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N° 3115 - 6 DE MAYO DE 2003

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

13ª SESIÓN

PRESIDE EL SEÑOR REPRESENTANTE DOCTOR JORGE CHÁPPER Presidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA EL TITULAR DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y
EL PROSECRETARIO SEÑOR ENRIQUE SENCIÓN CORBO

 

 

Texto de la citación

 

Montevideo, 2 de mayo de 2003.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, el próximo martes 6, a la hora 16, para dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106 de la Constitución y 13 de su Reglamento, tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Cuarto Período de la XLV Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

2º.- Comisión Administrativa del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Cuarto Período de la XLV Legislatura). (Ley Nº 16.821, de 23 de abril de 1997).

3º.- Elección de cuarto Vicepresidente.

4º.- Depósitos pertenecientes a personas que requieran atención sanitaria o mayores de setenta años. (Modificación de los plazos establecidos por la Ley Nº 17.523). (Carp. 2476/002). (Informado). Rep. 1076 y Anexo I

5º.- Ciudad de Juan Lacaze, departamento de Colonia. (Se declara feriado no laborable el día 9 de mayo de 2003, con motivo de conmemorarse los cincuenta años de su consagración como ciudad). (Carp. 2923/003). (Informado). Rep. 1246 y Anexo I

6º.- Ciudad de Paso de los Toros. (Se declara feriado el día 17 de julio de 2003 con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación). (Carp. 2013/002). (Informado). Rep. 898 y Anexo I

7º.- Señor ex Ministro José María Mieres Muró. (Homenaje con motivo de su fallecimiento).

8º.- Personas con discapacidades físicas. (Se crea un padrón especial para la inscripción cívica de aquellas que así lo requieran). (Carp. 475/000). (Informado). Rep. 263 y Anexo I

9º.- Vehículos automotores y equipos de trasmisión y de procesamiento de audio importados por las radioemisoras de AM y FM instaladas fuera del departamento de Montevideo. (Reducción del plazo fijado para su enajenación). (Carp. 55/000). (Informado). Rep. 16 y Anexo I

10.- Pascual Harriague. (Designación a la Escuela Nº 69 de Colonia Harriague, departamento de Salto). (Carp. 756/000). (Informado). Rep. 410 y Anexo I

 

HORACIO D. CATALURDA     MARGARITA REYES GALVÁN

S e c r e t a r i o s

S U M A R I O

 

1.- Asistencias y ausencias

2.- Asuntos entrados

3.- Proyectos presentados

4.- Exposiciones escritas

5.- Inasistencias anteriores

— No hay número para celebrar sesión.

1.-      Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Roque E. Arregui, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Gustavo Borsari Brenna, Julio Cardozo Ferreira, Jorge Chápper, Guillermo Chifflet, Luis José Gallo Imperiale, Orlando Gil Solares, Carlos González Álvarez, Gustavo Guarino, Félix Laviña, Guido Machado, Óscar Magurno, Juan Máspoli Bianchi, José Homero Mello, Pablo Mieres, Gabriel Pais, Margarita Percovich, Enrique Pérez Morad y Leonel Heber Sellanes.

Faltan con aviso: Nora Castro, Ramón Fonticiella, Francisco Ortiz, Ronald Pais, Darío Pérez, Diana Saravia Olmos y Alberto Scavarelli.

Sin aviso: Washington Abdala, Guzmán Acosta y Lara, Ernesto Agazzi, Alvaro Alonso, Guillermo Álvarez, Juan Justo Amaro Cedrés, Gustavo Amen Vaghetti, José Amorín Batlle, Fernando Araújo, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Carlos Baráibar, Raquel Barreiro, José Bayardi, Edgar Bellomo, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, José L. Blasina, Nelson Bosch, Brum Canet, Ruben Carminatti, Ricardo Castromán, Roberto Conde, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Ruben H. Díaz, Daniel Díaz Maynard, Juan Domínguez, Alejandro Falco, Ricardo Falero, Alejo Fernández Chaves, Daniel García Pintos, Tabaré Hackenbruch Legnani, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, Luis Alberto Lacalle Pou, Julio Lara, Luis M. Leglise, Ramón Legnani, José Carlos Mahía, Artigas Melgarejo, Felipe Michelini, Ricardo Molinelli, Martha Montaner, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Gustavo Penadés, Alberto Perdomo, Enrique Pintado, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Iván Posada, Yeanneth Puñales Brun, María Alejandra Rivero Saralegui, Ambrosio Rodríguez, Glenda Rondán, Víctor Rossi, Adolfo Pedro Sande, Julio Luis Sanguinetti, Raúl Sendic, Pedro Señorale, Gustavo Silveira, Julio C. Silveira, Lucía Topolansky, Daisy Tourné, Wilmer Trivel, Jaime Mario Trobo y Walter Vener Carboni.

2.-     Asuntos entrados.

"Pliego Nº 221

PROMULGACIÓN DE LEYES

El Poder Ejecutivo comunica que ha promulgado las siguientes leyes:

  • Nº 17.629, por la que se aprueba el Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR, suscrito en la ciudad de Olivos, provincia de Buenos Aires, República Argentina, el 18 de febrero de 2002. C/2607/002

  • Nº 17.630, por la que se autoriza el ingreso al territorio nacional de efectivos militares pertenecientes al Ejército de la República Federativa del Brasil, a fin de participar en el desfile cívico-militar llevado a cabo el día 18 de abril de 2003, con motivo de la IV Semana de la Integración, en la ciudad de Aceguá, departamento de Cerro Largo. C/2905/003

-     Archívense

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes el proyecto de ley, remitido con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo, por el que se exonera de tributos al Consultorio Jurídico Gratuito para el Personal Subalterno, Asesoría Letrada y Oficina de Informaciones Sumarias de la Jefatura de Policía de Montevideo en sus actuaciones ante el Poder Judicial y la Dirección General de Registros. C/2952/003

-    A la Comisión de Hacienda

DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores contesta la nota de la Comisión Investigadora sobre diversas actuaciones relacionadas con el sistema financiero y bancario, relacionada con la comunicación a la Asamblea General de una transferencia de fondos destinada a la capitalización del Banco Comercial. C/2450/002

-     A sus antecedentes

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se expide sobre el proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable para la ciudad de Juan Lacaze el día 9 de mayo de 2003, con motivo de conmemorarse los cincuenta años de su consagración como ciudad. C/2923/003

La Comisión Preinvestigadora sobre los controles ejercidos por el Ministerio de Salud Pública en relación a las competencias y obligaciones que establece la normativa vigente, se expide. C/2947/003

La Comisión de Presupuestos se expide sobre el proyecto de ley por el que se modifican diversas disposiciones contenidas en las Leyes de Presupuesto Nacional, Rendición de Cuentas y de Reactivación Económica. C/2784/003

La Comisión de Hacienda se expide sobre el proyecto de ley por el que se modifican disposiciones relativas a la tributación del transporte terrestre de personas. C/2903/003

-     Se repartieron con fecha 2 de mayo

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración aconseja el archivo de los siguientes proyectos de ley:

-     Si no se observa, así se procederá

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Directiva del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay remite nota relacionada con la suspensión del suministro de medicación oncológica por parte de un laboratorio de plaza. C/119/000

La Junta Departamental de Canelones remite los siguientes asuntos:

-    A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social

-    A las Comisiones de Salud Pública y Asistencia Social y de Derechos Humanos

-    A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

La Junta Departamental de Lavalleja remite los siguientes asuntos:

-    A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

La Junta Departamental de Flores remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, acerca de la situación del Banco Hipotecario del Uruguay. C/20/000

La Junta Departamental de Río Negro remite los siguientes asuntos:

-    A la Comisión de Hacienda

-    A la Comisión de Seguridad Social

-    A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

La Dirección de Relaciones Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores remite nota a la que adjunta copia de la circular de la Dirección de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a las medidas de seguridad en los aeropuertos adoptadas por el Gobierno de dicho país. C/11/000

-     A la Comisión de Asuntos Internacionales

La Junta Departamental de Rivera remite los antecedentes complementarios del recurso de apelación contra la resolución de 22 noviembre de 2002 de la citada Junta Departamental, por la que se declara y dispone la incompatibilidad del ejercicio del cargo de un señor Edil, por su calidad de dependiente de una empresa de transporte interdepartamental. C/2659/002

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto contesta el pedido de informes de la señora Representante Raquel Barreiro, referente a la posición a sustentar por la delegación uruguaya en el Tercer Foro Mundial del Agua, realizado en Japón en marzo de 2003. C/2827/003

Las Juntas Departamentales de Lavalleja y Canelones remiten notas relacionadas con el proyecto de ley por el que se declaran patrimonio y reserva de la Nación y recursos estratégicos, los acuíferos existentes en el territorio nacional y en su plataforma continental. C/2388/002

La Junta Departamental de San José remite nota relacionada con el proyecto de ley por el que se autoriza el uso del Gas Natural Comprimido y del Gas Licuado de Petróleo como combustible en los vehículos. C/2780/003

La Junta Departamental de Paysandú remite nota relacionada con el proyecto de ley por el que se modifica el artículo 21 del Decreto-Ley Nº 14.694, de 1º de setiembre de 1977, y se dispone la aplicación de la tarifa diferencial para grandes consumidores de electricidad a las Intendencias Municipales. C/2419/002

La Intendencia Municipal de Salto acusa recibo de la exposición realizada por el señor Representante Luis M. Leglise, en sesión de 2 de abril de 2003, sobre la posibilidad de dar soluciones habitacionales a través de la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre en el pueblo Belén y en otras localidades del departamento de Salto. S/C

La Junta Departamental de Colonia remite nota por la que solicita copia del proyecto de ley por el que se declara de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. C/2894/003

-    A sus antecedentes

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Economía y Finanzas contesta los siguientes pedidos de informes:

  • sobre la suspensión del remate judicial de un inmueble perteneciente a una empresa azucarera, en el departamento de Maldonado. C/2433/002

  • relacionado con un acuerdo suscrito con varios bancos extranjeros para la capitalización del Banco Comercial. C/2116/002

El Ministerio del Interior contesta el pedido de informes del señor Representante Edgar Bellomo, relacionado con los pases en comisión concedidos por dicha Secretaría de Estado con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001. C/2859/003

El Ministerio de Salud Pública contesta los siguientes asuntos:

La citada Secretaría de Estado remite nota relacionada con la moción aprobada por la Cámara de Representantes el 19 de marzo de 2003, relativa al cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República. S/C

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente contesta los siguientes asuntos:

  • de la señora Representante Lucía Topolansky, referente al sistema operativo denominado "Casa SIAV". C/2599/002

  • de la señora Representante Raquel Barreiro:

  • sobre la creación del sistema operativo denominado "Casa SIAV". C/2701/002

  • relacionado con la concurrencia de una delegación de nuestro país al Tercer Foro Mundial del Agua, realizado en Japón entre el día 16 y el 23 de marzo de 2003. C/2826/003

  • del señor Representante Enrique Pérez Morad, acerca del Tercer Foro Mundial del Agua desarrollado en la ciudad de Kyoto entre los días 16 y 23 de marzo de 2003. C/2857/003

El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta los siguientes pedidos de informes:

El Ministerio de Relaciones Exteriores acusa recibo de los siguientes asuntos:

  • por el señor Representante Ronald Pais, en sesión de 18 de marzo de 2003, referente al cierre del Consulado General uruguayo en la ciudad de Bahía, República Federativa del Brasil. S/C

  • por el señor Representante Jorge Orrico, en sesión de 12 de marzo de 2003, sobre el fallecimiento del actor italiano Alberto Sordi. S/C

-     A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

El señor Representante Juan Justo Amaro Cedrés solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino al Banco Hipotecario del Uruguay, sobre el cumplimiento, por parte de la Intendencia Municipal de Florida, de los compromisos asumidos con dicho Banco estatal y los eventuales acuerdos de refinanciación. C/2956/003

El señor Representante Guillermo Chifflet solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior, relacionado con denuncias presentadas por familiares de funcionarios policiales del departamento de Rivera. C/2957/003

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

  • acerca del pago de pasividades en locales del referido Banco. C/2958/003

-     Se cursaron con fecha 23 de abril

  • referente a un grupo de viviendas, propiedad del citado Banco, ubicadas en el barrio Faccio de la ciudad de Fray Bentos. C/2959/003

  • al Ministerio de Defensa Nacional, sobre la posibilidad de enviar una compañía de efectivos militares a Irak. C/2960/003

La señora Representante Raquel Barreiro solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio al Banco Hipotecario del Uruguay, relacionado con denuncias de irregularidades en la administración del citado Ente. C/2961/003

El señor Representante Gustavo Penadés solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior, relacionado con la estructura y funcionamiento de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación. C/2962/003

-     Se cursaron con fecha 24 de abril

El señor Representante Doreen Javier Ibarra solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

-    Se cursó con fecha 29 de abril

-     Se cursó con fecha 30 de abril

El señor Representante Ramón Legnani solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, relacionado con el fallecimiento de dos pacientes en la Colonia de Asistencia Psiquiátrica "Doctor Santín Carlos Rossi". C/2965/003

El señor Representante Guillermo Chifflet solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, acerca de la situación administrativa de una profesional abogada funcionaria de dicha Secretaría de Estado. C/2966/003

El señor Representante Juan José Domínguez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores, referente a presuntos adeudos mantenidos por nuestro país y la República Argentina con la empresa privada concesionaria del dragado del canal Martín García. C/2967/003

El señor Representante Artigas Barrios solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, sobre los embargos trabados por el Banco Central del Uruguay relativos a bienes, créditos, derechos y acciones de propiedad de los ex Directores de los Bancos Montevideo S.A. y La Caja Obrera S.A. C/2968/003

-    Se cursaron con fecha 2 de mayo

Los señores Representantes Edgar Bellomo y Luis José Gallo Imperiale solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, relacionado con el fallecimiento de un recluso de la Cárcel Departamental de Canelones. C/2969/003

El señor Representante Heber Sellanes solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

El señor Representante Roque Arregui solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior, relacionado con el programa de formación de profesionales universitarios en el área del derecho como oficiales de policía, y sus resultados. C/2973/003

La señora Representante Silvana Charlone solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

El señor Representante Carlos González Álvarez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional, y por su intermedio a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, sobre la adjudicación de una banda de telefonía celular a una empresa privada. C/2976/003

-    Se cursaron con fecha 5 de mayo

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

-     Se cursan con fecha de hoy

El señor Representante Doreen Javier Ibarra solicita se curse una nota solicitando información a la Intendencia Municipal de Canelones, sobre una presunta autorización para la tala y comercialización de ejemplares de palmeras en predios del referido departamento. C/2977/003

-    Se cursó con fecha 30 de abril

PROYECTOS PRESENTADOS

El señor Representante Gustavo Penadés presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se tipifican delitos medioambientales y se establecen sus penas. C/2978/003

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley constitucional por el que se modifican diversas normas de la Constitución de la República. C/2979/003

-     A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se deroga el Decreto-Ley Nº 14.811, de 11 de agosto de 1978, y se reimplanta el tributo de contribución inmobiliaria rural para los padrones sobre los cuales tengan asiento los embalses y lagos artificiales de las represas hidroeléctricas. C/2980/003

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se deroga el artículo 161 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, que faculta al Poder Ejecutivo a abatir, a partir del 1º de enero de 2004, el incremento de las alícuotas del Impuesto a las Retribuciones Personales dispuestas por la Ley Nº 17.502, de 29 de mayo de 2002. C/2981/003

-    A la Comisión de Hacienda".

3.-     Proyectos presentados.

A) "DELITOS MEDIOAMBIENTALES. (Tipificación).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- El que de cualquier manera, por sí mismo o por interpuesta persona, destruyere o contaminare el medio ambiente en forma peligrosa para la salud, traficare con sustancias químicas, biológicas, radiactivas, flora o fauna sin la debida autorización, así como el que por sí mismo o por interpuesta persona depredare la flora o la fauna, será castigado con un año de prisión a seis años de penitenciaría.

Constituyen circunstancias agravantes, y la pena se elevará de un tercio a la mitad, cuando:

A) Se produjere un daño irreversible en el ecosistema.

B) Se constituyere una asociación ilícita para la realización de dichas actividades.

Artículo 2º.- Los actos preparatorios para la realización de cualquiera de estas actividades serán castigados con un tercio de la pena establecida en el artículo anterior.

Artículo 3º.- El que cometiere por mera culpa alguno de los delitos previstos en el artículo 1º, será castigado con un tercio de la pena allí establecida.

Artículo 4º.- Los organismos administrativos competentes en la prevención, contralor y represión de la depredación, destrucción o contaminación del medio ambiente, cuando tomaren conocimiento fehaciente o presunto de la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el artículo 1º, así como de sus actos preparatorios, estarán obligados a efectuar la denuncia correspondiente ante la Justicia Penal.

Montevideo, 24 de abril de 2003.

GUSTAVO PENADÉS, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto simplemente responde a la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas y su pleno desarrollo como seres humanos saludables en un entorno social y ambiental que no debería jamás resultar hostil, sino propicio para la existencia de la humanidad en todas sus expresiones y facetas. En tal sentido, la discusión y sanción de toda norma que se destine a proteger la salud humana, ya sea en términos individuales o grupales (ora sociedad, ora especie), debe tener en nuestro orden de prioridades un sitial de privilegio, y debe representar uno de los desafíos que, aunque arduos, tienen necesariamente que ser asumidos e imprescindiblemente superados.

Este proyecto de ley obedece a tal orden de prioridades, y aunque por las circunstancias de una agenda parlamentaria que en ocasiones parece tener una vida y criterios propios, la problemática medioambiental parece quedar relegada a un segundo plano, la crítica situación de contaminación y destrucción de nuestro entorno sigue existiendo, persiste y, lo que es más grave, empeora día a día.

Por ello es que hoy, cuando quizás los tiempos parlamentarios resultan menos aquejados por las graves premuras que lo ocuparon casi en su totalidad durante los últimos períodos ordinarios de sesiones, consideramos que resulta necesario y oportuno considerar el tema en cuestión, ante lo cual se presenta esta iniciativa.

Así es que la evolución humana hacia el desarrollo, el progreso y los modelos sociales consumistas, acompañados por el creciente y constante fenómeno de industrialización y bienestar, están planteando a las nuevas generaciones algunos interrogantes. Tal proceso evolutivo, en forma creativa, espontánea a veces, científica otras, libre y generalmente sin barreras, ha tenido en todos los campos una proyección geométrica (refiriéndose exclusivamente a los últimos cien años).

Los procesos de producción intensivos, sistematizados hasta agotar los recursos naturales, obteniendo como magro resultado la satisfacción de una necesidad momentánea, con el triste derivado del producto desechable, constituyen junto a los excesos de consumo de energía los problemas y factores más destacados en la crítica situación medioambiental.

La humanidad, lejos de mantenerse en contacto, en equilibrio o en armonía con el mundo que nos rodea (naturaleza, universo, o como fuere que se conciba), se ha transformado, por fuerza de la costumbre, en una especie de virus que produce una enfermedad mortal para el planeta: el agotamiento de los recursos naturales vitales y la contaminación.

No es necesario buscar mucho para encontrarse con los síntomas de esa enfermedad de nuestro siglo y del que viene. Tan sólo basta mirar a los costados, en nuestro mapa departamental, o bien simplemente escuchar lo que nuestros padres o abuelos nos relatan, respecto a que no hace muchos años el arroyo Carrasco, en su desembocadura, era un balneario en donde, además de bañarse, los pobladores podían pescar. Pero si no es suficiente, observemos el mapa regional. Podremos apreciar en él que Uruguay está rodeado por grandes ciudades y será posible verificar que los problemas medioambientales que padecemos no son solamente causa propia, sino además, la mayor cuota, el aporte de nuestros vecinos.

Los vientos, la lluvia, el agua que fluye y corre en los ríos, mareas y océanos, el suelo, el subsuelo, etcétera, no tienen otras fronteras que aquellas que la propia naturaleza les impone y que, por supuesto, nada tienen que ver con las fronteras humanas.

Por esa razón resulta simple refugiarse en sostener que no nos encontramos ante un problema sencillo, que es de difícil solución, y que la respuesta no está en nuestras manos.

Empero, teniendo en cuenta que a la humanidad le llevó cien años alcanzar el preocupante destino de nuestros días, podríamos establecer, a modo de objetivo, que le pueda costar al género humano otros cien años (trabajando duramente), el poder regresar al equilibrio existente en la biosfera hace unos cincuenta años, sin renunciar por ello al bienestar y al desarrollo y cuidando al mismo tiempo el estado de nuestro medio ambiente. Y aquí radica la concepción real del problema. El Estado es también administrador de todos los recursos que componen un país, incluyendo el aire, el suelo, el agua y la vida animal y vegetal. Administra por ende tales recursos de vida en todas sus expresiones, tanto en los aspectos tangibles e intangibles.

Es necesario en consecuencia establecer qué modelo de país natural queremos aplicar, cuáles son los parámetros y las medidas para establecer los niveles de exceso que no deben ser superados.

Ya no es posible retroceder en lo hecho, pero sería irremediable e irreversible y, además, condenable, el saber que estamos procediendo mal y no comenzar a hacer algo para mejorar; de lo contrario estaríamos adoptando la conducta de cómplice indiferente.

Tal actitud constituirá un error de proporciones históricas con perjuicios difícilmente evaluables para su magnitud.

Las grandes potencias y los países desarrollados han percibido, en su seno, los efectos de su conducta contaminadora y productiva descontrolada. Por suerte, ahora no se evalúan los productos exclusivamente por su impacto y aceptación en el mercado, sino también por su incidencia en el medio ambiente, atendiendo siempre el principio de que todo producto de la tecnología humana tiene un uso y durabilidad muy limitada, ya que luego se transforma en un problema más costoso que anula los ahorros registrados por los economistas en la línea de producción: basura, desechos, utilización de energía adicional para su destrucción o reciclado y, en definitiva, contaminación.

Si el concepto no quedó claro, será necesario remitirse a algún ejemplo: cuánto dinero le va a costar (hipotéticamente) a nuestro país la recuperación del recinto portuario; recuperación y preservación de cauces y desembocaduras de los arroyos Pantanoso, Miguelete, Malvín y Carrasco, hasta hacerlos naturalmente útiles para la vida animal (peces), y para el aprovechamiento humano (esparcimiento y recreación, consumo del agua previo tratamiento, turismo, zona de baños), como sucedía, en el caso de alguno de los ejemplos, hace solamente cincuenta años. La respuesta es que en términos de tiempo será muy larga, y en dinero, la inversión será millonaria (y se trata solo de un ejemplo aislado).

Comparativamente (es siempre bueno aprovechar la experiencia ajena), es importante analizar la información proveniente en términos de operativa y costos, por ejemplo, de Gran Bretaña respecto a la recuperación del río Támesis, que atraviesa Londres; o de Alemania acerca de la recuperación del río Rin, o bien el caso del Danubio. Sin dudas las cifras son muy elevadas. Tan elevadas que fueron necesarios tres períodos de gobierno, de tiempo e inversiones, para cumplir solamente con el primer esfuerzo y obtener resultados alentadores.

Entonces, ¿dónde está o dónde estuvo el ahorro?, o ¿quién fue el gran beneficiario? Sin duda no fue la sociedad. A la larga, contaminar siempre cuesta más caro que el costo inicial en medidas y tecnología no contaminante.

La estrategia preventiva en las políticas de gobierno constituyen un gran primer paso. Crear conciencia social acerca de la existencia del problema, mecanismos administrativos de control preventivo y de educación han sido la pauta dominante en forma permanente en nuestro país, habiendo sido incrementada a partir de la década de los 90. Ello ataca directamente al peligro potencial que significa el infractor ordinario, el ciudadano común, el empresario, el industrial o productor, ya sea omiso, negligente o mal intencionado.

Así lo indica la creación de un Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con funciones de coordinación, prevención y contralor. Otros organismos estatales especializados han ido abarcando áreas específicas para complementar y conformar una extensa red de prevención que ya está comenzando a dar resultados positivos (a medida que se ha ido afirmando el ejercicio de las competencias atribuidas).

De tal forma y en esa línea de acción, se sanciona la Ley Nº 16.466, de 19 de enero de 1994, declarando de interés general la protección del medio ambiente contra cualquier tipo de depredación, destrucción o contaminación, otorgando al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente diversos cometidos, atribuciones y potestades conducentes a la conservación de aquel; todo ello desde la perspectiva pura del derecho administrativo. Así también surge la Ley Nº 17.283, de 12 de diciembre de 2000, también de protección del medio ambiente, según la cual se establecen sanciones pecuniarias para los infractores de sus disposiciones; o en otro orden, la Ley Nº 17.234, de 9 de marzo de 2000, creadora de un sistema nacional de áreas naturales protegidas.

Por su parte, en lo que refiere a la ratificación de diversos tratados y convenios destinados a la protección del medio ambiente, se deben destacar específicamente, entre tantos, el Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático (Ley Nº 17.279, de 28 de noviembre de 2000) o más atrás en el tiempo, la enmienda al Convenio de Basilea sobre el Control de Fronteras y Eliminación de Desechos Peligrosos (Ley Nº 16.867, de 2 de octubre de 1997), o bien los Convenios sobre responsabilidad civil por daños causados por contaminación de hidrocarburos en el mar y la creación de un Fondo Internacional de Indemnización por tal concepto (Ley Nº 16.820, de 2 de mayo de 1997).

En general, aun cuando todas estas normas constituyen meros ejemplos de lo que viene significando una política legislativa de protección del medio ambiente, subsiste hoy la carencia de una norma penal que establezca específicamente delitos medioambientales.

Así es que existen caminos todavía no transitados, ámbitos que se desarrollan a la sombra y al amparo del vacío legal, que solamente obedecen a intereses personales, organizaciones criminales, delincuentes comunes y, en general, a grupos de personas que atentan directamente o indirectamente a través de acciones u operaciones lucrativas, provocando accidentes inescrupulosos o traficando ilegalmente determinadas sustancias contaminantes, contra esos bienes jurídicos comunes a todos: el medio ambiente, la salud pública, el patrimonio público (histórico, social y cultural), la propiedad e, incluso, la propia vida humana.

Resulta crucial continuar en forma sostenida y sin pausa respaldando y apoyando los esfuerzos preventivos para cortar el avance, desarrollo y efectos nocivos que atenten contra el medio ambiente y, a la vez, fortalecer tales acciones mediante el establecimiento de un sistema normativo complementario del anterior.

Esto significa que, en el proceso de maduración del tema, llegó el momento de diferenciar los conceptos de prevención, faltas administrativas y multas por infracciones contra el medio ambiente, de la nueva concepción de represión y control de actividades netamente criminales, mediante el establecimiento de figuras delictivas y sus correspondientes penas, en respuesta correctiva a acciones abusivas contra el medio ambiente.

En tal sentido, habiendo sido sobrepasados los límites establecidos en las reglamentaciones por parte de los organismos que conforman la red de prevención, entra en funcionamiento el mecanismo de la Justicia Penal.

Los fenómenos globalizadores, la regionalización, el intercambio creciente en todos los órdenes, la velocidad de las comunicaciones y medios de transporte, nos conducen irremediablemente a incursionar en nuevos campos de acción en la lucha contra el crimen organizado y a tomar en consecuencia urgentes medidas y posiciones de respuesta disuasiva y represiva.

Las alternativas criminales cada vez son más amplias, y hoy podemos predecir que situaciones relacionadas con el terrorismo, tráfico de armas, secuestros, extorsión, tráfico de drogas, lavado de dinero, trata de blancas, etcétera, están ligados, mezclados o entrelazados con tráfico de especies animales protegidas, tráfico de sustancias químicas peligrosas y sus desechos, tráfico de desechos industriales, contaminación genérica, etcétera; todo lo cual rinde sin lugar a dudas grandes dividendos para los delincuentes y brinda un panorama de desolación y caos para las víctimas.

Hemos aprendido que neutralizar el efecto perjudicial de los delitos medioambientales siempre cuesta muy caro, y situaciones aparentemente alejadas en el mapa bien pueden ocurrirnos si no estamos atentos o si nos mantenemos desinformados respecto a la compleja problemática que nos plantea. La vigilancia y la observancia permanente, al amparo de las normas jurídicas idóneas (leyes penales especiales), bien pueden constituir el mejor legado para las próximas generaciones. Ellos podrán evaluar la historia que nosotros construimos, y podrán además defenderse y protegerse en forma efectiva contra el flagelo del siglo XXI que apenas comienza: la delincuencia medioambiental.

Internacionalmente se asume hoy que la protección del medio ambiente es la última disciplina especializada que se ha integrado en la ciencia criminalística, ajustándose al objeto de la misma, es decir:

1) El estudio de la escena del hecho y los indicios producidos.

2) La determinación del mecanismo de cómo ocurrió el hecho.

3) La individualización de los autores.

Para ello, la ciencia criminalística se vale de peritos especialistas en investigación criminal, utilizando diversas tecnologías en apoyo de otras ciencias (química, física y biología), y empleando otras disciplinas precursoras tales como el trabajo en la escena del hecho, la identificación criminal, la fotografía, planimetría y técnicas de laboratorio; metodologías de trabajo, pruebas indiciarias y testimoniales, etcétera; todo con el fin de aportar las pruebas resultantes a la Justicia competente en forma de asesoría en la investigación criminal desde el punto de vista pericial.

Es sabido y aceptado entonces que los policías del futuro deben incorporar a sus obligaciones la atención de la problemática de la vigilancia, el control y la represión de ilícitos contra el medio ambiente.

No menos importante es el aporte a la estrategia global que pueden cumplir los legisladores con la aprobación de leyes específicas que respalden y den marco a la acción de los organismos cuya misión sea el mantenimiento del orden, la vigilancia, la prevención y la represión de los delitos medioambientales, auxiliando a la Justicia mediante la provisión de normas adecuadas y específicas.

Jurídicamente, podemos decir que el derecho penal no se ocupa de regular todas las conductas humanas, sino aquellas que han sido consideradas por el legislador como delictivas, plasmándose en un tipo penal. La tipicidad, como elemento constitutivo de las conductas delictivas, es el elemento fundamental en todo derecho penal que esté regido por el principio de legalidad (artículo 1º del Código Penal: "Es delito toda acción u omisión expresamente prevista por la ley penal").

De este principio de legalidad, se desprende otro gran principio que es el de libertad: son lícitas, y por lo tanto permitidas, la realización de aquellas conductas que no están expresamente previstas por la ley penal.

El legislador clasificó los delitos en la parte especial del Código Penal en atención de su objeto jurídico, es decir, el bien interés protegido por la norma. No solamente se tutelan los derechos individuales, es decir, aquellos que corresponden a personas determinadas como la integridad física o la propiedad, sino que además se tutelan los llamados derechos colectivos como la paz pública, la seguridad pública, o la salud pública, donde el titular de estos es siempre la sociedad.

Dentro de lo que es tutela de la salud pública, como la exención de las manifestaciones mórbidas que afectan al conglomerado social, el legislador "limitó" la tutela a determinadas conductas que directamente afectan la salud pública, como el delito de envenenamiento de aguas públicas, dejando fuera de la tipicidad otro tipo de conductas antisociales que atentan contra el medio ambiente y que en definitiva repercuten ulteriormente en aquel bien jurídico. El objeto jurídico de la tutela penal, en tal caso, es la protección de la salud pública, es decir, el estado de exención de las manifestaciones mórbidas de los individuos que viven en grupos sociales más o menos densos y solidarios, concepto que va adquiriendo una dinámica social. La morbilidad es social y por ende de consecuencias públicas.

El maestro Soler plasmó una insuperable noción para determinar en qué momento se agrede a la salud pública, hecho que ocurre para el jurista argentino cuando se crea un peligro común en la medida en que una lesión inferida contiene en potencia los más variados peligros ulteriores.

Siguiendo la sistemática del Código Penal, en lo que se refiere a la tutela de este bien jurídico, la figura establecida en el proyecto prevé un delito donde se regulan conductas nocivas para el medio ambiente como la destrucción o la contaminación medioambiental, que ponen en peligro la salud pública (se establece esa referencia típica: "en forma peligrosa para la salud...") más allá del daño efectivo, hipótesis prevista como circunstancia de agravación de la pena.

La figura comprende, además de la destrucción y contaminación del medio ambiente, otras dos modalidades que son el tráfico de sustancias biológicas, químicas, radiactivas y flora y fauna. Modalidad que no tiene antecedentes en nuestra legislación pero que sí está regulada en legislaciones más modernas, tratando de abarcar conductas antisociales que carecían de tipicidad.

El tráfico supone el comercio clandestino no autorizado de aquel tipo de sustancias potencialmente peligrosas para el medio ambiente, y por tanto peligrosas para la salud pública, ya que las personas integran el ecosistema. Esta modalidad también abarca como objetivo material la flora y fauna.

La otra conducta es la depredación de la flora y fauna. La depredación supone la devastación y el saqueo violento, aunque no exista ningún ánimo de lucro.

Se establecen en el proyecto dos circunstancias que agravan la penalidad: la primera es la constitución de una asociación ilícita para la realización de cualquiera de estas actividades, y la segunda refiere a las hipótesis de daño efectivo y pérdidas irrecuperables para el ecosistema.

En lo que respecta al tipo subjetivo se prevé la forma culposa (artículo 19 del Código Penal) para los casos que correspondiere a criterio del Juez, ya que conductas como la contaminación, la destrucción o depredación, pueden realizarse por imprudencia, impericia o negligencia, aunque no así el tráfico, puesto que este supone en todo caso una conducta dolosa en tanto presupone la existencia de una finalidad lucrativa.

También se castigan aquellas conductas anteriores a la ejecución del tipo, es decir los actos preparatorios, ya que las consecuencias sociales de estas conductas son de relevancia tal que se hace necesario prevenir e impedir su realización.

Para asegurar la eficacia del control y de la fiscalización, se establece como obligación de los organismos competentes dar cuenta a la Justicia en el caso de constatarse y aun presumirse la configuración de las conductas delictuosas previstas en el proyecto de ley.

En definitiva, con este proyecto se pretende dar el primer paso en el combate de nuevas modalidades delictivas y para la represión de delincuentes poderosos que se amparan en un sistema que les proporciona cierto grado de impunidad. El derecho penal debe regular aquellas conductas delictivas realizadas por todos los sectores sociales y no solamente por aquellos grupos marginados donde sus comportamientos desviados le son, en cierta forma, un tanto menos reprochables. Dada la selectividad tan grande del sistema, el derecho penal, en ocasiones, se convierte en castigador "del ladrón de gallinas", de la marginalización y de la pobreza, dejando de lado la protección de aquellos bienes jurídicos que sustentan el futuro de nuestra sociedad y del planeta.

Entendemos que la sanción del presente proyecto pudiere significar un pequeño pero significativo paso en tal camino.

Montevideo, 24 de abril de 2003.

GUSTAVO PENADÉS, Representante por Montevideo".

B) "CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. (Se modifican diversas normas).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Agrégase al artículo 6º de la Constitución de la República el siguiente inciso:

"Sin perjuicio del régimen general relativo a la aplicación directa, en lo pertinente en el derecho interno de los Tratados Internacionales en vigencia ratificados por la República, las disposiciones adoptadas por los órganos previstos por el Tratado de Asunción (MERCOSUR), ingresarán directamente en el orden jurídico interno y se aplicarán en consecuencia respetando el orden jerárquico normativo que resulta de la Constitución".

Artículo 2º.- Sustitúyese el tercer inciso del numeral 9º) del artículo 77 de la Constitución de la República por el siguiente:

"La elección de los Intendentes, de los miembros de las Juntas Departamentales y de las demás autoridades locales electivas, se realizará el mismo día que las elecciones nacionales. Las listas de candidatos para los cargos departamentales deberán figurar en una hoja de votación distinta de la correspondiente a la elección nacional, individualizada con el lema de un partido político".

Artículo 3º.- Sustitúyese el primer inciso del artículo 88 de la Constitución de la República por el siguiente:

"La Cámara de Representantes se compondrá de sesenta y siete miembros elegidos directamente por el Cuerpo Electoral de cada departamento, con arreglo a un sistema de representación proporcional".

Artículo 4º.- Agrégase al artículo 93 de la Constitución de la República el siguiente inciso:

"Se considera delito grave a los efectos de este artículo el susceptible de ser sancionado por la legislación penal con más de dos años de penitenciaría".

Artículo 5º.- Sustitúyese el primer inciso del artículo 94 de la Constitución de la República por el siguiente:

"La Cámara de Senadores se compondrá de veinticinco miembros, elegidos directamente por el Cuerpo Electoral en una sola circunscripción electoral, conforme con las garantías y las normas que para el sufragio se establecen en la Sección III y a lo que expresan los artículos siguientes".

Artículo 6º.- Agrégase al artículo 108 de la Constitución de la República el siguiente inciso:

"La suma de las erogaciones previstas en los presupuestos de las dos Cámaras, más las que resulten de las erogaciones de la Asamblea General y de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, no podrán superar el 1,5% (uno y medio por ciento) del total de las previstas en el Presupuesto Nacional correspondiente al período anterior".

Artículo 7º.- Sustitúyese el segundo inciso del artículo 116 de la Constitución de la República por el siguiente:

"La convocatoria de suplentes sólo puede efectuarse por muerte, renuncia o vacancia definitiva como consecuencia de otra causal o licencia por enfermedad debidamente justificada".

Artículo 8º.- Agrégase a la Constitución de la República el siguiente artículo:

"ARTÍCULO 159 bis.- El presupuesto de gastos de la Presidencia de la República no podrá superar el 1% (uno por ciento) del Presupuesto Nacional correspondiente al período anterior".

Artículo 9º.- Sustitúyense los artículos 170, 171 y 172 de la Constitución de la República por los siguientes:

"ARTÍCULO 170.- El Presidente de la República no podrá salir del territorio nacional sin informar por escrito a la Cámara de Senadores.

ARTÍCULO 171.- El Presidente y el Vicepresidente de la República gozarán de las mismas inmunidades y les alcanzarán las mismas incompatibilidades y prohibiciones que a los Senadores y a los Representantes.

ARTÍCULO 172.- El Presidente y Vicepresidente de la República no podrán ser acusados sino en la forma que señala el artículo 93 y aun así, sólo durante el ejercicio del cargo o dentro de los seis meses siguientes a la expiración del mismo durante los cuales estarán sometidos a residencia, salvo autorización para salir del país, concedida por mayoría de votos del total de componentes de la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras.

Cuando la acusación haya reunido los dos tercios de votos del total de los componentes de la Cámara de Representantes, el Presidente o Vicepresidente de la República, en su caso, quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones".

Artículo 10.- Sustitúyese el segundo inciso del artículo 178 de la Constitución de la República por el siguiente:

"No podrán ser acusados sino en la forma que señala el artículo 93, y aun así sólo durante el ejercicio del cargo o dentro de los seis meses siguientes al momento en el que se produjo el alejamiento del mismo. Cuando la acusación haya reunido los dos tercios de votos del total de componentes de la Cámara de Representantes, el Ministro acusado quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones".

Artículo 11.- Sustitúyense los artículos 183 y 184 de la Constitución de la República por los siguientes:

"ARTÍCULO 183.- En cada Ministerio habrá las Subsecretarías que determine la ley. Los Subsecretarios ingresarán con el Ministro, a su propuesta y cesarán con él, salvo nueva designación.

ARTÍCULO 184.- En caso de licencia de un Ministro, el Presidente de la República designará a quien lo sustituya interinamente, debiendo recaer la designación en otro Ministro o en un Subsecretario de la respectiva Cartera".

Artículo 12.- Sustitúyese el artículo 195 de la Constitución de la República por el siguiente:

"ARTÍCULO 195.- Habrá un Banco de Previsión Social (BPS), que estará organizado como ente autónomo y tendrá los cometidos y atribuciones que determine la ley aprobada con el voto de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara. Tendrá por finalidad coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social. Su Directorio estará compuesto de siete miembros, cuatro designados por el Poder Ejecutivo conforme a lo dispuesto en el artículo 187 de la Constitución, uno electo por los afiliados activos, otro electo por los afiliados pasivos y otro electo por las empresas contribuyentes, en la forma que determine la ley".

Artículo 13.- Sustitúyense los incisos uno y dos del artículo 208 de la Constitución de la República por los siguientes:

"El Tribunal de Cuentas estará compuesto por siete miembros de reconocida competencia en la materia que deberán reunir además las mismas calidades exigidas para ser Senador.

Serán designados por la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes dentro de los sesenta días de iniciada la Legislatura.

Al cumplirse el citado plazo el Presidente de la Asamblea General citará al Cuerpo para someter a votación las propuestas de designación que se hayan presentado. Si no se lograran los dos tercios de votos se adjudicarán los cargos en forma proporcional a los votos obtenidos por cada lista propuesta".

Artículo 14.- Agrégase al literal B) del artículo 211 de la Constitución de la República luego del segundo inciso lo siguiente:

"Si el Tribunal de Cuentas, a su vez, mantuviera sus observaciones, dará noticia circunstanciada a la Cámara de Senadores, la que dentro de los diez días de recibidas deberá pronunciarse, manteniendo o rechazando las observaciones.

Si la Cámara de Senadores no se pronunciara dentro de los diez días, se entenderá que la observación es mantenida. Durante el receso será competente en esta materia la Comisión Permanente".

Artículo 15.- Agréganse al artículo 214 de la Constitución de la República los siguientes incisos:

"El Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales presentarán a los órganos legislativos correspondientes y publicarán, un resumen del proyecto de Presupuesto Nacional y de los proyectos de Presupuestos Departamentales. Este resumen deberá contener las cifras globales destinadas a sueldos, gastos generales, inversiones y subsidios, así como la estimación, si correspondiere, del déficit.

Un documento similar deberá presentarse al Poder Ejecutivo y publicarse en el caso de los presupuestos de los artículos 220 y 221.

Dentro de los sesenta primeros días de iniciado el ejercicio anual, el Poder Ejecutivo informará a la Asamblea General si existe déficit en la ejecución presupuestal del ejercicio anterior. Si el déficit superara el 2% (dos por ciento) del Producto Bruto Interno (PBI) del año anterior, debe proponer las medidas legislativas y administrativas que adoptará para impedir que el déficit supere ese porcentaje".

Artículo 16.- Agrégase al artículo 222 de la Constitución de la República el siguiente inciso:

"El presupuesto del Gobierno Departamental no podrá destinar a sueldos y retribuciones personales de cualquier naturaleza más del 50% (cincuenta por ciento) del total de erogaciones incluidas las cargas sociales. El presupuesto de la Junta Departamental no podrá exceder del 1% (uno por ciento) del presupuesto del Gobierno Departamental".

Artículo 17.- Sustitúyese el artículo 263 de la Constitución de la República por el siguiente:

"ARTÍCULO 263.- Las Juntas Departamentales tendrán un máximo de treinta y un miembros y un mínimo de quince, en función del número de ciudadanos habilitados para votar en cada elección. La Corte Electoral, al cerrar el período inscripcional, establecerá dicho número que deberá ser impar".

Artículo 18.- Agrégase al artículo 288 de la Constitución de la República el siguiente inciso:

"En el caso de la Juntas Locales no electivas, sus integrantes serán designados por el Intendente dentro de los treinta días de iniciado el período de Gobierno. Si no lo hace en ese lapso, las designaciones serán hechas por la Junta Departamental en los treinta días subsiguientes en forma proporcional a los votos de los Ediles".

Artículo 19.- Sustitúyense los numerales 1º) y 13) del artículo 297 de la Constitución de la República por los siguientes:

"1º) Los impuestos sobre la propiedad inmueble urbana, suburbana y rural, situada dentro de los límites de su jurisdicción, con excepción en todos los casos de los adicionales nacionales establecidos o que se establecieren. La cuantía de los impuestos adicionales nacionales, no podrán superar el monto de los impuestos con destino departamental.

13) La cuota parte del porcentaje que, sobre el monto total de recursos del Presupuesto Nacional, fijará la ley presupuestal. Esta cuota parte no podrá ser destinada al pago de sueldos, ni de retribuciones personales de ninguna naturaleza".

Artículo 20.- Agrégase al artículo 322 de la Constitución de la República el siguiente literal D):

"D) Evacuar las consultas que los partidos políticos le formulen sobre temas relacionados con la materia propia de la Corte Electoral. La consulta no podrá consistir en una cuestión que razonablemente pueda ser sometida próximamente a la Corte en su carácter de Juez de las elecciones de todos los cargos electivos y de los actos de plebiscito y referéndum".

Artículo 21.- Agrégase al artículo 324 de la Constitución de la República el siguiente inciso:

"La elección por la Asamblea General deberá realizarse dentro de los treinta días posteriores al inicio de la Legislatura. Al cumplirse dicho plazo el Presidente de la Asamblea General citará al Cuerpo para someter a votación las propuestas que se hayan presentado de acuerdo con el inciso primero de este artículo. Si no se lograran los dos tercios exigidos en una primera votación, los titulares de los cargos se considerarán nominados para un nuevo período de cinco años. En el mismo acto se someterán a votación las listas que se hayan presentado dentro del plazo de treinta días a que refiere este artículo".

Artículo 22.- Sustitúyese el título "Disposiciones Transitorias y Especiales" de la ley constitucional sancionada el 15 de octubre de 1996 y aprobada en el plebiscito celebrado el 8 de diciembre del mismo año, por el siguiente:

"DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Y ESPECIALES

A) Las disposiciones que reducen el número de miembros de la Cámara de Representantes, de la Cámara de Senadores y de las Juntas Departamentales se aplicarán por la Corte Electoral al proclamarse los candidatos electos a partir de las elecciones de 2004.

Las demás disposiciones tendrán vigencia a partir del 1º de marzo de 2005, salvo las modificaciones a los artículos 60, 93, 103 bis, 114, 116, 133, 168 numeral 10), 170, 171, 172, 178, 183, 184, 187, 201, 211 b), 214 f), 295, 297, 322 y las presentes disposiciones transitorias y especiales, que entrarán en vigencia en la fecha en que el Presidente de la Asamblea General promulgue esta ley constitucional.

B) Mientras no se dicten las leyes previstas por los artículos 262 y 287, las autoridades locales se regirán por las siguientes normas:

Habrá Juntas Locales en todas las poblaciones en que hubieren sido creadas a la fecha de vigencia de las presentes modificaciones o que en el futuro crearen las Juntas Departamentales a propuesta del Intendente respectivo. Tendrán cinco miembros y, cuando fueren electivas, se integrarán por representación proporcional, en cuyo caso serán presididas por el primer titular de la lista más votada del lema más votado en la respectiva circunscripción territorial. En caso contrario, sus miembros se designarán por los Intendentes con la anuencia de la Junta Departamental, respetando, en lo posible, la proporcionalidad existente en la representación de los diversos partidos en dicha Junta. Los Intendentes deberán proponer su designación dentro de los treinta días de iniciado su período de Gobierno. En caso en que así no lo hicieren, las designaciones serán hechas por la Junta Departamental en los treinta días subsiguientes.

C) Las elecciones internas para seleccionar la candidatura presidencial única para las elecciones nacionales a celebrarse en el mes de octubre de 2004, así como las que tengan lugar en lo sucesivo, y en todo aquello que no haya sido modificado por la ley prevista en el numeral 12) del artículo 77, se realizarán de acuerdo con las siguientes bases:

a) Podrán votar todos los inscriptos en el Registro Cívico Nacional.

b) Se realizarán en forma simultánea el último domingo del mes de junio del año en que deban celebrarse las elecciones nacionales por todos los partidos políticos que concurran a estas últimas.

c) El sufragio será secreto y no obligatorio.

d) En un único acto y hoja de votación se expresará el voto:

1) Por el ciudadano a nominar como candidato único del partido a la Presidencia de la República.

2) Por la nómina de convencionales nacionales y departamentales. Para integrar ambas convenciones se aplicará la representación proporcional y los precandidatos no podrán acumular entre sí. La referencia a convencionales comprende al colegio elector u órgano deliberativo con funciones electorales partidarias que determine la Carta Orgánica o el estatuto equivalente de cada partido político.

e) El precandidato más votado será designado directamente como candidato único a la Presidencia de la República siempre que hubiera obtenido la mayoría absoluta de los votos válidos de su partido. También lo será aquel precandidato que hubiera superado el 40% (cuarenta por ciento) de los votos válidos de su partido y que, además, hubiese aventajado al segundo por no menos del 10% (diez por ciento) de los referidos votos.

f) De no darse ninguna de las circunstancias referidas en el literal anterior, el Colegio Elector Nacional, o el órgano deliberativo que haga sus veces, surgido de dicha elección interna, realizará la nominación del candidato a la Presidencia en votación nominal y pública, por mayoría absoluta de sus integrantes.

g) Quien se presentare como candidato a cualquier cargo en las elecciones internas, solo podrá hacerlo por un partido político y queda inhabilitado para presentarse como candidato a cualquier cargo por otro partido en las inmediatas elecciones nacionales y departamentales.

Dicha inhabilitación alcanza también a quienes se postulen como candidatos a cualquier cargo ante los órganos electorales partidarios.

h) De sobrevenir la vacancia definitiva en una candidatura presidencial antes de la elección nacional, será ocupada automáticamente por el candidato a Vicepresidente, salvo resolución en contrario antes del registro de las listas, del Colegio Elector Nacional y órgano deliberativo equivalente, convocado expresamente a tales efectos.

De producirse con relación al candidato a Vicepresidente, corresponderá al candidato presidencial designar su sustituto, salvo resolución en contrario de acuerdo con lo estipulado en el inciso anterior.

D) Mientras no se modificare por ley, según lo previsto en el artículo 271, los candidatos de cada partido a la Intendencia Municipal serán nominados por su órgano deliberativo departamental o por el que, de acuerdo a sus respectivas Cartas Orgánicas o estatutos haga las veces del Colegio Elector. Este órgano será electo en las elecciones internas a que se refiere la Disposición Transitoria letra D).

Será nominado candidato quien haya sido más votado por los integrantes del órgano elector. También lo podrá ser quien lo siguiere en número de votos siempre que superare el 30% (treinta por ciento) de los sufragios emitidos. Cada convencional o integrante del órgano que haga las veces de Colegio Elector votará por un solo candidato.

De sobrevenir la vacancia definitiva en una candidatura a la Intendencia Municipal antes de la elección departamental, será ocupada automáticamente por su primer suplente, salvo resolución en contrario antes del registro de las listas, del Colegio Elector Departamental u órgano deliberativo equivalente, convocado expresamente a tales efectos.

De producirse con relación al primer suplente, corresponderá al Colegio Elector Departamental u órgano deliberativo equivalente, la designación de su sustituto.

E) Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 216 y 256 y siguientes de la Constitución de la República, declárase la inconstitucionalidad de toda modificación de seguridad social, seguros sociales, o previsión social (artículo 67) que se contenga en leyes presupuestales o de rendición de cuentas, a partir del 1º de octubre de 1992. La Suprema Corte de Justicia, de oficio, o a petición de cualquier habitante de la República, emitirá pronunciamiento sin más trámite, indicando las normas a las que debe aplicarse esta declaración, lo que comunicará al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Dichas normas dejarán de producir efecto para todos los casos, y con retroactividad a su vigencia.

F) Los porcentajes establecidos en el artículo 222 se obtendrán adecuando los presupuestos vigentes en el lapso de cuatro años, a razón de un 25% (veinticinco por ciento) por año".

Montevideo, 5 de mayo de 2003.

GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo, JORGE CHÁPPER, Representante por San José, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Representante por Colonia, NELSON BOSCH, Representante por Durazno, FERNANDO ARAÚJO, Representante por Rivera, LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones, GUSTAVO PENADÉS, Representante por Montevideo, JULIO C. SILVEIRA, Representante por Artigas, LUIS M. LEGLISE, Representante por Salto, JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo, AMBROSIO RODRÍGUEZ, Representante por Maldonado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto de ley constitucional que se presenta ante la Cámara de Representantes (literal D) del artículo 331 de la Constitución de la República), propone reformar ciertos aspectos de nuestra organización institucional que los firmantes consideran importantes para fortalecer el gobierno representativo, mejorar el control sobre el sector público, limitar el déficit fiscal, mejorar la gestión del gobierno municipal y adecuar ciertos artículos a nuevas realidades.

En ese sentido, el fundamento de las propuestas se desarrollará en los siguientes capítulos.

- I -

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA

REPRESENTATIVO DE GOBIERNO

Al consagrar, para la elección de Diputados el sistema de representación proporcional integral, el constituyente tuvo como meta el concepto de que no quedara sin representación parlamentaria ningún votante.

Ello llevó a un sistema de adjudicación de bancas en la Cámara Baja que, mediante cocientes descendientes y en lo que se ha denominado "tercer escrutinio", se llevaran a cabo operaciones aritméticas que, si bien logran el objetivo señalado, provocan casos de representatividad poco seria y diluida.

Muchas veces un legislador llega a su banca habiendo recibido, en forma directa, escasos sufragios y recogiendo los restantes por acumulación de sufragios emitidos en todo el país, originalmente destinados a otras personas y elegidos en otras circunstancias locales.

Así, en 1999 resultó electo un señor Diputado que obtuvo dos mil trescientos setenta votos en San José, donde sufragan aproximadamente setenta mil ciudadanos. No hay duda de que su representatividad con relación a la población es muy pequeña.

La distribución de bancas por departamento ofrece perplejidades. Los departamentos de Rocha y Colonia tienen asignadas tres bancas cada uno, a pesar de que en Colonia votan veinte mil personas más que en Rocha.

Creemos que volver al sistema de representación por departamentos, dejando a salvo la norma que indica que se deben reservar dos bancas por departamento, establecerá una relación más fuerte entre el electorado y el elegido y por consiguiente una mayor responsabilidad, una concreta identificación entre el Diputado y quienes -a él conociéndolo, conviviendo con él- votaron. Intentamos acentuar ese vínculo estableciendo un régimen de licencias más estricto, mitigando el mal efecto que causa la votación de titulares que es hoy costumbre y que deriva en un aumento de los gastos de la Cámara por cobrar ambos -titular y suplente- al mismo tiempo.

Para el Senado, por elegirse dicho Cuerpo en una sola circunscripción, se mantiene la representación proporcional integral.

Si se compara la relación Senador-votantes de nuestro país con otros, se verá que es excesivo el mínimo de treinta. Lo mismo con el de noventa y nueve actuales Diputados.

Un Senado de veinticuatro miembros resultará de funcionamiento más ágil, sobre todo teniendo en cuenta las funciones que en materia de contralor de las observaciones del Tribunal de Cuentas, esta reforma le asigna.

En cuanto a los Diputados, con un número de sesenta y siete se aseguran dos por departamento, restando veintinueve bancas para que los departamentos con más ciudadanos sean mejor representados, pero con criterio de adjudicación departamental.

No es de despreciar el ahorro que al contribuyente puede significar esta reducción. En términos globales, la cifra de ahorro directo es de aproximadamente dos millones de dólares anuales. Si a ello se agrega la limitación presupuestal que se propone en el artículo 6º, el efecto fiscal puede ser muy beneficioso.

Un caso muy similar es el de los integrantes de las Juntas Departamentales. Allí se establece una integración disímil, según el mínimo de inscriptos en el departamento. Indudablemente no es lo mismo ocuparse de los asuntos municipales de Flores o Durazno que de los de Montevideo o Canelones. Por ello se establece que al cierre de cada período inscripcional, la Corte Electoral anuncie cuántos Ediles serán electos por cada departamento, entre treinta y uno y quince miembros, agregando uno cuando la proporción resulte en un mínimo par.

- II -

LIMITACIONES PRESUPUESTALES Y DEL DÉFICIT

Se fija en un 1,5% del Presupuesto Nacional el máximo que puede gastar el Poder Legislativo. Similar medida, pero fijándolo en un 1%, se propone para el inciso "Presidencia de la República".

Los países europeos, como manera de disciplinar sus cuentas, han acordado en el Tratado de Maastricht, limitar sus déficits fiscales a 3% en relación al PBI. Similar es la solución que proponemos, con un agregado. Constatado el hecho de que se ha superado dicha cantidad, el Poder Ejecutivo debe de presentar al Parlamento un proyecto de ley proponiendo las medidas correctivas que estime eficaces para retornar al limite que se fija en 2%.

Dentro de este mismo capítulo pueden incluirse medidas de menor entidad para que se viertan hacia un mismo fin de acercar al público en general el tema de las finanzas públicas, su equilibrio y el uso del dinero de los contribuyentes.

Así, la publicación preceptiva por parte del Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales de un resumen de sus respectivos presupuestos indicando las cifras globales de sueldos, gastos generales, inversiones, subsidios y la estimación del déficit si lo hubiere. Cinco guarismos que mostrarán al contribuyente, con elocuencia y sencillez, un retrato del estado financiero del país. Este ciudadano es el que lo paga, debe conocerlo más allá del galimatías del lenguaje presupuestal y de la maraña de cientos de artículos.

Igual obligación se exige para los presupuestos de los organismos establecidos por los artículos 220 y 221 de la Constitución.

- III -

EL CONTRALOR DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Nuestra Constitución organiza en su Sección XIII un mecanismo de control del gasto que pone a cargo del Tribunal de Cuentas. Especialmente, el literal B) del artículo 211 legisla sobre la legalidad de pagos y gastos, se le concede la potestad de observar los mismos. Ante la observación, el ordenador respectivo puede insistir en el gasto o pago, el que, meramente, puede ser observado por el Tribunal del Cuentas. Si así ocurriere, el constituyente se limita a indicar que en este último caso se "dará noticia circunstanciada a la Asamblea General, o a quien haga sus veces, a sus efectos". Y allí culmina el proceso.

A modo de ejemplo del incumplimiento del precepto constitucional, señalemos que por año el Parlamento recibe más de quinientos expedientes, muchos de los cuales contienen más de una observación. La Asamblea General, desde 1985, no ha considerado ni una de dichas observaciones, por lo cual ha quedado firme la reiteración del gasto, y ha resultado inútil la tarea del Tribunal de Cuentas.

Ocioso resulta señalar que la Asamblea General simplemente archiva el asunto volviendo inútil todo el procedimiento de contralor y fomentando en los jerarcas, supuestamente controlados, el vicio de la reiteración automática del gasto o pago.

La reforma propuesta completa este trámite con una modificación al texto, que establece que la observación del Tribunal de Cuentas será anunciada al Senado, el que dispone de un plazo de diez días para pronunciarse "manteniendo o rechazando las observaciones". Si no se pronunciase en el referido plazo, la observación es mantenida.

Con esta última etapa del proceso de contralor, se jerarquiza el rol del Tribunal de Cuentas y se pone en manos de un cuerpo político representativo el control final del jerarca en su utilización de los dineros públicos.

Asimismo, se fija un plazo para la designación del Tribunal de Cuentas por la Asamblea General y se exige para integrarlo una "reconocida competencia".

- IV -

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

A) Limitaciones presupuestales

Al presupuesto de las Intendencias se le establece un límite en el monto que puede destinar al rubro retribuciones y sus cargas sociales.

Aun considerándolo muy alto, se ha fijado un límite de 50% a dicho guarismo. Quienes pagan sus impuestos municipales esperan del gobierno municipal un retorno en obras y servicios al que tienen derecho. Mediante una disposición transitoria, se concede un plazo prudente para que los actuales presupuestos se adecuen a la nueva normativa.

A las Juntas Departamentales se les limita el total presupuestal, que en algunos casos ha crecido tremendamente a un 2% del presupuesto departamental.

B) Plazos para designar Juntas Locales

Algunos Intendentes ignoran totalmente la Constitución y no nombran las Juntas o quien haga sus veces. Otros se toman el tiempo que desean para hacerlo. Se propone que el Intendente les designe dentro de los treinta días siguientes el inicio de su período de Gobierno. Si no lo hiciere, las designará la Junta Departamental por pública y en forma proporcional.

C) Contribución Inmobiliaria Rural

Esta potestad tributaria propia del Gobierno central pero que establece un impuesto de cobro departamental, uniformiza los montos nacionalmente.

Nuestra propuesta al establecer que el guarismo fijado sea el máximo de lo que se puede cobrar, habilita al Gobierno Departamental (Intendente y Junta) a rebajar el monto, si así lo permiten las finanzas departamentales.

- V -

CORTE ELECTORAL

En cuanto a su elección, se fija un plazo razonable para que refleje la integración del Parlamento que cada elección indique, evitando situaciones como la actual.

Se agrega a sus competencias una nueva. Se trata de que puede evacuar consultas de los partidos políticos sobre temas de su interés. La legitimación se concede a los partidos políticos en forma exclusiva por razones que se comprenden fácilmente. Son ellos quienes pueden necesitar una opinión acerca de alguna medida a adoptar, y conviene, por ahorro de tiempo y trámites, que la Corte la evacue antes de que el caso llegue a su consideración. El ejemplo más importante es el de los plebiscitos. Cuando un grupo de ciudadanos planea recurrir, en ejercicio de su derecho constitucional, bueno es que se inquiera ante la Corte Electoral si cabe o no dicho recurso. Ello evitaría muchas situaciones críticas. Va de suyo que la opinión tendrá el carácter de general y vinculante.

- VI -

AJUSTES VARIOS

A) Artículo 178.- Se modifica el régimen de responsabilidad de los Ministros, establecido por el artículo 178. De la lectura del mismo resulta que basta con que el titular de un Ministerio renuncie al mismo para quedar eximido de toda responsabilidad (podrán ser acusados "sólo durante el ejercicio del cargo"). En cambio, el Presidente de la República puede serlo, además, durante los siguientes seis meses. Resulta congruente igualar las responsabilidades.

B) Artículo 172.- El Vicepresidente de la República y los Ministros, en materia de responsabilidad carecen de regulación expresa. No son Senadores, por tanto no están incluidos dentro de esa categoría, y el artículo 172 solo refiere al Presidente. Al incluirlos dentro de esta norma se llena un vacío importante.

C) Artículo 183 - Artículo 184.- La pluralidad de Subsecretarios en cada Ministerio habilita a que se reduzca el número de estos y se asignen especialidades, dentro de las competencias ampliadas, a distintos Subsecretarios.

En el artículo 184 se ajusta la redacción a lo antedicho "un Subsecretario" en vez de "al Subsecretario".

D) BPS - Artículo 195.- Se redacta el artículo de acuerdo a la disposición transitoria "M".

E) Contribución Inmobiliaria Rural - Artículo 297.- Se agrega al inciso 1º) del artículo 297 la expresión "los montos fijados por el Poder Legislativo representarán el máximo del tributo, pudiendo las Juntas Departamentales, a iniciativa del Intendente, disminuir su monto".

Consideramos que de esta manera se aumenta la autonomía departamental permitiendo que una buena administración sea causa de una rebaja de la presión tributaria.

En cuanto al agregado al inciso 13), con él se procura que los recursos de referencia se dediquen a inversiones.

Al inciso 3º) se agrega que los recursos en cuestión sean de disposición directa por cada Intendencia, de acuerdo con alícuotas que establezca la ley. De esa manera se evitarán ya endémicos conflictos entre el Ministerio de Economía y Finanzas y las Intendencias Municipales.

Consideramos que las disposiciones cuya aprobación sometemos al Cuerpo de esta Presidencia han sido fundamentadas suficientemente. Creemos que cumplen los objetivos de fortalecer la representación política, mejorar el control del gasto, acotar los déficits y, en general, administrar mejor el dinero de los contribuyentes.

Si la dirigencia política acepta estas modificaciones, será prueba clara y terminante de que desea ajustar su funcionamiento y estructura a los tiempos que vivimos y que viviremos.

F) La modificación al artículo 6º pretende solucionar el problema del valor jurídico interno de las resoluciones del MERCOSUR.

Montevideo, 5 de mayo de 2003.

GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo, JORGE CHÁPPER, Representante por San José, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Representante por Colonia, NELSON BOSCH, Representante por Durazno, FERNANDO ARAÚJO, Representante por Rivera, LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones, GUSTAVO PENADÉS, Representante por Montevideo, JULIO C. SILVEIRA, Representante por Artigas, LUIS M. LEGLISE, Representante por Salto, JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo, AMBROSIO RODRÍGUEZ, Representante por Maldonado".

C) "TRIBUTO DE CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA RURAL. (Se reimplanta para aquellos padrones sobre los cuales tengan asiento los embalses y lagos artificiales de las represas hidroeléctricas).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Derógase el Decreto-Ley Nº 14.811, de 11 de agosto de 1978, cesando la exoneración de tributos, dispuesta por la norma derogada, a los inmuebles sobre los cuales tienen asiento las aguas y los álveos de los embalses y lagos artificiales delimitados por la cota señalada para la expropiación respectiva de los mismos.

Artículo 2º.- El impuesto por hectárea de Contribución Inmobiliaria Rural, resultante de lo dispuesto en el artículo anterior, será determinado, para el ejercicio 2003, por la cifra resultante de dividir el monto total anual facturado del tributo de referencia -en cada departamento donde se aplique la norma-, por la superficie total de la circunscripción departamental respectiva.

A partir del ejercicio 2004 se determinará el monto adeudado, mediante la actualización de lo debido en el ejercicio 2003 con más el incremento resultante, desde el 1º de enero de 2003, de la aplicación de la UI (Unidad Indexada) (Decreto 210/002, de 12 de junio de 2002). Para los ejercicios sucesivos se procederá año a año igual cálculo para fijar el adeudo.

Cada Intendencia Municipal fijará la superficie de los inmuebles gravados, de acuerdo a los registros que constan en cada una de ellas y en las documentaciones públicas pertinentes.

La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), sujeto pasivo del tributo, deberá proporcionar a cada Intendencia Municipal, si éstas se lo requieren, las informaciones que estimen necesarias a los fines de esta ley.

Artículo 3º.- Los débitos de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) con los Gobiernos Departamentales respectivos, resultante de lo establecido en las normas precedentes podrán compensarse con los consumos de energía eléctrica incurridos por los mismos, siempre que así se acuerde y en la forma que se convenga entre ambas instituciones.

En el caso del inciso anterior, y siempre que se hubiere convenido, el saldo de lo devengado por Contribución Inmobiliaria Rural, no compensable por superar lo gastado en energía eléctrica por el Gobierno Departamental respectivo, será abonado por UTE en la forma y oportunidad que dispongan las normas generales aplicables a este tributo.

Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo, dentro del plazo de noventa días de promulgada la presente ley, enviará un proyecto de ley atendiendo, en forma similar al presente texto, la situación específica de los inmuebles afectados por los embalses y lagos artificiales de la represa de Salto Grande.

Montevideo, 25 de abril de 2003.

RICARDO BEROIS QUINTEROS, Representante por Flores, JULIO C. SILVEIRA, Representante por Artigas, NELSON BOSCH, Representante por Durazno, LUIS M. LEGLISE, Representante por Salto, JULIO CARDOZO FERREIRA, Representante por Tacuarembó.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto adjunto soluciona la legítima inquietud de los Municipios afectados, de larga data, por una injusta situación.

A tal efecto los firmantes hemos coincidido -en tarea que realizamos en conjunto con el Senador Guillermo García Costa-, en la resolución sencilla y de justicia que se plantea.

En un proceso bien conocido el Uruguay procedió, de la década del 30 en adelante, a la construcción de represas que permitieran la utilización de la energía hidroeléctrica resultante. Como parte necesaria del proceso industrial en cuestión se hizo ineludible la ocupación de tierras para los embalses consiguientes y los resultantes lagos artificiales.

Notorias de este proceso son las represas de Rincón del Bonete, Rincón de Baygorria, Palmar y Salto Grande.

Al procederse a tales emprendimientos los órganos estatales que los llevaron adelante procedieron a las expropiaciones, y consiguientes pagos, a los propietarios de las tierras a inundar, asiento físico de los respectivos complejos hidroeléctricos.

Desde el inicio mismo de todo el proceso las Intendencias Municipales respectivas descontaron, por elemental, la lógica continuidad en el pago del impuesto de Contribución Inmobiliaria Rural que afectaba a los predios expropiados, puesto que el cambio en el uso no afectaba el destino productivo de los mismos.

En efecto: resulta de elemental lógica que la alteración del uso del terreno no afecta el básico concepto que da sustento al más antiguo de los tributos nacionales: el de la Contribución Inmobiliaria. Todo propietario de tierra útil contribuye en la lógica resultante de su uso lucrativo, a los gastos de la comunidad en la que se halla. Siendo bienes productivos, ya se les use en una u otra forma, es incuestionable que asuman sus propietarios la natural cuota parte que les corresponde de los gastos de la sociedad organizada donde se asientan.

Sin embargo, contrariando esa lógica, sin base racional, ni legal alguna, se interrumpió el pago del tributo a las Intendencias Municipales.

Repárese que el destino de esos campos -ahora artificialmente inundados por obra del hombre-, sigue siendo productivo. Incluso mucho más lucrativo que en su estado natural. La rentabilidad resultante de la explotación ganadera (en estos campos casi exclusiva) antes de su expropiación es manifiestamente inferior a la obtenida en el destino industrial y comercialmente útil al que fueron afectados.

La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas es constitucional y legalmente un ente comercial e industrial del Estado. Como tal, ejerce una actividad redituable vendiendo energía eléctrica. En esa actividad incurre en gastos, compra insumos, paga sueldos, hace inversiones, actuando como le corresponde a una institución empresarial. Incluso se grava con impuestos su actividad como corresponde a toda empresa comercial, aunque sea propiedad del Estado.

Tal gestión, tiene una sola e insólita excepción: las tierras que UTE utiliza para la producción de energía hidroeléctrica, energía que vende a los usuarios, no están sujetas a tributación. Son de uso gratuito.

De acuerdo a esta situación la población de los departamentos que están afectados por este uso comercial de su territorio deben continuar prestando, gratuitamente, servicios que sirven a esta empresa. Empresa que cobra lo que produce a todos los habitantes del país, y que tiene un balance superavitario y repetidas y publicitadas ganancias.

No es necesario abundar en los razonamientos, porque son elementales. Las poblaciones, a través de las Intendencias de los departamentos de los embalses y lagos artificiales, proveen caminos, infraestructura y servicios para que UTE venda energía eléctrica con beneficios. No hay la más mínima contrapartida que debe pagar quien realiza la explotación de esos inmuebles con destino comercial y provechoso. Incluso los centros poblados de propiedad de UTE que sirven a la estructura industrial de esta -como los existentes en Durazno, Tacuarembó y Soriano- no pagan ningún tributo municipal. Se trata de agrupamientos de decenas de casas, de buen nivel edilicio donde viven los técnicos y operarios de UTE, y a pesar de ello quedan al margen de la tributación. Por descontado que no quedan al margen de recibir los servicios generales que brindan los Municipios.

Esos departamentos ni siquiera reciben una contemplación en sus tarifas como contraprestación de UTE. Ni hablar de gratuidad. Para mencionar un solo ejemplo: el Municipio de Durazno abona a UTE aproximadamente US$ 1.000.000 por año por concepto de gastos de electricidad (alumbrado público y consumo), con tarifas de condiciones iguales a las de cualquier usuario del país. Como contracara a este esfuerzo económico la legislación le ha impuesto disminuir sus naturalmente exiguos ingresos, en beneficio de la economía y financiamiento de UTE y de sus millones de usuarios.

El argumento -que nunca hemos leído pero suponemos que pudiera ser la única base irracional de esta desigualdad de tratamiento-, sería que la venta de energía eléctrica es un servicio a todo el país y que es bueno contribuir para el noble propósito de brindarla. No es válido el argumento, pero podría ser atendible, si no fuere desigual al esfuerzo y simultáneamente el legislador, que privó a los departamentos en forma inconsulta de su legítima y necesaria fuente de ingresos, hubiere dispuesto la gratuidad de la energía eléctrica.

El constituyente y el legislador han considerado, con acierto, a UTE, como una entidad estatal comercial e industrial, le han colocado en el rango empresarial, y le imponen incluso tributos en beneficio de la comunidad toda, que como empresa le corresponden. Con una excepción insólita: el uso y disfrute de predios afectados a la producción hidroeléctrica de energía son gratuitos y la carga de servicios municipales a favor de los mismos es soportada exclusivamente por la población de esas comunidades.

No deja de ser oportuno recordar que en algunos emprendimientos privados (particularmente en áreas arroceras) se han inundado cientos de hectáreas con el objetivo comercial de vender la misma para uso agrícola. Ningún legislador ni siquiera ha insinuado que esos inmuebles quedan liberados de Contribución Inmobiliaria.

El considerable descaecimiento de los ingresos de cada departamento afectado implica, "mutatis mutandi", una generosa, pero seguramente no ecuánime, contribución que hacen los pobladores de los mismos a los demás habitantes del país, para abaratar -admitamos que en ínfima proporción-, para los usuarios, los costos de la energía eléctrica.

La legítima protesta de los departamentos involucrados, Durazno, Tacuarembó, Soriano, Río Negro, Flores, Salto y Artigas (en diversa medida cada uno) no fue satisfecha y ni siquiera oída. Por lo contrario, el proceso se culminó despiadadamente por el Decreto-Ley de agosto de 1978 por el que el régimen de facto resolvió "legalmente" el tema calificando las tierras en cuestión como de "bienes nacionales de uso público" y expresamente exonerándolas de todo tributo y entre ellos específicamente de la Contribución Inmobiliaria (artículo único de la tal ley). Solo un régimen violatorio del Estado de derecho pudo incurrir en tan aberrante utilización de la norma para cohonestar una injusticia.

Reparar esta situación se procura con este proyecto. Que se plantea para el futuro, dando por perdido lo pasado, en un necesario retorno de ingresos y de derechos a los Municipios y por ende a los habitantes de esos departamentos. Restableciendo legítimamente el camino racional y evitando el regalo no admitido e injusto que un ínfimo porcentaje de la población del país debería hacer al resto.

Para ello se deroga en primer lugar el Decreto-Ley del año 78. Se procede luego a restablecer el tributo de la Contribución Inmobiliaria para esos predios a partir del ejercicio 2003. A efectos de simplificar todo el sistema de pagos se lo refiere a una tasa por hectárea equivalente al monto del tributo en cuestión, facturado en cada departamento, dividido por las hectáreas de la circunscripción territorial departamental. Dicha unidad se multiplica por las hectáreas expropiadas en su oportunidad para los embalses, y que hoy son propiedad de UTE. Con sencillez se logra una forma racional de la imposición de Contribución Inmobiliaria a esos predios.

Para años posteriores se legisla un sistema de adecuación de montos, sencillo y práctico.

Finalmente, y para facilitar caminos que UTE debió recorrer antes, la ley autoriza, con conformidad de las partes, a compensarse los créditos recíprocos entre cada departamento y la UTE.

Las normas anteriores han de aplicarse a los inmuebles de Durazno, Tacuarembó, Flores, Soriano y Río Negro. La situación, que se impone en lo esencial como idéntica, de la represa y embalse de Salto Grande (departamentos de Salto y Artigas) en atención a la naturaleza jurídica diversa de la titularidad de los bienes en cuestión y a la coparticipación internacional en el ente (Comisión Técnica Mixta) se resuelve encomendarla al Poder Ejecutivo para que este, en plazo que se indica, formule la iniciativa necesaria, dando un tratamiento del mismo grado y derecho que las situaciones similares de los demás departamentos.

Montevideo, 25 de abril de 2003.

RICARDO BEROIS QUINTEROS, Representante por Flores, JULIO C. SILVEIRA, Representante por Artigas, NELSON BOSCH, Representante por Durazno, LUIS M. LEGLISE, Representante por Salto, JULIO CARDOZO FERREIRA, Representante por Tacuarembó".

D) "INCREMENTO DE LAS ALÍCUOTAS DEL IMPUESTO A LAS RETRIBUCIONES PERSONALES DISPUESTO POR LA LEY Nº 17.502. (Se deroga el artículo 161 de la Ley Nº 17.556).

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Derógase el artículo 161 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002.

Montevideo, 25 de abril de 2003.

JULIO LARA, Representante por Canelones, JULIO CARDOZO FERREIRA, Representante por Tacuarembó, ALBERTO PERDOMO, Representante por Canelones, ROBERTO ARRARTE FERNÁNDEZ, Representante por Rocha.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 13 de la ley de estabilidad financiera, del 29 de mayo de 2002, señalaba, con la voluntad de todos quienes la votaron, que el aumento de las alícuotas expresadas en los artículos 3º a 5 de la misma, quedarían sin efecto a partir del 1º de enero de 2004.

Tan solo cuatro meses después, el Poder Ejecutivo, envía al Parlamento la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, en la cual solicita a los parlamentarios, la sustitución del artículo 13 del ajuste fiscal de mayo por el siguiente texto: "Sustitúyese el artículo 13 de la Ley Nº 17.502, de 29 de mayo de 2002, por el siguiente: 'ARTÍCULO 13.- Facúltase al Poder Ejecutivo a abatir, a partir del 1º de enero de 2004, el incremento de las alícuotas dispuestas en los artículos 3º a 5º de la referida ley, tomando en consideración el cumplimiento de las metas fiscales alcanzadas a esa fecha y aplicando una disminución proporcional en la carga tributaria establecida, dando prioridad a la situación de los sujetos pasivos comprendidos en las escalas de menores ingresos y a los de la actividad privada'".

De lo expuesto surge que en mayo del pasado año, en medio de un panorama recesivo, el Gobierno propició y finalmente logró aprobar un incremento sustancial en el IRP, que al disminuir abruptamente la capacidad de consumo de la mayoría de los uruguayos, no hizo más que profundizar la recesión (como entonces anunciamos que ocurriría, al tiempo que reclamábamos un diálogo interpartidario para buscar un ajuste de mejor calidad) y finalmente afectó indirectamente los resultados fiscales, anulando -en un guarismo que no resulta sencillo cuantificar, pero de cuya existencia sería insensato dudar- el aumento recaudatorio que el incremento impositivo directo generó.

Casi nadie discute que aumentar impuestos (sobre todo si se trata de tributos sobre ingresos) en un contexto recesivo, es desaconsejable.

Creemos que los ciudadanos de nuestro país tienen que tener reglas claras, que los impuestos no pueden ser provisorios y quedar para siempre, porque la frase "tomando en cuenta el cumplimiento de las metas fiscales alcanzadas a esa fecha", como señala el artículo 161, puede utilizarse por los años que los ejecutivos de turno entiendan necesario.

Los uruguayos, han sufrido el pasado 2002 y este 2003 una caída sustantiva de sus ingresos reales, al ser insuficientes los aumentos en sus salarios tanto públicos como privados, los cuales se han situado muy por debajo de los incrementos del costo de vida.

Es por esto que con la caída de los ingresos reales que ha sufrido la ciudadanía en general, tanto activos y pasivos, entendemos que a partir del 1º de diciembre del año 2004 debemos recuperarles en parte su poder adquisitivo.

Con esto estaríamos devolviendo capacidad de consumo interno, beneficiando al sector comercial, que está atravesando una importante crisis.

Hay quienes sostienen que la mayor carga tributaria hace recaudar más a las arcas del Estado. Nosotros entendemos que no, que cuantos más impuestos se imponen, el Estado recauda menos, y que no podemos continuar de ajuste fiscal en ajuste fiscal, sino darle la oportunidad a los ciudadanos a comenzar a recuperar su poder adquisitivo, lo cual traerá mayor movimiento interno, más consumo y, por ende, mayor recaudación.

Este es el sentido del proyecto, dar certeza a la ciudadanía en cuanto a los impuestos que se les aplican, devolverle parte del poder adquisitivo perdido y darle al mercado interno la capacidad de reaccionar, ya que los últimos resultados conocidos por todos, hablan de un descenso importante del consumo interno.

Montevideo, 25 de abril de 2003.

JULIO LARA, Representante por Canelones, JULIO CARDOZO FERREIRA, Representante por Tacuarembó, ALBERTO PERDOMO, Representante por Canelones, ROBERTO ARRARTE FERNÁNDEZ, Representante por Rocha".

4.-      Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 19)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

El señor Representante Artigas Barrios solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, relacionada con la fecha de vencimiento de las facturas de dicho Ente. C/27/000

El señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

El señor Representante Roque Arregui solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

El señor Representante José Homero Mello solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Transporte y Obras Públicas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, acerca de las obras de remodelación proyectadas en el Hospital Escuela del Litoral, ubicado en la ciudad de Paysandú. C/27/000

El señor Representante Gustavo Penadés solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

El señor Representante Daniel García Pintos solicita se curse una exposición escrita al Ministerio del Interior, y por su intermedio a la Jefatura de Policía de Montevideo y al Comando de la Seccional 6ª de dicha Jefatura, relacionada con actos vandálicos cometidos en ocasión de la conmemoración del Día de los Trabajadores. C/27/000

El señor Representante Raúl Argenzio solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, acerca de las obras necesarias para reparar los deterioros sufridos por las viviendas de un conjunto habitacional del SIAV en la ciudad de Minas. C/27/000".

——Se votarán oportunamente.

5.-      Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión extraordinaria realizada el 23 de abril de 2003:

Con aviso: Wilson Ezquerra, Luis José Gallo Imperiale, Henry López, Enrique Pérez Morad y Enrique Pintado.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Miércoles 23 de abril

ASUNTOS INTERNACIONALES

Con aviso: Julio Luis Sanguinetti.

Sin aviso: Carlos Pita y Enrique Pintado.

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Con aviso: Henry López.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Con aviso: Beatriz Argimón y Glenda Rondán.

PRESUPUESTOS

Con aviso: Adolfo Pedro Sande.

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Con aviso: Orlando Gil Solares y Wilmer Trivel.

TURISMO

Con aviso: Enrique Pérez Morad y Yeanneth Puñales Brun.

Jueves 24 de abril

HACIENDA (10:00)

Con aviso: Carlos Baráibar y Daniel García Pintos.

ESPECIAL DE GÉNERO Y EQUIDAD

Con aviso: Yeanneth Puñales Brun.

INVESTIGADORA SOBRE LA GESTIÓN DE LA CORPORACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO

Con aviso: Horacio Yanes y Juan Domínguez.

Lunes 28 de abril

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: Alejandro Falco, Daisy Tourné y Guzmán Acosta y Lara.

ESPECIAL CON FINES LEGISLATIVOS SOBRE LAS SITUACIONES DE POBREZA

Con aviso: Daniel Díaz Maynard.

INVESTIGADORA SOBRE DIVERSAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO

Con aviso: José Amorín Batlle y Raúl Sendic.

Martes 29 de abril

ASUNTOS INTERNACIONALES

Con aviso: Arturo Heber Füllgraff y Ramón Fonticiella.

ESPECIAL PARA EL ESTUDIOS DE SOLUCIONES LEGISLATIVAS REFERENTES A LA LIBERTAD DE COMERCIO EN EL URUGUAY

Con aviso: Víctor Rossi.

Sin aviso: Alberto Perdomo.

Miércoles 30 de abril

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Con aviso: Daniel Díaz Maynard.

PRESUPUESTOS

Con aviso: Adolfo Pedro Sande y Brum Canet.

VIVIENDA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Con aviso: María Alejandra Rivero Saralegui, Pedro Señorale y Ruben Carminatti.

ESPECIAL DE GÉNERO Y EQUIDAD

Con aviso: Yeanneth Puñales Brun.

Lunes 5 mayo

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: Daisy Tourné.

ESPECIAL CON EL COMETIDO DE ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA DEL DEPORTE Y DE LA JUVENTUD

Con aviso: Óscar Magurno.

ESPECIAL CON FINES LEGISLATIVOS SOBRE LAS SITUACIONES DE POBREZA

Con aviso: Alberto Scavarelli.

INVESTIGADORA: SOBRE DIVERSAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO

Con aviso: José Bayardi".

——No hay número para celebrar sesión.

Queda terminado el acto.

(Es la hora 16 y 24)

 

 

 

 

Dr. JORGE CHÁPPER

PRESIDENTE

 

Enrique Sención Corbo

Prosecretario
Dr. Horacio D. Catalurda

Secretario Redactor
 

Ricardo Aldabe

Supervisor General del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.