Nº 232 - TOMO 415 - 30 DE DICIEMBRE DE 2002

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

79ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Y EL SEÑOR SENADOR DOCTOR RUBEN CORREA FREITAS Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Levantamiento del receso

- El Senado resuelve levantar el receso para considerar los asuntos motivo de la convocatoria.

4) Asuntos entrados

5) Pedido de informes

- El señor Senador Gargano solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas con destino a la Dirección Nacional de Aduanas, relacionado con el Reglamento Orgánico dispuesto por los Decretos 281 y 282, de 27 de julio de 2002.

- Oportunamente fue tramitado.

6) y 8) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Rubio y Nin Novoa

- Concedidas.

7) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento. Las presentan la señora Senadora Percovich, el señor Senador Bayardi y el señor Bentancur, comunicando que por esta vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

9) Derechos de autor

- Proyecto de ley por el que se establecen modificaciones.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

10 y 12) Modificaciones a diversas disposiciones contenidas en las Leyes de Presupuesto Nacional, Rendición de Cuentas y de Reactivación Económica

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- Por moción del señor Senador Cid, el Senado resuelve postergar la consideración de este tema y remitir el proyecto a la Comisión de Presupuesto.

11 y 13) Angel Cabrera. Pensión graciable

- Proyecto de ley por el que se le concede una pensión graciable.

- Por moción del señor Senador Scarpa, el Senado procede al reparto de las bolillas de votación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

14 y 20) Contratación de los funcionarios eventuales o zafrales del Instituto Nacional del Menor que ostentaren esa condición en el Organismo al 31 de diciembre de 2001

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- Moción de los señores Senadores Riesgo y Brause para postergar la consideración de este tema hasta el día 15 de enero del año 2003.

- Se vota negativamente.

- En consideración.

15) Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre Comercio de Servicios

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

16 y 18) Asuntos de economía interna del Senado y la Comisión Administrativa

- Moción de los señores Senadores Sanabria, Brause y Heber para que los ajustes salariales del personal del Senado y de la Comisión Administrativa se realicen en las mismas condiciones que se establezcan para la Administración Central.

- En consideración. Se vota negativamente.

17) Señor Gustavo Nocetti. Su deceso

- Manifestaciones del señor Senador Ponce de León.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en homenaje a la memoria del ciudadano desaparecido.

19) Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas

- Proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de una unidad de apoyo aeromédico perteneciente a la Fuerza Aérea uruguaya.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

21) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 27 de diciembre de 2002.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo lunes 30, a la hora 17, a fin de hacer cesar el receso, informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) por el que se protege el derecho de autor y derechos conexos.

Carp. Nº 989/02 - Rep. Nº 573/02

2º) por el que se modifican diversas disposiciones contenidas en la Ley Presupuestal Nacional, Rendición de Cuentas y en la Ley de Reactivación.

Carp. Nº 980/02 - Rep. Nº 575/02

3º) por el que se aprueba el Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.

Carp. Nº 812/02 - Rep. Nº 571/02

4º) Asuntos de economía interna del Senado y la Comisión Administrativa.

5º) Proyecto de ley por el que se concede pensión graciable al señor Angel Cabrera.

Carp. Nº 987/02 - Rep. Nº 574/02

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

6º) por el que se autoriza la salida del país de una "Unidad de Apoyo Aeromédico" perteneciente a la Fuerza Aérea Uruguaya para participar en misiones de Paz en Etiopía y Eritrea.

Carp. Nº 991/02 - Rep. Nº 577/02

7º) por el que se faculta al Instituto Nacional del Menor (INAME) a contratar a funcionarios eventuales o zafrales, que ostentaren esa condición en el organismo al 31de diciembre de 2001, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 613 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Carp. Nº 977/02 - Rep. Nº 576/02

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Barrios Tassano, Brause, Cid, Couriel, de Boismenu, Fernández Huidobro, Gallinal, García Costa, Gargano, Heber, Herrera, Korzeniak, Lescano, Michelini, Millor, Mujica, Núñez, Pereyra, Ponce de León, Pou, Riesgo, Sanabria, Scarpa, Singer y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Nin Novoa, Rubio y Virgili; con aviso: los señores Senadores Garat y Larrañaga.

3) LEVANTAMIENTO DEL RECESO

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 11 minutos.)

- El Senado ha sido convocado para hacer cesar el receso y considerar los asuntos que figuran en el Orden del Día.

Se va a votar si el Senado desea levantar el receso.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

4) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se autoriza la salida del país del Buque ROU 26 "Vanguardia" y su tripulación con la finalidad de realizar la "Campaña Antártica" ("Operación Antarkos XIX").

- y por el que establecen normas sobre intermediación financiera, protección del ahorro bancario y subsidio por desempleo para afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias

- TENGANSE PRESENTES Y ARCHIVENSE.

El Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite la información solicitada por el señor Senador José Korzeniak referida a la situación del edificio "Faride"

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR JOSE KORZENIAK.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite la información solicitada por:

- el señor Senador Eleuterio Fernández Huidobro en relación al contrato de compraventa de acciones del Banco La Caja Obrera y referente a si la Contaduría General de la Nación hizo cumplir los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 14.057.

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO.

- y por la señora Senadora Mónica Xavier referente a la aplicación del IVA del 23% a los honorarios profesionales de la salud no dependientes.

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA A LA SEÑORA SENADORA MONICA XAVIER."

5) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución, el señor Senador Reinaldo Gargano solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas y por su intermedio a la Dirección Nacional de Aduanas, relacionado con el Reglamento Orgánico dispuesto por los Decretos 281 y 282 del 27 de julio de 2002.

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO."

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 26 de diciembre de 2002.

Sr. Presidente del Senado de la República

Don Luis Hierro López.

De nuestra mayor consideración:

De conformidad con lo establecido por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a usted el envío del siguiente pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas y por su intermedio a la Dirección Nacional de Aduanas.

1) En el Reglamento Orgánico dispuesto por los Decretos Nos. 281 y 282 del 27 de julio de 2002. ¿Qué procedimientos y estructuras se establecen para el control de las exportaciones por parte de la Dirección Nacional de Aduanas?

2) En esos controles, ¿cómo ese Reglamento Orgánico tiene previsto, y en qué artículos del mismo, la verificación física de las exportaciones?

3) En caso negativo, ¿por qué no está prevista la verificación física de las exportaciones?

4) ¿La Aduana realizó desde el año 1998, alguna forma de verificación física de las mercaderías en las operaciones de exportaciones, o todas eran Canal Verde (sin revisar) y por qué?

5) ¿Qué dotación de funcionarios especializados en el área hacen el control de esas operaciones y cuál es su escalafón, grado, denominación y cursos realizados?

6) Estos funcionarios especializados, ¿cómo intervienen en el control de las operaciones aduaneras, especialmente en las de exportación y de qué forma el Reglamento Orgánico, prevé procedimientos para que estos funcionarios realicen este control?

7) ¿Existe en el Reglamento Orgánico, alguna división o Departamento de exportaciones y alguna de importaciones?

8) ¿Qué funcionarios realizarán en el futuro la verificación física, y qué escalafón, grado, denominación y sueldo tenían antes de la aplicación del Decreto y cuál será su Estatuto posterior?

9) Si surgieran diferencias entre el escalafón anterior y el proyectado. ¿Cuál es la explicación de estos cambios?

10) Las distintas Administraciones ¿tienen instrucciones precisas y procedimientos claros, establecidos por este Reglamento Orgánico para la realización de los controles de esas operaciones aduaneras (importación, exportación y tránsito)?

11) ¿En este momento los procedimientos de controles que realizan las Administraciones de Aduana para las operaciones aduaneras (importación, exportación y tránsito), determinan la intervención de funcionarios especializados (verificadores)?

12) ¿La Administración de Aduana de Montevideo, tiene el mismo procedimiento para la intervención de los funcionarios especializados (verificadores) en el control de las operaciones aduaneras que las otras administraciones de aduana?

13) Los Jefes encargados de las unidades de primer nivel de la Dirección Nacional de Aduanas, ¿cuánto hace que revistan en los padrones del organismo, como funcionarios de aduanas?

14) ¿Cuántas de las tareas que estarán a cargo de la Gerencia de Recursos, eran realizadas por Direcciones Generales y cuál es la jerarquía actual de esas Direcciones Generales?

15) ¿Cuál es la explicación de que tantas funciones y tan diversas sean controladas por la Gerencia de Recursos?

16) ¿Por qué diversas unidades ejercen una misma función sobre una misma Jurisdicción y qué procedimientos establece el Reglamento Orgánico para resolver el reclamo múltiple de Jurisdicciones?

17) ¿Cuál es la razón de modificar el Decreto Nº 459/97 de 4 de diciembre de 1997, no incluyendo en el Reglamento Orgánico (Decretos 281 y 282 de 27 de julio de 2002) la Junta Nacional de Aduanas?

18) ¿Se establece la creación de un Escalafón Unico? De ser afirmativa la respuesta:

19) ¿Mediante qué mecanismos se preservan los derechos adquiridos, al igualar en un solo Escalafón, funciones desiguales y diversas?

20) ¿Cómo se prevé que los funcionarios con especialización, cumplan su tarea de Control Técnico cuando pierden su calidad de funcionarios especializados?

21) Cuando se solicita información sobre el Reglamento Orgánico, ¿se estima necesario se consigne en que Artículo o Artículos del mismo se encuentra la información solicitada?

Saluda atentamente.

Reinaldo Gargano. Senador."

6) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Rubio solicita licencia por el día de hoy."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 20 de diciembre de 2002.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

Presente

Por su intermedio solicito al Cuerpo se me conceda licencia por razones personales para la sesión del día de la fecha.

Sin más, le saluda atentamente

Profesor Enrique Rubio. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 20 en 23. Afirmativa.

7) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de varias notas de desistimiento.

(Se da de las siguientes:)

"La señora Margarita Percovich y los señores José Bayardi y Juan José Bentancur comunican que, por esta oportunidad, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto."

- Queda convocado el señor Senador Martín Ponce de León, quien ya prestó el juramento de estilo, por lo que, si se encuentra en Antesala se le invita a pasar al Hemiciclo .

(Ingresa a Sala el señor Senador Ponce de León)

8) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Nin Novoa solicita licencia por el día de hoy."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 30 de diciembre de 2002.

Don Luis Hierro López

Presidente del Senado

Presente

De mi consideración:

Por la presente solicito licencia por el día 30 de diciembre, por razones particulares.

Por ese motivo solicito también se cite a mi suplente.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,

Rodolfo Nin Novoa. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

Queda convocado el señor Senador Héctor Lescano, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrara en Antesala se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Lescano)

9) DERECHOS DE AUTOR

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se protege el derecho de autor y derechos conexos. (Carp. Nº 989/02 - Rep. Nº 573/02)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 989/02

Rep. Nº 573/02

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Agrégase el siguiente párrafo final al artículo 1º de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937:

"Asimismo, y en base a las disposiciones que surgen de esta ley, protege los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Esta protección no afectará en modo alguno la tutela del derecho de autor sobre las obras protegidas. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas a favor de los mismos en esta ley podrá interpretarse en menoscabo de esa protección".

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:

"ARTICULO 2º.- El derecho de propiedad intelectual sobre las obras protegidas en esta ley comprende la facultad exclusiva del autor de enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, adaptar, transformar, comunicar o poner a disposición del público las mismas, en cualquier forma o procedimiento.

La facultad de reproducir comprende la fijación de la obra o producción protegida por la presente ley, en cualquier forma o por cualquier procedimiento, incluyendo la obtención de copias, su almacenamiento electrónico -sea permanente o temporario- que posibilite su percepción o comunicación.

La facultad de distribuir comprende la puesta a disposición del público del original o una o más copias de la obra o producción, mediante su venta, permuta u otra forma de transmisión de la propiedad, arrendamiento, préstamo, importación, exportación o cualquier otra forma conocida o por conocerse, que implique la explotación de las mismas.

La facultad de publicar comprende el uso de la prensa, de la litografía, del polígrafo y otros procedimientos similares; la transcripción de improvisaciones, discursos, lecturas, etcétera, aunque sean efectuados en público, y asimismo la recitación en público, mediante la estenografía, dactilografía y otros medios.

La facultad de traducir comprende, no sólo la traducción de lenguas sino también de dialectos.

La facultad de comunicar al público comprende: la representación y la ejecución pública de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales, por cualquier medio o procedimiento, sea con la participación directa de intérpretes o ejecutantes, o recibidos o generados por instrumentos o procesos mecánicos, ópticos o electrónicos, o a partir de una grabación sonora o audiovisual u otra fuente; la proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales; la transmisión o retransmisión de cualesquiera obras por radiodifusión u otro medio de comunicación inalámbrico, o por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo que sirva para la difusión a distancia de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes, sea o no mediante suscripción o pago; la puesta a disposición, en lugar accesible al público y mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra transmitida o retransmitida por radio o televisión; la exposición pública de las obras de arte o sus reproducciones.

En general, la comunicación pública comprende, todo acto mediante el cual la obra se pone al alcance del público, por cualquier medio (alámbrico o inalámbrico) o procedimiento, incluyendo la puesta a disposición del público de las obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija".

Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 5º de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:

"ARTICULO 5º.- La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

A los efectos de esta ley, la producción intelectual, científica o artística comprende:

-Composiciones musicales con o sin palabras impresas o en discos, cilindros, alambres o películas, siguiendo cualquier procedimiento de impresión, grabación o perforación, o cualquier otro medio de reproducción o ejecución: cartas, atlas y mapas geográficos; escritos de toda naturaleza.

- Folletos.

- Fotografías.

- Ilustraciones.

- Libros.

- Consultas profesionales y escritos forenses.

- Obras teatrales, de cualquier naturaleza o extensión, con o sin música.

- Obras plásticas relativas a la ciencia o a la enseñanza.

- Obras audiovisuales, incluidas las cinematográficas, realizadas y expresadas por cualquier medio o procedimiento.

- Obras de dibujo y trabajos manuales.

- Documentos u obras científicas y técnicas.

- Obras de arquitectura.

- Obras de pintura.

- Obras de escultura.

- Fórmulas de las ciencias exactas, físicas o naturales, siempre que no estuvieren amparadas por leyes especiales.

- Obras radiodifundidas y televisadas.

- Textos y aparatos de enseñanza.

- Grabados.

- Litografía.

- Obras coreográficas cuyo arreglo o disposición escénica "mise en scène" esté determinada en forma escrita o por otro procedimiento.

- Títulos originales de obras literarias, teatrales o musicales, cuando los mismos constituyen una creación.

- Pantomimas.

- Pseudónimos literarios.

- Planos u otras producciones gráficas o estadigráficas, cualesquiera sea el método de impresión.

- Modelos o creaciones que tengan un valor artístico en materia de vestuario, mobiliario, decorado, ornamentación, tocado, galas u objetos preciosos, siempre que no estuvieren amparados por la legislación vigente sobre propiedad industrial.

- Programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual. Esta protección no abarca los datos o materiales en sí mismos y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación. La expresión de ideas, informaciones y algoritmos, en tanto fuere formulada en secuencias originales ordenadas en forma apropiada para ser usada por un dispositivo de procesamiento de información o de control automático, se protege en igual forma.

Y, en fin, toda producción del dominio de la inteligencia".

Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 6º de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:

"ARTICULO 6º.- Los derechos reconocidos en esta ley son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra.

El goce y ejercicio de dichos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad o registro y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra.

Para que los titulares de las obras y demás derechos protegidos por la presente ley sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos en consecuencia ante las autoridades administrativas o judiciales, para demandar a los infractores, bastará que su nombre aparezca estampado en la obra, interpretación, fonograma o emisión en la forma usual".

Artículo 5º.- Sustitúyese el literal D) del artículo 7º de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:

"D) El artista intérprete o ejecutante de una obra literaria o musical, sobre su interpretación o ejecución; el productor de fonogramas, sobre su fonograma; y organismo de radiodifusión sobre sus emisiones".

Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 9º de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:

"ARTICULO 9º.- En caso de reventa de obras de arte plásticas o escultóricas efectuadas en pública subasta, en establecimiento comercial o con la intervención de un agente o comerciante, el autor, y a su muerte los herederos o legatarios -hasta el momento en que la obra pase al dominio público-, gozan del derecho inalienable e irrenunciable de percibir del vendedor un 3% (tres por ciento) del precio de la reventa. Los subastadores, comerciantes o agentes que intervengan en la reventa, serán agentes de retención del derecho de participación del autor en el precio de la obra revendida y estarán obligados a entregar dicho importe, en el plazo de treinta días siguientes a la subasta o negociación, al autor o a la entidad de gestión correspondiente. El incumplimiento de la obligación que se establece, por parte del rematador, comerciante o agente, lo hará responsable solidariamente del pago del referido monto".

Artículo 7º.- Elévase el plazo de protección de cuarenta años establecido en los artículos 14, 15 y 40 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, a cincuenta años.

Las obras y los derechos conexos protegidos por esta ley que se encontraran bajo el dominio público sin que hubiesen transcurrido los términos de protección previstos en la presente ley, volverán automáticamente al dominio privado, sin perjuicio de los derechos que hubieran adquirido terceros sobre las reproducciones de esas obras y derechos conexos durante el lapso en que las mismas estuvieron bajo el dominio público. El lapso durante el cual las obras a que se refiere el párrafo anterior hubieran estado en el dominio público, no será descontado de los cincuenta años.

Este artículo se aplicará en lo pertinente a los artistas, intérpretes o ejecutantes.

Artículo 8º.- Sustitúyese el artículo 17 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:

"ARTICULO 17.- En las obras anónimas y seudó-nimas, el plazo de duración será de cincuenta años a partir de que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público, salvo que antes de cumplido dicho lapso el autor revele su identidad, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 14 de la presente ley.

En las obras colectivas el derecho patrimonial se extingue a los cincuenta años de su primera publicación o, en su defecto, a partir de su realización o divulgación debidamente autorizada.

Los plazos establecidos en los artículos 14 y siguientes, se calcularán desde el día 1º de enero del año siguiente al de la muerte del autor o, en su caso, al de la realización, divulgación o publicación debidamente autorizada".

Artículo 9º.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:

"ARTICULO 18.- Los derechos patrimoniales reconocidos a favor de productores de fonogramas y organismos de radiodifusión serán de cincuenta años a partir:

A) Del 1º de enero del año siguiente al de la publicación, en lo que refiere a los fonogramas y a las interpretaciones o ejecuciones grabadas.

B) Del 1º de enero del año siguiente en que se haya realizado la actuación, en lo que se refiere a las interpretaciones que no estén grabadas.

C) Del 1º de enero del año siguiente en que se haya realizado la emisión, en lo que se refiere a las emisiones de radiodifusión".

Artículo 10.- Sustitúyese el artículo 29 de la Ley Nº 9.739, de 17 diciembre de 1937, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 9.769, de 25 de febrero de 1938, por el siguiente:

"ARTICULO 29.- Los colaboradores, en uso del derecho que consagra el artículo 26, pueden publicar, traducir o reproducir la obra, sin más condición que la de respetar la utilidad proporcional correspondiente a los demás.

Cuando se trate de una obra audiovisual se presumen coautores, salvo prueba en contrario: el director o realizador, el autor del argumento, el autor de la adaptación, el autor del guión y diálogos, el compositor si lo hubiere, y el dibujante en caso de diseños animados.

Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra audiovisual han cedido sus derechos patrimoniales en forma exclusiva al productor, quien además queda investido de la titularidad del derecho a modificarla o alterarla, así como autorizado a decidir acerca de su divulgación.

Queda a salvo el derecho de los autores de las obras musicales o compositores a recibir una remuneración sobre la comunicación pública de la obra audiovisual, incluida la exhibición pública de películas cinematográficas, así como el arrendamiento y la venta de los soportes materiales, salvo pacto en contrario.

Sin perjuicio del derecho de los autores, el productor puede, salvo estipulación en contrario, defender los derechos morales sobre la obra audiovisual.

Se presume, salvo pacto en contrario, que es productor de la obra audiovisual, la persona física o jurídica que aparezca acreditada como tal en la obra en forma usual.

Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de las creaciones a que refiere el inciso sobre programas de ordenador y bases de datos del artículo 5º de la presente ley han cedido al productor en forma ilimitada y exclusiva, los derechos patrimoniales sobre las mismas, lo que implica la autorización para decidir sobre su divulgación y para ejercer los derechos morales sobre la misma.

Los autores, salvo pacto en contrario, no pueden oponerse a que el productor realice o autorice la realización de modificaciones o versiones sucesivas de tales creaciones.

Cuando las creaciones a que refiere el inciso sobre programas de ordenador y bases de datos del artículo 5º de la presente ley, hayan sido realizadas en el marco de una relación de trabajo, sea pública o privada, cuyo objeto total o parcial tenga una naturaleza similar a la de dichas creaciones, se presume que el autor ha autorizado al empleador o comitente, en forma ilimitada y exclusiva, los derechos patrimoniales así como el ejercicio de los derechos morales, salvo pacto en contrario".

Artículo 11.- Sustitúyese el título del Capítulo VII de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:

"De los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión".

Artículo 12.- Sustitúyese el artículo 39 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:

"ARTICULO 39.- Derechos exclusivos de los artistas intérpretes o ejecutantes; productores de fonogramas y organismos de radiodifusión:

A) Los artistas intérpretes y ejecutantes tienen el derecho exclusivo de autorizar: la reproducción de sus interpretaciones y ejecuciones fijadas en fonogramas, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma; la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, mediante venta u otra transferencia de propiedad; el arrendamiento comercial al público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas; la puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas; ya sea por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

Asimismo, gozan del derecho de autorizar: la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida; y la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas.

B) Derecho de los productores de fonogramas.

Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo de autorizar: la reproducción de sus fonogramas, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma; la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus fonogramas mediante venta u otra transferencia de propiedad; el arrendamiento comercial al público del original y de los ejemplares de los fonogramas incluso después de su distribución realizada por ellos mismos o con su autorización; la puesta a disposición del público de sus fonogramas ya sea por hilo o por medios inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

C) Los organismos de radiodifusión tienen el derecho exclusivo de autorizar: la retransmisión de sus emisiones, directa o en diferido, por cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse; la puesta a disposición del público de sus emisiones, ya sea por hilo o medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. La fijación en cualquier soporte, sonoro o audiovisual, de sus emisiones, incluso la de alguna imagen aislada difundida en la emisión o transmisión; la reproducción de sus emisiones.

Asimismo los organismos de radiodifusión tendrán derecho a obtener una remuneración equitativa por la comunicación pública de sus emisiones o transmisiones de radiodifusión, cuando se efectúe en lugares a los que el público acceda mediante el pago de un derecho de admisión o entrada. Es lícito que un organismo de radiodifusión, sin autorización del autor, ni pago de una remuneración especial, realice grabaciones efímeras con sus propios equipos y para la utilización para una sola vez, en sus propias emisiones de radiodifusión, de una obra sobre la cual tenga el derecho de radiodifundir. Dicha grabación deberá ser destruida en un plazo de tres meses, a menos que se haya convenido con el autor uno mayor. Sin embargo, tal grabación podrá conservarse en archivos oficiales, también sin autorización del autor, cuando la misma tenga un carácter documental excepcional.

D) Disposición común para los artistas intérpretes y ejecutantes y los productores de fonogramas.

Los artistas intérpretes y ejecutantes y los productores de fonogramas gozarán del derecho a una remuneración equitativa y única por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los fonogramas publicados con fines comerciales. En tal caso, no resulta de aplicación la disposición contenida en el artículo 36.

Dicha remuneración será reclamada al usuario por ambos o por la entidad de gestión colectiva en la que los mismos deleguen su recaudación".

Artículo 13.- Sustitúyese el numeral 1º del literal A) del artículo 44 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:

"1º La impresión, fijación, reproducción, distribución, comunicación o puesta a disposición del público, de una obra sin consentimiento del autor".

Artículo 14.- Sustitúyese el numeral 1º del literal B) del artículo 44 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:

"1º La representación, ejecución o reproducción de obras en cualquier forma y por cualquier medio, en teatros o lugares públicos, sin la autorización del autor o sus causahabientes.

A los efectos de la presente ley se entiende que es efectuada en sitio público toda aquella realizada fuera del ámbito doméstico.

Sin embargo no se considerarán ilícitas las representaciones o ejecuciones efectuadas en reuniones estrictamente familiares que se realicen fuera del ámbito doméstico cuando se cumplan los siguientes requisitos:

I) Que la reunión sea sin fin de lucro.

II) Que no se utilice servicio de discoteca, audio o similares ni participen artistas en vivo.

III) Que sólo se utilicen aparatos de música domésticos (no profesionales).

En el marco de las atribuciones reconocidas por esta ley las entidades de gestión colectiva podrán verificar si se cumplen los requisitos mencionados.

Tampoco se considerarán ilícitas las que se lleven a cabo en instituciones docentes, públicas o privadas, y en lugares destinados a la celebración de cultos religiosos, siempre y cuando no medie un fin de lucro".

Artículo 15.- Sustitúyese el artículo 46 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:

"ARTICULO 46.-

A) El que edite, venda, reproduzca o hiciere reproducir por cualquier medio o instrumento -total o parcialmente-; distribuya; almacene con miras a la distribución al público, o ponga a disposición del mismo en cualquier forma o medio, con ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra inédita o publicada, una interpretación, un fonograma o emisión, sin la autorización escrita de sus respectivos titulares o causahabientes a cualquier título, o se la atribuyere para sí o a persona distinta del respectivo titular, contraviniendo en cualquier forma lo dispuesto en la presente ley, será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

B) Con la misma pena será castigado el que fabrique, importe, venda, dé en arrendamiento o ponga de cualquier otra manera en circulación, dispositivos o productos, los componentes o herramientas de los mismos o preste cualquier servicio cuyo propósito sea impedir, burlar, eliminar, desactivar o eludir de cualquier forma, los dispositivos técnicos que los titulares hayan dispuesto para proteger sus respectivos derechos.

C) Además de las sanciones indicadas, el Tribunal ordenará en la sentencia condenatoria la confiscación y destrucción, o dispondrá cualquier otro medio de supresión de las copias de obras o producciones y de sus embalajes o envoltorios en infracción, así como de todos los artículos, dispositivos o equipos utilizados en la fabricación de las mismas. En aquellos casos en que los equipos utilizados para la comisión de los ilícitos referidos no tengan por única finalidad esta actividad, el Juez sustituirá la destrucción por la entrega de dichos equipos a instituciones docentes oficiales.

D) Será sancionado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría quien altere o suprima, sin autorización del titular de los derechos protegidos por esta ley, la información electrónica colocada por los titulares de los derechos de autor o conexos, para posibilitar la gestión de sus derechos patrimoniales y morales, de modo que puedan perjudicarse estos derechos. La misma pena se aplicará a quien distribuya, importe con fines de distribución, emita o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras, interpretaciones o fonogramas, sabiendo que la información electrónica colocada por los titulares de derechos de autor o conexos, ha sido suprimida o alterada sin autorización.

E) El que reprodujere o hiciere reproducir, por cualquier medio o procedimiento, sin ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra, interpretación, fonograma o emisión, sin la autorización escrita de su respectivo titular, será castigado con multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 1.500 UR (mil quinientas unidades reajustables)".

Artículo 16.- Sustitúyese el artículo 47 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:

"ARTICULO 47.- Como medida preparatoria, los titulares de los derechos protegidos en esta ley podrán solicitar una inspección judicial con el objeto de constatar los hechos que comprueben infracciones a esta ley.

El Juez podrá decretar el allanamiento de la finca o lugar donde se denuncia que se está cometiendo la infracción, levantando acta donde se describan los hechos constatados y recogiendo, en lo posible, lo que de ellos tengan eficacia probatoria.

La inspección decretada por el Juez no requerirá contracautela.

La inspección judicial tiene carácter reservado y se decretará sin noticia de la persona contra quien se pide".

Artículo 17.- Sustitúyese el artículo 48 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:

"ARTICULO 48.- El Juez, a instancia del titular del respectivo derecho o de su representante, o entidades de gestión colectiva, podrá ordenar la práctica de las medidas cautelares necesarias para evitar que se cometa la infracción o que se continúe o repita una violación ya realizada a los derechos exclusivos del titular y, en particular, las siguientes:

1) La suspensión inmediata de las actividades de fabricación, reproducción, distribución, comunicación o importación ilícita según proceda.

2) El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material o equipos empleados para la actividad infractora.

3) El embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita o, en su caso, de las cantidades debidas en concepto de remuneración".

Artículo 18.- Sustitúyese el artículo 51 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:

"ARTICULO 51.- La parte lesionada, autor o causahabiente tiene acción civil para conseguir el cese de la actividad ilícita, la indemnización por daños y perjuicios y una multa de hasta diez veces el valor del producto en infracción.

Cabrá en todos los casos el ejercicio de la acción subrogatoria, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1295 del Código Civil".

Artículo 19.- Sustitúyese el artículo 53 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:

"ARTICULO 53.- La Biblioteca Nacional llevará un registro de los derechos de autor, en el que los interesados podrán inscribir las obras y demás bienes intelectuales protegidos en esta ley.

La inscripción en el Registro a que se refiere este artículo es meramente facultativa, de manera que su omisión no perjudica en modo alguno el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la presente ley. La solicitud, recaudos, trámite, registro y régimen de publicaciones se realizarán conforme lo disponga la reglamentación pertinente. Todas las controversias que se susciten con motivo de las inscripciones en el Registro serán resueltas por el Consejo de Derechos de Autor".

Artículo 20.- Sustitúyese el artículo 58 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:

"ARTICULO 58.- Las asociaciones constituidas o que se constituyan para defender y gestionar los derechos patrimoniales reconocidos en la presente ley, necesitan, a efectos de su funcionamiento como tales, de la expresa autorización del Poder Ejecutivo de conformidad con lo establecido en esta ley y en el decreto reglamentario.

Dichas asociaciones que se denominarán de gestión colectiva deberán ser asociaciones civiles sin fines de lucro, tendrán personería jurídica y patrimonio propio y no podrán ejercer ninguna actividad de carácter político o religioso.

El Poder Ejecutivo, previa opinión preceptiva del Consejo de Derechos de Autor, teniendo en cuenta los requisitos contemplados en la presente ley, determinará las entidades que ejercerán la gestión colectiva a los efectos de representar a los titulares de las obras, ediciones, producciones, interpretaciones y emisiones. Las entidades de gestión colectiva podrán unificar convencionalmente su representación, a fin de actuar en conjunto ante los usuarios o crear un ente recaudador con personería jurídica.

Los titulares de derecho de autor, artistas, intérpretes o ejecutantes, y productores de fonogramas a los que hayan conferido su representación contratarán con las empresas de radiodifusión, o las asociaciones representativas a las que hayan conferido su representación, la radiodifusión de sus obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas. Si las partes no alcanzaran acuerdo sobre el monto de las tarifas cualquiera de ellas podrá pedir al Consejo de Derechos de Autor, la constitución de un Tribunal Arbitral dentro de los veinte días siguientes a su comunicación. El Tribunal Arbitral deberá laudar dentro del plazo perentorio de cuarenta y cinco días hábiles a partir de su integración. Entre tanto se dirima la controversia, la autorización para la radiodifusión del repertorio se entenderá concedida, siempre que se continúe abonando la tarifa anterior y sin perjuicio de la obligación de pago por las diferencias que pudieran resultar del procedimiento arbitral. El decreto reglamentario establecerá la forma de integración del Tribunal Arbitral y los procedimientos relativos a este arbitraje".

Artículo 21.- Las entidades de gestión colectiva están obligadas a:

1) Distribuir, por lapsos no superiores a un año, las remuneraciones recaudadas con base a sus normas de reparto, con la sola deducción de los gastos administrativos de infraestructura acorde a la función y de gestión, y de una retracción adicional destinada exclusivamente a actividades o servicios de carácter social y asistencial en beneficio de sus asociados.

2) Presentar para su homologación ante el Consejo de Derechos de Autor los porcentajes aprobados por la Asamblea General Ordinaria relativos a descuentos administrativos, gastos de gestión y gastos con destino a actividades de carácter social y asistencial, incluyendo, si los hubiera, los reintegros de gastos de quienes desempeñen cargos en la Comisión Directiva.

3) Mantener una comunicación periódica, destinada a sus asociados, con la información relativa a las actividades de la entidad que puedan interesar al ejercicio de sus derechos, y que deberá contener, por lo menos, el balance general de la entidad, el informe de los auditores y el texto de las resoluciones que adopten sus órganos de gobierno que incidan directamente en la gestión a su cargo. Esta información debe ser enviada a las entidades extranjeras con las cuales se mantengan contratos de representación para el territorio nacional, salvo que en estos contratos se las eximan de tal obligación.

4) Someter el balance y la documentación contable al examen de un auditor externo nombrado por la Asamblea celebrada en el año anterior o en la de su constitución, y cuyo informe debe formar parte de los recaudos a disposición de los socios, sin perjuicio del examen e informe que corresponda a los órganos internos de vigilancia, de acuerdo a los estatutos.

5) Fijar aranceles justos y equitativos, que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio, sea perteneciente a titulares nacionales o extranjeros, residentes o no en la República, manteniendo dichos aranceles a disposición del público.

6) Aplicar sistemas de distribución que excluyan la arbitrariedad bajo el principio de un reparto equitativo entre los titulares de los derechos, en forma efectivamente proporcional a la utilización de las obras, interpretaciones o producciones, según el caso.

Artículo 22.- Las entidades de gestión colectiva no podrán retener, por más de dos años, fondos cuyos titulares beneficiarios no hayan podido ser individualizados.

Transcurrido dicho plazo, estos fondos deberán distribuirse entre los titulares nacionales y extranjeros representados por la entidad, en proporción a las sumas que hubieren recibido por la utilización de sus obras, interpretaciones o producciones, según el caso.

Artículo 23.- A los efectos del régimen de autorización y fiscalización previsto en la presente ley, el Poder Ejecutivo y el Consejo de Derechos de Autor podrán exigir de las entidades de gestión colectiva, cualquier tipo de información, así como ordenar inspecciones o auditorías.

Artículo 24.- Las entidades de gestión colectiva están legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos, a ejercer los derechos confiados a su administración, tanto correspondan a titulares nacionales como extranjeros, y a hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales, quedando investidas para ello de las más amplias facultades de representación procesal, incluyendo el desistimiento y la transacción.

Dichas entidades estarán obligadas a acreditar por escrito que los titulares de los derechos que pretenden ejercer, les han confiado la administración de los mismos.

Dicha legitimación y representación es sin perjuicio de la facultad que corresponde al autor, intérprete, productor de fonogramas y organismo de radiodifusión, o a sus sucesores o derechohabientes, a ejercitar directamente los derechos que se les reconocen por la presente ley.

Artículo 25.- Sustitúyese el artículo 63 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:

"ARTICULO 63. (Medidas en frontera).- Cuando la Dirección Nacional de Aduanas o los titulares de los derechos protegidos en esta ley que tengan motivos válidos para sospechar que se realiza o prepara la importación al territorio nacional de mercancías que, de acuerdo a los términos de la legislación aplicable, hayan sido fabricadas, distribuidas o importadas o estén destinadas a distribuirse, sin autorización del titular del derecho de propiedad intelectual, podrán requerir ante el Juzgado Letrado competente, que se dispongan medidas especiales de contralor respecto de tales mercancías, secuestro preventivo o la suspensión precautoria del respectivo despacho aduanero. Deberán presentarse todos los elementos de juicio que den mérito a la sospecha, debiéndose resolver sobre tales medidas dentro del plazo de veinticuatro horas sin más trámite y sin necesidad de contracautela.

El Juez podrá dictar las medidas solicitadas, en cuyo caso, una vez cumplidas, serán notificadas a los interesados. Si transcurridos diez días hábiles contados a partir de la notificación al titular del derecho o su representante, no se acreditaren haber iniciado las acciones civiles o penales correspondientes, se dejarán sin efecto las medidas preventivas, disponiéndose el despacho de la mercadería, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere incurrido el promotor de las medidas".

Artículo 26.- Derógase el artículo 49 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937.

Artículo 27.- Derógase el Decreto-Ley Nº 15.289, de 14 de junio de 1982. En relación a los juicios en trámite por aplicación de dicho Decreto-Ley, no se aplicará el presente texto legal, sino que dichos juicios continuarán sujetos al Decreto-Ley Nº 15.289, de 14 de junio de 1982.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de diciembre de 2002.

Guillermo Alvarez Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra la señora Senadora Pou.

SEÑORA POU.- Señor Presidente: finalmente en el día de hoy el Senado va a considerar el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que se titula "Derecho de autor y derechos conexos". Dicho proyecto tiene por objeto actualizar las disposiciones de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937 -hace ya sesenta y cinco años- sobre la propiedad literaria y artística y que es conocida comúnmente como Ley de Derecho de Autor o Ley Haedo, en reconocimiento al impulso que Eduardo Víctor Haedo le diera desde el Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social de la época.

Es importante destacar que, a texto expreso, esta Ley fue modificada desde su creación en 5 oportunidades. En 1938 se sustituyó el artículo 29 referido a las películas cinematográficas, dándole la redacción que actualmente tiene. En 1987, a través de la Ley del Libro -me refiero al artículo 23 de la Ley Nº 15.913, de 17 de noviembre de 1987- se modificó la sanción penal consagrada en el artículo 46. A partir de allí se estableció que quienes vendan, reproduzcan o hicieren reproducir por cualquier medio o instrumento, total o parcialmente, una obra inédita o publicada, sin la autorización escrita de su autor, causahabiente o de su adquirente a cualquier título, serán sancionados con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. Posteriormente, por medio de la Ley Nº 16.170, de 27 de diciembre de 1990, se modificaron varias disposiciones de la Ley de Derecho de Autor. Concretamente, los artículos 327 y 328 sustituyeron las normas contenidas en los artículos 47 y 57 de la Ley de Derecho de Autor, derogando a su vez el artículo 58. Es bueno decir que los cambios operados tuvieron por objeto la destrucción de los ejemplares y material empleado en forma ilícita para la reproducción, comunicación o ejecución pública. A su vez, también se varió la integración del Consejo de Derechos de Autor.

Es de destacar que con la aprobación de este proyecto en el día de hoy por el Senado, a esta ley -que a pesar de sus transformaciones vivió 65 años y seguirá sobreviviendo- le estaríamos modificando la tercera parte, mientras que las otras dos terceras partes permanecerán igual.

A modo de comentario debo decir que en el artículo 5º de la referida Ley -no olvidemos que hablamos de una Ley de 1937- dentro de las obras protegidas, se hace referencia a las obras radiodifundidas y televisadas. Es decir que se trató de una obra digna de uruguayos con una gran visión de futuro.

Finalmente, en 1992 y 1994, por intermedio de la Ley Nº 16.297 de 12 de agosto de 1992 y de la Ley Nº 16.624 de 10 de noviembre de 1994, se crearon el Fondo Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de la Música, respectivamente, sustituyendo el artículo 62 de la Ley de Derecho de Autor. Esto es importante porque la modificación determinó que los ingresos que percibía el Estado por concepto de dominio público pasaran a dichos Fondos, según se tratara de obras dramáticas o musicales. No obstante estas modificaciones puntuales, desde el año 1987 se ha venido intentando aprobar una nueva legislación en la materia, acorde con la realidad internacional y, sobre todo, con los avances tecnológicos que es obvio decir que han sido innumerables.

La extensión de los proyectos presentados al Parlamento y la complejidad de la materia incidieron, desde nuestro punto de vista, para que los mismos no fueran aprobados. Hemos tenido diversos proyectos de ley que se fueron presentando a través de distintas legislaturas bajo la estructura de una nueva legislación en materia de derecho de autor y derechos conexos, entendiendo por éstos los referidos a los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Podemos decir que desde el Ministerio de Educación y Cultura, los proyectos de los entonces Ministros, doctores Adela Reta, Guillermo García Costa, Samuel Lichtensztejn y Antonio Mercader, respectivamente, han ingresado al Poder Legislativo.

El último proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento en el año 2000 y para darle un tratamiento más ágil la Cámara de Representantes lo dividió en dos: por un lado, creó un proyecto sobre soportes lógicos, software y, por otro, mantuvo el resto de las disposiciones sobre derecho de autor y derechos conexos. Ambos proyectos fueron aprobados con modificaciones en la Cámara de Representantes, pero ninguno fue tratado a nivel del Senado.

Frente a todas estas circunstancias, la necesidad de reformar la ley de 1937 parece obvia. El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la necesidad de dotar de un régimen de protección eficaz a los autores y el cumplimiento de los acuerdos suscritos por nuestro país, determinaron esta búsqueda. Creo que es importante decir que al día de hoy tenemos la posibilidad de aprobar un proyecto de ley que vino del Poder Ejecutivo y sobre el que la Cámara de Representantes trabajó mucho y muy bien, realizándole algunas modificaciones que, a nuestro entender, mejoran sustancialmente el proyecto original.

En el Mensaje se señala con acierto que la aparición de aparatos y soportes que permiten una fácil reproducción de las obras y demás prestaciones protegidas, el surgimiento de las nuevas tecnologías de comunicación, como la trasmisión por satélite, la televisión por cable, las trasmisiones digitales y el advenimiento de la infraestructura global de la información, nos marcan claramente una nueva realidad.

Por otra parte, también se destaca en el Mensaje que dado el nivel de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país a través de la Ronda Uruguay del GATT -muchas veces hemos hablado en Sala de los Acuerdos ADPIC - Organización Mundial de Comercio- se hace necesario perfeccionar el estado de la actual normativa jurídica.

Como señalábamos, el proyecto opta por la reforma de la Ley Nº 9.739, del año 1937. Aquí se modifican disposiciones a partir de los textos emergentes, entre otros, de las siguientes normas internacionales: el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, según el Acta de París de 1971, de acuerdo al Decreto-Ley Nº 14.910; el Convenio de Roma para la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, de acuerdo al Decreto-Ley Nº 14.587; Acuerdo ADPIC, resultante de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales contenidas en el Acta final suscrita en Marrakesh -aprobado por Ley Nº 16.671-, relativo a los aspectos de propiedad intelectual vinculados con el comercio; y, por último, los Tratados de la OMPI -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- de 1996 sobre derechos de autor, intérprete y productor de fonogramas.

Quiere decir que al aprobar esta ley nosotros estaríamos poniéndonos al día con los compromisos ya asumidos que, incluso, nos hacían pasibles de algunas penas al 1º de enero del 2000, cosa que por suerte no sucedió, más allá de que estuvimos en una lista para ser vigilados. De todas maneras nuestro país no tuvo ninguna sanción en cuanto a las preferencias arancelarias, de acuerdo a los Tratados.

En cuanto a las modificaciones a la Ley Nº 9.739 que se incorporaron a dicho proyecto de ley, quiero decir que guardan relación con algunos puntos importantes. Debemos recordar que estamos hablando de los derechos de distintos grupos de interés y fue difícil conciliarlos. Por tanto, creo que la Cámara de Representantes realmente ha hecho una muy buena tarea, al igual que lo hizo el Senado en su momento, recibiendo a todos los grupos que quisieron asistir. Me refiero, por ejemplo, a autores, intérpretes, gente de la radio y de la televisión. Pienso que ha sido importante poder consensuar los legítimos intereses a veces contrapuestos de todos estos grupos para llegar al proyecto que tenemos al día de hoy. También ha sido importante incorporar al ámbito de los derechos exclusivos reconocidos a los autores y titulares de los derechos conexos, lo siguiente: la derogación del registro obligatorio de obras y producciones protegidas establecido en el artículo 6º de la ley vigente, la incorporación a texto expreso de los programas de ordenador y base de datos originales en el artículo 5º de la ley del año 1937.Si bien no existen dudas de que se trata de producciones del dominio de la inteligencia y como tal, por tanto, amparadas en dicha norma, la regulación del "droit de suite" en favor de los artistas plásticos según el Convenio de Berna, la adecuación de los plazos de protección, el reconocimiento de derechos a favor de los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, la regulación de las entidades de gestión colectiva en el cobro de los derechos -esto nos pareció muy importante, y seguramente cuando lleguemos al artículo vamos a dar una explicación un poco más extensa-, la consagración de medidas en frontera y medidas procesales -recordemos cuánto pierde nuestro país en frontera y por copias ilegales-, la adecuación y la unificación de las figuras penales relativas a derechos de autor y conexos.

El proyecto modificaba 21 artículos de la ley de 1937 y derogaba a su vez el Decreto-Ley Nº 15.289, sobre piratería fonográfica y bibliográfica.

Por lo tanto, queremos reconocer el gran esfuerzo que se ha hecho por este proyecto en la Cámara de Representantes -inicialmente presentado por el Poder Ejecutivo- al comprimir en un número reducido de artículos las modificaciones necesarias. Recordemos que la iniciativa original tenía más de 150 disposiciones y la que tenemos a estudio en el día de hoy, que fuera aprobada el pasado 18 de diciembre, cuenta con 27 artículos, en virtud de que se agregaron cuatro relacionados, justamente, con las entidades de gestión colectiva.

Examinado el proyecto, nos gustaría señalar, una vez más, el nivel de trabajo realizado en la Cámara de Representantes, porque creemos que el objetivo está cumplido, es decir, la actualización de la ley del año 1937 en base a la realidad de nuestro tiempo y a los adelantos tecnológicos. De esta manera, los autores, los artistas, los productores y los organismos de radiodifusión nacionales verán cristalizados una serie de derechos con los que ya cuentan en la actualidad los titulares extranjeros, lo que no es poca cosa. Con esta iniciativa creemos que se alcanza un nivel de protección adecuado, de forma de permitir un desarrollo de las actividades y de los sectores dedicados a la producción de bienes intelectuales, posibilitando inversiones en los mismos. Es una buena noticia en este momento de la historia de nuestro país.

A vía de ejemplo quiero decir, por lo impactante de la cifra, que nuestro país es exportador de software por una cantidad, en términos absolutos, mayor que la de Brasil. Por cierto, creo que es innecesario argumentar a nivel de artistas y de músicos, porque esto es bien conocido por todos nosotros.

Concretamente, debo decir que las modificaciones aprobadas por consenso en la Cámara de Representantes se refieren, fundamentalmente, a mantener en favor de los autores de las composiciones incorporadas en la obra audiovisual, el derecho a percibir una remuneración por la comunicación pública de dicha obra, incluida la exhibición pública de películas cinematográficas, el arrendamiento y venta de los soportes materiales -todo ello salvo pacto en contrario, según consta en el artículo 10º-; a presumir, salvo pacto en contrario, que el productor de programas de ordenador y bases de datos cuenta con los derechos patrimoniales de los autores de los mismos -modificación que tuvo por objeto contemplar el reclamo de los productores nacionales de software-; a exceptuar las reuniones estrictamente familiares que se realicen fuera del ámbito doméstico cuando no medie fin de lucro, no se utilice discoteca, audio o similares ni participen artistas en vivo y sólo se utilicen aparatos de música domésticos no profesionales, tema que encontraremos en el artículo 14; a incorporar un nuevo tipo penal referido a quién altere o suprima, sin autorización del titular de los derechos protegidos por esta ley, la información electrónica colocada por los titulares de los derechos de autor o conexos, para posibilitar la gestión de sus derechos, así como la distribución o comunicación al público, sin autorización, de ejemplares de obras, interpretaciones o fonogramas, sabiendo que la información electrónica colocada por los titulares ha sido suprimida o alterada sin autorización, destacando que esta norma responde a los nuevos Tratados de la OMPI; a modificar el quántum de la pena civil establecida en el actual artículo 51de la ley de derecho de autor que, en efecto, establece en favor de la parte lesionada el derecho a reclamar la indemnización por daños y perjuicios, así como los beneficios o ingresos indebidamente percibidos por el infractor o contraventor. Esta sanción, multa o pena civil -beneficios o ingresos-, siguiendo los términos empleados por la Doctrina y la Jurisprudencia, ha sido modificada. La Cámara de Representantes ha mantenido la indemnización por daños y perjuicios, variando la forma de cálculo de la multa a favor de la parte lesionada hasta diez veces el valor del producto en infracción. De esta manera se mantiene la acumulación de los daños y perjuicios y una pena o multa civil, cuyo valor establecerá el juez dentro del límite fijado.

A su vez se incorporan una serie de normas que van de los artículos 20 al 24, referidas a entidades de gestión colectiva, que son las que se conocen comúnmente como sociedades autorales, de intérpretes o de productores de fonogramas. Estas disposiciones se encontraban incluidas en el proyecto de ley general de derecho de autor aprobado por la Cámara de Representantes. Por un lado se confieren una serie de derechos fundamentales para su gestión y, por otro, se establecen un conjunto de obligaciones y varias formas de fiscalización.

Por último se prevé la actuación de oficio en relación a las medidas en frontera por parte de la Dirección Nacional de Aduanas. El texto del Poder Ejecutivo no contemplaba esta situación y consideramos que ha sido un acierto de la Cámara de Representantes hacerlo de esta manera.

Por las razones que hemos expresado y teniendo en cuenta las dificultades que se planteaban para la aprobación de una norma en materia de derechos de autor, una vez más queremos decir que el esfuerzo realizado ha sido muy importante. Por cierto, nos va a permitir encontrarnos con una legislación actualizada, respetando la ejemplar tradición de nuestro país en defensa de los derechos de los creadores intelectuales. A este respecto me parece muy emblemático un cartel que en alguna de las rutas del Uruguay expresa "Derechos de autor, salario del creador". No debemos perder de vista, señor Presidente, que esa es la filosofía que inspira a este proyecto de ley y que, de esta forma, transcurrido el tiempo, la profundización del tema ha demostrado que la reforma parcial de la Ley de Derecho de Autor del año 1937 es la mejor solución. Además, los acuerdos alcanzados determinan que esta sea la oportunidad para avanzar en la legislación sobre la propiedad intelectual.

Por estos motivos, señor Presidente, creemos que hoy es un día importante para que el Senado pueda avanzar aprobando un proyecto como este, en una legislación autoralista, donde se profundizan y se mejora -porque se amplía- el campo de la protección de los derechos de autor. Esta legislación se "aggiorna" teniendo en cuenta los avances de la técnica y tiende a proteger el trabajo y la inteligencia, sobre todo de los uruguayos, esa inteligencia para la cual, por suerte, por ahora no hay aranceles. En definitiva logra la defensa de alguien que quizás hasta ahora no había sido tenido en cuenta; me refiero a los usuarios, ya que en varias normas también se protegen sus derechos.

En consecuencia, nos parece que el Senado haría muy bien en aprobar en el día de hoy, a 65 años ya de la primera Ley de Derecho de Autor, este proyecto de ley que con muy buenas modificaciones y mucho trabajo nos envía la Cámara de Representantes.

SEÑOR PONCE DE LEON.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PONCE DE LEON.- Señor Presidente: realmente es una satisfacción que circunstancias coyunturales me permitan integrar el Senado el día en que se aboca -así esperamos- a la aprobación de este proyecto de ley que corrige la Ley de Derecho de Autor de 1937.

Sin duda, los temas de propiedad intelectual son de una enorme importancia en el mundo y en la economía actuales, pero también lo son en los que respecta a la historia del Uruguay. Por cierto, es bueno decirlo, nuestro país siempre ha mantenido en estos temas una actitud de enorme respeto por ese concepto que recién se señalaba de "Derecho de autor, salario del creador". El Uruguay tiene una larga tradición que se expresa no sólo en las leyes, sino también en la cultura ciudadana, según la cual nadie en su casa, por ejemplo, tiene organizada una biblioteca de fotocopias de libros. Todos sabemos que las bibliotecas son de libros y no de fotocopias. Eso es cultura. Esa cultura que, en determinado momento se refiere a los libros, en otros, tiene relación con la música. ¡Vaya si importa esto en momentos en que la música uruguaya, en algunos casos, está trascendiendo fronteras! Me refiero a la música popular uruguaya, a la clásica y a otras formas musicales actuales, que muchas veces escuchamos con sorpresa y alegría y que en el exterior son ritmos que baila mucha gente.

Decimos, entonces, que el Uruguay no sólo ha tenido esa manifestación cultural, sino también ha tenido una ley que desde 1937 protege a los otros productos de la inteligencia, tal como se expresa en uno de los incisos que, naturalmente, se mantienen en el proyecto de ley al final del listado de productos. Basados en esa cultura nacional y en esa buena ley, la jurisprudencia ha actuado muchas veces alrededor de productos y de temas que en 1937 no estaban en condiciones de haber sido incluidos a texto expreso en aquella normativa. Dentro de estos temas un caso típico es el de los programas de ordenador. Cabe señalar que en el Uruguay nadie ha defendido ni defiende lo que se ha dado en llamar la piratería, es decir, la sistematización de las copias como forma de generar un ingreso vendiendo indebidamente lo que es el producto de los trabajos de otros.

Por lo tanto, mediante este proyecto de ley estamos haciendo un ajuste por cuanto se incluye una terminología que no se utilizaba en el año 1937 y, asimismo, por temas que tienen que ver con nuestro propio desarrollo nacional -a alguno de los cuales nos vamos a referir ahora- y con la coherencia que el Uruguay debe mantener con los compromisos ya firmados a nivel internacional, a los que hacía referencia la señora Senadora Pou.

Queremos señalar también que no tenemos ninguna duda que, por la enorme significación que tiene hoy el tema de la propiedad intelectual en el desarrollo de los nuevos productos y de la nueva economía, es muy probable que esta normativa en el futuro tenga que ser ajustada, pues hay muchos asuntos que han quedado en el límite. A modo de ejemplo quiero señalar uno muy cercano a mi profesión. La ley establece con claridad que sin autorización del autor no se puede hacer almacenamiento permanente o transitorio de una obra. En realidad, el mensaje que recibimos por correo electrónico -tan usual en estos días- es sustancialmente diferente a una conversación telefónica en la cual históricamente mantenemos una conexión física entre una punta y la otra. Hoy en día las comunicaciones son de otro tipo pero básicamente son en tiempo real. Cuando se envía un mensaje, va pasando por diversas computadoras intermediarias que esperan el momento adecuado en que estén libres las líneas para volver a retransmitirlos. Los ISP, que son los operadores donde están radicadas las casillas de correo de cualquiera de nosotros -donde están almacenados los mensajes-, a la vez, son los operadores que enrutan las comunicaciones y, por lo tanto, hacen almacenamiento transitorio. A este respecto quiero destacar que no debe desprenderse de esta iniciativa -por la vía de la interpretación auténtica de esta normativa- que cuando aquí se habla de almacenamiento transitorio se están refiriendo a otra cosa, porque en realidad se está hablando de los almacenamientos destinados a una reproducción y de algunas formas de lucro. Concretamente, no se está haciendo ninguna referencia a algo que existe y que desde el punto de vista de la letra de la ley alguien podría defender aduciendo que está contemplado en algún artículo: me refiero a ese almacenamiento transitorio que se necesita para la propia comunicación. Quise poner esto como ejemplo de un ajuste que seguramente habrá que hacer. Pienso que este tema, tal como está redactado en el contexto del proyecto, no da lugar a dudas y, por esa razón, no propusimos ningún ajuste. No obstante, pienso que en el horizonte ya se visualizan nuevos temas que deberán ser abordados.

Por supuesto, esta normativa es un delicado equilibrio de muchísimos intereses: el de los usuarios, de los autores, de los productores y de los consumidores; están los intereses de los productores con relación a los usuarios, pero también con relación a los creadores, por ejemplo, los que se contratan para hacer un audiovisual. Por cierto nuestro país ha comenzado a exportar este tipo de creaciones. Lo mismo ocurre con el "software".

Entonces, en este delicado equilibrio me parece que este es un buen proyecto de ley y, además, tiene la gran virtud de contar con el respaldo unánime del Parlamento; así fue en la Cámara de Representantes y descontamos que así será en el Senado. Esto es muy bueno como señal y es muy bueno para la propia marcha de toda esta normativa, que refuerza los derechos de los autores ampliando los márgenes y la cobertura que tienen los creadores para situaciones que en este momento son confusas.

A este respecto la ley incorpora -voy a mencionar sólo algunos porque ha sido muy buena la explicación de contenidos que ha realizado la señora Senadora Pou- el concepto de "software" que en la de 1937 no figuraba, diría, aportando claridad. Asimismo, incorpora, en su artículo 10, que modifica el 29 de la ley anterior, las presunciones que se establecen y que, esencialmente, significan una protección a la industria nacional.

Hoy en día, el "software" no es una creación individual. No se parece tanto a un libro, sino que se asemeja más a una película. Inevitablemente, es una creación de equipos y, por fortuna, cada vez más grandes en el Uruguay, ya que se van produciendo "software" más complejos.

Asimismo, deseo señalar como algo muy importante el reconocimiento oficial de las entidades de gestión que, por un lado, pasan a estar controladas y, por otro, tienen la potestad de fijación de los valores en forma expresa y con criterios establecidos en la ley.

Acerca de este tema, quisiera hacer dos menciones más. Uno de los textos que se manejó a cierta altura del proceso de elaboración de este proyecto de ley, junto a la exoneración tradicional para los cultos religiosos y los ámbitos de enseñanza, incluye la exoneración para los sindicatos y los Partidos Políticos. Este tema fue debatido, consultado y me importa dejar constancia de que fue excluido del proyecto de ley porque, de alguna manera, se constató que en los casos en que se había querido cobrar en ámbitos de esta naturaleza, en realidad, se trataba de un exceso de celo de los funcionarios actuantes. A partir de allí, AGADU, representante de los autores en el país, elaboró un par de resoluciones que distribuyó a los Partidos Políticos en las cuales, con toda claridad, el Consejo Directivo establece -todos los responsables de los Partidos Políticos y del movimiento sindical del Uruguay tienen en su poder una copia de esto- que no se hará efectivo el cobro de los derechos de autor en los actos y eventos políticos ni en los actos sindicales sin finalidad de lucro. Creo que vale la pena señalar esto para que conste en la versión taquigráfica y para demostrar el aporte de AGADU en el sentido de lograr soluciones que terminarán concitando un consenso general.

Por otra parte, quisiera hacer referencia a un tema muy debatido al que ya hizo mención la señora Senadora Pou, que es el de las fiestas familiares. Pienso que el artículo 14 termina diseñando un cuidadoso equilibrio, estableciendo lo que entendemos es un avance significativo para los usuarios y consolidando algo importante para los autores. Me refiero a los usuarios porque la ley demuestra, con toda claridad, que una situación que actualmente se da, se modifica. ¿Cuál es la situación? Se trata del caso de alguien que, usando sus equipos domésticos de música y sus propios discos por los que ya pagó el correspondiente derecho de autor, a veces simplemente por un tema de espacio tan habitual en las viviendas de hoy en día, traslada el cumpleaños o la reunión al salón de usos múltiples de un complejo o al club más cercano de la cuadra; si no contrata equipos de audio, videotecas o artistas en vivo, no tiene por qué pagar nada adicional a lo que ya abonó al comprar las cosas. Esto nos parece muy bueno para el ámbito de las familias. Naturalmente, con mucha claridad queda establecido que en los restantes casos, es decir cuando hay contrataciones, sí corresponde el pago y es responsabilidad de AGADU, porque estamos hablando de música. La ley determina la responsabilidad de establecer en forma proporcional los criterios y el derecho a las razonables fiscalizaciones para poder cumplir sus cometidos.

SEÑOR CORREA FREITAS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PONCE DE LEON.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: agradezco al señor Senador Ponce de León que me haya concedido esta interrupción, porque con relación al artículo 14 ha hecho una exposición de carácter general y me gustaría saber si se analizó el problema que, en algún momento se planteó por parte de AGADU -y hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia dictadas en casación- relativo al ámbito doméstico. ¿Por qué? Porque AGADU, en determinado momento, pretendió cobrar a los hoteles y a los taximetristas por la difusión de música en las habitaciones y en los propios taxímetros. Esto generó una discusión que, incluso, llegó a los Tribunales, habiendo sentencias de primera y de segunda instancia y sentencias de casación de la Suprema Corte de Justicia.

Ya que el señor Senador Ponce de León ha trabajado mucho sobre este tema, me gustaría consultarle si en algún momento se discutió en el ámbito de la Comisión acerca del ámbito doméstico.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Ponce de León.

SEÑOR PONCE DE LEON.- Señor Presidente: nosotros no integramos la Comisión de Educación y Cultura, pero concurrimos a ella para discutir este proyecto de ley todas las veces que pudimos y en que fuimos convocados. En ninguna de las instancias en que nos tocó participar, tanto en la Comisión como en la enorme cantidad de reuniones de negociaciones, escuché hablar sobre el tema de la música en los hoteles o en los taxis. No puedo asegurar que no se haya referido en algún momento, pero no recuerdo que haya sido objeto de consideración en mi presencia.

Nos parece que este proyecto de ley termina siendo un acertado ejemplo de trabajo -la labor parlamentaria ha durado tres años, lo que tal vez sea demasiado, pero también es cierto que son muchos los intereses en juego- y que es una muy buena cosa que la solución a la que se llega, aunque tal vez no sea el cien por ciento de lo que hubiera redactado cualquiera de los participantes, en definitiva, no tenga la oposición frontal de ninguno de ellos. Creo que, de alguna manera, esto demuestra que se han contemplado en la ley los temas más críticos y se ha eliminado lo que podía ser más agresivo o estar objetando lo que se entendía como derechos adquiridos. Pienso que lo que se está mejorando a los distintos actores -incluyendo, naturalmente, a los usuarios del sistema- representa una solución equilibrada. A mi juicio, es equilibrada en algo que está en la base del concepto: si esto es importante en el mundo de hoy, para el Uruguay tiene una enorme trascendencia. Si el Uruguay en su historia muchas veces ha apostado al tema de la propiedad intelectual, no tenemos ninguna duda de que la apuesta a muchas cosas que tengan que ver con el desarrollo de productos basados fuertemente en temas de creación y de autoría en que pesen las obras de nuestra gente en los más diversos campos, es algo básico para el futuro de nuestro país.

Por todas estas consideraciones, señor Presidente, reiteramos nuestra satisfacción por poder estar en el Senado de la República en oportunidad de la aprobación de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

Ha llegado a la Mesa una moción para que se suprima la lectura de los artículos.

Se va a votar.

(Se vota)

- 21 en 21.Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

- En consideración el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Formulo moción para que se vote en bloque el resto del articulado.

SEÑORA POU.- Solicito la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA POU.- Señor Presidente: estoy de acuerdo con que votemos en bloque el resto del articulado porque es una buena medida. Sin embargo, como el Senado va a considerar el artículo 7º, quiero indicar lo siguiente, dado que en él se da un avance importante que me gustaría destacar. Precisamente, se amplía el tiempo de 40 a 50 años sobre los Derechos de Autor. Considero que es algo importante que, en momentos en que se restringen los derechos, el Senado amplía el plazo de los mismos. Entonces, creo que es significativo que como país lo reconozcamos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada en el sentido de que se vote en bloque el articulado desde el 7º al final.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 7º al 27.

Si se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

10) MODIFICACIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS LEYES DE PRESUPUESTO NACIONAL, RENDICION DE CUENTAS Y DE REACTIVACION ECONOMICA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se modifican diversas disposiciones contenidas en la Ley Presupuestal Nacional, Rendición de Cuentas y en la Ley de Reactivación. Carp. Nº 980/02 - Rep. Nº 575/02)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 980/02

Rep. Nº 575/02

CAMARA DE SENADORES

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 27 de la Ley Nº 17.556 del 18 de setiembre de 2002, por el siguiente:

"Derógase el artículo 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990 así como todas las excepciones dispuestas a la aplicación del artículo 1º de la citada Ley, salvo la excepción establecida en el artículo 262 de la Ley Nº 16.320, de las designaciones en cargos técnicos del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable del Ministerio de Educación y Cultura".

Artículo 2º.- Derógase el artículo 59 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002. Será aplicable a lo reglado en el Capítulo V (Redistribución y Adecuación) de la Ley referida, lo previsto en el artículo 19 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

Artículo 3º.- Derógase el artículo 154 de la Ley Nº 17.556, del 18 de setiembre de 2002.

Artículo 4º.- Modíficase el artículo 135 de la Ley Nº 17.556, del 18 de setiembre de 2002, sustituyendo en el mismo la referencia al "Consejo de Educación Técnico-Profesional de la Administración Nacional de Educación Pública", por la de "Universidad de la República". En todos los demás queda vigente la norma de referencia.

Artículo 5º.- Derógase el inciso 2º del artículo 77 (Horario único) de la Ley Nº 17.556 del 18 de setiembre de 2002.

Artículo 6º.- Sustitúyese los incisos 1º y 3º del artículo 368 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por lo siguiente:

"El monto del impuesto "Servicios Registrales" será actualizado semestralmente por el Ministerio de Educación y Cultura con vigencia al 1º de febrero y 1º de agosto de cada año.

El primer ajuste a partir de la vigencia de la presente Ley se efectuará en función de la UI, Unidad Indexada del Decreto Nº 210/02, del 12 de junio de 2002, tomando como base de cálculo el valor de dicha Unidad al momento de su creación. En oportunidad de los ajustes posteriores, se tendrá en cuenta el valor de la UI de los días 31 de diciembre y 30 de junio de cada año".

Artículo 7º.- Extiéndase la facultad conferida al Ministerio de Deporte y Juventud por el artículo 429 de la Ley Nº 17.296 de 21 de febrero de 2001, hasta el 31 de mayo de 2003.

A tales efectos el Poder Ejecutivo habilitará los créditos necesarios en el Grupo 0, previo informe de la Contaduría General de la Nación, hasta un monto adicional máximo anual de $ 1:000.000 (un millón de pesos uruguayos).

Artículo 8º.- Derógase el artículo 5º de la Ley Nº 17.296, del 21 de febrero de 2001 (Presupuesto Nacional).

Guillermo García Costa, María Julia Pou, Luis A. Heber, Francisco Gallinal, Carlos Julio Pereyra, Carlos M. Garat, Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto refiere a diversas normas, de referencia muy concreta, que requieren modificaciones legales corrigiendo criterios erróneos que contienen.

Las disposiciones en cuestión se hallan contenidas en Ley de Presupuesto, en Rendición de Cuentas y en la denominada Ley de Reactivación.

El texto propuesto, en comparación con el que se modifica o altera, en cada caso demuestra el fundamento que da mérito.

Las normas proyectadas tienen la urgencia obvia de su presentación, pero en algunas -particularmente las modificaciones de artículos de la Rendición de Cuentas- la tiene mayor en función de que sería de alto interés su aprobación antes de que entren en vigencia el próximo 1º de enero.

Guillermo García Costa, María Julia Pou, Luis A. Heber, Francisco Gallinal, Carlos Julio Pereyra, Carlos M. Garat, Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: esta propuesta fue presentada por la Bancada nacionalista y se encuentra a estudio de la Comisión respectiva. Sin embargo, nos parece de interés y de suficiente claridad como para que sea discutida desde ya, sobre todo porque algunas de las disposiciones hacen referencia a normas de la Rendición de Cuentas que entrarían en vigencia el 1º de enero próximo. Sin perjuicio de que cuando la ley quede completa después del 1º de enero las normas pueden tener retroactividad, sería bueno que antes de que las mismas entren en vigencia sean derogadas aquellas normas no aplicadas.

También hay otras disposiciones que hacen a aspectos de tono, no diría menor, porque todas las leyes tienen el mismo alcance, pero de explicación muy sencilla.

Pregunto si podría hacer una exposición muy breve de los puntos contenidos, que son varios.

SEÑOR MILLOR.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARCIA COSTA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: he leído este proyecto de ley y coincido con el señor Senador García Costa en que estamos en condiciones de abordarlo en el día de hoy.

Simplemente como es de autoría o tiene la firma de la Bancada del Partido Nacional, quiero consultar si este proyecto de ley admitiría -en la misma dirección en que está pensado y redactado- la incorporación de algún artículo más. Concretamente, lo adelanto desde ya -se trata de una pregunta, aunque en todo caso podríamos presentarlo como un proyecto de ley independiente- que se trataría de la modificación del artículo 73, de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002. Trataré de que se fotocopie rápidamente este artículo. Deseo recordar que cuando se votó la Ley de Reactivación Económica, adelantamos que votábamos ese artículo con una gran violencia espiritual. Ese mismo día hicimos la consulta al señor Ministro de Economía y Finanzas, quien compartió nuestra inquietud. Sin embargo no hemos tenido la oportunidad correspondiente, porque lo convenido era incluirlo en la Ley de Reactivación Económica II, que todavía no ha venido al Parlamento. Al ver este proyecto de ley del Partido Nacional se me ocurrió sobre la marcha que este podría ser el momento oportuno para hacerlo. De ninguna manera es un condicionamiento para votar este proyecto de ley, sino que simplemente es una consulta que hago para que, en el correr de la sesión, podamos discutirlo.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador doctor Ruben Correa Freitas)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede continuar el señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCÍA COSTA.- Señor Presidente: conozco el proyecto de ley del señor Senador Millor y advierto que lo comparto. Igualmente, al proyecto que él seguramente presentará como aditivo en lo que al caso corresponda, habrá otro aditivo que la Bancada del Partido Nacional ha hecho llegar con mi sola firma, pero es de todos los señores Senadores que integran la Bancada, en otro de los tantos aspectos vinculados a los que tenemos delante. Además, me acaba de llegar la noticia de que hay otro proyecto de ley, creo que de la Bancada del Encuentro Progresista - Frente Amplio en general, pero particularmente de la señora Senadora Xavier, sobre la modificación de la designación del Instituto Nacional de Oncología. Concretamente, se trata de derogar la disposición en ese aspecto que dejó sin efecto la expresión "Instituto" y en su lugar se puso "Servicio". Eso sería -supongo que a breve plazo estará en la Mesa, de lo contrario presentaremos con el permiso del Encuentro Progresista - Frente Amplio- un aditivo más.

Por ahora tendríamos los artículos que se encuentran en nuestro poder que son ocho, más los tres que acabo de referir. El del señor Senador Millor -que, repito, deberá ser considerado- tiene algunos aspectos a estudiar; no es de la sencillez de otros, si bien personalmente lo comparto. Asimismo, se ha hecho llegar otro proyecto de ley a la Mesa sobre la derogación de un tema -sobre el que tengo la documentación-, que tampoco se corrigió en el Senado respecto a lo que se había pensado que se iba a hacer y en tal sentido se resolvió en la Cámara de Representantes.

Finalmente, el tercer proyecto de ley refiere al Instituto Nacional de Oncología sobre el que se ha hablado y es un hecho bastante notorio, el cual podría incorporarse como aditivo.

Volviendo a los artículos que tenemos delante, debo decir que al considerar cada uno quien habla u otros compañeros de Bancada, podremos hacer las explicitaciones del caso. Digo esto, porque estos artículos no son todos iniciativa del que habla, pero sí hizo de compaginador de los mismos. Por esa razón, los conoce y continúa en su explicación somera.

El artículo 1º procura sacar al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable de las normas sobre provisión de vacantes. Según es notorio, dicho Instituto tiene una característica muy diversa con respecto a otros organismos del Estado, y por tanto no se le pueden aplicar normas como las contenidas en la Rendición de Cuentas. Cuando llegue el momento podremos ser más específicos sobre cuáles serían las mismas.

El artículo 2º deroga una norma que está en la Rendición de Cuentas -después podremos verla con más atención y cuidado-, que a nuestro juicio no es de lógica. Concretamente dice que los funcionarios excedentarios no deben trabajar. Me parece -después lo veremos- que deben trabajar hasta que se disponga su destino, pero no puede ser que el Estado introduzca una norma específica diciendo que no deben trabajar.

Por el artículo 3º se deroga el artículo 154 de la Ley Nº 17.556, relativo al dragado, pero debo decir que no lo he planteado yo, por lo que no estoy muy vinculado al tema. Otro Senador nacionalista pidió que se incluyera y las razones que dio fueron suficientes para esta Bancada, por lo que actuamos en consecuencia. Obviamente, en su momento se conocerán dichas razones.

El artículo 4º tiene trascendencia porque, según es notorio, se pasó la Escuela de Enfermería a la ANEP, Universidad del Trabajo y ahora se pasaría a la Universidad de la República. Este tema fue discutido en su oportunidad y, por lo menos para nosotros -en su momento el Senado sabrá qué actitud adoptar-, la solución es la que incluye a la Escuela de Enfermería en la Universidad de la República, por las razones que se explicitarán en su oportunidad.

El artículo 5º de este mosaico -así lo debo calificar- de normas que, en general, están vinculadas a disposiciones financieras del Estado, expresa que se deroga el inciso segundo del artículo 77 que impone el horario único. Esto fue iniciativa del señor Senador Pereyra, quien indicó -a nuestro juicio, con razón- que no puede establecerse un horario único para las Intendencias, tal como aparece en la norma que se procura derogar, por ser inconstitucional e inoportuna.

El artículo 6º -que será ampliado en su momento- refiere a los servicios registrales. Se trata de los tradicionales Registros del Estado, del Ministerio de Educación y Cultura, que tienen un sistema de adecuación de sus ingresos. Estos últimos cubren gran parte de los gastos que tienen los servicios registrales. La adecuación actual nos ha dejado totalmente congelados. Entonces, a través de este sistema, se busca dotarlos de otro tipo de adecuación, más práctica y realista. Este tipo de norma fue solicitado a la Bancada del Partido Nacional por los funcionarios de jerarquía del Registro y, además, fue confirmado por el entonces Ministro de Educación y Cultura, quien manifestó su acuerdo.

El artículo 7º procura incrementar una partida, a propuesta del señor Senador Heber, que fue aprobada en el Presupuesto y que ya ha sido puesta en marcha. Sin embargo, parecería que hay un monto que significaría mejorar en $ 1:000.000.000 anuales una necesidad que tiene el Instituto al cual a través del Presupuesto se había destinado lo anterior.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARCIA COSTA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede interrumpir el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Voy a hacer un planteo muy simple, con respecto a algo puramente gramatical. Estoy seguro de que el señor Senador García Costa estará de acuerdo conmigo con que, en lugar de decirse: "Extiéndase", debería expresarse: "Extiéndese".

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Obviamente, estoy de acuerdo con lo que ha planteado el señor Senador Korzeniak.

A través del último artículo se deroga el artículo 5º de la ley presupuestal. Quizás a los que tienen por costumbre hojear el Diario Oficial -como quien habla- les habrá llamado la atención el hecho de que continúa expresándose: "Modifícase por error" normas presupuestales. Por mi parte, admito que se puedan haber cometido errores hace dos años, es decir, admito que los errores hayan existido. Pero que el Legislador admita que dos años después se sigan modificando partidas por error, me parece que es algo que no puede ser aceptado y, por eso, planteamos la derogación del artículo 5º. Así, no veremos más el adefesio jurídico de modificar el Presupuesto por contener algún error, casi siempre -me adelanto a decirlo-, en temas numéricos. Evidentemente, no se trata de temas conceptuales, pero en verdad esto rechina mucho con la aplicación normal de las leyes.

Continúo reiterando lo que ya he dicho: a esto seguiría la norma que en minutos propondrá el señor Senador Millor, como aditivo, cuyo alcance él ha explicitado y tendrá oportunidad de ampliar más adelante. Me refiero a la derogación de la norma relativa a dragado, que significa la utilización de las banderas en dragado. Tenemos entendido que se trata de una norma que debe ser modificada porque, por lo menos la Bancada nacionalista, no está de acuerdo con su permanencia.

Finalmente, estamos de acuerdo con algo de lo que hablábamos hace unos minutos: la vuelta -legalmente- a la denominación "Instituto Nacional de Oncología", y no como quiso el Presupuesto "Servicio Nacional de Oncología", tema en el que se abundará cuando llegue el momento de aprobar ese artículo que, si no llega a la Mesa, será presentado por nosotros, señor Presidente.

SEÑOR PONCE DE LEON.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARCIA COSTA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede interrumpir el señor Senador Ponce de León.

SEÑOR PONCE DE LEON.- Como el señor Senador García Costa ha explicado la iniciativa que presentaron, quisiera hacer una consulta.

En el primer artículo se sustituye el artículo 27. En realidad entendería la lógica de sustituir -que fue lo que se explicó aquí- el inciso primero del artículo 27. Sin embargo, el segundo inciso establece la excepción que tiene que ver con el tema de los discapacitados. Entonces, no sé si la intención es eliminarlo o si hay un problema de redacción. De cualquier modo, el tema no es menor, por cierto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede continuar el señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: tengo los papeles sobre la mesa, procurando encontrar una respuesta al planteo formulado por el señor Senador Ponce de León. Como he dicho ya, este texto nos fue sugerido por los funcionarios del Instituto Clemente Estable.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARCIA COSTA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede interrumpir el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: advierto que el señor Senador Ponce de León tiene razón. Lo que se modifica del artículo 27 es el primer inciso, que extiende la prohibición al Instituto Clemente Estable, pero se debe exceptuar justamente lo que dice el segundo inciso que expresa que se exceptúa la prohibición de ingresar a la Administración Pública hasta el año 2015 a las personas con discapacidad, amparadas en el artículo 42 de la ley de 26 de octubre de 1989. De alguna manera, lo que se hace a través del artículo 1º es dar la posibilidad al Instituto Clemente Estable de realizar esa selección especial de personal científico. Se trata de un sistema de ingreso diferente al que existe en el resto de la Administración. Esto es lo que recuerdo que se habló en la instancia del tratamiento del Presupuesto y de la Rendición de Cuentas, aunque quizás algún otro señor Senador me pueda ayudar.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede continuar el señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCÍA COSTA.- En realidad, este es el texto que me suministraron del Instituto, donde decía "Deróguese", y siguiendo la técnica del señor Senador Korzeniak, lo corregí y puse "Derógase".

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARCÍA COSTA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: quiero decir que a mi juicio estamos legislando mal. La disposición de que se trata aquí tiene su origen en la ley de la función pública de 1990, a través de la cual se exceptuaba de la prohibición de ingreso a varias actividades del Estado, como la docencia, la seguridad pública, la salud pública, etcétera. Pero no tenemos el texto a la vista, por lo que no sabemos cómo se relaciona una con otra.

A fin de relatar la historia de la sanción de la disposición que se está modificando, voy a decir lo siguiente. En la ley presupuestal de 1995, esta norma fue propuesta a partir de un texto que presentamos nosotros, que determinaba su vigencia durante la ley presupuestal, porque de acuerdo con un principio constitucional no se puede establecer disposiciones presupuestales que excedan el período del Gobierno que está actuando en función de la representación que ha obtenido. Luego, sobre la marcha, hubo una modificación y se dijo que podía extenderse el plazo a diez años más, por lo que quedó fijado hasta el año 2015, olvidándose de la Constitución. El tema es que aquí se está derogando la disposición en su totalidad, ya que dice: "Sustitúyese el artículo 27 de la Ley Nº 17.556 del 18 de setiembre de 2002, por el siguiente", y luego se agrega otra disposición que solamente atiende la situación del Instituto Clemente Estable. Me da la impresión de que vamos muy apresurados y de que deberíamos hacer una lectura mucho más cuidadosa de las disposiciones citadas. De todas formas, aclaro que no tengo ningún inconveniente en derogar la disposición que prohíbe el ingreso a la función pública hasta el año 2015, porque es inconstitucional; no se puede legislar para el Gobierno que venga.

En definitiva, no puedo votar a conciencia una norma de este tipo. Sí estoy de acuerdo con que la Policía, la docencia y el Instituto Clemente Estable, si se quiere hacer ingresar en ellos a funcionarios técnicos, por ejemplo, para proyectos de investigación, no sean susceptibles de tener prohibida esa incorporación. En tal sentido comparto esa idea y la votaría, pero como una disposición específica que dijera: "Exclúyese de la disposición tal al Instituto Clemente Estable".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede continuar el señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Mientras escuchaba a los señores Senadores que comentaban el artículo, pensaba que podría dejarse el artículo 27 -que supongo todos lo tienen delante- y luego del segundo inciso, que dice: "Exceptúase de la prohibición de ingresar a la Administración Pública hasta el año 2015 a las personas con discapacidad, amparadas en el artículo 42 de la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989", se agregaría: "y a las designaciones en cargos técnicos del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable del Ministerio de Educación y Cultura". De esta forma superamos cualquier dificultad y atendemos lo que procuran los técnicos del Instituto, ya que de lo contrario se quedan sin la posibilidad de efectuar los concursos del caso para técnicos de alta especialización. En su oportunidad, hemos preguntado al señor Ministro de Economía y Finanzas si tenía algún inconveniente y nos contestó que no, siempre y cuando se estableciera claramente la palabra "técnicos".

En consecuencia, señor Presidente, simplemente se trataría de agregar al inciso segundo del artículo 27 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, lo siguiente: "y a las designaciones en cargos técnicos del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable del Ministerio de Educación y Cultura".

Advierto que no estaba designado para cumplir la misión de Miembro Informante, pero como había manejado la ley, hice las veces de tal. Por mi parte he terminado, más allá de que pueda aportar algo más sobre otro artículo. En los demás, confío en que lo hagan los señores Senadores que intervengan en el tema.

11) SEÑOR ANGEL CABRERA. PENSION GRACIABLE

SEÑOR SCARPA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SCARPA.- Solicito que se pase a recoger la votación de la pensión graciable a conceder al señor Angel Cabrera.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Ruben Correa Freitas).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

Se pasa a considerar el quinto punto del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se concede pensión graciable al señor Angel Cabrera (Carp. Nº 987/02 - Rep. Nº 574/02)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 987/02

Rep. Nº 574/02

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Concédese una pensión graciable al señor Angel Cabrera, equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

Artículo 2º.- La erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 11 de diciembre de 2002.

Guillermo Alvarez Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En consideración.

Se pasará a tomar la votación en la forma de estilo.

Repártanse las bolillas de votación.

(Así se hace)

12) MODIFICACION A DIVERSAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS LEYES DE PRESUPUESTO NACIONAL, DE RENDICION DE CUENTAS Y DE REACTIVACION ECONOMICA

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Continúa la discusión general.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: en realidad solicité la palabra para plantear algunas dudas sobre el artículo 1º y hacer una consulta más general sobre este proyecto de ley.

Luego de haber escuchado las intervenciones más recientes en cuanto al artículo 1º, constato que el texto que se pretende aprobar en sustitución del artículo 27 pone el acento explícito en un tratamiento diferente a las excepciones de la Ley  Nº  16.127, de funcionarios públicos. Aunque la disposición no está citada, creo que se pretende derogar el conjunto de excepciones que genéricamente preveía el artículo 2º de la Ley, si mal no recuerdo. El artículo 1º establece una prohibición, y el 2º fija las excepciones. Además, acá se deroga el artículo 4º. Al respecto expresa: "Derógase el artículo 4º de la Ley Nº 16.127 de 7 de agosto de 1990 así como todas las excepciones dispuestas a la aplicación del artículo 1º", etcétera. Creo que las excepciones se encuentran en el artículo 2º, pero no importa. El acento explícito está puesto en este punto, pero también hay un acento implícito, sobre el cual hago mi primera consulta. ¿Hay intención de dejar sin efecto el plazo que está previsto en el inciso primero del artículo 27, es decir, hasta el año 2015?

SEÑOR GARCIA COSTA.- No, señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Con este texto se está derogando, por lo que quiero llamar la atención en ese sentido. No conozco el nuevo texto pero, repito, con este se está derogando y fue por ese motivo que en su momento había solicitado la palabra. Insisto en cuanto a que solicito que se tenga en cuenta ese aspecto en una nueva redacción, que desconozco.

Por otro lado, quisiera hacer una consulta de carácter general. Este proyecto de ley se llama "Modificaciones a Diversas Disposiciones Contenidas en las Leyes de Presupuesto Nacional, Rendición de Cuentas y de Reactivación Económica". Quisiera saber cuáles son las normas de la Ley de Reactivación Económica que se están modificando.

SEÑOR GARCIA COSTA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ASTORI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- La señora Senadora Pou me acota -y tiene razón- que se trata del artículo 66 que ha sido presentado a la Mesa como aditivo y que se refiere a las agencias de navegación.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede continuar el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI.- Coincido con el señor Senador Gargano en que no me parece que esta sea una buena manera de legislar; creo que estamos improvisando mucho sobre temas fundamentales, y si seguimos así, el resultado no será positivo.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZEINAK.- Este proyecto contiene una parte de disposiciones citadas que, naturalmente, debido a la urgencia de los temas a tratar, no está completo ya que no figuran todos los artículos a que se hace alusión. Por ejemplo, mediante el artículo 1º se deroga el artículo 4º de la Ley Nº 16.127, y no está en las disposiciones citadas; y como ese caso hay varios. Esto dificulta un tratamiento tranquilo del tema.

Por lo tanto, sugeriría que mientras se van considerando los demás puntos del Orden del Día -en este sentido, propongo una alteración-, se viera la posibilidad de que por Secretaría se procuraran todas las disposiciones citadas en el articulado y se distribuyeran. De esta manera, quizás cuando agotemos el Orden del Día estemos en condiciones de tratar este proyecto de ley. Personalmente, pienso que en estas condiciones es muy difícil opinar. Estoy formulando esta propuesta de procedimiento para ver si podemos finalizar el tratamiento del tema.

SEÑOR CID.- Pido la palabra para referirme a la moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Si el señor Senador Korzeniak me permite, quisiera hacer un agregado a la moción que presentara.

Estamos de acuerdo con que filosóficamente hay muchos planteos compartibles en el articulado que presenta el Partido Nacional. Sin embargo, hay otros que merecen un estudio más a fondo, y a ello se agrega la falta de las disposiciones citadas a que hizo mención el señor Senador Korzeniak. Por otra parte, existe el agravante de que este proyecto de ley no ha pasado por ninguna Comisión, por lo que es muy difícil formarse una idea sobre los alcances de una iniciativa que contiene ocho artículos y que refiere a distintas leyes que ya han sido aprobadas.

Concretamente, propongo que este proyecto de ley pase a la Comisión respectiva y que el día 15 de enero, en forma previa a la citación de la Asamblea General que va a tratar temas específicos, se reúna el Senado para considerarlo en base a información obtenida y a un pronunciamiento de la Comisión. Aclaro que compartimos muchas de las iniciativas, pero realmente no tenemos idea del alcance de algunas otras.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra para referirme a la moción.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Coincidimos con la propuesta presentada por el señor Senador Cid, ya que parece de lógica. Al principio de nuestra exposición dijimos que el motivo radicaba en una cuestión de prolijidad legislativa. Algunas de estas disposiciones van a entrar en vigencia el 1º de enero, por lo cual queríamos adelantarnos para no tener que derogarlas en forma retroactiva. Sin embargo, el señor Presidente sabe que en los hechos la dificultad no es tan grande. Este asunto debería ir a la Comisión de Presupuesto -estoy mirando al señor Senador Sanabria, que es su Presidente-, que no tendrá inconveniente en estudiarlo en el correr del mes de enero, ya que estamos convocados para reunirnos y además las Comisiones pueden trabajar sin necesidad de una autorización por parte del Cuerpo.

De manera que aceptamos la propuesta de que este asunto pase a Comisión a los efectos de analizar las dificultades que se han hecho bastante notorias a medida que avanzamos en el análisis del tema.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para referirme a la moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Siendo así la disposición de los autores del proyecto de ley, voy a formular la siguiente consulta. Quisiera saber si además de este proyecto de ley puede enviarse también a la Comisión los aditivos que fueron anunciados. Por lo pronto, podría pasar el nuestro; en ese sentido, como ya fue distribuido, lo retiraríamos, aunque quisiéramos que se incorporara al proyecto del Partido Nacional -en realidad se trata de dos aditivos, para que el Cuerpo opte: uno de ellos consistiría en derogar el artículo 73 de la Ley Nº 17.556, y el otro en modificarla- ya que, de repente, tenemos suerte y podemos, de aquí al 15 de enero, estudiar esta propuesta.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para referirme a la moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Quiero decir que estamos de acuerdo con la propuesta presentada, y en el mismo sentido que el señor Senador preopinante, sugerimos que pase a Comisión la propuesta presentada por la señora Senadora Xavier relativa al Instituto de Oncología.

14) CONTRATACION DE LOS FUNCIONARIOS EVENTUALES O ZAFRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR QUE OSTENTAREN ESA CONDICION EN EL ORGANISMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

SEÑOR RIESGO.- Pido la palabra para referirme a la moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIESGO.- Vamos a acompañar la moción de que este asunto sea estudiado en la Comisión de Presupuesto. Recién hablábamos con el señor Ministro de Economía y Finanzas en cuanto a algunas coincidencias que podía tener y a que había un par de temas sobre los que quería plantear su punto de vista. Personalmente, creo que el planteamiento realizado por el señor Senador Korzeniak es correcto y corresponde, ya que existen varios temas que necesitan una discusión más profunda. En el mismo sentido, queremos agregar a esa moción -nadie está diciendo que no vamos a apoyar los artículos- que el séptimo punto del Orden del Día, relativo a los funcionarios del INAME, también pase a la Comisión de Presupuesto. La razón es muy simple; no es que no queramos votar el proyecto de ley -estaría encantado de hacerlo-, pero solicitaríamos que en estos 15 días de enero se analizara junto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con el Ministerio de Economía y Finanzas, para que se brindara información sobre el tema. Nadie me podrá decir que con esto pretendo castigar a los señores funcionarios del INAME. Precisamente con el señor Presidente elaboramos un proyecto de ley sobre los funcionarios eventuales y zafrales, para subsanar una situación injusta. Quizás esta situación merece una atención especial, pero todos tenemos algunas dudas o preguntas sobre lo que puede provocar este proyecto de ley, y en ese sentido, nos gustaría escuchar la opinión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la del Ministerio de Economía y Finanzas.

Por lo tanto, estamos pidiendo que se dé el mismo tratamiento al punto que figura en séptimo término del Orden del Día.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: creo que lo que corresponde es pasar este proyecto de ley, ya no de ocho artículos, sino de doce -aparentemente uno más del Partido Nacional, uno del Encuentro Progresista - Frente Amplio y otro del señor Senador Millor, del Partido Colorado- a Comisión, en los términos que plantearon los proponentes. A su vez, cuando lleguemos al punto séptimo, discutiremos la posibilidad de pasar o no -como plantea el señor Senador Riesgo- esa iniciativa también a Comisión. Son dos cosas diferentes. En este momento estamos en el segundo punto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Correspondería votar la moción presentada por el señor Senador Cid, en el sentido de enviar a la Comisión de Presupuesto el proyecto de ley por el cual se modifican disposiciones contenidas en el Presupuesto Nacional, en la Rendición de Cuentas y en la de Reactivación. A esto se agregarían los aditivos presentados por el señor Senador Millor y la señora Senadora Xavier.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Esta moción tenía un segundo agregado, que disponía que este tema se tratase en el Plenario de la Cámara de Senadores el día 15 de enero, en forma previa o posterior a la Asamblea General, en virtud de que para esa fecha ya fue votada una convocatoria para dicha Asamblea. Por lo tanto, se podría aprovechar esa instancia para analizar todo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Quiere decir, entonces, que la moción presentada también dispondría la convocatoria extraordinaria de la Cámara de Senadores para el día 15 de enero.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- A efectos de completar la información que nos acaba de dar el señor Senador Cid, si no hay oposición estaríamos convocando también a la Comisión de Presupuesto para el día 15, a las 15 horas y al Senado de la República a la hora 17. Tenemos entendido que la Asamblea General está citada para la hora 16.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- En el cronograma que acaba de hacer el señor Senador Sanabria, me surge una duda que seguramente la Mesa podrá despejar. Concretamente, quisiera saber para cuándo está convocada la Asamblea General a efectos de tratar el tema de los vetos a la ley de reparación de los derechos de los docentes de ANEP. Este tema ingresó el día jueves y creo que corren los plazos, por lo cual la Presidencia tendría que hacer la convocatoria.

En consecuencia, si aquí se está haciendo un cronograma, la Asamblea General tendría que ser convocada para el tratamiento de las observaciones del Poder Ejecutivo al proyecto de ley aprobado por el Poder Legislativo. Reitero, entonces, que habría que incluir en el cronograma el tratamiento de esas observaciones, mal llamadas vetos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- La Presidencia desea hacer dos aclaraciones. En primer lugar, según me aclara la Secretaría, todavía no se dio ingreso a esas observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo y, en segundo término, debo informar a la señora Senadora que no es competencia del Senado fijar una reunión de la Asamblea General.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Quería señalar que en este momento el señor Senador Correa Freitas ocupa la Presidencia del Senado que, a su vez, es la Presidencia de la Asamblea General. Tengo entendido que es la Presidencia de la Asamblea General la que debe determinar el ingreso de este asunto y fijar la fecha para el tratamiento de las observaciones del Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Lo que la Presidencia quería señalar a la señora Senadora es que por una moción votada en el Senado no podemos fijar el orden de la Asamblea General.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor Senador Cid.

(Se vota:)

- 24 en 25. Afirmativa.

13) SEÑOR ANGEL CABRERA. PENSION GRACIABLE

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Dése cuenta del resultado de la votación correspondiente a la pensión graciable a conceder al señor Angel Cabrera.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- Han sufragado 19 señores Senadores; 18 lo han hecho por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Por lo tanto el resultado es: Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"Artículo 2º.- La erogación resultante será atendida por Rentas Generales."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

14)  CONTRATACION DE LOS FUNCIONARIOS EVENTUALES O ZAFRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR QUE OSTENTAREN ESA CONDICION EN EL ORGANISMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

SEÑOR RIESGO.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIESGO.- Respecto a la moción que planteé anteriormente sobre el punto siete, solicito que este asunto tenga el mismo tratamiento que el punto dos del Orden del Día.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Correspondería votar la moción formulada por el señor Senador Riesgo para que el punto séptimo del Orden del Día pase a la Comisión de Presupuesto en la misma condición que el proyecto de ley anteriormente derivado a la misma Comisión.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: en lo personal quiero discutir el proyecto de ley; es más, creo que estamos en condiciones de votarlo, así como de analizar las consecuencias que implicaría que esta iniciativa no se vote en el día de hoy. Si después se piensa que hay que esperar hasta el 15 de enero, cada uno sabrá la responsabilidad que le cabe.

(Ocupa la Presidencia el señor Luis Hierro López)

- Por lo tanto, aspiro a que este punto que está en el Orden del Día se discuta y si después el Senado considera que hay que pasarlo a Comisión, así se actuará. Reitero que a mi entender ya estamos en condiciones de votarlo, tiene media sanción y, además, se acaba de votar la ley vinculada a los derechos de autor, sobre la que se trabajó mucho en la Cámara de Representantes, es un tema muy complejo, pero venía con media sanción y todos hicimos confianza en lo realizado en la otra Cámara. En consecuencia, creo que en este otro tema deberíamos avanzar de la misma forma.

Sería diferente si fuera esta la primera Cámara en tratarlo. Incluso, con respecto al otro tema en el primer artículo del proyecto de ley ya había una discrepancia y todos estuvimos contestes en pasarlo para el 15 de enero. Muy diferente es el punto que figura como séptimo, y por ese motivo voy a votar negativamente en esta instancia para que luego, cuando se vaya a discutir en el Orden del Día analicemos los argumentos a favor y en contra. Quizás en ese momento me convenzan de que es mejor pasarlo a Comisión pero, en principio, estoy en condiciones de votarlo.

SEÑOR RIESGO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIESGO.- Quiero señalar que no tiene ninguna consecuencia el hecho de que este proyecto de ley no se vote en el día de hoy; absolutamente ninguna.

Aquí hay un proyecto de ley que firmamos con el señor Senador Correa Freitas, que amparaba a los funcionarios que hoy están contemplados en este punto siete y a quienes se les solucionó una situación difícil. Pero esto es algo muy diferente, señor Presidente, y puede dar lugar a situaciones que quizás mucha gente que está aquí no desee. Lo único que estoy pidiendo es que recibamos al señor Ministro de Economía y Finanzas y a los representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para hablar de este tema. Por este motivo es que solicito que el tratamiento del tema se traslade hasta el 15 de enero porque, reitero, no tiene absolutamente ninguna consecuencia.

De todas formas, si el temperamento y la norma que va a regir de ahora en adelante es que si un proyecto de ley viene votado de la Cámara de Representantes, acá lo vamos a votar afirmativamente sin que pase por Comisión, tomémoslo como norma y no discutamos más.

En lo personal formulo moción para que en las mismas condiciones que el proyecto de ley anterior, se discuta este tema el 15 de enero, a efectos de que la Comisión de Presupuesto tenga tiempo de recibir y escuchar a los representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al señor Ministro de Economía y Finanzas. Posteriormente, se tomaría una posición. Quizás en lo personal esté de acuerdo con este proyecto de ley; de pronto no estoy en contra, pero lo único que solicito es que se permita escuchar a las autoridades que mencioné y que también se vote pasarlo para el 15 de enero, en las mismas condiciones que el asunto que figura en segundo término del Orden del Día.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: sobre este proyecto de ley estuve conversando con los funcionarios del INAME, hace pocos minutos, antes de que comenzara la sesión. Precisamente, a ellos les manifesté que se podía presentar el inconveniente de que esta iniciativa no había pasado por el ámbito de la Comisión y, a su vez, ellos me señalaron que podía tener repercusiones en cuanto al vencimiento. Entonces, tendríamos que estar muy seguros de que esto no tiene consecuencias con respecto a los funcionarios.

Por otro lado, en esa conversación que mantuve con estos funcionarios también les dije que a veces es muy difícil votar un proyecto de ley sobre tablas cuando no se estudió o no se informó debidamente. Es más, esto es lo que nos acaba de pasar con el proyecto de ley presentado por el Partido Nacional y no tuvimos inconveniente en enviarlo a la Comisión de Presupuesto.

Tengo entendido que este proyecto de ley tiene iniciativa del Gobierno y fue presentado en la Cámara de Representantes por Legisladores del Partido Colorado. En este sentido, pregunto si hay diferencias de opinión entre los Diputados y los Senadores del Partido Colorado.

Me parece lógico lo que se ha dicho en Sala, pero si fuera un proyecto de ley que no planteara ningún inconveniente, lo votaría con las dos manos. Sabía que este proyecto de ley iba a plantear algún problema, pero nunca pensé que fuera por parte del Partido Colorado que fueron los que lo firmaron.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: hemos terminado de considerar el segundo punto del Orden del Día y, por lo tanto, debemos entrar al tercer punto, sin embargo, estamos analizando el último, por lo que sugiero que lo hagamos cuando corresponda y continuemos con el Orden del Día tal como está planteado.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa comunica a los señores Senadores que ha llegado una moción de orden del señor Senador Riesgo para derivar a la Comisión respectiva el punto séptimo del Orden del Día. En la medida en que no fue retirada por el señor Senador Riesgo, la Mesa debe ponerla a votación.

SEÑOR RIESGO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIESGO.- Quiero aclarar que este tema iría por primera vez a Comisión. Asimismo, formulo moción para que se trate en la sesión del 15 de enero de 2003, tal como se va a considerar el segundo punto del Orden del Día.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- En lo personal, somos proclives a que los proyectos vengan con el informe de la Comisión correspondiente, como es el trámite lógico formal de las Comisiones asesoras del Plenario. Pero quisiera profundizar acerca de algo que dijo el señor Senador Riesgo, a efectos de formarme una opinión. El señor Senador Riesgo afirma, como fundamento de su moción, que de no aprobarse este proyecto de ley no habría ninguna consecuencia para la situación laboral de los funcionarios del INAME. A mí me da esa impresión porque a través del artículo 60 se le da al Directorio del INAME un plazo de sesenta días para establecer la reglamentación de este proyecto de ley. Entonces, si se tratara el 15 de enero no parecería que fuese a modificar sustancialmente la condición laboral de estos funcionarios. Por lo tanto, estoy solicitando al señor Senador Riesgo que se explaye y explique por qué afirma enfáticamente que el hecho de que la consideración se postergue durante quince días no va a generar un cambio en la situación laboral de los funcionarios. Desde mi punto de vista es un dato esencial para fundamentar el voto.

SEÑOR RIESGO.- Pido para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIESGO.- El Cuerpo trató el proyecto de ley que preparamos con el señor Senador Correa Freitas y hoy es la Ley Nº 17.418, cuyo único artículo dice: "Facúltase al Instituto Nacional del Menor a disponer la prórroga de contratos existentes a la fecha de promulgación de esta ley de funcionarios eventuales o zafrales por períodos de hasta dos años, previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil." Creo que esto deja bien claro que no existe el menor de los peligros para ninguno de los funcionarios, a no ser por un hecho delictivo o de corrupción. En la medida en que no medie absolutamente nada, los contratos van a ser automáticamente renovados por dos años. Es por eso que he explicado que la situación laboral de los funcionarios del INAME no corre peligro. La ventaja que van a tener con este sistema que se plantea en el proyecto de ley que, efectivamente, es de iniciativa de un Legislador colorado -debo aclarar que no todas las Bancadas votan siempre juntas y el señor Senador Heber lo debe saber- es lógica y, quizá, la acompañe. La misma plantea un contrato definitivo de los funcionarios por lo que, de aquí en adelante, van a tener derecho de concursar y otras cosas que hoy no tienen posibilidad de hacer, pero no van a perder el trabajo el 31 de diciembre, eso no es cierto. En realidad, no digo que no sea cierto, sino que existe una confusión en el concepto y en el criterio, porque en este sentido el proyecto de ley está mal interpretado. El proyecto de ley es bien claro, consta de un artículo único por el cual se amparó a los funcionarios en el momento en que sí corrían riesgo de quedar fuera de su trabajo. Entonces, si estamos hablando de no contratar más funcionarios públicos en el Estado, queremos escuchar lo que dice el señor Ministro y los representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. También puede darse, y es bueno que los señores Senadores lo pensemos, que por este artículo del INAME se abra la puerta a todos los empleados eventuales y zafrales de la Administración pública. Entonces, lo mínimo que pido es que este punto se discuta en la Comisión con el señor Ministro de Economía y Finanzas, con los representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto e incluso con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: he dado sobradas muestras de no adherir al sistema del formulismo romano, pero me parece que tengo derecho a saber por qué, estando el punto siete en dicho lugar, estamos discutiendo una moción de orden que no plantea la alteración del Orden del Día. Creo que esto es lo primero que tendría que haberse planteado. Es posible que eso esté tácitamente comprendido y cuando en varias oportunidades manifesté que el asunto tiene dos puntos y sugerí votar el primero y luego el segundo, no se acepto mi planteo. Por lo tanto, creo que en primer lugar habría que votar si se altera o no el Orden del Día.

En segundo término, de acuerdo con la información que he recogido en estos pocos minutos en los que se ha discutido esta moción de orden, he notado que este proyecto fue muy conversado, analizado y consultado en la Cámara de Representantes. Dentro de cinco o diez minutos me van a informar si efectivamente fue consultado el señor Ministro de Economía y Finanzas.

Por último, estoy un poco sorprendido porque cada vez que se habla de contrataciones parece que estuviéramos hablando de un tema ajeno a una práctica lamentable que está haciendo el Estado constantemente. Todas las oficinas importantes contratan mucha gente con sueldos altísimos. Estoy asombrado de la cantidad de consultas y contratos para juicios, tal como lo planteé hace poco. Cada vez que aparece un tema referido a contratar funcionarios eventuales o zafrales del INAME -me imagino lo que deben estar ganando- se hace una comparación con el tema de las contrataciones. Lo digo con mucho respeto al señor Di-rector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero el número de contrataciones que hizo su Oficina con sueldos muy altos, realmente causó mucho asombro en el Senado.

Me parece que esa razón no provoca una demora aunque, como se ha planteado aquí, puede haber otros motivos, como por ejemplo, de razonabilidad en cuanto a que una Comisión vea mejor el tema. En ese caso, me allanaré a la decisión, pero el hecho de que se hable de la contratación no es un punto que me preocupa.

En consecuencia, solicito que se vote, primero, la alteración del Orden del Día y que después se prosiga con la discusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay dos Senadores inscriptos para hacer uso de la palabra sobre la moción de orden.

SEÑOR SINGER.- Solicito que se vote la alteración del Orden del Día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Lo que ocurrió fue que el señor Senador Correa Freitas me sustituyó unos minutos en la Mesa y allí se produjo este incidente reglamentario. Creo que la mejor forma de encaminar la discusión es votar la moción del señor Senador Riesgo sin más discusión, a fin de poder resolver el tema.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay otros señores Senadores anotados quienes, si insisten en hacer uso de la palabra, están en su derecho.

Por lo tanto, tiene la palabra la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- Acompañaría su propuesta, pero el problema es que en la dinámica de esta discusión, para fundamentar el pasaje de un tema a una Comisión, se introducen aspectos que uno no puede dejar pasar.

No entiendo esta lógica en el sentido de que si se resuelve que equis proyecto de ley que estábamos discutiendo pase a Comisión, por consentimiento y acuerdo de los proponentes de la iniciativa, entonces, ya que estamos, aprovechamos y pedimos que el punto tal del Orden del Día pase también a Comisión. Si eso se hubiera aplicado, no hubiéramos tratado ni votado el primer punto del Orden del Día, que creo es mucho más complejo y fue debatido en la Legislatura pasada. Sin embargo, no sentí saltar al señor Senador Riesgo de una manera tan extremista como lo hizo ahora, cuando la señora Senadora Pou propuso que aprobáramos en el día de hoy el proyecto de ley de Derechos de Autor que venía con un amplio consenso de la Cámara de Representantes. Incluso, en la sesión pasada, el señor Senador Cid dijo que esta iniciativa no pasó por la Comisión de Educación y Cultura y, por eso, postergamos su análisis para el día de hoy a fin de poder leerla. No se trata de una lógica al barrer sino que, en cada caso, uno va mirando los temas y hace el mayor esfuerzo posible para que las cosas salgan bien. Cabe aclarar que en lo que hace al segundo punto del Orden del Día, hicimos un esfuerzo, porque hay una serie de artículos que compartimos y llegamos colectivamente a la decisión de que la iniciativa debía volver a la Comisión.

Frente a eso, se hace una afirmación de carácter general y se dice que tal punto del Orden del Día también pase a la Comisión. Me parece que cuando lleguemos a ese asunto se puede decir que no se está de acuerdo, como no se tenía ni siquiera acuerdo para incluirlo en el Orden del Día, tal como le consta al señor Presidente.

Entonces, no estoy tan convencida del tema porque, en realidad, la propia ley que se aprobó faculta al Directorio. Eso quiere decir que si se le antoja al INAME y se atiene a una interpretación piedeletrista de lo que dice el texto, cesa a los funcionarios en cuestión el 31 de diciembre de este mes. Creo que discutir si la moción va o viene o si se altera o no el Orden del Día, no nos introduce necesariamente en el fondo de la cuestión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Riesgo.

(Se vota:)

- 11 en 24. Negativa.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

- 11 en 25. Negativa.

15) QUINTO PROTOCOLO ANEXO AL ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. (Carp. Nº 812/02 - Rep. Nº 571/02)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 812/02

Rep. Nº 571/02

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Apruébase el Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, suscrito en Ginebra, el 27 de febrero de 1998.

Artículo 2º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo a efectuar, al momento de depositar el instrumento de ratificación de la República al Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, la siguiente declaración:

"La República Oriental del Uruguay entiende que los Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulados por la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989, se encuentran comprendidos en el inciso ii) del apartado b) del Párrafo 1 del Anexo sobre Servicios Financieros y por tanto están exceptuados del alcance del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de mayo de 2002.

Guillermo Alvarez Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario.

Comisión de

Asuntos Internacionales

QUINTO PROTOCOLO ANEXO AL ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS

Al Senado:

El presente informe se refiere a la aprobación del Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, suscrito en Ginebra el 27 de febrero de 1998.

Los acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay de Negociaciones Multilaterales, cubiertos por el Acta Final suscrita en Marrakesh el 15 de abril de 1994, fueron aprobados por Ley Nº 16.671, promulgada el 13 de diciembre de 1994. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) forma parte de ellos.

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) establece un marco multilateral de principios y normas generales en materia de comercio internacional de servicios. Este se desarrolla en tres niveles: el texto principal que contiene principios generales y obligaciones, anexos con regulaciones para sectores específicos (Servicios de Transporte Aéreo, Servicios Financieros, Negociaciones sobre Servicios de Transporte Marítimo, Telecomunicaciones) y los compromisos específicos de cada país para acceso a sus mercados, los cuales deben ser elaborados teniendo en cuenta las leyes y reglamentaciones en vigor para cada uno de los sectores sin representar obligación alguna de modificar la legislación o las reglamentaciones vigentes.

El Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) establece el mecanismo de reemplazo de las Listas de Compromisos Específicos y de la Lista de Excenciones del Artículo II del AGCS en materia de Servicios Financieros. Se incluyen disposiciones sobre el plazo de aceptación, mecanismo de entrada en vigor, depositario y registro.

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) en su artículo 1.3.b define lo que entiende por el término "servicios" diciendo que "comprende todo servicio de cualquier sector, excepto los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales" y en el siguiente apartado, artículo 1.3.c establece "un servicio suministrado en ejercicio de facultades gubernamentales significa todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores", pero también el acuerdo reconoce el derecho de sus miembros "a reglamentar el suministro de servicios en su territorio…, con el fin de realizar los objetivos de política nacional, y la especial necesidad de los países en desarrollo de ejercer ese derecho, dadas las asimetrías existentes en cuanto al grado de desarrollo de las reglamentaciones sobre servicios en los distintos países".

Teniendo en cuenta la legislación vigente en nuestro país sobre la desmonopolización de los seguros en el Uruguay, y teniendo presente que la Ley Nº 16.426 de 14 de octubre de 1993 en su artículo 1º establece la libertad de elección de las empresas aseguradoras para la celebración de contratos de seguros sobre todos los riesgos exceptuando "de lo dispuesto precedentemente todos los contratos de seguros que celebren las personas públicas estatales y los relativos a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a que refiere la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989 …, los que sólo podrán celebrarse con el Banco de Seguros del Estado". En igual sentido la Ley Nº 17.296 de 21 de febrero de 2001, promulgada en fecha posterior a la suscripción del Protocolo, en el artículo 614 establece: "Deróganse todas las disposiciones que establecen monopolios de contratos de seguros a favor del Estado y ejercidos por el Banco de Seguros del Estado (BSE) que se mantienen vigentes hasta la fecha, con excepción de las relativas a los contratos de seguros por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a que refiere la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989".

Del análisis del Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y la Lista de Compromisos Específicas Adjunta a dicho instrumento, consideramos que el listado de compromisos específicos de nuestro país incorporado en este instrumento por parte de los negociadores de la República podría no contemplar la legislación vigente en materia de Seguros de Accidentes de Trabajo. Es por ello que entendemos necesaria la ratificación parlamentaria de este Protocolo con la inclusión del artículo segundo incorporado por la Cámara de Representantes donde se incluye el alcance del Quinto Protocolo Anexo al AGSS, referida a los accidentes de trabajo en nuestro país.

La inclusión de dicha declaración no compromete la aprobación del Protocolo, al tiempo que da certeza jurídica al reflejar la legislación vigente en nuestro país sobre accidentes de trabajo.

Este segundo artículo especifica que en el caso de los servicios financieros se entenderá por servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales a "las actividades que formen parte de un sistma legal de seguridad social o de planes de jubilación públicos", sustituyendo esta definición la mencionada anteriormente, incluida en el Artículo 1º del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).

Los Seguros de Accidente de Trabajo y de Enfermedades Profesionales reguladas por la Ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989, constituyen, según la doctrina más recibida, una prestación de seguridad social ya que los mismos tienen por finalidad proporcionar al individuo condiciones para su manutención en caso de pérdida de su capacidad laboral.

Es por lo anteriormente considerado y dada la importancia que el Protocolo tiene para el país a partir de los compromisos asumidos en las sucesivas Rondas de Negociaciones Multilaterales en el área de Comercio de Servicios es que aconsejamos la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión a 19 de diciembre de 2002.

Alberto Couriel, Miembro Informante; Juan A. Singer, Carlos Julio Pereyra, Carlos M. Garat, Reinaldo Gargano, Senadores.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y

Medio Ambiente

Ministerio de Deporte y Juventud

Montevideo, 31 de octubre de 2000.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el Artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 1º de junio de 1999 que se adjunta, por el cual se solicita la aprobación parlamentaria del Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, suscrito en Ginebra el 27 de febrero de 1998.

Al continuar en vigencia para los intereses y el prestigio internacional de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República; Didier Opertti, Guillermo Stirling, Alberto Bensión, Luis Brezzo, Antonio Mercader, Lucio Cáceres, Sergio Abreu, Alvaro Alonso, Luis Fraschini, Gonzalo González, Alfonso Varela, CarlosCat, Jaime Trobo.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, suscrito en Ginebra el 27 de febrero de 1998.

Didier Opertti, Guillermo Stirling, Alberto Bensión, Luis Brezzo, Antonio Mercader, Lucio Cáceres, Sergio Abreu, Alvaro Alonso, Luis Fraschini, Gonzalo González, Alfonso Varela, CarlosCat, Jaime Trobo.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y

Medio Ambiente

Montevideo, 1º de junio 1999.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 168, numeral 20, y el Artículo 85, numeral 7, de la Constitución, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, hecho en Ginebra el 27 de febrero de 1998, y suscripto por la República el 21 de julio de 1998.

Los Acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, cubiertos por el Acta Final suscripta en Marrakesh el 15 de abril de 1994, fueron aprobados por Ley Nº 16.671 promulgada el 13 de diciembre de 1994. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) forma parte de ellos.

Este Acuerdo estableció, por primera vez a nivel multilateral, disciplinas y obligaciones generales en materia de comercio internacional de servicios. Del mismo modo que los acuerdos sobre bienes, el AGCS se desarrolla en tres niveles: el texto principal que contiene principios generales y obligaciones, anexos con regulaciones para sectores específicos y los compromisos específicos de cada país para acceso a sus mercados. Durante las negociaciones que establecieron el AGCS, cada país negoció y asumió los compromisos específicos que fueron incluidos en listas individuales anexas al AGCS conforme a una metodología acordada para consignar estos compromisos.

El Quinto Protocolo Anexo al Protocolo General sobre el Comercio de Servicios establece el mecanismo de reemplazo de las Listas de Compromisos Específicos y de la Lista de Exenciones del Artículo II del AGCS en materia de servicios financieros. Se incluyen disposiciones sobre plazo de aceptación, mecanismo de entrada en vigor, depositario y registro.

Tomando en consideración el proceso de liberalización global del comercio de servicios a través de rondas sucesivas de negociaciones multilaterales y, en particular, la importancia para el Uruguay de su participación en el mercado de servicios financieros, es que el Poder Ejecutivo manifiesta su interés en la pronta aprobación del Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre Comercio de Servicios.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República; Didier Opertti, Guillermo Stirling, Juan A. Moreira, Juan Luis Storace, Yamandú Fau, Lucio Cáceres, Julio Herrera, Ana Lía Piñeyrúa, Eduardo Zaidenstat, Ignacio Aguirrezabala, Benito Stern, Juan Chiruchi.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, hecho en Ginebra el 27 de febrero de 1998.

Didier Opertti, Guillermo Stirling, Juan A. Moreira, Juan Luis Storace, Yamandú Fau, Lucio Cáceres, Julio Herrera, Ana Lía Piñeyrúa, Eduardo Zaidenstat, Ignacio Aguirrezabala, Benito Stern, Juan Chiruchi.

QUINTO PROTOCOLO ANEXO AL ACUERDO GENERAL SOBRE COMERCIO DE SERVICIOS

Los Miembros de la Organización Mundial de Comercio (denominada en adelante "OMC") cuyas Listas de Compromisos Específicos y Listas de Exenciones del Artículo II del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios en materia de servicios financieros figuran anexas al presente Protocolo (denominados en adelante "Miembros interesados"),

Habiendo llevado a cabo negociaciones de conformidad con la Segunda Decisión relativa a los servicios financieros, adoptada por el Consejo de Comercio de Servicios el 21 de julio de 1995 (S/L/9).

Convienen en lo siguiente:

6. La Lista de Compromisos Específicos y la Lista de Exenciones del Artículo II en materia de servicios financieros anexas al presente Protocolo relativas a un Miembro reemplazarán, en la fecha en que entre en vigor para el mismo el presente Protocolo, a las secciones referentes a los servicios financieros de la Lista de Compromisos Específicos y la Lista de Excenciones del Artículo II de ese Miembro.

7. El presente Protocolo estará abierto a la aceptación de los Miembros interesados, mediante firma o formalidad de otra clase, hasta el 29 de enero de 1999.

8. El presente Protocolo entrará en vigor 30 días después de la fecha de su aceptación por todos los Miembros interesados. Si para el 30 de enero de 1999 no hubiera sido aceptado por todos los Miembros interesados, los Miembros que lo hayan aceptado para esa fecha podrán adoptar, dentro de los 30 días siguientes, una decisión sobre su entrada en vigor.

9. El presente Protocolo quedará depositado en poder del Director General de la OMC. Este remitirá con prontitud a cada Miembro de la OMC una copia autenticada del presente Protocolo y notificaciones de las aceptaciones del mismo de conformidad con el párrafo 3.

10. El presente Protocolo será registrado con arreglo a las disposiciones del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

Hecho en Ginebra el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y ocho, en un solo ejemplar y en los idiomas español, francés e inglés, siendo los tres textos igualmente auténticos, salvo que se establezca lo contrario respecto de las Listas anexas al mismo.

Dra. Vilma Veida

Ministro

Directora de Tratados".

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el señor Miembro Informante, señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Se trata de la aprobación del Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, suscrito en Ginebra el 27 de febrero de 1998. En realidad, este es un Acuerdo que refiere básicamente al Comercio Internacional de Servicios.

El Acuerdo se desarrolla en tres niveles, contiene principios generales y obligaciones, negociaciones sobre servicios de transporte, de telecomunicaciones y los compromisos específicos de cada país para acceso a sus mercados.

El Protocolo o el Acuerdo en sí mismo no genera problemas. Sin embargo, en la Cámara de Representantes, en el momento de la ratificación, se le agregó un artículo 2º. ¿Por qué? Porque el Acuerdo reconoce el derecho de sus miembros a reglamentar el suministro de servicios en su territorio con el fin de realizar los objetivos de política nacional y la especial necesidad de los países en desarrollo de ejercer ese derecho, dadas las asimetrías existentes en cuanto al grado de desarrollo de las reglamentaciones sobre servicios en los distintos países. Por eso, señor Presidente, en la Cámara de Representantes se agregó un artículo 2º, que atiende al tema de los seguros de accidentes de trabajo. Se podría interpretar que éstos están exceptuados en forma genérica, pero se constata que otros Estados miembros del Protocolo, como Brasil, Chile, Estados Unidos de América y Nueva Zelanda, han incluido los seguros de accidentes de trabajo en las respectivas listas de compromisos específicos.

Señor Presidente: en esencia, el tema en sí mismo pasa por la necesidad de que estén exceptuados de esta situación los seguros por accidentes de trabajo y por enfermedades profesionales.

Se entendió que el mejor momento era el de la ratificación del Protocolo, a fin de que respecto a la liberalización de los seguros de accidentes de trabajo, que no condice con la legislación vigente, apareciera esta recomendación de incorporar el 2º artículo del proyecto de ley, que contiene una declaración relativa al alcance del Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.

En el informe que elaboramos para la Comisión, señalamos que podía haber ocurrido que los negociadores de la República podrían no haber contemplado la legislación vigente en materia de seguros de accidentes de trabajo. Por ello, entendemos necesaria la ratificación parlamentaria de este Protocolo con la inclusión del artículo 2º incorporado por la Cámara de Representantes relativo a los seguros por accidentes de trabajo en nuestro país.

En ese artículo 2º se incluye la siguiente declaración: "La República Oriental del Uruguay entiende que los Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulados por la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989, se encuentran comprendidos en el inciso II) del apartado b) del Párrafo 1 del Anexo sobre Servicios Financieros y por tanto están exceptuados del alcance del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios."

En esencia, aprobamos el Protocolo en su artículo 1º e incluimos, en su artículo 2º, este elemento que ayuda a que el país pueda mantener el Protocolo, pero con la reserva de que los Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales se mantienen bajo el monopolio del Banco de Seguros del Estado.

Este es el informe que queríamos hacer.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR SANABRIA.- Solicito que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 18 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

16) ASUNTOS DE ECONOMIA INTERNA DEL SENADO Y LA COMISION ADMINISTRATIVA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el punto que figura en cuarto término del Orden del Día: "Asuntos de economía interna del Senado y la Comisión Administrativa".

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Quisiera solicitar un cuarto intermedio de quince minutos, a los efectos de que los coordinadores de Bancada puedan reunirse.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 20. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio.

(Así se hace. Es la hora 19)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

Corresponde pasar al tratamiento del punto que figura en cuarto lugar del Orden del Día: "Asuntos de economía interna del Senado y la Comisión Administrativa".

17) SEÑOR GUSTAVO NOCETTI. SU DECESO

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: queremos distraer unos momentos la atención del Senado, porque hace pocos minutos -justo hoy que acabamos de votar la Ley de Derechos de Autor- nos enteramos de que este mediodía perdió la vida en un accidente automovilístico Gustavo Nocetti, probablemente el cantante de tango en actividad de mayor significación.

No es fácil hablar de este tema. Gustavo Nocetti era un muchacho joven de 42 años, un orgullo para la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Montevideo.

"Galas de Tango" está asociada al tango con la orquesta grande y sin duda a Gustavo Nocetti, quien cantó también con la orquesta de tango de la ciudad de Buenos Aires, con el maestro Gariello y, en otras ocasiones, con Goyeneche y con Horacio Ferrer. Naturalmente, en oportunidad de la cumbre mundial del tango, en 1996, también estuvo presente y tal vez ese fue su momento de mayor esplendor. Hace muy pocos meses estuvo en Egipto, en el marco de los actos realizados con motivo de la reinauguración de la Biblioteca de Alejandría. Allí, Gustavo Nocetti brilló a gran altura en espectáculos celebrados a lleno total, en los que se ejecutaba una música que en los primeros momentos no se sabía si sería del oído de auditorios tan lejanos.

Uno reconoce a Gustavo Nocetti esencialmente como cantor de tango, pero también otros géneros, como las letras de Fernando Cabrera. Ya habrá ocasión de hacerle los homenajes que correspondan.

Quisiera decir que fue taximetrista en Buenos Aires y que aquí se ganaba la vida vendiendo yerba "Canarias", con lo que ganaba más que cantando tangos. Estamos hablando de uno de los exponentes sin duda más significativos de nuestra canción ciudadana.

Siento que es bueno que el Senado no esté ajeno a este hecho. Además, Gustavo Nocetti estaba viviendo con enorme intensidad un accidente automovilístico muy serio que hace un mes había sufrido un hermano. Hoy, también en otro accidente automovilístico, él perdió la vida.

Propongo hacer un minuto de silencio en respeto a su memoria.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 23 en 23.Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa invita al Senado y a la Barra a ponerse de pie y a guardar un minuto de silencio en memoria del señor Gustavo Nocetti.

(Así se hace)

18) ASUNTOS DE ECONOMIA INTERNA DEL SENADO Y DE LA COMISION ADMINISTRATIVA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la sesión, se pasa a considerar el punto que figura en cuatro lugar del Orden del Día: "Asuntos de economía interna del Senado y la Comisión Administrativa".

Corresponde informar al Cuerpo que en dos oportunidades, la semana anterior y ésta, el Presidente tuvo instancias de diálogo con los señores Coordinadores, a los efectos de analizar una posible revisión del sistema de ajuste de sueldos que rige en el Senado y en la Comisión Administrativa, para lo cual el Senado es competente, de acuerdo con las normas presupuestales.

Seguramente, este es un tema que se podría haber planteado con anterioridad, pero la agenda parlamentaria y política impidió que el Senado tuviera instancias de análisis de estas cuestiones internas. Efectivamente, lo que el Presidente del Cuerpo planteó inicialmente es la posibilidad de procurar un acuerdo para que los funcionarios del Poder Legislativo reajusten sus ingresos de acuerdo a como lo hace el resto de la Administración, especialmente la Administración Central.

Participó de una de estas reuniones el Presidente de la Cámara de Representantes, el Diputado Guillermo Alvarez, quien en principio manifestó que estaría a lo que el Senado resolviera.

Al respecto se ha elaborado una moción por parte de miembros de algunas Bancadas que resume el pensamiento del Presidente y, por lo tanto, permite iniciar la discusión.

Léase la moción llegada a la Mesa.

(Se lee: )

"No rige para los funcionarios del Senado y la Comisión Administrativa y para los Senadores el régimen de ajuste salarial por el Indice de Precios al Consumo. Los ajustes se realizarán en las mismas condiciones que se establezcan para la Administración Central".

Firman los señores Senadores Sanabria, Brause y Heber.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: no sé si lo que estamos tratando concretamente es o no el ajuste salarial de los funcionarios del Senado; interpreto que ese es el tema, pero advierto que la moción hace referencia al reajuste del salario de los Legisladores, tema que fue debatido y resuelto hace un buen tiempo, siendo aprobado y votado por este Cuerpo. En la consideración de ese proyecto quedó de manifiesto la negativa a incluir la posibilidad de no reajustar los salarios del Presidente de la República, del Vicepresidente de la República y de los Ministros. Quien habla propuso cuatro veces durante la sesión que esto fuera incluido; y a ello deben sumarse las preguntas planteadas tanto en este Recinto como en los pasillos, por lo que puede decirse que once veces intentó que se le diera un argumento por el cual no se incluía ese punto. Como realmente ese tema no fue incluido, con posterioridad nuestra Bancada presentó un proyecto de ley específico para que no se aplique el reajuste al Presidente de la República, al Vicepresidente de la República y a los Ministros. Cabe aclarar que el régimen para los Ministros no es el de reajuste. Para ellos se proponía crear un impuesto de monto igual al que se creó para los Legisladores, a los efectos de esquivar una disposición constitucional por cuanto los Ministros tienen un sistema bastante complejo de salarios -que, diría, es una especie de galimatías- que requiere un estudio muy profundo que termina en la posibilidad de que el Presidente de la República fije compensaciones especiales a cada uno de ellos, de donde resulta que no todos ganan igual y no tienen un sistema de reajuste; sí lo tienen el Presidente de la República y el Vicepresidente de la República.

Quiero recordar, con satisfacción, que al término de aquella sesión en la que quien habla estuvo bastante machacón sobre la actitud del Senado de no incluir el sueldo del Presidente de la República, del Vicepresidente de la República y de los Ministros, el señor Vicepresidente, que estaba ocupando la Vicepresidencia y guardaba un silencio cauto como director de la sesión, tuvo un gesto que he recordado públicamente donde anunció que abandonara mi preocupación por el reajuste de su sueldo porque él iba a donarlo. Esa fue la solución jurídica más acertada que nosotros habíamos propuesto y que, por argumentos completamente ajenos a la realidad jurídica, no prosperó en aquel momento. En su lugar se elaboró la ficción de crear un impuesto equivalente a la cantidad del reajuste.

Ahora bien, en esta sesión estamos tratando si se reajustan o no los salarios de los funcionarios del Poder Legislativo. Quiero anunciar con total y absoluta contundencia que, coincidiendo con los demás compañeros a quienes escuché y expliqué mi proposición -en una reunión de la agrupación parlamentaria realizada antes de esta sesión en la tarde de hoy- no votaré de ningún modo una norma, una resolución, una ley o una reforma constitucional que impida que los funcionarios cobren este reajuste al que tienen derecho por disposición presupuestal. Con toda crudeza voy a señalar también que no considero que un Senado que no se atrevió a fijar los sueldos del Presidente de la República, del Vicepresidente de la República y de los Ministros, que no tuvo la coherencia, el coraje y la cristalinidad de manifestar que también ellos iban a dejar de cobrar ese reajuste que empezaba a regir el 1º de setiembre -no me refiero al de los Ministros que, insisto, no tienen reajuste-, esté en condiciones racionales y lógicas de negarles el reajuste a los funcionarios del Poder Legislativo. En mi opinión, sería una actitud incoherente, una actitud que no considero correcta y, además, una actitud que debería ser estudiada con mucho tiempo en el marco de una mejora de la situación laboral de todos los funcionarios públicos y privados de este país.

Conozco una serie de argumentaciones -algunas de las cuales pueden ser muy serias; sin duda todas bien intencionadas- que se pueden hacer en torno a esta afirmación, que es un adelanto clarísimo de mi voto. Repito: mi voto es negativo a que se deje de aplicar ese reajuste a los funcionarios y a cualquier otra solución intermedia que se busque. El día que el Senado no se atrevió a incluir una disposición en el sentido de que no se reajustara el sueldo al Presidente de la República a lo mejor se me fue la boca, pero dije que esto se asimilaba a un Consejo de Regencia y no a un Senado. La única explicación que se me dio fue que como se trataba del Presidente de la República y el pueblo entendía que éste estaba por encima de todas estas cosas, se pensó que era una falta de delicadeza tocar su sueldo. Sin embargo, no debemos olvidar que es el Parlamento el que fija el sueldo del Presidente de la República. Por supuesto, no fue este Parlamento, sino el anterior, que, por otra parte, también fijó el sueldo de los actuales parlamentarios.

Por todo lo expuesto digo que este Senado no quedó en condiciones de cambiar lo ya establecido. Repito: admito que se me puedan hacer varias objeciones.

Se me puede decir que los demás funcionarios públicos del país no tienen el reajuste que van a percibir los funcionarios del Palacio Legislativo, pero hay algunos que cobran mucho dinero, muchísimo dinero y que ni siquiera son funcionarios públicos, sino que ejercen una función pública con contratos privilegiados que se acostumbra hacer en estos tiempos en sustitución de los antiguos nombramientos de funcionarios. Son muchos menos, pero si sumamos el monto que cobran por vía de sueldo u otras denominaciones, veremos que es muy alto.

Hace pocos días, por ejemplo, me enteré del caso de un Ente del Estado que, a raíz de un arbitraje que duró más de dos años -o sea, más de lo que dura la instancia de un jui-cio- gastó U$S 365.000 en honorarios de peritos y de asesores.

Es cierto que el decreto que va a aprobarse para el ajuste, en general, de los funcionarios públicos -no de todos, sino de algunos funcionarios de la Administración Central- es menor que el que van a tener los funcionarios del Palacio Legislativo. Mi aspiración es vivir en un país donde aquellos ajustes sean todavía mejores que los de los funcionarios del Palacio Legislativo y no que los ajustes de estos últimos se bajen porque los otros no tengan ese aumento. Esa guerra de trabajadores contra trabajadores, de pobres contra pobres, de almaceneros contra almaceneros -porque son vecinos y no hay reglamento que los obligue a ponerse más lejos- es provocada por un sistema injusto que estamos viviendo.

No admito que se diga que tales trabajadores son privilegiados. Los otros deberían cobrar como estos trabajadores a los que, a lo mejor, les da para vivir. ¡Quién sabe si algunos de ellos no están pasando también apreturas! A quien me diga que, en un mundo como éste en el que vivimos, no puede ser que los funcionarios del Palacio Legislativo, los bancarios o quien sea estén cobrando mejor que otros funcionarios, le contesto que el ideal, para mí, es que los otros cobren mejor y que no critiquen ni peleen con éstos. La guerra que hay entre el almacén clásico -que quiero mucho y, además, compro en él, porque hay uno enfrente a mi casa y voy a comprar ahí todos los días- y los supermercados, que existen porque no hay capacidad de consumo, no tendría lugar si la gente tuviera capacidad de consumo. En ese caso, irían a comprar al supermercado o al "almacencito" de siempre y no pasaría nada. Por lo tanto, ese argumento lo escucho con mucho respeto, pero no me hace fuerza.

En segundo lugar, señor Presidente, en cuanto a algunas cifras que me han proporcionado -que no recuerdo en este momento con precisión- señalo que ellas no representan sumas tan importantes, sino que se trata más bien de cuestiones de emblema y de imagen, como ocurrió con el sueldo de los Legisladores. En este sentido, no tengo dudas que la preocupación era la repercusión que podían tener las cosas hacia fuera o lo que iba a decir la gente. Probablemente, una cantidad importante de gente hable de "los privilegiados del Parlamento", de "los empleados del Palacio Legislativo" igual que se refería a "los Legisladores privilegiados". Incluso, a veces vienen personas al Parlamento a decir que ganan muy poco y que quieren un aumento de $ 500, y no saben que si no viene la iniciativa del Poder Ejecutivo, el Parlamento no puede aprobar un aumento; y no van al Edificio Libertad a decirles que envíen un Mensaje. Quizá haya periodistas que digan que a los empleados públicos les ajustan $ 2 y a los del Palacio Legislativo, $ 14 o $ 18. A ese argumento le contesto que no me siento responsable de que se haya generado esa especie, no diría de guerra como expresé hace un rato, pero sí de oposición, de codazos entre trabajadores. Eso es fruto de un modelo que no comparto, que no contribuí a formar y que combato. Por lo tanto, tampoco acepto ese argumento.

Por otro lado, alguna gente va a decir que, por suerte, los Legisladores hicieron algo bien y se bajaron su sueldo y también el de los empleados, pero a mí eso no me va a preocupar aunque por ese motivo mi fuerza política pierda algún voto. Aclaro que toda la Bancada estuvo de acuerdo -quizás no en todos los argumentos, pero sí en la tesis central- y no vamos a votar una eliminación ni morigeración en este momento de lo que está previsto que se pague.

Seguramente, también voy a escuchar -lo digo con toda claridad- el argumento de que la Intendencia Municipal de Montevideo, donde gobiernan los frenteamplistas, no cumplió con los reajustes de la inflación que estaban previstos en el convenio. Es verdad que no cumplió y apoyo esa solución, no porque sea una Intendencia del Frente Amplio, sino porque si ésta no tiene fondos, la única manera de procurarlos sería crear impuestos y recaudarlos de inmediato -lo que es imposible- o hacer una cosa que podría llevar adelante si tuviera la maquinita: emitir y pagar. El Gobierno Central lo puede hacer. Si un día dice que no tiene fondos, emite, porque está en condiciones de hacerlo cuando debe cumplir con ciertas obligaciones. Se ha "demonizado" la palabra emitir, porque se emite sin que la gente sepa. Vamos a aclarar las cosas. Conozco lo que pasa adentro del Banco Central del Uruguay -no sea cosa que ahora vayan a investigar quién me lo dijo para echarlo, lo que ya ha pasado- sé cuándo se emite y sé ver billetes y reconocer si son recién emitidos o no, porque trabajé muchos años ahí adentro. En consecuencia, señor Presidente, cuando ha habido necesidad, se ha emitido. Digo que no hay ninguna necesidad de emitir para pagar este ajuste y, si la hubiera, habría que emitir. La emisión no es ningún demonio. Siempre se la acompaña con otras cosas como, por ejemplo, reforzar. Cuando Uruguay exporte más, habrá que entregar las divisas al Banco Central del Uruguay, como se hacía antes, y esta institución va a mejorar su capacidad y su masa de divisas, y también va a poder pagar mejor la deuda externa. Por lo tanto, tampoco creo en el cuento de que el Fondo Monetario Internacional no nos dejaría emitir. Hablo de la emisión porque alguien podría decir -y lo ha dicho- que el Gobierno no tiene dinero para hacer esto, que no tiene plata para entregar al Hospital de Clínicas, pero simultánea-mente, cuando tuvieron que aparecer U$S 100:000.000 o U$S 200:000.000 para otras cosas, aparecieron. Entonces, quiero que quede claro que no es verdad que no puede emitir, para evitar esos artilugios "dialécticos" -digo esto entre comillas porque la dialéctica es una filosofía muy seria- que consisten en decir que el señor Senador Korzeniak propuso que el Uruguay emita para pagar a los funcionarios del Palacio Legislativo. Acá nadie ha dicho eso. Expresé que no es necesario emitir y que, si hay voluntad política, se paga sin ningún problema. Lo que pasa es que se está enviando señales de imagen y se dice: "Vamos a quedar muy bien". Personalmente, rechazo ese argumento. También digo que llegó un momento en que la Intendencia no tenía un peso y lo sé porque pregunté, no porque me esté "metiendo" allí. Había bajado la recaudación y no cuenta con máquina de emitir. Se hizo una opción política y hubo un largo y trabajoso conflicto. De manera que tampoco me va a pesar el argumento de que yo soy fuerza política en la Intendencia y allí no aplicaron el reajuste que estaba previsto, que todavía se va a pleitear. No me convence ese argumento. Repito que si el Estado tuviera que llegar a una situación límite en la que, para pagar los sueldos al día o un reajuste al día, tuviera necesidad de emitir, no habría ningún problema en hacerlo. En estos dos años pasados se ha emitido para otras cosas y, si alguno me emplaza, le puedo decir con mucho gusto cuándo y para qué; y siempre que me prometa que no va a investigar, quién me lo dijo. Ahora se ha generado esa costumbre, que no es muy buena, sobre todo cuando se aplica con mucha injusticia. Se ha castigado a gente que ha dicho cosas ciertas; y más vale que las estudiaran en lugar de preguntar quién las dijo.

Otro argumento que seguramente se va a dar es que, si esto se admite, se va a generar en la gente la idea de que los Legisladores son manirrotos.

Señor Presidente: ya estoy aburrido de escuchar que, cuando viene algo que en el Parlamento significa algún gasto mínimo, como este caso, se diga: "El Parlamento, que debería ser el controlador de los gastos, es un Parlamento derrochador. En cambio, todo el Poder Ejecutivo siempre es el que cumple porque está obligado a seguir con las cuentas y a manejar el Tesoro Nacional". Esto se ve todos los días. Por ejemplo, cuando incluimos en un proyecto de ley que tal cosa se financia con el Tesoro Nacional, se dice: "No; hay que indicar recursos genuinos". Sin embargo, el Poder Ejecutivo envía proyectos y dice que lo que en él se incluye se paga con el Tesoro Nacional, de la cuenta central, pero nadie se pone a pensar por qué en un caso se aplica una exigencia y en otro, no. ¿Por qué? Porque se da por supuesto que los integrantes del Poder Ejecutivo son -todos- cuidadosos de los fondos y que los miembros del Poder Legislativo son -todos- demagogos que demuestran que pueden hacerse gastos sin controles. Eso no es verdad, habremos de todo en los dos lados, en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Yo también rechazaría ese argumento de imagen ¿Por qué? Porque en este país los hechos han demostrado que el deterioro de la imagen política se ha producido tanto en el Poder Ejecutivo, como en el Poder Legislativo. La gente no es tonta y -cuando ha habido aciertos y errores- recibe, para un lado u otro, la imagen que tiene de las cosas y de los hombres. Desde hace dos años existe una especie de idea para explicar lo que está sucediendo en el país y, entonces, se dice: culpemos al Parlamento. Eso está sucediendo.

En el Uruguay, en todas las radios, de un lado y del otro -no hago ninguna distinción sobre ideologías de empleados ni de propietarios- se dedicaron varios meses a decir cuáles eran los sueldos de los Legisladores, cuánto se les pagaba para que compraran los diarios, quiénes lo hacían y quiénes no, o que algún otro se compró la revista "Para Ti", hace dos años, cuando el monto asignado permitía adquirir una o dos revistas extranjeras, cosa que no ocurre ahora, si bien se trata de un episodio que fue cierto. Sin embargo, no conozco que alguien se haya dedicado mucho a averiguar -salvo en la página web- cuál es el sueldo. Yo he averiguado -no por la página web, que no se corresponde con la realidad- el sueldo de un Ministro. Un día el señor Senador García Costa -que, además, fue Ministro- me dijo: "No; los Ministros no tienen reajuste. Créame, no tienen reajuste". Entonces, hice una investigación que me significó leer 22 leyes, hasta que encontré el cangrejo debajo de la piedra. Hay un decreto-ley que dice que ganan un 15% más que el Subsecretario, pero no se indica cuánto percibe este último. De ahí se hacía la remisión a otra ley, que a su vez enviaba a otra que reenviaba enviaba y, al final, termina en que el Presidente de la República puede fijar a cada Ministro -no dice "al Ministerio"- una compensación. O sea que cuando cesa ese Ministro, puede perderla. Téngase presente que hay Ministros que ganan muy bien y otros poco; incluso, algunos perciben una compensación inferior a la que cobra un Legislador. Por esa razón, algunos Ministros optaron -a lo que tienen derecho- por cobrar el sueldo de Legislador. Sin embargo, hay otros que ganan mucho.

Con esto quiero indicar que ese argumento que se esgrime, en cuanto a que tenemos que dar señales de que el Parlamento es realmente muy ahorrativo, no me convence.

Hace unos días nos visitó una delegación -no se trata de la delegación Rusa, porque un ujier me informó que había autorización para invitarla -que era muy distinguida, no por la clase social- de lo que me río un poco aunque, por otro lado, los títulos de nobleza están prohibidos por la Constitución de la República- sino desde el punto de vista intelectual y me dio vergüenza porque no se les ofrecía café. Entonces, tuve que gastar seis tiques que tenía en mi despacho para invitarlos con un café. Es una vergüenza que el Parlamento esté en esa situación y, además, no se trata de una actitud de austeridad republicana: hay un límite, a veces no sensible, pero es una vergüenza que pasen esas cosas. ¿Por qué? Porque la gente critica al Parlamento, pero creo que lo hace porque no toma buenas decisiones.

Entonces, no debemos tirar más señales, sino defender a esta Institución. Si la gente dice: "El Parlamento anuló el reajuste de sus funcionarios y a su tiempo se hizo lo propio con el reajuste con vigencia a partir del 1º de setiembre", estoy dispuesto a defender la tesis contraria y a decir, con toda claridad, que la otra vez el Parlamento lo votó presionado por una opinión pública que se "manijea" contra una institución que no dispone de fuerza, sino de lograr -alguna vez- algún prestigio democrático. Creo que fue así y no se atrevió, no tuvo la "endurance" -utilizo un término francés- de incluir el reajuste del Presidente de la República y del Vicepresidente. Que cada uno le ponga el sinónimo que quiera.

Esa misma institución, este Senado, no tiene derecho a decir a los empleados, porque son sus subordinados: "A ustedes sí, no les vamos a pagar el reajuste". Adelanto que no lo voy a votar así. Me felicito -ya que me venía acelerando solo con este tema- porque en la reunión de mi Bancada no escuché ninguna voz disonante con esta conclusión, sino más bien argumentos, en alguno de los cuales me inspiré para manifestar lo que estoy expresando en este momento.

También me dirán que quien habla o la Bancada del Encuentro Progresista - Frente Amplio quisieron hacer demagogia con los empleados, para conseguir votos. Lo van a decir. Ello es así y no es ninguna casualidad que cuando se votan presupuestos de los empleados haya acuerdos previos, que no están mal, de los Coordinadores dirigidos por el Presidente que, dicho sea de paso, son digresiones -digresiones, sin "s", no "disgresiones", como algunas veces he escuchado decir- y no está mal que algún día se institucionalice en el Reglamento la reunión del Presidente con los Coordinadores. Creo que alguna vez esas discusiones de procedimiento que tenemos en el Plenario han hecho que la gente de la Barra se retirara enloquecida. Eso no sucedería si se institucionalizara dicha reunión. Habitualmente, en ese ámbito se arregla el Presupuesto del Senado o las llamadas Rendiciones de Cuenta de este Cuerpo -que también pueden hacerse en los primeros cinco meses de cada período legislativo- así como también todos estos temas internos. ¿Para qué? Para que ninguna Bancada salga con la idea de que se consiguió un "apoyito" más por haber defendido en mayor o menor medida a los empleados. Esta es la realidad y todos sabemos que es así.

Quiero indicar que ni quien habla ni su Bancada están actuando en ese sentido, porque en este ámbito nos conocemos todos. Puede ser que, de todos los empleados, haya tres o cuatro de los que no se sepa de qué lado están, pero este país sólo es lento para jugar al fútbol, en todo lo demás es rápido. Todos sabemos de qué pelo son los empleados de esta Institución y si alguien no lo sabe es porque no se preocupa de averiguarlo. Entonces, en este caso no hay ninguna demagogia.

Concretamente digo que no es justo que tomemos respecto de los empleados, que son nuestros subordinados, una decisión que no nos atrevimos a tomar respecto del sueldo del Presidente de la República, que es muy alto, aunque no más que el que perciben los Presidentes de otros países, pero sí demasiado alto con relación al salario medio uruguayo. El Presidente de los Estados Unidos -por lo menos, cuando estudié el tema- en la época de Reagan, un hombre que no creo que fuera muy partidario de la pobreza, ganaba 12 veces el sueldo de una doméstica; no más. Sin embargo acá, las diferencias son abismales.

De manera que, si un Senado no se atrevió a hacer eso, pienso que quedaría en una posición muy desairada -no digo de abuso de poder, porque es una figura que ya está instaurada en el lenguaje jurídico, y tampoco crea nadie que estoy hablando de una decisión nula, porque no es nada de eso- para con los funcionarios. Respecto de ellos, que son nuestros subordinados, no se puede tomar una decisión que este Senado no se atrevió, reitero, a tomar con relación a una persona cuyo sueldo es fijado por el Parlamento, es decir, con el Presidente de la República.

Destaco, una vez más, el gesto de franqueza y nobleza que tuvo el Vicepresidente de la República ese día en que me vio alterado; además, lo que dijo fue sentido, es decir, para él, la solución era esa.

Advierto a los señores Senadores que no me voy a extender en mi exposición, por lo que no daré lugar a una solicitud de prórroga que, por lo demás, no corresponde porque, si no me equivoco, estamos ante un proyecto de resolución.

De manera concreta y contundente anuncio que no voy a votar ninguna disposición que deje de abonarles a los funcionarios el reajuste al que tienen derecho de acuerdo con lo que establece una norma ya vigente.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: trataré de ser muy breve, porque lo que voy a decir ahora ya lo expresé cuando se votó el impuesto a los sueldos de los Legisladores. En ese momento, si bien acompañé con mi voto dicha iniciativa -por las razones que señalaba el señor Senador Korzeniak y porque así lo había resuelto la Bancada-, dije que esa instancia era, para mí, la antesala para justificar la rebaja de los sueldos de los funcionarios públicos y de los del Poder Legislativo. Esta moción no hace más que corroborar eso. Por lo tanto, tengo mucha tranquilidad al considerar temas como éste, sobre el cual estoy muy convencida.

(Ocupa la Presidencia el doctor Ruben Correa Freitas)

- Cuando discutimos la Ley de Bancos y hubo también disquisiciones acerca de los sueldos de los bancarios y de los posibles privilegios con respecto a la bolsa de trabajo y al seguro de paro, dije que no estaba de acuerdo con que se considerara privilegiados a determinados trabajadores. La resolución que está a consideración ahora, ata lo de los Legisladores con lo de los funcionarios, para quedar bien, para justificar o autojustificar una moción que, además -por lo menos, que yo sepa- no contará con las mayorías necesarias para su aprobación. Por lo tanto, estamos haciendo un debate para que quede claro ante la opinión pública que los Senadores del Encuentro Progresista-Frente Amplio, no están dispuestos a rebajarse los sueldos. Lo digo -reitero- para que quede bien clarito y al mismo tiempo digo que no estamos dispuestos.

Entonces, he aludido a un tema que no es el de hoy, porque el asunto que estamos considerando en esta jornada, 30 de diciembre, tiene que ver con que se quiere que no entre en vigencia algo que efectivamente deberá hacerlo el próximo 1º de enero. Sobre eso estamos discutiendo en este momento, pero, para hacerlo más potable, para que se entable una discusión de otro tipo, decimos que ya nos votamos el impuesto, que en la misma moción nos votamos la rebaja salarial y que, por lo tanto, tenemos autoridad para decidir que no se les pague según el aumento del IPC a los funcionarios.

A mi juicio, resulta así de fácil la interpretación de la moción ya que, de otro modo, no tendría ningún sentido el juntar esos dos aspectos.

Entonces, no me voy a extender demasiado sobre las razones por las cuales estoy en contra de que se rebajen los sueldos de los funcionarios. Es ya sabido lo que opinamos sobre este tema; tenemos la misma opinión con respecto a los funcionarios públicos, a los jubilados y también lo manifestamos en oportunidad del conflicto municipal de Montevideo, con la diferencia profunda que existe con el convenio que se aplica, en todos sus términos, en la Intendencia. En lo personal, tampoco estuve de acuerdo con el contenido ni con la forma en que se llevó adelante la discusión en ese caso. Por lo tanto, tengo la total tranquilidad de decir que, por suerte, me siento coherente en lo que tiene que ver con mi actitud en todos los planos.

Una vez más, declaro que no estoy de acuerdo con que se rebaje el sueldo a los Legisladores y voy a insistir en este punto, porque para eso ha sido puesta en consideración esta moción de hoy: para que ingresemos en esa discusión y no en la del aumento de los funcionarios. Tampoco estoy de acuerdo con que se haga una especie de pasamanos por el cual el Vicepresidente de la República y Presidente del Senado y de la Asamblea General dispuso, francamente, que su aumento fuera destinado a Rentas Generales. El Senado hizo unas "vueltas de carnero" y resolvió que el aumento que les correspondía a los Legisladores fuera destinado al INAME. Estamos hablando de $ 900.000 mensuales, por lo que $ 2:700.000 han ido a parar hasta el momento al agujero negro de Rentas Generales, como me ha informado correctamente la señora Representante Tourné, quien ha hecho un pedido de informes con respecto a este tema. Reitero que $ 2:700.000 han ido a parar al pozo negro de Rentas Generales, tal como le manifestamos al propio Ministro de Economía y Finanzas en oportunidad de discutirse la ley de bancos. Le preguntamos entonces qué pasaba con el dinero del INAME, porque yo no voté que lo recaudado fuera a tapar agujeros y tampoco voté que ese dinero que se recorta a mi Partido -no a mí- fuera a tapar los agujeros que dejaron los Rohm, los Peirano y "tutti quanti". La plata es toda la misma y, si uno sigue el camino hacia donde fue a parar lo que se saca de las rebajas salariales del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los trabajadores públicos y de los jubilados de este país, observa que todo eso fue a tapar los agujeros que dejaron otros. Por eso, reitero, no estoy de acuerdo con las rebajas de los sueldos de los Legisladores y de los funcionarios, y digo esto sin ningún problema, más allá del hecho de que después -tal como ocurrió en otra oportunidad- salgan algunos "sueltitos" venenosos en algunos medios de comunicación. Lo digo clarito, sin vueltas y sin preocupación por lo que se pueda pensar. Si alguien no está de acuerdo con esto o no le gusta, lo siento mucho, pero estoy realmente convencida de lo que estoy diciendo. Estoy convencida de la vergüenza de la que hablaba el señor Senador Korzeniak frente a algunas cosas que hacemos.

Y aquí también, en oportunidad de votarse el impuesto a los sueldos de los Legisladores, dije que iba a reclamar por cada cartucho de tinta, por cada papel, por cada impreso y por cada elemento de trabajo que no tenemos. La realidad es que no los tenemos y los necesitamos, y no para jugar ni para desperdiciar. Sé de lo que hablo, porque soy maestra de escuela y he reciclado papeles y "requechado" cosas de todas partes para poder dar clases. Quiere decir que soy especialista en materia de ahorro. En mi despacho también se tiene una austeridad brutal para trabajar. Pero, cuando se llega al límite de que las carencias hacen que no se pueda estudiar ni trabajar bien, no lo comparto. Tampoco comparto que se haga una disquisición acerca de que es mejor imprimir en la computadora, que tener repartidos, porque nadie me ha demostrado que lo primero resulte más barato que lo segundo. Entonces, para mí, en realidad, no es verdad que estemos recortando gastos. Lo que estamos diciendo es : "¡Miren qué austeros que somos!" , y no comparto eso.

Pero, además, exijo que los $ 2:700.000 que al día de hoy fueron sacados de nuestros sueldos para el INAME, vayan efectivamente a ese organismo. Por algo queríamos nosotros que eso se cobrara en ventanilla es decir, que un representante del INAME, debidamente autorizado, viniera al Palacio Legislativo y se llevara el dinero. En realidad, son créditos que no pueden usar porque los proveedores no le venden a crédito al Estado en este momento, como todos sabemos. Así pues, en realidad, la calesita sigue y el

Vicepresidente de la República fue más astuto y, directamente, para no hacerse mala sangre, determinó que ese dinero se destinara a Rentas Generales. Hicimos como si los fondos fueran para el INAME y sentimos -lo digo sinceramente- que habíamos tenido un gesto de grandeza, cuando creo que todos teníamos la seguridad de que ese dinero no iba a tener ese destino. Lo mismo ocurrió con los meses de recorte a los mal llamados "sueldos altos", que se hicieron para destinar a las cuotas mutuales y que durante seis meses fueron devorados por Rentas Generales. Además ¿cuánto hubo que pelear para que se pagaran las famosas cuotas mutuales a los docentes?

Entonces vayamos a los hechos, que son que estamos teniendo esta discusión que sabemos no conduce a nada porque también sabemos que no están los votos necesarios para hacer esta modificación. También sabemos que en la Cámara de Representantes no hubo número en el día de hoy y, por lo tanto, no votará nada de esto. Así, el 1º de enero entrará en vigencia el reajuste correspondiente. Entonces, una vez más, nos preguntamos qué estamos haciendo. ¿Queremos una discusión política? Pues, tengámosla y discutamos cuál es el papel que, incluso reforma constitucional mediante, se le ha adjudicado a este Parlamento Nacional. Y digo reforma constitucional mediante porque si bien hubo muchos chistes sobre los famosos quintos de la Asamblea General, quienes estábamos en contra y trabajamos en contra de la reforma, sostuvimos que el objetivo era dar más poderes al Poder Ejecutivo y que en este país nunca más se iba a levantar un veto, tal como va a ocurrir con relación a los docentes en este momento.

Ahora, el desmedro del Parlamento Nacional y del Poder Legislativo es, también, para dar mayores facultades al Poder Ejecutivo. Se trata de una concepción que arranca con la mal llamada Constitución "Naranja" y que se refuerza en la última reforma constitucional, cuyos resultados estamos padeciendo.

Yo reclamo el papel que debe jugar este Parlamento, porque mucho lamentamos y sufrimos cuando se lo demonizó y se hizo una campaña en su contra. También asistimos permanentemente a actitudes de soberbia, que incluyen hechos como que hoy, 30 de diciembre, estemos discutiendo algo que debe empezar a regir dentro de dos días. ¿Cuáles fueron los debates? ¿Cuáles fueron los intercambios? ¿Cuáles fueron las propuestas o contrapropuestas que se hicieron a los funcionarios y a los Legisladores? En lo que hace a mi Bancada, nos enteramos de este asunto el 26 de este mes, cuando tuve el honor de suplir a nuestro coordinador en una reunión, y lo trasmitimos de inmediato a la Bancada de Diputados.

Por lo tanto, no vamos a apoyar este proyecto y en lo que me es personal no me ruborizo sino que, muy por el contrario, voy a defender la necesidad de que se pueda seguir trabajando correctamente y se dé al Parlamento el respaldo que necesita, lo que también hace a quienes trabajamos aquí, ya sea como Legisladores o como funcionarios. Repito que no tengo ningún problema en señalar que no voy a compartir esta iniciativa, aunque no es este el momento de votarla. Se trata de un compromiso que se plantea en una moción, pegando una cosa con otra para justificar el planteo. No voy a acompañar ninguna rebaja salarial.

Con respecto a los trabajadores de este país, días pasados señalábamos que nunca nadie les regaló nada y que todo lo tuvieron que pelear e ir conquistando. Efectivamente, como decía el señor Senador Korzeniak, se ha generado un clima en el que aquel trabajador -y lo escuché también en el Palacio Legislativo- que más o menos tiene trabajo, que a lo mejor llega a fin de mes, se siente culpable ante aquel que va a recibir un 2% de aumento, ante un jubilado que va a tener un incremento de poco más de un 1% o ante quien no tiene trabajo. La responsabilidad es de la política económica del Gobierno y no de los trabajadores. Incluso, en la concepción de política económica recesiva y de incapacidad de compra y de agilitar el mercado interno que ha llevado adelante el Gobierno, nosotros no tenemos arte ni parte.

En consecuencia no vamos a acompañar la rebaja de los sueldos de los funcionarios, ni tampoco -y lo digo nuevamente para que quede claro, porque no se me mueve un pelo- la de los Legisladores de este país. No voy a utilizar argumentos que son de otros compañeros y que comparto totalmente, pero todo lo que vaya en desmedro de los Parlamentarios, no lo vamos a acompañar.

Por último, a modo de ejemplo, quiero decir lo siguiente. A pesar de que mi fuerza política había tomado una resolución -con respecto a la cual no estábamos mandatados en ese momento- sobre la llamada "mini-reforma", personalmente estaba en contra. El único artículo con el que estaba de acuerdo era con el que suscitó la mayor reacción negativa: el que establecía que los Ediles tuvieran sueldo. Uno de los argumentos por los que defendí y defiendo esa tesis es que en el caso de las Juntas Departamentales -y nos puede pasar con otras representaciones- solamente podrán ser Ediles aquellos que están sustentados por su Partido -como es nuestro caso- viven de otras cosas, o tienen la posibilidad de ser acompañados -por decirlo delicadamente- en su carrera política por apoyos financieros de otro tipo. Sé que es un tema muy irritante en el interior del país, donde incluso nuestros propios Ediles tienen una postura negativa con respecto al sueldo. Pero de la misma manera que no quiero eso para los Ediles, tampoco lo deseo para los Legisladores y quienes trabajan en el Parlamento, porque considero que deben estar totalmente acorazados frente a dificultades y vicisitudes como las que vive el conjunto del país.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: tenía la intención -y creo que mi Bancada también- de votar y, en todo caso, fundamentar luego nuestra posición. Digo esto porque la señora Senadora preopinante se preguntaba en voz alta por qué discutimos, y quiero expresar que no estamos discutiendo ni pretendemos hacerlo; lo que nosostros deseábamos era votar y que cada uno fundamentara su posición. Me parece que es lo que deberíamos hacer esta noche, cuando en el Orden del Día tenemos otros asuntos para tratar. El problema es que se dicen cosas que si bien no queremos debatir ni refutar, de alguna manera debemos aclarar.

En lo que tiene que ver con el aumento a los funcionarios, debo decir que desde que se restituyó la democracia se ha hecho por IPC. Nunca habíamos tenido que tocar este tema; el Senado nunca tuvo que debatir sobre los ajustes a los funcionarios, pero lamentablemente hoy debemos hacerlo. Creo que mi Bancada lamenta llegar a esta instancia en que debemos tocar el ajuste a los funcionarios debido a que estamos en una situación muy difícil, en una crisis muy profunda que vive todo el país.

Los funcionarios del Palacio son nuestros compañeros de trabajo; yo no me coloco en la situación de un señor Senador que opinó antes, manifestando que son nuestros súbditos; los considero nuestros compañeros de tarea y los defiendo en cuanto a que no son funcionarios privilegiados. Nunca he dicho públicamente que los funcionarios de esta Casa fueran privilegiados por su sueldo o su trabajo. No lo son; son funcionarios que trabajan con nosotros de sol a sol y que saben quienes trabajamos y, a su vez, nosotros sabemos quiénes trabajan mucho para que este Parlamento sea un Poder del Estado. En esta instancia que debemos hablar de ellos nos sentimos en una situación violenta, porque son amigos o compañeros de trabajo, así como empleados de esta Casa, que debe funcionar bien. Por lo tanto, no estamos ante una situación fácil.

No voy a prejuzgar intenciones, como hacía un señor Senador que afirmaba "me van a preguntar", "me van a decir", "van a señalar que yo quiero votos", etcétera. No estoy expresando nada de eso. Personalmente me cuesta tocar este tema, pero nuestro Partido lo aborda porque es muy difícil el momento que vive el país.

Algún señor Senador se preguntaba por qué no emi-tíamos y dábamos el ajuste por IPC a todos los funciona-rios. Si estamos en esa tesis, ¿por qué vamos a machetear tanto?

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR HEBER.- Ya se la concedo, señor Senador.

Si esa es la teoría, emitamos y tripliquemos el salario de los funcionarios y las jubilaciones, porque esa puede ser una solución para que la gente pase mejor. Sin embargo, creo que ese camino lleva a que la gente pase peor, además de generar un problema mayor a la economía nacional y a la particular de cada uno. De todas formas, es una discusión que deberemos dar en otra instancia y no ahora.

Con mucho gusto le concedo la interrupción al señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- No pretendo debatir, sino aclarar un hecho. En ningún momento dije que había que emitir para ajustar el sueldo de todos los funcionarios públicos por el IPC, que es lo que acaba de atribuirme el señor Senador Heber.

No dije eso; por el contrario, señalé: "Van a decir que Korzeniak salió a decir que había que emitir para pagar". Eso fue lo que manifesté y consta en la versión taquigráfica, que se puede leer. Aclaro que no estoy debatiendo ideas, sino que estoy rebatiendo una afirmación, dado que no fue la que yo hice.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- No queremos generar un debate en esta instancia.

Como decíamos, el tema salarial es muy difícil en estos momentos próximos al 1º de enero. Algunos señores Senadores se adelantaron y predijeron cuál va a ser el ajuste que determinará el Poder Ejecutivo al 1º de enero, y se habló de un 4%, de un 2% y de un 1,5%. Sinceramente, no sé cuál va a ser.

Creo que esta situación genera un esfuerzo, una toma de conciencia de que estamos en momentos de dificultades grandes y de que no deberíamos dar mensajes que puedan ser interpretados en forma equivocada. Por eso es que también se considera a los señores Senadores, y fue nuestra propia Bancada la que lo propuso.

El tema de los ajustes -en el que se incluye el nuestro- ya se ha debatido en esta Sala en varias oportunidades. A este respecto quiero decir algo que me parece importante. No estoy de acuerdo con la rebaja salarial de los señores Senadores; no creo que ese sea el camino, pero sí creo, señor Presidente, que en instancias en que la ciudadanía está teniendo ajustes tan magros como el que va a percibir este 1º de enero, deberíamos, y debemos, dar una señal al mismo tiempo y del mismo nivel que la de los funcionarios de la Administración Central, tanto en lo que tiene que ver con los funcionarios de esta Casa como con los señores Legisladores.

Antes no se discutía cada vez que había un ajuste porque el país tenía una tranquilidad económica o generaba un crecimiento tal que no se cuestionaban los ajustes semestrales de los señores Legisladores, pero ahora sí. Debemos tener presente que en este momento, en la actividad privada, hay trabajadores a quienes no solamente no se les va a ajustar ni un solo peso, sino que además van a tener como regalo de fin de año una rebaja salarial. Pienso que cuando los momentos de crisis llevan a esfuerzos en ese sentido, la gente procura que esos esfuerzos sean parejos y que no haya disparidad ni situaciones de privilegio, y aunque en algunos casos no lo sean, existen funcionarios públicos cuyos aumentos salariales estarán por encima de lo que ganan hoy muchos que trabajan en la propia Administración.

Nuestro partido, en procura de hablar de los temas hacia delante, ha entendido que el 2003 es un año en el que tenemos que empezar a hacer algo contra la desigualdad que ha quedado de manifiesto cuando el señor Presidente de la República decidió poner en la pantalla de los PC de todo el Uruguay los salarios que están ganando distintos funcionarios, que son distintos porque se desempeñan en diferentes reparticiones, pero que son iguales porque cumplen la misma función, aunque unos ganen diez veces más que otros que también trabajan en la Administración Central. Hemos dicho que este es el año para empezar la equidad salarial a los efectos de emparejar.

(Ocupa la Presidencia el señor Luis Hierro López)

- A mi entender, señor Presidente, en esta instancia del 1º de enero, por encima de los funcionarios de esta Casa y por encima de los señores Legisladores, el Poder Ejecutivo debería empezar a generar esa equidad salarial otorgando una partida fija de aumento, en lugar de hablar de un 4% o de un 2%, que para algunos no significará nada y para otros será muchísimo, en función de lo que gana alguien que está muy por encima de su grado y de su escalafón. Creo que sería un buen mensaje en la Administración Central que el aumento salarial de este 1º de enero se hiciera con una partida fija: aquella para la que alcance el dinero. ¿Por qué? Porque, a mi juicio, de alguna manera estaríamos tratando de subir a quien está muy sumergido, y me refiero a quienes están muy sumergidos dentro de la Administración Central, no en el sector bancario ni en las empresas públicas, donde se ven notorias desigualdades que en este momento están rechinando en la opinión pública en términos generales.

SEÑOR KORZENIAK.- Y tenemos los contratos de obra, señor Senador.

SEÑOR HEBER.- En el caso de los contratos de obra, también. Si hablamos de aumentos salariales fijos, tendrá el mismo aumento un policía, un maestro o quien esté trabajando bajo el régimen de contrato de obra, tal como recordó el señor Senador Korzeniak.

Cada vez que hay una discusión sobre los ajustes de los señores Legisladores, se deteriora el Parlamento. Hemos hablado sobre esto con varios integrantes de distintos partidos, y hemos llegado a la conclusión de que no es conveniente generar la expectativa frente a la opinión pública de qué es lo que va a hacer el Parlamento con su ajuste. Ya es inconstitucional...

(Intervención del señor Senador Korzeniak)

- Poniéndolo por escrito estamos resolviendo la falta de discusión y el tema de expectativa. Al poner esto en la hojita que usted me muestra, estoy evitando la discusión y la expectativa sobre qué es lo que va a hacer el Parlamento con el ajuste que va a tener que cobrar en marzo.

Me parece que estos son momentos en los que tenemos que empezar a sincerarnos sobre cuál debe ser la forma. ¿Es una inconstitucionalidad? Sí, como son inconstitucionales muchas decisiones tomadas en torno a nuestros propios sueldos, porque son decisiones que no podíamos tomar; pero a nadie se le ocurrió establecer la inconstitucionalidad.

Creo, señor Presidente -sin pretender generar una polémica- que en momentos en que nos vamos a ocupar de funcionarios que son nuestros compañeros, debemos cortar la discusión y la expectativa sobre qué es lo que va a hacer el Parlamento con sus sueldos, de cara al ajuste de marzo. Lo tenemos que terminar ahora para no generar expectativas ni comentarios. No voy a decir que estos sean malintencionados -como se ha manifestado hoy aquí- pero sí es cierto que todo el mundo está mirando al Parlamento, y creo que no hay que advertirlo; éste tiene que dar una imagen de que se ajusta en igual sentido y tiempo que los funcionarios de la Administración Central, dando la señal que corresponde a momentos de emergencia y de crisis que vive el país. Este no es un reproche hacia nadie ni significa no valorar el sueldo del Legislador; es evitarnos un problema que vamos a enfrentar en el mes de febrero si no lo resolvemos ya.

Entiendo que esta resolución pone punto final a una discusión que no le hace bien al Parlamento ni a los señores Legisladores. Será otro el momento en el que tendremos que ver cuál es el nivel de salarios. No pretendo ingresar en el tema que se tocó en otra oportunidad sobre los niveles de participación que cada Legislador tiene en el sostén de sus respectivos partidos; eso es parte integrante de nuestro salario, porque la financiación de los partidos políticos sale de la contribución de los señores Legisladores a cada uno de sus partidos, a cada uno de sus sectores y a cada una de sus listas. Por eso, señor Presidente, reivindico el salario del Legislador, y creo, también, que los partidos políticos nos tenemos que abocar a una financiación en forma permanente y no en instancias electorales, puesto que tenemos que financiarnos a lo largo de los cinco años para atender las tareas que debemos cumplir como representantes de la ciudadanía.

Todo eso es lo que pienso, pero en este momento, a dos días del 1º de enero, creo, señor Presidente -y vaya un reproche a la Presidencia- que los funcionarios de esta Casa, como los demás funcionarios que conforman el Parlamento, merecían tener un diálogo con los coordinadores y con el propio Presidente para acordar, hablar y entendernos en estos temas. Estoy seguro de que los propios funcionarios serían los primeros en comprender cuál es la situación del país y a qué nos vemos enfrentados. Nos faltó el tiempo suficiente para sentarnos y dar las explicaciones y razones que podemos tener arriba de la mesa, a efectos de hacer comprender a los compañeros de trabajo de esta Casa que en estos momentos no se puede cobrar el 17% o el 18%, cuando hay gente que no va a tener casi ajuste en su salario.

Me consta, señor Presidente, que los funcionarios de esta Casa -y así me lo han confesado algunos- estaban dispuestos a hablar del tema, a entenderlo y hasta a pactarlo, si fuera necesario.

Por todo esto, señor Presidente, creo que en estos momentos en que estamos decidiendo algo tan simple como es el índice de ajuste para los empleados de esta Casa y para los Senadores, es la oportunidad para dar la señal que corresponde en momentos de emergencia; momentos en los que muchos funcionarios públicos van a tener poco aumento y muchos privados no sólo no van a tener aumento sino que quizás no tengan salario. Digo esto último porque, por distintos medios de prensa y comunicados, hemos podido ver los recortes y despidos, que muchas veces repercuten en la crisis que se está viviendo en el sector privado y que no repercuten en los funcionarios del sector público.

Era cuanto deseábamos manifestar.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: no me niego a priori a discutir ningún tipo de problemas y aquí este proyecto de resolución, esta iniciativa, fue traída hace escasas horas, muy poco antes de que comenzara a tener efecto el ajuste de salarios, no el aumento. Por lo tanto, vuelvo a plantear -ya lo he hecho en otras oportunidades- los problemas de discusión que tienen asuntos como este.

El señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra señalaba algo parecido, en el sentido de haber procedido a una discusión o negociación sobre este asunto, que a su vez, señor Presidente, lo veo -así también lo ven también otros colegas en la Bancada- más complejo y amplio que lo que sencillamente viene siendo solicitado con esta iniciativa que se ha tomado.

Es obvio que hay inequidades a nivel del Estado, entendiendo por ello todo lo que es público, incluidas las Intendencias; hay inequidades flagrantes y enervan las diferencias de pago. También existen inequidades gruesas y flagrantes en la recaudación de los dineros que sirven para hacer esos pagos y otros. A dos puntas, aquí existe un enorme cúmulo de graves inequidades. Cuando tomamos decisiones de esta naturaleza estamos trabajando con dineros que no son nuestros, sino que los pone la gente, y todos sabemos cuál es la gente y de dónde provienen los dineros, así como de qué tipo de impuestos se obtiene la mayor parte de los ingresos que después hay que distribuir, repito, en forma inequitativa; con flagrancia de inequidad.

Ante este tema no me siento contaminado, o algo por el estilo, por lo que sucediera en la Intendencia Municipal de Montevideo, porque no fui partidario -tampoco mi sector- de haber hecho las cosas como se hicieron allí. Por lo tanto, la coherencia, en este caso, no me afecta para nada. Además, hay una diferencia sustantiva: me siento responsable de la situación económica del país; esa es la gran diferencia con el gobierno de la Intendencia Municipal de Montevideo.

En la madrugada del 3 al 4 de agosto me hice la autocrítica y no solo acusé al Gobierno de habernos conducido a ese desastre, sino que me responsabilicé por no haber tenido la fuerza, la inteligencia o no sé qué, para haber gritado más alto y haber impedido que pasara lo que pasó. Me siento responsable porque, por lo menos desde el año 2000 -fecha desde la que estoy acá- este Parlamento, este Senado, sostuvo al señor Bensión una y mil veces. Hubo que echarlo de otra manera, pero después que él produjo el desaguisado del que fue un gran responsable él y la política económica. Esto nos ha llevado a hablar -lo he oído en estas horas- de la no rebaja salarial de los funcionarios del Palacio Legislativo. Se trata de eso, de una no rebaja salarial, porque en realidad el ajuste por el Indice de Precios al Consumo, sencillamente implica seguir ganando lo mismo que antes, porque no hay ningún aumento. Ya se produjo rebaja salarial aquí a través del Impuesto a las Retribuciones Personales, al igual que en el resto del país, así como otros impuestos aplicados a esa renta. Lo que se nos propone es una rebaja salarial, pues el no ajustar por el Indice de Precios al Consumo es una rebaja salarial, y eso lo tiene que saber la población. Lo equitativo sería -pienso que lo decimos con inconsciencia- que se ajustaran tal como van a ajustar los demás trabajadores estatales, que ya se sabe que no van a ajustar nada porque es un desastre lo que van a recibir del Gobierno Central. Hablar del 1%, del 1,5% o del 2% para jubilados significa hablar de una tragedia tremenda, de un desastre, y entonces la idea sería que los demás ajusten por el desastre. También podríamos proponer que, para ser equitativos, ajusten por el salario que no cobran los desocupados, que son 200.000. De esa forma, la equidad la vamos llevando con un nivel de inconsciencia en esas afirmaciones, porque hay inequidades flagrantes aquí. Se podría proponer, por ejemplo, que ajusten por el salario de las muchachas que limpian delante de nuestros ojos, en el Palacio de las Leyes, donde se elaboran las leyes laborales y de protección y en donde convive con nosotros la peor de las superexplotaciones; bueno, que ajusten por ese salario. Estamos dando vuelta la racionalidad de los razonamientos y hablamos como si fuéramos extranjeros.

Esto no es lo mismo porque yo me siento responsable; yo administré aquí dineros del Estado. El otro día nosotros entregamos alrededor de U$S 400:000.000 para salvar a algunos bancos y a algunos ahorristas, lo que me parece bien; no estoy en contra, estamos administrando. Aquí administramos U$S 1.300:000.000 o U$S 1.400:000.000, prestados con el revólver en el pecho por el Fondo Monetario Internacional, en aquella madrugada del 3 al 4 de agosto. Eso lo va a pagar toda esta gente; nuestros nietos van a terminar pagando esa mala administración de los dineros públicos que nosotros hicimos acá. Entonces, cuando venimos con la carretilla de escombros, que nosotros mismos produjimos, le pedimos rebaja salarial a los trabajadores.

Pienso que tendrían que ajustar todos por el Indice de Precios al Consumo, y si vamos a discutir la globalidad, miremos la equidad en la recaudación y hablemos del Impuesto a la Renta para ser realmente equitativos. Aquí hay mucha gente cuyos salarios no ajustan por el Indice de Precios al Consumo, sino por índices de fantasía. Se la llevaron toda, se están enriqueciendo más que nunca. Bueno, entonces que coticen para que los demás puedan ajustar por este Indice, y no al revés porque entonces tendríamos que inventar otro índice para ser equitativos, como por ejemplo, en vez de Indice de Precios al Consumo, el Indice a la Miseria Máxima Promedio de la más Baja, y por ahí ajustamos todos. Es de locos plantearse un país así.

Por estas razones voy a acompañar a mi Bancada. Repito que, quizá, aquí se esté perdiendo la oportunidad de que una iniciativa de esta naturaleza englobe todo y dentro de unos meses podamos presentarle al país soluciones verdaderamente equitativa.

SEÑOR NÚÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NÚÑEZ.- Sobre la mesa tenemos un proyecto de resolución, que es un acto administrativo que va a dictar el Senado y que tiene efectos, fundamentalmente, hacia sus funcionarios y quizá -habría que hacer la interpretación jurídica correspondiente- hacia los funcionarios de la Comisión Administrativa. No tiene efecto sobre los funcionarios de la Cámara de Representantes.

Esta moción, presentada por los señores Senadores Sanabria, Brause y Heber, dice: "No rige para los funcionarios del Senado y la Comisión Administrativa y para los Senadores el régimen de ajuste salarial por el Indice de Precios al Consumo.

Los ajustes se realizarán en las mismas condiciones que se establezcan para la Administración Central".

Aquí se atan dos moscas por el rabo, como decía un refrán antiguo, es decir, el tema de los funcionarios y el de los Legisladores, cosa que ya está mal, desde mi punto de vista, en un proyecto de resolución. Como todos sabemos, el sueldo de los funcionarios depende de un acto administrativo que dicta el Senado y que se hace en oportunidad de la discusión presupuestal, pero la retribución de los Legisladores, además de tener algunas características especiales, tiene que regirse por ley y no basta con que lo vote el Senado. Para que sea válida esta decisión, además tiene que pasar por la Cámara de Representantes y votarse en las mismas condiciones. Así sucedió cuando se votó el impuesto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener dos resoluciones con distintas categorías en un mismo proyecto? Desde mi punto de vista es, básicamente, sentar precedente y, fundamentalmente, es un problema de imagen.

Estos temas no se trataron en su momento en la coordinación porque se estaba discutiendo el problema de la Ley de los Bancos Suspendidos; luego el jueves 26 de diciembre se mencionó por primera vez el tema en la coordinación de Bancada, sin llegar a una fórmula concreta, y en el día de hoy hubo otra vez una coordinación de Bancada del Senado para ver cuál era su posición. Entonces, nosotros trasmitimos que optamos por mantener el régimen vigente para el incremento salarial de los funcionarios del Poder Legislativo, tanto del Senado como de la Comisión Administrativa y la Cámara de Representantes en su conjunto. ¿Por qué tenemos que optar entre blanco y negro? ¿Por qué tenemos que optar entre esta resolución que está propuesta y mantener el régimen vigente cuando se podían tener otras opciones, a las cuales me voy a referir más adelante? La forma en que se trajo este tema al Senado, en particular, no nos permite discutir ni presentar alternativas y dialogar, fundamentalmente, con quienes van a ser los afectados por esta medida, es decir los funcionarios.

Como dicen algunos señores Senadores, todos sabemos que en la actividad privada hay, en muchos casos, convenios colectivos donde se aceptan rebajas; todos sabemos que en otros lados hay problemas para pagar determinados sueldos, como por ejemplo en la Intendencia Municipal, pero a eso se llega a través de una discusión, y en este caso, como se trata de una resolución del Senado, la discusión tendría que ser entre todas las Bancadas, para ver qué propuestas se hacen. Sin embargo, la única propuesta que se presentó es la del segundo párrafo de la moción que estamos considerando, es decir: "Los ajustes se realizarán en las mismas condiciones que se establezcan para la Administración Central." Esta es la propuesta que estamos estudiando desde el jueves 26 y que a nosotros no nos gusta. Por lo tanto, como no hay otra, como no se discutió con los funcionarios ni entre las Bancadas abiertamente y no se negoció, tendremos que votar en contra de ésta, lo que implica mantener el régimen vigente.

En nuestra resolución hay razones de forma y de fondo. Respecto a estas últimas creemos que hay que mantener dos cosas básicas en esta discusión: la autonomía presupuestal del Poder Legislativo respecto del Poder Ejecutivo y el hecho de decir que el Indice de Precios al Consumo es un referente para cualquier incremento salarial. Yo sé que en la Cámara de Representantes hubo dos proyectos de ley de ajuste para los funcionarios públicos, que planteaban la posibilidad de reajustar a través del Indice Medio de Salarios, cosa que desde todo punto de vista me parece un grave error técnico. ¿Por qué? Porque el Indice Medio de Salarios no es una variable independiente del nivel salarial ya que, en realidad, mide la evolución histórica de las variaciones que tienen los salarios líquidos, públicos y privados, en términos generales, que son afectados por el Impuesto a las Retribuciones Personales que se achica. Si en una economía como la actual el referente para el ajuste salarial fuera el Indice Medio de Salarios, es posible que quedaran permanentemente estancados en el mismo valor nominal con pesos devaluados. ¿Por qué? Porque si se usa el mismo índice que mide la evolución salarial como referencia, que no es una variable independiente, desde nuestro punto de vista es un grave error técnico. Por lo tanto, cree-mos que el Indice de Precios al Consumo debe seguir siendo un referente. Otra cosa es si se debe aplicar el 100% o el 80%; eso está en otro nivel de discusión, pero acá no se dio la discusión, no existieron propuestas alternativas, salvo la de que los ajustes se realicen en las mismas condiciones que en la Administración Central. Aquí creo que entra a jugar el tema, que ya mencioné, de la autonomía presupuestal.

Por más que vivimos en el mismo país, a mí no me parece que este Poder Ejecutivo, que es el responsable de la política económica y salarial -que no compartimos- pueda fijar un porcentaje de un 1%, un 2% o un 3%, o algunos puntitos más; creemos que un 25% de devaluación en el año representa un incremento más que exiguo, para usar las palabras de otro señor Senador. Es algo paupérrimo y no se trata de un incremento, ya que para dar un 1% de aumento a los jubilados es preferible mantener la situación como está y que sigan cobrando unos pocos pesos, porque por lo menos no tendrían la ilusión de que van a percibir más dinero.

Reitero que estamos ante una política económica y salarial que no compartimos, y esta sería la que regiría, de alguna forma, de aquí en más y a partir de esta resolución., para el Poder Legislativo. ¿Quién va a establecer las condiciones? El Ministerio de Economía y Finanzas; haremos un contrato de adhesión con esta Cartera para ver cuánto se va a aumentar a los funcionarios de esta Casa y, por añadidura, cuál será el incremento de los Legisladores.

Estos son los dos aspectos básicos que nosotros votamos y, a continuación, voy a enumerar las razones de fondo que avalan nuestra posición. Varias veces hemos dicho que no estamos de acuerdo con los presupuestos recesivos, y menos con los ajustes; y esto es parte de un ajuste. El señor Presidente del Banco Central que ahora también actúa dictando la política económica en general, ya anunció que iba a haber un ajuste, que consiste en no aumentar impuestos pero sí en recortar gastos. ¿Qué gastos de los que ya no están recortados? Los salarios y las jubilaciones que pagan el Banco de Previsión Social y la Administración Central; de alguna forma, allí define el Poder Ejecutivo. Nosotros no estamos de acuerdo con esas políticas de ajuste, entonces, ¿por qué vamos a tener un especie de contrato de adhesión hacia ella? Sí estamos dispuestos a discutir, en el momento oportuno, con el marco y los instrumentos adecuados, algún tipo de convenio salarial que pueda existir con los funcionarios. ¿Cuál es el convenio salarial que existe con los funcionarios en este ámbito? El Presupuesto de la Cámara de Senadores, el de la Comisión Administrativa y el de la Cámara de Representantes. Según el artículo 108 de la Constitución, "Cada Cámara aprobará dentro de los doce primeros meses de cada Legislatura, su presupuesto, por tres quintos de votos del total de sus componentes". Esta misma norma que hoy se pretende decidir que no rige más ha sido votada en el Presupuesto pasado. A su vez, el inciso segundo del artículo 108 dice que "Dentro de los cinco primeros meses de cada período legislativo, podrá, por el mismo quórum" -tres quintos de votos, es decir, 19 componentes- "establecer las modificaciones que estime indispensables." Es decir que tenemos instrumentos y tiempos para manejar el tema, claro está, mediante negociaciones. Aquí los presupuestos siempre se aprueban en medio de negociaciones de los partidos políticos y, por eso, se estipula el porcentaje de los tres quintos de votos. Sin uno de los partidos, no se llega a los tres quintos de votos. También es necesario realizar negociaciones y acuerdos con los funcionarios, y ese es el convenio colectivo que hay en esta Casa. Sin embargo, el 26 de diciembre y ahora, 30 de diciembre, de alguna forma, se pretende que traigamos una fórmula distinta porque no estamos de acuerdo con la del Poder Ejecutivo. No estamos de acuerdo con el hecho de que a los jubilados se les aumente un 1% y a los funcionarios públicos un 2,5% o lo que sea; reitero que no estamos de acuerdo con esa exigüidad. Tenemos propuestas distintas, pero hay que analizarlas. Nuestras propuestas pueden ir desde las franjas hasta, como decía un señor Senador preopinante, las partidas fijas; puede ser, pero hay que discutirlo con los actores, con los funcionarios y con los partidos políticos, y no traer el tema arriba de la mesa por un problema de imagen, es cierto, que vamos a tener en la discusión pública.

Entonces, vemos que hay razones de fondo. Nosotros queremos defender la democracia y, por lo tanto, la separación de Poderes y la autonomía del Parlamento.

Ahora vamos a las razones de forma, señor Presidente. Ya señalé que nuestra discusión se puede dar en otro marco, en el análisis de la Rendición de Cuentas, que se puede hacer dentro de los tres primeros meses de cada Legislatura o de cada período legislativo, pero no en estas condiciones, sin ningún tipo de información y conversaciones entre los partidos y con los funcionarios. Además, quiero decir claramente que en las reuniones en las que ha participado la señora Senadora Arismendi o quien habla como representantes de la coordinación de la Bancada, nunca se esgrimieron problemas de falta de dinero. Respecto al conjunto del Presupuesto Nacional, estos incrementos en el presupuesto del Parlamento representan un porcentaje muy pequeño. Por lo tanto, no creo que se pueda argüir que no hay dinero para esto, lo que sí pasó en la Intendencia Municipal de Montevideo, que es tomadora de la situación de la política económica y tomadora de la crisis. Sin embargo no es actora, ya que recauda siempre y cuando el valor de las viviendas o de las casas aumente, y si la venta y el valor de los automóviles mejora o se incrementa; de lo contrario, no recauda. La Intendencia Municipal de Montevideo pasó de un presupuesto de U$S 320:000.000 a tener una recaudación de U$S 200:000.000; en ese caso, el dinero no da. En estas condiciones, aquí, de lo que estamos hablando es de alrededor de $ 1:000.000 mensuales.

No pueden esgrimirse problemas de falta de dinero; sí se habla de argumentos de imagen, sí se habla de la comparación con la Intendencia Municipal de Montevideo y sí se habla de la comparación con el resto de los funcionarios pú-blicos, pero entre los funcionarios públicos hay de todo. Lo que sí queremos decir es que no desconocemos que los fun-cionarios del Parlamento y los demás empleados públicos viven en el mismo país, pero entonces debemos discutir la política salarial y no dejar que el Ministerio de Economía y Finanzas nos fije la política salarial. Dennos participación, discutamos sobre el tema, busquemos fórmulas y muéstrenos los datos y el dinero para que podamos ver qué pro-puestas hacemos. No es conveniente que a último momen-to se plantee una propuesta sin haberla discutido, conversado ni informado a los actores políticos ni a los funcionarios.

Señor Presidente: todos sabemos que para cambiar una resolución vigente, sobre todo si se trata de reducir derechos ya adquiridos, es necesario el diálogo. Es mucho más necesario el diálogo en un momento de crisis y sin plata que en los de auge. Creo que no es adecuado hacer esto sin dialogar y sin poder presentar alternativas, máxime cuando a último momento se nos presenta una moción de este tipo que, además, incluye dos aspectos diferentes que tienen que ver con la imagen que se quiere dar, porque seguramente, a alguna clase de gente, le caerá muy simpático que no se aumente más el sueldo de los Legisladores.

Mantener el sistema actual de incremento deviene de que no se discutió correctamente y no se dialogó con los sectores, los que no serían tan cerrados como para desconocer la situación del país. Creo que las condiciones hubieran sido otras si se hubiera encarado el diálogo en los tiempos adecuados. Pensamos que los mejores momentos para discutir eso y las mejores condiciones se darán en la Rendición de Cuentas del Senado y de la Comisión Administrativa, lo que se puede hacer a partir del mes de marzo, introduciendo algunas modificaciones. En esa oportunidad sí se puede dar un verdadero ambiente de negociación y diálogo para decir cuáles son las realidades económicas de este Parlamento y las salidas que se pueden encontrar, en las que participemos todos. No estamos de acuerdo con encomendarnos a la política salarial del Poder Ejecutivo, que no compartimos.

Vamos a votar en contra este proyecto de resolución por las razones expuestas, ya que creemos que no hay cuestiones de principios, salvo la de la autonomía presupuestaria y la de tener como indicador el IPC para los ajustes salariales. Para explicar este punto voy a ser mucho más gráfico con palabras que no son mías, sino del señor Colotuzzo, ex representante de los jubilados en el Directorio del Banco de Previsión Social, que en su audición dijo que los jubilados, hace unos meses, con $ 1.000 podían adquirir algunos bienes, pero hoy esos mismos bienes cuestan $ 1.250 -inclusive, teniendo en cuenta el IRP, la diferencia parece mayor- y tal vez dentro de unos meses puedan llegar a valer $ 1.500. Eso implica un ajuste en la masa salarial, mejor dicho, una rebaja efectiva, porque los bienes que se compran con el mismo dinero o con un 1% o un 2% más son muchos menos que los que se adquirían antes. Desde mi punto de vista esto es inaceptable, se pueden buscar otras fórmulas y, reitero, el momento debería ser la Rendición de Cuentas, en donde funcionarios y partidos políticos estaríamos discutiendo el tema.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Evidentemente no estamos en un mundo ideal -tal vez nunca existió- donde podemos simultáneamente aumentar salarios y bajar impuestos; estamos en un país con una tremenda emergencia económica.

Me tienta hacer referencia al Presupuesto Nacional que está en el entorno de los U$S 4.000:000.000 y me tienta hablar de esto porque parecería que Rentas Generales estuviera ajeno a la realidad del país, del Parlamento y de la sociedad uruguaya; parecería que fuera un elemento externo que podemos atacar, forzar y amalgamar a la necesidad o al voluntarismo que tengamos. No me siento nada feliz al tratar este tema en el Parlamento, en la medida en que no solamente estamos hablando de compañeros de trabajo, sino también de nosotros mismos. De ahí la legitimidad de incluir a los señores Senadores en el cambio de pautas -es el término exacto que tenemos que manejar- de ajuste salarial. En números redondos, estas Rentas Generales de U$S 4.000:000.000 se reparten de1 la siguiente manera: U$S  2.000:000.000 se destinan al Banco de Previsión Social; U$S 350:000.000 van para seguridad; U$S 350:000.000 para educación; U$S 500:000.000 o U$S 600:000.000 se pagan de intereses de la deuda externa; U$S 200:000.000 se derivan a obras públicas; U$S 100:000.000 para vivienda y U$S 50:000.000 para el Parlamento nacional. Estamos hablando de un sacrificio de los señores Senadores, y seguramente de los señores Representantes, así como de los funcionarios, que representa U$S 7:000.000 anuales. No estamos hablando de poca plata y sabemos que es un gran sacrificio para los funcionarios, para los Legisladores, y en definitiva, para todo el Parlamento nacional.

Insisto en que se trata de un esfuerzo de U$S 7:000.000 anuales y no de $ 1:000.000, como se dijo aquí. Se podrá hablar de justicia, ¡cómo no! Creo que los funcionarios que trabajan en este Parlamento no solamente tienen derecho, sino también la responsabilidad de una función muy especializada; son excelentes funcionarios y, evidentemente, estamos pidiendo el mismo sacrificio que estamos ofreciendo al país, porque estamos en una emergencia económica nacional. Aquí de lo que se trata es de ver si podemos hacer un esfuerzo más para que esos pesos no vayan a esas Rentas Generales innominadas, sino que se destinen a gasas, combustible para ambulancias o para cubrir necesidades básicas que la sociedad uruguaya puede tener. Este sacrificio no va a ser permanente, porque de la misma manera que hoy planteamos esto, mañana, cuando el país recupere su economía, cuando los uruguayos lo pongamos en marcha nuevamente en base a producción, trabajo y esfuerzo, seremos los primeros en presentar la reconsideración y retomar el camino de crecimiento salarial que el país conoció hasta hace poco tiempo. En los años 1997 y 1998 no hablamos de respetar solamente la adecuación salarial vinculada al Indice de Precios al Consumo, porque hasta 1998 hablamos de recuperación salarial y, en ese sentido, el país conoció años buenísimos desde 1985. Es bueno señalar esto, porque siempre nos hemos ocupado más de emparejar hacia arriba que hacia abajo.

Evidentemente esta es una situación de emergencia y el Parlamento, en nombre de su independencia de Poder, no puede estar alejado de lo que está pasando en la calle, frente a nuestros ojos. Estamos asistiendo a una nueva economía y a un nuevo país con un sacrificio tremendo, y quien no asuma esa responsabilidad no va a estar preparado para contribuir con el esfuerzo, con el trabajo y con la orientación política para sacar al país de esta difícil crisis que estamos viviendo. Estamos para lo que haya que corregir afuera y lo que haya que corregir adentro.

SEÑOR BRAUSE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SANABRIA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Brause.

SEÑOR BRAUSE.- El señor Senador Sanabria señalaba, y con razón, que no se debe estar discutiendo aquí un aspecto formal y jurídico en cuanto a que el Poder Legislativo estaría perdiendo su independencia al tomar una decisión como la que propone la resolución que consideramos en la moción correspondiente. A nuestro modo de ver, y desde el punto de vista estrictamente formal -con la importancia que lo formal tiene- el Poder Legislativo no está perdiendo la independencia por cuanto está tomando una decisión dentro de sus potestades, de manera tal que más allá del índice que se habrá de ajustar lo que importa es la decisión, que es tomada por el Senado de la República, en este caso, en uso, justamente, de la independencia que la Constitución de la República le confiere. Así como toma esta decisión hoy, en el día de mañana o en el futuro podrá tomar otra decisión estableciendo otra forma de ajustar los salarios en función del ejercicio de sus potestades constitucionales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Sanabria.

SEÑOR SANABRIA.- Diría que si las dificultades no se encuadraran en un panorama de emergencia nacional, de extrema gravedad que están sufriendo la sociedad y el Estado uruguayo que todos conformamos y al que todos debemos comprometernos a ayudar, no me atrevería a pedir este sacrificio a los funcionarios del Parlamento Nacional. Creo que estamos dignificando la función de sus funcionarios y de los Legisladores y no tendríamos legitimidad si no planteáramos también llevar nuestro ajuste salarial al mismo nivel de los funcionarios. Es oportuno haber incorporado este aspecto a la moción -más allá de que rija a partir del 1º de marzo- porque no me sentiría con legitimidad política ni ética para pedir este sacrificio a nuestros funcionarios que, reitero, cambia la pauta de ajuste. Nosotros, desde el punto de vista personal y político, aspiramos a que todos los funcionarios públicos -también los de jerarquía- puedan recorrer ese camino, porque el país es uno solo y cuanto más dificultades tenemos, más justos debemos ser en cuanto a superar en forma solidaria las dificultades y los dolores que nos produce esta crisis que debemos asumir, para poder salir de ella. Quien no asuma su cuota parte de responsabilidad en dicha crisis -vinculada fundamentalmente a los fenómenos regionales y mundiales que nos han afectado- evidentemente, no va a contribuir con mucho a la salida de estas dificultades que está viviendo el país en estos momentos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- No hay más oradores inscritos y dado que la votación requiere, como bien se anunció, tres quintos de votos, se está procediendo a llamar a Sala para poder tomarla.

Dése lectura nuevamente a la moción presentada.

(Se lee:)

"No rige para los funcionarios del Senado y la Comisión Administrativa y para los Senadores el régimen de ajuste salarial por el Indice de Precios al Consumo. Los ajustes se realizarán en las mismas condiciones que se establezcan para la Administración Central."

SEÑOR RIESGO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIESGO.- Solicito que la votación se tome en forma nominal.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a proceder a tomar la votación nominal.

(Se vota:)

SEÑORA ARISMENDI.- Negativo.

SEÑOR ASTORI.- Negativo.

SEÑOR BARRIOS TASSANO.- Afirmativo.

SEÑOR BRAUSE.- Afirmativo.

SEÑOR CID.- Negativo.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Afirmativo.

SEÑOR COURIEL.- Negativo.

SEÑOR DE BOISMENU.- Afirmativo.

SEÑOR FERNÁNDEZ HUIDOBRO.- Negativo.

SEÑOR GALLINAL.- Afirmativo.

SEÑOR GARCÍA COSTA.- Afirmativo.

SEÑOR GARGANO.- Negativo.

SEÑOR HEBER.- Afirmativo.

SEÑOR HERRERA.- Afirmativo.

SEÑOR KORZENIAK.- Sufrago por la negativa y, además, pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Va a ser un fundamento muy raro, señor Presidente.

Como habitualmente digo "sufrago" y siempre se despierta cierta curiosidad, quiero explicar que no es por hacer una broma. La única oportunidad en que la Constitución habla del voto nominal es en el artículo 141 cuando habla del levantamiento del veto. Concretamente, allí se dice "sufragantes" y no "votantes".

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa tomándose la votación nominal.

SEÑOR MICHELINI.- Negativo.

SEÑOR MUJICA.- Negativo.

SEÑOR LESCANO.- Negativo.

SEÑOR NÚÑEZ.- Negativo.

SEÑORA POU.- Afirmativo.

SEÑOR RIESGO.- Afirmativo.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Negativo.

SEÑOR SANABRIA.- Afirmativo.

SEÑOR SCARPA.- Afirmativo.

SEÑORA XAVIER.- Negativo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Afirmativo.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- Han sufragado 26 señoras y señores Senadores; 13 lo han hecho por la afirmativa y 13 por la negativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dado que se requerían 19 votos, la votación ha resultado negativa.

19) OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de una ‘Unidad de Apoyo Aeromédico’ perteneciente a la Fuerza Aérea Uruguaya para participar en misiones de Paz en Etiopía y Eritrea. (Carp. Nº 991/02 - Rep. Nº 577/02)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 991/02

Rep. Nº 577/02

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 24 de diciembre de 2002.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

Don Luis Hierro López.

El Poder Ejecutivo cumple en remitir a su consideración el presente proyecto de ley acorde a lo dispuesto por el artículo 104 y el numeral 7 del artículo 168 de la Constitución de la República, a efectos que ese Cuerpo conceda la autorización a que refiere el numeral 12 del artículo 85 de la mencionada Constitución.

En efecto, el Comando General de la Fuerza Aérea gestiona la autorización de salida del país de una "Unidad de Apoyo Aeromédico" integrada por hasta 50 (cincuenta) efectivos de Personal Superior y Subalterno y de hasta 2 (dos) helicópteros Bell - 212 con sus soportes logísticos correspondientes, a fin de participar con un Contingente en la Misión UMEE (Etiopía - Eritrea), en el marco de las Operaciones de Mantenimiento para la Paz llevadas a cabo por la Organización de las Naciones Unidas.

Dicha autorización se conferiría a partir del 6 de enero de 2003 y por un plazo máximo de 1 año por cada integrante, previéndose relevos totales o parciales en el lapso comprendido entre los 6 y 9 meses.

La presente gestión se fundamenta en la solicitud de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Misión Permanente de la República ante dicho Organismo, a fin de que nuestro país contribuya con un Contingente, a la Misión de Mantenimiento de la Paz referida anteriormente.

Dicha contribución consistiría en una Sección de helicópteros con su Tripulación y Logística asociadas, para cumplir misiones de AMED (Evacuaciones Aeromédicas).

Por lo expuesto, se solicita de ese Cuerpo al proyecto de ley que se acompaña y cuya aprobación se encarece.

Saluda al señor Presidente de la Asamblea General con la mayor consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, Presidente de la República; Yamandú Fau, Guillermo Stirling, Didier Opertti.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Autorízase la salida del país de una "Unidad de Apoyo Aeromédico" perteneciente a la Fuerza Aérea Uruguaya, integrada por hasta 50 (cincuenta) efectivos de Personal Superior y Subalterno y de hasta 2 (dos) helicópteros Bell-212, con sus soportes logísticos correspondientes, a efectos de participar en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas, en la Misión UNMEE (Etiopía - Eritrea) a partir del 6 de enero de 2003 y por un período de hasta 1 (un) año por cada integrante, previéndose relevos totales o parciales en el lapso comprendido entre los 6 (seis) y 9 (nueve) meses.

Yamandú Fau, Guillermo Stirling, Didier Opertti.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Fernández Huidobro.

SEÑOR FERNÁNDEZ HUIDOBRO.- Ante todo, debo decir que la Comisión de Defensa Nacional no ha podido reunirse, porque este proyecto de ley ingresó hace bien poco al Parlamento. Sabido es que la Bancada del Frente Amplio - Encuentro Progresista ha reclamado siempre que este tipo de misiones se remitan con tiempo al Parlamento para su estudio y, también, para tener oportunidad de escuchar las informaciones que el Ministerio de Defensa Nacional debe dar en torno a los asuntos que se nos encomiendan.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador doctor Ruben Correa Freitas)

- Este ha sido un caso en que no le corresponden críticas al Poder Ejecutivo de parte nuestra en ese sentido. Repito que el proyecto de ley vino de apuro y los señores Diputados estuvieron reunidos hace unas horas con Oficiales Superiores de la Fuerza Aérea que concurrieron aquí a explicar, entre otras cosas, las características de la misión y las circunstancias especiales que hicieron que la iniciativa se trajera de apuro a consideración del Parlamento. De modo que la Cámara de Representantes ya votó y en función de la mayoría de opiniones que hemos podido consultar, recomendamos, en lo que nos es personal -no estamos hablando en nombre de la Comisión de Defensa Nacional que, como dijimos, no se ha podido reunir- la aprobación de este proyecto de ley y concretamente de esta misión que habla de hasta 50 efectivos de la Fuerza Aérea y hasta 2 helicópteros, fundamentalmente, para tareas de transporte aéreo de carácter sanitario en Etiopía y Eritrea.

Era cuanto quería informar, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 25. Afirmativa.

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

- Ha quedado sancionado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

20) CONTRATACION DE LOS FUNCIONARIOS EVENTUALES O ZAFRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR QUE OSTENTAREN ESA CONDICION EN EL ORGANISMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- El Senado pasa a considerar el 7º punto del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se faculta al Instituto Nacional del Menor (INAME) a contratar a funcionarios eventuales o zafrales, que ostentaren esa condición en el organismo al 31 de diciembre de 2001, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 613 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996. (Carp. Nº 977/02 - Rep. Nº 576/02)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 977/02

Rep. Nº 576/02

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Facúltase al Instituto Nacional del Menor (INAME) a contratar a todos aquellos funcionarios eventuales o zafrales que ostenten esta condición en el organismo al 31 de diciembre de 2001, de conformidad con el artículo 613 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 2º.- El Directorio del Instituto Nacional del Menor (INAME) reglamentará dentro de los primeros sesenta días hábiles a partir de la fecha de promulgación de la presente ley, las condiciones de contratación.

Artículo 3º.- Para las designaciones referidas en la presente norma no regirán las disposiciones contenidas en el artículo 32 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995, y en el artículo 20 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 4º.- Las contrataciones de funcionarios eventuales o zafrales no implicarán bajo ningún concepto, incremento de costo presupuestal alguno.

Artículo 5º.- La presente ley entrará en vigencia el primer día hábil posterior a su promulgación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 4 de diciembre de 2002.

Guillermo Alvarez Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario."

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: le recuerdo al Cuerpo que el señor Senador Riesgo había mocionado en el sentido que el 7º punto del Orden del Día pasara a estudio de la Comisión correspondiente el 15 de enero. Si bien en su momento la moción fue debatida, ahora la presento nuevamente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Se va a votar la moción de orden presentada por el señor Senador Brause, en el sentido que el proyecto de ley pase a la Comisión de Presupuesto y sea considerado por el Senado el próximo 15 de enero.

(Se vota.)

- 9 en 23. Negativa.

En consideración el proyecto de ley.

SEÑOR HERRERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HERRERA.- Señor Presidente: realmente esperaba una votación que no se dio y seguramente eso se debió a mi poca experiencia en este Cuerpo.

Casi tengo la convicción que este proyecto de ley es inconstitucional. El artículo 86 de la Constitución dice que la creación y supresión de empleos y servicios públicos, la fijación y modificación de dotaciones, así como la autorización para los gastos, se harán mediante las leyes de Presupuesto, con sujeción a lo establecido en la Sección XIV, es decir que la creación de empleos se hará mediante las leyes de Presupuesto. El proyecto de ley que tenemos a consideración es muy claro en su artículo 1º pues dice que se faculta al INAME a contratar a todos aquellos funcionarios eventuales o zafrales que ostenten esa condición en el organismo al 31 de diciembre de 2001, de conformidad con el artículo 613 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996. El artículo 613, que es una norma de una Ley presupuestal, dice que el INAME podrá designar hasta un máximo de cien funcionarios técnicos y docentes exclusivamente amparados en el régimen previsto por el artículo 32 de la referida ley.

Por tanto, el artículo 613 sí es constitucional por estar en una Ley de Presupuesto, pero esta ley no puede pretender hacerle decir a esa norma lo que ella no dice. El artículo 613 se refiere a cien funcionarios de carácter técnico y docente y honestamente no creo que los zafrales sean sólo cien ni que sean solamente técnicos o docentes. Entonces, es clarísimo que le estamos haciendo decir a la Ley de Presupuesto lo que ésta no dice, por lo que estamos incurriendo en una inconstitucionalidad.

En el debate anterior, sobre la fórmula de ajuste de los funcionarios, quedó claro que estamos viviendo una situación de emergencia económica. Le pregunté a los señores Ministro de Economía y Finanzas y Director de Planeamiento y Presupuesto si habían sido consultados por el gasto que esto pudiera significar y me contestaron que no. Desde el punto de vista jurídico casi tengo la convicción de que esto es inconstitucional y desde el punto de vista del gasto público, puedo decir que ni el Ministro de Economía y Finanzas ni el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto fueron consultados.

Por lo tanto, es claramente inconveniente e inadecuado que en el Senado estemos aprobando un proyecto de ley que viene de la Cámara de Representantes sin analizarlo en la Comisión de Presupuesto y agregaría que hasta en la Comisión de Constitución y Legislación para que se expida acerca de su constitucionalidad. Puedo decir que tanto el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como el señor Ministro de Economía y Finanzas están dispuestos a concurrir a la Comisión de Presupuesto para hacer las consideraciones sobre el proyecto de ley si se los invitara. Pienso que al aprobar un proyecto de ley en estas condiciones, el Senado estaría incurriendo en una doble omisión: no saber si está cometiendo una inconstitucionalidad y no preocuparse de cuál pueda ser la incidencia en el gasto público.

(Ocupa la Presidencia el señor Luis Hierro López.)

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 14 en 16. Afirmativa.

En discusión particular.

En consideración el artículo 1º.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido que se suprima la lectura y se vote en bloque.

SEÑOR RIESGO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR COURIEL.- El señor Senador Riesgo no votó.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIESGO.- Simplemente, quisiera dejar una constancia. Me gustó la gran discusión que tuvo el tema y el apuro que hubo en votarlo. Lamentaría que mañana el Poder Ejecutivo vetara este proyecto por no haber esperado 15 días y hacer las cosas bien, porque creo que, hablando con el Poder Ejecutivo, podríamos haber llegado a una buena solución para todas las partes, fundamentalmente, para los funcionarios del INAME. Además, creo que, en definitiva, los que saldrían perjudicados serían los funcionarios del INAME. Lamentablemente la solución a la que se llega hoy no ha sido la mejor y, por eso salí de Sala y no voté. Podría estar de acuerdo en este proyecto de ley pero, reitero que lamento lo que se ha hecho.

21) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de la señora Senadora Arismendi en el sentido de que se suprima la lectura y se voten los artículos del proyecto de ley en bloque.

Como no hay número para tomar resolución, se procederá a llamar a Sala.

(Así se hace.)

- No habiendo número para tomar resolución, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 21 y 55 minutos, presidiendo el señor Hierro López y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Cid, Couriel, Fernández Huidobro, Gallinal, Gargano, Korzeniak, Lescano, Michelini, Mujica, Núñez, Ponce de León y Xavier.)

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretarios

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.