 1993, para la reducción del personal uruguayo en embarcaciones con bandera nacional siempre que su último embanderamiento fuese de un país del MERCOSUR, condicionado la dicha potestad a que exista reciprocidad del mismo.

Sin más y esperando aprobación del mismo es que elevamos esta iniciativa.

Rafael Michelini, Senador."

5) PROYECTO DE COMUNICACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto de comunicación.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Orlando Virgili presenta un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo solicitando se conceda una pensión graciable al señor Abel Soria Gil."

- REPARTASE.

(Texto del proyecto:)

"Montevideo, 21 de abril de 2003.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle tenga a bien elevar a la Presidencia de la República la solicitud de una pensión graciable para el Sr. Abel Soria Gil.

Motiva la presente la larga trayectoria de Don Abel Soria como pintor, escritor, poeta, compositor y músico, además de sus tareas radiales de locutor e informativista, y su participación en charlas y talleres literarios.

Todas estas tareas fueron realizadas difundiendo las costumbres típicas de nuestro país, nuestra cultura y nuestra música, poniendo especial énfasis en la difusión de temas de interés público, como la lucha contra el quiste hidático, el cólera, el SIDA, entre otros muchos.

Ha sido disertante en varias charlas y talleres literarios, ha realizado exposiciones de sus pinturas y ha recibido varias distinciones.

Se inició ayudando a sus padres en tareas rurales en Canelones, para residir luego en San José, donde desempeñó tareas tan diversas como mozo, albañil y enfermero, entre otras.

Luego de una vida de trabajo se encuentra, a los 66 años de edad, atravesando por una difícil situación económica, por lo que consideramos de justicia el otorgamiento de la pensión.

Sin otro particular lo saludo con mi mayor consideración.

Orlando Virgili, Senador."

6) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Pou solicita licencia a partir del día de la fecha hasta el 19 del corriente mes."

SEÑOR PRESIDENTE - Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 5 de mayo de 2003.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a usted licencia por motivos personales, a partir del día de la fecha hasta el día 19 del corriente mes.

Sin otro particular saluda a usted atentamente,

Ma. Julia Pou, Senadora"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 12 en 12. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Chiesa comunica que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto."

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda convocado el señor Senador Gorosito, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que si se encontrara en antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Gorosito)

8) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Mujica solicita licencia desde el 6 al 8 de los corrientes."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 5 de mayo de 2003.

Señor Presidente de la Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

Presente.

De mi consideración:

Por la presente solicito se dé trámite a licencia por los días 6, 7 y 8 de mayo por motivos particulares y que se convoque al suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente

José Mujica, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 11 en 13. Afirmativa.

9) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Lucía Topolansky comunica que, en esta oportunidad, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se invita a pasar a sala al señor Ernesto Agazzi para prestar el juramento de estilo.

(Ingresa a Sala el señor Ernesto Agazzi)

SEÑOR PRESIDENTE.- Se invita al Senado y a la Barra a ponerse de pie.

Señor Ernesto Agazzi: ¿Jura usted desempeñar debidamente el cargo de Senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?"

SEÑOR AGAZZI.- Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Jura usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?

SEÑOR AGAZZI.- Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda usted investido del cargo de Senador.

(Aplausos en la Sala y en la Barra)

10) DESARTICULACION DE ANTEL

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la hora previa.

Tiene la palabra la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: queríamos hacer uso de la palabra en la hora previa para plantear algunas preocupaciones urgentes que tenemos que, por cierto, no van a quedar simplemente en el planteo, puesto que pretendemos que rápidamente se pueda incursionar en la obtención de datos que se vuelquen al Senado de la República y, fundamentalmente, a la Comisión de Servicios Públicos. Estamos hablando de que, a la altura de los datos de que disponemos, en nuestra opinión, se trata de una desarticulación y una sangría de ANTEL. Simultáneamente, junto a esto se están dando algunas actuaciones que hemos seguido desde los medios de prensa y ahora constatamos con mayor documentación las que, desde mi punto de vista personal, son violatorias de la ley, incluyendo todas las idas y venidas que tuvieron las distintas alternativas a los famosos artículos 612 y 613 que luego fueron derogados por el propio Parlamento tras el pronunciamiento público de quienes firmaron para defender a ANTEL.

En ese debate y a lo largo de toda esa discusión, tanto en el Parlamento como a nivel de la opinión pública, se sostuvo de manera enfática, incluso en algún proyecto de los que fueron pasando por la mesa de trabajo de la Comisión de Servicios Públicos, el hecho de que la telefonía básica era monopólica y que es y seguirá siendo, de acuerdo con las normas vigentes, patrimonio de ANTEL y del Estado y, por lo tanto, de la sociedad uruguaya. En el día de hoy, señor Presidente, podemos afirmar que eso no se está cumpliendo. Asimismo, los sucesivos pliegos a los que ha llamado ANTEL para poner en concesión -aunque, en mi opinión, pone a la venta- los servicios de telefonía básica, están violando las normas que este mismo Parlamento sostuvo, analizó y defendió durante todo este tiempo. Nos estamos refiriendo a los Centros Públicos de Telecomunicaciones -CPT- que comercializan las telecomunicaciones públicas, a través de las cabinas telefónicas y de las comunicaciones urbanas y de larga distancia, Internet y otra serie de servicios conexos a la telefonía básica.

Cuando nos referimos a una cabina telefónica, o a las posibilidades de un telecentro, o a la comunicación con el área urbana o con el exterior e interior del país, estamos hablando exactamente del mismo servicio que se brinda desde los telecentros de ANTEL o desde sus cabinas telefónicas. Pero a esto se agrega el agravante de que estamos hablando de pliegos que se han puesto a la venta por parte de ANTEL, tema sobre el que hemos tenido pronunciamientos públicos. Sin embargo, el Portal Mercurio, al que todos podemos acceder, plantea con claridad: "Licitación de telecentros y cabinas en Montevideo y Canelones". Asimismo, el Vicepresidente de la empresa, Simón Erlichman dijo al diario "El País" que ANTEL llamó a licitación para conceder a empresarios privados un total de cien telecentros y cien cabinas telefónicas en Montevideo, y 25 de cada una de estas instalaciones en el departamento de Canelones. El Vicepresidente sostuvo al matutino que en el futuro próximo se harán convocatorias similares en el interior. Los telecentros, que estarán identificados con el logo de ANTEL, brindarán servicios de fax, telefonía local, larga distancia, venta de tarjeta para telefonía pública y celular, copia de facturas, venta de teléfonos celulares y servicio de trasmisión de datos, entre otros. Podemos agregar venta de estampillas de correo y una serie de elementos que se incluyen en el pliego, todo lo cual puede convertir a ANTEL en una especie de kiosco multiuso donde se puede adquirir desde chicles y pastillas hasta sellos de correo. Precisamente, esto va a poner muy contentos a los trabajadores del Correo y a las propias autoridades que en este momento están en un debate de otro tipo pero que están peleando para que esa Administración no se desarme.

Por otro lado, el propio Vicepresidente Simón Erlichman habla también en el Portal Mercurio de las licitaciones y señala sus números, los que fueron publicados en distintos medios de prensa como, por ejemplo, las Resoluciones Nº 1381, 1382 y 1383. Afirma, asimismo, que el día miércoles 21 de mayo, o sea, dentro de muy pocos días, serán las aperturas de las ofertas Categoría A, Centros Públicos de Telecomunicaciones -telecentros- que operen bajo la marca Telecentro ANTEL y Categoría B Servicio de Cabina Pública que opere en Montevideo y Canelones, mientras que el 23 de mayo se hará lo propio para el interior del país.

A su vez, el Director Erlichman señala que el negocio de ANTEL va a incrementar el tráfico y que el riesgo será, básicamente, de los privados. Luego, continúa señalando el Director que esto va a ser muy útil para los usuarios. Pero hete aquí que cuando vamos a los pliegos y observamos por qué podríamos estar interesados en comprarnos una cabina y hacer el negocio para montar un telecentro, nos enteramos que el 21 de mayo son las aperturas y que el viernes pasado se hicieron modificaciones a los pliegos. Según sus propias indicaciones, dichas modificaciones tendrían que haber sido comunicadas por los mismos canales y vías a quienes ya hubieran adquirido el pliego. Asimismo, nos enteramos que puede montar un telecentro cualquier persona que constituya una empresa unipersonal, que reúna determinados requisitos de atmósfera ambiental, de embaldosado y cumpla con su constitución desde el punto de vista arquitectónico y con los mostradores, porque los pliegos marcan un tipo especial de telecentro. Cabe aclarar que hay telecentros de ANTEL que funcionan con trabajadores de ese Organismo. Prácticamente, se están pagando cifras astronómicas en este momento por concepto de alquileres en dólares, en Montevideo y en el interior del país. Naturalmente, por las modificaciones del dólar y por la situación del país se están pagando cifras que en este momento no condicen en absoluto con el mercado inmobiliario.

Por otro lado, están poniéndose a la venta de empresas unipersonales, insisto, o de Sociedades de Responsabilidad Limitada con la posibilidad de hacer la competencia a ANTEL. En algunos casos se establecen zonas de exclusión sobre las que no existe ningún criterio. Lo más grave, desde nuestro punto de vista -y sobre lo cual vamos a seguir investigando-, es que ha llegado a nuestro conocimiento y al de la opinión pública, que ha ocurrido un problema muy serio en el Telecentro de Las Piedras. Como todos sabemos -porque se ha divulgado a través de todos los medios de comunicación- se hizo una investigación administrativa por la adjudicación de un telecentro en un lugar al que se fue a investigar, y resultó que no estaba en ese sitio. Además, nada más ni nada menos que la Dirección de la Gerencia de División de Teléfonos Públicos -por lo que sabemos- está investigando el asunto, por todos esos antecedentes que existieron en el Telecentro de Las Piedras. En las resoluciones que se están aprobando, sobre todo las últimas, sobre la explotación de servicios de telecentros y de cabinas telefónicas, se encomienda a la Gerencia de la División de Teléfonos Públicos con una gran discrecionalidad para que esa misma Gerencia e igual responsable -sobre lo que no sé si aún continúa o se falló la investigación administrativa- tenga en sus manos la adjudicación, regulación y modificaciones que puedan surgir en el transcurso de las adjudicaciones o posteriores instalaciones de una privatización, desde nuestro punto de vista, de la telefonía básica expresamente prohibida por la ley. Esto se hace en un marco de desmantelamiento de ANTEL, tema al que no podemos referirnos en el día de hoy pero con respecto al cual vamos a insistir y, concretamente, tiene que ver con la sangría permanente que está sufriendo el Ente. En nuestro concepto, no pudieron hacer lo que la ley no les permitía y, más allá de que están haciendo mucho más de lo que la ley les permite, se está caminando por este sendero.

Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada al Ministerio de Defensa Nacional y, por su intermedio, al Directorio de ANTEL, así como a la Comisión Especial de Servicios Públicos, que fue donde se trataron estos temas y, seguramente, en un plazo no muy lejano será convocada por otros asuntos, pero aspiramos a que este que planteamos hoy sea incluido como primer punto del Orden del Día, oportunidad en que incorporaremos documentación que fundamenta las palabras que hemos expresado en esta sesión.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) CARENCIAS EN EL LICEO RURAL DE MASOLLER

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Riesgo.

SEÑOR RIESGO.- Señor Presidente: deseo referirme hoy a la situación que vive un centro de enseñanza rural del departamento de Rivera, el cual requiere la atención de las autoridades correspondientes, a los efectos de poder prestar sus funciones en la forma que todos deseamos para nuestra juventud.

El caso que planteamos podemos situarlo en aquello de "cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí", y entiendo que la autoridad competente, repito, que asiduamente nos informa de importantes y necesarias obras, también debe dedicar su atención a casos como el que nos ocupa.

El Liceo Rural de Masoller, ubicado en el kilómetro 22 del Camino a la Colonia Aparicio Saravia, carece de amoblamiento, equipo de laboratorio y otras necesidades. En la zona donde está situado convergen los departamentos de Rivera, Artigas y Salto y está a pocos metros del límite contestado con Brasil.

La particular situación geográfico-histórica de Masoller hace fundamental la labor educativa que se lleva a cabo en el liceo, pues se trabaja en forma constante en la exaltación de la nacionalidad y el sentido de permanencia en nuestra tierra. Es un liceo de carácter regional, pues asisten alumnos de todas las zonas rurales en un radio de aproximadamente 100 kilómetros de los tres departamentos y de la Villa Tomás Albornoz. Actualmente, la matrícula supera a los 100 estudiantes que permanecen desde la hora 8:30 hasta las 16:45, todos los días. Los que provienen de las localidades más lejanas se alojan en el hogar estudiantil de Masoller.

Existe un grupo de 17 estudiantes de la localidad de Sarandí de Arapey, que está a 22 kilómetros de distancia, que viajan todos los días en el autobús de la ANEP que, a su vez, transporta escolares desde La Charqueada hacia la Escuela Nº 50 de Sarandí.

La función del microbus es muy importante para estas comunidades educativas. Cuando tiene desperfectos constituye un serio problema, ya que los alumnos no cuentan con otro medio de transporte y, además, no cuentan tampoco con un rubro específico para su mantenimiento.

Actualmente, el rodado del microbus está prácticamente arruinado, lo que obliga a la Dirección de la Escuela Nº 50 a no utilizar el mismo, ya que en ese estado no brinda seguridad a los liceales y escolares, dándose el caso de que por el desgaste de las cubiertas se ha llegado a pinchar cuatro veces en un día, con los consiguientes perjuicios. Esta situación preocupa enormemente a los alumnos y a sus padres, ya que si no se encuentra una rápida solución, no tienen medios para asistir a clases de otra forma, pues son familias constituidas por asalariados rurales en situación económica precaria.

La Dirección del liceo y su cuerpo docente está abocada a trabajar arduamente en pos de una solución, a los efectos de que no se produzca la deserción de estos alumnos, que no pierdan el año lectivo y no dejen de recibir los aprendizajes esenciales a los que esos alumnos del medio rural tienen derecho.

Para cubrir las necesidades elementales que permitan el funcionamiento normal de dicho rodado, serían necesarias solamente seis cubiertas con sus respectivas cámaras y una rueda auxiliar rodado 750X16. En verdad, señor Presidente, es muy poco lo que tendrían que aportar las autoridades de la educación para no dejar que este sector de la juventud del medio rural pueda cumplir con lo que todos aspiramos: una mejor educación y preparación para la vida de nuestra juventud. Son situaciones que pueden parecer pequeñas, pero que tienen un gran contenido para aquellos que, pese a sus esfuerzos, se ven afectados. Estimo, por otra parte, que un trámite administrativo para dar solución a lo planteado no puede ser complicado y sólo requiere sensibilidad y ejecutividad de quienes conducen nuestra educación, sin dejar de lado el sentido común.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase al CODICEN, al Consejo de Educación Primaria y a la Junta Departamental de Rivera, teniendo la seguridad de que, ante un planteamiento de esta naturaleza, la solución no demorará en llegar. Los esforzados docentes que cumplen sus tareas con vocación y amor en zonas tan alejadas y fronterizas del país, como también los alumnos que desean superarse y los padres que hacen un gran esfuerzo para lograr un mejor futuro para sus hijos, merecen una rápida respuesta a este planteamiento.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 14 en 15. Afirmativa.

12) OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR NUESTRO PAIS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CANAL MARTIN GARCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT.- Señor Presidente: en el marco de la situación difícil que vive el Uruguay, en la que muchas obligaciones se postergan o, directamente, no se cumplen -hasta sentimos vergüenza de que algunas de ellas no se puedan cumplir-, en el día de hoy voy a hacer referencia a una que me preocupa mucho y creo que también va a inquietar a todo el país. Me refiero a las obligaciones que ha contraído el Uruguay en el mantenimiento del Canal Martín García y en los pagos correspondientes a la concesión.

En este momento la situación es muy grave en cuanto a su mantenimiento porque tanto Argentina -que hizo esta obra en convenio con nuestro país-, como Uruguay, deben varios millones de dólares a la empresa que se encarga de dicha tarea. Es así que Argentina debe, al día de hoy, U$S 8:000.000, mientras que Uruguay tiene una deuda de U$S 4:000.000. Precisamente, la empresa está pidiendo que se le pague o, por lo menos, que se haga un acuerdo de pago porque, de otra manera, se va a retirar del Canal. Por supuesto que muchos podrán decir que hay otras prioridades para el país más urgentes que gastar en esto, puesto que la anegación del Canal Martín García no se ve, no está a la vista y, en cambio, la pauperización del país y los dramas sociales sí lo están. Entonces, se dirá que se atienden otras cosas y no el Canal Martín García. Lo que sucede es que el país gasta mal en otras cosas. Justamente, en estos días, nos hemos ocupado de algunos temas como, por ejemplo, las inversiones de ANCAP en Argentina, que le significan grandes pérdidas al país. Se dice que esto sí se puede hacer y hay que continuar haciéndolo, pero, sin embargo, no se puede mantener la vía de navegación del Canal Martín García; la misma no merece que el Uruguay disponga en este momento aunque sea de U$S 1:000.000 y haga un convenio de pago para el futuro, para que la empresa continúe trabajando.

¿Qué significa el Canal Martín García? El mismo es vital para el desarrollo del Puerto de Nueva Palmira; el punto o el kilómetro cero de la Hidrovía. Alguien podrá decir: "Que la navegación se haga por otro lado ya que en este momento no podemos gastar U$S 1:000.000 en mantener el Canal Martín García", pero lo que no se sabe es que el Puerto de Nueva Palmira, por la utilización de dicho Canal, ha tenido en el último tiempo un crecimiento extraordinario. De continuar ese crecimiento operativo, este Puerto en pocos años va a superar, en movimiento, al Puerto de Montevideo. Por ejemplo, en el período que va desde el 2001 al 2002, en plena crisis del país, el movimiento portuario de carga del Puerto de Nueva Palmira creció en un 57% ; estas son cifras de mayores ingresos al país, de más trabajo. Quien vaya a ese Puerto podrá ver no sólo el movimiento de barcos -puesto que siempre hay dos o tres esperando para operar-, sino de miles y miles de camiones que van a abastecer o a retirar mercadería del lugar. Es más, si funcionara la zona franca -esta no funciona porque nuestros negociadores del MERCOSUR fueron tan ingenuos, por emplear alguna palabra, que aceptaron que funcionara industrialmente la zona franca de Manaos y la del sur de Argentina y no permitieron la del Uruguay-, teniendo en cuenta su condición estratégica de Puerto, en ese lugar habría un desarrollo industrial sin precedentes. Pero esta sería una de las cosas a anotar en los errores que cometemos en política internacional.

A mi entender, no se puede abandonar el Canal Martín García y permitir que no sea atendido, porque se estaría atentando contra una de las riquezas fundamentales de prestación de servicios que tenemos en el Uruguay, es decir, nuestros puertos. Este hecho no sólo afecta al Puerto de Nueva Palmira, sino a toda la navegación del litoral ya que, como consecuencia del Canal, el Puerto de Fray Bentos ha tenido un gran desarrollo y el Puerto de M´Bopicuá se está inaugurando para la exportación de productos aserrados de la madera. Por otro lado, tendremos la recepción de chatas que con el tiempo van a estar llegando a través del Río Uruguay, centralizadas en barcos de ultramar que pueden llegar a Nueva Palmira o Fray Bentos.

Esto tiene, además, otra connotación. A la Argentina no le importa mucho este tema, por eso hasta es lógico que no esté muy interesada en pagar. Digo esto, porque dicho país realiza inversiones extraordinarias en la zona que abastece o que conecta directamente a los puertos de Santa Fe a través de los canales argentinos, que bien se preocupan de que estén dragados. Vale decir que el Puerto de Buenos Aires y los canales tienen más profundidad que el Puerto mismo de Montevideo. Entonces, es absurdo lo que nos está pasando. Recuerdo que un profesor de hidrografía que tuve hace mucho tiempo decía que, si no fuera por el dragado, Buenos Aires sería una estupenda ciudad interior. Bueno, en estos momentos, el Puerto de Buenos Aires y el Canal que conecta a Santa Fe, a Rosario y al Delta del Para-ná tienen más profundidad que el Puerto de Montevideo.

No quiero extenderme, pero cuando estudiamos aquel proyecto del Puente Colonia - Buenos Aires, el único gálibo de pasaje de importancia era sobre la costa argentina y nosotros luchamos incansablemente para que eso se pudiera cambiar. Sin embargo, siempre en la proyección argentina está la idea de llevar la navegación a través de Buenos Aires y ni hablemos de lo que ha sido la extensión de la Zona Alfa y todo lo que ha ocurrido años pasados.

Creo que la Cancillería está omisa al no exigir ni ser más enérgica en el cumplimiento de estos tratados por parte de Argentina; nosotros también estamos en omisión. Me parece que el Ministerio de Economía y Finanzas está omiso al no prestar atención a algo tan importante como es esto, ya que se habla del desarrollo del país como medio para salir de la crisis en que estamos inmersos. Acá hay una prueba palpable de algo que funciona bien, frente a la mayoría de las cosas que no caminan en este país. Por eso digo, señor Presidente, que no resolver este tema sería algo realmente preocupante por la falta de concepto sobre lo que tienen que ser los intereses fundamentales del país. Esto es soberanía además. Estar conectado directa y económicamente al mundo exterior por vía marítima es un principio fundamental de soberanía que tenemos que defender y llevar adelante.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Administración Nacional de Puertos y al Centro de Navegación del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) DIFICULTADES EN LA ESCUELA Nº 75 DE ESTACION ATLANTIDA

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Quisiera hacer referencia a la situación muy especial en que se encuentra la Escuela Nº 75, ubicada en el kilómetro 164 de la Ruta 11, en el lugar conocido como Estación Atlántida.

Las carencias de esta Escuela en los últimos días se han tornado muy importantes y angustiosas; tienen preocupada a toda la zona y, sobre todo, a los padres y familiares de los niños que concurren a ella.

Existe un problema de cableado. Un recalentamiento de los cables, que tienen defectos técnicos por ser ya vetustos, según un informe de los bomberos que en determinado momento fueron llamados por UTE, podría suponer peligro de accidentes. Además, hay grandes problemas de higiene, ratas en cantidades muy importantes, casos de hepatitis fuerte y se ha generalizado una frecuencia de desborde de pozos negros que no ha sido atendida por la barométrica municipal que, según las informaciones que tengo, manifestó que no estaba en condiciones de hacerse cargo de ello.

Los vecinos y los padres de los alumnos de la Escuela aportan para pagar un servicio privado, pero éste tampoco da resultados garantizados ya que cuando llueve se desbordan los pozos negros con los consiguientes peligros de enfermedades que todos podemos imaginar. Ha habido diversas manifestaciones de padres y vecinos, y se han hecho caminatas y cierres de ruta, pero hace unos días se produjo una de las situaciones, a mi juicio, más angustiantes. Digo esto no sólo por algunos testimonios personales, sino porque también ha sido publicado por la prensa de la zona; me refiero a la edición del 1º de mayo de "La Gaceta de Canelones del Este". La Escuela permanece abierta y los maestros cumplen sus funciones como pueden, pero la situación llegó a un límite tal que los padres tomaron la decisión de que sus hijos no entraran a la Escuela hasta tanto estos problemas se solucionen o tengan un principio de solución. Es muy angustiante que los niños no puedan recibir educación por la posibilidad de contraer enfermedades.

Quería trasmitir al Senado esta preocupación en la medida en que, si bien estas carencias edilicias y de seguridad ocurren en muchos centros de enseñanza porque no se cuenta con un presupuesto suficiente, considero que esta situación merecía un especial llamado de atención. Por lo tanto, solicito que la versión taquigráfica de esta brevísima exposición sea remitida al CODICEN, al Consejo de Educación Primaria, a la Junta Departamental de Canelones, con una singular atención de la Comisión que se encarga de los temas educativos, y a la Junta Local en cuya circunscripción geográfica se encuentra ubicada esta Escuela Nº 75 de Estación Atlántida.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) INVERSION SOCIAL. REFINANCIACION DE APORTES AL BANCO DE PREVISION SOCIAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: en representación de nuestro sector parlamentario, la Correntada Wilsonista, junto con los representantes Beatriz Argimón y Raúl Argencio, en los últimos días tuvimos oportunidad de mantener una entrevista con el señor Ministro de Economía y Finanzas, doctor Alejandro Atchugarry, con el propósito de plantearle determinados temas urgentes vinculados, obviamente, a la realidad nacional y a la necesidad de darles pronta respuesta a través de acciones, tanto de carácter legislativo como gubernamental.

El tema principal de la entrevista fue la inversión social. Nos vimos en la necesidad de plantear ese tema, no solamente porque nos encontramos en las vísperas del comienzo de un nuevo invierno, sino también porque el Partido Nacional en más de una oportunidad propuso la conformación del gabinete social. A los efectos de optimizar los recursos destinados a dicha inversión social, se hacía necesaria una coordinación entre los distintos organismos estatales, paraestatales y privados que trabajan en la materia, de manera de lograr una acción mucho más eficiente que la que se ha llevado a cabo hasta el momento.

En esa ocasión el señor Ministro nos dio una respuesta positiva y, posteriormente, a través de los medios de difusión tuvimos oportunidad de enterarnos de que se empezó a poner en práctica. Fueron convocados por parte del Poder Ejecutivo buena parte de estos organismos, de manera de poder coordinar las acciones que, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que está atravesando el país, sean necesarias a los efectos de alcanzar los objetivos que, obviamente, se persiguen a través de esas políticas.

Sin embargo, ese no es el tema que deseaba plantear en la tarde de hoy, ya que tendremos oportunidad de hacer el seguimiento correspondiente para ver si efectivamente se siguen coordinando las acciones y se efectúan las convocatorias que esperamos a todos los sectores comprometidos con esta realidad. Por lo tanto, en los próximos tiempos y en distintas instancias políticas y parlamentarias, tendremos oportunidad de profundizar aún más en el tema.

En el día de hoy queríamos traer a consideración del Senado de la República un tema que también fue producto de un entendimiento en ocasión de la entrevista mencionada. Me refiero a la necesidad de implementar, a través de una ley para la que se necesita iniciativa del Poder Ejecutivo, un nuevo régimen de refinanciación de aportes al Banco de Previsión Social con las mismas características que el establecido por medio de la Ley de Reactivación Económica, que tuvo una exitosa ejecución a través de dicho Banco. Fueron más de 6.000 las empresas que se acogieron al régimen de refinanciación que establecía esa norma legal y se refinanciaron adeudos por más de U$S 17:000.000. Así, no solamente se permitió a estas empresas solucionar en esta coyuntura un atraso -que en algunos casos era considerable- en relación a sus aportes al Banco de Previsión Social -lo que indudablemente luego termina perjudicando al trabajador, que no recibe los beneficios jubilatorios correspondientes-, sino también operar como un aporte sustantivo en lo que refiere a la formalización de la actividad de estas organizaciones. Es una manera de atacar el mercado negro y la falta de cumplimiento de todas las normativas, no solamente de carácter laboral, sino básicamente de carácter previsional. Precisamente, estos regímenes de refinanciación permiten seguir transitando por las vías legales y, de esa manera, proteger los derechos de tantos que están comprendidos en circunstancias de estas características.

En consecuencia, planteamos al señor Ministro la necesidad de reeditar aquella ley porque, además, hubo muchos sectores de la actividad económica del país que no habían podido acogerse a esos beneficios por distintas circunstancias económicas. En algunos casos -es justo señalarlo- esto sucedió porque no se tuvo la información suficiente en el sentido de que se había otorgado una refinanciación de aquellas características. En el caso del sector lechero, muchas de las pequeñas empresas no pudieron ampararse a esos beneficios porque recién en enero de este año se pudo comenzar a implementar el Fondo de Indemnización, destinado a cubrir determinadas necesidades.

Por otro lado, hubo muchos sectores de actividad en el interior del país que tampoco pudieron acogerse a estos beneficios porque partían de la posibilidad de financiar hasta en seis cuotas los aportes personales, en la medida en que se entregaran cheques de pago diferido por los montos correspondientes al valor de los aportes. Muchas empresas, sobre todo del interior, no pudieron cumplir con ese requisito, porque el cese de la actividad bancaria en muchas de las instituciones que tenían una gravitación muy importante en algunos departamentos, les había significado el cierre de sus cuentas corrientes o cajas de ahorro y, en consecuencia, no tenían disponibilidad de cheques. Este es un tema muy claro que se dio en la mayoría de los departamentos del país, donde solamente quedó funcionando el Banco de la República, ya que los Bancos Comercial, Caja Obrera, de Crédito, y excepcionalmente en algunos departamentos el de Montevideo, habían cerrado sus puertas.

Por lo tanto, estas empresas no pudieron cumplir con este requisito y les fue imposible pagar los aportes correspondientes a través de los cheques de pago diferido y, a su vez, beneficiarse de la eliminación de las multas y recargos que tenían como alternativa un nuevo cálculo en base a la rentabilidad que hubiera generado la cifra correspondiente desde el tiempo en que se había hecho obligatoria hasta el cumplimiento de la obligación.

Por todo esto pensamos en la necesidad de darle nuevamente vida a una norma de esas características. No les falta razón al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco de Previsión Social cuando sostienen que si vamos de refinanciación en refinanciación, de alguna manera estamos desprotegiendo al buen pagador y, a su vez, anunciando a quien ha caído en cesación de pagos o, por lo menos, en alguna suerte de incumplimiento en sus aportes, que más vale esperar una nueva refinanciación que acogerse a los beneficios de ésta, partiendo de la base de que siempre habrá una tercera y una cuarta.

En consecuencia, se acordó que los beneficios sean exactamente los mismos que los de aquella ley de refinanciación, y lo que se va a instrumentar por parte del Poder Ejecutivo es simplemente un nuevo plazo para acogerse a aquélla, con los adeudos pendientes al 30 de junio de 2002. Consideramos que dado este estado excepcionalísimo que vivimos desde el punto de vista del sistema bancario, y teniendo también en cuenta la situación que atravesamos desde el punto de vista económico, social y de recesión, quizás sería mucho más beneficioso y daría una nueva oportunidad a todas estas pequeñas empresas que quedaron fuera del régimen de refinanciación, que la ley se repitiera, pero que las posibilidades de refinanciar adeudos abarquen los originados hasta el 30 de abril de 2003, fecha en que además vencen algunos cuatrimestres de aportes de ciertos sectores productivos importantes de la vida del país.

Por todo esto, solicitamos que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al señor Ministro de Economía y Finanzas, a efectos de que evalúe la posibilidad, no sólo de enviar una iniciativa con las características que hemos referido -si no llegó a conocimiento del Parlamento, está por llegar en estas horas-, sino también de que ese régimen de refinanciación de aportes al Banco de Previsión Social comprenda los adeudos pendientes, no al 30 de junio de 2002 -como lo establecía aquella ley de refinanciación-, sino al 30 de abril de 2003.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

15) INCORPORACION DE PRODUCTOS NACIONALES A LA CANASTA BASICA

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Sanabria.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: no hay duda de que por encima de las circunstancias especiales que está viviendo el país, y desde la sintonía positiva que algunos sectores productivos están consolidando en estos tiempos, vinculada fundamentalmente al sector agroexportador, a los servicios, al turismo y al nivel de actividad, el país, con trabajo, esfuerzo y mucho sacrificio está saliendo del pozo en que realmente estaba hace unos meses, provocado sobre todo por la caída del sistema financiero. Precisamente, este sector también comienza a generar los primeros síntomas positivos relacionados con la baja sustancial del riesgo país, de las tasas de interés y la revalorización de los bonos de deuda pública.

Evidentemente, los problemas sociales que atraviesa nuestro país ameritan que podamos generar no sólo los esfuerzos que ya está haciendo el Estado. En estas últimas horas, con la presencia de autoridades del Poder Ejecutivo y del Presidente de este Cuerpo, leíamos una buena noticia vinculada a algunos productos elementales que se están generando a través de una canasta básica para los uruguayos que hoy tienen dificultades económicas de emergencia. En ese sentido, también valoro la importante decisión del Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a los tiques de alimentación que, en los salarios bajos, representaron en el mes en que se emitieron un 25% o un 30% de incremento. Concretamente, en salarios de $ 3.000 o $ 4.000 esto representaba un aumento sustancial.

Entonces, en esta área queremos hacer dos referencias. Una de ellas se relaciona con el Ministerio de Economía y Finanzas. Pienso que más allá de que el Ministerio determinó una lista de productos que se pueden canjear con los tiques de alimentación -creo que son productos de la canasta básica y, por lo tanto, es una decisión que comparto-, en la medida en que se siga utilizando esa modalidad, sería importante la exigencia de que sean productos nacionales. De esta forma también estamos cumpliendo con la doble función: por un lado, llegar con la mano solidaria a esos compatriotas que tienen tantas dificultades y, por otro, en el mismo hecho y circunstancia, se genera una señal positiva frente a la producción y al trabajo nacionales, porque evidentemente tenemos -y muy buenos- esos elementos de alimentación básica.

Por otra parte, cabe señalar que en función de una decisión del Poder Ejecutivo se multiplicó por cuatro la provisión de leche líquida a los hogares a través de instituciones especializadas. Evidentemente, allí hay un campo de acción para recorrer, al menos en estos meses de invierno que se avecinan. Todos sabemos que el Uruguay produce entre 2:500.000 y 3:000.000 de litros de leche diarios, de los que el 70 % se destina a la exportación en subproductos que todavía no han alcanzado los valores históricos en virtud de la competencia desleal de los mercados primarios, de los países desarrollados, que generan una fuerte presencia de subsidios en esos productos. Si analizamos el valor que hoy está recibiendo el productor por la leche industria -que es la que se exporta- advertimos que el costo oscila en los U$S 0,70, es decir, algo así como $ 2. Si lo comparamos con el precio de la leche fluida que llega al consumidor a $ 9 me pregunto si en virtud de la emergencia social que está viviendo el país no deberíamos producir menos leche para la exportación -cuyo costo reitero que es poco más de U$S 0,70- y combinar con el Poder Ejecutivo, con las Intendencias y con los organismos descentralizados de educación para que dentro de las posibilidades de la industria y de la producción, el Estado adquiriera esa leche a costos razonables, que se me ocurre podrían ser del orden del 50 % de lo que hoy está pagando en plaza. Sin duda que estamos hablando de carencias muy importantes fundamentalmente a nivel de la población que hoy tiene dificultades; estamos hablando de los niños y de las familias carenciadas. Entonces, señor Presidente, quizás en esta área -y también en otras- el país deba transitar ese camino. Reitero que el costo de la materia prima exportable es hasta ridículo y lleva a que ese producto que podría llegar a las clases necesitadas hoy se está transformando en leche en polvo que se vende a U$S 1.800 la tonelada.

En consecuencia, creo que hay un campo de acción para analizar esta propuesta con el Poder Ejecutivo, con la industrias y con las gremiales de productores. De esa manera, podríamos destinar cierta parte de esa producción a fin de que llegue con más asiduidad y cantidad a esos bolsones de emergencia de la sociedad uruguaya. Además, creo que la industria está capacitada para generar ese factor sin distorsionar una política muy importante sobre la leche consumo que de alguna manera también hay que cuidar ya que eso protege la industria y la producción en general. No desconocemos que el valor de la leche consumo está sustentando la viabilidad del sector productivo. El Estado hoy cuenta con mecanismos de distribución a través de las escuelas, de los centros comunales de las Intendencias de todo el país y de organismos especializados, como el INAME y el INDA. Eso permitirá que con muy poco costo podamos encontrar una solución para las familias carenciadas, que está al alcance de la mano. Creo que simplemente basta con algunas medidas administrativas y estamos hablando de costos que no pueden ser comparados con el de otros alimentos que a veces llegan -y en otras escasean- a esos sectores de población que están viviendo grandes dificultades.

En definitiva, señor Presidente, considero que es un tema a analizar y en tal sentido he hecho contactos con las autoridades competentes -y lo seguiré haciendo en las próximas horas- a efectos de viabilizar alguna solución que nos permita llevar adelante este sistema durante el invierno ya que parte de la población no tiene acceso a un elemento tan básico y necesario como la leche.

Por lo tanto, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Economía y Finanzas, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, al INAME, al INDA, a las Intendencias de todo el país, a los órganos desconcentrados de educación y a CONAPROLE.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

16) SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DOCTOR JORGE BATLLE IBÁÑEZ. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una nota llegada desde la Presidencia de la República.

(Se lee:)

"Montevideo, 6 de mayo de 2003.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Presente

Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente a los efectos de solicitar la autorización prescrita por el artículo 170 de la Constitución de la República, en virtud de que me ausentaré del territorio nacional por más de cuarenta y ocho horas, a partir del 11 de mayo de 2003, con motivo de realizar una visita oficial a la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los efectos de mantener reuniones de trabajo con el señor Presidente de dicho país.

Saludo al señor Presidente con mi más alta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ

Presidente de la República."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

17) PROYECTO DE COMUNICACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite en relación a una pensión graciable solicitada por el señor Senador Virgili.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

18) CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: luego de haber realizado las consultas pertinentes con varios señores Senadores, solicito que se incluya como primer punto del Orden del Día de la sesión del próximo martes el proyecto de ley de reforma de la Caja de Jubilaciones Profesionales, de tal modo que pueda ser aprobado.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: el Partido Nacional tiene la mejor disposición para aprobar el proyecto de ley sobre la Caja de Jubilaciones Profesionales. Sin embargo, advierto que están pendientes de resolución seis puntos sobre los que había opiniones divididas. Por lo tanto, sería bueno tener una instancia previa para superar esas dificultades y luego sí introducirlo en el Orden del Día del Senado. Me temo que de no ser así llegaremos a la sesión del próximo martes en esas condiciones y todos sabemos que redactar y superar dificultades en Sala se hace difícil. Quizás esté prevista una instancia antes de esa fecha -hecho que desconozco-, lo que permitiría resolver el tema. Reitero que tenemos la mejor disposición para aprobar esa iniciativa pero aún están esos seis puntos sin acordar. Hay una Subcomisión que fue designada para analizar esos aspectos pero hasta ahora no se ha reunido. En definitiva, a fin de no llegar a la sesión del próximo martes y recién ahí dar esta explicación, preferí hacerlo en la tarde de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- Precisamente, la idea de fijar una fecha surgió de la necesidad de solicitar amablemente a la Comisión que diligencie ese trámite. Eso fue lo que conversamos con algunos coordinadores.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Con el mejor de los ánimos para llegar a una solución, recuerdo que cuando fui Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social intenté reunir a ese Cuerpo y también a la Subcomisión en diferentes oportunidades, aunque sin éxito. Incluso, elaboramos varios memos aclarando dónde estaban los problemas. Creo que lo mejor será incluir este punto en el Orden del Día de la sesión del próximo martes y esperemos que el señor Presidente convoque a Legisladores de distintos lemas para subsanar las dificultades, que a mi juicio son menores. De otra manera, no aprobaremos un proyecto de ley sobre el que las diferencias son mínimas y, además, salvables a través de la votación del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el procedimiento propuesto por el señor Senador Michelini.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

19) FABRICANTES DE BEBIDAS SIN ALCOHOL

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: oportunamente, el Senado de la República dispuso, con relación al proyecto de ley de Fabricantes de Bebidas sin Alcohol, Control en Materia Tributaria, que los coordinadores de los distintos sectores parlamentarios buscaran un acuerdo respecto de algunos puntos pendientes y luego se pidiera la convocatoria de la sesión correspondiente del Senado y su inclusión en el Orden del Día. Luego de conversaciones que hemos tenido con los señores Senadores Nuñez y Brause, estamos en condiciones de señalar que hemos llegado a un acuerdo con respecto al proyecto de ley, que parte de la base de eliminar el artículo tercero, que es el que había generado mayores dificultades de implementación.

En consecuencia, solicitamos que se proceda al repartido del proyecto de ley sustitutivo -acordado con los referidos señores Senadores- y, de ser posible, el tema sea incluido como uno de los primeros puntos del Orden del Día. De esta manera, los señores Senadores, en la tarde de hoy, estarán en condiciones de profundizar en el texto acordado, el que mañana podría ser aprobado en Sala.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la propuesta formulada por el señor Senador Gallinal.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

20) ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMISION PERMANENTE DEL PODER LEGISLATIVO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa en el Orden del Día, con la consideración del asunto que figura en primer término: "Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución)"

La Mesa informa que se ha tomado la votación por cédula.

Dese cuenta del resultado de la misma.

Se recibieron veinticuatro cédulas con los votos de los respectivos señores Senadores y señoras Senadoras. Veinticuatro señores Legisladores han votado por la lista integrada por los señores Senadores Korzeniak, Rubio, Riesgo y Heber, y como suplentes, los señores Senadores Nuñez, Couriel, Correa Freitas y Gallinal, respectivamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha quedado integrada la representación del Senado en la Comisión Permanente.

21) ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMISION ADMINISTRATIVA DEL PODER LEGISLATIVO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: "Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo".

Léase la nómina de candidatos.

Los partidos políticos han comunicado que proponen a los señores Senadores Nuñez, de Boismenu y Pereira como miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota;)

-22 en 23. Afirmativa.

22) SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA CONFERIR ASCENSOS EN LAS DISTINTAS ARMAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"Mociono para que el asunto que figura en séptimo término del Orden del Día sea considerado en tercer lugar." (Firma: el señor Senador Singer.)

SEÑOR SINGER.- Pido la palabra para ocuparme de la moción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR SINGER- Señor Presidente: estamos proponiendo que se consideren de inmediato las solicitudes de ascensos para las tres Armas -es decir, Ejército, Armada y Fuerza Aérea- que el Poder Ejecutivo envió al Senado entre los meses de enero y febrero. La Comisión de Defensa Nacional, luego de estudiarlas, las aprobó por unanimidad y, precisamente, en la tarde de ayer se me encomendó que hiciera esta solicitud en su nombre. Se trata de un asunto que, seguramente, no dará lugar a debate.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Singer.

(Se vota;)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a sesión secreta.

(Así se hace. Es la hora 17 y 24 minutos)

(Vueltos a sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para conferir los siguientes ascensos: al Grado de Capitán de Navío de la Armada, con fecha 1º de febrero de 2003, en el Cuerpo General por el Sistema de Antigüedad, a Álvaro Musso, Ariosto Fernández, Carlos Abilleira y José Bermúdez; por el Sistema de Selección, a Julio Cabano, Carlos Fuentes, Carlos Martín, Francisco Caamaño, Orestes Pereira, Leonardo Alonso y Jorge Strappolini; en el Cuerpo de Ingenieros de Máquinas y Electricidad, por el Sistema de Antigüedad, a Constantino López; por el Sistema de Selección, a Gastón Tournier y Miguel Fernández; en el Cuerpo de Aprovisionamiento y Administración, por el Sistema de Selección, a Luis Chabaneau y Danilo Damonte; en el Cuerpo de Prefectura - Escalafón "A", por el Sistema de Antigüedad, a Juan Ambrosio y Carlos Ormaechea; por el Sistema de Selección, a Alberto Abraham y Pedro Bastreri; en el Cuerpo de Prefectura - Escalafón "B", por el Sistema de Antigüedad, a Víctor Da Silva.

Al Grado de Coronel de la Fuerza Aérea, con fecha 1º de febrero de 2003, en el Escalafón "A" Aviadores, por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia, a Darwin O. Sotta, Hugo E. Dávila, Pablo Tarabal, Carlos D. Ramírez, Walter A. Martínez, Roberto Lagomarsino, Washington R. Martínez y Carlos S. Escayola; en el Escalafón "B" Navegantes, por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia, a Carlos E. Arriola, José A. Pérez Ordóñez y Liber M. Medina; en el Escalafón "C" Seguridad Terrestre, por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia, a Tydeo N. Avila; en el Escalafón "D" Administración y Abastecimiento, por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia, a Fernando A. Franzia; en el Escalafón "E" Mantenimiento, por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia, a Alejandro J. Davant; en el Escalafón "F" Comunicaciones y Electrónica, por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia, a Alvaro M. Rodríguez.

Al Grado de Coronel del Ejército Nacional, con fecha 1º de febrero de 2003, en el Arma de Infantería, por el Sistema de Antigüedad, a Francisco E. Beneditto, Heriberto L. Fernández, Orlando R. Iroldi y Julio E. Faguaga; por el Sistema de Concurso, a Mario Cusano, Guido Manini Ríos, Eduardo M. Pin y Carlos D. Fiordelmondo; por el Sistema de Selección, a Fausto Fressero, Albérico Rodríguez, Carlos R. Delgado y Gerardo Costa; en el Arma de Caballería, por el Sistema de Antigüedad, a Raúl G. Urioste, Gaspar A. Barrabino y Eduardo G. Beloqui; por el Sistema de Concurso, a Gustavo Papuchi, Gustavo Rolín, Leonardo Nogueira y Gabriel R. Albornoz; por el Sistema de Selección, a Clelio Lacerda, Juan C. Escoto y Pablo L. Gaye; en el Arma de Artillería, por el Sistema de Antigüedad, a Daniel A. Locatelli y Fernando O. Rocca; por el Sistema de Concurso, a Luis M. Sanguinetti y Nelson E. Pintos; por el Sistema de Selección, a Oscar L. Rodríguez y Germán D. González; en el Arma de Ingenieros, por el Sistema de Antigüedad, a Umberto N. Martínez; por el Sistema de Selección, a Renato E. Manzo; en el Arma de Comunicaciones, por el Sistema de Antigüedad, a Héctor H. Silvera; por el Sistema de Selección, a Rodolfo M. Balbela.

23) COMISIONADO PARLAMENTARIO PARA EL SISTEMA CARCELARIO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se instituye el Comisionado Parlamentario, con el cometido de asesorar al Poder Legislativo en su función de contralor del sistema carcelario (Carp. Nº 654/01 - Rep. Nº 525/03 y Anexo I)".

(Antecedentes: ver 64 S.O.)

"Carp. Nº 654/01

Rep. Nº 525/03

Anexo I

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- Institúyese el Comisionado Parlamentario con el cometido principal de asesorar al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente, y de los convenios internacionales ratificados por la República, referidos a la situación de las personas privadas de libertad en virtud de proceso judicial. Igualmente le competerá la supervisión de la actividad de los organismos encargados de la administración de los establecimientos carcelarios y de la reinserción social del recluso o liberado.

Artículo 2º.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Comisionado Parlamentario tendrá las siguientes atribuciones:

A) Promover el respeto de los derechos humanos de todas las personas sometidas a un procedimiento judicial el que se derive su privación de libertad.

B) Solicitar información a las autoridades carcelarias respecto a las condiciones de vida de los reclusos y, en particular, de las medidas adoptadas que puedan afectar sus derechos.

C) Formular recomendaciones a las autoridades carcelarias para que se modifiquen o dejen sin efecto medidas adoptadas o se incorporen otras que tiendan al cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes.

D) Recibir denuncias sobre violaciones de los derechos de los reclusos, de acuerdo con el procedimiento que se establece. En tal caso, deberá oír los decargos de la autoridad correspondiente antes de formular las recomendaciones que estime convenientes con la finalidad de corregir los procedimientos y restablecer los derechos lesionados.

E) Realizar inspecciones de carácter general a los establecimientos carcelarios, debiendo anunciar su visita a la autoridad correspondiente con no menos de veinticuatro horas de anticipación. Cuando se trate de verificar una denuncia concreta podrá realizar una inspección, a ese solo efecto, sin previo aviso.

F) Preparar y promover los estudios e informes que considere conveniente para el mejor desempeño de sus funciones.

G) Pedir informes a organismos públicos, oficinas, abogados defensores, organizaciones de asistencia y otras análogas, con fines de asesoramiento y promoción. Se excluye de esta atribución todo informe relativo a materia o competencia de carácter jurisdiccional.

H) Rendir anualmente un informe ante la Asamblea General, en el que se analizará la gestión cumplida con expresa mención de las recomendaciones y sugerencias formuladas a las autoridades administrativas. El informe podrá contener, asimismo, recomendaciones de carácter general.

Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, podrá brindar un informe extraordinario.

Los informes no incluirán datos personales que permitan la identificación de los interesados en el procedimiento investigador y serán publicados en el Diario Oficial.

I) Interponer los recursos de "habeas corpus" o amparo.

J) Proceder a la denuncia penal correspondiente cuando considere que existen delitos.

K) Cooperar con los organismos u organizaciones nacionales e internacionales que promuevan el respeto de los derechos humanos y asistan y defiendan los derechos de los encausados.

Artículo 3º.- El Comisionado Parlamentario no podrá modificar ni anular los actos y resoluciones de la Administración, ni imponer sanciones ni otorgar indemnizaciones.

Podrá, sin embargo, sugerir la modificación de los criterios utilizados para la producción de actos y resoluciones.

Artículo 4º.- Las recomendaciones formuladas por el Comisionado Parlamentario no tendrán carácter obligatorio, pero la autoridad administrativa a la que se dirige deberá, dentro de los treinta días de notificada las mismas, dar respuesta por escrito, particularmente de las razones que le asistan para no seguirlas. Si el Comisionado Parlamentario no se conformare con ellas o no hubiere recibido información aceptable, remitirá los antecedentes al jerarca máximo del órgano en cuestión.

Si dentro de los sesenta días no tuviere explicación adecuada, incluirá el asunto en su informe a la Asamblea General, con mención de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud, las recomendaciones formuladas y las razones de la Administración, si las hubiere.

Artículo 5º.- Los servicios administrativos encargados de los establecimientos de reclusión están obligados a auxiliar y colaborar con el Comisionado Parlamentario en sus investigaciones, inspecciones o pedidos de informe.

Artículo 6º.- Si en el cumplimiento de sus funciones, el Comisionado Parlamentario llegare a la conclusión de que se ha cometido un delito, deberá hacerlo saber al jerarca correspondiente a los efectos de que adopte las medidas pertinentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el literal I) del artículo 2º.

Artículo 7º.- Las actuaciones que realice el Comisionado Parlamentario tendrán carácter reservado y confidencial, tanto respecto de los particulares como de los agentes, oficinas y organismos involucrados, excepto cuando lo requiriere una sede judicial competente.

Artículo 8º.- Toda queja dirigida al Comisionado Parlamentario se presentará por escrito fundado, firmada por el interesado o su defensor, con indicación del nombre y domicilio del peticionante, dentro del plazo de seis meses contado a partir del momento en que cualquiera de ellos tuvo conocimiento de los hechos objeto de la denuncia. De toda queja se acusará recibo con indicación de la fecha de su presentación.

El trámite será gratuito y no requerirá asistencia letrada.

Artículo 9º.- Queda prohibido el registro, examen, interceptación o censura de la correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie dirigida al Comisionado Parlamentario, incluyéndose aquella remitida desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia de las personas.

Tampoco podrán ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones personales, telefónicas, radiales o de cualquier otro tipo, entre el Comisionado Parlamentario y las personas, incluyéndose aquellas detenidas, internadas o sometidas a custodia.

Su violación será considerada de acuerdo a lo previsto en el artículo 296 y siguientes del Código Penal.

Artículo 10.- El Comisionado Parlamentario deberá llevar un registro de todas las quejas que se le formulen, las que podrán tramitar o rechazar. En este último caso, deberá hacerlo en escrito fundado que se notificará al interesado, en el que podrá indicar las vías o procedimientos normales que éste tenga a su disposición.

Serán rechazadas las quejas anónimas, las que denoten mala fe, falta notoria de fundamento o ser éste fútil o trivial, debiendo fundar el rechazo.

Cuando la cuestión planteada sea la misma que se encuentre sometida a decisión judicial o de lo contencioso administrativo, deberá interrumpir su actuación en el caso concreto, pero no impedirá que la investigación prosiga a los efectos de resolver los problemas generales involucrados en el procedimiento.

Artículo 11.- La presentación de una queja ante el Comisionado Parlamentario es sin perjuicio de los derechos que pueda tener el interesado para recurrir por la vía administrativa o judicial, de acuerdo con el régimen de recursos o acciones previstos por la ley.

Artículo 12.- Admitida la queja se procederá a realizar una investigación informal, sumaria y reservada, destinada a esclarecer los hechos.

En todos los casos se dará cuenta al organismo o dependencia administrativa involucrada, por intermedio de su autoridad máxima, solicitándole un informe por escrito en un plazo de quince días. Este plazo puede ser prorrogado si así se solicitare un escrito fundado y se considerare necesario.

Artículo 13.- La negativa de los funcionarios o sus superiores a remitir los informes que se les soliciten o la falta de colaboración en la asistencia o auxilios solicitados en forma, podrán ser consideradas actitudes entorpecedoras en el normal funcionamiento de los cometidos del Comisionado Parlamentario.

En este caso el Comisionado Parlamentario notificará bajo apercibimiento a la autoridad máxima competente que de no accederse a lo solicitado en un plazo de quince días podrá levantar la reserva de las actuaciones.

Artículo 14.- El funcionario que obstaculizare la investigación mediante la negativa de contestar los informes o no facilitara el acceso a expedientes o documentación administrativa necesaria para la investigación, incurirrá en el delito previsto en el artículo 164 del Código Penal.

Artículo 15.- El Comisionado Parlamentario será designado por la Asamblea General, en reunión conjunta de ambas Cámaras, requiriéndose el voto conforme de los tres quintos de sus componentes y ante la misma tomará posesión de su cargo, prestando juramento de desempeñarle debidamente.

Su dotación será fijada por la Asamblea General en la oportunidad de designarle.

Artículo 16.- La duración del mandato del Comisionado Parlamentario será de cinco años, pudiendo ser reelecto por una sola vez.

Artículo 17.- Su cargo cesará si ocurrieran alguna de la siguientes circunstancias:

A) Por fallecimiento.

B) Por renuncia.

C) Por destitución por notoria negligencia, grave irregularidad en el desempeño de sus funciones o pérdida de las condiciones morales exigidas, pudiendo ser cesado anticipadamente en estos casos por la Asamblea General con las mismas mayorías requeridas para su designación y en sesión pública en la que el imputado podrá ejercer su defensa.

Artículo 18.- Podrá ser elegido Comisionado Parlamentario toda persona que reúna las siguientes cualidades:

A) Ser ciudadano uruguayo, natural o legal. En este último caso deberá tener un mínimo de diez años de ciudadanía.

B) Tener treinta y cinco años de edad como mínimo.

C) Persona con reconocida especialización en derechos humanos y específicamente en los derechos vinculados a las personas, funcionarios y lugares donde se alojan quienes se encuentran privados de libertad.

Artículo 19.- La Asamblea General dentro de los sesenta días de promulgada la presente ley, integrará una Comisión Especial de nueve miembros conformada por todos los Partidos Políticos con representación en aquélla, con el cometido de formular las propuestas de candidatos, según el siguiente procedimiento:

A) Dentro de los quince días siguientes a la constitución de la Comisión, los miembros de la Asamblea General podrán proponer en forma fundada, precandidatos que se ajusten a las cualidades descritas en el artículo 18.

B) Dentro de los treinta días siguientes, la Comisión podrá invitar y recibir a ciudadanos particulares u organizaciones sociales para escuchar propuestas o recabar opiniones sobre los precandidatos.

Estas sesiones y las informaciones recibidas serán estrictamente reservadas.

C) En el término de los siguientes treinta días, la Comisión procederá a elevar a decisión de la Asamblea General la propuesta del candidato, resolución que en la Comisión deberá ser adoptada por 3/5 (tres quintos) de sus integrantes.

Artículo 20.- El Comisionado Parlamentario no estará sujeto a mandato imperativo, ni recibirá instrucciones de ninguna autoridad debiendo desempeñar sus funciones con plena autonomía, de acuerdo a su criterio y bajo su responsabilidad.

Artículo 21.- La actividad del Comisionado Parlamentario no se verá interrumpida por el receso de las Cámaras, ni por su disolución de acuerdo al mecanismo previsto en la Sección VIII de la Constitución de la República. En tales casos, la relación del Comisionado Parlamentario con el Poder Legislativo se realizará a través de la Comisión Permanente.

Tampoco interrumpirá su actividad en los casos de suspensión de la seguridad individual (artículo 31 de la Constitución de la República) o de adopción de medidas prontas de seguridad (numeral 17 del artículo 168 de la misma).

Artículo 22.- El cargo de Comisionado Parlamentario es incompatible con otra actividad remunerada, pública o privada, salvo el ejercicio de la docencia.

Artículo 23.- El Senado de la República, a solicitud del Comisionado Parlamentario, y en consulta con la Cámara de Representantes designará, de entre los funcionarios de los organismos del Poder Legislativo, asesores y personal necesarios para el ejercicio de las funciones que se le encomienda al mencionado.

En ningún caso dicho personal podrá ser de más de diez funcionarios.

Artículo 24.- Los asesores cesarán automáticamente en el momento en que asuma el nuevo Comisionado Parlamentario designado por la Asamblea General.

Sala de la Comisión, el 25 de marzo de 2003.

José Korzeniak, Miembro Informante; Alberto Brause, Ruben Correa Freitas, Francisco Gallinal, Guillermo García Costa, Jorge Larrañaga, Manuel Núñez, Enrique Rubio, Senadores.

ARTICULO 1º

SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- Institúyese el Comisionado Parlamentario con el cometido principal de asesorar al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente, y de los convenios internacionales ratificados por la República, referidos a la situación de las personas privadas de libertad en virtud del proceso judicial. Igualmente le competerá la supervisión de la actividad de los organismos encargados de la administración de los establecimientos carcelarios y de la reinserción social del recluso o liberado.

Guillermo García Costa, Senador.

ARTICULO 2º

NUEVA REDACCION DE LITERALES I), J) y K)

Artículo 2º.- ……………………………......................................................................................................................

I) Interponer los recursos de "habeas corpus" o amparo.

J) Cuando considere que existen delitos procederá a la denuncia penal correspondiente.

K) Cooperar con los organismos u organizaciones nacionales e internacionales que promuevan el respeto de los derechos humanos y asistan y defiendan los derechos de los encausados.

Guillermo García Costa, Senador.

ARTICULO 4º

SUSTITUTIVO

Artículo 4º.- Las recomendaciones formuladas por el Comisionado Parlamentario no tendrán carácter obligatorio, pero la autoridad administrativa a la que se dirige deberá, dentro de los treinta días de notificada de las mismas, dar respuesta por escrito, particularmente de las razones que le asistan para no seguirlas. Si el Comisionado Parlamentario no se conformare con ellas o no hubiere recibido información aceptable, remitirá los antecedentes al jerarca máximo del órgano en cuestión.

Guillermo García Costa, Senador.

ARTICULO 6º

SUSTITUTIVO

Artículo 6º.- Si en el cumplimiento de sus funciones, el Comisionado Parlamentario llegare a la conclusión de que se ha cometido un delito, deberá hacerlo saber al jerarca correspondiente a los efectos de que adopte las medidas pertinentes sin perjuicio de lo dispuesto en el literal (I) del artículo 2º.

Guillermo García Costa, Senador.

ARTICULO 7º

SUSTITUTIVO

Artículo 7º.- Las actuaciones que realice el Comisionado Parlamentario tendrán carácter reservado y confidencial, tanto respecto de los particulares como de los agentes, oficinas y organismos involucrados, excepto cuando lo requiere una Sede judicial competente.

Guillermo García Costa, Senador.

ARTICULO 15

NUEVA REDACCION

Artículo 15.- El Comisionado Parlamentario será designado por la Asamblea General, en reunión conjunta de ambas Cámaras, requiriéndose el voto conforme de los tres quintos de sus componentes y ante la misma tomará posesión de su cargo, prestando juramento de desempeñarle debidamente.

Su dotación será fijada por la Asamblea General en la oportunidad de designarle:

Guillermo García Costa, Senador.

ARTICULO 18

SUSTITUTIVO

Artículo 18.- Podrá ser elegido Comisionado Parlamentario toda persona que reúna las siguientes cualidades:

A) Ser ciudadano uruguayo, natural o legal. En este último caso deberá tener un mínimo de diez años de ciudadanía.

B) Tener treinta y cinco años de edad como mínimo.

C) Persona con reconocida versación en derechos humanos y específicamente en los derechos vinculados a las personas, funcionarios y lugares donde se alojan quienes se encuentran privados de libertad.

Guillermo García Costa, Senador.

ARTICULO 24

SUSTITUTIVO

Artículo .....: El Senado de la República, a solicitud del Comisionado Parlamentario, y en consulta con la Cámara de Representantes designará, de entre los funcionarios de los organismos del Poder Legislativo, asesores y personal, necesarios para el ejercicio de las funciones que se le encomienda al mencionado.

En ningún caso dicho personal podrá ser de más de diez funcionarios.

Se elimina Art. 25 proyectado.

Guillermo García Costa, Senador.

SE ELIMINAN ARTICULOS 19, 25 Y 27.

Guillermo García Costa, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión general.

Tiene la palabra el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: quiero destacar algo que ya dije en una sesión anterior.

Este proyecto vino de la Cámara de Representantes y en el estado gramatical en que vino yo ya hice el informe porque así había sido designado por la Comisión de Constitución y Legislación. Con posterioridad, la Comisión estudió una serie de modificaciones propuestas por el señor Senador García Costa, que la Comisión aprobó. En una sesión anterior del Senado que luego quedó sin número y no pudo continuar, solicité que el informe sobre las modificaciones fuera realizado por el señor Senador García Costa, que era el autor de las mismas, y así lo decidió el Senado porque él estaba en uso de licencia en ese momento. Hoy contamos con la cordial presencia del señor Senador García Costa y en ese sentido si el Senado está de acuerdo le pediríamos que explicara qué modificaciones aprobó la Comisión con respecto al texto venido de la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: coincido con lo que acaba de expresar el señor Senador Korzeniak. Este proyecto de ley ya fue objeto de un informe en lo que tiene de sustancial, realizado en oportunidad por el señor Senador Korzeniak y compartido por toda la Comisión de Constitución. El mismo refiere a la creación de esta figura de Comisionado Parlamentario, y por ende al alcance que tiene, eficacia y necesidad. En resumen, se trata de un muy buen proyecto que viene aprobado de la Cámara de Representantes. Lo único que se intenta de acuerdo al criterio de la Comisión, y de las modificaciones que dentro de ella hemos propuesto es mejorar sin cambiar lo cardinal, que sigue conservando todo su valor y su prestancia como solución -o intento de solución- a hechos de notoriedad relativos a política carcelaria, que en el ámbito carcelario del país aún siguen teniendo lugar en estos días. Nada más oportuno en relación a ello, que aprobar este proyecto que seguramente -dadas las mejoras que el Senado le introduce- será aceptado en Diputados.

Las modificaciones propuestas en varios artículos del proyecto aprobado en Diputados son puntuales. Me animo a sugerir, por ello, que quizás lo mejor sea aprobar el proyecto para, en la discusión particular, recibir en cada artículo el informe que el señor Senador Korzeniak -que es el miembro informante que ya desempeñó su tarea en lo global de esta iniciativa- me ha deferido para mi trabajo, lo que agradezco no sólo a su persona sino al Senado, que tuvo a bien esperar nuestra presencia a estos efectos.

En consecuencia, señor Presidente, salvo otro criterio, propongo que se apruebe en general el proyecto. En la discusión particular daremos base a cada una de las modificaciones que se proponen.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley sustitutivo.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR ABELENDA.- Pido la palabra. para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABELENDA.- Señor Presidente: deseo saludar la aprobación de este proyecto de ley que originalmente fue presentado por el señor Representante Daniel Díaz Maynard, compatriota que ha trabajado largamente sobre este tema y que ha prestigiado a nuestro país con responsabilidades a nivel del Parlamento Latinoamericano en este sentido. Por todo esto es un placer para mí aprobar este proyecto de ley en el día de hoy.

Por otra parte, dada la situación actual del sistema carcelario, si bien este proyecto de ley es de gran utilidad, considero que son imprescindibles otra serie de medidas sobre el tema que se han venido postergando y que no se han logrado implementar. Me refiero, por ejemplo, al proyecto de ley sobre medidas alternativas a la pena de prisión presentado en la Legislatura pasada y que felizmente ahora se está rediscutiendo en la Cámara de Representantes. Existen otras iniciativas que surgieron en la Comisión de Mejoramiento del Sistema Carcelario prevista por la Ley Nº 16.707, que estuvo presidida por el doctor Tommasino, que trabajó durante más de seis meses y elaboró un excelente informe. Allí se presentó una serie de iniciativas que aún tienen vigencia como, por ejemplo, la de modificar la Ley Reglamentaria del Sistema Carcelario y la de creación de cargos de Jueces de Ejecución y Vigilancia.

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular.

Hay algunos artículos sustitutivos que figuran en el Repartido.

Ha llegado a la Mesa una moción de orden para que se suprima la lectura del articulado.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR GARCÍA COSTA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCÍA COSTA.- El proyecto de ley que acabamos de votar es sustitutivo del que viniera aprobado de Diputados. Esta votación implicó tomar como definitivos artículos sustitutivos que están así incluidos en lo aprobado. No hay, pues, artículos sustitutivos con el alcance de esa expresión.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 1º.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCÍA COSTA.- Señor Presidente: la Comisión se ha limitado en el artículo 1º, con relación al proyecto de ley venido de la Cámara de Representantes, precisar con más exactitud a qué refiere la tarea concreta de este Comisionado Parlamentario. Si los señores Senadores han reparado en el texto aprobado por la Cámara de Representantes, verán que el mismo ofrece, en parte, el flanco de no precisar con exactitud a qué refiere la tarea aunque todo el contexto del proyecto permite deducirlo con mucha claridad pero, reiteramos, no está en el artículo 1º, que es de orden que lo contenga. A esos efectos se ha añadido al proyecto original de la Cámara de Representantes una frase en el artículo 1º que dice: "Los convenios internacionales ratificados por la República" -y a continuación lo novedoso en relación al proyecto de la Cámara de Representantes- "referidos a la situación de las personas privadas de libertad en virtud de proceso judicial." y continúa el texto tal cual vino de la Cámara de Representantes. Por lo tanto, no cambiamos sino que complementamos el texto.

Esta es la modificación incluida en el artículo 1º del texto sustitutivo aprobado en general por este Cuerpo.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- La Comisión se preocupó de analizar una posible situación que, como todos pensamos, felizmente no se aplica desde hace muchos años y creemos que no se va a aplicar más. Se trata de la situación de personas privadas de libertad por medidas prontas de seguridad. En este caso, la persona es detenida sin proceso judicial. En la Comisión coincidimos con que estas medidas hace años que no se aplican y pensamos que no se van a aplicar nunca más, si es posible, pero jurídicamente es obligación contemplar todas las hipótesis.

En tal sentido descartamos que esta frase tenga algo que ver con el tema porque, precisamente, estamos frente a un comisionado carcelario para el sistema carcelario y la Constitución dice que un detenido por medidas prontas de seguridad nunca puede estar en un establecimiento para reclusión de delincuentes. Por consiguiente, el agregado nos pareció ajustado a Derecho y además le suma claridad al proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- No hay número para votar. Se está llamando a Sala para completar el quórum.

SEÑOR ABELENDA.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABELENDA.- Formulo moción para que se voten los artículos en bloque, excepto los que han sido modificados.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Reitero que estamos trabajando sobre un proyecto de ley sustitutivo; por lo tanto, los artículos provenientes de la Cámara de Representantes y que la Comisión de Constitución propone no votarlos, no están obviamente en el proyecto sustitutivo. Lo que quizá el señor Senador Abelenda haya querido decir es que mientras no haya número para votar se continúe con la discusión del articulado y luego se voten los artículos por su orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo quórum, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Tiene la palabra el señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA.- En este artículo 2º el proyecto sustitutivo aprobado, vale decir, lo que la Comisión informa a este Cuerpo, contiene muy pequeñas modificaciones a las que me voy a referir y a explicar.

Del literal I) del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes se dejó la primera parte, y se añadió como literal J) : "cuando considere que existen delitos -parte que ya estaba en el anterior cuerpo de ley que vino de Diputados- "procederá a la" -esto se agrega- "denuncia penal correspondiente". Se trata de una distinción entre un aspecto y otro, y una modificación gramatical. Luego, al crearse el literal "J", el que en el proyecto de Representantes era el literal "J" pasa a ser "K" en el texto y se le agrega -porque en lo demás queda igual al que vino de la otra Cámara- una parte final. Ahora, dice lo siguiente: "K) Cooperar con los organismos u organizaciones nacionales e internacionales que promuevan el respeto de los derechos humanos y asistan y defiendan los derechos de los encausados". Esta precisión parece de gran utilidad porque es gran parte de la tarea que este Comisionado deberá realizar. Esas son las novedades introducidas al artículo 2º en el proyecto sustitutivo.

Como reflexión general, acoto que queremos ser muy precisos -y la Comisión lo está haciendo a través de mí- en señalar cuáles y por qué motivo propusimos determinadas modificaciones al proyecto aprobado por la Cámara de Representantes. Las razones de esa actitud se basan en un evidente respeto que tenemos por la tarea realizada por la Cámara de Representantes, porque no debemos incurrir en modificaciones sin base racional.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el miembro informante.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Si se hace el comparativo entre el texto original y el sustitutivo se notará que las modificaciones son, exclusivamente, de redacción para dar un mejor texto a esta disposición. Puesto que se incurrió en la modificación del proyecto inicial, pareció de utilidad realizar estas mejoras gramaticales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6º.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el miembro informante.

SEÑOR GARCIA COSTA.- En el artículo 6º apenas se ha innovado con relación al texto aprobado por la Cámara de Representantes, precisando, al final, cuando esta disposición refiere al artículo 2º, que es a lo dispuesto en el literal I) del mismo. El artículo 2º contiene otras disposiciones y no parecería lógico citarle sin precisar a qué literal nos referimos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7º.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el miembro informante.

SEÑOR GARCIA COSTA.- En el artículo 7º, como es natural al carácter reservado y confidencial de las actuaciones, se ha agregado, al final, lo siguiente: "excepto cuando lo requiriere una sede judicial competente". No olvidemos que esta expresión es necesaria porque la reserva que se impone por ley tiene valor incluso frente a los jueces, ya que no pueden levantarla a menos que así se establezca a texto expreso, tal como aparece en el proyecto ahora aprobado. Me eximo, por obvias, de dar las razones por las cuales hacemos esta necesaria excepción al carácter reservado y secreto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 9º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 10.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 11.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 13.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 14.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 15.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el miembro informante.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Este artículo contiene algunas modificaciones en lo relativo a la mecánica de actuación de designación del Comisionado Parlamentario. Se ha innovado en algunos aspectos que no serán vitales pero, a nuestro juicio, necesarios. Aquí se establece cómo será designado el Comisionado Parlamentario. Tomamos, en esta materia, del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes, el requerimiento de que sea la Asamblea General la que lo designe, con un quórum de tres quintos. En otro artículo se establecía que el Comisionado tomaría posesión de su cargo en una reunión especial, lo que consideramos improcedente al haber sido designado por la Asamblea General y por ello se agregó "y ante la misma tomará posesión de su cargo, prestando juramento de desempeñarle debidamente".

En otra disposición se mencionaba lo referido a su dotación, pero resolvimos establecer en este artículo 15: "Su dotación será fijada por la Asamblea General en la oportunidad de designarle".

Este es, señor Presidente, el artículo 15 que se pone a consideración, incluido en el texto que, en general, aprobó el Senado y que tiene las diferencias señaladas con la redacción aprobada en la Cámara de Representantes.

Es cuanto tenemos que informar sobre el artículo 15.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 16.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 17.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 18.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el miembro informante.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: en este artículo, tomando como base el texto aprobado por la Cámara de Representantes se ha agregado, al final del mismo, en el literal c), donde dice: "persona con reconocida versación en Derechos Humanos", la expresión: "y específicamente en los derechos vinculados a las personas, funcionarios y lugares donde se alojan quienes se encuentran privados de libertad".

Esta última frase es necesaria para que un funcionario de tanta trascendencia, cuyo cargo estamos creando, pueda actuar con la calidad que le requiere esta ley.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: pido disculpas a los señores Senadores pero, indudablemente, en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación se nos pasó el siguiente aspecto. El artículo 18, que establece las cualidades que se requieren para ser elegido como Comisionado Parlamentario, en su literal a) dice: "ser ciudadano uruguayo natural o legal", mientras que el literal b) expresa: "tener 35 años de edad como mínimo", y el literal c) establece: "persona con reconocida especialización". En este último literal falta el verbo, ya que debería decirse: "ser persona con reconocida especialización en Derechos Humanos". Creo que deberíamos seguir la misma técnica que se utilizó en los literales anteriores y emplear el verbo en infinitivo al principio.

Es la propuesta que deseo realizar concretamente y mociono en el sentido de que el literal c) del artículo 18 diga: "ser persona con reconocida especialización en Derechos Humanos"; lo agrego a las modificaciones que proponía el señor Senador García Costa.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Couriel)

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE ( Cr. Ec. Alberto Couriel).- Tiene la palabra el miembro informante.-

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: en lo que a mí respecta -el señor Senador Korzeniak me señala que está de acuerdo-, damos por aceptada la propuesta del señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR PRESIDENTE ( Cr. Ec. Alberto Couriel).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 18, con la modificación propuesta por el señor Senador Correa Freitas.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 19.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 20.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 21.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 22.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 23.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE ( Cr. Ec. Alberto Couriel) .- Tiene la palabra el miembro informante.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: en este artículo la Comisión -y así consta en el proyecto sustitutivo aprobado en general- innova considerablemente en relación al texto que viene de la Cámara de Representantes. Este último refería a la eventual creación de algunos cargos para servir la tarea del Comisionado Parlamentario, que es obvio que los precisa. El suscrito propuso y la Comisión resolvió que no es del caso la creación de cargos en la presente situación. Cuando la Cámara de Representantes tome conocimiento de esta modificación va a compartirla, porque las situaciones han cambiado ultimamente, a estos efectos, negativamente. Por tal motivo, es mejor la solución que proponemos, ahora, que lo que pudo haber sido hace unos meses. La misma consiste en que los funcionarios sean designados por el Senado, en consulta con la Cámara de Representantes, y extraídos de entre los propios funcionarios del Parlamento para evitar un crecimiento innecesario de funcionarios públicos. Se establece además un límite, ya que no podrán ser más de diez los funcionarios que pasen al ejercicio de funciones para el Comisionado.

No se crean, pues, cargos, pero tampoco se le quita a estas personas su carácter de funcionarios del Poder Legislativo, sino que simplemente se les otorgan funciones en determinada esfera de la actividad administrativa del país que, en muchos aspectos, está ligada al desempeño parlamentario, porque se trata del Comisionado Parlamentario. Bueno es, entonces, que los funcionarios salgan de este ámbito del Poder Legislativo.

Era cuanto teníamos que informar sobre el artículo 23.

SEÑOR PRESIDENTE ( Cr. Ec. Alberto Couriel).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 23.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 24.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado)

"ARTICULO 1º.- Institúyese el Comisionado Parlamentario con el cometido principal de asesorar al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente, y de los convenios internacionales ratificados por la República, referidos a la situación de las personas privadas de libertad en virtud de proceso judicial. Igualmente le competerá la supervisión de la actividad de los organismos encargados de la administración de los establecimientos carcelarios y de la reinserción social del recluso o liberado.

ARTICULO 2º.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Comisionado Parlamentario tendrá las siguientes atribuciones:

A) Promover el respeto de los derechos humanos de todas las personas sometidas a un procedimiento judicial del que se derive su privación de libertad.

B) Solicitar información a las autoridades carcelarias respecto a las condiciones de vida de los reclusos y, en particular, de las medidas adoptadas que puedan afectar sus derechos.

C) Formular recomendaciones a las autoridades carcelarias para que se modifiquen o dejen sin efecto medidas adoptadas o se incorporen otras que tiendan al cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes.

D) Recibir denuncias sobre violaciones de los derechos de los reclusos, de acuerdo con el procedimiento que se establece. En tal caso, deberá oír los descargos de la autoridad correspondiente antes de formular las recomendaciones que estime convenientes con la finalidad de corregir los procedimientos y restablecer los derechos lesionados.

E) Realizar inspecciones de carácter general a los establecimientos carcelarios, debiendo anunciar su visita a la autoridad correspondiente con no menos de veinticuatro horas de anticipación. Cuando se trate de verificar una denuncia concreta podrá realizar una inspección, a ese solo efecto, sin previo aviso.

F) Preparar y promover los estudios e informes que considere conveniente para el mejor desempeño de sus funciones.

G) Pedir informes a organismos públicos, oficinas, abogados defensores, organizaciones de asistencia y otras análogas, con fines de asesoramiento y promoción. Se excluye de esta atribución todo informe relativo a materia o competencia de carácter jurisdiccional.

H) Rendir anualmente un informe ante la Asamblea General, en el que se analizará la gestión cumplida con expresa mención de las recomendaciones y sugerencias formuladas a las autoridades administrativas. El informe podrá contener, asimismo, recomendaciones de carácter general.

Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, podrá brindar un informe extraordinario.

Los informes no incluirán datos personales que permitan la identificación de los interesados en el procedimiento investigador y serán publicados en el Diario Oficial.

I) Interponer los recursos de "habeas corpus" o amparo.

J) Proceder a la denuncia penal correspondiente cuando considere que existen delitos.

K) Cooperar con los organismos u organizaciones nacionales e internacionales que promuevan el respeto de los derechos humanos y asistan y defiendan los derechos de los encausados.

ARTICULO 3º.- El Comisionado Parlamentario no podrá modificar ni anular los actos y resoluciones de la Administración, ni imponer sanciones ni otorgar indemnizaciones.

Podrá, sin embargo, sugerir la modificación de los criterios utilizados para la producción de actos y resoluciones.

ARTICULO 4º.- Las recomendaciones formuladas por el Comisionado Parlamentario no tendrán carácter obligatorio, pero la autoridad administrativa a la que se dirige deberá, dentro de los treinta días de notificada de las mismas, dar respuesta por escrito, particularmente de las razones que le asistan para no seguirlas. Si el Comisionado Parlamentario no se conformare con ellas o no hubiere recibido información aceptable, remitirá los antecedentes al jerarca máximo del órgano en cuestión.

Si dentro de los sesenta días no tuviere explicación adecuada, incluirá el asunto en su informe a la Asamblea General, con mención de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud, las recomendaciones formuladas y las razones de la Administración, si las hubiere.

ARTICULO 5º.- Los servicios administrativos encargados de los establecimientos de reclusión están obligados a auxiliar y colaborar con el Comisionado Parlamentario en sus investigaciones, inspecciones o pedidos de informe.

ARTICULO 6º.- Si en el cumplimiento de sus funciones, el Comisionado Parlamentario llegare a la conclusión de que se ha cometido un delito, deberá hacerlo saber al jerarca correspondiente a los efectos de que adopte las medidas pertinentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el literal I) del artículo 2º.

ARTICULO 7º.- Las actuaciones que realice el Comisionado Parlamentario tendrán carácter reservado y confidencial, tanto respecto de los particulares como de los agentes, oficinas y organismos involucrados, excepto cuando lo requiriere una sede judicial competente.

ARTICULO 8º.- Toda queja dirigida al Comisionado Parlamentario se presentará por escrito fundado, firmada por el interesado o su defensor, con indicación del nombre y domicilio del peticionante, dentro del plazo de seis meses contado a partir del momento en que cualquiera de ellos tuvo conocimiento de los hechos objeto de la denuncia. De toda queja se acusará recibo con indicación de la fecha de su presentación.

El trámite será gratuito y no requerirá asistencia letrada.

ARTICULO 9º.- Queda prohibido el registro, examen, interceptación o censura de la correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie dirigida al Comisionado Parlamentario, incluyéndose aquella remitida desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia de las personas.

Tampoco podrán ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones personales, telefónicas, radiales o de cualquier otro tipo, entre el Comisionado Parlamentario y las personas, incluyéndose aquellas detenidas, internadas o sometidas a custodia.

Su violación será considerada de acuerdo a lo previsto en el artículo 296 y siguientes del Código Penal.

ARTICULO 10.- El Comisionado Parlamentario deberá llevar un registro de todas las quejas que se le formulen, las que podrán tramitar o rechazar. En este último caso deberá hacerlo en escrito fundado que se notificará al interesado, en el que podrá indicar las vías o procedimientos normales que éste tenga a su disposición.

Serán rechazadas las quejas anónimas, las que denoten mala fe, falta notoria de fundamento o ser éste fútil o trivial, debiendo fundar el rechazo.

Cuando la cuestión planteada sea la misma que se encuentre sometida a decisión judicial o de lo contencioso administrativo, deberá interrumpir su actuación en el caso concreto, pero no impedirá que la investigación prosiga a los efectos de resolver los problemas generales involucrados en el procedimiento.

ARTICULO 11.- La presentación de una queja ante el Comisionado Parlamentario es sin perjuicio de los derechos que pueda tener el interesado para recurrir por la vía administrativa o judicial, de acuerdo con el régimen de recursos o acciones previstos por la ley.

ARTICULO 12.- Admitida la queja se procederá a realizar una investigación informal, sumaria y reservada, destinada a esclarecer los hechos.

En todos los casos se dará cuenta al organismo o dependencia administrativa involucrada, por intermedio de su autoridad máxima, solicitándole un informe por escrito en un plazo de quince días. Este plazo puede ser prorrogado si así se solicitare en escrito fundado y se considerare necesario.

ARTICULO 13.- La negativa de los funcionarios o sus superiores a remitir los informes que se les soliciten o la falta de colaboración en la asistencia o auxilios solicitados en forma, podrán ser consideradas actitudes entorpecedoras en el normal funcionamiento de los cometidos del Comisionado Parlamentario.

En este caso el Comisionado Parlamentario notificará bajo apercibimiento a la autoridad máxima competente que de no accederse a lo solicitado en un plazo de quince días podrá levantar la reserva de las actuaciones.

ARTICULO 14.- El funcionario que obstaculizare la investigación mediante la negativa de contestar los informes o no facilitara el acceso a de expedientes o documentación administrativa necesaria para la investigación, incurrirá en el delito previsto en el artículo 164 del Código Penal.

ARTICULO 15.- El Comisionado Parlamentario será designado por la Asamblea General, en reunión conjunta de ambas Cámaras, requiriéndose el voto conforme de los tres quintos de sus componentes y ante la misma tomará posesión de su cargo, prestando juramento de desempeñarle debidamente.

Su dotación será fijada por la Asamblea General en la oportunidad de designarle.

ARTICULO 16.- La duración del mandato del Comisionado Parlamentario será de cinco años, pudiendo ser reelecto por una sola vez.

ARTICULO 17.- Su cargo cesará si ocurrieran alguna de las siguientes circunstancias:

A) Por fallecimiento.

B) Por renuncia.

C) Por destitución por notoria negligencia, grave irregularidad en el desempeño de sus funciones o pérdida de las condiciones morales exigidas, pudiendo ser cesado anticipadamente en estos casos por la Asamblea General con las mismas mayorías requeridas para su designación y en sesión pública en la que el imputado podrá ejercer su defensa.

ARTICULO 18.- Podrá ser elegido Comisionado Parlamentario toda persona que reúna las siguientes cualidades:

A) Ser ciudadano uruguayo, natural o legal. En este último caso deberá tener un mínimo de diez años de ciudadanía.

B) Tener treinta y cinco años de edad como mínimo.

C) Ser persona con reconocida especialización en derechos humanos y específicamente en los derechos vinculados a las personas, funcionarios y lugares donde se alojan quienes se encuentran privados de libertad.

ARTICULO 19.- La Asamblea General dentro de los sesenta días de promulgada la presente ley, integrará una Comisión Especial de nueve miembros conformada por todos los Partidos Políticos con representación en aquélla, con el cometido de formular las propuestas de candidatos, según el siguiente procedimiento:

A) Dentro de los quince días siguientes a la constitución de la Comisión, los miembros de la Asamblea General podrán proponer en forma fundada, precandidatos que se ajusten a las cualidades descritas en el artículo 18.

B) Dentro de los treinta días siguientes, la Comisión podrá invitar y recibir a ciudadanos particulares u organizaciones sociales para escuchar propuestas o recabar opiniones sobre los precandidatos.

Estas sesiones y las informaciones recibidas serán estrictamente reservadas.

C) En el término de los siguientes treinta días, la Comisión procederá a elevar a decisión de la Asamblea General la propuesta del candidato, resolución que en la Comisión deberá ser adoptada por 3/5 (tres quintos) de sus integrantes.

ARTICULO 20.- El Comisionado Parlamentario no estará sujeto a mandato imperativo, ni recibirá instrucciones de ninguna autoridad debiendo desempeñar sus funciones con plena autonomía, de acuerdo a su criterio y bajo su responsabilidad.

ARTICULO 21.- La actividad del Comisionado Parlamentario no se verá interrumpida por el receso de las Cámaras, ni por su disolución de acuerdo al mecanismo previsto en la Sección VIII de la Constitución de la República. En tales casos, la relación del Comisionado Parlamentario con el Poder Legislativo se realizará a través de la Comisión Permanente.

Tampoco interrumpirá su actividad en los casos de suspensión de la seguridad individual (artículo 31 de la Constitución de la República) o de adopción de medidas prontas de seguridad (numeral 17 del artículo 168 de la misma).

ARTICULO 22.- El cargo de Comisionado Parlamentario es incompatible con otra actividad remunerada, pública o privada, salvo el ejercicio de la docencia.

ARTICULO 23.- El Senado de la República, a solicitud del Comisionado Parlamentario, y en consulta con la Cámara de Representantes designará, de entre los funcionarios de los organismos del Poder Legislativo, asesores y personal necesarios para el ejercicio de las funciones que se le encomienda al mencionado.

En ningún caso dicho personal podrá ser de más de diez funcionarios.

ARTICULO 24.- Los asesores cesarán automáticamente en el momento en que asuma el nuevo Comisionado Parlamentario designado por la Asamblea General."

24) IMPUESTO A LAS TRASMISIONES PATRIMONIALES

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Ec. Alberto Couriel).- Se pasa a considerar el asunto que figura en el cuarto lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se exonera del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales a las enajenaciones y promesas de enajenaciones de inmuebles rurales realizadas a sociedades anónimas o en comandita por acciones, cuando los títulos representativos de tales acciones sean al portador. (Carp. Nº 1008/03 - Rep. Nº 591/03)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1008/03

Rep. Nº 591/03

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- Exonérase del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales a las enajenaciones y promesas de enajenaciones de inmuebles rurales realizadas a sociedades anónimas o en comandita por acciones, cuando los títulos representativos de tales acciones sean al portador.

Artículo 2º.- La exoneración a que refiere el artículo anterior se extenderá por el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Sala de la Comisión, 27 de marzo de 2003.

Alberto Brause, Miembro Informante; Danilo Astori (Discorde), Luis A. Heber, Julio Herrera, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini (Discorde), Manuel Núñez (Discorde), Wilson Sanabria.

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 18 de febrero de 2003.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitirle el presente proyecto de ley por el que se extiende el plazo de aplicación de la exoneración del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales que grava las enajenaciones de inmuebles rurales a sociedades con acciones al portador.

La Ley Nº 17.124, de 25 de junio de 1999, derogó la prohibición de que las sociedades con acciones al portador fueran titulares de inmuebles rurales.

Dicha disposición estableció una modificación sustancial en el contexto normativo en el que se desarrolla la inversión en el sector agropecuario, habilitando la posibilidad de crear instrumentos que permiten la captación de capitales, tan necesarios en la actual situación en que se encuentra nuestro país.

En el marco de la reforma citada, y a fin de generar condiciones favorables para la misma, se dispuso una exoneración del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales a las incorporaciones de inmuebles a las sociedades que tiene las características aludidas. Dicha exoneración rigió por el plazo de un año, y el mismo ya ha vencido.

El Poder Ejecutivo entiende conveniente promover la aprobación de una disposición legal que otorgue nuevamente la exoneración del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales para los actos citados. La misma está acotada en su período de aplicación, en un plazo similar al del beneficio originalmente otorgado.

Saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, Presidente de la República, Alejandro Atchugarry.

PROYECTO DE LEY

ARTICULO 1º.- Exonérase del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales a las enajenaciones y promesas de enajenaciones de inmuebles rurales realizadas a sociedades anónimas o en comandita por acciones, cuando los títulos representativos de tales acciones sean al portador.

ARTICULO 2º.- La exoneración a que refiere el artículo anterior se aplicará a los actos y hechos acaecidos en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

Alejandro Atchugarry."

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Ec Alberto Couriel).- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Brause.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: la Comisión de Hacienda aprobó por mayoría este proyecto de ley que cuenta con iniciativa del Poder Ejecutivo.

Como recordarán los señores Senadores, la Ley Nº 17.124, sancionada el 25 de junio de 1999, deroga la prohibición de que sociedades anónimas por acciones al portador pudieran ser titulares de inmuebles rurales. Sin ninguna duda, en la práctica esa norma sirvió como instrumento para captar capitales, tan necesarios en esa actividad, especialmente por el momento que atraviesa el país desde el punto de vista económico.

En ese marco, con la finalidad de generar condiciones favorables para la captación de capitales, se sancionó el artículo 8º de la Ley Nº 17.243, que exoneró por el plazo de un año a los contribuyentes del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales, cuando "los actos y hechos gravados por dicha norma tuvieren por objeto inmuebles rurales que: i) se incorporen al patrimonio de sociedades anónimas con acciones al portador; y ii) su superficie a la fecha de promulgación de la Ley Nº 17.124, de 25 de junio de 1999, no superare el equivalente a 1.000 hectáreas, índice CONEAT 100".

El plazo de vigencia de la norma exoneratoria ha vencido, por lo que, aunque con una redacción diferente a la norma que acabo de referir, este proyecto procura idéntica finalidad que la ley que ha perdido vigencia, a través de la exoneración del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales a las enajenaciones y promesas de enajenación de inmuebles rurales a sociedades anónimas con acciones al portador.

En síntesis, este proyecto de ley procura captar capitales de riesgo para las explotaciones agropecuarias. Se trata de un texto muy sencillo que se limita a dos artículos, cuya consideración habremos de llevar adelante en la discusión particular si el Senado así lo entiende pertinente.

Es cuanto quería decir, señor Presidente, como aporte a la discusión general.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Ec. Alberto Couriel).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: cuando en el Senado se votó la Ley Nº 17.124, concretamente su artículo 9º, explicité las razones por las cuales no estaba dispuesto a aprobar que la tierra del Uruguay fuera explotada por sociedades con acciones al portador. En esa línea estoy aún, y por lo tanto no puedo acompañar la derogación del impuesto a una forma de tenencia de la tierra con la que discrepo fundamentalmente.

Vamos a recordar que en la sesión del 11 de junio de 1997, en que se trató este tema, nosotros señalamos que venía a derogarse una disposición de la Ley Nº 13.608, de 8 de setiembre de 1967 que decía lo siguiente: "Declárase de interés general que el derecho de propiedad sobre inmuebles rurales y la explotación agropecuaria sean ejercidos por personas físicas o sociedades personales." Es decir que el artículo 9º de la Ley Nº 13.608 prohibía la tenencia de la tierra por parte de personas jurídicas que constituyeran sociedades anónimas con acciones al portador.

Más adelante el texto agregaba: "Las sociedades anónimas y comanditarias por acciones sólo podrán poseer, adquirir o explotar inmuebles rurales, cualquiera fuere el título invocado, cuando la totalidad de su capital accionario estuviere representado por acciones nominativas."

¿Cómo se trató de justificar ante el Senado la derogación de esta prohibición que había significado una larga prédica de Wilson Ferreira Aldunate, y cuyos orígenes se encuentran en los estudios que la CIDE realizó sobre la explotación de la tierra en el Uruguay? ¿Cuáles fueron los motivos que se invocaron? Prácticamente los mismos que acaba de señalar el señor miembro informante con respecto al proyecto de ley que estamos considerando, es decir, la necesidad de que "las producciones básicas del Uruguay -como se decía en aquel entonces-, que como es sabido derivan del agro, tengan un fuerte impulso a través de la capitalización por el sistema de sociedades que puedan hacer aportes bajo las características de sociedades con acciones al portador." El 11 de junio de 1997 nosotros decíamos: "Prioriza, entonces, este proyecto el factor económico por sobre el humano; y esta es una concesión importante, que no comparto ya que desde nuestro punto de vista lo fundamental es el hombre y, en este caso, la familia rural y campesina que, lentamente, ha ido desapareciendo del territorio nacional y despoblando el campo uruguayo, tema sobre el que todos hemos hecho la promesa de esforzarnos para repoblarlo, para que el país se desarrolle en una forma armoniosa a través de todo su territorio."

La ley anterior, la Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, en su artículo 494 establecía excepciones y decía lo siguiente: "Las sociedades comerciales emitentes de acciones al portador y con giro industrial quedan exceptuadas de la prohibición establecida por el artículo 9º de la Ley Nº 13.608" -la que prohíbe la explotación por sociedades anónimas-, "de 8 de setiembre de 1967, respecto de los in-muebles rurales que ocupen o exploten para cumplir su giro industrial o la forestación con fines energéticos." Quiere decir que si el predio estaba destinado a una actividad industrial no regía la prohibición, y tampoco si estaba destinado a la forestación con fines energéticos. Sin embargo, no estaban comprendidas en las excepciones las forestaciones que se hicieran con otro fin que no fuera el energético, y eso es lo que se ha extendido últimamente en nuestro país, ocupando centenares de miles de hectáreas por parte de empresas muy poderosas, en una actividad que el Uruguay ha estimulado a través de una ley que tuve oportunidad de votar como miembro de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, pero que ha producido algunas distorsiones que es bueno tenerlas presente en este tema.

En primer lugar, se han sobrevalorado las tierras de aptitud forestal en detrimento de aquellas de mayor capacidad productiva del país, y hay una discusión entre técnicos acerca de si esta masiva plantación de eucaliptos en el Uruguay no está absorbiendo una proporción descomunal de las reservas acuíferas del país.

Además, a la forestación se la ha considerado como una fuente de trabajo importante, pero esto no lo he podido constatar, pese a que recorro la campaña del país, y tengo intereses sentimentales y económicos en el departamento de Rocha, donde se ha comprado muchísima tierra para forestar. Salvo la plantación y el corte -que se produce a no menos de ocho años de la plantación-, no constituye ninguna fuente de ocupación importante en el país. Por lo tanto, no creo que deba mantenerse la excepción, ya que la forestación con fines energéticos que en algún tiempo -hace ya años- algunas empresas consideraron necesario realizar para sustituir el petróleo por la madera a los efectos de generar energía, hoy ha pasado de actualidad en el país.

En cuanto a la prohibición a las sociedades anónimas con acciones al portador, la ley que las prohibió establecía una rigidez muy especial que conviene comentar para que se tenga en cuenta la importancia del tema. La ley dice lo siguiente: "Dichos destinos serán declarados ante escribano público en el acto de adquisición, arrendamiento o cualquier otro destino, del inmueble rural de que se trate, debiendo éste" -se refiere al escribano- "comunicar a la Inspección General de Hacienda, en la forma que la reglamentación establezca, todo contrato en que se verifique tal declaración". Es decir que la excepción sólo podía establecerse por la vía de una certificación de escribano público que estableciera el destino de la tierra; de otra manera no podía ser explotado por sociedades anónimas con acciones al portador. Incluso se establecían multas, expresando: "La violación a lo precedentemente establecido será sancionada con una multa de hasta el 50% (cincuenta por ciento), del valor real del área del padrón rural en infracción". Es decir que era muy severa la legislación que pretendía mantener la propiedad de la tierra en manos de personas físicas y no de sociedades anónimas con acciones al portador.

También señalábamos en aquella oportunidad la larga discusión sobre el tema y la fuerza de las razones que la CIDE dio, que se incorporaron después a los proyectos que difundiera Wilson Ferreira Aldunate en lo que tiene que ver con el tema entonces conocido como Reforma Agraria.

Sobre la prohibición de que las sociedades anónimas con acciones al portador exploten la tierra hay antecedentes anteriores al planteo de Wilson Ferreira Aldunate, ya que siendo Ministro el señor Carlos Puig, en 1962, y también en 1964, cuando era Consejero Nacional de Gobierno el señor Daniel Fernández Crespo, destacaron la necesidad de la prohibición de que la tierra uruguaya fuera explotada por este tipo de sociedades anónimas.

Si analizamos el Derecho Comparado como lo hicimos en la sesión del 11 de junio de 1997, vemos que hay países americanos -y no americanos- que establecen que la tierra debe ser explotada directamente por los campesinos pobladores del campo del país a que pertenezcan.

Por ejemplo, la Constitución de Colombia, en su artículo 64 establece que "es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y no de los capitalistas, en forma individual o asociativa y a los servicios de educación, salud, vivienda y seguridad social". En Colombia las sociedades anónimas que poseen inmuebles rurales deben tener solamente acciones nominativas y comunicar cualquier traspaso de las mismas a un Registro especial de la Superintendencia de Sociedades Anónimas. Así fue expresado en la sesión del 11 de junio de 1997.

También dijimos que la Constitución de Ecuador tenía disposiciones en este sentido. Allí se expresa lo siguiente: "el Estado garantiza la propiedad de la tierra directa y eficazmente trabajada por sus propietarios". Agrega: "se proscribe el acaparamiento de la tierra y el latifundio; que se propenderá a la integración de las unidades de producción y a su concentración, mediante la eliminación del minifundio; que se estimula la producción comunitaria y cooperativa y que se organiza y fomenta la colonización para ampliar la frontera agrícola, a fin de obtener el reasentamiento equilibrado en la población del territorio nacional". Es decir que se insiste en la necesidad de mantener poblado el campo, cosa que en nuestro país -como ya lo expresamos- está sucediendo totalmente a la inversa y será peor aún por el régimen de sociedad anónima que se incrementa con este proyecto.

Además recordemos que esos países a los que nosotros les reclamamos la eliminación de subsidios a la producción agrícola, los tienen establecidos, precisamente, para mantener al campesinado en la tierra, es decir, para impedir la concentración urbana que se ha producido en el Uruguay y que tantas veces se ha mencionado.

Por otra parte, en la Constitución de México, en su artículo 27 se dice que "la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde, originalmente, a la Nación". Más adelante se agrega que "la Nación tendrá, en todo tiempo, el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Además, deberá regular el beneficio social; el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública; cuidar de su conservación; lograr el desarrollo equilibrado del país y mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbana".

En Gran Bretaña, señor Presidente, la tierra no puede ser explotada por sociedades anónimas con acciones al portador.

Creo que no es valedero el argumento de que se fortalecerá la explotación de la tierra con la formación de sociedades anónimas con acciones al portador, porque el drama social que vive el Uruguay está referido, fundamentalmente, a los pequeños y medianos productores rurales del país, a los pequeños y medianos tenedores de tierra.

En tiempos en que se aprobó la medida que hoy estamos fortaleciendo con la eliminación del Impuesto, se decía que los pequeños productores lecheros y chacareros iban a recibir el aporte de capitales que vendrían a fortalecer esas actividades. En aquel mismo momento, siendo miembro informante del proyecto el actual señor Presidente de la República, señalaba que una firma extranjera acababa de comprar 34.000 hectáreas de tierra. Es decir que el capital que viene del exterior no tiene interés en fortalecer las explotaciones de 50, 100, 200 ó 500 hectáreas, sino que llega a explotar miles y miles de hectáreas.

Dejando de lado ese problema, que tantas veces hemos discutido, decimos que no nos parece conveniente que la tierra del Uruguay se venda a través de papeles en cualquier lugar del mundo. Nos parece absolutamente inconveniente para los intereses del país y para su futuro.

Nosotros terminábamos nuestra exposición de 1997 -nos perdonará el Senado que leamos el material, porque creemos que ello sintetiza nuestro pensamiento al efecto- señalando: "Señor Presidente: pienso que en el proceso de globalización y circulación de capitales por el mundo el abrir la puerta para que sociedades anónimas con acciones al portador puedan comprar nuestra tierra es un factor de enorme peligrosidad. La opción parece ser proteger el capital y darle cabida, o defender la dignidad del hombre y su derecho a poseer la tierra". Y eso lo hemos visto frecuentemente en el Senado y en la prensa nacional. Continúo leyendo: "Algunos asimilan la explotación agropecuaria a cualquier otra actividad industrial y es obvio que hay una profunda diferencia. Algunos asimilan la tierra a la máquina y es obvio que ésta es una cosa muerta; la tierra es algo vivo, que genera y sostiene nada menos que la vida del hombre, de los pueblos, de los Estados y de la humanidad entera.

Esto no es de ahora, señor Presidente. La identificación del hombre con la tierra, esa relación casi mística entre ambos es un sentimiento ancestral. La tuvo el hombre desde que vivía en las cavernas, en los prados, en los bosques; me refiero al amor a la querencia, la solidaridad entre la tribu, y luego, al asiento físico del Estado, que es la tierra. Es el factor histórico de unidad de los pueblos. Sobre nuestra tierra se afirmó nuestra independencia y sobre su generación creadora de riqueza se consolidó la independencia nacional; ella es un factor de identificación nacional y, a mi juicio, el principal. Esa mística que se ha creado en la relación tierra-hombre es una relación de amor. El hombre vende su tierra cuando ya no puede vivir más en ella, porque ella no es la máquina muerta sino la cosa viva sobre la que diariamente camina, se inclina, trabaja y ve crecer las plantas y los frutos que van a alimentar a su familia".

Señor Presidente: por esa razón, creemos que no se debe votar esta exoneración. En un país que está padeciendo una crisis profunda, en un país que necesita recursos diariamente, donde carencias de toda índole se manifiestan en la vida y acción del Estado, donde en este mismo Recinto del Palacio Legislativo hacemos ahorros hasta en el papel que gastamos, utilizando el dorso del papel impreso porque no tenemos dinero para comprar material ni para las fotocopias, así como tampoco disponemos de él para una cantidad de cosas, en un país que tiene tantas dificultades, que está haciendo un esfuerzo para procurar dar de comer en este invierno a la gente que no tiene trabajo, en este país donde tanta necesidad tiene el Estado de recursos, ¿vamos a exonerar nuevamente a las explotaciones agropecuarias que se realizan por sociedades anónimas, que se crean con fuertes capitales y que desplazan a los explotadores naturales de la tierra que tienen que ser los trabajadores del campo uruguayo?

Por estas razones, señor Presidente, no vamos a votar esta exoneración.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Ec Alberto Couriel).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Gracias, señor Presidente.

Voy a ser muy breve, porque básicamente haré uso de la palabra a modo de fundamento anticipado de voto, para consignar la posición que el Encuentro Progresista-Frente Amplio ha tenido sobre este punto. Como verán los señores Senadores, en la Carpeta Nº 1008/2003, Repartido Nº 591, figura nuestra firma discorde, es decir, la de los señores Senadores Astori, Michelini y quien habla; no se observa la del señor Presidente en ejercicio de la Presidencia del Senado porque ese día no estaba presente en Comisión, porque, de lo contrario, también estaría.

Simplemente, quiero consignar lo siguiente. La Ley Nº 17.724, de 25 de junio de 1999, que derogó la prohibición de que las Sociedades Anónimas no nominativas, las Sociedades Anónimas por acciones al portador y todo otro tipo de sociedades en comandita, siempre que fueran por acciones al portador, pudieran explotar la tierra en forma directa, representó un avance de una concepción política acerca de cómo debe funcionar la producción agropecuaria. Es claro que esa norma ya ha sido defendida por el señor miembro informante y -de alguna forma- refutada, en forma brillante, por el señor Senador Pereyra; por ello, no podemos hablar mucho más sobre el tema. En esta especie de fundamentación de voto queremos recordar que no votamos esa ley y, por lo tanto, ya en aquel momento no éramos partícipes de que las explotaciones agropecuarias con base en la producción y en el asentamiento territorial fueran explotadas por sociedades anónimas o sociedades con acciones al portador, reitero, por los motivos que -de alguna manera- fueron expresados en Sala.

Esa ley, que derogó la prohibición, no fue la única aprobada sobre el tema porque, si no me equivoco, se legisló al respecto en la primera ley de urgencia de esta legislatura, a principios del año 2000. El artículo 8º de la Ley Nº 17.243 dispuso la exoneración del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales para las enajenaciones de tierra que se hicieran a empresas, sociedades anónimas por acciones al portador, u otro tipo de empresas por acciones al portador. Esa exoneración ya no implica sólo no prohibir, sino que favorece y promueve. Lo que se estaba haciendo a comienzos de esta Legislatura, en el año 2000, era favorecer y promover la explotación por parte de sociedades anónimas y de sociedades comerciales de otro tipo con acciones al portador de las actividades agropecuarias con base en la tierra. Eso es lo que se hizo a partir del año 2000 con la exoneración, durante un año, de este Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales. O sea que lo que se buscaba era que las personas físicas, sociedades anónimas o nominativas de otro tipo, que hasta ese momento eran poseedoras y explotadoras de tierras en el Uruguay, de alguna forma, se vieran favorecidas o favorecieran la creación de nuevas sociedades anónimas y la transferencia de esas tierras a dichas sociedades anónimas, porque esa transferencia no iba a pagar los impuestos que sí se pagan en cualquier otro tipo de transmisión patrimonial de la tierra.

Entonces, por un lado, tenemos una ley de 1999, que deroga la prohibición y, por otro, a poco andar -a comienzos del año 2000-, una ley que favorece y promueve la creación de sociedades anónimas y la explotación de la tierra uruguaya por sociedades con acciones al portador.

Nosotros tampoco votamos este proyecto de ley, y queda clara nuestra posición contraria a que estas cosas sucedan. Obviamente, siendo consecuentes con nuestro posicionamiento en este tema, tampoco vamos a votar estos dos artículos que prorrogan un año más la exoneración para que se puedan transferir bienes exonerados del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales a las sociedades anónimas o comerciales con acciones al portador en términos generales.

En ese entendido, señor Presidente, vamos a votar negativamente, tal como lo hicimos en la Comisión, este proyecto de ley.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Ec. Alberto Couriel).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: este proyecto de ley, que exonera de un Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales, lo que hace, en realidad, es bajar la recaudación que se obtiene por tributación agropecuaria, en beneficio de una figura jurídica, que es la que aquí está en discusión. Creo que en el Uruguay se han captado algunos capitales utilizando las disposiciones mencionadas en Sala. Algunos de esos capitales provenían de la droga, y por ello vinieron funcionarios judiciales de otros países a contactarse con el Poder Judicial uruguayo y a revisar los arreglos de propiedades en Punta del Este y en campos que se habían comprado al amparo de estas disposiciones.

Anteriormente, esto tuvo algunas limitaciones. Creo que aquí, en pocos años, hemos avanzado, como en una cascada desregulatoria, hacia un concepto de política de suelos libres. Me parece que esto es muy negativo para el país y que no hay ninguna razón de contenido por la cual se pueda defender el anonimato en la propiedad del suelo. Además, esto se da en un momento histórico donde las sociedades anónimas son una figura jurídica en retroceso en todo el mundo; hay países que prácticamente no las tienen para nada. En cambio, nosotros estamos creando figuras de protección en el territorio nacional.

Por otro lado, creo que el argumento de atraer capital de riesgo es, precisamente, riesgoso. Quisiera saber cómo protegemos al país de tipos de inversión que son contrarios al interés nacional. Pienso que los señores Senadores deben conocer -o pueden hacerlo si lo desean- algunos ejemplos de estos capitales con los que, efectivamente, se compran autos o edificios. Sin embargo, la tierra contiene el suelo, y éste es un bien muy particular; no es cualquier cosa, sino el producto de una formación de nuestros antepasados y, si bien es pasible de propiedad privada, tiene un objetivo social ineludible en todos los países bajo todos los regímenes. Hay naciones donde la tierra no se puede utilizar como garantía de préstamo, sino que para esto se utiliza la producción, porque se entiende que el suelo debe tratarse de una manera particular. En realidad, considero que todo esto depende de nuestro concepto del suelo.

Por otro lado, debo decir que hay inversiones extranjeras -este es otro capítulo a discutir- como, por ejemplo, las más de 40.000 hectáreas de las que hablaba el señor Senador Pereyra, que ya van en 80.000, porque con estos capitales se han comprado arroceras enteras, frigoríficos, y se sabe que se está en negociaciones para comprar otro frigorífico más grande. Pero estos capitales tienen nombre y apellido; se puede hablar con su dueño y éste puede dar explicaciones a la Policía edafológica del Uruguay, que es la encargada de controlar por ley cómo se usa el suelo en este país. Entonces, creo que aquí tenemos otro asunto.

El suelo está tratado en la legislación nacional, en un proceso de los últimos cuarenta años y en forma progresiva, como un bien social a preservar, desde que se planteó un proyecto de inversiones y desarrollo del país en la década del 60 y desde que se hicieron todos los trabajos de cuidado y de mapeo del suelo, de medida de su productividad potencial y se elaboró la Ley de Suelos. Es decir que de aquella época viene el concepto de que, en realidad, el suelo es esencial para el desarrollo nacional. Creo que si pudieran opinar en esto el doctor Eduardo Acevedo, el doctor Backhauss o Wilson Ferreira Aldunate, estarían en desacuerdo con esta filosofía de considerar al suelo como una mercancía más. La particularidad que tiene el suelo es que es el mapa; las casas se hacen o se deshacen, pero el mapa, el que nos enseñan en la escuela, es el que nos corresponde a todos.

Considero que hay maneras de conseguir inversiones y de mejorar la producción y la productividad sin que entreguemos la propiedad de algo que es un bien de todos nosotros y de nuestros descendientes en forma anónima. Creo que hay otras figuras jurídicas para esto.

En definitiva, no estamos de acuerdo con una política de suelos libres, porque pensamos que el suelo es lo que tenemos y lo que debemos preservar. Creo que para el país y para su economía es básico tener una política que nos diga qué hacemos con los recursos que la historia y la sociedad nos dieron, es decir, qué hacemos con el agua, con el suelo, con el aire y con los peces. Al respecto, debo decir que en todos los países estas cosas son preservadas y consideradas como patrimonio de la sociedad. No sé si nosotros vamos a salir de la crisis con inversores escondidos que, en realidad, reclaman protección para que no se sepa quiénes son. Efectivamente, hay capitales que reclaman este anonimato, y su derecho tendrán. El asunto es si nosotros estamos de acuerdo con dárselo o si pensamos que vamos a salir de esta crisis con una reactivación productiva y con una cultura del trabajo -en vez de la cultura del consumo-, para lo cual la soberanía sobre nuestros recursos es básica.

Este es el motivo, señor Presidente, por el cual no estamos de acuerdo con continuar con esto que comenzó hace algunos años, que no está dando ningún resultado positivo y que no vemos que sea de utilidad para el país.

Muchas gracias.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Ec. Alberto Couriel).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: personalmente, había tomado contacto con el tema de la propiedad del suelo hace muchos años, no en estudios desvinculados del Parlamento pero sí cuando aún no era parlamentario.

Hubo un proyecto presentado por el señor Senador Carlos Julio Pereyra, que fue impugnado de inconstitucional y estaba referido a la necesidad de que la persona que tuviera tierras se arraigara en ellas. Es decir que cuando un extranjero compraba tierras, no se le prohibía que las tuviera, pero sí se le exigía que se arraigara en ellas y estableciera un lugar de trabajo y producción. Con respecto a esta iniciativa, se presentaron algunas objeciones de inconstitucionalidad y el señor Senador Pereyra me hizo el honor -repito que en ese momento, hace muchos años, yo no era parlamentario- de formularme una pregunta jurídica. Al respecto, opiné que no había absolutamente ninguna inconstitucionalidad en ese proyecto de ley. Estos planteos de inconstitucionalidad también se hicieron cuando, a iniciativa de Wilson Ferreira Aldunate, se estableció que, si había sociedades anónimas que fueran dueñas de tierras, sus acciones debían ser nominativas. También se empezó a manejar el tema de inconstitucionalidad, basado en que era una cuestión que violaba el principio de igualdad. ¿Por qué las acciones tenían que ser nominativas? Porque a las sociedades con acciones al portador no se les otorgaba el mismo derecho.

Al principio, cuando se planteó la derogación de ese artículo que Ferreira Aldunate había propuesto, tal como decía el señor Senador Núñez, lo que aparentaba jurídicamente el tema era que lo que se estaba haciendo era permitir la existencia de sociedades anónimas con acciones al portador que sean propietarias de tierra, pero no se lo imponía. Precisamente, el cambio cualitativo ha sido que a partir de las exoneraciones de impuestos, el Estado o la mayoría que está en el Poder Ejecutivo -o en todo caso, el equipo económico- ha dicho que ahora quiere exonerar las transmisiones patrimoniales cuando sean al portador y no cuando no lo sean. Entonces, cuando se sabe quién es el propietario no se otorga la exoneración, lo que representa un cambio tremendo e inexplicable.

Sobre este tema mis compañeros ya han dado la versión desde el punto de vista económico y social. En lo personal, quiero decir que todas estas afirmaciones y las que hacía el señor Senador Pereyra, a mi juicio, contienen todos los argumentos por los cuales no podemos votar esta iniciativa. Nos parece insólito que se diga que si la sociedad tiene acciones al portador será exonerada pero, si se sabe quiénes son los dueños no tendrán ese beneficio. Es algo demasiado grueso.

Por otro lado, todo este tema viene siendo tratado de una manera muy técnica en la teoría del Estado desde hace muchísimos años, mucho antes de que aparecieran los llamados derechos sociales, a los que se refería el señor Senador cuando hablaba de que el suelo es considerado como una riqueza social. Concretamente, en la década del 20, ya en la teoría del Estado, un autor que para los que nos dedicamos a ese tema es muy importante, Jorge Jellinek, decía que la tierra, el territorio, pertenece al ser, a la esencia del Estado, no al haber. También sostenía que aunque hubiera propietarios de tierra con derechos de dominio -en Derecho el dominio es equivalente a la propiedad- el Estado mantenía sobre el territorio una figura jurídica que Jellinek llamaba "imperium". Quiere decir que en esa teoría ya estaba muy explicado el sentido social, aunque hablaba del Estado y no de la sociedad. Debemos tener en cuenta que estamos ubicados antes de la década del 30, momento en que por lo menos en estas zonas y después de la Constitución de 1934, Terra sin perjuicio de sus reminiscencias dictatoriales y asegurando unos cuantos años más de gobierno, incorporó un capítulo de derechos sociales muy moderno.

En consecuencia, creo que todo esto tiene una base teórica muy importante. No es posible que el Estado desconozca quiénes son los propietarios de la tierra, del territorio del país, que es un elemento esencial que integra su ser; no es posible que suceda esto en términos de teoría del Estado. Tampoco conozco teorías que hayan controvertido esta afirmación de Jellinek, porque si bien se le ha cuestionado en otros aspectos, no se ha argumentado este tema de que el Estado tiene "imperium" sobre todo el territorio. Llevado al lenguaje actual es lo que recién se explicaba, es decir, el sentido social de la propiedad de la tierra.

Deseaba hacer este aporte y, a la vez, recordar que cuando el señor Senador Pereyra planteaba el arraigo de quien sea propietario de tierras, se le decía -equivocadamente- que eso era inconstitucional porque discriminaba al extranjero. A propósito también cabe recordar que cuando Ferreira Aldunate proponía que si eran sociedades anónimas tenían que ser con acciones nominativas, también se dijo que era inconstitucional porque discriminaba a las que no eran sociedades con acciones al portador. Entonces, hoy me pregunto ante qué estamos; estaríamos ante una exoneración para propietarios de tierras siempre que se trate de sociedades anónimas, de lo contrario, dicha exoneración no se aplica. Sin necesidad de recurrir al esquema de la teoría del Estado, que a mi entender es bastante clara, me parece que ésta es una discriminación absolutamente insólita. A lo mejor esto se relaciona con algo que se dijo en una discusión muy civilizada, aunque fuerte, mantenida entre el entonces Senador doctor Batlle y el señor Senador Pereyra, cuando se derogó el artículo que prohibía las acciones al portador en la propiedad de las tierras. Recuerdo que el doctor Batlle sostuvo que todos los argumentos se basaban en la defensa del agro y que para él: "El agro ya fue en este país". ¿Qué se quiso decir? No sé. A lo mejor se quiso significar que la tierra se iba a convertir en un bien especulativo. Esto es fomentar un bien especulativo.

Sé que todos estos ejemplos son de juristas quienes muchas veces, por razones didácticas, utilizamos casos exagerados para que se entienda el concepto. De todos modos, me pregunto qué sucedería si una de las treinta familias que tienen esa cantidad de millones de dólares compraran tres cuartos o medio Uruguay a través de sociedades anónimas con acciones al portador. ¿Cómo ejerce en ese caso el Estado el imperio que tiene sobre el suelo? Lo tiene y nadie lo discute. Desde luego que hay propietarios privados que tienen extensiones de tierra, pero el Estado planea por encima de ello con lo que Jellinek llamaba el imperio, no el dominio o la propiedad. ¿Cómo lo hace? No puede actuar porque no sabe con quién entenderse y, tal como lo explicaba un señor Senador citando un ejemplo más entendible, cabe preguntarse a quién le va a discutir.

Si una sociedad anónima con acciones al portador destroza cien mil hectáreas del territorio y viola todas las disposiciones que hay sobre protección del medio ambiente, se podrá de pronto aplicar una multa, pero no se podrá llevar presa a la sociedad anónima, porque lo que se necesita para hacerlo es una persona física. En ese caso, ¿cómo se procedería? Quizás se podrá sancionar a algún director que, de pronto, puede ser el testaferro, pero no el dueño porque no se sabe de quién son las acciones.

Señor Presidente: quise resumir en pocas palabras nuestra opinión sobre lo que nos parece un proyecto no meramente malo, sino espantoso, que vamos a votar en contra con mucha convicción.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr.Ec Alberto Couriel).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: he seguido atentamente la discusión sobre este tema y, naturalmente, respeto las opiniones en contra del proyecto de ley. Como se ha recordado, el señor Senador Pereyra ha venido oponiéndose desde la década del sesenta a esta vieja forma de sociedades existentes en nuestro país. Ahora bien, la pregunta es ¿estamos creando ahora las sociedades anónimas? No, ya existían; no estamos formando una nueva figura. ¿Existía ya esta exoneración en el país? Sí, hasta hace muy poco existió la exoneración de los impuestos a las transmisiones, por otras razones que las que hoy se esgrimen y sostienen en este proyecto de ley. ¿Cuál es la dificultad que se encuentra hoy en el país? Hay un sector agropecuario que no tiene crédito, en virtud de que sigue vigente una crisis bancaria importante y no hay crédito en la plaza. Todos sabemos que una gran cantidad de ahorro que un año atrás se ubicaba en el sistema financiero y que permitía generar el crédito, hoy ya no lo hace debido a una desconfianza que se puede considerar lógica. Hay mucha gente que esconde el dinero en sus casas y no sabe dónde colocar la plata ni dónde invertir. Existe un gran temor en la plaza, sobre todo en la gente que ahorra. Incluso, este proyecto de ley atiende un pedido de algunas gremiales agropecuarias, aunque no de todas, ya que todavía existe algún argumento -como he escuchado en la tarde de hoy- que muestra cierta aprensión hacia esta forma de asociación. Es así que a nivel de la Comisión de Hacienda estamos analizando un proyecto de ley sobre fideicomiso, que puede ser una nueva fórmula asociativa que ayude a que vuelva el capital que anda por ahí, que no está creyendo en el sistema financiero.

¿Qué busca este proyecto de ley? Ayudar a la asociación de capitales mediante sociedades anónimas, a través de la exoneración de impuestos. Imaginemos el caso de un productor que debe pagar al Banco de la República Oriental del Uruguay y como consecuencia de ello debe descapitalizarse y vender todo su ganado. Naturalmente, la tierra seguirá siendo de él. Entonces, tendrá la posibilidad de formar una sociedad consiguiendo un capital en otro lado. Aclaro que no hablo de capitales provenientes de la droga ni de ningún lugar extraño, sino del que, por ejemplo, puede tener un médico, situación que es muy común en el Uruguay. Entonces, no tendrán que pagar impuestos y si mañana necesitan el capital rápidamente pueden recuperarlo. Sé que han existido severos cuestionamientos a la exoneración del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales que se permite entre sociedades, pero se trata de un momento muy especial en el que el sector agropecuario está precisando una inyección de capital. Todos estamos preocupados por este tema y por ello se han presentado proyectos de suspensión de ejecuciones y de refinanciación. Personalmente he intervenido en soluciones administrativas junto con el Gobierno para que el Banco de la República Oriental del Uruguay otorgara facilidades a este sector. Entonces, aquí se trata, precisamente, de dar esa facilidad a una forma asociativa que ya existe en la industria, en el comercio y en el área de servicios. Como dije anteriormente, también está vigente para el campo pero en ese caso se la condena porque existe el prejuzgamiento de que se precisa ocultar el tenedor. Realmente no comparto esos argumentos. Creo que en el momento en que estamos viviendo es necesario facilitar la posibilidad de conformar asociaciones. Además, la figura de las sociedades anónimas al portador está vigente y a través de este proyecto de ley el Gobierno busca incentivar la inversión de capitales en el sector agropecuario en momentos en que existe incertidumbre -en el país y a veces también en el mundo- sobre dónde colocar el dinero a fin de contar con las mayores seguridades; por lo general, para eso se eligen estas fórmulas asociativas.

En definitiva, señor Presidente, no veo nada extraño y advierto que no estamos discutiendo si es bueno o malo que en estos momentos existan sociedades en el campo. Tenemos una grave crisis de capital, de crédito, y eso es muy claro. Incluso no existe la posibilidad de asociarse para un cultivo determinado, no ya para la tenencia de la tierra. Esto permitirá que se pueda formar una sociedad para plantar; el tenedor de la tierra, junto con un capitalista -que puede ser un médico porque es muy común que tengan cierto capital- pueden apostar a plantar sorgo, cebada, etcétera, o a dedicarse a la forestación -aunque en ese caso ya está permitido- sin tener que pagar impuestos. Es claro que aquí se busca facilitar la sociedad cuando el capital está escondido, está en un colchón o en el fondo de la casa; pretende tratar de sacarlo, de ayudar a la concreción de las fórmulas asociativas. Por esos motivos, considero que es una buena iniciativa, aunque es claro que no va a solucionar los problemas del campo ni constituye la panacea para arreglar el tema de la falta de crédito que hay en todos los sectores de la economía nacional en la actualidad.

Por lo expuesto, no creo que la discusión dé para más. Algún día podremos debatir a fondo acerca de cuál ha sido la experiencia de las sociedades anónimas al portador en el Uruguay y de los capitales extranjeros. Cuando lo hagamos buscaremos información acerca de cuánta área hay en manos de extranjeros hoy en día para poder discutir con propiedad si han sido beneficiosos o nocivos para el país. Los extranjeros que sean dueños de tierras tienen que pagar los impuestos y hacerlas producir. Los problemas del suelo no los arregla la propiedad ni la fórmula asociativa. Hay arrendatarios uruguayos que a veces aran cuesta abajo y rompen el suelo, por lo que no importa si se trata de sociedades anónimas, si son nacidos acá o en otro lado. El tema pasa por la preservación de nuestro suelo y eso va más allá de quién es el titular o la forma jurídica que se utiliza para explotarlo. Personalmente me importa que en estos momentos en los que hay falta de liquidez y de financiación en este sector, no se cobren impuestos a esas nuevas fórmulas a fin de que se pueda hacer frente a las deudas.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Ec Alberto Couriel).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIK.- Señor Presidente: la pregunta que quiero hacer es por qué esta solución es exclusiva para las sociedades anónimas que tienen acciones al portador y no una exoneración para todas las transmisiones inmobiliarias patrimoniales del campo. Conozco un caso, que de pronto está en el anecdotario. Fueron a embargar una estancia que todos saben que es de la familia Peirano -los veterinarios me dijeron que cobraban rigurosamente al día- y el Alguacil del Juzgado tuvo que dar vuelta; pudo embargar ganado porque ese sí estaba a nombre de una empresa conocida, pero no el campo porque no se sabe quién es el dueño. Apareció un señor capataz, pero muy bien vestido, que dijo: "Acá está el título. Esto es una sociedad anónima. ¿De dónde sacan ustedes que es de los Peirano?" El Alguacil da cuenta en expediente de que no se puede embargar y se lo devuelve al Juez.

Entonces, el tema es que este tipo de cosas ocurren o pueden ocurrir. Lo cierto es que pasó y conozco el episodio, es decir, la versión no me vino de la chismografía popular. Así pues, la pregunta, al margen de este tema -no quiero introducir otro problema bancario ni de una familia- es por qué en ese marco -que no comparto, aunque entiendo que pueda sostenerse que se trata de facilitar la inversión- esto rige sólo cuando se trata de acciones al portador. ¿Cuál es la razón que determina eso que parece ser, en principio, una discriminación? ¿Por qué a otros productores que tengan sociedades anónimas nominativas o personales no se les otorga esta exoneración?

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Ec Alberto Couriel).- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- El señor Senador Korzeniak pregunta por qué esto se otorga solamente cuando se trata de acciones al portador. Por mi parte digo que no tengo inconveniente en que se exonere a otras fórmulas asociativas. Me parece que hay una creencia de que quien tiene miedo a colocar su plata y por ello la esconde en su casa o la esconde debajo del colchón, querrá tener más seguridad en cuanto a la posibilidad de vender rápidamente en el caso de que quiera hacerlo; así, podría preferir las sociedades anónimas al portador en lugar de las nominativas. Pero vuelvo a decir que no tengo ningún inconveniente en que se incluyan sociedades anónimas nominativas y no al portador o, además, de las acciones al portador, las nominativas. En realidad, no me parece que ese sea el tema.

SEÑOR BRAUSE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE ( Cr. Ec- Alberto Couriel).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: quisiera hacer dos comentarios. Ante todo, digo que existe un antecedente en cuanto a por qué la exoneración a las enajenaciones y promesas de enajenaciones de inmuebles rurales y sociedades anónimas por acciones al portador, se limita a ese concepto. Realmente, las razones fueron explicadas por mí como miembro informante , pero también han sido expuestas, con acierto, por el señor Senador Heber. Por mi parte, quiero resaltar la circunstancia de que existe un antecedente respecto de la exoneración del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales en el caso concreto de que se hagan a sociedades anónimas por acciones al portador. Y ese antecedente fue exitoso, habiéndose limitado a un año la exoneración, al igual que se incorpora en este proyecto de ley, ya que se establece un lapso de un año.

¿Por qué se hace eso? Justamente, porque a través de este instrumento se procura -como se procuró con el antecedente- captar capitales que se inviertan en el sector agropecuario, en un contexto de dificultades como las que está viviendo el crédito en el país. No quiero reiterar los argumentos que ya, con acierto, ha señalado el señor Senador Heber, pero si el Senado de la República, quiere ahora ampliar la exoneración tributaria, desde ya digo que no tengo ningún inconveniente. Solamente necesitaríamos la iniciativa del Poder Ejecutivo porque se trata, justamente, de una exoneración y, en tal sentido, el artículo 133 de la Constitución es muy claro al establecer que se requiere dicha iniciativa. De cualquier modo, reitero que no tengo inconveniente en ampliar la discusión. He querido señalar el antecedente como razón de ser de la limitación de la exoneración cuando la transmisión patrimonial se hace a sociedades anónimas por acciones al portador.

El segundo comentario que quiero hacer refiere al ejemplo que se puso de querer embargar un inmueble rural perteneciente a la familia Peirano cuando, aparentemente, por lo que se dice, -si es que esta expresión tiene algún valor jurídico- todo el mundo sabía que ese inmueble pertenecía a esa familia, pero que no pudo hacerse en función de que la propiedad de ese inmueble rural pertenecía a una sociedad anónima por acciones al portador. Personalmente, entiendo que ese problema se tiene en cualquier circunstancia, ya se trate de un inmueble rural, de uno urbano, de uno suburbano, de una industria o de cualquier otra circunstancia donde la titularidad de ese inmueble o mueble pertenezca a una sociedad anónima con acciones al portador. Quiere decir que el planteo de esa interrogante, a propósito del análisis de este proyecto de ley, no forma parte del mismo, sino que se inscribe en el contexto de otro problema. ¿Al Uruguay y su Derecho Positivo le conviene mantener la institución de la sociedad anónima por acciones al portador, o no? Se trata de otra discusión. Y no es ahora que debemos centralizar el análisis en ese planteo. De cualquier modo, desde ya adelanto que el día que se dé esa discusión, me manifestaré a favor de conservar a las sociedades anónimas.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE ( Cr. Ec. Alberto Couriel).- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Gracias, señor Presidente.

Volviendo al argumento, digo que no creo que sea un buen ejemplo el caso de los Peirano, porque no está acotado al proyecto. ¿Qué tiene que ver esto con la sociedad anónima de los Peirano? Creo que un Juez puede perfectamente embargar y averiguar sobre la propiedad de una sociedad anónima, pues tiene potestades para ello. No soy abogado, pero creo que, efectivamente, un Juez puede saber a ciencia cierta quiénes son los titulares de una sociedad anónima. En definitiva, me parece que el tema de las sociedades anónimas no es lo que está en juego.

Lo que digo es que si facilitamos que no se cobre impuestos, podemos ayudar a que haya un capital que es -vuelvo a decir- muy cobarde. En realidad, el capital, por definición, es cobarde, porque se va enseguida, tiene miedo. Pero no estamos hablando del gran capital, porque los grandes capitales de los que hablaba el señor Senador Agazzi, que son los provenientes de la droga, por ejemplo, no van a venir porque se haya exonerado del 2% de la venta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un impuesto que ayuda a quien ese 2% le cuesta, es decir, del pequeño y del mediano productor, a quien le está costando pagar ese 2% para hacer una sociedad y atraer a un vecino que quiera invertir; ese productor no tiene fórmulas asociativas que le dan garantías a dicho inversor.

El señor Senador Korzeniak pregunta por qué no exonerar también a las sociedades anónimas nominativas. La verdad es que no lo sé, pero tampoco prejuzgo una intencionalidad. Creo que al hablarse de acciones al portador se trata de dar una facilidad a aquel que está muy asustado al ver que se quedaron con sus ahorros y ahora no sabe dónde colocar; a su vez, quiere tener algo que en el día de mañana, cuando las condiciones económicas mejoren, pueda venderlo en el mercado con facilidad. Y todos sabemos que se puede vender con facilidad si es al portador, porque si es nominativa, hay todo un proceso que, de alguna manera, tiene que cambiar. No soy jurista pero considero que se trata de una fórmula no para esconderse sino para facilitar la venta o la asociación.

SEÑOR RIESGO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Ec. Alberto Couriel).- Puede interrumpir el señor Senador Riesgo.

SEÑOR RIESGO.- Señor Presidente: no voy a entrar a discutir el tema de la sociedad anónima. No me preocupa que una sociedad sea la dueña de un pedazo de tierra. Por lo demás, estoy de acuerdo plenamente con lo que planteó el señor Senador Brause en el sentido de que hasta se podría consultar que las acciones no sólo fueran al portador sino también nominativas. Voy a ir un poco más allá. ¿Por qué no también a personas físicas que están tratando de vender su campo con problemas de deudas con el Banco de la República? Por lo tanto, plantearía a los señores Senadores la posibilidad de aplazar el tema por quince o veinte días y hagamos las consultas del caso.

(Dialogados)

- Aquí estamos hablando -creo que comprendí el pensamiento del señor Senador Heber y del Poder Ejecutivo- de hacia dónde va dirigido el beneficio, que según entiendo, va al sector agropecuario. Pienso que si es así podríamos entonces proceder como sugerí en el sentido de aplazar el tema y realizar las consultas del caso. Entonces, quizás se pueda extender este beneficio a otros sectores o quizás no, pero hagamos el intento.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Ec. Alberto Couriel).- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: quizás nos merezcamos una discusión a fondo sobre las sociedades anónimas al portador. Es posible. Según establece el proyecto de ley, en 1999 votamos la posibilidad de que se creen sociedades anónimas al portador. Por lo tanto, tenemos por lo menos tres años de experiencia, de modo que podríamos ver si estas sociedades anónimas al portador han generado una excesiva extranjerización de la tierra. Este es uno de los temas a analizar. Por el contrario, ello nos permitiría saber cómo dichas sociedades han generado aportes de capital donde a veces esto no sucedía, o donde se pudieron emprender producciones que hasta ese momento no existían y que fueron pioneras en función de que se había formado una sociedad anónima al portador que facilitó la posibilidad de que hubiera aporte de capital.

Quiero decir que respeto mucho la posición del señor Senador Pereyra, con quien hemos venido discutiendo desde hace mucho tiempo respecto a esto, pero vuelvo a decir que el tema de las sociedades anónimas no es el que nos ocupa hoy. El tema de hoy es el 2% que se paga de uno y otro lado y que genera, sobre todo al que no tiene recursos, un costo adicional que a veces imposibilita la concreción de fórmulas de asociación. La intención del proyecto es ayudar para que se puedan formar las sociedades que sean necesarias a fin de captar más de U$S 1.500:000.000 que, según dice el Poder Ejecutivo, están en el Uruguay o en otra parte, pero fuera del sistema financiero. Podríamos coincidir en cuanto a que existen más de mil uruguayos que no saben dónde invertir y a veces piden seguridades. En ese sentido, esta iniciativa puede servir de ayuda.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Ec. Alberto Couriel)- Puede interrumpir el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: el señor Senador Heber pedía algunos datos. En tal sentido, los Diputados del Encuentro Progresista-Frente Amplio presentaron un proyecto para derogar la disposición del año 1999 que contiene algunos elementos que quiero comentar. En ese momento discutimos la aprobación de la disposición legal -que creo fue iniciativa del entonces Senador de Posadas- para que las sociedades anónimas fueran anónimas y se derogara la prohibición de los que podían adquirir tierras. Ahora bien, aquí hay un dato que dice que el 72% de las tierras comercializadas desde entonces fueron sociedades anónimas. Entraron en el negocio inmobiliario 210.000 hectáreas. Como el señor Senador pedía algún dato, le proporcionamos este. Pero quisiera saber si se realizó aquel objetivo que mencionaba el hoy Presidente de la República al discutir este tema y decir que este mecanismo de las sociedades anónimas iba a permitir que, por ejemplo, los pequeños productores del basalto -posiblemente algunos señores Senadores que estaban presentes en aquel momento lo recuerden- se reunieran, formaran una sociedad anónima y realizaran así un gran emprendimiento. Observen ustedes cómo gira la cosa. Hoy el argumento es quitar el impuesto para que vengan los inversores -supongo que extranjeros- o los médicos multimillonarios que cobran $ 400.000 o $ 500.000 por mes, a comprar tierras y formar una sociedad anónima. Uno de los grandes problemas que se vive actualmente es el de la paralización de la industria de la construcción. ¿Acaso vamos a desgravar la construcción? ¿Vamos a ir a la propiedad urbana a desgravar el impuesto a las transmisiones inmobiliarias que tienen que pagar? Recordemos que este impuesto, creado por la administración del doctor Lacalle a través de la Ley de Ajuste Financiero del año 1991, si mal no recuerdo, generaba aproximadamente unos U$S 60:000.000 al año cuando no había crisis y el dólar conservaba su valor real.

En definitiva, creemos que esto sólo va a servir para que cuatro o cinco grandes emprendimientos no paguen mucho dinero por ese impuesto -que creo es del 3%-, son los que invierten U$S 2:000.000 o U$S 3:000.000.

SEÑOR BRAUSE.- Es del 2% y 2%.

SEÑOR GARGANO.- Bien, es del 4%. En fin, no creo que vaya a dar resultado, como me parece que hay otras que tampoco. El señor Senador Agazzi hablaba de la desregulación. Obsérvese que hemos desregulado tanto que hasta quitamos de la Ley de Colonización la disposición que obligaba a que Colonización ofertara primero en todas las propiedades que se comercializaran por extensiones de más de mil hectáreas. Eso se derogó y da la impresión de que ni siquiera eso hace funcionar el negocio.

Reitero que como el señor Senador Heber pedía algún dato, yo le acercaba este. Asimismo, entiendo que convendría solicitar al Presidente de la República que informe al Parlamento acerca de la cantidad de productores del basalto que se unieron para formar sociedades anónimas.

Muchas gracias.

(Ocupa la Presidencia el señor Luis Hierro López)

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: agradezco al señor Senador Gargano los datos que me acerca, pero la cifra de 272.000 hectáreas desde que se creó la disposición no me parece muy importante, teniendo en cuenta que tenemos 16:000.000 de hectáreas. Pienso que una cifra al lado de la otra no significa una correntada a favor de ocultar nada; son fórmulas que se habrán hecho.

Vuelvo a decir que el 2% de uno y otro lado busca ayudar a quien no lo puede pagar. Los grandes capitales que quieren formar una sociedad anónima no se van a detener en el 2%; los que lo harán son aquellos que no tienen la posibilidad de pagarlo. Insistimos en que lo que se intenta es la exoneración de ese porcentaje para facilitar esto.

Ahora bien, puse el ejemplo de los médicos pero pediría que no se subestime a los uruguayos. Me referí a los médicos porque podemos saber que hay algunos que han comprado campos.

SEÑOR KORZENIAK.- Como Peirano.

SEÑOR HEBER.- Pero no es el único inversor. Acá tenemos más de U$S 1.000:000.000 de gente que retiró sus ahorros y no volvió.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay una moción en el sentido de que se prorrogue el término de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 26. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Termino diciendo que el 2% no es para los grandes capitales que vienen a invertir una cifra significativa a la hora de decidir si se compra o no un campo, en régimen de sociedad anónima, porque el otro 2 % lo debe pagar el vendedor. Por eso, hablo de un 2%. Acá estamos tratando de facilitar al mediano productor que hoy tiene que hacer frente a sus deudas y busca nuevas fórmulas asociativas para capitalizarse, para hacer negocios y para pagar al banco lo que le debe.

Vuelvo a decir que, si bien esta medida no es la panacea para solucionar el problema del campo -esto sería la refinanciación-, ayuda a la formación de sociedades anónimas entre uruguayos, mucho más que entre extranjeros. En tal sentido, nadie va a venir al Uruguay, que es zona con una tasa de riesgo muy alta, a invertir porque se ha exonerado del 2% del Impuesto al Patrimonio.

Nos parece que es un buen impuesto y por eso no lo derogamos; la suspensión es por un año, porque en estos momentos es cuando más se precisa el aporte de capitales. Es tan fácil como eso y no creo que haya que darle más vueltas. Cuando el proyecto de ley sobre derogación de la fórmula de las sociedades anónimas al portador ingrese al Senado, podremos discutir largamente acerca de dichas sociedades anónimas. En ese momento, seguramente discutiremos sobre cantidades más importantes porque, como ya dije, el 80% de 272.000 hectáreas, cuando el Uruguay tiene 16:000.000 de hectáreas, no es una cifra que nos pueda hacer temer que nuestro país se vuelva una sociedad anónima al portador.

SEÑOR PRESIDENTE.- No hay más oradores anotados.

SEÑOR DE BOISMENU.- Disculpe, señor Presidente, yo solicité la palabra durante la Presidencia ejercida por el señor Senador Couriel.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador de Boismenu.

SEÑOR DE BOISMENU.- Señor Presidente: quiero decir que hay dos puntos importantes en esta discusión. Por un lado, el instrumento denominado sociedades anónimas y por otro, la intención que tuvo quien propuso eliminar el impuesto.

A esta hora de la tarde, luego de escuchar a varios señores Senadores que hablaron con tanta propiedad, voy a contar una anécdota vinculada con lo que expresó el señor Senador Korzeniak en cuanto al temor de que los extranjeros -ya sea Soros o la gente de la lana- vengan a comprar un área importante de nuestras tierras. Voy a hacer una estimación que llamará la atención a quienes conocen el tema. Si el negocio se vuelve altamente rentable, seguramente terminaremos con las discusiones sobre endeudamiento que hemos mantenido durante años, pero tendremos un nuevo problema. Esto me hace acordar a cuando era Director del Registro en 1984 y había una inscripción de alrededor de 2.000 corderos de la raza Romney. En aquel momento, un productor tuvo la habilidad de exportar esa raza al Perú, pero como había muy pocos ejemplares en el Uruguay, se dio una reacción por parte de los productores, similar a la del señor Senador Korzeniak; digo esto respetuosamente. Por tal razón, nos solicitaron una reunión a fin de regular, sin entrar a limitar, la salida de los corderos Romney del Uruguay. Por supuesto, esa operación no se llevó a cabo y se estabilizó el negocio de las ovejas Romney que en un momento valían U$S 20 y llegaron a costar U$S 60 o U$S 70 si se exportaban por avión. Lo cierto es que se estabilizó el nivel de esta raza y no desapareció del país. Hace unos días se celebró una reunión importante de criadores de Romney en el departamento de Florida donde se elaboró el estándar de la raza y se llegó a la conclusión de que el Uruguay sigue siendo un buen productor de la misma, a pesar de que en la década del 80 estaba pasando a la clandestinidad y a la desaparición.

Todas las monedas tienen dos caras. He oído con atención al señor Senador Agazzi, quien conoce muy bien esta zona, que habló de la posibilidad de la venida de inversionistas extranjeros. Sin embargo, por el hecho de que exista el instrumento de la sociedad anónima, no se va a dar la destrucción de nuestros suelos. Los que están más cerca del tema recordarán que durante varias décadas en nuestro país se practicó una destrucción agrícola masiva de los suelos. En el litoral tenemos bien presente este problema ya que el arado, el agua y otros elementos han erosionado las tierras. Esto se dio a raíz de ciertas formas de asociación rudimentaria de medianería entre personas físicas y no entre sociedades anónimas.

Todo problema tiene dos caras, lo digo con el mayor respeto hacia el señor Senador Pereyra. He pensado muchos años sobre este tema, que me interesa profundamente porque he tratado de estudiar y profundizar acerca de las razones de la discusión que se plantea en este Senado. Todas las cosas tienen su razón que puede ser, filosóficamente, cierta o equivocada.

En el tema forestal también existen dos caras. Por un lado, es posible que a través de este rubro no se utilice una gran mano de obra, como algunos creyeron, pero sí hay que reconocer que esto llevó a que se vendieran campos en el país y a que la gente que tenía deudas, las saldara. Hubo quienes cambiaron campos de baja calidad productiva agrícola y ganadera, por otros superiores, pagaron la deuda y compraron a mejor precio. Por lo tanto, este sistema permitió resolver una parte importante del endeudamiento de algunos productores. Entonces, quienes tenemos la versión del "árbol asesino", como se le dice al eucalipto en España, debemos reconocer que en determinado momento esa operación le sirvió al país. Asimismo, hay que señalar que al raleo, al corte y a la tecnología moderna que trajo el corte, se le agrega el uso de camiones y, por ende, un gran movimiento. El domingo de tarde estuve en el puerto de Fray Bentos y observé un importante movimiento de camiones y de gente que estaba cargando un barco con madera.

Reitero que toda moneda tiene dos caras, pero el tema filosófico que más nos interesa es un concepto que tenemos arraigado por nuestra formación española, como consecuencia de que en la época de Carlos V y Felipe II, la tierra era el centro de la vida. Hemos heredado el concepto de que la tierra es lo más importante y entendemos que todo lo demás crea inseguridad. La tierra presenta la virtud de brindar la seguridad de conservarla, pero en contra de eso implica, no solamente en el Uruguay sino en otros países -como lo habrán visto quienes trabajaron en la agropecuaria y en la agricultura-, la certeza de que esa libertad y esa seguridad traen, al mismo tiempo, una muy baja rentabilidad. Esto ha hecho que todos pensaran -le contesto muy respetuosamente al señor Senador Gargano- que lo que les trasmitió el doctor Batlle acá fue una especie de caricatura de aquello a lo que el mundo tiende.

(Intervención del señor Senador Gargano que no se entiende)

-No es para que el señor Senador Gargano me conteste esto con burla, porque el tema es muy profundo, sobre todo para un país como el Uruguay. Esto lleva a una nueva manera de trabajar en el campo, que nos cuesta mucho a todos, en el que las formas asociativas -como lo dijo el señor Senador Heber- son la tendencia que viene. Según palabras del señor Senador Agazzi, las formas de sociedades anónimas tal vez no sean las que se están operando en el mundo moderno. Desde 1965 ó 1970, aparecen en Francia los "gaec" o los "earl" -de las que tenemos las formas jurídicas de implementación en nuestro despacho-, que son formas de sociedades anónimas o nominativas. El mundo se ha abierto y las sociedades cooperativas han caído frente a este tipo de organizaciones, que crecen cada vez más, mientras las otras disminuyen. Entonces, hay todo un mundo nuevo que nos sorprende, al que nos cuesta adaptarnos, por lo que comprendo la reacción de ustedes. Por él deberán comenzar a transitar las generaciones nuevas; quizás, yo no llegue a hacerlo, pero seguramente mis hijos lo harán.

Quiero señalar que apruebo este proyecto y, tal como bien dice el señor Senador Heber, no creo que sea el gran instrumento, aunque sí sirve -y así nos lo han expresado muchos productores- para pelear contra algo que al señor Senador Gargano le ha preocupado mucho, como es el tema del endeudamiento. Es decir que no creo que este sea un elemento para atraer inversiones, aunque sí tiene alguna correlación con lo que están haciendo muchos técnicos con el Fondo de Inversión. De todas formas, se intentará atraer nuevos capitales. Sé que estos temas del financiamiento y del endeudamiento han sido una preocupación válida para el Senado y están extremadamente ligados, sobre todo, en organizaciones familiares. Todas las consultas que se presentan han sido defendidas por ustedes en muchas oportunidades; se trata de sociedades familiares que deben reorganizarse, ya que hay personajes colaterales que pueden ingresar y quieren pagar para solucionar el tema del endeudamiento. Sé que este asunto choca, desde el punto de vista filosófico y como dijo el señor Senador Riesgo, no encuentro razón para que la sociedad no pueda ser nominativa y no sé por qué un personaje normal, como puedo ser yo, no puede comprar en forma directa como persona física. Aquí hay un instrumento para solucionar el problema del endeudamiento y tal como dijo el señor Senador Heber, no será el mejor, pero sí uno más, que sé que va a ser utilizado y lo digo con toda propiedad.

Quiero dejar en claro cuál es mi posición, se apruebe o no este proyecto, para que luego no se me diga que no actué en forma pública, como debía hacerlo.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR DE BOISMENU.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Lejos de mí está el haber hecho una burla de lo que dijo el señor Senador de Boismenu. Afirmé que efectivamente era una caricatura el razonamiento de que la gente que está en el basalto, los criadores del basalto, los pequeños, eran individualmente inviables, según decía el doctor Batlle; sin embargo, este proyecto de ley los va a ayudar a reunirse, a fusionarse y a crear grandes empresas que sí lo serían. No estoy diciendo aquí otra cosa más que lo que creo, honrada y honestamente, que el actual Presidente de la República pensaba. Siempre creí que ese era un mecanismo inviable, que el sistema de la propiedad innominada no iba a ser aceptado por el mediano y pequeño propietario así como así, porque existe ese temperamento que el señor Senador de Boismenu señalaba, en el sentido de que se trataba de un proyecto que iba a fracasar en ese objetivo. Sin embargo, iba a ser utilizado por otros grandes propietarios que aprovecharían para transformar sus extensas propiedades a través del sistema de sociedades anónimas, lo que generaría situaciones como las que describía el señor Senador Korzeniak.

Por otra parte, ya con la Ley de Wilson se podía resolver problemas familiares desde el punto de vista de la propiedad, porque había sociedades nominativas y era posible dividir la propiedad, mantener la cohesión del grupo familiar y vender una parte, si alguien quería retirarse de ese emprendimiento. Creo, por el contrario, que hay otros mecanismos asociativos, como el cooperativo, que no pienso que esté en descenso, ya que en todas partes hay un crecimiento del mismo. Las principales áreas de crecimiento son las no tradicionales, tales como el mecanismo de financiamiento de las cooperativas de ahorro y crédito. Entiendo, además, como lo señalaba el señor Senador Agazzi, que es posible encontrar otras formas de asociación que permitan, por ejemplo, emprendimientos colectivos, cooperativos o comunitarios en el plano de la cosecha, la siembra, la explotación de un tractor o cosechadora de alto costo. Eso se puede hacer porque no está prohibido por la ley. Hablo de inventos, porque se trata de la creación de un mecanismo por el que, durante un año, vamos a lograr un pujo que sobrepase lo que en tres años no se ha logrado. Estoy seguro de que si analizamos las 270.000 hectáreas que pasaron a sociedades anónimas, encontraremos que los que hicieron eso no son más de 20 ó 30 propietarios, es decir, los que tienen grandes concentraciones de tierra.

Quiero aclarar al señor Senador de Boismenu que lo que hice fue afirmarme en una acertada descripción del razonamiento que había hecho el entonces señor Senador Batlle.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador de Boismenu.

SEÑOR DE BOISMENU.- Aclaro que no dije que el sistema cooperativo hubiera caído en nuestro país. Sé de la honestidad del señor Senador Gargano y en el día de mañana voy a enviarle información sobre lo que ha ocurrido en relación con este tema, en los últimos tiempos, en Francia, Rusia, Polonia y Australia, así como lo que ha sucedido en este tipo de operaciones en todo el mundo.

También debo agradecerle que me hizo recordar una anécdota con respecto al tema de las formas asociativas de los criadores del norte. Durante el corto período en que hice una suplencia en el Instituto Nacional de Colonización, a raíz de la enfermedad de un Director, surgió un grupo de productores en la Ruta 26, al norte de los departamentos de Paysandú y Salto, que después de haber hecho una gira y ver lo que hacía el grupo "Tejar" en la Argentina, instaló -siendo criadores chicos- un grupo asociativo de este tipo al que hay que seguir aportándole herramientas y realmente vale la pena conocerlo para ver su funcionamiento.

No sé si el entonces Senador Batlle dijo eso en aquella época sabiendo de la existencia de esto -que le podíamos haber comentado- o suponiendo que iba a existir; lo que afirmo es que ya existe. Todo esto es muy difícil, porque uno pasa por organizaciones intermedias, como pueden ser los consorcios; sé que la fuerza de los abogados dentro del sistema agrario hoy es muy importante. Este tema nos cuesta, pero el mundo camina hacia formas asociativas y ello es irremediable, nos guste o no, porque todo apunta hacia ahí, en éste y en otros aspectos.

Recién, el señor Senador Riesgo comentó que mi posición era distinta a la de él. Por mi parte, mantengo que se trata de un instrumento válido y comparto con el señor Senador Heber que no es el único. Debo decir que todo esto me pone en una situación difícil, porque he visto el esfuerzo del señor Senador Gargano en lo que tiene que ver con algún proyecto de ley para solucionar el tema del endeudamiento; he seguido con atención su actuación en las Comisiones y sé que aquí se ha hecho otro aporte. Creo que en la vida, para solucionar temas graves, hay que tomar todos los instrumentos que sea necesario. Y digo una vez más que éste no es un instrumento que traiga inversiones, sino que generalmente será atendido porque es necesario para el arreglo de sociedades familiares hoy existentes. Por lo menos, todas las consultas que hemos recibido van en ese sentido y todo lo que se espera en el agro va ligado con el tema del endeudamiento. De todos modos, si no lo queremos, no se hará de esta manera.

SEÑOR AGAZZI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR DE BOISMENU.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: necesito decir estas palabras por razones de honestidad intelectual, ya que coincido con algunas de las expresiones de los señores Senadores Heber y de Boismenu en cuanto a los caminos para la modernización del agro por la vía de asociar productores y sistemas productivos. Sin embargo, no creo esto sólo por motivo de la crisis, sino que lo sostengo conceptualmente: el futuro de la producción no está en los productores trabajando individualmente, cada uno encerrado en su campo. Por supuesto que, además, también tenemos una crisis que requiere de esta salida.

Lo que está pasando en estos momentos de crisis en la región -la discusión electoral en la Argentina, sobre todo en algunos debates que se realizaron en la zona maicera fue muy rica- es que se están dando asociaciones y se está separando el propietario de la tierra del empresario. Entonces, estas asociaciones se están realizando para formar la empresa, pero no para la propiedad de la tierra. Por esto creo que esta medida -que, en realidad, favorece la compra de tierra por parte de sociedades anónimas innominadas- no es la vía que se está llevando adelante para mejorar la producción.

Como estoy de acuerdo con lo que manifestaba el señor Senador de Boismenu, pedí para hacer esta aclaración, porque en esto me baso para decir que la medida no pega en el clavo, sino en la herradura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador de Boismenu.

SEÑOR DE BOISMENU.- Señor Presidente: agradezco al señor Senador Agazzi su aporte, pero no voy a contestarle porque sé que pasaríamos horas -ya hemos hablado bastante- discutiendo sobre este tema y sé que en algunas cosas no nos podríamos poner de acuerdo, lo que no significa que dejemos de conversar.

Lo que quiero decir es que hagamos un razonamiento más. Creo que si la tierra es un elemento de baja rentabilidad -que es la discusión que se está produciendo en todas partes del mundo, tal como en algún concepto expresó el señor Senador Heber-, una de las posibilidades de valorizarla y hacerla útil en temas de crédito y de uso muy parcial, es acercarse a este tipo de formas. No sé si pueden ser formas nuevas europeas o estas sociedades anónimas que consisten en un elemento para arreglar un problema puntual, u organizaciones de acciones nominativas, pero eso será tema de otra larga discusión. Ahora estoy frente a una situación puntual y comparto la posición del señor Senador Riesgo -lo digo para que quede claro-, ya que yo era partidario de que no hubiera una incidencia hacia la "S.A." innominada, porque creo que en la comercialización esto tiene una incidencia tal, que hasta puede ser perjudicial en el caso de que haya venta total del patrimonio para el que tiene necesidad de hacerlo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Está anotado para hacer uso de la palabra el señor Senador Nin Novoa, por lo que, siendo las 19 y 53 horas, habría que prorrogar el término de la sesión. En ese caso, debo dejar constancia de que sigue habiendo dificultades con el servicio de transporte y varios funcionarios del Senado nos han solicitado que en lo posible se acorte la sesión.

Tiene la palabra el señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR NIN NOVOA.- En virtud de lo avanzado de la hora, voy a solicitar que se pase directamente a la votación y, en todo caso, haré uso de la palabra a modo de fundamento de voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿El señor Senador Riesgo mantiene su moción de que el proyecto de ley vuelva a Comisión?

SEÑOR RIESGO.- No, señor Presidente, no la mantengo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-14 en 27. Afirmativa.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar nuevamente el proyecto de ley.

(Se vota:)

-13 en 27. Negativa.

La Mesa aclara que el Presidente no hizo más que reiterar el resultado de votación que le habían informado los Oficiales de Sala.

Se va a tomar nuevamente la votación.

(Se vota:)

-13 en 27. Negativa.

25) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción para que se levante la sesión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 27. Afirmativa.

Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 19 y 56 minutos, presidiendo el señor Luis Hierro López y estando presentes los señores Senadores Abelenda, Agazzi, Arismendi, Barrios Tassano, Brause, Cid, Correa Freitas, Couriel, de Boismenu, Garat, García Costa, Gargano, Gorosito, Heber, Herrera, Korzeniak, Michelini, Millor, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Riesgo, Rubio, Sanabria, Virgili y Xavier.)

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretarios

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.